Document ID: 31993R1836

REGLAMENTO (CEE) No 1836/93 DEL CONSEJO de 29 de junio de 1993 por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 130 S,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que los objetivos y principios de la política de medio ambiente de la Comunidad, establecidos en el Tratado y detallados en la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 1 de febrero de 1993, sobre una política y un programa de acción de la Comunidad en relación con el medio ambiente y el desarrollo sostenible (4) así como en las Resoluciones precedentes sobre una política y un programa de acción de las Comunidades Europeas en materia de medio ambiente, de 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) y 1987 (8), consisten, en particular, en prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la contaminación, particularmente en su origen, tomando como base el principio de « quién contamina paga », y garantizar una gestión adecuada de los recursos y utilizar tecnología limpia o más limpia;
Considerando que el artículo 2 del Tratado, tal como queda redactado en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, establece que una de las misiones de la Comunidad es promover un crecimiento sostenible, y que la Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993 subraya la importancia de este crecimiento sostenible;
Considerando que la citada Resolución de 1 de febrero de 1993 aprueba el enfoque general del programa « Hacia un desarrollo sostenible » presentado por la Comisión y aprobada en su enfoque general por la Resolución del Consejo de 1 de febrero de 1993; que dicho programa subraya el papel y la responsabilidad de las empresas en el fortalecimiento de la economía y en la protección del medio ambiente en toda la Comunidad;
Considerando que la industria tiene una responsabilidad propia en relación con la gestión de la repercusión medioambiental de sus actividades y que, por consiguiente, debe desempeñar un papel activo en este ámbito;
Considerando que esta responsabilidad exige que las empresas establezcan y pongan en práctica políticas, objetivos y programas en materia de medio ambiente y sistemas eficaces de gestión medioambiental; que las empresas deben adoptar una política medioambiental que, además de contemplar el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente, deberá contener compromisos destinados a la mejora continua y razonable de su actuación medioambiental;
Considerando que la aplicación, por parte de las empresas, de dispositivos de protección del medio ambiente deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar la participación creciente y la formación de los trabajadores en el establecimiento y aplicación de dichos sistemas;
Considerando que los dispositivos de protección del medio ambiente deberían incluir procedimientos de auditoría medioambiental para ayudar a la dirección a evaluar el cumplimiento y la eficacia del sistema en el cumplimiento de su política medioambiental;
Considerando que el suministro, por parte de las empresas, de información al público acerca de los aspectos medioambientales de sus actividades es un elemento esencial de una buena gestión medioambiental y una respuesta al creciente interés del público por la información sobre este tema;
Considerando, por tanto, que es preciso alentar a las empresas para que elaboren y difundan comunicados medioambientales periódicos que contengan información al público acerca de la situación medioambiental real de sus instalaciones industriales y de sus políticas, programas, objetivos y sistema de gestión en relación con el medio ambiente;
Considerando que la transparencia y el crédito de las actividades de las empresas en este ámbito aumentan cuando controladores medioambientales acreditados examinan las políticas, programas, sistemas de gestión, procedimientos de auditoría y declaraciones sobre el medio ambiente de las empresas para verificar que reúnen los requisitos pertinentes mencionados en el presente Reglamento y ratifican dichas declaraciones;
Considerando que es necesario establecer la independencia y la neutralidad de la acreditación y la supervisión efectuada por los controladores medioambientales para asegurar la credibilidad del programa;
Considerando que es preciso fomentar la participación voluntaria de las empresas en este programa; que, para garantizar la aplicación uniforme del programa en toda la Comunidad, la normativa, los procedimientos y los requisitos esenciales deben ser los mismos en todos los Estados miembros;
Considerando que un programa comunitario de ecogestión y ecoauditoría debería centrarse en primer lugar en el sector industrial, donde ya se practican sistemas de gestión medioambiental y auditorías medioambientales; que es conveniente aplicar con carácter experimental disposiciones similares a sectores ajenos a la industria, como el sector de distribución y los servicios públicos;
Considerando que, con el fin de evitar cargas injustificadas a las empresas y asegurar la coherencia entre el programa de la Comunidad y las normas nacionales, europeas e internacionales para los sistemas de gestión y las auditorías medioambientales deberá considerarse que dichas normas, reconocidas por la Comisión con arreglo a un procedimiento adecuado, cumplen los correspondientes requisitos del presente Reglamento y no se debe exigir a las empresas una duplicación de los procedimientos pertinentes;
Considerando que es importante que las pequeñas y medianas empresas participen en el programa comunitario de ecogestión y ecoauditoría estableciendo medidas y estructuras de asistencia técnica, dirigidas a proporcionar a esas empresas los conocimientos técnicos y la ayuda necesarios;
Considerando que la Comisión debe adaptar los Anexos al Reglamento, reconocer las normas nacionales, europeas e internacionales para los sistemas de gestión medioambientales, establecer directrices para fijar la frecuencia de las auditorías medioambientales y fomentar la colaboración entre los Estados miembros sobre la acreditación y la supervisión del controlador medioambiental;
Considerando que el presente Reglamento debe revisarse a la luz de la experiencia adquirida tras un período de aplicación,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
La ecogestión y la ecoauditoría y sus objetivos 1. Se establece un sistema comunitario, denominado en lo sucesivo « sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría » o « sistema », que permite la participación voluntaria de las empresas que desarrollen actividades industriales, para la evaluación y mejora de los resultados de las actividades industriales en relación con el medio ambiente y la facilitación de la correspondiente información al público.
2. El objetivo del sistema es promover la mejora continua de los resultados de las actividades industriales en relación con el medio ambiente mediante:
a) el establecimiento y aplicación, por parte de las empresas, de políticas, programas y sistemas de gestión medioambientales en relación con sus centros de producción;
b) la evaluación sistemática, objetiva y periódica del rendimiento de dichos elementos;
c) la información al público acerca del comportamiento en materia de medio ambiente.
3. Este sistema se aplicará sin perjuicio de las actuales normas y requisitos técnicos nacionales o comunitarios en materia de controles medioambientales, y sin perjuicio de las obligaciones a que están sujetas las empresas en virtud de dichas normas y requisitos.
Artículo 2
Definiciones A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
a) política medioambiental, los objetivos generales y principios de acción de una empresa con respecto al medio ambiente, incluido el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente;
b) evaluación medioambiental, un análisis preliminar global de los problemas, efectos y resultados en materia de medio ambiente de las actividades realizadas en un centro;
c) programa medioambiental, una descripción de las actividades y de los objetivos específicos de la empresa para asegurar una mejor protección del medio ambiente en un centro determinado, con inclusión de una descripción general sobre las medidas adoptadas o previstas para alcanzar dichos objetivos y, en caso necesario, los plazos fijados para la aplicación de dichas medidas;
d) objetivos medioambientales, las metas concretas, expresadas en términos de eficacia medioambiental, que una empresa se propone alcanzar;
e) sistema de gestión medioambiental, aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para determinar y llevar a cabo la política medioambiental;
f) auditoría medioambiental, un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio ambiente y que tiene por objeto:
i) facilitar el control, por parte de la dirección, de las prácticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente;
ii) evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa;
g) ciclo de auditoría, el período durante el cual se someten a auditoría todas las actividades de un centro determinado, de conformidad con los requisitos del artículo 4 y del Anexo II, por lo que respecta a todos los aspectos medioambientales pertinentes a que se refiere la parte C del Anexo I;
h) declaración medioambiental, la declaración hecha por la empresa con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento y, en particular, en su artículo 5;
i) actividad industrial, toda actividad recogida en las secciones C y D de la clasificación de actividades económicas en las Comunidades Europeas (NACE Rev. 1), contemplada en el Reglamento (CEE) no 3037/90 del Consejo (9), más las actividades relacionadas con la producción de electricidad, gas, vapor y agua caliente, y el reciclado, tratamiento, destrucción o eliminación de residuos sólidos o líquidos;
j) empresa, organización en la que la dirección ejerce un control global de las actividades realizadas en un centro determinado;
k) centro, emplazamiento en el que se llevan a cabo, en un lugar determinado, las actividades industriales bajo el control de una empresa, incluido todo almacenamiento conexo o asociado de materias primas, subproductos intermedios, productos finales y material de desecho, así como toda infraestructura y equipamiento relacionado con dichas actividades, tanto si son fijos como si no lo son;
l) auditor, una persona o un equipo, perteneciente al personal de la empresa o exterior a ella, que actúe en nombre de su alta dirección, que posea, individual o colectivamente, las competencias mencionadas en la parte C del Anexo II, y que sea lo suficientemente independiente de las actividades que audite como para poder emitir un dictamen objetivo;
m) verificador medioambiental acreditado, toda persona u organización independiente de la empresa sometida a verificación que haya obtenido una acreditación, en las condiciones y con arreglo a los procedimientos establecidos en el artículo 6;
n) sistema de acreditación, un sistema para la acreditación y supervisión de los verificadores medioambientales desarrollado por una institución u organización imparcial, designada o creada por el Estado miembro de que se trate, que disponga de los recursos y de la competencia suficientes y que esté dotada de los procedimientos adecuados para desempeñar las funciones definidas para tal sistema en el presente Reglamento;
o) organismos competentes, los organismos designados por los Estados miembros, de conformidad con el artículo 18, para desempeñar las funciones previstas en el presente Reglamento.
Artículo 3
Participación en el sistema Podrá participar en este sistema cualquier empresa que opere en uno o varios centros donde se lleve a cabo una actividad industrial. Para que un centro pueda ser incluido en el sistema, la empresa deberá:
a) adoptar una política medioambiental de la empresa, conforme con los correspondientes requisitos del Anexo I, que, además de contemplar el cumplimiento de todos los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente, deberá contener compromisos destinados a la mejora continua y razonable de su actuación medioambiental, con vistas a reducir el impacto medioambiental a niveles que no sobrepasen los correspondientes a una aplicación económicamente viable de la mejor tecnología disponible;
b) proceder a una evaluación medioambiental del centro con respecto a los aspectos mencionados en la parte C del Anexo I;
c) introducir, basándose en los resultados de dicha evaluación, un programa medioambiental para el centro y un sistema de gestión medioambiental aplicable a todas las actividades del centro. El programa medioambiental tendrá por objeto cumplir los compromisos contenidos en la política medioambiental de la empresa en relación con la mejora continua del comportamiento medioambiental. El sistema de gestión medioambiental deberá cumplir los requisitos del Anexo I;
d) realizar, o hacer que se realicen, de conformidad con el artículo 4, auditorías medioambientales en los centros de que se trate;
e) fijar objetivos al nivel de dirección más alto que corresponda, con vistas a la mejora continua del comportamiento medioambiental en función de los resultados de la auditoría, y adaptar convenientemente el programa medioambiental para permitir que se alcancen los objetivos fijados para el centro;
f) hacer, de conformidad con el artículo 5, una declaración medioambiental específica para cada centro objeto de una auditoría. La primera declaración deberá incluir, asimismo, la información a que se refiere el Anexo V;
g) hacer que se examinen la política, el programa, el sistema de gestión, el procedimiento de evaluación o de auditoría y la declaración o declaraciones medioambientales para comprobar que cumplen los correspondientes requisitos del presente Reglamento, así como las declaraciones medioambientales validadas con arreglo al artículo 4 y al Anexo III;
h) comunicar al organismo competente del Estado miembro en que esté situado el centro la declaración medioambiental validada y distribuirla como corresponda al público en dicho Estado miembro, previo registro del centro de que se trate de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.
Artículo 4
Auditoría y validación 1. La auditoría medioambiental interna de un centro podrá ser realizada bien por los auditores de la empresa, bien por personas u organismos externos que actúen por cuenta de la empresa. En ambos casos, la auditoría se efectuará de conformidad con los criterios de la parte C del Anexo I y del Anexo II.
2. La frecuencia de las auditorías se determinará con arreglo a los criterios expuestos en la parte H del Anexo II, atendiendo a las directrices establecidas por la Comisión de conformidad, con el procedimiento del artículo 19.
3. Se examinarán las políticas, los programas, los sistemas de gestión, los procedimientos de evaluación o auditoría medioambientales y las declaraciones medioambientales para comprobar que cumplen los requisitos del presente Reglamento, y las declaraciones medioambientales deberán ser validadas, por el verificador medioambiental acreditado independiente, con arreglo al Anexo III.
4. El verificador medioambiental acreditado deberá ser independiente del auditor del centro.
5. A efectos de lo dispuesto en el apartado 3 sin perjuicio de la competencia de las autoridades responsables de la aplicación en los Estados miembros de los requisitos normativos, el verificador medioambiental acreditado comprobará:
a) si se ha asumido la política medioambiental, y si ésta cumple los requisitos del artículo 3 y los requisitos pertinentes del Anexo I;
b) si en el centro existen y se aplican un sistema de gestión y un programa medioambiental, y si éstos cumplen los requisitos pertinentes del Anexo I;
c) si la evaluación y la auditoría medioambiental se llevan a cabo de conformidad con los requisitos pertinentes de los Anexos I y II;
d) si los datos y la información de la declaración medioambiental son fiables, y si la declaración comprende adecuadamente la totalidad de los aspectos medioambientales significativos que correspondan al centro.
6. El verificador medioambiental acreditado validará la declaración medioambiental sólo si se cumplen las condiciones a que se refieren los apartados 3 a 5.
7. Los auditores externos y los verificadores medioambientales acreditados no podrán divulgar, sin autorización de la dirección de la empresa, la información y los datos obtenidos en el desempeño de sus actividades de auditoría o de verificación.
Artículo 5
Declaración medioambiental 1. Se hará una declaración medioambiental después de la primera evaluación medioambiental y de la conclusión de cada auditoría consecutiva o ciclo de auditoría por cada centro que participe en el sistema.
2. La declaración medioambiental se redactará expresamente para información del público, en forma resumida y comprensible. Podrá adjuntarse documentación técnica.
3. La declaración medioambiental comprenderá, en particular, los elementos siguientes:
a) una descripción de las actividades de la empresa en el centro considerado;
b) una valoración de todos los problemas medioambientales significativos que guardan relación con las actividades de que se trate;
c) un resumen de datos cuantitativos sobre emisión de contaminantes, generación de residuos, consumo de materias primas, energía y agua, ruido y otros aspectos medioambientales significativos, según corresponda;
d) otros factores relacionados con el rendimiento medioambiental;
e) una presentación de la política, el programa y el sistema de gestión medioambiental de la empresa aplicados en el centro de que se trate;
f) el plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración;
g) el nombre del verificador medioambiental acreditado.
4. La declaración medioambiental hará notar los cambios importantes ocurridos desde la declaración anterior.
5. Durante los años intermedios deberá elaborarse anualmente una declaración medioambiental simplificada, basada como mínimo en los requisitos de la letra c) del apartado 3, en la que se hagan notar, en su caso, los cambios significativos ocurridos desde la declaración anterior. Dichas declaraciones simplificadas sólo requerirán validación al finalizar la auditoría o el ciclo de auditoría.
6. No obstante, las declaraciones anuales no serán obligatorias para centros:
- en los que el verificador medioambiental acreditado considere, en particular cuando se trate de pequeñas y medianas empresas, que la naturaleza y la escala de las operaciones realizadas en dichos centros no justifican una declaración medioambiental suplementaria hasta la conclusión de la siguiente auditoría, y
- en los que hayan ocurrido pocos cambios importantes desde la última declaración medioambiental.
Artículo 6
Acreditación y supervisión de los verificadores medioambientales 1. Cada uno de los Estados miembros establecerá un sistema destinado a acreditar verificadores medioambientales independientes y a supervisar sus actividades. A tal fin, los Estados miembros podrán valerse de las instituciones existentes en materia de acreditación, de los organismos competentes contemplados en el artículo 18, o bien designar o crear otros organismos con un estatuto apropiado.
Los Estados miembros velarán por que la composición de tales sistemas garantice su independencia e imparcialidad en la ejecución de su cometido.
2. Los Estados miembros velarán por que estos sistemas funcionen plenamente dentro de los veintiún meses siguientes a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
3. Los Estados miembros garantizarán que se consulte debidamente a las partes que intervienen en la creación y dirección de los sistemas de acreditación.
4. La acreditación de los verificadores medioambientales y la supervisión de sus actividades se hará de conformidad con los requisitos del Anexo III.
5. Los Estados miembros informarán a la Comisión de las medidas tomadas en aplicación del presente artículo.
6. De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19, la Comisión fomentará la colaboración entre Estados miembros, en particular con el fin de:
- evitar contradicciones entre los criterios, los requisitos y los procedimientos que apliquen para la acreditación de verificadores medioambientales;
- facilitar la supervisión de las actividades de los verificadores medioambientales en los Estados miembros que no sean aquéllos en los que hayan obtenido su acreditación.
7. Los verificadores medioambientales acreditados en un Estado miembro podrán ejercer actividades de verificación en los demás Estados miembros, sujetas a notificación previa y bajo la supervisión del sistema de acreditación del Estado miembro en el que se lleve a cabo la verificación.
Artículo 7
Lista de los verificadores medioambientales acreditados Los sistemas de acreditación establecerán, revisarán y actualizarán la lista de los verificadores medioambientales acreditados en cada Estado miembro y la remitirán cada seis meses a la Comisión.
La Comisión publicará la lista completa para toda la Comunidad en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 8
Registro de los centros 1. El organismo competente registrará un centro y le asignará un número de registro cuando haya recibido la declaración medioambiental validada y haya cobrado cualquier tarifa de registro que haya que pagar de acuerdo con el artículo 11 y haya comprobado que el centro satisface todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Informará, asimismo, a la dirección del centro que dicho centro aparece en el registro.
2. El organismo competente actualizará anualmente la lista de los centros mencionados en el apartado 1.
3. Si una empresa no presentare al organismo competente la declaración medioambiental validada ni pagare la tarifa de registro en un plazo de tres meses a partir del momento en que se le hubiere requerido o si, en cualquier momento, el organismo competente llegara a la conclusión de que el centro ya no cumple todas las condiciones establecidas en el presente Reglamento, el centro será suprimido en el registro y se informará de tal medida a la dirección del centro.
4. Si la autoridad responsable competente informare a un organismo competente de una infracción de los requisitos normativos correspondientes al medio ambiente cometida en el centro, dicho organismo denegará la inscripción de dicho centro en el registro o suspenderá dicha inscripción, según proceda, e informará de ello a la dirección del centro.
El organismo competente retirará la denegación o suspensión del registro cuando haya recibido garantías suficientes por parte de la autoridad competente responsable de la aplicación de que la infracción ha sido subsanada, y que se han tomado medidas adecuadas para evitar que vuelva a repetirse.
Artículo 9
Publicación de la lista de centros registrados Los organismos competentes remitirán a la Comisión, directamente o a través de las autoridades nacionales, según decida el Estado miembro interesado, las listas contempladas en el artículo 8 y sus actualizaciones antes de finalizar cada año.
La Comisión publicará anualmente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la lista de todos los centros registrados de la Comunidad.
Artículo 10
1. Para su(s) registrado(s), las empresas podrán utilizar una de las declaraciones de participación recogidas en el Anexo IV, destinadas a poner de relieve claramente la naturaleza del sistema.
El gráfico no podrá utilizarse a no ser que vaya acompañado de una de las declaraciones de participación.
2. Los nombres del centro o de los centros deberán facilitarse, en su caso, junto con la declaración de participación.
3. La declaración de participación no podrá ser utilizada para la publicidad de productos, ni en los propios productos, ni en sus envases.
Artículo 11
Costes y tarifas Se podrá establecer un sistema de tarifas, con arreglo a modalidades determinadas por los Estados miembros, para sufragar los costes administrativos originados por los procedimientos de registro de centros y acreditación de verificadores medioambientales, así como los costes de promoción del sistema.
Artículo 12
Relación con las normas nacionales, europeas e internacionales 1. Se considerará que las empresas que apliquen normas nacionales, europeas o internacionales para sistemas de gestión medioambiental y auditorías medioambientales, siempre que el cumplimiento de dichas normas esté certificado con arreglo a procedimientos de certificación adecuados, cumplen los correspondientes requisitos del presente Reglamento siempre que:
a) las normas y los procedimientos hayan sido reconocidos por la Comisión con arreglo al procedimiento del artículo 19;
b) la certificación haya sido efectuada por un organismo cuya acreditación esté reconocida en el Estado miembro en que esté situado el centro.
Las referencias de las normas y criterios reconocidos se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
2. Para poder registrar tales centros al amparo del sistema, en todos los casos las empresas interesadas deberán cumplir los requisitos relativos a la declaración medioambiental contemplados en los artículos 3 y 5, así como la validación y los requisitos contemplados en el artículo 8.
Artículo 13
Fomento de la participación de las empresas; particularmente, de las pequeñas y medianas empresas 1. Los Estados miembros podrán fomentar la participación de las empresas en el sistema de ecogestión y ecoauditoría, en particular, la participación de la pequeñas y medianas empresas, estableciendo o fomentando medidas y estructuras de asistencia técnica, dirigidas a proporcionar a esas empresas los conocimientos técnicos y la ayuda necesarios para el cumplimiento de las normas, las condiciones y los procedimientos definidos en el presente Reglamento y, en particular, para el establecimiento de políticas, programas y sistemas de gestión del medio ambiente, la realización de auditorías y la preparación de declaraciones y su validación.
2. La Comisión presentará al Consejo las propuestas que considere oportunas para incrementar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el sistema facilitando, en particular, información, formación y asistencia técnica y estructural, así como propuestas, relativas a los procedimientos de auditoría y verificación.
Artículo 14
Inclusión de otros sectores Los Estados miembros podrán aplicar, experimentalmente, en sectores distintos de los industriales, como por ejemplo, en el sector del comercio y en el de los servicios públicos, disposiciones análogas al presente sistema de ecogestión y ecoauditoría.
Artículo 15
Información Cada Estado miembro velará por que, con los medios adecuados:
- se informe a las empresas del contenido del presente Reglamento,
- se informe al público de los objetivos y modalidades principales del sistema.
Artículo 16
Infracciones Los Estados miembros adoptarán las correspondientes disposiciones legales o administrativas cuando se incumpla lo dispuesto en el presente Reglamento.
Artículo 17
Anexos Los Anexos del presente Reglamento serán adaptados por la Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 18, en función de la experiencia adquirida en el funcionamiento del sistema.
Artículo 18
Organismos competentes 1. Cada Estado miembro designará, a más tardar doce meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento, el organismo competente para la realización de los cometidos contemplados en el presente Reglamento, en particular, los especificados en los artículos 8 y 9, e informará de ello a la Comisión.
2. Los Estados miembros velarán por que la composición de los organismos competentes sea tal que permita una actuación neutral e independiente de los mismos, y por que los organismos competentes apliquen de forma coherente las disposiciones del presente Reglamento. Los organismos competentes tendrán, en particular, procedimientos para examinar las observaciones de las partes interesadas referentes a los centros registrados, o a la retirada o suspensión de registro de los centros.
Artículo 19
Comité 1. La Comisión estará asistida por un Comité compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión.
2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá determinar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El dictamen se emitirá con arreglo a la mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado a fin de adoptar aquella decisiones que el Consejo deba tomar a propuesta de la Comisión. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el Comité se ponderarán de la manera definida en dicho artículo. El presidente no tomará parte en la votación.
3. a) La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.
b) Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada.
Si transcurrido un plazo de tres meses a partir del momento en el que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas.
Artículo 20
Revisión A más tardar cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión revisará el sistema en función de la experiencia adquirida durante su aplicación y, si fuere necesario, propondrá al Consejo las modificaciones oportunas, en particular en lo que respecta a su ámbito de aplicación y a la introducción de un logotipo.
Artículo 21
Entrada en vigor El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del vigesimoprimer mes siguiente al día de su entrada en vigor.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 29 de junio de 1993.

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