Document ID: 32006D0261

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 16 de marzo de 2005
relativa al régimen de ayudas no C 8/2004 (ex NN 164/2003) que Italia ha ejecutado en favor de las sociedades de reciente cotización en bolsa
[notificada con el número C(2005) 591]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2006/261/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones de conformidad con los citados artículos (1),
Considerando lo siguiente:
I PROCEDIMIENTO
1.
El 2 de octubre de 2003, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la República italiana no 229, entró en vigor en Italia el Decreto-Ley no 269, de 30 de septiembre de 2003, por el que se aprobaban «Disposiciones urgentes destinadas a favorecer el desarrollo y corregir la tendencia de las cuentas públicas» («DL 269/2003»). El artículo 1, apartado 1, letra d) y el artículo 11 del DL 269/2003 prevén incentivos fiscales específicos para las sociedades admitidas a cotización oficial en un mercado regulado de la Unión Europea en el período comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004. El artículo 1, apartado 1, letra d) y el artículo 11 del DL 269/2003 se convirtieron posteriormente, sin mediar modificación alguna, en la Ley no 326, de 24 de noviembre de 2003 («L 326/2003»), publicada en el Boletín Oficial de la República italiana no 274, de 25 de noviembre de 2003.
2.
Mediante carta de 22 de octubre de 2003 (D/56756), la Comisión invitó a las autoridades italianas a suministrarle información sobre dichos incentivos y su entrada en vigor, con objeto de determinar si constituían una ayuda estatal a los efectos del artículo 87 del Tratado. En esa misma carta, se recordaba a Italia que, en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado, estaba obligada a notificar a la Comisión cualquier medida que constituyese una ayuda estatal antes de ejecutarla.
3.
Mediante cartas de 11 de noviembre de 2003 (A/37737) y de 26 de noviembre de 2003 (A/38138), las autoridades italianas facilitaron la información solicitada. El 19 de diciembre de 2003 (D/58192), la Comisión recordó de nuevo a Italia sus obligaciones en virtud del artículo 88, apartado 3, del Tratado, invitándole a informar a los beneficiarios potenciales de esos incentivos de las consecuencias previstas en el Tratado y en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (2), en el supuesto de que dichos incentivos constituyesen una ayuda ilegal ejecutada sin la autorización previa de la Comisión.
4.
Mediante carta de 18 de febrero de 2004 (SG 2004 D/200644), la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a los incentivos concedidos por Italia a las empresas de reciente cotización en bolsa.
5.
Mediante carta de 22 de abril de 2004 (A/32918), las autoridades italianas presentaron sus comentarios.
6.
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal, en la que se emplazaba a los interesados para que presentaran sus observaciones, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2004 (3).
7.
Los días 16 y 27 de septiembre de 2004 se celebraron dos reuniones ad hoc entre representantes de la Comisión y de la administración fiscal italiana con objeto de examinar algunos aspectos de la medida.
8.
Por fax de 4 de octubre de 2004 (A/37459) se recibieron las observaciones de la sociedad Borsa Italiana SpA. Mediante carta de 28 de octubre de 2004 (D/57697), la Comisión transmitió tales observaciones a las autoridades italianas. Por carta de 2 de diciembre de 2004 (A/39473), las autoridades italianas comunicaron sus comentarios a propósito de las observaciones que se les habían transmitido.
II DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
9.
La medida en cuestión prevé dos paquetes de incentivos fiscales en relación con la cotización en bolsa de las empresas sujetas al impuesto italiano sobre sociedades.
10.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11 del DL 269/2003, las sociedades cuyas acciones sean admitidas a cotización en un mercado regulado de un Estado miembro de la Unión Europea durante el período comprendido entre el 2 de octubre de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 podrán beneficiarse durante tres años de una reducción del 20% del tipo del impuesto sobre sociedades normalmente aplicado (el 35% en 2003 y el 33% en 2004). Esta «prima fiscal» sólo se aplica cuando las sociedades admitidas a cotización aumentan su patrimonio neto en al menos un 15% como consecuencia de la Oferta Pública de Salida a bolsa (OPS) de sus acciones y siempre que las empresas beneficiarias no coticen ya en una bolsa europea. Dado que el importe máximo de los ingresos que puede beneficiarse del tipo reducido es de 30 millones de euros, la ayuda puede ascender a lo sumo a 4,5 millones de euros (35-20% = 15% de 30 millones) en 2003, mientras que en 2004 no puede superar 3,9 millones (33-20% = 13% de 30 millones).
11.
En el supuesto de que una sociedad cotizada en bolsa durante el período anteriormente mencionado sea posteriormente excluida de dicha cotización, el incentivo sólo se aplica al período o períodos durante los cuales la sociedad cotice efectivamente en bolsa. La ayuda se mantiene en las mismas condiciones si la sociedad cotiza posteriormente en otra bolsa europea que garantice a los inversores un nivel de protección equivalente al proporcionado por la Bolsa italiana.
12.
Con respecto a las sociedades admitidas a cotización que satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 11 del DL 269/2003, el artículo 1, apartado 1, letra d), del DL 269/2003 prevé que de sus ingresos imponibles se deduzca una suma igual a los gastos de cotización sufragados con motivo de la OPS en 2004. Esta deducción de los rendimientos imponibles se suma a la deducción normal de los gastos generados por la OPS, que, a efectos fiscales, se consideran como cualquier otro gasto societario. Los gastos derivados de las transacciones efectuadas en el marco de la OPS incluyen, en particular, los gastos consagrados a un análisis pormenorizado de la empresa (análisis de diligencia debida o «due diligence»), los gastos de asesoramiento externo y los gastos reglamentarios de la transacción que, en el caso de la Bolsa italiana, ascienden a un total comprendido entre un 3,5% y un 7% del importe negociado en la operación de cotización. Para poder beneficiarse de esta reducción de los ingresos imponibles, las sociedades deben obtener de un censor de cuentas externo un certificado de los gastos realmente costeados.
13.
La minoración de los ingresos imponibles prevista en el artículo 1, apartado 1, letra d), del DL 269/2003 tiene como efecto reducir la carga fiscal efectiva correspondiente a 2004, puesto que del importe del impuesto que debe abonarse se deduce un 33% (esto es, un porcentaje igual al tipo del impuesto sobre sociedades fijado para 2004, abstracción hecha del tipo normal reducido en un 20% que se aplica como consecuencia del incentivo fiscal anteriormente mencionado) del importe de los gastos elegibles generados por la cotización. De acuerdo con el sistema italiano de pago anticipado del impuesto sobre sociedades, las empresas beneficiarias pagan en dos tramos el impuesto correspondiente al ejercicio 2004, calculados sobre la base de una estimación de los impuestos pagaderos ese año, teniendo en cuenta la reducción prevista por el régimen de ayudas en cuestión. Con el fin de evitar que esta ventaja se aplique también a los pagos a cuenta provisionales correspondientes a 2005 (lo que sucedería si dichos pagos se calculasen sobre la base de los impuestos - reducidos - pagados en 2004), el artículo 1, apartado 1, letra d), del DL 269/2003 prevé que los pagos anticipados provisionales correspondientes a 2005 se calculen sobre la base del impuesto exigible en 2004 sin tener en cuenta la reducción fiscal en cuestión.
14.
Los dos incentivos, previstos respectivamente en el artículo 1, apartado 1, letra d), del DL 269/2003 y en el artículo 11 del DL 269/2003, tienen, por lo tanto, períodos de vigencia diferentes. Mientras que el incentivo consistente en la minoración de los ingresos imponibles sólo es aplicable en 2004, el incentivo vinculado a la prima de cotización se aplica a partir de la fecha de la admisión a cotización y por un período de tres años. Las autoridades italianas confirmaron que estos incentivos no afectaban en modo alguno al pago anticipado del impuesto correspondiente a 2003, aplicándose únicamente al año 2004 y, por lo que respecta en concreto al artículo 11 del DL 269/2003, a los tres años siguientes a la admisión a cotización.
15.
En el acto de presentación del Decreto-Ley que establecía estos incentivos fiscales, el Gobierno italiano afirmó que según sus estimaciones la medida afectaría a 10 beneficiarios potenciales en 2003 y a 25 en 2004 y que tendría un impacto negativo en términos de ingresos fiscales de 7,2 millones de euros en 2003 y de 27,7 millones de euros en 2004. No se proporcionó ninguna estimación en relación con los otros dos años de vigencia de la medida.
III RAZONES PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO
16.
Al incoar el procedimiento formal, la Comisión consideró que la medida en cuestión cumple todos los criterios previstos para ser calificada de ayuda estatal a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado. En particular, la Comisión estimó que la medida confiere dos tipos de ventajas económicas. En primer lugar, establece para las sociedades admitidas a cotización en una bolsa de valores regulada un tipo del impuesto sobre sociedades reducido en un 20%, aumentando así durante un trienio los beneficios netos obtenidos por estas sociedades con cualquier actividad económica. Gracias a la reducción del tipo normal, las empresas beneficiarias disfrutan de una reducción de los impuestos exigibles durante el año de su admisión en bolsa así como durante los dos años siguientes. En segundo lugar, mediante la deducción de los ingresos imponibles de un importe equivalente a los gastos generados por la OPS, el régimen reduce la base imponible del ejercicio fiscal en el que tiene lugar la operación de admisión a cotización en bolsa. Estas reducciones se traducen además en la aplicación de un tipo impositivo real más bajo a los ingresos de 2004.
17.
La Comisión observó que las ventajas anteriormente mencionadas parecen favorecer a determinadas empresas. En especial, la Comisión constató que la naturaleza de los incentivos fiscales examinados puede favorecer a las empresas con sede en Italia. Una sociedad extranjera que desarrolle su actividad en Italia por medio de un establecimiento permanente o a través de agencias, sucursales o filiales según lo dispuesto en el artículo 43 del Tratado, se beneficia de la reducción del tipo real exclusivamente en relación con la parte de su actividad atribuible a sus establecimientos en Italia. Ahora bien, tal distinción, a pesar de estar justificada desde el punto de vista fiscal por la lógica territorial del sistema tributario, no puede aceptarse cuando se trata de una ayuda, en la medida en que coloca a las sociedades extranjeras que llevan a cabo actividades en Italia en una situación de desventaja competitiva manifiesta en relación con las sociedades italianas.
18.
La Comisión observó asimismo que, si bien cualquier sociedad admitida a cotización en un mercado regulado europeo, puede teóricamente beneficiarse de las ventajas conferidas por el régimen y que, por consiguiente, éste no parece establecer discriminaciones entre las sociedades admitidas a cotización en Italia y las admitidas a cotización en la Bolsa de otro Estado, en realidad esta medida sólo favorece a las sociedades admitidas por primera vez a cotización durante el breve período indicado. La Comisión destacó a este respecto que las disposiciones que rigen la admisión a cotización establecen una serie de condiciones rigurosas y, en particular, la de demostrar la solidez patrimonial y financiera de la sociedad, debidamente certificada por los estados financieros y los dictámenes de auditores externos. Las sociedades que solicitan su admisión en bolsa deben estar constituidas en sociedades anónimas, para garantizar plenamente la posibilidad de transmitir las acciones, y cumplir algunas condiciones mínimas en relación con su capital. En opinión de la Comisión, un buen número de posibles beneficiarios no puede beneficiarse de facto de las ventajas contempladas debido a los plazos fijados por el régimen de ayudas.
19.
La Comisión destacó en su decisión de incoar el procedimiento que la medida implica el uso de recursos estatales, ya que se renuncia a unos ingresos fiscales, y que podría falsear la competencia entre empresas así como afectar a los intercambios en el mercado común, dado que las sociedades beneficiarias, que son sociedades cotizadas en bolsa, desarrollan su actividad en mercados caracterizados por una fuerte dinámica competitiva y en los que se efectúan intercambios intracomunitarios.
20.
Por último, la Comisión consideró que el carácter selectivo de las ventajas fiscales en cuestión no parece estar justificado por la naturaleza o la estructura general del sistema fiscal italiano y que el régimen no perece destinado a compensar eventuales gastos realizados, en la medida en que el importe de la ayuda no guarda proporción con los costes específicos que se derivan de la admisión a cotización. Asimismo, ninguna de las excepciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3, parece poder aplicarse en el presente caso.
IV COMENTARIOS DE ITALIA Y OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS
21.
Las autoridades italianas y la sociedad Borsa Italiana SpA, única parte interesada que presentó observaciones, formularon básicamente tres objeciones.
22.
En primer lugar, según las autoridades italianas y Borsa Italiana SpA, el régimen de ayudas debe ser considerado como una medida de índole general de política fiscal destinada a promover la cotización en bolsa de las sociedades italianas, invirtiendo la tendencia negativa registrada estos últimos años, y a reforzar la capitalización y la competitividad en los mercados mundiales. Como tal, este régimen no entra en el ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales.
23.
En segundo lugar, el régimen no afecta a la competencia puesto que cualquier sociedad puede beneficiarse de la ayuda, obteniendo su admisión en una bolsa europea. El régimen se aplica por regla general a todos los sectores económicos e industriales y, por lo tanto, se trata de una medida no selectiva.
24.
Por último, el régimen no afecta a la competencia, porque tanto su duración como su dotación presupuestaria están limitadas y porque las empresas extranjeras pueden beneficiarse de las ayudas en cuestión.
V VALORACIÓN DE LA MEDIDA
25.
Después de haber analizado los comentarios presentados por las autoridades italianas, la Comisión confirma su posición, expuesta en su carta de 18 de febrero de 2004 en la que anunciaba la incoación del procedimiento formal, según la cual el régimen en cuestión constituye una ayuda estatal en la medida en que responde a los criterios fijados en el artículo 87, apartado 1, del Tratado.
26.
La Comisión considera que la medida en cuestión confiere unas ventajas selectivas evidentes al establecer una excepción al funcionamiento normal del sistema fiscal y favorece a determinadas empresas o producciones, instaurando un régimen específico del que sólo pueden beneficiarse aquellas empresas que están en condiciones de ser admitidas a cotización en el período cubierto por el régimen, lo que excluye a las empresas que ya cotizan, a las que no cumplen las condiciones exigidas para cotizar en bolsa y a las que decidan no solicitar su admisión a cotización durante el período en cuestión.
27.
El argumento esgrimido por Italia según el cual, el régimen constituye una medida de política fiscal que no entra en el ámbito de aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales no puede aceptarse y la excepción que establece con respecto al régimen fiscal general no se puede justificar por la naturaleza del sistema fiscal italiano, ya que no responde a ninguna distinción pertinente desde el punto de vista fiscal entre la situación de las sociedades cotizadas en bolsa y la de las que no lo están. En especial, el régimen prevé una reducción del tipo impositivo aplicable a los beneficios futuros obtenidos por los beneficiarios y, por consiguiente, no cabe considerarlo como proporcionado, dado que esos beneficios no guardan relación ni con el hecho de que las empresas beneficiarias hayan sido admitidas en bolsa ni con la estructura de su capital ni con las otras características asociadas a la cotización en bolsa. Por último, el régimen tampoco puede justificarse por sus objetivos específicos, ya que su corta duración lo convierte de hecho en inaccesible para un gran número de posibles beneficiarios.
28.
Del mismo modo, la minoración de los ingresos imponibles también constituye un incentivo extraordinario, puesto que viene a sumarse a la deducción normal de los gastos. Aunque una medida de este tipo podría hipotéticamente ser considerada justificada por el objetivo específico perseguido por el régimen con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal (4), la Comisión considera que la breve duración de la medida se contradice con el objetivo específico de fomentar la salida a bolsa de las empresas al excluir de facto a un gran número de posibles beneficiarios.
29.
En cuanto a la objeción según la cual el régimen no confiere una ventaja específica y no puede, por lo tanto, falsear la competencia y alterar los intercambios en la Comunidad por cuanto favorece a empresas sujetas de cualquier modo a legislaciones fiscales diferentes, la Comisión recuerda la jurisprudencia del Tribunal (5), que confirma que una medida fiscal excepcional no justificada por la naturaleza del sistema fiscal o por su naturaleza específica puede constituir una ayuda estatal.
30.
La Comisión destaca que en otra sentencia (6), el Tribunal confirmó la evaluación de la Comisión según la cual una medida fiscal nacional, a pesar de ser formalmente de carácter general, constituía una ayuda, ya que en realidad favorecía en mayor medida a determinados sectores industriales nacionales. En el presente caso, la Comisión considera que el incentivo fiscal, concedido mediante una excepción al régimen fiscal general a favor de todas las empresas contribuyentes en Italia que sean admitidas a cotización en un mercado regulado, ejerce un notable efecto sobre las empresas de una determinada dimensión y puede falsear la competencia, mejorando la posición competitiva de estas empresas con respecto a las empresas competidoras no registradas en Italia. Además, la ayuda, toda vez que se concede vía sistema fiscal, beneficia principalmente a las empresas italianas, dado que, en su caso, la desgravación fiscal se aplica a los beneficios obtenidos a escala mundial, mientras que en el de las empresas extranjeras sólo se aplica a la parte de sus beneficios realizada en Italia, encontrándose en este aspecto en desventaja. Esta disparidad de trato puede en principio justificarse por la naturaleza del sistema fiscal, pero, en el presente caso, hay que excluir dicha justificación debido a que el régimen constituye una ayuda excepcional no justificable en el marco de la gestión normal del sistema fiscal.
31.
En lo que respecta a la eficacia temporal limitada de este régimen, Italia arguye que la limitación del número de posibles beneficiarios (únicamente las sociedades admitidas a cotización antes del 31 de diciembre de 2004) viene impuesta por dificultades presupuestarias. Por lo demás, constituiría otro elemento en apoyo de la tesis según la cual la medida tendría un efecto relativamente reducido sobre la competencia. La Comisión considera que el limitado presupuesto asignado al incentivo no elimina ni su carácter de subvención ni posibles falseamientos de la competencia. El régimen provoca (a través del tratamiento fiscal) una alteración de la posición competitiva de determinadas empresas que ejercen actividades comerciales en sectores abiertos a la competencia internacional y constituye, por lo tanto, una ayuda que amenaza con falsear la competencia.
32.
En consecuencia, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la medida atribuye a los beneficiarios determinadas ventajas fiscales específicas que reducen los costes que éstos deberían soportar normalmente en el ejercicio de su actividad económica.
33.
La Comisión considera que las ventajas de que se trata son otorgadas por el Estado o mediante fondos estatales. Dado que Italia no presentó objeciones sobre este punto, la Comisión confirma la evaluación que realizó al incoar el procedimiento formal, según la cual la ventaja emana del Estado, ya que supone la renuncia a unos ingresos fiscales normalmente recaudados por el Tesoro italiano.
34.
Teniendo en cuenta los efectos de la medida, la Comisión confirma la evaluación que realizó al incoar el procedimiento formal, según la cual la medida puede falsear la competencia entre empresas y los intercambios entre Estados miembros, dado que las empresas beneficiarias pueden operar en mercados internacionales y ejercer actividades comerciales y otras actividades económicas en mercados que se caracterizan por una fuerte competencia. Según una jurisprudencia consolidada del Tribunal (7), para que una medida falsee la competencia basta con que el destinatario de la ayuda compita con otras empresas en mercados abiertos a la competencia.
35.
Al solicitar su admisión a cotización en un mercado de valores regulado, las sociedades persiguen diversos e importantes objetivos económicos, entre ellos: a) aumentar y diferenciar las fuentes de financiación para la compra de activos y acciones; b) aumentar su propia capacidad financiera frente a tenedores de títulos de crédito, proveedores y otros acreedores que aceptan las acciones como garantía de su crédito; c) obtener una valoración del mercado, para facilitar en todo momento las operaciones de fusión y adquisición. Al conceder una desgravación fiscal excepcional a las sociedades que deciden cotizar en bolsa, el régimen en cuestión mejora la posición competitiva y la capacidad financiera de estas sociedades frente a las de sus competidores. Visto que los efectos anteriormente descritos pueden favorecer a sociedades italianas que ejercen actividades en mercados en los que se efectúan intercambios intracomunitarios, la Comisión considera, también por este motivo, que el régimen afecta a los intercambios y falsea la competencia.
36.
La Comisión observa asimismo que, a 31 de diciembre de 2004, diez sociedades habían sido admitidas a cotización en las bolsas italianas (un incremento del 100% con relación al año anterior) (8). El régimen confiere a las sociedades admitidas a cotización el derecho a unas ventajas fiscales proporcionales a sus beneficios futuros. Las sociedades admitidas a cotización en las bolsas italianas pertenecen a distintos sectores, del sector manufacturero al de los servicios de utilidad pública, expuestos a la competencia internacional. Ni las autoridades italianas ni los terceros interesados esgrimieron argumentos para demostrar que, a causa de determinadas características específicas de los beneficiarios, las ventajas concedidas no pueden afectar a la competencia y a los intercambios intracomunitarios. Sobre la base de estimaciones basadas en los beneficios obtenidos por los beneficiarios durante los tres años anteriores a su admisión a cotización, la Comisión calculó que cada una de estas sociedades podrá obtener sustanciales desgravaciones fiscales. De los cálculos de la Comisión se desprende, por ejemplo, que la reducción de impuestos de la que podría beneficiarse, por sí solo, uno de estos beneficiarios podría ascender a 75 millones de euros en el período 2004-2007. Sin embargo, debido a la cláusula de limitación de la ayuda incluida en el artículo 11 del DL 269/2003, anteriormente descrita, el beneficio no podrá superar 11,7 millones de euros durante ese trienio. A pesar de ello, los argumentos presentados por Italia no permiten en modo alguno concluir que las ayudas otorgadas a los beneficiarios puedan entrar en el marco de las ayudas de minimis.
37.
La Comisión concluye que el falseamiento de la competencia provocado por el régimen en los distintos sectores de actividad de los beneficiarios es significativa, habida cuenta de que, a menudo, ocupan una posición destacada en dichos sectores en Italia, lo que justifica la evaluación negativa que se hace de dicho régimen.
38.
Las autoridades italianas ejecutaron el régimen sin una notificación previa a la Comisión, infringiendo, por lo tanto, la obligación prevista en el artículo 88, apartado 3, del Tratado. Dado que se trata de una ayuda estatal a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado y que se ejecutó sin la autorización previa de la Comisión, la medida constituye una ayuda ilegal.
39.
La medida examinada constituye una ayuda estatal a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado y, por consiguiente, su compatibilidad con el mercado común debe evaluarse teniendo en cuenta las excepciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado.
40.
Las autoridades italianas no impugnaron explícitamente la evaluación de la Comisión, expuesta en su carta de 18 de febrero de 2004, relativa a la incoación del procedimiento de investigación formal, según la cual no podía aplicarse en este caso ninguna de las excepciones contempladas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado, en virtud de las cuales las ayudas estatales pueden declararse compatibles con el mercado común. Por su parte, la Comisión no ha encontrado nuevos elementos que se opongan a tal conclusión.
41.
En el presente caso, las ventajas concedidas o no están vinculadas a ningún gasto o lo están a gastos que no pueden recibir ayudas de conformidad con los reglamentos de exención por categorías o las directrices comunitarias.
42.
Las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado, relativas a las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, a las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, así como las ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, no se aplican en este caso.
43.
La excepción prevista en el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, que prevé la compatibilidad de las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, tampoco es aplicable puesto que la medida en cuestión se aplica en todo el territorio italiano y no sólo en las regiones italianas contempladas por ese mismo artículo 87, apartado 3, letra a). Por último, el régimen no parece contribuir de forma alguna al desarrollo de estas regiones.
44.
Del mismo modo, no cabe considerar que el régimen en cuestión sea un proyecto importante de interés común europeo o que esté destinado a poner remedio a una grave perturbación de la economía italiana, como establece el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado. Tampoco parece promover la cultura y la conservación del patrimonio, como reza el artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado.
45.
Por último, el régimen debe ser examinado teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado. Este artículo establece que podrán considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Las ventajas fiscales concedidas al amparo del régimen no están vinculadas a inversiones específicas, a la creación de empleo o a proyectos específicos, sino que constituyen simplemente una reducción de las cargas que las empresas beneficiarias deberían soportar normalmente en el ejercicio de su actividad económica y, por consiguiente, deben ser consideradas ayudas de funcionamiento, que son incompatibles con el mercado común.
VI CONCLUSIONES
46.
La Comisión ha llegado a la conclusión de que las ventajas fiscales previstas por la medida examinada constituyen un régimen de ayudas estatales de funcionamiento, al que no se le puede aplicar ninguna de las excepciones a la prohibición general vigente en relación con este tipo de ayudas y que, por lo tanto, es incompatible con el mercado común. La Comisión considera, asimismo, que Italia ejecutó ilegalmente la medida.
47.
El hecho de que una ayuda estatal concedida ilegalmente sea considerada incompatible con el mercado común implica, por regla general, que se solicite su devolución a los beneficiarios. Con la devolución de la ayuda se restablece en la medida de lo posible la situación competitiva existente antes de la concesión de la ayuda.
48.
A pesar de que el presente procedimiento se concluyera poco después de finalizar el primer ejercicio fiscal en el que el régimen surte efectos y, en consecuencia, antes de que el impuesto adeudado por la mayor parte de los beneficiarios hubiera sido satisfecho, la Comisión no puede excluir que algunas empresas ya se hayan beneficiado de la ayuda en forma, por ejemplo, de una reducción en la cuantía de los pagos anticipados del impuesto correspondiente al ejercicio fiscal en curso.
49.
La Comisión hace constar que, a raíz de la incoación del procedimiento de investigación formal, las autoridades italianas advirtieron públicamente a los potenciales beneficiarios del régimen de ayudas de las posibles consecuencias que acarrearía el hecho de que la Comisión lo declarase incompatible con el mercado común. No obstante, la Comisión considera en cualquier caso necesario obtener la devolución de las ayudas que ya se hayan puesto a disposición de los beneficiarios.
50.
Con ese propósito, la Comisión debe pedir a Italia que emplace a los beneficiarios potenciales del régimen para que reembolsen el importe de las ayudas más los intereses calculados de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (9), en un plazo de dos meses desde la notificación de la presente Decisión. En especial, en los casos en que la ayuda ya se haya hecho efectiva en forma de una reducción del pago de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal en curso, Italia deberá recuperar el importe total adeudado con el último pago previsto para 2004. En cualquier caso, la ayuda deberá haberse recuperado en su totalidad antes de que finalice el primer ejercicio fiscal posterior a la fecha de notificación de la presente Decisión.
51.
La Comisión debe solicitar a Italia que le facilite la información necesaria, para lo cual las autoridades italianas deberán elaborar la lista de los beneficiarios interesados y especificar claramente las medidas previstas así como las que ya hayan adoptado con el fin de garantizar una recuperación inmediata y efectiva de las ayudas ilegales. La Comisión debe pedir a Italia que presente, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, todos los documentos que prueben que se ha puesto en marcha el procedimiento de devolución de las ayudas por parte de los beneficiarios potenciales de las ayudas ilegales.
52.
La presente Decisión se refiere al régimen en cuanto tal y deberá ejecutarse de forma inmediata, incluida la recuperación de las ayudas concedidas a su amparo. Sin embargo, la presente Decisión no prejuzga la posibilidad de que, a título individual, las ayudas concedidas puedan ser consideradas, total o parcialmente, compatibles con el mercado común, en especial de conformidad con el artículo 5, letra b), del Reglamento de exención por categorías aplicable a las pequeñas y medianas empresas.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El régimen de ayudas concedido en forma de incentivos fiscales a favor de las sociedades admitidas a cotización en un mercado de valores regulado europeo, previsto en el artículo 1, apartado 1, letra d) y en el artículo 11 del Decreto-Ley no 269, de 30 de septiembre de 2003, ejecutado por Italia, es incompatible con el mercado común.
Artículo 2
Italia suprimirá el régimen de ayudas contemplado en el artículo 1 a partir del ejercicio fiscal en que se produzca la notificación de la presente Decisión.
Artículo 3
1. Italia adoptará todas las medidas necesarias para obtener de sus beneficiarios la recuperación de la ayuda contemplada en el artículo 1, puesta a su disposición ilegalmente.
2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos previstos en el Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión.
3. La recuperación se llevará a cabo cuanto antes. En especial, cuando la ayuda ya se haya hecho efectiva mediante una reducción del pago de los impuestos debidos correspondientes al ejercicio fiscal en curso, Italia recuperará la totalidad del impuesto debido con el último pago previsto para 2004. En todos los demás casos, Italia recuperará el impuesto adeudado, a más tardar, antes de que finalice el primer ejercicio fiscal posterior a la fecha de notificación de la presente Decisión.
4. Las ayudas que deban recuperarse incluirán los intereses devengados desde la fecha en que se pusieron a disposición de los beneficiarios hasta la fecha de su recuperación efectiva.
5. Los intereses se calcularán de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (CE) n° 794/2004.
6. En un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, Italia instará a todos los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 1 a reembolsar las ayudas ilegales más los intereses que hayan devengado.
Artículo 4
En un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, Italia informará a la Comisión, por medio del cuestionario que figura en el anexo 1 de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma. Dentro de ese mismo plazo, Italia presentará todos los documentos que prueben que se ha puesto realmente en marcha el procedimiento de recuperación de las ayudas ilegales.
Artículo 5
El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.
Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 2005.

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