Document ID: 32005D0319

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 7 de mayo de 2004
sobre el régimen de ayudas que Italia tiene previsto conceder a los agentes económicos del sector agrario de la provincia de Campobasso
[notificada con el número C(2004) 1634]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(2005/319/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Tras haber invitado a los interesados a presentar observaciones conforme al artículo antes citado,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
Mediante carta de 29 de noviembre de 2000, registrada el 30 de noviembre de 2000, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea notificó a la Comisión la decisión («deliberazione») no 629 de la «Giunta provinciale» de Campobasso de 29 de diciembre de 1999, conforme a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.
(2)
Mediante sendas cartas de 8 de febrero de 2001, registrada el 12 de febrero de 2001, 21 de febrero de 2001, registrada el 28 de febrero de 2001, 12 de junio de 2001, registrada el 14 de junio de 2001, y 11 de septiembre de 2001, registrada el 13 de septiembre de 2001, la Representación Permanente de Italia ante la Unión Europea envió a la Comisión la información complementaria que ésta había solicitado a las autoridades italianas mediante cartas de 12 de enero, 26 de abril y 7 de agosto de 2001.
(3)
Por carta de 13 de noviembre de 2001, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado en relación con la ayuda antes citada.
(4)
La decisión de la Comisión de incoar tal procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (1). La Comisión ha invitado a los interesados a presentar observaciones sobre la medida en cuestión.
(5)
Las autoridades italianas no han presentado observación alguna sobre dicha medida y la Comisión no ha recibido observaciones de ningún otro interesado.
II. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
1. Régimen de ayudas
(6)
La decisión («deliberazione») de que se trata contempla la concesión de ayudas en forma de préstamos bonificados con un tipo de interés del 2 %, limitadas a un máximo de 20 millones ITL (ITL) (10 329 EUR), para:
-
la adaptación de las explotaciones ganaderas a normas sanitarias e higiénicas, conforme a lo dispuesto en el Decreto no 54, de 14 de enero de 1997, por el que se aplican las Directivas 92/46/CEE y 92/47/CEE, referentes a las normas sanitarias aplicables a la producción y comercialización de leche y productos lácteos,
-
la mejora de la seguridad y de la salud en el lugar de trabajo, conforme a lo dispuesto en el Decreto legislativo no 626, de 19 de septiembre de 1994, y sus sucesivas modificaciones, por el que se aplican las Directivas 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE y 1999/38/CE, relativas a la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo,
-
la adaptación a las normas sobre los controles de la producción de alimentos, conforme a lo dispuesto en el Decreto no 155, de 26 de mayo de 1997, por el que se aplican las Directivas 93/43/CEE y 96/3/CE, relativas a la higiene de los alimentos.
(7)
En particular, pueden causar derecho a ayuda los gastos correspondientes a (relación indicativa):
-
obras de construcción o adaptación de estructuras de tratamiento del estiércol,
-
obras de construcción o adaptación de estructuras de recogida y conservación de leche,
-
obras de construcción o adaptación de instalaciones eléctricas,
-
obras de construcción o adaptación de instalaciones higiénico-sanitarias,
-
obras de construcción o adaptación de establos,
-
obras de construcción o adaptación de estructuras de recogida y almacenamiento de alimentos,
-
sustitución de materiales de construcción no higiénicos por otros más higiénicos.
(8)
La ayuda para estas categorías de inversiones cubrirá los gastos de concepción y construcción, los de compra de materiales y «otros gastos» (indicados con la palabra «etcétera» en el texto de la notificación).
(9)
Los porcentajes máximos de ayuda son los fijados en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo (2).
(10)
Los beneficiarios son los agricultores y los empresarios agropecuarios a título principal, solos o asociados, que estén inscritos en la Cámara de Comercio de Campobasso.
(11)
Para financiar estas ayudas se ha previsto un presupuesto de 150 millones ITL (77 468 EUR). El régimen se aplicará hasta que se agote el presupuesto disponible.
(12)
Las ayudas previstas por la decisión no pueden combinarse con otras ayudas previstas para los mismos fines. Con tal fin, el beneficiario deberá firmar una declaración de responsabilidad por la que se comprometa a no solicitar otras ayudas para la misma intervención. Estas declaraciones se comprobarán periódicamente.
2. Motivos por los que la Comisión incoó el procedimiento de examen
(13)
La Comisión incoó el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado porque albergaba dudas acerca de la compatibilidad del régimen con el mercado común. A continuación se exponen esas dudas.
A. Dudas sobre la naturaleza de las inversiones subvencionables
(14)
En la información remitida por las autoridades italianas antes de que la Comisión incoase el procedimiento de examen, se precisaba que los porcentajes máximos de ayuda eran los fijados por el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999, que corresponden a los fijados en el punto 4.1 de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (3) (en lo sucesivo, denominadas «las Directrices»), referente a las ayudas a la inversión en explotaciones agrícolas. Asimismo, se remitía a la medida 4.9 del programa operativo regional, que se refiere únicamente a las inversiones en explotaciones agrícolas.
(15)
Según lo antes expuesto, los porcentajes de ayuda aplicables serían por consiguiente los siguientes: el 40 % en las regiones no desfavorecidas y el 50 % en las desfavorecidas, con un aumento de 5 puntos porcentuales en ambos casos si son jóvenes agricultores quienes efectúan las inversiones.
(16)
Las ayudas en cuestión podrían entrar dentro del ámbito de aplicación de tres puntos de las Directrices:
-
el punto 4.1, referido a las ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas,
-
el punto 4.2, referido a las ayudas a inversiones en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas (la aplicabilidad de este punto no puede descartarse ya que, según la información remitida por las autoridades italianas, los beneficiarios son los agricultores y los empresarios agrarios; según el artículo 2135 del Código Civil italiano, «es empresario agrario todo aquel que ejerce una actividad de cultivo de una finca rústica, una actividad silvícola, una actividad ganadera y actividades afines», y la transformación y comercialización de productos agrícolas pueden englobarse en estas últimas),
-
el punto 4.3, referido a las ayudas a inversiones destinadas a fomentar la diversificación de las actividades agrícolas, que remite a los puntos 4.1 y 4.2.
(17)
En su carta de 7 de agosto de 2001, los servicios de la Comisión invitaban a las autoridades italianas a demostrar de manera detallada que se observaban todos esos puntos, según el tipo de beneficiario considerado. En su carta de 11 de septiembre de 2001, las autoridades italianas se limitaban a señalar que no se incumplirían las normas y disposiciones comunitarias y que, para garantizar una mejor observancia de las mismas, la región seguiría un planteamiento idéntico al utilizado en la gestión de los fondos de la sección de Orientación del FEOGA.
(18)
A la vista de esa respuesta, la Comisión no podía por menos que dudar de la observancia real de los puntos de las Directrices antes mencionados.
B. Dudas acerca de la naturaleza y el porcentaje de financiación de algunos gastos subvencionables
(19)
Si bien, por un lado, podía suponerse que se respetarían los porcentajes de ayuda independientemente del punto aplicable de las Directrices dado que, en lo que respecta a las medidas referidas a la transformación y comercialización de productos agrícolas, Molise forma parte de las regiones del objetivo no 1 y, por ello, puede beneficiarse de un porcentaje de ayuda del 50 %, porcentaje que la ayuda máxima indicada por las autoridades italianas en su primera notificación no rebasa, por otro lado, no se precisaba el porcentaje de gastos subvencionables que representan los gastos de concepción, cuando, según las Directrices, dicho porcentaje no puede superar el 12 % de las demás partidas de gastos subvencionables.
En el momento en que se incoó el procedimiento, resultaba imposible determinar la naturaleza de algunos gastos mencionados en la notificación con la palabra «etcétera».
(20)
Por consiguiente, no podía excluirse la posibilidad de que algunos de los gastos de esa categoría fuesen no subvencionables y que las ayudas correspondientes constituyesen ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común.
C. Dudas acerca de la fiabilidad de los criterios de valoración de la viabilidad de los beneficiarios y de la observancia por éstos de las normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal
(21)
Los puntos 4.1 y 4.2 de las Directrices precisan que las explotaciones agrícolas que reciban ayudas deben ser explotaciones cuya viabilidad económica pueda demostrarse a través de un estudio prospectivo y que cumplan normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar animal. Además, únicamente pueden concederse ayudas para productos que tengan salidas en el mercado. La cuestión de las salidas comerciales no planteaba problemas dado que el programa operativo regional aprobado por la Comisión, al que remite el proyecto, establecía criterios muy precisos al respecto.
(22)
En lo que se refiere a la viabilidad de las explotaciones, las autoridades italianas remitían a la medida 4.9 del programa operativo regional, aprobado por la Comisión, el cual, a su vez, en lo que se refiere a los criterios aplicables remitía a la programación complementaria. De la lectura de ésta se infiere que los indicadores utilizados serían la renta bruta y el número de unidades de mano de obra de la explotación. Para ser viable, la explotación debía tener una renta bruta de, al menos, 4 o 6 «unidades de dimensión económica de renta bruta», en función de la zona, y emplear al menos una unidad de mano de obra. Este criterio de valoración era más bien impreciso ya que, con la información disponible, era imposible saber en qué consistía una «unidad de dimensión económica de renta bruta». Además, el número de unidades de mano de obra de la explotación no es necesariamente un reflejo de la viabilidad de ésta. Por consiguiente, en el momento de incoar el procedimiento, la Comisión albergaba dudas sobre la fiabilidad de los criterios de valoración de la viabilidad de los beneficiarios.
(23)
En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos mínimos de medio ambiente, higiene y bienestar animal, la Comisión observa que las ayudas estaban destinadas a financiar obras que se acometieran en virtud de decretos de incorporación de directivas que, en la programación complementaria, se consideraban parte de las normas mínimas que deben cumplir las explotaciones agropecuarias para poder recibir ayudas con cargo al programa operativo regional.
(24)
Desde el punto de vista de las reglas aplicables en materia de ayudas estatales, las explotaciones agrarias deben cumplir las normas mínimas antes indicadas para poder recibir ayudas. El punto 4.1.1.3 de las Directrices indica, no obstante, que, cuando se efectúen inversiones para cumplir con nuevas normas mínimas en materia de medio ambiente, higiene y bienestar animal, pueden concederse ayudas a tal efecto. Ese mismo punto precisa que, en ese caso, deben tenerse en cuenta los plazos que se hayan establecido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, párrafo segundo, del Reglamento (CE) no 1750/1999 de la Comisión, de 23 de julio de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, sobre la ayudas al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) (4).
(25)
En su escrito de 7 de agosto de 2001, la Comisión preguntaba a las autoridades italianas cuáles eran las nuevas normas que debían aplicarse y en qué plazo. En su respuesta, las autoridades italianas indicaron que encargarían un estudio pericial para cerciorarse del cumplimiento de las normas mínimas comunitarias, nacionales y regionales vigentes.
(26)
Esa información no respondía a las preguntas de la Comisión pues no permitía determinar las nuevas normas ni los plazos para aplicarlas. En la fase de incoación del procedimiento, la Comisión no podía, pues, excluir la posibilidad de que las ayudas previstas se destinasen únicamente a financiar la adaptación a normas que ya debían ser aplicadas y que se incluían en las normas mínimas que debían cumplir de todas formas las explotaciones agrarias para poder recibir ayudas. Ello tiene su importancia toda vez que las ayudas concedidas a empresas que infringen la normativa comunitaria no pueden considerarse compatibles con el mercado común.
(27)
En este contexto, la Comisión albergaba serias dudas acerca del cumplimiento, por parte de los posibles beneficiarios, de las normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar animal contempladas en las Directrices y, por ende, no sólo acerca de la subvencionabilidad de los gastos sino del derecho mismo de los beneficiarios a percibir las ayudas.
D. Dudas acerca de la retroactividad de las ayudas
(28)
Los servicios de la Comisión habían pedido a las autoridades italianas que garantizasen que las medidas previstas se aplicarían según el principio de no retroactividad estipulado en el punto 3.6 de la Directrices y que se comprometiesen a no conceder ayudas por actividades u obras acometidas antes de la presentación de la solicitud de ayuda por parte del beneficiario y de su aceptación con carácter vinculante por las autoridades competentes, previa aprobación del régimen de ayudas por la Comisión.
(29)
Según se desprende de la información comunicada por las autoridades italianas, aún no se ha abonado ayuda alguna y no se abonará ninguna antes de que la Comisión apruebe el régimen. Con todo, en la última respuesta de dichas autoridades no figura el compromiso de no conceder ayudas por actividades u obras iniciadas antes de la presentación de la solicitud de ayuda por parte del beneficiario y de su aceptación con carácter vinculante por las autoridades competentes. En la fase de incoación del procedimiento, la Comisión no podía, pues, excluir la posibilidad de que se concediesen ayudas retroactivas carentes de efecto incentivador. Así pues, también desde este punto de vista, albergaba dudas acerca de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común.
III. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ITALIA Y POR TERCEROS
(30)
Italia no ha presentado observaciones a los servicios de la Comisión sobre la ayuda examinada a raíz de la decisión de incoar el procedimiento del artículo 88, apartado 2, del Tratado. La Comisión tampoco ha recibido observaciones de ningún otro interesado.
IV. VALORACIÓN JURÍDICA
1. Existencia de ayuda en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado
(31)
Según el artículo 87, apartado 1, del Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.
(32)
Las medidas examinadas corresponden a esa definición pues favorecen determinadas producciones (la producción agraria básica, dado que las inversiones están dirigidas al subsector de la producción primaria) y pueden afectar a los intercambios comerciales debido al gran abanico de productos que engloban (en 1998, por ejemplo, Italia importó productos agrícolas por valor de 15 222 millones de ecus y exportó productos de ese tipo por valor de 9 679 millones de ecus; en ese mismo año, las importaciones de productos agrícolas dentro de la Unión Europea supusieron 128 256 millones de ecus y las exportaciones, 132 458 millones).
(33)
La medida se ajusta pues a la definición de ayuda estatal del artículo 87, apartado 1, del Tratado.
(34)
A pesar de que la prohibición de conceder ayudas estatales no es absoluta, sino que tiene excepciones, establecidas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado, éstas son manifiestamente inaplicables en el presente caso, amén de que no han sido aducidas por las autoridades italianas.
(35)
Tampoco puede aplicarse el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado, pues la ayuda no está destinada a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo.
(36)
Otro tanto puede decirse del artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado, ya que la ayuda examinada no está destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo ni a remediar una grave perturbación de la economía de un Estado miembro.
(37)
La ayuda examinada tampoco puede acogerse a la excepción del artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado dado que no tiene los objetivos indicados en esa disposición.
(38)
Teniendo en cuenta las características de las medidas examinadas, la única excepción que podría alegarse es la del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado, según la cual pueden considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.
2. Examen de la compatibilidad de la ayuda
(39)
Dado que la «deliberazione» está encaminada a establecer un régimen de ayudas a la inversión en el sector agrario y que ha sido notificada en la debida forma por las autoridades italianas, conforme a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado, debe examinarse con arreglo a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario.
(40)
El punto 23.3 de dichas Directrices dispone, en efecto, que las mismas se aplican a las nuevas ayudas estatales en el sector agrario, incluidas las ayudas notificadas por los Estados miembros sobre las que la Comisión aún no se haya pronunciado, con efecto al 1 de enero de 2000.
(41)
El Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (5), no es aplicable en este caso porque no es posible determinar en todos los casos, con la información sobre los beneficiarios facilitada, si la ayuda se destina a pequeñas y medianas empresas que pueden acogerse a ese Reglamento (6).
(42)
En la información que han presentado las autoridades italianas, se precisa que los porcentajes máximos de ayuda son los fijados en el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999, que se corresponden con los fijados en el punto 4.1 de las Directrices, referente a las inversiones en explotaciones agrícolas. Esa información remite además a la medida 4.9 del programa operativo regional, dedicada por completo a las inversiones en explotaciones agrícolas.
(43)
De acuerdo con esas indicaciones, los porcentajes de ayuda aplicables son los siguientes: el 40 % en las regiones no desfavorecidas y el 50 % en las regiones desfavorecidas, con un 5 % más en ambos casos si quienes realizan las inversiones son jóvenes agricultores.
(44)
No obstante, las ayudas de que se trata pueden concederse por tres tipos de inversiones cuyas condiciones de aprobación se rigen por puntos diferentes de las Directrices:
-
inversiones en explotaciones agrícolas (punto 4.1),
-
inversiones en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas (punto 4.2),
-
inversiones destinadas a fomentar la diversificación de las actividades agrícolas (punto 4.3, que remite a los puntos 4.1 y 4.2).
(45)
Según el punto 4.1 de las Directrices, para poder conceder ayudas estatales a la inversión en explotaciones agrícolas deben cumplirse las siguientes condiciones:
a)
la inversión debe perseguir al menos uno de estos objetivos: reducción de los costes de producción, mejora de la producción o reorientación de la misma, promoción de la calidad, conservación y mejora del entorno natural, de las condiciones de higiene o del bienestar animal, y diversificación de las actividades agrícolas;
b)
el porcentaje máximo de ayuda es del 40 % de las inversiones subvencionables (50 % en las regiones desfavorecidas), si bien, en el caso de las inversiones efectuadas por jóvenes agricultores en los cinco años siguientes a su instalación, el nivel máximo es del 45 % (55 % en las regiones desfavorecidas);
c)
las ayudas a la inversión únicamente pueden concederse a titulares de explotaciones cuya viabilidad económica pueda demostrarse por medio de un estudio prospectivo y siempre que el titular cuente con los conocimientos y la competencia profesional adecuadas. Además, la explotación debe cumplir las normas mínimas comunitarias de medio ambiente, higiene y bienestar animal;
d)
sólo pueden subvencionarse inversiones destinadas a aumentar la capacidad productiva cuando se puedan encontrar salidas normales en el mercado para la producción;
e)
los únicos gastos subvencionables son los siguientes: construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles; maquinaria y bienes de equipo nuevos, incluidos programas informáticos; costes generales, tales como remuneración de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias, hasta un 12 % del coste total; compra de tierras, incluidos los costes legales, impuestos y gastos de registro;
f)
el volumen máximo de gastos subvencionable no puede superar el límite de inversiones totales subvencionables fijado por el Estado miembro con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999.
(46)
Según el punto 4.2 de las Directrices, para poder conceder ayudas a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas deben cumplirse las siguientes condiciones:
a)
debe demostrarse la viabilidad económica de las empresas beneficiarias mediante una evaluación de sus perspectivas;
b)
las empresas beneficiarias deben cumplir las normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar animal. Sin embargo, si las inversiones se llevan a cabo en el fin de cumplir con nuevas normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar animal, pueden concederse ayudas a tal efecto;
c)
el porcentaje de ayuda no puede superar el 40 % de las inversiones subvencionables (50 % en las regiones del objetivo no 1);
d)
los únicos gastos subvencionables son los siguientes: construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles; maquinaria y bienes de equipo nuevos, incluidos programas informáticos; costes generales, tales como remuneración de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias, hasta un 12 % del coste total; compra de tierras, incluidos los costes legales, impuestos y gastos de registro;
e)
no se pueden conceder ayudas para productos para los que no se puedan encontrar salidas normales en el mercado;
f)
las ayudas a la inversión cuyos gastos subvencionables superen 25 millones EUR deben ser objeto de una notificación específica a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.
(47)
Según lo dispuesto en el punto 4.3 de las Directrices, las ayudas a inversiones destinadas a fomentar la diversificación de las actividades agrícolas deben evaluarse con arreglo a lo dispuesto en el punto 4.1 si los gastos subvencionables no superan el límite máximo fijado por el Estado miembro con arreglo al artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999. Si se supera ese importe, se aplican las condiciones fijadas en el punto 4.2 de las Directrices.
(48)
Según se desprende claramente de la descripción, independientemente de la determinación de la naturaleza de las ayudas a la inversión previstas por la «deliberazione» notificada, las autoridades italianas no garantizan la observancia de muchas de las condiciones antes mencionadas, las cuales permiten dilucidar si las ayudas a la inversión son compatibles con el mercado común o no. Esas condiciones son las siguientes:
a)
precisión de la naturaleza de los gastos subvencionables indicados con la palabra «etcétera» y garantía del cumplimiento del límite del 12 % de las demás partidas de gastos subvencionables para la parte de los gastos de concepción;
b)
fiabilidad de los criterios de evaluación de la viabilidad económica de los beneficiarios;
c)
observancia, por parte de los beneficiarios, de las normas mínimas de medio ambiente, higiene y bienestar animal;
d)
exclusión de la posibilidad de conceder ayudas retroactivas carentes de efecto incentivador en el marco del régimen.
(49)
Por otra parte, las autoridades italianas no han presentado a la Comisión observación alguna ni información complementaria a raíz de la invitación que ésta les envió (escrito de 13 de noviembre de 2001) tras incoar el procedimiento.
(50)
Así pues, la Comisión no ha recibido información complementaria que despeje las dudas que motivaron la incoación del procedimiento previsto por el artículo 88, apartado 2, del Tratado.
(51)
A tenor de lo expuesto, la Comisión considera que la medida notificada es incompatible con la normativa comunitaria de competencia y, particularmente, con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado.
V. CONCLUSIONES
(52)
Por los motivos antes reseñados, las ayudas previstas por la «deliberazione» examinada constituyen ayudas estatales en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado a las que no puede aplicarse ninguna de las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3.
(53)
Toda vez que la «deliberazione» no 629 de la «Giunta provinciale» de Campobasso, de 29 de diciembre de 1999, se notificó según lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado y que, según la información facilitada por las autoridades italianas, no se ha abonado ayuda alguna al amparo del régimen examinado, no es necesario pedir el reintegro de las ayudas previstas en dicha «deliberazione».
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las ayudas que Italia prevé conceder en virtud de la «deliberazione» no 629 de la «Giunta provinciale» de Campobasso, de 29 de diciembre de 1999, para financiar actividades agrícolas encaminadas a la mejora de la calidad de los productos y de la calidad de vida de los agentes económicos son incompatibles con el mercado común.
Por consiguiente, dichas ayudas no pueden ejecutarse.
Artículo 2
Italia informará a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas que haya adoptado para ajustarse a la misma.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.
Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2004.

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