Document ID: 32010D0038

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 21 de octubre de 2008
relativa a la ayuda estatal 20/08 (ex N 62/08) que Italia tiene previsto ejecutar mediante una modificación del régimen de ayudas N 59/04 relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval
[notificada con el número C(2008) 6015]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2010/38/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Tras haber invitado a los interesados a presentar sus observaciones de conformidad con dichos artículos (1),
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
Mediante carta de 1 de febrero de 2008, registrada en la Comisión ese mismo día, Italia notificó a la Comisión la ayuda C 20/08 (ex N 62/08). Mediante carta registrada en la Comisión el 18 de marzo de 2008, Italia suministró a la Comisión información adicional.
(2)
Mediante carta de 30 de abril de 2008, la Comisión informó a Italia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, sobre la ayuda en cuestión. Esta decisión se notificó a Italia el 7 de mayo de 2008.
(3)
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2). La Comisión invitó a los terceros interesados a presentar sus observaciones sobre la medida de ayuda en cuestión.
(4)
Mediante mensaje de correo electrónico de 4 de junio de 2008, registrado en la Comisión ese mismo día (es decir, dentro del plazo establecido en la decisión de incoar el procedimiento para el envío de observaciones por Italia), Italia solicitó una prórroga de un mes a dicho plazo. Mediante carta de 9 de junio de 2008 la Comisión prorrogó el plazo hasta el 7 de julio de 2008. Por último, Italia envió sus observaciones por carta fechada a 7 de julio de 2008, que se registró en la Comisión ese mismo día (es decir, el último día del plazo prorrogado).
(5)
Mediante carta de 12 de septiembre de 2008, registrada en la Comisión el 17 de septiembre de 2008, se recibieron observaciones por parte de Cantiere Navale De Poli SpA (en lo sucesivo, «De Poli»), que aseguraba ser parte interesada. De Poli es un astillero italiano, situado en Venecia-Pellestrina. Según la información suministrada en la notificación, se trata de uno de los dos astilleros que potencialmente podrían beneficiarse de ayudas estatales sobre la base del régimen que se menciona a continuación en el considerando 6, si se autorizase la ayuda notificada. No obstante, el plazo durante el cual las partes interesadas podían presentar observaciones vencía un mes después de la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado, es decir, el 7 de julio de 2008. Las observaciones de De Poli fueron presentadas después del vencimiento de dicho plazo. Sobre este punto, De Poli sostiene haber tenido un conocimiento tardío de la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento y de las observaciones que Italia había formulado al respecto.
(6)
Según los términos del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, la Comisión invita a los interesados a presentar sus observaciones. No obstante, ello no impone a la Comisión la obligación de informar individualmente a cada interesado, sino de cuidar que todas las personas potencialmente interesadas tengan la posibilidad de presentar observaciones. La publicación de la Comunicación en el Diario Oficial constituye un método adecuado para informar a todos los interesados de la incoación de un procedimiento (3). Por consiguiente, procede considerar que los astilleros De Poli fueron debidamente informados de la decisión de incoar el procedimiento y del plazo establecido par formular observaciones mediante dicha publicación. De Poli, sin embargo, no respetó el plazo establecido para la presentación de observaciones con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (4) (en lo sucesivo, «el Reglamento de procedimiento»). La Comisión observa que De Poli no solicitó una prórroga del plazo establecido para formular observaciones, ni indicó razón particular alguna por la que sus observaciones debieran tomarse en consideración a pesar de haber sido presentadas una vez agotado el plazo para ello. La Comisión, por consiguiente, no tendrá en cuenta las observaciones tardías de De Poli.
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA
(7)
Mediante carta C(2004) 1807 final, de 19 de mayo de 2004, la Comisión decidió no presentar objeciones en cuanto a un régimen italiano de ayudas estatales relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval (5) (en lo sucesivo, «el régimen»). La Comisión consideró que el régimen era compatible con el mercado común en la medida en que era conforme a las disposiciones del Reglamento (CE) no 1177/2002 del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval (6), modificado por el Reglamento (CE) no 502/2004 (7) (en lo sucesivo, «el Reglamento MDT»).
(8)
Dicho régimen, tal como se notificó a la Comisión y esta última lo aprobó, tenía una dotación de 10 millones EUR.
(9)
Italia notificó a la Comisión su intención de asignar otros 10 millones EUR a la dotación del régimen.
III. DESCRIPCIÓN DE LOS MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL
(10)
La Comisión incoó el procedimiento de investigación formal con arreglo al artículo 88, apartado 2, del Tratado CE, pues albergaba dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de la ayuda notificada, por los motivos que se enuncian a continuación.
(11)
La Comisión, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento y del artículo 4 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (8) (en lo sucesivo, «el Reglamento de aplicación») consideró que el aumento de la dotación notificado constituía una modificación del régimen y, por lo tanto, una nueva ayuda que debía notificarse a la Comisión con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. La Comisión consideró, además, que la compatibilidad de la ayuda notificada con el mercado común debía evaluarse a la luz de las disposiciones actualmente vigentes. La aplicación del Reglamento MDT concluyó el 31 de marzo de 2005 y, por consiguiente, no constituye una base jurídica para la aprobación de la ayuda.
(12)
Por otra parte, la Comisión observó que la ayuda no parece compatible con el mercado común sobre la base de ninguna otra disposición aplicable en materia de ayudas estatales.
IV. OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES ITALIANAS
(13)
Italia puso en tela de juicio las dudas de la Comisión y formuló las siguientes observaciones.
(14)
Ante todo, Italia impugna la posición de la Comisión según la cual la medida notificada constituye una nueva ayuda. Italia sostiene que, según una correcta interpretación del artículo 4 del Reglamento de aplicación, la calificación de nueva ayuda debería reservarse a los aumentos de la dotación de los regímenes de ayudas autorizados, junto con la prórroga de los plazos para el acceso de las empresas a los beneficios correspondientes, con los consiguientes falseamientos de la competencia. Italia sostiene que, manifiestamente, esta circunstancia no se da en este caso concreto, puesto que se trata de completar iniciativas para las que se había hecho el trámite formal vigente con arreglo al Reglamento MDT. Sobre este tema, Italia sostiene, además, que el artículo 4 del Reglamento de aplicación es una disposición de procedimiento que fija las modalidades de notificación de determinadas modificaciones de ayudas existentes, sin por ello intervenir en la evaluación de la compatibilidad y que, por consiguiente, la Comisión no puede referirse a la norma del artículo 4 para expresar una evaluación sobre la compatibilidad o la incompatibilidad de la ayuda estatal propuesta.
(15)
A continuación, Italia comenta la posición de la Comisión según la cual el Reglamento MDT ha dejado de constituir una base jurídica para los fines de evaluación de la compatibilidad de la ayuda notificada. Italia sostiene, ante todo, que tal argumentación carece de coherencia con la posición adoptada en el Reglamento MDT, el cual, aunque siguió ejerciendo sus efectos hasta el 31 de marzo de 2004 (plazo que posteriormente se amplió hasta el 31 de marzo de 2005) tenía como base jurídica el Reglamento (CE) no 1540/98 del Consejo, de 29 de junio de 1998, que instituye nuevas normas sobre ayudas a la construcción naval (9) (en lo sucesivo, «el Reglamento sobre ayudas a la construcción naval»), cuya aplicación debía haber expirado ya el 31 de diciembre de 2003.
(16)
Además, para Italia no está claro el motivo por el cual el Reglamento MDT no podría justificar la adaptación de la asignación al régimen de ayudas, la cual constituye una mera operación financiera destinada a poner en un plano de plena igualdad de trato con los astilleros que ya disfrutaban del régimen a los astilleros que habían presentado una solicitud con arreglo a los términos del Reglamento MTD y todavía no habían podido beneficiarse de la ayuda a falta de fondos asignados (principio general de igualdad de trato). Italia sostiene que la actualización de recursos de las intervenciones públicas tienden a corregir los efectos del paso del tiempo o de previsiones de gastos que hayan resultado insuficientes, puesto que el mero incremento del importe de la subvención inicial no constituye una nueva ayuda, o es compatible en el ámbito de la base jurídica que justificó la ayuda inicial. En resumen, para Italia se trata de regularizar situaciones pendientes referentes a solicitudes de ayuda relativas a contratos celebrados antes del 31 de marzo de 2005, sin que ello pueda constituir una prórroga de régimen, una ampliación del ámbito subjetivo o una modificación de la estructura fundamental. En apoyo de su posición, Italia invoca los principios generales de igualdad de trato, la necesidad de tener debidamente en cuenta la confianza legítima de los beneficiarios y la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia [sentencias dictadas en los asuntos 223/85 (10) y C-364/90 (11)].
(17)
Por último, Italia sostiene que la ayuda notificada no entra en conflicto con una decisión de la OMC según la cual el Reglamento MDT no se ajusta a las normas de la OMC.
V. EVALUACIÓN DE LA AYUDA
(18)
Puesto que la medida es de carácter puramente financiero, su compatibilidad con el mercado común debe apreciarse en relación con las medidas que está destinada a financiar, es decir, aportar ayuda en el marco del régimen. Por los motivos expuestos en la carta de la Comisión de 19 de mayo de 2004, el régimen constituye una ayuda de Estado según el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.
(19)
Sobre la base del artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento y del artículo 4 del Reglamento de aplicación, los aumentos de la dotación de un régimen de ayudas autorizado constituyen nuevas ayudas si son superiores al 20 % de la dotación inicial. En este caso concreto, el aumento notificado corresponde al 100 % de la dotación inicial y, por consiguiente, debe considerarse como una nueva ayuda con arreglo al artículo 87 del Tratado.
(20)
Las objeciones de Italia al respecto no modifican la evaluación de la Comisión.
(21)
La Comisión observa que, en cuanto al concepto de nueva ayuda, cubierto por la obligación de notificación con arreglo al artículo 88, apartado 3, del Tratado, la Comisión aplica las definiciones que figuran en el artículo 1, letra c), del Reglamento (CE) no 659/1999. El artículo 1, letra c), de dicho Reglamento define como nuevas ayudas, entre otras, «las modificaciones de ayudas existentes».
(22)
El artículo 4 del Reglamento de aplicación aclara posteriormente que «se entenderá por modificación de una ayuda existente cualquier cambio que no constituya una modificación de naturaleza puramente formal o administrativa sin repercusiones para la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común», incluidos los aumentos superiores al 20 % del presupuesto inicial de un régimen de ayudas autorizado. Sobre este tema, la Comisión observa que el artículo 4 del Reglamento de aplicación no constituye la base jurídica para apreciar la compatibilidad de la nueva ayuda, ni la Comisión, al contrario de lo que Italia sugiere (véase el considerando 13), se ha basado en dicho artículo para ello; el artículo en cuestión aclara, al contrario, de qué modo la Comisión aplica el artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento en lo referente al concepto de «nueva ayuda». La Comisión observa, además, que la tesis de Italia según la cual la medida no es más que una simple actualización de los costes, que hubiesen resultado inadecuados de no haberse procedido a las necesarias modificaciones de la estructura fundamental del régimen, no resta nada al hecho de que el presente aumento de la dotación se considera una modificación de la ayuda existente y es, por lo tanto, una nueva ayuda con arreglo al artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento y al artículo 4 del Reglamento de aplicación.
(23)
Del mismo modo, la Comisión tampoco puede aceptar la tesis de Italia según la cual, sobre la base de una correcta interpretación del artículo 4 del Reglamento de aplicación, la calificación de nueva ayuda debiera reservarse a los aumentos del volumen de las dotaciones de los regímenes de ayudas autorizados, cuando se acompañen con una ampliación de los plazos para que las empresas puedan beneficiarse de ellos, con los consiguientes efectos de falseamiento de la competencia. La Comisión observa que los aumentos de dotación de un régimen autorizado (que no sean aumentos marginales de menos del 20 %) tienen inevitablemente un impacto en la competencia puesto que permiten al Estado miembro conceder una ayuda superior a la inicialmente aprobada. Lo que conduce a la Comisión a proceder a una nueva apreciación de la compatibilidad de dicho régimen con el mercado común. De lo que se desprende que un aumento de la dotación de la envergadura del notificado por Italia no puede considerarse como un aumento de carácter meramente formal o administrativo, o sin incidencia en la evaluación de la compatibilidad de la ayuda con el mercado común.
(24)
Por consiguiente, sobre la base de cuanto antecede, la Comisión confirma que la medida notificada debe ser considerada como una nueva ayuda con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado.
(25)
En cuanto a la primera observación formulada por Italia sobre este tema, la Comisión recalca ante todo que la base jurídica para la adopción del Reglamento MDT no era el Reglamento sobre construcción naval sino el Tratado y, en particular, el artículo 87, apartado 3, letra e), el artículo 93 y el artículo 133. Además, la Comisión no observa ninguna incoherencia entre su posición en este caso concreto y el hecho de que el Reglamento MDT se refiera, en cuanto a parte de sus disposiciones, al Reglamento sobre construcción naval. Se trató de una simple cuestión de técnica legislativa por la que, para evitar repeticiones, el Reglamento MDT no repetía tal o cual definición o norma que ya se había enunciado en el Reglamento sobre construcción naval, sino que se limitaba a incorporar el sentido mediante una referencia. Por consiguiente, la aplicación del Reglamento MDT sobre estos aspectos no dependía de la vigencia ininterrumpida del Reglamento sobre construcción naval, sino que, al contrario, creaba nuevas disposiciones autónomas en el Reglamento MDT, sustancialmente análogas a las disposiciones del Reglamento sobre construcción naval a las que hacían referencia. Esto no contradice de hecho la posición de la Comisión en este caso concreto según la cual un acto de las instituciones comunitarias debe fundarse en una base jurídica válida en el momento en que se adopta.
(26)
Como se indica en la Decisión de la Comisión, de 30 de abril de 2008, sobre la incoación del procedimiento de investigación formal, el Reglamento MDT ya no está vigente y por lo tanto no puede servir de base jurídica para la evaluación de la nueva ayuda. Por las razones que se indicaban en la decisión de incoar el procedimiento (considerandos 9 y 10), la ayuda notificada no es compatible con el mercado común con arreglo al Marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval (12), ni parece compatible con el mercado común sobre la base de cualquier otra disposición aplicable en materia de ayudas estatales. La Comisión observa, además, que Italia no ha propuesto otra base jurídica alternativa para la evaluación de la compatibilidad de la ayuda, sino que sostiene que no se trata de una «nueva ayuda», tesis esta que, como se indica en los considerandos 18 a 22, la Comisión no puede aceptar.
(27)
Del mismo modo, la Comisión tampoco puede aceptar los argumentos aducidos por Italia sobre los principios jurídicos generales de confianza legítima e igualdad de trato.
(28)
Italia sostiene que los constructores navales que presentaron la solicitud de ayuda en el marco del régimen, cuando el Reglamento MTD todavía estaba en vigor, y que respetaron los plazos establecidos para acogerse a él pero que no consiguieron obtenerla porque el presupuesto carecía de fondos pueden esperar legítimamente recibir la ayuda y sostiene, además, que según el principio general de protección de la confianza legítima (además de razones de igualdad de trato con los constructores navales que sí recibieron ayuda procedente de los fondos disponibles), tienen derecho a recibir la ayuda, tanto si el Reglamento MDT está todavía en vigor como si no.
(29)
Según jurisprudencia reiterada, el derecho a invocar el principio de protección de la confianza legítima se aplica a cualquier individuo que se encuentre en una situación en la que está claro que, al proporcionarle garantías precisas, las autoridades comunitarias le han llevado a experimentar una confianza legítima. No obstante, una persona no puede invocar la vulneración de dicho principio a menos que las autoridades le hayan dado garantías precisas (13).
(30)
En este caso concreto, la Comisión observa que los posibles beneficiarios del régimen pueden invocar una confianza legítima sobre la legitimidad de cualquier ayuda concedida sobre la base del régimen tal como lo aprobó la Comisión, incluida la restricción de la dotación del régimen a 10 millones EUR. No obstante, lo que Italia sostiene equivale a la expectativa de poder beneficiarse de una ayuda después del término del plazo del régimen y, en particular, de poder disfrutar de subvenciones superiores a la dotación aprobada, es decir, la expectativa de recibir una nueva ayuda estatal. En principio, una empresa no puede invocar la confianza legítima en recibir una ayuda que no haya sido aprobada por la Comisión con arreglo al procedimiento que establece el Tratado (14). Por la misma razón, no puede invocar el principio general de igualdad de trato con la finalidad de disfrutar del mismo trato que los beneficiarios de una ayuda aprobada.
(31)
Por otra parte, Italia cita una jurisprudencia reiterada que en su opinión refleja la aplicación del régimen accessorium sequitur principale y permite deducir que la actualización de los recursos de las intervenciones públicas destinadas a corregir el paso del tiempo o unas previsiones de gastos que hayan resultado ser insuficientes, aún cuando implique el incremento del importe de la subvención inicial, no constituye una nueva ayuda o en cualquier caso resulta compatible sobre la misma base jurídica que justificó la ayuda inicial.
(32)
Sin embargo, la jurisprudencia alegada no corrobora la tesis de Italia.
(33)
En la sentencia dictada en el asunto C 223/85 el Tribunal constató que la no intervención de la Comisión en un plazo razonable, junto con el hecho de que la ayuda estaba destinada a cubrir los costes adicionales de una operación que se había beneficiado de una ayuda autorizada, había dado lugar a que el beneficiario experimentase una confianza legítima en que no existían objeciones a la ayuda. Sin embargo, la Comisión no ve cómo este precedente podría corroborar la tesis de Italia según la cual la adaptación del presupuesto del régimen no constituiría una nueva ayuda o esta sería compatible habida cuenta de la base jurídica que justificó la ayuda inicial, es decir, el Reglamento MDT. Al contrario, la Comisión observa que en la mencionada sentencia el Tribunal de hecho no impugna que la ayuda que «tenía por objeto sufragar el coste suplementario de una operación que se había beneficiado […] de una ayuda autorizada» requiriese la aprobación de la Comisión con arreglo al artículo 87 (en aquella época artículo 93), apartado 1, del Tratado.
(34)
Además, Italia no ha demostrado que en este caso concreto la Comisión no intervino en un plazo razonable. Al contrario, es más bien Italia quien no notificó el incremento del régimen cuando el Reglamento MTD todavía estaba en vigor.
(35)
Tampoco el asunto C-364/90 corrobora la tesis de Italia. En la parte de la sentencia a que Italia se refiere, el Tribunal constata simplemente que la Comisión no consiguió presentar una correcta motivación para una decisión de ayuda estatal negativa, precisando, por otra parte, que algunos de los documentos presentados durante la fase precontenciosa establecían con claridad suficiente la admisibilidad de dichos argumentos en el procedimiento ante el Tribunal. La Comisión no entiende cómo estos aspectos meramente procesales podrían corroborar la tesis de Italia según la cual el incremento de la dotación del régimen, en tanto que cuestión de derecho sustantivo, debería ser aprobado sobre la base del Reglamento MDT. Por último, por cuanto se refiere a la observación de Italia según la cual la ayuda notificada no es contraria a una decisión de la OMC (Organización Mundial del Comercio) que declara las disposiciones del Reglamento MDT no conformes con las normas de la OMC, la Comisión ya ha indicado en decisiones anteriores que según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, las normas comunitarias deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho internacional, incluidas las obligaciones de la CE con la OMC (15). Por consiguiente, la interpretación del Reglamento MDT debe hacerse también a la luz de las obligaciones internacionales de la Comunidad (16).
(36)
En este contexto, la Comisión indica que Corea impugnó la compatibilidad del Reglamento MDT con las normas de la OMC. El 22 de abril de 2005 un grupo de expertos publicó un informe en el que se concluye que el Reglamento MDT y varios regímenes nacionales MDT -vigentes cuando Corea incoó el procedimiento contencioso OMC- vulneraban el artículo 23, apartado 1, del Acuerdo sobre las normas y procedimientos aplicables a la solución de conflictos (17). El 20 de junio de 2005 el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC aprobó el informe del grupo de expertos en el que se recomendaba a la Comunidad adaptar el Reglamento MDT y los regímenes nacionales MDT de conformidad con las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos OMC (18). El 20 de julio de 2005 la Comunidad informó al Órgano de Solución de Diferencias de que en adelante sus normas eran conformes a la decisión y a las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias, puesto que el Reglamento MDT había expirado el 31 de marzo de 2005 y en adelante los Estados miembros ya no podrían conceder ayudas de funcionamiento basándose en dicho Reglamento.
(37)
El informe del grupo de expertos y la decisión del Órgano de Solución de Diferencias que lo aprobó censuraron el Reglamento MDT en sí mismo por ser contrario a las normas de la OMC, obligando con ello a la Comunidad a dejarlo de aplicar. La obligación impuesta a la Comunidad de aplicar la decisión del Órgano de Solución de Diferencias se aplica asimismo a futuras decisiones de conceder nuevas ayudas en virtud del Reglamento MDT (19). Al informar al Órgano de Solución de Diferencias de que en adelante sus normas eran conformes a la decisión y a la recomendación del Órgano de Solución de Diferencias, puesto que el Reglamento MDT expiró el 31 de marzo de 2005 y, por consiguiente, los Estados miembros ya no podrían seguir concediendo ayudas de funcionamiento sobre dicha base, la Comunidad se comprometió a no volver a aplicar dicho Reglamento para conceder nuevas ayudas. Por consiguiente, la aprobación por la Comunidad de la presente ayuda constituiría una vulneración de sus compromisos internacionales.
VI. CONCLUSIÓN
(38)
Por los motivos antes indicados, la Comisión constata que la ayuda estatal notificada es incompatible con el mercado común.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La ayuda de Estado que Italia tiene previsto ejecutar mediante una modificación del régimen de ayudas N 59/04 relativo al mecanismo de defensa temporal a favor de la construcción naval, que implica un incremento del presupuesto del régimen de 10 millones EUR, es incompatible con el mercado común.
Por consiguiente, dicha ayuda no podrá ejecutarse.
Artículo 2
Italia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.
Artículo 3
El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.
Hecho en Bruselas, el 21 de octubre de 2008.

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