Document ID: 32005D0315

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 20 de octubre de 2004
relativa al régimen de ayuda que Italia ha ejecutado en beneficio de las empresas que han realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002
[notificada con el número C(2004) 3893]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2005/315/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Después de haber emplazado a los interesados para que presentan sus observaciones de conformidad con los citados artículos (1) y teniendo en cuenta dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
El 6 de marzo de 2003 y el 29 de marzo de 2003, la Comisión recibió dos denuncias relativas a la prórroga de la Ley no 383 de 18 de octubre de 2001 en algunos municipios de Italia afectados por desastres naturales en 2002.
(2)
El 20 de marzo de 2003, la Comisión pidió información sobre esta prórroga a las autoridades italianas. Tras solicitar, el 2 y el 21 de mayo de 2003 dos ampliaciones de los plazos de respuesta, las autoridades italianas transmitieron una nota a la Comisión el 10 de junio de 2003. Una segunda nota de las autoridades italianas llegó a la Comisión el 4 de julio de 2003.
(3)
Dado que la entrada en vigor del régimen de ayuda no estuvo sujeta a la aprobación previa de la Comisión en el sentido del artículo 87 y siguientes del Tratado, el régimen se inscribió en el registro de ayudas no notificadas con la referencia NN 58/2003.
(4)
Mediante carta de 17 de septiembre de 2003, la Comisión comunicó a Italia su decisión de incoar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado respecto a la medida en cuestión. El caso se registró con la referencia N 57/2003. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) y se invitó a los interesados a presentar observaciones.
(5)
Mediante carta de 23 de octubre de 2003 las autoridades italianas solicitaron una prórroga del plazo para presentar sus observaciones. Por cartas de 5 de noviembre y 16 de diciembre de 2003, respectivamente, la Comisión aceptó dicha solicitud y envió un recordatorio.
(6)
En 2004, Italia presentó sus observaciones mediante cartas de 18 de febrero, registrada el 23 de febrero, y de 10 de septiembre, registrada el 15 de septiembre. Ningún tercer interesado presentó observaciones.
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL RÉGIMEN DE AYUDA
(7)
El artículo 5 sexto del Decreto Ley no 282/2002 de 24 de diciembre de 2002, incorporado por la Ley no 27 de 21 de febrero de 2003, prorroga los beneficios contemplados en el primer párrafo del artículo 4 de la Ley no 383 de 18 de octubre de 2001 exclusivamente en favor de las empresas que realicen inversiones en los municipios afectados por los desastres naturales del año 2002. El Ministerio italiano de Economía y Hacienda aclaró el sentido del artículo 5 sexto del Decreto-Ley no 282 mediante circular de la Agenzia delle Entrate no 43/E de 31 de julio de 2003. Los municipios afectados están situados en las zonas determinadas mediante:
-
el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 29 de octubre de 2002, que establece disposiciones relativas a la declaración del estado de emergencia debido a las graves erupciones del Etna y a los seísmos en el territorio de la provincia de Catania,
-
el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 31 de octubre de 2002, que establece disposiciones relativas a la declaración del estado de emergencia debido a los graves seísmos registrados el 31 de octubre de 2002 en el territorio de la provincia de Campobasso,
-
el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 8 de noviembre de 2002, que establece disposiciones relativas a la declaración del estado de emergencia debido a los graves seísmos registrados el 31 de octubre de 2002 en el territorio de la provincia de Foggia,
-
el Decreto del Presidente del Consejo de Ministros, de 29 de noviembre de 2002, que establece disposiciones relativas a las declaraciones del estado de emergencia debido a los excepcionales acontecimientos meteorológicos (inundaciones y desprendimientos) acaecidos en las regiones de Liguria, Lombardía, Piamonte, Véneto, Friul Venecia Giulia y Emilia Romaña.
(8)
Además, es necesario que en los municipios en cuestión se haya dictado una orden de evacuación o una prohibición de circular por las principales calles de acceso al municipio.
(9)
La Comisión ha tenido conocimiento, a través de artículos de prensa, de que, mediante ordenanza del Presidente del Consejo de Ministros de 28 de mayo de 2003, publicada en el Diario Oficial de la República italiana no 126, de 3 de junio de 2003, se estableció una lista de municipios afectados por acontecimientos meteorológicos excepcionales en las regiones de Liguria, Lombardía, Piamonte, Véneto, Friul Venecia Giulia y Emilia Romaña.
(10)
La medida consistente en prorrogar la Ley no 383, de 18 de octubre de 2001, entró en vigor el 23 de febrero de 2003, es decir, el día siguiente a la publicación de la Ley no 27, de 21 de febrero de 2003, en el suplemento ordinario no 29 del Diario Oficial de la República italiana no 44, de 22 de febrero de 2003.
(11)
El objetivo del régimen consiste en reactivar las inversiones en las zonas afectadas por los desastres naturales citados en los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros enumerados en el considerando 7 de la presente Decisión.
(12)
Pueden acogerse al régimen todas las empresas de cualquier sector que hayan realizado inversiones en los municipios afectados por los citados desastres naturales. La circular de la Agenzia delle Entrate no 43/E, de 31 de julio de 2003, señala que la medida pretende incentivar las inversiones de las empresas que, a causa de los desastres naturales acaecidos en los municipios en los que estaban ubicadas, sufrieron, directa o indirectamente, un perjuicio económico. A este respecto, cabe presumir que todas las empresas de un determinado municipio han sufrido tal perjuicio solamente cuando:
-
las órdenes de evacuación hayan afectado a un número de edificios tal que pueda influir negativamente sobre la economía de todo el término municipal,
-
en cumplimiento de ordenanzas municipales se hayan cerrado al tráfico todas las principales vías de acceso al municipio.
Según la citada circular, en los demás casos el régimen sólo se aplicará a las empresas cuyas sedes operativas estén ubicadas en las calles o edificios afectados por las ordenanzas municipales citadas.
(13)
La medida en cuestión permite prorrogar las disposiciones de la Ley de 18 de octubre de 2001 no 383 hasta el segundo ejercicio fiscal siguiente al vigente el 25 de octubre de 2001 y se limita a las inversiones realizadas hasta el 31 de julio de 2003. Tales disposiciones permiten deducir, a efectos de la imposición fiscal de los beneficios de las empresas y de los trabajadores autónomos, dentro de las inversiones realizadas a partir del 1 de julio de 2001, el 50 % de las que superen la media de las inversiones realizadas en los 5 años anteriores. Se excluyen del cálculo de la media las inversiones del año en que éstas alcanzan su mayor nivel. Por lo que respecta a las inversiones inmobiliarias, la prórroga afecta a las inversiones realizadas hasta el tercer ejercicio fiscal siguiente al vigente el 25 de octubre de 2001 y en todo caso con anterioridad al 31 de julio de 2004.
(14)
El régimen tiene por objeto las inversiones para la creación de nuevos establecimientos, la ampliación, reactivación y modernización de establecimientos ya existentes, la conclusión de los trabajos interrumpidos y la compra de nuevas instalaciones.
III. DECISIÓN DE INCOAR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 88, APARTADO 2, DEL TRATADO
(15)
En la decisión de incoar el procedimiento formal de investigación (en lo sucesivo, «la decisión de incoar el procedimiento»), se examinaba la medida para comprobar si podía acogerse a la excepción del artículo 87, apartado 2, letra b), como ayuda destinada a reparar los daños causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.
(16)
La Comisión ha examinado además si la medida en cuestión puede acogerse a las excepciones del artículo 87, apartado 3, letras a) o c), del Tratado, con arreglo a las Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional (3), al Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (PYME) (4), así como, por lo que se refiere al sector agrícola, con arreglo a las normas fijadas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (5), y, por lo que se refiere al sector de la pesca y la acuicultura, a las normas contempladas en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (6).
(17)
En cuanto a la excepción contemplada en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, en su decisión de incoar el procedimiento la Comisión manifestaba dudas en cuanto al hecho de que las ayudas se limitasen a reparar exclusivamente los daños causados por dichos desastres, y excluyendo cualquier compensación excesiva de los daños a nivel individual. Por lo tanto, no ha podido autorizar la medida en tanto que ayuda destinada a remediar los daños causados por desastres naturales u otros acontecimientos excepcionales.
(18)
Las autoridades italianas no han cuantificado los daños materiales directos causados por los citados desastres naturales. Además, han indicado que el régimen se basa en un concepto de daño entendido en sentido macroeconómico, y justifican tal afirmación debido a la imposibilidad de cuantificar el daño a nivel de cada empresa individual sin que ello redunde en la ineficacia y lentitud de la medida.
(19)
Así pues, en su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión estimó que las informaciones suministradas por las autoridades italianas no permitían concluir que la medida en cuestión estuviese destinada, dada su naturaleza y su mecanismo de funcionamiento, a reparar los daños causados por desastres naturales. En efecto, considerando dicho mecanismo, la Comisión no ha podido concluir que:
-
el beneficiario de la ayuda sea una empresa que haya sufrido efectivamente un daño,
-
que tal daño sea causado exclusivamente por los desastres naturales contemplados en uno de los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros citados en el considerando 7 de la presente Decisión,
-
que la ayuda a la empresa se limite a reparar exclusivamente el daño causado por dichos desastres naturales excluyendo cualquier compensación excesiva de los daños sufridos por cada beneficiario individual. La inexistencia de un nexo entre la ayuda y el daño sufrido por la empresa también puede demostrarse teniendo en cuenta que, visto el mecanismo de funcionamiento del régimen en cuestión, una empresa que efectivamente haya sufrido un daño a causa de los desastres naturales no se beneficia necesariamente de dicho régimen. En efecto, una empresa que realizase una inversión dirigida exclusivamente a reparar el daño sufrido a causa de los citados desastres naturales no podría beneficiarse de la ayuda si el valor de la inversión fuese inferior a la media de las inversiones realizadas en los cinco años anteriores. Además, tampoco podría beneficiarse del régimen en el mismo año una empresa que realizase una inversión dirigida exclusivamente a reparar el daño sufrido a causa de dichos desastres naturales pero que, durante el ejercicio en curso, hubiese registrado una pérdida de explotación.
(20)
En cuanto a la posibilidad de acogerse a las excepciones del artículo 87, apartado 3, letras a) o c), del Tratado, en su decisión de incoar el procedimiento la Comisión examinó si la medida podía acogerse a alguna excepción en concepto de ayuda a la inversión.
(21)
Por lo que respecta a dichas excepciones, la Comisión manifestó ante todo sus dudas sobre el hecho de que las ayudas establecidas en el régimen sólo se apliquen a las zonas subvencionables mediante ayudas de finalidad regional según el mapa italiano de ayudas regionales para el período 2000-2006. La Comisión, además, planteó dudas respecto a los siguientes puntos:
-
la conformidad del concepto de inversión previsto en el régimen con el del punto 4.4 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional y el del artículo 2, letra c), del Reglamento (CE) no 70/2001,
-
el hecho de que la intensidad de las ayudas del régimen, que debería calcularse en relación con el conjunto de los gastos incluidos en la base uniforme, tal como se define en el punto 4.5 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y en el artículo 4, apartado 5, del Reglamento 70/2001, respete los límites máximos establecidos en el mapa regional de ayudas de finalidad regional para el período 2000-2006 o las intensidades de ayuda establecidas en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (CE) no 70/2001 para las PYME,
-
el respeto de las normas de acumulación establecidas en los puntos 4.18 a 4.21 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y en el artículo 8 del Reglamento (CE) no 70/2001,
-
la observancia del principio de la necesidad de la ayuda a que se refieren el punto 4.2 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y el artículo 7 del Reglamento (CE) no 70/2001,
-
el hecho de que, para garantizar que las inversiones productivas subvencionadas sean viables y saneadas, la aportación del beneficiario destinada a financiarlas alcance como mínimo el 25 %, con arreglo al punto 4.2 de las Directrices sobre las ayudas de finalidad regional y al artículo 4, apartado 3, del Reglamento (CE) no 70/2001,
-
el respeto de las condiciones previstas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario y en las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura.
IV. OBSERVACIONES DE ITALIA
(22)
En sus respuestas a la decisión de incoar el procedimiento, Italia suministró informaciones complementarias y presentó observaciones, cuyos puntos principales se resumen a continuación.
(23)
Las autoridades italianas han indicado que el territorio afectado por las intervenciones es el de los municipios contemplados en los Decretos del Presidente del Consejo de Ministros de 29 de octubre de 2002, de 31 de octubre de 2002 y 8 de noviembre de 2002. Con arreglo al artículo 1 del Decreto de 29 de octubre de 2002, las ayudas se conceden exclusivamente en los municipios afectados por las inundaciones y en los que se hayan dictado ordenanzas municipales de evacuación o de prohibición de la circulación en las principales vías de acceso al término municipal. Los municipios en cuestión han sido identificados mediante la Ordenanza no 3290 del Presidente del Consejo de Ministros.
(24)
Por lo que respecta a las dudas relativas al hecho de que el beneficiario de la ayuda sea una empresa que efectivamente ha sufrido un daño y de que éste se deba exclusivamente a desastres naturales, las autoridades italianas han afirmado que cabe considerar que se ha producido el daño con referencia a todos los contribuyentes de un determinado municipio solamente cuando:
-
las órdenes de evacuación hayan afectado a un número de edificios tal que pueda influir negativamente sobre la economía de todo el término municipal,
-
en cumplimiento de ordenanzas municipales, se hayan cerrado al tráfico todas las principales vías de acceso al municipio.
(25)
Por consiguiente, las autoridades italianas concluyen concretamente que los principales beneficiarios de las ayudas son las empresas que efectivamente han resultado perjudicadas por los desastres y cuyas sedes operativas están ubicadas en las calles o edificios afectados por las citadas ordenanzas municipales de evacuación.
(26)
Además, por lo que respecta al nexo entre el daño sufrido y la ayuda concedida, las autoridades italianas creen que el Tratado no excluye la posibilidad de tomar en consideración el conjunto de daños padecidos por un determinado sector. El régimen se basa en un concepto de daño entendido en términos macroeconómicos ya que las exigencias de eficacia y rapidez no permiten una valoración individual del daño para cada empresa. Por este motivo, las autoridades italianas utilizan datos macroeconómicos para demostrar que el presupuesto del régimen es claramente inferior a los daños sufridos.
(27)
Las autoridades italianas han observado además que en algunos casos la Comisión ha autorizado ayudas destinadas a la reactivación de un determinado sector o al resarcimiento de daños más indirectos.
(28)
En su carta de 10 de septiembre de 2004 las autoridades italianas confirmaron que la medida se basa en un enfoque macroeconómico, especificando, sin embargo, que se solicitará a las empresas una certificación o declaración que permita conocer con precisión el daño atribuible específicamente a cada empresa individual. Las autoridades financieras podrán efectuar posteriormente los controles oportunos. Dicha certificación tendrá que contener los elementos pertinentes para demostrar que la empresa tiene derecho a obtener la ayuda al estar situada en una zona que puede acogerse al régimen. Las empresas deberán certificar además que el importe de la ayuda no es superior al daño sufrido y que no hay exceso de compensación de ningún tipo.
(29)
En cuanto al análisis de la compatibilidad de la medida a tenor de las excepciones previstas en el artículo 87, apartado 3, letras a) y c), del Tratado, basado en las disposiciones invocadas en el considerando 16 de la presente Decisión, las autoridades italianas se han limitado a indicar que la delimitación de las zonas afectadas por la medida depende directa y exclusivamente de los desastres acaecidos.
(30)
Dichas autoridades subrayan que la compatibilidad de las ayudas tiene que evaluarse con arreglo al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado ya que se trata de ayudas destinadas a remediar los daños resultantes de desastres naturales o de otros acontecimientos excepcionales.
(31)
En su carta de 10 de septiembre de 2004 las autoridades italianas indicaron además que las ayudas deben considerarse compatibles con el mercado común en virtud de dicha excepción y que ello hace que no sea necesario ningún otro examen a la luz de otras excepciones o directrices.
V. EVALUACIÓN
(32)
Para valorar si las medidas establecidas en el régimen constituyen ayudas según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, hace falta determinar si confieren una ventaja a los beneficiarios, si la ventaja es de origen estatal, si las medidas en cuestión afectan a la competencia y si pueden afectar a los intercambios intracomunitarios.
(33)
El primer elemento constitutivo del artículo 87, apartado 1, es la posibilidad de que la medida confiera una ventaja a unos beneficiarios concretos. Se trata por tanto de determinar, por una parte, si las empresas beneficiarias consiguen una ventaja económica que no habrían conseguido en condiciones normales de mercado o si evitan costes que en principio deberían sufragarse con cargo a los recursos propios de las empresas y, por otra, si tal ventaja se concede a una determinada categoría de empresas. La posibilidad de deducir fiscalmente una parte de las inversiones realizadas supone una ventaja económica para los beneficiarios ya que sus ingresos imponibles y por consiguiente la cuantía de los impuestos sobre tales ingresos se reduce con respecto a lo que las empresas deberían pagar en principio. Además las medidas se dirigen a empresas que operan -y en particular realizan inversiones- en determinadas zonas del territorio italiano y a las que benefician en la medida en que no se conceden a las empresas situadas fuera de tales zonas.
(34)
Con arreglo a la segunda condición de aplicación del artículo 87, las ayudas tienen que ser concedidas por el Estado mediante recursos estatales. En el presente caso el empleo de recursos estatales reviste una forma negativa ya que se trata de una pérdida de ingresos para los poderes públicos: la reducción del impuesto sobre la renta disminuye la recaudación fiscal del Estado.
(35)
Con arreglo a la tercera y cuarta condición de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado, la ayuda tiene que falsear o amenazar con falsear la competencia y afectar o poder afectar a los intercambios intracomunitarios. En el caso que nos ocupa las medidas amenazan con falsear la competencia, puesto que refuerzan la posición financiera y las posibilidades de acción de las empresas beneficiarias en comparación con sus competidores que no pueden disfrutar de las medidas. Cuando este efecto se produce en el ámbito de los intercambios intracomunitarios, éstos se ven afectados por las medidas en cuestión. Más concretamente, tales medidas falsean la competencia y afectan a los intercambios intracomunitarios en la medida en que las empresas beneficiarias exporten una parte de su producción a otros Estados miembros; del mismo modo, si las empresas beneficiarias no exportan, la producción nacional resulta beneficiada ya que disminuyen las posibilidades de las empresas ubicadas en otros Estados miembros de exportar sus productos al mercado italiano (7). Otro tanto ocurre cuando un Estado miembro concede ayudas a empresas que operan en los sectores de los servicios y la distribución (8).
(36)
Por tales motivos las medidas en cuestión están en principio prohibidas por el artículo 87, apartado 1, del Tratado y sólo pueden considerarse compatibles con el mercado común cuando pueden acogerse a una de las excepciones previstas en el citado Tratado.
(37)
Sin embargo, la Comisión hace constar que las ayudas concedidas con arreglo a la medida en cuestión no constituyen ayudas estatales si cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión (9) o en las normas de minimis vigentes en el momento de su concesión.
(38)
Dado que se trata de medidas que ya han entrado en vigor, la Comisión lamenta que las autoridades italianas no hayan respetado las obligaciones de notificación que les incumben a tenor de lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado.
(39)
Tras haber determinado que las medidas en cuestión constituyen ayudas según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, la Comisión tiene que examinar su compatibilidad con el mercado común según lo dispuesto en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado.
(40)
Por lo que respecta a la aplicabilidad de las excepciones previstas en el Tratado, la Comisión cree que las ayudas en cuestión no pueden acogerse a la excepción del artículo 87, apartado 2, letra a), del Tratado puesto que no se trata de ayudas de carácter social, y que tampoco entran en el ámbito de aplicación de la letra c) del artículo 87, apartado 2. Por razones obvias tampoco son aplicables las excepciones del artículo 87, apartado 3, letras b) y d).
(41)
En cuanto a la eventual aplicabilidad de las excepciones del artículo 87, apartado 3, letras a) y c), la Comisión recuerda las dudas manifestadas en la decisión de incoar el procedimiento y toma nota de las declaraciones realizadas por Italia en el curso del procedimiento, según las cuales las ayudas en cuestión no persiguen uno de los objetivos previstos en dichas excepciones. El Estado miembro interesado no ha suministrado las informaciones necesarias para que la Comisión pueda valorar la compatibilidad del régimen con arreglo a tales excepciones, y por lo tanto no es posible valorar el régimen desde ese punto de vista en la presente Decisión. Tal constatación no prejuzga la posibilidad de que las ayudas concedidas en virtud de dicho régimen sean declaradas compatibles de resultas de un examen individual o de que entren en el ámbito de aplicación de un Reglamento de exención.
(42)
La Comisión ha examinado si las medidas puedan acogerse a una excepción en virtud del artículo 87, apartado 2, letra b), como ayudas destinadas a remediar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional Cabe destacar que Italia ha subrayado, en el marco del procedimiento, que las ayudas responden a esta finalidad.
(43)
Con arreglo al artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, se pueden reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos excepcionales. La Comisión, según práctica reiterada, considera que las erupciones volcánicas, los terremotos, las inundaciones y los desprendimientos de tierra constituyen desastres naturales a efectos de dicho artículo.
(44)
El régimen en cuestión prevé la concesión de ayudas destinadas a reparar los daños sufridos por las empresas a causa de los desastres naturales que han castigado algunas zonas de Italia. Las catástrofes y territorios en cuestión han sido especificados y delimitados mediante actos administrativos.
(45)
Tal como confirmaron las autoridades italianas en su carta de 10 de septiembre de 2004, la medida se basa en un enfoque macroeconómico. Sin embargo, habida cuenta del Tratado y según la práctica reiterada de la Comisión, tiene que existir un nexo claro y directo entre el hecho que ha provocado el perjuicio y la ayuda estatal destinada a repararlo. El nexo tiene que establecerse a nivel de cada empresa individual y no a nivel macroeconómico (10).
(46)
Por lo que respecta a las formas de perjuicio más indirectas, la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada «La respuesta de la Comunidad Europea a las inundaciones en Austria, Alemania y varios países candidatos», precisa que «por lo que respecta a las indemnizaciones por los daños indirectos provocados por las inundaciones, como por ejemplo, los retrasos en la producción debido a las interrupciones del suministro eléctrico o los problemas surgidos en la entrega de productos debido al bloqueo de determinadas rutas de transporte, la indemnización total es posible siempre que se demuestre la existencia de una clara relación causal entre el daño ocasionado y las inundaciones» (11). Sin embargo, habida cuenta del enfoque macroeconómico con que las autoridades italianas han aplicado la medida, no es posible determinar una relación causal clara entre el perjuicio reparado por la medida y los desastres naturales. Incluso si se trata de perjuicios indirectos, la relación tiene que determinarse a nivel de cada empresa individual y no a nivel macroeconómico.
(47)
En el presente caso, el régimen beneficia a todas las empresas que realicen inversiones superiores a un determinado umbral, establecido en función de la media de los años anteriores, en los municipios indicados por las autoridades italianas, algunos de los cuales son muy extensos, muy populosos y realizan una considerable actividad económica (por ejemplo, Milán, Turín, Génova). Está claro que muchos beneficiarios del régimen no han padecido un perjuicio directo y nada prueba con certeza la existencia de daños indirectos. Por otra parte tampoco se ha demostrado que los eventuales daños hayan sido causados exclusivamente por los desastres naturales mencionados por las autoridades italianas.
(48)
El mecanismo de ayuda y el importe concedido a cada beneficiario no guardan ninguna relación con los daños sufridos efectivamente sino que dependen del volumen de las inversiones realizado durante un determinado período, del volumen de las mismas en los años anteriores y de la existencia de una renta imponible. En estas circunstancias, suponiendo que el beneficiario haya sufrido efectivamente perjuicios provocados por los desastres naturales en cuestión, el importe de las ayudas puede superar al de los daños.
(49)
Así pues, se debe hacer constar que el procedimiento formal de investigación no ha permitido disipar las dudas de la Comisión y que la medida en cuestión constituye un régimen de ayuda incompatible con el mercado común.
(50)
En su carta de 10 de septiembre de 2004 las autoridades italianas precisaron, sin embargo, que solicitarán a las empresas la correspondiente certificación o declaración que permita conocer con precisión el daño atribuible específicamente a cada empresa individual, y que posteriormente podrán efectuarse los controles oportunos.
(51)
En efecto, no cabe excluir que, en casos específicos de aplicación de la medida, las ayudas concedidas con arreglo al régimen en cuestión cumplan las condiciones para ser consideradas compatibles con el mercado común. Por lo tanto, la administración italiana puede proceder a controlar individualmente cada empresa beneficiaria para comprobar la existencia de un nexo claro y directo entre los desastres naturales en cuestión y la ayuda estatal destinada a reparar el perjuicio. Este control deberá permitir excluir con certeza toda compensación excesiva de los daños sufridos por las empresas individuales.
(52)
Para excluir cualquier compensación excesiva, las autoridades italianas tendrán que exigir que se detraiga el importe de la ayuda de los pagos adeudados a los beneficiarios en concepto de indemnización por un seguro. Además, las autoridades italianas tendrán que prever un control de la acumulación de las ayudas concedidas en el marco del régimen en cuestión con otras medidas para excluir cualquier compensación excesiva de los daños.
(53)
La presente Decisión se refiere el régimen propiamente dicho y debe ejecutarse de forma inmediata, concretamente mediante la recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente y declaradas incompatibles con el mercado común. La Comisión recuerda que una decisión negativa relativa a un régimen de ayuda no prejuzga la posibilidad de que determinadas ventajas concedidas con arreglo al régimen no se consideren ayudas estatales o se consideren compatibles con el mercado común en virtud de determinadas características (por ejemplo, si se pueden aplicar a una ventaja individual las reglas de minimis o si dicha ventaja se concede en el marco de una decisión que declara la ayuda compatible o bien en virtud de un Reglamento de exención).
VI. CONCLUSIÓN
(54)
La Comisión concluye que Italia ha ejecutado ilegalmente las ayudas previstas en el régimen en cuestión, infringiendo así el artículo 88, apartado 3, del Tratado.
(55)
Con arreglo a la evaluación efectuada, la Comisión concluye que el régimen en cuestión es incompatible con el mercado común ya que no cumple las condiciones necesarias para poder acogerse -en calidad de ayuda destinada a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional- a la excepción del artículo 87, apartado 2, letra b), que es la única excepción invocada por Italia.
(56)
En virtud del artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (12), cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda. La Comisión no impone la recuperación de la ayuda cuando ello va en contra de algún principio general del Derecho comunitario. En el presente caso, ningún principio se opone a la recuperación. Además, la Comisión observa que ni las autoridades italianas ni los beneficiarios han invocado tales principios.
(57)
Italia deberá adoptar todas las medidas necesarias para obtener de los beneficiarios del régimen la recuperación de la ayuda, salvo en aquellos casos individuales que, según lo indicado en los considerandos 50, 51 y 52 de la presente Decisión, cumplan las condiciones de compatibilidad con el mercado común en aplicación de la excepción del artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado. A tal efecto, Italia deberá ordenar a los beneficiarios del régimen que reembolsen la ayuda en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión. Las ayudas que se deben recuperar devengarán intereses que se calcularán con arreglo a las disposiciones del capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (13).
Italia deberá enviar a la Comisión el formulario adjunto relativo al estado del procedimiento de recuperación de las ayudas, redactará una lista de los beneficiarios obligados a reembolsar la ayuda y precisará con claridad las medidas concretas adoptadas para conseguir una recuperación inmediata y eficaz de las ayudas. Además, Italia deberá enviar, en el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, los documentos que permitan comprobar que se ha instado a los beneficiarios a proceder al reembolso de las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado común (por ejemplo, circulares, órdenes de reembolso enviadas, etcétera).
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El régimen de ayuda estatal en beneficio de las empresas que hayan realizado inversiones en los municipios afectados por desastres naturales en 2002 establecido en el artículo 5 sexto del Decreto Ley no 282/2002, de 24 de diciembre de 2002, incorporado por la Ley no 27, de 21 de febrero de 2003, que prorroga para determinadas empresas los beneficios contemplados en el primer párrafo del artículo 4 de la Ley no 383, de 18 de octubre de 2001, y que ha sido ejecutado ilegalmente por Italia, infringiendo así el artículo 88, apartado 3, del Tratado, es incompatible con el mercado común, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.
Artículo 2
Italia derogará el régimen de ayuda contemplado en el artículo 1, en la medida en que continúe surtiendo efecto.
Artículo 3
Las ayudas individuales concedidas en el marco del régimen contemplado en el artículo 1 son compatibles con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, en la medida en que no superen el valor neto de los perjuicios sufridos efectivamente por cada uno de los beneficiarios de resultas de los desastres naturales a que se refiere el artículo 5 sexto del Decreto Ley no 282/2002, de 24 de diciembre de 2002, teniendo en cuenta los importes percibidos por seguros o por otras medidas.
Artículo 4
Las ayudas individuales concedidas en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 3 son incompatibles con el mercado común.
Artículo 5
1. Italia adoptará todas las medidas necesarias para recuperar de los beneficiarios las ayudas contempladas en el artículo 4.
2. Italia suspenderá todos los pagos de ayudas a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión.
3. La recuperación se efectuará sin dilación alguna según los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos posibiliten la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión.
4. Las ayudas reembolsables devengarán intereses a partir de la fecha en que hayan sido puestas a disposición de los beneficiarios hasta la fecha de su recuperación efectiva.
5. Los intereses se calcularán con arreglo a las disposiciones del capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004.
6. Italia ordenará a todos los beneficiarios de las ayudas contempladas en el artículo 4 que reembolsen las ayudas concedidas ilegalmente junto con los correspondientes intereses en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión.
Artículo 6
En el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, Italia informará a la Comisión de las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma, rellenando el formulario adjunto a la presente Decisión. Concretamente, Italia enviará a la Comisión, en el citado plazo, todos los documentos que permitan comprobar que se ha instado a los beneficiarios a proceder al reembolso de las ayudas concedidas ilegalmente.
Artículo 7
El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.
Hecho en Bruselas, el 20 de octubre de 2004.

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