Document ID: 32001D0822

Decisión del Consejo
de 27 de noviembre de 2001
relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar a la Comunidad Europea
("Decisión de Asociación Ultramar")
(2001/822/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, denominado en lo sucesivo Tratado y en particular su artículo 187,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1) La Decisión 91/482/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1991, relativa a la asociación de los países y territorios de Ultramar, denominados en lo sucesivo PTU, a la Comunidad Económica Europea(1), fue aplicable hasta el 1 de diciembre de 2001; el apartado 4 de su artículo 240 prevé que el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión adoptará las disposiciones que se deban prever con objeto de aplicar posteriormente los principios de base enunciados en los artículos 182 a 186 del Tratado.
(2) En la Declaración n° 36 sobre los Países y Territorios de Ultramar, denominados en lo sucesivo PTU, anexa al Acta final de la Conferencia de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, formada en Amsterdam en 1997, se invitaba al Consejo, de conformidad con el artículo 187 del Tratado, a revisar el régimen de asociación de los PTU para lograr un cuádruple objetivo:
- fomentar de modo más eficaz el desarrollo económico y social de los PTU,
- desarrollar las relaciones económicas entre los PTU y la Unión Europea,
- tener en cuenta en mayor medida la diversidad y la especificidad de cada PTU, incluidos los aspectos referentes a la libertad de establecimiento,
- velar por que se mejore la eficacia del instrumento financiero.
(3) El Parlamento Europeo aprobó, el 11 de febrero de 1999, una Resolución sobre las relaciones entre los PTU, los países ACP y las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea(2). Además el 4 de octubre de 2001, adoptó una resolución sobre la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo sobre la asociación de los PTU con la Comunidad Europea(3).
(4) En su Comunicación de 20 de mayo de 1999 titulada "Reflexiones sobre el estatuto de los PTU asociados a la CE y orientaciones sobre PTU 2000", la Comisión analizaba las características y la evolución de la asociación de los PTU a la CE desde 1957 y recordaba los principios fundamentales y el contexto actual de esta asociación, trazando seguidamente las orientaciones alternativas para el período que comienza el 1 de marzo de 2000.
(5) Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Decisión 91/482/CEE, las autoridades competentes de los PTU dieron a conocer a la Comisión las modificaciones o elementos complementarios que desean para el futuro, especialmente en el marco de una reunión de la mancomunidad celebrada los días 29 y 30 de abril de 1999, que reunió a la Comisión, los cuatro Estados miembros de los que dependen los PTU y los 20 PTU en cuestión.
(6) Los PTU no son terceros países pero tampoco forman parte del mercado interior, y en el ámbito comercial deben responder a las obligaciones adoptadas con respecto a los terceros países, en particular, en cuanto a las normas de origen, el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias o las medidas de salvaguardia,
(7) Por regla general, corresponde al Consejo, cuando adopta medidas en virtud del artículo 187 del Tratado, tener en cuenta tanto los principios que figuran en la Cuarta parte del mismo como el resto de los principios del Derecho comunitario. Es necesario además tomar en consideración la experiencia adquirida en la aplicación del régimen comercial de la Decisión 91/482/CEE.
(8) Este régimen, que prevé al mismo tiempo el libre acceso con exención de derechos de aduana a los productos originarios de los PTU y normas de origen que permiten la acumulación con productos originarios de los Estados ACP, que gozan de un régimen diferente, y de la Comunidad, ocasiona o se corre el riesgo de que ocasione graves perturbaciones en el funcionamiento de determinadas organizaciones comunes de mercado de la política agrícola común, en particular las del sector del arroz y del azúcar. Estas perturbaciones han dado lugar a que la Comisión y el Consejo hayan tenido que adoptar varias veces medidas de salvaguardia.
(9) En lo que respecta al arroz, las modificaciones introducidos al realizar la revisión intermedia de la Decisión(4), que limitan la posibilidad de recurrir a la acumulación de origen ha permitido salvaguardar un acceso al mercado comunitario para los productos de los PTU compatible con el equilibrio de dicho mercado. Dicho acceso debería ser mejorado respecto de los PTU menos desarrollados, pero sin que ello implique una modificación de la cantidad global que se beneficia de la acumulación. Dado que solo otros dos PTU han operado previamente en este sector, las restantes cantidades disponibles deberían serles atribuidas a ellos en aras de la transparencia.
(10) Por el contrario, en lo que respecta al azúcar, las exportaciones de los PTU realizadas a partir de azúcar originario de los Estados ACP o de la Comunidad se han ido desarrollando hacia un mercado comunitario en gran medida excedentario, lo que ha obligado a reducir de forma significativa las cuotas de los productores comunitarios y, en consecuencia, a una mayor pérdida de su garantía de ingresos.
(11) Además, estas exportaciones, que conllevan manipulaciones mínimas, con escaso valor añadido, que actualmente son suficientes para conseguir el estatuto de producto originario de los PTU en el sector del azúcar, no contribuyen más que en una mínima medida al desarrollo de estos territorios, y desde luego fuera de toda proporción con respecto a las perturbaciones que provocan en los sectores comunitarios afectados.
(12) Por todo ello, es necesario adoptar normas de origen que, en lo que se refiere al azúcar, excluyan la posibilidad de la acumulación de origen ACP/PTU/CE para el azúcar en los casos en que solo operaciones mínimas se lleven a cabo. No obstante, teniendo en cuenta las inversiones que ya se han realizado en los PTU sobre la base de normas vigentes en 1991, dicha exclusión debería aplicarse de forma progresiva. Por consiguiente, previa adopción de las necesarias medidas de aplicación, debería permitirse con carácter temporal la continuación de la acumulación, dentro de límites progresivamente decreciente en cuanto a la cantidad, que sea compatible con los objetivos de la organización común del mercado del azúcar de la Comunidad, teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de los operadores de los PTU.
(13) Deben tomarse medidas para garantizar que los productos agrícolas originarios de la comunidad que se hayan beneficiado de ayudas a la exportación no puedan volver a la Comunidad mediante un procedimiento de acumulación.
(14) Conviene igualmente actualizar la totalidad de las normas de origen PTU para tener en cuenta los progresos técnicos y de la política de armonización de dichas normas adoptada por la Comunidad en interés de los operadores y de las administraciones a quienes afecten. Con la misma finalidad, es necesario simplificar el procedimiento para permitir que en el futuro sea más fácil introducir en dichas normas las modificaciones técnicas necesarias.
(15) El Procedimiento para el transbordo de bienes no originarios de los PTU, pero que se hallen en libre circulación debería ser completado y clarificado con vistas a garantizar un marco legal transparente y fiable tanto para los operadores como para las administraciones. Debería ampliarse asimismo a fin de cubrir determinados productos pesqueros de particular importancia para Groenlandia y San Pedro y Miquelón, previa adopción de las necesarias medidas de aplicación.
(16) Las disposiciones generales del Tratado y el Derecho derivado del mismo no se aplican automáticamente en los PTU, salvo que se disponga explícitamente lo contrario; en cambio, los productos de los PTU importados dentro de la Comunidad deberán respetar las normas comunes en vigor.
(17) La asistencia financiera a los PTU debería concederse sobre la base de criterios transparentes, uniformes y eficacia, teniendo en cuenta las necesidades y rendimientos de los PTU. Dichos criterios deberían incluir en particular, las dimensiones físicas y económicas del PTU, el uso que se halla hecho en el pasado de la ayuda, el respeto de los principios de gestión financiera saneada, de una política fiscal justa, la capacidad de absorción estimada, la necesidad de establecer una reserva a fin de hacer frente a gastos no programables y la transición armoniosa a fin de evitar contratiempos en la ayuda a Nueva Caledonia, la Polinesia francesa y las Antillas Neerlandesas. Por razones de eficacia, simplificación y reconocimiento de la capacidad de gestión que poseen las autoridades de los PTU, conviene optar por una gestión más participativa de los recursos financieros otorgados a los PTU, aplicándoles procedimientos inspirados en la reglamentación vigente en el ámbito de los Fondos estructurales.
(18) Para ello, los procedimientos confiarán principalmente a los PTU la responsabilidad principal en cuanto a la programación y aplicación de la cooperación, que se llevará a cabo esencialmente de conformidad con las disposiciones territoriales de los PTU, al tiempo que se confirma el apoyo de la Comunidad, y concretamente el de la Comisión, para el seguimiento, evaluación y auditoría de las acciones programadas. Además es necesario clarificar qué programas comunitarios y líneas presupuestarias están abiertas para los PTU, así como los procedimientos para una trancisión armoniosa de los anteriores FED al noveno FED.
(19) Por otra parte, la evolución del contexto mundial, que se traduce en un proceso continuo de liberalización del comercio, implica muy de cerca a la Comunidad, principal socio comercial de los PTU, así como a los Estados ACP vecinos de los PTU o a sus otros socios económicos; en los problemas de acceso al mercado, el nivel de las tarifas desempeña un papel cada vez más limitado, mientras que el comercio de servicios y los ámbitos vinculados al comercio tienen una importancia creciente en las relaciones entre los PTU y sus socios económicos; conviene pues, al mismo tiempo que se mantiene invariable en líneas generales el régimen comercial en vigor, favorecer estas relaciones y facilitar una integración progresiva de los PTU que lo deseen en la economía regional y mundial, asistiéndoles para que puedan reforzar su capacidad de negociar todos estos nuevos entornos.
(20) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión se adopten con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión(5). No obstante, en la medida en que se trate de la ejecución del 9o FED, conviene que los votos y la mayoría sean los previstos en el artículo 21 del Acuerdo interno entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y gestión de las ayudas comunitarias en el marco del protocolo financiero del Acuerdo de asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, y a la asignación de las ayudas financieras destinadas a los países y territorios de Ultramar a los que son aplicables las disposiciones de la Cuarta parte del Tratado(6), denominado en lo sucesivo Acuerdo interno.
(21) Los PTU son entornos insulares frágiles que requieren una protección adecuada, también en materia de gestión de residuos. Por lo que atañe a los residuos radiactivos, esta protección está prevista en el artículo 198 del Tratado Euratom y en la legislación derivada, salvo para Groenlandia, a la que no se aplica dicho Tratado. En relación con los demás residuos, debe precisarse qué normas comunitarias se aplicarán respecto de los PTU.
(22) Conforme a la voluntad del Gobierno de Bermudas, no se aplicarán a Bermudas las disposiciones en materia de asociación previstas en la presente Decisión.
(23) El conjunto de los nuevos elementos anteriormente expuestos lleva al Consejo a aportar una respuesta innovadora, que sea al mismo tiempo coherente y adaptada a las distintas situaciones, respuesta que puede proporcionarla un nuevo estatuto de la asociación,
DECIDE:
PRIMERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA ASOCIACIÓN DE LOS PTU A LA COMUNIDAD
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 1
Finalidad, objetivos y principios
1. La asociación de los PTU y la Comunidad denominada en lo sucesivo PTU-CE se basa en los fines indicados en el artículo 182 del Tratado, la promoción del desarrollo económico y social de los PTU y el establecimiento de estrechas relaciones económicas entre éstos y la Comunidad en su conjunto.
Persigue los objetivos establecidos en el artículo 183 del Tratado, en cumplimiento de los principios enumerados en los artículos 184 a 188 del Tratado, concentrándose en la reducción, prevención y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y la integración progresiva en la economía regional y mundial.
2. La asociación concierne a los PTU enumerados en el anexo I A.
3. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 188 del Tratado, la presente Decisión será aplicable a Groenlandia, sin perjuicio de las disposiciones específicas que figuran en el Protocolo sobre el régimen particular aplicable a Groenlandia, incorporado como anexo al Tratado.
Artículo 2
Elementos esenciales
1. La asociación de los PTU-CE se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho. Estos principios, en los que se basa la Unión según lo dispuesto en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, serán comunes a los Estados miembros y a los PTU a ellos vinculados.
2. No podrá existir discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en los ámbitos de cooperación a que se refiere la presente Decisión.
Artículo 3
PTU menos desarrollados
1. La Comunidad concederá un trato especial a los PTU menos desarrollados y a los que no puedan beneficiarse de la cooperación e integración regionales contempladas en el artículo 16.
2. Para responder a dichas dificultades, la cooperación para la financiación del desarrollo implicará, en particular, un trato especial a la hora de determinar el volumen de los recursos financieros, así como las condiciones a que están sujetos dichos recursos, para permitir a los PTU menos desarrollados superar los obstáculos, estructurales o de otra índole, que impiden su desarrollo. En el marco de la lucha contra la pobreza, la cooperación prestará una atención especial a la mejora de las condiciones de vida de los estratos sociales menos favorecidos.
3. Los PTU considerados como menos desarrollados en virtud de la presente Decisión se enumeran en anexo I B. Esta enumeración se modificará por decisión del Consejo, adoptada por unanimidad y a propuesta de la Comisión, cuando la situación económica de algún PTU cambie de manera sustancial y duradera hasta el punto de que sea necesario incluirlo en la categoría de los PTU menos desarrollados o, al contrario, cuando su inclusión en dicha categoría ya no se justifique.
Capítulo 2
Agentes de la cooperación en los PTU
Artículo 4
Principios
1. En el marco de la asociación establecida en el artículo 7, las autoridades de los PTU asumirán en primer lugar la responsabilidad de definir las estrategias de asociación y desarrollo y de aplicarlas mediante la preparación, junto con la Comisión y el Estado miembro con el que estén vinculados los PTU, de documentos únicos de programación (DOCUP) y programas de cooperación.
2. La Comunidad reconoce que los entes descentralizados públicos y privados contribuyen de forma decisiva al logro de los objetivos enumerados en el artículo 183 del Tratado.
3. Para la aplicación de la presente Decisión, las partes se guiarán por los principios de transparencia, subsidiariedad y eficacia.
Artículo 5
Los distintos agentes
1. En el proceso de desarrollo intervendrán:
- las autoridades de los PTU,
- las autoridades regionales y locales y demás autoridades públicas competentes de los PTU,
- la sociedad civil, las organizaciones socio-profesionales y sindicales, los prestatarios de servicios a la población y las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales, nacionales e internacionales.
Los Estados miembros de los que dependan los PTU informarán a la Comisión, en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Decisión, de las autoridades nacionales, regionales o locales competentes a que se refieren los distintos artículos de la Decisión.
2. El reconocimiento de los agentes no gubernamentales se basará en su capacidad para responder a las demandas de la población, en sus competencias específicas y en el carácter democrático y transparente de su organización y gestión.
3. Los agentes o actores no gubernamentales se identificarán, de común acuerdo entre las autoridades competentes de los PTU, la Comisión y el Estado miembro del que dependa el PTU, en función de las cuestiones tratadas, de sus competencias y de sus sectores de actividad. Esta definición se hará para cada PTU individualmente en el marco del proceso de preparación de los programas de cooperación a que se refiere el artículo 4.
Artículo 6
Tareas de los agentes no gubernamentales
Los agentes no gubernamentales podrán, en aplicación de la definición contemplada en el apartado 3 del artículo 5:
- ser informados y consultados,
- participar en la elaboración y ejecución de los programas de cooperación,
- participar en la cooperación descentralizada en el marco de las responsabilidades delegadas para favorecer iniciativas locales de desarrollo.
Capítulo 3
Principios y procedimientos de la mancomunidad PTU-CE
Artículo 7
Diálogo y mancomunidad
1. Para que los PTU puedan participar plenamente en la aplicación de la asociación de los PTU-CE, respetando al mismo tiempo el modo de organización de las instituciones de los Estados miembros afectados, la asociación recurrirá a un procedimiento de consulta basado en las disposiciones que figuran a continuación, en cuyo marco se abordará cualquier problema que surja en las relaciones entre los PTU y la Comunidad.
2. Mediante un amplio diálogo, debería conseguirse que la Comunidad, todos los PTU y los Estados miembros de los que dependan se consulten recíprocamente acerca de los principios, los procedimientos detallados y los resultados de la asociación.
Un foro de diálogo PTU-CE, denominado en lo sucesivo Foro PTU, reunirá anualmente a las autoridades de los PTU, los representantes de los Estados miembros de los que éstos dependen y la Comisión.
3. Se mantendrá una concertación por separado entre la Comisión, el Estado miembro del que depende el PTU y cada uno de los PTU, representado por sus autoridades, con el fin de llevar a la práctica los objetivos y principios de la presente Decisión, y en especial los previstos en los artículos 4 y 19. Dicha concertación trilateral se denominará en lo sucesivo "mancomunidad".
Se crearán grupos de trabajo sobre la mancomunidad para cada uno de los PTU, cuyos miembros representarán a cada uno de los tres socios. Estos grupos de trabajo podrán reunirse a instancia de la Comisión, de un Estado miembro o de un PTU. A petición de uno de los socios, podrán celebrarse reuniones conjuntas de varios grupos de trabajo sobre la mancomunidad, con el fin de estudiar asuntos de interés común o bien los aspectos regionales de la asociación.
4. Esta consulta se llevará a cabo respetando plenamente las respectivas competencias institucionales, jurídicas y financieras de cada uno de los tres socios.
La Comisión asumirá la Presidencia y la Secretaría de los Grupos de Trabajo y del Foro PTU.
Un representante del Banco Europeo de Inversiones, denominado en lo sucesivo BEI, asistirá a dichas reuniones cuando en el orden del día de las mismas figuren cuestiones de su competencia.
5. Los dictámenes de los Grupos de Trabajo y del Foro PTU serán objeto, en su caso, de decisiones de la Comisión, dentro de los límites de sus competencias, o de propuestas de la Comisión al Consejo para aplicar, de conformidad con el artículo 187 del Tratado, nuevos elementos constitutivos de la asociación PTU-CE o para modificar esta última.
Artículo 8
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
Se informará a las autoridades de los PTU del orden del día y de las resoluciones o recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.
Los Estados miembros y la Comisión respaldarán cualquier solicitud de autoridades de los PTU de participar en calidad de observadores en las sesiones plenarias de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, con arreglo al Reglamento interno de dicha Asamblea.
Artículo 9
Gestión
Se encargarán de la gestión corriente de la presente Decisión la Comisión y las autoridades de los PTU, así como, en caso de necesidad, el Estado miembro del que dependa el PTU, respetando las respectivas competencias institucionales, jurídicas y financieras de cada uno de los socios, especialmente en lo relativo a la cooperación para la financiación del desarrollo y a la cooperación en el ámbito del comercio y de los servicios.
SEGUNDA PARTE
ÁMBITOS DE LA COOPERACIÓN PTU-CE
Artículo 10
Ámbitos de cooperación
La Comunidad contribuirá al desarrollo de los PTU en los distintos ámbitos enumerados en el presente título, de acuerdo con las prioridades establecidas en el marco de las estrategias de desarrollo de cada PTU o, cuando proceda, en forma de acciones regionales.
Artículo 11
Sectores productivos
La cooperación apoyará las políticas y estrategias sectoriales que faciliten el acceso a actividades y recursos productivos, en particular en los siguientes ámbitos:
a) agricultura: política agraria y creación de instituciones, diversificación de la irrigación, multiplicación de semillas, medidas para la protección de los cultivos, producción de abonos, equipamiento, transformación de los productos agrícolas, cría de bovinos y ganado menor, zootecnia, vulgarización e investigación; comercialización; almacenamiento y transporte; seguridad alimentaria; crédito agrícola; asentamientos rurales y reforma agraria; política de utilización y registro de tierras, transferencia de tecnología, infraestructuras de irrigación y drenaje, y otros servicios de apoyo;
b) bosques: política forestal y creación de instituciones, incluso la utilización de árboles para conservar el medio ambiente mediante el control de la erosión y de la desertización; repoblación; gestión forestal, incluso la utilización y gestión racional de las exportaciones de maderas; cuestiones relativas a los bosques húmedos tropicales; investigación y formación;
c) pesca: política de pesca y creación de instituciones, protección y gestión racional de las poblaciones de peces; icticultura y piscicultura artesanal; transporte de los productos de pesca; almacenamiento frigorífico, comercialización y conservación del pescado;
d) desarrollo rural: política rural y creación de instituciones, proyectos/programas de desarrollo rural integrado; ayudas y proyectos orientadas a la población, a la producción y a la comercialización en las zonas rurales; infraestructuras rurales;
e) industrial: política sectorial y creación de instituciones; artesanía; agroindustrias y otros sectores manufactureros, industria de materiales de transporte; investigación y desarrollo tecnológico; control de calidad; desarrollo y expansión de pequeñas y medianas empresas y microempresas;
f) minero: política sectorial y creación de instituciones, investigación y desarrollo tecnológico; explotaciones a pequeña escala, etc.;
g) energético: política energética y creación de instituciones; producción de electricidad (no renovable y renovable); utilización eficaz de los recursos energéticos; investigación y formación en el ámbito de la energía; fomento del sector privado en la producción y distribución de electricidad;
h) transporte: política de transporte y creación de instituciones; transporte por carretera, ferroviario, aéreo, marítimo o por vías navegables interiores, así como instalaciones de almacenaje;
i) comunicaciones: política de comunicaciones y creación de instituciones; telecomunicaciones y medios de comunicación;
j) agua: política de aguas y creación de instituciones; protección de los recursos hídricos, gestión de residuos, suministro de agua en las zonas rurales y urbanas para fines domésticos, industriales y agrícolas; almacenaje y distribución, gestión de los recursos hídricos;
k) servicios bancarios, financieros y empresariales: política del sector financiero y creación de instituciones, servicios empresariales; privatización, inversiones en capital social y comercialización; ayuda a las asociaciones de carácter comercial y profesional (incluidas las agencias de promoción de exportaciones); instituciones financieras y bancarias;
l) desarrollo de tecnologías y de sus aplicaciones, investigación: definición de políticas y creación de instituciones; acciones concertadas a escala territorial, nacional y/o regional para la promoción de actividades científicas y tecnológicas y sus aplicaciones a la producción, así como la promoción de la cultura informática en los sectores público y privado, programas científicos y equipo para la investigación.
Artículo 12
Desarrollo del comercio
1. La Comunidad llevará a cabo acciones para desarrollar el comercio, desde la fase inicial de concepción a la fase final de distribución de los productos.
Dichas acciones tendrán por objeto procurar que los PTU se beneficien al máximo de las disposiciones de la presente Decisión y puedan participar en las mejores condiciones tanto en los mercados comunitarios como en los interiores, subregionales, regionales e internacionales, diversificando su oferta y aumentando el valor y el volumen de su comercio de bienes y servicios.
2. Aparte del desarrollo del comercio entre los PTU y la Comunidad, se prestará especial atención las acciones destinadas a incrementar la autonomía de los PTU y a intensificar la cooperación regional en el ámbito del comercio y los servicios.
3. En el contexto de los instrumentos previstos por la presente Decisión y con arreglo a las disposiciones pertinentes, las acciones emprendidas a petición de las autoridades de los PTU se referirán principalmente a los sectores siguientes:
a) ayudas para definir las políticas macroeconómicas necesarias para desarrollar el comercio;
b) ayudas para instaurar o reformar los marcos jurídicos y reglamentarios adecuados y para reformar los procedimientos administrativos;
c) definición y aplicación de estrategias comerciales coherentes;
d) ayudas a los PTU para desarrollar sus capacidades internas, sus sistemas de información y la consciencia del papel e importancia del comercio en el desarrollo económico;
e) ayudas para reforzar las infraestructuras relacionadas con el comercio y, especialmente, para potenciar los esfuerzos de los PTU encaminados a desarrollar y mejorar la infraestructura de los servicios de apoyo, incluso instalaciones de transporte y almacenaje, con el fin de garantizar su eficaz participación en la distribución de bienes y servicios y de aumentar el flujo de exportaciones de los PTU;
f) potenciar los recursos humanos y desarrollar la pericia profesional en el ámbito del comercio y los servicios, en particular en los sectores de transformación, comercialización, distribución y transporte relacionados con los mercados comunitario, regional e internacional;
g) ayudas para el desarrollo del sector privado y, en especial, de las pequeñas y medianas empresas, para determinar y desarrollar los productos, encontrar salidas comerciales y crear empresas conjuntas con fines de exportación;
h) ayuda a las acciones de los PTU destinadas a fomentar y atraer la inversión privada y la actividad de las empresas conjuntas;
i) la creación, la adaptación y el refuerzo, en los PTU, de organismos encargados del desarrollo del comercio y los servicios, prestando una atención especial a las necesidades particulares de los organismos de los PTU menos desarrollados;
j) ayuda a los PTU para mejorar la calidad de sus productos, adaptarlos a las necesidades del mercado y diversificar sus salidas;
k) apoyo a los esfuerzos de los PTU para penetrar más eficazmente los mercados de terceros países;
l) medidas para el desarrollo comercial, en particular, mediante la intensificación de contactos y el intercambio de informaciones entre los agentes económicos de los PTU, los Estados ACP, los Estados miembros y terceros países;
m) apoyo a los PTU para la aplicación de técnicas modernas de comercialización en sectores y programas orientados a la producción en ámbitos tales como el desarrollo rural y la agricultura;
n) la creación y el desarrollo de instituciones de seguro y crédito en relación con el desarrollo del comercio.
4. Por lo que se refiere a la participación en ferias, exposiciones y misiones comerciales, únicamente podrá proporcionarse ayuda a los PTU si estas manifestaciones forman parte integrante de programas globales de desarrollo comercial.
5. La participación de los PTU menos desarrollados en las diversas actividades comerciales se fomentará mediante disposiciones especiales y, en especial, asumiendo los gastos de desplazamiento de personal y el transporte de los objetos y mercancías que deban exponerse cuando participen en ferias, exposiciones y misiones comerciales locales, regionales o en terceros países, incluso el coste de la construcción temporal y/o alquiler de casetas de exposición. Se concederá una ayuda especial a los PTU menos desarrollados para la preparación y/o la compra de materiales de promoción.
Artículo 13
Comercio de servicios
1. La Comunidad aceptará el desarrollo y la financiación de infraestructuras y recursos humanos en relación con el comercio de servicios de acuerdo con las prioridades establecidas en el marco de las estrategias de desarrollo de cada PTU.
2. La Comunidad contribuirá al desarrollo y promoción de servicios de transporte marítimo eficaces y a precios razonables en los PTU, para cada PTU, también mediante:
a) el estímulo del transporte eficiente de mercancías a precios razonables desde un punto de vista económico y comercial;
b) la aplicación de buenas políticas y normas de competencia;
c) el incremento de la participación de los PTU en los servicios internacionales de transporte marítimo;
d) el fomento de programas regionales de transporte marítimo y desarrollo de los intercambios comerciales;
e) el incremento de la participación del sector privado local en las actividades marítimas.
La Comunidad y los PTU se comprometerán a fomentar la seguridad marítima, la seguridad de las tripulaciones y las acciones de lucha contra la contaminación.
3. La Comunidad reforzará la cooperación con los PTU para garantizar una mejora y un crecimiento sostenidos del tráfico aéreo.
A tal efecto, convendrá:
a) examinar los diversos medios de reformar y modernizar las industrias de transporte aéreo de los PTU;
b) promover su viabilidad comercial y su competitividad;
c) estimular niveles más altos de inversión y participación del sector privado, más intercambio de conocimientos técnicos y de buenas prácticas comerciales; y
d) proporcionar a los pasajeros y a los exportadores de todos los PTU acceso a las redes mundiales de transporte aéreo.
4. Será necesario garantizar la seguridad en el sector del transporte aéreo introduciendo y aplicando las normas internacionales vigentes.
Para ello, la Comunidad asistirá a los PTU a fin de:
a) poner en práctica sistemas de seguridad de la navegación aérea, incluido el sistema comunicaciones, navegación y vigilancia/gestión de tráfico aéreo SNC/ATM;
b) garantizar la seguridad en los aeropuertos, el refuerzo de la capacidad de las autoridades de aviación civil para gestionar todos los aspectos de la seguridad operativa que son de su competencia; y
c) desarrollar las infraestructuras y los recursos humanos;
d) garantizar al mismo tiempo por que todas las medidas adoptadas en este ámbito estén basadas en las recomendaciones de las organizaciones internacionales competentes y sean eficaces y aplicables a largo plazo.
5. Será necesario velar igualmente por que se reduzcan al mínimo las repercusiones del transporte aéreo sobre el medio ambiente, en particular mediante estudios adecuados de las repercusiones medioambientales.
6. Las soluciones regionales pueden a menudo ofrecer la posibilidad de una mayor eficacia económica y economías de escala en muchos aspectos del transporte aéreo. Con ese fin, la Comunidad se comprometerá a apoyar y fomentar las acciones a nivel regional en los casos oportunos.
7. Puesto que las telecomunicaciones y la participación activa en la sociedad de la información son condiciones esenciales para que los PTU se integren con éxito en la economía mundial, la Comunidad y, cuando proceda, los PTU reconfirmarán sus compromisos respectivos en virtud de los acuerdos multilaterales existentes, en particular, el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre las telecomunicaciones básicas.
8. La Comunidad apoyará los esfuerzos efectuados por los PTU para aumentar su capacidad en este ámbito. La cooperación estará especialmente destinada en particular a:
a) fomentar las consultas entre los organismos competentes de telecomunicaciones de los PTU y de la Comunidad para promover el desarrollo de un entorno competitivo en el sector de las telecomunicaciones y aproximar el nivel de costes;
b) establecer un diálogo sobre los distintos aspectos de la sociedad de la información, incluidos los aspectos reglamentarios y la política de comunicaciones;
c) intercambiar información y, eventualmente, proporcionar asistencia técnica en materia de reglamentación, normalización, pruebas de conformidad y certificación de las tecnologías de información y comunicación y sobre utilización de las frecuencias;
d) difundir las nuevas tecnologías de información y comunicación y desarrollar nuevos equipos, especialmente por lo que se refiere a la interconexión de redes y la interoperatividad de sus aplicaciones;
e) promocionar y aplicar las investigaciones en común en materia de nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información;
f) concebir e implementar programas y políticas destinados a informar sobre los beneficios económicos y sociales que pueden derivarse de la sociedad de la información.
9. El objetivo de la cooperación será, en particular, garantizar una complementariedad y armonización más avanzadas de los sistemas de comunicación, a escala territorial nacional, regional, interregional e internacional, así como su adaptación a las nuevas tecnologías.
10. La Comunidad apoyará las medidas y acciones destinadas a desarrollar y mantener un turismo sostenible. Estas medidas podrán aplicarse en cualquiera de las fases del proceso, desde la definición del producto turístico hasta la comercialización y promoción.
La finalidad pretendida es apoyar los esfuerzos de las autoridades de los PTU encaminados a obtener mayores beneficios del turismo local, regional e internacional, habida cuenta del impacto del turismo sobre el desarrollo económico, y estimular los flujos financieros privados procedentes de la Comunidad y de otras fuentes hacia el desarrollo del turismo en los PTU. Se prestará una atención especial a la necesidad de integrar el turismo en la vida social, cultural y económica de la población, así como al respeto del medio ambiente.
Las acciones específicas destinadas a desarrollar el turismo consistirán en la definición, adaptación y elaboración de políticas apropiadas a nivel local, regional, subregional e internacional. Los programas y proyectos de desarrollo del turismo se basarán en dichas políticas y se centrarán en cuatro aspectos principales:
a) desarrollo de los recursos humanos y de las instituciones, lo que, entre otras cosas, implicará:
- el perfeccionamiento del personal directivo en sectores de competencia específicos y la formación continua en los niveles oportunos del sector público y privado con el fin de garantizar una planificación y un desarrollo satisfactorios,
- la creación y potenciación de los centros de promoción turística,
- la educación y formación de grupos específicos de la población y de las organizaciones públicas y privadas que participan activamente en el sector turístico, incluido el personal que trabaja en los sectores de apoyo al turismo,
- la cooperación y el intercambio entre los PTU y entre éstos y los Estados ACP en materia de formación, asistencia técnica y desarrollo de instituciones;
b) desarrollo de productos que, entre otras cosas, incluirá:
- la identificación del producto turístico, el desarrollo de productos no tradicionales y de nuevos productos turísticos, la adaptación de los productos existentes, incluida la conservación y desarrollo del patrimonio cultural y los aspectos ecológicos y medioambientales, la gestión, la protección y la conservación de la fauna y de la flora, los bienes históricos y sociales y otros bienes naturales, el desarrollo de servicios auxiliares,
- el fomento de la inversión privada en el sector turístico de los PTU y, en particular, de las empresas conjuntas,
- el suministro de objetos artesanales de carácter cultural destinados al mercado turístico;
c) desarrollo del mercado que, entre otras cosas, incluirá:
- la ayuda para determinar y alcanzar objetivos y planes de desarrollo del mercado a escala local, subregional, regional e internacional,
- el apoyo a los esfuerzos realizados por los PTU para acceder a los servicios ofrecidos al sector turístico, como pueden ser los sistemas centrales de reserva o los sistemas de control y seguridad del tráfico aéreo,
- las medidas y ayudas para la comercialización y promoción dentro de los proyectos y programas integrados de desarrollo del mercado y cuya finalidad sea la mejora de la penetración del mercado, destinados a las principales fuentes generadoras de flujos turísticos en los mercados tradicionales y no tradicionales, así como a actividades específicas, tales como la participación en acontecimientos comerciales especializados, por ejemplo, las ferias, la producción de documentación de calidad, de películas y de material de promoción;
d) investigación e información que, entre otras cosas, incluirá:
- la mejora de los sistemas de información sobre el turismo y la recogida, análisis, difusión y explotación de datos estadísticos,
- la evaluación del impacto socioeconómico del turismo en las economías de los PTU, haciendo hincapié en el desarrollo de actividades complementarias en otros dominios, como la industria alimentaria, la construcción, la tecnología y la gestión en los PTU y en las regiones en que éstos se encuentran.
Artículo 14
Ámbitos vinculados al comercio
1. En el contexto de las estrategias de desarrollo de cada PTU, la Comunidad contribuirá a reforzar la capacidad de éstos para ocuparse de todos los ámbitos vinculados al comercio, y, cuando proceda, mejorar y potenciar el marco institucional.
2. La Comunidad cooperará con los PTU para aplicar los principios generales relativos a la protección y promoción de la inversión.
3. La Comunidad contribuirá a reforzar la cooperación con los PTU con el fin de elaborar y apoyar, junto con los organismos pertinentes, unas políticas de competencia eficaces que garanticen de forma progresiva una eficaz aplicación de las normas de competencia, tanto por parte de las empresas privadas como por parte del Estado. La cooperación en este ámbito incluirá, en particular, una ayuda para establecer un marco jurídico adecuado, así como su aplicación a nivel administrativo, teniendo especialmente en cuenta a los PTU menos desarrollados.
4. La Comunidad continuará reforzando la cooperación con los PTU, que se aplicará, en particular, a los ámbitos siguientes:
a) elaboración de leyes y Reglamentos destinados a proteger y hacer respetar los derechos de propiedad intelectual, impedir el abuso de estos derechos por sus titulares y la violación de dichos derechos por los competidores, a la creación y refuerzo de las oficinas territoriales, nacionales y regionales y de otros organismos, apoyando asimismo a las asociaciones regionales de la propiedad intelectual que se encargan de la aplicación y tutela de los citados derechos, incluida la formación del personal;
b) celebración de acuerdos cuya finalidad sea la protección de las marcas e indicaciones del origen geográfico para los productos de especial interés.
5. La Comunidad contribuirá a los esfuerzos de los PTU en materia de normalización y certificación para promover sistemas compatibles entre la Comunidad y los PTU. La cooperación incluirá, en particular:
a) las medidas destinadas a potenciar una mayor utilización de la reglamentación y normas técnicas internacionales y de los procedimientos de evaluación de la conformidad, incluso las medidas sectoriales específicas, tomando en consideración el nivel de desarrollo económico de los PTU;
b) la cooperación en cuanto a la gestión y garantía de calidad en sectores seleccionados importantes para los PTU;
c) el apoyo a las iniciativas de los PTU para desarrollar capacidades en materia de evaluación de la conformidad, metrología y normalización;
d) el desarrollo de contactos entre las instituciones de la Comunidad y de los PTU en el ámbito de la normalización, la evaluación de la conformidad y la certificación.
6. La Comunidad contribuirá a reforzar la cooperación con los PTU en el ámbito de las medidas sanitarias y fitosanitarias con el fin de desarrollar las capacidades de los sectores público y privado en la materia.
7. De conformidad con los principios de Río, la Comunidad contribuirá a reforzar la cooperación con los PTU para procurar que las políticas comerciales y medioambientales sean complementarias. La cooperación estará principalmente destinada a:
a) establecer políticas territoriales, nacionales, regionales e internacionales coherentes;
b) reforzar los controles de calidad de bienes y servicios desde el punto de vista de la protección del medio ambiente;
c) fomentar los métodos de producción respetuosos del medio ambiente en los sectores oportunos.
8. La Comunidad cooperará con los PTU en el ámbito de la normativa laboral. La cooperación en este campo podrá referirse, en particular, a los aspectos siguientes:
a) intercambio de información sobre las respectivas legislaciones y normativas laborales;
b) asistencia para la elaboración de un Derecho laboral y la consolidación de la legislación existente;
c) programas escolares y de sensibilización destinados a eliminar el trabajo infantil;
d) respeto de la aplicación de la legislación y reglamentación laborales.
9. En lo referente a la política de los consumidores y de protección de su salud, la Comunidad cooperará con los PTU para:
a) reforzar la capacidad institucional y técnica en este ámbito;
b) crear sistemas de alerta rápida y de información mutua sobre productos peligrosos;
c) intercambiar informaciones y experiencias sobre la creación y funcionamiento de sistemas de vigilancia de los productos comercializados y la seguridad de los productos;
d) informar mejor a los consumidores sobre los precios y características de los productos y servicios que se ofrecen;
e) fomentar el desarrollo de asociaciones de consumidores y los contactos entre representantes de organizaciones de consumidores;
f) mejorar la compatibilidad de las políticas y sistemas en beneficio de los consumidores;
g) informar de la entrada en vigor de la legislación y promover la cooperación en encuestas sobre prácticas comerciales peligrosas o injustas;
h) aplicar la prohibición de exportación de bienes y servicios cuya comercialización haya sido prohibida en el país de producción.
10. La Comunidad respaldará los esfuerzos desplegados por los agentes públicos y privados de los PTU en el ámbito de la tecnología de la información y las telecomunicaciones con el fin de:
a) modernizar la infraestructura de telecomunicaciones, los servicios de transmisión de datos, las aplicaciones de teletratamiento de datos y proyectos de aplicaciones telemáticas (PAT);
b) desarrollar y mejorar los servicios y las capacidades humanas necesarias para la realización de la sociedad de la información, e integrar dichos servicios del mejor modo posible en un contexto regional;
c) mejorar la información sobre oportunidades económicas y los intercambios de experiencias y competencias especiales;
d) proporcionar mejor información a los usuarios de tales recursos;
e) explotar el potencial de este sector de manera óptima y sostenible;
f) incrementar el uso de tecnologías de comunicaciones y de la información en el ámbito de la enseñanza, incluida la formación a distancia;
g) fomentar el comercio electrónico y la cooperación económica;
h) mejorar y modernizar las redes sanitarias mediante la creación de enlaces entre hospitales, el empleo del telediagnóstico y la creación de bases de datos conjuntas;
i) desarrollar el acceso multimedios a los recursos culturales y turísticos;
j) mejorar y aumentar el uso de tecnologías de la información y de comunicaciones en la industria y para la innovación.
Artículo 15
Sectores sociales
En el contexto de las estrategias de desarrollo de cada PTU, la Comunidad contribuirá a las acciones destinadas al desarrollo humano y social. En particular, la cooperación podrá aplicarse al apoyo de programas de los sectores que se indican a continuación:
a) refuerzo de la política e instituciones de enseñanza (edificios y materiales); formación lingüística y formación de profesores, enseñanza primaria, secundaria y formación profesional, enseñanza superior (incluso actividades destinadas a sectores específicos, como puede ser la formación agrícola), en el sector correspondiente.
En el sector de la enseñanza, deberá mejorarse prioritariamente el acceso a la enseñanza básica y a la mejora de la calidad de ésta, construyendo más escuelas, renovando las aulas de clase existentes y proporcionando material de enseñanza, formando al profesorado y otorgando becas de estudios a los estudiantes carentes de recursos;
b) actividades relacionadas con reformas en el sector de la sanidad, consolidación de la política e instituciones sanitarias; educación, formación e investigación médicas, infraestructuras sanitarias; HIV/SIDA.
En el ámbito de la sanidad, los proyectos deberán contribuir a garantizar los servicios de atención primaria y preventiva, especialmente en materia de planificación familiar y de salud materna e infantil, etc.;
c) política demográfica y de planificación familiar, asistencia sanitaria materno- infantil, incluido el apoyo a los proyectos de formación y desarrollo personal de la próxima generación;
d) refuerzo de la eficacia de las políticas preventivas relativas a la producción, distribución y tráfico de todo tipo de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas; prevención y lucha contra la toxicomanía, teniendo en cuenta los trabajos realizados en este ámbito por los organismos internacionales.
La cooperación se centrará en los aspectos siguientes:
i) formación, educación, política en favor de la salud y rehabilitación de los toxicómanos, incluidos los proyectos de reinserción de toxicómanos en el mundo laboral y en la sociedad,
ii) medidas destinadas a promover actividades económicas alternativas, tales como programas de reconversión de las regiones de producción ilícita de plantas de las que se extraen los estupefacientes, combinadas con medidas represivas eficaces,
iii) ayuda técnica, financiera y administrativa para el control del comercio de sustancias precursoras de drogas y para la adopción de normas equivalentes a las adoptadas por la Comunidad y los organismos internacionales pertinentes,
iv) ayuda técnica, financiera y administrativa en materia de prevención, tratamiento y lucha contra las toxicomanías,
v) asistencia técnica y de formación, así como para la adopción de normas destinadas a prevenir el blanqueo de dinero equivalentes a las adoptadas por la Comunidad y los otros organismos internacionales pertinentes y, en particular, por el ex Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales,
vi) intercambio de informaciones útiles para la aplicación de las letras a) a d);
e) política de aguas y consolidación de las instituciones pertinentes; protección de los recursos hídricos; gestión de residuos (el agua para usos agrícolas y energéticos se tratará en los sectores correspondientes), etc.
Por lo que se refiere al sector de distribución y saneamiento de aguas, el objetivo será proporcionar estos servicios en zonas insuficientemente servidas. La financiación destinada a promover el acceso a los servicios de distribución y saneamiento para obtener agua potable, contribuirá directamente al desarrollo de los recursos humanos al mejorar su estado de salud y, por consiguiente, aumentará la productividad de las personas que no tienen todavía acceso a estos servicios; persiste la necesidad de ampliar los servicios básicos en materia de recursos hídricos, su saneamiento y transporte a las poblaciones urbanas y rurales, y debe examinarse desde el punto de vista de su viabilidad con relación al medio ambiente;
f) la Comunidad cooperará con los PTU en la conservación, explotación y gestión sostenibles de su biodiversidad, teniendo en cuenta el Plan de acción comunitario sobre biodiversidad.
La cooperación en este ámbito podrá destinarse, en particular, a:
i) apoyar la elaboración y actualización de estrategias y planes de acción relacionados con la biodiversidad,
ii) facilitar la creación de mecanismos territoriales, regionales y subregionales para el intercambio de información, así como de control y evaluación de los progresos realizados en la aplicación de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB)(7),
iii) desarrollar y mantener bases de datos actualizadas sobre la biodiversidad de los PTU,
iv) aplicar medidas adecuadas sobre el acceso a los recursos genéticos,
v) promover la celebración de acuerdos con el sector privado condicionados a que la población local pueda realmente beneficiarse de las repercusiones económicas de dichos acuerdos y que la utilización de los recursos genéticos no afecte a la protección y conservación de la biodiversidad,
vi) ayudar a los PTU a participar activamente en el proceso de elaboración de políticas y, cuando proceda, en las negociaciones en el marco de la CDB;
g) proyectos y programas de vivienda y desarrollo urbano integrado.
Por lo que respecta al desarrollo urbano, los esfuerzos deberán concentrarse en la construcción y rehabilitación de carreteras y otras infraestructuras de base, en particular, las viviendas de alquiler a precios módicos.
Artículo 16
Cooperación e integración regionales
La cooperación proporcionará una ayuda eficaz para lograr los objetivos y prioridades determinados por las autoridades competentes de los PTU en el marco de la cooperación e integración regionales y subregionales:
1) La cooperación regional se referirá a las acciones acordadas entre:
a) dos o más PTU;
b) uno o más PTU con uno o más Estados vecinos, ya sean ACP o no;
c) uno o más PTU con uno o más Estados ACP, así como con una o más de las regiones ultraperiféricas contempladas en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado (Guadalupe, Guyana, Martinica, Reunión, Islas Canarias, Azores y Madeira);
d) varios organismos regionales de los que formen parte los PTU;
e) uno o más PTU y organismos regionales de los que formen parte los PTU, los Estados ACP o las regiones ultraperiféricas.
2) En este contexto, la cooperación regional estará destinada a:
a) favorecer la integración gradual de los PTU en la economía mundial y regional;
b) acelerar la cooperación y el desarrollo económicos, tanto en el interior de los PTU como entre las regiones de los PTU y los Estados ACP;
c) fomentar la libre circulación de las personas, bienes, servicios, capitales, trabajadores y tecnología;
d) acelerar la diversificación de las economías, así como la coordinación y la armonización de las políticas regionales y subregionales de cooperación y;
e) promover y desarrollar el comercio en el interior de los PTU y entre sí, así como con las regiones ultraperiféricas, los Estados ACP u otros terceros países.
3) Por lo que se refiere a la integración regional, sus objetivos serán:
a) desarrollar y reforzar la capacidad de las instituciones y organismos de cooperación e integración regionales para promover la cooperación e integración regionales;
b) favorecer que los PTU menos desarrollados participen en la creación de mercados regionales y se beneficien de ellos;
c) aplicar las políticas de reforma sectorial a escala regional;
d) liberalizar los intercambios y los pagos;
e) fomentar las inversiones transfronterizas, tanto extranjeras como nacionales, y otras iniciativas de integración económica regional o subregional; y
f) tener en cuenta los costes transitorios netos de la integración regional sobre los recursos presupuestarios y sobre la balanza de pagos.
4) La cooperación regional cubrirá una amplia gama de funciones y temas que se refieren a problemas comunes y permiten explotar las economías de escala, especialmente en cuanto a:
a) infraestructuras, en particular, las infraestructuras de transporte y comunicaciones, incluidos los problemas de seguridad vinculados a las mismas y energía;
b) medio ambiente, gestión de los recursos acuíferos;
c) sanidad, educación y formación;
d) investigación y cooperación científicas y técnicas;
e) iniciativas regionales destinadas a la preparación ante las catástrofes y atenuar sus efectos;
f) así como las iniciativas en otros ámbitos tales como la limitación de armamentos, la lucha contra la droga, la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, el fraude y la corrupción.
5) La cooperación apoyará asimismo proyectos e iniciativas de cooperación interregional, intra-PTU e intra-ACP.
Artículo 17
Cooperación cultural y social
La cooperación contribuirá al desarrollo autónomo de los PTU, centrado en las propias personas y con sus raíces en la cultura de cada pueblo. La dimensión humana y cultural deberá impregnar todos los sectores y reflejarse en todo proyecto o programa de desarrollo. La cooperación apoyará las políticas y medidas adoptadas por las autoridades competentes de los PTU para valorizar sus recursos humanos, incrementar sus capacidades propias de creación y promover su identidad cultural. Favorecerá asimismo la participación de la población en el proceso de desarrollo.
Esta cooperación se ejercerá principalmente:
- teniendo en cuenta la dimensión cultural y social,
- fomentando las identidades culturales y el diálogo intercultural, en particular en lo que se refiere a la protección del patrimonio cultural, la producción y difusión de bienes culturales, las manifestaciones culturales, la información y la comunicación,
- mediante acciones de valorización de los recursos humanos, especialmente en materia de educación y formación, cooperación científica y técnica, el papel de las mujeres en el desarrollo, la sanidad y la lucha contra las toxicomanías, así como acciones relativas a la población y a la demografía.
TERCERA PARTE
INSTRUMENTOS DE LA COOPERACIÓN PTU-CE
TÍTULO I
COOPERACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 18
Objetivos
La cooperación para la financiación del desarrollo, mediante la concesión de medios de financiación suficientes y, en su caso, de una asistencia técnica adecuada, tendrá como objetivos:
a) apoyar y favorecer los esfuerzos de los propios PTU para garantizar de forma duradera su desarrollo económico, social y cultural sobre la base del interés recíproco y con un espíritu de interdependencia;
b) contribuir a mejorar el nivel de vida de la población de los PTU;
c) promover las medidas idóneas para movilizar la capacidad de iniciativa de las colectividades, agrupaciones, asociaciones y personas, así como su participación en la concepción y ejecución de los programas de desarrollo;
d) contribuir, en la perspectiva de la reducción de la pobreza, a que la población participe de la manera más amplia posible de los beneficios del desarrollo;
e) contribuir a desarrollar la capacidad de los PTU para innovar, adaptar y transformar las tecnologías locales y dominar las nuevas tecnologías pertinentes;
f) respaldar los esfuerzos de los PTU por conseguir la diversificación económica, entre otros medios contribuyendo a la prospección, conservación, transformación y explotación sostenibles de sus recursos naturales;
g) apoyar y promover el desarrollo óptimo de los recursos humanos en los PTU;
h) favorecer el incremento de los flujos financieros destinados a los PTU, que respondan a la evolución de las necesidades de los PTU, y apoyar los esfuerzos de los PTU para armonizar la cooperación internacional en beneficio de su desarrollo mediante operaciones de cofinanciación con otras instituciones de financiación o con terceros;
i) fomentar la inversión privada directa en los PTU, apoyar el desarrollo en los PTU de un sector privado sano, próspero y dinámico y promover los flujos de inversión privada local, nacional y extranjera en los sectores productivos de los PTU;
j) favorecer la cooperación, la solidaridad y la integración regional entre los PTU y entre los PTU y los Estados ACP;
k) hacer posible el establecimiento de relaciones económicas y sociales más equilibradas y la instauración de una mejor comprensión entre los PTU, los Estados ACP, los Estados miembros y el resto del mundo para lograr una mejor integración de los PTU en la economía mundial;
l) hacer posible que se beneficien de ayudas de emergencia los PTU que se enfrenten a dificultades económicas y sociales graves, de carácter excepcional, a consecuencia de catástrofes naturales o circunstancias extraordinarias de efectos similares;
m) ayudar a los PTU menos desarrollados a superar los obstáculos específicos que frenan sus esfuerzos de desarrollo.
Artículo 19
Principios
1. La cooperación para la financiación del desarrollo se basará en la mancomunidad, complementariedad y subsidiariedad y deberá:
a) llevarse a cabo, de conformidad con las estrategias de asociación y desarrollo adoptadas con arreglo al artículo 4, teniendo debidamente en cuenta las características geográficas, sociales y culturales respectivas de los PTU, así como sus potencialidades específicas;
b) garantizar que las aportaciones de recursos se realicen de manera previsible y regular;
c) ser flexible y se adaptará a la situación de cada PTU.
2. Los Estados miembros cooperarán con la Comisión para garantizar la correcta gestión financiera en la utilización de fondos comunitarios.
3. Aplicando un planteamiento de mancomunidad, las acciones comunitarias se aprobarán en el marco de una estrecha concertación entre la Comisión, las autoridades del PTU correspondientes y el Estado con el que mantenga relaciones especiales; esta mancomunidad se desarrollará respetando plenamente las competencias institucionales, jurídicas y financieras respectivas de cada una de las partes.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 25, las contribuciones de la Comunidad y de los Estados miembros serán complementarias.
5. En virtud del principio de subsidiariedad, la ejecución de las intervenciones será responsabilidad de las autoridades del PTU interesado, sin perjuicio de las competencias de la Comisión destinadas a garantizar la buena gestión financiera en la utilización de fondos comunitarios.
Artículo 20
Documento único de programación
1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 4, las autoridades de los PTU, la Comisión y el Estado miembro del que dependan los PTU determinarán de manera concertada la estrategia y los objetivos prioritarios en que se basará el documento único de programación (denominado en lo sucesivo DOCUP).
2. Corresponderá a las autoridades de los PTU:
a) definir sus prioridades en las que deberá basarse la estrategia de cooperación;
b) en el contexto de una programación sectorial, identificar los proyectos y programas y definir las medidas complementarias que garanticen la durabilidad y viabilidad de las acciones que se emprendan;
c) preparar la documentación de los proyectos y programas;
d) preparar, negociar y celebrar los contratos;
e) ejecutar y administrar los proyectos y programas;
f) mantener los proyectos y programas y garantizar su durabilidad.
3. Las autoridades competentes de los PTU y la Comisión compartirán la responsabilidad de:
a) aprobar el DOCUP;
b) asegurarse de la igualdad de las condiciones de participación en las licitaciones y contratos;
c) seguir y evaluar los efectos y resultados de los proyectos y programas;
d) garantizar una ejecución adecuada, rápida y eficaz de los proyectos y programas.
4. Corresponderá a la Comisión adoptar las decisiones de financiación de la asignación global correspondiente al DOCUP, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 24.
5. Salvo que la presente Decisión disponga lo contrario, toda decisión que requiera la aprobación de una de las partes de la asociación quedará aprobada o se considerará aprobada en el plazo de seis meses a partir de la notificación hecha por la otra parte.
Artículo 21
Ámbito de aplicación
En el marco de la estrategia y los ejes prioritarios definidos por el PTU interesado, tanto a escala territorial como regional, se podrá prestar apoyo financiero a las iniciativas que contribuyan a la consecución de los objetivos definidos en la presente Decisión.
El ámbito de aplicación podrá abarcar, en particular, apoyo para las acciones siguientes:
a) políticas y reformas sectoriales, así como proyectos compatibles con las mismas;
b) desarrollo de las instituciones, refuerzo de su capacidad e integración de los aspectos medioambientales;
c) programas de cooperación técnica;
d) ayuda humanitaria y acciones de urgencia;
e) apoyo adicional en caso de fluctuación de los ingresos presupuestarios procedentes de los productos y servicios de exportación.
Artículo 22
Requisitos para la financiación
1. Se beneficiarán de apoyo financiero en virtud de la presente Decisión las entidades u organismos siguientes:
a) los PTU;
b) los organismos regionales o interestatales de los que formen parte uno o más PTU y que estén facultados para ello por las autoridades competentes de éstos;
c) los organismos mixtos creados por la Comunidad y los PTU para alcanzar determinados objetivos específicos.
2. Se beneficiarán también de apoyo financiero, previo acuerdo de las autoridades competentes del o los PTU de que se trate:
a) los organismos públicos o semipúblicos locales, nacionales o regionales, los entes locales de los PTU y, en particular, las instituciones financieras y los bancos de desarrollo;
b) las sociedades y empresas de los PTU y de grupos regionales;
c) las empresas de un Estado miembro que puedan, como complemento de su propia contribución, emprender proyectos productivos en el territorio de un PTU;
d) los intermediarios financieros de los PTU o de la Comunidad que fomenten y financien las inversiones privadas en los PTU;
e) los agentes de la cooperación descentralizada y otros interlocutores no estatales de los PTU y de la Comunidad, con objeto de que puedan emprender proyectos y programas económicos, culturales, sociales y educativos en los PTU en el contexto de la cooperación descentralizada contemplada en el artículo 29.
Artículo 23
Programación y ejecución
Dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Decisión, la Comisión, en cooperación con los PTU de conformidad con el artículo 7 y con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 24, adoptará las medidas necesarias para aplicar la presente parte así como los anexos II A a II D.
Apoyará el pleno aprovechamiento por parte de los PTU de los instrumentos establecidos en la presente Decisión, especialmente de las medidas comerciales y financieras, facilitando las orientaciones y la información pertinentes en un plazo de 12 meses a partir de su entrada en vigor.
Tales medidas incluirán, en particular:
a) las modalidades de elaboración del DOCUP y sus elementos esenciales;
b) las modalidades y criterios de control, auditoría, evaluación previa, intermedia y posterior y revisión del DOCUP y de su ejecución, incluso en lo que respecta a la participación de la Comisión en estas actividades;
c) la elaboración de informes periódicos y de otros informes que puedan requerirse;
d) normas detalladas para las correcciones financieras a que se refiere el artículo 32.
Los procedimientos financieros y contables se especificarán en el Reglamento financiero del 9o FED.
Artículo 24
Comité FED-PTU
1. La Comisión estará asistida, cuando sea necesario, por el Comité creado en virtud del Acuerdo interno denominado en el presente artículo Comité.
2. Cuando el Comité ejerza las competencias que le atribuye la presente Decisión, se denominará "Comité del FED-PTU". El Reglamento interno del Comité creado por el Acuerdo interno se aplicará al Comité del FED-PTU.
3. El Comité concentrará sus tareas en las cuestiones de fondo de la cooperación para el desarrollo organizada a nivel de los PTU y de las regiones. Por razones de coherencia, coordinación y complementariedad, controlará la ejecución de los DOCUP.
4. El Comité del FED-PTU emitirá su dictamen sobre:
a) los proyectos de DOCUP así como sus eventuales modificaciones;
b) las medidas necesarias para la aplicación de la presente parte, así como de los anexos II A a II D.
5. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que determinará el presidente. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el apartado 4 del artículo 21 del Acuerdo interno. Los votos de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la forma establecida en el apartado 3 del citado artículo. El presidente no tomará parte en la votación.
6. La Comisión adoptará las medidas que sean de aplicación inmediata. No obstante, si tales medidas no son conformes al dictamen emitido por el Comité, la Comisión las comunicará inmediatamente al Consejo. En este caso, la Comisión podrá aplazar la aplicación de las medidas que haya acordado durante un plazo que en ningún caso será superior a tres meses a partir del día de dicha comunicación.
7. El Consejo, por mayoría y con arreglo a la ponderación de votos prevista en el apartado 5, podrá tomar una decisión diferente dentro del plazo previsto en el apartado 6.
8. La Comisión informará al Comité del seguimiento, evaluación y auditorías de los DOCUP.
Capítulo 2
Recursos puestos a disposición de los PTU
Artículo 25
Aportación financiera
1. El importe global de las aportaciones financieras de la Comunidad para los fines expuestos en el capítulo primero, su distribución, las modalidades y las condiciones de financiación y de utilización de la ayuda para el período comprendido entre 2000 y 2007 figuran en los anexos II A a II D y en el capítulo 3 de la presente Decisión, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar la Comisión.
Las ayudas financieras en virtud de la Decisión podrán cubrir la totalidad de los gastos locales y exteriores de los proyectos y programas, incluida la financiación de los gastos recurrentes.
2. Además, los PTU podrán optar a las prestaciones financieras previstas en los reglamentos vigentes para los países en desarrollo que se enumeran en el anexo II E, así como en los programas comunitarios enumerados en el anexo II F.
Capítulo 3
Apoyo a las inversiones del sector privado
Artículo 26
Promoción de las inversiones
Reconociendo la importancia de las inversiones privadas para el fomento de su cooperación al desarrollo y la necesidad de adoptar medidas para estimular y proteger esas inversiones, las autoridades competentes de los PTU, de los Estados miembros y de la Comunidad:
a) aplicarán medidas para fomentar la participación en sus esfuerzos de desarrollo de los inversores privados que se ajusten a los objetivos y las prioridades de la cooperación al desarrollo PTU-CE y que cumplan las leyes y reglamentaciones pertinentes;
b) concederán un trato justo y equitativo a dichos inversores;
c) adoptarán las medidas y disposiciones oportunas para crear y mantener un clima de inversión previsible y seguro y negociarán acuerdos para mejorarlo;
d) favorecerán una cooperación eficaz entre los operadores económicos de los PTU y entre estos últimos y los operadores de la Comunidad con objeto de incrementar los flujos de capital, las competencias de gestión, las tecnologías y otros tipos de conocimientos técnicos;
e) procurarán favorecer el incremento de los flujos financieros privados entre la Comunidad y los PTU contribuyendo, en particular, a la eliminación de los obstáculos que frenan el acceso de los operadores de los PTU a los mercados de capitales internacionales, incluidos los de la Comunidad;
f) crearán un entorno que favorezca el desarrollo de las instituciones financieras y la movilización de los recursos indispensables para la formación de capital y la expansión del espíritu de empresa;
g) estimularán el desarrollo de las empresas adoptando las medidas que se consideren necesarias para mejorar el entorno empresarial y, en particular, para establecer un marco jurídico, administrativo y financiero que favorezca la aparición y el desarrollo de un sector privado dinámico, incluidas empresas básicas;
h) reforzarán la capacidad de las instituciones locales de los PTU para ofrecer una gama de servicios que puedan incrementar la participación local en la actividad industrial y comercial.
Artículo 27
Apoyo y financiación de las inversiones
La cooperación proporcionará recursos financieros a largo plazo para contribuir a la promoción del crecimiento del sector privado y movilizar capitales nacionales y extranjeros destinados a ese fin. A tal efecto, la cooperación facilitará en particular:
a) subvenciones para la asistencia financiera y técnica destinada a apoyar el desarrollo de los recursos humanos, el desarrollo de las capacidades institucionales u otras formas de ayuda institucional vinculadas a una inversión concreta; medidas destinadas a aumentar la competitividad de las empresas y reforzar las capacidades de los intermediarios financieros y no financieros del sector privado; simplificación y promoción de las inversiones, actividades de mejora de la competitividad;
b) los servicios de asesoría y consulta para ayudar a crear un clima favorable a la inversión y una base de informaciones para orientar e incentivar los flujos de capital;
c) ayudas reembolsables financiadas a través del instrumento de ayuda a la inversión contemplado en el anexo II C;
d) préstamos sobre los recursos propios del Banco Europeo de Inversiones.
Las condiciones aplicables al instrumento de ayuda a la inversión y a los préstamos contemplados más arriba se especifican en los anexos II B y II C, respectivamente.
Capítulo 4
Apoyo adicional en caso de fluctuaciones de los ingresos de exportación
Artículo 28
Apoyo adicional
1. En el marco de la dotación financiera contemplada en el anexo II A, se dispondrá un apoyo adicional para mitigar los efectos negativos de las fluctuaciones a corto plazo en los ingresos de exportación, en especial en los sectores agrícola y minero, que pudieran comprometer la consecución de los objetivos de desarrollo de los PTU contemplados en el anexo II A.
2. La finalidad del apoyo en caso de fluctuaciones a corto plazo de los ingresos de exportación es salvaguardar las reformas y políticas macroeconómicas y sectoriales que corren el riesgo de verse comprometidas por un descenso de los ingresos y contrarrestar los efectos nefastos de la inestabilidad de los ingresos de exportación provenientes, en particular, de los productos agrícolas y mineros.
3. La dependencia de las economías de los PTU de las exportaciones, en especial las provenientes de los sectores agrícola y minero, se tendrá en cuenta al asignar los recursos de la dotación financiera contemplada en el anexo II D, otorgándose un tratamiento más favorable a los países menos avanzados.
4. Los recursos adicionales se pondrán a disposición con arreglo a las modalidades específicas del sistema de apoyo previstas en el anexo II D.
5. La Comunidad prestará su apoyo igualmente a los regímenes de seguro comercial destinados a los PTU que desean protegerse de las fluctuaciones de los ingresos de exportación.
Capítulo 5
Apoyo a los otros protagonistas de la cooperación
Artículo 29
Objetivos y financiación
1. Para responder a las necesidades de los entes locales en materia de desarrollo y animar a todos los protagonistas de la cooperación descentralizada que puedan aportar su contribución al desarrollo autónomo de los PTU a que propongan y pongan en práctica iniciativas, la cooperación PTU-CE apoyará esas medidas de desarrollo dentro de los límites fijados por los PTU afectados y por los Estados miembros con los que mantengan relaciones especiales esos PTU y en el marco de las disposiciones del DOCUP.
2. En este contexto, se prestará ayuda financiera a proyectos descentralizados y microproyectos, con arreglo a lo siguiente:
a) los operadores de la cooperación que podrán beneficiarse de una ayuda financiera de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo serán los agentes de la cooperación descentralizada de la Comunidad, de los PTU o de otros países en desarrollo, a saber: poderes públicos locales, organizaciones no gubernamentales, agrupaciones profesionales y grupos de iniciativas locales, cooperativas, sindicatos, organizaciones de mujeres o de jóvenes, instituciones de enseñanza y de investigación, iglesias y todas las asociaciones no gubernamentales que puedan aportar su contribución al desarrollo.
Esta forma de cooperación permitirá movilizar las competencias, los métodos de acción innovadores y los recursos de los actores de la cooperación descentralizada a favor del desarrollo de los PTU. A la hora de prestar apoyo se tendrán en especial consideración las acciones conjuntas de la Comunidad, los PTU y otros países en desarrollo;
b) los microproyectos a escala local deberán tener una repercusión económica y social sobre la vida de la población, que respondan a una necesidad prioritaria manifiesta y comprobada y ponerse en práctica por iniciativa y con la participación del ente local beneficiario.
3. Los proyectos o programas pertenecientes a esta forma de cooperación podrán ser un medio de alcanzar los objetivos específicos inscritos en el DOCUP o los resultantes de iniciativas de los entes locales o de protagonistas de la cooperación descentralizada.
4. La ayuda proporcionada a tenor del presente capítulo será adicional o, en caso necesario, complementaria respecto de lo dispuesto en el anexo II E.
5. La financiación de los microproyectos y de la cooperación descentralizada estará garantizada en parte por subvenciones, cuya contribución en principio no podrá ser superior a las tres cuartas partes del coste total de cada proyecto. El resto se financiará:
a) en el caso de los microproyectos, por el ente local interesado, en forma de contribuciones en especie, de prestaciones de servicios o en efectivo, en función de sus posibilidades, o
b) en el caso de la cooperación descentralizada, por sus protagonistas, a condición de que los recursos financieros, técnicos, materiales o de otro tipo que dichos protagonistas pongan a disposición de la iniciativa no sean, por norma general, inferiores al 25 % del coste estimado del proyecto o del programa; y
c) por lo que se refiere a la vez a microproyectos y cooperación descentralizada, excepcionalmente, por el PTU afectado, bien en forma de contribución financiera, bien mediante la utilización de equipamientos públicos o la prestación de servicios.
Los procedimientos aplicables a los proyectos y programas financiados en el marco de los microproyectos o de la cooperación descentralizada serán los que se definen en la presente Decisión, en particular en el marco de las disposiciones de ejecución del DOCUP.
Capítulo 6
Apoyo a la ayuda humanitaria y a las ayudas de emergencia
Artículo 30
Objetivos y medios
1. La ayuda humanitaria y las ayudas de emergencia se concederán a la población de los PTU que se enfrente a dificultades económicas y sociales graves, de carácter excepcional, a consecuencia de catástrofes naturales o de circunstancias extraordinarias de efectos comparables. La ayuda humanitaria y las ayudas de emergencia se mantendrán durante tanto tiempo como sea necesario para tratar los problemas urgentes derivados de esas situaciones.
La ayuda humanitaria y las ayudas de emergencia se concederán exclusivamente en función de las necesidades y los intereses de las víctimas de catástrofes.
2. La ayuda humanitaria y de emergencia se destinará a:
a) salvar las vidas humanas en las situaciones de crisis y tras las crisis causadas por catástrofes naturales o circunstancias extraordinarias de efectos similares;
b) contribuir a la financiación y el envío de la ayuda humanitaria, así como al acceso directo a dicha ayuda por parte de sus destinatarios, utilizando todos los medios logísticos disponibles;
c) poner en marcha medidas de rehabilitación a corto plazo y de reconstrucción para crear tan rápidamente como sea posible las condiciones necesarias para la integración o la reintegración de los grupos de población afectados;
d) responder a las necesidades generadas por el desplazamiento de personas como refugiados, personas desplazadas y repatriadas, a consecuencia de catástrofes de origen natural o humano para satisfacer, mientras sea necesario, todas las necesidades de los refugiados y de las personas desplazadas (donde sea que se encuentren) y facilitar su reinstalación voluntaria;
e) ayudar a los PTU a crear o mejorar mecanismos de prevención y preparación ante las catástrofes naturales, incluidos sistemas de previsión y alerta rápida, con objeto de mitigar las consecuencias de las catástrofes.
3. Se podrán conceder ayudas similares a las descritas en el apartado 2 a los PTU que acojan a refugiados o repatriados para responder a necesidades acuciantes no previstas por las ayudas de emergencia.
4. Las ayudas previstas en el presente artículo se financiarán con cargo al presupuesto comunitario. Podrán también financiarse excepcionalmente. Además, como complemento de la línea presupuestaria en cuestión, podrán financiarse con cargo a las consignaciones establecidas en el anexo II A.
5. Las acciones de ayuda humanitaria y de ayuda de emergencia se iniciarán a petición del PTU afectado por la situación de crisis, por la Comisión, por el Estado miembro del que dependa el PTU o por organizaciones internacionales o bien organizaciones no gubernamentales locales o internacionales. Estas ayudas se administrarán y ejecutarán mediante procedimientos que permitan intervenciones rápidas, flexibles y eficaces. La Comisión adoptará las disposiciones necesarias para la aplicación de estos principios.
Capítulo 7
Procedimientos de aplicación
Artículo 31
Asistencia técnica
1. Por iniciativa o por cuenta de la Comisión se podrán financiar estudios o medidas de asistencia técnica para garantizar la preparación, el seguimiento, la evaluación y el control necesarios para aplicar la presente Decisión.
Estos estudios o medidas de asistencia técnica se financiarán mediante la asignación global a fondo perdido.
2. A iniciativa del PTU, se podrán financiar estudios o medidas de asistencia técnica para la ejecución de las acciones incluidas en el DOCUP, previo dictamen de la Comisión.
Estos estudios o medidas de asistencia técnica se financiarán mediante la dotación asignada al PTU interesado.
Artículo 32
Control financiero
1. El PTU afectado será responsable en primera instancia del control financiero de la intervención. Ejercerá esta responsabilidad, en su caso, en coordinación con el Estado miembro con el que mantenga relaciones especiales, según las disposiciones nacionales aplicables.
2. La Comisión tendrá la responsabilidad de:
a) asegurarse de la existencia y el buen funcionamiento en el PTU en cuestión de los sistemas de gestión y de control necesarios para que los fondos comunitarios se utilicen de manera regular y eficiente;
b) en caso de irregularidades, enviar recomendaciones o solicitar medidas correctivas para remediar las insuficiencias de gestión o corregir las irregularidades.
3. En virtud de acuerdos administrativos, la Comisión, el PTU y, en su caso, el Estado miembro del que dependa cooperarán en reuniones anuales o semestrales para coordinar los programas, la metodología y la ejecución de los controles efectuados.
4. Respecto de las rectificaciones financieras:
a) el PTU será el responsable en primera instancia de perseguir las irregularidades y aplicar las rectificaciones financieras;
b) no obstante, en caso de deficiencia por parte del PTU afectado, la Comisión intervendrá si este último no corrige las irregularidades y si fracasa la reunión de conciliación, para reducir o suprimir total o parcialmente el saldo de la asignación global correspondiente a la decisión de financiación del DOCUP.
Capítulo 8
Transición de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) precedentes al 9o FED
Artículo 33
Ejecución de los FED precedentes y fase de transición
1. Los compromisos correspondientes al 6o, 7o y 8o FED que hayan tenido lugar antes de la entrada en vigor de la presente Decisión continuarán rigiéndose por las normas aplicables a los citados FED.
Los recursos del 6o,7o y 8o FED asignados a los PTU antes de la entrada en vigor de la presente decisión continuarán atribuidos a los mismos. Dichos recursos continuarán usándose con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Decisión 91/482/CE, que continuará siendo aplicable a dichos efectos, hasta tanto entre en vigor el Acuerdo Interno por el que se establece el 9o FED.
Hasta tanto tenga lugar la entrada en vigor del 90, los agentes encargados de la gestión y la ejecución de los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), a saber, el ordenador principal del FED, el ordenador del PTU y el jefe de la delegación de la Comisión, seguirán haciéndose cargo de las tareas de gestión y de ejecución que les correspondían en virtud de la Decisión 91/482/CE.
2. Todos los remanentes de los FED anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo interno por el que se establece el 9o FED, así como todos los importes retirados tras esas fechas de los proyectos en curso a título de dichos Fondos, serán transferidos al 9o FED y utilizados con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Decisión.
Todos los recursos transferidos de esta forma al 9o FED tras haber sido previamente asignados al programa indicativo de un PTU o de una región, seguirán estando asignados a dicho PTU o a la cooperación regional.
Cualquier otro remanente que no haya sido asignado a un programa indicativo se sumará la cantidad no asignada del 9o FED. El importe global de la presente Decisión, más los remanentes transferidos de FED anteriores, cubrirán el período 2001-2007. Esta disposición se aplicará, en particular, a todo remanente que pueda existir de los importes globales contemplados en los artículos 118 y 142 de la Decisión 91/482/CEE, que se refieren, respectivamente, a la estabilidad de los ingresos de exportación de los productos agrícolas de base (STABEX) y al instrumento de financiación especial SYSMIN (Sistema de ayuda a las exportaciones mineras).
TÍTULO II
COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
Artículo 34
Objetivo
1. El objetivo de la cooperación económica y comercial serán el desarrollo económico y social de los PTU, en particular mediante el establecimiento de unas relaciones económicas estrechas entre los PTU y la Comunidad en su conjunto.
La puesta en práctica de esta cooperación deberá ser coherente con los objetivos de las otras políticas comunes.
2. Por lo demás, la Comunidad se compromete a respaldar la integración efectiva de los PTU en la economía mundial y el desarrollo de sus intercambios de bienes y servicios en los mercados regionales y mundiales.
Capítulo 1
Régimen de los intercambios de productos
Artículo 35
Libre acceso de los productos originarios
1. Los productos originarios de los PTU se importarán en la Comunidad libres de derechos de importación.
2. El concepto de productos originarios y los métodos de cooperación administrativa correspondientes a los mismos se definen en el anexo III.
Artículo 36
Transbordo de los productos no originarios en libre práctica en un PTU
1. Los productos no originarios de los PTU que se encuentren en libre práctica en un PTU y se reexporten sin transformar a la Comunidad podrán ser importados en la Comunidad libres de derechos de aduana y de exacciones de efecto equivalente siempre que:
a) hayan satisfecho en el PTU de que se trate derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente de un nivel igual o superior a los derechos de aduana aplicables en la Comunidad a la importación de los mismos productos originarios de terceros países beneficiarios de la cláusula de nación más favorecida;
b) no hayan sido objeto de exención o restitución, total o parcial, de los derechos de aduana o exacciones de efecto equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2;
c) vayan acompañados de un certificado de exportación.
2. Toda medida de ayuda financiera estatal de los PTU a los operadores del procedimiento de transbordo y que no se oponga a lo dispuesto en el apartado 1 podrá ser autorizada por la Comisión, con el propósito de propiciar los objetivos de la presente Decisión, previa solicitud debidamente justificada de las autoridades competentes del PTU interesado.
La solicitud deberá indicar en particular la naturaleza y el volumen previsto del comercio que vaya a beneficiarse de la ayuda.
La ayuda deberá adoptar la forma de una ayuda al transporte de mercancías puesta en libre práctica, incluyendo los costes legítimos inherentes al procedimiento de transbordo. Dicha ayuda no deberá provocar alteraciones graves ni dificultades, que puedan resultar en el deterioro de un sector económico de uno o más Estados miembros.
Las autoridades de los PTU podrán presentar alegaciones a la Comisión con el fin de proporcionar información complementaria en apoyo de sus solicitudes escritas.
Si así lo solicitan las autoridades de los PTU, se constituirá un grupo de trabajo sobre la mancomunidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 7, para que resuelva los problemas que puedan surgir en la administración del procedimiento de transbordo.
3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no se aplicarán:
a) a los productos agrarios enumerados en la lista del anexo I del Tratado ni a los productos incluidos en el Reglamento (CEE) n° 3448/93 del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas(8), excepto, des el 1 de febrero de 2002 y siempre y cuando la Comisión haya adoptado las necesarias medidas de aplicación:
A) a los productos de la pesca de los códigos SA 0303 31 10 00; 0304 20 95 10 y 0306 13 10 que se transborden a través de Groenlandia, en una cantidad anual de hasta 10000 toneladas;
B) de los códigos NC 0302 21 10, 0303 31 10, 0305 49 10, 0306 12 10, 0306 12 90, 0306 22 91, 0306 22 99, 0306 13 10, 0306 13 30, 0306 13 40, 0306 13 50, 0306 13 80, 0306 23 10, 0306 23 31, 0306 23 39, 0306 23 90 trasbordadas a través de San Pedro y Miquelón dentro del límite de una cantidad anual de 2000 toneladas.
b) a los productos cuya importación en la Comunidad esté sujeta a restricciones o limitaciones cuantitativas o a derechos antidumping.
4. Las condiciones de admisión en la Comunidad de los productos no originarios de los PTU que estén en libre práctica en un PTU y los métodos de cooperación administrativa correspondientes a dichos productos se definirán en el anexo IV.
Artículo 37
Comité
1. Para tratar de asuntos cubiertos por el artículo 36 la Comisión estará asistida por un comité.
2. Lo dispuesto en los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE será de aplicación al procedimiento del comité.
3. El comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 38
Restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente
1. La Comunidad no aplicará a la importación de los productos originarios de los PTU restricciones cuantitativas ni medidas de efecto equivalente.
2. Las disposiciones del apartado 1 no impedirán las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito que se justifiquen por razones de moralidad pública, de orden público, de protección de la salud y de la vida de las personas o los animales o de preservación de los vegetales, de protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional, de conservación de recursos naturales que se puedan agotar o de protección de la propiedad industrial y comercial.
Estas prohibiciones o restricciones no deberán constituir en ningún caso un medio de discriminación arbitrario ni una restricción encubierta del comercio en general.
Artículo 39
Residuos
1. La circulación de residuos entre los Estados miembros y los PTU estará sujeta a control de conformidad con el Derecho internacional y comunitario. La Comunidad respaldará la instauración y el desarrollo de una cooperación internacional eficaz en esta materia, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud pública.
2. La Comunidad prohibirá cualquier exportación directa o indirecta de residuos a los PTU, con excepción de las exportaciones de residuos no peligrosos destinados a operaciones de valorización, mientras que, simultáneamente, las autoridades de los PTU prohibirán la importación en su territorio, directa o indirecta, de los citados residuos, procedentes de la Comunidad o de cualquier otro país, sin perjuicio de los compromisos internacionales específicos contraídos o que puedan contraerse en el futuro en estos dos ámbitos en los foros internacionales competentes.
3. Por lo que respecta a la Comunidad, será de aplicación el Reglamento (CEE) n° 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1993, relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior, a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea(9).
4. Por lo que respecta a aquellos PTU que, debido a su estatuto constitucional, no sean parte en el Convenio de Basilea(10), sus autoridades competentes acelerarán la adopción de la legislación interna y de las disposiciones administrativas necesarias para aplicar lo dispuesto en dicho Convenio.
5. Además, los Estados miembros de que se trate fomentarán la adopción por parte de los PTU de la legislación interna y de las disposiciones administrativas necesarias para la aplicación de:
a) el Reglamento (CEE) n° 259/93:
i) artículo 13 en lo tocante al transporte de residuos en los PTU,
ii) artículo 18 en lo tocante a las exportaciones de residuos desde los PTU a los Estados ACP;
b) el Reglamento (CE) n° 1420/1999(11);
c) el Reglamento (CE) n° 1547/1999(12);
d) la Directiva 2000/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(13), a reserva de los plazos de incorporación establecidos en su artículo 16.
6. Por lo que respecta a las importaciones desde los PTU a la Comunidad de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos destinados a ser eliminados, serán de aplicación los artículos 1 a 12 y 25 a 39 del Reglamento (CEE) n° 259/93 y la Decisión de la Comisión 94/774/CE(14).
7. Uno o más PTU y el Estado miembro con el que esté vinculado podrán aplicar procedimientos nacionales a la exportación de residuos procedentes de dichos PTU hacia ese Estado miembro.
En tal caso, el Estado miembro de que se trate notificará a la Comisión la legislación aplicable, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Decisión o de cualquier norma legislativa nacional futura, incluidas las posibles modificaciones de tales normas.
Artículo 40
Medidas adoptadas por los PTU
1. Habida cuenta de las necesidades actuales de los PTU en materia de desarrollo, las autoridades competentes de dichos países podrán mantener o establecer, respecto de la importación de productos originarios de la Comunidad, los derechos de aduana o las restricciones cuantitativas que consideren necesarios.
2. a) El régimen de intercambios aplicado respecto de la Comunidad por los PTU no podrá dar lugar a ningún tipo de discriminación entre los Estados miembro ni ser menos favorable que el trato de nación más favorecida.
b) No obstante las disposiciones específicas de la presente Decisión, la Comunidad no ejercerá ninguna discriminación alguna entre los PTU en el ámbito comercial.
c) La aplicación de lo dispuesto en la letra a) no será un obstáculo para que un PTU conceda a determinados PTU o a otros países en desarrollo un régimen más favorable que el concedido a la Comunidad.
3. Las autoridades competentes de los PTU comunicarán a la Comisión, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión, los aranceles aduaneros y las restricciones cuantitativas que apliquen.
Comunicarán asimismo a la Comisión las modificaciones posteriores que se introduzcan en dichas medidas a medida que se produzcan.
Artículo 41
Cláusula de vigilancia
1. Los productos originarios de los PTU, a los que se refiere el artículo 35, o los productos no originarios de los PTU, a los que se refiere el artículo 36, podrán ser objeto de una vigilancia particular. La Comisión, previa consulta en el marco de la mancomunidad con las autoridades del PTU y del Estado miembro al que esté vinculado, decidirá a qué productos se aplicará esta vigilancia.
2. Será aplicable el artículo 308 quinquies del Reglamento (CEE) n° 2454/93 del Consejo, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario(15).
3. La Comisión y los PTU se asegurarán de la eficacia de esta vigilancia aplicando los métodos de cooperación administrativa definidos respectivamente en los anexos III y IV.
Artículo 42
Medidas de salvaguardia
1. Si la aplicación de la presente Decisión provoca perturbaciones graves en un sector de actividad económica de la Comunidad o de uno o varios Estados miembros o compromete su estabilidad financiera exterior, o si surgen problemas que puedan provocar el deterioro de un sector de actividad o de una región de la Comunidad, la Comisión, a petición de uno o más Estados miembros o por iniciativa propia, podrá adoptar las medidas de salvaguardia necesarias o autorizar la adopción de las mismas por los Estados miembros interesados, con arreglo a lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. A efectos de la aplicación del apartado 1, se deberán elegir prioritariamente las medidas que menos perturben el funcionamiento de la Asociación y de la Comunidad. El alcance de estas medidas no deberá ser superior al estrictamente indispensable para remediar los problemas que se hayan manifestado ni sobrepasar la retirada de las preferencias acordadas por la presente Decisión.
3. En caso de adopción o de modificación de las medidas de salvaguardia, los intereses de los PTU menos desarrollados serán objeto de una atención especial.
4. Las disposiciones del presente artículo no prejuzgan de los derechos y obligaciones de la Comunidad derivados de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), incluidas las que se refieren al Acuerdo de la OMC sobre salvaguardias(16). Tampoco son óbice para la aplicación de la reglamentación relativa a la organización común de los mercados agrícolas ni de las consiguientes disposiciones administrativas comunitarias o nacionales, así como la reglamentación específica adoptada a título del artículo 235 de Tratado aplicable a las mercancías procedentes de la transformación de productos agrícolas.
5. a) Si un Estado miembro solicita a la Comisión que se apliquen medidas de salvaguardia, la Comisión informará de ello al Consejo, a los Estados miembros y a las autoridades competentes de los PTU en un plazo de tres días laborables a partir de la recepción de la solicitud del Estado miembro, e invitará a las autoridades del PTU a que faciliten cualquier información que consideren importante en relación con la situación reinante.
b) Cuando la Comisión actúe por iniciativa propia, informará a los Estados miembros y a las autoridades de los PTU afectados tan pronto como sea posible.
c) Si las autoridades de los PTU así lo solicitan, y sin perjuicio de los plazos previstos en el presente artículo, se constituirá un grupo de trabajo sobre la mancomunidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 7. El resultado de los trabajos del grupo se comunicará al comité consultivo. En tal caso, el plazo mencionado en el apartado 9 se prorrogará en diez días laborables. La Comisión convocará al mismo tiempo a los Estados miembros a una reunión del comité contemplado en el artículo 43.
Los Estados miembros y los PTU facilitarán a la Comisión las informaciones necesarias para justificar sus solicitudes de aplicación o de no aplicación de medidas de salvaguardia.
6. La Comisión notificará inmediatamente a los Estados miembros y a las autoridades de los PTU acerca de la decisión de tomar medidas de salvaguardia. La decisión será aplicable inmediatamente.
7. Cualquier Estado miembro podrá apelar ante el Consejo la decisión adoptada por la Comisión a que se refiere el apartado 6 en el plazo de diez días laborables a partir del día en que se comunique dicha decisión.
8. Si la Comisión no hubiera adoptado una decisión o hubiera desestimado la reclamación en un plazo de veintiún días laborables, o si la Comisión decide que no procede aplicar medidas de salvaguardia, cualquier Estado miembro que hubiera apelado a la Comisión podrá apelar al Consejo.
9. En los supuestos citados en los apartados 7 y 8, el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, podrá adoptar una decisión distinta en un plazo de veintiún días laborables.
Artículo 43
Comité
1. Para tratar de asuntos cubiertos por el artículo 42 la Comisión estará asistida por un comité.
2. Lo dispuesto en los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE será de aplicación al procedimiento del comité.
3. El comité aprobará su Reglamento interno.
Capítulo 2
Intercambio de servicios y régimen de establecimiento
Artículo 44
Objetivo general
El objetivo que se deberá alcanzar a largo plazo en este ámbito es la liberalización progresiva de los intercambios de servicios, respetando los objetivos de las políticas locales de los PTU y teniendo debidamente en cuenta su nivel de desarrollo, así como las obligaciones asumidas en el marco de la OMC por la Comunidad, sus Estados miembros y, si procede, los PTU.
Artículo 45
Principios generales relativos al establecimiento y a la prestación de servicios
1. A efectos del presente artículo se entenderá por:
a) "sociedades o empresas" las sociedades o empresas de derecho civil o mercantil, incluidas las sociedades públicas u otras, las cooperativas y cualquier otra persona jurídica y asociación de derecho público o privado, con excepción de las sociedades con fines no lucrativos.
"Las sociedades o empresas de los Estados miembros" serán las constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tengan su sede social, su administración central y su centro de actividad principal en un Estado miembro; no obstante, en el caso de que sólo su sede social esté en un Estado miembro, su actividad deberá mantener un vínculo efectivo y continuo con la economía de dicho Estado miembro.
"Las sociedades o empresas de los PTU" serán las constituidas de conformidad con la legislación aplicable en el PTU de que se trate y que tengan en dicho PTU su sede social, su administración central o su centro de actividad principal; no obstante, en el caso de que sólo su sede social esté en un PTU, su actividad deberá mantener un vínculo efectivo y continuo con la economía de dicho PTU.
b) "habitantes de un PTU" las personas que residen habitualmente en un PTU y que poseen la nacionalidad de un Estado miembro o con un estatuto jurídico específico de un PTU. Esta definición se entenderá sin perjuicio de los derechos que otorga la ciudadanía de la Unión conforme al Tratado.
2. Por lo que se refiere al régimen aplicable en materia de establecimiento y de prestación de servicios, en virtud del apartado 5 del artículo 183 del Tratado y a reserva de lo dispuesto en el apartado 2 siguiente:
a) la Comunidad aplicará a los PTU los compromisos adoptados en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) en las condiciones previstas en dicho acuerdo y de conformidad con la presente Decisión; en virtud de dichos compromisos, los Estados miembros no harán discriminaciones entre los habitantes, sociedades o empresas de los PTU;
b) las autoridades competentes de los PTU aplicarán a las sociedades, los nacionales y las empresas de los Estados miembros un trato no menos favorable que el aplicado a las sociedades, los nacionales y las empresas de un país tercero, no haciendo discriminaciones entre las sociedades, nacionales o empresas de los Estados miembros.
3. Con objeto de fomentar o sostener el empleo local, las autoridades competentes de un PTU podrán establecer normativas en favor de sus habitantes y de las actividades locales.
En este caso, las autoridades competentes del PTU notificarán las normativas que adopten a la Comisión, que informará de ello a los Estados miembros.
4. Para las profesiones de médico, dentista, comadrona, enfermero de cuidados generales, farmacéutico y veterinario, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, aprobará la lista de las cualificaciones profesionales propias de los PTU que deberán ser reconocidas en los Estados miembros.
Artículo 46
Transporte marítimo
El objetivo de la cooperación en este campo será garantizar un desarrollo armonioso de servicios fiscales y seguros en condiciones económicas satisfactorias, facilitando la participación activa de todas las partes con arreglo al principio de acceso sin restricciones a los intercambios sobre una base comercial.
La presente disposición no será aplicable a Groenlandia.
Capítulo 3
Ámbitos vinculados al comercio
Artículo 47
Pagos corrientes y movimientos de capital
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2:
a) los Estados miembros y las autoridades competentes de los PTU no impondrán ninguna restricción a los pagos en moneda convertible en la balanza de operaciones por cuenta corriente entre nacionales de la Comunidad y de los PTU;
b) en cuanto a las transacciones de la cuenta de operaciones de capital de la balanza de pagos, los Estados miembros y las autoridades competentes de los PTU no impondrán ninguna restricción a la libertad de los movimientos de capitales en relación con las inversiones directas realizadas en sociedades constituidas de conformidad con la legislación del Estado miembro, país o territorio de acogida y las inversiones realizadas con arreglo a las disposiciones de la presente Decisión y a la liquidación o a la repatriación de dichas inversiones y de todos los beneficios resultantes de las mismas.
2. La Comunidad, los Estados miembros y los PTU estarán facultados para adoptar, mutatis mutandis, las medidas mencionadas en los artículos 57, 58, 59, 60 y 301 del Tratado, con arreglo a las condiciones establecidas en los mismos. Igualmente, si uno o varios PTU o uno o varios Estados miembros encontraran o corrieran el riesgo de encontrar dificultades graves de balanza de pagos, las autoridades competentes del PTU, del Estado miembro o de la Comunidad, de conformidad con las condiciones establecidas en el marco del Acuerdo general sobre aranceles aduaneros, del Acuerdo general sobre comercio de servicios y de los artículos VIII y XIV del Fondo Monetario Internacional, podrán adoptar restricciones a las transacciones por cuenta corriente, que tendrán una duración limitada y no podrán ir más lejos de lo estrictamente necesario para remediar la situación de la balanza de pagos. Las autoridades competentes del PTU, el Estado miembro o la Comunidad que adopten tales medidas se informarán mutuamente sin demora y presentarán tan pronto como sea posible un calendario para la eliminación de las medidas en cuestión.
Artículo 48
Políticas de competencia
1. La introducción y la aplicación de políticas y reglas de competencia sanas y eficaces tendrán una importancia fundamental para favorecer y garantizar un clima propicio a la inversión, un proceso de industrialización duradero y una transparencia del acceso a los mercados.
2. Para garantizar la eliminación de los falseamientos de la competencia y teniendo debidamente en cuenta los distintos niveles de desarrollo y las necesidades económicas de cada PTU, la Comunidad y los PTU implantarán reglas y políticas nacionales, territoriales o regionales que incluyan la vigilancia y, en determinadas condiciones, la prohibición de acuerdos entre empresas, de decisiones de asociación de empresas y de prácticas concertadas entre empresas que tengan por objeto o consecuencia impedir, restringir o falsear la competencia. Esta prohibición abarcará también el abuso, por una o varias empresas, de una posición dominante en el territorio de la Comunidad o del PTU.
Artículo 49
Protección de los derechos de propiedad intelectual
1. Se deberá garantizar un nivel adecuado y eficaz de protección de los derechos de propiedad intelectual, industrial y comercial, incluidos los medios para hacer respetar tales derechos, ajustándose a las normas internacionales más exigentes con vistas a reducir las distorsiones y los obstáculos a los intercambios bilaterales.
2. Los derechos de propiedad intelectual abarcarán, en particular, los derechos de autor, en especial los derechos de autor en materia de programas informáticos y derechos conexos, los modelos de utilidad, las patentes, en particular las correspondientes a inventos en el campo de la biotecnología, los diseños y modelos industriales, las indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, las marcas de fábrica del comercio y los servicios, las topografías de circuitos integrados, la protección jurídica de las bases de datos y la protección contra la competencia desleal a la que se refiere el artículo 10 bis del Convenio de París sobre la protección de los derechos de propiedad industrial y la protección de las informaciones no divulgadas relativas a conocimientos técnicos.
Artículo 50
Normalización y certificación
Se llevará a cabo una mayor cooperación en los campos de la normalización, la certificación y la garantía - calidad con objeto de eliminar los obstáculos técnicos inútiles y reducir las diferencias existentes en estos ámbitos, con el fin de facilitar los intercambios.
Artículo 51
Comercio y medio ambiente
Se promoverá el desarrollo del comercio internacional de forma que se garantice una gestión duradera y sana del medio ambiente, de conformidad con los convenios y compromisos internacionales en la materia y teniendo debidamente en cuenta los respectivos niveles de desarrollo de los PTU. En la concepción y la aplicación de medidas medioambientales se deberán tener en cuenta las exigencias y necesidades particulares de los PTU.
Habida cuenta de los principios establecidos en Río, la cooperación procurará que las políticas comerciales y medioambientales se complementen, en especial mediante el refuerzo de los controles de calidad de bienes y servicios desde la perspectiva de la protección del medio ambiente y de la mejora de métodos de producción respetuosos del medio ambiente.
Artículo 52
Comercio y normativa laboral
Se deberán respetar las normas laborales fundamentales reconocidas a nivel nacional e internacional, en particular la libertad sindical y la protección del derecho sindical, sobre el derecho de organización y de negociación colectiva, sobre la abolición del trabajo forzoso, sobre las formas más duras de trabajo infantil, sobre la edad mínima de acceso de los niños al trabajo y sobre la no discriminación en materia de empleo.
Artículo 53
Política de los consumidores y de la protección de la salud de los consumidores
Se llevará a cabo la cooperación en el ámbito de la política de los consumidores y de la protección de la salud de los consumidores, respetando las normativas vigentes en los PTU y en la Comunidad para evitar los obstáculos al comercio.
Artículo 54
Prohibición de medidas proteccionistas encubiertas
Lo dispuesto en el presente capítulo no deberá constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio.
Capítulo 4
Cuestiones monetarias y fiscales
Artículo 55
Cláusula de excepción fiscal
1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 54, el trato de nación más favorecida concedido en virtud de las disposiciones de la presente Decisión no se aplicará a los beneficios fiscales que los Estados miembros o las autoridades competentes de los PTU se concedan o puedan concederse en el futuro en aplicación de acuerdos destinados a evitar la doble imposición, de otros acuerdos fiscales o de la legislación fiscal vigente.
2. Ninguna disposición de la presente Decisión se podrá interpretar con el fin de impedir la adopción o la ejecución de medidas destinadas a prevenir la evasión o el fraude fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales de acuerdos destinados a evitar la doble imposición, de otros acuerdos fiscales y de la legislación fiscal nacional vigente.
3. Ninguna disposición de la presente Decisión se deberá interpretar con el fin de impedir que las autoridades competentes respectivas, en la aplicación de las disposiciones pertinentes de su legislación fiscal, hagan una distinción entre contribuyentes que no se encuentran en una situación idéntica, en particular por lo que se refiere a su lugar de residencia o al lugar en el que hayan invertido su capital.
Artículo 56
Régimen fiscal y aduanero de los contratos financiados por la Comunidad
1. Los PTU aplicarán a los contratos financiados por la Comunidad un régimen fiscal y aduanero que no será menos favorable que el aplicado al Estado más favorecido o a las organizaciones internacionales en materia de desarrollo con las que mantengan relaciones. Para la determinación del régimen aplicable a la nación más favorecida, no se tendrán en cuenta los regímenes aplicados por las autoridades competentes del PTU interesado a los otros países en desarrollo.
2. A reserva de lo dispuesto en el apartado 1, a los contratos financiados por la Comunidad se les aplicará el régimen siguiente:
a) los contratos no estarán sujetos ni a los derechos de timbre y registro ni a las exacciones fiscales de efecto equivalente que existan o se creen en el futuro en el PTU beneficiario; no obstante, estos contratos se registrarán con arreglo a la legislación vigente en el PTU y el registro podrá dar lugar a la percepción de una tasa por prestación de servicios;
b) los beneficios o los ingresos resultantes de la ejecución de los contratos se gravarán de acuerdo con el régimen fiscal interno del PTU afectado, siempre que las personas físicas o jurídicas que hayan realizado dichos beneficios o ingresos tengan una sede permanente en ese PTU o que la duración de ejecución del contrato sea superior a seis meses;
c) las empresas que deban importar material para la ejecución de los contratos de obras gozarán, si lo solicitan, del régimen de admisión temporal relativo a dichos materiales tal como se defina en la legislación del PTU beneficiario;
d) el material profesional necesario para la ejecución de las tareas definidas en los contratos de servicios se acogerá al régimen de admisión temporal en el o los PTU beneficiarios, con arreglo a la legislación del PTU afectado, con exención de derechos fiscales, derechos de entrada, derechos de aduana y demás gravámenes de efecto equivalente, siempre que esos derechos y gravámenes no se exijan por prestación de servicios;
e) las importaciones en el marco de la ejecución de un contrato de suministros se admitirán en el PTU beneficiario con exención de derechos de aduana, derechos de entrada, gravámenes o derechos fiscales de efecto equivalente. El contrato de suministros originarios del PTU interesado se celebrará basándose en el precio franco fábrica, incrementado en los derechos fiscales aplicables, en su caso, en el PTU a esos suministros;
f) las compras de combustibles, lubricantes y aglutinantes hidrocarbonados, así como, en general, de todos los productos que se utilicen en la realización de un contrato de obras se considerarán realizadas en el mercado local y estarán sujetas al régimen fiscal aplicable en virtud de la legislación vigente en el PTU beneficiario;
g) la importación de efectos y objetos personales, de uso personal y doméstico, por personas físicas, distintas de las contratadas localmente, encargadas de la ejecución de tareas definidas en un contrato de servicios y por los miembros de su familia se efectuarán de acuerdo con la legislación vigente en el PTU beneficiario, con exención de derechos de aduana o de entrada, gravámenes y otros derechos fiscales de efecto equivalente.
3. Toda cuestión que no se contemple en los apartados 1 y 2 quedará sujeta a la legislación del PTU de que se trate.
4. Los funcionarios de la Comisión, con exclusión del personal reclutado localmente, estará exento de todos los impuestos del país donde estén destinados.
Capítulo 5
Formación profesional, posibilidad de optar a los programas comunitarios y otras disposiciones
Artículo 57
Formación profesional
Las personas de un PTU con nacionalidad de un Estado miembro tendrán la opción de recibir en la Comunidad formación profesional de igual manera y en pie de igualdad con las nacionalidades de los Estados miembros en cuestión cuando cumplan los requisitos aplicables a dichos nacionales, incluyendo cualquier requisito relativo a la residencia en la Comunidad o en el EEE.
Artículo 58
Programas abiertos a los PTU
Las personas de un PTU y, cuando proceda, el público afectado y/o los organismos privados e instituciones de un PTU podrán optar a los programas comunitarios enumerados en el anexo II F y en los programas que los sucedan, a tenor de las normas de dichos programas y de las disposiciones aplicables al Estado miembro con el que mantengan relaciones especiales.
La Comisión podrá modificar dicha relación a petición de un PTU, de un Estado miembro, o por iniciativa propia.
Artículo 59
Los Eurocentros de Información corresponsales (EICC)
A petición de las autoridades del PTU interesado, con arreglo a los procedimientos previstos en la tercera parte, título I, se podrá instalar en su territorio un Eurocentro de Información corresponsal, denominado en lo sucesivo EICC. Se podrá poner a disposición de la estructura de acogida del EICC una financiación parcial en el marco de las subvenciones asignadas en virtud del DOCUP o de la cooperación regional.
Las funciones de los EICC, las herramientas y servicios que se pongan a su disposición y las modalidades de instalación y los criterios de selección de la estructura de acogida se definirán en el anexo V.
Artículo 60
CDE y CTA
A petición de las autoridades competentes de los PTU, éstos podrán beneficiarse de los servicios del Centro para el Desarrollo de la Empresa (CDE) y del Centro técnico para la cooperación agrícola y rural (CTA) a que se refiere el artículo 1 del anexo III del Acuerdo ACP-CE de Asociación.
Los costes eventuales de las intervenciones del CDE o del CTA en favor de los PTU se financiarán mediante los recursos previstos en el anexo II A.
CUARTA PARTE
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 61
Cambio de estatuto
Si un PTU accede a la independencia:
a) se le podrá seguir aplicando provisionalmente el régimen previsto por la presente Decisión en las condiciones que establezca el Consejo;
b) el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, decidirá las adaptaciones necesarias de la presente Decisión y, en particular, el reajuste de los importes previstos en el anexo II A.
Artículo 62
Revisión
Antes del 31 de diciembre de 2007, el Consejo, por unanimidad y a propuesta de la Comisión, adoptará las disposiciones que se deban prever con objeto de aplicar posteriormente los principios de base indicados en los artículos 182 a 186 del Tratado. En este contexto, el Consejo adoptará en particular las medidas necesarias en caso de que un PTU, con arreglo a sus propias normas constitucionales, se sometiera a acuerdos preferenciales especiales entre la Comunidad y varios socios de la región a la que pertenezca. Para ello, el Consejo tendrá en cuenta en particular las obligaciones internacionales asumidas por la Comunidad, sus Estados miembros y, si procede, los PTU, inclusive en el contexto de la OMC.
Artículo 63
Entrada en vigor
La presente Decisión entrará en vigor el 2 de diciembre de 2001. Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2011.
Artículo 64
Publicación
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 2001.

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