Document ID: 31993L0037

DIRECTIVA 93/37/CEE DEL CONSEJO de 14 de junio de 1993 sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57, su artículo 66 y su artículo 100 A,
Vista la propuesta de la Comisión(1) ,
En cooperación con el Parlamento Europeo(2) ,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social(3) ,
Considerando que la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras(4) , ha sido modificada de forma sustancial en varias ocasiones; que conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación de dicha Directiva;
Considerando que la realización simultánea de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios en materia de contratos públicos de obras celebrados en los Estados miembros por cuenta del Estado, de los entes territoriales y de otros organismos de derecho público, lleva consigo, paralelamente a la eliminación de las restricciones, una coordinación de los procedimientos nacionales de adjudicación de los contratos públicos de obras;
Considerando que dicha coordinación debe respetar, en la medida de lo posible, los procedimientos y las prácticas en vigor en cada uno de los Estados miembros;
Considerando que la presente Directiva no se aplica a algunos contratos de obras adjudicados en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones regulados por la Directiva 90/531/CEE;
Considerando que, habida cuenta de la importancia creciente de la concesión de obras públicas y su naturaleza específica, resulta conveniente incluir en la presente Directiva normas relativas a su publicidad;
Considerando que los contratos de obras inferiores a 5 000 000 de ecus pueden quedar fuera de la competencia tal y como queda organizada en la presente Directiva y que es necesario estipular que no les sean aplicadas las medidas de coordinación;
Considerando que es necesario determinar los casos excepcionales en los que no puedan ser aplicadas las medidas de coordinación de los procedimientos, pero que también es necesario limitar dichos casos expresamente;
Considerando que el procedimiento negociado debe ser excepcional y que, por lo tanto, sólo debe ser aplicado en los casos taxativamente enumerados;
Considerando que resulta importante establecer reglas comunes en el ámbito técnico que tengan en cuenta la política comunitaria en materia de normalización y de estandarización;
Considerando que el desarrollo de una competencia efectiva en el sector de los contratos públicos hace precisa una publicidad comunitaria de los anuncios de los contratos realizados por los poderes adjudicadores de los Estados miembros; que las informaciones contenidas en dichos anuncios permitirán a los contratistas de la Comunidad apreciar si les interesan los contratos propuestos; que, a tal fin, es conveniente proporcionarles la necesaria información sobre las prestaciones que deban realizarse y las condiciones a las que están sujetas; que, especialmente en los procedimientos restringidos, la publicidad tiene por objeto permitir a los contratistas de los Estados miembros que manifiesten su interés por los contratos, solicitando a los poderes adjudicadores una invitación para licitar en las condiciones requeridas;
Considerando que las informaciones complementarias sobre los contratos deben figurar, como es usual en los Estados miembros, en el pliego de condiciones relativo a cada contrato, o en cualquier documento equivalente;
Considerando que conviene establecer reglas comunes de participación en los contratos públicos de obras, que deben incluir criterios de selección cualitativa y criterios de adjudicación del contrato;
Considerando que es oportuno permitir que determinadas condiciones técnicas relativas a los anuncios y a los informes estadísticos exigidos por la presente Directiva puedan ser adaptados en función de la evolución de las necesidades técnicas; que el Anexo II de la presente Directiva se refiere a la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE); que la Comunidad puede, cuando sea necesario, revisar o sustituir su nomenclatura común y que es necesario adoptar las disposiciones que permitan adaptar en consecuencia las referencias hechas en dicho Anexo II a la nomenclatura NACE;
Considerando que la presente Directiva no debería afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición y de aplicación indicados en el Anexo VII,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
a) contratos públicos de obras: los contratos de carácter oneroso, celebrados por escrito entre un contratista, por una parte, y un poder adjudicador definido en la letra b), por otra, que tengan por objeto bien la ejecución, bien conjuntamente la ejecución y el proyecto de obras relativas a una de las actividades contempladas en el Anexo II o de una obra definida en la letra c), bien la realización, por cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especificadas por el poder adjudicador;
b) poderes adjudicadores: el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de derecho público.
organismo de derecho público: cualquier organismo:
- creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,
- dotado de personalidad jurídica, y
- cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien, cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público.
En el Anexo I figuran las listas de los organismos y de las categorías de organismos de derecho público que reúnen los criterios enumerados en el párrafo segundo de la presente letra. Dichas listas son lo más completas posible y podrán ser revisadas según el procedimiento previsto en el artículo 35. A tal efecto, los Estados miembros notificarán periódicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan producido en sus listas;
c) obra: el resultado de un conjunto de obras de construcción o de ingeniería civil destinada a cumplir por si misma una función económica o técnica;
d) concesión de obras públicas: el contrato que presente los caracteres contemplados en la letra a), con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado de un precio;
e) procedimientos abiertos: aquellos procedimientos nacionales en los que cualquier contratista interesado puede presentar ofertas;
f) procedimientos restringidos: aquellos procedimientos nacionales en los que únicamente los contratistas invitados por los poderes adjudicadores pueden presentar ofertas;
g) procedimientos negociados: aquellos procedimientos nacionales en los que los poderes adjudicadores consultan con los contratistas de su elección y negocian las condiciones del contrato con uno o varios de ellos;
h) licitador: el contratista que haya presentado una oferta, y por candidato, el que haya solicitado una invitación a participar en un procedimiento restringido o en un procedimiento negociado.
Artículo 2
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los poderes adjudicadores cumplan o hagan cumplir lo dispuesto en la presente Directiva cuando subvencionen directamente más del 50 % de un contrato de obras adjudicado por otra entidad distinta.
2. El apartado 1 sólo se entenderá referido a los contratos de la clase 50, grupo 502 de la Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE) y a los contratos de obras de construcción relativos a hospitales, a equipamientos deportivos, recreativos y de ocio, a edificios escolares y universitarios y a edificios de uso administrativo.
Artículo 3
1. En los contratos de concesión de obras públicas celebrados por los poderes adjudicadores cuyo importe sea igual o superior a 5 000 000 ecus , se aplicarán las reglas de publicidad definidas en los apartados 3, 6, 7 y 9 a 13 del artículo 11 y en el artículo 15.
2. El poder adjudicador podrá:
- o bien imponer al concesionario de obras públicas que confíe a terceros un porcentaje de los contratos que represente como mínimo un 30 % del valor global de las obras objeto de la concesión, estableciendo al mismo tiempo la facultad de que los candidatos incrementen dicho porcentaje. Este porcentaje mínimo deberá constar en el contrato de concesión de obras,
- o bien invitar a los candidatos a la concesión a que indiquen en sus ofertas, en su caso, el porcentaje del valor global de las obras objeto de la concesión que se proponen encargar a terceros.
3. Cuando el concesionario sea uno de los poderes adjudicadores contemplados en la letra b) del artículo 1, deberá respetar lo dispuesto en la presente Directiva para aquellas obras que hayan de ser ejecutadas por terceros.
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que los concesionarios de obras públicas que no sean poderes adjudicadores apliquen las reglas de publicidad definidas en los apartados 4, 6, 7 y 9 a 13 del artículo 11 y en el artículo 16 en la adjudicación de contratos de obras a terceros, cuando el valor de estos contratos sea igual o superior a 5 000 000 ecus. Sin embargo, no será necesaria la publicidad cuando un contrato de obras reúna las condiciones enumeradas en el apartado 3 del artículo 7.
No tendrán la consideración de terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener la concesión ni las empresas vinculadas a ellas.
Se entenderá por empresa vinculada cualquier empresa en la que el concesionario puede ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o aquella empresa que puede ejercer una influencia dominante en el concesionario o que, del mismo modo que el concesionario, está sometida a la influencia dominante de otra empresa por razón de propiedad, participación financiera o reglas que la regulan. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa, directa o indirectamente, con respecto a otra empresa:
- esté en posesión de la mayoría del capital suscrito de la empresa, o
- disponga de la mayoría de los votos inherentes a las participaciones emitidas por la empresa, o
- pueda designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de control de la empresa.
La lista exhaustiva de estas empresas se adjuntará a la candidatura para la concesión. Esta lista se actualizará conforme a las modificaciones que se produzcan posteriormente en las relaciones entre las empresas.
Artículo 4
La presente Directiva no se aplicará:
a) a los contratos adjudicados en los sectores mencionados en los artículos 2, 7, 8 y 9 de la Directiva 90531/CEE, ni a los contratos que respondan a las condiciones del apartado 2 del artículo 6 de dicha Directiva;
b) a los contratos de obras cuando éstas sean declaradas secretas, o cuando su ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales, de acuerdo con las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes en el Estado miembro considerado, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales del Estado miembro.
Artículo 5
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos regulados por reglas de procedimiento distintas y adjudicados en virtud:
a) de un acuerdo internacional, celebrado de conformidad con el Tratado, entre un Estado miembro y uno o varios países terceros, relativo a obras destinadas a la realización o explotación en común de una obra por los Estados signatarios; todo acuerdo se comunicará a la Comisión, que podrá proceder a una consulta en el Comité consultivo de contratos públicos creado por la Decisión 71/306/CEE(5) ;
b) de un acuerdo international celebrado en relación con el estacionamiento de tropas y relativo a empresas de un Estado miembro o de un país tercero;
c) del procedimiento específico de una organización internacional.
Artículo 6
1. La presente Directiva se aplicará a los contratos públicos de obras cuyo importe, sin IVA, sea igual o superior a 5 000 000 ecus.
2. a) El contravalor del umbral en monedas nacionales se revisará en principio cada dos años con efectos el 1 de enero de 1992. El cálculo de dicho contravalor se basará en la media del valor diario de dichas monedas, expresadas en ecus, durante los veinticuatro meses que finalizan el último día del mes de agosto anterior a la revisión que surta efecto el 1 de enero. Estos contravalores se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a principios de noviembre.
b) El método de cálculo establecido en la letra a) se volverá a examinar, a propuesta de la Comisión, por el Comité consultivo de contratos públicos, en principio dos años después de su primera aplicación.
3. Cuando una obra esté dividida en varios lotes, cada uno de los cuales sea objeto de un contrato, el valor de cada lote se tomará en cuenta para evaluar el importe indicado en el apartado 1. Cuando el valor acumulado de los lotes sea igual o superior al importe fijado en el apartado 1, las disposiciones de dicho apartado se aplicarán a todos los lotes. No obstante, los poderes adjudicadores podrán introducir excepciones en la aplicación del apartado 1 para aquellos lotes cuyo valor, sin IVA, sea inferior a 1 000 000 ecus, siempre que el importe acumulado de los mismos no sea superior al 20 % del valor acumulado de todos los lotes.
4. No se podrá fraccionar ninguna obra ni contrato con objeto de sustraerse a la aplicación de la presente Directiva.
5. Para el cálculo del importe contemplado en el apartado 1, así como en el artículo 7, se tomará en consideración, además del importe de los contratos públicos de obras, el valor estimado de los suministros necesarios para la ejecución de las obras puestas a disposición del contratista por los poderes adjudicadores.
Artículo 7
1. En la adjudicación de sus contratos públicos de obras, los poderes adjudicadores aplicarán los procedimientos fijados en las letras e), f) y g) del artículo 1, adaptados a la presente Directiva.
2. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos de obras recurriendo al procedimiento negociado, tras publicar un anuncio de licitación y seleccionar a los candidatos conforme a criterios cualitativos conocidos, en los casos siguientes:
a) cuando se presenten ofertas irregulares en respuesta a un procedimiento abierto o restringido, o cuando las ofertas presentadas resulten inaceptables en relación con las disposiciones nacionales compatibles con lo dispuesto en el título IV, siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. Los poderes adjudicadores no publicarán un anuncio de licitación si incluyen en el procedimiento negociado a todas las empresas que cumplen los criterios mencionados en los artículos 24 a 29 y que, con ocasión del anterior procedimiento abierto o restringido, han presentado ofertas ajustadas a los requisitos formales del procedimiento de adjudicación del contrato;
b) cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación y de desarrollo;
c) en casos excepcionales, cuando se trate de obras cuya naturaleza o riesgos no permitan determinar previamente el precio global.
3. Los poderes adjudicadores podrán adjudicar sus contratos de obras recurriendo al procedimiento negociado, sin publicar previamente un anuncio de licitación, en los casos siguiente:
a) cuando no se presenten ofertas o ninguna oferta adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o restringido, siempre que no se modifiquen de forma sustancial las condiciones iniciales del contrato y a condición de que se transmita un informe a la Comisión, a petición de ésta;
b) cuando, a causa de su especificidad técnica, artística o por motivos relacionados con la protección de derechos de exclusividad, la ejecución de las obras sólo pueda encomendarse a un determinado contratista;
c) cuando, en la medida estrictamente necesaria, la urgencia apremiante producida por acontecimientos imprevisibles para los poderes adjudicadores, no sea compatible con los plazos exigidos por los procedimientos abiertos, restringidos o negociados contemplados en el apartado 2. Las circunstancias alegadas para justificar la urgencia apremiante no deberán en ningún caso ser imputables a los poderes adjudicadores;
d) para aquellas obras complementarias que no figuren en el proyecto adjudicado inicialmente ni en el primer contrato formalizado y que, debido a una circunstancia imprevista, pasen a ser necesarias para la ejecución de la obra tal y como estaba descrita, siempre que la adjudicación recaiga en el contratista que ejecuta dicha obra:
- cuando dichas obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato principal sin causar inconvenientes mayores a los poderes adjudicadores,
- o cuando dichas obras, aunque se puedan separar de la ejecución del contrato inicial sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento.
No obstante, el importe acumulado de los contratos adjudicados para las obras complementarias no podrá ser superior al 50 % del importe del contrato principal;
e) para nuevas obras que consistan en la repetición de obras similares realizadas por el contratista titular de un primer contrato adjudicado por los mismos poderes adjudicadores, con la condición de que dichas obras sean conformes a un proyecto de base y que dicho proyecto haya sido objeto de un primer contrato adjudicado según los procedimientos mencionados en el apartado 4.
La posibilidad de recurrir a este procedimiento deberá ser expresada desde el inicio del procedimiento de adjudicación del primer contrato, y el importe total previsto para la continuación de las obras se tomará en cuenta por parte de los poderes adjudicadores para la aplicación del artículo 6. Únicamente se podrá utilizar este procedimiento durante un período de tres años a partir de la celebración del contrato inicial.
4. En todos los demás casos, los poderes adjudicadores adjudicarán sus contratos de obras recurriendo al procedimiento abierto o al procedimiento restringido.
Artículo 8
1. El poder adjudicador comunicará a todo candidato o licitador rechazado que lo solicite, en el plazo de quince días a partir de la recepción de la solicitud, los motivos del rechazo de su candidatura o de su oferta y, en el caso de la presentación de oferta, el nombre del adjudicatario.
2. El poder adjudicador comunicará a todo candidato o licitador que lo solicite los motivos por los que ha decidido renunciar a adjudicar un contrato ofertado o reiniciar el procedimiento. Informará también a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de esta decisión.
3. Por cada contrato adjudicado los poderes adjudicadores levantarán un acta en la que constarán como mínimo:
- el nombre y la dirección del poder adjudicador, el objeto y el importe del contrato;
- los nombres de los candidatos o licitadores seleccionados y la justificación de su selección;
- los nombres de los candidatos o licitadores excluidos y los motivos de su rechazo;
- el nombre del adjudicatario y la justificación de la elección de su oferta, así como, si se conoce, la parte del contrato que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros;
- por lo que respecta al procedimiento negociado, las circunstancias mencionadas en el artículo 7 que justifican el recurso a dicho procedimiento.
Este acta, o sus principales puntos, se comunicará a la Comisión cuando así lo solicite.
Artículo 9
En el caso de los contratos relativos al proyecto y ejecución de obra para la construcción de un conjunto de viviendas sociales en los que, debido a la importancia, la complejidad y la duración estimada de las obras correspondientes, la planificación deba establecerse desde el principio en el seno de un equipo en el que colaboren estrechamente los delegados de los poderes adjudicadores, los expertos y el contratista que tendrá a su cargo la ejecución de las obras, podrá recurrirse a un procedimiento especial de adjudicación destinado a elegir el contratista más adecuado para ser integrado en dicho equipo.
En particular, los poderes adjudicadores harán figurar en el anuncio de contrato una descripción de las obras tan exacta como sea posible, que permita a los contratistas interesados una apreciación válida del proyecto a ejecutar. Por otra parte, los poderes adjudicadores mencionarán en dicho anuncio de contrato las condiciones personales, técnicas y financieras que deberán reunir los candidatos, de acuerdo con los artículos 24 a 29.
Cuando recurran a este procedimiento, los poderes adjudicadores aplicarán las reglas comunes de publicidad referentes al procedimiento restringido, y aquellas relativas a los criterios de selección cualitativa.
TÍTULO II REGLAS COMUNES EN EL ÁMBITO TÉCNICO
Artículo 10
1. Las especificaciones técnicas contempladas en el Anexo III figurarán en los documentos generales o en los documentos contractuales correspondientes a cada contrato.
2. Sin perjuicio de las reglas técnicas nacionales obligatorias, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario, las especificaciones técnicas serán definidas por los poderes adjudicadores bien por referencia a normas nacionales que traspongan normas europeas, o bien por referencia a documentos de idoneidad técnica europeos, o bien por referencia a especificaciones técnicas comunes.
3. El poder adjudicador podrá no aplicar el apartado 2:
a) cuando las normas, los documentos de idoneidad técnica europeos o las especificaciones técnicas comunes no incluyan disposición alguna relativa al establecimiento de la conformidad o cuando no se disponga de medios técnicos que permitan determinar de manera satisfactoria la conformidad de un producto con dichas normas, con dichos documentos de idoneidad técnica europeos o con dichas especificaciones técnicas comunes;
b) cuando la aplicación de dichas normas, de dichos documentos de idoneidad técnica europeos o de dichas especificaciones técnicas comunes obliga al poder adjudicador a utilizar productos o materiales incompatibles con las instalaciones ya utilizadas por el poder adjudicador o implican costes desproporcionados o dificultades técnicas desproporcionadas, pero únicamente como parte de una estrategia claramente definida y documentada con vistas a adecuarse, en un plazo determinado, a normas europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos o a especificaciones técnicas comunes;
c) cuando el proyecto de que se trate es realmente innovador para el cual el recurso a normas, a documentos de idoneidad técnica europeos o a especificaciones técnicas comunes existentes sea inadecuado.
4. Los poderes adjudicadores que recurran a lo dispuesto en el apartado 3 indicarán, salvo imposibilidad, las razones en el anuncio de licitación publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas o en el pliego de condiciones, indicando, en cualquier caso, dichas razones en la documentación interna y facilitando dicha información, previa petición, a los Estados miembros y a la Comisión.
5. A falta de normas europeas, de documentos de idoneidad técnica europeos o de especificaciones técnicas comunes, las especificaciones técnicas:
a) se definirán por referencia a las especificaciones técnicas nacionales reconocidas como conformes a los requisitos esenciales que se enumeran en las directivas comunitarias relativas a la armonización técnica, con arreglo a los procedimientos establecidos en dichas directivas y, en particular, con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva 89/106/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción(6) ;
b) podrán definirse por referencia a las especificaciones técnicas nacionales en materia de concepción, cálculo y realización de las obras, y de utilización de los productos;
c) podrán definirse por referencia a otros documentos.
En ese caso, el poder adjudicador deberá tener en cuenta por orden de preferencia:
i) las normas nacionales que traspongan normas internacionales aceptadas por el país del poder adjudicador;
ii) las otras normas y documentos de idoneidad técnica nacionales del país del poder adjudicador;
iii) cualquier otra norma.
6. Los Estados miembros prohibirán la introducción, en las cláusulas contractuales propias de cada contrato, de especificaciones técnicas que mencionen productos de una fabricación o de una procedencia determinada, o procedimientos específicos que tengan como consecuencia favorecer o eliminar a determinados contratistas, a menos que ello esté justificado por el objeto del contrato. Estará especialmente prohibida la indicación de marcas, patentes o tipos, así como la de un origen o una producción determinada; no obstante, estará autorizada tal indicación acompañada de la mención «o equivalente», siempre que los poderes adjudicadores no tengan la posibilidad de dar una descripción del objeto del contrato a través de especificaciones suficientemente precisas e inteligibles para todos los interesados.
TÍTULO III REGLAS COMUNES DE PUBLICIDAD
Artículo 11
1. Los poderes adjudicadores darán a conocer, mediante un anuncio indicativo, las características básicas de los contratos de obras que tengan proyectado adjudicar, cuyos importes sean iguales o superiores al umbral indicado en el apartado 1 del artículo 6.
2. Los poderes adjudicadores que deseen adjudicar un contrato público de obras a través de un procedimiento abierto, restringido o negociado, en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 7, darán a conocer su intención por medio de un anuncio.
3. Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a la concesión de obras públicas darán a conocer su intención por medio de un anuncio.
4. Los concesionarios de obras públicas que no sean poderes adjudicadores que deseen celebrar un contrato de obras con un tercero, con arreglo al apartado 4 del artículo 3, darán a conocer su intención por medio de un anuncio.
5. Los poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato darán a conocer el resultado por medio de un anuncio. No obstante, en algunos casos podrá no publicarse determinada información relativa a la adjudicación del contrato cuando su divulgación constituya un obstáculo a la aplicación de la legislación, o sea contraria al interés público, o perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas, o pueda perjudicar la competencia leal entre contratistas.
6. Los anuncios contemplados en los apartados 1 a 5 se ajustarán a los modelos que figuran en los Anexos IV, V y VI y precisarán la información que en éstos se solicita.
Los poderes adjudicadores no podrán exigir más condiciones que las establecidas en los artículos 26 y 27 cuando soliciten las informaciones relativas a las condiciones de carácter económico y técnico que exigen a los contratistas para su selección (punto 11 del Anexo IV B, punto 10 del Anexo IV C y punto 9 del Anexo IV D).
7. Los anuncios contemplados en los apartados 1 a 5 serán enviados por los poderes adjudicadores a la mayor brevedad posible y por la vía más adecuada a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. En el caso del procedimiento acelerado previsto en el artículo 14, los anuncios se enviarán por télex, telegrama o telecopiadora.
El anuncio contemplado en el apartado 1 se enviará lo antes posible después de la adopción de la decisión por la que se autoriza el programa en el que se inscriben los contratos de obras que los poderes adjudicadores proyecten adjudicar.
El anuncio contemplado en el apartado 5 se enviará como muy tarde cuarenta y ocho días después de la adjudicación del contrato en cuestión.
8. Los anuncios contemplados en los apartados 1 y 5 se publicarán in extenso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el banco de datos TED, en las lenguas oficiales de las Comunidades, dando fe únicamente el texto original.
9. Los anuncios contemplados en los apartados 2, 3 y 4 se publicarán in extenso en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el banco de datos TED, en su o sus lenguas originales. Se publicará un resumen de los elementos importantes de cada anuncio en las demás lenguas oficiales de las Comunidades, dando fe únicamente el texto original.
10. La Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas publicará los anuncios a más tardar doce días después de su envío. En el caso del procedimiento acelerado contemplado en el artículo 14, este plazo se reducirá a cinco días.
11. La publicación de los anuncios en los diarios oficiales o en la prensa del país del poder adjudicador no deberá producirse antes de la fecha de envío a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas y deberá mencionar dicha fecha. La publicación no deberá incluir más información que la publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
12. Los poderes adjudicadores deberán poder justificar la fecha de envío.
13. Los gastos de publicación de los anuncios de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas correrán a cargo de las Comunidades. El anuncio no podrá tener una extensión superior a una página de dicho Diario, es decir alrededor de 650 palabras. Cada número de dicho Diario en el que figuren uno o más anuncios reproducirá el modelo o modelos a que se refiere el anuncio o anuncios publicados.
Artículo 12
1. En los procedimientos abiertos, los poderes adjudicadores determinarán el plazo de recepción de las ofertas de forma que no sea inferior a cincuenta y dos días a contar desde la fecha de envío del anuncio.
2. El plazo de recepción de las ofertas previsto en el apartado 1 podrá reducirse a treinta y seis días si los poderes adjudicadores hubieren publicado el anuncio contemplado en el apartado 1 del artículo 11, redactado con arreglo al modelo que figura en el Anexo IV A, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
3. En el caso de que hubieren sido solicitados con la suficiente antelación, los poderes adjudicadores o los servicios competentes deberán facilitar a los contratistas los pliegos de condiciones y los documentos complementarios en los seis días siguientes a la recepción de la solicitud.
4. En el caso de que hubieren sido solicitados con la suficiente antelación, los poderes adjudicadores deberán facilitar las informaciones complementarias sobre los pliegos de condiciones a más tardar seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
5. Cuando, debido a la importancia de su volumen, los pliegos de condiciones y los documentos o las informaciones complementarias no puedan proporcionarse en los plazos fijados en los apartados 3 y 4, o cuando las ofertas sólo puedan hacerse después de una visita sobre el terreno o después de una consulta in situ de documentos anejos al pliego de condiciones, los plazos establecidos en los apartados 1 y 2 deberán prolongarse de forma adecuada.
Artículo 13
1. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados, contemplados en el apartado 2 del artículo 7, el plazo de recepción de las solicitudes de participación será fijado por los poderes adjudicadores de forma que no sea inferior a treinta y siete días a contar desde de la fecha de envío del anuncio.
2. Los poderes adjudicadores invitarán a presentar sus ofertas simultáneamente y por escrito a los candidatos seleccionados. La carta de invitación irá acompañada del pliego de condiciones y de los documentos complementarios. Dicha carta incluirá al menos:
a) en su caso, la dirección del servicio al que se puedan solicitar el pliego de condiciones y los documentos complementarios, y la fecha límite para realizar esta solicitud, así como el importe y las modalidades de pago de la suma que eventualmente deba abonarse para obtener estos documentos;
b) la fecha límite de la recepción de ofertas, la dirección a la que éstas deban ser enviadas y la lengua o lenguas en que deban estar redactadas;
c) una referencia al anuncio de contrato publicado;
d) la indicación de los documentos que eventualmente se deban adjuntar, ya sea en apoyo de las declaraciones verificables hechas por el candidato con arreglo al apartado 6 del artículo 11, ya sea como complemento a las informaciones previstas en este mismo artículo y en las mismas condiciones que las previstas en los artículos 26 y 27;
e) los criterios de adjudicación del contrato, si no figuraran en el anuncio.
3. En los procedimientos restringidos, el plazo de recepción de ofertas, fijado por los poderes adjudicadores, no podrá ser inferior a cuarenta días a contar desde la fecha de envío de la invitación escrita.
4. El plazo de recepción de ofertas previsto en el apartado 3 podrá reducirse a veintiséis días si los poderes adjudicadores hubieren publicado el anuncio contemplado en el apartado 1 del artículo 11, según el modelo que figura en el Anexo IV A, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
5. Las solicitudes de participación en los procedimientos de adjudicación de contratos podrán hacerse por carta, telegrama, télex, telecopiadora o teléfono. En los cuatro últimos casos, se deberán confirmar por carta enviada antes de que expire el plazo fijado en el apartado 1.
6. En el caso de que hubieran sido solicitadas con la suficiente antelación, los poderes adjudicadores deberán comunicar las informaciones complementarias sobre el pliego de condiciones a más tardar seis días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
7. Cuando las ofertas sólo puedan hacerse previa visita sobre el terreno o después de una consulta in situ de documentos anejos al pliego de condiciones, los plazos establecidos en los apartados 3 y 4 deberán prolongarse de forma adecuada.
Artículo 14
1. En el caso de que la urgencia haga impracticable los plazos establecidos en el artículo 13, los poderes adjudicadores podrán fijar los siguientes plazos:
a) un plazo de recepción de solicitudes de participación que no podrá ser inferior a quince días a partir de la fecha de envío del anuncio;
b) un plazo de recepción de las ofertas que no podrá ser inferior a diez días a partir de la fecha de la invitación.
2. Siempre que hayan sido solicitadas con la suficiente antelación, los poderes adjudicadores deberán comunicar las informaciones complementarias sobre el pliego de condiciones a más tardar cuatro días antes de la fecha límite fijada para la recepción de ofertas.
3. Las solicitudes de participación en los contratos y las invitaciones a presentar una oferta se realizarán por los medios más rápidos posibles. Cuando las solicitudes de participación se realicen por telegrama, por télex, por telecopiadora o por teléfono, deberán ser confirmadas por carta enviada antes de que expire el plazo fijado en el apartado 1.
Artículo 15
Los poderes adjudicadores que deseen recurrir a la concesión de obras públicas fijarán un plazo para la presentación de candidaturas a la concesión, que no podrá ser inferior a cincuenta y dos días a partir de la fecha de envío del anuncio.
Artículo 16
En los contratos de obras adjudicadas por los concesionarios de obras públicas que no sean poderes adjudicadores, el concesionario fijará el plazo de recepción de las solicitudes de participación de tal forma que no sea inferior a treinta y siete días a partir de la fecha de envío del anuncio, y el plazo de recepción de las ofertas de forma que no sea inferior a cuarenta días a partir de la fecha del envío del anuncio o de la invitación a presentar una oferta.
Artículo 17
Los poderes adjudicadores podrán publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas anuncios relativos a los contratos públicos de obras que no estén sometidos a la publicidad obligatoria establecida en la presente Directiva.
TÍTULO IV REGLAS COMUNES DE PARTICIPACIÓN Capítulo 1
Disposiciones generales
Artículo 18
La adjudicación del contrato se efectuará con arreglo a los criterios establecidos en el capítulo 3 del presente título, habida cuenta las disposiciones del artículo 19, una vez verificada la aptitud de los contratistas que no hayan sido excluidos en virtud del artículo 24. Dicha verificación será efectuada por los poderes adjudicadores de conformidad con los criterios de capacidad económica, financiera y técnica contemplados en los artículos 26 a 29.
Artículo 19
Cuando el criterio de adjudicación del contrato sea el de la oferta económicamente más ventajosa, los poderes adjudicadores podrán tomar en consideración las variantes que hayan presentado los licitadores, cuando dichas variantes respondan a los requisitos mínimos exigidos por dichos poderes adjudicadores.
Los poderes adjudicadores mencionarán en el pliego de condiciones las condiciones mínimas que deberán reunir las variantes así como las modalidades de su presentación. Indicarán en el anuncio del contrato si no se autorizan las variantes.
Los poderes adjudicadores no podrán rechazar la presentación de una variante por el único motivo de que contenga especificaciones técnicas definidas por referencia a normas nacionales que traspongan normas europeas, o a documentos de idoneidad técnica europeos, o a especificaciones técnicas comunes contempladas en el apartado 2 del artículo 10, o por referencia a especificaciones técnicas nacionales contempladas en las letras a) y b) del apartado 5 del artículo 10.
Artículo 20
En el pliego de condiciones, el poder adjudicador podrá solicitar al licitador que le comunique en su oferta la parte del contrato que tenga eventualmente la intención de subcontratar con terceros.
Dicha comunicación no prejuzga la cuestión de la responsabilidad del contratista principal.
Artículo 21
Estarán autorizadas a licitar las agrupaciones de contratistas. No se exigirá la transormación de dicha agrupaciones en una forma jurídica determinada para la presentación de la oferta, pero la agrupación elegida puede ser obligada a proceder a dicha transformación cuando le haya sido adjudicado el contrato.
Artículo 22
1. En los procedimientos restringidos y en los procedimientos negociados, los poderes adjudicadores, basándose en datos sobre la situación personal del empresario, así como en los datos y formalidades necesarios para la evaluación de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico que éste debe reunir, seleccionarán a los candidatos a los que invitarán a presentar una oferta o a negociar entre aquéllos que reúnan las cualificaciones exigidas en los artículos 24 a 29.
2. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen un contrato por el procedimiento restringido, podrán indicar los límites inferior y superior dentro de los que se sitúe el número de empresas a las que piensan invitar. En ese caso, los límites inferior y superior se indicarán en el anuncio. Dichos límites se determinarán en función de las características de la obra que deba realizarse. La cifra más baja no deberá ser inferior a cinco ni la más alta superior a veinte.
En cualquier caso, el número de candidatos admitidos a licitar deberá ser suficiente para garantizar una competencia real.
3. Cuando los poderes adjudicadores adjudiquen un contrato por el procedimiento negociado, en los casos contemplados en el apartado 2 del artículo 7, el número de candidatos admitidos a negociar no podrá ser menor de tres, siempre que haya un número suficiente de candidatos adecuados.
4. Cada uno de los Estados miembros garantizará que los poderes adjudicadores recurran, sin discriminación, a los empresarios nacionales de los demás Estados miembros que reúnan las cualificaciones requeridas y en las mismas condiciones que las aplicables a sus nacionales.
Artículo 23
1. El poder adjudicador podrá señalar, o podrá ser obligado a señalar por un Estado miembro, en el pliego de condiciones, la autoridad o autoridades de las que los licitadores puedan obtener informaciones pertinentes sobre las obligaciones relativas a las normas de seguridad y a las condiciones de trabajo vigentes en el Estado miembro, la región o localidad en que vayan a ejecutarse las obras, y que serán aplicables a las obras realizadas sobre el terreno durante la ejecución del contrato.
2. El poder adjudicador que facilite la información mencionada en el apartado 1 solicitará a los licitadores o a los participantes en un procedimiento de contratación que manifiesten haber tenido en cuenta en la elaboración de su oferta, las obligaciones relativas a las normas de seguridad y a las condiciones de trabajo vigentes en el lugar donde se vayan a realizar las obras. Ello no será obstáculo para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 30 sobre la verificación de las ofertas anormalmente bajas.
Capítulo 2
Criterios de selección cualitativa
Artículo 24
Podrá ser excluido de la participación en el contrato todo contratista:
a) que se encuentre en estado de quiebra, de liquidación, de cese de actividades, de intervención judicial o de concurso de acreedores, o en cualquier situación análoga a resultas de un procedimiento de la misma naturaleza que exista en las legislaciones y reglamentaciones nacionales;
b) que sea objeto de un procedimiento de declaración de quiebra, de liquidación, de intervención judicial, de concurso de acreedores o de cualquier otro procedimiento de la misma naturaleza que exista en las legislaciones y reglamentaciones nacionales;
c) que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que afecte a la moralidad profesional del contratista;
d) que haya cometido una falta grave en materia profesional, que pueda ser comprobada por algún medio que los poderes adjudicadores puedan justificar;
e) que no esté al corriente en sus obligaciones relativas al pago de las cotizaciones de la seguridad social, según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o las del país del poder adjudicador;
f) que no esté al corriente en sus obligaciones relativas al pago de sus impuestos y gravámenes según las disposiciones legales del país en el que esté establecido o las del país del poder adjudicador;
g) que se le considere culpable de hacer declaraciones falsas al proporcionar los informes exigidos en aplicación del presente capítulo.
Cuando el poder adjudicador solicite al contratista la prueba de que no se encuentra en los casos mencionados en las letras a), b), c), e) y f), aceptará como prueba suficiente;
- respecto a las letras a), b) o c) la presentación de un extracto de antecedentes del registro de penales o, en su defecto, de un documento equivalente expedido por una autoridad judicial o administrativa competente del país de origen o de procedencia en el que queden satisfechas todas las exigencias;
- respecto a las letras e) y f), un certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro en cuestión.
Cuando un documento o certificado semejante no se expida en el país de que se trate, podrá ser sustituido por una declaración jurada o, en los Estados miembros donde no exista dicho juramento, por una declaración solemne efectuada por el interesado ante una autoridad judicial o administrativa, un notario o un organismo profesional cualificado del país de origen o de procedencia.
Los Estados miembros designarán a las autoridades y organismos competentes para proceder a la expedición de los documentos mencionados anteriormente, e informarán inmediatamente a los demás Estados miembros, así como a la Comisión.
Artículo 25
Cualquier contratista que desee participar en un contrato público de obras podrá ser invitado a acreditar su inscripción en el registro profesional en las condiciones establecidas por la legislación del Estado miembro en el que esté establecido:
- para Bélgica, el «Registre du Commerce» - «Handelsregister»;
- para Dinamarca, el «Handelsregister», «Aktieselskabesregistret» y «Erhvervsregistret»;
- para Alemania, el «Handelsregister» y el «Handwerksrolle»;
- para Grecia, el «Registro de las empresas contratantes» (- «Mitroo Ergoliptikon Epicheiriseon» - M.E.E.P. ) del Ministerio del Medio Ambiente, de la Planificación del Territorio y de Obras Públicas (YPECHODE);
- para España, el «Registro oficial de contratistas del ministerio de Industria, Comercio y Turismo»;
- para Francia, el «Registre du commerce» y el «Répertoire des métiers»;
- para Italia, el «Registro della Camera di commercio, industria, agricultura e artigianato»;
- para Luxemburgo, el «Registre aux firmes» y el «Rôle de la Chambre des métiers»;
- para los Países Bajos, el «Handelsregister»;
- para Portugal, la «Comissao de Alvarás de empresas de Obras Públicas e Particulares (CAEOPP)»;
- pare el Reino Unido e Irlanda, el contratista podrá ser invitado a presentar un certificado del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, si no fuera ese el caso, un certificado que precisará que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la profesión citada en el país que esté establecido, en un lugar específico y bajo una razón comercial determinada.
Artículo 26
1. Por regla general, la capacidad financiera y económica del contratista podrá acreditarse por una o varias de las siguientes referencias:
a) las declaraciones bancarias apropiadas;
b) la presentación de los balances o los extractos de los balances de la empresa, en el caso de que la publicación de los balances esté prescrita por la legislación del país en el que el contratista esté establecido;
c) una declaración sobre el volumen global de negocios y el volumen de negocios en obras de la empresa en los tres últimos ejercicios.
2. Los poderes adjudicadores precisarán, en el anuncio o en la invitación a licitar, aquélla o aquellas referencias que hayan elegido, así como las referencias comprobatorias distintas a las mencionadas en las letras a), b) y c) del apartado 1 que deseen obtener.
3. Si, por una razón justificada, el contratista no está en condiciones de facilitar las referencias solicitadas por el poder adjudicador. Podrá acreditar su capacidad económica y financiera por medio de cualquier otro documento que el poder adjudicador considere apropiado.
Artículo 27
1. La justificación de la capacidad técnica del contratista podrá acreditarse:
a) por los títulos de estudio y profesionales del contratista y/o de los directivos de su empresa y, en particular, del responsable o responsables de la dirección de las obras;
b) por la lista de las obras ejecutadas en los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución en las obras más importantes. Estos certificados indicarán el importe, el momento y el lugar de ejecución de las obras, y precisarán si fueron ejecutados según las reglas de la técnica y llevadas normalmente a buen término. Eventualmente, dichos certificados serán facilitados directamente al adjudicatario por la autoridad competente;
c) por una declaración mencionando el utillaje, el material y el equipo técnico del que dispondrá el contratista para la ejecución de la obra;
d) por una declaración que cite los efectivos medios anuales de la empresa y el número de sus cuadros directivos durante los tres últimos años;
e) por una declaración que mencione los técnicos o los organismos técnicos, estén o no integrados en la empresa, de los que dispondrá el contratista para la ejecución de la obra.
2. El poder adjudicador precisará en el anuncio o en la invitación a licitar aquellas referencias que desee obtener.
Artículo 28
Dentro de los límites de los artículo 24 a 27, el poder adjudicador podrá invitar al contratista a completar los certificados y documentos presentados o a detallarlos.
Artículo 29
1. Los Estados miembros que posean listas oficiales de los contratistas clasificados deberán adaptarlas a las disposiciones de las letras a) a d) y g) del artículo 24, y de los artículos 25, 26, y 27.
2. Los contratistas inscritos en las listas oficiales podrán presentar al poder adjudicador, con ocasión de cada contrato, un certificado de inscripción, emitido por la autoridad competente. Dicho certificado mencionará las referencias que han permitido su inscripción en la lista, así como la clasificación obtenida.
3. La inscripción en las listas oficiales certificada por los organismos competentes, no constituirá una presunción de aptitud ante los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros, más que en el caso de las letras a) a d) y g) del artículo 24, del artículo 25, de las letras b) y c) del artículo 26, y de las letras b) y d) del artículo 27 para las obras que correspondan a la clasificación de dicho contratista.
No podrán cuestionarse las informaciones deducibles de la inscripción en las listas oficiales. No obstante, en lo que se refiere al pago de las cotizaciones de la seguridad social, para cada contrato podrá exigirse una certificación suplementaria a los contratistas inscritos.
Los poderes adjudicadores de los demás Estados miembros aplicarán las disposiciones precedentes sólo a los contratistas establecidos en el país que haya elaborado la lista oficial
4. Para la inscripción de los contratistas de otros Estados miembros en una lista oficial, no se podrán exigir otras pruebas o declaraciones que las solicitadas a los contratistas nacionales y, en ningún caso, otras distintas a las mencionadas en los artículos 24 a 27.
5. Aquellos Estados miembros que tengan listas oficiales están obligados a comunicar a los demás Estados miembros la dirección del organismo al cual puedan presentarse las solicitudes de inscripción.
Capítulo 3
Criterios de adjudicación del contrato
Artículo 30
1. Los criterios en que se basará el poder adjudicador para la adjudicación de los contratos son:
a) o bien únicamente el precio más bajo;
b) o bien, en el caso en que la adjudicación se efectúe a la oferta más ventajosa económicamente, distintos criterios que variarán en función del contrato: por ejemplo, el precio, el plazo de ejecución, el costo de utilización, la rentabilidad, el valor técnico.
2. En el supuesto contemplado en la letra b) del apartado 1, el poder adjudicador mencionará en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación, todos los criterios de adjudicación que pretenda utilizar, si fuera posible por orden decreciente de la importancia que les sea atribuida.
3. El apartado 1 no será aplicable cuando un Estado miembro se base en otros criterios para la adjudicación de los contratos, con arreglo a una normativa vigente en el momento de adoptar la presente Directiva, que tenga como objeto que algunos licitadores tengan preferencia con la condición de que la normativa invocada sea compatible con el Tratado.
4. Si, para un contrato determinado, alguna oferta se considera anormalmente baja, con relación a la prestación, antes de rechazar dicha oferta, el poder adjudicador solicitará, por escrito, las precisiones que considere oportunas sobre la composición de la oferta, y verificará esta composición teniendo en cuenta las justificaciones presentadas.
El poder adjudicador podrá tomar en consideración las justificaciones que hagan referencia a la economía del procedimiento de construcción, o a las soluciones técnicas que se hayan adoptado, o a las condiciones excepcionalmente favorables de que disfrute el licitador para la ejecución de las obras, o a la originalidad del proyecto.
Si los documentos relativos al contrato disponen la adjudicación al precio más bajo, el poder adjudicador deberá comunicar a la Comisión el rechazo de las ofertas que se consideren demasiado bajas.
Sin embargo, durante un período que concluirá a finales del año 1992, cuando la legislación nacional vigente lo permita, el poder adjudicador, excepcionalmente y sin discriminaciones por razón de nacionalidad, podrá rechazar las ofertas que presenten un carácter anormalmente bajo en relación con la prestación, sin que por ello deba observar el procedimiento previsto en el párrafo primero, siempre y cuando el número de dichas ofertas para un contrato determinado sea tan importante que la aplicación de dicho procedimiento pudiese provocar un retraso importante y pudiese comprometer el interés público vinculado a la realización del contrato en cuestión. El recurso a este procedimiento excepcional deberá ser mencionado en el anuncio citado en el apartado 5 del artículo 11.
Artículo 31
1. La presente Directiva no constituirá obstáculo, hasta el 31 de diciembre de 1992, a la aplicación de las disposiciones nacionales vigentes sobre la adjudicación de contratos públicos de obras que tengan por objeto reducir las diferencias entre las diversas regiones y fomentar el empleo en las regiones menos favorecidas o afectadas por el declive industrial, siempre y cuando dichas disposiciones sean compatibles con el Tratado, en particular con los principios de exclusión de cualquier discriminación por razón de nacionalidad, de libertad de establecimiento y de libre prestación de servicios, así como con las obligaciones internacionales de la Comunidad.
2. El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 30.
Artículo 32
1. Los Estados miembros notificarán a la Comisión las disposiciones nacionales contempladas en el apartado 3 del artículo 30 y en el artículo 31, así como sus normas de desarrollo.
2. Los Estados miembros interesados dirigirán a la Comisión, anualmente, un informe que describa la aplicación de las medidas contempladas en el apartado 1. Estos informes se someterán al Comité consultivo de contratos públicos.
TÍTULO V DISPOSICIONES FINALES
Artículo 33
Los plazos serán calculados de acuerdo con el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos(7) .
Artículo 34
1. Los Estados miembros, con objeto de permitir la evaluación de los resultados de la aplicación de la presente Directiva, comunicarán a la Comisión una relación estadística relativa a los contratos adjudicados por los poderes adjudicadores, a más tardar el 31 de octubre de 1993 para el año anterior y, posteriormente, el 31 de octubre, cada dos años.
Sin embargo, en lo que se refiere a Grecia, España y Portugal, la fecha de 31 de octubre de 1993 se sustituirá por la del 31 de octubre de 1995.
2. La relación estadística precisará, al menos, el número y valor de los contratos adjudicados por cada uno de los poderes adjudicadores o categoría de poderes adjudicadores por encima del umbral, distinguiendo, en la medida de lo posible, según los procedimientos, las categorías de obras y la nacionalidad del contratista al que se haya adjudicado el contrato y, en el caso de los procedimientos negociados, desglosados con arreglo al artículo 7, con indicación del número y el valor de los contratos adjudicados a cada Estado miembro y a los países terceros.
3. la Comisión, determinará según el procedimiento previsto en el apartado 3 del artículo 35, la naturaleza de cualquier otra información de tipo estadístico que pueda exigirse de acuerdo con la presente Directiva.
Artículo 35
1. El Anexo I será modificado por la Comisión cuando, especialmente en función de las notificaciones de los Estados miembros, parezca necesario:
a) excluir del Anexo I a los organismos de derecho público que ya no correspondan a los criterios definidos en la letra b) del artículo 1;
b) incluir en dicho Anexo a los organismos de derecho público que respondan a dichos criterios.
2. Las condiciones de elaboración, transmisión, recepción, traducción, recogida y distribución de los anuncios mencionados en el artículo 11 así como los informes estadísticos previstos en el artículo 34, la nomenclatura prevista en el Anexo II y las condiciones de la referencia a posiciones particulares de la nomenclatura en los anuncios, podrán ser modificados con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 3.
3. El presidente del Comité consultivo para los contratos públicos someterá al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia del asunto, procediendo, en su caso, a una votación.
El dictamen se incluirá en el acta; además, cada Estado miembro tendrá derecho a solicitar que su posición conste en la misma.
La Comisión tendrá lo más en cuenta posible el dictamen emitido por el Comité e informará al Comité de la manera en que ha tenido en cuenta dicho dictamen.
4. Las versiones modificadas de los Anexos I y II y de los Anexos contemplados en el apartado 2 se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Artículo 36
1. Queda derogada la Directiva 71/305/CEE(8) , sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de transposición y de aplicación indicados en el Anexo VII.
2. La referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en la tabla de correspondencias que figura en el Anexo VIII.
Artículo 37
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 14 de junio de 1993.

Labels: 10
7
3