Document ID: 32008D0723

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 18 de julio de 2007
relativa a la ayuda estatal C 37/05 (ex NN 11/04) ejecutada por Grecia - Fondo de reserva exento de impuestos
[notificada con el número C(2008) 3251]
(El texto en lengua griega es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2008/723/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Habiendo invitando a las partes interesadas a presentar sus comentarios de conformidad con las disposiciones citadas anteriormente (1),
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
Basándose en la información obtenida por la Comisión, mediante carta de 22 de octubre de 2003 (D/56772) se pidió a Grecia que proporcionara información sobre varias medidas incluidas en un proyecto de ley sobre «Medidas de desarrollo y de política social - Objetividad de los controles fiscales y otras disposiciones», con objeto de establecer hasta qué punto estas medidas constituyen ayuda en el sentido del artículo 87 del Tratado CE. Según las disposiciones de uno de estos proyectos de medidas, se permite ciertas empresas crear un fondo de reserva especial exento de impuestos, que puede ascender hasta un 35 % de sus beneficios, para realizar inversiones de un importe igual. La Comisión también recordó a Grecia su obligación de notificar a la Comisión cualquier medida que constituya ayuda antes de su aplicación, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.
(2)
Por carta de 27 de noviembre de 2003 (A/38170), las autoridades griegas proporcionaron la información solicitada. Como las respuestas eran incompletas, la Comisión reiteró su solicitud a las autoridades griegas mediante carta de 3 de diciembre de 2003 (D/57817) y les recordó que tenía la posibilidad de instar a Grecia para que le proporcionar la información pedida de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (2). Posteriormente, la Comisión recibió dos cartas con fecha de 8 de diciembre de 2003 (A/38600) y 21 de enero de 2004 (A/30440) en las que las autoridades griegas proporcionaron más información. Sin embargo, las respuestas eran muy genéricas y no lo suficientemente detalladas para permitir a la Comisión evaluar las medidas a la luz de los artículos 87 y 88 del Tratado CE.
(3)
El 15 de enero de 2004, Grecia promulgó la ley 3220/2004 sobre «Medidas de desarrollo y de política social-Objetividad de los controles fiscales y otras disposiciones», que entró en vigor el 30 de enero de 2004, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Grecia no 3220/2004 (FEK A 15).
(4)
Mediante carta de 13 de mayo de 2004 [COM(2004)1894], la Comisión envió un requerimiento de información de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo. La Comisión notificó esta decisión a las autoridades griegas por carta de 14 de mayo de 2004.
(5)
En su carta de 17 de junio de 2004, registrada en la Comisión el 23 de junio de 2004 [CAB(2004) 1647], las autoridades griegas facilitaron una parte de la información necesaria para evaluar si la medida en cuestión se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.
(6)
La Comisión solicitó información adicional mediante cartas de 7 de septiembre de 2004 (D/56332), 21 de septiembre de 2004 (D/56733) y 27 de enero de 2005 (D/50744). Grecia envió a la Comisión más información por cartas de 6 de diciembre de 2004, registrada en la Comisión el 13 de diciembre de 2004 (A/39659), 11 de enero de 2005, registrada en la Comisión el 17 de enero de 2005 (A/30523), y 25 de abril de 2005, registrada en la Comisión el 29 de abril de 2005 (A/33595).
(7)
Mediante carta de 13 de julio de 2005 la Comisión informó a las autoridades griegas de su intención de emitir un requerimiento de suspensión de conformidad con el artículo 11, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999. Por carta de 25 de julio de 2005, registrada en la Comisión el 29 de julio de 2005 (A36189), las autoridades griegas propusieron derogar la medida por lo que respecta solamente a los ingresos y beneficios obtenidos después del 1 de enero de 2005, mientras que permanecería en vigor para los ingresos y beneficios obtenidos antes de esa fecha.
(8)
Por carta de 20 de octubre de 2005 (3), la Comisión informó a Grecia de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a esta ayuda. En esta Decisión, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (4), la Comisión invitaba a los terceros interesados a presentar sus observaciones sobre la medida en cuestión.
(9)
Mediante cartas de 18 de noviembre de 2005 y 21 de diciembre de 2005, registradas respectivamente en la Comisión el 22 de noviembre de 2005 (A/39597) y el 23 de diciembre de 2005 (A/40796), Grecia pidió una prórroga del plazo para presentar sus observaciones sobre la Decisión de 20 de octubre de 2005.
(10)
Por cartas de 25 de noviembre de 2005 y 12 de enero de 2006 la Comisión concedió las respectivas prórrogas.
(11)
Mediante carta de 30 de enero de 2006, registrada en la Comisión el 31 de enero de 2006 (A/30817), Grecia presentó más información y pidió una tercera prórroga de plazo, que no fue concedida por la Comisión.
(12)
Por fax con fecha de 14 de febrero de 2006, registrado el mismo día en la Comisión (A/31227), un tercero, la Federación de industrias griegas, pidió una prórroga del plazo para presentar sus observaciones respecto a la Decisión de 20 de octubre de 2005. La Comisión se negó a conceder esta prórroga por carta de 20 de febrero de 2006, ya que consideró suficiente el período establecido para presentar los comentarios, que, según el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del 22 de marzo de 1999, no debe exceder por lo general de un mes. Además, no se había presentado justificación alguna en apoyo de la solicitud de prórroga del plazo.
(13)
Por fax con fecha de 28 de febrero de 2006, registrado en la Comisión el mismo día (A32693), la Federación de industrias griegas (FIG) presentó sus comentarios como tercero interesado.
(14)
Mediante correo electrónico de 6 de abril de 2006, registrado en la Comisión el mismo día (A/32693), y por cartas de 16 de junio y 26 de octubre de 2006, registradas respectivamente en la Comisión el 20 de junio de 2006 (A/34774) y el 30 de octubre de 2006 (A/38658), Grecia presentó información complementaria. En su carta de 16 de junio de 2006 Grecia declaró que la información enviada por carta con fecha de 6 de abril de 2006 se debía examinar en el marco de este procedimiento y no como una notificación separada.
II. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA AYUDA
II.1. Objetivo del régimen
(15)
El artículo 2 de la ley griega 3220/2004 (denominado en lo sucesivo «la medida» o «el régimen») pretende promover el desarrollo económico en todas las regiones de Grecia, incrementar el empleo y el espíritu empresarial y mejorar la competitividad de la economía.
II.2. Fundamento jurídico del régimen
(16)
El fundamento jurídico del régimen es la ley griega 3220/2004 llamada «Medidas de desarrollo y de política social - Objetividad de los controles fiscales y otras disposiciones» (5) (denominada en lo sucesivo «la ley 3220/2004»), que entró en vigor el 28 de enero de 2004, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Grecia (FEK A 15). Las autoridades griegas indican además que los costes subvencionables correspondientes, las intensidades de la ayuda, las empresas y los proyectos subvencionables se definen en la ley 2601/1998 (6), de desarrollo regional, (denominada en lo sucesivo «la ley 2601/1998»).
II.3. Forma de las ayudas
(17)
La ayuda tiene la forma de un fondo de reserva especial exento de impuestos creado por un beneficiario hasta un 35 % de sus beneficios totales no distribuidos durante 2004. Además, el fondo puede alcanzar hasta un 50 % de los beneficios durante 2003, una vez deducidos los beneficios del año 2002 o, si las empresas hicieron una inversión subvencionable en 2003, el fondo de reserva puede alcanzar hasta una cantidad igual a la de esa inversión pero sin exceder el 35 % de los beneficios totales no distribuidos de 2003. La ayuda se concede cuando las autoridades fiscales griegas aceptan la declaración de impuestos del beneficiario lo que suele producirse durante la primera mitad de 2004 y 2005. El fondo puede ser utilizado por las empresas mencionadas en el artículo 3 de la ley 2601/1998, independientemente del tipo de contabilidad que lleven o del lugar donde estén establecidas. La reserva se destinará a realizar inversiones equivalentes por lo menos al importe del volumen del fondo durante los tres años siguientes a su constitución.
(18)
Al término del período de tres años a partir de la fecha de constitución del fondo de reserva exento de impuestos, el importe total de la reserva utilizado para las inversiones subvencionables se usará para incrementar el capital de la empresa y estará exento del impuesto sobre la renta. Durante el primer año del período de tres años, los beneficiarios deben gastar por lo menos una tercera parte del fondo de reserva especial en la realización de la inversión. La parte del fondo que no se invierta durante tres años se declarará como ingreso suplementario y se gravará según las disposiciones fiscales generales más el interés legal. El tipo de interés legal será por lo menos del 1 % mensual para la cantidad adeudada, es decir, al menos un 12 % anual, siendo por lo tanto superior al tipo de referencia del 4,43 % para la ayuda concedida en 2004 y al del 4,08 % para la ayuda concedida en el año 2005 (7).
II.4. Beneficiarios y limitaciones sectoriales
(19)
Para beneficiarse del régimen, una empresa debe operar en uno de los 23 sectores contemplados en el artículo 3 de la ley 2601/1998. El primer sector, el manufacturero (8), incluye la industria textil, la metalurgia y la fabricación de automóviles (9). Los otros sectores son la producción de energía sostenible (10), la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico (11), los servicios de alta tecnología (12), el desarrollo de programas informáticos (13), los servicios de calidad (14), la minería (15), la extracción y el tratamiento de mármoles y minerales (16), la agricultura y la pesca intensiva (17), las cooperativas agrícolas y agroindustriales (18), el acondicionamiento de productos agrícolas y pesqueros (19), el desarrollo urbano (20), los estacionamientos públicos de automóviles (21), las empresas de gas líquido y de combustibles (22), el transporte a zonas alejadas y sin litoral (23), las grandes empresas en participación (24), las grandes empresas comerciales internacionales (25), las empresas comerciales (26), los centros de terapia y rehabilitación y los centros de acogida de incapacitados (27), las empresas de turismo específico (28), los monasterios para la construcción de paradores y centros culturales (29), la ingeniería (30), las empresas situadas en edificios protegidos o históricos que fabrican productos típicos o con denominación de origen (31). Las empresas del sector manufacturero, así como las de la agricultura y la pesca intensiva también pueden utilizar el régimen para sus actividades fuera de Grecia (32). Las empresas comerciales internacionales pueden utilizar el régimen para sus actividades en Grecia así como fuera de la Comunidad (33).
(20)
El artículo 3 de la ley 2601/1998 también define para cada sector un grupo específico de gastos a los que puede destinarse el fondo. Solo pueden beneficiarse del régimen las empresas que realizan inversiones incluidas en las categorías mencionadas en el artículo 3 de la ley 2601/1998. Las autoridades griegas han confirmado que la medida se aplica a todas las empresas establecidas en cualquier lugar de Grecia sin distinción alguna entre empresas nacionales y extranjeras o entre empresas nuevas y viejas.
II.5. Proyectos subvencionables
(21)
La ayuda se aplica a la inversión y a los costes de funcionamiento relacionados con las actividades económicas contempladas en el artículo 3 de la ley 2601/1998. En el caso de los costes de inversión, no se establece ninguna diferencia entre la inversión inicial y la inversión de sustitución. Los proyectos de inversión pueden consistir principalmente en:
-
construcción, ampliación y modernización de instalaciones y edificios así como paisajismo (34),
-
construcción de instalaciones de almacenamiento (35),
-
compra de edificios no utilizados (36),
-
compra de espacio industrial (37),
-
compra de nueva maquinaria moderna y de otros equipos (38),
-
sistemas de automatización de procesos y programas informáticos afines y formación (39),
-
medios de transporte en las grandes instalaciones y para el personal (40),
-
camiones frigoríficos (41),
-
edificios y equipamientos destinados al alojamiento y a las necesidades sociales de los trabajadores (42),
-
inversiones para la protección del medio ambiente (43),
-
inversiones en energía renovable, en producción combinada de electricidad y calor (CHP), y en ahorro de energía (44),
-
construcción, ampliación o modernización de laboratorios de investigación aplicada (45),
-
instalaciones de reciclaje (46),
-
inversión en mejora de la eficiencia (47),
-
construcción de redes de transporte de agua y vapor (48),
-
ordenadores (49),
-
programas informáticos (50),
-
desarrollo de programas informáticos, hasta un 60 % de la inversión total (51),
-
trabajos de acondicionamiento del acceso a las minas (52),
-
equipamiento y medios de transporte a las islas (53),
-
equipamiento de transporte (54),
-
mobiliario y equipo (55),
-
camiones de segunda mano (56).
(22)
Los costes de funcionamiento pueden consistir principalmente en:
-
transformación y rehabilitación de fábricas, instalaciones o edificios viejos (57),
-
costes de alquileres (58),
-
estudios para la aplicación de nuevas tecnologías (59),
-
coste de traslado por razones medioambientales (60),
-
aplicación de planes de empresa superiores a 1000 millones GRD (aproximadamente 2,9 millones EUR) (61),
-
formación (62),
-
aplicación de planes de reestructuración de empresas que no están en crisis (63),
-
certificación de procesos y productos y estudios relacionados (64),
-
reestructuración de fábricas para mejorar su flexibilidad (65),
-
innovación y prototipos innovadores (66),
-
registro de patentes (67),
-
introducción y adaptación de las tecnologías medioambientales (68),
-
compra de material de reproducción y proliferación (69),
-
estudios de organización de empresas y mercados (70),
-
estudios sobre la posibilidad de optar a la ayuda (71).
II.6. Intensidades de la ayuda
(23)
La exención fiscal se aplica a la totalidad del impuesto de sociedades percibido sobre los beneficios asignados al fondo de reserva. El tipo aplicable del impuesto de sociedades es el 35 %. Al menos un tercio de la reserva debe gastarse dentro del año siguiente a su creación, mientras que el resto debe gastarse en el plazo máximo de tres años. Para calcular la intensidad máxima de ayuda, al final del primer año se actualizará el valor de la ayuda y de los gastos. El tipo de interés aplicado es el tipo comunitario de referencia y actualización (72) vigente en Grecia en la fecha de concesión de la ayuda, que era del 4,43 % en 2004 y del 4,08 % en 2005. Por lo tanto, las intensidades máximas de ayuda posibles son del 37,05 % y del 36,89 % respectivamente (73).
II.7. Acumulación de la ayuda
(24)
La ley 3220/2004 excluye explícitamente la acumulación con la ayuda concedida conforme a la ley 2601/1998. Las autoridades griegas confirmaron que no existe ningún otro régimen de ayudas que apoye los mismos costes subvencionables.
II.8. Duración y presupuesto del régimen
(25)
Las empresas contempladas en el artículo 3 de la ley 2601/1998 pueden crear una reserva especial exenta de impuestos de conformidad con el artículo 2 de la ley 3220/2004 sobre los beneficios generados únicamente durante 2003 y 2004. No se menciona el presupuesto del régimen y dado que este constituye una ventaja fiscal, la totalidad de los ingresos que el Estado deja de percibir no está limitada y dependen de los beneficios pasados y de las inversiones subvencionables efectuadas durante los años 2005 a 2007 y de las deudas correspondientes.
III. MOTIVOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO
(26)
La Comisión consideró que el régimen de ayudas no notificado constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. El régimen afecta a recursos del Estado, concede una ventaja a los beneficiarios, es selectivo y tiene un efecto en el comercio. Puesto que la medida era nueva y entró en vigor sin notificación previa a la Comisión, constituye ayuda ilegal.
(27)
La Comisión ha examinado el régimen habida cuenta del artículo 87 del Tratado CE, y en especial, a la luz de las normas específicas sobre ayudas estatales cuando estas son aplicables. La Comisión tenía dudas fundadas sobre si la medida cumplía los criterios de alguna de las normas aplicables y por lo tanto sobre la compatibilidad de la medida con el mercado común.
IV. COMENTARIOS DE TERCEROS
(28)
La Federación de industrias griegas (denominada en lo sucesivo «la FIG») presentó sus comentarios como tercero interesado.
(29)
La FIG sostuvo primero que la Comisión recortaba considerablemente sus derechos al rechazar su solicitud de prórroga del plazo para la presentación de sus comentarios.
(30)
La FIG sostuvo luego que la medida era de carácter general y no selectivo. Incluso si algunos aspectos de la medida fueran selectivos, la reserva exenta de impuestos se había creado con objeto de apoyar determinados tipos específicos de costes de inversión de cualquier empresa, por lo que debía considerarse una medida fiscal de carácter general.
(31)
La FIG afirmó a continuación que la medida es una ayuda existente en el sentido del artículo 1, letra b), del Reglamento (CE) no 659/1999. Para la FIG, la ley 3220/2004 no hace más que adaptar el método para la constitución de la reserva, que forma parte de un régimen de ayuda estatal establecido por la ley 2601/1998 y aprobado por la Comisión.
(32)
La FIG considera que la ley 3220/2004 introduce una adaptación técnica, es decir, la posibilidad de crear una reserva exenta de impuestos antes de la inversión, y que no tiene ninguna influencia concreta en el ámbito de aplicación, la cantidad o el efecto del régimen.
(33)
La FIG también sostiene que ni la existencia de un grupo de beneficiarios mayor, ni el aumento del presupuesto, ni las inversiones de una cantidad más alta invocados por la Comisión serían fruto directo del cambio del método para la constitución de la reserva.
(34)
Según la FIG, incluso si se considerara que otros cambios introducidos por la ley 3220/2004 constituyen nueva ayuda, habría que contemplarlos como una modificación separada del régimen de ayudas existente. En este caso, habría que notificar solamente las nuevas disposiciones en cuestión y la consideración del régimen modificado como ayuda existente no se vería alterada (74).
(35)
Para la FIG, el razonamiento de la Comisión en su decisión de iniciar el procedimiento es confuso y equívoco y, en la medida en que la Comisión basaba su decisión en otros factores, no había cumplido su obligación de motivar la decisión de conformidad con el artículo 253 del Tratado CE.
(36)
La FIG critica que la decisión de abrir el procedimiento no explique el cálculo de la intensidad de la ayuda que permita compararla con la intensidad de la ayuda resultante conforme a la ley 2601/1998.
(37)
La FIG sostiene además que incluso si la Comisión considerara que había que notificar la modificación separada como nueva ayuda, su compatibilidad debería evaluarse para cada beneficiario individual caso por caso (75). En este sentido, la Comisión tenía que considerar en especial su decisión anterior -que consideraba que la ley 2601/1998 era una ayuda compatible- como un marco que no puede modificarse en el presente procedimiento.
V. COMENTARIOS DE GRECIA
V.1. La ley 3220/2004 constituye ayuda existente
(38)
Para las autoridades griegas, el hecho de que la ayuda examinada fuera introducida por una ley diferente a la anterior ley 2601/1998 no basta para considerarla ayuda nueva, según la jurisprudencia del Tribunal (76).
(39)
Grecia afirma que el artículo 2, apartado 2, de la ley 3220/2004 no modifica el punto temporal en que se efectúa la inversión.
(40)
Por otra parte, Grecia sostiene que una modificación del momento en que las empresas constituyen la reserva no guarda ninguna correlación directa con el incremento del grupo de beneficiarios.
(41)
Grecia considera además que no existe ninguna correlación directa entre la ampliación del abanico de beneficiarios y el falseamiento de la competencia.
(42)
Las autoridades griegas también consideran necesario dividir a las empresas que se benefician de la ley 3220/2004 en dos categorías:
-
las que ya tenían derecho a crear un fondo de reserva exento de impuestos conforme al régimen de la ley 2601/1998. En este caso no hay ninguna nueva ventaja económica y la ayuda debe considerarse ayuda existente. Por lo tanto, la obligación de notificar no era aplicable y no puede haber recuperación de la ayuda,
-
las que no podían acogerse a la ley 2601/1998, respecto de las cuales esa medida podría considerarse nueva ayuda; dicho esto, la compatibilidad con las disposiciones del Tratado CE debería juzgarse caso por caso.
(43)
Finalmente, Grecia sostiene que las razones declaradas por la Comisión para describir la medida introducida por la ley 3220/2004 como nueva ayuda estatal son confusas e inadecuadas, lo que infringe el artículo 253 del Tratado CE.
V.2. Posibilidad de incluir la medida en los vigentes marcos comunitarios de ayudas estatales compatibles
(44)
Las autoridades griegas consideran que las inversiones del fondo de reserva exento de impuestos pueden incluirse en los siguientes marcos de ayudas estatales autorizadas:
-
Comunicación de la Comisión sobre ayudas de minimis (77),
-
Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional (en lo sucesivo, «DAR») (78),
-
Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (en lo sucesivo, «DMS») (79),
-
Decisión de Órgano de Vigilancia de la AELC no 152/01/COL, de 23 de mayo de 2001, por la que se revisan las directrices sobre la aplicación de las disposiciones de la ayuda estatal del EEE para la protección del medio ambiente y que modifica por vigésimo octava vez las normas procesales y sustantivas en el campo de la ayuda estatal (80) (en lo sucesivo, «las Directrices medioambientales»),
-
Encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (en lo sucesivo, «el Encuadramiento sobre I+D») (81),
-
Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (en lo sucesivo, «el Reglamento sobre las ayudas a la formación») (82),
-
Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «el Reglamento sobre las ayudas a las PYME») (83),
-
Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (84),
-
Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (85).
(45)
Las ayudas a las empresas en crisis y las ayudas a la exportación están excluidas y las empresas extranjeras establecidas en Grecia pueden acogerse a la medida en cuestión.
(46)
Las autoridades griegas también incluyeron en su respuesta un borrador de proyecto de ley para incluir la medida en los vigentes marcos sobre ayuda estatal. Proponen tratar retroactivamente los fondos de reserva exentos de impuestos como ayuda estatal y crear una autoridad nacional que examine ex post la conformidad de cada caso individual con las normas comunitarias sobre ayudas estatales.
V.3. Información sobre las inversiones cubiertas por las normas comunitarias sobre ayudas estatales
(47)
Según las autoridades griegas, 3 315 empresas han recibido una cantidad inferior a 100 000 EUR, por lo que estos casos pueden considerarse incluidos en el régimen de minimis. Por lo que se refiere a las 320 empresas restantes, el examen de cada caso individual ya ha empezado y sigue su curso.
(48)
Basándose en los controles ya finalizados, las inversiones que según las autoridades griegas pueden ajustarse a las DAR representan:
-
todo el fondo de reserva exento de impuestos de 84 empresas,
-
una parte del fondo de reserva de 103 empresas.
V.4. Consecuencias financieras de una decisión negativa de la Comisión en este asunto
(49)
Las autoridades griegas creen que una decisión negativa y la consiguiente recuperación de los importes serían una catástrofe para su país. Las autoridades griegas alegan que, según la jurisprudencia del TJCE, este puede excepcionalmente tener en cuenta las gravísimas consecuencias financieras de su sentencia y limitar las consecuencias de esta última (86).
VI. EVALUACIÓN
VI.1. Calificación de ayuda estatal
(50)
La Comisión considera que la medida examinada cumple todas y cada una de las cuatro condiciones acumulativas para ser considerada ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, según se explica también con mayor precisión en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (87).
(51)
El Tribunal de Justicia ha sostenido reiteradamente que una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE (88).
VI.1.1. Recursos estatales
(52)
En primer lugar, la medida implica recursos estatales, pues el Estado griego renuncia a unos ingresos fiscales que le corresponden.
VI.1.2. Ventaja
(53)
En segundo lugar, la medida concede una ventaja a los beneficiarios pues se los permite constituir un fondo de reserva exento de impuestos hasta el 35 % de sus beneficios para 2004 (ejercicio financiero de 2005), y hasta el 50 % durante 2003 (ejercicio financiero de 2004) de los beneficios restantes después de la deducción de los beneficios de 2002 (ejercicio financiero de 2003). El hecho de que una parte de los beneficios de los beneficiarios no esté gravada los alivia de unas cargas que recaerían normalmente sobre su presupuesto. Si no se utiliza el fondo de reserva y no se aplica al pago de impuestos aplazado ningún interés o un interés menor al tipo comunitario de referencia y actualización vigente en Grecia, la diferencia entre la deuda tributaria, incluidos los intereses compuestos del tipo de referencia, y la cantidad real que debe pagarse también constituye un beneficio.
(54)
Según la legislación griega, el fondo de reserva que no se utilizó debe gravarse al tipo de interés legal. El tipo de interés legal será por lo menos del 1 % mensual para la cantidad adeudada, es decir por lo menos del 12 % anual y por lo tanto superior al índice de referencia del 4,43 % para la ayuda concedida en el año 2004 y del 4,08 % para la ayuda concedida en 2005 (89). Por lo tanto, los ingresos fiscales a los que renuncia el Estado asignados al fondo de reserva y gravados al tipo de interés legal no constituyen una ventaja y por lo tanto no se consideran ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, pues su carácter no es más ventajoso que el de un préstamo concedido en condiciones de mercado. Con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa al método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (90), para los préstamos concedidos a empresas que no están en crisis se entiende por condiciones de mercado el tipo de referencia, más, eventualmente, 400 puntos básicos o incluso más si la deuda carece de garantía.
VI.1.3. Selectividad
(55)
En tercer lugar, la medida es selectiva porque beneficia solamente a las empresas que realizan las actividades económicas mencionadas en el artículo 3 de la ley 2601/1998. Solo pueden beneficiarse de la medida las empresas de los sectores enumerados y no las de los sectores no contemplados en la lista. Por otra parte, según el artículo 3 de dicha ley el 2601/1998 para que ciertos sectores puedan beneficiarse de la medida es necesaria una norma de desarrollo. Según las autoridades griegas no ha entrado en vigor ninguna normativa de desarrollo de esta índole. Finalmente, en cada sector se aplica una lista diferente de actividades subvencionables, de tal modo que las empresas que operan en varios sectores se benefician de la medida en grados diferentes. Por lo tanto, la medida es selectiva incluso entre los sectores enumerados en el artículo 3 de la ley 2601/1998. La alegación de las autoridades griegas y del tercero interesado según la cual este régimen constituye una medida de fiscalidad general, carece pues de fundamento.
VI.1.4. Efecto en el comercio y falseamiento de la competencia
(56)
En cuarto lugar, la medida produce un efecto en la competencia y en el comercio entre los Estados miembros. Dado que la medida confiere una ventaja a los beneficiarios, puede falsear o amenazar con falsear la competencia. Además, las actividades mencionadas en el artículo 3 de la ley 2601/1998 son indudablemente objeto de comercio intracomunitario. Por lo tanto no cabe excluir que los beneficiarios de la medida realicen una actividad económica que afecta al comercio entre Estados miembros. Por lo tanto, el régimen de ayudas puede afectar al comercio y falsear la competencia.
VI.1.5. Conclusión
(57)
De todo lo anterior se desprende que la medida en cuestión constituye un régimen que concede ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Conviene también tener en cuenta que la Comisión ya había considerado que la ley 2601/1998, a la que se remiten las autoridades griegas, era un régimen de ayuda estatal compatible (91).
VI.2. Calificación del régimen como ayuda ilegal
(58)
Según el artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por «ayuda ilegal» se entiende cualquier nueva ayuda que se lleve a efecto contraviniendo lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93 (en la actualidad artículo 88, apartado 3) del Tratado. Según el artículo 1, letra c), del mismo Reglamento, por «nueva ayuda» se entiende toda ayuda, es decir, los regímenes de ayudas y ayudas individuales, que no sea ayuda existente, incluidas las modificaciones de ayudas existentes.
(59)
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la modificación, como tal, de la ayuda existente se califica como nueva ayuda y solo en el supuesto de que la modificación afecte al régimen inicial en su propia esencia resulta dicho régimen transformado en un régimen de ayudas nuevas. No existe tal modificación sustancial cuando el elemento nuevo puede disociarse claramente del régimen inicial (92).
(60)
Sin embargo, la medida que nos ocupa presenta varias diferencias sustanciales tanto de procedimiento como de fondo.
VI.2.1. Modificaciones de procedimiento
(61)
En primer lugar, esta medida no supone una mera sustitución las medidas existentes sino una nueva medida independiente ya que ni deroga ni sustituye ninguna medida anterior. Además, los períodos de aplicabilidad de las medidas no eran consecutivos.
(62)
Las autoridades griegas confirmaron, tal y como se ha indicado anteriormente, que lo previsto en el artículo 2 de la ley 3220/2004 pretende esencialmente complementar la ley 2601/1998, que fue aprobada por la Comisión en 1999 en el marco del asunto NN 59/A/1998, como régimen nacional de desarrollo regional, de conformidad con las DAR (93). Cabe tener en cuenta que la ley 2601/1998 se derogó en febrero de 2005. A pesar de ello, la Comisión señala que esta medida constituye nueva ayuda.
(63)
En primer lugar, la ley 3220/2004 se aplica a un conjunto de proyectos en varios sectores. Se remite la lista de sectores y proyectos subvencionables contemplados en el artículo 3 de la ley 2601/1998. Sin embargo, no indica explícitamente que modifique este último. Por otra parte, las dos disposiciones estuvieron en vigor paralelamente, pues la ley 3220/04 entró en vigor el 28 de enero de 2004 y la medida de ayuda conforme a la ley 2601/1998 expiró el 23 de diciembre de 2004, mientras que esta ley se derogó en febrero de 2005. Finalmente, aunque el período durante el cual se constituyeron los fondos al amparo de los dos regímenes no coincidiera, los períodos durante los cuales se aplicaban las medidas aplicadas sí coincidieron, puesto que ambas leyes se aplicaron a los beneficios de los años 2003 y 2004. El hecho de que las dos medidas se aplicaran paralelamente demuestra que una no modificaba ni sustituía a la otra. Por lo tanto, temporalmente esta medida no supone una mera sustitución o prórroga de la medida aprobada con el número NN 59/A/1998 (94), sino que constituye un régimen de ayudas separado.
(64)
En segundo lugar, el procedimiento de concesión de la ayuda ha cambiado, lo cual tiene consecuencias sobre las condiciones que las empresas tienen que cumplir para obtener la ayuda.
(65)
Conforme a la ley 2601/1998 era necesario solicitar la ayuda a las autoridades griegas, que tenían que aprobar la solicitud antes de que se concediera la ayuda. Conforme a la decisión de aprobación de la ley 2601/1998 (95), las autoridades griegas se comprometieron a verificar la observancia de los límites de acumulación y combinación de ayudas, del Encuadramiento sobre I+D de 1996, de las Directrices medioambientales de 1994, de la exclusión del material de transporte en el sector del transporte y de la exclusión de las ayudas a la exportación. Además, las autoridades tenían la obligación y la posibilidad, una vez recibida la solicitud, de verificar estos elementos.
(66)
Conforme a la ley 3220/2004 la creación de una reserva especial exenta de impuestos estaba permitida directamente en virtud de las disposiciones del impuesto sobre la renta sin que el beneficiario estuviese obligado a presentar a las autoridades griegas ninguna información específica sobre las actividades subvencionables. Las autoridades griegas tampoco tenían la posibilidad de denegar la ayuda sobre la base de los compromisos adquiridos en el procedimiento que llevó a la aprobación de la ayuda concedida conforme a la ley 2601/1998.
(67)
Según la decisión por la que se aprobaba la ley 2601/1998, las autoridades griegas tenían que acreditar la realización de la inversión para permitir la constitución del fondo de reserva exento de impuestos. De este modo, los beneficiarios tenían que utilizar primero sus propias fuentes de financiación para poder optar a la ayuda. No existe ninguna obligación similar en la ley 3220/2004.
(68)
Con respecto al argumento expuesto por las autoridades griegas de que, al menos en algunos casos, la ayuda podría haberse obtenido al amparo de la ley 2601/1998, cabe señalar que este argumento carece de pertinencia ya que el procedimiento contemplado en la nueva medida era diferente y más sencillo y los criterios para recibir la ayuda así como los beneficios de esta para todos los beneficiarios potenciales eran más amplios.
VI.2.2. Cambios materiales
(69)
En primer lugar, según la decisión de la Comisión en el asunto NN 59/A/1998 (96), solamente era subvencionable conforme a la ley 2601/1998 la inversión inicial con la única excepción de la ayuda de funcionamiento para el traslado a zonas industriales, mientras que con arreglo a la ley 3220/2004 también puede concederse ayuda de funcionamiento, incluidas las inversiones de sustitución, y otras ayudas de funcionamiento para cualquier actividad subvencionable. Conforme a la ley 2601/1998, había que mantener la inversión objeto de ayuda durante cinco años, mientras que el artículo 2, apartado 9, de la ley 3220/2004 solamente obliga a conservar los bienes de inversión o los inmovilizados contemplados en el artículo 2, apartado 2, durante tres años naturales.
(70)
Además, la ley 2601/1998 autorizaba cuatro tipos de ayuda:
a)
subvenciones directas vinculadas a la inversión inicial;
b)
reducción fiscal para los préstamos a medio y largo plazo (mínimo de cuatro años) destinados a financiar la inversión inicial;
c)
subvención de costes de arrendamiento financiero de nuevos equipos;
d)
exención fiscal en forma de fondo exento de impuestos, equivalente desde el 40 % hasta el 100 % del importe de los costes de inversión subvencionables, según los sectores y zonas geográficas,.
(71)
La ley 3220/2004 no contempla las tres primeras formas de ayuda mencionadas en las letras a), b) y c) del anterior apartado 70. Por otra parte, las reservas exentas de impuestos pueden utilizarse para todos los gastos subvencionables hasta el 100 %, independientemente de la zona y del importe de los costes de inversión subvencionables.
(72)
En segundo lugar, se modificó el período durante el cual se constituyó el fondo exento de impuestos con respecto a la fecha en que se realizaban los gastos vinculados a las actividades subvencionables. Los fondos de reserva exentos de impuestos conforme a la ley 2601/1998 podían constituirse en el año en que se realizaban los gastos vinculados a la actividad subvencionable o hasta diez años después. Con arreglo a la ley 3220/2004 los fondos podían constituirse entre uno y tres años antes de realizar los gastos vinculados a la actividad subvencionable. La nueva medida es mucho más beneficiosa en términos de tesorería puesto que permite a las empresas beneficiarse de la exención fiscal antes de la inversión. Además, la aplicación de la medida tiene consecuencias diferentes para las posibilidades de los beneficiarios de emprender los proyectos subvencionables. El número de beneficiarios del nuevo régimen puede extenderse a aquellas empresas que con arreglo a la medida anterior no habrían tenido suficiente liquidez para financiar de antemano sus proyectos, pero que pueden hacerlo gracias a la exención fiscal. A este respecto, carece de importancia que se haya incrementado el presupuesto total de la ayuda o los beneficios para determinadas empresas. El hecho de que, tomadas en conjunto, las condiciones generales de la nueva medida sean menos restrictivas basta para concluir que constituye nueva ayuda.
(73)
En sus comentarios por escrito, las autoridades griegas se basan en gran medida en la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de agosto de 1994 en el asunto C-44/93, Namur-Les assurances du Crédit (97). En dicho asunto, el Tribunal manifestó que el hecho de que la medida pudiera, en situaciones hipotéticas, suponer un aumento del presupuesto de ayuda no debe considerarse una indicación de que es una nueva ayuda cuando la ayuda haya sido prevista por disposiciones legales anteriores que no se hayan modificado. Sin embargo, la Comisión estima que el análisis anterior demuestra claramente que las disposiciones de la ley 3220/2004 son muy diferentes de las de la ley 2601/1998. En consecuencia no considera que la sentencia sea pertinente en el caso que nos ocupa.
(74)
Las autoridades griegas también sostienen que la ampliación del abanico de beneficiarios no supone un falseamiento de la competencia. Sin embargo, tanto la jurisprudencia del Tribunal como la práctica de la Comisión establecen que cualquier ayuda estatal en sectores sujetos a la competencia puede llevar a un falseamiento de la competencia. Por consiguiente, tal ayuda debe notificarse para que la Comisión evalúe su compatibilidad.
(75)
Finalmente, contrariamente a la alegación de las autoridades griegas de que los argumentos presentados por la Comisión en su decisión de iniciar el procedimiento formal de investigación son confusos e inadecuados, cabe tener en cuenta que en su decisión Comisión mencionó dos razones por las que consideraba que la medida constituía nueva ayuda: 1) el fundamento jurídico diferente, y 2) un instrumento diferente que contempla un plazo diferente para la constitución del fondo y podría por lo tanto tener consecuencias diferentes para el mercado interior. La Comisión también presentó un ejemplo: se contemplaba un posible grupo mayor de beneficiarios y un aumento del presupuesto. La Comisión considera que esta motivación era adecuada en el presente caso ya que exponía de forma clara e inequívoca el razonamiento de la Comisión para que los interesados pudiesen conocer las razones de la decisión.
VI.2.3. Nueva ayuda
(76)
La Comisión considera que el anterior análisis ha identificado varios indicios que sugieren que es correcto considerar que el régimen establecido por la ley 3220/2004 constituye un nuevo régimen de ayuda. En especial, dicho régimen coexistió durante algún tiempo con el régimen establecido por la ley 2601/1998 y las condiciones y el procedimiento de concesión de la ayuda son diferentes.
(77)
Sin embargo, incluso si la ley 3220/2004 pudiera considerarse una modificación de un régimen anterior, está claro que las modificaciones introducidas por esta ley son de naturaleza sustancial, pues afectan a la evaluación de la compatibilidad de la medida de ayuda con el mercado común (98) y no son meramente formales o administrativas. Por otra parte, las modificaciones se aplicaron a todos los beneficiarios y actividades subvencionables. Por lo tanto el nuevo régimen alteró el instrumento de ayuda en su conjunto y por lo tanto no puede ser claramente separable de la ayuda existente.
(78)
Contrariamente a lo afirmado por las autoridades griegas, la medida constituye por lo tanto nueva ayuda en su totalidad.
VI.2.4. Ayuda ilegal
(79)
Las autoridades griegas no notificaron la medida antes de su aplicación y la ejecutaron infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Por lo tanto, la medida constituye ayuda ilegal en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo.
VI.3. Compatibilidad del régimen de ayuda ilegal
(80)
Habiendo establecido que el régimen constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, es necesario considerar si la medida podría considerarse compatible con el mercado común.
(81)
La Comisión ha examinado el régimen habida cuenta del artículo 87 del Tratado CE y en especial, cuando estas disposiciones son aplicables, con arreglo a:
-
las DAR (99),
-
las DMS (100),
-
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (en lo sucesivo, «las Directrices de salvamento y reestructuración») (101),
-
las Directrices medioambientales (102),
-
el Encuadramiento sobre I+D (103),
-
el Reglamento sobre las ayudas a la formación (104),
-
el Reglamento sobre las ayudas a las PYME (105),
-
las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (106),
-
las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura en la parte aplicable a la presente ayuda (107).
La ayuda se evaluó con arreglo a las normas aplicables en el momento de la concesión.
(82)
Durante la investigación preliminar las autoridades griegas hicieron varias declaraciones referentes a la restricción de la concesión de ayuda en un intento de limitar los problemas de compatibilidad con las DAR. Se comprometieron, entre otras cosas, a respetar las Directrices multisectoriales sobre ayudas para grandes proyectos de inversión y a no conceder ayuda a empresas en crisis. Sin embargo, la ley concede la ventaja directamente a los beneficiarios, sin ninguna condición adicional o discrecionalidad administrativa. Solamente se necesita una normativa de desarrollo para la ayuda a unos pocos sectores y proyectos. Salvo en aquellos casos en los que se necesita dicha normativa, parece imposible que las autoridades griegas impongan algún tipo de obligación a los contribuyentes que invocan los derechos reconocidos por la ley. Por lo tanto, estos compromisos no pueden tenerse en cuenta al evaluar la medida.
(83)
La Comisión no puede aceptar los argumentos presentados por las autoridades griegas ni los de la FIG (108). En especial, por lo que se refiere al argumento de las autoridades griegas de que las ayudas a las empresas que ya tenían derecho a constituir un fondo de reserva exento de impuestos al amparo del régimen anterior constituye ayuda existente, la Comisión señala que el hecho de ser subvencionable en virtud de un régimen existente no justifica la concesión de ayuda por un nuevo régimen. En su respuesta a la decisión de la Comisión de iniciar el procedimiento formal de investigación, las autoridades griegas propusieron crear una autoridad nacional que examinaría a posteriori el cumplimiento de las normas comunitarias sobre ayuda estatal en cada caso individual. La Comisión indica que es ella la competente para examinar la compatibilidad de la ayuda y por lo tanto esta propuesta no puede aceptarse.
VI.3.1. Aplicación del Reglamento de minimis
(84)
El Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (en lo sucesivo, «el Reglamento de minimis») (109) no puede aplicarse al régimen en su conjunto. La ley no contiene ninguna disposición que limite a 100 000 EUR el importe de ayuda que un beneficiario puede recibir (110). Además no se cumple lo previsto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 69/2001 relativo a la acumulación y al control.
(85)
Por lo que se refiere a los sectores de la pesca y la agricultura, el Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (111), contiene unas disposiciones especiales sobre ayudas de minimis. Este Reglamento entró en vigor el 1 de enero de 2005 y se aplica a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor si la ayuda individual cumple todas las condiciones establecidas en sus artículos 1 y 3.
(86)
El Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión afirma que la ayuda concedida en los sectores de la pesca y la agricultura de hasta EUR 3 000 por beneficiario durante un período de tres años, dentro de los límites de un importe máximo establecido para cada Estado miembro (que en el caso de Grecia es de 34 965 000 EUR para la agricultura y de 2 036 370 EUR para la pesca) no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado a condición de que no se fije sobre la base del precio o la cantidad de los productos comercializados, ni esté relacionada con la exportación (ayuda directamente vinculada a las cantidades exportadas, ayudasal establecimiento y la explotación de una red de distribución o ayudasa otros gastos corrientes vinculados a la actividad exportadora), ni dependa de que se prime la utilización de productos nacionales en detrimento de los importados. En el marco del régimen basado en la ley 3220/2004, las ayudas que cumplan las condiciones antes mencionadas no se considerarán ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado.
(87)
La ley no contiene ninguna disposición que limite la cantidad de ayuda que un beneficiario puede recibir a 3 000 EUR o a al límite máximo de minimis aplicable a Grecia. Además, no se respeta lo previsto en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1860/2004 relativo a la acumulación y al control.
(88)
El Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas de minimis (112) puede ser aplicable -según su propio artículo 5, apartado 1- a las empresas que operan en el sector del transporte y a las empresas que se dedican a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas si la ayuda cumple todas las condiciones establecidas en sus artículos 1 y 2. Estos artículos obligan a limitar el importe de ayuda concedida a un beneficiario a los importes subvencionables máximos establecidos en el artículo 2, apartado 2, a saber, 200 000 EUR para las empresas que se dedican a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas y 100 000 EUR para las del sector del transporte. Además, se excluyen las empresas que se dedican a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, en los siguientes casos:
a)
cuando el importe de la ayuda se determine en función del precio o de la cantidad de dichos productos adquiridos a productores primarios o comercializados por las empresas interesadas;
b)
cuando la ayuda dependa de que se repercuta total o parcialmente sobre los productores primarios (agricultores).
Finalmente, queda excluida la ayuda para la adquisición de vehículos de transporte de mercancías por carretera concedida a empresas que realicen por cuenta ajena operaciones de transporte de mercancías por carretera.
(89)
La ley no contiene ninguna disposición que limite el importe de la ayuda concedida a un beneficiario. Además, no se atiene a lo previsto en los artículos 1 y 2 del Reglamento (CE) no 1998/2006.
(90)
De todo ello se desprende que el régimen no cumple las condiciones establecidas en los Reglamentos.
VI.3.2. Compatibilidad con arreglo a las DAR
(91)
La medida debería examinarse primero a la luz de las DAR. La producción primaria de productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado, los sectores de la pesca y el carbón quedan excluidos de la aplicación de las DAR. Sin embargo, la presente medida permite conceder ayuda a dos sectores de la producción agrícola: la agricultura intensiva y la pesca, así como a las cooperativas agrícolas y agroindustriales. Además, la explotación hullera puede obtener ayudas en los sectores de la minería, la extracción y el tratamiento de minerales y de mármol. Por lo tanto, en todo caso, las ayudas a estos sectores no pueden justificarse al amparo de las DAR.
(92)
Según las DAR, la ayuda puede autorizarse, sujeta a diferentes condiciones, tanto para la inversión inicial como para costes de funcionamiento más elevados. La presente ley no aclara a cuál de ellos sería aplicable.
(93)
En primer lugar, con arreglo al punto 4.4 de las DAR, la inversión inicial debe corresponder a una inversión en capital fijo relacionada con la creación de un nuevo establecimiento, la ampliación de un establecimiento existente o el lanzamiento de una nueva actividad, o la compra de un establecimiento que haya cerrado o hubiese cerrado de no procederse a su readquisición, siempre que no pertenezca a una empresa en crisis. La Comisión considera que los gastos de inversión subvencionables en virtud de esta medida no se atienen a esta definición y por lo tanto no pueden considerarse inversión inicial. Las inversiones de sustitución no están excluidas de los proyectos de inversión subvencionables, por ejemplo cuando estos se refieren a medios de transporte en las grandes instalaciones y para el personal, ordenadores, mobiliario y equipamiento, trabajos de acondicionamiento del acceso a las minas y camiones de segunda mano. La inversión en edificios y equipamiento destinados al alojamiento y a las necesidades sociales de los trabajadores no parece ser una inversión productiva. En el sector del transporte a zonas alejadas y sin litoral, los proyectos relacionados con el material de transporte incluyen el equipo de transporte en la base uniforme, lo cual es contrario a las DAR (113). La compra de programas informáticos y el desarrollo futuro de programas informáticos hasta un 60 % de la inversión total excede el límite del 25 % de la inversión en activos inmateriales además de la base uniforme. Tampoco se imponen otras condiciones necesarias para la inclusión de los programas informáticos entre los costes subvencionables (114). Por otra parte, dado que el desarrollo de programas constituye la actividad corriente del sector del desarrollo de programas, se considera que corresponde a gastos de funcionamiento de ese sector. Según el artículo 3, apartado 2, de la ley 2601/1998, también puede concederse ayuda a la inversión para actividades fuera de Grecia. Sin embargo, las DAR no permiten estas ayudas.
(94)
Además, la intensidad de la ayuda máxima, que en la medida que nos ocupa asciende al 37,05 % y el 36,89 % de los costes subvencionables para 2004 y 2005 respectivamente, supera las intensidades de ayuda máximas fijadas en el mapa de ayuda regional para Grecia (115). Concretamente, parece que en las áreas A y B del mapa griego de ayuda regional se superan los límites máximos de intensidad de la ayuda para proyectos de conformidad con el artículo 5 de la ley 2601/1998 (es decir, el 35 %), para cualquier proyecto cofinanciado según el Marco Comunitario de Apoyo para Grecia (116) (es decir, el 35 %) y para otros proyectos (no se contempla ninguna ayuda regional para la zona A, y el 18,4 % para la zona B). En las zonas C y D se pueden superar los límites máximos para los proyectos turísticos (33,2 %) y para otros proyectos (35,1 %).
(95)
La medida no impone la obligación de mantener la inversión inicial durante un mínimo de cinco años, según exige el punto 4.10 de las DAR.
(96)
En segundo lugar, con arreglo al punto 4.15 de las DAR, la ayuda de funcionamiento puede justificarse excepcionalmente siempre y cuando así lo justifique su aportación al desarrollo regional y su importe guarde proporción con las desventajas que se pretenda paliar. Sin embargo, la Comisión no ha recibido indicación alguna en este sentido y tiene dudas fundadas de que una medida tan amplia, que abarca todo el territorio de Grecia y numerosos sectores definidos de forma laxa, pueda paliar desventajas regionales específicas.
(97)
Por lo tanto, la Comisión observa que el régimen en su conjunto, que no se ajusta al ámbito de aplicación, a la definición de inversión inicial y la intensidad de la ayuda, es incompatible con arreglo a las DAR. Por otra parte, ninguna ayuda individual concedida con arreglo al régimen se supeditaba inicialmente a la obligación legal de mantener la inversión inicial en la región receptora de la ayuda por lo menos durante cinco años. Ninguna ayuda individual de funcionamiento se justificaba desde el principio. Por lo tanto ninguna ayuda individual concedida al amparo de este régimen puede considerarse compatible con las DAR.
VI.3.3. Compatibilidad con arreglo a las DMS (2002)
(98)
Las DMS (2002) exigen que se notifique toda ayuda regional a la inversión si la ayuda propuesta supera la ayuda máxima admisible que puede obtener una inversión de 100 millones EUR conforme a la escala reducida de los límites máximos de ayuda regional de las DMS. La presente medida ni excluye la ayuda a grandes proyectos de inversión, ni incluye la obligación de notificar individualmente tales casos, ni establece unos límites más bajos de ayuda en estos casos.
(99)
Por lo tanto, la Comisión observa que la medida no respeta las condiciones antes mencionadas y por lo tanto no es compatible con las DMS. Además, para ser compatible con las DMS (2002), el régimen debe cumplir lo establecido en las DAR. Sin embargo, este no es el caso tal y como se ha demostrado en la sección anterior. Concretamente, ninguna ayuda individual concedida a tenor del régimen se supeditó desde el principio a la obligación legal de mantener la inversión inicial por lo menos durante cinco años en la región receptora de la ayuda. Por lo tanto ninguna ayuda individual concedida con arreglo a este régimen puede considerarse compatible en virtud de las DMS (2002).
VI.3.4. Compatibilidad con arreglo a las Directrices de salvamento y reestructuración
(100)
Las autoridades griegas explicaron que la medida no se aplicaba a las empresas en crisis. De hecho, solamente podían acogerse a ella las empresas rentables. Así pues, la compatibilidad de este régimen con las Directrices de salvamento y reestructuración está excluida. Por lo tanto, ninguna ayuda individual concedida al amparo de este régimen puede declararse compatible con arreglo a estas Directrices.
VI.3.5. Compatibilidad en virtud de las Directrices medioambientales
(101)
La Comisión también evaluó si la ayuda para algunos proyectos podía considerarse compatible con las Directrices medioambientales. Las siguientes inversiones podrían evaluarse a la luz de estas Directrices: la inversión por razones medioambientales (117), la introducción y adaptación de tecnologías medioambientales, la inversión en energías renovables, en producción combinada de electricidad y calor (CHP) y ahorro de energía, así como la creación y desarrollo de instalaciones de reciclaje.
(102)
El punto 28 de las Directrices medioambientales permite conceder a las PYME ayudas a la inversión durante un período de tres años contado a partir de la adopción de nuevas normas comunitarias. El presente régimen no vincula la ayuda a la adopción de nuevas normas comunitarias y no define claramente los costes de inversión.
(103)
El punto 29 de las Directrices medioambientales autoriza a conceder ayuda a la inversión, si ello permite a las empresas ajustarse a normas ambientales más estrictas que las normas comunitarias. Este régimen no condiciona la ayuda a la adaptación a normas ambientales más estrictas que las normas comunitarias y no define claramente los costes de inversión.
(104)
El punto 30 de las Directrices medioambientales permite conceder ayuda a la inversión en ahorro de energía. Este régimen no define claramente los costes de inversión.
(105)
El punto 31 de las Directrices medioambientales permite conceder ayuda a la inversión a la producción combinada de electricidad y calor, si el rendimiento de conversión es particularmente elevado. Este régimen no condiciona la ayuda a un rendimiento de conversión particularmente elevado, no define claramente los costes de inversión y puede que no respete las correspondientes intensidades máximas de ayuda fijadas en las Directrices.
(106)
El punto 32 de las Directrices medioambientales permite conceder ayuda a la inversión en favor de las energías renovables a falta de normas comunitarias obligatorias. Este régimen, sin embargo, no proporciona una definición clara de las energías renovables y por lo tanto no está claro en qué medida es aplicable el punto 32 de las Directrices. Por otra parte, el régimen no define claramente los costes de inversión y no está claro si se respetan las correspondientes intensidades máximas de ayuda.
(107)
Incluso si la inversión fuera subvencionable al amparo de este punto, Grecia no ha demostrado que el coste subvencionable se atenga a las condiciones de los puntos 36 y 37 de las Directrices medioambientales que definen las inversiones correspondientes y los costes subvencionables.
(108)
El punto 38 de las Directrices medioambientales permite conceder ayuda para el saneamiento de instalaciones industriales contaminadas, en caso de que no sea posible identificar al responsable o atribuirle la responsabilidad económica de la contaminación. Este régimen no condiciona la ayuda a la no identificación de la persona responsable de la contaminación o a la imposibilidad de atribuirle la responsabilidad económica.
(109)
El punto 39 de las Directrices medioambientales permite conceder ayuda a la inversión cuando una empresa instalada en un medio urbano o en una zona designada en Natura 2000 ejerza, cumpliendo la normativa vigente, una actividad que implique una contaminación importante y esté obligada, como consecuencia de su ubicación, a abandonar su lugar de implantación para establecerse en una zona más adecuada. Por consiguiente, el cambio de lugar de implantación debe obedecer a razones de protección del medio ambiente y realizarse previa decisión administrativa o judicial que lo ordene y la empresa debe cumplir las normas medioambientales más estrictas aplicables en su nueva región de instalación. La intensidad de la ayuda para las PYME puede ser como máximo del 30 %, o del 40 % de los costes subvencionables. Los costes subvencionables son los relacionados con la compra de un terreno, la construcción o compra de las nuevas instalaciones hasta una capacidad igual a la de las instalaciones abandonadas, deduciendo los beneficios resultantes de la relocalización. Habría que deducir de los costes subvencionables mediante la ayuda a la inversión cualquier ahorro de costes o beneficio resultante de un incremento de la capacidad durante los primeros cinco años de funcionamiento, o el coste de una inversión que, aunque comparable desde un punto de vista técnico, no permita alcanzar la misma protección del medio ambiente. Sin embargo, este régimen no contempla tales deducciones de los costes subvencionables. El régimen no supedita la ayuda a las restricciones previamente mencionadas relativas la obligación de trasladarse y a los costes subvencionables. El régimen no respeta la intensidad máxima de ayuda del 30 % para grandes empresas. Por otra parte, no se excluye la ayuda de funcionamiento para el traslado.
(110)
Por lo que se refiere a los gastos para la creación y ampliación de instalaciones que produzcan materias primas y otras a partir de envases y de productos ya consumidos, el régimen no excluye que la ayuda se utilice para reciclar materiales procedentes de fuentes ajenas al beneficiario. Esto no se ajusta al principio de «quien contamina paga», que obliga a las empresas a invertir para mejorar su historial medioambiental y reducir su propia contaminación (118). Por lo tanto, las Directrices medioambientales no son aplicables a la creación y ampliación de instalaciones de reciclaje que se vayan a utilizar para reciclar materiales de fuentes ajenas al beneficiario. Al no ser posible evaluar esta medida a la luz de las Directrices medioambientales, la Comisión la evaluó directamente de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE. En el pasado, la práctica de la Comisión ha consistido en evaluar este tipo de casos con arreglo a tres criterios adicionales: 1) las ayudas no deben eximir indirectamente a las empresas que produzcan los residuos de una obligación que según la legislación comunitaria debería estar incluida en su presupuesto; 2) los materiales procesados no se recogerían o se procesarían de una forma menos respetuosa del medio ambiente, y 3) los proyectos deben ser innovadores, es decir, deben ir más allá del estado actual de la tecnología (119). El régimen no garantiza que la ayuda para la creación y ampliación de instalaciones que produzcan materias primas y otras a partir de envases y de productos ya consumidos cumpla los tres criterios adicionales antes mencionados.
(111)
Además, no se excluye que pueda concederse ayuda de funcionamiento en el marco de la introducción y adaptación de tecnologías medioambientales. Esta ayuda solamente podría justificarse si se concediera para la gestión de residuos, el ahorro de energía, las energías renovables o la producción combinada de electricidad y calor. La ayuda tendría que cumplir las condiciones de los puntos 43 a 67 de las Directrices medioambientales. Sin embargo, la medida no asigna la ayuda de funcionamiento a los fines definidos ni se atiene a las condiciones correspondientes.
(112)
Las dudas expresadas por la Comisión durante la apertura del procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado persisten y por lo tanto el régimen no puede declararse compatible.
(113)
Por consiguiente, la Comisión observa que el régimen no respeta las condiciones antes mencionadas de las Directrices medioambientales ni las del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE según se desprende de la práctica de la Comisión, y por lo tanto, es incompatible con las Directrices medioambientales y con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE. Por otra parte, la Comisión ha considerado todos los elementos de las Directrices medioambientales y de la práctica de la Comisión de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE y ha concluido que las autoridades griegas no han demostrado que las ayudas individuales fueran a partir del momento de su concesión compatibles con estas directrices o con la práctica de la Comisión de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE (120).
VI.3.6. Compatibilidad con arreglo al Encuadramiento sobre I+D
(114)
Según el último guión de la sección 10.3 del marco comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación, a partir del 30 de diciembre de 2006 (121) el marco aplicado a la evaluación de la ayuda estatal ilegal es el vigente cuando se concedió la ayuda, es decir, el Encuadramiento sobre I+D (122).
(115)
Es posible que algunos proyectos estén relacionados con actividades de investigación y desarrollo y, por consiguiente, la Comisión los ha examinado también a la luz del Encuadramiento sobre I+D. Se trata de la construcción, ampliación o modernización de laboratorios de investigación aplicada, el desarrollo de programas informáticos, los estudios para la aplicación de nuevas tecnologías, la innovación y los prototipos innovadores, y el registro de patentes.
(116)
La Comisión observa que la ayuda para los proyectos antes mencionados solamente puede entrar en el ámbito de aplicación del Encuadramiento sobre I+D, en la medida en que estos proyectos consisten en actividades de investigación según se definen en el anexo I de dicho Encuadramiento. Por otra parte, la Comisión considera que no consisten exclusivamente en investigación y desarrollo según se define en dicho anexo I. De la redacción de la ley se desprende que los costes subvencionables por medida no tienen necesariamente que corresponder a los contemplados en el Encuadramiento sobre I+D.
(117)
Además, cuando los proyectos de investigación o el desarrollo de patentes que reciben ayuda se refieren al desarrollo precompetitivo, se supera el límite máximo de intensidad de la ayuda aplicable con carácter general en Grecia del 35 % [intensidad básica del 25 % + 10 % para las regiones del artículo 87, apartado 3, letra a)] cuando no es aplicable ninguna prima adicional, ya que la intensidad máxima de ayuda con arreglo a la medida es de hasta un 37,05 % y un 36,89 % en 2004 y 2005 respectivamente. Según las normas sobre ayudas estatales el coste del registro de patentes no puede obtener ayuda si el solicitante es una gran empresa. Sin embargo, el presente régimen no excluye la concesión de ayuda para el registro de patentes a las grandes empresas.
(118)
En el caso de las grandes empresas el efecto de incentivo debe establecerse y verificarse antes de conceder la ayuda. Esta condición establecida en el Encuadramiento sobre I+D es aplicable a toda ayuda de I+D que se conceda a grandes empresas, incluida la ayuda fiscal. Sin embargo, el régimen no contempla la necesidad de establecer el efecto de incentivo antes de conceder la ayuda. Como la empresa beneficiaria de la ayuda no está obligada a incrementar las actividades de I+D, ni siquiera el hecho de que la medida pueda dar lugar a incrementar las actividades de I+D en algunas empresas puede justificar el efecto de incentivo, ya que esto puede deberse a factores ajenos a la ayuda.
(119)
Por otra parte, en el sector de la agricultura no se observa ninguna prueba del cumplimiento de las cuatro condiciones enumeradas en la Comunicación de la Comisión por la que se modifica el encuadramiento comunitario sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo (123).
(120)
Por lo tanto, la Comisión indica que el régimen no respeta las condiciones del Encuadramiento sobre I+D antes mencionadas y por lo tanto es incompatible con él. Por otra parte, ninguna ayuda individual concedida a las grandes empresas al amparo del régimen estaba desde el principio sujeta a la condición del efecto de incentivo. Las autoridades griegas no han demostrado que cualquier ayuda individual sería compatible con el Encuadramiento sobre I+D a partir del momento de su concesión. Por lo tanto ninguna ayuda individual concedida al amparo de este régimen puede considerarse compatible con arreglo al Encuadramiento sobre I+D.
VI.3.7. Compatibilidad con arreglo al Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión («Reglamento sobre las ayudas a la formación»)
(121)
La Comisión evaluó las ayudas a la formación relacionadas con la introducción de sistemas de automatización de procesos (124), la formación relacionada con programas informáticos (125) y otros tipos de formación (126) con arreglo al Reglamento sobre las ayudas a la formación.
(122)
Según la redacción de la ley, no se puede establecer si los costes subvencionables por la medida corresponden a los contemplados en el Reglamento sobre las ayudas a la formación. Cuando el beneficiario de la ayuda de formación es una empresa concreta, puede superarse el límite máximo de intensidad de la ayuda para grandes empresas del 35 % [intensidad básica del 25 % + 10 % para regiones del artículo 87, apartado 3, letra a)], ya que la intensidad máxima de ayuda con arreglo a la medida llega hasta el 37,05 % y el 36,89 % en 2004 y 2005, respectivamente.
(123)
Por lo tanto, la Comisión observa que el régimen no respeta las condiciones del Reglamento sobre las ayudas a la formación previamente mencionadas, y por lo tanto no puede considerarse compatible con arreglo al mismo.
VI.3.8. Compatibilidad con arreglo al Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión («Reglamento sobre las ayudas a las PYME»)
(124)
La Comisión observa que la medida no establece diferencias en los importes de ayuda o los sectores subvencionables o proyectos según el tamaño del beneficiario. Por lo tanto, la medida en su conjunto no puede considerarse compatible con el Reglamento sobre las ayudas a las PYME. Sin embargo, cuando la ayuda se concede con arreglo a la medida a pequeñas y medianas empresas según se definen en el anexo I del Reglamento sobre las ayudas a las PYME, puede aplicarse este reglamento de exención por categorías.
(125)
La ayuda a la inversión para las PYME en Grecia, cuyo territorio es subvencionable en su totalidad mediante ayuda regional de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE, está sujeta a un límite de intensidad de la ayuda superior en un 15 % a los límites establecidos en las DAR. Esto se aplica a todos los proyectos de inversión contemplados en el apartado 21 de la presente Decisión, salvo a la inversión en el sector de la agricultura, la inversión en medios del transporte en el sector del transporte (127) y la inversión destinada al extranjero (128). Los límites de intensidad de la ayuda no se respetan en los proyectos con excepción del turismo, los estacionamientos en las zonas A y B del mapa griego de ayuda regional (no se prevé ninguna ayuda regional para las zonas A, y para las zonas B se contempla el 18,4 % más un 15 % para las PYME). Por otra parte, la aplicación de este límite más elevado se supedita a mantener la inversión en la región beneficiaria por lo menos durante cinco años. Sin embargo, la medida no contempla este requisito. En el sector del transporte, los costes de medios de transporte y de equipamiento de transporte no se incluirán en los costes subvencionables.
(126)
La inversión extranjera directa fuera de Grecia puede obtener ayuda hasta un límite de intensidad del 15 % si se concede a pequeñas empresas y del 7,5 % para empresas medianas. Sin embargo, la medida que nos ocupa permite superar ambos límites.
(127)
Los estudios para la aplicación de nuevas tecnologías, los relacionados con la introducción de procesos y la certificación de productos, los estudios sobre organización de empresas y mercados, y los estudios sobre la posibilidad de optar a la ayuda pueden obtener ayuda a las PYME. Sin embargo, la medida no garantiza que estos servicios sean prestados por consultores externos. Tampoco está excluido que tales estudios constituyan una actividad continua o periódica relacionada con la actividad habitual de la empresa.
(128)
Por lo tanto, la Comisión observa que el régimen no respeta las condiciones previamente mencionadas del Reglamento sobre las ayudas a las PYME, y por lo tanto, es incompatible con este.
VI.3.9. Compatibilidad con arreglo a las Directrices comunitarias para la ayuda estatal en el sector de la agricultura
(129)
En el sector de la agricultura, el análisis debe efectuarse a dos niveles: las actividades de transformación y comercialización, por una parte, y la producción primaria, por otra, teniendo en cuenta que, en ambos casos, la legislación comunitaria pertinente es la que era aplicable cuando se concedió la ayuda, es decir, las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario (en lo sucesivo, «las Directrices sobre el sector agrario») y el Reglamento (CE) no 1860/2004 de la Comisión, de 6 de octubre de 2004, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis en los sectores agrario y pesquero (129).
(130)
En cuanto a la producción primaria, las disposiciones pertinentes aplicables a las medidas, gastos subvencionables y costes de funcionamiento definidos por la ley 3220/2004, son las establecidas en los puntos 4.1, 13 y 14 de las Directrices sobre el sector agrario, dedicados respectivamente a la ayuda a la inversión, la ayuda para fomentar la producción y comercialización de productos agrícolas de calidad, y a la ayuda para prestar apoyo técnico.
(131)
Según el punto 4.1 de las Directrices sobre el sector agrario, los gastos subvencionables en el marco de inversiones pueden incluir la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, la maquinaria y bienes de equipo nuevos, incluidos programas informáticos, y los costes generales (tales como remuneración de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias) hasta el 12 % del coste total. Se autoriza la ayuda para la compra de plantas, a excepción de las plantas anuales. Los tipos de ayuda establecidos en el citado punto son del 40 % de los gastos subvencionables en las regiones «normales» y del 50 % en las zonas menos favorecidas, con un aumento de cinco puntos porcentuales para los agricultores jóvenes que realizan la inversión en sus primeros cinco años de actividad.
(132)
Para poder obtener la ayuda, las explotaciones agrícolas deben cumplir también unas normas mínimas en el campo del medio ambiente, la higiene y el bienestar animal y las inversiones deben dirigirse a productos para los que se pueda encontrar una salida normal en el mercado y el importe total de gastos subvencionables no debe exceder el límite de la inversión total subvencionable fijado por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1257/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) y por el que se modifican y derogan determinados Reglamentos (130).
(133)
En caso de traslado de edificios agrícolas, se prevén varias posibilidades:
-
cuando la necesidad del traslado se derive de una expropiación que, de acuerdo con la legislación del Estado miembro de que se trate, da lugar a compensación, el pago de la misma no será considerado normalmente ayuda estatal a efectos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado,
-
en otros casos, cuando el traslado consiste simplemente en el desmantelamiento, traslado y reconstrucción de instalaciones existentes, pueden aceptarse ayudas de hasta un 100 % de los costes reales,
-
cuando el traslado puede beneficiar al agricultor gracias a unas instalaciones más modernas, la contribución del agricultor debe ser al menos igual a un 60 % (50 % en el caso de regiones desfavorecidas) del incremento del valor de las instalaciones (estos porcentajes serán del 55 % y el 45 % cuando el beneficiario sea un agricultor joven),
-
cuando el traslado lleva consigo un aumento de la capacidad de producción, la contribución del beneficiario debe ascender al menos al 60 % (o al 50 % en regiones desfavorecidas) de la proporción correspondiente de gastos (estos porcentajes serán del 55 % y el 45 % cuando el beneficiario sea un agricultor joven).
(134)
Cuando las inversiones se realizan por razones medioambientales, el punto 4.1.2.4 de las Directrices sobre el sector agrario establece que los tipos de ayuda del 40 % o 50 % en las áreas menos favorecidas pueden incrementarse en 20 o 25 puntos porcentuales si la inversión va más allá de los requisitos mínimos comunitarios en vigor. En ese caso, el incremento debe limitarse estrictamente a los costes subvencionables suplementarios necesarios para cumplir el objetivo marcado y no se aplicará en el caso de inversiones que produzcan un aumento de la capacidad de producción.
(135)
Según el punto 13 de las Directrices sobre el sector agrario, la ayuda para la introducción de procesos y la certificación de productos y los estudios relacionados con estas no podrá superar los 100 000 EUR por beneficiario en un mismo período de tres años o, tratándose de PYME, un 50 % de los costes subvencionables, según cual sea la cifra más favorable.
(136)
Según el punto 14 de las Directrices sobre el sector agrario, la ayuda a la formación no podrá superar los 100 000 EUR por beneficiario en un mismo período de tres años o, tratándose de PYME, un 50 % de los costes subvencionables, según cual sea la cifra más favorable. Además, hay que cumplir ciertas condiciones: la ayuda debe ponerse a disposición de todos aquellos que puedan optar a la misma en la zona considerada y cuando la prestación de estos servicios corra a cargo de agrupaciones de productores o de otras organizaciones agrícolas de apoyo mutuo, no deberá limitarse a los miembros de la agrupación u organización y las contribuciones destinadas a sufragar los costes administrativos de la agrupación u organización deberán limitarse a los costes de prestación del servicio.
(137)
Según la información que obre en poder de la Comisión, parece que las intensidades de ayuda calculadas para el régimen (37,05 % en 2004 y 36,89 % en 2005) no superan las establecidas en los diversos puntos de las Directrices sobre el sector agrario antes mencionados. No obstante, no es posible determinar si se cumplen todas las condiciones enumeradas en los puntos 131 a 136 de la presente Decisión, excepto en el caso de las medidas de traslado, en el que las disposiciones del régimen cumplen las normas descritas en el punto 133. Concretamente:
-
no hay pruebas que demuestren que, entre los costes de funcionamiento enumerados en el punto 22, al término del arrendamiento financiero se proceda a la compra del bien,
-
no hay pruebas que demuestren que en el cálculo de la ayuda los costes tales como los relacionados con estudios para la aplicación de nuevas tecnologías, el registro de patentes, los estudios sobre la posibilidad de obtener ayudas y los estudios de organización de empresas y mercados solamente se hayan tenido en cuenta hasta un 12 % del total de los gastos subvencionables enumerados en el punto 131,
-
no hay pruebas que demuestren que las actividades de formación han obtenido apoyo de conformidad con lo dispuesto en el punto 14.1 de las Directrices sobre el sector agrario,
-
no hay pruebas que demuestren que la ayuda relacionada con la introducción de procesos y la certificación de productos y los estudios relacionados con estas se hayan concedido de conformidad con el punto 13 de las Directrices sobre el sector agrario,
-
no hay pruebas de que las plantas anuales se hayan excluido del alcance de la ayuda destinada a la compra de plantas,
-
no hay pruebas que demuestren que todas las explotaciones agrícolas que recibían ayudas en virtud del régimen hayan cumplido las normas mínimas en los ámbitos del medio ambiente, la higiene y el bienestar animal, y que las inversiones se centraron en productos para los cuales podían encontrarse salidas en el mercado.
(138)
Las dudas manifestadas por la Comisión cuando inició el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado siguen existiendo y por lo tanto el régimen no puede declararse compatible.
(139)
Las ayudas para la transformación y comercialización de productos agrícolas se rigen por el punto 4.2 de las Directrices sobre el sector agrario, que contiene dos grupos de normas:
-
con arreglo al primer grupo puede concederse ayuda hasta el 50 % de las inversiones subvencionables, en regiones del objetivo no 1, y un 40 % en las demás regiones. Los gastos subvencionables son los correspondientes a la construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles, a maquinaria y bienes de equipo nuevos (incluidos programas informáticos) y a costes generales (remuneración de arquitectos, ingenieros y consultores, estudios de viabilidad, adquisición de patentes y licencias), hasta un 12 % del coste total. Para poder obtener ayuda, el beneficiario debe, al igual que en el caso de la producción primaria, cumplir las normas mínimas relativas al medio ambiente y a la higiene y al bienestar animal; por otra parte no puede concederse ninguna ayuda a no ser que se demuestre suficientemente la existencia de salidas normales para los productos en el mercado y además las ayudas a la inversión cuyos gastos subvencionables superen 25 millones EUR, o cuyo volumen efectivo supere 12 millones EUR, deberán ser específicamente notificadas a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, apartado 3, del Tratado,
-
el segundo conjunto de normas se refiere a las ayudas estatales para inversiones ligadas a la transformación y comercialización de productos agrícolas concedidas en el marco de programas de ayudas regionales previamente aprobados por la Comisión con arreglo a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional.
(140)
En el presente caso, solamente es aplicable el primer grupo de normas ya que la Comisión no ha aprobado el régimen que contempla ayudas para la transformación y comercialización de productos agrícolas sino que lo ha impugnado.
(141)
Como en el caso de la producción primaria, la Comisión observa que las intensidades de ayuda calculadas para el régimen no superan las establecidas en el punto 4.2 de las Directrices sobre el sector agrario, pero no es posible determinar si se han cumplido todas las condiciones citadas en el primer guión del apartado 139 de la presente Decisión. En especial:
-
no hay pruebas que demuestren que, entre los costes de funcionamiento enumerados en el punto 22, al término del arrendamiento financiero se proceda a la compra del bien,
-
no hay pruebas que demuestren que en el cálculo de la ayuda los costes tales como los relacionados con estudios para la aplicación de nuevas tecnologías, el registro de patentes, los estudios sobre la posibilidad de obtener ayudas y los estudios de organización de empresas y mercados solamente se hayan tenido en cuenta hasta un 12 % del total de los gastos subvencionables enumerados en el punto 139,
-
no hay pruebas que demuestren que todas las empresas que recibían ayudas en virtud del régimen hayan cumplido las normas mínimas en los ámbitos del medio ambiente, la higiene y el bienestar animal, y que las inversiones se centraran en productos para los cuales podían encontrarse salidas en el mercado,
-
no hay pruebas que demuestren que todos los proyectos de inversión en la transformación y comercialización de productos agrícolas sean proyectos cuyos gastos subvencionables no son superiores a 25 millones EUR o cuya ayuda no es superior a 12 millones EUR.
(142)
Las dudas manifestadas por la Comisión cuando inició el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado siguen existiendo y por lo tanto el régimen no puede declararse compatible.
(143)
Por lo tanto, salvo en lo que respecta a las medidas de traslado, la Comisión observa que el régimen no respeta las condiciones antes mencionadas de las Directrices sobre el sector agrario, y por lo tanto, es incompatible con las mismas. Por otra parte, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las autoridades griegas no han demostrado que las ayudas individuales fueran compatibles a partir del momento de su concesión con estas Directrices o con la práctica de la Comisión de conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.
VI.3.10. Compatibilidad con arreglo a las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura
(144)
Las empresas de los sectores de la pesca y la acuicultura pueden beneficiarse de la medida que nos ocupa. Los proyectos de ayuda estatal relacionados con estos dos sectores se evaluarán en el contexto de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. Tras la entrada en vigor de la ley griega 3220/2004 que instauraba el presente régimen de ayudas, las Directrices cambiaron a partir del 1 de enero de 2005. Por consiguiente, las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura de 2001 (131) deben aplicarse a la ayuda concedida antes del 1 de noviembre de 2004. Las vigentes Directrices de 2004 (132) se aplican a la ayuda concedida después del 1 de noviembre de dicho año.
(145)
En general debería considerarse que la Comisión no puede declarar ninguna ayuda estatal compatible si el Estado miembro interesado no comunica el importe total de ayuda por medida así como la intensidad de la ayuda. Al evaluar el régimen es necesario tener en cuenta el efecto acumulativo de todas las subvenciones estatales para el beneficiario. El régimen examinado no proporciona estos detalles ni permite tal evaluación. Por otra parte, el régimen que nos ocupa no garantiza que el Estado miembro compruebe que el beneficiario cumple las normas de la política pesquera común.
(146)
Ambas versiones de las Directrices prohíben las ayudas que no imponen ninguna obligación al beneficiario. Estas Directrices subrayan la necesidad de controlar tales ayudas, especialmente si se conceden en forma de reducción fiscal. Teniendo en cuenta que el Estado miembro no ha proporcionado ninguna información que permita evaluar la ayuda a la pesca y a la acuicultura, la Comisión debe considerar que estas ayudas son incompatibles.
(147)
La Comisión debe comprobar las ayudas a la inversión en cuanto a los distintos tipos de beneficiarios (pescadores, acuicultura, transformación y comercialización). Cada aplicación de la medida debe evaluarse por separado a la luz de las condiciones detalladas enumeradas en las Directrices. La información contenida en el régimen no permite tal evaluación.
(148)
Basándose en todo lo anterior, la Comisión considera que el artículo 2 de la ley 3220/2004 es incompatible en lo que respecta a la pesca y la acuicultura. Las dudas manifestadas por la Comisión cuando inició el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado siguen existiendo y por lo tanto el régimen no puede declararse compatible. Por lo tanto, la Comisión ha llegado a la conclusión de que las autoridades griegas no han demostrado que las ayudas individuales fueran compatibles con estas Directrices en el momento de su concesión (133).
VI.3.11. Compatibilidad con arreglo al artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE
(149)
En el presente asunto no puede aplicarse ninguna de las excepciones establecidas en el artículo 87, apartado 2, del Tratado CE, pues la medida no persigue los objetivos enumerados en dicha disposición.
(150)
De conformidad con el artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE, las ayudas se consideran compatibles con el mercado común cuando están destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo. Los criterios para la evaluación de la compatibilidad de conformidad con dicha disposición artículo se contemplan en las normas específicas examinadas con anterioridad.
(151)
Por lo que se refiere al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, la presente ayuda no pretende fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo y no está destinada a poner remedio a una grave perturbación en la economía de Grecia ni a promover la cultura y la conservación del patrimonio.
(152)
El artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE se refiere a las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en contra del interés común. Se puede incluir aquí la ayuda a los monasterios para la construcción de paradores y centros culturales y la ayuda a las empresas situadas en edificios protegidos o históricos que fabrican productos típicos o con denominación de origen por lo que se refiere a la rehabilitación y restauración de edificios protegidos, la inversión en maquinaria tradicional o la certificación de productos tradicionales o de procesos que se consideran patrimonio natural. Sin embargo, la Comisión carece de información referente a la naturaleza de estas actividades como patrimonio cultural, al nivel de la ayuda y a su impacto en los intercambios comerciales. Por lo tanto, la Comisión no puede concluir que estas medidas sean compatibles con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra d), del Tratado CE.
(153)
Finalmente, es necesario examinar si la ayuda puede acogerse a la excepción establecida en el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE según el cual pueden considerarse compatibles las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Los criterios para la evaluación de la compatibilidad de conformidad con este artículo se contemplan en las normas específicas examinadas con anterioridad. Cualquier ayuda que no cumpla las condiciones de las normas específicas requiere una justificación detallada, que las autoridades griegas no han proporcionado. Por lo tanto, la Comisión no puede concluir que estas medidas sean directamente compatibles con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.
VI.4. Conclusión
(154)
Dado que el régimen de ayudas, en su conjunto y en todas sus partes, salvo en el caso del traslado de edificios agrícolas en el sector agrícola, no puede acogerse a ninguna de las excepciones previstas en el Tratado, la Comisión concluye que el régimen de ayudas es incompatible con el mercado común, a excepción del traslado de edificios agrícolas en el sector agrícola, para el cual, según el análisis antes realizado, las ayudas concedidas:
-
no constituyen ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, cuando el traslado se derive de una expropiación que, de acuerdo con la legislación del Estado miembro de que se trate, da lugar a compensación, o
-
son compatibles con el mercado común en los demás casos descritos en el apartado 133.
(155)
La ayuda individual concedida al amparo del régimen puede considerarse compatible con el mercado común:
-
con arreglo al Reglamento (CE) no 69/2001, solamente si el importe total de ayuda concedida al amparo del régimen, combinado con todas las demás ayudas de minimis recibidas por el beneficiario durante los tres años anteriores, no es superior a 100 000 EUR y si se cumplen todas las condiciones fundamentales del Reglamento,
-
con arreglo al Reglamento (CE) no 1860/2004, solamente si el importe total de ayuda concedida al amparo del régimen, combinado con todas las demás ayudas de minimis recibidas por el beneficiario durante los tres años anteriores, no es superior a 3 000 EUR y si se cumplen todas las condiciones fundamentales del Reglamento,
-
con arreglo al Reglamento (CE) no 1998/2006, solamente si el importe total de ayuda concedida a los sectores del transporte y la transformación y comercialización de productos agrícolas al amparo del régimen combinado con todas las demás ayudas de minimis recibidas por el beneficiario durante los tres años anteriores no es superior a 100 000 EUR para las empresas activas en el sector del transporte y a 200 000 EUR para empresas activas en la transformación y comercialización de productos agrícolas, y si se cumplen todas las condiciones fundamentales de los artículos 1 y 2 del Reglamento,
-
con arreglo a cualquier otro reglamento sobre ayuda estatal o a un régimen de ayudas autorizado, solamente si la ayuda individual cumple todas las condiciones fundamentales del reglamento o del régimen correspondientes en el momento de su concesión.
(156)
Todas las demás ayudas individuales concedidas al amparo del régimen deben considerarse incompatibles con el mercado común.
VII. RECUPERACIÓN
(157)
Según el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda.
(158)
Solamente puede recuperarse la ayuda incompatible. La compatibilidad se establecerá al nivel del proyecto que recibe la ayuda. Además, se debe establecer si la ayuda era compatible a tenor de alguna norma comunitaria sobre ayuda estatal o de algún régimen de ayudas existente en el momento de la concesión según las normas vigentes en ese momento.
(159)
Cuando la Comisión autorice una ayuda notificada, la medida de ayuda debe velar por que se cumplan todas las condiciones de las normas aplicables. El incumplimiento de una condición implica la incompatibilidad. Por lo tanto, una medida de ayuda ilegal no recibirá un mejor trato al evaluar la compatibilidad. Para concluir que una ayuda es compatible deben cumplirse todas las condiciones fundamentales desde el principio. De ello se deduce que los intentos de introducir retroactivamente otras condiciones no subsanarían la incompatibilidad de la medida de ayuda en el momento de la concesión de la ayuda.
(160)
Solo las ayudas concedidas al amparo de los Reglamentos de minimis (CE) no 69/2001 y (CE) no 1860/2004, de algunas disposiciones del Reglamento sobre las ayudas a las PYME y del Reglamento sobre las ayudas a la formación, así como de algunas disposiciones de las Directrices sobre el sector agrario podría considerarse eventualmente que cumplen todas las condiciones fundamentales a partir del momento de su concesión.
(161)
En cuanto a las alegaciones de Grecia de que la Comisión debería limitar el alcance de la recuperación porque tendría graves consecuencias financieras para Grecia, la Comisión observa que, según la jurisprudencia del Tribunal (134), el único motivo que un Estado miembro puede invocar es la imposibilidad absoluta de ejecutar correctamente la decisión. Sin embargo, las dificultades financieras no constituyen una imposibilidad absoluta.
(162)
Las sentencias en los asuntos citados por Grecia (135), se refieren a la posibilidad de una eventual limitación de la fuerza retroactiva de un acto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que restrinja los efectos temporales de una sentencia, en casos excepcionales, si la sentencia da lugar a consecuencias económicas graves resultantes en especial del gran número de relaciones jurídicas establecidas de buena fe y en caso de que estas prácticas se hubieran adoptado debido a la incertidumbre de las disposiciones comunitarias.
(163)
Las alegaciones de Grecia no se sostienen en la medida que nos ocupa pues se refiere a una medida de ayuda estatal no comunicada y, por lo tanto, no aprobada. Así pues, las circunstancias atenuantes, citadas en la jurisprudencia mencionada por Grecia (136), de la actuación de buena fe y de la incertidumbre de las disposiciones comunitarias no pueden admitirse razonablemente.
(164)
En cuanto a la posible buena fe, los beneficiarios no pueden reivindicar la buena fe, cuando no tenían expectativas legítimas de recibir la ayuda. Según la jurisprudencia establecida (137), las instituciones comunitarias solo pueden generar una expectativa legítima en cuanto a la legalidad de la ayuda mediante una decisión de autorización o al no actuar contra una medida incompatible cuando deberían haberlo hecho. Sin embargo, del procedimiento se desprende que la Comisión manifestó a las autoridades griegas sus dudas respecto la compatibilidad de la medida tan pronto como tuvo conocimiento de la misma, apenas unos meses después de su entrada en vigor. A continuación, la Comisión llevó a cabo su investigación. Por lo tanto, Grecia no puede invocar las expectativas legítimas contra una posible recuperación. Por otra parte, tampoco cabe afirmar que las disposiciones comunitarias sobre ayudas estatales sean inciertas.
(165)
Por todo ello, la Comisión rechaza la posibilidad de invocar limitaciones o excepciones a la recuperación de la ayuda ilegal por Grecia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. El régimen de ayuda estatal ejecutado por Grecia de conformidad con el artículo 2 de la ley 3220/2004 es incompatible con el mercado común.
2. En el sector agrícola, la ayuda concedida para el traslado de edificios agrícolas no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, cuando la necesidad del traslado se derive de una expropiación que, de acuerdo con la legislación del Estado miembro de que se trate, da lugar a compensación. Esta ayuda es compatible con el mercado común en los demás casos de traslado.
Artículo 2
La ayuda individual concedida al amparo del régimen mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la presente Decisión no constituye ayuda si, en el momento de su concesión, cumple las condiciones establecidas en un reglamento adoptado de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (138), que era aplicable cuando se concedió la ayuda.
Artículo 3
La ayuda individual concedida al amparo del régimen mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la presente Decisión, que, en el momento de su concesión, cumplía las condiciones establecidas en un reglamento adoptado de conformidad con el artículo 1 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo o en otro régimen de ayuda autorizado, es compatible con el mercado común hasta las intensidades máximas de ayuda aplicables al tipo de ayuda correspondiente.
Artículo 4
1. Grecia recuperará de los beneficiarios la ayuda incompatible concedida al amparo del régimen mencionado en el artículo 1, apartado 1, de la presente Decisión.
2. Las sumas por recuperar incluirán los intereses devengados entre la fecha en que las ayudas se hayan puesto a disposición de los beneficiarios y la fecha de su recuperación efectiva.
3. Los intereses se calcularán como interés compuesto de acuerdo con el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (139).
4. Grecia cancelará con efectos desde la fecha de adopción de la presente Decisión todos los pagos de las ayudas contempladas en el artículo 1, apartado 1, que estén pendientes.
Artículo 5
1. La recuperación de las ayudas del régimen contempladas en el artículo 1, apartado 1, tendrá carácter inmediato y efectivo.
2. Grecia garantizará que la presente Decisión comience a aplicarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de su notificación.
Artículo 6
1. Dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente Decisión, Grecia facilitará a la Comisión la información siguiente:
a)
la lista de los beneficiarios a los que se hayan concedido ayudas contempladas en el artículo 1, apartado 1, de la presente Decisión y el importe total de la ayuda recibida por cada uno de ellos;
b)
la suma total (importe principal e intereses) que deba recuperarse de cada beneficiario;
c)
una descripción detallada de las medidas que ya se hayan adoptado o se proyecte adoptar para dar cumplimiento a la presente Decisión, y
d)
los documentos que prueben que se ha ordenado a los beneficiarios que reembolsen la ayuda.
Grecia presentará esta información utilizando el impreso que figura en el anexo.
2. Grecia mantendrá informada a la Comisión del progreso de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que la recuperación de la ayuda mencionada en el artículo 1, apartado 1, haya concluido. Presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, la información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará la información detallada referente a los importes de la ayuda y a los intereses ya recuperados de los beneficiarios.
Artículo 7
El destinatario de la presente Decisión será la República Helénica.
Hecho en Bruselas, el 18 de julio de 2007.

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