Document ID: 31989D0687

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 22 de diciembre de 1989
por la que se establece un programa de opciones específicas de la lejanía e insularidad de los departamentos franceses de ultramar (POSEIDOM)
(89/687/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 227 y su artículo 235,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que, en virtud del apartado 2 del artículo 227 del Tratado, corresponde a las instituciones de la Comunidad velar, en el marco de los procedimientos previstos por el Tratado, por el desarrollo económico y social de los departamentos de ultramar; que conviene, a este fin, establecer un programa plurianual y plurisectorial a fin de realizar mejor dicho objetivo; que, en el caso presente, el Tratado no ha previsto los poderes de acción requeridos para la adopción de la presente Decisión y que conviene por lo tanto recurrir al artículo 235 del Tratado;
Considerando que los departamentos franceses de ultramar, que también constituyen regiones en el sentido de la ley francesa de 2 de agosto de 1984, sufren un gran retraso estructural agravado por diversos fenómenos (lejanía, insularidad, escasez de superficie, relieve y clima difíciles, economía dependiente de unos pocos productos) cuya persistencia y acumulación perjudican gravemente su desarrollo económico y social; que, en razón de dichos fenómenos, el contexto socioeconómico de esas regiones es claramente distinto del de las demás regiones de la Comunidad, particularmente por lo que se refiere al índice de desempleo, que es uno de los más elevados de la Comunidad y que afecta principalmente a los jóvenes;
Considerando que los órganos comunitarios han mostrado, en distintas ocasiones, su solidaridad con los departamentos de ultramar, tanto por medio de la intervención de los fondos comunitarios como por la toma en consideración de sus particularidades al aplicar las regulaciones comunitarias; que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 11 de mayo de
1987 sobre los problemas regionales de los departamentos de ultramar, hizo especial hincapié en que «la gravedad de la situación de los departamentos de ultramar justifica y exige un plan plurisectorial de desarrollo económico y social» y pidió a los órganos comunitarios la aplicación de una larga serie de medidas de distinto tipo;
Considerando que los problemas específicos de los departamentos de ultramar exigen un mayor apoyo de la Comunidad con el fin de promover su desarrollo económico y social; que dicho apoyo debe prestarse enseguida para facilitar la integración de su economía en el mercado interior de 1993;
Considerando que los departamentos de ultramar forman parte integrante de la Comunidad en virtud del apartado 2 del artículo 227 del Tratado, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual las disposiciones del Tratado y del Derecho derivado se aplican plenamente a los departamentos de ultramar, quedando entendido que es posible adoptar medidas específicas en favor de dichos departamentos, mientras exista una necesidad objetiva de adoptar tales medidas para favorecer el «desarrollo económico y social de esas regiones»;
Considerando, no obstante, que, aun cuando forman parte integrante de la Comunidad, los departamentos de ultramar están situados en regiones tropicales en desarrollo; que, por consiguiente, toda acción relativa a los departamentos de ultramar debe basarse en una clara percepción de esa dualidad y tener como objetivo tanto la consecución del mercado interior como el reconocimiento de la realidad regional; que el objetivo de la consecución del mercado interior debería traducirse en el mantenimiento, la adaptación o la derogación, según el caso, de las regulaciones vigentes en los departementos de ultramar, en consonancia con las que prevalezcan en el conjunto de la Comunidad, permitiendo al mismo tiempo a estos departamentos recuperar el nivel económico y social medio comunitario;
Considerando que la normativa europea a adoptar en favor de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales deberá tener en cuenta la fragilidad de los medios insulares y la particular sensibilidad de estos territorios ante una presión turística cada vez mayor;
Considerando que la consecución de tales objetivos puede exigir en particular la adaptación de determinadas regulaciones comunitarias de carácter general, en la medida en que éstas no tengan suficientemente en cuenta la realidad específica de los departamentos de ultramar; que, por consiguiente, es conveniente adoptar una iniciativa coherente en el marco de un programa global de acciones;
Considerando que la aplicación de dicho programa debería traducirse por la adopción de actos jurídicos, por el Consejo o la Comisión según los casos, algunos de los cuales pueden aplicarse únicamente a los departamentos de ultramar y otros sólo les afectarían accesoriamente al ser textos de alcance general;
Considerando que la eficacia exige que dicho programa tenga una duración plurianual que, en el caso de algunos puntos concretos del mismo, podrá prorrogarse más allá del
31 de diciembre de 1992, habida cuenta de los problemas de carácter permanente que caracterizan a los departamentos de ultramar;
Considerando que los efectos económicos de los posibles regímenes específicos deberán limitarse estrictamente al territorio de los departamentos de ultramar, sin afectar directamente al funcionamiento del mercado común;
Considerando que determinadas producciones tropicales de los departamentos de ultramar no son objeto todavía de medidas comunes, lo cual impide alcanzar los objetivos enumerados en el artículo 39 del Tratado respecto de los productores interesados; que, por consiguiente, será preciso, por una parte, aplicar a los departamentos de ultramar, con las debidas adaptaciones, las organizaciones comunes de mercado existentes, y, por otra parte, adaptar determinadas organizaciones comunes de mercado o establecer soluciones ad hoc; que será necesario en lo que se refiere en particular al plátano, establecer disposiciones que tengan en cuenta los objetivos del Acta Única y que convendrá adoptar en favor de los departamentos de ultramar medidas que tengan en cuenta la importancia económica y social de dicho producto en algunos de dichos departamentos y el objetivo de un nivel de vida equitativo para los productores;
Considerando que la situación geográfica excepcional de los departamentos de ultramar con respecto a las fuentes de abastecimiento de productos utilizados como insumos en determinados sectores de la alimentación, esenciales para el consumo corriente, supone para estas regiones unas cargas que gravan considerablemente dichos sectores; que sería preciso permitir que la producción local satisfaga en mayor medida las necesidades de productos agrícolas y alimenticios,
especialmente en el caso de la ganadería, donde el coste
del producto final está en gran medida determinado por
los insumos; que, por consiguiente, procede paliar dicho obstáculo con medidas apropiadas;
Considerando que los departamentos de ultramar abastecen el mercado de la Comunidad Europea con productos tropicales homólogos que compiten con los obtenidos, en parte más baratos, en los países en desarrollo vecinos que gozan de un acceso preferente al mercado comunitario, de tal modo que, de hecho, el principio de la preferencia comunitaria resulta difícilmente aplicable a los productos obtenidos en los
departamentos de ultramar; que los países vecinos de los departamentos de ultramar constituyen, por otra parte, una salida potencial para sus productos tropicales, ya que la importante industria turística de esas regiones se abastece generalmente de productos de otros orígenes, más baratos, y que una mayor cooperación regional podría permitir que los
departamentos de ultramar utilizaran mejor dicha salida; que es necesario asimismo paliar dicho obstáculo con medidas adecuadas;
Considerando que se han adoptado, en algunos casos hace mucho tiempo, numerosas regulaciones nacionales especiales en favor de los departamentos de ultramar con el fin de favorecer su desarrollo económico y social; que, en particular, la perspectiva de la consecución del mercado interior exige que, antes del 31 de diciembre de 1992, se decida sobre el mantenimiento, la adaptación o la derogación de tales regulaciones de conformidad con los principios generales del Tratado, teniendo en cuenta al mismo tiempo los problemas específicos de dichas regiones;
Considerando que es necesario disponer de medios de transporte regulares y al menor coste posible para paliar los problemas derivados de la lejanía y la insularidad; que el transporte aéreo constituye un elemento de desarrollo regional y que conviene buscar en el marco de la asociación con las autoridades locales, las formas más apropiadas de una más grande liberalización;
Considerando que, en este contexto, el ron constituye un producto de primera importancia económica y social en los departamentos de ultramar; que, mediante la Decisión 88/245/CEE (1), el Consejo, no obstante lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado, autorizó a Francia para mantener, hasta el 31 de diciembre de 1992, un régimen fiscal especial en el mercado nacional francés; que es conveniente estudiar antes de dicha fecha las consecuencias que tendrá la triple perspectiva de la nueva definición comunitaria, de la supresión del reparto entre los Estados miembros del contingente concedido a los Estados ACP y de la abolición de dicho régimen fiscal con posterioridad al 1 de enero de 1993, y que conviene en consecuencia adoptar cuanto antes las medidas estructurales tendentes a salvaguardar los intereses esenciales de los productores comunitarios de ron;
Considerando que, en el mismo contexto, los departamentos de ultramar disponen de una fiscalidad propia, gracias en particular al «octroi de mer» que favorece la autogestión de las colectividades locales en su propio desarrollo, garantizándoles unos recursos propios, y que permite apoyar la producción local; que la consecución del mercado interior exige la modificación de dicha institución con el fin de que resulte compatible con el Derecho comunitario, pero favoreciendo al mismo tiempo su carácter de instrumento eficaz para el desarrollo de dichas regiones;
Considerando que el Consejo Europeo de Bruselas de los días 12 y 13 de febrero de 1988 estableció, en el marco de la racionalización de los objetivos de los fondos estructurales, cinco objetivos prioritarios, entre ellos el de promover el
desarrollo y el ajuste estructural de las regiones atrasadas; que dicho Consejo incluyó explícitamente a los departamentos de ultramar en la lista de las regiones a las que se aplica dicho objetivo, e indicó que las contribuciones de los fondos estructurales para las regiones atrasadas se duplicarán en términos reales entre 1987 y 1992; que de ello se desprende que los fondos estructurales, el Banco Europeo de Inversiones y los demás instrumentos financieros intervendrán en favor de los departamentos de ultramar en el marco comu-
nitario de apoyo correspondiente, de un modo coordinado, concentrado y complementario de las iniciativas nacionales y locales, en aplicación de lo dispuesto en el Reglamento (CEE) N° 2052/88 (1);
Considerando que un programa coherente en el que se integren todos los medios de intervención de la Comunidad y de las autoridades nacionales y regionales podrá permitir una utilización óptima y más eficaz de los recursos de los fondos estructurales;
Considerando que, en el marco de esta programación, deberán garantizarse la participación activa de las autoridades locales, regionales y nacionales así como la complementariedad de las intervenciones comunitarias, respetando siempre los principios de colaboración y adicionalidad;
Considerando, por otra parte, que los departamentos de ultramar están rodeados, en sus dos zonas geográficas, de Estados y territorios con los que la Comunidad mantiene relaciones de distinto tipo que se manifiestan en unas políticas de cooperación poco coordinadas entre sí; que, sin embargo, el desarrollo de los distintos componentes de una misma zona geográfica, con problemas y características similares, debería llevarse a cabo en particular mediante la ejecución de proyectos regionales comunes a dichos componentes, cualquiera que sea su estatuto respecto del Derecho comunitario, lo cual permitiría realizar economías de escala y reforzar la cooperación regional entre las partes interesadas;
Considerando además que esas entidades vecinas se enfrentan tradicionalmente a problemas similares a pesar de sus diferencias de estatuto; que una cooperación regional adaptada a las realidades locales sólo puede llevarse a cabo mediante un diálogo más directo entre las partes interesadas; que, por consiguiente, es necesario favorecer los procedimientos de consulta regionales, en estrecho contacto con los Estados miembro interesados por lo que se refiere a las regiones o territorios que dependen de Estados miembros,
DECIDE:
Artículo 1
Se establece un programa plurianual de acción para los departamentos franceses de ultramar, denominado POSEIDOM (programa de opciones específicas de la lejanía e insularidad de los departamentos franceses de ultramar), tal como figura en el Anexo. Este programa se aplicará a las medidas legales y a los compromisos financieros.
El Consejo adoptará, en lo que le incumbe, las disposiciones necesarias para la ejecución de dicho programa e invitará a la Comisión a que le presente lo antes posible las propuestas correspondientes.
Artículo 2
La presente Decisión surtirá efecto el 1 de enero de 1990.
Artículo 3
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1989.

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