Document ID: 32006D0638

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 6 de septiembre de 2005
relativa al régimen de ayudas ejecutado por Italia para determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados regulados
[notificada con el número C(2005) 3302]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2006/638/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Tras haber invitado a las partes interesadas a presentar sus comentarios de conformidad con dichas disposiciones (1),
Considerando lo que sigue:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
El 2 de octubre de 2003 entró en vigor, mediante su publicación en la Gaceta Oficial de la República Italiana no 229, de 2 de octubre de 2003, el Decreto Ley 269/2003, de 30 de septiembre de 2003, relativo a medidas urgentes para promover el desarrollo y corregir la evolución de las finanzas públicas (en lo sucesivo denominado «DL 269/2003»), transformado posteriormente en Ley no 326, de 24 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial de la República Italiana no 274, de 25 de noviembre de 2003. El artículo 12 del DL 269/2003 dispone que el rendimiento del capital correspondiente a determinados instrumentos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en un mercado de valores regulado en la Unión Europea estará sujeto a un impuesto sustitutivo del 5 % en lugar del impuesto ordinario del 12,5 % aplicado a los instrumentos de inversión no especializados.
(2)
Por carta de 22 de octubre de 2003 (D/56756), la Comisión invitó a las autoridades italianas a facilitarle información sobre estos incentivos y su entrada en vigor con objeto de determinar si constituyen ayuda en el sentido del artículo 87 del Tratado. En la misma carta se recordaba a Italia su obligación de notificar a la Comisión previamente a su ejecución cualquier medida que constituya ayuda de conformidad con el artículo 88.3 del Tratado.
(3)
Mediante cartas de 11 de noviembre (A/37737) y 26 de noviembre de 2003 (A/38138), las autoridades italianas facilitaron la información pedida. El 19 de diciembre de 2003 (D/58192), la Comisión recordó a Italia sus obligaciones de conformidad con el artículo 88.3 del Tratado e invitó de nuevo a las autoridades italianas a informar a los eventuales beneficiarios de los incentivos de las consecuencias previstas por el Tratado y por el artículo 14 del Reglamento de aplicación (CE) no 659/1999 (2) en caso de que se constatara que los incentivos constituyen una ayuda ejecutada ilegalmente sin autorización previa de la Comisión.
(4)
Mediante carta de 11 de mayo de 2004 (SG 2004 D/202046), la Comisión informó a Italia de su decisión de 7 de mayo de 2004 de incoar el procedimiento establecido en el artículo 88.2 del Tratado por lo que se refiere a los incentivos fiscales concedidos por Italia mediante dicha medida.
(5)
Mediante carta de 14 de julio de 2004 (A/35463), las autoridades italianas presentaron sus comentarios.
(6)
El 9 de septiembre de 2004, la decisión de la Comisión de incoar el procedimiento formal de investigación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, invitando a las partes interesadas a presentar sus observaciones (3).
(7)
El 16 y 27 de septiembre de 2004, se celebraron sendas reuniones entre representantes de la Comisión y las autoridades tributarias italianas para examinar ciertos aspectos de la medida.
(8)
Mediante carta de 7 de octubre de 2004 (A/37679), la Asociación italiana de sociedades de gestión de activos («Assogestioni») presentó sus observaciones. Mediante carta de 28 de octubre de 2004 (D/57696), la Comisión las remitió a las autoridades italianas. Mediante carta de 6 de diciembre de 2004 (A/39479), las autoridades italianas respondieron a dichas observaciones.
(9)
Mediante carta de 18 de febrero de 2005 (A/31490), Assogestioni presentó observaciones complementarias a las enviadas el 7 de octubre de 2004. Mediante carta de 24 de febrero de 2005 (D/51366), la Comisión las remitió a las autoridades italianas y éstas, mediante carta de 4 de abril de 2005 (A/32813), presentaron sus comentarios al respecto.
(10)
Por carta de 28 de febrero de 2005 (A/31724), la Federación europea de fondos y sociedades de inversión (FEFSI) presentó sus observaciones. Puesto que fueron presentadas transcurrido el plazo establecido (véase considerando 6) y al ser similares a las presentadas por Assogestioni, no se enviaron a las autoridades italianas ni se tuvieron en cuenta a efectos de la presente Decisión.
II. DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
(11)
El artículo 12 del DL 269/2003 introduce incentivos fiscales para determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios («instrumentos de inversión») sujetos a la legislación italiana. En especial, estipula que a partir del ejercicio fiscal en que se cumplen ciertas condiciones, el rendimiento del capital obtenido por las sociedades de inversión colectiva en valores mobiliarios especializadas («instrumentos de inversión especializados») en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en un mercado regulado de la Unión Europea estará sujeto a un impuesto del 5 %, en lugar del ordinario del 12,5 %. Generalmente, en el sistema fiscal italiano sobre inversiones colectivas, este impuesto se aplica anualmente a las organismos de inversión colectiva sobre una base imponible que corresponde al aumento anual del valor diario registrado de sus activos («rendimiento del capital»), con lo que se gravan las plusvalías potenciales obtenidas por los inversores que invierten en dichos instrumentos. Así, los inversores no deben pagar ningún otro impuesto en el momento de la distribución de los beneficios originados por tales inversiones.
(12)
La medida modifica el régimen tributario aplicable en Italia a las rentas de capital de diversos instrumentos de inversión, incluidos los fondos de inversión regidos por la Directiva 85/611/CEE del Consejo, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (4), los denominados «Fondos históricos de Luxemburgo», las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) y los fondos de inversión mobiliaria de tipo cerrado, según establecen las normas aplicables a dichos instrumentos de inversión. Las disposiciones legales italianas especialmente afectadas son:
a)
Artículos 9 y 10-ter de la Ley no 77, de 23 de marzo de 1983, sobre el tratamiento fiscal del rendimiento de capital de fondos de inversión variables;
b)
Artículo 11-bis del Decreto Ley no 512, de 30 de septiembre de 1983, sobre el tratamiento fiscal del rendimiento de capital de determinados fondos de inversión, incluidos los «fondos históricos de Luxemburgo»;
c)
Artículo 11 de la Ley no 344, de 14 de agosto de 1993, sobre el tratamiento fiscal del rendimiento del capital de fondos de inversión cerrados;
d)
Artículo 14 del Decreto Ley no 84, de 25 de enero de 1992, sobre el tratamiento fiscal del rendimiento del capital de los SICAV;
e)
Artículos 7 y 9 del Decreto Ley no 461, de 21 de noviembre de 1997, sobre el tratamiento fiscal del rendimiento del capital y otros rendimientos correspondientes a inversores residentes en Italia;
f)
Artículo 14 del Decreto Ley no 124, de 21 de abril de 1993, sobre el tratamiento fiscal del rendimiento del capital correspondiente a fondos de pensiones.
(13)
Estos instrumentos de inversión consisten en inversiones colectivas en valores mobiliarios, ya sean obligaciones, acciones u otros títulos o certificados de sociedades cotizadas en bolsa y no cotizadas, en el interés colectivo de los inversores («partícipes»). Los instrumentos de inversión pueden tomar la forma de un fondo de inversiones contractual sin personalidad jurídica (por ejemplo, un fondo colectivo de inversiones) gestionado por una sociedad de gestión distinta con arreglo al perfil patrimonial, ya sea de fondo de inversiones en forma de sociedad (por ejemplo, un SICAV) (5) o de fondo de pensiones (6). Los instrumentos de inversión que toman la forma de un fondo de inversiones pueden ser de tipo «abierto» o «cerrado» (7).
(14)
El artículo 12 del DL 269/2003 establece que a partir del ejercicio fiscal en que la medida entró en vigor, los instrumentos de inversión especializados contemplados por la legislación en cuestión deben aplicar un impuesto del 5 %, en lugar del tipo normal del 12,5 %, al rendimiento del capital que les corresponde y consistente en el incremento anual del valor diario registrado de sus activos.
(15)
Los instrumentos de inversión especializados en el sentido del artículo 12 del DL 269/2003 son:
a)
instrumentos de inversión cuya normativa especifique expresamente que se deben invertir por lo menos los dos tercios del valor de los activos en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en un mercado regulado de la Unión Europea;
b)
instrumentos de inversión si detienen acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización que cotizan en un mercado regulado de la Unión Europea, un año después de la fecha de inicio del fondo o de la fecha de adaptación de su normativa al susodicho Decreto Ley, no sea inferior, en el curso del año natural, a dos terceras partes del valor de sus activos durante al menos una sexta parte de los días de operación del fondo (8), según conste en la contabilidad financiera periódica de dichos instrumentos de inversión.
(16)
En virtud del artículo 12 del DL 269/2003, se entiende por sociedades de pequeña y mediana capitalización, las sociedades con una capitalización de mercado no superior a 800 millones de euros, según lo determinado sobre la base del precio de mercado de las acciones de la sociedad el último día de cotización de cada trimestre del año (9).
(17)
El régimen es aplicable a partir del ejercicio fiscal en que se modifica la normativa aplicable al instrumento de inversión (o de la fecha de su adopción, en el caso de un nuevo instrumento), introduciendo el requisito expreso de que el instrumento invierta, como mínimo, dos terceras partes de sus activos en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en un mercado de valores regulado de la UE.
(18)
El régimen modifica las normas fiscales referentes a todos los variados instrumentos de inversión italianos, bien sean gestionados en Italia o sometidos a la legislación fiscal italiana especial sustitutiva previsto para el rendimiento del capital (instrumentos de inversión sujetos al impuesto sustitutivo en Italia) o instrumentos extranjeros sujetos al impuesto en Italia con respecto al capital distribuido a partícipes italianos. Modifica con el mismo efecto las normas fiscales aplicables a instrumentos de inversión extranjeros regulados por la Directiva 85/611/CEE del Consejo (OICVM extranjeros armonizados) (10), cuyo rendimiento del capital sea distribuido a inversores italianos o cuyas acciones estén en manos de instrumentos de inversión italianos (11).
(19)
Para aclarar los efectos de la media y el modo en que amplía indirectamente la reducción fiscal también a los instrumentos no especializados y a otros partícipes, es necesario examinar por separado las diversas normas fiscales aplicables a los rendimientos del capital de los instrumentos de inversión y a sus partícipes, tal como fueron modificadas por el artículo 12 del DL 269/2003. Con este fin, debería distinguirse entre «instrumentos de inversión que funcionan como intermediarios financieros cuyo rendimiento está sujeto a un impuesto sustitutivo en Italia» e «instrumentos de inversión sujetos a un impuesto sustitutivo que actúan como partícipes en otros instrumentos de inversión», puesto que el mismo instrumento de inversión puede actuar tanto como intermediario financiero (por ejemplo, invierte en valores mobiliarios) o como inversor partícipe (por ejemplo, invierte en otros instrumentos). Un capítulo separado se dedica a los ingresos que corresponden a otros inversores exentos del régimen fiscal sustitutivo aplicable a otros instrumentos de inversión.
(20)
En virtud del régimen general, los instrumentos de inversión no están sujetos al impuesto sobre rendimientos. Sin embargo, cualquier rendimiento que corresponde a instrumentos de inversión está sometido generalmente al impuesto sustitutivo del 12,5 %, calculado sobre la base de su rendimiento del capital. Por regla general, este impuesto es definitivo que sustituye a cualquier otro impuesto sobre ingresos distribuidos por los instrumentos de inversión.
(21)
El rendimiento del capital se determina deduciendo del valor del patrimonio neto del fondo a final de año, incrementado con el impuesto sustitutivo provisional y cualquier cantidad distribuida durante el año, el valor del patrimonio neto del fondo al principio del año y los ingresos de participación en organismos de inversión colectiva sujetos al impuesto sustitutivo, así como los ingresos exentos y los retenidos a título de impuesto (12).
(22)
El artículo 12 del DL 269/2003 modifica el sistema impositivo general estipulando la aplicación de un impuesto sustitutivo del 5 % sobre el rendimiento del capital de los instrumentos de inversión especializados.
(23)
Sobre la base del régimen general, todos los rendimientos distribuidos a sus partícipes por un instrumento de inversión sujeto al impuesto sustitutivo en Italia (incluidos otros instrumentos de inversión) están excluidos de cualquier tributación posterior. El dispositivo examinado mantiene la exención para ingresos procedentes de instrumentos de inversión especializados (sujetos a un impuesto sustitutivo del 5 %). También reduce el impuesto efectivo sobre los ingresos de los instrumentos de inversión no especializados que participan en instrumentos de inversión especializados extranjeros no sujetos al impuesto sustitutivo en Italia a un tipo equivalente al 5 % (13).
(24)
Los ingresos distribuidos por instrumentos de inversión italianos o extranjeros a partícipees italianos no están sujetos a otros impuestos en Italia porque ya han sido gravados en origen por el instrumento de inversión (retención fiscal). Sin embargo, si el partícipe es una empresa que ejerce actividades de empresa comercial, los ingresos recibidos contribuyen a formar su beneficio imponible sujeto al tipo impositivo del 33 %. Tales empresas beneficiarias pueden obtener un crédito fiscal del 15 %, que neutraliza íntegramente la doble imposición de los rendimientos de capital recibidos. El régimen confirma esencialmente el crédito fiscal, incluso cuando los ingresos son distribuidos por instrumentos de inversión especializados (14).
(25)
Los ingresos distribuidos por los instrumentos de inversión extranjeros a inversores italianos están sujetos a un impuesto del 12,5 % de conformidad con el artículo 18 del Código italiano del impuesto sobre rendimientos (TUIR). La medida reduce el impuesto hasta un 5 % para ingresos distribuidos por instrumentos de inversión especializados. Esta disposición asegura la igualdad de trato entre partícipes en instrumentos de inversión extranjeros y partícipes en instrumentos de inversión de Derecho italiano.
(26)
Los ingresos procedentes de instrumentos de inversión contribuyen al rendimiento de un fondo de pensiones que participe en tales instrumentos de inversión; están sujetos a un impuesto sustitutivo del 11 %. Para evitar la doble imposición del rendimiento de los fondos de pensiones, un crédito fiscal igual al 15 % de tales ingresos es imputado al impuesto sustitutivo pagadero por tales fondos. La medida adapta al régimen tributario específico de los fondos de pensiones el nuevo sistema de tributación reducida previsto para los instrumentos de inversión especializados.
(27)
Paralelamente a la disminución del impuesto sustitutivo sobre instrumentos de inversión especializados, el dispositivo reduce hasta un 6 % el crédito fiscal para los ingresos que proceden de instrumentos de inversión especializados italianos. Además, el artículo 12 del DL 269/2003 establece que la cuota de los activos de fondos de pensiones generados por los instrumentos de inversión especializados extranjeros está sujeta a un impuesto sustitutivo del 5 %, en vez del normal del 11 % (15).
III. RAZONES PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO
(28)
En su decisión de incoar el procedimiento formal, la Comisión consideró que la medida cumplía todos los criterios para ser clasificada como ayuda estatal a instrumentos de inversión especializados y para sociedades de pequeña y mediana capitalización cuyas acciones están en manos de dichos instrumentos especializados en el sentido del artículo 87.1 del Tratado, por lo que no planteó ninguna duda relativa a la reducción de los impuestos directos concedida a los inversores en instrumentos de inversión especializados porque constituye una medida general para todos los inversores.
(29)
Al plantear dudas sobre la posible existencia de ayuda para instrumentos de inversión especializados, la Comisión los consideró como empresas en el sentido del artículo 87.1 del Tratado porque tienen forma de sociedad y constituyen entidades empresariales o son patrimonios separados gestionados por empresas que compiten en los mercados de inversión. En segundo lugar, la Comisión observó que los instrumentos de inversión especializados se benefician directamente de una reducción del tipo impositivo o indirectamente de inversiones de capital adicionales por la reducción fiscal concedida por el sistema a sus partícipes cuando invierten fundamentalmente en sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en un mercado de valores europeo regulado. La Comisión observó además que las ventajas en cuestión no son proporcionadas al número de acciones en sociedades de pequeña y mediana capitalización detenidos por tales instrumentos sino que dependen solamente de su estatuto de instrumentos especializados.
(30)
Por lo que se refiere a las sociedades de pequeña y mediana capitalización, la Comisión subrayó que la medida ofrece una ventaja indirecta a las empresas cuyas acciones están en manos de instrumentos de inversión especializados, porque tiene el efecto de aumentar su liquidez al facilitarles un acceso más fácil al capital. La ventaja depende de su estatuto de sociedad de pequeña y mediana capitalización cotizada en un mercado de valores europeo regulado y no de los resultados; ni depende de otras condiciones o inversiones que realicen.
IV. OBSERVACIONES DE ITALIA Y DE LAS PARTES INTERESADAS
(31)
En sus observaciones, tanto Italia como Assogestioni alegaron que los instrumentos de inversión en cuestión no pueden considerarse como empresas sino simplemente como grupos de activos gestionados por empresas separadas, que están sujetos a impuestos ordinarios en sus beneficios y no se benefician de la reducción fiscal prevista en el artículo 12 del DL 269/2003.
(32)
Además, tanto Italia como Assogestioni afirmaron que el sistema debe considerarse como una medida de política fiscal general que beneficia directamente a los inversores y sólo indirectamente a las sociedades de pequeña y mediana capitalización y a los instrumentos de inversión. Según las partes interesadas, la medida pretende estimular el valor de mercado del capital emitido de sociedades de pequeña y mediana capitalización, en comparación con otras empresas cotizadas en bolsa en Europa y, como tal, quedaría fuera del alcance del control de las ayudas estatales. Tanto Italia como las partes interesadas sostuvieron que la medida no constituye ayuda para instrumentos de inversión especializados o para determinadas sociedades de gestión. A este respecto, las autoridades italianas subrayaron que la medida está abierta efectivamente a todas las empresas que crean fondos separados dirigidos a invertir predominantemente en sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados de valores europeos regulados y por lo tanto constituiría una medida general.
(33)
Además, según estos comentarios, la medida no afectaría a la competencia porque ninguna sociedad de pequeña y mediana capitalización podría beneficiarse de un acceso más fácil al capital. Por otra parte, la medida no constituiría ayuda a tales empresas porque los instrumentos de inversión o sus sociedades de gestión adoptarían sus decisiones de inversión con objeto de maximizar sus beneficios.
(34)
Assogestioni facilitó información detallada sobre el funcionamiento del régimen durante su primer período de operación (año 2004). A finales de 2004, tres instrumentos de inversión especializados estaban en funcionamiento: dos existentes previamente y que habían modificado sus normas para invertir fundamentalmente en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados europeos regulados, y un fondo recientemente establecido. Assogestioni indicó que el coste fiscal del sistema en 2004 fue mínimo. Sobre la base de los datos presentados por Assogestioni, la Comisión calculó que el déficit en ingresos tributarios en 2004 ascendió a alrededor de 1,1 millones de euros, teniendo en cuenta los ajustes necesarios para compensar la transferencia de créditos fiscales virtuales contraídos en años previos. Italia y las partes interesadas consideran que estas cifras muestran que la medida tuvo un efecto insignificante en la competencia y el comercio intracomunitarios, considerando que también las sociedades de pequeña y mediana capitalización y los instrumentos de inversión establecidos en el extranjero pueden beneficiarse de los efectos indirectos de la reducción fiscal en cuestión.
V. EVALUACIÓN DE LA MEDIDA
(35)
Considerando las observaciones presentadas por las autoridades italianas y las partes interesadas, la Comisión mantiene su posición de que la reducción fiscal para inversores constituye ayuda estatal no sólo para los organismos especializados que invierten en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización que cotizan en mercados de valores europeos regulados sino también en sociedades de pequeña y mediana capitalización cuyas acciones están en manos de tales organismos porque acumulativamente cumplen todos los criterios establecidos en el artículo 87.1 del Tratado.
(36)
En primer lugar, la Comisión confirma la opinión expresada en su carta de incoación del procedimiento formal de investigación de que, en algunos casos, los instrumentos de inversión son empresas en el sentido del artículo 87 del Tratado y pueden beneficiarse en consecuencia de la reducción fiscal prevista en el artículo 12 del DL 269/2003. En especial, considera que, incluso si los instrumentos de inversión especializados no se beneficiaran directamente de la reducción fiscal concedida a sus partícipes, no obstante reciben un beneficio económico indirecto siempre que la reducción fiscal en inversiones en instrumentos especializados incite a los inversores a comprar acciones en tales instrumentos, facilitando así liquidez y rendimientos adicionales en términos de comisiones de gestión y de suscripción.
(37)
De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo (16), en los casos en que una medida estatal prevé la creación de un fondo o de otro instrumento de inversión es necesario evaluar si se puede considerar que el fondo o instrumento de inversión es una empresa que se beneficia de ayuda estatal. En el presente caso, la Comisión toma nota del comentario de las autoridades italianas según el cual los instrumentos de inversión especializados que se benefician del impuesto reducido de conformidad con el artículo 12 del DL 269/2003 son simplemente grupos de activos y no puedan considerarse como empresas en el sentido del artículo 87 del Tratado. Sin embargo, observa que en algunos casos tales instrumentos de inversión toman la forma de sociedades y pueden por lo tanto beneficiarse individualmente de las ventajas aunque su tributación sea distinta del patrimonio de activos que gestionan. Señala además que otros instrumentos de inversión sin personalidad jurídica son gestionados por empresas que compiten con otros operadores que gestionan ahorros y que por consiguiente estas empresas pueden beneficiarse de las ventajas.
(38)
La Comisión considera que los instrumentos de inversión especializados realizan una actividad económica y constituyen empresas en el sentido del artículo 87.1. Esto es confirmado por la jurisprudencia del Tribunal en el ámbito del IVA. En especial, el Tribunal sostuvo recientemente (17) que las operaciones de SICAV consistentes en inversión colectiva en valores mobiliarios constituyen una actividad económica llevada a cabo por sujetos pasivos en el sentido del artículo 4.2 de la Sexta Directiva IVA (18). Según la jurisprudencia (19), se deduce de los considerandos de la primera Directiva (20) que la armonización del IVA tiene por objeto eliminar los factores que pueden distorsionar las condiciones de competencia y por lo tanto garantizar la neutralidad en la competencia. Dado que las normas sobre ayuda estatal y las Directivas sobre armonización del IVA comparten el mismo fin, la Comisión considera apropiado hacer referencia a la jurisprudencia relativa a dichas Directivas, que confirma que los instrumentos de inversión en cuestión, independientemente de si tienen forma de sociedad o no, realizan una actividad económica y por lo tanto constituyen empresas en el sentido del artículo 87.1.
(39)
La Comisión considera en consecuencia que una ventaja fiscal proporcionada a inversores que invierten en instrumentos de inversión especializados favorece a los propios instrumentos como empresas cuando tienen la forma de sociedades o a las empresas que gestionan tales instrumentos cuando asuman forma contractual. En especial, el incremento de la demanda de acciones de instrumentos de inversión especializados lleva a un aumento de los honorarios de gestión y de suscripción recibidos por los instrumentos o por las empresas que los gestionan.
(40)
El argumento según el cual la medida no es selectiva al no favorecer a instrumentos de inversión específicos y a empresas de gestión en función de su tamaño, nacionalidad, lugar de registro o composición no es pertinente dado que lo que importa es el hecho de que la medida prevé una reducción fiscal extraordinaria y limitada a instrumentos de inversión especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización y a sus respectivas empresas de gestión. Según la jurisprudencia establecida (21), el hecho de que la ayuda no se dirija a uno o más beneficiarios específicos definido por adelantado sino que esté sujeta a una serie de criterios objetivos no es suficiente para cuestionar la naturaleza selectiva de una medida estatal. La Comisión también considera que el hecho de que la ventaja conferida por el sistema a sociedades de inversión que gestionan instrumentos de inversión especializados sea solamente indirecta no puede excluir la existencia de ayuda estatal siempre que, según la jurisprudencia establecida del Tribunal (22), las ventajas fiscales directas concedidas a los inversores que no son empresas constituyan una ayuda indirecta para las empresas en las que invierten.
(41)
Por lo tanto, la Comisión concluye que la medida confiere la ventaja indirecta específica mencionada anteriormente a instrumentos de inversión especializados y a sus sociedades de gestión, en detrimento de otras empresas que ofrecen formas alternativas de inversión.
(42)
La Comisión también confirma la opinión expresada en su carta de incoación del procedimiento formal de investigación en el sentido de que el efecto de la medida en cuestión debe favorecer a sociedades de pequeña y mediana capitalización cuyas acciones están en manos de instrumentos de inversión especializados que se benefician de la reducción fiscal prevista en el artículo 12 del DL 269/2003. En especial, considera que la medida confiere una ventaja selectiva indirecta a las sociedades de pequeña y mediana capitalización cuyas acciones están en posesión de instrumentos de inversión especializados en forma de incremento de la demanda de sus acciones y aumento de liquidez. El argumento de que ni siquiera habría ninguna ventaja para sociedades de pequeña y mediana capitalización porque los fondos y los inversores intentan maximizar los beneficios no puede aceptarse puesto que un trato fiscal más favorable aumenta la atracción de tal inversión, confiriendo así una mayor liquidez a sociedades de pequeña y mediana capitalización incluso aunque no tengan un comportamiento activo para beneficiarse de tales ventajas.
(43)
El argumento según el cual el sistema constituiría una medida de política fiscal general que pretende favorecer la capitalización de sociedades de pequeña y mediana capitalización en Europa y quedaría fuera del alcance de las normas sobre ayuda estatal tampoco puede aceptarse. La Comisión considera que la ventaja fiscal conferida no compensa ninguna disparidad sustancial en el tratamiento fiscal entre inversiones colectivas en sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas e inversiones colectivas en otras empresas o inversiones individuales en empresas no cotizadas. La medida tampoco puede ser justificada por su propio objetivo específico porque prevé solamente reducciones fiscales en el caso de inversiones colectivas especializadas en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados de valores regulados y, como tal, no se dirige ni es proporcionada al objetivo de promover la capitalización de tales empresas sino que, por el contrario, está condicionada a la realización de inversiones a través de instrumentos de inversión especializados.
(44)
La Comisión considera que las ventajas en cuestión son concedidas por el Estado o mediante fondos estatales. Teniendo en cuenta que Italia no presentó ninguna objeción a este respecto, confirma la evaluación hecha en la decisión de incoar el procedimiento formal según la cual la ventaja es atribuible al Estado pues consiste en renunciar a ingresos fiscales por parte del Tesoro italiano.
(45)
Teniendo en cuenta los efectos de la medida, la Comisión confirma la valoración hecha en la decisión de incoar el procedimiento formal de que la medida puede distorsionar la competencia entre empresas y afectar al comercio entre Estados miembros porque las empresas beneficiarias pueden actuar en mercados internacionales y llevar a cabo actividades económicas en mercados donde la competencia es intensa. De conformidad con la jurisprudencia establecida del Tribunal (23), para que una medida distorsione la competencia es suficiente que el beneficiario de la ayuda compita con otras empresas en mercados abiertos a la competencia. En especial, los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización compiten con otras empresas financieras y actúan en un mercado abierto caracterizado por un sustancial comercio intracomunitario. En cuanto a las sociedades de pequeña y mediana capitalización cuyas acciones están en manos de los instrumentos de inversión especializados descritos en el artículo 12 del DL 269/2003, por lo menos algunos de ellos son activos en sectores donde existe un comercio entre Estados miembros.
(46)
La Comisión considera que ni el coste fiscal limitado de esta medida en 2004 (1,1 millones de euros) ni el pequeño número de instrumentos especializados operativos durante ese mismo año (tres), con respecto al gran número sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas cuyas acciones son poseídas, pueden afectar a la conclusión de que la medida constituye, en primer lugar, una ayuda porque, según la jurisprudencia establecida del Tribunal (24), incluso un pequeño importe de ayuda afecta a la competencia y, en segundo lugar, porque Italia no excluye que la medida pueda tener un impacto económico mucho más importante en el futuro. Además, debe considerarse que el impacto limitado de la medida puede explicarse también por el hecho de que la Comisión abrió rápidamente una investigación e incoó el procedimiento formal con respecto a la medida, y esto puede haber influido en el comportamiento de los operadores. Finalmente, aunque el número de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados europeos regulados es relativamente grande en comparación con el tamaño de la reducción fiscal en 2004, la información presentada por Italia no indica que los beneficios resultantes para cada beneficiario puedan ser abarcados por el límite de la ayuda de minimis.
(47)
Por consiguiente, la Comisión ha llegado a la conclusión de que la medida altera (por el tratamiento fiscal concedido a los inversores) la competitividad de ciertas empresas que desarrollan actividades comerciales que operan en mercados abiertos a la competencia internacional, afectando de este modo a la competencia.
(48)
Puesto que las autoridades italianas ejecutaron la medida sin notificación previa a la Comisión, no cumplieron la obligación recogida en el artículo 88.3 del Tratado. Teniendo en cuenta que constituye una ayuda estatal en el sentido del artículo 87.1 del Tratado y que entró en vigor sin aprobación previa de la Comisión, la medida tiene carácter ilegal.
(49)
Como la medida constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 87.1 del Tratado, su compatibilidad con el mercado común debe evaluarse habida cuenta de las derogaciones previstas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado.
(50)
Las autoridades italianas no han contestado explícitamente la evaluación de la Comisión establecida en su carta de 11 de mayo de 2004 por la que se incoaba el procedimiento formal de investigación y según la cual ninguna de las derogaciones prevista en ambos apartados del artículo 87, apartados 2 y 3 del Tratado, para determinadas ayudas pueden considerarse compatibles con el mercado común. La Comisión no tiene conocimiento de otros elementos que refuten esta conclusión .
(51)
Las ventajas en cuestión no tienen ninguna relación con gastos ni con gastos no seleccionables para la ayuda con arreglo a las directrices o exenciones por categorías comunitarias existentes.
(52)
Las derogaciones previstas en el artículo 87.2 del Tratado, que se refieren a ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, a ayudas para reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional, y a ayudas concedidas a la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania, no son aplicables en este caso.
(53)
Tampoco es aplicable la derogación prevista en el artículo 87.3.a) del Tratado, que establece la autorización de ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo, porque la medida se aplica a todo el territorio italiano y no solamente a regiones italianas asistidas en el sentido del artículo 87.3.a). Finalmente, el sistema no parece contribuir en modo alguno al desarrollo de dichas regiones.
(54)
Del mismo modo, el régimen no puede ser considerado como una ayuda destinada a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedia a una grave perturbación en la economía de Italia, como está previsto en el artículo 87.3.b) del Tratado. Tampoco tiene por objeto promover la cultura y la conservación del patrimonio, como se estipula en el artículo 87.3.d).
(55)
Finalmente, la medida debe examinarse habida cuenta del artículo 87.3.c) del Tratado, que dispone que podrán considerarse compatibles con el mercado común las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común europeo. Las ventajas fiscales derivadas de la medida no están relacionadas ni son proporcionales a inversiones específicas, a la creación de empleo o a proyectos concretos que facilitarían el desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones en el sentido del susodicho artículo 87.3.c). No pueden considerarse compatibles con el mercado común, de conformidad con los criterios establecidos en la Comunicación de la Comisión sobre ayudas estatales y capital riesgo (25), porque las inversiones se dirigen a empresas cotizadas en un mercado de valores europeo regulado y las autoridades italianas no han demostrado que dichas empresas no disfruten de un acceso apropiado a la financiación ni que estén expuestas, a la hora de reunir capital, a costes mayores que otras empresas. Finalmente, la Comisión señala que, como afirma el Tribunal con respecto a otra medida de ayuda que favorecía inversiones específicas, «no cabía excluir que dicho régimen se aplicara a empresas en dificultades o de sectores sensibles para los que existen normas específicas en materia de ayudas» (26). La Comisión concluye que las ventajas concedidas por la medida reducen las cargas que normalmente deben soportar los beneficiarios en el ejercicio de sus actividades económicas y deben por lo tanto considerarse como ayuda de explotación, que, de conformidad con la práctica y la jurisprudencia, es incompatible con el mercado común.
VI. CONCLUSIONES
(56)
La Comisión concluye que las ventajas fiscales concedidas por la medida constituyen un régimen de ayudas de explotación no cubierto por ninguna derogación de la prohibición general de ayudas y que la medida es por tanto incompatible con el mercado común. También considera que Italia ha ejecutado ilegalmente la medida.
(57)
En los casos en que la ayuda estatal se concede ilegalmente y es incompatible con el mercado común, la consecuencia natural es que la ayuda debe ser devuelta para restaurar en la medida de lo posible la situación de competencia existente antes de la concesión de la ayuda.
(58)
La presente Decisión se refiere al régimen como tal y debe ejecutarse inmediatamente, incluida la recuperación de la ayuda concedida al amparo del régimen, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento no 659/1999 (27).
(59)
Con este fin, la Comisión considera necesario pedir a Italia, en primer lugar, que suprima inmediatamente la ayuda, que consiste en un trato fiscal diferente de los rendimientos del capital en favor de ingresos que corresponden a instrumentos de inversión especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización cotizadas en mercados europeos regulados y que informe a todos quienes deben aplicar las normas nacionales pertinentes previstas en el artículo 12 del DL 269/2003 sobre la aplicación directa de la presente Decisión de la Comisión.
(60)
En segundo lugar, Italia debe recuperar la ayuda otorgada a los instrumentos de inversión y sociedades que gestionan instrumentos de inversión contractuales que son al mismo tiempo los primeros beneficiarios de la ayuda y los sujetos fiscalmente obligados a pagar al Estado el impuesto sustitutivo sobre su resultado de explotación. La ayuda a recuperar corresponde a la diferencia entre el impuesto sustitutivo normal y el impuesto reducido resultante de los incentivos fiscales en cuestión. La presente Decisión no obsta a la posibilidad de que los instrumentos de inversión o las empresas que los gestionan exijan un importe correspondiente a sus inversores, si tal posibilidad existe de conformidad con el Derecho nacional. Sin embargo, la obligación de recuperar la ayuda no excluye la posibilidad de que toda la ayuda concedida a beneficiarios individuales, o una parte de la misma, pueda ser compatible de conformidad con el artículo 2 del Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis (28).
(61)
La Comisión solicita a Italia que le facilite la información pedida utilizando el cuestionario adjunto a la presente Decisión (Anexo), compilando una lista de los intermediarios financieros y otras partes afectadas por la recuperación del incentivo fiscal en cuestión e indicando claramente las medidas previstas y las ya adoptadas para obtener la recuperación inmediata y efectiva de la ayuda estatal ilegal. También invita a Italia a presentar en el plazo de dos meses desde la adopción de la presente Decisión todos los documentos que demuestren que se han iniciado los procedimientos para recuperar la ayuda ilegal (por ejemplo, circulares, órdenes de reembolso, etc.).
(62)
Los importes a devolver incluyen intereses, que se calcularán sobre la base del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (29),
HA ADOPTADO L A PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La ayuda estatal en forma de incentivos fiscales para determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización que coticen en un mercado de valores europeo regulado, prevista en el artículo 12 del Decreto Legge 269/2003 e ilegalmente ejecutada por Italia infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, es incompatible con el mercado común.
Artículo 2
En el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación de la presente Decisión, Italia suprimirá el régimen de ayudas citado en el artículo 1.
Artículo 3
1. En el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación de la presente Decisión, la República Italiana informará a todos los intermediarios financieros, incluidos los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios especializados en acciones de sociedades de pequeña y mediana capitalización y las demás partes afectadas por la aplicación del régimen de ayuda estatal citado en el artículo 1, sobre la Decisión de la Comisión de considerar el régimen incompatible con el mercado común.
2. La República Italiana adoptará todas las medidas necesarias para que los beneficiarios de la ayuda citada en el artículo 1 e ilegalmente puesta a su disposición por los instrumentos de inversión colectiva o, según los casos, por sociedades que gestionan instrumentos de inversión contractuales, devuelvan la ayuda, sin perjuicio de los eventuales recursos previstos en el Derecho nacional.
En el plazo de dos meses desde la fecha de la notificación de la presente Decisión, la República Italiana informará a la Comisión sobre la identidad de los beneficiarios, el importe de ayuda concedido a cada uno de ellos y los métodos utilizados para calcular dichos importes.
3. La devolución tendrá lugar sin demora y de acuerdo con los procedimientos del Derecho nacional, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión.
4. La ayuda a devolver incluye intereses a partir de la fecha en que se puso a disposición de los beneficiarios y hasta la fecha de su recuperación.
Los intereses se calcularán de conformidad con las disposiciones establecidas en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión.
Artículo 4
En el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, la República Italiana informará a la Comisión de las medidas adoptadas y previstas para la ejecución de la misma. Facilitará esta información utilizando el cuestionario adjunto como a la presente Decisión. En el mismo plazo presentará todos los documentos que prueben que se han iniciado los procedimientos de reembolso por parte de los beneficiarios de la ayuda ilegal.
Artículo 5
El destinatario de la presente Decisión es la República Italiana.
Hecho en Bruselas, 6 de septiembre de 2005.

Labels: 2
18
19
4