Document ID: 31993L0006

DIRECTIVA 93/6/CEE DEL CONSEJO de 15 de marzo de 1993 sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y en particular la primera y la tercera frases del apartado 2 de su artículo 57,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
En cooperación con el Parlamento Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),
Considerando que el objetivo principal de la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los valores negociables (4) es hacer que las empresas de inversión autorizadas y supervisadas por las autoridades competentes del Estado miembro de origen puedan crear sucursales y prestar servicios libremente en otros Estados miembros; que, a tal fin, en dicha Directiva se coordinan las normas que regulan la autorización y el ejercicio de la actividad de las empresas de inversión;
Considerando que en la mencionada Directiva no se establecen niveles comunes para los fondos propios de las empresas de inversión, como tampoco los importes de capital inicial de estas empresas; que en ella no se crea un marco común para la supervisión de los riesgos a que están expuestas dichas empresas; que en diversas disposiciones se hace referencia a otra iniciativa comunitaria, cuyo objetivo sería, precisamente, la adopción de medidas coordinadas en los mencionados ámbitos;
Considerando que se ha optado por realizar únicamente sólo la armonización que se considera básica, indispensable y suficiente como para garantizar el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión prudencial; que la adopción de normas de coordinación en lo que se refiere a la definición de los fondos propios de las empresas de inversión, la fijación de los importes de capital inicial y la creación de un marco común para la supervisión de los riesgos de mercado de las empresas de inversión son aspectos fundamentales de la armonización necesaria para conseguir el reconocimiento mutuo en el marco del mercado interior financiero;
Considerando que resulta oportuno fijar distintos importes de capital inicial en función del tipo de actividades que las empresas de inversión estén autorizadas a desarrollar;
Considerando que deberá permitirse que, bajo determinadas condiciones, las empresas de inversión que ya existan puedan seguir ejerciendo su actividad, incluso cuando no cumplan con los importes mínimos de capital inicial fijados para las nuevas empresas;
Considerando que los Estados miembros podrán dictar además normas más estrictas que las previstas en la presente Directiva;
Considerando que la presente Directiva forma parte de los esfuerzos, de mayor alcance, que se están llevando a cabo internacionalmente para armonizar las normas vigentes en lo que se refiere a la supervisión de las empresas de inversión y de las entidades de crédito (en adelante denominadas colectivamente «entidades»);
Considerando que el establecimiento de normas básicas comunes para los fondos propios de las entidades constituye un elemento esencial del mercado interior en el sector de los servicios de inversión, puesto que los fondos propios sirven para garantizar la continuidad de las entidades y proteger a los inversores;
Considerando que, en un mercado común financiero, las entidades, sean empresas de inversión o entidades de crédito, entran en competencia directa entre sí;
Considerando que, por consiguiente, es conveniente conseguir la igualdad de trato de las entidades de crédito y las empresas de inversión;
Considerando que, con respecto a las entidades de crédito ya han quedado establecidos los criterios comunes para la supervisión y control de los riesgos crediticios en la Directiva 89/647/CEE del Consejo, de 18 de diciembre de 1989, sobre el coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (5);
Considerando que es necesario crear normas comunes con relación a los riesgos de mercado de las entidades de crédito y proporcionar un marco complementario para la supervisión de riesgos de las entidades, entre otros, los riesgos de mercado, y más particularmente los riesgos de posición, de liquidación, contraparte y de tipo de cambio;
Considerando que es necesario introducir un concepto de «cartera de negociación» que integre las posiciones en valores y en otros instrumentos financieros poseídos con fines comerciales y sometidos, principalmente, a riesgos de mercado y a riesgos relativos a determinados servicios financieros que se ofrecen a los clientes;
Considerando que es preferible que las entidades cuyas carteras de negociación sean, tanto en términos absolutos como relativos, de escasa trascendencia, apliquen la Directiva 89/647/CEE, en lugar de las exigencias establecidas en los Anexos I y II de la presente Directiva;
Considerando que es preciso tener en cuenta que, en el control del riesgo de liquidación/entrega, existen sistemas que ofrecen una protección capaz de minimizar dicho riesgo;
Considerando que, en cualquier caso, las entidades deben cumplir las disposiciones de la presente Directiva relativas a la cobertura del riesgo de tipo de cambio de toda su actividad mercantil; que podrían establecerse exigencias de capital menores frente a posiciones en divisas estrechamente relacionadas, bien confirmadas estadísticamente, bien a consecuencia de acuerdos intergubernamentales jurídicamente vinculantes, sobre todo, en la perspectiva de la creación de la Unión Monetaria Europea;
Considerando que la existencia en todas las entidades de sistemas internos de supervisión y control de los riesgos de tipo de interés de todas sus actividades reviste especial importancia a la hora de minimizar tales riesgos; que, por consiguiente, es indispensable que dichos sistemas sean supervisados por las autoridades competentes;
Considerando que la Directiva 92/121/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1992, sobre la supervisión y el control de los grandes riesgos de las entidades de crédito (6) no está destinada a establecer normas comunes para la supervisión de los grandes riesgos de actividades que estén, sobre todo, sujetas a riesgos de mercado; que dicha Directiva hace referencia a otra iniciativa comunitaria destinada a establecer la coordinación de métodos necesaria en ese ámbito;
Considerando que es necesario adoptar normas comunes para la supervisión y el control de los grandes riesgos en los que incurran las empresas de inversión;
Considerando que los fondos propios de las entidades de crédito ya están definidos en la Directiva 89/299/CEE del Consejo, de 17 de abril de 1989, relativa a los fondos propios de las entidades de crédito (7);
Considerando que la base para la definición de los fondos propios de las entidades debería inspirarse en dicha definición;
Considerando que, no obstante, existen razones para que la definición de la presente Directiva de los fondos propios de las entidades se aparte de la prevista en esa Directiva, con objeto de atender a las características especiales de las actividades de dichas entidades, que implican, principalmente, riesgos de mercado;
Considerando que la Directiva 92/30/CEE del Consejo, de 6 de abril de 1992, relativa a la supervisión de las entidades de crédito de forma consolidada (8) consagra el principio de consolidación; que no establece normas comunes sobre la consolidación de entidades financieras que ejerzan actividades sometidas, principalmente, a riesgos de mercado; que dicha Directiva hace referencia a otra iniciativa comunitaria destinada a adoptar normas coordinadas en ese ámbito;
Considerando que la Directiva 92/30/CEE no es aplicable a los grupos que contengan empresas de inversión pero no entidades de crédito; que, no obstante, se consideró conveniente crear un marco común para establecer una supervisión de las empresas de inversión en base consolidada;
Considerando que, en ocasiones, podrá ser necesario introducir modificaciones técnicas en las normas detalladas que se establecen en la presente Directiva, para atender a las innovaciones que se produzcan en el ámbito de los servicios de inversión; que la Comisión propondrá, en su caso, las modificaciones que considere necesarias;
Considerando que el Consejo deberá adoptar, en una fase posterior, disposiciones para la adaptación al progreso técnico de esta Directiva, de conformidad con la Decisión 87/373/CEE del Consejo, de 13 de julio de 1987, por la que se establecen las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9); que, mientras tanto, el propio Consejo, a propuesta de la Comisión, deberá llevar a cabo tales adaptaciones;
Considerando que debería estipularse la revisión de la presente Directiva dentro de los tres años siguientes a la fecha de su puesta en aplicación en función de la experiencia adquirida, de la evolución de los mercados financieros y de la labor que desarrollen los foros internacionales competentes; que dicha revisión debería también abarcar la lista de ámbitos que pueden ser objeto de adaptaciones técnicas;
Considerando que la presente Directiva y la Directiva 93/22/CEE están tan estrechamente relacionadas que el hecho de que se pongan en aplicación en fechas distintas podría acarrear distorsiones de competencia,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la presente Directiva a las empresas de inversión y a las entidades de crédito definidas en el artículo 2.
2. Todo Estado miembro podrá exigir a las empresas de inversión y a las entidades de crédito por él autorizadas requisitos adicionales o más estrictos.
DEFINICIONES
Artículo 2
A efectos de la presente Directiva:
1) se entenderá por entidades de crédito, todas las entidades definidas en el primer guión del artículo 1 de la primera Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (10), que estén sujetas a las normas contenidas en la Directiva 89/647/CEE del Consejo;
2) se entenderá por empresa de inversión, todas las entidades definidas en el punto 2) del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE relativa a los servicios de inversión, que deben someterse a los requisitos establecidos en esa misma Directiva, excepto:
- las entidades de crédito,
- las empresas locales tal como se definen en el punto 20), y
- las empresas cuya actividad se reduzca a recibir y transmitir órdenes de inversores, sin mantener fondos y/o valores mobiliarios que pertenezcan a sus clientes y que por esta razón nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de sus clientes;
3) se entenderá por entidades, las entidades de crédito y empresas de inversión;
4) se entenderá por empresas de inversión reconocidas de terceros países, las empresas de inversión que, de haber estado establecidas dentro de la Comunidad, habrían entrado en la definición de empresa de inversión contemplada en el punto 2), que estén autorizadas en un país tercero y que estén sometidas y se ajusten a normas prudenciales que, a juicio de las autoridades competentes, sean al menos tan estrictas como las establecidas en esta Directiva;
5) se entenderá por instrumento financiero cualquiera de los instrumentos enumerados en la sección B del Anexo de la Directiva 93/22/CEE;
6) la cartera de negociación, la cartera que contenga:
a) las posiciones propias en instrumentos financieros que la entidad mantenga para revenderlos y/o adquiera con intención de beneficiarse a corto plazo de las diferencias reales y/o esperadas entre el precio de adquisición y el de venta, o de otras variaciones de precio o de tipo de interés, y las posiciones opuestas compensadas en instrumentos financieros derivados de operaciones de intermediación, o posiciones para cubrir otros elementos de la cartera de negociación; y
b) los riesgos derivados de transacciones pendientes de liquidación, de operaciones incompletas y de instrumentos derivados no negociables en un mercado organizado mencionados en los apartados 1), 2), 3) y 5) del Anexo II, los riesgos derivados de pactos de recompra y préstamos de valores basados en valores de la cartera de negociación mencionados en el anterior punto a), tal como se describen en el apartado 4 del Anexo II, y, cuando lo autoricen las autoridades competentes, los riesgos derivados de pactos de recompra inversa y toma de valores en préstamo tal como se describen en el mismo apartado 4, siempre que de las condiciones que se indican a continuación se cumplan simultáneamente bien las condiciones contempladas en los puntos i), ii), iii) y v) del Anexo II, bien las siguientes condiciones iv) y v):
i) que los riesgos se valoren diariamente a precios de mercado aplicando los procedimientos del Anexo II;
ii) que la garantía aneja se adecue a los cambios materiales del valor de los valores objeto del pacto o de la transacción de que se trate, mediante una regla aceptada por las autoridades competentes;
iii) que el pacto o la transacción contenga una cláusula de compensación automática e inmediata de deudas de la entidad y los de la parte contraria en caso de que esta última incumpla sus obligaciones;
iv) que se trate de pactos o transacciones interprofesionales;
v) que los pactos y transacciones de que se trate se efectúen para sus fines característicos y aceptados, quedando excluidas las transacciones artificiales, y en especial las que no sean a corto plazo;
c) y los riesgos en forma de corretajes, comisiones, intereses, dividendos y depósitos o márgenes de garantía sobre instrumentos derivados negociables en mercados organizados directamente vinculados con los elementos de la cartera contemplados en el apartado 6 del Anexo II.
La inclusión o exclusión de elementos concretos en la cartera de negociación deberá realizarse conforme a procedimientos objetivos, incluidas, en su caso, las normas contables de la entidad de que se trate; dichos procedimientos, así como su aplicación sobre una base continua estarán sometidos al examen de las autoridades competentes;
7) empresa matriz, empresa filial y entidad financiera, se definirán con arreglo al apartado 1 de la Directiva 92/30/CEE;
8) se entenderá por sociedad financiera de cartera, una entidad financiera cuyas empresas filiales sean, exclusiva o principalmente, entidades de crédito, empresas de inversión u otras entidades financieras, una de las cuales como mínimo deberá ser entidad de crédito o empresa de inversión;
9) se entenderá por ponderaciones del riesgo, los grados de riesgo crediticio aplicables a las contrapartes correspondientes según la Directiva 89/647/CEE. Sin embargo, los activos que constituyan créditos y otros riesgos frente a empresas de inversión o frente a empresas de inversión reconocida de terceros países y riesgos contraídos frente a cámaras de compensación y mercados organizados recibirán la misma ponderación que se les asignaría si la contraparte pertinente fuese una entidad de crédito;
10) se entenderá por instrumentos derivados no negociables en mercados organizados, los contratos sobre tipos de interés o sobre tipos de cambio a que se refiere el Anexo II de la Directiva 89/647/CEE y los contratos sobre acciones que se consignen en cuentas de orden siempre que dichos contratos no estén negociados en mercados organizados que los sometan a márgenes legales diarios y en el caso de los contratos sobre tipos de cambio, tengan un vencimiento inicial superior a 14 días naturales;
11) se entenderá por mercado regulado, cualquier mercado que se ajuste a la definición del punto 13 del artículo 1 de la Directiva 93/22/CEE;
12) se entenderá por elementos cualificados, las posiciones largas y cortas en activos contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE y en instrumentos de deuda emitidos por empresas de inversión o por empresas de inversión reconocidas de terceros países, además de las posiciones largas y cortas en instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones: en primer lugar, estar admitidos a cotización como mínimo en un mercado regulado de un Estado miembro o en una bolsa de valores de un país tercero, siempre que esta última haya sido reconocida por las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, que la entidad de que se trate considere que son suficientemente líquidos y que, debido a la solvencia del emisor, presentan un riesgo de impago igual o inferior al de los activos a que se hace referencia en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE. El modo de evaluar dichos valores estará sometido a la supervisión de las autoridades competentes, las cuales deberán pronunciarse en contra del juicio de la entidad en caso de que consideren que los valores de que se trata presentan un riesgo de impago demasiado elevado para ser elementos cualificados.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y a la espera de posterior coordinación, las autoridades competentes podrán reconocer como elementos cualificados los valores que sean suficientemente líquidos y que, debido a la solvencia del emisor, presenten un riesgo de impago igual o inferior al de los activos a que se hace referencia en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE. El riesgo de impago correspondiente a dichos valores tendrá que haber sido evaluado en tal nivel por al menos dos agencias de calificación crediticia reconocidas por las autoridades competentes, o por sólo una agencia de calificación crediticia, siempre que dichos valores no hayan sido calificados por debajo de ese nivel por otra agencia de calificación reconocida por las autoridades competentes.
Sin embargo, las autoridades competentes podrán suspender la condición a que se refiere la última frase del párrafo anterior cuando la consideren inapropiada, habida cuenta, por ejemplo, de las características del mercado, del emisor, de la emisión o de alguna combinación de dichas características.
Además, las autoridades competentes exigirán que las entidades apliquen la ponderación máxima indicada en el cuadro 1 del punto 14 del Anexo I a los valores que presenten un riesgo especial debido a la insuficiente solvencia del emisor y/o la insuficiente liquidez.
Las autoridades competentes de cada Estado miembro informarán periódicamente al Consejo y a la Comisión sobre los métodos utilizados para evaluar los elementos cualificados, y especialmente sobre los métodos utilizados para evaluar el grado de liquidez de la emisión y la solvencia del emisor;
13) se entenderá por elementos de la Administración central, las posiciones largas y cortas en los activos contemplados en la letra a) del apartado 1) del artículo 6 de la Directiva 89/647/CEE, y a los que se haya asignado una ponderación del 0 % con arreglo al artículo 7 de dicha Directiva;
14) se entenderá por valor convertible, un valor que, a voluntad del tenedor, pueda ser canjeado por otro valor, generalmente una acción del emisor;
15) se entenderá por certificado de opción de compra, un instrumento que, hasta su fecha de expiración, confiere al tenedor el derecho de compra sobre un determinado número de acciones u obligaciones, a un precio estipulado. La operación podrá liquidarse mediante la entrega de los propios valores o de su equivalente en metálico;
16) se entenderá por certificado de opción de compra cubierto, un instrumento emitido por una entidad distinta del emisor del instrumento subyacente que, hasta su fecha de expiración, confiere al tenedor el derecho de compra sobre un determinado número de acciones u obligaciones a un precio estipulado o un derecho a asegurar un beneficio o a evitar una pérdida con relación a las fluctuaciones de un índice relativo a cualquiera de los instrumentos financieros enumerados en la sección B del Anexo de la Directiva 93/22/CEE;
17) se entenderá por pacto de recompra y pacto de recompra inversa, un acuerdo en virtud del cual una entidad o su contraparte transfieren valores o derechos garantizados relativos a la titularidad de valores cuya garantía haya sido emitida por un mercado organizado que ostente los derechos sobre los valores y para los cuales el acuerdo no autorice a la entidad a realizar transferencias o pignoraciones de un valor determinado con más de una contraparte simultáneamente, comprometiéndose a recomprar dichos valores (o valores sustitutivos de las mismas características) a un precio estipulado y en una fecha futura y estipulada o por estipular por la parte transferente; esta transferencia constituirá un «pacto de recompra» para la entidad que venda los valores y un «pacto de recompra inversa» para la entidad que los compre.
Se considerará que un pacto de recompra inversa es interprofesional cuando la contraparte esté sujeta a coordinación prudencial a nivel comunitario o sea una entidad de crédito de la zona A tal y como se define en la Directiva 89/647/CEE o una empresa de inversión reconocida de un país tercero o cuando el pacto se haya suscrito con una cámara de compensación reconocida o un mercado organizado.
18) Se entenderá por préstamo de valores y toma de valores en préstamo de una transacción por la cual una entidad o su contraparte transfieren valores a cambio de una garantía adecuada y suscriben el compromiso de que el prestatario devolverá valores equivalentes en una fecha futura o cuando así lo solicite la parte transferente; esta transacción constituirá un «préstamo de valores» para la entidad que transfiera los valores y una «toma de valores en préstamo» para la entidad que los reciba.
La toma de valores en préstamo se considerará una transacción interprofesional cuando la contraparte esté sujeta a coordinación prudencial a nivel comunitario y/o sea una entidad de crédito de la zona A con arreglo a la Directiva 89/647/CEE o una empresa de inversión reconocida de un país tercero o cuando la transacción se haya celebrado con una cámara de compensación reconocida o un mercado organizado;
19) se entenderá por miembro compensador, un miembro de un mercado organizado y/o de una cámara de compensación que mantenga una relación contractual directa con la contraparte central (garante del mercado). Los miembros no compensadores efectuarán sus operaciones a través de un miembro compensador;
20) se entenderá por empresa local, toda empresa que opere únicamente por cuenta propia en un mercado de futuros financieros u opciones, o que opere por cuenta de otros miembros de ese mismo mercado o actúe como creador de mercado frente a éstos, y que esté avalada por un miembro compensador del mismo mercado. El cumplimiento de los contratos celebrados por una empresa local estará garantizado por un miembro compensador del mismo mercado, y dichos contratos se tendrán en cuenta en el cálculo de las exigencias de capital totales del miembro compensador, asumiendo que las posiciones de la empresa local son totalmente independientes de las del miembro compensador;
21) delta, indicará la variación prevista del precio de una opción con relación a una ligera variación del precio del instrumento subyacente a la opción;
22) a efectos del punto 4 del Anexo I se entenderá por posición larga, aquélla en que una entidad haya fijado el tipo de interés que recibirá en algún momento futuro y posición corta, aquélla en la que una entidad haya fijado el tipo de interés que habrá de pagar en algún momento futuro;
23) se entenderá por fondos propios, los fondos propios definidos en la Directiva 89/299/CEE. No obstante, esta definición podrá modificarse en las circunstancias descritas en el Anexo V;
24) el capital inicial englobará los puntos 1) y 2) del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/299/CEE;
25) los fondos propios básicos serán los elementos 1, 2 y 4 menos los elementos 9, 10 y 11 del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva 89/299/CEE;
26) por capital, se entenderá los fondos propios;
27) la duración modificada se calculará mediante la fórmula que figura en el punto 26 del Anexo I.
CAPITAL INICIAL
Artículo 3
1. El capital inicial de las empresas de inversión que mantengan fondos y/o valores de sus clientes y ofrezcan alguno de los servicios siguientes será de 125 000 ecus:
- la recepción y transmisión de órdenes de los inversores sobre instrumentos financieros;
- la ejecución de órdenes de los inversores sobre instrumentos financieros;
- la gestión de carteras individuales de inversión en instrumentos financieros,
siempre y cuando no negocien en instrumentos financieros por cuenta propia ni aseguren instrumentos financieros.
La tenencia de posiciones en instrumentos financieros excluidos de la cartera de negociación, con objeto de invertir los fondos propios, no se considerará actividad por cuenta propia a efectos de lo dispuesto en el párrafo primero y en el contexto del apartado 2.
No obstante, las autoridades competentes podrán permitir a empresas de inversión que ejecuten órdenes de inversores relativas a instrumentos financieros mantenidos por cuenta propia siempre que:
- tales posiciones deriven únicamente del hecho de que la empresa de inversión no pueda garantizar una cobertura exacta de la orden recibida,
- el valor total de mercado de tales posiciones no supere el 15 % del capital inicial de la empresa,
- la empresa cumpla los requisitos enunciados en los artículos 4 y 5, y
- tales posiciones revistan un carácter fortuito y provisional y estén estrictamente limitadas al tiempo necesario para realizar la transacción de que se trate.
2. Los Estados miembros podrán reducir el importe establecido en el apartado 1 a 50 000 ecus cuando la empresa no esté autorizada a tener en depósito fondos o valores mobiliarios de sus clientes, ni a negociar por cuenta propia ni a asegurar emisiones.
3. Las demás empresas de inversión deberán tener un capital inicial de 730 000 ecus.
4. Las empresas a que se refieren los guiones segundo y tercero del punto b) del artículo 2 deberán contar con un capital inicial de 50 000 ecus siempre que dispongan de libertad de establecimiento y/o realicen servicios con arreglo al artículo 14 y/o 15 de la Directiva 93/22/CEE.
5. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, los Estados miembros podrán seguir permitiendo la actividad de las empresas de inversión y de las contempladas en el apartado 4 que existan antes de la aplicación de la presente Directiva y cuyos fondos propios sean inferiores a los importes de capital inicial que se especifican en los apartados 1 a 4. Los fondos propios de todas esas empresas en ningún momento podrán descender del nivel de referencia más elevado calculado tras la fecha de notificación de la presente Directiva. El nivel de referencia será el nivel medio diario de los fondos propios calculado con respecto a los seis meses anteriores a la fecha de cálculo. Dicho nivel de referencia se calculará cada seis meses con respecto al correspondiente período anterior.
6. Cuando el control de una empresa de las contempladas en el apartado 5 sea asumido por una persona física o jurídica distinta de la que la controlaba con anterioridad, los fondos propios de dicha empresa no podrán ser inferiores al nivel especificado para ella en los apartados 1 a 4, salvo en las situaciones siguientes:
i) cuando se trate de la primera transmisión por herencia después de la puesta en aplicación de la presente Directiva, a reserva de la aprobación de las autoridades competentes y durante 10 años, como máximo, a partir de la transmisión;
ii) cuando se trate de un cambio de socio en una sociedad, siempre que, como mínimo, uno de los socios existentes en la fecha de aplicación de la Directiva continúe en la sociedad y durante 10 años, como máximo, a partir de la puesta en aplicación de la presente Directiva.
7. No obstante, en determinadas circunstancias especiales y con el consentimiento de las autoridades competentes, cuando se fusionen dos o más empresas de inversión y/o empresas de las contempladas en el apartado 4, los fondos propios de la empresa que resulte de la fusión podrán situarse por debajo del nivel especificado para dicha empresa en los apartados 1 a 4. Sin embargo, mientras no se hayan alcanzado los niveles a los que se refieren los apartados 1 a 4 los fondos propios de la nueva empresa no podrán ser inferiores al total de los fondos propios de las empresas fusionadas en el momento de producirse la fusión.
8. Los fondos propios de las empresas de inversión y de las contempladas en el apartado 4 no podrán descender del nivel establecido en los apartados 1 a 5 y 7. No obstante, en caso de que así fuera, las autoridades competentes podrán conceder a dichas empresas, cuando las circunstancias así lo justifiquen, un plazo limitado para que regularicen su situación o cesen en sus actividades.
COBERTURA DE RIESGOS
Artículo 4
1. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que dispongan en todo momento de fondos superiores o iguales a la suma de:
i) las exigencias de capital sobre sus operaciones de cartera de negociación calculadas con arreglo a los Anexos I, II y VI;
ii) las exigencias de capital sobre el conjunto de su actividad calculadas con arreglo al Anexo III;
iii) las exigencias de capital contempladas en la Directiva 89/647/CEE, en lo relativo al conjunto de sus operaciones, con excepción de la cartera de negociación y los activos o líquidos si éstos se deducen de los fondos propios de conformidad con la letra d) del punto 2) del Anexo V;
iv) las exigencias de capital establecidas en el apartado 2;
cualquiera que sea la cuantía de las exigencias de capital mencionadas en los puntos i) a iv), la exigencia de fondos propios de las empresas de inversión nunca será inferior a la establecida en el Anexo IV.
2. Las autoridades competentes impondrán a las entidades la obligación de cubrir los riesgos que se deriven de operaciones no incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Directiva ni de la Directiva 89/647/CEE y que se consideren similares a los riesgos regulados en dichas Directivas mediante fondos propios suficientes.
3. En caso de que los fondos propios de la entidad desciendan por debajo de la exigencia de fondos propios calculada con arreglo al apartado 1, las autoridades competentes se asegurarán de que la entidad en cuestión tome las medidas apropiadas para rectificar su situación lo más rápidamente posible.
4. Las autoridades competentes impondrán a las entidades la obligación de establecer sistemas de vigilancia y de control de riesgos de tipo de interés sobre el conjunto de sus transacciones; dichos sistemas estarán sometidos a la supervisión de las autoridades competentes.
5. Las entidades deberán demostrar ante sus autoridades competentes respectivas que disponen de sistemas adecuados para calcular, con una exactitud razonable y en cualquier momento, la posición financiera de la entidad.
6. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes podrán permitir que las entidades calculen las exigencias de capital en lo que respecta a su cartera de negociación con arreglo a la Directiva 89/647/CEE, en vez de a los Anexos I y II de la presente Directiva, siempre que:
i) la cartera de valores de negociación no exceda, normalmente, más del 5 % de su actividad total; y
ii) el total de las posiciones de la cartera de negociación no sobrepase normalmente el importe de 15 millones de ecus; y
iii) la cartera de negociación no exceda en ningún caso del 6 % de su actividad total y el total de las posiciones de la cartera de negociación no supere en ningún caso el importe de 20 millones de ecus.
7. A fin de evaluar la proporción que representa la actividad relativa a la cartera de negociación en relación con la actividad total a los efectos de los puntos i) y iii) del apartado 6 del presente artículo, las autoridades competentes podrán remitirse al balance y cuentas de orden, a la cuenta de pérdidas y ganancias o bien a los fondos propios de las entidades de que se trate, o a una combinación de dichas medidas. Una vez calculado el volumen de actividad con arreglo al balance y a las cuentas de orden, los instrumentos de deuda se contabilizarán a su precio de mercado o a su valor nominal, las acciones a su precio de mercado y los instrumentos derivados por el valor nominal o de mercado de los instrumentos subyacente. Se sumarán las posiciones largas y las cortas cualquiera que sea su signo.
8. En caso de que una entidad sobrepase durante un período suficientemente largo uno o los dos límites fijados en los puntos i) y ii) del apartado 6, o sobrepase uno o los dos límites fijados en el punto iii) del mismo apartado, se le exigirá que cumpla el requisito que se establece en el punto i) del apartado 1 del artículo 4 y no los de la Directiva 89/647/CEE, respecto a sus operaciones de cartera de negociación, y que lo notifique a las autoridades competentes.
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE GRANDES RIESGOS
Artículo 5
1. Las entidades supervisarán y controlarán sus grandes riesgos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 92/121/CEE.
2. Sin perjuicio del apartado 1, las entidades que calculen las exigencias de capital correspondientes a su cartera de negociación con arreglo a los Anexos I y II deberán controlar y supervisar sus grandes riesgos según lo dispuesto en la Directiva 92/121/CEE, con las modificaciones establecidas en el Anexo VI de la presente Directiva.
EVALUACIÓN DE LAS POSICIONES A EFECTOS DE INFORMACIÓN
Artículo 6
1. Las entidades evaluarán diariamente sus carteras de negociación a precios de mercado, a menos que estén sujetas a lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 4.
2. Si no fuere posible disponer, de manera inmediata, de los precios de mercado, como, por ejemplo, cuando se trate de operaciones con nuevas emisiones en los mercados primarios, las autoridades competentes podrán no aplicar lo previsto en el apartado 1 y exigir a las entidades la aplicación de otros métodos de evaluación, siempre que éstos sean suficientemente prudentes y hayan sido aprobados por las autoridades competentes.
SUPERVISIÓN EN BASE CONSOLIDADA
Artículo 7
Principios generales
1. Las exigencias de capital enunciadas en los artículos 4 y 5 para las entidades que no sean empresas matrices ni filiales de dichas empresas se aplicarán en base individual.
2. Las exigencias enunciadas en los artículos 4 y 5 para:
- las entidades que tengan como filial una entidad de crédito con arreglo a la Directiva 92/30/CEE, una empresa de inversión u otra entidad financiera o que tengan una participación en tales entidades, y
- las entidades cuya matriz sea una sociedad financiera de cartera
se aplicarán en base consolidada de conformidad con los métodos que se establecen en la mencionada Directiva y con los apartados 7 a 14 del presente artículo.
3. Cuando en un grupo de los contemplados en el apartado 2 no esté incluida ninguna entidad de crédito, será aplicable lo dispuesto en la Directiva 92/30/CEE con las siguientes modificaciones:
Se entenderá por
- sociedad financiera de cartera: una entidad financiera cuyas empresas filiales sean, exclusiva o principalmente, empresas de inversión u otras entidades financieras, de las que una al menos sea una empresa de inversión;
- sociedad mixta de cartera: la empresa matriz distinta de una sociedad financiera de cartera o una empresa de inversión, cuyas empresas filiales incluyan por lo menos una empresa de inversión;
- autoridades competentes: las autoridades nacionales facultadas por ley o reglamento para supervisar a las empresas de inversión;
- las referencias a entidad de crédito se entenderán hechas a empresas de inversión;
- no se aplicará el párrafo segundo del apartado 5 del artículo 3 de la Directiva 92/30/CEE;
- en los apartados 1 y 2 del artículo 4 y en el apartado 5 del artículo 7 de la Directiva 92/30/CEE, las referencias a la Directiva 77/780/CEE se entenderán hechas a la Directiva 93/22/CEE;
- a los efectos del apartado 9 del artículo 3 y del apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 92/30/CEE, se sustituirán las referencias al Comité consultivo bancario por referencias al Consejo y a la Comisión;
- se sustituye la primera frase del apartado 4 del artículo 7 de la Directiva 92/30/CEE por la siguiente frase:
«En caso de que una empresa de inversión, una sociedad financiera de cartera o una sociedad mixta de cartera controle una o más empresas filiales que sean compañías de seguros, las autoridades competentes y las autoridades facultadas para supervisar a las empresas de seguros cooperarán de forma estrecha».
4. Las autoridades competentes a las que se haya exigido o encomendado ejercer la supervisión de los grupos contemplados en el anterior apartado 3 en base consolidada podrán, hasta una posterior coordinación de la supervisión consolidada de dichos grupos y cuando las circunstancias así lo justifiquen, renunciar a dicha obligación siempre que todas las empresas de inversión pertenecientes a un grupo de este tipo:
i) utilicen la definición de fondos propios establecida en el apartado 9 del Anexo V;
ii) cumplan individualmente las exigencias establecidas en los artículos 4 y 5;
iii) creen sistemas de vigilancia y control de las fuentes de capital y de financiación de las restantes entidades financieras del grupo.
5. Las autoridades competentes exigirán que las empresas de inversión de un grupo objeto de la renuncia contemplada en el apartado 4 les comuniquen los riesgos, incluidos los derivados de la composición y origen de su capital y financiación, que pudieren perjudicar a la situación financiera de dichas empresas. Si las autoridades competentes concluyeran de ello que la situación financiera está insuficientemente protegida, impondrán a dichas empresas la adopción de medidas, que comprenderán, en su caso, restricciones de sus transferencias de capital a las entidades del grupo.
6. Cuando las autoridades competentes renuncien a la obligación de supervisión en base consolidada en virtud del apartado 4, adoptarán otras medidas adecuadas para controlar los riesgos, a saber, los grandes riesgos, en el conjunto del grupo, incluidas las empresas que no estén establecidas en ninguno de los Estados miembros.
7. Los Estados miembros podrán renunciar a la aplicación de los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5, en base individual o subconsolidada, a una entidad que, como empresa matriz, esté sujeta a la supervisión en base consolidada, y a cualquier empresa filial de dicha entidad que esté sujeta a su autorización y supervisión y esté incluida en la supervisión en base consolidada de su entidad matriz.
Deberá garantizarse el mismo derecho de renuncia cuando la empresa matriz sea una sociedad financiera de cartera con domicilio social en el mismo Estado miembro que la entidad, siempre que esté sometida a la misma supervisión que la ejercida sobre las entidades de crédito o empresas de inversión, y en particular a los requisitos impuestos en los artículos 4 y 5.
En ambos casos, si los Estados miembros hacen uso de la mencionada renuncia, deberán tomarse medidas para garantizar la asignación satisfactoria de los fondos propios dentro del grupo.
8. Cuando una entidad, filial de una empresa matriz que sea una entidad, haya sido autorizada y esté situada en otro Estado miembro, las autoridades competentes que hayan concedido dicha autorización aplicarán a dicha entidad las reglas enunciadas en los artículos 4 y 5 en base individual o, en su caso, subconsolidada.
9. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, las autoridades competentes responsables de la autorización de la filial de una empresa matriz que sea una entidad podrán delegar su responsabilidad de supervisión de la adecuación de capital de la filial y de los grandes riesgos, mediante acuerdo bilateral, en las autoridades competentes que hayan autorizado y supervisen a la empresa matriz. Se deberá mantener informada a la Comisión de la existencia y del contenido de tales acuerdos. Ésta transmitirá dicha información a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y al Comité consultivo bancario y al Consejo, excepto en el caso de los grupos a que se hace referencia en el apartado 3.
Cálculo de las exigencias de capital consolidadas
10. Cuando no se ejerza el derecho de renuncia a que se refieren los apartados 7 y 9, y a los efectos del cálculo en base consolidada de las exigencias de capital establecidos en el Anexo I y de los riesgos en relación con los clientes establecidos en el Anexo VI, las autoridades competentes podrán permitir que las posiciones netas de la cartera de negociación de una entidad se compensen con las posiciones de la cartera de valores mobiliarios negociables de otra entidad, con arreglo a las normas establecidas en el Anexo I y Anexo VI respectivamente.
Por otra parte, podrán permitir que las posiciones en divisas de una entidad contempladas en el Anexo III compensen las posiciones en divisas de otra entidad contempladas en el mismo Anexo con arreglo a las normas establecidas en dicho Anexo.
11. Las autoridades competentes podrán permitir asimismo la compensación entre la cartera de negociación y entre las posiciones en divisas de empresas situadas en países terceros, siempre que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:
i) que dichas empresas hayan sido autorizadas en un país tercero y que respondan, bien a la definición de «entidad de crédito» que figura en el primer guión del artículo 1 de la Directiva 77/780/CEE, o bien a la definición de «empresa de inversión reconocida de un país tercero»;
ii) que dichas empresas satisfagan, individualmente unas exigencias de adecuación del capital equivalentes a las establecidas en la presente Directiva;
iii) que en los países de que se trate no existan normativas que puedan afectar de modo apreciable a la transferencia de fondos dentro del grupo.
12. Las autoridades competentes también podrán permitir la compensación descrita en el apartado 10 entre entidades de un grupo que hayan sido autorizadas en el Estado miembro de que se trate siempre que:
i) haya una distribución de capital satisfactoria en el grupo;
ii) el marco normativo, jurídico y/o contractual que rige la actuación de estas entidades permita que se garantice un apoyo financiero mutuo dentro del grupo.
13. Además, las autoridades competentes podrán permitir la compensación descrita en el apartado 10 entre entidades de un grupo que se ajusten a los requisitos expuestos en el apartado 12 y cualquier otra entidad del mismo grupo que haya sido autorizada en otro Estado miembro, siempre que esta entidad esté obligada a cumplir las exigencias de capital de los artículos 4 y 5 a título individual.
Definiciones de fondos propios consolidados
14. Para el cálculo de los fondos propios en base consolidada se aplicará el artículo 5 de la Directiva 89/299/CEE.
15. Para el cálculo de los fondos propios consolidados las autoridades competentes responsables de la supervisión en base consolidada podrán reconocer la validez de las definiciones específicas de fondos propios aplicables a las entidades de que se trate con arreglo al Anexo V.
COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN
Artículo 8
1. Los Estados miembros exigirán que las empresas de inversión y entidades de crédito faciliten a las autoridades competentes del Estado miembro de origen toda la información necesaria para determinar si cumplen las normas adoptadas de conformidad con la presente Directiva. Los Estados miembros velarán asimismo por que los mecanismos de control interno y los procedimientos administrativos y contables de las entidades permitan verificar, en todo momento, el cumplimiento de tales disposiciones.
2. Las empresas de inversión tendrán la obligación de informar a las autoridades competentes, en la forma que éstas determinen, al menos una vez al mes cuando se trate de empresas contempladas en el apartado 3 del artículo 3, al menos una vez cada tres meses cuando se trate de las empresas a que se refiere el apartado 1 del artículo 3 y al menos una vez cada seis meses en el caso de las empresas contempladas en el apartado 2 del artículo 3.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, se deberá exigir a las empresas de inversión mencionadas en los apartados 1 y 3 del artículo 3 que faciliten información en base consolidada o subconsolidada únicamente una vez cada seis meses.
4. Las entidades de crédito estarán obligadas a informar a las autoridades competentes, en la forma que éstas determinen, con la misma frecuencia prevista en la Directiva 89/647/CEE.
5. Las autoridades competentes exigirán a las entidades que les comuniquen inmediatamente todos los casos en que sus contrapartes en pactos de recompra o de recompra inversa o en operaciones de préstamo de valores o de tomas de valores en préstamo incumplan sus obligaciones. La Comisión presentará al Consejo un informe sobre estos casos y sobre sus consecuencias para el trato de tales pactos y operaciones con arreglo a la presente Directiva antes de que transcurran tres años a partir de la fecha mencionada en el artículo 12. Este informe describirá también la forma en que las entidades cumplen aquellas de las condiciones i) a v) de la letra b) del punto 6) del artículo 2 que les sean aplicables, especialmente la condición v). Contendrá asimismo información pormenorizada sobre cualquier cambio de la dimensión relativa de las actividades tradicionales de préstamo de las entidades y de sus operaciones de préstamo mediante pactos de recompra inversos y operaciones de toma de valores en préstamo. Si basándose en dicho informe y en otros datos la Comisión concluyera que son necesarias nuevas salvaguardas para evitar abusos, propondrá las medidas pertinentes.
AUTORIDADES COMPETENTES
Artículo 9
1. Los Estados miembros designarán a las autoridades que deben desempeñar las funciones previstas en la presente Directiva. Informarán de ello a la Comisión, indicando si existe reparto de funciones.
2. Las autoridades a que se refiere el apartado 1 deberán ser autoridades públicas u organismos oficialmente reconocidos por la legislación nacional o por las autoridades públicas como parte del sistema de supervisión vigente en el Estado miembro de que se trate.
3. Se atribuirá a dichas autoridades todas las competencias necesarias para el desempeño de su misión, en particular para controlar la forma en que está constituida la cartera de negociación.
4. Las autoridades competentes de los Estados miembros colaborarán estrechamente en el desempeño de las funciones previstas en la presente Directiva, en especial cuando se trate de servicios de inversión prestados directamente o mediante la creación de sucursales en uno o varios Estados miembros. Dichas autoridades se suministrarán entre sí, previa solicitud, toda la información que pueda facilitar la supervisión de la adecuación del capital de las empresas de inversión y entidades de crédito y, en particular, la verificación de que éstas cumplen las disposiciones que se establecen en la presente Directiva. Todo intercambio de información entre las autoridades competentes previsto en la presente Directiva respecto de las empresas de inversión estará sujeto a la obligación de secreto profesional que se establece en el artículo 25 de la Directiva 93/22/CEE y, en lo que se refiere a las entidades de crédito, a la obligación establecida en el artículo 25 de la Directiva 77/780/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 89/646/CEE.
Artículo 10
El Consejo, hasta tanto se adopte una Directiva que establezca las disposiciones de adaptación de la presente Directiva al progreso técnico en los sectores indicados más adelante y de conformidad con la Decisión 87/373/CEE, aprobará por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, aquellas adaptaciones que puedan ser necesarias:
- aclaración de las definiciones del artículo 2 a fin de garantizar una aplicación uniforme de la presente Directiva en toda la Comunidad,
- aclaración de las definiciones del artículo 2 a fin de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros,
- alteración de los importes del capital inicial requeridos en el artículo 3 y del importe que figura en el apartado 6 del artículo 4, a fin de tener en cuenta la evolución económica y monetaria,
- adaptación de la terminología y del contexto de las definiciones de conformidad con actos ulteriores relativos a las entidades y cuestiones conexas.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 11
1. Los Estados miembros podrán autorizar a las empresas de inversión sujetas a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 30 de la Directiva 93/22/CEE cuyos fondos propios sean, el día de la puesta en aplicación de la presente Directiva, inferiores a los niveles especificados en los apartados 1 a 3 del artículo 3. No obstante, los fondos propios de dichas empresas deberán reunir las condiciones establecidas en los apartados 5 a 8 del artículo 3 de la presente Directiva.
2. No obstante lo dispuesto en el punto 14 del Anexo I, los Estados miembros podrán establecer un requisito de riesgo específico para las obligaciones a las que se haya asignado una ponderación del 10 % en virtud del apartado 2 del artículo 11 de la Directiva 89/647/CEE, equivalente a la mitad del requisito de riesgo específico establecido para un valor cualificado con el mismo vencimiento residual que dicha obligación.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 12
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva en la fecha establecida en el párrafo segundo del artículo 31 de la Directiva 93/22/CEE. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 13
La Comisión presentará al Consejo, lo antes posible, propuestas sobre exigencias de capital para las transacciones sobre materias primas, sus derivados y participaciones en instituciones de inversión colectiva.
El Consejo deberá pronunciarse sobre las propuestas de la Comisión a más tardar seis meses antes de la fecha de puesta en aplicación de la presente Directiva.
CLÁUSULA DE REVISIÓN
Artículo 14
Tres años después de la fecha contemplada en el artículo 12, el Consejo, sobre la base de una propuesta de la Comisión, estudiará y, si fuera necesario, revisará la presente Directiva en función de la experiencia adquirida como resultado de su aplicación, teniendo en cuenta las innovaciones del mercado y, en particular, la evolución registrada en los foros internacionales competentes.
Artículo 15
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 15 de marzo de 1993.

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