Document ID: 32011D0137

DECISIÓN 2011/137/PESC DEL CONSEJO
de 28 de febrero de 2011
relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 23 de febrero de 2011, la Unión Europea manifestó su intensa preocupación por la situación que se está produciendo en Libia. La UE condena firmemente la violencia y el uso de la fuerza contra civiles y deplora la represión contra manifestantes pacíficos.
(2)
La UE reiteró su llamamiento a favor de poner término inmediato al uso de la fuerza y de medidas que atiendan las legítimas demandas de la población.
(3)
El 26 de febrero de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas («el Consejo de Seguridad») adoptó la Resolución 1970 («RCSNU 1970 (2011)») que introducía medidas restrictivas contra Libia y contra personas y entidades implicadas en graves violaciones de los derechos humanos contra personas cometidas en Libia, en particular, la participación en ataques en violación del derecho internacional contra poblaciones e instalaciones civiles.
(4)
En vista de la gravedad de la situación en Libia, la UE considera necesario imponer más medidas restrictivas.
(5)
Con el fin de ejecutar determinadas medidas es necesaria una actuación adicional de la Unión.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. Se prohíbe la venta, el suministro, la venta o transferencia directos o indirectos a Libia de armamento y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, así como equipos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros desde o a través de los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, sean o no originarios de dichos territorios.
2. Se prohíbe:
a)
ofrecer, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, formación u otro tipo de asistencia, incluido el suministro de personal mercenario armado, en relación con actividades militares o el suministro, mantenimiento y uso de los artículos indicados el apartado 1, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Libia o para su utilización en Libia;
b)
ofrecer, directa o indirectamente asistencia financiera en relación con actividades militares o para el suministro, mantenimiento o uso de los artículos indicados en el apartado 1 a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Libia para su utilización en Libia;
c)
participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones a que se refieren las letras a) o b).
Artículo 2
1. El artículo 1 no se aplicará a:
a)
el suministro, la venta o la transferencia de equipos militares no letales o de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección,
b)
otros suministros, ventas o transferencias de armas y material asociado,
c)
el suministro de asistencia técnica, formación u otro tipo de asistencia, incluido el personal en relación con estos equipamientos,
d)
el suministro de ayuda financiera en relación con estos equipamientos,
siempre que el Comité creado en virtud del punto 24 de la RCSNU 1970 (2011) («el Comité») los haya aprobado previamente.
2. El artículo 1 no se aplicará al suministro, la venta o la transferencia de prendas de protección, incluidos los chalecos antibala y cascos militares, exportados temporalmente a Libia por personal de las Naciones Unidas, personal de la Unión Europea o sus Estados miembros, representantes de los medios de comunicación y trabajadores humanitarios y cooperantes y personal asociado, únicamente para su uso personal.
Artículo 3
Se prohíbe la contratación de suministros por nacionales de los Estados miembros o mediante buques o aeronaves con pabellón de los Estados miembros, de los artículos a que se refiere el artículo 1, apartado 1 desde Libia, sean o no estos artículos originarios del territorio de Libia.
Artículo 4
1. Los Estados miembros inspeccionarán, de conformidad con sus autoridades y legislación nacionales y en consonancia con el Derecho Internacional, en particular el Derecho del mar y los acuerdos internacionales de aviación civil pertinentes, todos los cargamentos con origen o destino en Libia que estén en su territorio, incluidos los puertos marítimos y los aeropuertos, si poseen información que ofrezca motivos razonables para creer que los cargamentos contienen artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud de la presente Decisión.
2. Los Estados miembros, cuando los descubran, embargarán y eliminarán (ya sea destruyéndolos o inutilizándolos o transfiriéndolos a un Estado distinto del de origen o destino para su eliminación) los artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud de la presente Decisión.
3. Los Estados miembros cooperarán, de conformidad con sus ordenamientos nacionales, en las inspecciones y medidas de eliminación realizadas con arreglo a los apartados 1 y 2.
4. Las aeronaves y los buques que transporten cargamentos con origen o destino en Libia estarán sometidos al requisito de información adicional previo a la llegada o a la salida para todas las mercancías que entren en un Estado miembro o salgan del mismo.
Artículo 5
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para prevenir la entrada o el tránsito en su territorio de:
a)
las personas incluidas en la lista del anexo I de la RCSNU 1970 (2011) y demás personas designadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité en virtud del punto 22 de la RCSNU 1970 (2011) incluidas en el anexo I;
b)
las personas no cubiertas por el anexo I implicadas de forma directa o por complicidad en las órdenes, el control u otras formas de dirección de la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos contra personas en Libia, en particular, mediante su implicación o complicidad en el planeamiento, mando, o impartición de órdenes de ataque o la realización de ataques, en violación del derecho internacional, en particular de bombardeos aéreos de poblaciones e instalaciones civiles, o que actúen en su beneficio, en su nombre o bajo su dirección, enumeradas en el anexo II.
2. Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a los Estados miembros a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.
3. El apartado 1, letra a) no se aplicará cuando el Comité determine que:
a)
el viaje de que se trate está justificado por motivos de necesidad humanitaria, incluida la obligación religiosa; o
b)
la excepción servirá a los objetivos de la paz y la reconciliación nacional en Libia y a la estabilidad regional.
4. El apartado 1, letra a) no se aplicará cuando:
a)
la entrada o el tránsito son necesarios para el desarrollo de un procedimiento judicial; o
b)
un Estado miembro determine, para el caso concreto, que esa entrada o tránsito es necesaria para fomentar la paz y la estabilidad en Libia y el Estado miembro lo notifique posteriormente al Comité en un plazo de cuarenta y ocho horas tras la toma de la decisión.
5. El apartado 1, letra b) se entiende sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de derecho internacional, es decir:
a)
como país anfitrión de una organización intergubernamental internacional,
b)
como país anfitrión de una conferencia internacional convocada por las Naciones Unidas o auspiciada por estas,
c)
por un acuerdo multilateral que atribuya privilegios e inmunidades, o bien
d)
por el Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.
6. Se considerará que lo dispuesto en el apartado 5 es aplicable también a aquellos casos en los que un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
7. Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una excepción de conformidad con los apartados 5 o 6.
8. Los Estados miembros podrán conceder exenciones respecto de las medidas impuestas en el apartado 1, letra b) cuando el viaje esté justificado por motivos humanitarios urgentes, o por motivos de asistencia a reuniones intergubernamentales, incluidas las promovidas por la Unión, o a reuniones de las que sea anfitrión un Estado miembro que ostente la Presidencia de la OSCE, cuando se lleve a cabo en ellas un diálogo político que promueva directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Libia.
9. Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones citadas en el apartado 8 lo notificarán por escrito al Consejo. La exención se considerará concedida salvo que alguno de los miembros del Consejo formule por escrito una objeción dentro de un plazo de dos días hábiles tras la recepción de la notificación de la exención propuesta. En caso de que alguno de los miembros del Consejo formule una objeción, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá decidir la concesión de la exención propuesta.
10. En caso de que, con arreglo a los apartados 5, 6 y 8, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por el mismo a personas enumeradas en el anexo, la autorización estará limitada al motivo por el cual se haya concedido y a las personas a las que se refiera.
Artículo 6
1. Se congelarán todos los fondos, demás activos financieros y recursos económicos poseídos o directa o indirectamente controlados por:
a)
las personas y entidades que figuran en la lista de la RCSNU 1970 (2011), y otras personas y entidades designadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité en virtud del punto 22 de la RCSNU 1970 (2011) o por individuos o entidades que actúen en su nombre o bajo su dirección o por entidades poseídas o controladas por ellos, enumeradas en el anexo III;
b)
las personas y entidades no cubiertas por el anexo III implicadas de forma directa o por complicidad en las órdenes, el control u otras formas de dirección de la perpetración de graves violaciones de los derechos humanos contra personas en Libia o en la ejecución de estas, en particular, mediante su implicación o complicidad en el planeamiento, mando, o impartición de órdenes de ataque o la realización de ataques, en violación del derecho internacional, en particular los bombardeos aéreos de poblaciones e instalaciones civiles, o por las personas o entidades que actúen en su beneficio, en su nombre o bajo su dirección, o por las entidades que estas posean o controlen, enumeradas en el anexo IV.
2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas y jurídicas, o entidades indicadas en el apartado 1 ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de capitales, otros activos financieros ni recursos económicos.
3. Podrán hacerse excepciones para capitales, activos financieros o recursos económicos:
a)
necesarios para sufragar los gastos básicos de personas enumeradas en el anexo y de los familiares a su cargo, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos,
b)
destinados exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos conforme a los ordenamientos nacionales, o
c)
destinados exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados, con arreglo a los ordenamientos nacionales, por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de capitales otros activos financieros o recursos económicos inmovilizados,
previa notificación al Comité por el Estado miembro de que se trate, en su caso, de su intención de autorizar el acceso a dichos capitales, otros activos financieros o recursos económicos y en ausencia de decisión negativa del Comité en un plazo de cinco días tras la notificación.
4. También podrán concederse exenciones para fondos y recursos económicos:
a)
necesarios para gastos extraordinarios, en su caso, previa notificación al Comité por el Estado miembro de que se trate y aprobación por parte del Comité;
b)
sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral o a una sentencia judicial en cuyo caso los capitales, otros activos financieros o recursos económicos podrán utilizarse para satisfacer el embargo judicial, administrativo o arbitral o cumplir la sentencia judicial siempre que estos se decidieran con anterioridad a la fecha de adopción de la RCSNU 1970 (2011) y no se destinen a beneficiar a la persona o entidad a que se refiere el apartado 1, previa notificación, en su caso, del Estado miembro de que se trate al Comité.
5. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirá que una persona o entidad designada realice un pago debido en virtud de un contrato celebrado antes de la inclusión de la persona o entidad en la lista, siempre que el Estado miembro correspondiente haya determinado que el pago no se destina directa ni indirectamente a una persona o entidad mencionada en el apartado 1 y previa notificación por el Estado miembro correspondiente al Comité, en su caso, de su intención de hacer o recibir estos pagos o de autorizar, con este fin, la liberación de capitales, activos financieros o recursos económicos s inmovilizados, 10 días laborables antes de la autorización.
6. El apartado 2 no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:
a)
intereses u otros beneficios debidos a esas cuentas, o bien
b)
pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas hayan quedado sujetas a medidas restrictivas,
siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos continúen sometidos a lo dispuesto en el apartado 1.
Artículo 7
No se concederá a las personas o entidades designadas que se enumeran en los anexos I, II, III o IV, ni a ninguna otra persona o entidad de Libia, incluido el Gobierno de Libia, ni a ninguna persona o entidad que presente reclamaciones a través de tales personas o entidades o a su favor, reclamación alguna, ya sea de indemnización o cualquier otra reclamación de esa índole, como reclamaciones de compensación o reclamaciones en virtud de garantías, en relación con cualquier contrato o transacción cuya realización se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente, por causa de medidas decididas de conformidad de la RCSNU 1970 (2011), entre ellas las medidas de la Unión o de cualquier Estado miembro acordes con la aplicación de las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad, o exigidas por dicha aplicación o de algún modo relacionadas con ella, o las medidas reguladas por la presente Decisión.
Artículo 8
1. El Consejo llevará a la práctica las modificaciones de los anexos I y III basándose en las determinaciones realizadas por el Consejo de Seguridad o por el Comité.
2. El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá las listas recogidas en los anexos II y IV y adoptará las modificaciones de las mismas.
Artículo 9
1. Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité incluya en las listas a una persona o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona o entidad en los anexos I o III.
2. Cuando el Consejo decida someter a una persona o entidad a las medidas a que se refieren el artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 6, apartado 1, letra b), modificará en consecuencia los anexos II y IV.
3. El Consejo comunicará su decisión a la persona o entidad a que se refieren los apartados 1 y 2, junto con los motivos de la inclusión, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, ya sea mediante la publicación de un anuncio, para ofrecer así a la persona o entidad la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.
4. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad.
Artículo 10
1. En los anexos I, II, III y IV se indicarán los motivos para incluir en la lista a las personas y entidades de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité con respecto a los anexos I y III.
2. En los anexos I, II, III y IV se recogerá asimismo, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas físicas o entidades de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité con respecto a los anexos I y III. Respecto de las personas, esa información podrá incluir el nombre y los apodos, el lugar y la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las entidades, la información podrá incluir los nombres, el lugar y la fecha de registro, el número de registro y el centro de actividad. En los anexos I y III constará también la fecha de designación por el Consejo de Seguridad o por el Comité.
Artículo 11
Para maximizar el impacto de las medidas que contiene la presente Decisión, la Unión Europea animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares.
Artículo 12
1. La presente Decisión se revisará, modificará o derogará, según proceda, en particular a la luz de las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad.
2. Las medidas a que se refieren el artículo 5, apartado 1, letra b), y el artículo 6, apartado 1, letra b), se revisarán con periodicidad regular y como mínimo cada doce meses. Dejarán de aplicarse respecto de las personas y entidades de que se trate si el Consejo determina, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 8, apartado 2, que ya no se cumplen las condiciones para su aplicación.
Artículo 13
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 28 de febrero de 2011.

Labels: 7
18
5
11