Document ID: 32008D0315

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 11 de diciembre de 2007
relativa a la ayuda estatal C 32/07 (ex N 389/06) mecanismo defensivo temporal para la construcción naval - Portugal
[notificada con el número C(2007) 6063]
(El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2008/315/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Después de haber emplazado a los interesados para que, de conformidad con esas disposiciones (1), presentaran sus observaciones, y teniendo en cuenta éstas,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
La medida que aquí se examina fue notificada por Portugal el 20 de junio de 2006. Por carta de 6 de julio del mismo año, la Comisión pidió a Portugal información complementaria y, en aplicación del artículo 4, apartado 5, del Reglamento (CE) no 659/1999 (2), propuso prorrogar el plazo para la adopción de las decisiones en materia de ayudas estatales hasta tomar una decisión sobre otra medida análoga que había sido notificada previamente por el Estado miembro y que se encontraba todavía en fase de examen (3). Por carta de 25 de julio de 2006, Portugal aceptó esa propuesta.
(2)
Por carta de 11 de mayo de 2007, la Comisión reanudó el examen de la medida notificada y recordó a Portugal que esta notificación seguía sin estar completa. Portugal facilitó datos complementarios por cartas de 5 y de 26 de julio de 2007.
(3)
Por carta de 10 de agosto de 2007, la Comisión notificó a Portugal su decisión de incoar contra esa medida el procedimiento que dispone el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.
(4)
Por carta de 17 de septiembre de 2007, las autoridades portuguesas presentaron sus observaciones en el marco de ese procedimiento.
(5)
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (4). La Comisión invitó a los interesados a que presentaran sus observaciones, pero no hubo ninguno que así lo hiciera.
II. DESCRIPCIÓN DE LA AYUDA
(6)
Las ayudas estaban destinadas a la sociedad Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. (ENVC), astillero portugués que emplea actualmente a cerca de 1 000 trabajadores.
(7)
Portugal proponía conceder a ENVC ayudas directas por un importe de 6 575 558 euros en relación con siete contratos de construcción naval que se habían firmado entre el 4 de febrero y el 31 de marzo de 2005. A continuación figuran los datos de esos contratos y la ayuda propuesta para cada uno:
Buques polivalentes para cargas pesadas (EUR)
Fecha de la firma de los contratos
Armadores
Ayuda estatal propuesta
C 228
24.2.2005
JMS Schiffarhtsgesellschaft mbH &CO KG MS
1 212 766
C 229
24.2.2005
JMS Schiffarhtsgesellschaft mbH &CO KG MS
1 212 766
C 230
4.2.2005
MARE Schiffarhtsgesellschaft
1 212 766
C 231
4.2.2005
MARE Schiffarhtsgesellschaft
661 102
C 232
4.2.2005
MARE Schiffarhtsgesellschaft
630 328
C 233
4.2.2005
MARE Schiffarhtsgesellschaft
433 064
C 210
31.3.2005
Mutualista Açoreana
1 212 766
(8)
De acuerdo con los datos que figuran en la notificación, el astillero presentó la solicitud de ayuda para los siete contratos en julio de 2005, es decir, con posterioridad a la firma de éstos, y Portugal aprobó las ayudas, a condición de que la Comisión las autorizara, por una orden conjunta de 7 de agosto de 2006 del Ministério das Finanças e da Administração Pública y del Ministério da Economia e da Inovação.
(9)
Estaba previsto que los buques fueran entregados en las fechas siguientes:
Buque
Fecha de entrega
C 228
30 de septiembre de 2007
C 229
30 de diciembre de 2007
C 230
28 de julio de 2006
C 231
30 de octubre de 2006
C 232
3 de enero de 2007
C 233
24 de abril de 2007
C 210
10 de julio de 2007
(10)
Portugal se propone conceder las ayudas al amparo del Reglamento (CE) no 1177/2002 del Consejo, relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción naval (5) (en lo sucesivo «Reglamento MDT»), modificado por el Reglamento (CE) no 502/2004 del Consejo (6). Dado que el Reglamento MDT entró en vigor el 3 de julio de 2002 y expiró el 31 de marzo de 2005, ya no se encontraba en vigor en el momento en que Portugal aprobó y notificó las ayudas.
(11)
Portugal alega que los contratos están cubiertos por el Reglamento MDT puesto que se firmaron durante su vigencia.
III. RAZONES DE LA INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
(12)
En su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, la Comisión expresó sus dudas sobre la posibilidad de basar en el Reglamento MDT la compatibilidad de las ayudas con el Mercado Común.
(13)
En primer lugar, la Comisión manifestó tener dudas en cuanto al efecto incentivador de las ayudas, destacando que su solicitud no se había presentado sino después de la firma de los contratos y que Portugal sólo había aprobado las ayudas a nivel interno (condicionándolas a la autorización de la Comisión) y sólo cuando ya había transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud. Portugal, además, no había presentado prueba alguna que demostrara que ENVC hubiese recibido en el momento de la firma de los contratos garantías de que fuera a recibir una ayuda estatal. Estas circunstancias llevaban a la Comisión a dudar de que ENVC hubiese sido inducida por la existencia de esas ayudas a acometer la realización de los proyectos.
(14)
En segundo lugar, la Comisión puso en duda la base jurídica para la aprobación de las ayudas al observar que la vigencia del Reglamento MDT había concluido el 31 de marzo de 2005, antes, por tanto, de que Portugal aprobara y notificara la medida. La Comisión señaló también que, en su decisión relativa al procedimiento C 26/2006 (ex N 110/2006) (7), había explicado pormenorizadamente el motivo por el que consideraba que ese Reglamento no podía seguir siendo una base jurídica válida para la autorización de nuevas ayudas de funcionamiento al sector de la construcción naval. Portugal, además, no había presentado a la Comisión en esa fase ninguna información nueva que pudiese alterar su opinión y hacerle considerar que las ayudas fuesen compatibles con el Mercado Común.
IV. OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LAS AUTORIDADES PORTUGUESAS
(15)
En lo que atañe a los contratos considerados, Portugal señaló, con carácter general, que ENVC, además de hallarse en competencia con algunos astilleros extracomunitarios, se enfrentaba, en particular, a la competencia desleal de los astilleros coreanos, que era precisamente la situación que trataba de combatir el Reglamento MDT. Indicó, asimismo, que los contratos en cuestión no falseaban ni amenazaban falsear la competencia en la EU, ya que todos los astilleros comunitarios tenían igual acceso a las ayudas concedidas en virtud del Reglamento MDT, que era directamente aplicable en todos los Estados miembros. Por consiguiente, no podía considerarse que las medidas notificadas afectaran a los intercambios comerciales entre aquéllos.
(16)
En cuanto al efecto incentivador de las ayudas, Portugal alegó que, por causa de diferentes aspectos relacionados con las negociaciones, había sido materialmente imposible para ENVC presentar antes de la firma de los contratos una solicitud de ayuda debidamente justificada: los contactos con los armadores se habían iniciado antes de la solicitud de ayuda presentada por ENVC. Portugal adujo también que, aunque ENVC había firmado los contratos sin la garantía pública de que recibiría ayuda, el astillero negoció y firmó los contratos y construyó los buques con la expectativa de que tanto las autoridades portuguesas como la Comisión autorizarían las ayudas por cumplirse las condiciones objetivas necesarias para beneficiarse de ellas.
(17)
Por lo que respecta a la base jurídica para la autorización de las ayudas, las autoridades portuguesas se remitieron a las observaciones que habían presentado en el marco del procedimiento C 26/2006 (8) y que consideraban aplicables al presente caso. Portugal señaló que los contratos aquí considerados se firmaron durante el período de aplicación del Reglamento MDT, es decir, antes del 31 de marzo de 2005 y antes de que el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC hubiese adoptado el informe del panel que denunciaba ese Reglamento. Portugal declaró también que no había sido posible notificar las ayudas antes de que el reglamento expirara, ya que los contratos no se habían firmado hasta febrero y marzo de 2005 (es decir, poco antes de que expirara el Reglamento MDT). Portugal consideraba, sin embargo, que esa circunstancia no anulaba la validez de los contratos, los cuales cumplían en el momento de su firma las condiciones objetivas previstas en el citado reglamento.
V. EVALUACIÓN DE LA AYUDA
(18)
Como dispone el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, son «incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
(19)
La Comisión considera que las medidas propuestas constituyen ayudas estatales a los efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Las medidas presentan la forma de una subvención financiada con recursos estatales. A pesar de que, como alega Portugal, el Reglamento MDT fuera aplicable en todos los Estados miembros y de que todos los astilleros pudieran acogerse a las ayudas en él enmarcadas, las medidas examinadas tienen un carácter selectivo dado que, en este caso, se limitan a la sociedad ENVC. Esta subvención selectiva puede falsear la competencia ya que ofrece a esa sociedad una ventaja de la que no se benefician otros competidores. A este respecto, el hecho de que ENVC estuviera en competencia con los astilleros coreanos no significa que no lo estuviera también con respecto a otros astilleros del Mercado Común. Además, teniendo en cuenta que la construcción naval es una actividad económica con un significativo volumen de comercio entre los Estados miembros, las medidas examinadas pueden afectar a los intercambios comerciales entre ellos.
(20)
La Comisión confirma, por tanto, que las ayudas notificadas entran en el ámbito de aplicación del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.
(21)
Como principio general, las ayudas estatales sólo pueden considerarse compatibles con el Mercado Común si son necesarias para hacer que las empresas beneficiarias actúen de una forma que contribuya a la consecución de los objetivos previstos en la excepción que sea aplicable en cada caso (9).
(22)
La Comisión señala a este respecto que el objetivo del Reglamento MDT era «permitir a los astilleros comunitarios superar de forma eficaz la competencia desleal de Corea» (sexto considerando). Así, si un astillero coreano competía por un contrato ofreciendo precios inferiores, se podían autorizar ayudas directas por un importe máximo igual al 6 % del valor contractual, antes de la ayuda (artículo 2).
(23)
Portugal alega que, aunque ENVC no tuviera a la firma de los contratos ninguna garantía de que fuera a recibir las ayudas, sí albergaba expectativas de poder recibirlas dado que los contratos cumplían las condiciones objetivas necesarias para acogerse al Reglamento MDT.
(24)
La Comisión considera, sin embargo, que sigue sin probarse suficientemente el carácter determinante que tenían las ayudas para que ENVC firmara los contratos.
(25)
Como ya se indicaba en la decisión de incoar el procedimiento de investigación, Portugal presentó la copia de la carta de un armador que afirmaba haber recibido de algún astillero coreano propuestas de precios inferiores para seis de los contratos considerados (buques C 228 a C 233). Sin embargo, esa carta está fechada el 9 de marzo de 2005, lo que significa que se envió a ENVC después de que esta sociedad hubiera firmado ya los contratos a los que se dirigían esas propuestas. De ello se desprende que, en el momento de la firma de los seis primeros contratos, ENVC no tenía la certeza de que éstos cumplieran todas las condiciones de subvencionabilidad necesarias. En cuanto al séptimo contrato (buque C 210), la situación parece también dudosa puesto que la información de que se hubieran recibido propuestas coreanas con precios inferiores no se envió a ENVC hasta el 31 de marzo de 2005, es decir, el mismo día en que el astillero firmó el contrato.
(26)
Portugal no ha presentado ninguna prueba, ni formal ni informal, de que las autoridades portuguesas indicaran a ENVC antes de la firma de los contratos la posibilidad de obtener ayudas para ellos (10). Parece, por el contrario, que ENVC estaba dispuesta a ejecutar esos contratos incluso sin tener garantías de que fuera a recibir alguna ayuda. Es más, en el documento que presentó al incoarse el procedimiento de investigación, Portugal afirmaba que ENVC estaba jurídicamente obligada a construir los buques, con independencia de que las ayudas llegaran o no a autorizarse, y añadía que ENVC no había solicitado las ayudas sino después de haber expirado el Reglamento MDT, lo que parece confirmar que el astillero estaba dispuesto a ejecutar los proyectos a pesar del riesgo de no verse concedidas finalmente las ayudas.
(27)
Como regla general, la Comisión considera que, para que una ayuda tenga efectos incentivadores, es preciso que su solicitud se presente antes de iniciarse el proyecto (11). Tal condición no se cumple en este caso: la solicitud se presentó después de la firma de los contratos (es decir, en julio de 2005, mientras que éstos se firmaron en febrero y marzo del mismo año). Además, Portugal sólo aprobó las ayudas a nivel interno (supeditándolas a la autorización de la Comisión) y sólo después de que hubiera transcurrido más de un año desde la presentación de la solicitud. Esto indica que tampoco desde un punto de vista formal se cumple el requisito del efecto incentivador de las medidas.
(28)
Por todo ello, la Comisión concluye que Portugal no ha presentado pruebas suficientes del efecto incentivador de las ayudas.
(29)
En lo que atañe a la base jurídica de la autorización de las ayudas, Portugal no ha presentado ningún argumento nuevo que elimine las dudas expresadas por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal. El principal argumento de Portugal a este respecto es que los contratos eran aptos para recibir ayuda dado que se firmaron durante el período de vigencia del Reglamento MDT. Portugal aduce, asimismo, que el hecho de que las ayudas no se notificaran sino después de la expiración de ese reglamento no tiene efecto alguno en la subvencionabilidad de los contratos objeto de las ayudas.
(30)
En una decisión anterior (12), sin embargo, la Comisión expuso ya el motivo por el que consideraba que el Reglamento MDT no podía seguir constituyendo una base jurídica válida para la autorización de nuevas ayudas de funcionamiento en favor de la construcción naval.
(31)
La Comisión subraya que la aplicación temporal del Reglamento MDT figura expresamente en su artículo 5 (13), según el cual este acto «expirará el 31 de marzo de 2005». El hecho de que el artículo 4 del mismo reglamento establezca que las disposiciones de éste se apliquen a «los contratos definitivos firmados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y hasta su expiración» es, en opinión de la Comisión, una condición de compatibilidad y no una simple definición de la aplicación temporal del reglamento.
(32)
Tal conclusión se ve confirmada por la segunda parte del artículo 4, que dispone que el Reglamento MDT no se aplique a «los contratos definitivos firmados antes de que la Comisión comunique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas que ha iniciado el procedimiento de solución de diferencias con Corea (…)» ni a «los contratos definitivos firmados un mes o más después de que la Comisión comunique en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la resolución o suspensión del procedimiento de solución de diferencias».
(33)
Es evidente sobre estas bases que el Reglamento MDT sólo sería aplicable en caso de que existiese un litigio con Corea (14) y únicamente hasta el 31 de marzo de 2005 inclusive.
(34)
Esta interpretación se apoya también en el propio objetivo con el que se concibió el Reglamento MDT. Tal objetivo figura en su tercer considerando: «(…) como medida excepcional y temporal, y para ayudar a los astilleros comunitarios en aquellos segmentos que hayan sufrido las repercusiones negativas en forma de graves perjuicios por la competencia desleal de Corea, se autorizará un mecanismo defensivo temporal para determinados segmentos de mercado y únicamente durante un período limitado y breve » (15).
(35)
En el presente caso, tanto la fecha en que ENVC presentó su solicitud de ayuda a las autoridades portuguesas, como la fecha en que éstas aprobaron la solicitud y aquélla en que se la notificaron a la Comisión fueron, las tres, posteriores a la fecha de expiración del Reglamento MDT. Las medidas de ayuda se hallan así claramente fuera del ámbito de aplicación temporal de ese reglamento.
(36)
La Comisión señala también que, como ya expuso en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal en este caso, la interpretación del Reglamento MDT tiene que tener en cuenta las obligaciones internacionales de la Comunidad. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, la normativa comunitaria debe ser interpretada, en todo lo que sea posible, de forma coherente con la normativa internacional y con las obligaciones de la Comunidad Europea en el ámbito de la OMC (16).
(37)
En este contexto, la Comisión recuerda que Corea denunció la incompatibilidad del Reglamento MDT con las normas de la OMC. El 22 de abril de 2005, un panel de esa Organización emitió un informe según el cual el Reglamento MDT y diversos regímenes nacionales adoptados en su ámbito - existentes en la fecha en que Corea presentó su denuncia a la OMC - eran contrarios a lo dispuesto en el artículo 23, apartado 1, del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (17). El 20 de junio de 2005, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC aprobó el informe elaborado por ese panel, recomendando a la Comunidad la adopción de medidas para que el Reglamento MDT y los regímenes nacionales adoptados a su amparo fueran compatibles con las obligaciones comunitarias en virtud de los Acuerdos de dicha Organización (18). El 20 de julio del mismo año, la Comunidad informó al Órgano de que ya había cumplido su decisión y sus recomendaciones al haber puesto fin a la vigencia del Reglamento MDT desde el 31 de marzo anterior, excluyendo así la posibilidad de que los Estados miembros concedieran más ayudas de funcionamiento en virtud de ese reglamento.
(38)
Así pues, tanto el informe del panel como la decisión del Órgano de adoptar este informe condenaron el Reglamento MDT por infringir las normas de la OMC y obligaron a la Comunidad a dejar de aplicarlo. Esta obligación incluía igualmente cualquier futura decisión de concesión de nuevas ayudas en el marco de ese reglamento (19). El hecho de que la Comunidad informara al Órgano de que ya estaba garantizada la conformidad de su normativa con la decisión y las recomendaciones por él adoptadas (dado que el Reglamento MDT había expirado el 31 de marzo de 2005 y que los Estados miembros no podían ya conceder ayudas de funcionamento a su amparo) supuso asumir el compromiso de no volver a autorizar en su marco ninguna nueva ayuda. Por ello, la aprobación, en su caso, de las ayudas aquí examinadas vendría a infringir los compromisos internacionales de la Comunidad.
(39)
El hecho de que el Consejo no prorrogara el Reglamento MDT al término de su vigencia constituye una clara indicación de su propósito de no autorizar más a la Comisión la aprobación de nuevas ayudas al amparo de ese reglamento. Tal indicación vino a confirmarse cuando la Comunidad notificó al Órgano de Solución de Diferencias la imposibilidad de que los Estados miembros siguieran concediendo ayudas de funcionamiento en virtud del repetido reglamento.
(40)
Portugal no ha presentado nuevos argumentos que cuestionen la opinión expresada por la Comisión en su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal y reiterada en los apartados anteriores.
(41)
La Comisión, por lo tanto, concluye que las ayudas notificadas no pueden ser aprobadas al amparo del Reglamento MDT. Dado que tampoco es aplicable en este caso ninguna de las excepciones dispuestas en el artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE, las ayudas deben considerarse incompatibles con el Mercado Común.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Las ayudas notificadas por un importe de 6 575 558 euros que Portugal se propone conceder a Estaleiros Navais de Viana do Castelo S.A. por siete contratos firmados por este astillero no pueden ser autorizadas al amparo del Reglamento (CE) no 1177/2002 del Consejo, relativo a un mecanismo defensivo temporal para la construcción (20), modificado por el Reglamento (CE) no 502/2004 del Consejo (21), y son, por lo tanto, incompatibles con el Mercado Común. No deben, pues, aplicarse.
Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será la República Portuguesa.
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 2007.

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