Document ID: 31988L0361

DIRECTIVA DEL CONSEJO de 24 de junio de 1988 para la aplicación del artículo 67 del Tratado (88/361/CEE)
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 69 y el apartado 1 de su artículo 70,
Vista la propuesta de la Comisión, presentada previa consulta al Comité Monetario (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8A del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que se garantiza la libre circulación de capitales sin perjuicio de las restantes disposiciones del Tratado;
Considerando que los Estados miembros deben poder tomar las medidas necesarias para regular la liquidez bancaria y que tales medidas deben limitarse a este objetivo;
Considerando que los Estados miembros deben poder adoptar, en caso necesario, medidas que obstaculicen temporalmente, y en el marco de los procedimientos comunitarios adecuados, los movimientos de capitales a corto plazo que, incluso sin una divergencia importante en los factores económicos fundamentales, podrían perturbar gravemente la dirección de su política monetaria y de cambio;
Considerando que, en un deseo de transparencia y teniendo en cuenta el dispositivo establecido por la presente Directiva, es conveniente indicar el ámbito de aplicación de las medidas transitorias adoptadas en favor del Reino de España y de la República Portuguesa por el Acta de adhesión de 1985 en el sector de los movimientos de capitales;
(no publicado aún en el Diario Oficial).
Considerando que el Reino de España y la República Portuguesa, en virtud de los artículos 61 a 66 y 222 a 232 del Acta de adhesión de 1985, respectivamente, pueden aplazar la liberalización de algunos movimientos de capitales no obstante las obligaciones enunciadas en la Primera Directiva de 11 de mayo de 1960 para la aplicación del artículo 67 del Tratado (3) modificada en último lugar por la Directiva 86/566/CEE (4); que la Directiva 86/566/CEE establece igualmente la aplicación de un régimen transitorio en favor de ambos Estados miembros en relación con sus obligaciones de liberalización de los movimientos de capitales; que conviene que estos dos Estados miembros puedan aplazar, en los mismos plazos y por las mismas razones económicas, la aplicación de las nuevas obligaciones de liberalización que resultan de la presente Directiva;
Considerando que la República Helénica e Irlanda se hallan enfrentados, aunque con distinta intensidad, a una situación difícil de su balanza de pagos y a la obligación de un endeudamiento externo elevado; que una liberalización completa e inmediata de los movimientos de capitales de estos dos Estados miembros haría más difícil proseguir las acciones emprendidas para mejorar su posición exterior y reforzar la capacidad de adaptación de su sistema financiero a las exigencias de un mercado financiero integrado en la Comunidad; que es conveniente, de acuerdo con el artículo 8C del Tratado, conceder a dichos Estados miembros plazos suplementarios adaptados a su situación específica para que apliquen las obligaciones derivadas de la presente Directiva;
Considerando que la plena liberalización de los movimientos de capitales podría, en determinados Estados miembros y especialmente en áreas fronterizas, acrecentar las dificultades en el mercado de las segundas residencias; que las disposiciones existentes de derecho nacional que regulan este tipo de compras no deberán verse afectadas por la puesta en aplicación de la presente Directiva;
Considerando que conviene aprovecharse del plazo fijado para la puesta en aplicación de la Directiva a fin de que la Comisión pueda presentar las propuestas tendentes a suprimir o a atenuar los riesgos de distorsión, de evasión y de fraude fiscales relacionados con la diversidad de los regímenes impositivos nacionales y que el Consejo pueda pronunciarse sobre dichas propuestas;
Considerando que, de conformidad con el apartado 1 del artículo 70 del Tratado, la Comunidad debe esforzarse en alcanzar el mayor grado de liberalización posible en el ámbito de los movimientos de capitales entre sus residentes y los de países terceros;
Considerando que, si se producen movimientos de capitales a corto plazo y de gran magnitud procedentes o destinados a países terceros, la situación monetaria o financiera de los Estados miembros se puede ver gravemente perturbada u originarse serias tensiones en los mercados de cambio; que este tipo de acontecimientos pueden resultar perjudiciales para la cohesión del Sistema Monetario Europeo, para el buen funcionamiento del mercado interior y para la realización progresiva de la unión económica y monetaria; que es conveniente, por lo tanto, crear las condiciones apropiadas para una acción concertada de los Estados miembros en caso de que se comprobara la necesidad de la misma;
Considerando que la presente Directiva sustituye a la Directiva 72/156/CEE del Consejo, de 21 de marzo de 1972, para la regulación de los flujos financieros internacionales y la neutralización de sus efectos no deseables sobre la liquidez interna (5); que, por lo tanto, la Directiva
72/156/CEE debe quedar derogada,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
Artículo 1
1. Los Estados miembros suprimirán las restricciones a los movimientos de capitales que tienen lugar entre las personas residentes en los Estados miembros, sin perjuicio de las disposiciones que se indican más adelante. Para facilitar la aplicación de la presente Directiva, los movimientos de capitales se clasificarán con arreglo a la nomenclatura que se establece en el Anexo I.
2. Las transferencias correspondientes a los movimientos de capitales se efectuarán en las mismas condiciones de cambio que las que se practican para los pagos relativos a las transacciones corrientes.
Artículo 2
Los Estados miembros informarán al Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, al Comité Monetario y a la Comisión, a más tardar en el momento de su entrada en vigor, de las medidas de regulación de la liquidez bancaria que incidan de forma más específica en las operaciones de capital llevadas a cabo por las entidades de crédito con no residentes.
Estas medidas deberán limitarse a lo que sea estrictamente necesario para la regulación monetaria interna. El Comité Monetario y el Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales emitirán dictámenes al respecto, previa solicitud de la Comisión.
Artículo 3
1. En caso de que unos movimientos de capitales a corto plazo excepcionalmente amplios provoquen fuertes tensiones en los mercados de cambio y graves perturbaciones en la dirección de la política monetaria y de cambio de un Estado miembro que se traduzcan, en particular, en variaciones importantes de la liquidez interna, la Comisión, previa consulta al Comité Monetario y al Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, podrá autorizar a dicho Estado miembro a adoptar, con respecto a los movimientos de capitales enumerados en el Anexo II, las medidas de salvaguardia cuyas condiciones y modalidades definirá ella misma.
2. El Estado miembro afectado podrá adoptar por sí mismo las medidas de salvaguardia mencionadas anteriormente, si son necesarias, debido a su carácter urgente. La Comisión y los demás Estados miembros deberán ser informados de dichas medidas, a más tardar, en el momento de su entrada en vigor. La Comisión, previa consulta al Comité Monetario y al Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, decidirá si el Estado miembro afectado puede mantener o debe modificar o suprimir dichas medidas.
3. El Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, podrá revocar o modificar las decisiones que adopte la Comisión en virtud de los apartados 1 y 2.
4. El período de aplicación de las medidas de salvaguardia adoptadas con arreglo al presente artículo no podrá ser superior a 6 meses.
5. El Consejo examinará antes del 31 de diciembre de 1992, tomando como base un informe de la Comisión y previo dictamen del Comité Monetario y del Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales, si las disposiciones del presente artículo siguen adaptándose, en su principio y en sus modalidades, a las necesidades para las que fueron previstas.
Artículo 4
Las disposiciones de la presente Directiva no prejuzgarán el derecho de los Estados miembros a adoptar las medidas indispensables para impedir las infracciones a sus leyes y reglamentos, en particular, en materia fiscal o de control prudencial de las entidades financieras, y establecer procedimientos de declaración de los movimientos de capitales que tengan como objeto la información administrativa o estadística.
La aplicación de estas medidas y procedimientos no podrá tener por efecto la obstaculización de los movimientos de capitales efectuados de conformidad con lo dispuesto en el Derecho comunitario.
Artículo 5
Para el Reino de España y la República Portuguesa, el ámbito de aplicación de las disposiciones del Acta de adhesión de 1985 en materia de movimientos de capitales, según la nomencaltura de movimientos de capitales que figura en el Anexo I, deberá entenderse de acuerdo con lo indicado en el Anexo III.
Artículo 6
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva, a más tardar, el 1 de julio de 1990 e informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Darán también a conocer, a más tardar, en el momento de su entrada en vigor, cualquier nueva medida o modificación introducida en las disposiciones que regulan los movimientos de capitales que se enumeran en el Anexo I.
2. El Reino de España y la República Portuguesa, sin perjuicio para ambos Estados miembros de los artículos 61 a 66 y 222 a 232 del Acta de adhesión de 1985, así como la República Helénica e Irlanda, podrán mantener temporalmente restricciones a los movimientos de capitales enumerados en el Anexo IV, en las condiciones y plazos previstos en dicho Anexo.
Si, antes de la expiración del plazo fijado para la liberalización de los movimientos de capitales enumerados en las listas III y IV del Anexo IV, la República Portuguesa o la República Helénica considerasen que no están en condiciones de proceder a dicha liberalización, debido principalmente a dificultades de balanza de pagos o a un insuficiente grado de adaptación del sistema financiero nacional, la Comisión, a petición de uno u otro de estos Estados miembros y en colaboración con el Comité Monetario, realizará un examen de la situación económica y financiera de dicho Estado. La Comisión, tomando como base los resultados de dicho examen, propondrá al Consejo una prórroga del plazo fijado para la liberalización de todos o de una parte de los movimientos de capitales de que se trate. Dicha prórroga no podrá ser superior a tres años. El Consejo se pronunciará según el procedimiento del artículo 69 del Tratado.
3. El Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo podrán mantener temporalmente el doble mercado de cambios en las condiciones y plazos previstos en el Anexo V.
4. Las disposiciones existentes de derecho nacional que regulan la compra de segundas residencias podrán mantenerse hasta que el Consejo adopte otras disposiciones en este ámbito, de conformidad con el artículo 69 del Tratado. Esta disposición no afectará a la aplicabilidad de otras disposiciones de derecho comunitario.
5. La Comisión presentará al Consejo, a más tardar el 31 de diciembre de 1988, las propuestas destinadas a suprimir o a atenuar riesgos de distorsiones, de evasión y de fraude fiscales vinculados a la diversidad de los regímenes nacionales referentes a la fiscalidad del ahorro y al control de su aplicación.
El Consejo deberá pronunciarse sobre las propuestas de la Comisión, a más tardar, el 30 de junio de 1989. Toda disposición fiscal de carácter comunitario deberá adoptarse, de conformidad con el Tratado, por unanimidad.
Artículo 7
1. Los Estados miembros se esforzarán por conseguir que el régimen que apliquen a las transferencias correspondientes a los movimientos de capitales con países terceros alcance el mismo grado de liberalización que el de las operaciones que tengan lugar con los residentes de los demás Estados miembros, sin perjuicio de las demás disposiciones de la presente Directiva.
Las disposiciones del párrafo primero no prejuzga´ran la aplicación, con respecto a países terceros, de las normas nacionales o de Derecho comunitario, y, en particular, de las posibles condiciones de reciprocidad, relativas a las operaciones de establecimiento, de prestación de servicios financieros y de admisión de títulos en los mercados de capitales.
2. En caso de que movimientos de capitales a corto plazo y de gran magnitud, procedentes o destinados a países terceros, perturbasen gravemente la situación monetaria o financiera interna o externa de los Estados miembros o de varios de ellos, u originasen graves tensiones en las relaciones de cambio dentro de la Comunidad o entre la Comunidad y los países terceros, los Estados miembros se consultarán sobre cualquier medida que pueda adoptarse para remediar las dificultades encontradas. Dicha consulta se llevará a cabo en el Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales y en el Comité Monetario, a iniciativa de la Comisión o de cualquier Estado miembro.
Artículo 8
El Comité Monetario realizará, al menos una vez al año, un examen de la situación en materia de libre circulación de capitales, tal como se presente tras la aplicación de la presente Directiva. Dicho examen abarcará las medidas de reglamentación interna del crédito y de los mercados financiero y monetario que puedan tener una incidencia específica en los movimientos internacionales de capitales, así como todos los demás elementos de la presente Directiva. El Comité informará a la Comisión acerca de los resultados de dicho examen.
Artículo 9
La Primera Directiva de 11 de mayo de 1960 y la Directiva 72/156/CEE quedan derogadas con efectos al 1 de julio de 1990.
Artículo 10
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 24 de junio de 1988.

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