Document ID: 32004R1763

REGLAMENTO (CE) N o 1763/2004 DEL CONSEJO
de 11 de octubre de 2004
por el que se imponen determinadas medidas restrictivas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60, 301 y 308,
Vista la Posición Común 2004/694/PESC sobre otras medidas en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1),
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
Considerando lo siguiente:
(1)
El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) fue creado mediante las Resoluciones 808 y 827 (1993) del Consejo de Seguridad de la ONU, basadas en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El TPIY es competente para enjuiciar a las personas responsables de graves violaciones del Derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex Yugoslavia desde 1991. El Consejo de Seguridad manifestó que las violaciones generalizadas y flagrantes del Derecho humanitario ocurridas en el territorio de la ex Yugoslavia constituían una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, y que la creación de un tribunal internacional, como medida ad hoc, y el enjuiciamiento de las personas responsables del Derecho internacional humanitario contribuirían al restablecimiento y mantenimiento de la paz.
(2)
El 28 de agosto de 2003, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 1503 (2003), instó al TPIY a que completara toda su labor en 2010 y a todos los Estados a que intensificaran la cooperación con aquél y le prestaran cuanta ayuda resultara necesaria, en particular con la finalidad de llevar ante el Tribunal a todos los inculpados prófugos.
(3)
La Posición Común 2004/694/PESC estipula que ciertos capitales y recursos económicos deben bloquearse, en apoyo de la aplicación efectiva del mandato del TPIY. Estas medidas restrictivas adicionales deben utilizarse con el propósito de controlar todas las transacciones que afecten a los capitales y recursos económicos en posesión de personas inculpadas por el TPIY y aún no detenidas, y de impedir que se preste a éstas apoyo alguno dentro de la Comunidad.
(4)
Estas medidas entran en el ámbito de lo dispuesto en el Tratado y, en consecuencia, a fin de evitar toda posible distorsión de la competencia, es preciso adoptar legislación comunitaria que regule la aplicación de esas medidas dentro de la Comunidad. A efectos de lo dispuesto en el presente Reglamento, se entenderá que el territorio de la Comunidad comprende los territorios de los Estados miembros en los que es aplicable el Tratado, en las condiciones establecidas en éste.
(5)
Por razones de conveniencia, la Comisión debe estar facultada para modificar los anexos del presente Reglamento.
(6)
A fin de velar por la eficacia de las medidas previstas en el presente Reglamento, éste debe entrar en vigor el día de su publicación.
(7)
El Tratado, en sus artículos 60 y 301, faculta al Consejo para adoptar, en determinadas circunstancias, medidas con el fin de interrumpir o reducir pagos o movimientos de capitales o las relaciones económicas con respecto a terceros países. Las medidas establecidas en el presente Reglamento, dirigidas hacia personas particulares no directamente relacionadas con el gobierno de un tercer país, son necesarias para lograr la realización de este objetivo comunitario y el artículo 308 del Tratado faculta al Consejo para adoptar dichas medidas si el Tratado no establece otros poderes específicos al respecto.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
1)
«capitales»: los activos y beneficios financieros de cualquier naturaleza incluidos en la siguiente relación no exhaustiva:
a)
efectivo, cheques, derechos dinerarios, efectos, giros y otros instrumentos de pago;
b)
depósitos en instituciones financieras o de otro tipo, saldos en cuentas, deudas y obligaciones de deuda;
c)
valores negociables e instrumentos de deuda públicos y privados, tales como acciones y participaciones, certificados de valores, bonos, pagarés, warrants, obligaciones y contratos sobre derivados;
d)
intereses, dividendos u otros ingresos devengados o generados por activos;
e)
créditos, derechos de compensación, garantías, garantías de pago u otros compromisos financieros;
f)
cartas de crédito, conocimientos de embarque y comprobantes de venta;
g)
documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;
h)
cualesquiera otros instrumentos de financiación de la exportación.
2)
«inmovilización de fondos»: el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización, negociación de fondos o acceso a éstos cuyo resultado sea un cambio de volumen, importe, localización, control, propiedad, naturaleza o destino de esos fondos, o cualquier otro cambio que permita la utilización de dichos fondos, incluida la gestión de cartera de valores.
3)
«recursos económicos»: los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, bienes o servicios.
4)
«inmovilización de recursos económicos»: el hecho de impedir todo uso de esos recursos con fines de obtención de fondos, bienes o servicios, en particular, aunque no exclusivamente, la venta, el alquiler o la hipoteca.
Artículo 2
1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a personas físicas inculpadas por el TPIY y enumeradas en el anexo I.
2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas enumeradas en el anexo I ni se utilizará en beneficio de las mismas ningún tipo de fondos o recursos económicos.
3. Se prohíbe la participación consciente y deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea infringir, directa o indirectamente, las medidas establecidas en los apartados 1 y 2.
Artículo 3
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros recogidas en el anexo II podrán autorizar la liberación de determinados capitales o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que dichos capitales o recursos económicos:
a)
son necesarios para sufragar gastos básicos, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros o servicios públicos;
b)
se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos asociados con la prestación de servicios jurídicos;
c)
se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados;
d)
son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente haya notificado a las demás autoridades competentes y a la Comisión, al menos dos semanas antes de la concesión, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica.
La autoridad competente informará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al presente artículo.
Artículo 4
No obstante lo dispuesto en el artículo 2, las autoridades competentes de los Estados miembros enumeradas en el anexo II podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, cuando concurran las siguientes condiciones:
a)
los fondos o recursos económicos están sujetos a embargo judicial, administrativo o arbitral establecido antes del 14 de octubre de 2004 o a una sentencia judicial, administrativa o arbitral pronunciada antes de esa fecha;
b)
los fondos o recursos económicos van a utilizarse exclusivamente para satisfacer las reclamaciones garantizadas por tales embargos o reconocidas como válidas en tales sentencias, en los límites establecidos por las leyes y reglamentos vigentes que rijan los derechos de las personas que presenten tales reclamaciones;
c)
el embargo o la sentencia no beneficia a una persona, entidad u organismo que figure en el anexo I;
d)
el reconocimiento del embargo o de la sentencia no es contrario a la política pública aplicada en el Estado miembro de que se trate.
La autoridad competente pertinente informará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida con arreglo al presente artículo.
Artículo 5
El apartado 2 del artículo 2 no se aplicará al abono en cuentas bloqueadas de lo siguiente:
i)
intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas, o
ii)
pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaran sujetas a las disposiciones del presente Reglamento,
siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos sigan estando sujetos a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 2.
Artículo 6
El apartado 2 del artículo 2 no impedirá que las instituciones financieras que reciban fondos transferidos por terceros los abonen en las cuentas inmovilizadas de las personas o entidades enumeradas, siempre y cuando todo nuevo aporte de este tipo a esas cuentas sea también inmovilizado. Las instituciones financieras informarán sin demora a las autoridades competentes de dichas transacciones.
Artículo 7
1. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional, y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las personas físicas o jurídicas, entidades y organismos:
a)
proporcionarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, tal como las cuentas y los importes inmovilizados de conformidad con el artículo 2, a las autoridades competentes de los Estados miembros en que sean residentes o estén situados, según figuran en el anexo II, y remitirán esa información, directamente o a través de dichas autoridades competentes, a la Comisión;
b)
colaborarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo II en toda verificación de esa información.
2. Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se comunicará a las autoridades competentes del Estado miembro de que se trate.
3. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo se utilizará exclusivamente a los fines para los cuales se haya facilitado o recibido.
Artículo 8
La inmovilización de los fondos y recursos económicos o la negativa a facilitar los mismos llevados a cabo de buena fe, con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica o entidad que la ejecute, ni de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos o recursos económicos han sido inmovilizados por negligencia.
Artículo 9
La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente sin demora de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y se comunicarán toda la información pertinente de que dispongan en relación con éste, en particular por lo que atañe a los problemas de contravención y aplicación del presente Reglamento, y a las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.
Artículo 10
Se autoriza a la Comisión a modificar:
a)
el anexo I, atendiendo a las decisiones del Consejo adoptadas en aplicación de la Posición Común 2004/694/PESC, y
b)
el anexo II, atendiendo a la información facilitada por los Estados miembros.
Artículo 11
Los Estados miembros establecerán las disposiciones en materia de sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones establecidas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán sin demora tales disposiciones a la Comisión tras la entrada en vigor del presente Reglamento, así como cualquier modificación posterior.
Artículo 12
El presente Reglamento se aplicará:
a)
en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo;
b)
a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro;
c)
a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio comunitario, que sea nacional de un Estado miembro;
d)
a toda persona jurídica, entidad o grupo registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro;
e)
a toda persona jurídica, entidad o grupo que mantenga relaciones comerciales en la Comunidad.
Artículo 13
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de octubre de 2004.

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