Document ID: 32005D0239

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 14 de julio de 2004
sobre determinadas medidas de ayuda aplicadas por Francia a los acuicultores y pescadores
[notificada con el número C(2004) 2588]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2005/239/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, primer párrafo,
Tras haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con el artículo antes citado,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
Mediante escrito de 21 de junio de 2000, Francia comunicó a la Comisión las medidas de indemnización que había aprobado para los pescadores y acuicultores afectados por la contaminación por hidrocarburos provocada por el naufragio del buque Erika en el Golfo de Vizcaya el 12 de diciembre de 1999 y por el violento temporal, de una fuerza inusitada, de los días 27 y 28 de diciembre de 1999. Mediante escritos de 28 de noviembre de 2000, 6 de abril de 2001 y 13 de agosto de 2001, las autoridades francesas aportaron información complementaria a la Comisión, a instancias de ésta. Dado que las medidas se aplicaron antes de que la Comisión se hubiera pronunciado sobre su compatibilidad con el mercado común, se registraron como un régimen de ayuda no notificado, con el número NN 80/2000.
(2)
Mediante escrito de 11 de diciembre de 2001, la Comisión comunicó a Francia su decisión de considerar compatibles con el mercado común algunas de las medidas previstas y de incoar el procedimiento formal de examen previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado con respecto a las restantes medidas. Francia presentó alegaciones al respecto por medio de un escrito de 5 de marzo de 2002.
(3)
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento formal de examen se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (1). En ella, se instaba a las partes interesadas a presentar observaciones sobre las citadas medidas. La Comisión no ha recibido observaciones de terceros interesados.
II. DESCRIPCIÓN
(4)
Las medidas objeto de la presente Decisión con respecto a las cuales se incoó el procedimiento formal de examen son las siguientes:
1)
medidas de ayuda para los acuicultores de los departamentos de Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime y Gironde (en lo sucesivo, «los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde»):
-
exención de las cargas sociales del primer trimestre de 2000 (o de un trimestre medio),
-
reducción de las cargas financieras;
2)
medidas complementarias de ayuda para los acuicultores y pescadores de toda Francia:
-
medida complementaria de reducción de las cargas sociales para todos los acuicultores (del 15 de abril al 15 de julio de 2000) y pescadores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar (del 15 de abril al 15 de octubre de 2000),
-
exención de los cánones de ocupación del año 2000 para todos los acuicultores; cuando la Comisión tomó la decisión de incoar el procedimiento formal de examen había considerado que esta exención se aplicaba únicamente a las piscifactorías situadas en los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde, pero, posteriormente, resultó que la medida era una medida complementaria general que se aplicaba a todos los productores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar.
(5)
A título informativo, cabe recordar que las medidas que la Comisión había considerado compatibles con el mercado común, que se comunicaron a Francia mediante escrito de 11 de diciembre de 2001, eran las destinadas a las empresas situadas en los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde; concretamente, eran las siguientes:
-
acuicultores: aplicación del régimen de catástrofes agrarias, ayuda para la reposición de equipos y existencias, anticipos a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL (Fondo internacional de indemnización de los daños causados por la contaminación de hidrocarburos),
-
pescadores: ayuda para la reposición de buques y equipos de pesca perdidos o dañados por el temporal, anticipos a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL, y ayuda a tanto alzado para paliar la pérdida de ingresos derivada de los daños provocados por el temporal.
A. Medidas de ayuda para los acuicultores de los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde
1. Exención de las cargas sociales del primer trimestre de 2000 (o un trimestre medio)
(6)
Esta medida estaba destinada a dos categorías de acuicultores: la de aquellos cuyas existencias y equipos de trabajo habían sido dañados por el temporal de diciembre de 1999 y que habían recibido una ayuda para la reposición de existencias, y la de los que habían sufrido daños derivados de la contaminación por hidrocarburos provocada por el naufragio del Erika y habían recibido un anticipo a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL.
(7)
Se trataba de una medida muy específica aplicada en función de la situación de la empresa y durante uno, dos o tres meses, según el perjuicio sufrido por ella. Durante ese período, la exención de las cargas sociales fue absoluta.
(8)
Las solicitudes eran examinadas por unas «células departamentales de indemnización», creadas en cada uno de los departamentos afectados y dependientes del prefecto (gobernador civil), en las que participaban las administraciones interesadas, las organizaciones profesionales, los bancos y las compañías de seguros. La lista de beneficiarios, aprobada por la Dirección de pesca marítima y cultivos marinos, a propuesta de los prefectos de los departamentos, contenía 1 476 empresas. El volumen total de exenciones fue de 0,87 millones EUR.
2. Reducción de las cargas financieras
(9)
Esta medida, destinada a las mismas empresas que las indicadas en los puntos 6 a 8, consistía en asumir, en el contexto de planes individuales de recuperación de la deuda, una parte de los intereses de los préstamos a medio y largo plazo y de los préstamos de consolidación de explotación vencidos o que venciesen en 2000, 2001 y 2002. Según indicó Francia en su escrito de 13 de agosto de 2001, con estas medidas se pretendía reducir las cargas de tesorería de las empresas dañadas por el temporal y la marea negra.
(10)
Las solicitudes debían presentarse antes del 1 de abril de 2000. Fueron tramitadas por las delegaciones departamentales de asuntos marítimos y presentadas a la célula de indemnización. El importe de la ayuda se ajustó según criterios fijados localmente. Así, las células de indemnización tuvieron en cuenta la importancia de la pérdida de actividad habida en el invierno de 1999-2000, el endeudamiento y la fragilidad de la empresa, la renta de explotación de los dos últimos ejercicios, los ingresos externos que, en su caso, hubieran tenido los interesados durante el mismo período, y la viabilidad de la empresa. Se pidió a los acreedores (bancos y proveedores) que hicieran un esfuerzo especial. La ayuda no podía ascender a más de 48 000 francos franceses (FRF) (7 317 EUR), salvo si la célula de indemnización llegaba a la conclusión de que la empresa se encontraba en una situación especialmente crítica, en cuyo caso la ayuda podía ser de hasta 62 000 FRF (9 451 EUR).
(11)
Los planes individuales de recuperación de la deuda elaborados al amparo de este procedimiento se plasmaron en un convenio en el que todas las partes estipulaban su aportación a la realización de los planes. La decisión de atribución de la ayuda correspondía al prefecto del departamento. La ayuda se concedió a 1 083 empresas y tuvo un coste total de unos 8 millones FRF (1,2 millones EUR).
B. Medidas complementarias
(12)
Además de las medidas ya descritas con respecto a las que la Comisión ha incoado el procedimiento formal de examen y de las que ya ha aprobado, el Ministro francés de Agricultura y Pesca decidió aplicar medidas complementarias a las empresas afectadas, con el propósito, según Francia, de ayudar al sector de la pesca y la acuicultura a sobreponerse a los problemas causados simultáneamente por el temporal y la marea negra y de compensar los perjuicios sufridos por las empresas del sector como consecuencia de la degradación del mercado.
1. Exención de los cánones de ocupación del año 2000 para todos los acuicultores
(13)
Según informó Francia en su escrito de 21 de junio de 2000, es decir, antes de que la Comisión decidiera incoar el procedimiento formal de examen, se había concedido una exención de los cánones de ocupación del año 2000 a todas las concesiones de cultivos marinos situadas en el dominio público marítimo y a las autorizaciones de toma de agua para la alimentación de parcelas situadas en dominios privados.
(14)
Francia indicó, en el escrito de 5 de marzo de 2002 en el que hacía comentarios sobre la incoación del procedimiento, que esta medida formaba parte de las medidas complementarias de reducción de cargas de todos los acuicultores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar.
(15)
En respuesta a una pregunta de la Comisión, Francia confirmó, mediante carta de 24 de septiembre de 2002, que la exención se había hecho extensiva a todos los acuicultores por medio de una decisión de 12 de septiembre de 2000.
(16)
Esta exención tuvo un coste total de 3,81 millones EUR.
2. Reducción de las cargas sociales de los acuicultores y pescadores
(17)
El Ministro de Agricultura y Pesca decidió (circulares de 15 de abril de 2000 y de 13 de julio de 2000) otorgar a todas las empresas del sector una reducción del 50 % de las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril al 15 de julio de 2000, en el caso de los acuicultores, y del comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2000, en el de los pescadores.
(18)
Esta reducción, consistente en una disminución de las cuotas empresariales y de las cuotas de los trabajadores, se aplicó a todos los pescadores y acuicultores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar.
(19)
No se aplicaron las mismas reglas de reducción a las cuotas pagadas al ENIM (Établissement national des invalides de la marine) que a las abonadas a la MSA (Mutualité sociale agricole).
(20)
En las cuotas pagadas al ENIM, se aplicó un porcentaje de reducción del 50 % tanto a las cuotas de los trabajadores como a las cuotas empresariales. No obstante, en el caso concreto de los buques que no aplican el sistema de remuneración a la parte, la reducción de las cuotas empresariales fue del 75 %. Según Francia, ello obedece a que, en el caso de la remuneración a la parte, existe una solidaridad financiera notable entre el armador y el equipaje pues ambas partes sufren las consecuencias derivadas de las dificultades por las que atraviese la actividad, especialmente cuando se produce una disminución del volumen de negocios, mientras que, en el caso de los buques industriales, en los que no existe ese tipo de remuneración, las consecuencias de las dificultades económicas recaen fundamentalmente en los armadores.
(21)
Las reglas de reducción de las cuotas que pagan a la MSA los acuicultores cubiertos por este régimen se establecieron en una circular del Ministerio de Agricultura y Pesca de 25 de abril de 2000. La reducción consistió en la asunción del 50 % de tres doceavas partes de las cuotas personales de 1999 de los titulares y empresarios y del 50 % de las cuotas que éstos debían abonar por sus empleados por los salarios de los tres últimos meses de 1999.
(22)
Estas exenciones tuvieron un coste total de 119 millones FRF (18,2 millones EUR).
C. Motivos por los que se incoó el procedimiento formal de examen
(23)
Las medidas descritas en los apartados A y B se adoptaron a raíz de la contaminación provocada por el naufragio del petrolero Erika el 12 de diciembre de 1999 y del violento temporal de los días 26 y 27 de diciembre de 1999.
(24)
Se analizaron con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado, que indica que son compatibles con el mercado común «las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional», pues, ciertamente, la contaminación causada por el naufragio del petrolero Erika puede calificarse como un acontecimiento de carácter excepcional y el temporal de los días 26 y 27 de diciembre de 1999, de una violencia extrema e inhabitual, como un desastre natural.
(25)
En este contexto, es obligación de la Comisión cerciorarse de que no se haya producido un exceso de compensación de los perjuicios ocasionados.
1. Medidas de ayuda para los acuicultores de los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde
(26)
Las medidas con respecto a las cuales se incoó el procedimiento formal de examen eran la exención de las cargas sociales del primer trimestre de 2000 (o de un trimestre medio), la reducción de las cargas financieras y la exención de los cánones de ocupación.
(27)
La medida de exención de cargas sociales se aplicó previo examen por la célula de indemnización de la situación de las empresas susceptibles de beneficiarse de ella. La exención tuvo una duración de uno, dos o tres meses, según los perjuicios sufridos y era complementaria de las demás medidas adoptadas (aplicación del régimen de catástrofes agrarias, ayudas para la reposición de equipos y existencias, anticipos a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL). Con la información de que disponía, la Comisión consideró que no podía cerciorarse de que la suma de la exención de cargas sociales con las indemnizaciones de las demás medidas no suponía una compensación superior a los perjuicios sufridos.
(28)
También la medida de reducción de las cargas financieras era complementaria de las demás medidas y, al igual que en el caso de la exención de cargas sociales, la Comisión no pudo cerciorarse de que la suma de la reducción de las cargas financieras con las indemnizaciones de las demás medidas no suponía una compensación superior a los perjuicios sufridos.
(29)
Según la información de que disponía la Comisión, la medida de exención de los cánones de ocupación, que también era complementaria de las otras medidas, benefició a todos los acuicultores de los seis departamentos, sin que Francia explicara por qué se había hecho extensiva a la totalidad de los profesionales de esos departamentos. Debido a ello, la Comisión tampoco pudo cerciorarse en este caso de que, una vez sumada a las demás indemnizaciones, no daba lugar a una compensación superior a los perjuicios sufridos.
(30)
Dado que la Comisión no pudo cerciorarse de que la compensación no excedía los perjuicios, no pudo declarar estas medidas compatibles con el mercado común en virtud de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.
(31)
Al tratarse de ayudas no notificadas, la Comisión las analizó con arreglo a las Directrices para el examen de las ayudas de estado en el sector de la pesca y la acuicultura (2) aprobadas en 1997, vigentes en el momento de los hechos (en lo sucesivo, «las Directrices de 1997»). Debido a que parecían ayudas de funcionamiento, la Comisión aplicó el punto 1.2, párrafo cuarto, tercer guión, de las Directrices de 1997, que sienta el principio general de que las ayudas de funcionamiento son incompatibles con el mercado común. A la vista de la información con que contaba, la Comisión tenía dudas sobre la compatibilidad de tales medidas con el mercado común.
2. Medidas complementarias de reducción de las cargas sociales de todos los acuicultores y pescadores
(32)
Según las autoridades francesas, las medidas complementarias de reducción de las cargas sociales de todos los acuicultores y pescadores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar se aprobaron para compensar el perjuicio económico sufrido por las empresas del sector como consecuencia de la degradación del mercado causada por la mala imagen de los productos del mar después de la contaminación provocada por el Erika.
(33)
La reducción se aplicó a las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2000.
(34)
Según las autoridades francesas, la degradación del mercado desembocó en una disminución de las ventas de moluscos al por menor, en el primer semestre del año 2000, del 9 % en volumen y del 5 % en valor de los productos. Además, el temporal repercutió negativamente en la situación económica de todo el sector de la conquilicultura pues, en Francia, el departamento de Charente-Maritime tiene una función primordial en la comercialización de ostras.
(35)
Sin embargo, Francia no aportó información alguna sobre la correlación existente entre el monto de los perjuicios económicos causados por la marea negra a todos los productores de moluscos y el monto de la exención de cargas sociales durante el período antes referido. La Comisión no pudo pues comprobar si esta medida de exención cuadraba con el valor del perjuicio sufrido sin que hubiera un exceso de compensación.
(36)
Dado que esta medida parecía una ayuda de funcionamiento, la Comisión, en aplicación del punto 1.2, párrafo cuarto, tercer guión, de las Directrices de 1997, consideró que, a la vista de la información con que contaba, existían dudas sobre su compatibilidad con el mercado común.
(37)
La reducción se aplicó a las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2000.
(38)
Según Francia, se produjo una degradación general del mercado de los productos del mar, con una disminución duradera de la demanda, como consecuencia del temor de los consumidores a las posibles consecuencias sanitarias de la marea negra.
(39)
Francia entregó a la Comisión información estadística sobre las ventas al por menor de productos de la pesca para justificar la reducción de las cargas sociales. La Comisión tomó nota de tal información pero, en el escrito por el que comunicaba a Francia el incoamiento del procedimiento formal de examen, le señalaba que, según otros datos, en el primer trimestre del año 2000, el valor de las ventas en las lonjas había aumentado un 3 % con respecto al año anterior y que las retiradas habían supuesto menos del 1,5 % del conjunto de cantidades de las principales especies desembarcadas, es decir, un porcentaje equivalente al registrado en 1999 en el mismo período. Además, la medida de exención se aplicaba a todas las empresas pesqueras francesas, incluidas las afincadas en los departamentos de ultramar.
(40)
Por otra parte, la Comisión tuvo conocimiento de despachos de la agencia France-Presse y noticias de prensa escrita según los cuales la finalidad real de la reducción de las cargas sociales era compensar la subida del precio del combustible que se estaba produciendo desde hacía varios meses.
(41)
A la vista de todo ello, la Comisión consideró que Francia no había demostrado que la medida estuviera destinada a reparar un perjuicio económico sufrido por las empresas como consecuencia de la degradación del mercado de los productos del mar. Habida cuenta de que la medida parecía una ayuda de funcionamiento, la Comisión, en aplicación del tercer guión del párrafo cuarto del punto 1.2 de las Directrices de 1997, consideró que, a la vista de la información con que contaba, existían dudas fundadas sobre su compatibilidad con el mercado común.
III. COMENTARIOS DE FRANCIA
A. Medidas de ayuda para los acuicultores de los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde
(42)
Francia aduce que las reducciones de las cargas financieras aprobadas en el contexto de los planes de recuperación de la deuda tenían como finalidad ayudar a las empresas más frágiles a superar una situación excepcional derivada de las catástrofes y no a compensar pérdidas. Únicamente podían beneficiarse de esta medida las empresas más frágiles.
(43)
Con respecto a la posibilidad de que haya habido un exceso de compensación del perjuicio sufrido, Francia indica que el procedimiento que se estableció para reducir las cargas sociales y financieras estaba concebido precisamente para que no se produjera tal circunstancia. Las células de indemnización creadas en los departamentos damnificados examinaron la situación económica general de cada empresa y aprobaron las reducciones en función de los perjuicios sufridos.
B. Medidas complementarias para todos los acuicultores y pescadores
1. Acuicultores
(44)
Francia comprobó que no bastaba con reducir las cargas de los acuicultores perjudicados por el temporal y por la marea negra pues en realidad era todo el sector el que se encontraba en una situación muy preocupante, por lo que se requería una intervención más general. La marea negra tuvo tales efectos mediáticos en la opinión pública que dio lugar a una degradación de la imagen de los productos del mar y, en especial, de los moluscos de cría, independientemente de su origen, entre los consumidores. Según un estudio encargado por el Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture (Ofimer), el volumen de negocios del sector de la conquilicultura se redujo en unos 51 millones FRF (7,77 millones EUR) en cuatro meses (del 17 de diciembre de 1999 al 16 de abril de 2000).
(45)
Ante esta situación, se aprobaron dos medidas generales: una reducción general de las cargas sociales y una exención de los cánones de ocupación. La reducción de las cargas sociales supuso un monto total de 3,35 millones EUR y la exención de los cánones de ocupación, 3,81 millones EUR. La suma de ambas ayudas supuso pues menos que los 7,77 millones EUR de disminución del volumen de negocios estimada en el estudio encargado por el Ofimer.
2. Pescadores
(46)
Francia rebate los argumentos en que se basó la Comisión para incoar el procedimiento formal de examen. Insiste en que la conmoción provocada por la marea negra y la amplificación mediática de sus consecuencias reales o posibles deterioraron enormemente la imagen de los productos del mar, sin que se librara de ello ningún sector ni ninguna zona.
(47)
También indica que el período de reducción de cargas elegido (del 15 de abril al 15 de octubre de 2000) corresponde de hecho a la actividad de los buques en los seis primeros meses del año dado que las cargas sociales se pagan, en realidad, por la actividad de las empresas en los tres meses anteriores. Este desfase permitió aplicar la reducción a la época precisa de actividad de los pescadores en la que las dificultades fueron mayores, es decir, los seis meses que siguieron a las dos catástrofes de 1999. Por ello, Francia estima que la Comisión no tendría que haber basado su análisis en la nota coyuntural Flash Eco del Ofimer del 16 de febrero de 2001.
(48)
Francia considera que la Comisión tampoco debería haberse basado en la nota coyuntural de enero/abril de 2000 del Ofimer dado que esa nota se fundaba en estimaciones pues la gran mayoría de los datos de marzo y abril eran meras valoraciones. Las diferencias observadas por la Comisión no obedecían a apreciaciones divergentes sino a la disparidad estadística normal que existe entre datos brutos e instantáneos y esos mismos datos validados. Es preciso pues ceñirse a los datos comunicados por Francia a la Comisión en la nota de 6 de abril de 2001 pues son los datos definitivos del período considerado.
(49)
Por otro lado, Francia indica que, de acuerdo con los resúmenes mensuales del Ofimer, las cantidades desembarcadas en los seis primeros meses fueron equivalentes a las desembarcadas en el mismo período de 1999, aun cuando hubo disminuciones, que en ocasiones fueron importantes, en períodos cortos, coincidiendo aparentemente con los momentos de mayor celo mediático. Con todo, en ese período, las retiradas aumentaron un 28 % con relación a 1999, especialmente en los primeros meses del año (enero: + 92 %, febrero: + 66 %, marzo: + 35 %). Las retiradas de algunas especies alcanzaron niveles extremadamente elevados (cigala: + 175 %, rape: + 161 %, centollo: × 5), lo que es indicativo de los efectos sicológicos de la marea negra en el comportamiento de los consumidores.
(50)
En el primer semestre del año 2000, se produjo una disminución de las cantidades vendidas pues si las cifras de las cantidades desembarcadas fueron relativamente estables, las de las retiradas aumentaron notablemente. El consumo de productos frescos del mar disminuyó un 7 % (6 % en el caso del pescado, 9 % en el de los moluscos y 6,5 % en el de los crustáceos, especialmente las gambas).
(51)
Los precios, por su parte, bajaron un 6 % con relación a los de enero de 1999 y esa reducción fue constante en las especies que son esenciales para el equilibrio de las empresas. De las 49 especies significativas de las que el Ofimer lleva un seguimiento, 34 registraron una disminución de precios en enero de 2000, 26 en febrero de 2000 y 21 en marzo de 2000. A lo largo del período de referencia, se registró también una reducción constante del precio de las principales especies pescadas.
(52)
Francia añade que los consumidores se encontraban en la imposibilidad de diferenciar los productos del mar según el origen de éstos y que su reticencia a comprar productos del mar afectó a todas las zonas de producción. La desconfianza suscitada por la marea negra perjudicó, de manera indiscriminada, tanto a la producción de la metrópoli como a la de los departamentos de ultramar. Según Francia, en estos departamentos, el fenómeno de contracción del consumo provocado por la marea negra se refleja en los datos aduaneros y no había motivo alguno para excluir a los pescadores de estos departamentos del régimen de ayuda establecido por el Gobierno.
(53)
Por último, Francia subraya que la Comisión hizo caso omiso de los artículos de prensa que le envió para ilustrar la situación del sector mientras que sí prestó oídos a los comentarios realizados por algunos periodistas en los pasillos de ferias profesionales. Por ello, adjunta a los presentes comentarios diferentes artículos y documentos complementarios que demuestran el grado de mediatización de la situación y el clima de sospecha, que dio lugar a que los consumidores dieran la espalda a los productos del mar. Además, niega que la reducción de las cargas sociales tuviera realmente como finalidad compensar la subida del precio del combustible que llevaba varios meses produciéndose, hipótesis expuesta por la Comisión en el escrito en el que comunicaba el incoamiento del procedimiento formal de examen.
IV. VALORACIÓN
A. Existencia de ayudas estatales
(54)
Según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado, «serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones».
(55)
Las diferentes medidas objeto de la presente Decisión (reducción de las cargas sociales y financieras, exención de los cánones de ocupación) son medidas que otorgan una ventaja a empresas que ejercen una actividad específica (empresas acuícolas o pesqueras) pues las eximen de ciertas cargas que, en caso contrario, tendrían que asumir.
(56)
Dichas medidas suponen una pérdida de fondos para el Estado, ya sea de manera directa (reducción de las cargas financieras y exención de los cánones de ocupación), ya sea de manera indirecta (necesidad de que el Estado compense las pérdidas sufridas por el organismo que percibe las cargas sociales). En ese sentido, constituyen ayudas estatales en la acepción del apartado 1 del artículo 87 del Tratado.
(57)
Como, además, los productos de las empresas beneficiarias se venden en el mercado comunitario, las medidas aprobadas por Francia refuerzan la posición de esas empresas tanto en el mercado francés, con relación a las empresas de otros Estados miembros que quieran introducir en ese mercado sus productos (productos acuícolas y de la pesca u otros alimentos que compiten con ellos), como en los mercados de los demás Estados miembros, con relación a las empresas que operan en esos mercados (con los mismos productos). Por consiguiente, tales medidas falsean o amenazan falsear la competencia y pueden afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros.
(58)
Las medidas de este tipo están prohibidas, en principio, por el apartado 1 del artículo 87 del Tratado y sólo pueden considerarse compatibles con el mercado común si pueden acogerse a alguna de las excepciones previstas por dicho Tratado. Al tratarse de ayudas destinadas a las empresas acuícolas y pesqueras, deben analizarse con arreglo a las Directrices de 1997, como ya se hizo en el examen preliminar.
B. Medidas de ayuda para los acuicultores de los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde
(59)
La Comisión incoó el procedimiento formal de examen con respecto a algunas de las medidas adoptadas para ayudar a los acuicultores tras los sucesos de diciembre de 1999 porque le fue imposible cerciorarse de que la compensación total, es decir, la suma de las diferentes ayudas, entre ellas las ayudas sobre las que la Comisión ya había emitido un dictamen positivo, no sobrepasaba los daños sufridos.
(60)
La Comisión recuerda que incoó el procedimiento formal de examen con respecto a las medidas de ayuda siguientes:
-
exención de las cargas sociales en el primer trimestre del año 2000 (uno, dos o tres meses, según los daños),
-
reducción de las cargas financieras de los acuicultores afectados directamente por el temporal o la marea negra,
-
exención de los cánones de ocupación del año 2000 para las concesiones situadas en los seis departamentos damnificados (departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde).
(61)
En lo que se refiere a la exención de cargas sociales y a la reducción de las cargas financieras, según la información complementaria recibida, el procedimiento establecido por Francia, que contemplaba la creación en cada uno de los departamentos afectados de una célula de indemnización en la que estaban representados los diferentes servicios del Estado, los bancos y los profesionales del sector, estaba concebido precisamente para que no se produjeran excesos de compensación. Francia recuerda que esas células departamentales de indemnización examinaron individualmente cada expediente y que, en función de la situación de la empresa, modularon las ayudas concedidas para evitar compensaciones excesivas.
(62)
A la vista de ello, la Comisión entiende que Francia estableció un procedimiento adecuado para que no se produjeran compensaciones excesivas de los daños sufridos. Por consiguiente, considera que la finalidad de esas ayudas era, efectivamente, indemnizar a los damnificados por los dos sucesos extraordinarios que fueron el temporal de diciembre de 1999 y el naufragio del Erika.
(63)
Así pues, la exención de cargas sociales y la reducción de las cargas financieras deben declararse compatibles con el mercado común sobre la base de la letra b) del apartado 2 del artículo 87 del Tratado.
(64)
La exención de los cánones de ocupación se analizará en el apartado C.1 dado que esta medida benefició a todos los acuicultores de Francia, contrariamente a lo que pensaba la Comisión antes de incoar el procedimiento formal de examen. Según lo comunicado por Francia a la Comisión en su carta de 21 de junio de 2000, las concesiones de cultivos marinos y las autorizaciones de toma de agua en los departamentos afectados quedaban exentas del pago del canon de ocupación del año 2000. Como Francia no volvió a mencionar esta exención en sus posteriores escritos a la Comisión, en los que describían pormenorizadamente las medidas aplicadas, la Comisión le preguntó (escrito de 21 de junio de 2001) si había aplicado dicha exención y, si así hubiese sido, le pedía que le remitiera la información oportuna. Francia contestó, en su respuesta de 13 de agosto de 2001, que «efectivamente, los acuicultores de los departamentos de Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime y Gironde habían sido eximidos de los cánones de ocupación del año 2000», sin mencionar que la citada exención se había aplicado de forma más amplia, cosa que solo hizo cuando se incoó el procedimiento formal de examen, momento en que indicó que la medida era una medida general que se aplicaba a todos los acuicultores franceses, al igual que la medida de reducción de las cargas sociales.
C. Medidas complementarias generales destinadas a todos los acuicultores y pescadores
1. Acuicultores
(65)
La exención de los cánones de ocupación del año 2000 y la reducción de las cargas sociales del 15 de abril al 15 de julio de 2000 beneficiaron a todos los acuicultores de la Francia metropolitana y de los departamentos de ultramar.
(66)
Según Francia, esas medidas se aprobaron para compensar las pérdidas que sufrió el sector en todo el territorio como consecuencia de la degradación de la imagen de los moluscos de cría entre los consumidores que se produjo a raíz del naufragio del Erika. Según un estudio efectuado por encargo del Ofimer, el volumen de negocios del sector fue considerablemente inferior al del año anterior (7,7 millones EUR menos) como consecuencia de ese hecho.
(67)
Según Francia, la exención de los cánones de ocupación, que suponía 3,81 millones EUR en total, y la reducción de las cargas sociales, que totalizaba 3,35 millones EUR, compensaban pues parcialmente esas pérdidas habida cuenta de que la suma de ambas ayudas representaba un ayuda total de 7,16 millones EUR, lo que es menos que el perjuicio calculado (7,7 millones EUR).
(68)
A la vista de la información recibida, la Comisión no niega que se produjera una degradación momentánea del mercado de los moluscos de cría pero, tal y como indicaba en su decisión de incoar el procedimiento formal de examen, es necesario relativizar dicha degradación pues no se produjo una pérdida repentina y brutal de clientela.
(69)
La Comisión observa que, en 1999, el valor total anual de la producción acuícola francesa (conquilicultura y piscicultura) fue de 502 millones EUR (informe 2000 del Ofimer). El cuadro en el que figura este valor no indica la parte de la piscicultura pero, según otra fuente [página de acuicultura del sitio Internet del Ministerio de Agricultura (3)], esa parte (piscicultura marina y piscicultura de agua dulce) fue de 221 millones EUR. El valor de la producción de la conquilicultura puede estimarse pues en unos 281 millones EUR.
(70)
La disminución del volumen de negocios como consecuencia de la degradación de la imagen de los moluscos puede pues estimarse, porcentualmente, en 7,7/281, es decir, el 2,7 % del valor de la producción del año anterior. Las indemnizaciones concedidas como compensación, que suponían 7,16 millones EUR, representan 7,16/281, es decir, el 2,5 % del volumen de negocios.
(71)
La Comisión estima que los daños de poca cuantía deben formar parte de la categoría de los costes que deben soportar las empresas en su funcionamiento normal. Todas las actividades económicas están sujetas, en efecto, a diferentes riesgos más o menos grandes (fluctuación del precio de los factores de producción, fluctuación del precio de venta de la producción, aumento de ciertas cargas…) derivados de imprevistos de muy diversos tipos. La Comisión considera que, cuando esos riesgos ocasionan daños de poca cuantía, no pueden causar derecho a una compensación porque, de lo contrario, ello equivaldría a considerar que los agentes económicos pueden reclamar dicha compensación cada vez que sufran las consecuencias de cualquier imprevisto. Conforme a esta orientación, la Comisión considera, por ejemplo, que, en el sector agrario, es necesario que las pérdidas asciendan como mínimo al 30 % (20 % en las zonas desfavorecidas) para que una ayuda pueda ser declarada compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 2, la letra b), del Tratado.
(72)
Por consiguiente, las medidas de reducción de las cargas sociales y de exención de los cánones de ocupación, con las que se compensaba una disminución del volumen de negocios del 2,7 % solamente, no pueden considerarse, en principio, compatibles con el mercado común en virtud de artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado. Como tampoco pueden acogerse a ninguna de las excepciones previstas por las Directrices de 1997, deben considerarse, en principio, incompatibles con el mercado común.
(73)
No obstante, en el caso de las medidas aplicadas a los acuicultores de los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde, la Comisión constata que estaban encaminadas a compensar un perjuicio ligado directamente a uno de los dos sucesos de diciembre de 1999, el naufragio del Erika, por lo que pueden evaluarse de manera conjunta con las demás ayudas concedidas a raíz de esos sucesos, es decir, las ayudas que la Comisión declaró compatibles con el mercado común en su escrito de 11 de diciembre de 2001 (aplicación del régimen de catástrofes agrarias, ayuda para la reposición de equipos y existencias, anticipos a cuenta de las indemnizaciones del FIPOL) y las ayudas sobre las que la Comisión emite un pronunciamiento positivo en la presente Decisión (reducción de las cargas sociales del primer trimestre de 2000 y reducción de las cargas financieras - véase la parte B).
(74)
Dado que esas ayudas se consideran compatibles con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado, es preciso contabilizar en la ayuda total recibida por los acuicultores una indemnización complementaria del 2,5 % del volumen de negocios (este porcentaje, igual a 7,16 millones EUR/281 millones EUR, se ha calculado para todo el país; puede utilizarse como promedio por explotación). Dado que este porcentaje supone un valor relativo reducido y que las demás ayudas no compensaban íntegramente los daños sufridos, no hay riesgo de que se produzca un exceso de compensación.
(75)
La valoración de los perjuicios y la atribución de las ayudas para compensarlos deberían haberse efectuado explotación por explotación con objeto de comprobar si el valor de los daños totales de cada empresa, incluida la disminución del volumen de negocios derivada de la degradación de la imagen de los moluscos, estimada en 2,7 %, era significativo. El método empleado por Francia no sigue esa pauta puesto que se aplica a todos los productores de la zona (departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde). Con todo, la Comisión estima que, en este caso, ese método puede considerarse aceptable y que se utilizó para facilitar la tramitación de los expedientes habida cuenta de que la zona dañada era muy extensa y de que el número de empresas afectadas era elevado.
(76)
Así pues, las medidas de exención de los cánones de ocupación y de reducción de las cargas sociales no pueden considerarse compatibles con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 2, la letra b), del Tratado cuando las beneficiarias han sido empresas acuícolas situadas fuera de los departamentos directamente afectados por los dos sucesos. En cambio, sí pueden considerarse compatibles con el mercado común cuando las beneficiarias han sido las empresas situadas en los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde.
2. Pescadores
(77)
La reducción general de las cargas sociales otorgada a todos los pescadores de Francia estaba destinada, según Francia, a compensar la atonía del mercado de los productos de la pesca. Esa reducción se aplicaba al período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre del año 2000.
(78)
Los datos presentados por Francia no convencieron a la Comisión, básicamente por las diferencias con los datos del Ofimer [datos consultables en la página Internet de este organismo público (4)], por lo que ésta decidió incoar el procedimiento formal de examen.
(79)
Francia indicó a la Comisión, en una nota del 5 de marzo de 2002 con la que respondía a la decisión de incoar el procedimiento formal de examen, que los datos comunicados en su nota de 5 de abril de 2001 eran los datos definitivos del período considerado. Según ella, la Comisión no debería haberse basado en los datos publicados en la página Internet del Ofimer.
(80)
La Comisión rechaza ese argumento pues el Ofimer es un organismo público dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca y una de sus funciones, según explica la nota de presentación que aparece en su página web, es precisamente seguir la evolución diaria del mercado de los productos del mar y de la acuicultura, para lo que ha creado un observatorio económico. La red de lonjas recoge los datos de venta de todas las lonjas francesas para comunicarlos de forma sintética a los agentes económicos del sector. Estos datos sintéticos son precisamente los que interesaban a la Comisión porque gracias a ellos podía situar en un contexto general los datos parciales proporcionados por Francia.
(81)
La Comisión no puede aceptar la aseveración de que los datos del Ofimer difieren sensiblemente de los datos estadísticos definitivos que se aprueban poco después. La metodología utilizada por el observatorio económico del Ofimer para recabar esos datos se describe en los informes anuales de este organismo (5). Así, gracias a la red de lonjas, el Ofimer envía a los agentes económicos locales (lonjas, organizaciones de productores, intermediarios) una nota diaria y una nota semanal con las cantidades y precios de las principales lonjas y de las especies más representativas de la oferta francesa. Además, al comienzo de cada mes, elabora una nota de situación con los datos de las ventas de las principales especies en las lonjas más representativas desde el comienzo del año y, al comienzo de cada trimestre, una nota sinóptica de las ventas que publica en su página Internet. La manera en que se recopilan esos datos prueba que son datos fiables. Nada hace pensar que sean erróneos. Además, en los demás documentos consultados por la Comisión en la página Internet del Ofimer no figura ninguno que contenga datos corregidos o diferentes de los utilizados por ella y, de haberlo habido, lo habría tenido en cuenta. Por otra parte, el hecho de que estos datos se hagan públicos a través de la página Internet del Ofimer, el cual es un organismo público, les confiere un carácter oficial. No hay motivo alguno para dudar de su fiabilidad.
(82)
Los escasos datos comunicados oficialmente por Francia antes de que la Comisión incoase el procedimiento y en la nota de 5 de marzo de 2002, después de que lo hiciese, eran demasiado parciales e incompletos como para que la Comisión se basara sólo en ellos para evaluar correctamente la situación del mercado de los productos de la pesca durante el período considerado, así que tuvo que buscar información por otros lados. La Comisión lamenta que Francia no le haya comunicado directamente esos datos o datos oficiales del mismo tipo.
(83)
Por consiguiente, es preciso analizar los diferentes datos conocidos para determinar la situación exacta del mercado de los productos de la pesca en el primer semestre del año 2000.
(84)
La nota de Francia del 6 de abril de 2001 no contenía cifras sobre las entregas. Simplemente indicaba que «las cantidades realmente vendidas y el valor de las mismas son, en realidad, inferiores a los datos manejados por la Comisión e inferiores a las de 1999». En aquel momento, la Comisión ya conocía los datos de la nota coyuntural de enero-abril de 2000 examinada por el Consejo de dirección del Ofimer el día 24 de mayo de 2000 y así se lo había hecho saber a Francia en la solicitud de información complementaria que le envió con fecha de 15 de enero de 2001 (de hecho, en esa solicitud citaba literalmente una frase de la nota que decía que «las cantidades desembarcadas en los cuatro primeros meses del año 2000 son estables con respecto a las del mismo período de 1999 y el valor de las ventas en las lonjas supone un 3 % más que el de las del año anterior»).
(85)
En la nota de Francia del 5 de marzo de 2002 se dice, en cambio, que «en el conjunto de las principales lonjas francesas, […] las cantidades desembarcadas en los seis primeros meses del año 2000 se mantuvieron estables con respecto al mismo período de 1999, aun cuando se observan disminuciones, que a veces son importantes, en cortos períodos coincidiendo, aparentemente, con los momentos de mayor movilización mediática». Esto viene a coincidir con lo que figura en la nota coyuntural antes citada y en el Flash Eco del Ofimer del 16 de febrero de 2001, documento citado por la Comisión en la decisión de incoar el procedimiento (y que compara la producción del año 2000 con la de 1999 e indica que «los resultados del año 2000 evidencian una estabilidad del volumen de ventas con respecto a 1999.».
(86)
La Comisión toma nota pues de que, en el año 2000, hubo una estabilidad de las entregas, particularmente en el primer semestre. Nada permite afirmar que se produjo una disminución de las mismas coincidiendo con los momentos de mayor actividad mediática. Las disminuciones se deben probablemente a otras causas, principalmente el mal tiempo. Así, no es raro que una gran parte de los buques pesqueros no pueda hacerse a la mar durante períodos bastante largos (1 a 2 semanas o incluso más) debido al mal tiempo. La actividad mediática aludida no tiene efectos directos en las entregas pues no impide que los pescadores se hagan a la mar. Sus efectos se notan en la etapa siguiente: los precios y las cantidades retiradas del mercado.
(87)
Según la nota de Francia del 6 de abril de 2001, «el porcentaje de retirada fue considerablemente mayor en los primeros meses del año 2000 que en los mismos meses de 1999; el aumento fue del 25 % entre enero-abril de 1999 y enero-abril de 2000, del 35 % entre enero-marzo de 1999 y enero-marzo de 2000, del 92 % entre enero de 1999 y enero de 2000 y del 57 % entre febrero de 1999 y febrero de 2000». En la nota del 5 de marzo de 2002 vuelven a indicarse estas cifras y se precisa, además, que en el período de enero-mayo, las retiradas aumentaron un 32 % y, en el período de enero-junio, un 28 %. Esta nota precisa además que «las retiradas registraron una evolución extremadamente drástica en el caso de algunas especies como la cigala (+ 175 %), el rape (+ 161 %) y el centollo (× 5), de las que los medios de comunicación resaltaron su sensibilidad frente a la persistencia de hidrocarburos (6).».
(88)
Estos datos son parciales y no permiten tener una visión concreta de las retiradas efectuadas. Para empezar, no se indican las cantidades retiradas, cuando una multiplicación por dos o por tres puede no ser significativa si la cantidad de referencia, es decir, la retirada el primer año, era muy pequeña. Tampoco se precisa el porcentaje de las cantidades desembarcadas que suponen las cantidades retiradas del mercado. No se indica tampoco si el aumento de las retiradas en el mes de enero afectó a las especies de cuya sensibilidad a los hidrocarburos se hicieron más eco los medios de comunicación. La Comisión va a analizar la situación de las tres especies citadas por Francia: la cigala, el rape y el centollo.
(89)
En el caso de la cigala, si nos atenemos a un estudio realizado por el Ofimer (7), la temporada de producción máxima abarca desde mediados de abril hasta el mes de agosto. Ocasionalmente, pueden producirse retiradas importantes de carácter coyuntural. El estudio cita las retiradas anormalmente altas de mayo y junio de 2001, debidas a desembarques importantes de cigalas vivas en un período poco propicio para la comercialización de este crustáceo. Además, según los datos enviados a la Comisión en virtud de las normas que regulan la organización común de mercados de los productos de la pesca [Reglamento (CEE) no 3759/92 del Consejo, de 17 de diciembre de 1992, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, y Reglamentos que lo desarrollan (8) aplicables en la fecha en que se produjeron los hechos], en los seis primeros meses del año 2000 se retiraron 21 kg de cigalas en enero, 5 kg en febrero, 2 kg en marzo, 103 kg en abril, 1 364 kg en mayo y 2 007 kg en junio. No existe pues ningún dato claro y preciso que permita decir que el hecho de que la marea negra tuviera una gran resonancia en los medios de comunicación, cosa que es de suponer sucedió sobre todo en las semanas que siguieron al naufragio del barco, ocasionó un aumento notable de la cantidad de cigalas retirada del mercado.
(90)
En el caso del rape, según los datos recibidos por la Comisión se retiraron de la venta 454 kg en enero de 2000 cuando en enero de 1999 se habían retirado 84 kg, lo que representa un aumento considerable. Sin embargo, en febrero de 2000 sólo se retiraron 59 kg (221 kg en febrero de 1999) y, en marzo de 2000, sólo 39 kg (148 kg en marzo de 1999). En los tres meses siguientes, las cantidades retiradas en 2000 (241 kg) volvieron a ser inferiores a las se habían retirado en los mismos meses de 1999 (278 kg). La situación es pues muy desigual y la Comisión no puede inferir de ella que se produjera un aumento de las retiradas como consecuencia de la marea negra.
(91)
La Comisión no dispone de datos sobre las cantidades de centollo, que es la tercera especie citada por Francia, retiradas del mercado (9). Existe no obstante la posibilidad de tomar como referencia el buey, cuyas características de comercialización y de mercado son muy similares. Según los datos transmitidos a la Comisión, las cantidades de buey retiradas en los primeros meses del año 2000 aumentaron con respecto a las retiradas en esos mismos meses de 1999 aunque, en valor absoluto, fueron poco relevantes; así, pasaron de 19 kg a 47 kg en enero, de 3 kg a 35 kg en febrero y de 7 kg a 31 kg en marzo, no hubo en abril, pasaron de 31 kg a 164 kg en mayo y de 501 a 521 kg en junio. Los consumidores no cogieron pues aversión a los bueyes, especialmente en los primeros meses del año 2000, y nada indica que la cogieran a los centollos en el mismo período.
(92)
Así pues, si bien es cierto que las retiradas aumentaron un 92 % en enero de 2000 con respecto a enero de 1999 y un 28 % en el primer semestre de 2000 con respecto al mismo período de 1999, en valor absoluto, esas retiradas fueron poco relevantes. Además, nada indica que ese aumento se debiera a las repercusiones mediáticas de la marea negra. Por otra parte, según los datos comunicados a la Comisión, las retiradas importantes habidas en enero de 2000 correspondieron a especies como la pintarroja (de 11 423 kg a 16 362 kg), el carbonero (de 120 kg a 3 727 kg) o la solla (de 51 kg a 1 789 kg), en las que, por las características de su mercado, existe poca o ninguna relación entre el aumento de las retiradas y las repercusiones mediáticas de la marea negra. Por otra parte, según la nota coyuntural de enero-abril de 2000 del Ofimer, en el caso de las principales especies, las retiradas supusieron menos del 1,5 % de las cantidades desembarcadas, habiéndose registrado retiradas ocasionales de lubina, anchoa y centollo.
(93)
Por lo tanto, en lo que se refiere a las retiradas, la Comisión estima que nada permite relacionar el aumento de las retiradas con las repercusiones mediáticas de la marea negra.
(94)
Francia indicaba, en su nota del 6 de abril de 2001, que el volumen de ventas al por menor de productos de la pesca disminuyó un 2 % en el primer semestre de 2000 con respecto al año anterior, especialmente en lo que se refiere a los productos frescos, que registraron una disminución del 7 % en volumen y del 1 % en valor y, dentro de estos productos, a los crustáceos, cuyo volumen de ventas bajó un 6 %, y al pescado, que retrocedió un 6 % (5 % el pescado en trozos y 7 % el pescado entero). La nota de Francia del 5 de marzo de 2002 retoma estas cifras (con una pequeña corrección del porcentaje de disminución de las ventas de crustáceos, que pasa a ser del 6,5 %) e indica que estos datos reflejan un auténtico desinterés de los consumidores por los productos del mar. Esta nota señalaba también que, de las 49 especies significativas objeto de seguimiento por el Ofimer, 34 habían registrado en enero un precio medio inferior al del mismo período del año anterior, 26 lo habían hecho en el período de enero-febrero, 21 en el período de enero-marzo, 19 en el período de enero-abril, 21 en el período de enero-mayo y 18 en el período de enero-junio. Estas fueron las reducciones del precio medio de algunas de esas especies: lenguado (- 5 %), lubina (- 6 %), merluza (- 6 %), anchoa (- 6 %), calamar (- 11 %), carbonero (- 8 %),sardina (- 6 %), gallo (- 11 %), caballa (- 18 %), solla (- 28 %), sable negro (- 20 %), chopa (- 11 %), arete (- 4 %), pulpo (- 23 %), centollo (- 16 %), gambas y camarones de agua dulce (- 20 %). En opinión de Francia, «todos estos elementos demuestran de forma cuantificable la degradación que experimentó el primer mercado en los meses de enero a junio de 2002 e ilustran, por si hubiera dudas, la reacción de los consumidores franceses ante el naufragio del Erika.».
(95)
La Comisión estima que esos elementos no demuestran realmente lo ocurrido de forma cuantificable. Para tener una visión real de la situación, Francia debería haber comunicado al mismo tiempo a la Comisión las cantidades de cada especie que se comercializaron, cosa que no hizo.
(96)
En cambio, la Comisión observa que, según la nota coyuntural del Ofimer de enero-abril de 2000, los precios evolucionaron de forma muy desigual. Mientras algunos bajaron debido a la abundancia de la oferta, como en el caso de la lubina (- 11 %), el carbonero (- 8 %) y la merluza (- 9 %), otros subieron por falta de oferta: salmonete (+ 31 %), bacalao (+ 27 %), rape (+ 13 %). Esa nota señala también que, debido a una modificación de la estructura de la oferta, la parte de las especies caras (merluza, rape, lenguado, lubina, salmonete, cigala) aumentó, en detrimento de las especies baratas (caballa, carbonero, merlán, sepia, anchoa), con lo que el valor de las ventas en las lonjas experimentó un crecimiento del 3 % con respecto al año anterior.
(97)
El valor de las ventas en las lonjas, una vez deducidos los gastos de venta, corresponde al volumen de negocios de los buques. La Comisión deduce pues que el volumen de negocios global de las empresas pesqueras aumentó ligeramente. Por lo tanto, si bien se produjo una reducción de los precios de numerosas especies, dicha reducción no fue general sino que obedeció a la situación heterogénea señalada por el Ofimer en su nota coyuntural. La marea negra afectó sin duda al mercado de los productos de la pesca, por ejemplo a algunas especies concretas, pero todo lo expuesto hace pensar que las repercusiones fueron mínimas. De hecho, si hubiesen sido importantes, el Ofimer no habría dejado de evocarlas en los diferentes documentos públicos que elaboró.
(98)
A la vista de lo expuesto anteriormente, la Comisión estima que la reducción general de las cargas sociales de los pescadores del 15 de abril al 15 de octubre no puede declararse compatible con el mercado común en virtud de artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.
(99)
Al tratarse de una ayuda de funcionamiento concedida a todas las empresas pesqueras sin imponerles obligación alguna, esta medida de ayuda es incompatible con el mercado común en virtud del punto 1.2, párrafo cuarto, tercer guión, de las Directrices de 1997.
V. CONCLUSIONES
(100)
La Comisión constata que Francia ha aplicado ilegalmente las diversas medidas de ayuda objeto de la presente Decisión, vulnerando lo dispuesto en el del artículo 88, apartado 3, del Tratado.
(101)
Basándose en el análisis efectuado en las partes IV-B y IV-C.1 de la presente Decisión, la Comisión estima que las medidas de ayuda destinadas a los acuicultores de los departamentos de la costa atlántica que van desde el de Finistère hasta el de Gironde (reducción de las cargas sociales, reducción de las cargas financieras y exención de los cánones de ocupación) son compatibles con el mercado común en virtud del artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.
(102)
Basándose en el análisis efectuado en la parte IV-C.1 de la presente Decisión, la Comisión estima que la reducción de las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2000 y la exención de los cánones de ocupación del año 2000 otorgadas a los acuicultores de los demás departamentos franceses no pueden acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.
(103)
Basándose en el análisis efectuado en la parte IV-C.2 de la presente Decisión, la Comisión estima que la reducción de las cargas sociales del 15 de abril al 15 de octubre de 2000 otorgada a los pescadores no puede acogerse a la excepción prevista en el artículo 87, apartado 2, letra b), del Tratado.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La reducción de las cargas sociales, la reducción de las cargas financieras y la exención de los cánones de ocupación aplicadas por Francia a los acuicultores de los departamentos de Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime y Gironde son compatibles con el mercado común.
Artículo 2
Las medidas de ayuda en forma de reducción de las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de julio de 2000 y de exención de los cánones de ocupación del año 2000 aplicadas por Francia a los acuicultores afincados en departamentos que no sean el de Finistère, Morbihan, Loire-Atlantique, Vendée, Charente-Maritime y Gironde son incompatibles con el mercado común.
Artículo 3
La medida de ayuda en forma de reducción de las cargas sociales del período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2000 aplicada por Francia a los pescadores es incompatible con el mercado común.
Artículo 4
1. Francia adoptará todas las medidas necesarias para que los beneficiarios de las ayudas contempladas en los artículos 2 y 3, que les fueron otorgadas ilegalmente, las reintegren.
2. La recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional, siempre que éstos permitan la ejecución inmediata y efectiva de la presente Decisión. Las ayudas recuperables devengarán intereses desde la fecha en que estuvieron a disposición de los beneficiarios hasta la de su recuperación. El tipo de interés se calculará y aplicará conforme a lo dispuesto en el capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (10).
Artículo 5
Francia informará a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.
Artículo 6
El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa.
Hecho en Bruselas, el 14 de julio de 2004.

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