Document ID: 32005D0709

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 2 de agosto de 2004
relativa a la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de France Télécom
[notificada con el número C(2004) 3061]
(El texto en lengua francesa es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2005/709/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, de conformidad con los citados artículos (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
Por carta con fecha de 31 de enero de 2003, la Comisión informó a Francia de su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal a que se refiere el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE (en lo sucesivo, «la decisión de incoar el procedimiento») contra las medidas financieras concedidas por las autoridades francesas a France Télécom (en lo sucesivo, «FT» o «la empresa») y el régimen impositivo aplicable a este operador. La descripción de los hechos que condujeron a la incoación de este procedimiento no se recoge en la presente Decisión (2).
(2)
La decisión de incoar el procedimiento se notificó a Francia el 31 de enero de 2003. El 7 de marzo de 2003, tras haberse corregido los errores materiales, se notificó una fe de erratas a Francia.
(3)
Francia comunicó información complementaria a la Comisión mediante cartas de 4 de abril de 2003, 15 de mayo de 2003 y 29 de enero de 2004.
(4)
La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (3). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión.
(5)
La Comisión recibió las siguientes observaciones a este respecto por parte de los interesados:
-
el 21 de marzo de 2003, las observaciones de Cable and Wireless plc y de Cable and Wireless SA,
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el 11 de abril de 2003, las observaciones de Cegetel,
-
el 10 de abril de 2003, las observaciones de la AFORS Telecom,
-
el 11 de abril de 2003, las observaciones de LDCOM,
-
el 11 de abril de 2003, las observaciones de A (4),
-
el 10 de abril de 2003, las observaciones de Tiscali,
-
el 11 de abril de 2003, las observaciones de WorldCom Francia,
-
el 11 de abril de 2003, las observaciones de B (4),
-
el 11 de abril de 2003, las observaciones de Bouygues SA y de Bouygues Télécom (BT) (5),
-
el 14 de abril de 2003, las observaciones de Telecom Italia,
-
el 14 de abril de 2003, las observaciones de C (4),
-
el 29 de abril de 2003, las observaciones de B,
-
el 30 de abril de 2003, las observaciones de LDCOM (6).
(6)
La Comisión remitió dichas observaciones a Francia el 16 de mayo de 2003, dándole la posibilidad de comentarlas a su vez.
(7)
Las autoridades francesas presentaron sus comentarios mediante sendas cartas con fechas de 30 de junio y 29 de julio de 2003.
(8)
La Comisión recibió información adicional y otros documentos de los terceros interesados, que figuran a continuación:
-
el 23 de junio de 2003, comentarios de LDCOM,
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el 25 de junio de 2003, una carta de D (4),
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el 27 de octubre de 2003, una carta de MCI,
-
el 16 de octubre de 2003, una carta de ECTA,
-
el 25 de junio de 2003, una carta de E (4),
-
el 7 de enero de 2004, una carta de BT,
-
el 16 de enero de 2004, una carta de BT,
-
el 19 de marzo de 2004, una carta de FT,
-
el 5 de abril de 2004, una carta de Tiscali,
-
el 17 de mayo de 2004, una carta de LDCOM,
-
el 26 de mayo de 2004, una carta de BT,
-
el 22 de junio de 2004, una carta de FT,
-
el 30 de junio de 2004, un fax de FT,
-
el 2 de julio de 2004, un fax de FT,
-
el 16 de julio de 2004, un fax de BT.
(9)
La Comisión pidió explicaciones adicionales a las autoridades francesas mediante diversas cartas de las siguientes fechas:
-
11 de septiembre de 2003 (las autoridades francesas contestaron el 20 de octubre de 2003),
-
11 de noviembre de 2003 (las autoridades francesas contestaron el 4 de diciembre de 2003),
-
12 de enero de 2004 (las autoridades francesas contestaron el 21 de enero de 2004),
-
2 de febrero de 2004 (las autoridades francesas contestaron el 16 de febrero de 2004),
-
1 de junio de 2004 (las autoridades francesas contestaron en la reunión del 16 de junio de 2004).
(10)
El 3 de mayo y el 14 de junio de 2004, la Comisión envió a las autoridades francesas las cartas que se indican en el considerando 8.
(11)
Durante el procedimiento, la Comisión atendió a los representantes de los terceros interesados en distintas reuniones.
(12)
La Comisión se entrevistó con las autoridades francesas y FT el 22 de enero y el 16 y el 23 de junio de 2004.
(13)
El 5 de julio de 2004, las autoridades francesas presentaron a la Comisión por fax nuevos cálculos relativos al régimen impositivo especial. Los días 13, 15 y 16 de julio de 2004 las autoridades francesas presentaron a la Comisión comentarios adicionales.
II. DESCRIPCIÓN
(14)
Como se indica en la decisión de incoar el procedimiento, la presente Decisión se refiere exclusivamente al régimen especial del impuesto profesional aplicable a FT.
(15)
Como la medida examinada ya se describió de manera detallada en la decisión de incoar el procedimiento (7), en la presente Decisión sólo se recogen los elementos estrictamente necesarios de dicha descripción.
(16)
Hasta 1990, una Dirección del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones ejerció las actividades que actualmente ejerce la empresa FT. Como servicio público administrativo del Estado, la antigua Dirección General de Telecomunicaciones no estaba sujeta a ninguno de los siguientes impuestos: i) impuesto profesional, ii) contribuciones territoriales sobre la propiedad del suelo edificado y sin edificar, y iii) impuesto de sociedades (8). Disponía de un presupuesto anejo al del Estado con un amplio superávit y se le impuso un pago en favor del presupuesto general en concepto de canon sobre los excedentes de explotación, así como algunas exacciones destinadas a financiar acciones específicas.
(17)
La Ley no 90-568 de 2 de julio de 1990, relativa a la organización del servicio público de correos y telecomunicaciones, transformó la antigua Dirección General de Telecomunicaciones en dos personas jurídicas de Derecho público distintas (La Poste y FT) con autonomía financiera y reguladas por el Derecho mercantil. La concesión de personalidad jurídica a estas dos entidades hubiese debido conducir a aplicarles el régimen fiscal de Derecho común. En efecto, con arreglo al artículo 1654 del Código General de Impuestos francés (en lo sucesivo, «CGI»): «las empresas públicas, las explotaciones industriales o comerciales del Estado, las empresas en las que el Estado o los entes públicos locales tienen participaciones deben pagar, con arreglo a las condiciones de Derecho común, los impuestos y cánones de cualquier tipo a los que estén sujetas las empresas privadas que efectúen las mismas operaciones». Por lo tanto, FT hubiese debido estar sujeta al régimen impositivo de Derecho común desde la fecha de su creación, es decir, desde el 1 de enero de 1991 (artículo 1 de la Ley no 90-568 de 2 de julio de 1990). No obstante, contrariamente a este principio, que por otra parte menciona la propia Ley no 90-568 (9), el legislador estableció normas fiscales de excepción al Derecho común para FT (artículos 18 a 21 de la Ley no 90-568), en el marco de dos regímenes, en primer lugar un régimen «transitorio» aplicable del 1 de enero de 1991 al 1 de enero de 1994 y, después, un régimen «definitivo» aplicable a partir del 1 de enero de 1994 y por tiempo indefinido:
-
1991-1993: el artículo 19 de la Ley no 90-568 sentó el principio según el cual, durante un período comprendido entre el 1 de enero de 1991 y el 1 de enero de 1994, FT sólo debía pagar los impuestos y cánones efectivamente abonados por el Estado. Por consiguiente, durante este período y tal como ocurre en el caso del Estado, FT no tenía que pagar impuestos como el impuesto profesional, la contribución territorial o el impuesto de sociedades. Durante el mismo período, y con arreglo al mismo artículo, FT debía contribuir al presupuesto del Estado (en particular, al presupuesto civil de investigación y desarrollo), «mediante la contribución en favor del presupuesto general». Las leyes de finanzas fijaban anualmente estas contribuciones dentro de los límites de un importe determinado (10).
-
1994-2003: en aplicación del artículo 18 de la Ley no 90-568 y del artículo 1654 del CGI, FT se sometió al régimen fiscal de Derecho común a partir del 1 de enero de 1994, con excepción de las contribuciones territoriales directas (contribución territorial e impuesto profesional) para las cuales la Ley no 90-568 establecía condiciones particulares relativas al tipo, a la base imponible y a las modalidades de imposición. Según una primera estimación de las autoridades francesas, la ventaja que supuso para FT el régimen especial de impuesto profesional que se le aplicó asciende aproximadamente a 198 millones de euros anuales (11). Sobre la base de las cifras proporcionadas posteriormente por las autoridades francesas, el importe parece ser inferior (véanse más adelante los considerandos 54 y siguientes). La Ley de finanzas de 2003 suprimió este régimen impositivo profesional especial que se había previsto por tiempo indefinido (12).
III. OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS
(18)
Las observaciones enviadas por los interesados se limitan a repetir los argumentos expuestos por la Comisión en la decisión de incoar el procedimiento. Por lo tanto, no se repiten en la presente Decisión.
IV. COMENTARIOS DE LAS AUTORIDADES FRANCESAS
(19)
La argumentación de las autoridades francesas se concentra en un aspecto fundamental, es decir que el régimen específico aplicado por el Estado a FT no otorgó ventaja alguna a dicha empresa. En efecto, las autoridades francesas admiten que FT estuvo sujeta a un régimen especial de impuesto profesional entre 1991 y 2002, pero consideran que este régimen no le otorgó ninguna ventaja y no afectó en modo alguno los recursos públicos porque se plasmó en una sobreimposición de FT con relación al Derecho común. Para llegar a esta conclusión, las autoridades francesas se basan en los tres elementos siguientes:
-
entre 1991 y 1993, FT tuvo que pagar una contribución al presupuesto general que, según las autoridades francesas, debe considerarse como el pago del impuesto profesional e incluye, en particular, el importe del impuesto profesional propiamente dicho,
-
las autoridades francesas hacen hincapié en el hecho de que la Ley no 90-568 estableció de una vez «por todas» un régimen fiscal único aplicable a FT desde 1991 hasta 2003. Dichas autoridades consideran que hay que proceder al cálculo global de la ventaja concedida a FT por este régimen para el conjunto del período 1991-2003. Lo que significa que, en su opinión, la sobreimposición aplicada a FT un año podría «compensar» una subimposición de FT otro año,
-
según las autoridades francesas, las modalidades de imposición de la empresa en concepto de impuesto profesional y de impuesto de sociedades son indisociables; en vista de lo cual, conviene examinar conjuntamente todos los elementos de imposición de FT a lo largo de todo el período 1991-2003. Como el impuesto profesional entra en el cálculo del resultado imponible, la corrección de una posible subimposición debería ir acompañada de una corrección a la baja del importe del impuesto de sociedades.
(20)
En segundo lugar, las autoridades francesas mantienen que la medida en cuestión debería considerarse como existente. Por último, en las reuniones celebradas con la Comisión el 16 y el 23 de junio de 2004, las autoridades francesas cuestionaron los cálculos -que ellas mismas habían presentado previamente a la Comisión- relativos a la diferencia entre el impuesto profesional abonado por FT y el que hubiese debido pagar de haberse calculado con arreglo al Derecho común. Según las autoridades francesas, era imposible calcular con certeza la subimposición de FT en concepto de impuesto profesional a partir de 1994. Por consiguiente y según las autoridades francesas, la Comisión no debería pronunciarse sobre esta cuestión. Por carta de 5 de julio de 2004, las autoridades francesas presentaron a la Comisión otros cálculos (preparados por la propia FT), que no pretenden en modo alguno ser más precisos o exactos que los ya presentados anteriormente, pero cuyo objeto parece limitarse a ilustrar la imposibilidad de estimar con exactitud la ventaja de que disfrutó FT gracias al régimen especial de impuesto profesional aplicado a partir de 1994.
V. EVALUACIÓN DE LA AYUDA
(21)
El artículo 87, apartado 1, del Tratado CE declara incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. En la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión observa que, en principio, están presentes todos los elementos constitutivos de una ayuda estatal con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. En la presente Decisión sólo se recogen las conclusiones esenciales de dicho análisis (13):
-
FT disfrutó de un trato específico para el impuesto profesional (regulado por los artículos 18 a 21 de la Ley no 90-568),
-
según las estimaciones de las propias autoridades francesas, este trato particular pudo concederle una ventaja,
-
el Parlamento francés estableció las disposiciones especiales aplicables a FT en cuanto a impuesto profesional por medio de una ley promulgada por el Presidente de la República Francesa, lo que no deja lugar a dudas en cuanto al hecho de que la medida es imputable al Estado,
-
en la medida en que FT pagó menos impuestos que las empresas reguladas por el Derecho común, se considera que se le asignaron recursos públicos,
-
puesto que FT opera en el muy competitivo sector de las telecomunicaciones, las ventajas de que disfruta falsean o amenazan con falsear la competencia,
-
puesto que FT opera en mercados que desde finales de los años ochenta se han abierto progresivamente a la competencia, cualquier ventaja otorgada a FT por el Estado puede afectar al comercio entre Estados miembros.
1. Período 1991-1993
(22)
Para analizar el régimen del impuesto profesional durante el período 1991-1993, conviene examinar el primer argumento formulado por las autoridades francesas según el cual la contribución al presupuesto general abonada por FT de 1991 a 1993 inclusive era de carácter fiscal y puede tenerse en cuenta como equivalente al pago del impuesto profesional según modalidades específicas. Por lo que se refiere a este aspecto, la Comisión observa que, según jurisprudencia reiterada, la existencia de una ayuda no puede negarse sólo porque la empresa beneficiaria de un régimen fiscal ventajoso abone por otro concepto contribuciones más gravosas (14). Cada impuesto, en efecto, tiene su propia lógica y obedece a supuestos distintos.
(23)
En cuanto al carácter fiscal de la contribución, la Comisión destaca en primer lugar que la ley no la vincula explícitamente al impuesto profesional. La ley no dispone en modo alguno que dicha contribución debía abonarse en lugar del impuesto profesional. El importe de la contribución tampoco se definió con arreglo a los parámetros que determinan el importe del impuesto profesional.
(24)
Además, en la decisión de incoar el procedimiento, la Comisión destacó que el importe de la suma global pagada por FT al Estado en concepto de contribución al presupuesto general era equivalente a los beneficios que PTT abonó al Estado en 1989 y 1990. Por consiguiente, la Comisión consideró que la suma abonada se aproximaba más a un pago sobre los resultados de gestión de FT que a una contribución en concepto de aplicación de un régimen específico de impuesto profesional.
(25)
Antes de 1990, cuando ejercía las actividades de FT una Dirección del Ministerio de Correos y Telecomunicaciones, el presupuesto anejo de dicha Dirección presentaba un superávit. Para colmar el déficit del presupuesto general del Estado, se hizo una transferencia de este presupuesto anejo al presupuesto general en concepto de «excedentes de explotación», a la que más adelante se añadieron otros importes destinados a financiar acciones específicas. En 1988, el Gobierno asumió el compromiso de estabilizar hasta 1992 la contribución del presupuesto anejo al presupuesto general en 13 700 millones de francos franceses (FRF) para 1989 y en 14 000 millones FRF para 1990. Éste es el importe que la Ley no 90-568 tomó como referencia para fijar la contribución impuesta a FT en favor del presupuesto general para los años 1991, 1992 y 1993 (15).
(26)
De un modo general, las características de esta contribución (pago global, importe fijado en función del superávit de explotación de la empresa en épocas anteriores) no son las de la fiscalidad clásica.
(27)
Teniendo en cuenta sus antecedentes y las modalidades utilizadas para determinarla, esta contribución se aproxima a una participación en los resultados de gestión.
(28)
No obstante, aunque la contribución no está explícitamente vinculada por la ley al impuesto profesional, sí lo está al régimen fiscal específico aplicable a FT. En efecto, en el marco del mismo capítulo denominado «Fiscalidad» y en el mismo artículo, la Ley no 90-568 establece que FT no tiene que pagar impuestos (que no sean los que paga el Estado) y que debe pagar esta contribución al presupuesto general, siendo ambas disposiciones aplicables durante el mismo período (del 1 de enero de 1991 al 1 de enero de 1994).
(29)
Además, la contribución contiene elementos típicos de un impuesto, ya que se trata de una prestación pecuniaria percibida con carácter definitivo, sin contrapartida y a través de la autoridad pública, por el Estado u otra entidad pública. Por último, la contribución aporta recursos al Estado.
(30)
Por lo tanto, al parecer el objetivo del artículo 19 de la Ley consistía en instaurar un período transitorio de tres años, durante el cual FT seguiría pagando al Estado las mismas cantidades que en épocas anteriores en concepto de participación en los resultados de explotación, y al mismo tiempo se eximía a la empresa del pago de todos los impuestos (excepto de los que paga el Estado). Si FT hubiese estado sujeta desde el principio al impuesto de Derecho común, entre otras cosas hubiera tenido que pagar la contribución territorial (en beneficio de los entes locales y no del presupuesto general del Estado como es el caso, por ejemplo, del impuesto profesional), lo que hubiese supuesto el riesgo de provocar una disminución de la contribución de FT al presupuesto nacional (en la medida en que no estaba previsto establecer inmediatamente una nueva forma de participación en los resultados de gestión).
(31)
En conclusión, parece que la contribución en favor del presupuesto general que FT tuvo que abonar de 1991 a 1993, inclusive, era de carácter mixto: en parte fiscal y en parte participación en los resultados de gestión, en la medida en que dicha contribución garantizaba que, durante un período transitorio de tres años, la empresa pagaría al Estado una suma equivalente a la que hubiese abonado si hubiera pagado impuestos con arreglo al Derecho común, más una suma suplementaria correspondiente a una contribución sobre los resultados de explotación. En otros términos, la contribución especial que FT pagó al Estado entre 1991 y 1993 inclusive cumplía una doble función: pago de distintos impuestos y -en cuanto al superávit- participación del Estado propietario en los resultados de la empresa.
(32)
A la luz de lo que precede y, en particular, del carácter parcialmente fiscal de la contribución y del vínculo entre ésta y el régimen fiscal específico de la empresa, incluso en ausencia de indicaciones textuales explícitas de que dicha contribución deba considerarse como una modalidad específica de pago del impuesto profesional, la Comisión concluye que de 1991 a 1993 inclusive la contribución en cuestión se consideró en parte como pago de impuestos, incluido el pago del impuesto profesional, y en parte -el superávit- como participación del Estado propietario en los resultados de gestión de la empresa.
(33)
A este respecto conviene añadir que, según la información presentada por las autoridades francesas durante el período comprendido entre 1991 y 1993 inclusive, la contribución en cuestión fue de mayor cuantía que los impuestos que FT hubiese debido pagar de estar sujeta al régimen de Derecho común del impuesto profesional y del impuesto de sociedades. De lo que se desprende que, al parecer, durante este período FT no disfrutó de ninguna ventaja vinculada a la exención del impuesto profesional. Sin embargo, la Comisión observa que, de 1991 a 1993 inclusive, FT sólo tuvo que pagar los impuestos que efectivamente paga el Estado (en particular, no pagó contribución territorial). Por consiguiente, para cerciorarse de que la exención del impuesto profesional y su sustitución por la contribución en cuestión no había supuesto ventaja fiscal alguna a FT, la Comisión preguntó a las autoridades francesas si la contribución representaba un importe superior a todos los demás impuestos que FT hubiese pagado en caso de habérsele aplicado el régimen tributario de Derecho común (y no sólo superior al importe de la suma del impuesto profesional más el impuesto de sociedades) (16). En las reuniones celebradas con la Comisión el 16 y el 23 de junio de 2004, las autoridades francesas confirmaron que el importe de la contribución era efectivamente superior a la suma de todos los demás impuestos. Por lo tanto, la Comisión considera que FT no se benefició de una ventaja para el período comprendido entre 1991 y 1993 inclusive, en la medida en que estuvo sujeta a una contribución especial de carácter mixto, en parte en concepto de pago de distintos impuestos y -en cuanto al importe sobrante-, en concepto de contribución sobre los resultados de explotación, contribución especial cuyo importe era superior a la suma de los impuestos y cánones de cuyo pago se dispensó a FT.
2. Período 1994-2003
(34)
Para analizar el régimen del impuesto profesional durante el período comprendido entre 1994 y 2003, conviene examinar los argumentos segundo y tercero formulados por las autoridades francesas.
(35)
Las autoridades francesas hacen hincapié en el hecho de que la Ley no 90-568 estableció «de una vez por todas» un régimen fiscal único aplicable a FT de 1991 a 2002, inclusive. Según ellas, conviene proceder a un cálculo global de la ventaja que este régimen pudo suponer para FT durante todo el período 1991-2002, inclusive. Lo que significa que, en su opinión, una sobreimposición de FT un año podría «compensar» una subimposición de FT otro año. Más concretamente, las autoridades francesas mantienen que la subimposición de FT durante el período «definitivo» (del 1 de enero de 1994 al 1 de enero de 2003) queda compensada con una sobreimposición (con motivo del pago de la contribución) abonada durante el período «transitorio» (del 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 1993). En efecto, el importe pagado por FT al Estado en concepto de esta contribución para 1991, 1992 y 1993 al parecer fue superior al que se hubiese abonado en el marco de un régimen tributario de Derecho común, hasta el punto de superar la ventaja que supuestamente FT obtuvo de las modalidades específicas de cálculo del impuesto profesional durante el período «definitivo».
(36)
Esta argumentación no es admisible. La Ley no 90-568 estableció dos regímenes de imposición inequívocamente distintos:
-
un régimen «transitorio» para el período comprendido entre 1991 y 1994 durante el cual se dispensaba a FT del pago de cualquier impuesto excepto los que habitualmente paga el Estado, al que debía pagar (además), una suma global en concepto de «contribución en favor del presupuesto general»,
-
a partir de 1994, un régimen supuestamente definitivo (la ley no establece ningún plazo de fin de aplicación de dicho régimen y hubo que promulgar otra ley en 2003 para suprimirlo); en el marco de este régimen, FT estaba sujeta con arreglo al Derecho común a todos los impuestos, excepto a la contribución por la propiedad del suelo edificado o edificable y el impuesto profesional para los que se establecieron condiciones especiales.
(37)
Según jurisprudencia constante, una ayuda otorgada a una empresa no puede «compensarse» mediante un gravamen específico aplicado a la misma empresa por un concepto distinto. De este modo el Tribunal excluye que una desgravación de las cargas sociales en concepto de subsidios familiares de que disfrutan algunas empresas pueda «compensar» un gravamen suplementario aplicado a estas mismas empresas en concepto de seguro de desempleo (17).
(38)
En aplicación de esta jurisprudencia, la Comisión no puede admitir que la subimposición de FT en concepto de impuesto profesional a partir de 1994 pueda ser compensada mediante la contribución especial abonada por FT entre 1991 y 1994, contribución que no estaba específicamente vinculada al impuesto profesional. En efecto, como ya había constatado la Comisión, la Ley no 90-568 no dispone en modo alguno que la contribución especial se adeudaba en lugar del impuesto profesional. El importe de esta contribución tampoco se definió según los parámetros que determinan el importe del impuesto profesional sino en relación con los beneficios que PTT pagó al Estado en 1989 y 1990. Habida cuenta de sus antecedentes y de sus modalidades de definición, esta contribución está más emparentada con una contribución sobre los resultados de gestión que con una contribución específica en concepto de impuesto profesional. Normalmente esto hubiese debido llevar a la Comisión a excluir cualquier tipo de compensación y considerar que el impago del impuesto profesional durante el período «transitorio» constituye también una ventaja específica otorgada a la empresa.
(39)
Sólo excepcionalmente la Comisión admitió que la contribución abonada por la empresa entre 1991 y 1993 podía considerarse también como el pago del impuesto profesional. En efecto, habida cuenta del carácter ambiguo de esta contribución, que parece vinculada al régimen fiscal específico aplicable a FT (18) y puesto que superaba el importe que se hubiese derivado de la aplicación de los regímenes fiscales de Derecho común y habida cuenta del carácter transitorio del régimen en cuestión, la Comisión decidió conceder el beneficio de la duda a la empresa y aceptó reconocer el carácter parcialmente fiscal de la contribución y el hecho de que podía considerarse también como un pago de impuestos. Sin embargo, toda parte de la contribución que supere la carga fiscal normalmente aplicable en virtud del Derecho común no puede entenderse más que como remuneración del capital, lo que excluye que pueda constituir un fundamento jurídico para una compensación. En efecto, una compensación entre las sumas pagadas por FT en concepto de contribuciones sobre superávit de gestión y la subimposición de FT para el impuesto profesional implicaría una confusión de contribuciones de diferente carácter (bonificaciones fiscales con ganancias de carácter patrimonial), lo que no puede admitirse.
(40)
Por último, la Comisión observa que la Ley no 90-568 no establece en absoluto la compensación de la subimposición de FT a partir de 1994 mediante una sobreimposición entre 1991 y 1994. Ahora bien, un cálculo global como el propuesto por las autoridades francesas implicaría recalificar a posteriori el excedente de imposición supuestamente pagado por FT durante el período «transitorio» como anticipo de impuesto (crédito de impuestos) a deducir de los años siguientes, lo que no era en modo alguno el objeto de la Ley no 90-568 al instaurar estos dos regímenes. Si ahora las autoridades francesas proponen proceder a una compensación entre contribuciones de diferente carácter (la contribución especial de carácter mixto -a la vez fiscal y de dividendos-, y la subimposición de FT en concepto de impuesto profesional), aplicables a dos períodos distintos, esto no se debe de ninguna manera a la aplicación de las normas fiscales normales del Derecho francés, sino que corresponde a una racionalización a posteriori destinada a evitar la recuperación de la ayuda de que se benefició FT.
(41)
En conclusión, la Comisión no puede aceptar el segundo argumento de las autoridades francesas, según el cual habría que proceder a un cálculo global de la ventaja otorgada por este régimen a FT para el conjunto del período de 1991 a 2002, inclusive.
(42)
Lo que significa que la diferencia entre el impuesto profesional efectivamente pagado por FT y el que hubiese adeudado según el régimen de Derecho común del 1 de enero de 1994 al 1 de enero de 2003 constituye una ayuda estatal puesto que representa una ventaja para FT concedida por medio de recursos que de otro modo hubiesen pasado al presupuesto del Estado.
(43)
La Comisión tampoco puede aceptar el argumento según el cual el impuesto profesional entra en el cálculo del resultado imponible y la corrección de una posible subestimación de la contribución en concepto de impuesto profesional debería conllevar una corrección a la baja del importe del impuesto de sociedades, puesto que las modalidades de imposición de la empresa en concepto de impuesto profesional e impuesto de sociedades son indisociables.
(44)
En efecto, el Tribunal desestimó esta alegación al afirmar claramente que «[…] la Comisión no debe calcular, cuando adopta decisiones en las que ordena la devolución de las ayudas de Estado, los efectos del impuesto sobre el importe de las ayudas que deben devolverse, puesto que este cálculo está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho nacional, sino que debe limitarse a indicar el importe bruto que debe devolverse. Ello no impide que, cuando se devuelva, las autoridades nacionales deduzcan, en su caso, del importe que debe recuperarse, determinadas cantidades con arreglo a sus normas internas, siempre que la aplicación de dichas normas internas no haga prácticamente imposible la referida devolución o no sea discriminatoria respecto de casos comparables regulados por el Derecho interno» (19).
VI. AYUDA NUEVA
(45)
En cuanto al tipo de ayuda, la Comisión confirma la conclusión preliminar que expuso en la decisión de incoar el procedimiento, según la cual la ayuda en cuestión debe considerarse como una ayuda nueva. En efecto, el régimen de exención del impuesto profesional se instauró mediante una ley de 1990 (o sea, en fecha posterior a la entrada en vigor del Tratado), precisamente para evitar que la creación de FT como operador público implicase que la empresa cayera en el ámbito de la fiscalidad de Derecho común. Además, a partir de 1988 el sector de las telecomunicaciones se liberalizó progresivamente. Como a partir de 1994 FT recibió ayudas vinculadas al régimen específico del impuesto profesional y en dicha fecha los mercados en los que operaba FT eran al menos parcialmente competitivos (20), la Comisión debe concluir que la medida en cuestión constituye una ayuda nueva.
VII. PRESCRIPCIÓN
(46)
Las autoridades francesas consideran que en cualquier caso el supuesto régimen de ayudas en favor de FT, instaurado por la Ley no 90-568, constituye un régimen de ayudas existentes que no pueden recuperarse. Dichas autoridades observan que este régimen fue instaurado por la Ley no 90-568 de 2 de julio de 1990 y, por lo tanto, consideran que la ayuda se concedió al beneficiario el 2 de julio de 1990 (es decir, el día en que se aprobó la Ley). Como la incoación del procedimiento se decidió el 30 de enero de 2003, es decir, una vez superado el plazo de diez años desde la concesión de la ayuda, las autoridades francesas mantienen que, con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999, la supuesta ayuda en favor de FT «al parecer está cubierta» por las normas comunitarias sobre prescripción de las ayudas estatales.
(47)
Conviene recordar, a este respecto, que el artículo 15 establece lo siguiente:
«1. Las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años.
2. El plazo de prescripción se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario, bien como ayuda individual, bien en virtud de un régimen de ayudas. Cualquier acción emprendida por la Comisión o por un Estado miembro a petición de la Comisión y que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción. Tras cada interrupción, el plazo comenzará a contarse desde el principio. El plazo de prescripción deberá suspenderse durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
3. Cualquier ayuda para la que haya expirado el plazo de prescripción se considerará como ayuda existente.».
(48)
Conviene observar que el plazo de diez años previsto en el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 «lejos de ser la expresión de un principio general que transforma una ayuda nueva en una ayuda existente, se opone únicamente a la recuperación de las ayudas establecidas con más de diez años de anterioridad a la primera intervención de la Comisión» (21). Por lo tanto, en aplicación del artículo 15 del Reglamento, la ayuda de que se benefició FT en virtud del régimen específico de impuesto profesional, no perdería su carácter de nueva ayuda debido al hecho de que este régimen se estableció más de diez años atrás. Simplemente en virtud de esta disposición, la Comisión sólo podría ordenar la recuperación de las ayudas concedidas a la empresa durante los diez años anteriores a su acción. Ahora bien, en la medida en que FT fue beneficiaria de la ayuda a partir del ejercicio 1994 y en que la decisión de incoar el procedimiento se remonta al 30 de enero de 2003, la Comisión debe ordenar la recuperación íntegra de la ayuda en cuestión.
(49)
Conviene destacar también que según el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999, «las competencias de la Comisión en lo relativo a la recuperación de ayudas estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años» y que este plazo «se contará a partir de la fecha en que se haya concedido la ayuda ilegal al beneficiario […] en virtud de un régimen de ayudas». Por consiguiente y en virtud del Reglamento, lo que cuenta es la fecha en la que la ayuda individual se concedió al beneficiario en el marco de un régimen de ayudas y no la fecha en la que se instauró el régimen propiamente dicho. En otros términos, lo que prescribe el artículo 15 del Reglamento es la posibilidad para la Comisión de pedir la recuperación de las ayudas ilegalmente concedidas al beneficiario más de diez años atrás y, al contrario de lo que pretenden las autoridades francesas, en modo alguno los propios regímenes de ayudas. De ello se desprende que en el caso de los regímenes de ayudas, el plazo de prescripción para la recuperación no comienza a contar el día de la instauración del régimen, sino el día en que la ayuda se concedió efectivamente al beneficiario. La Ley no 90-568 instauró un régimen de ayudas en favor de FT (22). Por lo tanto, el plazo de prescripción de las ayudas concedidas a FT en virtud de este régimen fiscal específico no comienza a contar el día de la aprobación de la Ley no 90-568, sino el día en que efectivamente se concedió la ayuda a FT, es decir, la fecha en que cada año había que pagar el impuesto profesional.
(50)
En cuanto a la interrupción del plazo de prescripción y al contrario de lo que mantienen las autoridades francesas, para que dicho plazo se detenga no es necesaria una decisión formal de la Comisión. Según el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999, «Cualquier acción emprendida por la Comisión […] que esté relacionada con la ayuda ilegal interrumpirá el plazo de prescripción». El Tribunal ya consideró que una simple solicitud de información puede interrumpir el plazo de prescripción establecido por el artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999 (23). En este caso concreto, la primera petición de información dirigida por la Comisión a las autoridades francesas sobre el régimen especial de impuesto profesional aplicable a FT se remonta al 28 de junio de 2001. Por consiguiente, con arreglo al artículo 15 del Reglamento (CE) no 659/1999, el plazo de prescripción se interrumpió en esa fecha (24).
(51)
Por lo tanto, sólo las ayudas concedidas a FT más de diez años antes de la primera solicitud de información (o sea, antes del 28 de junio de 1991), podían ser ya irrecuperables. Pero en la medida en que la ayuda se concedió a FT a partir del ejercicio 1994 en el marco del régimen del impuesto profesional aplicable para el período 1994-2003, la Comisión debe ordenar la recuperación íntegra de la ayuda en cuestión.
VIII. COMPATIBILIDAD DE LA AYUDA
(52)
Las autoridades francesas no adujeron ningún argumento preciso para apoyar la compatibilidad de la ayuda. La Comisión destaca que, por las razones expuestas en los apartados 122 y 123 de la decisión de incoación, considera que la ayuda no es compatible con el mercado común en el sentido de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, o en el artículo 87, apartado 3, letras a), c) (referente al desarrollo económico de determinadas regiones), d) y e). Por otra parte, la ayuda en cuestión no está vinculada a ningún proyecto de reestructuración de la empresa sino que en todo caso constituye una ayuda de funcionamiento. Por consiguiente, la ayuda no puede ser considerada como compatible con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c) (referente al desarrollo económico de determinadas actividades económicas).
IX. CONCLUSIÓN
(53)
Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión concluye que:
-
El régimen de impuesto profesional aplicable durante el período comprendido entre 1991 y 1993 inclusive no constituye una ayuda estatal.
-
La diferencia entre el impuesto profesional efectivamente pagado por FT y el que hubiese debido pagar con arreglo al Derecho común del 1 de enero de 1994 al 31 de diciembre de 2002 constituye una ayuda estatal. Esta ayuda es una ayuda nueva que Francia ejecutó ilegalmente vulnerando con ello el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE. Esta ayuda no es compatible con el mercado común y, por lo tanto, debe recuperarse.
(54)
Según las estimaciones del informe entregado al Parlamento francés por la Dirección General de Impuestos en noviembre de 2001, «la normalización inmediata de las condiciones de imposición de FT respecto al impuesto profesional implicaría, con un tipo sin cambios [es decir, al margen de las decisiones tomadas por los entes territoriales], un recargo de imposición de alrededor 198 millones de euros para la empresa». Sin embargo, mediante carta con fecha de 15 de mayo de 2003 las autoridades francesas presentaron a la Comisión información más precisa sobre la subimposición de FT con arreglo al régimen específico de impuesto profesional, que figura el siguiente cuadro:
(en millones EUR)
Ejercicio
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Acumulación
Simulación imposición de Derecho común
674
786
830
923
1 012
1 092
1 035
1 039
971
8 362
Imposición efectiva de FT
560
667
694
785
855
914
940
913
894
7 222
Subimposición
114
119
136
138
157
178
95
126
77
1 140
Fuente: Respuesta de las autoridades francesas de 15 de mayo de 2003.
-
Las autoridades francesas calcularon con exactitud el impuesto profesional que FT hubiese tenido que pagar en 2000, 2001 y 2002 de haber estado sujeta al régimen de Derecho común, a partir del desglose a escala local de las instalaciones y bienes muebles, propiedades de suelo edificado y sin edificar y salarios previa aplicación de los tipos impositivos locales.
-
Estimaron el impuesto profesional de 1994 a 1999 con referencia al importe del impuesto profesional que hubiese pagado FT en 2000 de haber estado sujeta al régimen de Derecho común, previa corrección de la evolución de la base imponible y de los tipos impositivos desde 1991, puesto que los datos disponibles no permiten un cálculo exacto para los años anteriores al año 2000, habida cuenta de la dificultad de reconstituir las bases imponibles y los tipos locales.
-
De estas estimaciones se desprende que el importe de las ayudas que hay que recuperar asciende a 1 140 millones EUR.
(55)
Mediante una carta de 29 de enero de 2004, las autoridades francesas informaron a la Comisión de que el impuesto profesional adeudado por la empresa en 2003 (primer año de aplicación del régimen de Derecho común) ascendía a 773 millones EUR, es decir, un importe sensiblemente inferior a los 971 millones EUR simulados en 2002, cuando el importe del impuesto profesional efectivamente adeudado aún se desconocía. Hicieron hincapié en que la extrapolación retrospectiva a los años anteriores confirmaba y reforzaba su posición puesto que, al parecer, demuestra la sobreimposición aplicada a FT en relación con el Derecho común.
(56)
Por último, en las reuniones celebradas con la Comisión el 16 y el 23 de junio de 2004, las autoridades francesas mantuvieron que los cálculos anteriores presentados a la Comisión eran poco precisos y que era imposible estimar exactamente el importe de ayuda de que FT se había beneficiado entre 1994 y 2003. Por este motivo, invitaron a la Comisión a no pronunciarse sobre la presunta ayuda de que FT fue beneficiaria gracias al régimen especial de impuesto profesional.
(57)
En cuanto a este último argumento se refiere, la Comisión observa en primer lugar que se trata de un nuevo argumento que contradice la posición anterior de las autoridades francesas, que el 15 de mayo de 2003 presentaron estimaciones que posteriormente, el 29 de enero de 2004, confirmaron y completaron. Por otra parte, durante todo el procedimiento las autoridades francesas no pusieron en duda en ningún momento la exactitud de estas estimaciones. Hasta las reuniones de junio de 2004, cuando se hizo patente que el examen de la Comisión estaba casi terminado, las autoridades francesas no pusieron en duda las estimaciones que habían presentado anteriormente. En tales circunstancias, el argumento de que es imposible calcular con precisión el importe de las ayudas otorgadas a FT no puede admitirse.
(58)
Por otra parte, el 5 de julio de 2004 las autoridades francesas presentaron a la Comisión nuevas estimaciones relativas al impuesto profesional que FT hubiese debido pagar de haber estado la empresa sujeta al régimen de Derecho común entre 1991 y 2002 inclusive. Mediante fax de 13 de julio de 2004, las autoridades francesas precisaron que «estas estimaciones se basan exclusivamente en el importe efectivo, que ahora se conoce, del impuesto profesional pagado por FT para el año 2003, según las modalidades de Derecho común». Mediante fax de 16 de julio de 2004, las autoridades francesas precisaron la metodología aplicada para obtener estas nuevas estimaciones:
-
las autoridades francesas establecieron que la cotización neta de impuesto profesional de FT para el año 2003 asciende a 773 millones EUR,
-
tras lo cual, calcularon la cotización de impuesto profesional que FT hubiese debido pagar en virtud de la Ley no 90-568, habida cuenta de las declaraciones de FT para 2003; dicho importe asciende a 696 millones EUR,
-
las autoridades francesas constataron además que las nuevas disposiciones vigentes (aplicación del régimen de Derecho común a partir de los tipos efectivos y de las bases imponibles reales) hubiesen tenido por efecto un aumento de 77 millones EUR para el ejercicio 2003, es decir, un aumento del 11,06 % de la cotización que hubiese debido pagarse de aplicarse las normas anteriores,
-
tras lo cual se procedió a aplicar este porcentaje de aumento a las cotizaciones efectivamente pagadas por FT entre 1991 y 2002,
-
de estas estimaciones se desprende que la subimposición de FT durante el período comprendido entre 1994 y 2002 inclusive asciende a 798 millones EUR.
(en millones EUR)
Ejercicio
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total
Simulación imposición de Derecho común
622
741
771
872
949
1 015
1 044
1 014
992
8 020
Imposición efectiva de FT
560
667
694
785
855
914
940
913
894
7 222
Subimposición
62
74
77
87
94
101
104
101
98
798
Fuente: Carta de las autoridades francesas de 5 de julio de 2004.
(59)
En esta fase y habida cuenta de la información divergente presentada por las autoridades francesas, la Comisión no puede definir el importe exacto de la ayuda que debe recuperarse, pero considera que FT se ha beneficiado de una ayuda estatal cuyo importe se sitúa entre 798 y 1 140 millones EUR en capital, más los intereses devengados desde la fecha en que se puso a disposición del beneficiario hasta la fecha de su recuperación (25). A más tardar antes del 1 de noviembre de 2004, la Comisión, en colaboración con las autoridades francesas, determinará el importe exacto de la ayuda que deberá recuperarse en el marco del procedimiento de recuperación.
(60)
En conclusión, la Comisión considera que el régimen específico de impuesto profesional aplicable a FT entre 1994 y 2003 supuso para dicha empresa una ventaja constitutiva de ayuda estatal, en la medida en que el importe de sus impuestos fue inferior al que habría resultado de aplicarse el Derecho común. Esta ayuda estatal concedida por las autoridades francesas en incumplimiento de su obligación de notificación previa es incompatible con el mercado común y debe recuperarse. La Comisión invita a las autoridades francesas, en virtud de su obligación de cooperación leal, a colaborar con ella para definir el importe exacto de la ayuda que deberá recuperarse.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
La ayuda estatal concedida ilegalmente por Francia, en infracción del artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, a France Télécom mediante el régimen de impuesto profesional aplicable a esta empresa durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciembre de 2002 (establecido por el artículo 18 de la Ley no 90-568 y por el artículo 1654 del CGI) es incompatible con el mercado común.
Artículo 2
1. Francia deberá adoptar todas las medidas necesarias para recuperar de France Télécom la ayuda que se define en el artículo 1.
2. El reembolso de la ayuda se llevará a cabo sin demora y con arreglo a los procedimientos previstos en la legislación nacional, siempre que éstos permitan ejecutar de forma inmediata y efectiva la presente Decisión.
3. Las ayudas recuperables devengarán intereses desde la fecha en que estuvieron a disposición del beneficiario hasta la de su recuperación.
4. Los intereses se calcularán con arreglo a las disposiciones del capítulo V del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (26).
Artículo 3
Francia deberá informar a la Comisión, en el plazo de dos meses a partir de la fecha de la notificación de la presente Decisión, de las medidas que tenga previsto adoptar o que ya haya adoptado en cumplimiento de ésta. Para ello, Francia deberá utilizar el cuestionario adjunto a la presente Decisión.
Artículo 4
El destinatario de la presente Decisión será la República Francesa.
Hecho en Bruselas, el 2 de agosto de 2004.

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