Document ID: 32010D0035

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 28 de octubre de 2009
relativa a las ayudas concedidas por Italia a la reestructuración de las cooperativas del sector de la pesca y de sus consorcios (ayuda estatal C 29/06)
[notificada con el número C(2009) 8040]
(El texto en lengua italiana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2010/35/CE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
Después de haber emplazado a los interesados a presentar observaciones de conformidad con el citado artículo,
Considerando lo siguiente:
1. PROCEDIMIENTO
(1)
Mediante carta de 17 de octubre de 2002, Italia notificó a la Comisión el Decreto legislativo no 226, de 18 de mayo de 2001 (en lo sucesivo, «el Decreto de 18 de mayo de 2001»), y comunicó que las medidas previstas en los artículos 7 y 8 de dicho decreto habían sido aplicadas.
(2)
En el artículo 8 de dicho decreto se menciona un dispositivo de ayudas estatales para la reestructuración de las cooperativas del sector de la pesca y de sus consorcios. De conformidad con el artículo 8, el ámbito de intervención del Fondo centrale per il credito peschereccio se amplía a la cobertura financiera de los planes de reestructuración empresarial previstos en el artículo 11, apartado 8 ter, de la Ley no 41 de 17 de febrero de 1982 (en lo sucesivo, «la Ley no 41 de 1982»), en favor de las cooperativas y de sus consorcios activos en el sector de la pesca y la acuicultura, así como en el sector de la transformación y comercialización de los productos de dicho sector.
(3)
Puesto que Italia notificó que esta medida se había aplicado, la ayuda se registró como ayuda ilegal en el sentido del artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 [nuevo artículo 88] del Tratado CE (1).
(4)
En varias ocasiones se solicitó a Italia información complementaria. Mediante carta C(2005) 161, de 20 de enero de 2005, la Comisión envió, asimismo, a Italia un escrito de requerimiento de información con arreglo al artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) no 659/1999. Por carta de 3 de marzo de 2005, Italia respondió al requerimiento de información. Posteriormente, el 12 de julio de 2005, la Comisión recibió otra carta.
(5)
En razón de las dudas sobre la compatibilidad de este régimen de ayuda con el mercado común, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 93 [nuevo artículo 88] del Tratado CE. La Comisión informó a Italia de dicha decisión por carta C(2006) 2312, de 22 de junio de 2006 (2).
(6)
Italia dio a conocer sus observaciones mediante cartas de fecha 14 de septiembre y 31 de octubre de 2006.
2. DESCRIPCIÓN
(7)
Como se señala más arriba, el Decreto de 18 de mayo de 2001 tiene por objeto ampliar el ámbito de intervención del Fondo centrale per il credito peschereccio a las operaciones de reestructuración de las cooperativas del sector de la pesca y de sus consorcios, tal como se dispone en el artículo 11, apartado 8 ter, de la Ley no 41 de 1982.
(8)
El Decreto de 18 de mayo de 2001 es una disposición que, desde su entrada en vigor, prevé la financiación de las medidas de ayuda establecidas por el Decreto del Ministro de Política Agrícola (en lo sucesivo, «el Decreto de 10 de febrero de 1998»), en el que se definen las disposiciones de aplicación del artículo 11, apartado 8 ter, de la Ley no 41 de 1982.
(9)
Las características de este régimen de ayuda, tal como se describen en el Decreto de 10 de febrero de 1998, son las siguientes:
-
la ayuda se concede a fondo perdido sin rebasar el límite del 40 % de los gastos subvencionables o de préstamos bonificados del 85 % de dichos gastos,
-
el plan de reestructuración debe tener como objetivo el saneamiento de la cooperativa y el restablecimiento de su eficiencia económica y financiera,
-
los costes subvencionables son: la concepción y la ejecución del plan de reestructuración; la modernización, la ampliación y la reconversión productiva de las instalaciones, los equipos y los inmuebles en el ámbito de programas de reactivación y de recualificación de las empresas mediante el aumento de la eficacia y la competitividad; la cobertura de pérdidas patrimoniales eventuales derivadas del cese de la actividad o del inmovilizado no totalmente amortizado o la cobertura de los costes de amortización del inmovilizado inmaterial y material que ya no sea utilizado en el proceso de producción; la organización de cursos de formación; los costes derivados de la constitución y la puesta en marcha de las empresas, destinados a propiciar la adquisición por parte del personal empleado de actividades o de partes de la empresa excluidas del proceso de reestructuración; las indemnizaciones por despido y por jubilación anticipada, así como la facilitación de los ceses voluntarios; y el reequilibrio financiero y patrimonial gracias a la reestructuración de deudas derivadas de las pérdidas acumuladas en los años anteriores a la adopción del plan de reestructuración.
(10)
En su carta de 3 de marzo de 2005, Italia había precisado que estas ayudas estaban destinadas a las empresas en forma de cooperativa que respondieran a la definición de pequeña y mediana empresa en el sentido del Derecho comunitario, que se limitarían al período necesario para la reestructuración y que se podrían conceder a la misma empresa solo una vez.
(11)
Según Italia, el régimen de ayuda no tiene límite de duración. No figura ningún límite ni en el Decreto de 10 de febrero de 1998 ni en el Decreto de 18 de mayo de 2001. Además, la carta de Italia de 12 de julio de 2005 señala expresamente que las disposiciones de dicho Decreto siguen en vigor y que podrán aplicarse en los años posteriores.
(12)
La Comisión no ha recibido ninguna información sobre el importe de las ayudas realmente concedidas.
3. RAZONES PARA INCOAR EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL
(13)
La Comisión ha considerado que dicho régimen de ayuda estatal es un régimen de ayuda ilegal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1, letra f), del Reglamento (CE) no 659/1999, es decir, una nueva ayuda aplicada sin respetar la obligación de notificación previa a la Comisión.
(14)
En el intercambio de cartas que precedió a la evaluación preliminar de la notificación por parte de la Comisión, Italia había afirmado que no se trataba de un nuevo régimen, sino de un régimen de prórroga del régimen de ayuda examinado con el número NN 24/98 que la Comisión había considerado compatible con el mercado común [carta SG (99) D/1851 de 11 de marzo de 1999].
(15)
La Comisión, pese a haberse pronunciado de hecho en favor del régimen de ayuda NN 24/98, relativo al régimen establecido en el Decreto de 10 de febrero de 1998, no podía compartir la posición de Italia. Por otro lado, la medida de ayuda que había examinado la Comisión se refería a la ejecución de los planes de reestructuración para los años comprendidos entre 1997 y 1999 y, mediante su decisión de 11 de marzo de 1999, la Comisión había recordado a las autoridades italianas que, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, debían notificar -en la fase de proyecto- cualquier refinanciación, prórroga o modificación de dicha medida de ayuda. Por esta razón, la Comisión consideró que el Decreto de 18 de mayo de 2001 correspondía a una nueva ejecución o refinanciación de la medida de ayuda en cuestión, con cargo a los fondos del Fondo centrale per il credito peschereccio.
(16)
Por otra parte, mediante carta de 12 de marzo de 2003, Italia había comunicado que la ejecución de dicha medida ya no era competencia del Ministro, sino de las regiones a las que con tal fin se habían transferido los recursos procedentes del Fondo centrale per il credito peschereccio. En su carta de 1 de julio de 2004, Italia adjuntó además dos comunicaciones sobre las medidas de ayuda aplicadas en el marco del régimen en cuestión enviadas por las regiones de Sicilia y Apulia: de Sicilia, una carta de 19 de junio de 2004 en la que se notificaba que dicha medida se había aplicado mediante el Decreto no 158 del Assessore alla pesca, de 3 de diciembre de 2003, y de Apulia, una carta de 19 de mayo de 2004, en la que se precisaba que la medida había sido ejecutada mediante un documento informativo sometido a la región en 2001. En la carta de Apulia se informaba también de que los recursos financieros para 2003 no habían llegado sino hasta el final de ese año. Italia, con todo, no había suministrado ninguna información sobre el importe de los fondos utilizados en el marco de dicho régimen. De cualquier modo, las cartas mencionadas anteriormente confirmaban que algunos fondos se habían puesto a disposición de las regiones, de conformidad con el artículo 8 del Decreto de 18 de mayo de 2001, lo que significa que el régimen de ayuda había sido realmente aplicado.
(17)
Por otro lado, la Comisión consideró que, suponiendo que -como sostenía Italia- se tratara de un régimen de ayuda existente y que el Decreto de 18 de mayo de 2001 no constituyera una modificación de dicho régimen, el régimen de ayuda notificado se había convertido en un nuevo régimen de ayuda a partir del 1 de julio de 2001.
(18)
En efecto, este régimen de ayuda se había aprobado de conformidad con las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura adoptadas en 1997 por la Comisión (3) (en lo sucesivo, «las Directrices de pesca de 1997»).
(19)
El 1 de enero de 2001, estas Directrices de pesca fueron remplazadas por las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (4) (en lo sucesivo, «las Directrices de pesca de 2001»). Mediante carta de 21 de diciembre de 2000, la Comisión, de conformidad con el punto 3.2 de las Directrices de pesca de 2001, había propuesto a los Estados miembros que, en el marco del mecanismo de las medidas apropiadas, modificaran los regímenes de ayuda existentes en el sector de la pesca a más tardar el 1 de julio de 2001. Se invitaba a los Estados miembros a confirmar por escrito su aceptación de estas propuestas a más tardar el 1 de marzo de 2001. Se precisaba que, en caso de que un Estado miembro no enviara una respuesta conforme al párrafo tercero del punto 3.2, la Comisión entendería que dicho Estado miembro aceptaba estas propuestas. Por otra parte, en el punto 3.4 de las Directrices de pesca de 2001 se establece que cualquier ayuda ilegal se examinará con arreglo a las directrices vigentes en el momento de entrada en vigor del acto administrativo por el que se concede. Italia no respondió a la carta de la Comisión de 21 de diciembre de 2000. Mediante carta de 7 de mayo de 2001, la Comisión recordó a Italia los términos de la carta mencionada supra, informándola de que, a partir de ese momento, para la Comisión la ausencia de una respuesta negativa equivaldría a una aceptación de la propuesta de medidas apropiadas. La Comisión consideró, por tanto, que Italia había aceptado dicha propuesta y que los regímenes de ayuda existentes iban a ser modificados a más tardar el 1 de julio de 2001.
(20)
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en caso de entrada en vigor de nuevas directrices aceptadas por los Estados miembros, la aceptación de las medidas apropiadas tiene por efecto transformar algunas de las ayudas existentes en ayudas nuevas. Los regímenes de ayuda existentes deben ser adaptados de conformidad con las medidas apropiadas o transformados en regímenes de ayuda nuevos y sujetos a la obligación de notificación previa a la Comisión (5).
(21)
Por consiguiente, las disposiciones que figuraban en las Directrices de pesca de 2001 aceptadas por Italia tuvieron por efecto la revocación de la autorización concedida anteriormente a las ayudas que no se ajustaban a estas directrices y su calificación como ayudas nuevas. Este ha sido el caso de las ayudas a la reestructuración de las cooperativas. Las Directrices de pesca de 1997 no incluían, en efecto, ninguna disposición específica sobre las ayudas a la reestructuración de las empresas del sector de la pesca; únicamente contenían, en el último guión del último párrafo del punto 1.3, una disposición que indicaba que las ayudas al funcionamiento serían examinadas caso por caso si estaban directamente vinculadas a un plan de reestructuración. En cambio, en las Directrices de pesca de 2001 figuraba, en el punto 2.2.4, una disposición específica para las ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis que preveía la aplicación de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (6) (en lo sucesivo, «las Directrices sobre reestructuración de 1999»), que estaban en vigor en aquella fecha.
(22)
Por consiguiente, desde el momento en que, según los términos de la primera carta de Italia de 17 de octubre de 2002, se aplicó la medida de ayuda prevista en el Decreto de 18 de mayo de 2001, esta pasó a ser, para el período posterior al 1 de julio de 2001 -fecha límite prevista para la modificación de los regímenes de ayuda estatal existentes- una medida de ayuda ilegal.
(23)
La Comisión había llevado a cabo un análisis previo de dicho régimen de ayuda ilegal a la luz de las Directrices de pesca, tanto de las de 2001 como de las de 2004. De conformidad con el párrafo segundo del punto 5.3 de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (7) de 2004 (en lo sucesivo, «las Directrices de pesca de 2004»), estas directrices son aplicables a las ayudas concedidas a partir del 1 de noviembre de 2004, mientras que a las ayudas concedidas antes de esta fecha se les aplicarán las Directrices de 2001.
(24)
Tanto las Directrices de pesca de 2001 (punto 2.2.4) como las Directrices de pesca de 2004 (punto 4.1.2) disponen que las ayudas que tengan por objeto el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis se evaluarán de conformidad con las Directrices sobre reestructuración. Para las ayudas concedidas hasta el 9 de octubre de 2004 son de aplicación las Directrices sobre reestructuración de 1999 y para las concedidas a partir del 10 de octubre de 2004 se aplican las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (8) de 2004 (en lo sucesivo, «las Directrices sobre reestructuración de 2004»). En los casos concretos de las empresas cuya actividad principal sea la pesca marítima, las Directrices de pesca de 2001 y de 2004 añaden que estas ayudas a la reestructuración solo podrán otorgarse previa presentación ante la Comisión de un plan adecuado de reducción de la capacidad de la flota.
(25)
Estas Directrices de pesca disponen que solo las empresas en crisis podrán beneficiarse de las ayudas a la reestructuración. Los criterios para determinar la existencia de una situación de crisis figuran en los puntos 4 a 8 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 y en los puntos 9 a 13 de las Directrices sobre reestructuración de 2004. La Comisión señaló que el Decreto de 10 de febrero de 1998 no permitía dictaminar el cumplimiento de dichos criterios. Por lo tanto, de las ayudas concedidas por Italia podrían también beneficiarse empresas que no respondieran a los criterios recogidos en las Directrices citadas.
(26)
Además, la Comisión había señalado que no disponía de ninguna información sobre el respeto de una serie de criterios de ejecución de los planes de reestructuración que figuraban en las Directrices mencionadas: criterios relativos al restablecimiento de la viabilidad a largo plazo de las cooperativas beneficiarias (puntos 31 a 34 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 y puntos 34 a 37 de las Directrices sobre reestructuración de 2004), la adopción de medidas compensatorias cuando es una empresa de mediano tamaño la que se beneficia del régimen de ayuda [punto 82, letra b), de las Directrices sobre reestructuración de 2004] o la contribución de los beneficiarios a la reestructuración financiera de la empresa (punto 40 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 y punto 43 de las Directrices sobre reestructuración de 2004). La Comisión observó, asimismo, que, por lo que se refiere a las empresas cuya actividad principal es la pesca, Italia no había presentado ningún plan destinado a reducir la capacidad de la flota.
(27)
Por todos estos motivos, la Comisión decidió incoar el procedimiento de investigación formal.
4. OBSERVACIONES DE ITALIA
(28)
Italia señala, en primer lugar, que al aplicar la ayuda objeto de examen actuó plenamente de buena fe. Para Italia, el Decreto de 18 de mayo de 2001 constituía una simple prórroga de la medida NN 24/98 aprobada ya en el ámbito comunitario. No consideraba que se tratase de un régimen de ayuda ilegal. Sin embargo, Italia afirma también que la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, así como las regiones a las que en 2000 se les transfirieron las competencias, no habían previsto en ningún caso ejecutar las intervenciones basadas en dicho decreto.
(29)
Italia señala que para la ejecución de dicho régimen de ayudas se definieron criterios rigurosos. Entre ellos, en concreto, se solicitaba al beneficiario una contribución importante y la garantía de que la ayuda se limitaría al mínimo indispensable para restablecer la rentabilidad de la empresa al mismo tiempo que se reducían al mínimo los falseamientos de la competencia. Italia añade que una gran parte de la ayuda se centra en programas de formación e innovación tecnológica; afirma, además, que más de la mitad de los fondos concedidos no lo fueron a fondo perdido, sino que, al tratarse de préstamos a largo plazo con un régimen particular de garantía, estaban sujetos a una obligación de devolución. Añade que, por otra parte, un cálculo de la intensidad de la ayuda habría demostrado que esta se situaba claramente por debajo del umbral de la ayuda de minimis.
(30)
Por tanto, se había respetado escrupulosamente el principio de «ayuda única». El objetivo de dicha ayuda era, de conformidad con las disposiciones de las Directrices sobre reestructuración, permitir a los beneficiarios cubrir todos sus costes tras restablecer la viabilidad económica a largo plazo. A juicio de Italia, este régimen de ayuda a la reestructuración permite contribuir al desarrollo de las actividades económicas sin influir en los intercambios en forma contraria al interés común, cumpliendo las condiciones fijadas en dichas Directrices: el saneamiento de las empresas en un plazo razonable, la prevención de falseamientos de la competencia, la proporcionalidad de la ayuda, el escalonamiento de los pagos en función de los progresos del plan de reestructuración de la empresa interesada y la verificación de la ejecución del plan.
(31)
Italia concluye sus observaciones haciendo referencia a la Comunicación de la Comisión sobre la mejora de la situación económica del sector pesquero, de 9 de marzo de 2006 (en lo sucesivo, «la Comunicación de 6 de marzo de 2006») (9), y afirmando que la situación desfavorable en el sector de la pesca se vio agravada por el fuerte aumento del coste del carburante. Además, la evolución de los precios de muchas de las especies capturadas no había seguido la evolución de los costes de producción. Por estas razones, según Italia, era necesario mantener este tipo de medidas e intervenciones cuyo único objetivo es el apoyo a un sector económico en crisis.
5. EVALUACIÓN
5.1. Existencia de una ayuda estatal ilegal
(32)
La Comisión señala que este régimen de ayuda, que tiene por objeto conceder una financiación a la reestructuración de una determinada categoría de empresas que ejerzan su actividad en un sector específico, tiene por efecto aportar una ventaja económica a dichas empresas. Dado que los productos de la empresa beneficiaria se venden en el mercado comunitario, dicho régimen de ayuda refuerza su posición tanto en el mercado italiano, respecto a las empresas de otros Estados miembros que desean introducir sus productos en ese mercado, como en el mercado de los otros Estados miembros respecto de las empresas que venden sus productos en esos mercados.
(33)
Además, de este tipo de régimen de ayuda se benefician las empresas de un sector específico de la economía. Por consiguiente, dado que la financiación necesaria para aplicar un régimen de esta naturaleza procede de los recursos públicos, este régimen adopta la forma de un régimen de ayuda estatal en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE.
(34)
Las observaciones que Italia ha transmitido a la Comisión como respuesta a la incoación del procedimiento de investigación formal no ponen en entredicho la calificación de dicho régimen de ayuda estatal como ayuda ilegal. De hecho, independientemente de la interpretación que pueda darse a las observaciones de Italia, la Comisión señala que, en cualquier caso, dicho régimen de ayuda constituye una reactivación del régimen de ayuda instituido mediante el Decreto de 10 de febrero de 1998, examinado y aprobado por la Comisión con el número NN 24/98. Como se especifica en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, esta reactivación equivale a la ejecución de un régimen de ayuda nuevo, es decir, de un régimen de ayuda ilegal. La modificación de la identidad de la autoridad pública que aplica dicho régimen no influye en la naturaleza de la ayuda ni en la calificación que la Comisión haya podido atribuirle; es irrelevante que dicho régimen de ayuda, basado en el Decreto de 10 de febrero de 1998, haya sido reactivado mediante el Decreto de 18 de mayo de 2001 o por las regiones, basándose en otras disposiciones desconocidas para la Comisión.
(35)
Además, como se señala en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, admitiendo que, como sostenían las autoridades italianas, el régimen de ayuda notificado fuera un régimen de ayuda existente y que el Decreto legislativo de 18 de mayo de 2001 no constituyera una modificación de dicho régimen, la Comisión considera que el 1 de julio de 2001 este se convirtió en un nuevo régimen de ayuda, cuando, tras la adopción de las nuevas Directrices de pesca aplicables a partir del 1 de enero de 2001, los regímenes existentes que no habían sido adaptados a las nuevas directrices dejaron de poder seguir beneficiándose de la autorización concedida anteriormente y debían transformarse en regímenes de ayuda nuevos sujetos a la obligación de notificación a la Comisión. Mediante carta de 21 de diciembre de 2000, la Comisión, de conformidad con el punto 3.2 de las Directrices de pesca de 2001, había propuesto a los Estados miembros que, en el marco del mecanismo de las medidas apropiadas, modificaran los regímenes de ayuda existentes en el sector de la pesca antes del 1 de julio de 2001, precisando que, en caso de no recibirse respuesta, se entendería que dicho Estado miembro aceptaba la propuesta. Italia no respondió a la carta de la Comisión de 21 de diciembre de 2000, ni al recordatorio de 7 de mayo de 2001, en el que la Comisión le informaba de que, a partir de ese momento, para la Comisión la ausencia de una respuesta negativa equivaldría a una aceptación de la propuesta de medidas apropiadas. La Comisión consideró, por tanto, que Italia había aceptado dicha propuesta y que los regímenes de ayuda existentes iban a ser modificados a más tardar el 1 de julio de 2001.
(36)
Por consiguiente, las disposiciones que figuraban en las Directrices de pesca de 2001 -y que fueron aceptadas por Italia- tuvieron por efecto la revocación de la autorización concedida anteriormente a algunas ayudas y su calificación como ayudas nuevas. Este fue el caso de las ayudas a la reestructuración de las cooperativas. En efecto, a diferencia de las Directrices de pesca de 1997, las Directrices de pesca de 2001 contenían, en el punto 2.2.4, una disposición específica para las ayudas destinadas al salvamento y la reestructuración de empresas en crisis, que preveía la aplicación de las Directrices sobre reestructuración de 1999.
(37)
En consecuencia, y tal como se señala en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, dicho régimen de ayuda estatal constituye, sin lugar a dudas, para las ayudas concedidas a partir del 1 de julio de 2001, un régimen de ayuda nuevo que Italia estaba obligada a notificar a la Comisión antes de su aplicación.
5.2. Compatibilidad con el mercado común
(38)
Este régimen solo puede considerarse compatible con el mercado común si puede acogerse a alguna de las excepciones previstas en el Tratado. Dado que son las empresas del sector de la pesca y la acuicultura las que se benefician de dicho régimen, este debe examinarse a la luz de las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura. Sigue siendo válido el análisis formulado en la decisión de incoar el procedimiento de investigación formal.
(39)
La medida es claramente presentada como un régimen de ayuda a la reestructuración empresarial mediante la puesta en marcha, en las empresas beneficiarias, de planes de reestructuración. La lista de costes subvencionables que figura en el Decreto de 10 de febrero de 1998 demuestra que las operaciones que pueden financiarse son realmente intervenciones que permiten la reestructuración de las empresas beneficiarias. Los costes corresponden a gastos de inversión, a gastos financieros o a gastos de funcionamiento de las empresas. Se trata de gastos que pueden vincularse, sin duda alguna, a una reconversión de las actividades de las empresas beneficiarias o a su adaptación a las nuevas condiciones económicas para permitir el restablecimiento de su eficiencia económica y financiera.
(40)
Por lo tanto, es conveniente examinar dicho régimen de ayuda a la luz de las disposiciones pertinentes de las Directrices de pesca.
(41)
Tanto las Directrices de pesca de 2001 (punto 2.2.4) como las Directrices de pesca de 2004 (punto 4.1.2) estipulan que las ayudas que tengan por objeto el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis se evaluarán de conformidad con las Directrices sobre reestructuración. En caso de que se hubieran abonado ayudas después del 1 de abril de 2008 -lo que es posible dado que dicho régimen de ayuda fue establecido sin límite de duración (véase el considerando 2 supra)-, se aplicarían las Directrices para el examen de las ayudas estatales en el sector de la pesca y la acuicultura (10) aprobadas en 2008 (en lo sucesivo, «las Directrices de pesca de 2008», que también se remiten a las Directrices sobre reestructuración. Para las ayudas concedidas hasta el 9 de octubre de 2004 se aplican las Directrices sobre reestructuración de 1999 y para las concedidas a partir del 10 de octubre de 2004, las Directrices sobre reestructuración de 2004. Es asimismo importante recordar que, en el caso concreto de las empresas cuya actividad principal sea la pesca marítima, las Directrices de pesca añaden que este tipo de ayudas solo podrán otorgarse previa presentación ante la Comisión de un plan adecuado de reducción de la capacidad de la flota.
(42)
Por consiguiente, conviene evaluar en primer lugar si las condiciones de aplicación de dicho régimen de ayuda responden a las definidas en las Directrices sobre reestructuración.
(43)
En primer lugar, las Directrices sobre reestructuración establecen que las únicas empresas que podrán beneficiarse de ayudas a la reestructuración serán aquellas empresas en crisis que se ajusten a los criterios especificados en los puntos 4 a 8 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 y en los puntos 9 a 13 de las Directrices sobre reestructuración de 2004. Dichas disposiciones fijan criterios rigurosos para calificar una empresa de empresa en crisis. En efecto, de conformidad con el punto 5 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 y el punto 10 de las Directrices sobre reestructuración de 2004, para que se considere que una empresa está en crisis, tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, debe haber desaparecido más de la mitad de su capital suscrito y haberse perdido más de una cuarta parte del mismo en los últimos doce meses, o bien, en el caso de todas las otras formas de empresas, reunir las condiciones para someterse a un procedimiento de quiebra o insolvencia. En el punto 11 de las Directrices sobre reestructuración de 2004 se indica que, además de estas circunstancias, se podrá considerar que una empresa está en crisis cuando estén presentes los síntomas habituales de crisis, como el nivel creciente de pérdidas, la disminución del volumen de negocios, el aumento de los gastos financieros, etc. (en virtud del punto 18, los Estados miembros podrán tener también en cuenta este criterio para las ayudas a la reestructuración concedidas a las empresas del sector de la pesca y la acuicultura en el marco de un régimen de ayuda).
(44)
La Comisión observa que el Decreto de 10 de febrero de 1998 no contiene ningún criterio de este tipo o similar. Las ayudas concedidas por Italia pueden de este modo beneficiar a empresas que no respondan a los criterios que figuran en las Directrices y que, por tanto, pueden no ser empresas en crisis.
(45)
En segundo lugar, dado que este régimen de ayuda se destina a las pequeñas y medianas empresas, de conformidad con el punto 67, letra a), de las Directrices sobre reestructuración de 1999 se aplicarán los criterios definidos en los puntos 31 a 34 de dichas Directrices. Las mismas condiciones, en aplicación del punto 82, letra a), vuelven a aparecer en los puntos 34 a 37 de las Directrices sobre reestructuración de 2004. Con arreglo a estas disposiciones, el plan de reestructuración ha de restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable y partiendo de hipótesis realistas, debe describir las circunstancias que han generado las dificultades de la empresa y debe proponer tal cambio en la empresa que, una vez llevado a cabo, esta pueda cubrir todos sus costes; la concesión de la ayuda solo será posible si el plan de reestructuración presentado contiene todos estos elementos.
(46)
La Comisión observa que Italia no ha establecido ningún procedimiento que permita verificar el cumplimiento de estas condiciones. La información comunicada como respuesta a la incoación del procedimiento de investigación formal se remite únicamente a las condiciones generales que figuran en el Decreto de 10 de febrero de 1998 para la concesión de dichas ayudas. Sin embargo, estas condiciones no definen criterios objetivos que permitan evaluar si los planes concretos de reestructuración de las empresas interesadas se han elaborado realmente siguiendo dichos principios. Por consiguiente, no hay ninguna garantía de que se respeten las condiciones definidas en los puntos 31 a 34 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 o en los puntos 34 a 37 de las Directrices sobre reestructuración de 2004.
(47)
En tercer lugar, de conformidad con los puntos 40 y 41 de las Directrices sobre reestructuración de 1999 aplicables a las pequeñas y medianas empresas con arreglo al punto 67, letra c), de las mismas, los beneficiarios deberán contribuir de forma importante al plan de reestructuración con cargo a sus propios recursos a fin de que las ayudas se circunscriban al mínimo necesario. El mismo principio se recoge en los puntos 43 y 44 de las Directrices sobre reestructuración de 2004, aplicables en virtud del punto 82, letra c).
(48)
De conformidad con el Decreto de 10 de febrero de 1998, la ayuda se concede a fondo perdido sin rebasar el límite del 40 % de los gastos subvencionables o de préstamos bonificados del 85 % de dichos gastos. No se establece una distinción en función del tipo de costes subvencionables (véase supra la sección 2, «Descripción»). La Comisión deduce de ello que dicha participación puede referirse a cualquiera de los costes en cuestión, por ejemplo, los gastos de modernización de las instalaciones, la cobertura de pérdidas patrimoniales, la reestructuración de deudas, etc.
(49)
Por consiguiente, es posible que algunos beneficiarios hayan contribuido de modo significativo a ejecutar el plan de restructuración que les afectaba. No obstante, la Comisión observa que Italia no ha definido ningún criterio que permita ajustar la cuantía de la ayuda directa en función de la contribución de cada beneficiario. El único criterio que figura en el Decreto de 10 de febrero de 1998 es un criterio de orden de llegada de las solicitudes de ayuda. Por estas razones, la Comisión considera que Italia no ha definido, en dicho régimen de ayuda, ningún procedimiento que permita evaluar el cumplimiento de las condiciones de contribución de los beneficiarios con cargo a sus propios recursos ni de la circunscripción de la ayuda al mínimo necesario. En consecuencia, es posible que algunos beneficiarios de las ayudas no hayan respetado dichas condiciones.
(50)
En cuarto lugar, con arreglo al punto 67, letra b), de las Directrices sobre reestructuración de 1999, las contrapartidas que deben exigirse para evitar falseamientos indebidos de la competencia, descritas en los punto 35 a 39 de dichas Directrices, no son de aplicación a las pequeñas y medianas empresas. En cambio, con arreglo al punto 82, letra b), de las Directrices sobre reestructuración de 2004, este tipo de medidas, descritas en los puntos 38 a 42 de estas Directrices, deberá aplicarse cuando sea una empresa mediana la que se beneficia de la ayuda. La Comisión observa que Italia no ha previsto la aplicación de contrapartidas de esta clase cuando es una empresa mediana la que se beneficia de dicho régimen de ayuda.
(51)
Por último, cuando las beneficiarias de dicho régimen de ayuda fueron cooperativas cuya actividad principal era la pesca, Italia no presentó ningún plan destinado a reducir la capacidad de la flota, tal como se requiere en el punto 2.2.5 de las Directrices de pesca de 2001 o en el punto 4.1.2 de las Directrices de pesca de 2004, o incluso en el punto 4.2 de las Directrices de pesca de 2008.
(52)
Por otra parte, la Comisión hace notar a Italia que la Comunicación de 6 de marzo de 2006 no cambió los criterios ni las condiciones aplicables a los regímenes de ayuda a la reestructuración. Su objetivo era invitar a los Estados miembros a que utilizaran algunos de los instrumentos con objeto de paliar las dificultades que registra el sector de la pesca. Entre los instrumentos que aconseja la Comisión figura, efectivamente, la posibilidad de que los Estados miembros creen regímenes de ayuda al salvamento y a la reestructuración. En dicha Comunicación la Comisión pretendía precisar la manera de aplicar las Directrices sobre reestructuración, pero no se menciona nunca la posibilidad de permitir excepciones. Estas directrices siguen siendo plenamente aplicables.
(53)
Por último, las autoridades italianas no han aducido otros argumentos ni transmitido información complementaria que sugiera que las ayudas en cuestión podrían ser compatibles con el mercado común sobre la base de otras disposiciones del Tratado CE o de las normas, disciplinas o directrices relativas a las ayudas estatales.
6. CONCLUSIÓN
(54)
La Comisión considera manifiesto que Italia ha ejecutado ilegalmente el régimen de ayudas a la reestructuración de las cooperativas de pesca y de sus consorcios, infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE.
(55)
Basándose en el análisis realizado en la sección 5 de la presente Decisión, la Comisión considera que dicho régimen de ayuda es incompatible con el mercado común.
7. RECUPERACIÓN
(56)
De conformidad con el artículo 14, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, cuando una ayuda estatal concedida ilegalmente se considera incompatible con el mercado común, debe recuperarse de su beneficiario. El objetivo se logra una vez que las ayudas de que se trata, más, en su caso, los intereses de demora, han sido devueltas por el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que las han disfrutado efectivamente. No obstante, el apartado 1 precisa que «la Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho comunitario». Es conveniente examinar si, en este caso específico, un principio general del Derecho comunitario, como el principio de la confianza legítima o de la seguridad jurídica, podría aplicarse con objeto de excluir la recuperación de las ayudas ilegales e incompatibles de los beneficiarios.
(57)
Se recuerda que compete a los Estados miembros vigilar que las medidas nacionales sean compatibles con las normas comunitarias del ámbito de las ayudas estatales a fin de evitar los falseamientos de la competencia; además, están obligados a notificar todas las ayudas estatales a la Comisión, de conformidad con el artículo 88, apartado 3, del Tratado CE, y a abstenerse de aplicar la medida antes de que esta haya sido objeto de examen. Por ello, por lo que se refiere a la posibilidad de que los beneficiarios se basen en el principio de confianza legítima para evitar devolver la ayuda ilegal e incompatible, la jurisprudencia del Tribunal afirma que, salvo en circunstancias excepcionales, un beneficiario no puede tener una expectativa legítima de concesión correcta de una ayuda a menos que se haya concedido de acuerdo con las disposiciones sobre el control previo de la ayuda estatal: «Todo operador económico diligente debe poder comprobar si ha sido observado dicho procedimiento» (11).
(58)
En el asunto 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV contra Comisión (12), el Tribunal de Justicia dictaminó que «la posibilidad de invocar el principio de protección de la legítima confianza está abierta a todo operador económico en relación con el cual una institución comunitaria ha generado esperanzas fundadas. Por otra parte, cuando un operador económico prudente y diligente está en condiciones de prever la adopción de una medida comunitaria que pueda afectar a sus intereses, no puede invocar el beneficio de dicho principio si dicha medida se adopta».
(59)
A fin de adaptar las ayudas existentes a las nuevas Directrices de pesca de 2001, la Comisión propuso a los Estados miembros que modificaran los regímenes de ayuda existentes en el sector de la pesca antes del 1 de julio de 2001. La jurisprudencia (13) ha confirmado que una propuesta de estas características presentada en las Directrices representa un elemento de cooperación regular y periódica en cuyo marco la Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes y propondrá a estos las medidas apropiadas que se requieran. Por lo tanto, un acuerdo entre la Comisión y cada Estado miembro sobre una lista completa de todos los regímenes de ayuda existentes sería poco práctico y es razonable dejar en manos de los Estados miembros la responsabilidad de adaptar los regímenes que lo necesiten. Ello está tanto más justificado cuanto que estos participan en la elaboración de nuevas directrices y son plenamente conscientes, antes de su entrada en vigor, de las repercusiones que dichas directrices entrañarán para los regímenes de ayuda existentes.
(60)
Italia afirma haber considerado que la medida objeto de examen suponía únicamente una prórroga de la medida NN 24/98 aprobada por la Comisión el 11 de marzo de 1999 y que, por consiguiente, constituía una ayuda existente. En opinión de la Comisión, la medida habría sido una ayuda existente solo hasta el 30 de junio de 2001. A este respecto, como se ha manifestado anteriormente, la Comisión señala que Italia, en el marco del mecanismo de las medidas apropiadas, había aceptado la propuesta de modificar los regímenes de ayuda existentes en el sector de la pesca y la acuicultura después de la adopción tanto de las Directrices de pesca de 2001 como de las Directrices de pesca de 2004. A partir del 1 de julio de 2001, la ayuda se convirtió, por consiguiente, en una ayuda nueva, dado que hubiera debido ser adaptada a las nuevas Directrices de pesca de 2001.
(61)
Sobre la base del artículo 26, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999, es concebible que el hecho de que la Comisión no haya publicado la aceptación por parte del Gobierno italiano de las Directrices de pesca de 2001 haya podido inducir a algunos beneficiarios a creer de buena fe que la medida nacional en cuestión debía seguir considerándose una ayuda existente. El artículo 26 estipula, en efecto, que la Comisión publicará «[…] un resumen sucinto de las decisiones adoptadas en virtud […] del artículo 18 en relación con el apartado 1 del artículo 19». En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del citado Reglamento, «si la Comisión, […] llegara a la conclusión de que un régimen de ayudas existente no es o ha dejado de ser compatible con el mercado común, emitirá una recomendación en la que propondrá al Estado miembro interesado medidas apropiadas». El artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 659/1999 dispone que, cuando el Estado miembro interesado acepte las medidas propuestas, la Comisión «lo hará constar» e informará de ello al Estado miembro.
(62)
La Comisión no publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la aceptación por parte de cada Estado miembro de las medidas apropiadas que propuso para la aplicación de las nuevas Directrices de pesca de 2001. Por consiguiente, es difícil para la Comisión demostrar que los beneficiarios hayan sido correctamente informados de la aceptación por parte del Gobierno italiano y de la modificación del estatuto de la ayuda que se derivaba de ella. Sin embargo, esto sí se hizo en el caso de las Directrices de pesca de 2004, mediante una breve comunicación (14).
(63)
Por lo tanto, aunque existe un principio según el cual los operadores económicos no pueden invocar las expectativas legítimas respecto de las ayudas estatales ilegales, la Comisión considera, no obstante, que en este caso, hasta la publicación el 11 de noviembre de 2005 de la breve comunicación sobre la aceptación de dichas medidas apropiadas, un operador económico prudente y diligente podía legítimamente considerar que el régimen de ayuda en cuestión era todavía un régimen existente y no se había convertido en un régimen de ayuda nuevo.
(64)
Por consiguiente, en este caso, la Comisión considera que la recuperación de las ayudas concedidas hasta el 11 de noviembre de 2005 podría ir en contra del principio de la confianza legítima o de la seguridad jurídica. De ello se desprende que, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999, se solicita la recuperación únicamente para las ayudas concedidas después del 12 de noviembre de 2005.
(65)
La presente Decisión se refiere al régimen de ayuda objeto de examen y debe ejecutarse inmediatamente, en particular en lo que se refiere a la recuperación de todas las ayudas individuales concedidas en el marco de dicho régimen, a excepción de las otorgadas a proyectos específicos que, en el momento de la concesión de dichas ayudas, cumplían todas las condiciones fijadas en el reglamento de minimis o de exención aplicable, o en un régimen de ayuda aprobado por la Comisión.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El régimen de ayuda para la reestructuración de las cooperativas del sector de la pesca y de sus consorcios, ilegalmente ejecutado por Italia infringiendo el artículo 88, apartado 3, del Tratado, es incompatible con el mercado común.
Artículo 2
Las ayudas individuales otorgadas a una cooperativa del sector de la pesca o a uno de sus consorcios en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 de la presente Decisión no constituyen una ayuda siempre que, en el momento de su concesión, cumplieran las condiciones establecidas por el Reglamento adoptado en aplicación del artículo 2 del Reglamento (CE) no 994/98 del Consejo (15), aplicable en aquel momento.
Artículo 3
Las ayudas individuales otorgadas en virtud del régimen mencionado en el artículo 1 de la presente Decisión que, en el momento de su concesión, cumplían las condiciones establecidas por un reglamento adoptado en aplicación del artículo 1 del Reglamento (CE) no 994/98 o de cualquier otro régimen de ayuda aprobado, son compatibles con el mercado común, hasta las intensidades máximas de ayuda aplicables a este tipo de ayuda.
Artículo 4
1. Italia deberá hacerse reembolsar por parte de los beneficiarios las ayudas incompatibles mencionadas en el artículo 1 concedidas a partir del 12 de noviembre de 2005.
2. Los importes que deben recuperarse devengarán intereses desde la fecha en que fueron puestos a disposición de los beneficiarios hasta su recuperación efectiva.
3. Los intereses se calcularán según la regla de interés compuesto con arreglo a las disposiciones del capítulo 5 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión (16).
4. Italia cancelará todos los pagos pendientes de las ayudas mencionadas en el artículo 1 con efectos a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión.
Artículo 5
1. La recuperación de las ayudas mencionadas en el artículo 1 será inmediata y efectiva.
2. Italia velará por que la presente Decisión se aplique en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de su notificación.
Artículo 6
1. En el plazo de dos meses a partir de la notificación de la presente Decisión, Italia presentará la siguiente información:
a)
la lista de las cooperativas y de sus consorcios que hayan recibido una ayuda de las mencionadas en los artículo 2 y 3 y el importe total recibido por cada una de ellas;
b)
el importe total (principal e intereses) que debe recuperarse de cada beneficiario;
c)
una descripción detallada de las medidas ya adoptadas o previstas en cumplimiento de la presente Decisión;
d)
los documentos que demuestren que se ha ordenado a los beneficiarios el reembolso de la ayuda.
2. Italia mantendrá informada a la Comisión del avance de las medidas nacionales adoptadas en aplicación de la presente Decisión hasta que la recuperación de las ayudas mencionadas en los artículo 1, 2 y 3 haya concluido. Italia presentará inmediatamente, a petición de la Comisión, cualquier información sobre las medidas ya adoptadas y previstas para el cumplimiento de la presente Decisión. También proporcionará información detallada sobre los importes de la ayuda y los intereses ya recuperados de los beneficiarios.
Artículo 7
El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana.
Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2009.

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