Document ID: 32005D0008

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 24 de junio de 2004
relativa a un procedimiento conforme al artículo 81 del Tratado CE (asunto COMP/A.38549 - Colegio Belga de Arquitectos)
[notificada con el número C(2004) 2180]
(El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
(2005/8/CE)
El 24 de junio de 2004, la Comisión adoptó una decisión de aplicación del artículo 81 del Tratado CE. De conformidad con las disposiciones del artículo 30 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Comisión publica en el presente resumen los nombres de las partes y el contenido principal de la decisión, incluidas las sanciones impuestas. Lo hace teniendo en cuenta el interés legítimo de las empresas por que no se revelen sus secretos comerciales. Puede encontrarse una versión no confidencial del texto íntegro de la decisión, en la versión lingüística auténtica (NL) y en las lenguas de trabajo de la Comisión (FR, EN, DE), en el sitio Internet de la DG Competencia http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html.
CONTEXTO
(1)
El Consejo Europeo reunido en Lisboa en marzo de 2000 adoptó un programa de reforma económica destinado a convertir a la Unión Europea en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo de aquí a 2010. Las profesiones liberales están llamadas a desempeñar un importante papel en la mejora de la competitividad de la economía europea.
(2)
La decisión relativa al baremo de honorarios mínimos del Colegio Belga de Arquitectos se inscribe en la política global de la Comisión en relación con los servicios en general, y con los servicios prestados por los profesionales liberales en particular. En este sentido, se hace referencia a las propuestas de Directivas relativas a los servicios (1) y a las cualificaciones profesionales (2), así como a la Comunicación de la Comisión sobre la competencia en el sector de las profesiones liberales (3). En dicha Comunicación, la Comisión reconoce que una parte de las normas aplicadas en el sector de las profesiones liberales se justifican, por ejemplo, por la necesidad de reducir la diferencia en el grado de información de los consumidores y los prestadores de servicios. Estima, no obstante, que en algunos casos podrían y deberían aplicarse mecanismos más favorables a la competencia que los actualmente existentes.
(3)
El sector de las profesiones liberales se caracteriza generalmente por un elevado nivel de reglamentación impuesta por el Estado o por organizaciones profesionales. Las cinco categorías principales de normativas potencialmente restrictivas en el sector de las profesiones liberales de la Unión Europea son: i) los precios impuestos, ii) los precios recomendados, iii) las normas en materia de publicidad, iv) las condiciones de acceso y derechos reservados, y v) las normativas que regulan la estructura de las empresas y las prácticas multidisciplinares.
(4)
Al igual que la fijación de precios, los precios recomendados tienen una notable incidencia negativa en la competencia. En primer lugar, pueden facilitar la coordinación de los precios entre los prestadores de servicios. En segundo lugar, pueden sembrar la confusión entre los consumidores por lo que se refiere a los niveles de precio razonables. Si bien es cierto que, al menos en teoría, los precios recomendados pueden proporcionar una información útil a los consumidores con respecto al coste medio de los servicios, existen otras soluciones para transmitir la información relativa a los precios. Así, la publicación por terceras partes independientes (como las organizaciones de consumidores) de los precios generalmente aplicados o de información basada en un sondeo puede constituir una referencia más fiable para los consumidores, e implicar menos distorsiones para la competencia.
(5)
Por iniciativa de las autoridades nacionales en materia de competencia, los precios recomendados para servicios de arquitectura ya se han suprimido en Finlandia, en Francia y en el Reino Unido.
RESUMEN
(6)
El baremo de honorarios mínimos fue adoptado por el Consejo Nacional del Colegio Belga de Arquitectos en 1967 y ha sido objeto de sucesivas actualizaciones, la última de las cuales, que data de junio de 2002, lo califica de «indicativo». El baremo determina el importe mínimo de la remuneración que debe pagarse a un arquitecto por los servicios prestados en Bélgica en calidad de independiente.
(7)
El 3 de noviembre de 2003, la Comisión envió un pliego de cargos al Colegio. Éste presentó sus observaciones dentro del plazo señalado y el 9 de febrero de 2004 se celebró una audiencia.
(8)
La Comisión expone en su decisión los elementos relativos al contenido de la decisión por la que se establece el baremo, al contexto jurídico en el que se adoptó y al comportamiento del Colegio, sobre la base de los cuales considera que se trata de una decisión de una asociación de empresas tendente a restringir la competencia. Y llega a esta conclusión pese a que el Colegio ha calificado el baremo de «indicativo» y a pesar de que no todos los arquitectos consideran obligatorio dicho baremo.
(9)
Los elementos que indican que el baremo tenía por objeto restringir la competencia son, en particular, la connotación voluntariamente normativa de la denominación y las consideraciones del preámbulo, así como el hecho de que el Colegio elaborara y haya venido distribuyendo durante 18 años un modelo de contrato en el que sólo se contempla como opción para la determinación de los honorarios una referencia al baremo.
(10)
Aunque para la constatación de una infracción del apartado 1 del artículo 81 del Tratado CE es suficiente que la Comisión demuestre que la decisión por la que se establece el baremo tiene por objeto restringir la competencia, la Comisión también ha reunido los elementos que demuestran que el baremo se ha aplicado efectivamente, al menos en cierta medida.
(11)
Con arreglo a la jurisprudencia del tribunal de Justicia en el asunto Wouters (4), una decisión de una asociación de empresas no infringe el apartado 1 del artículo 81 del Tratado si, pese a los efectos restrictivos de la competencia que le son inherentes, resulta necesaria para garantizar el correcto ejercicio de la profesión, tal y como está organizada en el Estado miembro en cuestión. La Comisión estima que no puede considerarse que el establecimiento del baremo (recomendado) de honorarios mínimos por parte del Colegio es necesario para garantizar el correcto ejercicio de la profesión de arquitecto.
(12)
Tras recibir el pliego de cargos, el Colegio retiró el baremo y adoptó las oportunas medidas de comunicación. La Comisión concluye por lo tanto que ya no existe infracción. Expone asimismo las razones por las que considera justificada la imposición de una multa de 100 000 EUR.
(13)
El 14 de junio de 2004, el Comité consultivo manifestó por unanimidad su acuerdo sobre el texto del proyecto de decisión de aplicación del artículo 81. El 21 de junio de 2004, el Comité consultivo manifestó por unanimidad su acuerdo sobre la multa propuesta. Las observaciones del consejero auditor sobre el procedimiento se comunicaron al Comité consultivo.

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