Document ID: 32013D0516

DECISIÓN DE LA COMISIÓN
de 6 de julio de 2010
relativa a la medida C 40/07 (ex NN 48/07) aplicada por Rumanía a favor de ArcelorMittal Tubular Products Roman S.A. (anteriormente Petrotub Roman S.A.)
[notificada con el número C(2010) 4492]
(El texto en lengua rumana es el único auténtico)
(Texto pertinente a efectos del EEE)
(2013/516/UE)
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,
Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, su artículo 62, apartado 1, letra a),
Visto lo dispuesto en el anexo VII y en el apéndice A del anexo VII del Protocolo sobre las medidas transitorias del Tratado de Adhesión de Rumanía,
Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con las disposiciones citadas (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,
Considerando lo siguiente:
I. PROCEDIMIENTO
(1)
Por carta de 2 de febrero de 2007, la Comisión solicitó a Rumanía que le suministrara información sobre la anulación y la reprogramación de la deuda pública de Petrotub Roman S.A. (en lo sucesivo denominada «Petrotub») en el contexto de su privatización en 2003 (tras la privatización, la empresa se rebautizó como Mittal Steel Roman y posteriormente como ArcelorMittal Tubular Products S.A. (2), en lo sucesivo denominada «AM Roman»).
(2)
Por carta de 25 de septiembre de 2007, la Comisión informó a Rumanía de que había decidido incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (3) en relación con la posible ayuda concedida en la privatización de Petrotub. Esta Decisión se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (4). La Comisión invitó a las partes interesadas a que presentaran sus observaciones sobre la medida.
(3)
Rumanía remitió sus observaciones mediante carta de 26 de noviembre de 2007, registrada el mismo día. Por cartas de 28 de enero de 2008, registradas el 29 de enero de 2008, ArcelorMittal (la empresa matriz) y AM Roman (la filial en cuestión) presentaron sus observaciones que se comunicaron a Rumanía el 12 de febrero de 2008. Rumanía respondió mediante carta de 11 de marzo de 2008, registrada ese mismo día.
(4)
La Comisión solicitó información adicional mediante cartas de 26 de febrero de 2009, 8 de octubre de 2009 y 29 de enero de 2010. Rumanía contestó mediante cartas de 27 de abril de 2009, 19 de octubre de 2009 y 3 de febrero de 2010, todas registradas las mismas fechas.
II. EXPOSICIÓN DE LOS HECHOS
1. Empresa
(5)
AM Roman es un fabricante de tubos de acero sin soldadura con sede en Roman, una región de Rumanía que recibe asistencia a tenor del artículo 107, apartado 3, letra a) del TFUE (5). Antes de la privatización en 2003, la empresa, denominada entonces Petrotub, fabricaba tubos de acero sin soldadura, producción que consistía en tubos de acero laminados en caliente y en frío con diámetros entre 6 y 620 mm y un grosor de la pared de entre 0,5 y 70 mm. Estos productos tienen diversas aplicaciones en las industrias generadoras de energía (petróleo, gas, industria química, energía nuclear y convencional) y en las industrias mecánica y de construcción. Tras la privatización, la empresa prosiguió su actividad en el mismo mercado de producto. En la actualidad, ArcelorMittal Tubular Products Holding B.V. Rotterdam NLD (del grupo ArcerlorMittal) tiene una participación del 69,76 % en la empresa (6).
2. Medida de que se trata
(6)
El 23 de julio de 2003, la agencia rumana de privatización APAPS (actualmente AVAS) (7) hizo pública su intención de vender su participación del 70 % en Petrotub. La privatización se efectuó mediante licitación pública. El 28 de octubre de 2003 se firmó un acuerdo de venta con LNM Holdings NV (actualmente ArcelorMittal), por un precio de compra de 6 millones USD (5,1 millones EUR (8)).
(7)
En el contexto de la privatización, APAPS acordó, en nombre del Estado rumano, anular deuda pública por un valor de 22,5 millones EUR y reprogramar la deuda pública restante.
(8)
En 1998 Petrotub había contratado un préstamo comercial por valor de [30-50] (9) millones DEM [15-25 millones EUR], de una duración hasta 2011, con el banco de desarrollo alemán Kreditanstalt für Wiederaufbau (en lo sucesivo denominado «KfW»), para adquirir una nueva laminadora a Mannesmann AG. El paquete de financiación de KfW estaba avalado, en sus diferentes segmentos, mediante una garantía estatal concedida por Alemania y Austria y una garantía bancaria del banco rumano Banca Comercială Română (BCR). La garantía estatal alemana estaba contragarantizada por el Estado rumano. La contragarantía rumana cubría el 85 % del préstamo total de KfW, por un valor de [30-50] millones DEM. Rumanía percibió de Petrotub una comisión única del [3 %-7 %].
III. DECISIÓN DE INCOACIÓN
(9)
En la Decisión de incoación, la Comisión informó a Rumanía que la base para incoar el procedimiento de investigación formal era el anexo VII, sección B, relativo a la reestructuración de la industria siderúrgica, del Protocolo del Tratado de Adhesión de Rumanía (en lo sucesivo denominado «anexo VII») y que, a falta de disposiciones específicas del anexo VII respecto a la situación jurídica de los fabricantes rumanos de tubos en el momento de la privatización, la Comisión investigaría la existencia y la compatibilidad de la ayuda estatal a AM Roman sobre dicha base.
(10)
La Comisión constató que el precio de adquisición (5,1 millones EUR) no cubría las pérdidas sufridas por el Estado en forma de anulación de deuda pública por un valor de 22,5 millones EUR con la que la agencia rumana de privatización APAPS estuvo de acuerdo en el contexto de la privatización.
(11)
Antes de que se iniciara el procedimiento de investigación formal, Rumanía había suministrado un informe elaborado por un consultor externo (10) para demostrar que la privatización en esas condiciones había sido la solución más ventajosa para el Estado.
(12)
El informe indicaba que la privatización era la situación más favorable para el Estado rumano. El cuadro que figura a continuación compara las cantidades que se considera habría obtenido cada una de las entidades públicas acreedoras en las hipótesis de la privatización o la liquidación (11).
Privatización
Liquidación
Fondo de la Seguridad Social
[…] millones EUR
[…] millones EUR
Fondo de Desempleo
[…] millones EUR
[…] millones EUR
Fondo de la Seguridad Social de Sanidad
[…] millones EUR
[…] millones EUR
APAPS
[…] millones EUR
(incluido el precio de venta de 5,1 millones EUR)
0
Total Estado
[4-9] millones EUR
[19-26] millones EUR
(13)
El informe se basaba en la suposición de que, en caso de liquidación, la garantía de 1998 se habría ejecutado y el Estado (a través del Ministerio de Finanzas) habría sido responsable de la suma restante del préstamo que había concedido el KfW a Petrotub en 1998, es decir, de [15-25] millones EUR. En otras palabras, en caso de liquidación, el Estado habría recibido eventualmente solo [2-9] millones EUR, lo que es inferior a la suma total de [4-9] millones EUR que habría recibido en caso de privatización.
(14)
En la Decisión de incoación, la Comisión se preguntaba si el Estado no debería haber estimado conjuntamente los resultados de las hipótesis de privatización y liquidación, como sugería el informe de los expertos, o separadamente para cada uno de los acreedores públicos, de conformidad con la jurisprudencia HAMSA (12).
(15)
Entre otras cosas, la Comisión dudaba también de que la pérdida de [15-25] millones EUR a consecuencia de la ejecución de la garantía de 1998 pudiera tenerse en cuenta a la hora de estimar el resultado de la liquidación. De conformidad con la jurisprudencia HYTASA (13) y Gröditzer (14), se debe distinguir entre las obligaciones que el Estado debe asumir en calidad de accionista de la empresa y las que debe asumir como autoridad pública. De ella se desprende que los costes asumidos en relación con una actuación como autoridad pública no pueden tenerse en cuenta para estimar los costes en que habría incurrido un accionista privado y que estuviera dispuesto a asumir. La Comisión considera el hecho de que en 1998 el Ministerio de Finanzas rumano emitiera una garantía soberana para Petrotub como demostración de que un accionista privado no habría podido emitir ese tipo de garantía. Otro indicio en este sentido es que la garantía de 1998 se concedió en condiciones que un operador privado no habría aceptado.
IV. OBSERVACIONES DE RUMANÍA Y DE LAS PARTES INTERESADAS
(16)
En sus observaciones presentadas el 27 de noviembre de 2007, el argumento principal de Rumanía era que la privatización de Petrotub en octubre de 2003 no había supuesto una ventaja para Petrotub o el comprador, y que por ello la operación no había implicado ayuda estatal a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE.
(17)
En primer lugar, Rumanía subrayaba que Petrotub se vendió mediante un procedimiento de licitación abierto, transparente e incondicional, lo que, en opinión de las autoridades rumanas, mostraba que Petrotub se había vendido a precio de mercado y que el comprador no había obtenido ninguna ventaja con su compra. En segundo lugar, consideraba que había actuado como cualquier vendedor privado: al escoger entre la privatización y la liquidación, el Estado optó por la situación más ventajosa exclusivamente desde el punto de vista financiero, sin tener en cuenta consideraciones de tipo no comercial o político que por su naturaleza son características del ejercicio de la autoridad pública.
(18)
En relación con este segundo argumento, Rumanía demostró que, de acuerdo con la legislación nacional, la agencia de privatización AVAS fue responsable y competente para estimar y comparar los resultados globales de la privatización y la liquidación en relación al presupuesto estatal en su conjunto. En otras palabras, la agencia escogió el escenario más ventajoso para el presupuesto estatal en su conjunto, de la misma forma en que lo haría una gran sociedad de cartera con múltiples acreedores. Desde esta perspectiva, contrariamente a la opinión de la Comisión, el Estado ni podía ni debía estimar los resultados de la privatización y de la liquidación por separado para cada uno de los organismos públicos en cuestión.
(19)
Además, al estimar los resultados de la liquidación, el Estado estaba habilitado para tener en cuenta las pérdidas asociadas a la ejecución de la garantía de 1998, porque un inversor privado también habría concedido esa garantía a Petrotub en las condiciones dadas. La empresa no estaba en crisis en el momento en que se le concedió la garantía y la prima de riesgo aplicada a Petrotub por la garantía era una remuneración adecuada para una garantía de accionista emitida a favor de una empresa cuya situación en aquel momento era buena.
(20)
Por otra parte, la garantía de 1998 debe evaluarse desde la perspectiva de las correspondientes normas sobre ayudas estatales vigentes en ese momento. La Comunicación de la Comisión sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo aplicable entonces excluía el seguro de crédito a la exportación a largo plazo del ámbito de investigación a tenor del artículo 107, apartado 1, del TFUE (en ese momento artículo 87, apartado 1, del Tratado CE) (15). Rumanía también subrayó que en 1998, cuando se concedió la garantía, Petrotub era un fabricante de tubos y como tal no entraba dentro de la definición de acero de la CECA ni de lo dispuesto en el Protocolo no 2 sobre el acero CECA del Acuerdo Europeo.
(21)
AM Roman y ArcelorMittal, su empresa matriz, compartían totalmente los argumentos de Rumanía. Asimismo las empresas señalaron también que con arreglo a la normativa rumana aplicable en ese momento, y en virtud de las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo Europeo, la garantía estatal concedida a favor de Petrotub en 1998 no implicaba ayuda estatal. Por otra parte, la garantía de 1998 constituía una clara obligación comercial vinculante asumida por el Estado en calidad de accionista mayoritario de la empresa, por lo que puede incluirse en la estimación de los costes de liquidación. ArcelorMittal también señaló que había pagado un precio de mercado por la adquisición de Petrotub y que, por ello, cualquier posible ventaja derivada de la privatización, lo que no es el caso, se habría quedado en el Estado en calidad de vendedor.
V. EVALUACIÓN
1. Legislación aplicable y competencia de la Comisión
(22)
El presente procedimiento se refiere a hechos que tuvieron lugar antes de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea (1 de enero de 2007). Petrotub se privatizó en octubre de 2003. Asimismo, en 1998 el Estado rumano emitió una garantía a favor de Petrotub en relación con un préstamo de [30-50] millones EUR de KfW para la adquisición de una nueva laminadora. La garantía de 1998 está ligada a la privatización de 2003 en la medida en que Rumanía sostuvo que sus costes en caso de liquidación deberían tenerse en cuenta al evaluar la operación de privatización en el marco de una economía de mercado.
(23)
Como norma general, los artículos 107 y 108 del TFUE no se aplican a las medidas adoptadas antes de la adhesión que ya no sean aplicables después de ésta (16). A modo de excepción a esta norma general y, por tanto, con carácter excepcional, la Comisión es competente para revisar la ayuda estatal concedida por Rumanía en el contexto de la reestructuración de su sector siderúrgico antes de la adhesión sobre la base del anexo VII del Tratado de Adhesión de Rumanía (17).
(24)
El anexo VII incluye disposiciones que permiten a Rumanía finalizar la reestructuración de su industria siderúrgica iniciada antes de la adhesión. La reestructuración de la industria siderúrgica rumana previa a la adhesión se efectuó sobre la base del Protocolo no 2 relativo al acero CECA anejo al Acuerdo Europeo (en lo sucesivo denominado «Protocolo no 2»), ampliado por el Protocolo adicional firmado el 23 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «el Protocolo adicional»).
(25)
El Protocolo no 2 concedía a Rumanía un «periodo de gracia» de 5 años, de 1993 hasta finales de 1998, para reestructurar su industria siderúrgica CECA de cara a la adhesión. Este «periodo de gracia» se amplió hasta finales de 2004 a través de un Protocolo adicional aprobado por una Decisión del Consejo de 29 de julio de 2002 y firmado el 23 de octubre de 2002. Durante el «periodo de gracia» total resultante, a saber, de 1993 hasta finales de 2004, se dio permiso a Rumanía para conceder ayuda de reestructuración al sector siderúrgico en las condiciones que establece el Protocolo no 2 (ampliado por el Protocolo adicional) y sobre la base de un Programa Nacional de Reestructuración (en lo sucesivo denominado «PNR») acordado con la Comunidad. El Consejo aprobó el PNR rumano el 18 de julio de 2005 (18).
(26)
El anexo VII es un «mecanismo de salvaguardia» que permite a la Comisión supervisar después del 1 de enero de 2007 (fecha de la adhesión) la ayuda concedida por Rumanía al sector siderúrgico antes de la adhesión sobre la base del Protocolo no 2 (tal como fue ampliado por el Protocolo adicional) y el PNR. Además, el anexo VII da competencias a la Comisión para recuperar la ayuda concedida infringiendo el Protocolo no 2 y el PNR. Por consiguiente, el anexo VII es una lex specialis que permite, con carácter excepcional y alejándose del régimen general, supervisar y revisar de forma retroactiva la ayuda estatal concedida por Rumanía a la industria siderúrgica antes de la adhesión. En recientes sentencias relativas a las ayudas estatales concedidas antes de la adhesión a empresas siderúrgicas polacas (19), el Tribunal General confirmó el carácter de lex specialis del Protocolo 8 del Tratado de Adhesión de Polonia, que incluye disposiciones similares a las del anexo VII.
(27)
En el marco del presente procedimiento, la Comisión debe evaluar si la competencia excepcional de supervisión retroactiva descrita en los considerandos 23 a 26 anteriores cubre también las medidas acordadas por Rumanía antes de la adhesión a favor de los fabricantes de tubos. Para ello, las bases jurídicas aplicables a este asunto, el anexo VII en conjunción con el Protocolo no 2 y el Protocolo adicional, deben interpretarse para determinar si sus disposiciones cubren medidas adoptadas a favor de los fabricantes rumanos de tubos antes de la adhesión.
(28)
Existe un principio jurídico generalmente admitido por el que las disposiciones de una lex specialis, que constituye una excepción al régimen general, deben interpretarse en sentido estricto. Una interpretación estricta de las bases jurídicas antes mencionadas (véanse los considerandos 29 a 43 siguientes) lleva a la conclusión de que la competencia excepcional de supervisión retroactiva de la Comisión se limita a (posibles) ayudas concedidas antes de la adhesión a fabricantes CECA, quedando así excluidas las (posibles) ayudas a los fabricantes de tubos.
(29)
Los apartados 12 y 17 del anexo VII establecen las competencias de supervisión y control retroactivos de la Comisión respecto a las ayudas a la industria siderúrgica rumana antes de la adhesión. El apartado 12 faculta a la Comisión y al Consejo a supervisar estrechamente la ejecución del PNR rumano antes y después de la adhesión, hasta 2009. El apartado 17 faculta a la Comisión a recuperar las ayudas estatales concedidas infringiendo los apartados 1 a 3 del anexo VII (tal como se señala en los considerandos 30 a 32 siguientes).
(30)
El apartado 1 del anexo VII establece que las ayudas estatales concedidas por Rumanía para la reestructuración de «determinadas partes de la industria siderúrgica rumana» entre 1993 y 2004 se considerarán compatibles con el mercado común siempre que: «[…] el período establecido en el apartado 4 del artículo 9 del Protocolo no 2 sobre productos CECA del Acuerdo Europeo […] haya sido prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2005»; se cumplan las condiciones enunciadas en el PNR; no se conceda ni abone ningún tipo de ayuda pública a los beneficiarios del PNR después del 1 de enero de 2005; y «[…] no se conceda ninguna ayuda pública a la industria siderúrgica rumana después del 31 de diciembre de 2004». Se establece también que: «A los efectos de las presentes disposiciones y del Apéndice A, se entiende por ayuda pública a la reestructuración cualquier medida que afecte a las empresas siderúrgicas, que constituya ayuda pública en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y que no pueda considerarse compatible con el mercado común según las normas habitualmente aplicadas en la Comunidad.»
(31)
El apartado 2 del anexo VII prevé que solo las empresas que figuran como beneficiarias del PNR (citadas en la Parte I del Apéndice A) podrán optar a las ayudas estatales en el periodo 1993-2004.
(32)
El apartado 6 del anexo VII prevé que las empresas que no figuren como beneficiarias del PNR «no podrán recibir ayudas públicas para reestructuración ni ninguna otra ayuda» y no estarán obligadas a reducir su capacidad.
(33)
El apartado 1, primer párrafo, del anexo VII se refiere de modo explícito al artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2, ampliado por el Protocolo adicional firmado el 23 de octubre de 2002. El Protocolo no 2 cubría solo el acero CECA e incluso enumeraba los productos siderúrgicos CECA en un anexo. En este último se reproducía la misma lista de los productos CECA establecida en el anexo I del Tratado CECA, en el que la definición de «productos del acero CECA» excluía expresamente a los «tubos de acero (sin soldadura o soldados), […], las barras calibradas y las piezas de moldeo de fundición (tubos y accesorios de tubería, piezas de fundería)».
(34)
El Tratado CECA expiró el 23 de julio de 2002. A partir de esa fecha, las ayudas estatales a la industria siderúrgica entraron en el régimen general de la CE. Con este motivo, se decidió ampliar la definición del sector siderúrgico europeo con objeto de incluir a los fabricantes de tubos. Esto se codificó en el artículo 27 y en el anexo B de las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (20), que pasó a definir el sector siderúrgico de la UE para incluir los tubos sin soldadura y los tubos soldados de grandes dimensiones (de un diámetro superior a 406,4 mm). Esta definición ampliada del sector siderúrgico fue incluida posteriormente en el anexo I de las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional para el período 2007-2013 (21) y en el artículo 2, punto 29, del Reglamento general de exención por categorías (22).
(35)
Sin embargo, ni el Protocolo no 2 ni el Protocolo adicional se modificaron explícitamente para incluir esta definición más amplia del sector siderúrgico de la UE en la que están incluidos los fabricantes de tubos. El Protocolo no 2 expiró el 31 de diciembre de 1997. El Protocolo adicional prorrogó la validez del Protocolo no 2 a partir del 1 de enero de 1998 por otros ocho años o hasta la fecha de la adhesión de Rumanía (de las dos, la que se produjera antes). El Protocolo adicional se refiere a «productos del acero» en general, pero su ámbito está también específicamente vinculado al artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2, que cubre solo los productos CECA. En particular, a tenor del artículo 2 del Protocolo adicional, la prórroga del Protocolo no 2 se condicionó a que Rumanía presentara a la Comisión un PNR y planes para la reestructuración de empresas beneficiarias del mismo que cumplieran «los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 4, del Protocolo no 2 del Acuerdo Europeo y que hayan sido evaluados por la Autoridad responsable del control de las ayudas estatales de dicho país (el Consejo de Competencia)».
(36)
Por consiguiente, debe concluirse que el apartado 17 del anexo VII, interpretado desde la perspectiva de los apartados 1, 2 y 6 del anexo VII, junto con el Protocolo no 2 y con el Protocolo adicional, no da competencia a la Comisión para supervisar la ayuda concedida a los fabricantes rumanos de tubos antes de la adhesión, en particular en el periodo 1993 a 2004.
(37)
Además de la interpretación jurídica del ámbito de aplicación de las correspondientes bases jurídicas (a saber, el anexo VII, el Protocolo no 2 y el Protocolo adicional, véanse los considerandos 29-36 anteriores), la Comisión examinó también la cuestión de si eran relevantes las normas de aplicación de las disposiciones relativas a las ayudas estatales del Acuerdo Europeo y del Protocolo no 2, tal como fueron adoptadas por la Comunidad y Rumanía en 2001 (en lo sucesivo denominadas las «normas de aplicación» (23)), para determinar el ámbito de competencia del control retroactivo de la Comisión respecto a (posibles) ayudas anteriores a la adhesión a los fabricantes rumanos de tubos.
(38)
Como principio general, las normas de aplicación incluyen normas de procedimiento que deben distinguirse de las disposiciones sustantivas sobre ayudas estatales del Acuerdo Europeo y del Protocolo no 2. Debe señalarse, sin embargo, que las normas de aplicación incluyen también disposiciones específicas sobre los criterios para evaluar la compatibilidad de la ayuda con el Acuerdo Europeo y el Protocolo no 2, respectivamente.
(39)
El artículo 2, apartado 1, de las normas de aplicación dispone: «La evaluación de la compatibilidad de los programas y ayudas aisladas con las disposiciones del Acuerdo Europeo, tal como establece el artículo 1 de las presentes normas, se efectuará sobre la base de los criterios resultantes de la aplicación de las disposiciones del artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, incluidos el Derecho derivado actual y futuro, los marcos, las directrices y otros actos administrativos vigentes en la Comunidad, así como la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de cualquier decisión adoptada por el Consejo de asociación con arreglo al apartado 3 del artículo 4». Esta frase establece el principio general de que los criterios sustantivos para evaluar la compatibilidad de la ayuda estatal en general con el Acuerdo Europeo son «evolutivos», en el sentido en que incorporan las modificaciones y evoluciones de la legislación y la jurisprudencia de la UE.
(40)
La segunda frase del artículo 2, apartado 1, se refiere, en particular, a los criterios de compatibilidad establecidos en el Protocolo 2: «En la medida en que los programas y ayudas aisladas estén destinados a productos cubiertos por el Protocolo 2 del Acuerdo Europeo, se aplicará plenamente la primera frase del presente apartado, con la excepción de que la evaluación no se efectuará sobre la base de los criterios resultantes de la aplicación de las disposiciones del artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sino sobre la base de los criterios resultantes de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero». Debe señalarse que la redacción de esta frase indica claramente que, frente a la situación de la ayuda general cubierta por la primera frase del artículo 2, apartado 1, (véase el considerando 41 anterior), en el caso de la ayuda cubierta por el Protocolo no 2, los criterios de compatibilidad evolucionan teniendo como referencia el Tratado CECA. No existen indicaciones específicas con respecto a la evolución de los criterios de compatibilidad tras la expiración del Tratado CECA en 2002.
(41)
El artículo 2, apartados 2 y 3, de las normas de aplicación establecen el mecanismo por el que Rumanía debe incorporar los cambios en los criterios de compatibilidad de la UE. En particular se informará a Rumanía de toda modificación de los criterios comunitarios de compatibilidad en la medida en que no se hayan publicado y «Las modificaciones respecto de las cuales Rumanía no haya planteado objeciones en un plazo de tres meses se convertirán en criterios de compatibilidad con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. En caso de que estas modificaciones planteen objeciones por parte de Rumanía, y habida cuenta de la aproximación de las legislaciones establecida por el Acuerdo Europeo, se celebrarán consultas con arreglo a los artículos 7 y 8 de las presentes normas».
(42)
Si bien Rumanía no presentó objeciones en el plazo de tres meses desde la modificación de 2002 de la definición comunitaria de la industria del carbón y del acero para incluir a los fabricantes de tubos, estas modificaciones no podrían haberse aplicado a las medidas que no entraban en el ámbito de aplicación del Acuerdo Europeo, es decir, las no cubiertas por el Tratado CECA. Además, como el anexo VII es una lex specialis, al determinar su alcance la Comisión no puede basarse en la ampliación de la definición de acero UE tras la expiración del Tratado CECA. Por ello, debe concluirse que debe hacerse una distinción clara entre la naturaleza «evolutiva» de la legislación aplicable a la ayuda estatal al sector siderúrgico rumano antes de la adhesión, con arreglo al Acuerdo Europeo, y la interpretación estricta necesaria del ámbito de competencia de la supervisión retroactiva de la Comisión tal como resulta del anexo VII, el Protocolo no 2 y el Protocolo adicional.
VI. CONCLUSIÓN
(43)
Sobre la base de las consideraciones anteriores (véanse, en particular, los considerandos 36 y 42 anteriores), la Comisión concluye que no tiene competencia para revisar las medidas concedidas a los fabricantes de tubos rumanos antes de la adhesión, en particular en el periodo 1993-2004, sobre la base del anexo VII. Se da por concluido el presente procedimiento, tomando nota de que la Comisión no dispone de las competencias necesarias para evaluar los hechos de que se trata.
DECIDE:
Artículo 1
El procedimiento de investigación formal previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE, iniciado mediante la carta remitida a Rumanía el 25 de septiembre de 2007, se da por concluido porque la Comisión no dispone de competencias, a tenor del anexo VII, sección B, del Tratado de Adhesión de Rumanía, para revisar las medidas adoptadas por Rumanía en el contexto de la privatización de Petrotub Roman S.A en 2003.
Artículo 2
El destinatario de la presente Decisión será Rumanía.
Hecho en Bruselas, el 6 de julio de 2010.

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