Document ID: 32010D0707

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 21 de octubre de 2010
relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros
(2010/707/UE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 148, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3),
Visto el dictamen del Comité de Empleo (4),
Considerando lo siguiente:
(1)
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone en su artículo 145 que los Estados miembros y la Unión se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo y en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Teniendo en cuenta las prácticas nacionales relativas a las responsabilidades de los interlocutores sociales, los Estados miembros considerarán el fomento del empleo como un asunto de interés común y coordinarán sus actuaciones al respecto en el seno del Consejo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 TFUE.
(2)
El TUE establece en su artículo 3, apartado 3, que la Unión tenderá al pleno empleo y combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, y prevé que la Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros. El artículo 8 TFUE estipula que en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, y su artículo 9 establece que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación y formación.
(3)
El TFUE dispone que el Consejo adopte orientaciones para las políticas de empleo y orientaciones generales para las políticas económicas, a fin de orientar las políticas de los Estados miembros.
(4)
La Estrategia de Lisboa, puesta en marcha en 2000, se basaba en el reconocimiento de que es necesario aumentar el empleo, la productividad y la competitividad de la UE, mejorando a la vez la cohesión social, frente a la competencia mundial, el cambio tecnológico, los desafíos medioambientales y el envejecimiento de la población. La Estrategia de Lisboa se relanzó en 2005, tras una evaluación intermedia que la centró más aún en el crecimiento y en la búsqueda de más empleos y de mejor calidad.
(5)
La Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo ayudó a forjar un consenso en torno a la orientación general de las políticas económicas y de empleo de la UE. En virtud de esta Estrategia, tanto directrices generales para las políticas económicas como directrices para las políticas de empleo fueron adoptadas por la Decisión 2005/600/CE del Consejo (5) y revisadas en la Decisión 2008/618/CE del Consejo (6). Las 24 directrices pusieron las bases de los programas nacionales de reforma, esbozando las principales prioridades de reforma macroeconómica, microeconómica y del mercado laboral para el conjunto de la Unión. No obstante, la experiencia ha puesto de manifiesto que las directrices no fijaron unas prioridades suficientemente claras y que los vínculos entre ellas podrían haber sido más fuertes. Ello limitó sus efectos sobre la elaboración de estrategias nacionales.
(6)
La crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido como consecuencia importantes pérdidas de empleo y producción potencial y ha provocado un deterioro espectacular de las finanzas públicas. No obstante, el Plan Europeo de Recuperación Económica ha ayudado a los Estados miembros a afrontar la crisis, en parte gracias a unas medidas coordinadas de estímulo fiscal, en las que el euro ha desempeñado un papel de sostén de la estabilidad macroeconómica. Así pues, la crisis hizo patente que cuando la coordinación de las políticas de la Unión es reforzada y se hace efectiva, puede dar lugar a resultados significativos. La crisis puso también de relieve la estrecha interdependencia entre los resultados de los Estados miembros en el ámbito económico y en el del empleo.
(7)
La Comisión propuso establecer una nueva estrategia para la próxima década, conocida como «la Estrategia Europa 2020», que permita a la Unión emerger más fuerte de la crisis y orientar su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo que vaya parejo con un nivel elevado de empleo, productividad y cohesión social. Cinco metas principales, expuestas en el anexo bajo las orientaciones correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros, teniendo en cuenta sus relativas posiciones de partida y circunstancias nacionales, y que también orientan la actuación de la Unión. Además, los Estados miembros deben realizar todos los esfuerzos posibles para cumplir sus objetivos nacionales y eliminar los obstáculos al crecimiento.
(8)
Como parte de las estrategias generales de superación de la crisis económica, los Estados miembros deben aplicar reformas ambiciosas para garantizar la estabilidad macroeconómica, la promoción de más y mejores puestos de trabajo y la viabilidad de las finanzas públicas, mejorar la competitividad y la productividad, reducir los desequilibrios macroeconómicos y mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. La retirada de los incentivos fiscales se llevará a cabo y se coordinará en el marco del Pacto de estabilidad y crecimiento.
(9)
Dentro de la Estrategia Europa 2020, los Estados miembros y la Unión Europea deben aplicar reformas dirigidas al «crecimiento inteligente», es decir, el crecimiento impulsado por el conocimiento y la innovación. Las reformas deben orientarse a mejorar la calidad de la educación, y garantizar el acceso universal a la misma, así como a consolidar los resultados de la investigación y la actividad empresarial y a seguir mejorando el marco reglamentario, para promover la innovación y la transferencia de conocimientos en toda la Unión. Deben promover el espíritu emprendedor y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME) y ayudar a convertir las ideas creativas en productos, servicios y procesos que puedan generar crecimiento, empleos sostenibles y de calidad y cohesión territorial, económica y social y que permitan afrontar de manera más eficiente los retos derivados de los cambios sociales en Europa y en el mundo. En este contexto es fundamental aprovechar al máximo las tecnologías de la información y la comunicación.
(10)
Las políticas de la Unión y de los Estados miembros, incluidos sus programas de reforma, deben aspirar al «crecimiento sostenible». El crecimiento sostenible significa construir una economía que aproveche los recursos y la energía con eficacia y que sea viable y competitiva, que distribuya de manera justa los costes y los beneficios y que aproveche el liderazgo europeo en la carrera para desarrollar nuevos procesos y tecnologías, incluidas las tecnologías verdes. Los Estados miembros y la Unión deben llevar a cabo las reformas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y utilizar los recursos eficientemente, lo cual también contribuirá a impedir la degradación del medio ambiente y la pérdida de biodiversidad. Deben mejorar también sus entornos empresariales, estimular la creación de empleo «verde» y ayudar a las empresas a que modernicen sus bases industriales.
(11)
Las políticas de la Unión y los programas de reforma de los Estados miembros también deben aspirar al «crecimiento integrador». El crecimiento integrador consiste en construir una sociedad cohesionada en la que se capacite a las personas para prever y gestionar el cambio, participando así activamente en la sociedad y la economía. Por consiguiente, las reformas aplicadas por los Estados miembros deben garantizar a todos los ciudadanos acceso y oportunidades a lo largo de toda su vida, reduciendo así la pobreza y la exclusión social mediante la eliminación de los obstáculos a la participación en el mercado laboral, especialmente para las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, las personas con discapacidad y los emigrantes en situación regular. Deben velar también por que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los ciudadanos y regiones y promuevan un crecimiento que potencie el empleo basado en un trabajo digno. Los programas de reforma de los Estados miembros deben pues tener como elementos fundamentales garantizar el buen funcionamiento de los mercados laborales invirtiendo para que las transiciones tengan éxito, en sistemas de educación y formación, en desarrollar capacitaciones adecuadas, y mejorar la calidad del trabajo y la lucha contra la segmentación, el desempleo estructural y juvenil y la inactividad, garantizando a la vez una protección social adecuada y sostenible y la integración activa a fin de prevenir y reducir la pobreza, prestando una atención particular a la lucha contra la pobreza en el trabajo y a la reducción de la pobreza en el seno de los grupos que corren un mayor riesgo de marginación social, incluidos los niños y los jóvenes, al tiempo que llevan a cabo la consolidación fiscal convenida.
(12)
Una mayor participación de la mujer en el mercado laboral constituye una condición previa para impulsar el crecimiento y hacer frente a los desafíos demográficos. Una perspectiva de igualdad de género visible, integrada en todas los ámbitos de las políticas pertinentes, es, por consiguiente, crucial para la ejecución de todos los aspectos de las orientaciones en los Estados miembros. Han de crearse las condiciones para fomentar la prestación de unos servicios de atención infantil que sean adecuados, asequibles y de calidad para los niños en edad preescolar. Debe aplicarse el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
(13)
Las reformas estructurales llevadas a cabo por la Unión y los Estados miembros pueden contribuir efectivamente al crecimiento y el empleo si consiguen que la Unión sea más competitiva en la economía mundial, abren nuevas oportunidades para los exportadores europeos y facilitan un acceso competitivo a las importaciones esenciales. Por tanto, deben tenerse en cuenta las implicaciones de las reformas en materia de competitividad exterior, a fin de fomentar el crecimiento y la participación de Europa en mercados abiertos y justos en todo el mundo.
(14)
La Estrategia Europa 2020 debe sustentarse en un conjunto integrado de políticas europeas y nacionales que los Estados miembros y la Unión habrán de aplicar plenamente y a su debido tiempo, a fin de aprovechar los efectos positivos de unas reformas estructurales coordinadas y una contribución más coherente de las políticas europeas a los objetivos de la Estrategia. Las orientaciones constituyen un marco para que los Estados miembros conciban, apliquen y supervisen políticas nacionales en el contexto de la estrategia general de la UE. Los objetivos principales «Europa 2020» que se enumeran en las orientaciones pertinentes deben servir de orientación a los Estados miembros para definir sus propios objetivos nacionales, tanto principales como secundarios, teniendo en cuenta la situación de partida de cada uno de ellos y las circunstancias nacionales, así como sus procedimientos nacionales de toma de decisiones. Allí donde existan, los Estados miembros podrán servirse de los indicadores elaborados por el Comité de empleo o por el Comité de protección social, según proceda. El objetivo principal de empleo se orienta hacia la reducción del desempleo de los grupos vulnerables, incluidos los jóvenes.
(15)
La política de cohesión y sus Fondos Estructurales se encuentran entre los mecanismos importantes tendentes a alcanzar las prioridades de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los Estados miembros y en las regiones. En sus Conclusiones de 17 de junio de 2010, el Consejo Europeo destaca la importancia de fomentar la cohesión económica, social y territorial, así como de desarrollar las infraestructuras para contribuir al éxito de la nueva Estrategia Europa 2020.
(16)
Al concebir y ejecutar sus programas nacionales de reforma teniendo en cuenta las orientaciones que figuran en el anexo, los Estados miembros deben velar por una gobernanza efectiva en la política de empleo. Aunque las presentes orientaciones se dirigen a los Estados miembros, la Estrategia Europa 2020 debe aplicarse, supervisarse y evaluarse, según proceda, en conjunción con todas las autoridades nacionales, regionales y locales y en estrecha asociación con los parlamentos, así como los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil, que deben colaborar en la elaboración y la aplicación de los programas nacionales de reforma y en la comunicación general sobre la Estrategia.
(17)
La Estrategia Europa 2020 se apoya en un conjunto más reducido de orientaciones que sustituyen a las 24 anteriores y tratan de manera coherente los temas relacionados con el empleo y con la política económica general. Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros que figuran en anexo de la presente Decisión están íntimamente ligadas a las orientaciones para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión que figuran en anexo a la Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2010, sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (7). Juntas constituyen «las Orientaciones Integradas Europa 2020».
(18)
Estas nuevas orientaciones integradas van en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de estabilidad y crecimiento. Las orientaciones para el empleo deben constituir la base de cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a un Estado miembro en virtud del artículo 148, apartado 4, TFUE, al mismo tiempo que las recomendaciones específicas que se dirijan a Estados miembros concretos en virtud del artículo 121, apartado 4, de dicho Tratado, con el fin de constituir un conjunto coherente de recomendaciones. Las orientaciones para el empleo deben constituir también la base para elaborar el informe conjunto sobre el empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión al Consejo Europeo.
(19)
El Comité de empleo y el Comité de protección social deben supervisar los progresos en relación con el empleo y los aspectos sociales de las orientaciones para el empleo, conforme a sus respectivos mandatos basados en los Tratados. A este respecto, debe basarse en especial en las actividades llevadas a cabo con arreglo al método abierto de coordinación en los ámbitos del empleo y la protección social y de la inclusión social. Además, el Comité de empleo debe mantener estrechos contactos con otros órganos preparatorios del Consejo pertinentes, también en el ámbito de la educación.
(20)
Aunque deberán elaborarse cada año, estas orientaciones deben mantenerse estables hasta 2014 para poder concentrar los esfuerzos en su aplicación.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se adoptan las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros que figuran en el anexo.
Artículo 2
En sus políticas de empleo, los Estados miembros tendrán en cuenta las orientaciones, sobre las que se informará en los programas nacionales de reforma.
Artículo 3
Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.
Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2010.

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