Document ID: 32012D0642

DECISIÓN 2012/642/PESC DEL CONSEJO
de 15 de octubre de 2012
relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Considerando lo siguiente:
(1)
El Consejo adoptó por primera vez medidas restrictivas contra Belarús en virtud de la Posición Común 2004/661/PESC (1). El Consejo continuó manifestando su profunda preocupación por la constante falta de respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Belarús, y por que no se haya liberado ni rehabilitado a los prisioneros políticos, por lo que renovó y prorrogó sus medidas.
(2)
El 25 de octubre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/639/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Belarús (2).
(3)
La existencia de motivos concretos de preocupación dio lugar a la imposición de medidas restrictivas contra personas que el Informe Pourgourides considera claves en las desapariciones no resueltas de cuatro personas muy conocidas, en Belarús en 1999 y 2000, y de su subsiguiente encubrimiento, o responsables de no poner en marcha investigaciones independientes o diligencias judiciales en relación con estas desapariciones.
(4)
También se impusieron medidas contra los responsables de las elecciones y el referéndum fraudulentos que se celebraron en Belarús el 17 de octubre de 2004, en el caso de la vulneración de las normas electorales internacionales en las elecciones presidenciales en Belarús el 19 de marzo de 2006 y el 19 de diciembre de 2010, y contra los responsables de varias violaciones graves de los derechos humanos y de la represión contra manifestantes pacíficos tras las elecciones y el referéndum.
(5)
Tienen una responsabilidad particular los funcionarios directamente implicados o responsables del carácter fraudulento de las elecciones presidenciales y del referéndum; los responsables de la organización y la difusión de información falsificada a través de los medios de comunicación controlados por el Estado; los responsables del uso excesivo e injustificado de la fuerza contra manifestantes desarmados y pacíficos; los responsables de la aplicación continuada de sanciones penales y administrativas por motivos políticos contra amplios grupos de representantes de la sociedad civil, la oposición democrática, ONG y medios de comunicación independientes en Belarús; y los responsables de la violación sistemática y coordinada de normas internacionales de derechos humanos y de las leyes de la República de Belarús en la administración de justicia, y del recurso a métodos coercitivos y de intimidación contra los representantes legales de los detenidos y contra otras personas.
(6)
Además, dada la gravedad de la situación, es preciso imponer medidas también contra las personas con cargos dirigentes en Belarús, así como las personas y entidades que se benefician del régimen de Lukashenko o lo apoyan, en particular las personas y entidades que facilitan apoyo financiero o material al régimen.
(7)
Para garantizar la efectividad de tales medidas, estas deben aplicarse también a entidades que sean propiedad o estén bajo control de personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil o de la oposición democrática, o cuyas actividades atenten gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho en Belarús, y aplicarse a entidades que sean propiedad o estén bajo control de personas y entidades que se beneficien del régimen de Lukashenko o lo apoyen.
(8)
Observando que en las últimas elecciones de 23 de septiembre de 2012 tampoco se han respetado las normas internacionales, en particular según los primeros resultados de la misión de observación de elecciones de la OSCE/OIDDH en Belarús, y que no ha mejorado la situación en materia de democracia, derechos humanos y cumplimiento del Estado de Derecho, el Consejo mantiene su profunda preocupación en relación con la situación de Belarús.
(9)
Tras haberse reexaminado la Decisión 2010/639/PESC, conviene prorrogar las medidas restrictivas hasta el 31 de octubre de 2013.
(10)
En aras de la claridad, las medidas impuestas por la Decisión 2010/639/PESC deben integrarse en un único instrumento jurídico.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
1. Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Belarús de armamento y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, así como equipos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos, o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, independientemente de que dichos artículo sean o no originarios de estos territorios.
2. Se prohíbe:
a)
ofrecer, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios en relación con los artículos indicados el apartado 1, o en relación con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de tales artículos a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Belarús o para su utilización en ese país;
b)
ofrecer, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en el apartado 1, incluidos, en particular, subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de dichos artículos, o para la prestación de asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Belarús para su utilización en ese país;
c)
participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones a que se refieren las letras a) o b).
Artículo 2
1. El artículo 1 no se aplicará a:
a)
la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de equipos militares no letales o de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección, o para programas de desarrollo institucional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE), o para operaciones de gestión de crisis de la UE y la ONU;
b)
la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de vehículos no destinados al combate que hayan sido fabricados o equipados con materiales que les aporten protección balística, destinados exclusivamente a la protección del personal de la UE y sus Estados miembros en Belarús;
c)
la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios en relación con dicho equipo o dichos programas y operaciones;
d)
el suministro de financiación y asistencia financiera relativa a dicho equipo o a dichos programas y operaciones,
siempre que la correspondiente autoridad competente haya aprobado previamente las exportaciones y la asistencia en cuestión.
2. El artículo 1 no se aplicará a las prendas de protección, incluidos los chalecos antimetralla y cascos militares, exportados temporalmente a Belarús por personal de las Naciones Unidas, personal de la Unión Europea o sus Estados miembros, representantes de los medios de comunicación, trabajadores humanitarios y cooperantes y personal asociado, únicamente para su uso personal.
Artículo 3
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en su territorio o el tránsito por el mismo de las personas:
a)
responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil o de la oposición democrática, o las personas cuyas actividades atenten gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho en Belarús, o de cualquier persona vinculada con aquellas,
b)
que se benefician del régimen de Lukashenko o lo apoyan,
que se enumeran en el anexo.
2. El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a prohibir a sus propios nacionales la entrada en su territorio.
3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por el Derecho internacional, a saber:
a)
como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental,
b)
como país anfitrión de una conferencia internacional convocada por la Organización de las Naciones Unidas o auspiciada por esta;
c)
en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades;
o
d)
en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.
4. El apartado 3 se considerará aplicable también a aquellos casos en los que un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
5. Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 3 o 4.
6. Los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas impuestas en el apartado 1 en los casos en que el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o por razones de asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales, incluidas las promovidas por la Unión o de las que esta sea anfitriona, o las celebradas en un Estado miembro que ocupe la Presidencia en ejercicio de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Belarús.
7. Todo Estado miembro que desee conceder las exenciones a que se refiere el apartado 6 lo notificará por escrito al Consejo. Se considerarán concedidas las exenciones a menos que uno o varios miembros del Consejo presenten objeciones por escrito en el plazo de dos días laborables desde la recepción de la notificación de la exención propuesta. En caso de que algún miembro del Consejo formule una objeción, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá decidir que se conceda la exención propuesta.
8. En aquellos casos en que, con arreglo a los apartados 3, 4, 6 y 7, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por el mismo de alguna de las personas enumeradas en el anexo, la autorización estará limitada al motivo por el cual se haya concedido y a la persona a la que afecte.
Artículo 4
1. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control, o tenencia correspondan a:
a)
personas, entidades u organismos responsables de violaciones graves de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o cuyas actividades atenten gravemente contra la democracia y el Estado de Derecho en Belarús, o a cualesquiera personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellos, así como a cualesquiera personas físicas o jurídicas, entidades u organismos de propiedad de los mismos o controlados por ellos;
b)
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que se benefician del régimen de Lukashenko o lo apoyan, así como a personas jurídicas, entidades u organismos de propiedad de los mismos o controlados por ellos,
según se enumeran en el anexo.
2. No se pondrá a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo, ni se utilizará en su beneficio ningún tipo de fondos o recursos económicos.
Artículo 5
1. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación o disposición de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, en las condiciones que consideren adecuadas, tras haberse cerciorado de que dichos fondos o recursos económicos:
a)
son necesarios para sufragar las necesidades básicas de personas enumeradas en el anexo y de los familiares a su cargo, tales como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;
b)
se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables o al reembolso de gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos;
c)
se destinan exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos o recursos económicos inmovilizados;
d)
son necesarios para sufragar gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente notifique a las demás autoridades competentes y a la Comisión los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica, al menos dos semanas antes de su concesión; o
e)
se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular, o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados a efectos oficiales de la misión diplomática o consular, o de la organización internacional.
Los Estados miembros informarán a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al presente artículo.
2. El artículo 4, apartado 2, no se aplicará al abono en las cuentas inmovilizadas:
a)
de intereses u otros beneficios correspondientes a esas cuentas; o
b)
de pagos adeudados en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones previos a la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a las disposiciones de la Posición Común 2006/276/PESC, la Decisión 2010/639/PESC del Consejo, o la presente Decisión,
siempre y cuando tales intereses, beneficios y pagos sigan estando sujetos a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1 de la presente Decisión.
3. El artículo 4, apartado 1, no impedirá que una persona física o jurídica, entidad u organismo de los incluidos en la lista efectúe pagos adeudados en virtud de contratos suscritos antes de que se incluyera en la lista a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, siempre y cuando el Estado miembro correspondiente haya comprobado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una persona física o jurídica, entidad u organismo de los contemplados en el artículo 4, apartado 1.
Artículo 6
1. El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, adoptará las modificaciones de las listas que figuran en el anexo que requiera la evolución política de Belarús.
2. El Consejo comunicará su decisión y su motivación a la persona afectada, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.
3. Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas relevantes, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona interesada.
Artículo 7
Para dar el máximo efecto a las medidas antes citadas, la Unión animará a los terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las contenidas en la presente Decisión.
Artículo 8
La presente Decisión será aplicable hasta el 31 de octubre de 2013. Estará sujeta a revisión continua. Se podrá prorrogar o modificar, según proceda, si el Consejo estima que no se han logrado sus objetivos.
Artículo 9
La presente Decisión entrará en vigor el 1 de noviembre de 2012.
Hecho en Luxemburgo, el 15 de octubre de 2012.

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