Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030727.htm
Timestamp: 2020-04-02 06:04:49+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Domingo 27 Julio 2003
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Julio 2003
¿HAY QUE DEFENDER EL ESTATUTO
JON JUARISTI ABC 27 Julio 2003
Euskalherría: de nación a estado
Pablo Mosquera La Razón 27 Julio 2003
Carencia de interés legítimo
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 27 Julio 2003
IBARRETXE, UN RIESGO PARA EL PNV
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 27 Julio 2003
José María Carrascal La Razón 27 Julio 2003
Aún queda cordura en el PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 27 Julio 2003
El avispero corso
FERNANDO SAVATER/ EL Correo 27 Julio 2003
El separatismo asimétrico
PEDRO ARIAS La Voz 27 Julio 2003
Galleguismo total
ARTURO MANEIRO La Voz 27 Julio 2003
¿Un modelo para la independencia de Euskadi
JAVIER ROJO El Correo 27 Julio 2003
País Vasco: todo puede ir a peor
Manuel Campo Vidal La Voz 27 Julio 2003
Jesús Cardenal: «El plan de Ibarretxe es un choque frontal inasumible»
MANUEL MARÍN ABC 27 Julio 2003
«El Gobierno vasco busca conflictos para justificar el plan Ibarretxe»
LUIS CALDEVILLA VITORIA El Correo 27 Julio 2003
Expertos en Derecho coinciden en que el plan de Ibarretxe carece de encaje en el marco español y europeo
J. J. CORCUERA BILBAO El Correo 27 Julio 2003
El PP arremete contra el PNV por permitir la «apología de ETA» en las fiestas de Guecho
J. Arias Borque - Vitoria.- La Razón 27 Julio 2003
Por CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Julio 2003
EL nacionalismo vasco ha llegado hasta este punto gracias al Terror. El PNV debe su hegemonía a ETA. Por eso ahora la protege. La consolidación de la ideología nacionalista ha tenido como partera al Terror (asesinatos, extorsiones, intimidaciones colectivas, negación de los derechos ciudadanos frente a los que da la pertenencia a la comunidad euskaldún...) y, a su vez, la barbarie ha encontrado su justificación en los supuestos nacionalistas (idea de un «pueblo» vasco, de una raza vasca, de una nación negada, de una cultura proscrita...)
Ideología y Terror han sido la fórmula para conformar lo que es en estos momentos un proyecto totalitario que se considera suficientemente maduro y fuerte como para desafiar al Estado, para hablarle de igual a igual. Ahora bien, llegados a este límite, ¿qué hacer?
Para no volver a equivocarnos una vez más, y sobre todo en este punto crítico, convendría hacer un examen de lo hecho hasta ahora en relación con aquel titubeante e inseguro nacionalismo de los años sesenta. Convendría analizar los comportamientos de los distintos gobiernos, de los partidos nacionales, de los intelectuales, de la ciudadanía vasca y no vasca. Convendría, y no ya para torturarnos sino para actuar con eficacia, hacer un repaso de las actitudes de los no nacionalistas ante la actuación doble, bifronte, engañosa, del nacionalismo vasco. Por un lado el juego institucional, por otro el terrorismo. Durante años negaron connivencias aunque -hay que decirlo todo- siempre afirmaron que etarras y pacíficos tenían los mismos objetivos, emancipadores y racistas. La buena fe vino de la ceguera o cobardía, o de las dos cosas a la vez. No se quiso aceptar lo obvio. Y de ese modo se permitió la creación de un proyecto totalitario, primero con la bendición de los no nacionalistas, abrumados siempre de no se sabe qué mala conciencia histórica, y después con el temor que les daba la detención del proceso. Por si las cosas pudieran empeorar. Por todo esto, el caso del totalitarismo nacionalista vasco es verdaderamente original. Ni tiene que ver con el Terror revolucionario francés, ni se produce al calor de una guerra civil, como sucedió con el comunismo ruso, ni con el acceso al poder mediante la vía parlamentaria en el caso nazi. Aquí el totalitarismo vasco surge cobijado, permitido, en el seno de un Estado democrático y a partir de una parte de ese Estado. En este proceso de un cuarto de siglo se pasa de la existencia de dos nacionalismos, en función de los métodos institucionales o terroristas, a la convergencia pública de los dos. En estos momentos la defensa de Batasuna por parte del PNV y EA pone de manifiesto la inmensa torpeza de los constitucionalistas.
¿Qué hacer, por tanto?
Para muchos el Gobierno y los partidos estatales deberían seguir la práctica de este último cuarto de siglo, esto es, ir sorteando la situación. No comprenden que ese comportamiento suicida no es aplicable ya. Sencillamente porque los nacionalistas totalitarios han dado cima a su proyecto y se ven obligados a cumplirlo. Diré más: los hemos llevado con nuestra permisividad y nuestra cobardía hasta este punto en que les resulta obligado seguir adelante. Por fin, tienen que coger el Estado, por fin tienen que realizar el sueño nacional. En esta situación, ¿cómo seguir recurriendo a mecanismos «normales»? Y, sobre todo, ¿por qué temer una reacción negativa cuando ya no es posible esperar algo más grave que este proyecto totalitario ya configurado? ¿Acaso la imposición del Estado a partir de los mecanismos constitucionales considerados extraordinarios podría llevar a una parte de los constitucionalistas a sumarse al proyecto totalitario?
Hemos dejado crecer el peor de los monstruos. ¿No deberíamos estar abochornados por nuestra trágica estupidez o, si queremos, nuestra escasísima sensibilidad democrática? De ésta y no de otra fuente ha salido esa terrible combinación de la Ideología y el Terror.
¿HAY QUE DEFENDER EL ESTATUTO?
Por JON JUARISTI ABC 27 Julio 2003
NO es casual que los nacionalistas vascos se preparen a poner de largo el plan Ibarreche a comienzos de otoño; es decir, en vísperas de la celebración del vigésimo quinto aniversario de la Constitución, porque se trata precisamente de eso: de aguar la fiesta ajena. Hablo de una puesta de largo oficial, con fotógrafos y cronistas de sociedad, pues el plan ya está en marcha desde hace unos cuantos años: desde que en 1998 el PNV y EA firmaran con ETA un pacto insurreccional. Tiene razón Mayor Oreja cuando afirma que dicho plan no es sino una etapa más del despliegue de la estrategia acordada en Estella y que el desafío de Atucha, Azcárraga y la mayoría abertzale-comunista del Parlamento de Vitoria al Tribunal Supremo y al Constitucional debe entenderse como otro paso en la progresiva destrucción de la legalidad en el País Vasco. El objetivo es la imposición de una independencia de facto que, en caso de lograrse, obligaría al Estado a pactar con el frente nacionalista la solución que éste decida presentar: un estatuto de comunidad libre asociada, uno de república soviética o de principado episcopal con protectorado sobre Navarra, la Rioja y el Burgo de Osma, u otro de Confederación de Cantones Surrealistas o de Reserva Étnica Soberana de Cromañoides, porque de todo puede haber en los siete borradores que el lehendakari baraja junto al que ya hemos conocido esta semana, y cuya lectura escalonada matará de euskoaburrimiento a más de uno.
Una primera ojeada al texto filtrado me reveló, en efecto, el inconfundible estilo de la nínfula Egeria de Ibarreche: un catedrático de la Universidad del País Vasco (aunque de materia más bien intrascendente), antiguo etarra de los que no caen nada mal a Anasagasti, y plasta verdaderamente peligroso, amén de perceptor simultáneo de dos sueldos públicos. Con todo y haberlo padecido desde temprana edad, leí detenidamente su propuesta. Prometo no perder ni un minuto más en la vida con frivolidades semejantes. O sea que, lejos de una exégesis de esta última -aunque me temo que no final- payasada, al decir de mi amigo Savater, lo que me dispongo a desarrollar aquí es un motivo personal de preocupación, no tan relacionado con la banda de Lizarra como con los partidos democráticos.
Pese a los ensayos de revolución neolítica de Ibarreche y Madrazo, pese incluso a las bombas de ETA contra estudiantes de español (barnetegis e ikastolas no parecen correr gran riesgo, de momento), es previsible que la Constitución resista. Pero el Estatuto de Autonomía va a llegar a su vigésimo quinto aniversario hecho unos zorros, si es que llega. En tal caso, ¿deben los demócratas proponerse salvarlo de la extinción definitiva, cueste lo que cueste, como si de una rara especie de lince prehispánico se tratara? La respuesta no es fácil, por más que lo políticamente correcto sea darla afirmativa. No es, sin embargo, tan sencillo porque, en primer lugar, los nacionalistas intentarán cargárselo -de hecho, se lo están cargando ya, toda vez que necesitan un vacío de legalidad, ya sea esta constitucional o estatutaria, para imponer el plan soberanista- y, en segundo, porque los nacionalistas esperan que los demócratas reaccionen ante esta operación haciendo lo políticamente correcto, de modo que, si la estrategia de Estella, alias Plan Ibarreche, fracasa, cualquiera que haya sido su coste social (incluyendo las muertes por terrorismo que ya se han producido y las que eventualmente se produzcan), puedan aquéllos replegarse a las trincheras abandonadas que los constitucionalistas, por mor de la corrección política, habrán guardado y defendido contra y para sus anteriores ocupantes.
Utilizo la metáfora bélica con total deliberación. No es mía: Aznar la empleó, durante el reciente debate parlamentario sobre el estado de la Nación, en su réplica a Anasagasti. Los nacionalistas, vino a decir el Presidente, nunca han dejado de valerse de las instituciones autonómicas como de una trinchera contra el Estado. Así ha sido, así es y no creo que pueda probarse lo contrario, ni siquiera para un mínimo período de estos ya casi veinticinco años de existencia de la Comunidad Autónoma Vasca. La única duda que esto plantea es si habría sido posible usar este Estatuto, el de 1979, de otra manera. Yo, lo adelanto, creo que no. Creo que el Estatuto de Autonomía fue construido fundamentalmente por los nacionalistas y para uso exclusivo de los nacionalistas, con independencia del hecho innegable de que bienintencionados demócratas de toda laya contribuyeran a su aprobación. Es más, cada vez que fuerzas constitucionalistas han intervenido en la gestión de las instituciones autonómicas vascas, lo han hecho desarrollando programas nacionalistas (como algún antiguo consejero socialista del Gobierno Autónomo Vasco tuvo en su día el valor de reconocer).
Nada de esto debería sorprender a nadie. Hemos vivido durante un cuarto de siglo inmersos en la piadosa ficción de que el Estatuto de 1979 fue hecho a la medida de la voluntad y los sueños de la mayoría de los vascos, nacionalistas y constitucionalistas. Todo, todo ha sido ficción, como lo de que el Estatuto arraigaba en una larga tradición de lucha democrática de los vascos por su autogobierno. ¿Larga?: se remonta como mucho a octubre de 1936, cuando los nacionalistas remisos a defender la República consiguieron del gobierno del Frente Popular el Estatuto de Autonomía que sólo ellos y los comunistas habían venido reclamando y que utilizaron para perder la guerra lo antes posible. Ni socialistas ni republicanos ni monárquicos vascos compartieron esa supuesta tradición tan vasca. Por ejemplo, desde el Sexenio Revolucionario, los republicanos vascos que se manifestaron partidarios de alguna forma de autogobierno -Becerro de Bengoa, Herrán, Gascue, el joven Unamuno en su avatar federalista- defendieron la democratización de los regímenes forales que las oligarquías provinciales habían manipulado contra la revolución liberal. De hecho, esa es la única tradición de lucha por el autogobierno que concitó la unanimidad fuerista -como la ha llamado algún historiador- de los liberales vascos del XIX: la lucha por encajar los fueros en la Constitución. Ni el Estatuto de 1936 ni el de 1979 enlazan con esa tradición democrática. Más fácil sería encontrarles un origen no tan remoto en el Manifiesto de Burgos que inauguró, en 1888, la andadura política de un integrismo del que surgiría Sabino Arana. Ya intuyó Unamuno lo que acabaría dando de sí esa tradición integrista cuando se refirió, en 1904, a la futura emergencia de siniestros comunismos aldeanos. Un siglo después, no cabe pedir mejor definición del conglomerado frentista desde donde se aprestan a aguarnos el cumpleaños constitucional del próximo otoño Ibarreche y Madrazo, Errasti y Otegui, Atucha y los Troitiño.
La cuestión, pues, no está ni medianamente clara. En serio: ¿hay que defender el Estatuto? O, más bien, ¿merece la pena defender este Estatuto?
Pablo Mosquera es presidente de Unidad Alavesa La Razón 27 Julio 2003
Una vez Garaicoetxea dijo que el Estatuto de Autonomía de Euskadi, con independencia de sus contenidos y grado de desarrollo, sólo era un instrumento hacia la soberanía del pueblo vasco. Con Ardanza se vivió una larga etapa de acuerdos en el marco de la lealtad constitucional y frente al terrorismo; así se logró que la Comunidad disfrutara del mayor ejercicio de autogobierno en el territorio de la Península ibérica, y quizás de la Europa de las regiones. Añádase, el acuerdo de Ajuria Enea, para liderar la lucha democrática contra el fundamentalismo etarra.
Pero llegó la generación de los tecnócratas con Ibarreche a la cabeza, y comenzó la ruptura entre la representación del Estado español y el ejecutivo vasco con sede en Parlamento y Gobierno de la Comunidad Autónoma.
Esa ruptura se concreta hoy, en un documento que alguien pretende divulgar antes de la puesta en escena de este otoño en sede Parlamentaria, y así lograr tres escenarios previos.
Que ETA conozca los movimientos objetivos de PNV/EA/IU, quizás condición para una tregua que, además, vendría de perillas a la banda, muy tocada en todos los órdenes.
Que se hable de los derechos del pueblo vasco como salida al conflicto, en el momento en que PSOE debe escoger compañía para preparar las elecciones generales del 2004, y se ha planteado la reforma del Estatuto de Cataluña ante las próximas elecciones a la Generalitat.
Que alguien exija la vuelta a la negociación entre Vitoria y Madrid, para desbloquear una situación grave con toda suerte de conflictos de competencias entre Instituciones. En cualquier caso, el proyecto de Estatuto para lo que pomposamente llama «Comunidad Libre Asociada de Euskadi» supone: un instrumento político administrativo que convierte a Euskadi en Nación capaz de anexionar otros territorios en los que supuestamente hay miembros del «pueblo vasco».
Un instrumento para ser nación independiente, en lo que conviene, y seguir bajo la tutela de España para lo que no conviene, razón que haría que fueran los demás españoles los que decidieran «echar de una vez por todas» a los vascos del Estado para que se constituyeran en Estado. Un marco que acoge a los vascos de la diáspora en el seno de la nueva Nación, que como Israel los reconoce miembros de la colectividad; pero que les impone a los que no son vascos de esta índole, una pertenencia, en la que no se puede discutir, los derechos históricos de los alaveses a ser españoles y decidir separarse de la nueva Comunidad.
Todo lo demás es llevar al papel las pretensiones de un nuevo escenario previo a la independencia definitiva para ser Nación con Estado, disfrutando de todas las competencias y capacidades.
Sin duda alguna se quiere que hablemos de Euskadi, con ETA o sin ETA. Tendremos un otoño cargado de problemas políticos. No sabemos aún si el Parlamento de Vitoria cumplirá el mandato de los jueces, y qué pasará de no hacerlo. El PNV ha encontrado a unos dirigentes empecinados en avanzar por la senda de su diálogo, de su modelo de país, de su precio para la paz: Y todavía Arzalluz nos amenaza con que esta propuesta será la última que harán desde Euskadi. Suena a ultimátum o a órdago con un simple farol. ¡Qué hacer ante tanto dislate!
Estos señores del PNV tienen poco sentido del humor, y si hacemos «cuchufletas» con sus cansinos derechos históricos y el panfleto de Ibarreche, a lo mejor se descomponen.
Tomárselo en serio.
Dejarles sin nada, por deslealtad a la Ley, al derecho de los ciudadanos que no se puede subordinar a los presuntos derechos de ese sujeto hoy desconocido o disuelto en la mixtura que llaman pueblo vasco. Buscan notoriedad, sobre todo ahora que ETA es cada vez menos capaz de proporcionársela, para que una comunidad de algo más de dos millones de habitantes sea capaz de actuar como si fuera el ombligo de nuestro mundo.
Los representantes del tripartito en la Mesa del Parlamento Vasco, Atutxa, Knorr y Bilbao, ya han decidido el nuevo paso que van a dar para retrasar su posible encausamiento por un delito de desobediencia. Ahora van a abrir la vía contenciosa-administrativa contra el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial que anuló la composición de la Sala de Discordia del Tribunal Superior de Justicia del País-Vasco por ser nombrada sin seguir los parámetros que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece.
Si bien el recurso, que se presentará ante el Tribunal Supremo, en su Sala de lo Contencioso-Administrativo, tiene escasas posibilidades de prosperar, lo más llamativo es el intento por retrasar el nombramiento de una nueva Sala de Discordia o del artículo 262, como también se denomina. En cualquier caso este efecto también es muy difícil de conseguir, ya que los actos del Consejo General del Poder Judicial son directamente ejecutivos, aún cuando –recoge el artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su párrafo 2º–, “cuando se interponga recurso contra los mismos, la autoridad competente para resolverlo podrá acordar, de oficio o a instancia de parte, la suspensión de la ejecución, cuando la misma pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando esté así establecido por la Ley”. Pero esta es una posibilidad difícil, ya que el Tribunal Supremo habría de valorar el daño que pudiera producirse si el acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial es suspendido provisionalmente, hasta que el Tribunal Supremo decida sobre el fondo de esta cuestión.
Incluso cabe la posibilidad, que creo mucho más lógica, que el recurso no sea admitido por carencia de interés legítimo para recurrir por parte de los integrantes de la Mesa del Parlamento Vasco, un interés que estimo le correspondería única y exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia del País-Vasco. Ello se debe a que el acuerdo del CGPJ recuerda los criterios que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para el nombramiento de la Sala de Discordia, unos criterios, de preferencia de los magistrados con menos señalamiento y más modernos, que fueron obviados por el Presidente del Tribual de Justicia del País-Vasco, pero ello no afecta en nada a la admisión o no de la querella presentada por la fiscalía. Y el derecho a la tutela judicial efectiva que los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco intentan utilizar ha de concretarse en este interés legítimo para recurrir el indicado acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, un acuerdo que –como se ha indicado más arriba– anuló el nombramiento de los miembros de la Sala de Discordia elegidos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y recoge la necedad de que el nombramiento de los nuevos magistrados sea de acuerdo con los criterios que la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla, y que fueron obviados anteriormente.
En cualquier caso, el concepto de interés legítimo, en última instancia lo que dará a Atutxa, Knorr y Bilbao la posibilidad de recurrir, requiere, como se manifiesta tanto por diferentes sentencias del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional, de una demostración del perjuicio que puede conllevar la anulación de la Sala de Discordia y el nombramiento de una nueva, y este perjuicio es difícil, por no decir imposible, de demostrar. Como es natural, el derecho al juez predeterminado por la ley, que la Constitución reconoce a todos los españoles –incluyendo entre ellos a los miembros del Parlamento Vasco– no es contrario a que la Sala del 262 sea elegida correctamente. Así, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional admite la existencia de este interés legítimo en el caso de que la resolución impugnada afectase de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien acude al proceso, algo que ha de verse caso por caso pero que es prácticamente imposible de ver aquí, en donde lo único que hay es un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial que anula un acuerdo previo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País-Vasco, con indicación expresa de los parámetros que han de cumplirse en el posterior nombramiento, por parte del mismo Tribunal Superior de Justicia, de los miembros de la Sala de Discordia.
Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS ABC 27 Julio 2003
DEL texto articulado del plan Ibarretxe, reconvertido en un inverosímil proyecto de Comunidad Libre Asociada de Euskadi, se ha dicho prácticamente todo. Que es, por supuesto, inconstitucional; que es inviable en la nueva Europa de los Estados y los ciudadanos; que produce una fractura en la sociedad vasca irremediable; que aísla el País Vasco en todos los órdenes y que, entre otras consecuencias negativas, representa un salto atrás, un anacronismo y la constatación de que el nacionalismo vasco sigue instalado en una concepción del poder público y de la sociedad vasca propia de la época foral, resistente a cualquier constitucionalismo. Pero no se ha dicho que el proyecto de Ibarretxe pone en peligro -en muy serio peligro- la integridad de su propio partido.
La afirmación puede resultar sorprendente para los que no conozcan la historia del PNV, que es, precisamente, la de sus escisiones. Se cuentan en el partido que fundara Sabino Arana en 1895 hasta cinco fracturas. La primera, en 1921, que desdobló el nacionalismo en los moderados de la denominada «Comunión Nacionalista» y los radicales de «Aberri», éstos últimos dirigidos por Luis Arana, hermano del fundador, que fue expulsado en 1915 del partido. En 1934, la política pragmática de José Antonio Aguirre fue contestada por un sector radical, liderado por Gallastegui en torno a un semanario titulado «Jagi-jagi». Antes, en 1930, nació Acción Nacionalista Vasca en cuya organización se refugiaron los «izquierdistas» del PNV que, sin embargo, se mostró más realista que el propio PNV, aunque las urnas favorecieron al «partido-madre». La más trágica de las escisiones fue la de ETA, debida a razones ideológicas, pero también a una traumática ruptura generacional. Se produjo en secuencias sucesivas que arrancaron en 1952, cuando jóvenes universitarios nacionalistas crean el grupo EKI, que en 1956 se fusiona con las juventudes del PNV (EGI). La convivencia, sin embargo, se hace imposible entre ambos grupos y dos años después, EKI recupera su autonomía pero arrastra a muchos militantes del PNV-EGI que, tras no pocas cavilaciones, crean en 1959 Euskadi ta Askatasuna (ETA). La última escisión data de tiempos recientes: en 1986, Carlos Garaikoetxea, lendakari, funda Eusko Alkartasuna, tras una tormentosa crisis interna, menos discreta que otras anteriores, como la de 1980, durante la cual Arzalluz logra erradicar del PNV a los anteriores dirigentes de la formación dirigidos por Antón Ormaza, nacionalista sabiniano pero con una fibra ideológica y ética distinta a la que impuso el actual presidente del Euskadi Buru Batzar.
Hasta aquí los datos someros. Ahora bien: ¿tienen estas fracturas algún denominador común? Creo que la tienen. Las escisiones se han producido, en unos casos, por el enfrentamiento entre moderados y radicales; en otros, por la divergencia entre izquierda y derecha; la que protagonizó ETA, también por razones inicialmente ideológicas y generacionales, y la última de 1986 por diferencias sobre la bicefalia en el partido -Garaikoetxea aspiraba a que la organización fuese un instrumento del programa del Gobierno y no a la inversa- y la concepción territorial del País Vasco, centralizada para EA, y descentralizada a través de las Diputaciones Forales para el PNV.
Pues bien: Ibarretxe ha conseguido -con un Arzalluz cenital al que le han arrebatado sus bazas más preciadas, como la presidencia de la Diputación de Vizcaya o la de la BBK- imponer las tesis radicales sobre las pragmáticas; ha desafiado la bicefalia arrumbando el protagonismo de la Ejecutiva del PNV, sustituyéndolo por el suyo y, en su proyecto de Comunidad Libre Asociada, se carga, literalmente, la naturaleza singular de los territorios históricos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Todo lo cual, en un momento de relevo en la cúpula del PNV y en el que los clanes jóvenes empujan a los Vergara, Anasagasti, Atutxa y Arzalluz entre otros, lleva a concluir que Juan José Ibarretxe y su plan son un auténtico «golpe» interno que puede terminar como el rosario de la aurora. Y quienes crean que exagero o que la anterior es una argumentación irreal, que den tiempo al tiempo, y permitan que la perplejidad que el texto articulado de Ibarretxe publicado por ABC ha causado en el País Vasco se transforme en una reflexión de sensatez. Porque aunque no lo parezca, en aquella tierra todavía quedan gentes con lucidez y sentido de la historia y del futuro.
Por qué el Gobierno vasco pide la transferencia de todos los poderes del Estado, cuando es incapaz de cumplir la primera función de éste –garantizar la seguridad de sus ciudadanos– es la mayor laguna del plan soberanista de Ibarreche. Una amnesia tan grosera y voluntaria que resulta lícito preguntarse si las verdaderas intenciones de dicho plan no son completar la labor de los que asesinan, extorsionan y amedrentan desde hace décadas en el País Vasco y acabar de una vez y para siempre con las libertades de, por lo menos, la mitad de su población. Suena duro. Más duro todavía es lo que está ocurriendo allí.
El «plan Ibarreche», se aproxime más o menos al borrador que conocemos, no es otra cosa que la plasmación articulada del Pacto de Lizarra entre PNV y ETA. La «constitucionalización» de los objetivos de la banda terrorista. Sin velos ni rebozos. El nacionalismo legal e ilegal se dan la mano para decir al Estados español: «Nos marchamos. Si lo aceptas, bien. Si no, también». ¿Sus derechos, sus poderes para ello? Pues el de las pistolas y el de las bombas, ya que otros no tienen. Ni en el Estatuto que los gobierna y gracias al que gobiernan, ni en la Constitución española, ni en la ya en marcha Constitución europea, ni en el tan invocado principio de autodeterminación, sólo aplicable a pueblos coloniales, se encuentra tal derecho, aparte del hecho de que el pueblo vasco viene autodeterminándose en cada elección que celebra desde hace años.
¿Por qué, entonces, el desafío, sabiendo todos todas estas cosas? Sólo podemos hacer conjeturas, pero mi impresión particular es que actúan así por miedo. Sí, miedo. Los nacionalistas en el poder temen que quienes sacuden el árbol para que ellos recojan las nueces están perdiendo la batalla. Pueden todavía matar, pero el cerco nacional e internacional sobre ellos es cada vez más férreo. Así que quieren aprovechar el terror paralizante que todavía producen entre la población vasca para celebrar el referéndum. Quieren también aprovechar las malas relaciones entre el PP y el PSOE para abrir una brecha entre ellos. Quieren, en fin, actuar antes de que las circunstancias se vuelvan aún peores para su propuesta soberanista.
¿Qué hacer ante ello? Mi propuesta ante tamaño desatino y desafuero es muy simple en teoría, ya no tanto en la práctica: mantener la máxima presión sobre ETA, conservar la calma, reforzar la unidad de los verdaderos demócratas y dejar a Ibarreche que se ahorque con la cuerda que él mismo está trenzando, mientras se advierte a los vascos, a los españoles, a los europeos, al mundo en general de lo que significaría la aparición de una comunidad, nación, estado, o como quieran llamarla, patrocinada por una organización antidemocrática, racista y criminal como es ETA.
Los barones “centrífugos” compiten en disparates liberticidas y anticonstitucionales acerca de la cuestión nacional. Líderes locales en Navarra pactan con los residuos de Batasuna con tal de acceder al despacho y al coche oficial. En Galicia, los socialistas se alinean con el antiespañol BNG. En Madrid, las siglas se convierten en tapadera y pretexto de oscuros negocios inmobiliarios. Hoy por hoy, el único denominador común del PSOE no es ni siquiera la E de España –para Maragall, Elorza, Antich, Touriño e incluso Marcelino Iglesias, un mero referente geográfico–, sino el “todo vale” contra el PP con tal de saborear las mieles del poder.
La deriva radical de la mano de Izquierda Unida y el modelo de “franquicia política” al que se dirige el PSOE, donde sus sucursales autonómicas (especialmente en el País Vasco, Cataluña, Aragón, Baleares y Galicia) postulan cada una un modelo diferente de España, han llevado al PSOE de Zapatero, como ya venimos diciendo desde hace algún tiempo, a un agudo proceso de descomposición motivado por la incapacidad de su líder de poner orden en el partido.
No obstante, es cierto que todavía hay en el PSOE algunas voces que se atreven a hacer gala en público de algo de cordura y de sentido común. Hasta ahora, Francisco Vázquez en La Coruña, José Bono en Castilla-La Mancha y –según en qué ocasiones– Rodríguez Ibarra en Extremadura, han sido las únicas voces discordantes destacadas –o, mejor dicho, las únicas voces armoniosas dentro de la estridencia general socialista– que han dado la alarma ante la preocupante situación del PSOE. La cual se agrava por momentos después del estruendoso ridículo en la Asamblea de Madrid, donde la Comisión de Investigación contra Tamayo, Sáez y el PP tiene todos los visos de volverse en contra de quienes la solicitaron en primer término, a medida que se van conociendo los tejemanejes inmobiliarios de Simancas y del matrimonio Mamblona-Porta, así como los pactos internos y los navajazos políticos en el seno de la FSM.
Ha sido precisamente el fiasco madrileño lo que ha impulsado a Cristina Alberdi a levantar la voz para reconocer que su partido ha hecho el ridículo en el asunto de la “trama” al presentar una querella sin fundamento, sin siquiera pararse a pensar que las razones de la defección de Tamayo y Sáez podrían muy bien ser de índole política por los problemas internos de la FSM, especialmente por la forma caciquil en la que se confeccionan las listas y se distribuyen los cargos. Asimismo, Alberdi ha condenado los excesos verbales de Zapatero en torno a este asunto –el líder del PSOE llegó a afirmar que lo sucedió en Madrid era tan grave como el 23-F– y ha aprovechado para criticar los disparates de Maragall y la indefinición del PSOE en torno a la cuestión nacional.
Como solución a tanto desbarajuste, la ex ministra propone un congreso extraordinario que fije las líneas generales de la política del PSOE, para desmarcarse de IU, para evitar que Maragall y sus imitadores vayan por libre intentando novedades u ocurrencias no previstas en la Constitución y quizá para introducir transparencia en la elaboración de listas electorales como la de Madrid. Aunque Alberdi podría tener razones para alzar la voz contra Zapatero y su ejecutiva –parece que el proyecto de sustituir a Simancas por su hermana Inés como cabeza de lista del PSOE en Madrid ha sido frustrado por Zapatero–, o que pudiera estar hablando en nombre de la “vieja guardia” de González –que parece haber decidido ya la liquidación de Zapatero tras su penosa intervención en el Debate sobre el estado de la nación–, lo cierto es que sus comentarios son una dosis de cordura y sentido común, de las que el PSOE anda tan necesitado. Para resolver un problema, el primer paso es, obviamente, reconocer que el problema existe. Aunque ese problema se llame Zapatero.
Desde que coincidí en París en un programa radiofónico de France Culture con François Santoni, antiguo líder y después crítico acerbo del nacionalismo corso que fue asesinado mes y medio después al volver a la isla para asistir a una boda, he seguido con bastante curiosidad los avatares políticos del bellísimo rincón mediterráneo. Por supuesto, empeñarse en buscar ejemplos o subrayar similitudes entre lo que ocurre en el País Vasco y lo que pueda pasar en otras partes del mundo donde también existen grupos terroristas y nacionalismo radical es cosa tan escasamente inspiradora como que nuestra ministra de Asuntos Exteriores ofrezca en Bagdad a los iraquíes que intentan reconstruir su maltrecho país...¡el modelo de transición española entre la dictadura y la democracia! Cada situación histórica y política tiene sus propias circunstancias y de nada sirve pretender dispensarse de reflexionar sobre qué hacer en las que a uno le corresponden remitiéndose a la receta que funcionó ejemplarmente bien (¡o mal!) en otra parte. Además, si la violencia armada y la intransigencia separatista que padecemos aquí son como un remedo caricaturesco de las guerrillas de liberación anticolonialista de otras latitudes, los incontables grupúsculos que se reparten el mapa político del nacionalismo corso y los truculentos fantoches armados que de vez en cuando ofrecen sus aquelarres a la prensa equivalen a la caricatura de la caricatura.
Sin embargo, considerar los últimos acontecimientos políticos ocurridos en Córcega no deja de ser en cualquier caso educativo. Sobre todo porque aprende uno algo más acerca de los supuestos movimientos étnicos cuyas prácticas de intimidación mafiosa pueden amenazar el desarrollo de la ciudadanía en Europa, a poco que alguno de ellos obtenga ventajas efectivas frente a cualquier Estado vacilante o desconcertado, y con mayor razón si sus huecas proclamas ideológicas consiguen el sustancioso relleno de algunos intereses económicos dispuestos a aprovecharse de la fragmentación del poder. No olvidemos que el propio Santoni, en su época militante de fundador de la fantasmal Armata Corsa, cuando se le preguntaba si ellos a fin de cuentas lo que querían era la independencia de la isla, respondía más o menos: «Eso depende de cuánto nos ofrezcan». Cuánto y a quienes, claro. No es raro que después, motivado por el asesinato de su cofrade Jean-Michel Rossi (un año antes del suyo), tuviera una visión tan implacablemente crítica de todo el tinglado entre aprovechado y gangsteril del nacionalismo al que había pertenecido.
El pasado 6 de julio se celebró en Córcega un referéndum para decidir si los ciudadanos deseaban la instauración de una colectividad única elegida por escrutinio proporcional, una medida descentralizadora moderadamente autonomista propuesta por el gobierno conservador y apoyada por los socialistas y la mayor parte de los nacionalistas corsos (que consideraron esta concesión un primer paso en el logro o imposición de sus reivindicaciones). Para sorpresa de sus promotores, la consulta popular vista con relativa indiferencia en el resto de Francia encontró una decidida oposición en la propia Córcega. Muchos republicanos de izquierdas y cargos electos importantes como el alcalde de Bastia manifestaron que era improcedente y a largo plazo suicida conceder a los violentos la satisfacción de haber modificado en parte la administración del Estado. Intentando contentar a unos y a otros, el influyente ministro del interior Nicolás Sarkozy (que en septiembre del año pasado había satisfecho la reivindicación nacionalista de acercar a los presos insulares a sus familias) anunció el 'final de la impunidad' para los violentos. La víspera del referéndum, la policía detuvo a Yvan Colonna, principal sospechoso de haber asesinado en 1998 y en Ajaccio al prefecto de Córcega Claude Erignac. Esta detención más oportunista que oportuna no convenció por lo visto a nadie (a los nacionalistas les olió a chamusquina, ya saben ustedes) y molestó a algunos. El resultado del referéndum fue un 'no' tan ajustado como incontrovertible.
Ha resuelto el bienintencionado referéndum las cosas en Córcega? Ciertamente no: por lo visto las ha empeorado. Los electos nacionalistas han abandonado estruendosamente la asamblea territorial, por lo menos hasta las elecciones de marzo de 2004. Como el resultado del comicio ha sido contrario a Corsica Nazione, no cabe duda de que todo tiene que deberse a una manipulación gubernamental para perjudicar al pueblo corso, es decir, a los nacionalistas que monopolizan esta denominación de origen. Los abogados de Yvan Colonna ponen el grito en el cielo porque los jueces pretenden investigar a quienes hayan albergado durante estos años al supuesto criminal. Aseguran que esa indagación de sentido común va contra las leyes tradicionales de la hospitalidad corsa, que incluyen según parece amparar a los sospechosos de asesinato siempre que sean del propio bando ideológico, de acuerdo con la acrisolada omertá mafiosa, pero no respetar a los prefectos. De modo que las leyes de la República Francesa van contra el pueblo corso...incluso aunque la mayoría de los ciudadanos corsos voten a favor del mantenimiento íntegro de los lazos con la República. Por su parte, el Frente Nacional de Liberación de Córcega acaba de anunciar el final de la tregua que había mantenido estos últimos meses para facilitar la preparación de referéndum: como el resultado no ha sido el que deseaban los guerreros no hay más remedio que volver a la guerra, para quizá repetir la consulta popular dentro de cierto tiempo una y otra vez, hasta que les den la razón. Para ir abriendo boca, han puesto un par de bombas en Niza, dejando dieciséis heridos. Mientras, el pasado sábado se manifestaron miles de personas en Ajaccio pidiendo una 'solución política' (¡qué menos!) para el problema corso. Por lo visto el referéndum no tuvo nada que ver con las soluciones políticas...En consultas como ésta, los nacionalistas deberían indicar en la papeleta a los no nacionalistas que deben votar si quieren solución política y no aumentar la crispación social.
En fin, no sé, las cosas son las que son en cada sitio, claro, pero a mí todo esto me suena a conocido. ¡Qué difícil es contentar a los rentistas del descontento mientras sigan cobrando buenos dividendos! Algo así debe estar pensando ahora el ministro Sarkozy, que por lo pronto ha aplazado 'sine die' su viaje al País Vasco francés, donde pensaba lanzar la segunda etapa de su plan de descentralización.
LOS NACIONALISTAS vascos se preparan para el último salto hacia la separación. Pretenden la solución final hacia el maravilloso paraíso de la independencia, la última utopía de las burocracias políticas radicales. Tienen el terreno bien abonado. Durante años han aterrorizado a los opositores que viven en el exilio forzoso o en el exilio interior, con o sin guardaespaldas. Se han dividido las funciones: ETA mata, amenaza, y se financia con la extorsión; mientras el PNV administra el gran botín oficial y desarrolla la estrategia legal de la escisión.
Hubo un tiempo lejano en el que apoyamos a los nacionalistas vascos. Entendíamos, aunque no compartíamos, su recurso al terrorismo como una respuesta desesperada a la dictadura. Pero la democracia llegó, con la amnistía y la reconciliación, y el terrorismo no cesó. Ni su utilización mendaz por los políticos en el gobierno autónomo. Y hasta IU se sumó al carro. Incluso nuestra Plataforma Nunca Máis celebró el premio Sabino Arana en medio de los jerarcas del régimen euskaldún. Las instituciones vascas se han convertido en una máquina al servicio de una nueva casta política que desea el poder absoluto sin la más mínima restricción externa. Es el Proyecto Ibarretxe.
El documento es la consumación lógica de lo que en versión edulcorada se llama el federalismo asimétrico, invento lingüístico para justificar feudos con múltiples derechos y velocidades. En el fondo solo quieren el separatismo asimétrico, tener su estado particular para lo esencial y no prescindir de lo que queda de España, por si acaso. A estas mentiras hay que responder con un Basta Ya, como la plataforma de los vascos libres, los defensores de las víctimas, los testigos de la responsabilidad.
Pero en Galicia no nos enteramos. Fraga lleva tiempo en horas bajas y sus errores, como la escenificación y perfiles de las medallas de Galicia, están dando nuevas alas al nacionalismo gallego que, agazapado, espera el rebufo de Euskadi y Cataluña para acelerar su programa máximo. Y Rajoy a la espera del resultado de la carrera de la sucesión y asistiendo a la caída de su partido , en su propia tierra, por la pendiente del ridículo. En la escena socialista Touriño no sale de la indefinición y pide más autogobierno en su soledad rianxeira. Sus nuevos puntales, Orozco y Pérez Mariño, se quedan en casa haciendo populismo local. Y mientras tanto Francisco Rodríguez, jefatura real del BNG, ve el Plan Ibarretxe como una propuesta «legítima», un modelo interesante para el futuro de Galicia. Beiras no lo desmiente, aspira a lo mismo pero con diferente liderazgo personal.
Todos parecen haber perdido la cordura. Estamos viviendo la mayor expansión económica de la historia gallega, la sociedad civil responde, y el gobierno central favorece el desarrollo general de España. Sin embargo emerge de nuevo el nacionalismo independentista para amenazar la cohesión de este desdichado país. Si no reaccionamos a tiempo, volverán los garrotazos fratricidas.
QUEDÓ claro el día 25 en la Plaza de la Quintana: sólo el BNG tiene derecho y legitimidad y competencias y criterios políticos para decidir quién es gallego y quién no, a quién se le debe dar una medalla y a quién se le debe quitar, hacia donde van las autovías y hacia donde no deben ir. No se sabe muy bien si esto es una cosa que se le ocurrió a Beiras en solitario o al Bloque en cuanto tal. En todo caso, quedó declarado el galleguismo total. No caben más.
Lo cierto es que nadie más que el Bloque va a sacar a la nación gallega de la opresión del Estado y de Europa, de Madrid y de Bruselas. Nadie más que el BNG, con Beiras a la cabeza, puede decir legítimamente que se interesa por el pueblo gallego. Nadie más que el Bloque puede establecer en Galicia un gobierno popular , tal como como afirmaba el lema coreado en la manifestación del día 25, con la paradoja que encierra esta aspiración, puesto que Galicia ya tiene desde hace años un gobierno popular.
Nadie más que esta organización nacionalista puede decidir si un gobernante merece una medalla de reconocimiento o no. Sólo ellos pueden decidir si el gran esfuerzo inversor de Fomento en Galicia es bueno o rechazable, si es beneficioso o perjudicial, si debe hacerse hoy o el próximo siglo, si debemos progresar o debemos retroceder, si autopistas o corredoiras. Sólo ellos... y Patricia Vázquez, Xurxo Souto, Luis Tosar...
Y es que para los defensores de la nación gallega no se trata de ver si esas grandes obras públicas, tan necesarias para Galicia, favorecen a los ciudadanos, a la economía, a los pueblos, a las aldeas, a los agricultores, a los transportistas. Eso es lo de menos, lo imporante es aceptarlas o rechazarlas según estén o no dentro de la ortodoxia nacionalista. Si sirven o no para aislarnos de España y de la Unión Europea; si sirven o no para ir a aprender gallego a Portugal.
Menos mal que el pueblo gallego, en mayoría aplastante, no es nacionalista, sino que es agradecido; no es rencoroso sino reconciliador; no es destructivo sino constructivo. Sólo el nacionalismo vive permanentemente cabreado. Los gallegos saben que pudo haber fallos o ineptitud en algunos momentos iniciales de la catástrofe del Prestige, pero las soluciones son reales. Saben que es injusto acusar a Álvarez Cascos de causar el vertido de fuel, y más injusto aún es no reconocer los grandes beneficios que está recibiendo Galicia con las obras que realiza el Ministerio de Fomento. así como el constante respaldo de Loyola de Palacio desde la Unión Europea.
También quedó claro el día 25 en la plaza del Obradoiro que sólo el Bloque decide lo que se hace en Nunca Máis. Beiras reconoció que los demás se han bajado del carro, sólo quedan ellos. Por eso, el día 25 había en Santiago una masa social para dos manifestaciones y un solo Bloque. Los mismos militantes que llenaron parte de la plaza de la Quinta, pasaron luego a ocupar parte de la del Obradoiro. No llenaron todo el recinto monumental, porque también se encontraban allí peregrinos, visitantes y turistas que aún no están integrados en NM.
En principio, parece poco adecuado convocar una manifestación de protesta en la Plaza del Obradoiro justamente el día 25 de julio. Son muchos los turistas y peregrinos que quieren disfrutar ese día de los actos religioso y oficiales, pasear por la zona, admirar el arte y el esplendor de las fachadas. En definitiva, un ambiente poco propicio para una concentración, donde siempre se corre el riesgo de enfrentamientos o tensiones. Da la impresión de que, al ser la misma gente, lo lógico sería celebrar esta protesta lúdica en la Quintana, que es un lugar más protegido por la catedral, donde el ambiente sería más propicio, el espectáculo más adecuado, la gente más a favor, más necesitada de humor y entretenimiento.
¿Un modelo para la independencia de Euskadi?
JAVIER ROJO/SECRETARIO GENERAL DEL PSE-EE DE ÁLAVA El Correo 27 Julio 2003
La Constitución y el Estatuto no son símbolos. Antes bien, se trata de obras rebosantes de dinamismo, generadoras de energía convivencial. Textos que hay que leer, pero que es preciso sentir para ser comprendidos. No son, por tanto, símbolos sagrados. Son herramientas cargadas de futuro, compromisos basados en el Derecho, que instrumenta y hace posible la voluntad de vivir juntos expresada hace siglos, en condiciones de libertad.
Quienes defendemos la Constitución y el Estatuto, y sufrimos la falta de libertad, tenemos la plena convicción de que entroncamos con la historia real de los vascos. Con una voluntad de tolerancia centenaria, con su más rica tradición. Que no es otra que el respeto por el derecho. Los vascos somos lo que somos en tanto en cuanto respetamos la ley.
El lehendakari debiera entender esto, y saber que es la violencia el problema radical que aún padecemos en Euskadi; que la tesis, según la cual el terrorismo es la manifestación de un problema de insatisfacción nacional previo, es insostenible. La idea de que la violencia es una especie de epifenómeno de una profunda protesta vasca que peregrina desde hace siglos, niega a los vascos y niega la naturaleza humana. Porque el terrorismo deslegitima cualquier propuesta que tenga que ver con el mismo.
Por ello, no constituye un paso en la buena dirección la ensoñación que Ibarretxe ha plasmado con su iniciativa bajo el título 'Comunidad Libre Asociada de Euskadi'. Un ejercicio de política-ficción que no sólo contiene un programa en el tiempo y una aspiración política, sino que ha concretado el programa máximo del nacionalismo. Así, con su propuesta, el futuro de Euskadi pasa por el retorno a ninguna parte, el regreso a un pasado de soberanía compartida que nunca existió. Un modelo para la independencia de Euskadi. Sencillamente porque parte de la atribución al imaginario pueblo vasco -la Euskal Herria de Francia, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca- de un derecho a la soberanía originaria sobre cualquier otra.
Nos encontramos, sin duda, ante un proyecto independentista que, aunque pretenda hallar engarce en el ordenamiento legal a través de una apelación al artículo 46 del Estatuto -el que regula su reforma-y a las disposiciones adicionales de los Derechos Históricos, no tiene encaje legal alguno. Su contenido resulta absolutamente contrario a los principios básicos de la Constitución. No se trata, pues, de que esta propuesta exija cambios formales de algunos artículos de la Constitución, sino que altera los títulos básicos del texto constitucional. Exige, por tanto, una nueva Constitución para España, que al proponerse de un modo unilateral, supondría, de facto, la demolición del Estado Constitucional de 1978, la quiebra del pacto constituyente.
Hoy, afortunadamente, el futuro es Europa. Lo es para los vascos y lo es, asimismo, para los demás ciudadanos españoles. Y el futuro de Europa no se mide en claves cuantitativas de soberanía, ni en teorías constitucionales de salón inspiradas en conceptos históricos trasnochados. Se calibra en claves de más ciudadanía compartida, porque más Europa es menos nacionalismo, como se lo han hecho saber al lehendakari en su último viaje a Bruselas, que un desafío secesionista sería dramático e irracional en una Europa cuyo proyecto de Constitución deja claro que no es posible la salida de una parte de un Estado miembro, ni jurídica ni políticamente.
Sin ningún género de dudas, para la Unión Europea la prioridad ética y democrática no es otra que la de erradicar el terrorismo y recuperar las libertades. Hay que acabar con la matriz del terrorismo. Hay que poner fin a la multiplicación de las excusas. Porque en Euskadi, lo que debiera preocupar al lehendakari es que las bases del contrato social, el fundamento del acuerdo para vivir en sociedad, está roto. La seguridad jurídica es puesta en solfa desde las instituciones vascas más importantes, que se muestran incapaces de garantizar la seguridad, la libertad, la vida o la propiedad. Vivimos en un cuestionamiento permanente del orden jurídico desde las mismas instancias gubernamentales, que es necesario atajar adecuadamente, y que debe obligar al Gobierno de Aznar y al Gobierno de Ibarretxe a romper su incomunicación. La amenaza hacia el orden constitucional, planteada por Ibarretxe, convierte el debate político sobre reformas -como la del Senado o la de los estatutos de autonomía-, en algo poco menos que imposible. El debate político ha perdido complejidad, ha salido de las instituciones, es permanentemente de oportunismo electoral, lastrado por la deslealtad constitucional que supone la propuesta del lehendakari.
Hoy, después del 25 de mayo, los demócratas, con la legalidad en las instituciones vascas, no debe ser posible ni deseable convertir al adversario en enemigo, porque la riqueza política de nuestra Comunidad debiera radicar en la expresión plural de las ideas como eje fundamental para recuperar la convivencia.
Son estas razones las que nos hacen apelar al lehendakari para que retire su propuesta y de esta forma abandone el viaje a ninguna parte que ha emprendido auspiciado por la radicalidad y el desafuero. Para que cierre filas en torno a su cometido como principal representante de las instituciones vascas y del Estado en Euskadi, y de esta forma ser el lehendakari de todos los vascos. Para que asuma, en definitiva, la responsabilidad para con una sociedad que reclama el final de esta amarga situación. Respetando la legalidad democrática en la pluralidad que todos hemos contribuido a crear y fortalecer en torno a los principios constitucionales.
El destape del lendakari Juan José Ibarretxe con la filtración de su constitución «modelo Puerto Rico» -estado libre asociado- obliga a todo el mundo a tomar partido y a pronosticar el final de la aventura vasca. «¿A dónde quieren llegar los vascos?», se pregunta la ciudadanía. Y algo más dramático. «Y en el supuesto de que la mitad más uno quisiera la independencia, ¿qué será de la otra mitad que tiene serias razones para temerla?».
El ex presidente Mijail Gorbachov , como recordarán los lectores de La Voz , ya adelantó su opinión: «Si el País Vasco o Cataluña obtienen la independencia, la ONU pasará de doscientos a ochocientos estados por el proceso de secesionismo que se generará. El mundo será ingobernable».
El catálogo de pronósticos recogido esta semana es alarmante: hay quien cree que todo seguirá igual, sólo que algo peor, y que ETA seguirá matando; otros piensan que la ruina económica del País Vasco está servida y para algunos la suspensión de la autonomía vasca desde el Estado es inevitable. Y por primera vez en muchos años, se especula en privado sobre si los militares aceptarían sin rechistar esa segregación.
Lo cierto es que al desafío vasco no se le ve final. Durante toda la Transición se fijaron límites con generosas concesiones, desbordados al día siguiente. Un día histórico en las cárceles no quedó ni un solo preso de ETA gracias a una amnistía presentada como imprescindible para lograr la paz. Resultado: docenas de comandos reconstituidos y varios años de pesadillas y entierros. Joaquín Domingo Martorell , en su día jefe superior de policía de Vitoria y más tarde responsable operativo de Antiterrorismo recuerda a La Voz que «en tres años asistí a más de doscientos entierros y en algunos pueblos, con las calles vacías, al paso de los féretros se cerraban las casas con portazos».
Se pensó que con el Estatuto de Autonomía y el Concierto Económico el asunto quedaría resuelto, o más tarde, con la policía autonómica o con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco . Craso error. El método ha sido siempre el mismo: fijación de un objetivo panacea, concesión y vuelta empezar. Ni siquiera con este proyecto de constitución de estado libre asociado, aún en el supuesto de que terminara naciendo, habría garantías de que el proceso podía terminar. Y ETA con él.
Ante esas incertidumbres, los socialistas se han puesto a disposición del Gobierno para presentar un frente único. Eso honra a José Luis Rodríguez Zapatero . Pero no es suficiente. Izquierda Unida deberá aclarar algún día su juego doble, según hable en Madrid o en el País Vasco. Y el PP deberá decidir si acepta sinceramente el consenso o -como en el pacto de la Justicia y tantos otros- aprovecha la ocasión y sigue hostigando al líder socialista.
Resulta incomprensible afrontar un problema tan grave como el de la secesión dulce propuesta por Ibarretxe, reclamar como lo ha hecho el vicepresidente primero, Mariano Rajoy , la colaboración de todos los españoles, obtener la de los socialistas, y proseguir entretanto con la depuración ideológica en la Justicia -«limpieza de sangre» la llama Gaspar Llamazares - y la obstrucción a la investigación de las andanzas del comando político inmobiliario de Madrid.
Esta semana ha sido de escándalo. La Asamblea de Madrid ha publicitado su grave crisis que cada vez es más basura y quizás por eso la audiencia televisiva le ha premiado con un liderazgo: Tamayo ha sido el más visto en Telemadrid . Mientras, la depuradora del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal , que maneja con el mando a distancia el ministro Michavila , ha destituido a tres de los cuatro fiscales que adelantó La Voz : Jiménez Villarejo , jubilado anticipadamente para no soportar más humillaciones, Martínez Zato y Bermejo . Sólo José María Mena , en Cataluña, ha resistido. De momento.
La impresión es que lo del País Vasco sólo puede ir a peor tanto por el desafío nacionalista como por la falta de consenso y de altura política en Madrid. En este caso, como en el del Prestige , acabará teniendo razón el ex ministro Jorge Semprún : «No ha faltado Estado como se dice. Lo que han faltado son hombres de Estado». Manuel Fraga discrepa, como se vio en el Día de Galicia , y hasta calificó al ministro Francisco Álvarez Cascos , de «estadista» mientras le imponía una medalla de oro por sus servicios. Para los esforzados voluntarios, cero medallas sobre 38 repartidas. En la España solidaria con Galicia la rechifla ha sido sensacional.
Por MANUEL MARÍN ABC 27 Julio 2003
Jesús Cardenal lo tiene claro. El texto articulado de Juan José Ibarretxe para convertir el País Vasco en una comunidad libre asociada a España es una «ficción» que, desde un punto de vista jurídico, «está extramuros de la Constitución». «Es un choque frontal inasumible», dice el fiscal general.
-¿Qué calificación jurídica le merece el texto articulado del Plan Ibarretxe?
- Desde el punto de vista jurídico, está totalmente fuera del ordenamiento. Se construye extramuros de la Constitución y a partir de ahí puede usted imaginar todos los comentarios que quiera... A mí me suscita la idea de que se trata de una aldea como la de Astérix y Obélix, una ficción dado el entorno en el que sitúa España en estos momentos.
- Más allá de consideraciones sobre si esta propuesta de «pacto político» es procedente o más allá de su viabilidad, y si es que llega a formalizarse como pretende Ibarretxe, ¿considera que sería perseguible por la vía penal?
- Por la vía penal creo que no porque los dos tipos penales a los que habría que acudir serían rebelión o sedición. Y tanto en un caso como en otro se requiere que haya violencia, que haya fuerza, que haya un alzamiento tumultuario, y aquí no hay ni una cosa ni otra. Por tanto, habría que apartarse de estos tipos. Luego ya, en conductas particulares, sería cuestión de valorar cada uno de los actos que se vayan produciendo. Pero, en conjunto, no le veo contenido penal.
- ¿Es un texto que pudiera generar ese tipo de violencia a la que alude?
- No, creo que no. Ni está previsto ni creo que se quiera. Si diera lugar a ello, habría que ver cuál era la actitud del Gobierno vasco cuando se produjera un hecho de este tipo. Entonces sí..., pero conociendo después que se aprueba o se consiente ese alzamiento o esa violencia.
- ¿Es un salto cualitativo que condiciona o pone en riesgo la madurez del pueblo vasco?
- Sí es un salto cualitativo... Es un salto en el vacío, vamos. Pero creo que ni la mayoría de la sociedad vasca lo quiere ni está dispuesta a asumir de alguna manera los gravísimos riesgos que este proyecto comporta.
- ¿Qué sentido le da usted a la pretensión de crear un Consejo Judicial vasco o un Tribunal Superior de Justicia con competencias en materia de casación, o un fiscal autónomo sin subordinación a usted?
- En la medida en que todo esto es una construcción extramuros de la Constitución, es ilegal. ¿Por qué? Porque para las normas de desarrollo del Título VIII de la Constitución sobre la organización territorial del Estado, y para las del Poder Judicial -la Ley Orgánica para los jueces y magistrados y el Estatuto Orgánico para los fiscales-, esto es totalmente contrario. Es un choque frontal absolutamente inasumible.
- ¿Representa un intento de garantizarse un control político respecto al poder judicial?
- No quiero pensar eso por una razón: pretender este plan no significa necesariamente que se quiera influir. En efecto, dentro de esa autonomía quieren también nuestro Tribunal Supremo y un fiscal general, digamos «separados»... ¿para poder influir políticamente en su comportamiento? Pues no necesariamente. Ahora bien, ello no quiere decir que, a posteriori, no aparezca una influencia, pero lo quiero dejar ahí...
- ¿El nacionalismo vasco ha emprendido un camino de no retorno?
- He estado viviendo allí muchos años y hay mucha gente que no está en absoluto de acuerdo con ésto. No sé si es la gran mayoría o son las dos terceras partes, o la mitad más uno, pero yo no renuncio a pensar que puede venir gente con buen sentido, con un sentido de la realidad de las cosas. Por tanto, negar ahora la posibilidad del retorno atrás sería negar la posibilidad de que haya muchos vascos, con sentido común, para desistir de este tipo de aventuras.
- En varios episodios que hemos vivido recientemente, los nacionalistas le han acusado de actuar «políticamente» al servicio del Gobierno. Por ejemplo, a la hora de presentar una querella contra Atutxa o de recurrir la composición de la Sala que debe decidir al respecto...
- La querella por desobediencia, permítame que le diga, es clarísima: la postura que ha adoptado el presidente del Parlamento vasco es incomprensible en un Estado de Derecho porque la sentencia [de ilegalización de HB] no toca, no afecta para nada a sus facultades, a sus poderes o a su autonomía en cuanto a la autorregulación del funcionamiento de la Cámara. Por ello, no debe verse ningún componente político, sino estrictamente técnico-jurídico. Porque lo que se dice en las resoluciones judiciales es que se disuelve el Grupo Parlamentario de Batasuna, que no lo crea el señor Atutxa, ni lo crea el Reglamento de la Cámara. El Reglamento crea una conformación, un modus operandi dentro de la Cámara, pero es evidente que quien ha conseguido la materia prima de este grupo parlamentario es el partido político.
Y estos señores, antes de entrar al Parlamento, no tienen nada que ver con el señor Atutxa, ni con la Cámara... Tendrán que ver con la Ley Electoral General. Bien, y una vez que salen elegidos estos señores, se constituye la Cámara. Y en ese momento se les dice «pasen ustedes» y entran en funcionamiento las facultades de la Cámara. Pero, cuidado, no para crear el Grupo, sino para darle forma y para someterle a una disciplina y a un funcionamiento. Digamos que el grupo estaba hecho ya. Entonces, si a consecuencia de la sentencia el partido queda suprimido, como lógica consecuencia este grupo queda suprimido. En ese momento, el Supremo dice: «Usted señor Atutxa, como yo no puedo entrar en el Parlamento, le pido que sea usted, con sus facultades y poderes, quien les diga a estos señores que dejan de ser Grupo». ¿Qué ha ocurrido? Que como el señor Atutxa ha dicho que no puede porque el Reglamento se lo impide, algo que ni es así ni nos lo creemos, ha habido que acudir a una ejecución suplementaria que habrá que obedecer.
- ¿Y sobre la Sala de Discordia?
- Interpusimos un recurso contra la resolución del presidente del Tribunal Superior vasco [Manuel María Zorrilla]. Hombre, políticamente no hemos actuado. Hicimos un recurso que tiene un contenido y una estructura jurídica. Y a tenor de lo afirmado por el Pleno del CGPJ, teníamos razón y el presidente del Tribunal ha conformado una Sala de Discordia conforme a los criterios que debió haber seguido antes.
- ¿Tuvo usted algún tipo de sospecha de que la Sala que conformó el señor Zorrilla podía inclinarse por no admitir su querella y por eso actuó el fiscal general?
- No. Estoy convencido de que los jueces y fiscales del País Vasco, y he vivido allí 37 años como fiscal, son absolutamente independientes. No se puede poner en tela de juicio, ni siquiera de una forma mínima, su integridad, su independencia, su honestidad profesional ni su competencia. Por tanto, fuera cualquier atisbo, cualquier sospecha de que hubiera una inclinación parcial hacia alguna determinada solución. Fuera.
- ¿Cree que el Tribunal Superior vasco trabaja con más tensión que la mínimamente imprescindible?
- No. Yo he visto allí situaciones difíciles. Y más de una vez me han preguntado ¿no siente usted la presión, el miedo? Yo he contestado siempre que el miedo es libre y uno puede tenerlo o dejarlo de tener, pero se lo traga y se ha acabado. Y uno procede con absoluta independencia. Eso de la presión es inevitable porque los jueces y fiscales no son extraterrestres. Viven en aquel ambiente, pero estoy seguro de que ellos proceden con absoluta independencia.
- ¿A qué atribuye la conducta de Atutxa y de la mayoría de la Mesa del Parlamento vasco ante la negativa a disolver el Grupo heredero de Batasuna, que ustedes mismos han calificado de obstruccionista?
- Pensándolo detenidamente, creo que no es una posición obstruccionista porque sí. Lo que hacen es una interpretación errónea, equivocada, de su autonomía. Pero esto no les justifica. Desde luego, no es incompatible la autonomía con el cumplimiento de la sentencia. Y la sentencia hay que obedecerla. No hay que olvidar que en este proceso, en cualquier caso, el dato cierto es que el señor Atutxa y otros dos miembros de la Mesa están desobedeciendo.
- La Fiscalía fue una de las impulsoras de la ilegalización de Batasuna y de la anulación de más de 200 candidaturas electorales. ¿Qué han supuesto estas iniciativas?
- La desaparición de Batasuna es muy importante. Desde el punto de vista sociológico, la sociedad sabe ya que unas agrupaciones y unos partidos, con personalidad jurídica propia, no existen. Segundo: se cierra el capítulo de los presupuestos porque los terroristas ya no pueden sobrevivir a costa de nuestros impuestos; y en tercer lugar, el ciudadano medio se va a desenvolver con mucha más libertad porque es indudable la gran presión que estos grupos ejercían donde estaban presentes, en los Ayuntamientos, en las Diputaciones y en las Juntas de los Territorios Históricos.
- La entrada en vigor del nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal ha coincidido en el tiempo con la crisis de la Asamblea de Madrid. Ello ha motivado un nuevo roce entre el hasta ahora fiscal jefe Anticorrupción y usted. La oposición le acusa abiertamente de no permitir investigar a Anticorrupción...
- No, mire, es sencillo. Habiendo una investigación judicial en marcha, no tiene sentido. Nosotros los fiscales ¿para qué investigamos? Para que aquello que encontremos lo pongamos en manos del Tribunal y pongamos en movimiento al Tribunal. Pero aquí el Tribunal ya estaba en movimiento porque la querella, y luego el recurso, del PSOE, daban ya hecho el trabajo que en su caso hubiera hecho el fiscal. No tiene sentido que al Tribunal le lleguen los mismos hechos por la querella y por el fiscal. No tiene sentido y por eso lo prohíbe la ley: el fiscal no puede abrir unas diligencias si ya hay un procedimiento. Y ese procedimiento ya ha sido resuelto por el Tribunal Superior madrileño diciendo, en una resolución bastante extensa, que los hechos, que son los que en su caso habría presentado el fiscal, no revisten ninguna apariencia de delito y que son puras conjeturas. Tiene sentido que nosotros no hayamos hecho nada hasta ahora porque ya lo han hecho ellos. Con esto queda claro que el fiscal general no se ha opuesto a nada, sino que era innecesario porque ya estaba valorando el Tribunal lo que nosotros hubiéramos puesto de manifiesto.
-Pero estos criterios jurídicos, a un jurista de la competencia y la experiencia del señor Jiménez Villarejo no le son ajenos. ¿A qué atribuye entonces su insistencia?
- Quería abrir brecha por algún sitio que él pensaba que podía ser fructífero o que pudiera dar algún resultado. Pero claro, hubiéramos ido contra la ley porque la ley dice que eso no se puede hacer. Y después de tener el primer auto [de archivo de la querella del PSOE], estaba perfectamente justificado que no se hiciera nada, porque lo que fuéramos a decir estaba dicho ya.
- A cuenta de este asunto la oposición socialista le ha calificado a usted de «esbirro del Gobierno».
- ¿Calificarían también así al Tribunal? ¿Qué le parece? Mi contestación es una pregunta. Quien ha resuelto de una manera expresa y por extenso ha sido el Tribunal ¿Consideran que el Tribunal es un esbirro del PP? Que contesten. Además, hay otra cosa: recibir declaración a los dos tránsfugas, por ejemplo, no podría hacerlo la Fiscalía porque son aforados. Precisamente por eso conoce el asunto una Sala de lo Civil y lo Penal de un Tribunal Superior. El fiscal no podría recibir declaración de esos tránsfugas.
-¿Ha sido usted el promotor de una depuración de fiscales incómodos?
- En absoluto. No hay ninguna depuración. Lo que ha habido es un cambio de mentalidad en el legislador que, además ha hecho caso a lo que los propios fiscales habíamos pedido en el año 1995 en el Libro Blanco del Ministerio Fiscal. Y por otra parte, lo propio de un Estado democrático de Derecho es que las instituciones, y sobre todo las jefaturas, se renueven porque las jefaturas vitalicias tienden un poco a anquilosarse. Es buena la renovación y es buena la posibilidad de que un fiscal no sea renovado para estimular a los que ostentan las jefaturas. Ahora mismo, en las puertas del siglo XXI, y con un Estado de libertades y derechos en España, sería absolutamente anacrónico que se mantuvieran las jefaturas vitalicias.
- Entonces también debería afectar al fiscal general...
- Es una batalla, en el sentido dialéctico, que se libra desde hace tiempo. Yo más de una vez he echado mano de la legislación de los países de nuestro entorno. Y se observa que es mucho más severa que la nuestra en el sentido de la dependencia del fiscal respecto del Gobierno. Por ejemplo, en Francia realmente el fiscal general es el ministro de Justicia. Mayor dependencia... En Alemania no se puede nombrar a los fiscales federales si no los nombra el Gobierno. Lo mismo ocurre en Bélgica o en los países nórdicos. Realmente la situación del fiscal general en España es auténticamente privilegiada. Y de modificarla, habría que reformar la Constitución.
- ¿Qué opina sobre el hecho de que un fiscal jefe, el de Madrid, haya demandado al ministro de Justicia ante el Tribunal Supremo?
- Le diré dos cosas: es insólita en la historia del Ministerio Fiscal español una demanda de protección del honor contra un ministro de Justicia. Dicho esto, no entro en la valoración de fondo del asunto porque en los procedimientos para la defensa del derecho al honor es parte el Ministerio Fiscal. No se me perdonaría que yo anticipara aquí una opinión al respecto. Hay que dejar que sea el fiscal que despacha el asunto el que decida lo que sea procedente.
- ¿Qué supone el ascenso de una mujer por primera vez a la cúpula de la carrera?
- Es bonito porque la mujer se está abriendo paso y merece la oportunidad de poner de manifiesto sus cualidades, que las tienen también a este nivel. Recuerdo, siendo profesor de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco, que una parte de la asignatura, al comienzo, decía algo así como «limitaciones de la capacidad de obrar jurídicamente por razón del sexo: las mujeres no pueden abandonar el domicilio paterno hasta los 25 años a no ser que tal... no pueden pertenecer a la Marina Mercante, no pueden ser jueces...». Y lo explicábamos con total naturalidad. A estas horas hay que felicitarse de que todo esto nos parezca una antigualla y un error enorme.
- ¿Cree acertada la medida de aumentar hasta un máximo de 40 años la pena de prisión para terroristas en los casos más graves?
- Sí. Desde el momento que con la Constitución hemos dado el gran paso de suprimir la pena de muerte y de no admitir las cadenas perpetuas, como existen en otros países, nos planteamos qué hay que hacer a la vista de lo que estamos padeciendo. Y es que con señores condenados a centenares de años por muchos delitos de sangre, es inexplicable que aprovechándose de los beneficios penitenciarios que se dan para los que realmente los necesitan y los quieren, los tengamos en la calle a los ocho o a los quince años en la calle. No lo entiende la sociedad. Cuando se introdujo esta reforma en el Código Penal, venía clamorosamente pedido por toda la sociedad.
- ¿Dispone la Fiscalía de los medios humanos, materiales y económicos necesarios para los juicios rápidos y para un buen funcionamiento de la Ley del Menor? Es que hay muchas quejas.
- Para los juicios rápidos, sí. De hecho, hace dos meses que están funcionando y pregunto a todos los fiscales jefes que vienen sobre cómo va este tipo de juicios. Y coinciden en que van fenomenal. Evidentemente, todo es mejorable. Cuantos más medios, mejor y no digo que lo de ahora sea lo ideal, pero nos estamos defendiendo muy bien.
- ¿Y la Ley del Menor?
- Es una ley muy ambiciosa. ¿Qué ha querido esta ley? Que los chicos entre 12 y 18 años no vayan a una prisión porque allí se convierten en carne de delito. Este fenómeno lo he visto porque he sido juez de Menores en Bilbao durante diez años. ¿Qué pasaba con los chicos que iban un reformatorio y a los cuatro días cumplían 16 años y se iban a la cárcel? Que jamás los hemos encontrado ya. La nueva ley dice que hasta los 18 años no va a la cárcel nadie. Van a un centro y se les imponen unas medidas para resocializarlo o reeducarlo. Pero todo esto requiere tiempo y no puede ser motivo para se eche atrás la ley, sin perjuicio de que algunas deficiencias advertidas se deban y se puedan corregir.
El ministro de Hacienda considera que la actitud mantenida por el Gobierno vasco respecto al pago del Cupo «fomenta la incertidumbre económica»
Cristóbal Montoro analiza el fracaso de la última reunión de la Comisión Mixta del Concierto en clave estratégica. Acusa al Gobierno vasco de buscar el conflicto institucional para justificar el «desastre» que supondrá, a su juicio, el plan soberanista del lehendakari. El ministro de Hacienda confía en no tener que denunciar en los tribunales el impago al Estado de una parte del Cupo. Con la misma rotundidad, adelanta su intención de compensar al País Vasco por el vertido del Prestige, siempre que se le justifiquen antes los gastos realizados. Niega bloqueo político al incremento de la Ertzaintza y asegura que sólo existe ya una diferencia económica superable.
-La vicelehendakari cree que el Gobierno central utiliza la discrepancia sobre la liquidación del Cupo para ocultar su falta de voluntad a la hora de financiar más ertzainas, compensar al País Vasco por el vertido del Prestige o desbloquear las transferencias pendientes.
-Lo que quiere el Gobierno de España es que el Concierto funcione y el Cupo se cumpla. Nuestra voluntad es resolver todos los temas pendientes, que deben abordarse dentro de la máxima normalidad.
-Usted ha cuestionado que el Gobierno vasco haya esperado hasta ahora para proceder a lo que considera un descuento «unilateral e inadmisible» del Cupo, ya que se trata de la liquidación del año 2001. ¿Ve en ello algún tipo de estrategia?
-Es la cuestión de fondo. Nosotros estamos dispuestos a seguir debatiendo la financiación del sistema sanitario público. Lo que no podemos admitir es que se nos haga un descuento, de carácter unilateral, de 32 millones de euros en el Cupo porque el Gobierno vasco interprete el asunto de manera diferente a nosotros. La intención última del Gobierno vasco es bloquear el diálogo institucional normal. Quería bloquear que se llegara a una solución sobre la ampliación de la Ertzaintza o el coste del Prestige.
-La Diputación Foral de Álava está convencida de que la «intransigencia» negociadora de Idoia Zenarruzabeitia sigue el guión del plan soberanista del lehendakari y busca la «ruptura» con el Estado...
-Cualquier decisión del Gobierno vasco es acorde con ese plan, que es un tremendo error. Genera incertidumbre económica y es atentatorio contra el bienestar del ciudadano vasco. Actitudes como la que ha tomado el Ejecutivo autónomo en relación con el pago del Cupo fomentan esa incertidumbre.
-Su secretario general de Política Fiscal, Rafael Cámara, atribuye el fracaso de la Comisión Mixta del Concierto a que los nacionalistas «no pueden permitirse» acuerdos con el Estado a dos meses vista del debate que celebrará el Parlamento vasco sobre la propuesta de Juan José Ibarretxe para superar el Estatuto.
-Este es el elemento fundamental. Se busca la falta de entendimiento y se deslegitima la figura del propio Concierto Económico, seguramente porque se quiere superarlo, para justificar ese plan. El País Vasco necesita seguridad jurídica para que haya prosperidad.
-¿Vislumbra alguna solución a corto plazo?
-Depende de qué se haga con el plan de Ibarretxe, que es fuente de inestabilidad e inseguridad. Va contra el progreso de los vascos, no tiene cabida en la Constitución y contradice los elementos esenciales de la foralidad de los territorios.
-¿Cree factible que el lehendakari sea recibido en La Moncloa antes de la marcha del presidente Aznar para reestablecer relaciones institucionales?
-La cuestión es de qué se quiere hablar. Nosotros estamos por el diálogo. El otro día fracasó la Comisión Mixta del Concierto por la postura apriorística del Gobierno vasco, que hizo imposible el entendimiento institucional.
-La crisis sobre el Cupo ha dejado sin resolver asuntos que, en la práctica, suponen para las arcas vascas más dinero que los 32,2 millones de euros retenidos al Estado. En este contexto, ¿cómo valora la acusación que le ha hecho la vicelehendakari sobre que busca el ahogo financiero del autogobierno vasco?
-Por 32 millones de euros no se ahoga nadie, y menos un presupuesto como el de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Eso es un absurdo, algo fuera de lugar. La retención que se ha hecho de ese dinero es un mecanismo para impedir que se resuelvan las cuestiones financieras pendientes. La vicelehendakari ha buscado la conflicto.
-¿Pedirá en los tribunales el bloqueo de las cuentas vascas si persiste la negativa a pagar todo el Cupo?
-Eso es claramente precipitado. Aspiro todavía a resolver la cuestión a través del diálogo institucional. Cuando existen discrepancias en las relaciones financieras, en nuestro Estado de Derecho es normal, no deseable, utilizar la vía judicial. Confío en que las propias instituciones forales desarrollen un papel para desatascar esta cuestión, y que las instituciones sociales nos ayuden a despejar incertidumbres y conflictos que sobran en el País Vasco.
-¿Cómo valora el ofrecimiento de los empresarios vascos de mediar en el asunto?
-Con independencia del término mediar, que es discutible, me parece crucial su papel para impulsar la normalización de relaciones entre los Gobiernos vasco y de España, destensar las cuerdas y promover condiciones objetivas para evitar conflictos.
-Casi el 40% de las grandes empresas vascas habría sufrido efectos negativos por el plan de Ibarretxe, según un estudio del catedrático Mikel Buesa, hermano del dirigente socialista alavés asesinado por ETA.
-El coste de la inseguridad es muy elevado. Un plan como el de Ibarretxe sería un desastre económico. Va contra el mundo actual, con lazos económicos muy potentes. El señor Ibarretxe y su plan pertenecen al siglo XIX, cuando cabía su idea política y económica de nación.
-¿Es cierto que la discrepancia para dotar a la Ertzaintza de 200 agentes más radica únicamente en que la parte vasca pide 54.000 euros por efectivo y ustedes calculan el módulo de financiación en 48.000?
-No hay ningún bloqueo político al incremento. La ampliación se decide en función de los parámetros de seguridad. Desde Hacienda discrepamos, pero no sustancialmente, sobre la valoración. Vamos a financiar la ampliación de la Ertzaintza
-¿Estaría dispuesto a reintegrar al Ejecutivo autónomo el dinero adelantado para paliar el vertido del Prestige?
-El Estado va a pagar todo lo que en factura aparezca acreditado, con independencia de que el Gobierno vasco haya ejercitado competencias nuestras...
-¿Resulta la Comisión Mixta del Concierto el órgano más adecuado para abordar una negociación política sobre el traspaso de las competencias que no llevan aparejados medios humanos o materiales?
-Los asuntos hay que llevarlos madurados a la Comisión Mixta, máxime en asuntos con componente técnico. A la última reunión de la Comisión Mixta del Concierto, el Gobierno vasco llevó el tema de ciertos traspasos cuando estaban todavía muy verdes.
-¿Cómo piensa materializar el ofrecimiento de que el País Vasco participe en la defensa jurídica ante Europa de asuntos como los incentivos fiscales o las antiguas deducciones a la exportación de las haciendas forales?
-Estamos en contacto con las instituciones vascas para que nos trasladen sus argumentos jurídicos, no ya los emocionales.
-Pero el Gobierno vasco le echa en cara su «doble moral», al defender en la UE una aplicación foral del Concierto que luego recurre en los juzgados del Estado.
-Recurrimos a los juzgados del Estado cuando entendemos que se ha sobrepasado el Concierto.
-Dado el clima de desencuentro político, ¿cree que ayudaría en algo la constitución de la Junta Arbitral del País Vasco, pendiente desde 1981?
-Ayudaría mucho para evitar la falta de seguridad jurídica.
-El gabinete de Ibarretxe está convencido de que sacará adelante el presupuesto de 2004, a menos que PP y PSE-EE pacten «con los que el resto del año llaman el comando parlamentario de ETA», en relación a Sozialista Abertzaleak.
-Es otra exageración de la vicelehendakari, que tiene una visión de la política realmente paradójica. Cuando uno gobierna sin mayoría, tiene que buscarla en la oposición. En el País Vasco, hay un gobierno tripartito sin mayoría suficiente que necesita pactar. En la oposición no se pacta, se coincide, por la propia composición de la Cámara.
-Ustedes estudian incluir una nueva rebaja del IRPF en el programa de las elecciones generales. ¿Deberían las diputaciones vascas reducir a su vez la tabla?
-Hoy, en el País Vasco, el contribuyente paga más que en el resto de España. La bajada de impuestos favorece más capacidad económica en el contribuyente y más empleo. Hemos abierto una dinámica de la que nadie puede quedar al margen. Por tanto, las diputaciones forales van a seguir esa dinámica y van a estar en línea con la bajada del Impuesto sobre la Renta en el Estado.
-La Administración vasca dice no tener problemas con el déficit cero, pero considera que un compromiso de estabilidad presupuestaria con Madrid más allá de 2004 debería ser «algo flexible y no hermético y a perpetuidad».
-La propia ley de Estabilidad Presupuestaria prevé instrumentos flexibles para combinar las políticas del Gobierno vasco y del Gobierno de España. Por eso hacemos un planteamiento en principio bianual; el último para 2003 y 2004. Pero una cosa es flexibilidad y otra que cada cual vaya por libre, en contra de las obligaciones que tenemos antes Bruselas y perjudicando el bienestar económico del país.
-La Caja Vital ha adaptado contra pronóstico sus estatutos a la Ley vasca de cajas. Ello ha sido posible con el voto de PP y PSE-EE, partidos que se habían opuesto antes a hacer lo mismo en la Kutxa y en la BBK. ¿Qué futuro le ve entonces al recurso que se había anunciado ante el Tribunal Constitucional contra la citada ley?
-No conozco al detalle las posiciones políticas de cada cual. En términos generales, es preocupante que una Ley de cajas, sea de la comunidad autónoma que sea, peque de intervencionista y refuerce en exceso el control político de estas instituciones financieras. Las cajas deben tener un componente profesional, para que puedan ejercer su función en el desarrollo de sus territorios.
Dicen que la aspiración de un poder constituyente autónomo no tiene precedentes democráticos Creen que el borrador de nuevo Estatuto sólo promete más tensión, división e incertidumbre
J. J. CORCUERA/BILBAO El Correo 27 Julio 2003
Tres catedráticos de Derecho Constitucional consultados por este periódico coinciden en que el borrador del 'Estatuto Político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi' en el que trabaja el lehendakari Juan José Ibarretxe carece de cualquier tipo de encaje en el actual ordenamiento legal y jurídico español y en la futura Constitución europea. Aunque desde diferentes ángulos y perspectivas, Javier Pérez Royo, Juan José Solozabal y Miguel Ángel García Herrera sostienen que la reivindicación por parte de los nacionalistas de un poder constituyente autónomo vasco al margen del que compete al Estado plantea un problema sin precedentes en el mundo democrático y sin respuestas desde el punto de vista jurídico.
Coinciden también en que lejos de resolver los actuales problemas -la territorialidad de Navarra y el País Vascofrancés, el engarce definitivo de Euskadi con España o el fin de la violencia etarra-, se limita a trasladarlos a un futuro incierto. Aunque consideran que la propuesta soberanista es inaceptable porque se salta todos los procedimientos, hacen un llamamiento a la prudencia.
Voluntad de transigir
Creen que habrá que esperar al texto articulado definitivo que será presentado a finales de septiembre en el Parlamento vasco, después de que Juan José Ibarretxe asegurara que trabaja sobre ocho borradores, para comprobar si es modificado o rebajado, si existe una discusión consensuada con las fuerzas políticas o si el Gobierno vasco demuestra una voluntad de transigir en los aspectos más polémicos del plan.
La discrepancia fundamental entre los tres consultados viene a la hora de determinar si sería conveniente, en este punto de aparente no retorno, la convocatoria de una consulta popular entre los vascos que ayude a clarificar la situación. Los tres subrayan, sin embargo, que el actual momento, marcado por una fuerte crispación política, por la persistencia de ETA o por la etapa constituyente en Europa, no es el mejor para una aventura de semejantes proporciones. A su juicio, el borrador adelantado el pasado miércoles por EL CORREO sólo promete más tensión, división e incertidumbre.
«¿Quiere ser usted independiente?»
Pérez Royo considera que la pretensión del nacionalismo gobernante en Euskadi de renegociar la posición del País Vasco en España es «legítima», aunque no tiene ningún encaje, «no cabe», en la Constitución. Considera que la única fórmula para poner en práctica el borrador de Ibarretxe pasaría por una reforma previa del texto constitucional, aunque con muchas dificultades. «Se reivindica un poder constituyente al margen del que detenta el Estado español. Y aquí es donde reside un problema que jurídicamente no tiene respuesta: no hay dos poderes constituyentes que puedan convivir bajo un mismo régimen jurídico o Estado», asegura el catedrático sevillano, quien explica que es muy difícil encontrar un precedente de estas características, salvo remontándose a fórmulas predemocráticas al estilo del Imperio Austrohúngaro.
-¿Le ha sorprendido el contenido del borrador?
-Esperaba algo por el estilo. Hemos llegado a un problema que no se debía haber planteado, porque tiene difícil solución. Desde el punto de vista jurídico no hay instrumentos. Habría que inventarse algo.
Pérez Royo recuerda las dificultades que vivió España en la transición para diseñar una «fórmula operativa» sobre la articulación territorial del Estado que ha funcionado en Euskadi hasta 1998, fecha en la que los nacionalistas vascos suscribieron el Pacto de Lizarra, y que, a su juicio, se ha deteriorado desde la llegada del PP al poder.
-¿Y cómo salir de este 'impasse'?
-Es evidente que la fórmula que presenta Ibarretxe no encaja con el compromiso que todos los españoles asumimos en 1975. Pero, si es lo que quiere una gran mayoría, habrá que negociar. El Gobierno no debería utilizar mecanismos para impedir una consulta popular, aunque la capacidad de convocar referéndums sea una competencia exclusiva del Estado.
-¿Un referéndum sin condiciones?
-El problema eterno es saber cuál sería el mejor momento para una consulta; por supuesto, debería hacerse en ausencia de violencia, porque ETA lo impregna y condiciona todo. También es verdad que el derecho de autodeterminación no cabe en un Estado democráticamente constituido como es el nuestro. En cualquier caso, de plantearse, la pregunta debería ser muy clara, del estilo a '¿Quieren ustedes ser independientes?' Sólo si se obtuviera una mayoría cualificada, y eso significa que no vale un 51-49, habría que negociar de buena fe la independencia. Lo que no vale ni aquí ni en Québec es irse dando un portazo.
El experto en Derecho Constitucional se lamenta de que en el País Vasco no exista posibilidad de hacer política. «Estamos en una situación quasi bélica; a ver quien tiene más fuerza. Las responsabilidades de esta discordia interna están compartidas, aunque creo que el Gobierno de la nación la tiene más que nadie por no haber sido capaz de que las piezas encajen y no se le vayan de las manos. En cualquier caso, el PNV y el PP están jugando como pillos intentando engañarse unos a otros».
«No arregla ninguno de los problemas»
Miguel Ángel García Herrera considera que el borrador de Ibarretxe, «tal y como está», es «inaprobable» y no encaja «para nada» en la Constitución española ni en la que se diseña para Europa, basada en los ciudadanos y los Estados. «No existe un tercer espacio -asegura-, y pensar que un país como el vasco pueda tener posibilidades de influencia en un colectivo de veinticinco Estados es algo más que pretencioso». El catedrático sostiene que «originalidades» como la reivindicación nacionalista de un poder constituyente propio, son cuestiones nuevas que pueden surgir a lo largo de la Historia, aunque sostiene que el encaje en el Estado que se propone en el proyecto es «confuso». «No aclara cuáles son las relaciones con el Estado, y la parte de Estado que queda en Euskadi es irreconocible. Además, se habla en el texto de 'España y yo', como si en este país no existieran otras realidades, otras nacionalidades históricas».
-Ibarretxe lo presenta como una propuesta de convivencia.
-Yo lo veo más como una aspiración política y jurídica, que ni siquiera arregla los problemas y que se limita a trasladarlos al futuro,y a otro nivel. En el borrador del lehendakari, la territorialidad sigue cuestionada, no se consolida el engarce con el Estado y, lo que es más grave, no se garantiza una resolución del problema de la violencia y de la radicalidad de ETA. Todo desprende una sensación de provisionalidad y de incertidumbre, desde la que no se resuelve nada.
-¿Cree que el momento es el idóneo para plantear esta propuesta?
-Confío en que este texto no sea el que al final se ponga en circulación. También puede ser que los nacionalistas pretendan subirse con él a la azotea para bajarse después diciendo que son muy comprensivos y habiendo logrado unas concesiones estupendas. Es así como suelen plantear sus negociaciones y casi siempre les sale bien. Ahí está lo que ocurrió con el Concierto. Pusieron sobre la mesa una reivindicación inasumible y, al final, llenaron el morral a tope.
-¿Diría que la propuesta es independentista?
-No se puede hablar de independencia en un sentido formal. Es una especie de cosoberanía desequilibrada en la que tú dictas la voluntad del otro. 'Seréis como dioses', que decían en el paraíso. 'Seréis como un Estado', es lo que pretenden que les digan.
El catedrático de la UPV considera, al igual que sus otros dos colegas consultados, que los planteamientos de Ibarretxe son legítimos, aunque sostiene que «la misma legitimidad» tendrán las respuestas que reciba su propuesta. «Tiene una legitimidad que no se cuestiona, pero no para obtener el sí.
-¿Habría que convocar un referéndum?
-Si al final hay un referéndum, la conclusión será que los nacionalistas han ganado por cansancio.
«Nada es posible sin el consenso de todos»
Juan José Solozabal es, de los tres consultados, el que tiene más prevención a la hora de juzgar el borrador de Ibarretxe. «Habrá que ver qué material presenta al final y si existe una voluntad de transigir o no». No obstante, asegura tajante que el documento publicado por este periódico «no cabe en la Constitución bajo ningún concepto». A su juicio, un proyecto que habla de segregación, de referéndum, que pretende invalidar o que no se apliquen artículos del texto constitucional, que prescinde del Tribunal Constitucional o que reivindica un poder constituyente propio, tiene una difícil materialización. «Precisaría de una reforma previa» de la Carta Magna, y, siempre según los procedimientos que se recogen en este texto legal y en el actual Estatuto. «Yo siempre he defendido que el Estatuto de Gernika es casi como una Constitución para la comunidad autónoma vasca, no una ley orgánica más. No existe un poder constituyente, pero sí una cierta potestad constituyente».
-¿Y cómo debería realizarse la reforma del Estatuto?
-Además de los requisitos legales que se contemplan en el artículo 46, cualquier reforma tendría que estar basada en el consenso de todos, y el procedimiento no está siendo ése. Los nacionalistas tienen que aceptar el techo de la Constitución; y los no nacionalistas que el Estatuto tiene que ser lo más autonomista, vasquista y particularista posible. Es necesario buscar desde el consenso un punto de equilibrio en el que no se cercene la autonomía ni se busquen salidas anticonstitucionales.
-¿Será septiembre un buen momento para la presentación de este plan?
-No me lo parece, si tenemos en cuenta la crispada situación política, los acontecimientos que se viven en Europa y que la prioridad debería ser la de buscar la unidad democrática para avanzar en la pacificación.
-¿Una consulta popular podría solucionar algo en estos momentos?
-Insisto en que lo principal en este tipo de cuestiones son el consenso y el acuerdo. Creo que un referéndum no es necesario en estos momentos.
-¿Vislumbra alguna solución?
-La clase política debe ser consciente de que no es bueno crear más problemas de los que ya hay. Todo se puede complicar y la tensión no es buena para nada. Es necesario que existan unas reglas de juego y el diálogo institucional, que no existe, es fundamental. Y hay que respetar esas reglas, aunque no te beneficien, porque son intocables. Si los poderes públicos no se atienen a ellas, ¿cómo van a pedir a los ciudadanos que respeten el derecho?
En el programa festivo se anuncia una herriko taberna ilegalizada
Los populares de Gecho criticaron ayer duramente el programa de fiestas patronales de la localidad, así como la pasividad mostrada por su regidor, que «permite y apoya, con dinero de todos los vecinos, un programa de fiestas en el que se pide la liberación de los presos de ETA». Por otra parte, el popular Barreda pidió «respuestas coordinadas» a la deriva soberanista que a su juicio supone el Plan del «lendakari».
El Partido Popular de Guecho denunció ayer la actitud del alcalde de la localidad vizcaína ante el programa que se ha aprobado para las fiestas patronales de este verano. La portavoz de la formación popular, Marisa Arrúe, censuró la «pasividad» del alcalde de Gecho, el nacionalista Iñaki Zarraoa, ante la presentación de un programa de fiestas «que hace apología» de la organización terrorista ETA.
En un comunicado hecho público por los populares, Arrúe acusa al primer edil de la localidad de «permitir y apoyar, con dinero de todos los vecinos, un programa de fiestas en el que se pide la liberación de todos los vecinos y de presos de la banda terrorista ETA» y lamenta la «permisividad» del máximo representante del consistorio municipal gechotarra. «Se insertan anuncios de organizaciones ilegalizadas, como las Herriko Tabernas, y se llega a poner en entredicho decisiones judiciales como el cierre de medios de comunicación al servicio de los terroristas», denuncia.
Ante esta situación, para Arrúe se está produciendo una «terrible utilización política» del programa de las fiestas patronales «por parte de simpatizantes del entorno radical» y se «instrumentalizan» las fiestas para «hacer apología del terrorismo y exaltación de los presos» de la banda criminal. «No entendemos la pasividad del equipo de gobierno municipal, ni a quién beneficia esta utilización radical del programa de fiestas de todos los vecinos», concluyó Arrúe. En el citado programa, con una extensión de ocho páginas, se insertan las fotografías de diversos presos de la organización terrorista y «refugiados» a los que se muestra la solidaridad «también en fiestas» a través de diversos mensajes y lemas como «Euskal Presoak, Etxera» (presos vascos, a casa) o «Euskal Presoak, Euskal Herrira» (los presos vascos a Euskal Herria).
El Ayuntamiento de Gecho está gobernado por la coalición nacionalista de Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna, que obtuvieron 11 concejales en las pasadas elecciones del 25-M, frente a los doce que obtuvieron los constitucionalistas; nueve, el PP, y dos, el PSE. El alcalde, Iñaqui Zarraoa, llevó tras los comicios al Ayuntamiento vizcaíno el mismo pacto de gobernabilidad que hay en el Gobierno vasco, tras pactar con Izquierda Unida.
Por otra parte, el portavoz del Partido Popular en el País Vasco, Leopoldo Barreda, abogó ayer por «respuestas coordinadas» ante los planteamientos del Partido Nacionalista Vasco «contrarios a la articulación territorial» del Estado y consideró «legítimo» el recurso que presentarán el presidente de la Cámara vasca, Juan María Atucha, y los parlamentarios Gorka Knörr y Konchi Bilbao contra la disolución de la primera la Sala de Discordia.
En declaraciones a Ep, el dirigente popular señaló, además, que «lo que importa es la claridad de las posiciones» –en referencia al aparente rechazo de los socialistas vascos a dar una respuesta conjunta de Partido Popular y Partido Socialista al Plan Ibarreche–, para que «que los partidos que pueden tener la responsabilidad en el Gobierno de España tengan unos puntos en común claros y básicos en materias de la trascendencia de la articulación territorial del Estado».
«Creo que sería importante que quienes compartimos un modo de ver la autonomía en la Comunidad Autónoma vasca, un modo de ver la presencia del País Vasco en España y de España en la Unión Europea, un modo coherente con la sociedad del siglo XXI, no nos dediquemos a marcar distancias entre nosotros, sino a dar respuestas a esa pretensión de volver al siglo XIX o XVIII que late en el fondo de las tesis del PNV».

References: artículo 262
 artículo 140
 resolución 
 artículo 46
e contrario
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46