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Timestamp: 2018-02-24 13:52:30+00:00

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Sentencia T.S. (Sala 3) de 14 de Diciembre de 2010. Vulneración del principio de igualdad: Oficiales de la Administración de Justicia - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Vulneración del Principio de Igualdad: Oficiales de la Administración de Justicia. Se entiende que la sentencia recurrida contradice los preceptos, y la actuación administrativa es nula de pleno derecho por infringir los derechos fundamentales. Vulneración del principio de seguridad jurídica, al permitir la revisión de un acto administrativo firme y consentido. No revisión de los ejercicios de todos los aspirantes, tras admitir un error en el sistema de valoración. No ha lugar al recurso de casación.
Visto por la Sala Tercera (Sección Séptima) del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados Excmos. Sres. anotados al margen el recurso de casación numero 1133/2008, que pende ante ella de resolución, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia de 11 de diciembre de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo numero 55/2007, seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia de fecha 8 de enero de 2007 que deniega la pretensión formulada por la recurrente en escrito de fecha 21 de diciembre de 2006. Ha sido parte recurrida Doña María Purificación, en representación de Doña Beatriz, y el Ministerio Fiscal, en defensa de la legalidad.
Primero.-Por escrito presentado el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 2 de julio de 2008, se formaliza el recurso de casación, alegando los motivos a los que luego nos referiremos y terminando suplicando de esta Sala que se dicte sentencia que case la recurrida.
Segundo.-Doña María Purificación, en representación de Doña Beatriz, formalizó su oposición al presente recurso por escrito que tuvo entrada en este Tribunal en fecha 22 de enero de 2010, en el que, tras alegar los motivos que tuvo por conveniente, solicitó la inadmisión del recurso y subsidiariamente que no se diera lugar al mismo.
Tercero.-El Fiscal, en defensa de la legalidad, formalizó sus alegaciones en escrito de fecha 15 de enero de 2010, y tras alegar cuantos motivos jurídicos tuvo por conveniente termino solicitando no se diera lugar al presente recurso de casación.
CUARTO. - Se señalo para la votación y fallo del presente recurso la fecha de 7 de diciembre de 2010, habiendo tenido lugar y habiéndose desarrollado el presente recurso de conformidad con las disposiciones legales.
"Fallamos: Que debemos estimar el presente recurso seguido por los trámites del proceso especial regulado en los artículos 114 y s.s. de la Ley de la Jurisdicción , de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Purificación, en nombre y representación de Doña Beatriz, contra la resolución dictada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia de fecha 8 de enero de 2007 que deniega la pretensión formulada por la recurrente en escrito de fecha 21 de diciembre de 2006 y, en consecuencia, debemos declarar y declaramos que la Resolución de 24 de marzo de 1993 de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia es nula de pleno derecho en cuanto vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 23.2 y 14 de la Constitución Española, y por tanto se accede a lo instado por la actora previamente en vía administrativa. No ha lugar a hacer un especial pronunciamiento respecto de las costas procesales causadas en esta instancia".
Segundo.-El primer motivo de casación, al amparo de lo dispuesto en el articulo 88.1.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en relación con lo dispuesto en el articulo 86.4 de la misma, consiste en la infracción por la sentencia recurrida del articulo 23.2 de la Constitución Española, en relación con su articulo 14, así como de la doctrina del Tribunal Constitucional.
Según la recurrente la sentencia recurrida contradice estos preceptos al interpretar que la actuación administrativa impugnada es nula de pleno derecho por infringir los mencionados derechos fundamentales y cita la STC 10/1998, y subraya que la sentencia recurrida prescinde de un dato que el Tribunal Constitucional consideró que era decisivo, el del acatamiento por la recurrente de la actuación administrativa. Para la recurrente, existe una sustancial diferencia de actuación entre aquellos opositores que sí impugnaron en su momento la resolución de 24 de marzo de 1993 y la que ahora ha recurrido, pero que en su momento acató tal acto administrativo y varios años después presenta un escrito en el Ministerio de Justicia en el que solicita la revisión de oficio de tales resoluciones a fin de ser incluida en la lista de aprobados, pues, a diferencia de los opositores que acudieron al Tribunal Constitucional, que, si bien consintieron el erróneo criterio de valoración, no hicieron lo propio con otro posterior y distinto como era el surgido con ocasión de la resolución de ese error respecto de otros concursantes, en cambio la ahora recurrente habría también consentido ese segundo error, con lo que su situación jurídica no es sustancialmente idéntica a la de los anteriores.
Para el recurrente la sentencia impugnada otorga de facto una eficacia "erga omnes" a la del Tribunal Constitucional que ésta no posee, pues hace extensivo el fallo a todos los opositores que participaron en las pruebas selectivas cualquiera que haya sido su actuación a lo largo de los años.
Como recuerda el Fiscal en sus alegaciones esta Sala dictó sentencia de fecha 1 de junio de 2007, recurso de casación núm. 6784/2005, a la que han seguido otras posteriores, por la que casó otra precedente de la Sección octava de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que, a diferencia de la ahora impugnada de la Sección Novena, había llegado a una solución contraria a la de la ahora analizada, desestimando el recurso de los opositores impugnantes y dando, en consecuencia, la razón a la Abogacía del Estado que, en aquella circunstancia como ahora en el presente recurso de casación, sostiene los mismos argumentos que fueron rechazados por esta Sala anulando la sentencia de la Sección octava y estimando el recurso de casación interpuesto en aquella ocasión por los opositores recurrentes.
Como sostiene el Fiscal, la situación jurídica de los opositores recurrentes en aquel proceso precedente y confirmada por la sentencia de la Sección Novena de la Sala de Madrid es la misma, pues, tanto los recurrentes en el precedente citado como la que ahora comparece como recurrida fueron aspirantes inicialmente aprobados y posteriormente excluidos de la relación definitiva de aprobados en la convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, recogida en la Resolución de 24 de marzo de 1993, y de otra parte, tanto los recurrentes del precedente citado como la ahora recurrida interesaron del Ministerio de Justicia (Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia -Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia) la revisión de oficio de la Resolución de 24 de marzo de 1993, en aplicación del principio de igualdad en el acceso a las funciones públicas, instando el reconocimiento de su derecho a que se les tuviera por superados en el proceso selectivo de ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia, y que se les incluyera con número bis en el escalafón correspondiente, con reconocimiento y efectividad de sus derechos económicos y administrativos.
Igualmente, tanto los recurrentes en el precepto citado como la actora de este procedimiento figuran como aprobados según el dictamen emitido por D. Daniel que elaboró la prueba pericial interesada en el procedimiento 2972/97 seguido ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, obrante en autos, figurando ésta última con el núm. 923 de la relación definitiva de los que estarían aprobados con el nuevo criterio de valoración.
Por otra parte, tanto los recurrentes del precedente citado como la actora de este procedimiento formalizaron contra ambas resoluciones del Ministerio el correspondiente recurso contencioso-administrativo por el cauce del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales invocando la vulneración de semejantes derechos fundamentales, el derecho de acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos del artículo 23.2 CE en relación con el artículo 14 del mismo Texto Constitucional.
Y finalmente, la Abogacía del Estado, en ambos procedimientos, sostuvo las mismas tesis que ahora son objeto de los motivos de casación de este recurso.
A estas posibles dilaciones se refiere con acierto la sentencia recurrida, cuando sostiene en el Fundamento Jurídico Tercero, lo siguiente: "En el presente recurso se dan parecidas situaciones a las contempladas en la sentencia antes transcrita, con algunas variaciones.
La primera de ellas, que nos encontramos ante un proceso seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, pero esta circunstancia no ha sido tenida en cuenta ni en la sentencia, ni ha sido objeto de motivos en esta casación, por lo que como elemento diferencial ha de descartarse su estudio por motivos de congruencia.
La segunda, viene dado por el hecho de que como pone de manifiesto el Abogado del Estado los recurrentes en el presente caso, acataron las resoluciones de 1 de febrero y 24 de marzo de 1993 que publicaron las nuevas listas de aprobados a raíz del recurso interpuesto por varios opositores, lo que hace para él distinta la situación en relación con los opositores que consiguieron las sentencias favorables de amparo, pues estos si recurrieron estos actos. En consecuencia sostiene que no existe identidad entre unos y otros.
Sin embargo, ha de rechazarse este argumento, pues la discriminación denunciada no es la de las sentencias del Tribunal Constitucional en relación con la recurrida, sino la existente entre los opositores que habiendo recurrido la primera lista, fueron incluidos en la definitiva, en relación con la de quienes como los actores, debieron haber sido incluidos, según la prueba pericial a que antes se ha hecho referencia, lo que no se ha discutido por la Administración demandada y no lo fueron.
Y aunque es verdad que quien no recurre un acto administrativo lo consiente, de la doctrina del Tribunal Constitucional recogida en las sentencias antes referidas se desprende que si la Administración modifica como consecuencia de un recurso, o de oficio, un criterio de valoración de unas pruebas selectivas, ha de hacerlo para todos los participantes en el proceso selectivo, so pena de vulnerar el principio de igualdad en el acceso a la función publica. En consecuencia debemos distinguir entre quienes discuten el resultado de sus ejercicios o exámenes, en el que la estimación de un recurso ha de afectarles a ellos exclusivamente, y quienes impugnan un criterio de valoración, pues estos deben aplicarse por igual a quienes participan en un proceso selectivo.
Por ello, teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal Constitucional antes referidas reconocen que se ha vulnerado el principio de igualdad en relación con los aspirantes que sin haber recurrido inicialmente la primera lista de aprobados, sin embargo, con la adopción de los nuevos criterios de valoración debieron entrar en las listas".
La Sala acepta esta tesis, que coincide con la que viene manteniendo sobre esta cuestión y es que, como acertadamente mantiene el Fiscal, donde realmente se ha producido el trato discriminatorio entre opositores no está, como sostiene la Abogacía del Estado, entre los que recurrieron en amparo y los que no lo hicieron, sino en el hecho constatado de que la Administración, en su momento, lo único que hizo fue proceder a revisar los exámenes de aquellos opositores que habían recurrido en reposición la inicial lista de los aprobados que figuraban en la Resolución de 7 de septiembre de 1992, pero sin que a estos últimos, entre los que se encontraba la actora de este proceso judicial, le fue revisado su examen, con lo que en la práctica se dio un doble criterio de valoración: De una parte, conforme al nuevo criterio los que recurrieron en reposición y fueron finalmente incluidos en la relación de aprobados de la Resolución de 24 de marzo de 1993, y los que, como la actora, habían aprobado inicialmente, y cuyos exámenes no fueron revisados, quedando excluidos de la misma. Y conforme a la prueba pericial practicada que adaptó al nuevo criterio de valoración la relación de preguntas acertadas, no acertadas y dejadas en blanco por la opositora-actora en este proceso, habría aprobado figurando en la lista de aprobados que fue confeccionada como Anexo a dicho informe pericial.
Tercero.-.- El segundo motivo de casación se articula por la Abogacía del Estado, al amparo de lo dispuesto en el articulo 88.1.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al estimar que la sentencia vulnera el principio de seguridad jurídica, al permitir la revisión de un acto administrativo firme y consentido, catorce años después de su firmeza, desconociendo los límites que a las facultades de revisión de oficio impone el articulo 106 de la ley 30/1992, entre ellos el principio de buena fe en relación con el tiempo transcurrido.
Al igual que sostiene la sentencia recurrida, la sentencia de esta Sala de 1 de junio de 2007 en su Fundamento Jurídico Tercero: (.....) teniendo en cuenta que las sentencias del Tribunal Constitucional antes referidas reconocen que se ha vulnerado el principio de igualdad en relación con los aspirantes que sin haber recurrido inicialmente la primera lista de aprobados, sin embargo, con la adopción de los nuevos criterios de valoración debieron entrar en las listas. Y esta vulneración de un derecho fundamental, es una causa de nulidad de pleno derecho, a tenor de lo dispuesto en el articulo 62.1.a) de la ley 30/1992, y estos actos se pueden impugnar en cualquier momento, mediante el procedimiento de revisión previsto en el articulo 102 de esta ultima ley citada, por lo que habiéndolo solicitado, la Administración debió tramitar y resolver el procedimiento de revisión declarando la nulidad del acto administrativo en cuanto a los recurrentes y estimando su pretensión.
En consecuencia, es evidente que las potestades que se conceden en el artículo 106, no pueden entenderse como un impedimento al ejercicio de la acción por parte de quien ha visto violado un derecho fundamental que según la doctrina del Tribunal Constitucional debiera haber sido reparado de oficio por la propia Administración al haber recurrido admitido un recurso contra el sistema de valoración de un proceso selectivo.
Cuarto.-Procede en consecuencia no dar lugar al presente recurso de casación, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 139 de la ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa con expresa condena en las costas a la recurrente, fijando en 2000 euros la cuantía de los honorarios de la parte recurrida, en virtud de la habilitación de dicho precepto procesal.
No ha lugar al recurso de casación numero 1133/2008, interpuesto por el Abogado del Estado, en la representación que le es propia, contra la sentencia de 11 de diciembre de 2007, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recaída en el recurso contencioso-administrativo numero 55/2007, seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto contra la resolución dictada por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia de fecha 8 de enero de 2007, con expresa condena en las costas procesales a la recurrente, en los términos del ultimo fundamento jurídico de esta resolución.

References: resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 14
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 106
 artículo 139
 resolución