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Timestamp: 2019-10-24 00:25:58+00:00

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﻿ SENTENCIA 17478 DE MAYO 23 DE 2002
SENTENCIA 17478 DE 23 DE MAYO DE 2002
CONTENIDO:PENSIÓN SANCIÓN. A PARTIR DE LA VIGENCIA DE LA LEY 100 DE 1993 NO OPERA PARA TRABAJADORES OFICIALES, A MENOS QUE SE HAYA DESPEDIDO SIN JUSTA CAUSA Y NO ESTUVIERA AFILIADO AL SISTEMA DE PENSIONES POR OMISIÓN DEL EMPLEADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, PENSIÓN SANCIÓN, SISTEMA DE PENSIONES, PROCESO LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES, PENSIÓN SANCIÓN DE JUBILACIÓN
Sentencia 17478 de mayo 23 de 2002
Rad.: 17478
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de Cruz María Aponte Aponte contra la sentencia dictada el 28 de junio de 2001, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué en el proceso instaurado por el recurrente contra el municipio de Ibagué.
Cruz María Aponte Aponte instauró proceso ordinario laboral contra el municipio de Ibagué, para que, una vez declarada la existencia de la relación laboral y su terminación “sin que existiera causal legal justificada, o convencionalmente pactada que lo permitiera” (fl. 48), fuera condenada al pago de la suma de $65.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios por daño emergente, lucro cesante y perjuicios morales; la indemnización por mora “a razón” $ (33.655.74) diarios a partir del 1º de abril de 1999, y hasta la fecha en que su pago se verifique” (fl. 49); la pensión sanción establecida en el parágrafo único del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 “a partir del día 1º de abril de 1999 por tener cumplidos 50 años de edad y quince (15) de servicio a la fecha de su despido” (ibídem); y al pago “de los aportes para pensión y seguridad social, previstos por la ley, desde el 1º de abril de 1999 hasta la fecha en que el Instituto de Seguro Social, lo acoja en pensión de jubilación conforme a la reglamentación” (ibídem).
Fundó sus pretensiones en los servicios prestados al municipio de Ibagué “como trabajador oficial, en forma ininterrumpida desde el día 3 de marzo de 1983, hasta el 1º de abril de 1999, cuando fue despedido sin justa causa” (fl. 49) y en las afirmaciones de haber sido beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo celebradas entre el municipio de Ibagué y su sindicato de trabajadores; que dentro de las prerrogativas de tales convenciones se encontraban la de no ser despedido por faltas u omisiones “hasta tanto se le haya comprobado ante las autoridades competentes laborales” (fls. 49 y 50); la de pensión de jubilación “a aquellos trabajadores que hayan cumplido veinte (20) años de servicios continuos o discontinuos a cualquier edad únicamente al servicio del municipio de Ibagué” (fl. 50) y la de no afectación de los derechos adquiridos.
Aseveró que la convención colectiva de trabajo establece la indemnización de perjuicios por terminación unilateral y sin justa causa de acuerdo con los artículos 11 y 12 de la Ley 6ª de 1945 en concordancia con el artículo 51 del Decreto 2127 de 1945, “que dispone que además del plazo presuntivo el trabajador tiene derecho a la indemnización de perjuicios a que haya lugar; determinados por los artículos 1613 y 1614” (fl. 50).
Afirmó en la demanda, que sin haberse suprimido el cargo, la alcaldesa de Ibagué, “violando el pacto de estabilidad laboral, y su derecho a no ser despedido sin causal justificada, como del derecho a continuar laborando hasta llegar al tiempo de servicio requerido para su pensión de jubilación, dio por terminado unilateralmente su contrato de trabajo sin causal legal justificada; que le exigía haber recurrido a procedimientos jurídicos laborales. Su despido fue comunicado el 1º de abril de 1999 y la supresión del cargo de mi poderdante sólo fue hecha mediante Decreto 211 de junio 29 de 1999; es decir tres (3) meses después de la terminación de su contrato de trabajo” (fl. 51); aduciendo además, que su mínimo de estabilidad en cuanto a salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones estaba garantizada hasta el 31 de diciembre de 1999, de acuerdo con la vigencia de la convención colectiva de trabajo.
La demandada al responder, aun cuando aceptó la vinculación laboral del demandante, dijo que el contrato de trabajo había terminado por causa legal; que pagó la indemnización de acuerdo con los términos del artículo 6º de la Ley 50 de 1990 y el artículo 1613 del Código Civil, y que el daño emergente y el lucro cesante estaban incluidos en el pago, puesto que la indemnización cubre “de manera integral todos los perjuicios ocasionados con la terminación del contrato” (fl. 83). Igualmente sostuvo que la pensión sanción fue “sustituida por la de vejez, para los trabajadores que se encontraban afiliados al ISS y para los que se afilien a los regímenes pensionales de prima media, ISS, o de ahorro individual en los fondos privados, (L. 50/90, art. 37, L. 100/93, art. 133)” (ibídem); reiterando en relación con la pensión sanción, que la terminación del contrato fue de carácter legal y que el Decreto 171 de 1961 estaba derogado.
El juzgado del conocimiento, que lo fue el Segundo Laboral del Circuito de Ibagué, mediante sentencia del 29 de noviembre de 2000, declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes desde el 3 de marzo de 1983 hasta el 1º de abril de 1999, “el cual fue terminado legalmente por el empleador, pero sin justa causa” (fl. 201); y en consecuencia condenó al municipio de Ibagué al pago “de los siguientes conceptos laborales originados del contrato de trabajo: a) $ 681.667.41 mensual a partir del 8 de noviembre de 1999, suma actualizada con base en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, como pensión sanción; b) seguir cotizando al ISS los aportes de ley correspondientes para la pensión del actor, de tal manera que en el futuro la pensión aquí reconocida se subrogue en cabeza del ente de previsión en forma total o parcial, por cotizaciones para pensión y seguridad social; y c) $ 37.680.70 diarios a partir del 1º de julio de 1999 y hasta cuando se cancele lo adeudado por la prestación de la pensión sanción reconocida en el sub lite, por indemnización moratoria” (ibídem); negó las demás pretensiones de la demanda; declaró no probadas las excepciones propuestas y le impuso costas a la demandada.
El tribunal al desatar el grado jurisdiccional de consulta, revocó la condena impuesta por el a quo asentando que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 “estuvo vigente para los trabajadores del sector privado hasta el 1º de enero de 1991 cuando fue sustituida por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, pero siguió vigente para los trabajadores del sector oficial hasta cuando empezó a regir el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 que estructuró la pensión sanción” (fl. 13 c. del tribunal), transcribiendo seguidamente la disposición enunciada.
En relación con el articulado de la Ley 100 de 1993 sostuvo que ésta comenzó a regir en lo que se refiere al sistema general de pensiones desde el 1º de abril de 1994, y que en cuanto a la afiliación de los servidores públicos de los entes territoriales y descentralizados impuso, según los artículos 1º y 2º del Decreto 1642 de 1995, un límite final hasta el 31 de diciembre de 1995; que de acuerdo con lo informado por el Instituto de Seguros Sociales, el trabajador fue afiliado al sistema general de pensiones en enero de 1995 y que anteriormente estuvo afiliado a la Caja Municipal de Previsión Social, por lo que “en consecuencia el ISS, asumirá la pensión cuando Aponte cumpla los requisitos de edad y cotizaciones y, dadas las circunstancias anotadas, la emisión del bono pensional” (fl. 14); aduciendo además, que de existir mora en el pago de algunas cotizaciones, “la consecuencia no es la pensión sanción sino la posibilidad del cobro ejecutivo de ellas con intereses de mora por parte del instituto” (ibídem).
Concluyó el tribunal que “aunque hubo despido injusto y fue indemnizado, no es viable la pensión sanción porque el trabajador estaba afiliado al sistema general de pensiones que es uno de los presupuestos de ese derecho. Tampoco hay al pago de cotizaciones a partir de la fecha del despido, ni a indemnización moratoria porque a la fecha de terminación del contrato nada se quedó adeudando” (fl. 15).
En cuanto al derecho a la pensión de jubilación convencional con 20 años de servicio sostuvo que “aunque la convención colectiva el 10 de febrero de 1977 las partes acordaron tal cosa no puede reconocerse dicha pensión por las siguientes razones: a) No presentó la cadena convencional que demuestre la persistencia de esa cláusula; b) No solicitó pensión de jubilación sino pensión sanción, y c) No cumplió 20 años de servicio” (fl. 15).
Ante el entendimiento del demandante en cuanto a que el régimen pensional convencional excluía al trabajador de los efectos de la Ley 100 de 1993 por llevar más de 10 años de servicios consideró que carecía de fundamento toda vez que “dicha pensión depende no sólo del tiempo de servicio del trabajador sino también de un acto positivo del empleador —el despido injusto— y de otro omisivo, la falta de afiliación al sistema, y ninguno de ellos, ni todos en conjunto, excluyen a alguien del régimen estructurado mediante la Ley 100” (fls. 15 y 16).
Inconforme el demandante con la anterior determinación, aspira al fijar el alcance de la impugnación en la demanda con la que sustenta el recurso (fls. 6 a 19 c. 3), que no obtuvo réplica, que la Corte case la sentencia del tribunal, “en cuanto a su decisión de revocar el numeral 2º. De la parte resolutiva de la sentencia de primer grado, para absolver de la totalidad de las súplicas de la demanda a la entidad demandada; para que una vez constituida en sede de instancia revoque la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, el día 28 de junio del año 2001 y acceda a las súplicas de la (sic) demanda, condenando al municipio de Ibagué a reconocerle al demandante la pensión sanción, a continuar cotizando al ISS, los aportes de la ley correspondiente para la pensión del actor y al pago de la indemnización moratoria, en los términos de la sentencia de primer grado proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué” (fls. 9º y 10 c. 3).
Con tal propósito le formula cuatro cargos, los que la Corte estudiará de manera conjunta el primero con el segundo y el tercero, teniendo en cuenta la similitud en la vía seleccionada y los fines que con ellos se persigue.
Primero, segundo y tercer cargos
En el primero denuncia la sentencia de “violar directamente el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, y en especial el Decreto Reglamentario 1848 de 1969 artículo 74, y por aplicación indebida el parágrafo primero de la Ley 100 de 1993” (fl. 10).
En su argumentación sostiene el recurrente que el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 sólo se aplica a los trabajadores particulares y no a los trabajadores oficiales, por tratarse de una norma reformatoria del artículo 267 del Código Sustantivo del Trabajo, que fue subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990; que el artículo 289 de la citada Ley 100 no incluye entre las derogatorias expresas “las normas que consagran la pensión sanción para los trabajadores oficiales como es el caso del artículo 8º de la Ley 171 de 1961, y del artículo 74 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969” (fl. 11); que por lo mismo, el parágrafo primero del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, “no deja de ser un mico, contradictorio e inaplicable” (ibídem), al pretender aplicarlo a los trabajadores oficiales, quienes por mandato legal y constitucional tienen un régimen legal y prestacional diferente al de los trabajadores particulares; razón que para él, llevó al tribunal a incurrir en “en violación directa del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y del artículo 74 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969; y por aplicación indebida del parágrafo 1º del artículo 133 de la Ley 100 de 1993” (ibídem).
En el segundo la acusa de “violar directamente y por infracción directa los artículos 11, 36, 272 y 273 de la Ley 100 de 1993 y por aplicación indebida del parágrafo primero del artículo 133 de la Ley 100 de 1993” (fl. 12).
Según el recurrente, el tribunal sometió la vigencia del sistema general de pensiones a lo previsto en el parágrafo del artículo 151 de la Ley 100 de 1993, “concordado con los artículos 1º y 2º, del Decreto 1642 de 1945” (fl. 12), con desconocimiento de otras normas de la misma Ley 100, “que establecieron en primer término que su campo se aplicación estaba limitado a conservar y garantizar prerrogativas, servicios, y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores a la fecha de vigencia de esta ley, y a mantener la vigencia de los derechos adquiridos conforme a normas anteriores (art. 11), que en su artículo 36, previo un régimen de transición, a quienes tenían derechos adquiridos por normas anteriores, a lo (sic) no aplicación preferencial del sistema de seguridad social, cuando manoscabe la libertad, la dignidad humana los derechos de los trabajadores, teniendo plena vigencia validez y eficacia el artículo 53 de la Constitución Política (art. 272) y por último ordeno que a los servidores públicos les era aplicable los artículos 11 y 36 de la Ley 100, sobre el respeto de los derechos adquiridos” (fl. 13).
Para el recurrente, la infracción directa del tribunal respecto de las normas denunciadas obedeció al desconocimiento que hizo de ellas; aduciendo en relación con el artículo 11 de la Ley 100 de 1993, que a pesar de lo(sic) en el dispuesto sobre el respecto de los derechos adquiridos, “desconoció el hecho de que el demandante a la fecha de haber entrado en vigencia la Ley 100 de 1993, tenía más de 10 años de servicio al municipio demandado; de manera tal que contaba con un derecho adquirido sobre pensión sanción de fecha anterior a la vigencia de la nueva norma” (fl. 13); del artículo 36, sobre el régimen de transición, “que determina los requisitos para acceder a dicho régimen en concordancia por lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley 100 de 1993” (ibídem), no haber tenido en cuenta, que al entrar en vigencia la citada ley, el demandante “contaba con más de 50 años de edad y a menos de 2 años de cumplir 15 años de servicios para el municipio demandando, que obligaba al municipio de Ibagué a reconocerle su pensión sanción conforme a las normas anteriores, es decir al artículo 8º de la Ley 171 de 1961” (fl. 13).
El desconocimiento del artículo 272 lo hace consistir en que éste “le indicaba que lo establecido por dicha ley no tenía en ningún caso aplicación cuando menoscabara, la libertad, la dignidad humana o los derechos de los trabajadores; y que por tanto tendría plena validez y eficacia los principio fundamentales consagrados a favor del trabajador por el artículo 53 de la Constitución Política” (fl. 13); y el del artículo 273, por cuanto no se aplicó “el régimen aplicable a los servidores públicos de respeto por los derechos adquiridos por los trabajadores al momento de su incorporación al sistema general de pensiones y al sistema general de pensiones y al sistema general [de] seguridad social en salud” (fl. 14), no obstante haber expresado en la sentencia que al momento del despido injustificado, el trabajador “tenía más de 15 años de servicio al municipio, y por ende más de 10 años de servicio, al momento de su incorporación al sistema, cuando ya el demandante contaba con un derecho adquirido sobre la pensión sanción en caso de despido sin causal legal justificada por parte del empleador” (ibídem).
En el tercer cargo la denuncia por “violar directamente el artículo 133 de la Ley 100 de 1993” (fl. 16).
Después de transcurrir apartes de la sentencia impugnada, muestra inconformidad el recurrente por la consideración del tribunal en cuanto a que “la simple afiliación del trabajador al ISS para pensiones, le era suficiente para absolver al municipio demandado al reconocimiento de la pensión sanción y al pago de las cotizaciones previstas por la ley a favor del trabajador” (fl. 17), desconociendo con ello, “que para el efecto se hace necesario que la afiliación fuera completa y eficaz, es decir el que le permita al trabajador antiguo, despedido sin justa causa, acceder al derecho irrenunciable a la seguridad social y desconociendo que la afiliación incompleta o tardía de la afiliación no exonera al empleador de la pensión sanción” (ibídem), cuando en el sub examine, “solamente se demostró la prueba de las cotizaciones hechas desde el momento mismo de la incorporación el 1º de enero de 1995 hasta la fecha de su despido injusto, como lo determina la sentencia y sobre el tiempo anterior, la corporación tuvo erradamente como prueba la copia de una resolución de reconocimiento de la cesantía definitiva, que tenía un fin probatorio diferente” (ibídem).
Como se dejó determinado atrás al hacerse el resumen del recurso, dado que lo pretendido por el recurrente en casación a través de estos tres cargos es obtener la condena a la pensión sanción negada por el fallador de alzada, se estudiarán en forma conjunta.
Si bien la imprecisión técnica que presentan los cargos en cuanto a determinar la modalidad de la vía seleccionada respecto de algunas normas denunciadas, es común a todos atribuir la violación directa que hizo el tribunal del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, por aplicación indebida en el primero y segundo cargos, que según el recurrente lo llevó, al desconocimiento de sus derechos adquiridos, a la inaplicabilidad de las normas especiales para los trabajadores oficiales y a la creencia de que la afiliación hecha por el empleador “fuera completa y eficaz”; de los cuales además resulta claro ninguno se controvierten los supuestos fácticos que sirvieron de fundamentos a la decisión impugnada y que tienen relación con: a) los extremos temporales del contrato de trabajo, b) su terminación legal pero sin justa causa, c) la calidad de trabajador oficial del demandante y d) la fecha de afiliación al sistema general de pensiones.
En consideración a la fecha de terminación del contrato de trabajo del demandante 31 de marzo de 1999 y a su calidad de trabajador oficial del orden municipal, fue que el tribunal hizo producir efectos al artículo 133 de la Ley 100 de 1993, disposición señalada como violada por el recurrente, al sostener que el artículo 8º de la Ley 171 de 1961, “siguió vigente para los trabajadores del sector oficial hasta cuando empezó a regir el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 que estructuró la pensión sanción” (fl. 13), en los términos para lo cual transcribió textualmente la norma, que así dice:
“Pensión sanción. El artículo 267 del Código Sustantivo de Trabajo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 50 de 1990, quedará así:
Si el retiro se produce por despido sin justa después de quince (15) años de dichos servicios, la pensión se pagará cuando el trabajador despedido cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad si es hombre, o cincuenta (50) años si es mujer, o desde la fecha del despido, si ya los hubiere cumplido.
La cuantía de la pensión será directamente proporcional al tiempo de servicios respecto de la que le habría correspondido al trabajador en caso de reunir todos los requisitos para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media con prestación definida y se liquidará con base en el promedio devengado en los últimos diez (10) años de servicios, actualizado con base en la variación de índice de precio al consumidor certificada por el DANE.
PAR. 2º—Las pensiones de que trata el presente artículo podrán ser conmutadas con el Instituto de Seguros Sociales”. (...).
De la anterior transcripción se colige que le asiste razón al tribunal, por cuanto si bien el artículo 37 de la Ley 50 de 1990 había modificado el 267 del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable a los trabajadores particulares, en esta oportunidad el artículo 133 del nuevo estatuto de seguridad social traído a colación extendió sus efectos a los trabajadores oficiales, a los que expresamente incluyó en su parágrafo primero cuando dijo “lo dispuesto en el presente artículo se aplicará exclusivamente a los servidores públicos que tengan la calidad de trabajadores oficiales y a los trabajadores particulares (las negrillas están fuera de texto).
Como la ha venido precisando esta Sala de Casación, contrario a lo argumentado por el recurrente, la Ley 100 de 1993, sí modificó el artículo 8º de la Ley 171 de 1961 en relación con los trabajadores oficiales, de tal forma que en principio a partir de su vigencia no opera para ellos la pensión sanción. Pues si bien esta clase de servidores del Estado no fueron incluidos en la Ley 50 de 1990, por cuanto como se dijo atrás, su artículo 37 modificó el 267 del Código Sustantivo del Trabajo que en su parte individual sólo aplica a los trabajadores particulares por expresa disposición del artículo 3º del citado Código Laboral, el artículo 133 de la Ley 100 de 1993 sí incluyó a los trabajadores oficiales haciéndoles extensivos sus efectos, en cuanto a que la pensión sanción sólo cabe en la eventualidad de que el trabajador despedido sin justa causa no estuviere afiliado al sistema general de pensiones por omisión del empleador.
Pero además, tampoco le asiste razón al impugnante en su cuestionamiento contra el fallo, al considerar que se desconocieron derechos adquiridos con fundamento en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con los artículos 11, 272 y 273 de la citada ley, por cuanto el régimen de transición impuesto por el artículo 36 y que impone el respeto de situaciones (o válgase la denominación de derechos adquiridos), hace referencia a los requisitos para “acceder a la pensión de vejez”, como expresamente lo señala la norma, mas no a supuestos relacionados con el despido del trabajador sin justa causa después de años de servicio a un empleador que no cumplió con la obligación de afiliarlo al sistema general de pensiones, o ante una afiliación deficitaria, de tal forma que le impida el acceso al posterior reconocimiento de la prestación pensional, por haberse hecho de manera tardía o incompleta resultando insuficiente para los fines que con ella se persiguen.
No sobra agregar que el ataque en el tercer cargo se dirige por violación directa del artículo 133 de la Ley 100 de 1993, pero la sustentación alude es a la inteligencia que en criterio del censor ha debido otorgarse al referido precepto, razón por la cual el concepto adecuado para la impugnación ha debido serlo por interpretación errónea.
Finalmente, en el caso en estudio, antes de la vigencia de la Ley 100 el demandante no era afiliado obligatorio al Instituto de Seguros Sociales. Porque si bien todo empleador debe afiliar forzosamente a sus trabajadores a una entidad de seguridad social tan pronto se lo imponen las leyes, sin evadir o postergar esa obligación, la situación se torna distinta frente a ciertos entes estatales, cuya responsabilidad de afiliar al ISS a sus servidores públicos, surge en el transcurso del contrato, sin que pueda tildarse de tardía. En el sub judice no se controvierte que el municipio de Ibagué, lo afilió desde enero de 1995, al Instituto de Seguros Sociales, afiliación que no puede entenderse tardía ni incompleta por cuanto como bien lo asentó el tribunal, el Decreto 1642 de 1995 estableció en su artículo 2º como fecha límite para iniciar el proceso de afiliación de sus trabajadores al régimen de pensiones, hasta el 31 de diciembre de 1995; motivo por el cual el juez de segundo grado no podía calificar ese actuar de extemporáneo.
En consecuencia, desde la vigencia de la Ley 100 de 1993, la situación de no afiliación de un servidor público antiguo a la seguridad social, que tiene la virtud de generar la pensión-sanción es la causada por la conducta omisiva del empleador oficial frente a ese deber, hipótesis que no se dio en el presente caso.
Por lo anotado, los cargos no prosperan.
Acusa la sentencia de “violar indirectamente y por aplicación indebida del (sic) artículo 60 del Código Procesal del Trabajo” (fl. 18); como consecuencia de los yerros fácticos que se enuncian a continuación:
“1. No dar por demostrado, estándolo la existencia y vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, suscritas por el municipio de Ibagué, debidamente aportadas al proceso, tales como la estabilidad laboral, como mínimo hasta el 31 de diciembre de 1999 y a la preferencia de la aplicación de las normas más favorables sobre las desfavorables.
2. Dar por demostrado no estándolo, el pago de los aportes para pensiones, entre el 3 de marzo de 1983 y el 1º de enero de 1995, a la Caja de Previsión Municipal, como el pago de los aportes posteriores a Cajanal e ISS; de manera especial en el primer caso, que fue deducida de una resolución que tenía como objeto reconocer la cesantía definitiva, en la cual no se pretendía de ninguna manera probar el pago de los aportes mencionados.
3. No dar por demostrado estándolo, que el municipio sólo afilió al ex trabajador al Instituto de los Seguros Sociales en la postrimería de su relación laboral, desde 1995 hasta 1999; y de que sus pagos no fueron oportunos.
4. No dar por demostrado estándolo que el demandante por su edad y tiempo de servicio, al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993, como de su incorporación al régimen de seguridad social integral, contaba con más de 10 años de servicio al municipio; que le otorgaba un derecho adquirido sobre la pensión sanción, en caso de ser despedido injustamente, o en su defecto, ha (sic) acogerlo conforme al régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993” (fl. 18).
Errores que según el recurrente obedecieron a la falta de apreciación de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el municipio de Ibagué y su sindicato de trabajadores; y al darle valor a la resolución de reconocimiento de cesantías.
Con el fin de demostrar el cargo, dice textualmente el recurrente en su escrito con el que sustenta el recurso que “La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, al no tener en cuenta en su sentencia la existencia de las convenciones colectivas de trabajo, a la edad del demandante, probada por el registro civil de nacimiento, así como el certificado de tiempo de servicio, aportados al proceso, y por último al darle probatorio a una resolución de reconocimiento de cesantías, como la prueba del pago de los aportes para pensión indujeron sin duda alguna al tribunal a revocar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ibagué; pruebas que de haber sido valoradas adecuadamente, no hubiesen permitido que el tribunal revocara la sentencia de primera instancia, razones entre otras por la que hoy se impugna” (fl. 19).
No obstante que el recurrente hace consistir la equivocación del tribunal en los cuatro yerros fácticos que enuncia en su escrito con el que sustenta el recurso extraordinario, por la falta de apreciación de las convenciones colectivas de trabajo suscritas entre el municipio de Ibagué y su sindicato de trabajadores y en el valor probatorio que le diera a la resolución de reconocimiento de cesantías, con total desconocimiento en este caso de lo preceptuado por el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, omite señalarle a la Corte “a) El precepto legal sustantivo, de orden nacional, que se estime violado”, pues desconociendo que la violación de los preceptos constituyen solamente medio para la violación de las normas sustantivas laborales, reseña como violado el artículo 60 del Código Procesal de Trabajo, disposición de carácter procesal, que sólo sirve de instrucción al juez “al proferir su decisión”, pero sin denunciar las normas sustantivas de carácter laboral, que crearon o negaron el derecho reclamado, que viene a ser el fundamento del recurso de casación, cuyo fin principal de acuerdo con los términos del artículo 86 del Código Procesal del Trabajo, es el “de unificar la jurisprudencia nacional del trabajo”.
Si lo anterior fuera insuficiente para la desestimación del cargo, también olvidó el recurrente el deber de señalarle a la Corte mediante el examen lógico jurídico de las pruebas denunciadas en qué consistió el error en que dice haber incurrido el tribunal, pues a pesar de lo corto de la argumentación se extendió en consideraciones de instancia como si se tratara de un recurso diferente al extraordinario de casación. Pero además de incurrir en la omisión de la crítica de las pruebas en relación a lo que de ellas estableció el tribunal y respecto de lo que a su consideración ellas dicen, sometió su escaso examen a pruebas diferentes a las enunciadas como el registro civil de nacimiento, el certificado de tiempo de servicio y “la prueba del pago de los aportes para pensión” (fl. 19), sin ninguna incidencia en su argumentación y mucho menos en la decisión pretendidamente por él atacada.
En conclusión de lo anterior, el cargo se desestima.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 28 de junio de 2001 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, dentro del proceso instaurado por Cruz María Aponte Aponte contra el municipio de Ibagué.

References: artículo 8
 artículo 51
 artículo 6
 artículo 1613
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 133
 artículo 8
 artículo 74
 artículo 133
 artículo 267
 artículo 37
 artículo 289
 artículo 8
 artículo 74
 artículo 133
 artículo 8
 artículo 74
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 151
 artículo 36
 artículo 53
 artículo 11
 artículo 36
 artículo 273
 artículo 8
 artículo 272
 artículo 53
 artículo 273
 artículo 133
 resolución 
 artículo 133
 artículo 133
 artículo 8
 artículo 133
 artículo 267
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 133
 artículo 8
 artículo 37
 artículo 3
 artículo 133
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 133
 artículo 2
 artículo 60
 resolución 
 artículo 36
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 90
 artículo 60
 artículo 86