Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43612943
Timestamp: 2020-08-09 19:41:44+00:00

Document:
Sentencia de Constitucionalidad nº 567/00 de Corte Constitucional, 17 de Mayo de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 43612943
Sentencia citada en: 128 sentencias, 28 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 2 noticias
Actor: B.O.M..
S. de Bogotá, D.C., a los diez y siete (17) días del mes de mayo de dos mil (2000)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano B.O.M., con base en los artículos 40, numeral 6, y 241, numeral 4, de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad del artículo 26, parcial, del Decreto Legislativo 2351 de 1965, "Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo"; y los artículos 45, parcial, 46, 47 y 50 de la ley 50 de 1990, "Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones".
"Decreto Legislativo N.. 2351 de 1965
"P.. El incumplimiento injustificado de los términos previstos en el presente artículo hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionable con arreglo al régimen disciplinario vigente.
- Cargos de la demanda d-2664.
Violación de los artículos 53, inciso 4, y 93 de la Constitución y los artículos 2, 8, numeral 2, y 10 del Convenio 87 de la O.I.T.
Violación de los artículos 38 y 39 de la Constitución.
- Cargos de la demanda d-2665.
Violación de los artículos 39, 38, 14, 83, 84, 53, inciso 4, 93 y 94 de la Constitución, del artículo 19, numeral 8, de la Constitución de la O.I.T., y de los artículos 2, 3, 4, 7 y 8, numeral 2, del Convenio 87 de la O.I.T.
El ciudadano P.N.L.C., actuando como apoderado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, intervino para defender la constitucionalidad de las normas acusadas.
En cuanto a la diferencia que pretende el demandante hacer entre las expresiones "simple inscripción" y "reconocimiento jurídico", señala el interviniente que según el diccionario jurídico de G.C., una de las acepciones de reconocimiento, es precisamente la palabra "registro". Por lo tanto, ninguna violación se percibe sobre este tema.
Intervención de la ciudadana S.A.L..
En concepto N.. 2032, del 21 de enero del año 2000, el señor P. solicitó declarar la constitucionalidad de las normas demandadas, excepto el artículo 50 de la ley 50 de 1990, sobre el que existe cosa juzgada. Explica sus razones así:
En cuanto al citado por el demandante "bloque de constitucionalidad" de los Convenios de la O.I.T., señala el señor P. que estos convenios han demarcado los parámetros generales para que el derecho de asociación sindical, se convierta en un derecho fundamental. Y al legislador se le encomendó la tarea de interpretar la directriz, y así, desarrollar los principios, valores y demás elementos que hacen parte de este derecho "de acuerdo con la situación histórica y social por la que atraviesen las relaciones laborales dentro de la vida nacional."
En relación con el proyecto de ley, que luego se convirtió en la Ley 50 de 1990, señala el señor P. que se hizo una propuesta encaminada a adecuar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo a los Convenios de la O.I.T. Por ello, la ley mencionada transformó el Código Laboral, respecto del derecho laboral colectivo, en puntos importantes en cuanto a la constitución y el reconocimiento de la personería jurídica. Dice el señor P. que "el artículo 39 de la Constitución Nacional prevé que el reconocimiento jurídico del sindicato se producirá con ´la simple inscripción del acta de constitución´; una ligera apreciación de lo enunciado por la norma Superior, puede simplificar las cosas, tal y como lo hace el demandante; entonces, sólo se exigiría un requisito de publicidad para poder oponerlo a terceros." Pero ello no es así, puesto que "como el sentido democrático en que se desenvuelve el derecho de asociación sindical, demanda que en su condición de persona jurídica, el sindicato entre a interactuar con los demás elementos de la sociedad, creando a la postre situaciones de hecho y de derecho que demandan la existencia de unos requisitos mínimos que garanticen la existencia y representación del mismo como persona jurídica que es; mal se haría en contravenir el orden legal que preceptúa un mecanismo idóneo para el reconocimiento jurídico, como efectivamente lo hacen los artículos 45, 46, 47 y 50 de la ley 50 de 1990" (folio 73).
Además, dice el P. que no se trata de un control de legalidad, ya que la personería jurídica otorgada por la respectiva autoridad administrativa tiene sólo un efecto declarativo, más no constitutivo, tal como lo señala la Constitución en el artículo 39. Es decir, no hay un control de legalidad previo y oficioso, ni a la administración se le ha conferido la potestad de suspender la personería jurídica, puesto que no la ha concedido, sólo la ha declarado.
Respecto de los cargos contra el artículo 26 del decreto 2351 de 1965, esta norma, dado el momento histórico que dio lugar a su expedición, buscaba garantizar y proteger a la clase trabajadora de la vulneralidad ante el patrono, vulnerabilidad que podría ser ocasionada por falta de integración y homogeneidad de sus acciones, pues, señala el señor P. "el número de sindicatos de base que actúe en determinada empresa, no garantiza la efectividad de su labor, sino más bien, provoca una ruinosa competencia, que va a dejar poca claridad a la hora de plantear una convención colectiva. Es innegable que la razón de ser de esta prohibición, involucra los conceptos fundamentales de negociación y de convención colectiva (...) pues el éxito de la actividad sindical, radica en la unidad de criterio que reflejen los representantes de los intereses de la clase trabajadora, frente a un empleador que busca el menor asomo de falta de claridad o desacuerdo en las peticiones y exigencias que se plantean con el fin de tergiversarlas de acuerdo a sus intereses o simplemente desconocerlas." (folios 75 y 76).
Estas mismas razones, opina el señor P., sirven para considerar que las normas no infringen el principio de igualdad. Para ello se apoya en la sentencia T-230 de 1994, que se refiere al derecho de los trabajadores a fundar sindicatos.
Finalmente, el señor P. considera que los preceptos demandados cumplen la finalidad de proteger el derecho de asociación sindical, en toda su dimensión, y es por ello que ciertos requisitos que se establecen, en vez de poner a los sindicatos en situación de desventaja, permiten que tengan tales asociaciones igual trato que el dado a las demás personas que reconoce la ley.
Cargo general de inconstitucionalidad. No obstante la división de cargos que hace el demandante, para las consideraciones pertinentes, y, en aras de facilitar su estudio, se avocará el examen desde la óptica del cargo general que expone el actor, que se puede resumir así: el demandante considera que las normas transcritas constituyen un privilegio injustificado en favor de los sindicatos de base o empresa, frente a las otras clases de sindicatos, gremial, de industria y de oficios varios. Considera que no permitir la coexistencia de más de un sindicato de base, en una misma empresa, vulnera los derechos constitucionales a la igualdad, artículo 13, y a la libertad sindical, ésta última consagrada en la Constitución, en los artículos 38 y 39 y al Convenio 87 de la O.I.T., en los artículos 2, 8, numeral 2, y 10. Recuerda el demandante que este Convenio hace parte del denominado "bloque de constitucionalidad".
Para el examen correspondiente, conviene recordar que el inciso primero del artículo 39 de la Constitución, que consagra el derecho fundamental a la libertad sindical, establece que : "Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución."
En primer lugar, ha de recordarse por la Corte que, conforme al artículo 356 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 40 de la Ley 50 de 1990, en la legislación colombiana se distingue entre los sindicatos de empresa, de industria o de rama de actividad económica, gremiales y de oficios varios. Los primeros, que son a los que refieren las disposiciones demandadas, son aquellos integrados "por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios a una misma empresa, establecimiento o institución."
De esta suerte, la norma acusada resulta, además, contraria a la propia filosofía que informa la Constitución Política de 1991, en cuanto ella, en su artículo 1º audefine al Estado Colombiano como social de derecho, en el cual son principios esenciales una organización "democrática, participativa y pluralista, fundada en la dignidad humana", principios éstos conforme a los cuales ha de interpretarse, también, el artículo 39 de la Carta en cuanto garantiza a los trabajadores a constituir sindicatos, lo cual desde luego ha de entenderse en el sentido de que éstos pueden obedecer a distintas orientaciones ideológicas, cuya existencia se garantiza por la propia Constitución.
- Representación en caso de existencia de más de dos sindicatos de base en una misma empresa.
Ahora bien, el numeral 3 del citado artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, a partir de la posibilidad de existencia simultanea de trabajadores afiliados a la misma empresa a un sindicato de base y otros afiliados a uno gremial o de industria, establece que en tal caso, "si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los sindicatos de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos", asunto que deja a la reglamentación posterior del Gobierno.
Es claro para la Corte que si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato, éste, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación sindical, tiene la representación de tales trabajadores; y, siendo ello así, resulta violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle por la Ley que esa representación deba necesariamente ejercerla "conjuntamente" con otro u otros sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical, razones por las cuales se declarará la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965.
Cosa juzgada en relación con el artículo 50 de la Ley 50 de 1990.
- Examen del artículo 45 de la Ley 50 de 1990.
- Examen del artículo 46 de la Ley 50 de 1990.
El artículo 46 de la Ley 50 de 1990, modificatorio del 366 del Código Sustantivo del Trabajo, entre las causales que establece para negar la inscripción de un sindicato en el registro administrativo del Ministerio de Trabajo, preceptua que ella puede ocurrir "a) Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución Nacional, la ley o las buenas costumbres."
"Esta restricción es particularmente grave porque permite silenciar, como opuestas al decoro y al buen gusto, las opiniones o discursos que son contrarios a las ideas dominantes, mientras que la libertad de expresión pretende proteger, como lo ha vigorosamente destacado la doctrina de las instancias internacionales de derechos humanos, no sólo la divulgación de informaciones u opiniones consideradas inofensivas o indiferentes por el Estado y por la mayoría de la población, sino también la difusión de ideas o datos que no son acogidos favorablemente por las mayorías sociales, que pueden juzgarlas inquietantes o peligrosas. El pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuáles no existe verdaderamente un sociedad democrática, exigen que esas opiniones e informaciones disidentes sean también protegidas Ver Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso H. del 7 de diciembre de 1976. P. 49, criterio reiterado en muchos otros fallos. Ver por ejemplo Caso Lingens del 8 de julio de 1986, P. 41.
. Precisamente por tal razón, esta Corte Constitucional había considerado, en la sentencia T-104 de 1996, MP C.G.D., que violaba el pluralismo y la libertad de expresión que un funcionario se arrogara el derecho a calificar una obra artística como indecente, a fin de prohibir su exhibición. " (sentencia C-010 del año 2000, M.P., doctor A.M.C.)
- Artículo 47 de la Ley 50 de 1990.
Primero.- En relación con el artículo 50 de la Ley 50 de 1990, estése a lo resuelto en la sentencia N.. 115 del 26 de septiembre de 1991 de la Corte Suprema de Justicia.
LEGISLADOR-Referencia a "buenas costumbres" (Salvamento parcial de voto)
"Así las cosas, el artículo 93 de la ley fundamental debe ser necesariamente interpretado en relación con el artículo 214-2 ibidem, que prohibe la suspensión de los derechos humanos y libertades fundamentales durante los estados de excepción......" (Sent. C-295/93 M.P.C.G.D.. (Sentencia C-179/94 M.P.C.G.D.."
"A propósito de los convenios internacionales del trabajo, la propia Constitución se encarga de definir el rango normativo de que gozan sus disposiciones dentro del ordenamiento jurídico nacional: "Los convenios internacionales de trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna" (C.P. art. 53). La sala cuarta ha decidido modificar esta norma constitucional atribuyendo a los convenios internacionales de trabajo el carácter de normas constitucionales, calificación que igualmente extiende a las recomendaciones que fluyen de los órganos de control de la O.I.T.
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Expresiones "decoro" o "buenas costumbres" como criterios universalmente admitidos (Salvamento parcial de voto)
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 26, parcial, del Decreto Legislativo 2351 de 1965, "por la cual se hacen algunas reformas al Código Sustantivo del Trabajo", y los artículos 45, parcial, 46, 47 y 50 de la ley 50 de 1990, "Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones".
Aunque compartimos la decisión de la referencia, discrepamos de ella en lo que se refiere en la declaratoria de inexequibilidad de la expresión "O las buenas costumbres" del literal a) del numeral 4 del artículo 46, por las mismas razones que en otro Salvamento de Voto (a la Sentencia C-010/00) expusimos frente a la declaratoria de inxequibilidad de la expresión "y atenerse a los dictados universales del decoro", que contenía el artículo 2 de la Ley 6 de 1966. Tales razones, que ahora reiteramos, fueron, en síntesis, que expresiones como aquella -"decoro"- o ahora ésta de "buenas costumbres" responden a criterios universalmente admitidos, y que en modo alguno pueden resultar extrañas a un régimen pluralista como el que constitucionalmente nos rige.
En dicho salvamento de voto, a cuyo contenido nos remitimos, se explica cómo ciertos valores, principios y conductas de permanente vigencia en cualquier sociedad civilizada, están implícitos además en la protección de derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, y por tanto no pueden ser considerados como vulneratorios de otros de igual o menor rango. Así ocurre, en el caso presente, con la expresión buenas costumbres, ahora declarada inexequible. Con todo respeto, no consideramos que tenga suficiente base jurídica y constitucional sostener que esa expresión "resulta ambigua" y que, además, "desconoce el pluralismo y la autonomía moral de las personas". Lejos de ser ambigua, la expresión buenas costumbres es, repetimos, un concepto universalmente admitido, que, por cierto, ha figurado en la mayoría de nuestras constituciones a lo largo de la historia, y que por ello no puede descalificarse como algo que queda al criterio subjetivo de cada quien. Por ello resultaba, a nuestro juicio, perfectamente lógico y además ajustado a la Carta, que figurara como una de las causales para negar la inscripción en el registro sindical de un sindicato de trabajadores, la de que sus estatutos no fueran "contrarios a la Constitución Nacional, la ley o las buenas costumbres", como rezaba la norma en comento. Como se ha dicho, en manera alguna desconocía el pluralismo y menos aún la autonomía moral de las personas. Cabe recalcar a este respecto que, como lo ha reconocido la Corte en diversas oportunidades, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es corolario de la autonomía moral de las personas, no es en manera alguna absoluto sino que tiene limitaciones; ni más ni menos que "las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico", según reza el mismo texto constitucional (art. 16 C.P.). Consideramos que cualquier autoridad administrativa, como sería en este caso el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está en condiciones plenas de determinar, no solamente librada a su particular apreciación, si los estatutos de una organización sindical resultaban contrarios a las buenas costumbres; es que, como de antiguo se ha aceptado, y ahora reiteramos, con el término de buenas costumbres (B. mores) "se designa el orden moral generalmente aceptado por la opinión dominante". (V.T., Derecho Civil, T.I, pág.50).

References: artículo 26
 artículo 19
 artículo 50
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 26
 artículo 13
 artículo 39
 artículo 356
 artículo 40
 artículo 1
 artículo 39
 artículo 26
 artículo 39
 artículo 26
 artículo 50
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 46
 Artículo 47
 artículo 50
 artículo 93
 artículo 214
 artículo 26
 artículo 46
 artículo 2