Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1737
Timestamp: 2017-12-13 11:16:37+00:00

Document:
CELEBRADA EL MARTES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Una, de la Comisión de Cultura, con la que remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, con la que remite: Su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su Plan de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Una, de la Comisión de Seguridad Pública, con la que remite: su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura y su Programa de Trabajo correspondiente al Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Una, de la Senadora Andrea García García, con la que remite el Informe de la gira de trabajo a la Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 22 de julio de 2016
Una, de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 19 y 20 de agosto de 2016
Oficio con el que remite solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México participen en el “35 Aniversario de la Independencia de Belice”, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2016, en la Ciudad y Puerto de Belice
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con los Informes finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016 de los Programas del Sector Economía y el Anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 2016
Oficio con el que remite el Acuerdo por el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
Uno, que pretende establecer criterios de ausencias de Senadores que se desempeñaran como Diputados en la Asamblea Constituyente de la Ciudad De México
De la Senadora Hilda Flores Escalera y a nombre de diversas Senadoras, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos
Del Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo noveno al artículo 9 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo
De la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, a nombre propio y de Senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal; de la Ley General de Salud; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; del Código Civil Federal; del Código Federal de Procedimientos Civiles; de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley Federal contra de la Delincuencia Organizada; de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores; de la Ley de Vivienda; de la Ley General de Educación; de la Ley General de Desarrollo Social; y del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia atención a víctimas
Del Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción iv al artículo 4 y un inciso c) al artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
Del Senador Teófilo Torres Corzo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación
Del Senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal
De la Senadora Martha Tagle Martínez, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México
De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y fortalecer las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil
De la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño
PRONUNCIAMIENTO DE LA MESA DIRECTIVA CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DEL TERREMOTO DE 1985 EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Del Senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de Diputados a asignar recursos suficientes para la comunidad indígena en nuestro país, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017
Del Senador Héctor David Flores Ávalos, del PAN, para presentar proposición con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso y eximir el pago del 5% del impuesto al valor agregado en las fronteras del país, para resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado la homologación del IVA y la devaluación del peso en dicha zona
De la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo relativo a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante el aumento de flujos migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California
De la Senadora Ana Gabriela Guevara, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo que exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos institucionales para que se realicen informes e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato, que se usa en los cultivos mexicanos
MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DEL ARQUITECTO TEODORO GONZÁLEZ DE LEÓN
Del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, con punto de acuerdo por el que se solicita a las autoridades responsables del sector ambiental del Poder Ejecutivo Federal que se suspendan las acciones relativas a la instalación del proyecto “Planta de Amoniaco 2200 tmpd, en Topolobampo, Sinaloa”, de la empresa gas y petroquímica de occidente, S. A. de C. V.
Uno, por el que se modifican las fechas de comparecencias de funcionarios con motivo del 4to informe de gobierno
Uno, por el que se establece ante qué comisiones comparecerán los funcionarios en el marco del análisis del 4to informe de gobierno
Conforme al registro de asistencia, se han acreditado 73 Senadoras y Senadores.
En consecuencia, Presidente, hay quórum.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Se abre la sesión del martes 20 de septiembre, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del Segundo Año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
Quienes estén a favor, les pedimos que levanten su mano.
Quienes se encuentren en contra, favor también de hacerlo saber levantando su mano.
Le informo Presidente, que queda aprobada el acta.
Una, de la Comisión de Cultura, con la que se remite su Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio de la actual Legislatura.
Una, de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.
Una, de la Comisión de Seguridad Pública, con las que se remiten sus respectivos informes de actividades al primer año de ejercicio y su programa de trabajo correspondiente al Segundo Año de esta LXIII Legislatura.
Una, de la Senadora Andrea García García, con la que remite el Informe de la gira de trabajo a la Universidad de Oxford, la Universidad de Londres, el Centro de Investigación de Cáncer del Reino Unido y diversas instituciones médicas en Londres, llevada a cabo del 18 al 22 de julio de 2016.
Una, de la Senadora Lucero Saldaña Pérez, con la que remite el Informe de su participación en la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelaria del Parlamento Latinoamericano, celebrada en San Salvador, El Salvador, los días 19 y 20 de agosto de 2016.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite la solicitud de autorización para que elementos de la Armada de México participen en el “35 Aniversario de la Independencia de Belice”, que se llevará a cabo del 26 de septiembre al 2 de octubre del año en curso, en la Ciudad y Puerto de Belice.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina para su análisis y dictamen correspondiente.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio con similar de la Secretaría de Economía, con los Informes Finales de las Fichas de Monitoreo y Evaluación 2015-2016, de los Programas del Sector de Economía y el Anexo 2b del Programa Anual de Evaluación 2016.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Cámara de Diputados con el Acuerdo con el que se establece el Calendario Legislativo correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Se recibió un oficio de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, por el que se informa que en sesión celebrada el 15 de septiembre de 2016 se declaró formalmente constituida para el desempeño de sus funciones.
Les informo que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo por el que se establecen los criterios en relación con la asistencia de Senadores que se desempeñarán como Diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: El objeto del presente Acuerdo es establecer los criterios para acreditar las ausencias de Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Los criterios consignados en el presente acuerdo solamente serán aplicables cuando la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y la Cámara de Senadores celebren sesiones de manera simultánea el mismo día y hora.
Los criterios que se aplicarán serán los siguientes:
Uno.- Los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes que asistan a las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México tendrán justificada su inasistencia a la sesión correspondiente de la Cámara de Senadores por asistir a la que se celebre la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Dos.- Será optativo para los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes, informar a la Mesa Directiva del Senado su determinación de asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en las fechas que se convoque el mismo día y hora de las sesiones de la Cámara de Senadores, a efecto de que se aplique la previsión contenida en el Criterio Uno del presente resolutivo.
Tres.- Los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes, que decidan no asistir a las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, tendrán la obligación de registrar su asistencia a las sesiones plenarias de la Cámara de Senadores y permanecerán en ella hasta el final y participarán en las votaciones, salvo que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 61 del Reglamento del Senado.
Cuatro.- La inasistencia de los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes, no configura los supuestos previstos en el artículo 60 del Reglamento del Senado, ni genera las consecuencias jurídicas contenidas en los artículos del 61 al 68 del mismo ordenamiento.
Quinto.- En la sesión que corresponda, la Presidencia dará cuenta al Pleno de la ausencia de los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes, con motivo de su participación en la sesión de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
El aviso de la Presidencia hará las veces de constancia de la inasistencia, para los efectos de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información.
Seis.- En caso de que las sesiones de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se convoquen en un horario dentro del tiempo de duración de la sesión del Senado, los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes, podrán retirarse de la sesión del Senado cuando así lo determinen, sin que se configuren los supuestos y consecuencias jurídicas previstas en los artículo 61 a 68 del Reglamento del Senado.
Los Senadores que decidan retirarse informarán de su determinación a la Presidencia, por escrito o de manera directa y ésta dará cuenta al Pleno del motivo de la ausencia. El aviso que haga la Presidencia hará las veces de la constancia de la inasistencia para efectos de transparencia y acceso a la información.
Tercero.- Comuníquese el presente Acuerdo a los Senadores que se desempeñarán como diputados constituyentes para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al Presidente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, a los grupos parlamentarios constituidos en la Cámara de Senadores, a los Secretarios Generales y al titular de la Tesorería del Senado de la República.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Consulto a la Asamblea si es de aprobarse.
Hacerlo del conocimiento levantando su mano.
Quien no esté de acuerdo, favor también de hacerlo levantando su mano.
Le informo que fue aprobado, Presidente.
Háganse las comunicaciones dispuestas en el Resolutivo Tercero Transitorio del Acuerdo aprobado.
En cumplimiento del criterio Quinto del propio Acuerdo, esta Presidencia informa que los Senadores:
Gabriela Cuevas Barron.
María Lorena Marín Moreno.
Armando Ríos Piter, y
Juan Carlos Romero Hicks, no asisten a esta sesión por cumplir con su responsabilidad de diputados en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
Tiene el uso de la tribuna la Senadora Hilda Flores Escalera, para presentar a nombre propio y de Senadoras de diversos grupos parlamentarios, un proyecto de decreto por el que se expide la Ley que crea el Consejo Nacional para el Aprovechamiento de Alimentos.
La Senadora Hilda Esthela Flores Escalera: Muy buenos días a todas y a todos.
Estimado Presidente, con su permiso.
Acudo esta mañana a esta tribuna para hacer un especial llamado de atención sobre una situación preocupante, pero que desafortunadamente se nos ha hecho cotidiana, me refiero a la pérdida y desperdicio de alimentos que han alcanzado cifras exorbitantes alrededor del mundo. Las cifras son alarmantes.
Sabían que hasta un tercio de todos los alimentos que se producen en el mundo se pierden o desperdician. Esto equivale a mil 300 millones de toneladas de alimentos al año.
En nuestro país esta tendencia se confirma, pues, se pierden y desperdician en promedio el 37% de los alimentos, con lo que se podría alimentar a más de siete millones de mexicanas y mexicanos.
Sin duda, estos números contrastan con los millones de personas que pasan hambre, desnutrición y carencia alimentaria.
Sólo en México, al menos 28 de millones de personas tienen algún nivel de inseguridad alimentaria.
Esta iniciativa tiene un objetivo: crear el Consejo Nacional de Aprovechamiento de Alimentos y la obligación de aprobar la Estrategia Nacional contra el Desperdicio de Alimentos.
Este consejo estará integrado por los titulares de Secretarías de Desarrollo Social, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Economía, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor y el Inegi.
También formarán parte de este consejo, representantes de las organizaciones de producción de alimentos, comercializadoras, organizaciones de la sociedad civil involucradas e instituciones académicas y de investigación con especialidad en la materia.
Este consejo será el encargado de diseñar la política nacional en materia de reducción del desperdicio y pérdida de alimentos, de promover la coordinación de los sectores público, privado y social, involucrados en la producción, transporte y comercialización de los mismos.
Promover el desarrollo de infraestructura para su producción, comercialización y transporte eficiente.
Estimular la participación del sector privado.
Promover la celebración de acuerdos y convenios en el ámbito nacional e internacional.
Y, por supuesto, promover una cultura de combate a la pérdida y desperdicio de alimentos entre la población y los sectores involucrados.
Adicional a ello la iniciativa busca reducir el impacto ambiental que causa la pérdida y desperdicio de alimentos.
De acuerdo con la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la huella de carbono global del desperdicio de alimentos en 2007 se estimó en 3 mil 300 millones de toneladas de dióxido de carbono.
Para que dimensionemos esta situación, les expongo que si los alimentos desaprovechados fueran un país, éste habría ocupado el tercer lugar entre los principales emisores de gases de efecto invernadero, con cerca del 8% de las emisiones globales, sólo por debajo de China y Estados Unidos.
Con esta propuesta legislativa también pretendemos fomentar una producción más eficiente, pues se destinan muchos recursos como: tierra, agua, energía y capital humano para producir alimentos que jamás serán consumidos, con un importante impacto que, sin duda, perjudica a la productividad.
Cabe señalar que han sido muchos los esfuerzos e historias de éxito para el combate de esta problemática alrededor del mundo, desde la consolidación de acuerdos de cooperación y leyes, hasta políticas públicas en la materia.
Uno de los esfuerzos más destacables de la comunidad internacional es haber incluido dentro de las metas contempladas en los objetivos para el desarrollo sostenible, específicamente dentro del objetivo 12 sobre producción y consumo responsables, reducir para el 2030 a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores; y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución.
En el contexto local algunos países han emprendido acciones legislativas y administrativas relevantes.
En los Estados Unidos, en 2008, se expidió la Ley Federal para la Donación de Alimentos.
En Francia se expidió la Ley para la Lucha Contra el Desperdicio de Alimentos, la cual prevé la celebración de convenios con supermercados para efectos de donación de productos no vendidos, pero aún comestibles a organizaciones de ayuda humanitaria.
En México también se han emprendido acciones relevantes, específicamente en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que tiene dentro de sus objetivos minimizar las pérdidas post cosecha de alimentos durante su almacenamiento, transporte, comercialización y distribución.
Para ello se creó el Grupo de Pérdidas y Mermas de Alimentos, el cual construyó el índice de desperdicio de alimentos 2013, y con ello determinar la magnitud de este fenómeno y buscar soluciones a la problemática en el país.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social mantiene un esfuerzo coordinado con la Asociación de Banco de Alimentos de México para que a través de Diconsa se reciban donaciones de alimentos y se distribuyan en las zonas más pobres de nuestro país.
Existen grandes esfuerzos en la materia por parte de los sectores público, privado y social, el consejo a través de la estrategia busca unirlos y enfocarlos, establecerá indicadores comunes que permitan sumar todas las acciones en una misma dirección y, con ello, evitar su dispersión y, por ende, incrementar su efectividad.
Una política integral para saber dónde estamos, a dónde queremos ir y la ruta a trazar.
Reconocemos la participación de las organizaciones de la sociedad civil que luchan día a día por llevar alimentos a las familias mexicanas que padecen hambre, así como a las empresas socialmente responsables que han suscrito convenios de donación para beneficiar con apoyos alimentarios a esta población.
Quienes presentamos ante ustedes esta propuesta legislativa estamos convencidos que la solución a este fenómeno debe ser integral y multisectorial. Por ello es urgente diseñar y poner en marcha una política nacional para reducir el desperdicio y la pérdida de alimentos, así como un aprovechamiento eficiente de los mismos.
Consideramos que esta iniciativa presenta una opción viable e integral de agrupar todos los esfuerzos que existen hasta el momento, darles un cauce común y alcanzar metas precisas y cuantificables con las que no sólo combatamos el desperdicio y pérdida de alimentos, sino el hambre que prevalece en nuestro país.
El beneficio o potencial pues, es incalculable, no sólo tendría un efecto directo en las vidas de millones de personas, sino que implicaría un cambio profundo de mentalidad, un paso fundamental hacia modelos de consumo y producción verdaderamente responsables, sustentables que garanticen que ningún niño, niña, mujer u hombre, sufra hambre en un mundo donde la comida abunda.
Muchas gracias a todas y a todos por su atención. Esperamos por supuesto contar con su apoyo y solidaridad ante este tema, un tema tan apremiante.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, Senadora Hilda Flores Escalera.
Hay varios Senadores que desean suscribir su iniciativa. La Secretaría, si me ayuda con el nombre de todos, son más de 20…
Túrnese a las Comisiones Unidas de Autosuficiencia Alimentaria y de Estudios Legislativos.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Jorge Luis Lavalle Maury, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
El Senador Jorge Luis Lavalle Maury: Gracias, Presidente.
La división de poderes y la interacción equilibrada entre estos, son conceptos fundamentales en el mantenimiento de la gobernabilidad y el ejercicio del poder democrático.
Nuestra Carta Magma mandata diversas concurrencias entre los Poderes de la Unión, principalmente entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Entre éstas podrían enumerarse las relacionadas con los procesos legislativos, como son la ratificación de Tratados Internacionales, la aprobación de nombramientos, incluidos los de la conformación del Poder Judicial, así como los que podrían conocerse como los más recientes, que son los nombramientos de los consejos directivos de los distintos organismos autónomos.
Esto así, porque si el texto constitucional establece que los legisladores somos los representantes de la ciudadanía y la misma Constitución indica concurrencias específicas entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, en materia de ratificación de nombramientos, es menester que las leyes secundarias que instrumentan los procedimientos correspondientes sean claras y contengan los posibles supuestos del procedimiento de ratificación, aprobación o rechazo, en su caso, de estos.
Como es el caso de los nuevos organismos autónomos resultados de la reforma energética, los cuales cumplen funciones diversas como la regulación, la administración, la explotación de hidrocarburos, así como la administración de la renta que se obtiene de estos, y es que uno de los principales rasgos de los nuevos organismos y de la reforma, consisten en que el nuevo modelo energético basa sus decisiones en criterios técnicos y no en políticos o de gobierno, para lo cual, fue necesario instaurar un entramado jurídico que contempla los requisitos y procedimientos de los tomadores de decisiones.
De tal suerte, que a efecto de proceder con los nombramientos de los consejeros integrantes de los organismos, se establece una serie de concurrencias, entre el titular del Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión, donde cabe destacar el perfil técnico profesional que ha prevalecido en todos los nombramientos que hemos llevado a la fecha, es particularmente positivo y está dando buenos resultados.
En ese sentido, el Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso público del Estado, construido por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, tiene como objeto recibir, administrar, invertir y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y los contratos en materia de hidrocarburos, con excepción de los referidos a los impuestos.
El Fondo cuenta con un comité integrado por tres representantes del Estado y cuatro miembros independientes. La Ley del Fondo Mexicano mandata que los cuatro miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes de esta Cámara de Senadores, y serán designados en razón de su experiencia, capacidad, prestigio profesional y considerando que puedan desempeñar sus funciones sin ningún conflicto de interés.
Sin embargo, además de los demás órganos que conforman el modelo energético, esta Ley del Fondo Mexicano, en el nombramiento a los consejeros no señala el procedimiento en el supuesto caso de que una aprobación de la designación del Ejecutivo Federal y de la Cámara de Senadores no sea aprobada.
Una interpretación ortodoxa de la ausencia de este supuesto de la ley podría implicar la anulación de la función aprobatoria o ratificadora por parte de la Cámara Alta en este procedimiento, lo cual a su vez supondría la cancelación del equilibrio y la participación de los Poderes de la Unión.
Por ello es tan importante la armonización en ese sentido no solamente con relación de los demás órganos autónomos del modelo energético, sino como está la redacción prácticamente de todos los que hemos aprobado en esta Cámara de Senadores.
De este modo, por ello, es relevante resarcir esta omisión en la Ley del Fondo Mexicano, adicionando un párrafo en el que se prevea la posibilidad no aprobatoria del Senado en cuanto a los nombramientos de los consejeros independientes, a fin de respetar fielmente el espíritu de esta legislación en materia energética y cumplir con los preceptos constitucionales en materia de concurrencia de los poderes de la Unión, el equilibrio entre estos y de la representación política que tenemos.
Con base en todo lo anterior, propongo a consideración la siguiente modificación al artículo 9º, que es referente a los miembros independientes del comité, y se adicionaría el siguiente párrafo:
“Si no se alcanzaran los votos mencionados se entenderá rechazado el nombramiento respectivo, en cuyo caso el Ejecutivo Federal enviará una nueva designación a ratificación de la Cámara de Senadores, en términos del primer párrafo de este artículo”.
Si esta segunda designación fuere también rechazada, conforme a este párrafo, el Ejecutivo Federal hará la designación del miembro independiente directamente.
Como bien les decía, compañeros y compañeras, este es un tema de armonización, es un supuesto que no está contemplado en la ley, y me parece fundamental que lo corrijamos para evitar cualquier problema futuro.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos, Primera.
Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, para presentar a nombre propio y de Senadores de diversos grupos parlamentarios un proyecto de Decreto en relación con la materia de víctimas.
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Muchas gracias.
Buenos días, compañeras y compañeros Senadores:
Aprovecho para agradecer y dar la bienvenida a un grupo de organizaciones sociales que nos acompañan en la presentación de esta iniciativa y pedir un poco de consideración de la Mesa Directiva en cuestión de tiempo, porque vamos a presentar una miscelánea de reforma a 23 leyes, que consideramos fundamental para ejercer la Ley de Víctimas.
Agradezco mucho a Roberto Villanueva, de Atención a Víctimas de la Universidad del estado de Morelos; a Santiago Corcuera; a la organización El Colibrí; Araceli, a Nancy Rosete Nava; a Michel Quevedo; Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Aurora Mora, de Familiares en Búsqueda.
Muchísimas gracias por respaldarnos a Santiago Trujillo, a Juan Carlos Trujillo, que también nos acompaña el día de hoy y a Cristina Reyna.
Estimados colegas, Senadoras y Senadores:
Vengo a esta tribuna a nombre de Senadores de diferentes grupos parlamentarios, el Senador Armando Ríos Piter, Alejandro Encinas, Benjamín Robles, Martha Tagle, Adolfo Romero Lainas, David Monreal, Carlos Manuel Merino, Rosa Adriana Díaz Lizama, Ana Gabriela Guevara, María Elena Barrera Tapia, Luis Humberto Fernández; Sylvia Leticia Martínez, Isidro Pedraza, Raúl Morón, Gabriela Cuevas, Luis Sánchez, Zoé Robledo, Adriana Dávila Fernández y en el mí propio, a convocarlos desde el corazón para que, efectivamente, pueda trascender la indiferencia para seguir con mucha firmeza desarrollando las acciones que generen que la legislación sea adecuada para ejercer la Ley de Víctimas.
“La indiferencia, esa forma elegante de desprecio que está en el origen mismo de este dolor sin fondo”, como decía el poeta Eduardo Vázquez, leído en el Aniversario 2012 del Movimiento por la Paz con Justicia Social, es lo que queremos abatir.
Homicidios dolosos vinculados a la lucha contra las bandas delincuenciales y ejecuciones arbitrarias cometidas por servidores públicos, desplazamiento interno forzado, desaparición cometida por particulares y desaparición forzada de personas, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, trata de personas, violencia feminicida, violencia sexual, violencia criminal e institucional, violencia política, secuestro y extorsiones con cobro de piso, son de las más graves violaciones a los derechos humanos que vivimos hoy en nuestro país, vulneran no sólo a las víctimas y su entorno, sino a toda la sociedad en su conjunto.
En el Senado están en proceso de discusión y eventual dictamen dos reformas de especial relevancia para la protección de las víctimas de delitos a violaciones a los derechos humanos. Una de ellas, la reforma a la Ley General de Víctimas y la emisión de una Ley General que proteja a las víctimas de desaparición de personas.
En el contexto de este debate, hago un reconocimiento a los colegas, a las colegas, Cristina Díaz, Angélica de la Peña, Fernando Yunes y Alejandro Encinas, quienes presiden Comisiones de Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, respectivamente, y a los integrantes de las comisiones que estamos presentando esta iniciativa el día de hoy.
Trabajar en cada una de las leyes y los códigos que se propone reformar, no es un ejercicio legislativo ocioso, al contrario se corresponde a las mil y una situaciones reales que viven las víctimas de violencia en nuestro país.
Se corresponde con visualizar los maltratos de alguna dependencia federal, estatal o municipal, con la ausencia de un programa específico que apoye condiciones de vida digna de las víctimas. Se corresponde con el objetivo de terminar con la elegante indiferencia a que hace referencia el poeta.
Desde que se expidió la Ley General de Víctimas, quedaron establecidas reformas legales, federales y locales, que tendrían que acompañar el ejercicio efectivo de los derechos titulados en esta ley.
Sin embargo, aún no hemos avanzado en este camino.
En el documento emitido por nuestra Secretaría Parlamentaria, legislación pendiente de expedir a partir de disposiciones constitucionales y legales aprobadas por el Congreso de la Unión, numeral 11, encontramos los pendientes de legislar para completar la Ley General de Víctimas.
Para hacer efectiva la atención médica con el objeto de cumplir con la obligación de prestar la atención de emergencia en los términos del artículo 38 de la ley, es muy importante reformar y es a eso que los convido, la legislación de los Institutos Nacionales de Salud, es decir, la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Con ello se protegerían los derechos a la salud y a la seguridad de quienes mueren o son reportados como desaparecidos.
En el mismo sentido, se propone reformar las Leyes de Educación, de Desarrollo Social, la Ley de Vivienda, Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores, todas ellas fundamentales para generar una política pública en el ámbito social y se pueda promover de las bases para recuperar las condiciones dignas de vida y puedan las y los hijos de las víctimas mantener su actividad escolar o en el caso de los que sean desplazados por la violencia en sus zonas de origen puedan también contar con programas de vivienda, tener acceso a oportunidades de desarrollo económico y social.
En la Alianza para un Gobierno Abierto de la que México forma parte, se ha discutido ya sobre políticas que permitan mayor capacidad ciudadana en construir comunidades seguras y combatir la tortura, la desaparición de personas. Entre las claves se encuentra el ampliar con representantes de colectivos de víctimas, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como lograr que el registro administrativo de detenciones sea un instrumento generado en tiempo real.
Por ello, en razón de esto, se propone reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La Ley General de Victimas fue reformada por nosotros, el mes en abril del 2013. En esa fecha establecimos que debía crearse una figura civil para reconocer la personalidad jurídica de las víctimas desaparecidas, a través de declaraciones especiales de ausencia, con el fin de ejercer derechos patrimoniales y familiares de personas ausentes y así salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar.
Esto implica una reforma importantísima a los códigos Penal Federal y al de Procedimientos Penales, ahora Nacional de Procedimientos Civiles y Federal y el Federal de Procedimientos Civiles que también se incluye en esta miscelánea.
Con el objetivo de aliviar la carga crediticia que significa a los familiares la muerte dolosa o la privación ilegal de la libertad de la persona que titulaba un crédito, se propone también en esta miscelánea una reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Por lo que solicitamos a la Comisión de Dictamen Competente, pudiera considerar prioritaria la discusión y análisis de este tema, con el objeto de emparejarlo con la reforma a la Ley General de Víctimas.
Con mucho respeto al trabajo de análisis de procedimientos de la declaración de ausencia que están realizando nuestros compañeros en comisiones, ya en comisiones de dictamen para incorporar esta figura en la legislación en materia de desaparición y con base en el apoyo directo que hemos tenido, y que hemos venido dando a quienes viven la dolosa expresión de ser obligados a declarar la presunción de muerte de un ser querido.
En esta consulta con expertos que han contribuido a la legislación nacional e internacional en esta materia, en especial agradecemos al maestro Santiago Corcuera, que también nos acompaña hoy, por su apoyo, y queremos aportar elementos que puedan ser incorporados también a la legislación federal en materia civil, y civil procesal como base en la eventual legislación local, y por existir supletoriedad de esta legislación civil federal en el caso de otras leyes como la legislación de amparo o comercial.
También con este objeto incorporamos tanto en la Ley Sanitaria como en el Código Federal Penal elementos que, basados en la experiencia concreta de las familias aportan contenido a combatir inhumaciones oficiales cargadas de irregularidades o clandestinas en algunos casos a penalizar la atrocidad de la eliminación completa de los seres humanos, así como regular procedimientos dignos para personas fallecidas sin identificar que ya se cuentan por miles y que vemos necesario también incluir en esta miscelánea.
Pedimos a nuestros colegas que presiden las comisiones de dictamen puedan incorporar a este análisis las propuestas de reforma que estamos aportando al Código Penal Federal, al Código Civil Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Nacional de Procedimientos Civiles, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, a la Ley de Amparo, a la Ley General de Salud para la construcción de los textos legislativos que requerimos.
Entre las modificaciones legales que estamos aportando para el efectivo cumplimiento de los derechos de las víctimas se está incluyendo un paquete cuya base son las reformas a las leyes de transparencia y acceso a la información, y la de protección de datos personales en posición de particulares, porque en la búsqueda y localización de personas desaparecidas o de personas secuestradas y la información sobre el uso de tarjetas bancarias o teléfonos móviles de huellas digitales puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Al entender la importancia de proteger los datos personales se propone adicionar a estas leyes la excepcionalidad de proporcionar esta información para la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas, y se acompaña a cada una de las leyes que regulan esta información, la federal de telecomunicaciones y radiodifusión para la telefonía celular y la de instituciones y procedimientos electorales para la información dactiloscópica, y la de instituciones de crédito para la información de tarjetas crediticias o de débito, y con mismo respeto solicitamos a nuestros colegas de las comisiones de dictamen pudieran considerar de alta importancia avanzar en el análisis de estas propuestas.
Por último, se propone reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos, pues ninguna regulación que se pretenda sea realmente exigible ni justiciable puede omitir las responsabilidades a quienes teniendo obligación de cumplir las leyes no lo hagan.
Tenemos la certeza de que las y los presidentes que integran todas las comisiones de dictamen de esta miscelánea cuentan con la experiencia, los conocimientos y, sobre todo la calidad humana para enriquecer y mejorar cada texto por ende entendemos que empezará este debate cuanto antes.
Esta miscelánea pretende poner atención estructural a las necesidades concretas de las víctimas, a las de la desaparición de personas, desplazamiento, las de tortura, las de abuso sexual, la de feminicidios y homicidios dolosos, a la de las lesiones incapacitantes, a las que pierden la seguridad social cuando muere o desaparece el derechohabiente, a las que necesitan apoyo de un programa de vivienda o de educación o apoyo agropecuario, a quienes requieran atención psicosocial especializada ya sea tanatología o de violencia victimizante que hayan sufrido.
Pedimos su apoyo para estas 23 leyes que armonizarán la Ley de Víctimas.
Se concede ahora el uso de la palabra al Senador David Monreal Ávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, adelante señor Senador.
La rendición de cuentas debe llegar hasta el último centavo del erario. Es decir, todos los recursos públicos tienen que ser observables y fiscalizados. La ciudadanía está en su derecho de conocer de manera general en qué y cómo se gasta el presupuesto. Esto no sólo se limita a lo económico, sino en la toma de decisiones públicas.
Los índices de corrupción de México es un tema alarmante de acuerdo a Transparencia Internacional. El país ahora fue calificado con 35 y se encuentra en el lugar número 95, de acuerdo a la puntuación del Índice de Percepción de Corrupción, esto correspondiente a un país o territorio, indica el grado de corrupción en el sector público, según la percepción de empresarios y analistas de cada país. Entre cien la percepción de ausencia de corrupción, y cero percepción de muy, muy corrupto.
Los indiciadores sobre la corrupción alertan que el Sistema de Rendición de Cuentas y Acceso a la Información Pública debe de fortalecerse, pues a simple vista pareciera que la toma de decisiones públicas se lleva a cabo de manera discrecional y en completa opacidad.
Datos de Latinobarómetro 2016 indican que entre la percepción de la gente, la corrupción comienza a ser o es ya el principal problema de nuestro país, por debajo de la delincuencia y la violencia, aunque en la práctica estas tres problemáticas tengan el mismo origen.
De acuerdo a los datos de dicho estudios, el 54% de las personas encuestadas señalan que ya no se puede tolerar la corrupción, mientras que sólo el 25% de la gente aprueba la gestión de esta función de la Administración Federal en turno. Es decir, existe una asociación directa entre corrupción y confianza en el gobierno, ya que mientras aumenta la percepción de corrupción, la desconfianza también incrementa.
Bajo esta lógica, los ciudadanos están conscientes que al no ser sancionados a los altos funcionarios, por actos comprobados de corrupción, a ellos no les afectaría sobornar a un agente de tránsito o bien a algún trabajador de la Administración Pública para que les agilice o les facilite un trámite. Y en este sentido es necesario romper con este círculo vicioso que se va ensanchando con la impunidad que radica en nuestro país.
Frente a este escenario, el Congreso de la Unión en el año 2015 aprobó una serie de modificaciones constitucionales en materia de combate a la corrupción, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo del mismo año.
Dentro de estos cambios constitucionales se encuentra la creación de nuevos mecanismos de fiscalización de los recursos públicos, así como el establecimiento de un Sistema Nacional Anticorrupción, el que sienta sus bases en el artículo 113 de la Constitución Federal, y lo describe como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención y detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.
Sin embargo, debe de resaltar y señalar que México llega muy tarde a esta discusión, ya que en el mundo hoy en día existen más de 100 comisiones y agencias anticorrupción. Hay que decir que este retraso en la legislación de un tema que tanto lastima a la sociedad es sólo el reflejo de la poca importancia y del interés que ha mostrado el gobierno federal para éste, uno de los principales problemas y además con la participación de las fuerzas políticas para impulsar reformas que impulsen el combate a la corrupción.
Una de las propuestas legislativas en materia anticorrupción provino de la sociedad civil, bajo la denominada Iniciativa Ciudadana 3de3, que pretendía establecer una fuerte obligación para todos los servidores públicos, de hacer pública sin ninguna restricción la declaración fiscal, la patrimonial y la de interés.
Sin embargo, en el proceso de la negociación política, dicha pretensión fue minimizada, y finalmente se establecieron candados para proteger a los funcionarios que pretenden seguir ocultando sus fortunas y seguir operando y viviendo en la impunidad.
En este tenor, el Congreso de la Unión creó la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la que tiene por objeto distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones por los actos u omisión en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.
Uno de los aspectos relevantes de esta ley ha sido el establecimiento de la declaración fiscal y de interés y patrimonial para los servidores públicos de acuerdo al artículo 32 de dicho ordenamiento.
Uno de los objetivos que persigue el denominado Sistema Nacional Anticorrupción será el de mantener un registro evolutivo del patrimonio y de la declaración fiscal y de interés en todo momento de aquel servidor público.
Por su parte, en su artículo 2, fracción IX de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, señala que para efectos de fiscalización de los recursos públicos de la Federación, debe entender por entidades federalizadas a un mayor número de entes.
Es decir, la Ley General de Responsabilidades Administrativas ha dejado fuera de la obligatoriedad a personas físicas que debieran ser susceptibles de supervisión por parte de las autoridades en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
Y en este supuesto, se encuentran, nada más y nada menos, que los expresidentes de la República, quienes reciben jugosas pensiones por haber ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En 1976 y 1987, en particular, mediante el Decreto Presidencial 2763 Bis, se estableció la prerrogativa a los exmandatarios federales de recibir de manera vitalicia el pago de una cuantiosa pensión mensual equivalente al salario total correspondiente a los servidores públicos que ocupan el puesto de Secretario de Estado, la que se otorgará a cargo del Erario Público y se incrementará en la misma proporción de temporalidad.
El conjunto de prerrogativas que recibe un exmandatario, según versiones periodísticas e investigaciones, excede por mucho 40 millones de pesos al año, lo que representa un gasto importante para el erario y una falta de respeto para este país.
Si esto lo relacionamos con los escándalos de corrupción y de conflicto de interés que han sido públicos en los últimos años, en donde dos exmandatarios tienen injerencias en las decisiones de gobierno, resulta imprescindible que estén bajo la revisión y la supervisión pública de su patrimonio.
Además de estas prerrogativas de los expresidentes, el día de ayer se dio a conocer que los seguros de vida con los que cuentan, tienen cobertura para los exmandatarios, así como para sus esposas.
De acuerdo a información del periódico La Jornada, la contratación de esta póliza de seguros, sólo en el año 2010, sólo en un año representó un total de 7 mil 413 millones 526 mil 400 pesos, por la vigencia de este seguro. Esto, sin duda, es un insulto para los mexicanos en esta condición de crisis que estamos viviendo.
Por citar otro ejemplo. El expresidente del empleo recibe dinero público para el pago de pensión y para el pago de asesores y apoyo técnico, un monto superior al millón de pesos mensuales. Este dinero, sin embargo, no está sujeto a ningún tipo de vigilancia, sobre todo que garantice que no existe corrupción.
En este sentido y bajo los argumentos jurídicos presentados, resulta necesario que como parte de los sujetos obligados a presentar su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal ante el Sistema Nacional Anticorrupción, se incluyan a quienes hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y reciban esta pensión vitalicia, en virtud de que dicho dinero proviene del erario y de la responsabilidad que ostentaron.
Es menester mantenga una permanente vigilancia en pro de la transparencia de la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Si los expresidentes consideran que eso es un exceso, que renuncien a esta pensión.
Es, por ello, que se propone modificar el artículo 4 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas con el objeto de establecer que los exmandatarios federales, una vez concluido su encargo, y mientras reciban el pago de su pensión, deberán de presentar su declaración de acuerdo a lo establecido por la ley.
Hay que reconocer que la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción dista mucho de dar buenos resultados; sin embargo, es necesario buscar ampliar su rango de actuación a fin de evitar mayores actos de corrupción.
El problema de la corrupción crece día a día en México, no hay más tiempo si no emprender acciones firmes y eficaces para contenerla, lo que se deje de hacer hoy será el martirio del mañana.
Es vergonzoso que los expresidentes no tengan llenadera, no les bastó enriquecerse en su paso por el poder, sino pretenden seguir de mantenidos por el pueblo, y si es así, al menos que se fiscalice su recurso, y si eso les molesta, que renuncien a su pensión.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera.
Enseguida, tiene el uso de la tribuna el Senador Teófilo Torres Corzo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.
Adelante, señor Senador, tiene usted el uso de la tribuna.
El Senador Teófilo Torres Corzo: Compañeras y compañeros Senadores:
Vengo ante el Pleno a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma once artículos de la Ley General de Educación, y al que propone en síntesis que los alumnos y alumnas con trastornos de desarrollo psicológico, tales como: dislexia, autismo en la niñez, trastornos hiperactivos, retraso mental, y muchos más, reciban educación especializada, lo que hoy en forma legal no sucede.
Este tema es, sin duda, del mayor interés y trascendencia, por lo que implica para muchos miles de niños mexicanos que deben de recibir educación especial que les permita contar con las herramientas necesarias para desarrollarse integralmente, hasta lograr su incorporación a una vida plena, autónoma y productiva a la que, sin duda, como mexicanos tienen derecho.
La motivación que me llevó a esta iniciativa nació de la preocupación de una madre, muy cercana a mí, la que me compartió que todos los días vivía angustiada porque su hijo, quien debido a un problema de dislexia, era víctima de bullying o acoso escolar por parte de sus compañeros, incluso, por alguno de sus maestros.
Durante todo el tiempo en la que los padres desconocieron de su trastorno, el niño obtuvo constantes y reiterados reportes de: “no trabaja, no estudia, no pone atención” y, en consecuencia, muy bajas calificaciones.
En este sentido, y al no recibir una atención especializada por parte del cuerpo docente, el alumno tuvo que sufrir dolosas burlas y exclusión social.
Las lágrimas de esta madre me evidenciaron las lagunas que aún subsisten en nuestra legislación, y, en particular, que existen muchos alumnos con necesidades educativas especiales que deben ser detectadas y atendidas tanto en los salones de clase como en los hogares.
Esta propuesta, señoras y señores Senadores, pretende evitar que estos alumnos se aíslen de sus padres, de sus maestros, de sus compañeros, y lo más grave, a veces hasta de ellos mismos.
De no regresar a la escuela es lo que desean estos niños.
En consecuencia, también existe una gran deserción y existe una gran problemática y tristeza al interior de muchos hogares mexicanos.
Por ello, propongo brindar a los profesores capacitación especializada en materia psicológica, en derechos humanos, en inclusión social, en cultura de la legalidad, a efecto de prevenir que estas niñas y niños en nuestro país sean víctimas o victimarios del acoso escolar a causa de una enfermedad.
Para abordar el contenido de esta iniciativa quiero explicar que los trastornos de desarrollo psicológico los sufren las personas que presentan menor aptitud para percibir, comprender o ejecutar alguna acción.
Es decir, tienen dificultades para desarrollarse, para expresarse, para leer y para realizar diversas acciones. A diferencia de la discapacidad, los trastornos no disminuyen, de manera contundente la condición de la persona, aunque pueden alterar aspectos de la misma y mantener una problemática que marque para siempre su vida.
Como es de su conocimiento, el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que todos los individuos tienen derecho a recibir educación incluyente, por lo que en otras palabras es imperativo que el Estado mexicano atienda estas necesidades que son una dolorosa realidad de muchas familias en nuestro país.
Propongo reformar el artículo 16 de la Ley General de Educación, a fin de que los materiales didácticos, que tengan materiales didácticos especiales, y que estos conformen parte de los elementos que constituyan el Sistema Educativo Nacional.
Planteó también reformar el artículo 12 de esta ley, para que la Secretaría de Educación Pública, en conjunto con la Secretaría de Cultura, promueva que alumnos con trastornos de desarrollo también sean considerados en los programas de cooperación internacional en materia cultural.
El artículo 3º de la Ley de Educación, es preciso reformarlo a efecto que el padrón estatal de alumnos de las 32 entidades federativas, recopilen información que permita conocer no sólo la cantidad de alumnos con trastornos de desarrollo psicológico que ingresan anualmente a los planteles educativos, sino también a los niños con discapacidad.
También propongo reformar el artículo 14, a fin de que las autoridades educativas federales y locales utilicen los datos del padrón para capacitar a los docentes y a las autoridades de los planteles educativos sobre las necesidades de los alumnos con necesidades educativas especiales.
A su vez, este padrón deberá alimentar al Sistema Nacional de Información, estadística y geografía, para conocer las bondades, deficiencias y rezagos que mantiene el Sistema Educativo Mexicano, en materia de atención a personas con necesidades especiales, y aplicar políticas públicas necesarias para contrarrestarlas.
Adicionalmente propongo modificar el artículo 20 de esta Ley en cita, con la finalidad de que el Sistema Nacional de Formación, Actualización y Superación Profesional para los Maestros, imparta capacitación continua en materia pedagógica, psicológica, de inclusión social y de respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad y actualización de conocimientos a favor de estos educandos.
El artículo 33 de la Ley General de Educación también debe reformarse a efecto que las autoridades educativas, federales y locales promuevan centros de rehabilitación y educación especial que cuenten con servicio médico y psicológico.
También el artículo 36 es preciso reformar a efecto de que el Ejecutivo Federal, los gobernadores y los ayuntamientos, celebren convenios de colaboración con institutos, organizaciones civiles, centros de desarrollo infantil, centros de integración social, de rehabilitación, de educación especial y demás instituciones que coadyuven con los planteles educativos, a fin de brindar atención integral a los alumnos con necesidades educativas diferentes.
El artículo 65 de esta ley, es preciso también modificar a fin de que las autoridades proporcionen información clara y precisa cuando los padres de familia o tutores expresen su preocupación por el desempeño escolar de sus hijos. Este apoyo se otorgará en materia pedagógica, administrativa, médica, informativa y psicológica.
Asimismo, en caso de que las instituciones educativas no cuenten con los elementos suficientes para brindar una solución satisfactoria sobre la problemática de estos alumnos, sus autoridades deberán canalizar el asunto a los centros educativos que cuenten con los recursos para resolver.
El artículo 66 también hay que reformarlo para quienes ejercen la patria potestad o tutela de estos alumnos, informen a las autoridades escolares si ese educando presenta alguna condición física, emocional o psicológica que lo limite a comprender, aprender o desarrollarse en el nivel educativo correspondiente para que estos adapten sus programas y planes de estudio a las necesidades especiales de estas personas y así, paulatinamente, incorporarlos a las actividades normales.
Finalmente, propongo reformar el artículo 67 de la Ley General de Educación, a fin de que las asociaciones de padres de familia puedan intervenir en la protección de estos alumnos cuando exista desinterés o negativa de las escuelas para este efecto.
Estas reformas que propongo permitirían que muchos miles de mexicanos encuentren una herramienta que les permita integrarse a una vida productiva y digna a la que, sin duda, tienen derecho.
A esto venimos al Senado de la República, a velar por los mexicanos, y más aún cuando se tratan temas tan sensibles, como buscar mejores condiciones para los niños y niñas de México y sus familias.
Venimos a transformar la realidad nacional en este México cada vez más justo y progresista.
Esta es la respetuosa propuesta que hago al Pleno de la Cámara de Senadores buscando que exista la posibilidad de incorporar a cientos de miles de niñas y niños mexicanos a la vida productiva en este país.
Pidió la palabra la Senadora Anabel Acosta.
La Senadora Anabel Acosta Islas: (Desde su escaño) Primeramente, felicitarla por traer estos temas a la tribuna del Senado de la República y para pedirle, respetuosamente, que nos permita sumarnos, acompañarlo en esta iniciativa a la Senadora Lucero Saldaña, a la Senadora Itzel Ríos y a su servidora, Anabel Acosta.
Del mismo modo, la Senadora Iris Mendoza.
Solicito a la Secretaría tome nota de las y los Senadores que desean incorporarse a la iniciativa del Senador Torres Corzo, teniendo la anuencia del señor Senador al respecto.
Enseguida tiene el uso de la tribuna el Senador Benjamín Robles Montoya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal.
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senadora Presidenta.
Las reformas de justicia del 2008 y de derechos humanos del 2011, sin duda, que representaron un replanteamiento a nuestro sistema de justicia, pero también hay que decir que, por desgracia, muchos profesionales del derecho, llámense jueces, magistrados, defensores, agentes del Ministerio Público, parecen resistirse a aceptarlo y, en consecuencia, se han negado a asumir y aplicar sus principios en el ejercicio de su labor cotidiana.
Hoy estamos viendo al propio Poder Judicial, particularmente a nivel de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Plenos de Circuito, emitir criterios absolutamente contrarios a los principios que, se supone, rigen nuestro sistema de justicia, nuestro nuevo sistema de justicia y al paradigma de los derechos humanos.
En los próximos días, de manera concreta me voy a referir a alguno de esos criterios y espero con ello llamar la atención de la Comisión de Justicia a la que pertenezco y, en particular, la atención de los Senadores Fernando Yunes, Ivonne Álvarez y Angélica de la Peña, quienes forman parte de la Mesa Directiva de esta Comisión de Justicia, para proponerles emprender juntos esfuerzos para cerrarle el paso a los intentos de desvirtuar el garantismo del sistema acusatorio.
Por lo pronto, quiero comenzar estos esfuerzos con la presente iniciativa, que tiene como propósito realizar una nueva adecuación a la legislación penal para eliminar una figura que ya ha sido declarada inconstitucional por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Y es que uno de los cambios más significativos que trajo aparejado el sistema acusatorio fue, sin duda, la sustitución del viejo paradigma del derecho penal del autor por el derecho penal del acto.
Esto es, en nuestro nuevo sistema de justicia la persona es sancionada únicamente por el acto comprobadamente cometido y no por sus características individuales, tales como su personalidad, las cuales en el anterior sistema eran tomadas en cuenta por el juez para efecto de la imposición de la pena, su individualización, el otorgamiento de beneficios, así como otros objetivos de clasificación penitenciaria.
Tales características, compañeras y compañeros, como sabemos, eran analizadas en dictámenes periciales relativos a la personalidad del imputado, del sentenciado, y el juzgador los consideraba como un elemento más. Incluso en múltiples ocasiones como elemento determinante, para imponer una sanción, para agravarla, atenuarla o para otorgar o negar un beneficio preliberacional.
Sin embargo, como ya lo señalé, con la sustitución del Derecho Penal del Autor, por el Derecho Penal del Acto, los estudios de personalidad dejaron de tener validez en virtud de que en el Sistema Acusatorio, la personalidad del imputado es irrelevante, pues la sanción, en su caso, será impuesta tomando en consideración el acto que probadamente haya cometido.
Así lo consideró, insisto, ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia y en consonancia con ese criterio del Máximo Tribunal, la iniciativa que pongo a la consideración de todos ustedes, propone eliminar la figura de los estudios de personalidad, algo que, por cierto, no contemplamos en la discusión y aprobación de la llamada Miscelánea Penal en junio pasado.
La dejo a su consideración y espero contar disposición para que la discutamos a la mayor brevedad en la Comisión de Justicia.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruíz: Gracias, señor Senador.
Está Presidencia da la más cordial bienvenida y recibe con gran afecto a nuestros invitados que el día de hoy están con nosotros, con motivo de la efemérides de la conmemoración del “Día Nacional de la Lucha Libre y el Luchador Profesional Mexicano”.
Entre ellos se encuentra el Místico, Atlantis, Rush, Dragón Lee, Diamante Azul, Negro Casas, Estrellita, Brazo de Oro, Tiffany, Último Guerrero, Euforia, la Máscara, Pierrot, Mephisto, Dragón Rojo, Hechicero y Marco Antonio Alonso Ruiz, representante del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República y reconocemos el trabajo que vienen realizando.
Por otro lado, queremos también desde esta Presidencia informar que el pasado 18 de septiembre, ocurrió el lamentable deceso del señor José Zamora Jiménez, hermano de nuestro compañero y amigo, el Senador Arturo Zamora Jiménez.
A nombre del Senado de la República, le expresamos un pésame muy sentido a nuestro querido amigo Arturo Zamora y le solicitamos transmita a toda su familia la solidaridad del Senado en el duelo que vive en estos momentos.
Desde aquí, Senador, reciba nuestro abrazo y nuestro cariño.
A continuación, se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora Martha Tagle Martínez, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
La Senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Muchas gracias, Presidenta.
El pasado jueves 21 de abril, el Diputado Jonadab Martínez García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó en la Colegisladora una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos en materia de Movilidad.
Misma que contó con el acompañamiento de diversos actores y organizaciones de la sociedad civil, tales como el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo, Bicitekas, Reacciona por la Vida, Víctimas de Violencia Vial y Céntrico, que han luchado por consolidar el derecho a la movilidad en nuestro Orden Jurídico Mexicano en beneficio de todas y todos los mexicanos.
Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.
Al tiempo en la sesión del 13 septiembre, la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, presentó ante el Pleno de esta soberanía, a nombre propio y de varios Senadores de diversos grupos parlamentarios, iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide en la Ley General de Asentamientos Humanos.
Dada la importancia de ambas iniciativas y de conformidad con el artículo 72 letra i) de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pongo a consideración la presente iniciativa a fin de enriquecer la legislación en materia de movilidad.
El objetivo es adicionar un Capítulo X, denominado de la Movilidad Urbana Sustentable en la Ley General de Asentamientos Humanos, a fin de solucionar los problemas en la materia a causa de lagunas legales que han tenido como consecuencia la pérdida de vidas humanas y ha puesto en peligro la salud de millones de personas situación que no puede omitirse.
El adicionar un capítulo dedicado a regular la movilidad en la Ley General de Asentamientos Humanos, daría solución a una realidad que necesita de la gobernanza.
Entendemos a la movilidad como el conjunto de desplazamientos de personas y mercancías que se producen en un entorno físico y cuando hablamos de movilidad urbana, nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.
Estos desplazamientos son ejecutados en diferentes medios o sistemas de transporte y todos con el claro objetivo de facilitar la accesibilidad a determinado bienes y servicios.
Así, el capítulo aludido es una normatividad clara, concreta y eficaz, producto de un trabajo profesional que logra, por su construcción jurídica evitar la ambigüedad y tejebilización de la misma.
Esta propuesta se nutrió de un sinnúmero de opiniones basadas en el estudio y experiencia de años en el tema, de sugerencias de profesionales que han dedicado gran parte de su vida al estudio de la movilidad.
La correcta legislación de la movilidad favorece al acceso a bienes y servicios que ofrecen las ciudades, así como el desarrollo económico y competitividad de las mismas.
Se trata de un tema llave que da acceso al trabajo, la educación y otros derechos humanos.
Si bien la movilidad implica básicamente mejorar el desplazamiento de todas las personas, también es verdad que cada segmento de la población tiene necesidades diferentes y, por tanto, se requieren de facilidades específicas que atiendan las diversas prioridades.
Por ello es menester promover medidas legislativas enfocadas a una movilidad eficaz que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los estados y de los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias a fin de evitar los obstáculos a la movilidad.
Dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad en materia de movilidad requiere del uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales.
Se estima que a marzo de 2015 la población en México fue de 119 millones 530 mil habitantes, por lo que los centros urbanos experimentan cotidianamente distintos problemas ambientales tales como la contaminación del aire y del agua, disposición de residuos y la congestión vehicular.
Ejemplo de ello fue el hecho de que la Ciudad de México tuvo su peor crisis ambiental en los últimos 14 años, entre el 12 y el 16 de marzo pasado, en donde el aire alcanzó una composición tan tóxica que respirando supuso un riesgo latente para la salud de más de 20 millones de personas.
Le eficiencia de la gestión de los asentamientos humanos depende de la habilidad de asumir y resolver los distintos problemas que se dan en la vida cotidiana de las ciudades en relación a la provisión de vivienda, servicios urbanos e infraestructura.
La relación entre distancia y tiempo de recorrido es completamente ilógica por la saturación vehicular, ya que depende del horario que se realicen trayectos cortos, pueden durar más de una hora, y trayectos largos pueden durar menos de media hora.
Así entonces, el mejorar el escenario de movilidad al contar con más opciones de traslado mediante el diseño de estrategias que diversifiquen las opciones de movilidad de los usuarios con la misma calidad debe ser un fenómeno habitual, cotidiano y de corresponsabilidad.
Así, la presente iniciativa es un primer paso para generar una nueva política pública en relación a la movilidad que busca establecer alternativas de solución a los diversos problemas que implica la gestión de la misma y con ello sentar las bases para llevar a cabo una planeación coordinada de las políticas públicas en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano, transporte y medio ambiente.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Pidió la palabra el Senador Jesús Casillas Romero,
El Senador Jesús Casillas Romero: (Desde su escaño) Primero, para felicitar a la autora de la iniciativa, comentar que en la Comisión Especial de Movilidad ya estamos trabajando también en un proyecto más ambicioso, que bien podía sumarse a la iniciativa que presenta hoy la Senadora.
Desde luego, solicitarle, si me permite sumarme a su iniciativa, y solicitarle a usted, Presidenta, se pueda turnar a la comisión, además de las comisiones ordinarias, se pueda turnar a la Comisión Especial de Movilidad, para opinión de la iniciativa.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Le pregunto a la Senadora, primero su adhesión.
Y después se obsequia el turno, para opinión, de la Comisión Especial de Movilidad. Muy bien.
Túrnese en este caso a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial; de Vivienda; y de Estudios Legislativos, Segunda, y a la Comisión Especial de Movilidad, para su opinión.
En otro apartado de la orden del día tenemos dos dictámenes, para primera lectura. Les informo que el dictamen de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, Segunda, con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 111 de la Ley de Migración, se retiró de su primera lectura, por no haberse entregado con firmas originales.
Dé cuenta la Secretaría con los dictámenes inscritos.
La Secretaria Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora: Doy cuenta de los dictámenes inscritos.
Tenemos dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, que contienen los siguientes proyectos de Decreto.
Por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, y por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, en consonancia con la Reforma Política de la Ciudad de México.
Son todos los dictámenes, para primera lectura.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Debido a que se encuentran publicados en la Gaceta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del Reglamento, son de primera lectura.
Tenemos ahora la segunda lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados.
A este dictamen se le acaba de dar primera lectura.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del anterior dictamen.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En virtud de que no hay oradores registrados, ni artículos reservados, ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación en su oportunidad.
La Presidente Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Esta Presidencia saluda la presencia de alumnos miembros del Consejo de la Casa del Estudiante del estado de Baja California Sur, invitados a esta sesión por el Senador Ricardo Barroso Agramont.
Del mismo modo queremos saludar a estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, invitados por el Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo.
Así como a un grupo de alumnos de la materia de derecho constitucional de la Universidad Iberoamericana, invitados por la Senadora Angélica de la Peña Gómez.
A todos ustedes, quienes asisten con la finalidad de presenciar del debate legislativo de esta Asamblea, sean bienvenidos.
Y del mismo modo aprovecho, entre tanto concluimos esta votación, para saluda al grupo de alumnos del Cbtis número 217 del municipio de Uriangato, Guanajuato, que son invitados del Senador Gerardo Sánchez García.
Bienvenidos, jóvenes.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, informo, conforme al sistema de votación, se emitieron 75 votos a favor; cero en contra, y una abstención.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Está aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se remite al Ejecutivo Federal.
Pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, en consecuencia con la reforma política de la Ciudad de México.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si autoriza se dispense la segunda lectura del dictamen anterior.
La Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor.
Consulto si existe algún otro Senador o Senadora que tenga interés por participar en esta presentación en lo general, en esta discusión en lo general.
Solicito, entonces, a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del PRI, poder hablar en pro del dictamen.
La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, Senadora Presidenta.
He solicitado el uso de la voz ante esta soberanía de mis compañeras y compañeros Senadores, para hablar de la armonización que se tendrá que hacer a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en referencia al cambio de la Ciudad de México que ha sido históricamente relevante, la antigua ciudad Tenochtitlán fue centro de intenso intercambio comercial y de la pluralidad cultural étnica en sus diferentes calpullis.
Hoy posee un lugar más importante del país en sus edificaciones en los términos urbanísticos en la evolución evidente que ha tenido y en los términos de los tránsitos de las antiguas calzadas que conectaban al centro de Xochimilco con nuestras hermanas y hermanos con los acueductos, y hoy con los segundos pisos, carriles exclusivos para transporte público o motorizado.
Es un centro histórico por excelencia, líder en museos, mucho más grande y el más importante del continente.
Todos y todas, en muchas ocasiones desde niños, lo primero que nos inculcaban en la escuela era conocer Chapultepec, era un sueño venir a Chapultepec y poder disfrutar de sus atracciones, de la belleza que aún conserva.
Es en extensión y en belleza dos veces más grande que el Central Park de Nueva York.
La evolución de su infraestructura urbana, acompañada de las demandas políticas y sociales de sus habitantes, tránsito del antiguo departamento del Distrito Federal a la Ciudad de México, con una reforma constitucional producto del consenso de todas las fuerzas políticas de este país, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 29 de enero del 2016.
La Ciudad hoy vive un momento inédito porque sus constituyentes diseñarán el texto fundamental de una ciudad cosmopolita, sede de los Poderes de la Unión.
El régimen de derechos humanos, reconocido en la ley suprema y en los instrumentos internacionales ratificados por México, serán el marco mínimo que protegerá a sus habitantes y transeúntes.
Podrá elegir, de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de gobierno, de manera incluyente y democrática en pleno respecto al pacto federal.
Gozar de autonomía es una alta responsabilidad, significa estar a la altura de los ciudadanos que hacen de la democracia una forma de vida y convierten el debate público en la regla y no la excepción.
En consecuencia, el Poder Legislativo Federal está obligado a armonizar la legislación que ordena la conducta parlamentaria, en referencia a la Ciudad de México, como es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El objetivo es brindar certeza jurídica cuando aluda a la Ciudad, particularmente en este momento es importante en los albores del trabajo parlamentario de los constituyentes de la Ciudad de México.
Por estas razones, mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional coincidimos en la necesidad de generar coherencia lógica y gramatical en la Ley Orgánica del Congreso, respecto a la mención de la Ciudad de México por el Distrito Federal.
Esta reforma tiene un impacto directo en las relaciones y en las comunicaciones de la Ciudad de México con los poderes de la Federación, con los órganos legislativos de las entidades federativas y, desde luego, con las funciones de dictamen legislativo a través de la comisión para asuntos de la ciudad.
En esta reforma, coadyuvamos al trabajo legislativo que se desarrollará en los próximos meses a la Ciudad de México, el corazón del país, como lo llama el Presidente Peña Nieto.
Éste es un paso importante para esta gran ciudad que nos arropa diariamente a todos los mexicanos, se convierte en una ciudad incluyente, de acceso universal, sustentable con viabilidad, eficiente, relevante y sin discriminación, centrado en el desarrollo de todas las personas.
Por eso, ahora, solicitamos como Comisión de Reglamento y Prácticas Reglamentarias y como integrante de mi grupo parlamentario, solicito a mis compañeras Senadoras y mis compañeros Senadores, que le demos la bienvenida en nuestra Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, lo que dejó ayer y se llamó Distrito Federal, Ciudad de México.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Por instrucciones de la Presidencia, consulto a la Asamblea, en votación económica, si el asunto a discusión está suficientemente discutido en lo general.
Suficientemente discutido, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones.
Informo a la Asamblea que los Senadoras Mario Delgado Carrillo y Luis Humberto Fernández, presentan una propuesta de adición de dos artículos transitorios con numerales 2 y 3.
Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para recoger la votación nominal del proyecto de Decreto en lo general y de los artículos no reservados.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta, conforme al tablero de votación, se emitieron 76 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General.
Se concede, para continuar con el orden del día, el uso de la palabra al Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, para presentar las propuestas de adición.
El Senador va hacer uso de la voz desde su escaño.
Por favor, sonido en el escaño del Senador Luis Humberto Fernández.
El Senador Luis Humberto Fernández Fuentes: (Desde su escaño) Gracias, su señoría.
En obvio de tiempo y por lo sencillo de la propuesta me permito hacerlo desde mi escaño.
La idea de mi intervención es solicitar la reserva para la adición de dos artículos transitorios que harían congruente y pertinente esta reforma.
Estos transitorios son muy sencillos: uno se refiere a que todos los asuntos que actualmente tiene la Comisión, antes llamada del Distrito Federal, sean canalizados a la hoy Comisión de la Ciudad de México.
Y el segundo transitorio que propongo, se refiere a que la integración de la Comisión de la Ciudad de México será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal.
Esas son las dos adiciones que consideramos pertinentes y esperamos contar con el apoyo de todos ustedes.
Solicito a la Secretaría dé lectura a la propuesta de adición de artículos transitorios e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a la propuesta, Presidenta.
Artículo 2º. Los asuntos que la Mesa Directiva del Senado de la República hubiera turnado a la Comisión del Distrito Federal, previo a la entrada en vigor del presente Decreto, se entenderán como materias a resolver por la Comisión de la Ciudad de México; lo mismo sucederá con todos los trámites sobre recursos administrativos, financieros, materiales y humanos, así como los distintos asuntos que desarrolle y que no estén sujetos a dictamen.
Artículo 3º.- La integración de la Comisión de la Ciudad de México del Senado de la República será la misma que tenía la Comisión del Distrito Federal, previo a la entrada en vigor del presente Decreto.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aceptarse la propuesta.
Sí se acepta la propuesta, señora Presidenta.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del Reglamento para informar de la votación, ábrase el sistema electrónico, por tres minutos, para recoger la votación nominal de los artículos 2º y 3º transitorio que fueron autorizados para adicionarse.
(Se abre sistema electrónico de votación)
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Presidenta le informo conforme al tablero de votación, se emitieron 75 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
La Presidenta Senadora Blanca Alcalá Ruiz: En consecuencia, quedan aprobados los artículos 2º y 3º Transitorios del proyecto de decreto.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con la reforma política de la Ciudad de México.
Pasamos a la discusión de un dictamen, en sentido negativo, de las Comisiones Unidas de Asuntos Migratorios y de Estudios Legislativos, en relación con el proyecto de Decreto para derogar la fracción V del artículo 111 de la Ley de Migración.
Se concede, para este tema el uso de la palabra a la Senadora Layda Sansores San Román, a nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios para presentar el dictamen.
La Senadora Layda Sansores San Román: Presidenta.
Quiero hacer una precisión respecto a por qué se votó en sentido negativo en la Comisión de Asuntos Migratorios.
Reconocemos que la iniciativa de la Senadora Diva Gastélum es una excelente iniciativa, muy bien fundamentada, muy bien motivada, contiene toda la normatividad existente sobre instrumentos de derechos humanos, pero, que quiero aclarar que se dictaminaron al mismo tiempo dos iniciativas sobre el mismo artículo 111, y la otra iniciativa que presenta la Senadora Angélica de la Peña incluye esta derogación que se hace de la fracción V del 111, y aporta también y enriquece al reducir el tiempo de los días que deben estar en las estaciones migratorias quienes son detenidos por, les digo, el solo hecho de perseguir una esperanza.
Entonces, creemos que hoy, iba a pasar a primera lectura, hubo un trámite administrativo, y se pospuso, pero la iniciativa de la Senadora Diva va a quedar incluida en la próxima que va a presentar. Porque sí nos parece que es importante que no estén, en los detenidos cuando presentan recursos de revisión o presentan amparos, lo cual les limitaba el acceso a la justicia, ya que lo hacía indeterminado el tiempo que podían permanecer, entonces preferían no recurrir al amparo, mejor ser deportados para no estar en calidad de presos.
Nada más quiero agregar que el tema de los migrantes, es el tema de nuestros tiempos, migrantes y refugiados, que ayer, Peña Nieto fue a la ONU, allá, a pronunciar un discurso vibrante, poético, muy conmovedor, aquí él hablaba de que cómo los migrantes simbolizan el movimiento que ha hecho avanzar a la humanidad, cómo enriquecen en donde ellos deciden vivir, enriquecen la herencia cultural de los pueblos y de las sociedades.
Seguramente Diva le debe haber pasado todas estas reflexiones sobre derechos humanos o pues fue para sacarse la espinita de la paliza que le dio Trump aquí en México, porque va a decir allá en voz alta lo que no se atrevió a decir aquí en el país, que por qué él dice que se lo susurró al oído a Trump en política lo que no tiene fe pública, no vale.
Pero, que ojalá que ese discurso que fue a pronunciar a la ONU fuera la realidad que se vive en México, que hemos convertido a nuestro país en el cementerio de los centroamericanos, cementerio del cual puso la primera piedra y los cimientos Calderón, y eso tampoco hay que olvidarlo.
Pero que ya es una vergüenza que mientras Trump predica el discurso del odio, aquí se practica el odio contra los migrantes.
Siendo México el país que más migrantes expulsa, debería ser ejemplo en la defensa de los derechos humanos y de la libertad de tránsito.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Muchas gracias Senadora Layda Sansores.
En virtud de haberse agotado la lista de oradores, consulte al Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que propone desechar el proyecto de decreto.
El Secretario Luis Humberto Fernández Fuentes: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen que desecha el proyecto de decreto ya descrito.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Aprobado el dictamen.
Pasamos a la discusión de un dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo, que exhorta a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral.
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretarias del Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social, garantice el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral y en consecuencia, fortalezca las acciones que permitan erradicar el trabajo infantil en todo el país.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno para que en el ámbito de sus atribuciones fortalezcan los mecanismos apropiados para supervisar y erradicar el trabajo infantil y para establecer las sanciones correspondientes a quien en contravención a la ley haga uso del mismo.
Se concede el uso de la palabra a la Senadora Martha Elena García Gómez, del Partido Acción Nacional, para presentar el dictamen.
Tiene el uso de la tribuna Senadora García Gómez.
A nombre de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, vengo a fundamentar dos dictámenes, en sentido positivo, a proposiciones con punto de Acuerdo.
En el primero de ellos el Senado de la República exhorta al Titular del Ejecutivo Federal, a garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos previstos a favor de las niñas y niños víctimas de explotación laboral, así como investigar y, en su caso, sancionar el fomento del trabajo infantil.
Y, por último, fortalecer las acciones que permitan erradicarlo en todo el país.
Esta Comisión Dictaminadora consideró que este asunto reviste importancia para el Poder Legislativo, en la medida en que presumiblemente los derechos de niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados en contravención de los derechos y sus garantías reconocidos en la Constitución General de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por México.
Cabe destacar que en el ámbito legislativo se reformó el artículo 123 de la Constitución, para elevar de 14 a 15 años la edad mínima para trabajar.
Asimismo, se reformó la Ley Federal del Trabajo para ese mismo efecto.
En el contexto internacional recientemente se ratificó el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo en materia de la edad mínima para trabajar.
En suma, las bases legales y de colaboración entre los diversos sectores sociales están dados para proseguir la lucha contra ese flagelo llamado trabajo infantil, que quebranta el orden jurídico, violenta los derechos básicos de un segmento poblacional altamente vulnerable e impide que la sociedad acceda a niveles de desarrollo más satisfactorios.
Por tanto, esta Comisión Dictaminadora, los resolutivos planteados por el proponente resultan viables y oportunos, en virtud de que la autoridad debe de reforzar las tareas que le asisten en la materia.
La segunda proposición con punto de acuerdo, exhorta a los congresos de los estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes de 2009, la relatoría sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los párrafos catorce y quince acoge las definiciones sobre castigo corporal, haciendo énfasis en su carácter degradante y sus diferencias con el maltrato o malos tratos, expuestas por el Comité de los Derechos del Niño en la observación general número ocho.
A partir de la aprobación y publicación de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, inició un proceso legislativo de largo alcance, esto es: las legislaturas locales adecuaron, o en su caso, crearon las respectivas leyes en la materia en vista de la nueva visión integral prevista en el ordenamiento general.
Asimismo, se ha concretado, al menos a nivel estatal, el emplazamiento de las instancias previstas como la instalación de los sistemas de protección o la instauración de las correspondientes procuradurías.
No obstante los avances de la implementación de la Ley General y de las propias a nivel local, la hoja de ruta es compleja, dado que la autorización ha de darse bajo un esquema transversalizado que abarca necesariamente múltiples materias.
En este contexto, tal es la dirección hacia la que apunta el principal resolutivo de la proposición en estudio, cuando afirma que son varias las entidades federativas que todavía no han incorporado en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, por lo que es menester instalarlas respetuosamente a establecerlo.
En ese sentido, la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia suscribe cabalmente las propuestas plasmadas en la proposición con punto de Acuerdo en mención.
Por ello pido su voto a favor de los presentes dictámenes.
Para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al Senador Ricardo Barroso Agramont, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra, Senador Barroso.
El grupo parlamentario del PRI, estamos convencidos de que combatir el trabajo infantil requiere el esfuerzo coordinado de todas las instituciones del Estado mexicano, la iniciativa privada y de la sociedad civil, para garantizar un clima pleno de desarrollo que asegure el interés superior de nuestra niñez.
Nuestro voto será a favor del presente dictamen, porque el trabajo infantil constituye un riesgo para la integridad física de los infantes, ya que al realizar labores que no van de acuerdo a su edad, están expuestos a sufrir lesiones, enfermedades y accidentes.
El trabajo infantil es inaceptable, es contrario al marco jurídico internacional y constitucional, violentando nuestra propia Constitución.
Para dimensionar la problemática, basta mencionar que por lo menos 2.5 millones de niñas, niños y adolescentes, de entre 5 y 17 años, realizan alguna actividad económica, de los cuales más del 46% no recibe ni un tipo de pago.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en el 2013, nueve de cada 100 niños o adolescentes trabajaban. Lamentablemente estas labores afectan sustantivamente el nivel escolar, prueba de ello es que más del 36% de estos jóvenes no asiste a la escuela; y el 64% combina trabajo y estudio, aspecto que deriva un bajo rendimiento en su educación.
Este panorama, compañeras y compañeros, debe ser atendido de manera integral a través de programas y políticas públicas transversales, con respectiva de derechos y de género, orientada a atender y erradicar los casos denunciados en todo el país.
Las acciones hasta ahora emprendidas dan cuenta que nuestro compromiso y preocupación por prevenir estas actividades que son perjudiciales para la salud física, mental de la infancia y que además impiden el adecuado desarrollo.
Basta decir que México ha ratificado el Convenio número 5, que establece la edad mínima del trabajo industrial; el Convenio número 6, que prohíbe el trabajo nocturno industrial; el Convenio número 10, de edad mínima para la agricultura, y la ratificación del Convenio 138 en materia de la edad mínima de la admisión del trabajo.
Por si esto no fuera suficiente, recientemente aprobamos la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con la que se garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas y niños y adolescentes.
Apremia que las autoridades refuercen sus estrategias de políticas públicas con el objetivo de erradicar el trabajo infantil en México.
Garantizar el pleno ejercicio y el respeto a todos los infantes de nuestro país.
En esta aspiración tiene especial relevancia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y de los gobiernos de las entidades federativas, esto para incorporar como eje estratégico de política pública diversos programas, programas específicos de cada gobierno para la erradicación del trabajo infantil.
Con la aprobación del presente dictamen tendremos información oportuna, un diagnóstico preciso y criterios de medición homogéneos que nos permitan instrumentar medidas adecuadas para solucionar y prevenir diversas formas de esclavitud, trabajo infantil y reclutamiento forzoso.
El camino hacia la completa erradicación del trabajo infantil es largo, es largo y complejo, pero tengo la absoluta certeza de que vale la pena luchar porque en México tengamos una niñez que crezca feliz, sana y de manera plena.
El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Gracias, Senador Barroso.
Tiene ahora la palabra el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Esta Mesa Directiva da la más cordial bienvenida a un grupo de estudiantes de la carrera de administración pública y ciencias políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, invitados por el Senador Armando Ríos Piter.
Hace uso de la tribuna el Senador Zoé Robledo Aburto, para hablar en pro del dictamen.
Simplemente para respaldar el voto positivo por este dictamen, que como bien señaló el Senador Demédicis no debe, ni puede ser un llamado a misa más, una nueva exhortación que se la lleve el viento, que nos deje la conciencia tranquila durante un día; pero que después el tema siga exactamente igual y las cosas no cambien.
Recientemente Thomas Wissing, de la OIT, hizo un llamado, una alerta, y particularmente hizo una alerta en lo local.
Es cierto, hay responsabilidades del gobierno federal. Sí las hay y muchas, pero también hay competencias locales que deberían de estar atendiendo el tema de trabajo infantil.
Lo digo porque en este diagnóstico de la OIT se estableció que solamente en los tres estados más pobres, los sospechosos de siempre, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, hay casi medio millón de niños trabajando, y que un gran número de ellos son explotados y están en una condición de trata para explotación laboral, en particular con fines de comercio ambulante.
Miren, esta es una imagen que cualquiera que vaya a cualquier ciudad de Chiapas va a ver de manera recurrente. Esto no es algo que escape de la realidad de un estado de nuestra República, el chiclerito, es un emblema de la oprobiosa pobreza de mi estado.
El chiclerito es un símbolo de las injusticias que frente a los gastos frívolos a gobiernos obesos, a muchos excesos que tenemos, no hemos logrado que ese niño entienda su realidad, su felicidad, su libertad, desapegado de esta caja de madera.
Niños que están por toda la ciudad vendiendo dulces, vendiendo cigarros, y desafortunadamente se ha encontrado casos en donde forman parte de las redes de narcomenudeo.
Éste, el chiclerito, debería de ser una fotografía de museo, algo como un fenómeno que ocurrió en algún momento en México y que nos indignó. Porque si esto no nos indigna, si no podemos pensar que éste podría ser nuestro hijo, nuestro nieto, pues entonces vamos a seguir haciendo estos llamados y no va haber presupuesto.
Vamos a seguir haciendo estos llamados y no va haber acciones específicas; vamos a seguir haciendo llamados que nos dejen tranquilos, pero que no cambien la realidad de esta persona.
En Chiapas hay 164 mil 678 niños trabajando, es el 10% de la población entre 5 y 17 años.
De verdad, las comparaciones siempre son odiosas, pero estoy convencido de que si esto estuviera ocurriendo en otro estado de la República, en la Ciudad de México, en Nuevo León o en Puebla, estaríamos alarmados de la situación.
Pero de repente hay este desdén de decir: “Pues es que como es Chiapas, o como es Guerrero, o como es Oaxaca, eso es parte de su normalidad”.
No, señores. No debería de ser parte de nuestra normalidad.
No debería de ser normal tampoco que de estos 164 mil niños, 70% no sean remunerados.
Muchos, efectivamente, están en la zona agropecuaria, están en las zonas rurales, están trabajando en el campo, quizá por la necesidad que tiene su familia. Pero hay muchos que tienen su trabajo en el sector de los servicios, en el comercio, en centros turísticos que nos maravillamos y visitamos y hablamos de ellos en el mundo, y donde están trabajando sin ser remunerados.
¿Qué no se llama eso esclavitud?
Entonces. Enhorabuena por este dictamen.
Yo a Martha le reconozco que el tema lo ha puesto sobre la mesa y ha sido insistente sobre él, pero si después de esto, volvemos a tener la misma respuesta, pues entonces elevemos el nivel de la exigencia.
Elevemos el nivel de la exigencia a lo digno que merece un mexicano como él, a quienes se le están negando todas las oportunidades justamente de ser mexicano.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior Acuerdo.
Pasamos a la discusión de otro dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, con punto de Acuerdo, que exhorta a los congresos de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura al Acuerdo, Presidente.
Primero.- Se exhorta respetuosamente a los congresos de los estados de Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.
Segundo.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal a realizar una campaña nacional con el objetivo de crear conciencia sobre formas positivas no violentas y participativas de la crianza de niñas y niños.
Para los integrantes del grupo parlamentario del PRI, una de las principales obligaciones del Estado mexicano, consiste en garantizar la efectiva protección y desarrollo de las niñas y niños de nuestro país.
En consecuencia, votaremos a favor de que se exhorte a los congresos locales de diversos estados a incorporar en su legislación la prohibición expresa del castigo corporal, conforme a lo dispuesto en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Convención de los Derechos del Niño.
Antes de referirme al contenido del dictamen, me parece oportuno precisar que conforme al párrafo noveno del artículo 4º de la Constitución Federal, en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez.
El precepto jurídico en comento, también dispone que entre otras cuestiones el principio del interés superior de la niñez debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.
Bajo esta tesitura con el presente dictamen con punto de acuerdo se busca atender una problemática de dimensiones mayúsculas que no tiene paliativo alguno, el castigo corporal en contra de niñas y niños.
Aunque no es visible por la falta de denuncias es un asunto que lacera profundamente a la sociedad mexicana y por ello es imperativo tomar las medidas que sean necesarias a fin de erradicar este tipo de conductas.
Para ponderar la gravedad de impacto que tiene el castigo corporal hacia menores de edad, basta mencionar que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en el año 2014, una cuarta parte de todas las personas adultas manifiesten haber sufrido maltratos físicos en su infancia.
Además indica que cada una de cada cinco mujeres y uno de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.
En el caso de México, la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, refiere que pegarle algo o poco, es respaldado por más de dos de cada 10 personas.
Las cifras dejan de manifiesto la pertinencia del asunto que está a nuestra consideración.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que en términos del artículo 105 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes federales y de las entidades federativas deben disponer de lo necesario para que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en particular el castigo corporal.
En el ámbito internacional el artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño establece que los padres adoptarán todas las medidas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
A pesar de las disposiciones invocadas de los notables avances que existen en la implementación del proceso legislativo de largo alcance que inició con la publicación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 16 leyes locales todavía no han establecido explícitamente la prohibición del castigo corporal.
Es esta última consideración que radica la importancia del dictamen con punto de acuerdo a discusión.
El objetivo es claro, establecer las condiciones que le permitan a la niñez de nuestro país, desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física de manera óptima.
En el grupo parlamentario del PRI reafirmamos nuestro voto a favor, y los invitamos a que se pronuncien en el mismo sentido.
Estamos convencidos que es imprescindible que todas las entidades federativas cuenten con leyes políticas integrales para prevenir y sancionar toda forma de violencia en contra de niñas y niños. Asimismo, resulta igual de importante que se lleven a cabo campañas en todo el territorio nacional, encaminadas a generar conciencia sobre formas positivas no violentas y participativas de la crianza de niños y niñas.
El cuidado, protección y formación de las niñas y niños de México es responsabilidad de todos, y en el Senado de la República no podemos ser omisos, por ello, estoy segura que habremos de aprobar el presente asunto, muchas gracias por su atención.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias a usted, Senadora Hilda Ceballos.
Como ustedes saben, el día de ayer conmemoramos el trigésimo primer aniversario del sismo ocurrido en esta ciudad el 19 de septiembre de 1985, los efectos causados por este evento natural deben ser recordados en toda la dimensión que merecen las víctimas y las familias que se vieron afectadas por la devastación padecida en esta ciudad.
Les solicito que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio. Favor de ponerse de pie.
La Secretario Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Pido a la Asamblea ponerse de pie.
En el apartado de proposiciones tiene la palabra el Senador Sofío Ramírez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta asignar recursos suficientes para la comunidad indígena, en el Presupuesto de Egresos para 2017.
El Senador Sofío Ramírez Hernández: Gracias Presidente.
A nombre de mis compañeros Senadores del grupo parlamentario del PRI y de las diferentes entidades federativas con población indígena, hoy vengo a presentar una proposición con punto de Acuerdo para que podamos y el Senado de la República, hacer un exhorto respetuoso a Cámara de Diputados para que en el marco de presupuesto y en la consideración de que el pasado 8 de septiembre el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017.
Pero al mismo tiempo, considerando que dicho anteproyecto está contemplando una cantidad de 239 mil millones de pesos de recorte a dicho presupuesto, pues hay afectaciones a rubros muy importantes como lo es el desarrollo humano, la salud, la educación.
Particularmente me voy a referir al presupuesto correspondiente para los pueblos originarios. Mucho se ha dicho que la política pública está orientada al bienestar, está orientada al desarrollo social, está orientada al fortalecimiento de la oportunidad para vivir mejor. Pero particularmente la población más vulnerable de este país se encuentra precisamente en los pueblos originarios. Aquellos pueblos indígenas de las diferentes lenguas madre de este país, que no por una generación y tampoco por una coyuntura o de circunstancia económica del país o del mundo, sino que por tradición, por generaciones han vivido y se han desarrollado en medio de la pobreza.
Es por eso que hoy vengo a compartirles que no aceptamos, de que los pueblos originarios tengan una disminución en sus programas, en los recursos asignados. Podemos atender otras áreas, pero no la parte más vulnerable de este país.
Hablar de comunidades indígenas es hablar de pobreza, pero de pobreza extrema, es hablar de los pueblos, es hablar de las familias donde no tienen oportunidades de vida y que su desarrollo en gran medida está en función de la política social, y les damos algunos datos.
Para el rubro del presupuesto trasversal asignado en atención a los pueblos originarios hay una disminución, un recorte de 12.8%, significa que de 85 mil 260 millones de pesos, en lugar de cuando menos sostenerlo o incrementarle un mínimo de un 5 ó 10%, le están restando 12.8%, de 85 mil 260, están presentando una propuesta ante Cámara de Diputados, de 74 mil 292 con una disminución de 10 mil 968 millones de pesos.
Y ahí hay afectaciones, por dar algunos ejemplos, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de 6 mil 565 millones de pesos de recursos orientados a estas comunidades, sólo están proponiendo mil 977 millones de pesos, una disminución de 4 mil 588, estamos hablando de un 70%, un 70% nada más a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para acciones que van orientadas, encaminadas a este sector tan importante, como lo son los pueblos originarios.
Y ahí tenemos ejemplos, como es el caso de proyecto para infraestructura de caminos rurales, que están por completo desapareciendo este programa, de 3 mil 549 millones de pesos no están contemplando absolutamente nada, es inconcebible, o en su caso, que la Secretaría de Hacienda explique de dónde van a reponer, o de dónde van a obtener recursos adicionales para poder atender los caminos rurales que la gran mayoría están precisamente en los pueblos originarios, le están quitando lo mismo a SCT un 30% en conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras y de empleo temporal, de 271 millones de pesos, están quitándole un 50%.
Nada más les recuerdo, a quienes presentaron durante el proyecto de Presupuesto de Egresos, que allá en las comunidades no hay empleo, no hay empresa, lo que ahí alcanza es la producción primaria, el autoempleo, la oportunidad del aprovechamiento en recursos naturales, el empleo temporal es una oportunidad de cómo puedes llevar ingreso a las familias, y así podemos citar otros ejemplos, como es el caso de Semarnat, que le están restando de su presupuesto 2016, en acciones a pueblos originarios para el 2017, le están restando 41%, o el caso de la Secretaría de Economía, el Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario, a la Mujer Rural y de Pueblos Originarios, de 23.8 millones de pesos en el 2016, en el 2017 simplemente ese programa desaparece.
Así también tenemos el caso de Sedatu, y bueno por cuestión de tiempo, darles datos, particularmente de la Secretaría, de lo que corresponde a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Originarios.
Los datos anteriores es la estadística en el presupuesto trasversal, pero para atender de manera directa en términos de programas, de normatividad y de operación, está la Comisión Nacional de Derechos; está la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Originarios, la CDI.
Miren, compañeros Senadores, aquí va un dato alarmante. Para quienes venimos con ese origen social de pueblos originarios, no entendemos hacia dónde va la política social; no entendemos, entonces, hacia dónde va la política presupuestaria para atender a los que menos tienen.
CDI. Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado en el 2016, fue de 11 mil 900 millones de pesos, 11 mil 900 millones de pesos para CDI en sus diferentes programas 2016.
Propuesta presentada ante Cámara de Diputados para el 2017: 5 mil 806 millones de pesos.
Están disminuyendo, termino, señor Presidente. Están disminuyendo, recortando 6 mil 94 millones de pesos para los pueblos originarios que representa el 51.2%, más de la mitad del 2016, y esto es una propuesta alarmante, y que desde mi responsabilidad como representante popular y con ese origen de los pueblos indígenas, vamos a generar la opinión que sea necesaria, y le hacemos la invitación respetuosa a todos ustedes, a que podamos sumarnos para que en Cámara de Diputados puedan atendernos.
Concluyo, Presidente. Infraestructura indígena de 7 mil 591 millones de pesos que estaban destinados para la CDI. Hoy están proponiendo 2 mil 264 millones; 70.17% menos, cuando ese es el programa esencial que trae la CDI para pueblos originarios; para la producción indígena de mil 572 millones de pesos, lo están dejando en 772.
Nada más damos otro dato, que de cerca de 120 millones, que de 120 millones de mexicanos, 25 millones son de pueblos originarios. Representa aproximadamente el 21.5%. O sea, de cada 5 mexicanos, uno es de pueblos originarios, por lo tanto, compañeros Senadores y Senadoras, hacemos, pues, el exhorto respetuoso para que se pueda atender este rubro.
Y está la estadística Oaxaca con 65.73% de este 21.3 del nacional. Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Chiapas, Guerrero, Puebla, entre otros, son los estados que tienen una mayor concentración de pueblos originarios.
Por lo tanto, pues, que la reducción de la pobreza siempre debe de pasar por establecer la política social, la política económica, promoviendo que la desigualdad no sea permanente, y quienes por muchos años han estado en condiciones de marginación y de pobreza, por lo que hacemos el atento exhorto, respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados, a sus comisiones de presupuesto, a su Comisión de Hacienda y a los 500 Diputados para que en el análisis, la discusión que tenga que hacer del Presupuesto de Egresos y su aprobación, se puedan contemplar, primero, un incremento del 10% sobre la base del Presupuesto de Egresos 2016, considerando la marginación y pobreza que representa este sector de pueblos originarios, o en su caso, como propuesta mínima que se quede con los 85 mil millones de pesos con los que fue aprobado en el 2016.
Presidente, hago entrega del documento reciente firmado por la gran mayoría de mis compañeros Senadores de los estados donde hay población indígena.
La Mesa Directiva da la más cordial bienvenida en esta sesión a la Asambleísta María Augusta Calle, de Ecuador, Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, de América Latina y el Caribe.
Al Diputado Mario Marroquín, de El Salvador, Coordinador de Mesoamérica del Frente Parlamentario Contra el Hambre, así como a oficiales de las organizaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, invitados por la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Luisa María Calderón Hinojosa y Angélica de la Peña Gómez.
Agradecemos su visita el Senado de la República.
Se concede ahora la palabra al Senador Héctor David Flores Ávalos, para presentar a nombre propio y de Senadoras y Senadores de diversos grupos parlamentarios, un punto de Acuerdo que exhorta a instrumentar medidas urgentes y realizar los cambios necesarios al paquete económico 2017 para afrontar las dificultades financieras generadas por la devaluación del peso.
Tiene el uso de la palabra, Senador Flores.
Hoy vengo a tratar un tema que de manera particular me parece importante resolver en este momento, por lo menos analizar en forma seria, y esto tiene que ver con la devaluación reciente que hemos visto que ha sufrido el peso, la moneda nacional, frente al dólar de los Estados Unidos de América.
Como Presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Norte, me parece que es ineludible llamar a esta Asamblea a tener una reflexión, les decía yo, profunda, seria, inmediata sobre este tema.
De enero de 2014 a la fecha, en esa fecha que fue homologado el IVA en las fronteras al día de hoy, el peso ha sufrido una devaluación lamentable frente al dólar, ha pasado prácticamente de 13 a más de 20 pesos por dólar en la última jornada y en el día de hoy, lo que representa un alza de más del 50% en 2 años 9 meses.
El paquete económico, entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso, en los días pasados, no contempla una contingencia clara que afronte las dificultades financieras generadas por esta devaluación, por lo cual es importante no solamente exhortar a la Secretaría de Hacienda a que enderece el rumbo en esa materia, sino sobre todo a que nosotros como legisladores, y en el Senado de la República particularmente en lo que corresponde a la Ley de Ingresos, hagamos una reflexión seria sobre este tema.
La realidad es que el aumento del dólar o la devaluación del peso frente a esa moneda, específicamente en la frontera, puede transformarse en una circunstancia positiva, así como se escucha, puede transformarse en una circunstancia positiva, si tenemos la capacidad, desde luego, de trazar desde la política pública financiera del Estado mexicano soluciones no necesariamente agresivas, pero sí vanguardistas en el tratamiento que se les está dando a nuestros compatriotas en esa región del país en la frontera norte.
El aumento del IVA del 11 al 16%, por ejemplo, trajo consigo una serie de consecuencias negativas que al día de hoy me parece que son innegables para los habitantes de esa región del país, los argumentos presentados por el Poder Ejecutivo en su momento, por ejemplo, señalaban que la tasa diferenciada había cumplido el propósito de cuando se estableció para impulsar el desarrollo de la región.
Insistimos en señalar que el problema en la frontera sigue siendo la competitividad.
Hoy en día, en que el discurso nacionalista, el discurso de reivindicación de los mexicanos frente al pueblo de los Estados Unidos de América, hoy en día que ese discurso de alguna manera se vuelve mucho más sensible para nosotros, deberíamos de tomar acciones decididas por rescatar, por ejemplo, a esta región del país que está siendo claramente desplazada en términos de competitividad respecto de comerciantes, empresarios, industriales, del otro lado de la frontera.
En cuanto al sector económico las afectaciones que se han presentado son, entre otras: inflación superior a la media nacional, caída en las ventas y el empleo, pérdida del poder adquisitivo, fuga de consumidores, cierre de empresas, aumento de desempleo y, en general, estancamiento económico.
Las consecuencias anteriores constituyen la realidad actual de la región fronteriza a partir de la homologación del IVA.
El aumento del IVA ha disminuido el ingreso de las familias, esto es innegable.
Ha golpeado la competitividad.
Ha generado desempleo.
Y, consecuentemente, ha mermado la tasa de ahorro de las familias y de las personas en la región y la franja fronteriza.
Conforme a nuestra legislación vigente, y ésta es la parte que me gustaría reflexionar con ustedes, compañeros Senadores: “es facultad del Ejecutivo Federal emitir un Decreto para que en uso de las facultades que le confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución; el 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y el 39 del Código Fiscal Federal, se condone o exima total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios; autorizar, desde luego también lo menciona esta facultad, el pago a plazo diferido o en parcialidades”.
Y señala el texto legal y constitucional: “cuando se afecte o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de la actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofe sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias”.
Es claro que la región fronteriza ha sido afectada severamente por la homologación del IVA y la devaluación del peso frente al dólar.
Por lo que es importante exhortar al Poder Ejecutivo para que exima parcialmente el pago del Impuesto al Valor Agregado, y de esta manera se contribuya a resolver la pérdida de competitividad y las afectaciones económicas que ha generado dicha problemática en la región.
En consecuencia, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Enseguida, tiene el uso de la palabra la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de Acuerdo relativo a las medidas cautelares, emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante el aumento de flujos migratorios nacionales y extranjeros en Tijuana, Baja California.
Desde hace varios meses, una gran cantidad de migrantes extranjeros y nacionales han arribado al municipio de Tijuana, Baja California. La mayoría de ellos son provenientes de Haití, Somalia, Ghana y Etiopía, y se encuentran alojados temporalmente en diversos albergues.
Mientras se resuelve su trámite de solicitud de asilo, los y las extranjeras obtuvieron la autorización del gobierno mexicano para entrar en el país durante un mes, 15 días o una semana, de acuerdo a su respectiva situación.
Sin embargo, a la mayoría se les ha vencido este permiso y ahora temen ser regresados a sus países de los cuales huyeron por conflictos armados.
En ese contexto, es necesario recordar la característica de nuestro país, esta larga tradición migratoria como país de origen, tránsito y destino de migrantes.
Pero también para nadie es desconocido que la falta de desarrollo económico, social y político, así como la violencia imperante en muchas regiones del mundo, son factores que han impulsado la migración de países como quienes ahora nos ocupa y que se encuentran en el municipio de Tijuana.
En este sentido, el 17 de septiembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Instituto Nacional de Migración a autoridades del gobierno de Baja California, y al presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Tijuana, implementar medidas cautelares ante el aumento de migrantes nacionales y extranjeros, que solicitan por la Garita Internacional de San Ysidro protección internacional de Estados Unidos.
En ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le solicitó también que actúen de manera coordinada durante el tiempo que se requiera, para proporcionar a los migrantes que se encuentran en situación de calle, alojamiento temporal, priorizando en todo momento a niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
En un comunicado, la CNDH especificó que su personal ha venido documentando desde el 17 de julio pasado el incremento en el flujo migratorio de esta zona y en específico señaló que el lunes pasado, el 12 de septiembre se advirtió la presencia de aproximadamente mil 100 personas, entre ellas 300 personas de origen mexicano que mencionaron haber abandonado su lugar de origen por circunstancias de violencia, las demás personas de origen extranjeros, conformadas por familias o grupos en situación de vulnerabilidad.
Es importante señalar que toda esta información se encuentra debidamente registrada en notas periodísticas y que además, también se ha especificado, y lo voy a mencionar por obviedad, pidiéndole al Presidente de la Mesa, que inscriba el punto de acuerdo en sus términos, como lo he presentado, y del cual hoy estoy haciendo un resumen.
En los escritos dirigidos a los autoridades se hace referencia que el Instituto Nacional de Migración ha celebrado convenios con las dependencias del gobierno federal, de las entidades federativas y municipios aledaños para implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios de asistencia o de protección de las y los migrantes que realizan diversas organizaciones de la sociedad civil, insisto, priorizando la atención a quienes son menores de edad.
Sin embargo, es oportuno señalar que la responsabilidad del Estado no es solamente coadyuvar de buena fe con las valiosas acciones que deben realizar las organizaciones, estas sí, de la sociedad civil, que están legalmente constituidas, sino por el contrario, el Estado es quien debe, ese es un deber no actuar filantrópicamente, sino como deber del Estado, garantizar lo que establece, ni más ni menos que el artículo 1º de nuestra Constitución.
Que dice, pues que los derechos humanos gozarán… todas las personas gozarán de los derechos humanos establecidos en la Constitución, que también emanen de los tratados internacionales, establecen que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y además, establece, ni más ni menos que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional.
Ahora bien, es pertinente resaltar la obviedad de lo anterior, toda vez que respuesta a las medidas cautelares emitidas por la CNDH el ayuntamiento de Tijuana ha decidido no aceptar tales medidas y ha desestimado la realización de nuevas acciones para garantizar los derechos humanos de la población migrante, que por diversas razones ha llegado a este municipio en los últimos meses argumentando, y cito de manera textual, “que el gobierno municipal de Tijuana ya reforzó las acciones coordinadas con organismos civiles para garantizar su seguridad y protección durante su estancia”.
El Ayuntamiento, tengo que decirlo también, alude a la creación de la Dirección de Atención al Migrante, que está inscrita desde octubre de 2015, el apoyo destinado a diversos organismos de la sociedad civil por un monto de 600 mil pesos, así como diversas acciones.
Todo lo anterior, el Ayuntamiento de Tijuana, con todo lo anterior, da por concluida su responsabilidad y elude a asumir mayor compromiso en la tutela de los derechos humanos de miles de personas que, independientemente de su nacionalidad, están obligados a proteger.
También quiero destacar lo que hace apenas ayer, antier, en la reunión de Naciones Unidas, en este caso la Canciller mexicana expresó que México considera que se requiere un enfoque coordinado en la atención de la migración, así como la cooperación internacional para atender el fenómeno global de la misma, al tiempo que reiteró el compromiso de nuestro país para que en el mundo los flujos migratorios sean seguros, ordenados y respetuosos de los derechos humanos.
Qué bien, pero estamos ante dos discursos distintos. Nos parece que tenemos que unificarnos, que lo que decimos afuera también lo apliquemos de manera congruente adentro del país.
Y, en ese sentido, me voy directo a los dos puntos de acuerdo que estoy proponiendo, y ojalá, por la situación grave que va a suscitar quizás en una crisis humanitaria, debiéramos estar aprobado este punto de acuerdo, debiéramos estar tratando aquí en el Senado este asunto de manera diligente y estar tomando las medidas que pudieran estar, ojalá, en los términos de los dos puntos que yo estoy proponiendo:
Primero.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración, al gobierno del estado de Baja California y a las autoridades competentes del municipio de Tijuana, Baja California, a que de manera coordinada, y desde su respectivo ámbito de competencias, den cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y continúen brindando la orientación y la atención que permita garantizar la integridad y la seguridad de las y los migrantes nacionales y extranjeros, que se encuentran varados en el municipio de Tijuana.
Segundo.- La Honorable Cámara de Senadores exhorta respetuosamente al Instituto Nacional de Migración a que, en caso de que la solicitud de asilo sea negada por el gobierno de los Estados Unidos de América, se garantice que las y los migrantes extranjeros no sean devueltos a ningún país en donde su vida se viera amenazada, se encontraran en peligro de ser sometidos a tortura u otros tratos, penas crueles, inhumanos o degrades, de conformidad con los principios que rigen la política migratoria del Estado mexicano.
Así estarían los dos puntos de acuerdo que estamos proponiendo para que puedan resolverse lo más pronto posible.
Insisto, para prevenir lo que pudiera ser una crisis humanitaria en Tijuana, Baja California.
Denle volumen, por favor, a su escaño.
El Senador Ernesto Ruffo Appel: (Desde su escaño) Muchas gracias, señor Presidente.
Para conocer si hay la oportunidad de complementar lo solicitado por la Senadora Angélica de la Peña.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: ¿Me permite contestar, señor Presidente?
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: El turno es a la comisión. No hay diálogos, Senadora de la Peña.
Me apena, pero conteste, si quiere, por favor.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias por su gentileza.
Yo, claro que sí estaríamos atentos a que se fortalezcan los puntos de acuerdo, Senador. Sé que tiene especial interés porque es su tierra.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Blásquez, por favor.
Denle el uso de la palabra.
El Senador Marco Antonio Blásquez Salinas: (Desde su escaño) Complemento lo que proponía el compañero Ruffo, creo que este asunto debiera extenderse también a Relaciones Exteriores, porque es un país disuelto, Haití es un país muy empobrecido, y lo que se señala es de que la autoridad mexicana no tiene un consulado en donde llevar los casos de los compañeros haitianos, y consecuentemente, pues hay como la obligación de permitirles el paso por la República hasta llegar a Tijuana.
Donde quiero decirle a la Senadora que la sociedad civil ha respondido de una manera amable y de una manera generosa haciendo todo tipo de donativos a estas personas. Entonces creo que también pudiéramos complementar por el lado de Relaciones Exteriores.
Le agradezco mucho, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Gracias, Senador Blásquez.
Se turna a la Comisión de Derechos Humanos.
Y les pido que hagan llegar los comentarios justamente a esta comisión para que se dictamine en la comisión y cuando regrese al Pleno, tenga la inclusión de lo que han solicitado, los que han hecho uso de la voz.
Se concede la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un punto de Acuerdo que exhorta a generar mecanismos para que se realicen informes e investigaciones que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta y anunciada toxicidad del herbicida de acción total llamado glifosato que se usa en los cultivos mexicanos.
La Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: La economía parlamentaria, Presidente reduciré una larga exposición de consideraciones relativas a este tema y pido se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates.
¿Qué es el glifosato y qué tiene que ver con nuestro país?
Uno de los factores para conservar la estética de un campo o la limpieza de un estanque es que se encuentre libre de maleza, y para ello y de forma más rápida y accesible y económica hacer uso de herbicidas.
En la actualidad el más utilizado a nivel mundial es éste, el glifosato, cuyos efectos en animales incluidos los seres humanos todavía se desconocen.
Es conocido en México como Aquamaster y es producido por la transnacional Monsanto, y tiene presencia en más de 130 países.
Es un herbicida que ayuda a controlar los cultivos que crecen y no corresponde a lo que se sembró en un principio sobre la tierra de manera coloquial llamado maleza.
Esto no hace que la sustancia inhibe el enzima y por la vía de los ácidos shikímico, llamado así porque se encuentra por primera vez en una flor de shikimi en Japón, la cual es indispensable para la síntesis de aminoácidos aromáticos y cuya actividad las plantas se marchitan y mueren.
Sin embargo, Monsanto argumenta que el glifosato no provoca ningún daño a personas o animales, debido a que estos no tienen enzimas y que, en consecuencia, no habría ninguna inhibición de sustancias vitales, aunque el asunto es un tema de debate.
Investigadores aseguran que a pesar de la ausencia de este enzima, las posibilidades de riesgo existen, incluso, se menciona que hay estudios recientes encabezados por Gilles-Eric Seralini, de la Universidad de Caen, en Francia, que demuestran que una conexión entre los transgénicos con altos grados de glifosato y la presencia de cáncer en ratas alimentadas con el tipo de maíz que ha sido manipulado por ello. Así finalizó la academia.
En otras referencia en internet, encontramos una valiosa aportación mediante el cual el estudio sobre el glifosato, hacen que las doctoras Norma Julieta Salazar López y María de Lourdes Aldana Madrid, una investigación en alimentos, misma que se llevó a cabo en mi tierra en la Universidad de Sonora y se encuentra un amplio estudio sobre diversos impactos tóxicos con el glifosato y donde se concluye que los herbicidas que lo contienen como ingrediente activo, son potencialmente causantes de daños toxicológicos y ambientales en sistemas acuáticos donde puedan provocar retardo y el crecimiento de organismos como algas y peces.
Cambios histopatológicos, alteraciones de parámetros de enzimáticos, disminución de la actividad sexual y cambios bioquímicos.
El organismo humano puede alcanzar toxicidad en células placentarias y en el hígado, actuar como disruptor endocrino, generar afecciones respiratorias gastrointestinales dermatológicas y neurológicas, así como una fragmentación de material genético.
Es importante considerar que los excipientes o vehículos empleados en la manufactura de diversas presentaciones comerciales incrementa el efecto toxico del herbicida en cuestión.
Por lo que se recomienda emplearlo con estricto apego a las indicaciones del fabricante y con las precauciones de las buenas prácticas agrícolas, así lo marcan.
Así como promover estudios por parte de organizaciones independientes y gubernamentales para obtener los resultados concluyentes sobre las implicaciones de la salud humana y el ambiente.
Con el fin de establecer mejores condiciones de regulación en cuanto al uso, las recomendaciones que expresa el estudio, son que debido a que el glifosato altera la síntesis de aminoácidos aromáticos en plantas y que reduce también la biosíntesis y que la vitamina K sugiere la evaluación puntual de las afecciones en dichos compuestos.
Hace unas semanas, la Organización Mundial de la Salud, lo catalogó como un tóxico y cancerígeno.
Esa sustancia ha sido usada por la empresa Monsanto desde hace más de 30 años y en recientes estudios revelan que la gran corporación conocida como posibles efectos.
Greenpeace ha iniciado una campaña en muchos países para que cada gobierno impida tajantemente el uso de este herbicida.
Según las cifras en América Latina, el uso de glifosato es alarmante.
En 2014, cerca de 100 millones de hectáreas y pueblos latinoamericanos fueron roseados con este producto químico.
Es hora de avanzar en la eliminación de estas sustancias que dañan el suelo y la salud y promover que la agricultura ecológica que garantice una producción de alimentos sana para la tierra y para quienes los producen, así como para los consumidores.
La organización invita a los mexicanos a sumarse a esta exigencia contra el glifosato para que el Presidente Peña Nieto decrete una prohibición de urgencia y se promuevan políticas públicas para transitar a una agricultura ecológica libre de aerotóxicos y extragénicos que ponen en riesgo al medio ambiente y la salud de las personas.
Propongo el siguiente punto de Acuerdo:
1.- El Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a generar mecanismos institucionales para que el respeto al derecho de la información y el derecho a la salud realicen informaciones e investigaciones gubernamentales que arrojen diagnósticos pertinentes sobre la presunta anunciada toxicidad del herbicida en total llamado glifosato que se ha usado y se usa en los cultivos mexicanos, así como emitir una postura al respecto.
2.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a generar un informe sobre el uso histórico y actual del uso del glifosato en los cultivos mexicanos, así como la reglamentación que permite legalmente su uso.
3.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría del Medio Ambiente; y Recursos Naturales a emitir un informe sobre los usos, las investigaciones y el sustento de toxicidad, la reglamentación y las recomendaciones sobre el herbicida de acción total llamado glifosato.
Como es de su conocimiento el pasado 16 de septiembre falleció el gran arquitecto mexicano Teodoro González de León.
El arquitecto González de León es reconocido como un gran impulsor de las mejores representaciones de la belleza y las formas mexicanas de expresión arquitectónica.
El Senador Gerardo Sánchez, nos ha pedido que guardemos un minuto de silencio. El cual se concede, por lo anterior, se les solicita ponerse de pie.
Enseguida se concede el uso de la palabra al Senador Manuel Cárdenas Fonseca, para presentar un punto de Acuerdo por el que se solicita suspender las acciones relativas a la instalación del proyecto Planta de Amoniaco 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa.
Tiene el uso de la palabra, Senador Cárdenas.
Y comentando que este asunto es solicitado de urgente resolución.
Lo que un servidor está planteando, independientemente el texto bajo el cual se presenta este punto de acuerdo, es que exista certeza y certidumbre jurídicas en todas las partes involucradas.
México, por muchos extranjeros y por diversos mexicanos ha sido criticado y ha sido señalado como un Estado-nación en el que no existe el estado de derecho. Y eso no lo podemos permitir.
Y muchas veces esto se puede dar o por negligencia o autoridad o por desconocimiento de autoridad o por qué no pensarlo, también, por involucramiento de autoridad para definir de alguna manera contrario a la ley el tema.
En este caso en particular plantearía yo primero los beneficios de que acompañaran este punto de acuerdo de urgente resolución.
El primer beneficio con lo que se solicita aquí a las autoridades es que este Senado ratifica y se pronunciaría por el estado de derecho y la certidumbre jurídica para todos los involucrados, independientemente de que sean grupos minoritarios, poblaciones indígenas, región de pescadores o muy importantes inversionistas.
Eso ya lo comentábamos aquí, cuando el Acuerdo de París y la agenda 2030.
Y si el Presidente de los mexicanos se acaba de expresar en ese sentido en la reunión de Naciones Unidas, mal haría este Senado en actuar de manera contraria a lo aquí planteado.
Segundo. Se cumple con la convención internacional que obliga a México a proteger el área nacional protegida Islas del Golfo de California. los inversionistas señalan que la inversión, la empresa no se sitúa en esta área. Bueno, pues entonces no hay nada que temer.
Como tampoco en el sitio Ramsar denominado Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira, así como la integridad del sitio de conservación de flora y fauna que es patrimonio natural de México y el mundo.
Aquí lo que se plantea es que el Poder Ejecutivo a través de su organismo competente no ha sabido determinar la zona Ramsar. Bueno pues sería abusivo de una parte que los inversionistas estuvieran en esta incertidumbre jurídica. Y sería fatal de la otra, que en el caso de que la autoridad no quiera resolver, no lo haga porque está afectando un sitio al que por ley está obligado a atender.
Se garantizaría la protección del derecho humano al medio ambiente sano, así como a los derechos consagrados en los artículos 4, 14, 17 y 27 de nuestra Constitución Política. Se garantiza sí al inversionista, pero también a la comunidad y a todos nosotros el medio ambiente, respecto de sus derechos y el cumplimiento de la ley.
Y cinco. Se garantiza el cumplimiento del artículo 25 constitucional que nos mandata un desarrollo integral y sustentable con equidad y respeto a los derechos de terceros, independientemente del origen de los inversores, sean nacionales o sean extranjeros.
No podemos estar alentando la inversión extranjera, si no le estamos dando certeza y certidumbre jurídicas, y los inversionistas no pueden ser engañados por autoridades municipales o del orden estatal, quiero pensar que por desconocimiento de la ley. De ahí que los puntos de acuerdo consisten en lo siguiente:
Primero. Se solicita al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal, suspenda de manera pronta y expedita, atendiendo el principio precautorio todas y cada una de las actividades relacionadas con el proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2 mil 200 toneladas métricas en Topolobampo, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente.
¿Y por qué este punto? Porque el punto segundo es:
Se solicita al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente del Ejecutivo Federal, lleve a cabo el cumplimiento, de manera pronta y expedita, la suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de garantías 952/2015, misma que no se observa que afecte a la inversión.
¿Qué dice entre paréntesis la resolución del día de ayer que no ha sido aún notificada a la autoridad en comento? Dice:
El día de ayer se publica la resolución del incidente por exceso de efecto de cumplimiento de la suspensión definitiva, en el sentido de que es procedente y fundado lo planteado por la parte quejosa. Y en un término de 24 horas, a partir de su legal notificación, la autoridad responsable debe dar cumplimiento a la suspensión definitiva.
De esta resolución di cuenta al grupo parlamentario del PRI, porque ahorita me llegó y ya no le alcancé a sacar copia, para que le hiciera del conocimiento de los Senadores por el estado de Sinaloa, y lo expreso tal cual en una cortesía al Senador del PAN por el estado de Sinaloa.
Después de ese paréntesis.
Tercero. Se solicita al titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Ejecutivo Federal, realice de forma pronta y expedita el programa de manejo correspondiente al sitio Ramsar, Lagunas de Santa María-Topolobampo-Ohuira y del área natural protegida Islas del Golfo de California, en concordancia con la recomendación general número 26 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 13 de abril de 2016, con la respetuosa petición de que se indiquen fechas, plazos y acciones que se llevarán a cabo, indicando el nombre y cargo de los funcionarios responsables, y se incluya en este plan de manejo las acciones de restauración correspondientes a la afectación denunciada y que es objeto de este punto de acuerdo.
Cuarto y último. Se solicita al titular del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, emita una opinión técnica sobre las actividades de riesgo ambiental que se desarrollan en las inmediaciones del sitio Ramsar Laguna de Santa María-Topolobampo-Ohuira, incluyendo la definición precisa de la franja de seguridad que debe existir en un proyecto de esta magnitud para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas contenidos en la bahía e islas de la Laguna de Ohuira, conforme al convenio sobre diversidad biológica y los criterios nacionales e internacionales aplicables.
Como pueden ver ustedes, compañeros, este punto de acuerdo se presenta respetuosamente de urgente y obvia resolución, o de urgente resolución, como aquí se da en comentar, porque ya hay una resolución judicial específica en la materia, porque los inversionistas también están en estado de indefensión ante la no actuación de las autoridades para definir perfectamente el sitio Ramsar y para definirles la ejecución de la sentencia en los términos que los mandató el Poder Judicial.
De ahí que, les solicito muy respetuosamente nos acompañen en este punto de Acuerdo para dar una muestra de que en este país sí hay estado de derecho, y todos los involucrados en una inversión tienen la garantía de la certeza y la seguridad jurídicas.
El Senador Aarón Irizar López (Desde su escaño): Pido la palabra, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Senador Aarón Irizar, por favor.
Si dan volumen en su escaño, si son tan amables.
Volumen, por favor, en el escaño del Senador Irizar.
El Senador Aarón Irizar López (Desde su escaño): Muchas gracias, señor Presidente.
Por supuesto que estamos de acuerdo en la propuesta que hace el Senador Manuel Cárdenas, en el sentido que el estado de derecho es fundamental para el progreso, la estabilidad de cualquier país y de cualquier región.
Es nuestro compromiso, de nuestro paradigma aquí en el Senado, y creo que eso debe de ser una actitud inalterable de irnos por el apego estricto al estado de derecho y cumplimiento de todas las normas.
En el caso que se comenta, por supuesto que es fundamental que las autoridades definan en el más estricto cumplimiento de la ley.
México, el propio Congreso ha estado atento y ha mejorado su marco legislativo para que México se distinga en materia de protección del medio ambiente.
Desarrollo económico tiene que ir aparejado también al desarrollo y cuidado del medio ambiente.
Esta planta de amoniaco que está situada en Topolobampo, es la inversión más grande que tiene el estado de Sinaloa.
Por supuesto, que no por el tamaño de la inversión, que es una gran generadora de empleo y de riqueza y desarrollo de la región que producirá amoniaco; amoniaco que actualmente se importa de Ucrania, de Rusia, con elevados costos y que incide en la producción agrícola y que obviamente incide también en la producción de alimentos que tanto falta en este país.
Hay cosas interesantes que la autoridad tiene que definir con rapidez, primero, para dar la certeza jurídica que atinadamente expresa el Senador Cárdenas, pero también porque no es una inversión menor la que está de por medio, y hay ahí situaciones de fondo porque esas canaletas, las nuevas canaletas que están en el tema, pues, están a 580 metros de la planta.
En resumen. Senador, le quiero decir que estamos de acuerdo con este punto de Acuerdo.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Si quiere concluir, Senador, porque nos han pedido el trámite de urgente y obvia resolución.
El Senador Aarón Irizar López (Desde su escaño): Adelante, señor Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Ahorita preguntaremos a la Asamblea si está abierto, y le doy el uso de la palabra.
Si quiere terminar con la idea, Senador.
El Senador Aarón Irizar López (Desde su escaño): Adelante, señor.
Nada más decirle que estamos de acuerdo con este punto que presenta el Senador Cárdenas.
Como ha sido solicitado por el Senador Cárdenas, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el anterior asunto se considera de urgente resolución.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: En consecuencia, está a discusión la propuesta.
Si hubiera oradores para registrar, si no, consulte si es de aprobarse.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta presentada.
Aprobada la propuesta, Presidente.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobada la propuesta.
Recibimos de la Mesa Directiva un acuerdo que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el que se modifican las comisiones del Senado.
Primero.- La Senadora Graciela Ortiz González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja de la Comisión de Desarrollo Social y se integra a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Segundo.- El Senador Manuel Cavazos Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integra a la Comisión de Desarrollo Social.
Tercero.- El Senador Armando Neyra Chávez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, deja de pertenecer a la Comisión de Salud.
Cuarto.- El grupo parlamentario del Verde Ecologista de México cede el espacio que le corresponde en la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana al grupo parlamentario Revolucionario Institucional.
Quinto.- El Senador Héctor Yunes Landa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se integra como Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, como integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería y en la Comisión de Educación.
Sexto.- La Senadora Anabel Acosta Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integra como Secretaria de la Comisión de Desarrollo Municipal y se da de alta como integrante de la Comisión de Salud y deja de pertenecer a la Comisión de Población y Desarrollo.
Séptimo.- La Senadora María Lorena Marín Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se integra en la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial y en la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos no Gubernamentales.
Octavo.- El Senador Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, deja de pertenecer a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Derechos Humanos; del Distrito Federal; y de Puntos Constitucionales.
Noveno.- El Senador Jorge Aréchiga Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, deja de pertenecer en la Comisión de Fomento Económico y se integra a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Asimismo, en un Acuerdo adicional, se establece que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México cede su lugar en la Comisión de Derechos Humanos al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para ser ocupado por el Senador Sofío Ramírez Hernández.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse, en votación económica.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse ambos acuerdos.
Recibimos de la Mesa Directiva dos acuerdos que suscriben los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
Uno, por el que se modifica el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios ante el Pleno del Senado con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.
Y uno, por el que se establece ante qué comisiones comparecerán los funcionarios en el marco del análisis de dicho Informe.
Solicito a la Secretaría dé cuenta de los resolutivos del primer acuerdo por el que se modifica el calendario de comparecencias ante el Pleno del Senado.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Doy lectura a los puntos resolutivos del primer acuerdo.
Primero.- Para llevar a cabo las comparecencias con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno en el Pleno del Senado de la República, se modifica la fecha en donde comparecerá el Secretario de Educación Pública, para quedar como sigue:
Miércoles 5 de octubre del 2016, a las 12:00 horas.
Segundo.- Para llevar las comparecencias de las comisiones ordinarias con motivo del Cuarto Informe de Gobierno, además de las fechas aprobadas por el Pleno, se anexa la siguiente:
El Secretario de Salud, el martes 11 de octubre del 2016, a las 12:00 horas.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse en votación económica.
La Secretaria Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el acuerdo por el que se modifica el calendario para llevar a cabo las comparecencias de funcionarios ante el Pleno del Senado con motivo del Análisis del Cuarto Informe de Gobierno.
Ahora solicito a la Secretaría dé cuenta con los resolutivos del segundo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las comisiones ante las que comparecerán los funcionarios con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.
Único.- Las comparecencias ante comisiones ordinarias con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno se realizarán de la siguiente forma:
Ciudadano Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones, con la Comisión de Comunicaciones y Transportes; Radio, Televisión y Cinematografía, el miércoles 21 de septiembre del 2016, a las 11:00 horas.
Arely Gómez González, Procuradora General de la República, con la Comisión de Justicia, miércoles 28 de septiembre del 2016, a las 11:00 horas.
El Secretario de Salud, José Narro Robles, ante la Comisión de Salud, el martes 11 de octubre de 2016, a las 12:00 horas.
Y el Secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, ante la Comisión de Desarrollo Social, miércoles 12 de octubre del 2016, a las 11:00 horas.
Consulte a la Asamblea si es de aprobarse, en votación económica, el presente Acuerdo.
El Presidente Senador Pablo Escudero Morales: Aprobado el acuerdo por el que se establece ante qué comisiones comparecerán los funcionarios con motivo del análisis del Cuarto Informe de Gobierno.
Hago de su conocimiento las rectificaciones de turno que la Mesa Directiva autorizó en su reunión de esta mañana, como lo permite el artículo 177 de la Reglamento, la rectificación de turno fue a siete iniciativas de Reforma Constitucional en materia de revocación de mandato, presentadas durante la LXII y la actual Legislatura, el turno rectificado de dichos proyectos es a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Segunda.
El plazo para emitir el dictamen a que se refieren los artículos 202 y 214 del Reglamento del Senado empezará a contarse a partir de que se notifiquen a las comisiones de esta rectificación de turnos.
La Mesa Directiva también autorizó la rectificación de turno a tres iniciativas en materia de reformas a la Ley General de Víctimas para quedar en las Comisiones Unidas de Gobernación; de Derechos Humanos; de Justicia; y de Estudios Legislativos.
Al igual que la rectificación anterior, los plazos empezarán a contar una vez que las comisiones sean notificadas.
Las listas de los proyectos comprendidos en estas rectificaciones se publicarán en la Gaceta.
Les informo ahora que los asuntos referidos a solicitudes de recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2017, se turnarán directamente a la Cámara de los Diputados para, en su caso, permitir su atención oportuna.
A petición del Senador Manuel Cárdenas Fonseca, se remitirá a las Comisiones de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, Primera, su solicitud de excitativa en relación con el proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales presentados el 19 de noviembre de 2014.
Les comunico que las iniciativas y proposiciones que cumplieron su segunda inscripción se turnarán a las comisiones que acordó la Mesa Directiva en cumplimiento del acuerdo aprobado este día.
Se cita a la siguiente sesión ordinaria el próximo jueves 22 de septiembre, a las 11:00 horas.
Se levantó la sesión a las 15:25 horas
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1737

References: artículo 9
 artículo 4
 artículo 33
 artículo 61
 artículo 60
 artículo 61
 artículo 9
 artículo 38
 artículo 113
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 20
 artículo 33
 artículo 36
 artículo 65
 artículo 66
 artículo 67
e contrario
 artículo 72
 artículo 111
 artículo 58

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 58
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 123
 artículo 4
 artículo 105
 artículo 19
 artículo 89
 artículo 1
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 177