Source: http://www.nuevoespacio.org.uy/documentos/2013/leyarticulodefelipemichelini/
Timestamp: 2018-08-16 22:23:13+00:00

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El crimen contra la humanidad adquiere autonomía respecto a otros delitos internacionales, tanto crímenes de guerra como contra la paz.
Serán competentes para juzgar a sus responsables los tribunales internos donde el “crimen contra la humanidad” se cometa, no siendo en ningún caso exi- mente de responsabilidad el cumplimiento de órdenes superiores.
El Juez y jurista brasileño Antônio Augusto Cançado Trindade resume en su voto razonado en el caso de la Corte Interamericana Almonacid y otros Vs. Chile, un concepto demostrativo de la gravedad del crimen de lesa humanidad:
. . . ya en los albores del Derecho Internacional, se acudió a nociones básicas de humanidad para regir la conducta de los Estados. Lo que, con el pasar del tiempo, vino a denominarse “crímenes contra la humanidad” emanó, originalmente, del Derecho Internacional consuetudinario, para desarrollarse con- ceptualmente, más tarde, en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario, y, más recientemente, en el del Derecho Penal Internacional. Aquí nos encontramos en el dominio del jus cogens, del derecho imperativo. En la ocurrencia de tales crímenes victimizando seres humanos, la propia humanidad es del mismo modo vic- timizada. Esto ha sido expresamente reconocido por el TPIY (en el caso Tadi?, 1997); tales crímenes afectan la conciencia humana (TPIY, caso Erdemovi?, 1996)—la conciencia jurídica universal—y tanto los individuos agraviados como la propia humanidad tórnanse vícti- mas de los mismos. Esta línea de entendimiento, que alcanzó el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional contemporáneo, debe, a mi juicio, integrarse también al universo conceptual del Derecho Internacional de los Derechos Humanos . . . .
Este razonamiento es el que permite comprender lógi- camente, el artículo 30 final de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que expresamente “no confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una personas, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades procla- mados en esta Declaración”.
Igualmente así se entiende el párrafo 2º del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Uruguay en 1969 y vigente desde 1976, que afirma luego de afirmar la no retroactividad de la ley penal, que “nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.”
Uruguay no estableció reserva alguna a este artículo.
Idéntico razonamiento es el que impone la cláusula interpre- tativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanosen la que no permite la justificación de una conducta violatoria de la Convención en base a esta, en tanto suprima derechos y libertades reconocidos en ella.
A la argumentación del derecho consuetudinario, reforzada como se ha visto por textos específicos de los tratados en la materia, debe sumarse la jurisprudencia inequívoca en el punto. En el caso conocido como La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece en forma inequívoca la incon- sistencia de determinadas eximentes de la responsabilidad penal con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Una sentencia de esta misma Corte en un caso sobre Chile de Pinochet estableció criterios específicos sobre los crímenes de lesa humanidad y le dio especial importancia al Estatuto de Núremberg para evaluar la conducta del Estado Parte en las circunstancias posteriores al derrocamiento del Presidente Allende.A su vez reafirma el principio de la responsabilidad estatal en casos de crímenes de lesa humanidad.26 En la condena al Uruguay en el caso Gelman, se afirma esa base jurispruden- cial, pues se establece que la irretroactividad de la ley penal no constituye una excusa legítima para incumplir su obligación de investigar y sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.27 Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en casos referidos al régimen de Duvalier en Haití explicita claramente que ese país tenía obligaciones pre- vias a la instalación de ese gobierno, en referencia a los crímenes de lesa humanidad pues estos ya eran parte del ius cogens.
Sin embargo, pese a esta argumentación inequívoca, más que suficiente vistos losfundamentos específicos para Uruguay en la sentencia Gelman, se intenta erosionar este razonamiento. Algunos que dicen compartir el fin loable de la persecución penal y castigo de estos horrendos crímenes, sostienen que en el derecho uruguayo los crímenes de lesa humanidad, son tan solo una expresión de la doctrina. Elaboración necesaria e importante, pero insuficiente al momento de ejercer la pretensión punitiva y de paso, sin efecto práctico alguno. Según estos acérrimos defensores de la interpretación pie letrista del derecho, que exige derecho positivo y no acepta más que argumentos de texto, es decir normas de una fuente jurídica formal e indiscutible.|
Pero el argumento, repetido una y otra vez, devaluando expresamente el valor del derecho consuetudinario y de la jurisprudencia, obvia el hecho que la categoría de crímenes de lesa humanidad en el Uruguay no es reciente. Al contrario tiene larga data en el derecho positivo uruguayo, estando lejos está de ser una categoría inventada por alguna mente febril.
En efecto, en 1945 se realizó el Acuerdo de Londres (AL)29 para el enjuiciamiento y castigo de los principales criminales de guerra de los países europeos del eje y nuestro país es uno de los 19 estados que adhirieron al mismo.30 Ese acuerdo realizado entre las potencias triunfantes de la segunda guerra mundial, estableció el marco institucional para juzgar a los criminales y establecer un Tribunal Militar Internacional. Luego este será conocido como el Tribunal de Núremberg, pues allí se realizó el primer juicio, aunque técnicamente la fuente normativa es el mencionado Acuerdo de Londres. Es este tratado al que Uruguay adhirió, el que contiene eincluye en forma expresa, la Carta del Tribunal Militar Internacional (CTMI).31 Allí se tipifican los crímenes contra la paz -hoy conocidos como agresión—de guerra y contra la humanidad.
Es decir, que la República adhirió al Acuerdo de Londres en forma libre y voluntaria tal como lo permitía el artículo
5º del mismo. Asumió ante la comunidad internacional el concepto reflejado en un tratado internacional, de la existencia de crímenes de lesa humanidad (CTMI art. 6º. Lit. c) sobre ofensas no circunscriptas a determinadas regiones (AL art. 1º), aceptando además que dicho acuerdo no afectaba la jurisdic- ción ni los poderes de ningún tribunal nacional (AL art. 6º). Reconoció así expresamente la legitimidad de la actuación de dicho tribunal, sus sentencias y condenas, arrogándose además para sí la pretensión punitiva de estos graves crímenes si así lo considerase.
El texto es inequívoco: CTMI Artículo 6º […](c) Crímenes contra la humanidad: es decir, asesinatos, exterminación, sometimiento a esclavitud, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes o durante la guerra, o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, en ejecución o en conexión con cualquier crimen de la jurisdicción del Tribunal, sean o no una violación de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.
Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices par- ticipantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables por todos los actos realizados por toda persona en ejecución de tales planes. Asimismo, el impacto de los trabajos del Tribunal MilitarInternacional, como lo fue luego el de Tokio y de otros tribunales de justicia, posibilitó la Resolución Nº 95 de la Asamblea General de Naciones Unidas32 que se denominaron principios de Núremberg, que luego tienen un desarrollo dentro de la propia organización a través de la Comisión de Derecho Internacional como órgano subsidiario de la Asamblea General.
Si se sostiene que se mantiene la continuidad de la persona jurídica Estado, en tanto la República Oriental del Uruguay es el mismo sujeto jurídico internacional que ratificó ese tratado con el actual, ¿cómo es posible sostener la legitimidad ética, política y jurídica para juzgar a los criminales del nazismo, y al mismo tiempo, no se quiera asumir la pretensión punitiva en hechos que han afectado a su propio pueblo?
La ratificación jurídica y conceptual de esta categoría, se afirma en el año 2001. En efecto, cinco décadas más tarde de adherir al Acuerdo de Londres, Uruguay ratifica sinreserva de especie alguna, la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. El texto adoptado en el año 1968, en su preámbulo reseña todas y cada una de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas referidas a la materia y en especial al Acuerdo de Londres que estableció el Tribunal Militar Internacional que realizó como se ha dicho, su primer juicio en la ciudad de Núremberg.
Asimismo, nuestro país ratifica los convenios de Ginebra de 1949 que en su artículo 3 común de “Conflicto sin carácter internacional” establece la prohibición absoluta de acciones que comprometan la vida y la integridad personal, el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios; de personas que no participan directamente en las hostilidades. El corolario de esta prohibición en todo tiempo y lugar compromete al estado a tomar todas las medidas legislativas para fijar las adecuadas sanciones penales a los que las cometan o den órdenes de cometerlas.
En el año 1995 Uruguay ratificó la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, sin reserva de tipo alguno. En su Preámbulo se establece en forma clara que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. En el articulado se establece la obligación de los estados de tipificar el delito de desaparición forzada y que este continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paraderos de las víctimas y que la acción penal no estará sujeta a prescripción. Asimismo, se establece que la Convención no se interpretará como restrictiva de otros tratados suscritos por las partes.
En el año 2002 se ratifica el Estatuto que crea la Corte Penal Internacional para la persecución de los crímenes más repugnantes como el genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Se acuerda en el marco del Estatuto que la Corte que se crea de carácter per manente, imparcial e independiente juzgará los crímenes a partir de su vigencia cuando los Estados Partes no puedan o no quieran juzgar a los responsables de los hechos, sobre la base de su cará carácter permanente, imparcial e independiente juzgará los crímenes a partir de su vigencia cuando los Estados Partes no puedan o no quieran juzgar a los responsables de los hechos, sobre la base de su carácter complementariode las jurisdicciones nacionales.
El Estatuto fija la actuación de la Corte que crea a partir de su vigencia, cómo no podía ser de otra manera, pero no exime del cumplimiento de las obligaciones que por vía convencional, consuetudinaria o de una sentencia, tuvi- ese un Estado parte. Este abordaje tiene consagración expresa en el artículo 10 del Estatuto34 y se reitera en el artículo 22 en tanto se refiere a los principios generales de derecho Penal.
La Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ)36 se expresó recientemente, sobre la constitucionalidad37 de los artículos
1, 2 y 3 de la Ley Nº 18.83138. La decisión ha tenido una alta repercusión y aún se desconoce su impacto concreto en las causas en trámite.
Por unanimidad de los cinco miembros de la SCJ, el artículo primero ha sido considerado constitucional. Se blinda a los fiscales y magistrados en el ejercicio de la acción punitiva en toda causa que existan hechos configurativos de apariencia delictiva en la hipótesis del artículo 1º de la ley Nº 15.848. Ningún fiscal o magistrado puede ampararse en la mencionada ley de caducidad para el no ejercicio de sus cometidos, ni nin- guna investigación podrá interrumpirse o archivarse invocando dicha norma. No tendrán al momento de realizar la indagatorias ninguna restricción entre ellas las de pedir permiso al Poder Ejecutivo tal como lo establecía la ley de caducidad y que hasta el 2009 fue invocada como materia excluida y extraña al Poder Judicial. Aquel no podrá legítimamente arrogarse poder alguno para sustraer del Poder Judicial materia que no le es privativa. Este restablecimiento de la pretensión punitiva en su plenitudpermite cumplir a su vez con la sentencia en el caso Gelman Vs.Uruguay. Asimismo, a contrario sensu el mencionado artículo reconoce que se no ejercía plenamente la pretensión punitiva del Estado, para los delitos cometidos en aplicación del Terrorismo de estado.Sin embargo la SCJ por una mayoría de cuatro a uno, declara inconstitucional el artículo segundo39 que era la conclusión lógica que se deriva de la falta de la pretensión punitiva plena, de que las víctimas estaban impedidas de acceder a la justicia. La sentencia, al aceptar la constitucionalidad del primer artículo y negar el segundo y el tercero, pierde todo sentido lógico. Un familiar un asesinado por torturas, en las que se le entregó el féretro sellado y con la prohibición expresa de no proceder a su apertura, no podía denunciar durante la dictadura, luego vino la caducidad, ycuando se restablece
la pretensión punitiva, se le esgrimeque su derecho prescribió. ¿Qué sentido tiene mantener y afirmar la con- stitucionalidad del artículo primero si luego este se torna absolutamente ineficaz?
El único argumento expresado por la SCJ es que el artículo viola el principio de la “invalidez de retroactividad de la ley penal más gravosa”. El problema que debe sortear es que en ningún artículo de la Constitución se habla de la prescripción, de la no retroactividad de la ley en general, ni aun específicamente de la ley penal.
Procede, entonces como una petición de principios con el concepto de irretroactividad de la ley penal más gravosa, pues lo define como granítico. No hace el menor esfuerzo de identificar los valores en pugna, el valor de la sociedad de buscar a través del derecho la verdad, el derecho de la víctima a ser amparada en sus derechos y el derecho del justiciado a ser tratado de acuerdo al Estado de Derecho.
A ese supuesto principio, la mayoría de la SCJ lo ter- mina definiendo como único, excluyente y exclusivo de la Constitución, a pesar de que no hubo plenitud en la pretensión punitiva. Se ignora el artículo 7 de la Constitución40 es decir el derecho a ser protegido en el goce de otros derechos que se complementa con el 7241. La SCJ lo hace, mediante una lectura incompleta del artículo 10 de la Constitución42 y, a falta de argumentos, se basa en otra ley, norma de rango inferior a la Constitución—el Código Penal—que tiene la misma naturaleza que la impugnada.
La SCJ al no incluir en su razonamiento el derecho de las víctimas a ser protegidos en el goce de su derechos, lleva a que el ser humano puede ser objeto -no ya por el ataque de una persona individual- si no por una organización criminal que usurpó la función pública y utilizó todo el poder del Estado para asesinar, desaparecer personas y a torturar a los habitantes de la República. Luego ampararse por veinte años por la “caducidad” ilegítima del Estado a ejercer su pretensión punitiva, tal como la propia SCJ reconoció y cuando una ley lo habilita expresamente a buscar el amparo de la justicia, se le dice que expiró el plazo para ejercer ese derecho, sin identificar ningún artículo de la Carta Magna para declarar dicha norma contraria a la Constitución.
La incongruencia también es patente con el derecho internacio- nal. Se esgrime el principio de legalidad de “irretroactividad de la ley penal más gravosa” y la prevalencia de la norma nacional. En efecto la SCJ en una visión de la soberanía del siglo XIX, afirma:
Si sustancialmente no se perciben dif icultades en la integración de las normas contempladas en la Conventión Americana sobre Derechas Humanos al ordenamiento jurídico interno, a nivel procesal y de garantías puede discutirse si los fallos y opiniones de la Corte Interamericana de Derechas Humanos son aptos para crear situaciones de excepción directamente aplicables por los tribunales uruguayos: la garantía derivada del principio de legalidad y la interdicción de la retroactividad de la norma sancionadora no favor- able, al igual que la protección de la confianza o seguri- dad jurídica contemplados en el estado Constitucional de Derecho, en el propio texto y espíritu de la Carta, se opone a interpretaciones extensivas.
No registra las normas de ius cogens y de derecho consue- tudinario. Se olvida de los tribunales de Núremberg, Tokio, Ruanda, la ex Yugoeslavia, de los amplios antecedentes de la región, de la jurisprudencia de la CorteIDH n y de la Corte Internacional de Justicia.
La mayoría de la SCJ también por 4 a 1, declaró inconstitu- cional el artículo 3 de la ley.
La lógica justificante de la impunidad hizo que la SCJ no haya identificado los tratados en los que la República es parte, en los que se definen los crímenes de lesa humanidad que anteceden en mucho tiempo el inicio de la dictadura. Invoca sí el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional y las dos leyes nacio- nales -una ratificatoria y la otra de cooper- ación y complementaria del sistema de la CPI- del 2002 y del 2006 respectivamente. Olvida en cambio los tratados ratificados Olvida en cambio los tratados ratificados por Uruguay como Convención de Imprescriptibilidad de los
Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de 1970 que Uruguay aceptó sin reserva alguna, del Acuerdo de Londres de 1945 que estableció Núremberg y de los Convenios de Ginebra de 1949 con su artículo 3 común y sus protocolos adicionales de 1985.
La SCJ no repara en el art. 239 de la Constitución45 que comete a la SCJ juzgar sobre delitos contra el Derecho de Gentes, ni se detiene en el artículo 10 del Código Penal del año 1934 que hace una mención expresa a los convenios internacionales
¿Cuál es la inconstitucionalidad en la que habría incurrido el legislador en establecer que ciertas conductas deben ser interpretadas de conformidad con los tratados internacionales de los que República es parte, y por ello esas conductas deben ser catalogadas como crímenes de lesa humanidad? ¿Qué principio constitucional se violenta? La SCJ nada agrega, más allá—de la supuesta irretroactividad—que ya se ha demostrado no tiene sustento alguno.
Tal como se ha demostrado la Ley Nº 18.831, por una parte, no infringe ningún principio fundamental de nuestro orde- namiento jurídico. Al contrario, reafirma por vía legal las bases fundamentales de nuestra Constitución nacional que impone la protección al goce de determinados derechos consagrados a texto expreso por el constituyente.
La disposición legal analizada, por otra parte, es totalmente compatible con los mandatos del Derecho Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Le permite al Estado uruguayo orientar todo el aparato del mismo, incluida la Ley y su vocación punitiva, para cumplir con la protección de la dignidad de la persona humana. En este, el acceso a recursos o mecanismos de protección adecuados y eficaces de carácter jurisdiccional es un componente sustantivo, más aún en los casos de “crímenes de lesa humanidad”.
La Ley Nº 18.831 no vulnera la situación denominada “irret- roactividad de la ley penal más gravosa”, en tanto la categoría de crímenes de lesa humanidad ya tenía personería jurídica en forma inequívoca en nuestro derecho positivo por vía de la costumbre, los tratados ratificados por la República y la jurisprudencia inter- nacional, desde por lo menos cinco décadas antes de la comisión de los hechos objeto de la norma. La SCJ no tiene presente toda la Constitución y elimina de plano toda interpretación compatible y adecuada a la Carta a la que debe prefer-preferirse por una razón de legitimidad. Olvida
que esta no es meramente un límite, sino la expresión de valores jerarquizados que se imponen al legislador, al juez y al administrador y pueden ser reguladas por ley, en dubio de los valores de la vida y el amparo ante los crímenes más abyectos.
El derecho no escapa al mundo de los afectos. La SCJ en su sentencia muestra una absoluta falta de empatía por las víctimas de los crímenes más ignomin- iosos y repugnantes de la historia del país. Víctimas que fueron producto de que algunas personas amparadas por su investidura pública y en ejercicio de su función pública, expropiaron para sí los poderes del Estado en los que destruyeron las instituciones, pervirtieron las funciones del Estado y cometieron todo tipo de crímenes, entre ellos, el secuestro, las violaciones de hombres y mujeres, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, la tortura sistemática y la prisión prolongada en el marco de la cooperación ilegal represiva con otros estados de la región en lo que se ha denominado Plan Cóndor. Luego de ello, en un acto de violencia y de chantaje se les impuso a los legisladores de la época, bajo amenaza de golpe de Estado, el votar una ley de caducidad de la pretensión punitiva, como manera de garantizar la no persecución penal, en una lógica perversa de impunidad, tal como lo consigna la propia sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2009 y la Sentencia en el caso Gelman de la CorteIDH.
Todos aquellos que creemos en la verdad, la memoria y la justicia seguiremos trabajando para lograrla, compromiso inelud- ible e irrenunciable con las víctimas y las generaciones futuras.

References: artículo 30
 artículo 15
 artículo
5
 Artículo 6
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 10