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Timestamp: 2018-11-15 11:29:15+00:00

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La Semana en Guatemala - Del 10 al 16 de octubre de 2018
Resumen de noticias, del 10 al 16 de octubre de 2018.
Ministerio de Relaciones Exteriores niega y revoca visas a miembros de la CICIG
Documentos oficiales reflejan el verdadero propósito de despliegue de vehículos con artillería militar el pasado 31 de agosto
Anulan nombramientos de cinco fiscales regionales y aceptan renuncia de la Coordinadora Nacional y de una Fiscal Regional
Rootman Pérez señala retroceso y debilitamiento en el MP
Según Comisión de la Fiscal General, existen vicios en ascensos de fiscales regionales
Tribunal condena a exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción
Más de Q34 millones deben pagar entre los diez sentenciados por el fraude “agua mágica”
Alianza por las Reformas denuncia a Ministro de Gobernación
Juez liga a proceso a Antonio Coro y otros miembros del Conejo por estafa
Sala ampara a diputado; suspende proceso de cancelación de partido FCN-Nación
Pese a lo ratificado por DICABI, comisión del Congreso denuncia sobrevaloración de edificio de MP
Realizan II Conferencia de Seguridad y Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica
Diputado Carlos Fión: Solicitud de Linares contra PDH atenta contra la Constitución
Asociación Orgulloso de mi PNC bloquea ruta, reclama dignificación salarial
Caravana de migrantes hondureños ingresan a Guatemala
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) notificó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que denegó las once visas de cortesía a los funcionarios que estaban pendientes de resolver. Además, revocó las visas de cortesía de tres investigadores a quienes ya se les había concedido.
Entre los investigadores a quienes se le denegó y revocó se encuentran: Luis Fernando Orozco, César Rincón, Vicenzo Caruso, María Martín, Yilen Osorio. Ellos participaron en las investigaciones de los casos de financiamiento electoral ilícito del presidente Jimmy Morales, el caso contra Felipe Alejos. También figuran el investigador que estuvo en el operativo de captura de Blanca Stalling y el que investigó el caso La Línea y Cooptación del Estado.
Matías Ponce, portavoz de la CICIG, declaró al respecto que “lamenta esta decisión y estudiarán las acciones a seguir” agregó que “el trabajo de la Comisión sigue adelante en función del acuerdo vigente entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”.
Las notificaciones de la Cancillería no explican las causas de la denegatoria y revocación y en tono de advertencia se lee en el segundo párrafo que “El Ministerio de Relaciones Exteriores (…) de lo anterior será informado a la autoridad competente para los efectos que corresponda”. La nota no explica cuáles serían los efectos de informar “a la autoridad competente”, pero se cree que Migración podría restringir la movilidad y permanencia de los investigadores.
La CICIG recibió dos cartas en las cuales se informa de la denegatoria de visas de cortesía a los catorce funcionarios; el documento no tiene el nombre de quien firma, solo aparece un sello en el cual se lee Director General de Protocolo y Ceremonial Diplomático y una pequeña firma.
Las tres visas revocadas son las de Marcelo Umpierrez, Joan Jiménez y Vicenzo Caruso. Marcelo Umpierrez y Joan Jiménez son investigadores uruguayos. Vicenzo Caruso es un investigador italiano y es la persona que realizó todo el análisis financiero de la ruta del dinero que siguieron los aportes al partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, Frente de Convergencia Nacional (FCN).
La Cancillería ya le había otorgado la visa de cortesía a Caruso el pasado 18 de agosto, pero se la revocan días después de haber asistido al Congreso y explicar ante la Comisión Pesquisidora del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, el análisis financiero que realizó la CICIG para ubicar los aportes para la campaña presidencial.
Las solicitudes de visa que no se otorgaron son para once funcionarios: Fernando Dos Santos Oliveria, Luis Fernando Orozco Álvarez, Horacio Roberto Piccardo Candia, César Augusto Rincón Sabogal, Fernando Robles Reyes, Roque Marcelo Véliz López, Giulia Nikté Caruso Duarte, Yilen Osorio Zuluaga, María Martín Quintana y Marcela López Martín. La Cancilllería informó que devuelve los pasaportes debido a que “las visas solicitadas no serán emitidas”.
Luis Fernando Orozco es investigador y litiga en Tribunales el caso La Línea y Cooptación del Estado. Recientemente asistió al Congreso a ratificar ante la Comisión Pesquisidora el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales.
Orozco ha permanecido en el país desde que inició el mandato la CICIG y ha pasado por el trámite de la visa de cortesía desde entonces, pero es hasta ahora cuando se le deniega.
César Rincón es el mandatario de la CICIG de nacionalidad colombiana, que está a cargo de los casos donde se juzga al hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, expediente conocido como Botín en el Registro de la Propiedad. También estuvo al frente del caso IGSS-Pisa.
Yilen Osorio es una investigadora colombiana, quien ha realizado el análisis financiero en el caso “Traficantes de Influencias”, en el cual se presentó el antejuicio en contra del diputado Felipe Alejos. Este antejuicio no ha sido ratificado, debido a que el congresista ha presentado una serie de recursos legales que han frenado el curso del mismo.
También figuran dos investigadores destacados en Quetzaltenango y que están al frente de las investigaciones que recién se han desvelado y que descubrieron la corrupción en la administración del exalcalde Jorge Rolando “Mito” Barrientos.
Y el otro caso es el de Roque Veliz, el investigador uruguayo que participó en el operativo de captura de Blanca Stalling.
Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CES), indicó que el personal que labora en la CICIG no tiene necesidad de visas, porque ellos están desarrollando una misión especial por un período de dos años que se ha venido renovando y esa misión especial que ellos cumplen es por un mandato de un comisionado de Naciones Unidas, que tiene origen en un Convenio del cual Guatemala estuvo de acuerdo y los exoneró de cualquier trámite de extranjería.
De acuerdo con Samayoa, al exonerarlos de cualquier trámite de extranjería como lo establece el artículo 10 del Acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas, “lo que les hace es tener un contrato laboral vigente con CICIG, que es suficiente para que puedan estar en el país”.
Según Samayoa la estructura de la CICIG como lo establece el artículo 5 de la Comisión es el Comisionado, el personal y la Secretaría administrativa por lo tanto este personal al ser parte de la estructura orgánica está sujeto a las instrucciones del Comisionado y del acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala; son mandatarios del Comisionado al servicio de esa misión y eso los exonera de cualquier tipo de trámite.
“Ellos solicitaron las visas de cortesía de buena fe con el objetivo de no tener ningún problema con el Gobierno de Guatemala, pero no tenían obligación de hacerlo”, anotó el abogado.
Además, indicó que el Código de Migración le obliga al funcionario no retener documentos a personas extranjeras por lo que la Cancillería debe devolver los pasaportes y permitirles hacer sus labores normales sin persecución y sin ninguna intimidación que pueda sugerir que están obstaculizando el trabajo que realizan.
Samayoa aseguró que “lo que hizo la Cancillería no es más que un ejemplo simbólico de que el problema no es Iván Velásquez, que el problema no es la CICIG, sino el problema para el Gobierno de Guatemala es que sus funcionarios están involucrados en actos delictivos seguramente y no quieren ser investigados”.
(Soy502-LH, 16 oct 2018)
Documentos oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) contradicen al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, acerca del verdadero propósito del despliegue de vehículos con artillería militar y personal especializado el 31 de agosto último frente a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y a la Embajada de Estados Unidos.
Ese día, el presidente Jimmy Morales anunció en conferencia de prensa, acuerpado por 27 militares, 45 policías y otros funcionarios, que no renovaría el mandato de la CICIG en el 2019. Poco antes del pronunciamiento, varios vehículos J8, donados por el gobierno de EE. UU., rondaron la sede de la CICIG, en la zona 14, así como en la mencionada misión diplomática, lo que fue calificado por varios sectores como intimidación.
Oficios de la PNC demuestran que existió una orden explícita de patrullar con esos vehículos no solo la CICIG y la embajada estadounidense, sino también la de México, en la zona 10. Los documentos que fueron publicados por el Periódico y La Hora evidencian que las Fuerzas de Tarea Chortí y Xinca fueron movilizadas el 31 de agosto a la capital y se pusieron a disposición de la Policía.
La Fuerza de Tarea Chortí, desde Zacapa, firmó un oficio del 5 de septiembre del 2018 dirigido al Ministerio de Gobernación, en el cual explica que el quinto viceministro de Gobernación, José Alfredo Olazabal Mendizábal, solicitó la movilización del grupo mediante un mensaje de WhatsApp a través de Héctor Mejía Secaida, asesor de la Unidad Especial Antinarcóticos.
Según el oficio, 35 agentes de la PNC, el subteniente Sergio Valentín Chúa Guevara y 28 soldados a bordo de 14 Jeep J8 se desplazaron a la capital, donde recibieron instrucciones precisas del comisario Gaspar de León, de la División de Operaciones Conjuntas de la PNC. "Le dio la orden verbal al subinspector Édgar Leonel Estrada Bonilla que se hicieran dos grupos de trabajo y cubrir recorridos en la embajada de México, Estados Unidos y Cicig hasta nueva orden", indica el oficio.
La Fuerza de Tarea Xinca también fue movilizada desde Jutiapa, según evidencia el oficio del 3 de septiembre último, el cual indica que 14 agentes de la PNC y 11 elementos del Ejército viajaron a la capital en cinco J8 el 31 de agosto a las 5 de la mañana.
El documento especifica: "Nos desplazamos a la ciudad capital con el objeto de efectuar operativos para prevenir, combatir, desarticular y erradicar acciones criminales (...) apersonándonos a las instalaciones de la Academia de la PNC". Esos patrullajes, se agrega, se realizaron en algunas colonias de la zona 6.
El Ministerio de Gobernación informó que el Quinto Viceministerio es el administrador de los Jeep J8, y que su despacho coordina con la PNC los apoyos "en contra de la incidencia criminal (...) Y este caso no es la excepción, ya que se han realizado acciones policiales en varias zonas...", pero no negó la orden de vigilar las embajadas y la CICIG.
El ministro Degenhart aseguró días después al despliegue de los vehículos donados por EE. UU. que se trataba de recorridos "normales" que respondían a un programa de seguridad ciudadana y no se relacionaba con la decisión del mandatario de no renovar el mandato de la CICIG.
Insistió en que era parte de un plan que llevaba más de cuatro meses para combatir la criminalidad, pero los documentos de la PNC evidencian que fueron requeridos para una única vez desde Jutiapa y Zacapa, donde se ubican las Fuerzas de Tarea.
El uso oficial de los jeeps fue inquirido por congresistas estadounidenses que la semana pasada llegaron al país. Norma Torres, congresista de origen guatemalteco, expuso: "El uso indebido intencional del equipo donado por EE. UU. Es inaceptable y podría poner en peligro la futura cooperación. Necesitamos saber quién ordenó las patrullas y con qué propósito".
Los congresistas Eliot Engel y Seth Moulton pidieron al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, detener la entrega de equipo militar a Guatemala hasta que no se aclare el uso de los jeeps J8 que el 31 de agosto circularon frente a la sede de la Cicig y la embajada estadounidense.
Engel, del comité de Asuntos Exteriores, y Moulton, del de Servicios Armados del Congreso de EE. UU., enviaron una carta a Pompeo donde le sugieren "poner en espera la transferencia adicional de cualquier equipo militar a Guatemala, incluidos cuatro helicópteros INL que se encuentran en EE.UU. para su mantenimiento, hasta que el Congreso reciba un informe completo de lo que ocurrió el 31 de agosto”.
Este viernes, se conoció la anulación de varios nombramientos de fiscales regionales del Ministerio Público (MP), ascensos realizados el 30 de octubre de 2017, por la exfiscal general Thelma Aldana. Entre los nombramientos anulados figura el del fiscal Stuardo Ernesto Campo Aguilar, quien fungía como fiscal Contra la Corrupción, y fue nombrado como fiscal regional. El jurista obtuvo 96 puntos en las pruebas.
Por aparte se informó que Aura Teresa Colindres Román, quien habría sido nombrada como coordinadora nacional, y Miriam Maribel Ambrocio Tocay, fiscal regional central, dimitieron a sus cargos y presentaron su renuncia ante el MP. Fuentes conocedoras del funcionamiento del ente investigador, destacaron que el cargo de Colindres era clave en el MP.
Los nombramientos de fiscales regionales surgieron a raíz de las reformas a la Ley Orgánica del MP. Los fiscales nombrados debieron superar varias pruebas escritas, orales de conocimiento, así como de polígrafo y de perfil económico.
Entre otros nombramientos anulados figura el de Brenner Israel López De León, quien punteó 95 en las pruebas y era fiscal regional de Suroriente; y Manuel Antonio Lemus Flores, quien superó con 96 puntos para ascender a fiscal regional de Suroccidente.
El MP emitió un comunicado en donde informó que fueron aceptadas las solicitudes presentadas voluntariamente por cinco fiscales regionales, en el sentido que, por convenir a sus intereses personales, se dejara sin efecto sus ascensos a dichas plazas y, en consecuencia, fueran restituidos en sus puestos anteriores. “Asimismo, fueron aceptadas las renuncias voluntarias presentadas por la Coordinadora Nacional y una Fiscal Regional”, en referencia a Colindres y Ambrocio.
Sin embargo, Colindres Román, presentó a los medios de comunicación un comunicado de prensa en el que expresa: “Al pueblo de Guatemala: son 25 años de carrera fiscal que respaldan mi trabajo en el Ministerio Público. En los últimos nueve años, producto de la voluntad de los respectivos fiscales generales y el aprovechamiento de los mecanismos de cooperación, el Ministerio Público inició una era de progreso, desarrollando los más profesionales métodos de medición y desarticulación de fenómenos y estructuras criminales, en beneficio de la población por la correcta aplicación de la justicia reduciendo los índices de criminalidad”.
Agrego que “en demérito del trabajo fiscal y sobreponiendo intereses sectarios, la actual administración en contra de lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público, interrumpió el crecimiento exponencial en calidad investigativa y resolución de casos, que paulatinamente desencadenó en la decisión que, en forma obligada, tomé”.
Los fiscales regionales cuyos nombramientos fueron revocados: Stuardo Ernesto Campo Aguilar (Región Metropolitana), Brenner Israel Ronaldo López de León (Región Suroriente), Manuel Antonio Lemus Flores (Región Suroccidente), Claudia del Rosario Palencia Morales (Región Nororiente) y Elder Marconelly Fuentes Orozco (Región Petén)
Fiscales que presentaron su renuncia: Aura Teresa Colindres Román (Coordinadora Nacional) y Miriam Maribel Ambrocio Tocay (Región Central) (EP, 15 oct 2018)
El exsecretario de Política Criminal de dicha institución se pronunció sobre la anulación de los nombramientos de cinco fiscales regionales. Foto EP
El exsecretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), Rootman Pérez, rechazó la decisión de la institución de dejar sin efecto los ascensos de cinco fiscales, regionales, por medio de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
En su pronunciamiento Pérez también manifestó su solidaridad con Aura Teresa Colíndres, quien renunció al cargo de Coordinadora Nacional de los fiscales, porque aseguró que la actual administración interrumpió el crecimiento en calidad investigativa y resolución de casos.
Pérez también señaló que dichos cambios significan un “evidente retroceso y debilitamiento a la institución del MP y la carrera Fiscal”.
Con la anulación de los ascensos se dejan sin efecto los cambios realizados hace un año por la entonces jefa del MP, Thelma Aldana. Los nombramientos de fiscales regionales son parte de las reformas a la Ley Orgánica del MP. Los fiscales nombrados debieron superar varias pruebas escritas, orales de conocimiento, así como de polígrafo y de perfil económico, para optar al ascenso. (EP, 15 oct 2018)
La jefa del MP señaló anomalías en los nombramientos, entre estas, la falta de un reglamento para el concurso de oposición. Foto EP
Los nombramientos de la Coordinadora Nacional y ocho Fiscales Regionales del Ministerio Público, efectuados durante 2017 y principios de este año, resultaron de un proceso con múltiples vicios, según la fiscal general Consuelo Porras. Esto pese a que, en agosto pasado, Porras confirmó a cuatro de los funcionarios.
No menos de 20 anomalías fueron detectadas por una comisión a la que Porras le encargó la revisión de las convocatorias 7-2017 y 1-2018 para la selección por oposición de los Fiscales Regionales, como lo establecen las reformas a la Ley Orgánica del MP aprobadas en 2016.
La comisión se integró por el asesor del despacho Juan Carlos Corona, el segundo subsecretario general, José Estuardo López y López, el director de Recursos Humanos, Luis López Oliva y la coordinadora de procedimientos disciplinarios, Estelita Valdez Pineda. “Yo tengo la autoridad”, dijo Porras, y “ellos son órganos de mi institución, yo no puedo cubrirlo todo”, al consultarle sobre la base legal para la creación de la comisión.
Ante las irregularidades, el viernes pasado, Porras convocó a los funcionarios a su despacho y les pidió a que renunciaran al ascenso, con la posibilidad de ser reubicados en los puestos que ocupaban antes de su nombramiento como fiscales regionales.
De los ocho, cinco renunciaron al ascenso, una dimitió a la institución y dos –Erick Quintanilla y Armando Palacios– abandonaron la reunión sin responder a la pretensión, por lo que sus ascensos quedaron sin efecto, manifestó Porras. Quintanilla fue nombrado ayer como jefe de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, el puesto que ocupaba antes del ascenso.
Varios de los fiscales regionales acudieron el domingo 14 ante la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares, ya que temen por su seguridad. Algunos de los fiscales señalan que fueron retenidos en el despacho de la Fiscal General, por el asesor Corona, hasta no hubieran firmado su renuncia y otros señalan que fueran coaccionados.
A la cita no se les permitió el ingreso de teléfonos, una de las nuevas políticas de seguridad que se ha implementado en su despacho, aclaró Porras.
Ante los señalamientos, la jefa del MP puso en duda que un fiscal que litiga casos de alto impacto pueda sentirse coaccionado. Corona respondió con una pregunta ¿Cómo podría impedir la locomoción de nueve personas? “Si piden medidas cautelares, es un legítimo derecho”, indicó Porras.
Una de las falencias que señaló Porras fue la ausencia del reglamento para el concurso de oposición, como lo establece el artículo 78 de la Ley Orgánica del MP, dijo Porras en conferencia de prensa.
Sin embargo, al consultar con la exsecretaria general del MP, Mayra Véliz, indicó que el concurso por oposición se efectuó con los reglamentos vigentes, para entonces, contenidos en los acuerdos 3-96 y 1-2003. El informe que emitió la comisión, cita que “es discutible su aplicación, toda vez que tal reglamento no incluye dentro de la carrera fiscal a los fiscales regionales y al coordinador nacional”.
Véliz indica que se lanzaron las convocatorias sin el reglamento, ante la necesidad creciente de atender la criminalidad del país y expandir la metodología de persecución penal estratégica. Mientras, el reglamento se construía por funcionarios del MP y apoyo de consultores del programa de Seguridad y Justicia de USAID, recuerda la exsecretaria general.
La comisión cuestiona que las ternas examinadoras se integraron por fiscales, a su vez, compañeros en la institución y en algunos casos, subalternos. Entre otros de los hallazgos que la comisión le informó a Porras figura que las convocatorias fueron internas, por lo que no se dio oportunidad de participar a profesionales ajenos al MP. También cuestionan la duración de una de las convocatorias, de apenas tres días.
Porras indicó que inició con la revisión de los nombramientos a partir de denuncias del sindicato de trabajadores del MP y asociaciones de fiscales. Al consultar por qué el MP no dio curso a las denuncias, para establecer si existía o no ilegalidades, y, con base en esos resultados declarar nulos los procesos por oposición, la Fiscal General, indicó: “La denuncia es sustantiva, en contra del procedimiento, no había personas sindicadas de por medio”. Sin embargo, individualizar responsables de un hecho ilícito es uno de los propósitos de la investigación.
Esa investigación iniciará ahora, señaló Porras, y podría llegar hasta la fiscal general Thelma Aldana, la autoridad que lanzó las dos convocatorias cuestionadas. (EP, 16 oct 2018)
La exvicepresidenta Roxana Baldetti fue condenada en un primer caso de corrupción en su contra, por un proyecto que impulsó para sanear el lago de Amatitlán, sin embargo según investigaciones era un fraude al Estado. Foto: LH.
En un fallo unánime, el Tribunal de Mayor Riesgo “C” condenó a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por dirigir una estructura criminal que defraudó al Estado por Q22.8 millones a través de un contrato suscrito entre la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA) y la empresa israelí, M. Tarcic Engineering Ltd., por medio del cual supuestamente se sanearía el lago de Amatitlán.
El Tribunal condenó a Baldetti a ocho años de prisión por asociación ilícita, cinco años por fraude y dos años y seis meses por tráfico de influencias. Sumadas las penas de prisión acumulan 15 años y 6 meses que la exvicepresidenta deberá purgar en prisión por este caso.
Junto con ella también fueron condenadas otras 9 personas, entre ellas su hermano Mario Alejandro Baldetti Elías.
El presidente del Tribunal, Pablo Xitumul, y los vocales Elvis Hernández y Eva Recinos, permanecieron en sesión secreta deliberando el fallo alrededor de 15 horas.
Inicialmente, la audiencia en la que se daría a conocer la sentencia estaba programada para las 19:00 horas, pero, debido a que los togados se extendieron en su análisis, inició hasta las 4:00 horas de la madrugada de este martes. Al momento de leer el fallo, el juez Xitumul dijo que, a través de las diversas declaraciones testimoniales y demás pruebas aportadas por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se determinó la existencia de una estructura criminal creada específicamente para defraudar al Estado.
El Tribunal estuvo de acuerdo casi con la totalidad de la tesis acusatoria planteada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la CICIG.
Según las investigaciones del MP y la CICIG, el contrato suscrito entre AMSA y M. Tarcic Engineering Ltd. acordaba que la empresa israelí proveería un producto orgánico (líquido) que se vertería en el lago de Amatitlán para mejorar la calidad del agua y sanearlo de la contaminación.
Sin embargo, el Tribunal hizo ver que, en su mayoría, este líquido consistía en agua con sal y no estaba respaldado por estudios de impacto ambiental ni licencias sanitarias que avalaran su efectividad.
El Tribunal reprochó a Edvin Francisco Ramos Soberanis, quien fungió como director ejecutivo de AMSA, no haber solicitado los estudios que corroboraran la efectividad del producto orgánico, por lo que fue condenado a 3 años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.
Entre las personas condenadas está el hermano de la exvicepresidenta Mario Baldetti. El Tribunal estableció que ejerció un “poder de facto” en AMSA, puesto que aprovechó la condición de vicepresidenta de su hermana para girar órdenes a empleados de esa institución del Estado sin ser funcionario público.
Entre las actividades que realizó estaba el coordinar el procedimiento para realizar la contratación entre M. Tarcic Engineering Ltd. y AMSA.
Para que la firma del contrato fuera posible, Baldetti nombró a personas específicas en la dirección, subdirección, jefatura jurídica, jefatura administrativa y asesores y directores de AMSA, quienes se encargaron de impulsar el contrato fraudulento.
También fue condenado Hugo Rodolfo Roitman Braier, quien se encargó de defender públicamente el proyecto del saneamiento del lago de Amatitlán en representación de la empresa israelí. El Tribunal lo encontró culpable de los delitos de asociación ilícita y fraude y se le impuso una pena de 11 años de prisión.
El Tribunal calificó como “actos grotescos, caros e innecesarios, con el propósito de defraudar al Estado de Guatemala” el proyecto para el saneamiento del lago. “Con discursos irracionales se alegan intromisiones, confrontaciones ideológicas y hasta victimizaciones de los corruptos (…) magnifican la escasez y la indisponibilidad presupuestaria en tanto derrochan recursos en proyectos innecesarios”, dijo el juez Xitumul.
Luego de escuchar el fallo del Tribunal, el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo que se sentían satisfechos porque el trabajo de la Fiscalía logró probar la existencia de una organización criminal liderada desde las esferas más altas del gobierno. “Ante la necesidad de la recuperación de ese cuerpo acuífero (del lago de Amatitlán) se montaron eventos administrativos fraudulentos con el propósito de beneficiar tanto a servidores públicos como a particulares”, dijo.
Asimismo, comentó que la satisfacción no es ver a las personas perjudicadas, sino haber logrado probar ante los tribunales cómo la corrupción ha afectado a la salud, educación y el desarrollo del país.
Ingrid Roxana Baldetti Elías: 15 años y 6 meses por asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias; Mario Baldetti Elías: 11 años inconmutables por asociación ilícita y fraude y 2 años conmutables a razón de Q100 diarios por tráfico de influencias; Pablo González Barrios: 12 años y 8 meses por asociación ilícita y fraude. Fue absuelto por cohecho pasivo; Marilyn Anabella Sosa Azurdia: absuelta por cohecho pasivo; Jorge Mario de Jesús Cajas Córdoba: 11 años por asociación ilícita y fraude; Rubén Estuardo Torres Anleu: absuelto por cohecho pasivo; Edvin Ramos Soberanis: 3 años inconmutables por incumplimiento de deberes. Absuelto por fraude; Juan Edy Estuardo Díaz Sandoval: 12 años y 8 meses por asociación ilícita y fraude. Absuelto por cohecho pasivo.
Lizbeth María Alonzo Azurdia: 12 años y 8 meses por asociación ilícita y fraude; ?Sandra Nineth García España: 12 años y 8 meses por asociación ilícita y fraude; Hugo Rodolfo Roitman Braier: 11 años por asociación ilícita y fraude. Absuelto por cohecho activo; Sergio Alejandro Marroquín Vivar: absuelto por cohecho activo y Allan Franco de León: 11 años por asociación ilícita y fraude.
Gabriel Wer, del Colectivo JusticiaYa, mencionó que se trata de un mensaje claro a quienes están en el poder y a quienes han sido financistas de aquellos que han llegado a cargos públicos, que tomen esta condena como una advertencia de lo que puede suceder si se actúa fuera de la ley. “Nadie debería ser intocable ante la ley, tenemos a la primera exvicepresidenta condenada por casos de corrupción en nuestro país, es un mensaje claro no solo para quienes están en el poder, sino también a quienes han financiado a estos de manera anómala”, dijo Wer.
Eleonora Muralles, del Movimiento ProJusticia, destacó la importancia de la CICIG para que se llegara a una condena, destacando que sin las investigaciones bajo el mando del comisionado Iván Velásquez, este caso no existiría. “Si no hubiera estado CICIG en Guatemala, con Iván Velásquez, este caso no existiría”, dijo Muralles, asegurando que esto es sabido por la población en general.
Muralles señaló que Baldetti tuvo la oportunidad, como la primera mujer vicepresidente de Guatemala de sobresalir de una manera positiva, pero que actuó de esa manera y ahora se ven los resultados de esas acciones. (EP, 10 oct 2018)
Por su parte, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), indicó que es importante resaltar que el ejercicio de investigación y persecución penal tiene un resultado positivo porque, incluso, algunas personas no han sido condenadas en las últimas sentencias y considera que eso hay que valorarlo, ya que evidencia que los jueces han hecho una verdadera ponderación de las pruebas y han determinado responsabilidad penal y en otras personas no. “Eso nos refleja que la prueba era obtenida legalmente, era construida basándose en técnicas que mostraba fehacientemente que estas personas participaron en un hecho delictivo y eso es de saludarlo al Ministerio Público y la CICIG en el sentido de que dejan sin ninguna discusión a nadie o sin ningún señalamiento de decir que se estaba a propósito alargando la prisión preventiva y que no se tenían pruebas, por eso es lo importante de las condenas”, aseguró Samayoa. (EP, 10 oct 2018)
A solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN), el Ministerio Público (MP) y la CICIG, los diez sentenciados por el fraude al Estado cometido a través del fracasado plan para descontaminar el lago de Amatitlán deberán pagar en concepto de “reparación digna” un total de Q34 millones 17 mil 421.78, lo cual implica que corresponderán Q3.4 millones a cada uno.
En la audiencia corrida este viernes en el Tribunal C de Mayor Riesgo presidido por Pablo Xitumul de Paz, se aprobó que de la cantidad mencionada son alrededor de Q22 millones 800 mil los que corresponden a lo defraudado porque se le pagaron a la empresa israelí M. Tarcic Engineering por la “fórmula mágica” vendida y el resto a los intereses.
La madrugada del martes último los tres magistrados impusieron 15 años y seis meses de cárcel a la ex vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías por los delitos de asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias. Otras tantas penas fueron fijadas a los diez enjuiciados restantes. De los 13 contra quienes se efectuó el juicio oral y público, solo tres quedaron absueltos por falta de mérito.
“Por unanimidad, el Tribunal resuelve –que son– Q22 millones 830 mil 30 más el interés desde que se hizo el pago orgánico no microbiológico en estado líquido, por parte del Estado hasta la presente fecha”, dijo el juez Pablo Xitumul al pronunciar el fallo. Sin embargo, fueron rechazadas peticiones de la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Por ejemplo, las instituciones requerían que fuese fabricada una plaqueta conmemorativa del caso y se colocara en la sede de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y el Lago de Amatitlán (AMSA). La CICIG pidió que los culpables orecieran una disculpa pública en un medio de comunicación masivo donde también se comprometieran a no repetir los actos ilícitos.
Dicha declaración debía ser publicada al cumplirse 30 días de que la sentencia cause firmeza, pero el Tribunal desestimó los planteamientos. Sí impartirán en centros de primaria y secundaria diez pláticas para la concientización acerca del cuidado del medio ambiente y recursos hídricos. (EP, 15 oct 2018)
La agrupación Alianza por las Reformas y un grupo de ciudadanos presentó ante el Ministerio Público (MP) una denuncia contra el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, incumplimiento de funciones, nombramientos ilegales y desobediencia.
La queja cuestiona varias acciones del Ministro, como el uso incorrecto de los jeeps J8 “para intimidar a la población”, y la desobediencia a la resolución constitucional que anuló la prohibición para que Iván Velásquez ingrese al país.
El Fiscal Regional Metropolitano, Stuardo Campo, indicó que el MP tiene dos investigaciones abiertas a partir de algunos de los hechos que denuncia Alianza. El pasado 31 de agosto, durante el patrullaje de los vehículos artillados, la Fiscalía de Derechos Humanos inició pesquisas de oficio, indicó Campo.
Campo desconoce si, como parte de ese expediente, el MP ya tiene los documentos filtrados a la prensa, en los que los mandos de las fuerzas de Tarea Xinca y Chortí reportan cómo se gestó el patrullaje de los vehículos artillados en embajadas, la CICIG y cortes de justicia. “Si no los tenemos, los pediremos”, añadió.
Y, la fiscalía de Delitos Administrativos tiene una investigación por los supuestos nombramientos ilegales en la Policía Nacional Civil, indicó el fiscal. (EP, 11 oct 2018)
Carlos Toledo, juez Sexto de Primera Instancia Penal, resolvió que los nueve miembros del Concejo de Santa Catarina Pinula y un exsíndico fueran ligados a proceso penal por el delito de peculado por sustracción e incumplimiento de deberes. Además, el exalcalde José Antonio Tono Coro fue vinculado por el delito de estafa propia.
Según Toledo, existen indicios suficientes para que los 11 señalados por el Ministerio Público (MP) enfrenten proceso penal, por la autorización del pago por Q3.4 millones en favor de Coro.
Coro actuó con ardid y engaño para inducir a la jueza de Trabajo a error para que en el juicio laboral fuera beneficiado con una resolución que ordenaba al Concejo al pago de la indemnización por prestaciones laborales al frente de la comuna, consideró el juzgador.
El MP argumentó que uno de los funcionarios clave en la sustracción del dinero fue Pedro Peña, quien era el encargado de acudir al juzgado de Trabajo para defender la demanda laboral impulsada por el exalcalde.
Como consecuencia de la falta de comparecencia de Peña, la juzgadora autorizó el pago a Coro de los Q3.4 millones por los días de salarios dejados de percibir desde su renuncia, el pago de vacaciones, aguinaldo y la bonificación anual del sector público. (EP, 12 oct 2018)
Los tres poderes. Los presidentes del Ejecutivo, del Organismo Judicial y del Legislativo. Foto EP
El magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel asumió este viernes la presidencia del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2018-2019, previo a una cena de gala.
A la actividad acudió el presidente Jimmy Morales y el vicemandatario Jafeth Cabrera, así como el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.
Vásquez indicó durante su discurso, que en el país se están viviendo momentos que demandan de un sistema de justicia fuerte, independiente y transparente, que trabaje por el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática.
El magistrado refirió que el desempeño de la presidencia no es un reto sencillo, ya que a esta gestión le correspondía el último año de labores de la actual magistratura, que tendrá la tarea de llevar a cabo el proceso de transición de la nueva Corte de Suprema de Justicia para el periodo 2019-2024.
Aseguró que velará por el mandato constitucional y dará seguimiento a los proyectos emprendidos por la administración anterior. Asimismo, habló sobre su plan de trabajo.
Durante el discurso del magistrado José Antonio Pineda Barales, quien entregó el cargo, habló durante casi 30 minutos entre anécdotas y citas bíblicas para contar detalles de su gestión.
A la sesión solemne acudieron los diputados Estuardo Galdámez, Juan Ramón Lau y Manuel Conde Orellana, así como magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), el procurador general de la Nación Jorge Luis Donado y el vicepresidente Jafeth Cabrera. La fiscal general, Consuelo Porras, no asistió a la actividad. (EP, 15 oct 2018)
A pocos días de que se cumplan cinco años de que una adolescente con capacidades especiales fue estrangulada por otras dos internas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el Ministerio Público (MP) informó sobre la captura de 16 personas que estaban a cargo del centro, cuando ocurrió el crimen.
Sin precisar los nombres, la Fiscalía de Delitos Administrativos informó que se les imputará el delito de homicidio culposo a las educadoras y monitoras a cargo de las adolescentes que le dieron muerte a su compañera.
Por el mismo delito acusarán al psicólogo de turno; a la encargada del Módulo 3, y a las psicólogas a cargo de las adolescentes que participaron en el hecho, a la subcoordinadora que ordenó llevar al llamado “cuarto de reflexión” a la menor de edad.
Por la vía telefónica, el jefe de la fiscalía, Jhony Morales, dijo que no podía precisar a quiénes se señalará por homicidio culposo, pues en la audiencia de primera declaración podría modificarse la imputación.
El 17 de octubre de 2013, dos de las adolescentes que, como castigo, fueron enviadas al “cuarto de reflexión”, asfixiaron con una bufanda a una de sus compañeras, con capacidades especiales. Las dos victimarias fueron sancionadas por un Juzgado de Menores en 2016.
El cuarto de castigos era conocido por los jóvenes como “la bartocha”, según explicó el fiscal Morales, en conferencia de prensa. “Dentro del Hogar Seguro hay un cuarto, que es visible, palpable e infrahumano”, adonde se llevaban a las adolescentes consideradas “malportadas”, según los medios testimoniales, documentales y científicos, indicó.
El lugar no tenía servicios sanitarios y las adolescentes pasaban horas, o días, encerradas. Con capacidad para no más de cuatro personas, el día del crimen, en ese lugar permanecían diez adolescentes. Aunque la víctima, con discapacidad mental leve, pedía ayuda, no hubo “deber de cuidado”, añadió el fiscal.
Algunos de los detenidos también serán sindicados por maltrato contra personas menores de edad, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Un día después del crimen, 18 de octubre de 2013, el Juzgado de Menores –donde las agresoras rindieron su primera declaración– ordenó la investigación en contra de autoridades de la Secretaría de Bienestar Social y del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, expuso el fiscal Jhony Morales. Al indagar sobre el tiempo transcurrido para que la investigación concluyera, el fiscal indicó que se les dificultó localizar a adolescentes que estuvieron bajo el abrigo del hogar para entrevistarlas. (EP, 15 oct 2018)
A cinco días de concluir el plazo para resolver si procedía, o no, la anulación del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) por presunto financiamiento electoral ilícito, la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo amparó provisionalmente al diputado Javier Hernández Franco y suspendió el proceso de cancelación, debido a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó un medio de prueba planteado por la organización política.
Carlos Ramiro Contreras Valenzuela, presidente de la Sala, revocó entre 2002 y 2003 las sentencias condenatorias emitidas contra militares por los asesinatos del obispo católico Juan José Gerardi y el de la antropóloga Myrna Mack; según consta en un informe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Asimismo, Helio Guillermo Sánchez González –vocal I de la Sala– se desempeñó como abogado de Luisa Valeska Sánchez González, quien en 2006 fue hallada culpable tras comprobarse que ella, junto con otros militantes del extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), organizaron manifestaciones violentas, conocidas como “Jueves Negro”, en contra de una decisión judicial que negaba la inscripción como candidato presidencial a José Efraín Ríos Montt. Héctor Orlando González García, es el tercer integrante de la Sala.
El Registro de Ciudadanos del TSE fue notificado que los magistrados de la Sala fijaron un plazo de 48 horas para que ese órgano se pronuncie sobre el trámite de cancelación. Leopoldo Guerra, director del RC, confirmó que el amparo suspendió la última etapa en la que se encontraba el proceso contra el FCN-Nación.
No obstante, los jueces de la Sala cambiaron el procedimiento utilizado en los recursos anteriores, pues en agosto pasado, la misma judicatura primero solicitó un informe circunstanciado sobre las actuaciones contra el partido y días después resolvió “suspender en definitiva” el amparo.
Leopoldo Guerra, director del RC, indicó que mientras la Sala Primera no resuelva sobre el amparo provisional; la última etapa de la cancelación del FCN-Nación no puede concluir y en consecuencia el partido podrá participar en la próxima contienda electoral. La organización, sindicada de ocultar Q14.7 millones de su financiamiento, tiene previsto proclamar a su binomio presidencial el próximo 16 de diciembre. (EP, 16 oct 2018)
La Comisión que instaló el diputado Felipe Alejos para investigar la compra del edificio por parte del Ministerio Público (MP) en la gestión de la exfiscal Thelma Aldana, presentó una denuncia en contra de la exfuncionaria por sobrevaloración.
La acción legal que interpuso ante el MP la comisión de Alejos, se hizo pese a que este martes la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi), unidad del Ministerio de Finanzas, confirmara que no hubo sobrevaloración en dicha adquisición.
El presidente de esa Sala extraordinaria, Juan Ramón Lau, explicó que después de comparar los avalúos que hizo la Municipalidad de Guatemala, el de una empresa privada que contrató la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el de Dicabi, determinaron que existe una sobrevaloración de por lo menos Q8 millones.
Por esta situación el congresista dijo que el MP debe investigar a Aldana, así como a las personas que trabajaron de cerca con la exfuncionaria, entre ellos a Mayra Véliz y Rootman Pérez. “El MP debe tipificar los delitos en los que ellos pudieron incurrir”, indicó.
Lau señaló que el informe de Dicabi es “falso”, pues los estudios de la comuna capitalina concuerdan con el de la firma que contrató la CGC, los cuales son diferentes al que presentó la institución estatal.
El director de Dicabi, Luis Rojas, afirmó, después de una citación con la comisión de Alejos, que no hubo una sobrevaloración en la compra del edificio, ubicado en la zona 5 capitalina. El funcionario explicó que el avalúo que se le realizó al inmueble, proyectó un precio de Q35 millones. “Nosotros lo que evaluamos y estimamos fue un valor del bien inmueble, el comprador tiene la facultad de negociar, puede tomar el valor que nosotros determinamos o uno menor”.
Al consultarle a Rojas si hubo una sobrevaloración en la compra que hizo el MP, durante la administración de la ex fiscal general Aldana, respondió: “Desde nuestro particular punto de vista, no”.
El 8 de septiembre, el entonces ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada le dijo a La Hora que Dicabi realizó un avaluó a ese inmueble. “Dicabi hace un avalúo que es referencial para todas las compra-ventas de bienes inmuebles que hace el Gobierno, y en este caso se hizo en 2016”. (EP, 11 oct 2018)
Esta vez, el presidente Jimmy Morales no dijo que el Ejército ha atrapado aviones con camiones, pero sí que las fuerzas armadas guatemaltecas han capturado a cien integrantes del grupo terrorista del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Esto fue parte del reporte de avances gubernamentales que el mandatario dio a conocer al vicepresidente de Estados Unidos (EE. UU.), Mike Pence, durante la inauguración de la II Conferencia de Seguridad y Prosperidad en el Triángulo Norte de Centroamérica, que se llevó a cabo este jueves en Washington DC.
El presidente no dijo nada sobre el incremento de guatemaltecos detenidos en las fronteras del sur de EE. UU. y se dedicó a culpar a la Corte de Constitucionalidad (CC) y a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de los problemas económicos del país y de que varias personas tengan el impulso de migrar. (EP, 12 oct 2018)
El secretario de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Carlos Fión, afirmó que la solicitud del diputado Fernando Linares Beltranena de remover del cargo al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, atenta contra la Constitución y la institucionalidad del país. “Me parece que (Linares Beltranena) se está excediendo en sus atribuciones al solicitar este tipo de destituciones. Esto atenta contra la Constitucionalidad del país y la institucionalidad”, agregó el congresista.
El presidente de la Comisión, Ronald Arango, indicó que Linares Beltranena no se está excediendo en sus funciones al realizar esta petición. “Él es miembro de la Comisión y como diputado puede hacerlo”. Arango consideró que esa solicitud tampoco atenta a la Constitución. “Que esté fundamentado cada uno de los señalamientos contra el PDH esto ya es un tema diferente”.
El Presidente de la Comisión explicó que la solicitud de Linares será conocida y analizada por los miembros de esa Sala, para luego realizar una recomendación al Pleno, si se debe o no destituirlo. El informe será sometido a votación por el Pleno de diputados. Para removerlo 105 diputados deberán votar a favor.
La Fundación Myrna Mack emitió un comunicado, en el cual respalda el trabajo del Procurador, asimismo, le solicitaron al Congreso detener los ataques en su contra. “El nuevo ataque promovido en contra del Procurador por un diputado del Congreso de la República, que invoca circunstancias que ya fueron aclaradas en su momento ante el mismo Congreso y ante la opinión pública. Entonces cabe preguntar, ¿cuáles son las verdaderas razones que impulsan estas acciones espurias? Sin duda es porque el Procurador, en su calidad de magistrado de conciencia, les resulta demasiado incómodo”, se lee.
Linares Beltranena solicitó el viernes a la Comisión de Derechos Humanos la destitución del Procurador por supuestamente incurrir en veinte faltas, entre ellas, accionar ante la Corte de Constitucionalidad a favor del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. (LH; 16 oct 2018)
El bloqueo se registró en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico la Asociación demandó un proyecto de dignificación salarial y mejoras en las condiciones laborales. Foto LH
Luego de varios intentos fallidos para entablar una mesa de diálogo con el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, la Asociación Orgulloso de mi PNC bloqueó el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico para que sus demandas sean escuchadas: aprobación del proyecto de dignificación salarial para los trabajadores policiales y condiciones para realizar su trabajo.
Víctor Porras, representante de la Asociación y familiares de miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), se ubicaron alrededor de las 08:20 en la ruta al Pacífico y bloquearon ambos carriles; decenas de vehículos quedaron varados, únicamente se autorizó el paso a las ambulancias y vehículos del Sistema Penitenciario (SP).
Porras pidió disculpas a los automovilistas y les explicó que tomaron esta decisión después de varios intentos de hablar con Degenhart. Los afectados le dijeron que debía manifestar su molestia frente al Ministerio de Gobernación, sin embargo, Porras reiteró que lo intentó varias veces y no fue posible.
“Sabemos que estamos afectando a muchos trabajadores, lo entendemos, pero la delincuencia nos afecta a todos. Le pedimos disculpas a la población por hacer este bloqueo, pero es la única forma que el Ministro de Gobernación se dará cuenta que estamos cansados, aburridos que se burlen de la PNC”, indicó.
Por otro lado, el representante de la Asociación dijo que las demandas son: la aprobación del proyecto de dignificación salarial y las condiciones necesarias para los agentes. “Las patrullas están tiradas en las sedes policiales, porque no se les ha dado servicio, los policías duermen en condiciones infrahumanas, eso la población no lo ve. Los policías hacen sus turnos durmiendo en el suelo, eso la población no lo ve, pero cuando pasa algo es de criticar a la Policía”, reiteró.
El proyecto de dignificación salarial al que hizo referencia Porras es el que corresponde a la reforma al Acuerdo Gubernativo 718-98, el cual no fue autorizado por el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart y el viceministro Kamilo Rivera.
Este plan ya contaba con dictámenes favorables para su implementación y fue dejado por el exministro Francisco Rivas y el exdirector de la PNC, Nery Ramos. (LH, 16 oct 2018)
El grupo de más de mil hondureños que ingresó el lunes pasado al territorio nacional continúa su viaje hacia Estados Unidos. La primera noche pernoctaron en Esquipulas, donde un grupo de religiosos se unieron para brindarles alimentos y refugio. Cientos de ellos pedían a los conductores de camiones, picops y tráileres, apoyo para avanzar en su trayectoria.

References: artículo 10
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 78
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