Source: http://contratapapopular.blogspot.com.ar/2010/
Timestamp: 2017-07-22 16:46:07+00:00

Document:
El Ñato me ha hecho leer más de la cuenta. Yo estaba casi seguro que no había leído en las tesis del Congreso el nombre del Ñato, y menos el del compañero Lorenzo, pero como uno a veces lee apurado, alguna cosa se le puede pasar. Me llamaba mucho la atención, pero si el Ñato lo decía, por algo debía ser. Y me volví a leer las tesis, de principio a fin, y nada. Entonces me dije: ah…no…debe ser en el informe del camarada Lorier en la apertura del Congreso…pero tampoco…allí no decía nada. Entonces debe ser en la declaración final…claro…es allí donde mencionamos su nombre…Y me leí también la declaración por segunda vez…y nada, tampoco allí.Así que ahora puedo desmentir al Ñato con total convencimiento: no es cierto lo que dice en su artículo “VIEJO ERROR”, publicado en Montevideo Portal. En dicho artículo, Eleuterio Fernández Huidobro hace un análisis concienzudo de lo que “él piensa que nosotros pensamos”, y luego comenta nuestros documentos del Congreso diciendo: “…por si faltaba claridad a los efectos de llegar a entender, también nos comunican (los que comunicamos somos nosotros los comunistas), y públicamente, que las clases dominantes y el imperialismo resisten y resistirán ferozmente los cambios (como es obvio), agregando que ellas se expresan DENTRO del Frente Amplio (en especial a través del Ñato Lorenzo y otros) por lo que no sólo está "en disputa" el Gobierno sino también el Movimiento Social, el Estado, y el propio Frente Amplio...”.¡¡Qué fácil sería si fuera como lo plantea Huidobro!! Que la expresión de la ideología dominante (que no de la clase, como dice el Ñato) fuera tan fácil de ubicar, algo así como: ¡¡ pica la burguesía atrás del Ñato!!! Pero no, no es así, es algo un poco más complicado, y tiene que ver con la hegemonía, y que la ideología dominante es la de la clase dominante, y que esa ideología se expresa de diversos modos en todos los planos de la sociedad (también en el político, también en el Frente Amplio).Pero como parece que entendió eso, y por algún mecanismo mental que no estoy en condiciones de descifrar, se puso el sayo de que las clases dominantes y el imperialismo se expresan a través suyo y del compañero Lorenzo dentro del FA, entonces concluyó que “Estamos pues ante un retorno vicioso de Eugenio Gómez” (¡¿?!). Y por si fuera poco, sacó otra conclusión: “…este tipo de ideas, para nada exclusivas del Partido Comunista, están en la base de los problemas que hoy aquejan al Frente Amplio. Son una parte muy importante de sus causas”. Está claro, los problemas del FA no tienen nada que ver con quienes no aplican el programa elaborado entre todos, o se niegan a anular la ley de impunidad, como lo hace por ejemplo Eleuterio Fernández Huidobro (y no de ahora, sino desde hace años). No, los problemas del FA se deben a la forma que tiene el PCU de analizar la sociedad uruguaya.OTROS ECOS DEL CONGRESOEl Ñato no fue el único que se refirió a nuestro Congreso. Comentando la apertura del mismo, el 4 de diciembre pasado, la página Espectador.com dice que: “Eduardo Lorier hizo un encendido llamado a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, respondió solicitándole “lealtad” y pidió a los comunistas que si quieren convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (es decir, no es algo que esté en el Programa del FA, es algo que quieren los comunistas), presenten alguna propuesta concreta para avanzar en el tema. “A mí me preocupa porque yo espero lealtad de los compañeros. Nosotros somos una coalición; un frente no es un partido. Eso también algunos compañeros a veces lo olvidan” habría dicho Lucía Topolansky. No, estimada compañera, nosotros no nos olvidamos que somos una coalición. Es más, somos quienes más lo recordamos y tratamos de que todos los compañeros lo tengan presente. Y por eso, defendemos a la coalición defendiendo su programa (no el programa del PCU, el programa del FA). Y tanto no olvidamos que pertenecemos a una coalición, que nos hacemos responsables de sus aciertos y de sus errores, así como de los aciertos y de los errores de nuestro gobierno. Si la compañera Lucía hubiera escuchado o leído atentamente el informe del Congreso, lo tendría meridianamente claro. Allí los comunistas dijimos: “Así como no vemos como ajenos los avances, tampoco vemos como responsabilidad de otros los retrasos e inconsistencias y errores. Son también nuestros, producto de nuestra incapacidad para impulsar con más fuerza el programa del FA, de no poder ayudar con más energía y capacidad para que se cumpla con lo aprobado en los Congresos del FA”. Eso es lealtad política.Sobre el reclamo de un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente, Topolansky dijo que los comunistas deberían plantear un texto o una propuesta antes de criticar: “Lorier entonces no leyó la Constitución, que prevé varios caminos para modificar la Constitución en el artículo 331. Y algunos de estos caminos necesitan mayorías especiales. Pero además, lo primero que tengo que hacer para reformar la Constitución es discutir un texto y eso es responsabilidad de la fuerza política -que en parte él integra- y no del Gobierno. Yo no he visto que el Partido Comunista proponga una comisión; que revisen el texto vigente, que elaboren uno nuevo y planteen modificaciones. Es muy fácil decir ‘hágase esto que no se hizo’, sin explicar cómo se hace”. Además de que parece que Lucía tampoco leyó la Constitución, porque el art.331 dice “Los Senadores, los Representantes y el Poder Ejecutivo podrán presentar proyectos de reforma…”, es llamativa la ajenidad con la que la compañera se refiere a un eje fundamental del programa de gobierno de su fuerza política. Lucía dice que eso es una responsabilidad de la fuerza política y no del gobierno (¿ella no integra la fuerza política?) y le traslada la responsabilidad al Partido Comunista. Nos dice que nosotros tenemos que pedir una comisión, que revisemos el texto constitucional vigente, que elaboremos uno nuevo y planteemos modificaciones. ¿Tendremos que poner la papelera también al final de todo ese proceso?LAS COSAS EN SU SITIONos parece que en primer lugar habría que ubicar lo que significa la “lealtad política”, para entender de alguna manera que es lo que se le está reclamando a los comunistas por parte de la compañera Topolansky. Se nos ocurre que una buena cosa sería plantear el tema en forma de pregunta; por ejemplo: ¿A quién debían lealtad los buenos militares en junio de 1973? ¿A las fuerzas armadas como cuerpo –aunque ese cuerpo estuviera infectado por el virus golpista- o a la Constitución y a la ley que se suponía debían defender?Muchas veces se confunde incluso -hasta son considerados sinónimos- a la lealtad con la fidelidad, y algunas definiciones dicen que lealtad es el “Sentimiento de fidelidad o gratitud que muestran al hombre algunos animales: la lealtad del perro hacia su amo”. Hemos de suponer que no es este el tipo de lealtad que se les pide a los comunistas, es decir, ese tipo de lealtad irracional de los animales con las personas. Porque si bien es cierto que la lealtad es un término estrechamente relacionado con la fidelidad, la confianza y la amistad, la lealtad es una virtud, un compromiso con lo que creemos, con nuestros ideales y con las personas que nos rodean. La lealtad es con los principios. Ser parte de un partido político no significa renunciar a la capacidad de reflexión ni implica acomodar los propios principios a los que sostenga la colectividad a la que se pertenece. Es decir, la lealtad no es con los hombres, porque los hombres actúan bien o actúan mal, como dijera don José, “es muy veleidosa la probidad de los hombres”. La lealtad es con las ideas, con los compromisos políticos asumidos con la gente, con el pueblo. La lealtad política debe ser el principio básico que los representantes populares brinden, antes que nada, a sus electores, a su pueblo.Pero es posible también, lo admitimos, la lealtad personal, aún dentro de la política. Es decir, aquella lealtad basada en el respeto hacia la persona, basada en el no ocultamiento de la verdad, en el sentido del honor. Pero ¿que tipo de lealtad? ¿Quien es más leal, el que le dice al líder que se está equivocando o aquel al que todo le parece bien porque viene de las alturas? La lealtad en política es para con aquellos a quienes se debe representar. La lealtad como la fidelidad no pretende premios o recompensas. Es convicción, identidad con aquello en lo que se cree.. en
Hoy, 10 de diciembre, es el Día mundial de los Derechos humanos, el que se origina en la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. La Declaración fue el primer documento internacional que abordó en detalle la noción de que existe un conjunto de derechos universales y libertades fundamentales que los gobiernos están obligados a garantizar a sus ciudadanos.El "Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos" es más reciente -entró en vigor el 23 de marzo de 1976-, forma parte también del cuerpo normativo internacional en la materia de derechos humanos, y hace referencia a derechos tales como la libertad de circulación, la igualdad ante la ley, el derecho a un juicio imparcial y la presunción de inocencia, a la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión y opinión, derecho de reunión pacífica, libertad de asociación y de participación en la vida pública, en las elecciones y la protección de los derechos de las minorías.Este pacto prohíbe la privación arbitraria de la vida, las torturas y los tratos o penas crueles o degradantes, la esclavitud o el trabajo forzado, el arresto o detención arbitraria y la injerencia arbitraria en la vida privada, la propaganda bélica y la instigación al odio racial o religioso.POR CASALo hemos dicho muchas veces: desde la llegada al gobierno de nuestro Frente Amplio, ha habido avances insospechados en la cuestión de los derechos humanos, incluso en lo que tiene que ver con su violación durante la dictadura (que no es el único aspecto de estos derechos, claro está).El día mismo de su asunción -1º de marzo de 2005-, el compañero presidente Tabaré Vázquez señalaba que “en materia de derechos humanos el país tiene aún una asignatura pendiente, que me comprometo a saldar de inmediato”, y agregó que “nuestro gobierno cumplirá el mandato establecido en el Artículo 4º de la Ley número 15.848, procurando agotar la investigación sobre lo sucedido con los detenidos desaparecidos e investigando al efecto en los establecimientos militares correspondientes”. Y hubo avances impensables poco tiempo atrás. Pocos días después ya se estaba entrando a los cuarteles y excavando en busca de los desaparecidos. Desde ese momento, el art.4º de la ley ya no fue el instrumento para evitar que cualquier militar pasara por un juzgado a declarar, para tratar de esa manera que la justicia pudiera avanzar, sino que pasó a ser la llave para que de una vez por todo se iniciaran las investigaciones. Los casos se comenzaron a excluir, y los jueces comenzaron a actuar, y los culpables comenzaron a ir presos, y algunos restos de compañeros desaparecidos comenzaron a aparecer.VACILACIONES Y RETROCESOSClaro que hubo luces y sombras, y entre estas últimas está el veto a la ley de salud sexual y reproductiva, que vulneró sin dudas el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo. En esa ocasión, escribimos un artículo que era una “carta abierta” al compañero Tabaré, y en la que manifestábamos lo siguiente: “No voy a entrar a analizar sus argumentos para vetar la ley uno por uno. A esta altura de la cuestión, ya no vale la pena. Ya el veto está firme y no hay ley. Pero si quiero referirme al menos a uno de ellos. Usted aduce que la ley iría en contra del Pacto de San José de Costa Rica -convertido además en ley interna como manera de reafirmar su adhesión a la protección y vigencia de los derechos humanos-. Dice también que si bien una ley puede ser derogada por otra ley no sucede lo mismo con los tratados internacionales, los que no pueden ser derogados por una ley interna posterior. Si Uruguay quiere seguir una línea jurídico-política diferente a la que establece la Convención Americana de Derechos Humanos debería denunciar la mencionada Convención (Art. 78 de la referida Convención). Yo comparto lo que usted afirma, compañero Tabaré. Pero quiero recordarle que hace pocos días estuvo sesionando en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y que la misma instó al Estado uruguayo a que investigue la desaparición de María Claudia García, nuera del escritor argentino Juan Gelman, ocurrida durante la dictadura. La resolución fija un plazo de dos meses para que el Estado uruguayo cumpla con las recomendaciones del organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si ello no ocurre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede imponer una condena al Estado uruguayo que puede llegar hasta la expulsión de la OEA. …Por cierto, no podíamos esperar otra cosa de los gobiernos blancos y colorados que nos precedieron con sus mayorías parlamentarias. Ellos fueron los gestores de la impunidad y los encargados de evitar de cualquier manera que hubiera un mínimo de verdad y de justicia. Pero el reclamo también ha sido hecho a nuestro gobierno. El que usted encabeza, compañero Tabaré. Y su preocupación por los Tratados Internacionales está además reforzada por nuestro programa de gobierno: “El gobierno progresista reafirma la posición clara que las normas de tratados internacionales sobre derechos humanos, tienen igual valor que las leyes nacionales. Al respecto se promoverá la adecuación de la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”. La única forma de adecuar la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país, en materia de derechos humanos, es anulando la ley de impunidad. No hay otra forma de hacerlo. Compañero Tabaré: cuanto me gustaría ver en usted una preocupación por cumplir con los Tratados semejante a la demostrada en el veto a la legalización del aborto”LA IMPUNIDAD TAN CAMPANTEHace unos cuantos meses, el compañero Lalo Fernández se refería al tema de la anulación de la ley de impunidad, y decía lo siguiente: "Todo el FA está de acuerdo con que es una ley que no se quiere dentro de nuestra legislación, queremos que desaparezca, pero los caminos políticos los tiene que resolver la Mesa Política. La ley tiene que desaparecer, bueno, busquemos los pasos para darlos en conjunto y correctamente, y no dar una discusión que pueda parecer de fondo cuando en realidad es simplemente de forma”.Sin embargo, los pasos se dieron, se encontró una fórmula, la aprobó la Mesa Política por unanimidad, ingresó a la Cámara de Diputados como proyecto, con la firma de los 50 diputados del FA, y se le dio media sanción con el voto de esos mismos 50 diputados. Pero luego, surgieron las defecciones por todos conocidas, y las excusas más variadas para no votar el proyecto en el Senado.Recientemente, nuestro país estuvo por primera vez en su historia en el banquillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y fue justamente en un gobierno de izquierda. Algo muy doloroso y humillante para muchos de nosotros, precisamente por ser un tema tan sensible para quienes nos consideramos de izquierda y hemos dado batalla contra la impunidad desde el momento mismo en que se instaló en nuestro país. La instancia de la Corte Internacional, nos aproximó a la posibilidad de recuperar la dignidad nacional hipotecada en octubre de 2009, cuando fracasó por una escasa cantidad de votos el último intento plebiscitario para anular esa monstruosidad jurídica que constituye la ley de impunidad. Pero nada dignificante sucedió. Algunos senadores se resistieron a votar el proyecto interpretativo, y nuestro gobierno reconoció en el organismo internacional apenas la violación de los derechos humanos de la familia Gelman durante la dictadura, cuando es obvio y evidente para toda la humanidad que hoy en día se están violando sus derechos, bajo nuestro gobierno. Para más tristeza, acaba de morir una de las “viejas” luchadoras, sin saber la verdad y sin tener justicia. Triste realidad en un día como hoy, que habrá que seguir luchando por revertir. Porque como decía María Ester Gatti, “No hay que perder jamás la esperanza y tampoco la decisión de luchar”. en
El Ministerio del Interior debería tomar nota de algunas formas de reducción de los delitos que la creatividad de algunos uruguayos viene aplicando con excelentes resultados. Estos uruguayos, que no son otros que los dueños de los medios de comunicación, hacen desaparecer los delitos de las pantallas de los televisores o de las páginas de los periódicos como por arte de magia. Claro que hay que tener a mano algo que venda más, y esto sucedió por ejemplo cuando el mundial de fútbol, en donde por un buen tiempo disminuyeron drásticamente las rapiñas, los asaltos, los robos, los asesinatos y demás, y maravillosamente fueron sustituidos por goles de todos los colores. Ahora, desde hace un tiempito, los delitos referidos han desaparecido por obra y gracia de los conflictos sindicales. Parece que para los medios de difusión hay una especie de tsunami sindical que necesariamente debe ser anunciado a diario y, en lo posible, con títulos catástrofe. "Las huelgas se han convertido en el azote de la población", dijo por ejemplo el ex presidente Lacalle, y a uno le da como un chucho y miedo de salir a la calle por temor de encontrarse con una banda desaforada de sindicalistas con garrotes en sus manos.¿CUAL ES LA SORPRESA?En primer lugar, es obvio que la conflictividad está relacionada con dos factores importantísimos, y que no hay ni más ni menos conflictividad que la que hubo siempre que se dan estos factores: 1) Los Consejos de Salarios, muchos de los cuales aún no han laudado, y 2) el tratamiento del Presupuesto, instancia que en todo tiempo ha sido así, cuando se trata esta ley tan importante para todos los uruguayos y que afecta a los bolsillos de todos y cada uno.El 24 de noviembre, La República titulaba: “Semana de alta conflictividad sindical” y luego decía: “Hasta ayer eran ocho los sindicatos que paralizaron algunos servicios en la salud, la banca pública, aduanas, aeropuertos, frigoríficos, en la Justicia ­con ocupación incluida-, y en la recolección de residuos. Por si algo faltaba, también se sumó FFOSE y una protesta en un Shopping. Movilizaciones. Paros en la Salud y protesta de usuarios. Una ola de conflictos sacude distintas áreas de actividad, sobre todo en el sector público”.Sin embargo, si tomamos por ejemplo el mismo mes de noviembre, pero de 2007, podemos leer una noticia en El País digital que dice: “La conflictividad laboral cayó con relación a septiembre, según datos del programa de modernización de las relaciones laborales de la Universidad Católica, difundidos hoy martes 13 de noviembre. En el pasado mes se registraron 24 conflictos y se perdieron 71.317 jornadas laborales que afectaron a 65.750 trabajadores”. Es decir, en un mes en el que no se estaba en medio de negociaciones por los Consejos de Salarios, en donde no se estaba tratando el Presupuesto, se habían registrado 24 conflictos. Ahora, en medio de estos factores que describimos más arriba, se registran conflictos en ocho sindicatos y un periódico dice que “Una ola de conflictos sacude distintas áreas de actividad”. Pero una semana después, el miércoles 1 de diciembre, La República vuelve a titular: “Nueva ola de paros” y entonces habla de conflicto en COFE (que no es nuevo, ya que hace más de un mes que está en conflicto), de AEBU (que en realidad lo que hace es presentar una fórmula y mantener las medidas que ya venía tomando, nada nuevo), del SUNCA (que tampoco es nuevo y que viene movilizándose por los Consejos de Salarios desde hace tiempo), de los judiciales (que tampoco es nuevo, y que ya incluso habían ocupado la SCJ), y de los escribanos, además de sumar a ADEOM Canelones, ya que no podía sumar nada más de la Capital. Como se ve, una “nueva y enooooorme ola de paros”.¿ASOMBRO EN LA IZQUIERDA?El nerviosismo y la manija en la derecha y en los medios, es hasta comprensible (mientras escribo este artículo, escucho el informativo del Canal 4, y veo que lanza una encuesta con la siguiente pregunta: ¿está de acuerdo en reglamentar el derecho de huelga?). Pero lo que no se puede comprender es que dentro de la propia izquierda se vea la conflictividad (repetimos, normal, ni mayor ni menor que en otros momentos) como algo fuera de lugar y prácticamente como un agravio al gobierno.Que se entienda bien, no estamos diciendo que todos los conflictos se puedan defender (ni por asomo defendemos el conflicto de los anestesistas, por ejemplo), ni que siempre los sindicatos actúen correctamente (es un problema de los trabajadores y que debe ser resuelto por los trabajadores), pero algunas posiciones de gente de izquierda hacen recordar a las declaraciones de cualquier vocero de de los tiempos en que gobernaba la derecha. Y el manejo del tema desde los medios es realmente tendencioso. Seguramente si se hiciera una encuesta sobre por qué están parando los empleados públicos, la mayoría diría que es por mayores salarios y para trabajar menos horas, y no es que la gente sea ignorante, es que eso es lo que se les transmite. El mensaje que se transmite, es que los trabajadores son todos egoístas y solo piensan en sus bolsillos sin importarles la suerte de los demás trabajadores. De esa manera, los paros de los docentes son únicamente por mejorar sus salarios, y no porque estén luchando (además) por mejorar el presupuesto como una de las formas de mejorar la educación de todos los uruguayos. El conflicto en el Poder Judicial “pone en peligro el Estado de Derecho”, pero nadie se entera de que en un país que crece, que busca distribuir mejor la riqueza, que tiene los mejores índices de crecimiento del PBI, se establece en el Presupuesto un aumento de $ 500 para unos 3.000 trabajadores para todo el quinquenio (sí, $100 de aumento por año).Y además, las noticias de los paros siempre vienen acompañadas de los trastornos que inevitablemente causarán a la población, pero rara vez se informa las causas del conflicto, las negociaciones previas, las posiciones de un lado y de otro, como si eso no importara absolutamente a nadie. De esa manera, la noticia que le llega al ciudadano es que tal sindicato hará paro (el inconsciente colectivo inmediatamente lo relacionará con la lucha por aumentos salariales) y que ese paro lo afectará de tal o cual manera.INTEGRANTES DE UN MISMO BLOQUEY no se puede comprender, las críticas desde la izquierda, porque el Frente Amplio sabía que estas cosas iban a suceder en un gobierno nuestro, las tuvo en cuenta, las estudió y estampó por escrito sus conclusiones, que son muy valiosas y que hay que volver a leer para entender lo que está pasando.El documento a que nos referimos es el denominado FUERZA POLÍTICA, GOBIERNO, TRABAJADORES Y ORGANIZACIONES SOCIALES, y que fuera aprobado por el Plenario Nacional en 2003. Documento que surgió de una preocupación común del ámbito político y del sindical, y que se elaboró con la participación democrática de grupos políticos y bases, y que fuera además altamente valorado por el movimiento sindical en seminarios y encuentros que se realizaran luego de su aprobación.En el capítulo denominado Gobierno y fuerzas sociales, se dice: “El acceso de la Fuerza Política al gobierno, aun en lo exitoso del proceso iniciado, no elimina la contradicción de intereses entre el trabajo y el capital y entre el Estado y sus funcionarios asalariados y la diversidad de intereses y demandas en la sociedad. La propia idea de Acuerdo Social lo avala”. Esto es tan meridanamente claro que ni vale la pena comentarlo. Más adelante, dice que “Contemplar y articular los distintos sectores de la sociedad, castigados por las políticas tradicionales en torno a un proyecto alternativo es un desafío central de nuestro tiempo. El gobierno progresista debe reconocer desde un primer momento tales hechos y las luchas económicas y los conflictos que sin duda se han de generar”.De manera que no puede haber sorpresas en ese sentido. Todos éramos conscientes que eso era lo que iba a suceder; lo sabíamos en el Frente Amplio y lo sabían en el movimiento sindical, y nadie dudaba que la llegada del FA al gobierno no eliminaba por sí sola las contradicciones de clase ni los conflictos entre el Estado y los funcionarios.Pero no solo que lo sabíamos, sino que además veíamos como algo positivo el movimiento sindical unitario y combativo que tenemos. Dice el documento textualmente: “Uruguay cuenta con una gran ventaja al respecto, y es que, en principio, tiene una amplia y extendida red social a la que hay que estimular y apoyar, así como un movimiento sindical unitario y combativo. No se parte de cero y no hay que empezar a trabajar desde una red social inexistente”.Porque además, no concebíamos al movimiento sindical y social como algo ajeno a nosotros, sino como parte de un todo. Y por eso el documento afirma: “La fuerza política y su gobierno, así como el amplio, multifacético y combativo movimiento de masas, integramos el bloque político y social alternativo (o las grandes mayorías nacionales), opuesto al bloque de poder. Como tales integrantes, tenemos todos un mismo proyecto que, en sus grandes líneas, puede ser caracterizado de popular, nacional y democrático, antiimperialista y antioligárquico. Proyecto que hemos ido elaborando en medio de duras luchas y que, por eso mismo, aplicaremos, controlaremos y defenderemos, todo a la vez. Integramos un gran bloque histórico y tenemos un proyecto esencialmente similar”. en
El más importante argumento de quienes se oponen al proyecto interpretativo de la ley de impunidad desde el FA, es el mismo que el de la oposición: desconoce dos pronunciamientos en los que la ciudadanía decidió mantener la ley de Caducidad. “El plebiscito es una decisión superior a cualquier ley”, dijo por ejemplo el senador Jorge Saravia.Hay un principio popular que dice que no se puede comparar manzanas con zapallos, dado que son cosas diferentes. Y un plebiscito o un referéndum no son normas jurídicas (sino procedimientos de democracia directa), de manera que no se puede establecer una jerarquía en donde un plebiscito o un referéndum estén por encima de una ley. En todo caso, tal vez lo que se quiera decir es que la decisión del Cuerpo Electoral, es siempre superior a la decisión de cualquier otro órgano del Estado. De manera que las leyes que cuenten con el aval de este cuerpo son algo así como SUPERLEYES, o algo así. Per esto es falso, no es así. Estamos en el Uruguay y no en Metrópolis, y ni las “superleyes” ni los “superpoderes” existen. Daré algunos ejemplos para que quede claro a que me refiero:TEMAS EN LOS QUE NI SIQUIERA PUEDE OPINARAlgunas veces, es requerida la opinión del cuerpo electoral, contadísimas, y son muchas más las decisiones que se adoptan directamente por los demás órganos del Estado en sus diferentes formas.El Cuerpo Electoral, actuando como órgano de gobierno, tiene algunos temas vedados, sobre los que no puede ni siquiera interponer el recuso de referéndum. Por ejemplo, con respecto a las leyes que establezcan tributos, o en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo (por ejemplo el Presupuesto). Si fuera un órgano superior –como algunos sostienen- no sería posible lo que acabo de señalar. Me parece meridanamente claro. Si el cuerpo electoral fuera un “superpoder”, y las leyes que contaran con su apoyo fueran “superleyes”, no existiría la posibilidad que acabo de mencionar, que hubieran leyes que pudieran escapar a su intervención.¿Esto significa que entonces el “superpoder” lo tiene el Poder Ejecutivo, que tiene iniciativa privativa en algunos casos? No, tampoco, de ninguna manera es así. Porque a pesar de que en algunos temas su iniciativa es privativa, debe necesariamente pasar por el Parlamento para poder convertirse en ley. Pero fíjese señor lector al punto en que no es cierto que el cuerpo electoral es algo así como un superpoder. En los casos que acabo de mencionar, el cuerpo electoral ni siquiera puede interponer el recurso de referéndum (los gremios de la Educación, por ejemplo, no podrían salir a recoger firmas para convocar a referéndum contra la ley de presupuesto porque no se contemplan sus aspiraciones), pero sin embargo, sí tienen la posibilidad de hacer algo los ciudadanos en forma individual. ¿A qué me refiero?El caso del IRPF es bien ilustrativo. La ley que creó el IRPF, es una ley que, por establecer tributos, es de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, y por tanto el cuerpo electoral no puede tampoco interponer un recurso de referéndum contra esa ley. Sin embargo, los ciudadanos en forma individual sí pueden interponer recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, y fue justamente lo que sucedió. Ante esta situación, ante la avalancha de recursos contra le ley, el PE lo que hizo fue introducir un nuevo proyecto de ley que derogaba el IRPF para los jubilados, y creaba un nuevo impuesto, el IASS. Aquí tenemos un claro ejemplo en donde el cuerpo electoral, ese que algunos consideran casi un Dios, ni siquiera está habilitado para intervenir, mientras que sí pueden hacerlo los ciudadanos en forma individual.Pero el caso de la propia ley de caducidad es también muy claro al respecto. Es una ley que fue votada por el Parlamento (Poder Legislativo) y además fue confirmada mediante un referéndum en el año 89 (en las condiciones que todos sabemos, pero lo fue). Y sin embargo, un tercer Poder –en este caso el Poder Judicial- puede decidir que esa ley no se aplica, por más que haya pasado por las instancias que mencionamos. Si la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de la ley para cada caso concreto (en teoría puede hacerlo para todos los casos), la ley no se aplica, transformándola en letra muerta. No he escuchado a nadie hasta ahora decir que la SCJ desconoce dos pronunciamientos populares a favor de la ley, y eso que se trata de un Poder integrado por apenas cinco miembros, y que no son electos por la ciudadanía. Mientras que sí se han levantado esos argumentos contra el Parlamento (órgano representativo del pueblo), que en definitiva establece exactamente lo mismo, lo hace en forma general para todos los casos y además establece que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.Creemos que estos casos demuestran que no existen superleyes, y que mal puede una ley, por más que haya sido refrendada mediante referéndum, estar por encima de todo el ordenamiento jurídico. Ni siquiera la propia Constitución, como veremos más adelante-SISTEMA DE CONTRAPESOSNuestro sistema Constitucional lo que establece es un sistema de contrapesos, mediante el cual ningún organismo está por encima de otro. El referéndum es uno de los mecanismos de participación que establece la Constitución para que los ciudadanos participen en las decisiones políticas (democracia directa), y esa carta magna no le otorga superpoderes, ni al Cuerpo Electoral ni a los demás poderes. Así como hay temas que al cuerpo electoral le son vedados, hay otros en los que su decisión es la única que vale, como por ejemplo para reformar la propia Constitución.De acuerdo a nuestra Constitución, la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes (art.4), y se complementa con el art.82, que dice que “La Nación adopta para su Gobierno la forma democrática republicana. Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución; todo conforme a las reglas expresadas en la misma.” Y subrayamos esto por lo que vamos a decir más adelante.Como hemos dicho otras veces, este artículo 82 no establece jerarquías en la forma de ejercer la soberanía. Ambas formas, la directa o la indirecta, son formas de expresión de la soberanía de la Nación, y hablamos más arriba sobre ello.Como bien lo expresara el Dr. Carlos Urruty, ex presidente de la Corte Electoral, “en ningún caso la Constitución admite que el cuerpo electoral esté desligado de toda norma en cuanto a su propia actuación. Ello resulta de la parte final del artículo 82 citado (y que nosotros subrayamos), el cual expresa que, en todo caso, la soberanía ha de ejercerse conforme a las reglas expresadas en la Constitución”. Y este es el punto clave para entender la cuestión. Esa es la razón por la cual, a pesar de que una ley sea refrendada por el cuerpo electoral (que no hay que confundir con el pueblo, como también dice Urruty) puede no ser aplicada por una simple resolución de la Suprema Corte de Justicia. O puede ser derogada o anulada por el Parlamento, o interpretada como en este caso.Porque la norma superior, es la Constitución, y no una ley, por más que esta haya sido convalidada por un plebiscito o un referéndum. De manera que cuando una ley es contraria a la Constitución, de nada vale que haya sido refrendada por el cuerpo electoral. Como bien lo expresara Urruty “No existe entidad, agrupamiento u órgano de gobierno, directo o representativo, dotado de un poder tal que le permita actuar por encima o al margen de la Constitución”. El cuerpo electoral es también un órgano de gobierno, y sus actos tendrán eficacia jurídica en la medida que se compadezcan con las formas fijadas por el derecho, ese es el punto neurálgico de la cuestión.Leandro Grille dice en su nota “El Atajo”, en la revista Caras y Caretas: “…bajo ningún motivo, se puede recurrir a ningún artilugio para obviar lo que el pueblo soberano pronuncia.” Como vemos, sí hay motivos. Si lo que el cuerpo electoral refrenda, está al margen de la Constitución, hay mecanismos perfectamente válidos para recomponer ese entuerto. Como veremos más adelante, no es el único motivo.Vemos entonces que por encima de todo está la Constitución, y que las leyes solo tienen validez en la medida que no contradigan a esa “ley madre”. Y vimos también que esto es así incluso aunque esas leyes hayan sido refrendadas mediante un referéndum, como sucedió en el caso de la ley de impunidad en el año 89. Si esa ley es inconstitucional, de nada vale su convalidación por el cuerpo electoral. Y lo que hace el proyecto interpretativo, es evitar que la declaración de inconstitucionalidad deba ser hecha para cada caso en particular (que es lo que viene haciendo la Suprema Corte de Justicia), y que sea reconocida para la generalidad de los casos.POR ENCIMA DE TODOPero además, hay otros motivos que deberían tranquilizar a Leandro Grille y a todo aquel que piense que mediante esta ley interpretativa se está desconociendo la voluntad popular. Si admitimos como válido lo que señalamos más arriba (que las decisiones del cuerpo electoral no se transforman en superleyes ni este órgano es un superpoder), menos aún podemos admitir que cualquier decisión del cuerpo electoral esté por encima de los tratados internacionales, porque éstos sí que están por encima de todo en la escala jerárquica. Son normas jurídicas que están por encima incluso de la Constitución, y contra las cuales no vale tampoco aducir la superioridad de haber sido convalidadas por medio de un referéndum.Hay un solo caso en el que la decisión del cuerpo electoral mediante plebiscito es privativa, y sólo su decisión es valedera: cuando se reforma la Constitución. La iniciativa de reforma puede provenir de otros ámbitos, pero la última palabra siempre la tendrá el cuerpo electoral, quien por mayoría absoluta dirá SI, o NO a la reforma. Cuando algún desnorteado menciona el Plebiscito del 80, y dice que ni siquiera la dictadura se atrevió a desconocer la voluntad popular, está obviando nada menos que este hecho. Hay una Constitución vigente, y su sustitución o reforma necesariamente requiere la aprobación del soberano. No así las leyes. Pero además, esto tampoco es tan radical y definitivamente así; ni siquiera en el caso de la Constitución podemos afirmar que la expresión soberana del pueblo es definitiva. Y pondré un ejemplo.Supongamos que finalmente se cumple con el Programa del FA y se instala una Asamblea Constituyente. Y supongamos que esta Asamblea elabora una nueva Constitución, en la que en uno de sus artículos se estampa lo siguiente: “La tortura es un método válido a utilizar por la policía para obtener información relevante de los reclusos”. El proyecto es sometido a plebiscito y resulta aprobado. ¿Alguien puede pensar que la voluntad popular debe ser respetada en este caso? Claro que no, porque ese artículo violaría todos los tratados y convenciones internacionales suscritas por el país, y por lo tanto sería inválido, y habría que removerlo de nuestra Constitución. Por más que haya sido aprobado mediante Plebiscito.La disposición del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, es absolutamente clara cuando establece que un Estado no puede invocar los preceptos de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado, disposición que está ratificada por la jurisprudencia.En efecto, los tratados internacionales tienen su origen en la voluntad soberana de cada pueblo, y que está expresada en la Constitución, y precisamente en ella reside los fundamentos de los Estados para la adhesión a los tratados internacionales. En virtud de su capacidad soberana, los Estados contraen obligaciones por medio de los tratados mediante los cuales se autolimitan. Después, no pueden desconocer esas obligaciones, insistimos, libremente contraídas.Un principio universal del derecho internacional es que todas las normas y obligaciones internacionales deben de cumplirse de buena fe. Este principio está reiterado por la jurisprudencia internacional, la Carta de Naciones Unidas en su preámbulo, su artículo 2.2 y la Declaración sobre Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados; también por las Convenciones de Viena de 1969 y 1986 sobre derecho de los tratados.Pero además, están las que se denominan normas de “ius cogens”, que hace referencia a normas imperativas de derecho, en contraposición a las dispositivas de derecho. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario.Entre esas normas de ius cogens, están la prohibición de la tortura y de la privación arbitraria de la vida. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que varias normas de protección de los derechos fundamentales revisten del carácter de ius cogens, como por ejemplo el acceso a la justicia, llamado por esa Corte derecho al derecho. La prohibición de la tortura está también entre estos derechos, así como la noción de crímenes contra la humanidad.Estas son normas que también están por encima de cualquier ley interna de nuestro país, incluso si fue aprobada mediante un referéndum.De manera que no somos habitantes de Metrópolis (ciudad donde reina Superman), y no existen acá “superpoderes” ni “superleyes”. Somos Uruguay, nos regimos por la Constitución y debemos ser sumamente respetuosos de los convenios internacionales que suscribimos, y por sobre todo, de los derechos humanos. en
En La República digital del 13 de octubre pasado, se hacía una crónica acerca de lo hablado en el Consejo de Ministros. Se hablaba de una nueva iniciativa para impulsar el voto consular por vía legislativa, y al parecer en ese momento surgió la discusión sobre el proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. El relato del matutino cuenta lo siguiente: “Se reconoció que "debe existir una firme argumentación" por parte del gobierno para aclarar por qué se insiste en el ámbito parlamentario con estos temas (Ley de Caducidad y voto consular) cuando en realidad hubo, tanto en cuanto a la Ley de Caducidad como al voto epistolar, sendos pronunciamientos populares. En ese sentido, desde el gobierno se reconoció la "debilidad de argumentación" para defender las iniciativas”.A continuación van algunos elementos que tal vez ayuden a combatir su “debilidad de argumentación” para anular los efectos de la ley de impunidad. Los argumentos no están en orden de importancia y se pueden intercambiar sin problema:1) Porque no es una ley. ¿por qué habríamos de aceptar como si fuera ley, un texto que comienza violando groseramente la Constitución de la República con el único objetivo declarado de evitar la condena de los peores criminales que haya conocido nuestro país? ¿simplemente porque cumplió con los requisitos formales del pasaje por ambas Cámaras y la promulgación del Ejecutivo? Ese criterio podría hacer que una receta de cocina o una partitura musical se transformara en ley.2) Porque es necesario asegurarle a las nuevas generaciones que no van a sufrir más el terrorismo de Estado, y la mejor forma de hacerlo es terminar con la cultura de impunidad implantada en los gobiernos blanquicolorados anteriores. Solo eliminando los obstáculos para el juzgamiento de los crímenes ocurridos durante la dictadura estaremos garantizando que no vuelva a ocurrir.3) Porque la “ley” ya nació nula, al contener vicios de consentimiento, al ser votada bajo amenaza de ruptura institucional. Por no contener uno de los elementales principios generales del derecho como lo es el de justicia.4) Porque ha sido considerada inconstitucional por los tres poderes del Estado, el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo.5) Porque su eliminación le está siendo reclamada a nuestro país por los organismos internacionales de derechos humanos desde hace varios años, y ninguno de los gobiernos hasta ahora ha dado un solo paso para hacerlo.6) Porque quienes reclaman el respeto por los pronunciamientos populares, deben recordar que es un compromiso asumido con la ciudadanía en el programa de gobierno del Frente Amplio: “La cultura de la impunidad que ha impregnado el accionar de los gobiernos luego de recuperada la democracia deberá quedar definitivamente atrás y en su lugar se forjará una cultura en el respeto a los derechos humanos para los cual es imprescindible cumplir con el mandato del Congreso anterior de adecuar “la legislación interna a los tratados internacionales ratificados por el país”, incluyendo la anulación de la Ley de caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, principal estamento de impunidad.” (Congreso Zelmar Michelini, Líneas de Perspectiva para el próximo quinquenio (2010/2014).7) Porque la “Ley” de Caducidad protege a un grupo de delincuentes a los cuales los uruguayos -independientemente de los partidos políticos- no le debemos nada. Antes bien, la deuda es de esos delincuentes con la sociedad, a la que aún le deben la verdad sobre lo sucedido. El seguir protegiendo a violadores de mujeres, ladrones de niños, torturadores y asesinos de la peor calaña nos continuará degradando como sociedad, ante el mundo pero, sobre todo, ante nosotros mismos.8) Porque no es cierto que en el último plebiscito la “ley” de impunidad haya sido nuevamente apoyada por la ciudadanía, ya que la opción del NO a la anulación no existía.9) Porque aunque la ciudadanía se hubiese expresado a favor de la ley (que no es el caso) de todas formas el Parlamento tiene la obligación de anularla y la potestad para hacerlo.10) Porque los derechos humanos no pueden plebiscitarse, existen y punto. Nadie puede someter a plebiscito los derechos humanos de los demás; el derecho a la vida, a la verdad, a la justicia, deben respetarse más allá de cualquier plebiscito.11) Porque no hay leyes inmutables, y el hecho de que haya sido ratificada en Plebiscito hace más de veinte años no la hace eterna.12) Porque en ninguna parte de nuestra legislación se dice que la expresión del cuerpo electoral tiene más valor que la del Parlamento. Nuestra Constitución dice que “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes”, (art.4º), y más adelante dice que “Su soberanía será ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos que establece esta Constitución” (art.82). Las dos formas son válidas como expresión de la soberanía de la Nación, y ninguna vale más que la otra. Al anular la ley también se está ejerciendo la soberanía de la Nación indirectamente a través del Parlamento.13) Porque de cualquier manera, no se está desconociendo la voluntad popular, dado que en 1989 se plebiscitó la derogación de la “ley”, en 2009 se plebiscitó su anulación, y ahora se trata de una interpretación.14) Porque lejos de la cháchara reaccionaria de los cómplices de la dictadura, que vienen sosteniendo desde hace más de veinte años que el tema está cerrado, el plebiscito demostró que hay memoria, y si hay memoria, más temprano que tarde habrá justicia y habrá anulación de la ley de impunidad. Y aquellos que no asuman la responsabilidad que les cabe teniendo las mayorías y las razones para hacerlo ahora, pasarán a la historia como ejemplos de pusilanimidad política (por decirlo en una forma políticamente correcta). En palabras de “Perico” Pérez Aguirre, “Triste es tener que conservar para siempre en la memoria colectiva el hecho fatal de que por la impunidad impuesta nos hemos convertido en un pueblo pusilánime, doblegado por abyectas amenazas de algunos delincuentes que obligan a olvidar y a dejar impunes sus crímenes”.15) Porque terminar con la impunidad tiene que ver con el futuro, más que con el pasado. Porque está en juego el futuro como sociedad, en la medida que la actitud que tomemos ante estos temas estará formando éticamente a los jóvenes de nuestro tiempo. La lucha contra la impunidad logró incorporar a miles y miles de jóvenes, que encontraron allí una causa justa y de honda significación moral y ética por la cual entregar lo mejor de sí. Sin los jóvenes ni siquiera sería pensable la idea de Revolución o de Utopía.16) Por razones estrictamente éticas y morales. Queremos terminar con la impunidad porque es moral y éticamente inaceptable. Porque no queremos vivir en un país que juzga sin ningún problema al que roba para darle de comer a sus hijos, pero tiene una “ley” que prohíbe juzgar a quienes asesinaron, secuestraron, violaron e hicieron desaparecer personas, utilizando para ello el poder del Estado (terrorismo de Estado). Porque queremos vivir en un país en el cual, la Justicia sea un elemento esencial e innegociable frente a los crímenes de lesa humanidad. en
Hemos leído con atención un reciente artículo del compañero Enrique Pintado, sobre la profunda reflexión que se inició en el Frente Amplio, y nos parece interesante hacer algunos comentarios al respecto.“Es necesario propiciar el surgimiento de una nueva utopía que ilusione, convoque y nos aleje de esa tentación autodestructiva, que es el ejercicio del poder por el poder mismo”, dice Pintado. Coincidimos plenamente con la segunda parte de la frase; el ejercicio del poder por el poder mismo es una tentación que no solo destruye a quien lo practica, sino que por añadidura tira por la borda el proyecto colectivo. Porque esta fuerza política denominada Frente Amplio no nació simplemente para acceder al gobierno y desde allí administrar el país mejor de lo que lo hacían los partidos tradicionales, sino (como surge de las Bases Programáticas aprobadas en el 71): “Los objetivos de dichas bases tienen como sentido poner al pueblo uruguayo en las mejores condiciones para alcanzar la plenitud de su realización humana, levantando su nivel de vida y su formación cultural, obteniendo una completa participación en la sociedad uruguaya y en su gobierno”.DE UTOPÍAS Y REALIDADESOtra cosa es la primera parte de la frase, en cuanto a la necesidad de propiciar el surgimiento de una nueva utopía que ilusione y convoque. Es que la continuidad de una realidad social de desigualdades colectivas, basadas en estructuras de dominación política y económica, nos hacen dudar de que las viejas utopías de la izquierda puedan dejarse de lado así como así. Como dice Frei Betto: “El capitalismo, que está en vigor hace ya 200 años, ha fracasado para la mayoría de la población mundial. Hoy somos 6 mil millones de habitantes. Según el Banco Mundial, 2.800 millones sobreviven con menos de 2 dólares por día, y 1.200 millones con menos de un dólar por día. La globalización de la miseria no es mayor gracias al socialismo chino, que, a pesar de sus errores, asegura alimentación, salud y educación a 1.200 millones de personas”. De manera que no vemos la necesidad de una nueva utopía cuando el mundo continúa igual o peor que hace un par de siglos. Salvo que se crea que la lucha por la emancipación social ya no ilusiona ni convoca; que la militancia por una América Latina Unida y solidaria ya no ilusiona ni convoca; que la idea de justicia social es ya una reivindicación perimida y que no convoca ni ilusiona a nadie; que hacer una opción por los pobres y oprimidos es algo demodé y que no convoca ni ilusiona a absolutamente nadie. Y una anotación al margen: Una cosa es una nueva utopía y muy otra es el cinismo nihilista del cambio de banderas.Y como la utopía nada tiene que ver con el discurso político que responde simplemente a la lógica electoral, sino que implica una propuesta de cambio radical, que imagina el futuro, que propone una mejor vida y mayor felicidad a la comunidad en su conjunto, implica también una transformación de las cabezas, un cambio cultural. Eso es lo que proponía el FA cuando fue fundado, y no hay razones para no seguir creyendo y peleando por ese futuro. El propio Pintado lo dice más adelante: “…promover un cambio cultural, político y social a largo plazo”.UNIDAD EN LA DIVERSIDADCreemos firmemente en la unidad en la diversidad, cimiento del Frente Amplio, y creemos que ella es producto de un trabajo permanente, constante y trabajoso, en el que hay que poner todos los días el esfuerzo de todos.Pintado dice que “La unidad en la diversidad…colide con la existencia de un pensamiento único en la izquierda uruguaya. Aún así, tampoco es cierto que en el Frente coexistan tantas diferencias ideológicas como sectores políticos que lo integran. Respetando la identidad e historia de cada uno, pensamos que debería promoverse la existencia de agrupamientos representativas de esos matices”.Pero la propuesta de Pintado nos suena a la conformación de “bloques”, cuestión con la que no estamos de acuerdo. Nos parecen bien las alianzas surgidas en base a una coherencia política e ideológica, pero no nos gustan las polarizaciones internas ni los escenarios artificiales de competencia interna. La única polarización válida y real debería ser entre nuestro proyecto de izquierda, democrático, nacional y popular, y el proyecto conservador de la derecha neoliberal.La existencia de una menor cantidad de grupos en el Frente Amplio (cuestión que muchos señalan como negativa) puede ser algo deseable, pero difícilmente pueda ser inducido como en algún momento sucedió con el deporte en nuestro país. No se trata de equipos de fútbol sino de agrupamientos políticos.ACUMULACION DE FUERZASCompartimos la preocupación de Pintado en cuanto a la necesidad de prestar atención a la estrategia de acumulación de fuerzas. El compañero propone: “Dinamizar la estrategia de acumulación de fuerzas a nivel nacional coordinando esfuerzos con todos los actores y clases sociales”. En principio estamos de acuerdo, en el sentido de que compartimos la estrategia de una amplia alianza de sectores de la burguesía nacional, capas medias, trabajadores rurales y urbanos, campesinos, para llevar adelante los cambios. El problema se presenta cuando después de años de acumulación llegamos al gobierno y desde allí no cumplimos con las expectativas de esos amplios sectores a los que convocamos. Porque de esa forma, en lugar de acumular, desacumulamos, y luego tenemos a FUCVAM oponiéndose a los planes de vivienda, o al PIT-CNT realizando un paro general reclamando la redistribución prometida de la riqueza. Difícilmente pueda favorecer a la acumulación a nivel social cuando desde filas frenteamplistas se proclama orgullosamente que se va a concurrir a trabajar el día del paro general, o cuando el mismo día del paro algunos ministros y legisladores frenteamplistas concurren orgullosos a una gala de ballet.Pintado manifiesta que hay que “escuchar a la ciudadanía y repensar formas y estilos de relacionamiento con la sociedad. Coordinando esfuerzos para llegar especialmente a los jóvenes, trabajadores, capas medias…”. Y estamos de acuerdo, aunque tal vez no haya que repensar, sino volver a las formas de relacionamiento que teníamos antes de ser gobierno. Pero, de todas formas, no parece una buena forma de acercarse a esos sectores llegando a la gala del SODRE en medio de un paro general. Tampoco parece una buena forma prometer rebajas de impuestos a los productores rurales (sectores que han resultado los más enriquecidos en los últimos años) y relativizar la idea de aumentar el monto mínimo no imponible del IRPF (que afecta fundamentalmente a las capas medias).Y ni que hablar del acercamiento a los jóvenes. Todos somos contestes en destacar que a los jóvenes puede no vérseles en un montón de circunstancias, pero que las marchas de los 20 de Mayo por verdad y justicia tienen una característica distintiva: la presencia de una enorme cantidad de jóvenes. También existe una gran coincidencia en cuanto a como afectó a los jóvenes el fracaso en el plebiscito por la anulación de la ley de impunidad. Y en este sentido, no parece ser una buena forma de relacionamiento ni un “especial esfuerzo” por llegar a los jóvenes la actitud vacilante que ha tenido nuestro Frente Amplio en este tema. La ley debió ser anulada en nuestro primer gobierno, y como muchos dentro del FA no estaban dispuestos a hacerlo, las organizaciones sociales tuvieron que salir a recolectar las firmas para que hubiera plebiscito. Tuvieron que pasar dos Congresos y tuvieron que estar las firmas prácticamente juntadas para que el FA se decidiera a un tibio apoyo. A pesar de ello, no todos se jugaron por el SI en octubre, y ahora algunos defeccionan a la hora de votar contra la ley de impunidad en el Parlamento. Esta seguramente no es una buena forma de acercarse a la vieja base social y política del FA, pero ni que hablar que es una buena forma de repeler a los jóvenes, porque como dice un sociólogo argentino: “Los jóvenes siempre han sido las aguas más claras en los ríos puros-impuros de la condición humana” en
El traspié electoral del FA tiene su costado positivo; tenemos que rescatar que la discusión política se viene dando a varios niveles, y que como buen resultado de este ejercicio intelectual, los boletines, páginas Web, redes, periódicos y otros medios de comunicación de la izquierda, se han transformado en foros de interesantes análisis con respecto a lo que fue nuestro primer gobierno, su relación con la fuerza política y social que es su sustento, etc. Lo que nos ubica ante el hecho positivo de que se va recomponiendo, en el terreno de la izquierda, la capacidad de teorizar y con ello recuperar para las fuerzas del cambio lo que nunca debió perderse: el pensamiento crítico y autocrítico. No importa cuan certeros, coherentes y lógicos sean estos análisis –ello dependerá entre otras cosas de qué método se utilice como herramienta de estudio y de cuan conectado esté cada uno con la realidad- lo importante es que haya discusión e intercambio fraterno, porque de esa discusión surgirá la síntesis que nos conduzca por el mejor camino.Analizando los procesos de cambios multiformes en América Latina, las tesis de nuestro Partido señalan que “La característica común, es que estos nuevos procesos no cuentan con el factor subjetivo suficientemente desarrollado como para asegurar los cambios y su profundización. Sobre esta debilidad opera el imperialismo buscando cooptar o cortar los procesos en curso”.Conocer el grado de desarrollo del “factor subjetivo” -que no es otra cosa que conocer el estado de nuestra propia condición, de nuestra capacidad real para constituirnos en una fuerza capaz de disputarle el poder a la clase dominante- es lo que nos permite dilucidar teóricamente en que estado nos encontramos y lo que podemos llegar a ser bajo determinadas condiciones objetivas, en una perspectiva de largo alcance. Es lo que nos permite de alguna manera darle una perspectiva a la lucha y un objetivo a la conquista del poder. Porque una cosa es clara, hasta que el capitalismo no sea derrocado por la clase obrera, éste siempre encontrará salida incluso a la crisis más profunda. El destino de la sociedad no se decide mecánicamente por el juego de las fuerzas económicas, sino por la lucha de clases, en la cual, la organización, la conciencia y la dirección juegan un papel decisivo.LO SUBJETIVO SE DESARROLLAEn la dialéctica de la revolución, que consiste en la relación que se establece entre las condiciones objetivas y las subjetivas, es absolutamente indispensable promover el desarrollo de estas últimas, rompiendo la “normalidad” de las conductas que se desarrollan en la sociedad, que generalmente se siente cómoda en medio de la más inmovilizante alienación (“tinellización”), y que le teme a su propia liberación. No es suficiente con que las condiciones objetivas favorezcan la posibilidad (e indiquen la necesidad) de una verdadera revolución social. Sin factor subjetivo, sin hombre, sin mujer, sin el ser humano consciente, no hay cambios profundos. Y para ello es necesario desarrollar la discusión, y fundamentalmente, cuando se está en el gobierno, la crítica y la autocrítica. Porque de otra manera, lo que generamos son meros espectadores, cuando lo que necesitamos es una ciudadanía activa y consciente, que no solo considere necesarios los cambios sino que se comprometa con ellos y que participe en la concreción de los mismos.No se trata de practicar una autoflagelación pública ni de un acto de contrición. En el caso uruguayo se trata de ver con espíritu crítico los pasos de la mayor y más importante organización política del país, y que nada menos se encuentra ejerciendo el gobierno por segunda vez en la historia.EL EJEMPLO DE FIDELEs bien interesante leer lo que dice Fidel sobre la crítica y la autocrítica a Ignacio Ramonet en la entrevista que éste le hiciera en el 2006 y que fuera publicada bajo el nombre de “Fidel Castro – Biografía a dos voces”. Allí el líder cubano se opone a la idea de que la crítica pública pueda ser utilizada por el enemigo. Nos dice Fidel: "Nosotros confiábamos en la crítica y en la autocrítica, sí. Pero eso casi se ha fosilizado. Ese método, tal como se estaba utilizando, ya prácticamente no servía. Porque las críticas suelen ser en el seno de un grupito; nunca se acude a la crítica más amplia, la crítica en un teatro por ejemplo, con cientos o miles de personas. Hay que ir a la crítica y a la autocrítica en el aula, en núcleo y después fuera del núcleo, en el municipio, y en el país. No tengo miedo de asumir las responsabilidades que haya que asumir. No podemos andar con blandenguería. Que me ataquen, que me critiquen. Sí, muchos deben estar un poco doliditos... Debemos atrevernos, debemos tener el valor de decir las verdades. No importa lo que digan los bandidos de afuera y los cables que vengan mañana o pasado comentando con ironía... Los que ríen último, ríen mejor.Y esto no es hablar mal de la Revolución. Esto es hablar muy bien de la Revolución, porque estamos hablando de una revolución que puede abordar estos problemas y puede agarrar al torito por los cuernos, mejor que un torero de Madrid. Nosotros debemos tener el valor de reconocer nuestros propios errores precisamente por eso, porque únicamente así se alcanza el objetivo que se pretende alcanzar”.EL EJEMPLO DEL CHESilvio Rodríguez ha dicho: “Del Che siempre me agradó la intransigencia con el acomodamiento y con el oportunismo. Para mí su legado esencial, como Homo sapiens, es su sentido autocrítico”. En el 43 aniversario de su asesinato, es bueno recordar su palabra.En “el socialismo y el hombre en Cuba”, el Che se refiere en un pasaje a la relación entre el gobierno y el pueblo: “…la masa realiza con entusiasmo y disciplina sin iguales las tareas que el gobierno fija, ya sean de índole económica, cultural, de defensa, deportiva, etc. La iniciativa parte en general de Fidel o del alto mando de la Revolución y es explicada al pueblo que la toma como suya. Sin embargo, el Estado se equivoca a veces. Cuando una de esas equivocaciones se produce, se nota una disminución del entusiasmo colectivo por efectos de una disminución cuantitativa de cada uno de los elementos que la forman, y el trabajo se paraliza hasta quedar reducido a magnitudes insignificantes; es el instante de rectificar”. Es decir, el Che nos habla de la relación permanente que debe existir entre gobierno y pueblo, esa ida y vuelta que permite percibir constantemente si vamos en el rumbo correcto, y corregir lo que sea necesario corregir.Y también es autocrítico con la forma en que el gobierno revolucionario intenta resolver esas contradicciones entre lo que resuelve y lo que el pueblo percibe o piensa: “Es evidente que el mecanismo no basta para asegurar una sucesión de medidas sensatas y que falta una conexión más estructurada con la masa. Debemos mejorarla durante el curso de los próximos años pero, en el caso de las iniciativas surgidas en los estratos superiores del Gobierno utilizamos por ahora el método casi intuitivo de auscultar las reacciones generales frente a los problemas planteados”. Y en otro artículo (Lo que aprendimos y lo que enseñamos), anterior al triunfo de la revolución, explica que esa relación entre dirigentes y masa no es una actitud demagógica sino una necesidad. “No significa esto el uso de tácticas demagógicas como expresión de habilidad política; no investigamos el sentimiento de las masas como una simple curiosidad científica, respondemos a su llamado, porque nosotros, vanguardia combativa de los obreros y campesinos que derraman su sangre en las sierras y llanos de Cuba, no somos elementos aislados de la masa popular, somos parte misma del pueblo. Nuestra función directiva no nos aísla, nos obliga”.Y en su discurso al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Central de las Villas decía: “…hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino; hay que bajar al pueblo, hay que vibrar con el pueblo”. en

References: artículo 331
 Artículo 4
 resolución 
 artículo 72
 artículo 82
 artículo 82
 resolución 
 artículo 27
 artículo 2