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Timestamp: 2019-09-20 02:07:06+00:00

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Centro de Estudios Tributarios - Ley 20.241, establece incentivo tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo
Esta undécima edición del Reporte Tributario, Nº11 Diciembre/2010, desea contribuir al conocimiento impositivo, a través del análisis tributario-económico de la Ley 20.241 de 19.01.2008, la cual establece un incentivo tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo, lo que a su vez se interpreta e instruye mediante Circular N° 61 del 17.10.2008 del Servicio de Impuestos Internos.
En un contexto en el que durante los últimos 10 años se había experimentado una caída en el crecimiento económico del país, donde en el análisis de las posibles causas surge como respuesta bajos índices de inversión en investigación y desarrollo, que en promedio durante los años 2002 al 2004 alcanzó 0,68% del PIB lo que incluso cae durante el año 2008 al 0,4%, cifra que se aleja considerablemente del promedio en inversión de investigación y desarrollo experimentado por los países pertenecientes a la OCDE, 2,3%, y donde el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad ha estimado que la estrategia de innovación juega un rol fundamental para mejorar los magros índices de productividad de la economía chilena, resulta interesante desde una perspectiva tributaria, analizar el impulso económico que pudiera representar la citada incorporación legal del año 2008.
En Chile, hasta el año 2008, la única referencia tributaria existente sobre la materia decía relación con la aceptación como gasto empresarial de los desembolsos por el concepto referido, consagrado en la Ley sobre Impuesto a la Renta, artículo 31 Nº11, investigación científica y tecnológica, lo que evidentemente representaba un débil estímulo tributario-económico al crecimiento de tan importante concepto para el país. De esta forma, la Ley 20.241 de 19.01.2008, potencialmente pudiera representar un gran impulso para la inversión en Investigación y Desarrollo (I&D), ya que como se analizará a través del presente reporte, incorpora un estímulo económico, crédito contra el Impuesto de Primera Categoría del 35%, del dinero pagado en el año calendario por contratos de investigación y desarrollo certificados por CORFO, incluso cuando dichas actividades no se relacionen directamente con el giro del negocio. A todas luces el cambio legal representa una mejora en nuestro sistema tributario, no obstante mediante el presente reporte se analizan ciertos elementos que pudieran representar distorsiones a lo que realmente el legislador buscó con la citada iniciativa. Dentro de los elementos mencionados, se comentarán entre otros, la definición del concepto de Investigación y Desarrollo, quiénes acceden al beneficio, topes establecidos, certificación de CORFO, ciertas exclusiones y restricciones a la ley original.
En Chile, los datos muestran que el crecimiento económico se redujo desde una cifra algo superior al 7% en el periodo 1986-1997, a la mitad entre los años 1998-2008. Al analizar las posibles causas de esta reducción, se muestra que mientras la acumulación de capital se mantuvo estable en ambos periodos y el aporte de la acumulación del factor trabajo sólo cayó en un punto, la productividad total de factores (PTF) cayó desde un 2,05% (1986-1997) a un -0,35% (1998-2008). Las cifras demuestran también que los países que han hecho una exitosa transición al desarrollo tienen niveles de productividad superiores a lo mostrado por Chile, explicando de esta forma en más de un 50% el crecimiento económico de esos países. En este contexto de deterioro de la PTF, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad ha estimado que la estrategia de innovación juega un rol fundamental1 para mejorar los magros índices de productividad de la economía chilena.
En nuestro país, la inversión en Investigación y Desarrollo es baja en relación al PIB, tal como lo demuestra el siguiente cuandro:
Del cuadro se desprende que nuestro país presenta un escaso esfuerzo de gasto, en comparación al producto interno bruto (PIB), por concepto de investigación y desarrollo. En el año 2008 se gastaron en Chile sólo USD 674 millones, esto es un 0,4% del PIB, mientras que en promedio, los países de la OCDE gastan un 2,3% del PIB3 .
En Chile, el 43,7% del gasto en investigación y desarrollo del 2008 lo financiaron las empresas del sector privado, con énfasis en la ingeniería y tecnología. Cabe destacar que un 54,9% del gasto en investigación y desarrollo se ejecuta en la Región Metropolitana4 .
1 Cifras extraídas de Bitrán Colodro, Eduardo y González Urrutia, Cristián. ‘Productividad Total de Factores, Crecimiento e Innovación. Documento de Referencia’ [en línea]: 2010. [fecha de consulta 12 de octubre del 2010]. Disponible en <http://biblioteca.cnic.cl/content/view/1021165/Productividad-Total-de-Factores-Crecimiento-e-Innovacion.html#content-top>
2 Fuente: Kawax, Observatorio Chileno de Ciencia y Tecnología, CONICYT. OCDE (Organización para la cooperación y el desarrollo económico), ‘Main science and technology indicators’. Ricyt (Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología). Citado por CONICYT. ‘Gasto en I+D como proporción del PIB en Chile y en otras Economías Seleccionadas. Años 2002-2004’. [en línea] [fecha de consulta 3 de noviembre del 2010]. Disponible en: <http://www.conicyt.cl/573/article-3962.html>
3 Ministerio de Economía: ‘Resultado de las Encuestas de Innovación e I+D 200-2008’. Agosto del 2010. [en línea] Actualización 17 de agosto del 2010 [fecha de consulta 11 noviembre 2010]. Disponible en: <http://www.economia.cl/1540/articles-194077_recurso_1.pdf>
Innovar implica riesgos, meses y años de estudios y pruebas, las cuales pueden resultar costosas, pueden terminar no reportando beneficio alguno o quizás, menor beneficio del que se suponía. La posibilidad de éxito es, especialmente en las primeras etapas, sólo eso: una posibilidad. Por ello, la mayor parte de los países en los cuales se ha tomado la decisión de apostar a la innovación, el peso de este riesgo es distribuido entre los privados, el Estado y otras organizaciones dedicadas a la investigación, de modo tal que este proceso no sea tan costoso para las empresas.
Es en este punto en el cual surgen las políticas estatales que incentivan la innovación y dentro de ellas, los incentivos tributarios ocupan un lugar privilegiado. Cabe reconocer, en todo caso, que una política de estímulo a la innovación no se agota en el diseño e implementación de incentivos tributarios. Difundir las mejores prácticas y tecnologías en las empresas; generar mecanismos de subsidio; desarrollar un ecosistema de innovación empresarial; fortalecer el vínculo ciencia-empresa; fortalecer las capacidades innovativas al interior de la empresa; fortalecer la formación, inserción y atracción de capital humano avanzado; son todas políticas que han sido recomendadas para incrementar los niveles de innovación en la economía chilena5.
Los incentivos tributarios implican la renuncia por parte del Estado a percibir una fuente de ingreso, a cambio de que los privados destinen parte de estos recursos a la actividad que el Estado promueve. Sus alcances y limitaciones son las generales que ha descrito la literatura sobre las políticas tributarias como incentivos6.
Como política, las principales limitaciones impuestas por los legisladores van dirigidas a evitar abusos, de modo tal que no accedan a estos beneficios más que aquellos contribuyentes que invierten recursos en aquellas actividades que efectivamente la autoridad percibe que corresponden a Innovación. Como veremos, en Chile, esta autoridad es por una parte, el legislador, que señaló cuáles actividades están excluidas del ámbito de la aplicación de la ley y el ejecutivo, a través de CORFO, institución que efectúa una labor de control previo del proyecto, “certificando” que las actividades corresponden a innovación.
Para comprender lo que significa como política, es necesario llamar la atención sobre dos particularidades:
La primera, es que si bien existe un creciente acuerdo en torno a la necesidad de que el riesgo de las actividades de innovación sean compartido entre los privados y el Estado, la discusión comienza al momento de determinar qué proporción debe asumir cada uno. En este punto, no existen recetas y cada país muestra una realidad diferente.
La segunda, es que los incentivos tributarios deberían ser tan dinámicos como el bien que intentan promover: la innovación. El hecho de establecer incentivos tributarios para I+D y el implementarlos no termina con el desafío para el Estado. Es sólo el comienzo de un proceso continuo que debe ser revisado periódicamente. Y es que la competencia de los países por atraer industrias con altos índices de tecnología es feroz. EE.UU, alguna vez presumió de los créditos tributarios para investigación y desarrollo más generosos entre los 30 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ahora, según la Information Technology & Innovation Foundation (ITIF), está en el puesto 17, ya que otras naciones han recortado los impuestos para incentivar la inversión en laboratorios y equipamiento7.
En nuestro país, un paso importante hacia la promoción de la innovación a través de los incentivos tributarios fue dado a través de la Ley 20.241 en vigor desde el año 2008 y hasta el 2017, que establece incentivos a la inversión privada en investigación y desarrollo, en busca de promoverla.
El incentivo, en base al cumplimiento de los requisitos exigidos en dicha Ley, permite a los contribuyentes de la primera categoría que declaren renta efectiva según contabilidad completa, imputar un crédito contra el impuesto de primera categoría de un 35% del dinero pagado en el ejercicio por contratos de investigación y desarrollo certificado por CORFO, incluso cuando dichas actividades no se relacionen directamente con el giro del negocio.
5 Una serie de recomendaciones para incrementar los niveles de innovación en la economía pueden encontrarse en Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad: ‘Agenda de Innovación y Competitividad 2010-2020’: Marzo 2010. [en línea] [fecha de consulta 12 octubre 2010] Disponible en <http://biblioteca.cnic.cl/content/view/751136/Agenda-Innovacion-y-Competitividad-2010-2020.html>
6 Una buena explicación sobre los beneficios y limitaciones de las políticas tributarias en el ámbito regulatorio los puede encontrar en Baldwin, Robert y Cave, Martin: ‘Understanding Regulation. Theory, Strategy and Practice’. Oxford, Reino Unido. Oxford University Press, 1999. 363 págs.
7 El diario financiero: ‘¿Dónde estás, Benjamín Franklin?’. El Diario Financiero/Businessweek [en línea]. 23 de diciembre del 2009. [fecha de consulta 26 de diciembre del 2010] Disponible en: http://www.df.cl/dfs/pageflip/pfediciones.html>
La Ley a nuestro juicio, define con claridad en su artículo 1º, lo que se entenderá por: Investigación; Desarrollo; Centros de Investigación; Contratos de Investigación y Desarrollo y Registro de Centros para la realización de actividades de investigación o desarrollo:
La Investigación es “la búsqueda metódica que tenga por objeto generar nuevos conocimientos en el ámbito científico o tecnológico, con la expectativa de que contribuyan a desarrollar, fortalecer o mejorar la capacidad competitiva de las personas que la encargan”.
El Desarrollo8 es “la aplicación de los resultados de la investigación o la adaptación de cualquier conocimiento científico o tecnológico, cuando se relacionen con oportunidades comerciales o productivas, con la expectativa de que contribuyan a desarrollar, fortalecer o mejorar la capacidad competitiva de las personas que la encargan” ya sea para la fabricación de nuevos materiales o para una mejora sustantiva de los ya existentes.
Los Centros de Investigación (CI) son “las entidades que formen parte integrante o dependan de una universidad, o las entidades que formen parte de personas jurídicas constituidas en Chile; cuya actividad principal consista en la realización de labores de investigación o desarrollo”. El Reglamento de Registro de estos CI, dictará los criterios para establecer cuando las labores de investigación o desarrollo constituyen la actividad principal del centro.
El Contrato de Investigación y Desarrollo “es el contrato de prestación de servicios suscrito entre un contribuyente de aquellos a que se refiere el artículo 5º de esta ley y el representante legal de un centro de investigación registrado, o de la persona jurídica patrocinante, según corresponda, en adelante “Representante”, que tenga por objeto la realización o ejecución, por parte del centro de investigación, de actividades de investigación o desarrollo o ambas”.
El Registro de Centros para la realización de Actividades de Investigación y Desarrollo “es el registro público administrado por la Corporación de Fomento de la Producción que contiene la nómina de los centros de investigación que se encuentran habilitados para celebrar contratos de investigación y desarrollo que conceden los beneficios tributarios establecidos en esta ley.”
El Reglamento de Registro, dictará los criterios para establecer la forma en que la CORFO deberá llevarlo, así como su contenido.
¿Quiénes acceden al beneficio?:
Ahora bien, la Ley establece quienes tienen derecho a este crédito tributario y quienes no pueden acogerse al beneficio:
En su artículo 5º, la ley define que podrán acceder al beneficio, los contribuyentes de primera categoría que declaren renta efectiva determinada mediante contabilidad completa, ya sea según el artículo 14 bis o 20 de la Ley de la Renta. De este modo, quedan excluidos los contribuyentes que declaren renta efectiva mediante contabilidad simplificada, los de renta presunta, los de Segunda Categoría, los afectos al impuesto Global Complementario o Adicional y, los contribuyentes acogidos al régimen simplificado del artículo 14 ter de la Ley de la Renta.
Por su parte, el artículo 4º establece que no tienen derecho al beneficio los contribuyentes relacionados con el CI registrado con el cual se ha suscrito el contrato de investigación y desarrollo9, se entenderá relación en los términos señalados en el artículo 100 de la ley 18.045.
8 La ley define también lo que “no” se entiende por actividades de investigación o desarrollo, mencionando 7 casos:
(i) pruebas y evaluaciones, una vez que un prototipo se transforma en un material, producto o proceso comercializable, que tengan como fin inmediato su inserción en el mercado;
(ii) las mejoras, adaptaciones y análisis de carácter rutinario, repetitivo o menor aplicadas en materiales, productos, servicios o procesos, aunque en ellos se utilice tecnología;
(iii) modificaciones estéticas o menores de aplicaciones ya existentes para diferenciarlas de otras;
(iv) los cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o procesos;
(v) la promoción de aquello que sea resultado de investigación o desarrollo;
(vi) la adquisición de propiedad intelectual o industrial cuando ésta se incluya en el objeto principal de las labores de investigación o desarrollo, y
(vii) la constitución de propiedad intelectual o industrial que pudiere resultar de labores de investigación o desarrollo.
9 El artículo 100 de la ley 18.045 indica que son relacionadas con una sociedad las siguientes personas:
b. Las personas jurídicas que tengan, respecto de la sociedad, la calidad de matriz, coligante, filial o coligada, de acuerdo a las definiciones de la ley 18.046;
El artículo 2º de la Ley, establece que la CORFO es la encargada de registrar a los CI que así lo soliciten. Esto se lleva a cabo mediante una solicitud en la cual se acompañan todos los antecedentes exigidos en el Reglamento, los cuales deben ser verificados por la CORFO. Luego, la solicitud de registro de los centros podrá ser acogida o no, mediante resolución fundada.
Para estar inscrito en el Registro, los CI deben cumplir copulativamente los siguientes requisitos:
(i) Contar en el país, con organización y medios, tanto personales como materiales, suficientes para realizar actividades de investigación y desarrollo.
(ii) Estar ejerciendo actividades de investigación básica, aplicada o de desarrollo tecnológico, durante, al menos, los 24 meses anteriores a la solicitud de inscripción en el Registro.
(iii) Poseer sistemas de administración financiero-contable adecuados para realizar seguimientos a contratos de investigación y desarrollo sujetos a las disposiciones de esta ley.
(iv) Presentar una declaración jurada, firmada por el representante, en la que éste declare que los antecedentes entregados a CORFO para efectos de obtener la inscripción en el Registro, sean auténticos, fidedignos, veraces y que están plenamente vigentes a la fecha de su presentación.
La solicitud de registro es resuelta por un órgano colegiado de la CORFO10, compuesto por 5 miembros: (2) de la CORFO, designados por el vicepresidente ejecutivo; (2) por el presidente de CONICYT y (1) por el Ministro de Economía. El quórum mínimo de aprobación es de 3 votos, y en caso de empate, decide el miembro que presida dicho órgano.
En el mes de Mayo de cada año, el representante del CI registrado, debe informar a la CORFO respecto a cualquier modificación de antecedentes que les permitió registrarse11, acompañando toda la información para su respectiva evaluación. Adicionalmente, debe presentar una declaración jurada, en base al punto (iv) anterior, existan o no modificaciones en los términos antes señalados.
La CORFO estará autorizada para cobrar un arancel, con el fin de financiar parte de los costos del procedimiento establecido para la inscripción; dicho arancel no podrá exceder del 50% de los costos totales del procedimiento por cada CI. El monto del arancel, su reajustabilidad y condiciones de pago y normas pertinentes, serán determinados por el Reglamento.
La CORFO procederá a la certificación, mediante resolución fundada, de los contratos de investigación y desarrollo12, por montos superiores a 100 UTM cada uno, que se suscriban entre los contribuyentes del artículo 5º que deseen acogerse al beneficio de la ley y los CI registrados. Para estos efectos, CORFO podrá organizar e implementar procesos de evaluación de los contratos, incluso recurriendo a asesorías de expertos, cuando sea necesario.
Para fines de esta certificación, la CORFO podrá solicitar una declaración jurada al representante del CI, en donde deberá informar si el centro ha experimentado o no modificaciones del artículo 2º, y en caso de haber existido, deberá informarlas según el inciso séptimo del artículo 2º; que el centro de investigación y las personas con que se celebra el contrato no están relacionadas según el artículo 4º y que el contrato no se celebra por encargo o interés alguno entre ambas partes13.
10 En el Reglamento del Registro de Centros para la Realización de Actividades de Investigación o Desarrollo, se encuentran las modalidades y requisitos del funcionamiento del órgano colegiado.
11 Así como también, de antecedentes que permitan mantener vigente la inscripción y que, hayan ocurrido dentro de los doce meses anteriores, que no hayan sido previamente informados.
12 Se verifica que los contratos tengan como objetivo la investigación y el desarrollo, sin importar la pertinencia o el valor de la iniciativa. No obstante ello, se verifica que los precios reflejen los costos en que se incurrirán, y que los precios sean a valores de mercado.
13 El art. 4º de la Ley 20.241 indica que no procede el beneficio a los contribuyentes relacionados según el art. 100 de la Ley Nº 18.045 con el centro de investigación registrado con el cual se celebró el contrato.

References: artículo 31
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 100
 artículo 100
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4