Source: https://uatae.org/prestacion-por-cese-actividad/
Timestamp: 2019-09-20 08:44:28+00:00

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La prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos -
Eduardo Enrique Taléns Visconti. Becario de Investigación “Atracció de Talent”. Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de Valencia
1. Requisitos para poder acceder a la prestación. 1.1. Estar afiliado. 1.2. Periodo mínimo de cotización.
1.3. Encontrarse en situación legal de cese de actividad. 1.4. No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación. 1.5. Hallarse al corriente del pago de las cotizaciones. 1.6. Cumplimiento de las obligaciones y garantías derivadas de la legislación laboral, en caso de poseer trabajadores. 2. La situación legal de cese de actividad. 2.1. Por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos. 2.2. Por fuerza mayor y por pérdida de la licencia administrativa. 2.3. Por violencia de género y divorcio o separación matrimonial. 2.4. La situación legal de los Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes (TRADES).
El primer requisito exigido por la norma es bastante común y de sobra conocido, puesto que se contempla para cualquier prestación de tipo contributivo relacionada con el Sistema de la Seguridad Social, y por ello no se le dedicará excesiva atención. Consiste en que el autónomo se encuentre afiliado y en alta en el RETA, o en su caso, en el RETM1. En relación con este requisito, el RD 1541/2011, de 31 de octubre que desarrolla esta prestación apunta que la situación de alta y afiliación debe acontecer en la fecha en que se produzca el cese de actividad [art.2.1 a) RLCA]. Por lo tanto, en el momento del hecho causante el beneficiario debe estar afiliado y dado de alta en el RETA. Por lo tanto, a simple vista, este requisito no parece aportar ninguna novedad respecto al resto de prestaciones de nuestro sistema de Seguridad Social.
Ahora bien, si se profundiza un poco más sobre los artículos 4.1 a) LCA y 2.1 a) RLCA se puede apreciar una peculiaridad propia de la prestación por cese de actividad. Esta consiste en la necesidad de que los autónomos tengan cubiertas las contingencias profesionales para poder acceder a la prestación. Esta previsión no se contiene en el caso de la prestación por desempleo, ya que los trabajadores por cuenta ajena tienen la obligación de cotizar por contingencias profesionales. Pero en el RETA su cotización es potestativa, es decir, los autónomos no están obligados a cotizar por contingencias profesionales. Por lo tanto, si un trabajador autónomo no tiene protegida su incapacidad derivada de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales no va a tener derecho a prestación por cese de actividad. Por este motivo, en un primer momento se puede llegar a convenir que la cotización por cese de actividad es voluntaria por parte del trabajador autónomo (en contraposición a la situación contemplada para el caso de trabajadores asalariados). Ahora bien, si el autónomo ha optado por proteger sus contingencias profesionales va tener ineludiblemente que cotizar por cese de actividad. Esta situación significa que el legislador, como ha señalado FERNÁNDEZ ORRICO, ha optado por un sistema mixto2. Coincido con esta clasificación, puesto que, como se ha comentado, el legislador parece proyectar en un primer momento un sistema voluntario, en tanto en cuanto el autónomo puede elegir entre protegerse por futuras contingencias profesionales o no hacerlo. Pero en el caso de elegir esta opción tendría que ampliarla con el cese de actividad, o viceversa, que en caso de querer optar en un futuro a la prestación por cese de actividad tendría que darse de alta y cotizar por contingencias profesionales3, con lo que ambas contingencias actuarían de forma conjunta. Esta situación podría animar a que con el fin de eludir el pago a la cotización de esta nueva prestación aparezcan sujetos que prefieran darse de baja en la protección por contingencias profesionales. En el caso de los autónomos económicamente dependientes (TRADE), el panorama es bien distinto, puesto que éstos se encuentran compelidos a cotizar por contingencias profesionales, y con ello, la protección por cese de actividad les resulta igualmente obligatoria. Esto mismo también sucede en el caso de aquellos autónomos que ejerzan una actividad con alto riesgo de siniestralidad, quiénes quedan automáticamente protegidos por la contingencia de cese de actividad4.
Relacionada con esta cuestión encontramos la Disposición Transitoria Única de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, que otorgó un plazo adicional para que aquellos autónomos que en la fecha de entrada en vigor de la misma (6 de noviembre de 2010) no tuvieran cubierta la protección por contingencias profesionales pudieran llevarla a cabo en el plazo de tres meses. Posteriormente, el Gobierno, por medio de la Orden TIN/490/2011, de 9 de marzo amplió este plazo hasta el 31 de junio de 2011. En ambos casos con efectos desde el día primero del mes siguiente al que tuvo lugar la opción. Esta ampliación de plazo se realizó para facilitar el acceso de los autónomos a la prestación por cese de actividad, ya que, como se ha dicho, ésta va ligada a la de accidentes laborales y enfermedades profesionales. Esta actuación del Gobierno quizá viniera estimulada por el bajo ratio de autónomos que hubieran decidido darse de alta en la cotización por contingencias profesionales para tener derecho a la prestación por cese de actividad. Bien al contrario, no es de extrañar, que algunos autónomos en lugar de darse de alta en la protección de sus contingencias profesionales como vehículo para alcanzar la protección por cese de actividad, hayan optado por darse de baja en la primera para evitar cotizar por un futuro cese de actividad, que como se tendrá ocasión de ver a la largo de este estudio presenta unos duros requisitos de acceso5.
Se exige también como requisito para poder acceder a la prestación por cese de actividad, junto con la afiliación y el alta en el RETA, el cumplimiento con un periodo mínimo de cotización. El artículo 2.1 c) RLCA precisa que se computará dentro de este período mínimo de cotización el mes en que acontezca el hecho causante, es decir, el mes en el que se produzca el cese de actividad. Al respecto, el artículo 8 LCA instaura un periodo de carencia de doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación de cese de actividad, siendo asimismo este periodo el mínimo que tendría que acreditar el trabajador autónomo para poder optar a la prestación. Por lo tanto, este periodo de carencia lo es a los efectos de acceso a la prestación, con independencia de que si se superara se pueda tener derecho a una mayor duración en el disfrute de la prestación6. Como habrá percibido el lector, si tal y como se acaba de decir con anterioridad, la entrada en vigor de la Ley quedó fijada en el 6 de noviembre de 2010, no fue hasta pasado un año, es decir, hasta el 6 de noviembre de 2011, cuando en su caso, pudieron aparecer las primeras solicitudes por cese de actividad7. Esta situación se explica por el hecho de que esta prestación ha sido creada ex novo y en consecuencia está dotada de autonomía, por lo que necesitó de un periodo transitorio de acomodación financiera. En mi opinión, quizá hubiera sido deseable que aquellos autónomos que tuvieron cotizados varios años por contingencias profesionales hubieran tenido derecho a la prestación sin tener que esperarse un año entero. Mediante esta previsión se podría haber abarcado a aquellos autónomos que a causa de la crisis quebraron en su negocio a finales de 2010 y durante el 2011. Pero lo cierto es que esto no ha sido así, y el engarce entre la protección por cese de actividad y la protección por contingencias profesionales se ha dejado únicamente como un requisito de acceso, pero no se ha extendido (o tenido en cuenta) para lo referente a la financiación, manteniéndose en este último caso la independencia entre un concepto y otro. De este modo, en cuanto al régimen de financiación, la prestación por cese de actividad actúa con plena autonomía y el trabajador por cuenta propia deberá cotizar por un porcentaje revisable del 2,2% de su base reguladora.
Otro aspecto a destacar sobre el periodo de carencia exigido por la Ley de Cese de Actividad es la diferencia que mantiene respecto al contemplado para el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Se asemejan en el número de meses que se exigen tener cotizados. En este sentido, tanto en uno como en otro Régimen se requiere un periodo mínimo de cotización de 12 meses (vid. artículo 210.1 LGSS)8. Sin embargo, existe una importante diferencia respecto al concreto periodo dentro del cual se ha de cumplir este requisito de los 12 meses cotizados. Esta diferencia puede vislumbrarse en relación a dos conceptos distintos: a) para el caso de los autónomos, estos 12 meses cotizados deben ser inmediatamente anteriores al hecho causante, mientras que para los asalariados este periodo ha de reunirse dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo; b) además y puesto que para los autónomos coinciden estos periodos, consecuentemente estos 12 meses han de cotizarse de forma ininterrumpida, situación que contrasta en el caso de los asalariados, quiénes además pueden tener estos 360 días repartidos dentro de los seis años exigidos.
De las anteriores diferencias existiría, según BERCELÓN COBEDO, una carencia específica reforzada para el caso de la prestación por cese de actividad, que vendría marcada por el doble condicionante de la inmediatez y la continuidad9. La inmediatez supone que los doce meses deben coincidir precisamente dentro de los doce anteriores, y no se permite que se incardinen dentro de un periodo mayor. La continuidad supone que el periodo debe ser ininterrumpido, lo que a efectos prácticos llevaría al hecho criticable de que si un autónomo cesara en su actividad (sin tener cubierto este periodo de carencia) y, por ejemplo, en el lapso de un mes emprende un nuevo negocio no habiendo cotizado durante este íter, tenga que esperar nuevamente otros 12 meses. De forma más clara, no serviría a efectos de la prestación el hecho de que éste hubiera cotizado con anterioridad. Así, a título de ejemplo, si un sujeto que lleva cotizados 10 meses cesa en su actividad, armado de valor a los 2 meses decide retomar un nuevo negocio, y a los 8 meses se viera avocado de nuevo a cesar no tendría derecho a la prestación, por faltarle en ambos casos el requisito de la continuidad. El empresario estaría cotizando al sistema durante 18 meses y a la postre no terminaría por ser beneficiario de la prestación. No es de extrañar que se haya opinado que la exigencia del periodo de carencia resulta más gravosa en el caso de los trabajadores autónomos10.
El empleo de un periodo de cotización inmediato y continuo tendría una razón de ser en los primeros años de vida de la prestación. Como ya se ha comentado anteriormente, se ha diseñado para que sea sostenible autónomamente. Teniendo en cuenta esta naturaleza autónoma se podría explicar un periodo de carencia de un año de forma ininterrumpida, puesto que esta prestación partía de cero. Considerado como válido el periodo de carencia para momentos iniciales de la Ley11, pienso que la mejor opción para el futuro de esta prestación pasaría por asemejar esta cuestión a la regulada para la el caso de la prestación por desempleo, puesto que el periodo de carencia exigido de manera ininterrumpida resultaría bastante gravoso, y supondría un requisito bastante severo. En este sentido, no parece existir conducta fraudulenta en quien cesa en su negocio teniendo menos de un año cotizado y al poco consigue emprender otro, siendo que, las cosas no han ido mejor y posteriormente vuelve a encontrarse en una situación tal que debe volver a cesar en su actividad. Sería más apropiado considerar, para el futuro de la prestación, que los 12 meses de cotización por el concepto de cese actividad pudieran acreditarse dentro de los 6 años anteriores al hecho causante, como sucede en el caso de la prestación por desempleo, o bien, si se quiere, dentro de otro periodo de tiempo menor.
TCt = G/BC*10012
En concreto, en la prestación por cese de actividad, tal y como señala García Quiñones la situación legal de cese de actividad se reivindica como una cuestión nuclear, siendo ésta configuración mucho mayor que en el resto de prestaciones13. La explicación la podemos hallar en la dificultad que supone disciplinar la veracidad e involuntariedad del cese del trabajador autónomo o por cuenta propia. Este elemento es una de las principales causas del excesivo rigor de la norma. Debido a la extensión de este requisito su comentario será acometido en el siguiente epígrafe (Vid. Infra).
Una persona no puede estar disfrutando al mismo tiempo de una prestación por cese de actividad (o desempleo) junto con la pensión de jubilación. El propio ámbito objetivo de una y otra impide que puedan simultanearse. El cese de actividad previene sobre la situación parada de un empresario que se encuentra en edad de trabajar. Mientras que la jubilación cubriría de forma vitalicia a aquellas personas que han cumplido una cierta edad y unos requisitos que le permitirían dar por concluida su vida laboral. De la lectura del apartado d) del artículo 4.1 LCA se puede deducir que la prestación por cese de actividad es subsidiaria de la de jubilación, ya que cuando un autónomo cesa en su negocio tiene la edad y cumple con el resto de requisitos establecidos para le pensión de jubilación debe pasar a la figura de pensionista.14 Por lo tanto, la prestación por jubilación estaría dotada de supremacía, y pasaría a percibirse directamente, sin tener que pasarse previamente por la prestación de cese de actividad. Esta situación, como resulta lógico, también se contempla para los trabajadores por cuenta ajena [artículo 207 d) LGSS]. Obviamente, si en momento del cese el trabajador autónomo no reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, y siempre que cumpla los de la prestación por cese de actividad percibiría esta última15.
Estar al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social es un requisito básico de todo sistema contributivo. Concretamente en el RETA, y de forma genérica para todas sus prestaciones, esta obligación aparece en el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto. Del mismo modo, la Ley 32/2010 también recoge este requisito en su apartado d) del artículo 4. Así, por lo general el trabajador autónomo debe estar al corriente de sus cuotas con la Seguridad Social, situación que daría por colmado este requisito. No obstante, si esta situación no se da, la Ley prevé una posibilidad de pago tardío para aquellos solicitantes de la prestación que en el momento del hecho causante no tuvieran al corriente sus deudas. En este sentido, se libera un mecanismo de invitación al pago mediante el cual se le otorga al beneficiario un plazo improrrogable de 30 días para que abone la cuantía debida.16Esta invitación al pago no es una invención la prestación por cese de actividad, puesto que este mecanismo ya existía en el RETA, y como apunta Panizo Robles se dispuso con el fin de reducir la rigidez que supone el tener que estar al corriente de las obligaciones en el momento justo de producirse el hecho causante de cualquier prestación17. Los 30 días que se otorgan para ponerse al corriente del pago son naturales, es decir, contando los fines de semana y demás festivos. En caso de superarse este plazo la prestación se reducirá un 20%, mientras que si se abona dentro de este periodo ésta se reconocerá de forma íntegra. De este modo, el retraso en el abono de las obligaciones, siquiera un día más tarde va a suponer un perjuicio económico bastante notable, puesto que en lugar de percibirse el 70% de la base reguladora, se cobraría el 50%. Además, se le descontarán los días que medien entre la fecha en que debería haberse iniciado la prestación y la fecha en la que el trabajador autónomo se ha puesto al corriente (esta última es la resultante de retrotraer 3 meses a la fecha en que abonó sus obligaciones). La invitación al pago no suele coincidir con la fecha de la solicitud de la prestación, siendo que, este plazo de 30 días comenzará a contar desde el día en que se realice la invitación al pago, que como se acaba de comentar, generalmente será posterior a la de la presentación de la solicitud de prestación por cese de actividad.
Veamos este mecanismo con un ejemplo. Supongamos que se presenta la solicitud el día 15 de octubre de cualquier año y la invitación al pago se realiza cinco días después, es decir, el 20 de octubre. Por lo tanto, la fecha límite para ingresar las cantidades debidas será el 20 de noviembre. Si durante ese lapso de tiempo el autónomo ingresa la deuda se le concederá la prestación sin descontar ningún día, es decir, la recibirá por meses enteros, y sin minorarse por el 20%, percibiendo así el 70% de la base reguladora. Pongamos por caso que beneficiario se pone al corriente de sus deudas el día 30 de noviembre (rebasando el límite de 30 días). En este último supuesto se le reconocerá la prestación, pero minorada un 20% (percibirá un 50% de la base reguladora). Si se pone al corriente el día 5 de enero, además de la reducción de este 20%, se le descontarán 4 días de la prestación, ya que, si contamos 3 meses hacia atrás nos situamos en el día 5 de octubre, siendo que, la prestación se reconocería desde el 1 de octubre18.
Sobre este sistema de invitación al pago se podrían desprender dos posibles interpretaciones, una literal y otra restrictiva19. Siendo claro que la regla general es y debe ser hallarse al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, no lo es menos el hecho de que la Ley pretende habilitar una regla especial sobre su puesta al día. Esta regla especial aparecía reflejada en el propio artículo 4.1. e) LCA que en su redacción originaria presentaba el siguiente tenor: “no obstante, si en fecha del cese de actividad no se cumpliera con este requisito pero se tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización para tener derecho a la protección…” La interpretación restrictiva y literal llevaba a asimilar la dicción “tuviera cubierto el periodo mínimo de cotización” con el término “pagado”, es decir, que el periodo mínimo de 12 meses contemplado en el artículo 8 LCA debería de estar completamente liquidado por parte del trabajador autónomo. Esta interpretación era la que se venía acogiendo de forma mayoritaria por la doctrina judicial. Así, por ejemplo, la STSJ de Cataluña de 4 de junio de 2014, rec. 100/2014, esgrimió que la invitación al pago de las cuotas pendientes solo opera cuando se tiene cubierto el periodo mínimo de cotización necesario, entendido éste como la carencia específica necesaria para optar a la prestación. De igual modo, la STSJ de la Comunidad Valenciana de 3 de junio de 2014, rec. 2487/2013, llegó a la conclusión que la entidad gestora o colaboradora sólo está obligada a realizar la invitación al pago de las cuotas adeudadas si el solicitante de la prestación reúne el período de carencia mínima indicado en el momento del cese de su actividad como trabajador autónomo (la misma solución fue alcanzada también por la STSJ de Andalucía, Málaga de 27 febrero de 2014, rec. 1733/2013). Según esta interpretación, únicamente procedía realizar la invitación al pago en dos supuestos:
Si el empresario autónomo cuenta con trabajadores en plantilla se exige un lógico y congruente requisito adicional, como es el de que el empresario cumpla con la legislación laboral. La dicción “el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos” puede llevar al equívoco de que el empresario autónomo tiene que haber respetado en todo momento la legislación laboral. Sin embargo, lo congruente sería, como se acaba de decir, que lo que el empresario debe respetar, a los solos efectos de poder acceder a la prestación por cese de actividad, son precisamente las garantías y obligaciones que se desprenden por este preciso motivo. Se estaría de este modo primando de forma acertada a aquellos empresarios que han llevado el cierre de su empresa recurriendo de las cautelas previstas en el Estatuto de los Trabajadores20. Sobre el momento en que pueden realizar las extinciones, López Gandía y Toscani Giménez opinan que se podrá proceder al despido y al mismo tiempo solicitar la prestación por cese de actividad. De este modo, los requisitos que dan acceso a la prestación pueden servir como causa de despido. También parece que de este modo se den por cumplidas las garantías y obligaciones del procedimiento de despido, salvo claro está, que posteriormente sea declarado improcedente o nulo en vía judicial21. Pero lo cierto es que, la normativa sobre cese de actividad no parece hacer esperar al autónomo a que se dicte resolución judicial sobre el signo del despido.22En caso de despido colectivo, se tendrán que seguir el procedimiento regulado en el artículo 51 ET. Junto con ello y como requisito de Seguridad Social, se exige al empresario que aporte el régimen de bajas en el Régimen General de la Seguridad de sus empleados (art. 2.2 in fine del RLCA).
Como consecuencia de la involuntariedad predicada para que se conceda la prestación por cese de la actividad y puesto que esta situación es bastante complicada de demostrar puesto que el autónomo es el que ultima ratio tiene el poder de decisión sobre la dejación de su negocio, el legislador ha pretendido exhibir unas situaciones en las que de iuris et de iure el trabajador autónomo se encuentre en situación legal de cese de actividad23. Las causas dispuestas en el artículo 5 LCA superan con creces a las contempladas para el caso de la prestación por desempleo. Si bien, en ambas, la ratio legis es la misma, es decir, preservar que la situación de paro haya sido devenida por causas ajenas e involuntarias, los requisitos y el nivel de exigencia entre una y otra normativa varían, recayendo un mayor nivel onerosidad en el supuesto de la prestación por cese de actividad. Este viene marcado, como se ha dicho, por el mayor poder decisorio que tiene el autónomo para decidir su curso, quien no se somete al examen de un tercero (el empleador). En este sentido, la dificultad que conlleva la medición de la voluntariedad ha tenido que ser paliada con un alto grado de objetividad, trayendo como consecuencia el establecimiento de unos requisitos tasados que colaboren con este fin. En suma, estas situaciones, que a continuación se comentarán de forma más detallada, son el epicentro de la regulación de la prestación y van a ser determinantes para el acceso a la misma24.
La forma de documentar estas pérdidas ha sido recientemente aclarada por la Ley 35/2014. En su redacción primigenia, el artículo 6 LCA solamente establecía que como acompañamiento documentario y de forma totalmente genérica se entregaran aquellos de carácter contable, profesional, fiscal, administrativo o judicial. En cualquier caso el reglamento de desarrollo de esta Ley es un tanto más preciso en su artículo 4 RLCA, si bien utiliza la locución “podrá acompañar”. En este sentido, el RLCA contiene a título ejemplificativo y potestativo las declaraciones de IRPF, IVA o certificación AEAT en el que se recojan los ingresos. Ahora, tras la aprobación de la Ley de Reforma de las Mutas esta documentación aparece especificada en el propio tenor legal del artículo 6.1 a) LCA, por lo que, indirectamente vendría a dejar prácticamente sin efecto el artículo 4.1 RLCA. Junto con la presencia de una declaración jurada donde se pase a consignar el motivo o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese y también se cita para todas las causas legales –de índole económica, técnica, productiva u organizativa–: a) que acredite el cierre del establecimiento (no hace alusión el precepto a que se acredite el posible traspaso u otro acto de disposición que ahora están permitidos, lo que no deja de ser lapsus calami del legislador que lleva a interpretar que también se deben de exigir los documentos que acrediten las transmisión del establecimiento o la de otro acto de disposición del titular, de conformidad con la inclusión de esta posibilidad llevada a cabo dentro del artículo 5.1 a) LCA); b) la baja en el censo de actividades económicas y en el RETA o RETM como prueba de la cesación; c) la documentación contable que acredite el nivel de pérdidas, así como las correspondientes declaraciones de IVA e IRPF. En cualquier caso, las partidas de la contabilidad del autónomo deberán de contener conceptos contables admitidos por las normas del PGC25. La información fiscal plantea dudas cuando se tributa por el método de estimación objetiva, que se organiza mediante unos módulos objetivos que eximen de una llevanza contable. En estos casos resulta más complicada la acreditación de pérdidas y sin ésta última la prestación difícilmente se pueda llegar a conceder. Por ello es particularmente importante que el trabajador autónomo esté provisto de una adecuada contabilidad, unos balances o siquiera de una relación de facturas fehacientes26.
Comprensiblemente, la acreditación en estos casos se realizará mediante la resolución judicial o administrativa que obligue al autónomo al pago de una deuda superior al 30% de sus ingresos. En este sentido, la nueva redacción del artículo 5.1 a) LCA no sólo ha reducido el porcentaje de las ejecuciones al quantum del 30% sino que también ha incluido expresamente las inducidas por la administración pública. En cualquier caso, esta situación no es nueva en la prestación, puesto que pese a no constar en la redacción original de la LCA sí que se contenía en el Reglamento de desarrollo de la misma27. Si bien, tras la Ley de Reforma de las Mutuas se ha introducido de forma más clara y visible esta posibilidad en el propio tenor legal, norma de rango mayor. En el Proyecto de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, inicialmente se pretendió implantar una cuantía del 50%, que fue rebajada en 10 puntos porcentuales durante su tramitación parlamentaria y ahora nuevamente se ha vuelto a disminuir en idéntico porcentaje, relajándose con ello la dureza de esta exigencia. En último término, cabría precisar que no existe ningún inconveniente en que la resolución ejecutoria pueda serlo por cualquier concepto jurídico (por un procedimiento monitorio que resuelva una deuda, por una indemnización a causa de cualquier incumplimiento civil o mercantil, por cualquier tipo de sanción administrativa etc.). Esto es así porque la Ley menciona el cobro de deudas sin especificar la relación jurídica o ámbito del que provenga, por lo que se debería de entender dentro del tipo legal cualquier ejecución judicial o administrativa que suponga un desembolso por parte del autónomo que alcance al menos el 30% de sus ingresos. Con todo, hay que destacar que la deuda debe estar en fase de ejecución, no siendo válido un mero reconocimiento judicial de deuda, lo que en opinión de Cervilla Garzón sería mucho más proporcionado28.
También será considerada situación legal de cese de la actividad la declaración judicial que impida continuar con la actividad dictada en un contexto Concursal. En estos casos no se exige ningún límite cuantitativo ya que el cierre va a venir avalado por la decisión del juez conocedor del concurso. El documento probatorio será, naturalmente, el auto del juez contemple el cierre empresarial29. Esta solución supone, prima facie, pocos problemas en tanto en cuanto a la prestación por cese de actividad se refiere, ya que con un auto judicial dictado por el juez del concurso, si concurren el resto de requisitos, no va a caber una negativa por parte del órgano gestor.
Los requisitos legales acabados de comentar no han sido establecidos en la norma como una solución numerus clausus, ya que, tras establecerse por la LCA que la situación legal de cese se produce por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos o de organización, se regulan aquellas situaciones en las que “en todo caso” se va a considerar que se dan los anteriores motivos30. Este hecho va a suponer que si se dan las condiciones que han sido expuestas en los apartados a), b) y c) la situación de cese conllevará una afirmación automática de las causas económicas. Pero, también podrían reconocerse otras causas, si bien, su aceptación por parte del Ente Gestor va a resultar bastante más complicada. Se puede observar también la interpretación aquí defendida en algún pronunciamiento judicial, como ocurre con la STSJ de Extremadura de 5 de junio de 2014, rec. 231/2014, donde se asevera que el hecho de que no se alcancen los porcentajes de pérdidas que se fijan por el artículo 5.1 a) LCA sí que podría suponer la concesión de la prestación puesto que “esos límites no se fijan para determinar que si no se llega a ellos no se tiene derecho a la prestación, sino que, si se dan, “en todo caso”, se entiende que existe motivo para el cese, pero no que si no se llega no pueda entenderse que se produce la causa o motivo para el cese de actividad”. Especialmente interesante resulta esta interpretación para el caso de aquellos pequeños autónomos que por su volumen de negocio no resulte proporcionado exigírsele que continúen arrojando pérdidas aunque no se alcance el límite legal. Ahora bien, en contra, también podemos encontrar alguna sentencia como la del TSJ de Castilla La Mancha de 17 de diciembre de 2013, rec. 713/2013, que expresó que no sirve para lucrar la prestación con exhibir unos ingresos que puedan considerarse como escasos o una mera mención a la falta de actividad, sino que es preciso que las pérdidas lleguen a los niveles legalmente establecidos31. Sin duda, con la reducción de la presunción de pérdidas que se sitúa ahora en un 10% para un año concreto, se ha eliminado en parte esta problemática, que era más habitual que surgiera cuando los requerimientos legales eran mucho más elevados. En cualquier caso, la interpretación más adecuada es que ha sido ofrecida al principio de esta párrafo, ya que la lista de causas legales de cese de actividad sigue estando configurada por unas causas numerus apertus en las que “en todo caso” se va a considerar que se da la situación de cese legal, pero que, no obstante, va a poder concederse la prestación en otros supuestos (habrá que observar el caso concreto y su posibilidad de concesión va a ser, naturalmente, mucho menor). En relación con este punto surge a mi juicio otra importante cuestión, que evidencia una deficiencia de la redacción normativa (legal y reglamentaria). Esta proviene la exclusiva regulación de algunas situaciones automáticas (iuris et de iure) para el caso de las causas económicas, pero la normativa sobre la prestación por cese de actividad guarda silencio sobre las causas productivas, organizativas y técnicas, las cuales ni siquiera se preocupa de definir. Por lo tanto, como presupuesto de esta cláusula abierta se van a poder aducir causas organizativas, técnicas o productivas cuando las anteriores hayan ocasionado el cierre de la empresa. Ahora bien, sobre éstas no se objetiva ninguna situación, ni tampoco se aporta ninguna definición, ni se prevé una remisión a la ofrecida sobre las mismas por el artículo 51 ET. Esta situación conlleva a que en la práctica, las MCSS no estén aceptando casi ninguna solicitud en las que se alegue tales causas. Con ello, se está realizando una interpretación libre y sistemáticamente perjudicial para los intereses de los autónomos. Se está actuando bajo la interpretación de que las causas productivas, técnicas u organizativas deben provenir de una circunstancia ajena y tan importante que inequívocamente lleve al cese y solapando de facto tales causas con la referida a la fuerza mayor (esta última, como se verá, es otra situación legal de cese de actividad regulada por el artículo 5 LCA). En definitiva, se están denegando mayoritariamente aquellas solicitudes que en la declaración jurada se hayan basado en estas causas. Por esta razón, va a ser importante que aquellos autónomos que hayan visto denegada su prestación por este motivo acudan a los tribunales, siendo estos últimos los que poco a poco decanten hacia la aplicación uniforme de la Ley o induzcan a un cambio legislativo, el cual todavía no se ha producido, pues no se efectuado en la Ley de Reforma de las Mutuas. La solución judicial, bajo mi punto de vista, podría pasar por una interpretación analógica sobre las definiciones contenidas en el citado artículo 51 ET, lo que conllevaría a que se aplicara una jurisprudencia ya madura sobre la utilización de las causas técnicas, productivas u organizativas en el contexto de los despidos por causas objetivas y despidos colectivos. Sin embargo, el problema de esta elección sería el del diferente objeto de estas causas en uno y otro lugar (el de facilitar despidos por estos motivos en uno y la protección por el cese del negocio en otro). Aunque bien es cierto que sería una solución efectiva y sencilla, puesto que se estaría apostando por acudir a criterios ya más o menos asentados por los tribunales. La otra respuesta por parte del poder judicial podría venir por una interpretación ex novo de estas causas, teniendo especialmente en cuenta la condición de trabajadores por cuenta propia de los demandantes, así como del contexto en el que se enmarcan (la prestación por cese de actividad). Esta opción conllevaría un mayor esfuerzo y sus resultados tardarían más en llegar. De lo que no cabe duda, bajo mi modesto entender, es que se tendría que corregir la situación práctica que está desencadenando este precepto.
El aparado c) del artículo 5.1 LCA enuncia otra causa legal de cese de actividad que se asemeja en parte a la fuerza mayor. De este modo, se considera como situación involuntaria de cese la pérdida de la licencia administrativa. Para ello, obviamente, el sector o la actividad desarrollada debe de tener como requisito para poder ser desempeñada el hecho de disponerse de licencia. La dicción originaria del artículo 5.1 c) LCA indicaba que esta pérdida no tenía que venir motivada por incumplimientos contractuales o por motivos inherentes al autónomo, es decir, infracciones, faltas administrativas o delitos. La razón descansaba en que en los anteriores supuestos la pérdida de la licencia no sería fortuita o por causas involuntarias, sino que precisamente traerían causa en el erróneo proceder del empresario. Por ello, esta situación legal de cese de actividad por esta causa era bastante residual en la práctica: por un lado, porque lo lógico es que las licencias se pierdan por alguna situación imputable al beneficiario, siendo menores los casos en que la pérdida fuera involuntaria32; por otro lado, por la existente tendencia en la actualidad basada en una mayor liberalización de la economía, con normas que auspician la supresión de licencias. Esta parece ser la ratio legis de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que previene el libre acceso a las actividades de servicios y su libre desarrollo en todo el territorio español (excepto en los servicios excluidos por la propia Ley)33. La Disposición final segunda de la Ley de Reforma de las Mutuas ha eliminado del tenor legal los incumplimientos contractuales, comisión de infracciones o faltas administrativas, cuya razón de ser es, nuevamente, aligerar los requerimientos para acceder a la prestación y permitir que ésta pueda llegar a un número mayor de solicitantes. En este sentido, solamente se va a negar la pérdida de licencia administrativa cuando esta sea indispensable para el ejercicio de la actividad siempre que dicha privación no provenga de un ilícito penal por parte de autónomo, permitiéndose las pérdidas de licencia ocasionadas por cualquier otra circunstancia.
También se contempla como causa legal de cese de actividad cuando la trabajadora (la ley habla en términos femeninos) haya concluido su negocio a causa de violencia de género. De este modo, se equipara la situación que se venía dando respecto a las trabajadoras por cuenta ajena a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Lo cierto es que ni la citada Ley Orgánica, ni el Estatuto del Trabajo Autónomo habían dado solución a esta situación34. Por lo tanto, cuando la trabajadora autónoma acredite que por razón del maltrato que recibe ha tenido que cesar en su negocio va a poder beneficiarse de la prestación. Junto a la declaración de la autónoma mediante la cual acredite el cese temporal o definitivo (aunque de forma estimada) se deberá aportar: el auto de incoación de diligencias previas; el auto de acordando las medidas cautelares de protección a la víctima; el auto acordando la prisión provisional del detenido; el auto de apertura de juicio oral, la orden de protección o informe o escrito de acusación del Ministerio Fiscal; o la sentencia judicial condenatoria (art. 7.1 RLCA). Como puede observarse no se exige una sentencia condenatoria para poder acreditar la prestación por la presente causa. Se permiten momentos procesales muy tempranos, como por ejemplo el escrito de acusación realizado por parte del Ministerio Fiscal, con el objetivo de que la prestación no quede a la espera de un proceso que quizá se podría dilatar en exceso. El cierre podría darse por el sentimiento de intranquilidad de la víctima de verse amenazada en su negocio o bien por las lesiones físicas o psíquicas (de ahí que se reconozca cuando el detenido entra provisionalmente en la cárcel).
También se contempla como situación legal de cese de actividad otro supuesto relacionado con el derecho de familia, como es el caso de la separación o divorcio de los cónyuges. Recordemos que el trabajo familiar realizado por parte del cónyuge del titular del negocio debe incluirse dentro del concepto de trabajo autónomo circunscrito en el RETA. Este trabajo es usual que termine por romperse cuando concluye la relación marital. La forma de probar esta ruptura es mediante oportuna resolución judicial, por lo que no se permiten separaciones de hecho o relajaciones de la relación que no pasen por la separación judicial o divorcio. En un primer momento, en el Proyecto de Ley, sólo se contemplaba el divorcio, pero más tarde, en su redacción final se incluyó también la separación judicial35. Lo que tampoco parece contemplarse por el tenor de la Ley es la prestación para el caso de la separación de las uniones de hecho. Esta figura ha ido adquiriendo una regulación propia y una equiparación de derechos respecto a la del matrimonio. De hecho, en materia de Seguridad Social han entrado paulatinamente a formar parte de las prestaciones, en especial en las pensiones de viudedad. Pero la Ley de Cese de Actividad está configurada pensando en todo momento en la convivencia marital en su sentido clásico, es decir, la que proviene de un contrato de matrimonio celebrado por el ritual religioso o civil. Por lo tanto, no podrían ser beneficiarios de esta prestación el hombre o la mujer que hayan formalizado e inscrito una pareja de hecho y que posteriormente se hubieran separado. En mi opinión, quizá el legislador debería haber incluido esta situación aunque fuera rebajando la cuantía de la percepción o aumentando los requisitos para poder acceder a ella.
El apartado tercero del artículo 5 LCA regula unas causas especiales referidas para los trabajadores autónomos económicamente dependientes. Debido a su mayor afinidad con el trabajo por cuenta ajena, situándose a caballo entre éste y el trabajo autónomo, va a ser consideradas también como situación legal de cese de actividad una serie de causas singulares. En cualquier caso, además de poder acogerse a estas nuevas circunstancias reguladas en el artículo 5.3 LCA, los TRADE también van a poder alegar las recogidas en el apartado primero de este mismo precepto (y que han sido analizadas con anterioridad). Esta es la interpretación que se desprende de la dicción “sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado de este artículo”36. Por lo tanto, un TRADE va a poder alegar las causas comunes a todos los autónomos y además otras de carácter específico, que son las que se van a comentar en el presente epígrafe.
Hay que tener en cuenta también que para que se reconozca esta prestación, se ha venido exigiendo por las distintas MCSS que el trabajador económicamente dependiente se encuentre inscrito en el Registro Público correspondiente, tal y como se dispone en el artículo 12.1 de la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo37. Por lo tanto, tradicionalmente era necesario que el TRADE, además de serlo, estuviera efectivamente inscrito y reconocido como tal. Este requisito no se exigía expresamente por Ley 32/2010, de 5 de agosto, empero era comúnmente reclamado por parte de las MCSS encargadas gestionar la prestación. En este sentido, el TRADE venía compelido a cumplir con todas aquellas previsiones contenidas en el artículo 11 LETA, incluyéndose la de la propia definición de TRADE. Como se ha comentado, el artículo 12.1 LETA obliga al registro público de este contrato, creado por el RD 197/2009, de 23 de febrero y desarrollado por la Resolución 18/03/2009. Éste debe de llevarse a cabo ante el Servicio Público de Empleo Estatal. Por lo tanto, para que pudieran aplicarse las causas contenidas en el artículo 5.3 LCA el solicitante debía de tener la condición legal de TRADE, cumplir los requisitos para serlo y haber formalizado un contrato con su cliente que hubiera sido elevado a registro público. Por lo tanto, atendiendo al texto original de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, si un TRADE solicitaba la prestación por cese de actividad y le faltaba la inscripción de su condición (o cualquier otro requisito) le era denegada.
Esta situación ha quedado de algún modo relajada tras la aprobación de la Ley 35/2014. De 26 de diciembre, que ha incorporado un nuevo apartado dentro del artículo 5.3 LCA in fine, revestido de cierta complejidad. En este sentido, se ha establecido que la situación legal de cese de actividad también les será de aplicación a los TRADE que carezcan de reconocimiento de económicamente dependientes, siempre que, cumplan con las estipulaciones establecidas en el art. 11 LETA, excepto en lo que se refiere al porcentaje de los ingresos del cliente principal, que viene incrementado del 75% al 90%38. Sin embargo, no se aplicará este último porcentaje cuando el autónomo hubiera solicitado el reconocimiento como TRADE de su cliente y éste se hubiere negado. Este nuevo sistema diseñado por el legislador ha sido desarrollado a través de un nuevo pasaje un tanto alambicado y sobre el que se tratara de aportar algo de luz y que podría sintetizarse del siguiente modo:
Por conclusión de la obra o servicio o la duración pactada. Estos casos se deberán acreditar con la comunicación registrada en el Servicio Público de Empleo de la terminación del contrato con el cliente en los términos del artículo 6.4 del Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero39.
1 Esta exigencia, además, también se menciona en el artículo 28.1 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto.
2 Fernández Orrico, F.J., “La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos: cuestiones básicas”. En Revista Información Laboral–Legislación y Convenios núm. 15, 2010, p. 3 (en pdf).
3 Valdés Dal–Ré, F., “El sistema de protección por cese de actividad del trabajo autónomo: propuestas para una futura regulación”. En Revista de Derecho Social núm. 45. 2009. En su estudio en el que presentaba propuestas para la regulación de la prestación por cese de actividad abogaba por que se configurara un sistema obligatorio.
4 Cavas Martínez, F., “La protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos “. En Aranzadi Social núm. 15, 2010, p. 14.
5 Y además, unas insignificantes cuantías y una escasa duración temporal.
6 Lasaosa Irigoyen, E., La prestación por Cese de Actividad para Trabajadores Autónomos. Ed. Aranzadi. 2011, p. 91.
7 Esta fecha teórica no se correspondería al 100% con la práctica puesto que para ello tendría que tratarse de autónomos que vinieran cotizando por contingencias profesionales y cese de actividad desde la misma. De este modo, a partir del día 6 de noviembre de 2011 si se produce el hecho causante y se cumplen todos los requisitos se podría obtener la prestación. Pero lo cierto es que muchos autónomos tardaban en darse de alta por estas contingencias, razón por la cual, el Gobierno dictó una orden ampliando el plazo hasta el 31 de junio de 2011. Consecuentemente si un autónomo se hubiera dado de alta en mayo de 2011, no tendría derecho a recibir la prestación hasta mayo de 2012.
8 En el caso de la prestación por desempleo este periodo no se realiza en meses, sino en días, disponiéndose un mínimo de 360 días, que dará lugar a una prestación de 120 días.
9 Barcelón Cobedo, S., “Desempleo y trabajadores autónomos: la nueva prestación por cese de actividad”. En Aranzadi Social núm. 18, 2011, p. 76.
10 Por ejemplo: Fernández Orrico, J., Ob. Cit. p. 5 o Rodríguez Cardo, I., “La prestación por cese de actividad del trabajador autónomo. Comentario de urgencia a la Ley 32/2010, de 5 de agosto.” Actualidad Laboral núm. 19. 2010, p. 4 (en pdf). Cervilla Garzón, Mª J., La protección por cese de actividad para los autónomos independientes. Cese protegido, ámbito subjetivo y dinámica de la prestación. Ed, Bomarzo. 2013, p. 32.
11 Salvando lo explicado en el anterior párrafo para aquellos que ya venían cotizando por contingencias profesionales.
12 t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que estará en vigor el nuevo tipo de cotización.
13 García Quiñones, J.C., “Regulación legal de un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos”: Diario La Ley núm. 7503, 2010, p. 7 (en pdf).
14 Lasaosa Irigoyen, E., Ob. Cit. p. 97.
15 A los efectos de acreditación de este requisito, para los trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial del Mar, se considerará como edad ordinaria la inferior a la establecida por la Ley que corresponda, por aplicación de los coeficientes reductores, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 1311/2007, de 5 de octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la pensión de jubilación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar y en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45%, así como los que pudieran ser de aplicación a los trabajadores por cuenta propia de cualesquiera otros regímenes o colectivos.
16 Serrats Martínez, J., “La prestación por cese de actividad de los autónomos. Análisis del Real Decreto 1541/2011”. En Diario La Ley. 2012, p. 2.
17 Panizo Robles, J.A., “Un nuevo paso en la homogeneización protectora entre los regímenes de seguridad social: el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos (comentarios al contenido de la Ley 32/2010, de 5 de agosto). En Revista CEF números 329–330, p. 76.
18 Es el 1 de octubre el momento en que se paga puesto que el hecho causante se presupone que ha sido ocasionado en septiembre, y según artículo 7.1 LCA que se comentará más adelante, el disfrute de la prestación comienza en el mes siguiente al del hecho causante. Por lo tanto si suponemos que éste es en septiembre, la prestación se empezaría a disfrutar a partir del día 1 de octubre.
19 Esta interpretación es la que estaban empleando habitualmente las MCSS y en consecuencia era motivo de denegación de numerosas prestaciones.
20 Sería del todo incongruente que en una Ley se llegara beneficiar a aquellos sujetos que no cumplieran con lo establecido en otra Ley.
21 López Gandía, J. y Toscani Giménez, D., El régimen profesional y de seguridad social de los Trabajadores Autónomos. Ed. El Derecho. 2010, p. 156.
22 Sí que se exige por ejemplo en la extinción del socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado.
23 Panizo Robles, J.A., Ob. Cit, p. 73.
24 Cervilla Garzón, Mª.J., Ob. Cit, p. 38.
25 Plan General Contable.
26 Serrats Martínez, J., Op. Cit, p. 3 (del pdf).
27 Real Decreto 1541/2011, de 31 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos.
28 Cervilla Garzón, Mª. J., Op. Cit, p. 41.
29 Cabe tener presente que la declaración de concurso por sí sola no supone la conclusión de la actividad, sino bien al contrario, se advierte por el artículo 44 LC que en principio se debe de dar continuidad con la actividad. Esta continuación fue el objeto principal de la reforma concursal realizada por Ley 36/2011, de 10 de octubre, que trató de mejorar esta situación ante la inminencia de cierres que han tenido lugar en los últimos tiempos a causa de la crisis económica. Por lo tanto, la finalidad del concurso va a ser la de mantener la actividad empresarial, intentando invertir la situación negativa y huyendo de una liquidación empresarial como solución común. La nueva normativa ha introducido varias soluciones alternativas, tales como acuerdos de refinanciación, situaciones preconcursales y una anticipación de la liquidación en casos excepcionales, para que en aquellos casos en que esta solución sea la inequívoca se realice con una mayor rapidez y diligencia.
30 Serrat Martínez, J., Op. Cit, pp. 3–4; (del pdf); Lasaosa Irigoyen, E., Op. Cit, p. 67.
31 También podemos ver una confirmación de denegación de la prestación por no llegar a los límites legales en la STSJ de Aragón de 30 de octubre de 2013, rec. 438/2013. En este caso la solución parece correcta a la luz de los hechos probados puesto que se alcanza una cifra de pérdidas en una sociedad civil bastante baja (6,26% la demandante y 0,44% la sociedad en un año y unos escasos beneficios en el año siguiente). No se considera dable la comparación que la demandante hace respecto al salaría mínimo interprofesional previsto para los trabajadores pues cuenta ajena, condición que, no tiene la recurrente. Se otorga la prestación por superarse los límites legales, por ejemplo, en la STSJ de la Comunidad Valenciana de 14 de abril de 2014, rec. 2577/2013.
32 Diserta Lasaosa Irigoyen, E., que esta situación sería imaginable que se diera en aquellos casos de que actúen varios autónomos, donde la culpa fuera de uno de ellos, y no se extendiera al resto. Lasaosa Irigoyen, E., Op. Cit, p. 69.
33 En el ámbito de la Comunidad Valenciana se ha promulgado recientemente la Ley 6/2012, de 24 de octubre, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Comercial y Eliminación de Cargas Administrativas, según la cual, por regla general, se eliminan las licencias municipales, bastando tan sólo una comunicación previa o declaración responsable, así como la eliminación del Registro de Actividades Comerciales. Todas estas situaciones hacen que la aplicación práctica de este precepto se encuentre, de facto, reducida.
34 Rivas Vallejo, P., “Aspectos estructurales y primeras reflexiones sobre el Estatuto del Trabajo Autónomo”. En REDT, núm. 136. 2007, p. 776.
35 Lasaosa Irigoyen, E., Ob. Cit, p. 71.
36 Lasaosa Irigoyen, E., Op. Cit, p. 73; Panizo Robles, J.A. Op. Cit, p. 75.
37 Sobre este extremo ver Mercader Uguina, J. y De la Puebla Pinilla, A., “Comentarios al RD 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del Trabajo Autónomo”. En Relaciones Laborales, núm. 11. 2009.
38 Art. 11 LETA. 1. “Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere el artículo 1.2.d) de la presente Ley son aquéllos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75 por ciento de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales.
a. Los titulares de establecimientos o locales comerciales e industriales y de oficinas y despachos abiertos al público y los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho no tendrán en ningún caso la consideración de trabajadores autónomos económicamente dependientes”.
39 “Asimismo serán objeto de comunicación al Servicio Público de Empleo Estatal las modificaciones del contrato que se produzcan y la terminación del contrato, en los mismos términos y plazos señalados en el apartado 1 del presente artículo, a contar desde que se produzca”.

References: artículo 2
 artículo 8
 artículo 210
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 8
 resolución 
 artículo 51
in fine
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 5
 artículo 51
 artículo 5
 artículo 5
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 12
 artículo 11
 artículo 12
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 5
in fine
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 161
 Real Decreto 
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 1