CELEX: 62000TJ0318
Language: es
Date: 2005-10-19
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 19 de octubre de 2005. # Freistaat Thüringen (Alemania) contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Ayudas estatales - Aplicación abusiva de las ayudas - Riesgo de elusión de la orden de recuperación - Recuperación de las ayudas frente a sociedades que adquirieron activos de explotación del beneficiario inicial. # Asunto T-318/00.

Asunto T‑318/00
      Freistaat Thüringen
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Ayudas estatales — Aplicación abusiva de las ayudas — Riesgo de elusión de la orden de recuperación — Recuperación de las ayudas frente a sociedades que adquirieron activos de explotación del beneficiario inicial»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) de 19 de octubre de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Ayudas otorgadas por los Estados — Procedimiento administrativo — Posibilidad de que la Comisión base su decisión en la información
            disponible — Requisito — Ejercicio previo de la facultad de formular requerimientos al Estado miembro de que se trate — Control
            jurisdiccional de la constatación de los hechos — Alcance 
      [Art. 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, arts. 5, ap. 2, 6, ap. 1, 10, ap. 3, y 13, ap. 1]
      2.     Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas autorizadas por la Comisión — Utilización abusiva por parte del beneficiario — Criterios
            de apreciación 
      [Arts. 87 CE y 88 CE, ap. 2; Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, art. 1, letra g)]
      3.     Ayudas otorgadas por los Estados — Concepto — Ejecución de una garantía pública — Calificación de ayuda distinta de la prestación
            de la garantía — Requisito — Renuncia a sus derechos por parte del garante que reduce la deuda del beneficiario
      (Art. 87 CE)
      4.     Actos de las instituciones — Motivación — Obligación — Alcance — Decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado 
      (Arts. 87 CE y 253 CE)
      5.     Ayudas otorgadas por los Estados — Prohibición — Excepciones — Alcance de la excepción — Interpretación estricta — Actividades
            de la Treuhandanstalt — Concepto de privatización 
      [Art. 87 CE, aps. 1 y 2, letra c)]
      6.     Ayudas otorgadas por los Estados — Decisión de la Comisión que declara incompatible con el mercado común una ayuda individual
            otorgada en virtud de un régimen de ayudas previamente aprobado por ella — Obligación de motivación — Alcance 
      (Art. 88 CE, ap. 3)
      7.     Actos de las instituciones — Motivación — Error de hecho que figura en la motivación, por lo demás suficiente, de una decisión
            — Irrelevancia para la legalidad de la decisión 
      (Art. 253 CE)
      8.     Ayudas otorgadas por los Estados — Ayudas existentes y ayudas nuevas — Ayuda financiera utilizada para reembolsar un crédito
            avalado por una autoridad pública — Calificación de ayuda nueva 
      (Art. 88 CE)
      9.     Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Desviación de una ayuda — Desviación conocida por la
            Comisión — Recuperación de la ayuda frente a su destinatario — Exclusión 
      (Art. 88 CE, ap. 2)
      10.   Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Ámbito de aplicación — Ayuda concedida a un grupo de
            empresas en el que se aplican mecanismos internos de transmisión de activos — Recuperación de la ayuda frente a una empresa
            del grupo que no fue beneficiaria de la ayuda y que no obtuvo beneficio alguno de las transmisiones de activos — Exclusión
            
      (Art. 88 CE, ap. 2)
      11.   Ayudas otorgadas por los Estados — Recuperación de una ayuda ilegal — Recuperación de la ayuda frente a una empresa que no
            fue beneficiaria de la ayuda pero que compró una parte de los activos del beneficiario y prosiguió la actividad de éste —
            Requisito — Elusión de la decisión que ordena la recuperación — Apreciación caso por caso
      (Art. 88 CE, ap. 2)
      1.     En el procedimiento administrativo en materia de ayudas de Estado, la Comisión está facultada para adoptar una decisión basándose
         en la información disponible cuando se encuentre ante un Estado miembro que no cumpla su deber de colaborar y que se abstenga
         de proporcionarle la información que aquélla le solicitó a fin de examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común.
         Sin embargo, antes de adoptar una decisión en este sentido, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de procedimiento.
         En particular, debe requerir al Estado miembro para que le suministre, en el plazo fijado por ella, todos los documentos,
         informaciones y datos necesarios para examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. Únicamente en el caso de
         que el Estado miembro no proporcione la información solicitada, pese al requerimiento de la Comisión, tendrá esta última la
         facultad de dar por terminado el procedimiento y adoptar la decisión en la que declare la ayuda compatible o incompatible
         con el mercado común basándose en los datos de que disponga. Tales requisitos han sido recogidos y concretados en el artículo
         5, apartado 2, en el artículo 10, apartado 3, y en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, relativo a la aplicación
         del artículo 88 CE.
      
      A este respecto, como el Estado miembro y las demás partes interesadas son informados de los hechos en los que la Comisión
         proyecta basar su decisión definitiva a través de la decisión de apertura del procedimiento de investigación formal, contemplada
         en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento, y de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea, si estas partes consideran que algunos de los hechos recogidos en la decisión de apertura del procedimiento de investigación
         formal son erróneos, es a ellas a quienes incumbe informar al respecto a la Comisión en el procedimiento administrativo, so
         pena de perder el derecho de impugnar tales hechos en el procedimiento contencioso. En cambio, de no existir información en
         sentido contrario procedente de las partes afectadas, la Comisión está facultada para basarse en los hechos de que dispone
         al adoptar la decisión definitiva, aunque sean erróneos, en la medida en que la Comisión haya requerido al Estado miembro
         para que le proporcione la información necesaria sobre los hechos de que se trata. Por el contrario, si la Comisión se abstiene
         de requerir al Estado miembro para que le remita información sobre los hechos que ella proyecta tomar en consideración, no
         podrá justificar posteriormente sus eventuales errores de hecho alegando que, al adoptar la decisión de cierre del procedimiento
         de investigación formal, estaba facultada para tomar en consideración únicamente la información de que disponía en aquel momento.
      
      Ello no significa que la Comisión quede exenta de todo control jurisdiccional en lo que respecta a la constatación de los
         hechos. En efecto, si el Estado miembro ha cumplido plenamente su obligación de remitir toda la información solicitada por
         la Comisión, le resultará muy fácil demostrar, con la ayuda de la información remitida por él durante el procedimiento, que
         los eventuales errores de hecho presentes en la Decisión impugnada no le son imputables. Además, cuando la Comisión basa una
         decisión en la información de que dispone sobre ciertos hechos sin haber cumplido los requisitos de procedimiento formulados
         por la jurisprudencia y establecidos en el Reglamento nº 659/1999 precisamente en lo que respecta a tales hechos, el Tribunal
         de Primera Instancia puede ejercer su control sobre la cuestión de si la toma en consideración de tales hechos pudo provocar
         un error de apreciación que vicie de ilegalidad la Decisión impugnada.
      
      (véanse los apartados 73, 88 y 89)
      2.     Se desprende del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, y del artículo 1, letra g), del Reglamento nº 659/1999, relativo
         a la aplicación del artículo 88 CE, que, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado
         ha sido aplicada de manera abusiva, la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido el régimen
         aprobado por la Comisión, es decir, que ha infringido las normas nacionales que regulan dicho régimen o los requisitos adicionales
         aceptados por el Estado miembro en el procedimiento de aprobación del régimen por parte de la Comisión.
      
      A este respecto, el incumplimiento de un mero requisito adicional impuesto unilateralmente por la entidad que concedió la
         ayuda, y que no estaba expresamente previsto en las normas nacionales que regulan dicho régimen aprobadas por la Comisión,
         no puede considerarse suficiente para afirmar la existencia de una utilización abusiva de la ayuda, a efectos del artículo
         88 CE, apartado 2, párrafo primero.
      
      (véanse los apartados 113, 114, 144, 145 y 149)
      3.     Tanto la existencia como la importancia de una ayuda de Estado deben valorarse teniendo en cuenta la situación existente en
         el momento en que fue concedida. Por lo tanto, la ejecución de una garantía pública en caso de incumplimiento de la empresa
         beneficiaria no modifica la naturaleza de dicha garantía con arreglo al artículo 87 CE ni genera una nueva ayuda.
      
      Es cierto no obstante que, en determinados casos, puede constituir una ayuda el hecho de que la entidad pública garante renuncie
         unilateralmente a los derechos de que dispone contra el beneficiario tras la ejecución de la garantía. Así ocurre en particular
         cuando la entidad pública garante no actúa como un sujeto económico racional, realizando todas las gestiones posibles para
         obtener la devolución del importe que se vio obligada a abonar al ejecutarse la garantía. Además, si se comprueba que la renuncia
         al derecho de crédito inicialmente cubierto por un aval, tras la ejecución del aval, es definitiva, provocando así una reducción
         directa del endeudamiento del beneficiario, dicha renuncia puede constituir, en principio, una ayuda distinta, ya que aporta
         una ventaja económica adicional con respecto al aval y con respecto a la ejecución del mismo.
      
      (véanse los apartados 125 y 126)
      4.     La motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar el razonamiento de la autoridad comunitaria de manera clara e inequívoca
         en el propio texto del acto, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con el fin de defender
         sus derechos, y el juez comunitario pueda ejercer su control.
      
      Tratándose de una decisión de la Comisión en materia de ayudas de Estado, la exigencia de motivación debe apreciarse principalmente
         en función del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por el acto impugnado, en
         el sentido del artículo 230 CE, puedan tener en recibir explicaciones. Está claro, por tanto, que la exigencia de motivación
         de una decisión de esta índole no puede determinarse únicamente en función del interés en recibir información del Estado miembro
         al que vaya dirigida dicha decisión, pues dicho interés puede disminuir por razones particulares en función de que dicho Estado
         haya impugnado o no determinados argumentos de hecho y de Derecho durante el procedimiento administrativo, sino que abarca
         todas las consideraciones de hecho y de Derecho en que esté basada la decisión.
      
      (véanse los apartados 127 y 156)
      5.     El marco normativo que regula las actividades de la Treuhandanstalt, tal como ha sido establecido por la Comisión, comprende
         una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado
         en el artículo 87 CE, apartado 1. Al establecer dichas excepciones, la Comisión pretendía facilitar la misión de la Treuhandanstalt,
         organismo único en su género, que consistía en reestructurar las empresas de la antigua República Democrática Alemana y asegurar
         el paso de éstas de una economía planificada a una economía de mercado.
      
      De ello se deduce que, como requisito de aplicación de un régimen que constituye una excepción al principio general de incompatibilidad
         de las ayudas de Estado con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, el concepto de «privatización» en
         el ámbito de los regímenes de ayudas de la Treuhandanstalt debe interpretarse de manera restrictiva. En el marco de dicha
         interpretación, sólo puede reconocerse, en principio, la existencia de una privatización, en el sentido de dichos regímenes,
         si un inversor privado adquiere una participación en el capital de una empresa pública ya existente que le permita obtener
         el control de dicha empresa.
      
      Así pues, la creación de una nueva empresa que tenga por objeto una nueva actividad comercial y que adopte la forma de una
         empresa en participación entre una empresa de la antigua República Democrática Alemana y una empresa de la República Federal
         de Alemania no puede calificarse de privatización a efectos de los regímenes de la Treuhandanstalt antes mencionados. Efectivamente,
         a diferencia de la privatización contemplada en dichos regímenes, destinada a permitir que las empresas pasen de una economía
         planificada a una economía de mercado, la creación de una nueva empresa permite desarrollar ex novo  un proyecto empresarial con nuevos medios y con una nueva actividad comercial.
      
      (véanse los apartados 176 y 177)
      6.     En la motivación de una decisión que declara incompatible con el mercado común una ayuda de Estado otorgada en virtud de un
         régimen de ayudas aprobado por la Comisión, esta última puede limitarse a mencionar el hecho de que la ayuda no respeta los
         requisitos establecidos al aprobar dicho régimen de ayudas, si no se han presentado en el procedimiento administrativo precisiones
         destinadas a demostrar, bien que no se trataba en este caso de una ayuda, bien que, en cualquier caso, tal ayuda era compatible
         con el mercado común y no había sido aplicada de manera abusiva, alegaciones cuya prueba incumbe al Estado miembro afectado.
      
      (véase el apartado 180)
      7.     Aun en el caso de que un considerando de un acto controvertido contenga una afirmación de hecho errónea, este vicio de forma
         no puede, sin embargo, conducir a la anulación de dicho acto si en los demás considerandos de la Decisión impugnada se exponen
         razones que demuestren la procedencia del mismo.
      
      (véase el apartado 191)
      8.     El mero hecho de que una ayuda financiera otorgada por una autoridad pública haya servido para reembolsar un crédito avalado
         por dicha autoridad no permite afirmar que se trate de una intervención en virtud de dicho aval, en vez de una nueva ayuda.
      
      (véanse los apartados 247 y 281)
      9.     La Comisión no puede exigir legítimamente que se reclame la restitución de una ayuda de Estado ilegal a la empresa destinataria
         de la misma cuando sabe o no puede ignorar, en el momento en que adopta una decisión en ese sentido, que dicha empresa no
         ha disfrutado de la ayuda.
      
      Así pues, una decisión por la que se ordena que se reclame la restitución de una ayuda a la empresa destinataria de la misma
         no respeta los principios aplicables a la recuperación de ayudas de Estado ilegales si dicha decisión ha sido adoptada por
         la Comisión en un momento en el que disponía de un conjunto de indicios válidos y concordantes de los que se deducía que dicha
         empresa no había disfrutado efectivamente de una gran parte de la ayuda, ya que ésta había sido desviada de sus objetivos
         en provecho de terceros, y tales indicios permitían determinar la magnitud de la desviación de la ayuda, al menos aproximadamente.
         La Comisión no puede justificar su decisión escudándose en el hecho de que las autoridades del Estado miembro de que se trata
         no le aportaron información precisa sobre la parte de la ayuda que había sido desviada de sus objetivos, dado que no ejercitó
         las facultades de que disponía para hacer que se le facilitasen dichos datos.
      
      (véanse los apartados 321 a 323)
      10.   No cabe exigir la devolución de una ayuda de Estado ilegal a una empresa que forma parte de un grupo de empresas vinculadas
         en el que existen mecanismos internos de transmisión de activos y que no ha sido beneficiaria de la ayuda alegando que, en
         razón de su pertenencia a dicho grupo, tal empresa disfrutó efectivamente de la ayuda, si se ha acreditado que dichos mecanismos
         de transmisión de activos fueron utilizados únicamente en detrimento de dicha empresa y no en beneficio suyo.
      
      (véase el apartado 324)
      11.   El hecho de que una empresa haya comprado una parte de los activos del beneficiario de una ayuda ilegal y proseguido la actividad
         de éste no permite necesariamente concluir que se trata de una operación destinada a eludir las consecuencias de una decisión
         de la Comisión por la que se ordena la recuperación de dicha ayuda. En efecto, para determinar si hubo efectivamente elusión
         es preciso tener en cuenta circunstancias tales como las características de dicha compra, y en particular el precio realmente
         pagado, el mantenimiento de un cierto número de activos en el patrimonio del beneficiario y la lógica económica de la operación.
      
      (véanse los apartados 326 a 343)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera ampliada)
      de 19 de octubre de 2005 (*)
      
      «Ayudas estatales – Aplicación abusiva de las ayudas – Riesgo de elusión de la orden de recuperación – Recuperación de las ayudas frente a sociedades que adquirieron activos de explotación del beneficiario inicial»
      En el asunto T‑318/00,
      Freistaat Thüringen (Alemania),  representado por el Sr. M. Schütte, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      apoyado por
      República Federal de Alemania,  representada por los Sres. W.-D. Plessing y T. Jürgensen, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. R. Bierwagen, abogado,
      
      parte coadyuvante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. K.‑D. Borchardt y V. Kreuschitz, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. C. Koenig, que designa
         domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      ODS Optical Disc Service GmbH,  con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por los Sres. I. Brinker y U. Soltész, abogados, que designa domicilio
         en Luxemburgo, 
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2000/796/CE de la Comisión, de 21 de junio 2000, relativa a las
         ayudas estatales concedidas por Alemania a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia) (DO L 318, p. 62),
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera ampliada),
      
      integrado por los Sres. J. Azizi, Presidente, y R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, M. Jaeger y F. Dehousse, Jueces; 
      Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de mayo de 2004;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1       El artículo 87 CE dispone:
      «1.      Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a
         los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo
         cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. [...]»
      
      2       El artículo 88 CE establece lo siguiente:
      «1.      La Comisión examinará permanentemente, junto con los Estados miembros, los regímenes de ayudas existentes en dichos Estados.
         Propondrá a éstos las medidas apropiadas que exija el desarrollo progresivo o el funcionamiento del mercado común.
      
      2.      Si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una ayuda
         otorgada por un Estado o mediante fondos estatales no es compatible con el mercado común en virtud del artículo 87, o que
         dicha ayuda se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma
         determine. [...]»
      
      3       El artículo 5 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones
         de aplicación del artículo [88 CE] (DO L 83, p. 1), está redactado así:
      
      «1.      Cuando la Comisión considere que la información facilitada por el Estado miembro interesado […] es incompleta, solicitará
         la información adicional que considere necesaria. Cuando un Estado miembro responda a tal solicitud, la Comisión comunicará
         al Estado miembro la recepción de la respuesta.
      
      2.      Cuando el Estado miembro interesado no facilite la información requerida en el plazo establecido por la Comisión o la suministre
         de forma incompleta, la Comisión le enviará un recordatorio, concediendo un plazo adicional apropiado para la presentación
         de la información.
      
      […]»
      4       Además, el artículo 6 del Reglamento nº 659/1999 dispone:
      «1.      La decisión de incoar el procedimiento de investigación formal deberá resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho,
         incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre
         su compatibilidad con el mercado común. En dicha decisión se invitará al Estado miembro interesado y a las demás partes interesadas
         a presentar sus observaciones en un plazo determinado que por lo general no será superior a un mes. En casos debidamente justificados,
         la Comisión podrá prorrogar dicho plazo.
      
      […]»
      5       A tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento nº 659/1999:
      «1.      Cuando obre en poder de la Comisión cualquier información, sea cual sea su origen, referente a una presunta ayuda ilegal,
         deberá proceder a su examen sin demora.
      
      2.      En caso necesario, la Comisión solicitará información al Estado miembro interesado. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en […] los apartados 1 y 2 del artículo 5. 
      
      3.      Si, a pesar de haber recibido el recordatorio a que se refiere el apartado 2 del artículo 5, el Estado miembro interesado
         no hubiere facilitado la información solicitada en el plazo establecido por la Comisión, o cuando la hubiere suministrado
         de forma incompleta, la Comisión requerirá mediante decisión dicha información (denominada en lo sucesivo «requerimiento de
         información»). La decisión indicará la información solicitada y fijará el plazo pertinente para su entrega.»
      
      6       El artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999 establece:
      «El examen de la presunta ayuda ilegal deberá terminar con una decisión de conformidad con los apartados 2, 3 o 4 del artículo
         4. En el caso de las decisiones de iniciar el procedimiento de investigación formal, el procedimiento se terminará mediante
         una decisión en virtud del artículo 7. Si un Estado miembro incumple un requerimiento de información, esta decisión se adoptará
         basándose en la información disponible.»
      
      7       El artículo 14 de dicho Reglamento dispone:
      «1.      Cuando se adopten decisiones negativas en casos de ayuda ilegal, la Comisión decidirá que el Estado miembro interesado tome
         todas las medidas necesarias para obtener del beneficiario la recuperación de la ayuda (denominada en lo sucesivo «decisión
         de recuperación»). La Comisión no exigirá la recuperación de la ayuda si ello fuera contrario a un principio general del Derecho
         comunitario.
      
      2.      La ayuda recuperable con arreglo a la decisión de recuperación devengará intereses calculados a un tipo adecuado que fije
         la Comisión. Los intereses se devengarán desde la fecha en que la ayuda ilegal estuvo a disposición del beneficiario hasta
         la fecha de su recuperación.
      
      3.      Sin perjuicio de lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pueda disponer, de conformidad con el artículo
         [242 CE], la recuperación se efectuará sin dilación y con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional del Estado miembro
         interesado, siempre que permitan la ejecución inmediata y efectiva de la decisión de la Comisión. Para ello y en caso de procedimiento
         ante los órganos jurisdiccionales nacionales, los Estados miembros de que se trate tomarán todas las medidas necesarias previstas
         en sus ordenamientos jurídicos nacionales, incluidas las medidas provisionales, sin perjuicio del Derecho comunitario.»
      
      8       Por otra parte, el artículo 16 del Reglamento nº 659/1999, titulado «Ayuda abusiva», está formulado así:
      «Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 23, en los casos de ayuda abusiva, la Comisión podrá iniciar el procedimiento
         de investigación formal con arreglo al apartado 4 del artículo 4. Será de aplicación, mutatis mutandis, lo dispuesto en los artículos 6, 7, 9, 10, el apartado 1 del artículo 11, y los artículos 12, 13, 14 y 15.»
      
      9       Por último, en 1994 la Comisión adoptó unas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración
         de empresas en crisis (DO C 368, p. 12), modificadas en 1997 (DO C 283, p. 2) (en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas de
         salvamento y reestructuración»).
      
       Hechos que originaron el litigio
      10     En su Decisión 2000/796/CE, de 21 de junio de 2000, relativa a las ayudas estatales concedidas por Alemania a CDA Compact
         Disc Albrechts GmbH (Turingia) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión se pronunció sobre la legalidad de las
         ayudas financieras concedidas por diversas entidades públicas alemanas en el período 1991 a 1995 a una planta de producción
         de discos compactos (en lo sucesivo, «CD») y de accesorios de CD, establecida en Albrechts, en el Land de Turingia (en lo
         sucesivo, «fábrica de CD de Albrechts»). 
      
      A.      Contexto general 
      11     En la Decisión impugnada, la Comisión distinguió tres fases: en primer lugar, la fase de creación de la empresa, en segundo
         lugar, la fase de reestructuración de la empresa y, por último, la compra de ciertos activos de la empresa por parte de la
         sociedad MediaTec Datenträger GmbH (en lo sucesivo, «MTDA»).
      
      1.      Fase de creación de la empresa (de 1990 a 1992)
      12     La Decisión impugnada indica que la fábrica de CD de Albrechts fue creada en virtud de un contrato de empresa en participación
         («joint venture») celebrado el 20 de febrero de 1990 entre, por una parte, VEB Kombinat Robotron (empresa de propiedad pública;
         en lo sucesivo, «Robotron»), con domicilio social en Dresde, en el Land de Sajonia, y, por otra parte, la sociedad R. E. Pilz
         GmbH & Co. Beteiligungs KG (en lo sucesivo, «PBK»), sociedad que formaba parte del grupo Pilz, domiciliado en Kranzberg, en
         el Land de Baviera (en lo sucesivo, «grupo Pilz»). Del capital de la empresa en participación, denominada en aquella época
         «Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs KG» (en lo sucesivo, «empresa en participación»), dos tercios pertenecían a Robotron
         y el tercio restante a PBK. La empresa en participación, que tenía por objetivo la fabricación de CD, de estuches de CD y
         de accesorios, estaba dirigida por el Sr. Reiner Pilz, también gerente del grupo Pilz (considerando 11 de la Decisión impugnada).
      
      13     A fin de realizar su objeto social, el 29 de agosto de 1990 la empresa en participación celebró un contrato de ejecución de
         obra con la sociedad Pilz GmbH & Co. Construction KG, perteneciente al grupo Pilz (en lo sucesivo, «Pilz Construction»), para
         la construcción de una nueva planta de producción, llave en mano, por un precio de 235,525 millones de marcos alemanes (DEM).
         A estos gastos se sumaban los costes de urbanización del terreno, estimados en 7,5 millones de DEM (considerandos 12 y 20
         de la Decisión impugnada).
      
      14     Además, mediante un contrato accesorio de 26 de mayo de 1992, los dos socios de la empresa en participación acordaron incrementar
         la capacidad de producción de CD y de envases de CD. El importe total de las prestaciones y suministros necesarios al efecto
         ascendía a 39 millones de DEM (considerando 22 de la Decisión impugnada).
      
      15     La empresa en participación, Robotron y PBK recibieron en préstamo de un consorcio de bancos los fondos necesarios para financiar
         estas inversiones. Dichos créditos bancarios estaban avalados, parcial o totalmente, por la Treuhandanstalt, organismo público
         encargado de financiar la privatización de las empresas de la antigua República Democrática Alemana (en lo sucesivo, «THA»).
         La empresa en participación recibió además subvenciones y primas a la inversión del Land de Turingia y del Land de Baviera,
         en este último caso a través de la Bayerische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung, organismo del Land de Baviera para la
         financiación de infraestructuras (en lo sucesivo, «LfA»). 
      
      16     Por otra parte, durante la construcción de la fábrica de CD de Albrechts, la propiedad de las participaciones sociales representativas
         del capital de la empresa en participación experimentó varias modificaciones. En primer lugar, a raíz de la liquidación de
         Robotron decidida por THA en 1992, las participaciones sociales que dicha sociedad poseía en la empresa en participación fueron
         vendidas a PBK. A continuación, PBK transmitió a su vez la práctica totalidad de sus participaciones sociales en la empresa
         en participación a la sociedad Pilz GmbH & Co. Compact Disc KG, perteneciente también al grupo Pilz (en lo sucesivo, «Pilz
         Compact Disc»), de modo que la empresa en participación se convirtió en una filial de esta última. Por último, el 24 de noviembre
         de 1992, a raíz de dicha transmisión de capital y del traslado de su domicilio social a Albrechts, la empresa en participación
         modificó su denominación, pasando a llamarse Pilz Albrechts GmbH (en lo sucesivo, «PA»). Inmediatamente después de este traslado,
         la empresa en participación quedó integrada en el sistema centralizado de gestión de tesorería del grupo Pilz (considerandos
         13 y 14 de la Decisión impugnada).
      
      2.      Fase de reestructuración (de 1993 a 1998)
      17     La planta de producción de CD comenzó a funcionar en 1993. Desde el inicio de sus actividades experimentó graves dificultades
         y contrajo cuantiosas deudas (considerando 15 de la Decisión impugnada).
      
      18     Para poner remedio a esta situación, el grupo Pilz (incluida PA), los bancos y las entidades públicas [THA, LfA, Thüringer
         Industriebeteiligungsgesellschaft (en lo sucesivo, «TIB») y Thüringer Aufbaubank (en lo sucesivo, «TAB»)] que habían participado
         en la financiación de la construcción de la fábrica de CD de Albrechts celebraron un convenio de saneamiento el 7 de marzo
         de 1994. Dicho convenio preveía el reembolso, total o parcial, de una gran parte de los créditos bancarios otorgados para
         la construcción de la planta de producción de CD. Además, con arreglo al convenio de saneamiento, TIB y TAB adquirieron un
         98 % y un 2 %, respectivamente, del capital de PA, con efecto retroactivo a 1 de enero de 1994, de modo que PA dejó de pertenecer
         al grupo Pilz. Dicha sociedad cambió también de denominación en octubre de 1994, pasando a llamarse CDA Compact Disc Albrechts
         GmbH (en lo sucesivo, «CD Albrechts») (considerandos 15 y 17 de la Decisión impugnada). Por otra parte, TAB y LfA otorgaron
         diversos créditos a CD Albrechts en 1994 y 1995.
      
      19     También en 1994, las autoridades alemanas advirtieron que una gran parte de las ayudas financieras concedidas para la construcción
         de la fábrica de CD de Albrechts se habían destinado a otros fines, principalmente a través del sistema centralizado de gestión
         de tesorería del grupo Pilz, en provecho de otras sociedades de dicho grupo. El 25 de julio de 1995 se inició un procedimiento
         de quiebra que afectaba a los activos de todas las sociedades del grupo Pilz. Finalmente, el Sr. Reiner Pilz fue condenado
         a una pena de prisión por quiebra fraudulenta y otros delitos (considerando 16 de la Decisión impugnada).
      
      3.      Compra de ciertos activos por parte de MTDA 
      20     Con efectos a 1 de enero de 1998, MTDA, una filial al 100 % de TIB dedicada principalmente a la producción de soportes de
         almacenamiento de datos de alto rendimiento, en particular CD grabables (CD-ROM) y DVD, compró una parte de los activos de
         CD Albrechts, en particular elementos del activo fijo y circulante, el know-how técnico y el sistema de distribución (considerando
         18 de la Decisión impugnada).
      
      21     Al efectuarse dicha compra, CD Albrechts cambió su denominación por la de LCA Logistik Center Albrechts GmbH (en lo sucesivo,
         «LCA») y MTDA pasó a llamarse CDA Datenträger Albrechts GmbH (en lo sucesivo, «CDA»). LCA siguió siendo sin embargo propietaria
         del terreno necesario para la fábrica, de los edificios que se encuentran en él, de la infraestructura técnica y de la logística.
         Además, LCA y CDA celebraron un contrato de intercambio de prestaciones que establecía, por una parte, un contrato de arrendamiento
         por un alquiler anual de 800.000 DEM y, por otra, un contrato de prestación de servicios por un importe calculado en función
         del volumen de ventas, de unos 3 millones de DEM anuales (considerando 19 de la Decisión impugnada).
      
      22     Por último, el 22 de septiembre de 2000 LCA solicitó su liquidación en el marco de un procedimiento de quiebra.
      B.      Desarrollo del procedimiento administrativo 
      23     Al saber, a través de la prensa, que las autoridades alemanas había concedido ayudas para la construcción de la fábrica de
         CD de Albrechts, la Comisión solicitó a la República Federal de Alemania en octubre de 1994 que le informara sobre dichas
         ayudas. A partir de ese momento, las autoridades alemanas y la Comisión intercambiaron una nutrida correspondencia y celebraron
         diversas reuniones (considerandos 1 a 3 de la Decisión impugnada).
      
      24     Mediante escrito de 17 de julio de 1998 (en lo sucesivo, «decisión de apertura del procedimiento»), la Comisión informó a
         la República Federal de Alemania de su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal previsto en el artículo
         88 CE, apartado 2, con respecto a dichas ayudas. Dicho escrito contenía en anexo una lista de preguntas a las autoridades
         alemanas. La decisión de apertura del procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 15 de diciembre de 1998 [Comunicación de la Comisión con arreglo al apartado 2 del artículo [88 CE] a los demás Estados
         miembros y a otros interesados, en relación con la ayuda concedida por el Gobierno alemán para la constitución de CD Albrechts
         GmbH (Turingia), anteriormente grupo Pilz (Baviera), DO C 390, p. 7]. 
      
      25     Las autoridades alemanas reaccionaron ante la decisión de apertura del procedimiento remitiendo diferentes escritos que contenían
         información adicional y celebrando además varias reuniones con representantes de la Comisión. 
      
      26     Estimando sin embargo que la información remitida por las autoridades alemanas no constituía una respuesta satisfactoria a
         sus preguntas, la Comisión exigió, mediante escrito de 22 de julio de 1999, una respuesta a las mismas para el 31 de agosto
         de 1999. Tras solicitar una prórroga de dicho plazo, mediante escrito de 28 de julio de 1999, y mantener una nueva entrevista
         con representantes de la Comisión el 23 septiembre de 1999 en Bruselas, las autoridades alemanas presentaron información adicional.
      
      27     Por otra parte, la sociedad CDA y la sociedad Point Group Ltd, competidora de CDA, presentaron sus observaciones a la Comisión
         en calidad de terceros interesados, tras la expiración del plazo fijado en la decisión de apertura del procedimiento.
      
      28     Por último, el 21 de junio de 2000, la Comisión dio por finalizado el procedimiento con la adopción de la Decisión impugnada.
      C.      Determinación de los hechos y valoración jurídica 
      29     La Comisión ha valorado por separado las ayudas financieras concedidas por la República Federal de Alemania en la fase de
         creación de la empresa, las concedidas en la fase de reestructuración y, por último, las relacionadas con la compra de ciertos
         activos de CD Albrechts por parte de MTDA.
      
      1.      Ayudas financieras concedidas por la República Federal de Alemania en la fase de creación de la empresa 
      30     En la Decisión impugnada, la Comisión identificó cinco ayudas financieras concedidas en la fase de creación de la empresa,
         y las ha descrito como sigue en un cuadro sinóptico recogido en el considerando 32 de la Decisión impugnada: 
      
      
                
            
            
               Medida
            
            
               Importe en millones de DEM
            
            
               Beneficiario
            
            
               Concedida por
            
            
               Fecha
            
            
               Fundamento jurídico
            
         
               1
            
            
               Garantía subsidiaria del 100 % (inicialmente del 80 %) sobre 52,7 millones de DEM
            
            
               54,7
            
            
               PBK
            
            
               LfA
            
            
               1991
            
            
               Ley de constitución de avales del Estado y garantías del Estado federado de Baviera
            
         
               2
            
            
               Subvenciones y primas a la inversión
            
            
               19,42
            
            
               Empresa en participación
            
            
               LfA
            
            
               1991-1992
            
            
               Régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales», Ley de primas a la inversión
            
         
               3
            
            
               Renuncia
            
            
               3,0
            
            
               PBK
            
            
               LfA
            
            
               1994
            
            
               Ninguno
            
         
               4
            
            
               Garantía del 100 %
            
            
               190,0
            
            
               Robotron AG, empresa en participación
            
            
               THA
            
            
               199[2]
            
            
               Régimen del THA
            
         
               5
            
            
               Subvenciones y primas a la inversión
            
            
               63,45
            
            
               Empresa en participación, a partir del 24.11.1992, PA
            
            
               Turingia
            
            
               1991- 1993
            
            
               Régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales», Ley de primas a la inversión
            
         
               Total
            
            
               330,57
            
         
      31     Dicho cuadro muestra, en primer lugar, que en 1992 THA concedió un aval del 100 %, por un importe de 190 millones de DEM,
         que cubría la mayor parte de los créditos bancarios concedidos a Robotron y a la empresa en participación. Según la Comisión,
         dicho aval debe considerarse una ayuda estatal incompatible con el mercado común, ya que no fue concedido respetando los requisitos
         establecidos en los regímenes de ayudas aprobados por la Comisión en sus escritos SG(91) D/17825, de 20 de septiembre de 1991
         (en lo sucesivo, «primer régimen de ayudas de THA») y SG(92) D/17613, de 8 de diciembre de 1992 (en lo sucesivo, «segundo
         régimen de ayudas de THA»). Estima no obstante que, del importe de 190 millones de DEM inicialmente avalados, sólo procede
         devolver el importe de 120 millones de DEM efectivamente abonado por THA en virtud del aval.
      
      32     En segundo lugar, la Comisión afirmó que, hasta el 31 de diciembre de 1993, el Land de Turingia había concedido a la empresa
         en participación, y después a PA, subvenciones y primas a la inversión por un importe total de 63,45 millones de DEM, con
         arreglo a la «Investitionszulagengesetz» (Ley de primas fiscales a la inversión) y a los vigésimo y vigésimo primer «Rahmenpläne
         der Gemeinschaftsaufgabe “Verbesserung der regionalen Wirtschaftstruktur”» (programas marco aprobados para 1992 y 1993 en
         virtud de la Ley de 6 de octubre de 1989 sobre la actividad de interés común «Mejora de las estructuras económicas regionales»;
         en lo sucesivo, «régimen común»). Ahora bien, según la Comisión, no procedía conceder esta ayuda de carácter regional al amparo
         de la actividad de interés común y de la Ley de primas fiscales a la inversión, por lo que es incompatible con el mercado
         común y debe ser devuelta. Habida cuenta de que el Land de Turingia decidió ordenar la restitución de una cantidad de 32,5 millones
         de DEM, la Comisión considera que procede recuperar aún un importe de 30,95 millones de DEM.
      
      33     En tercer lugar, la Comisión afirmó que, en 1991 y 1992, el Land de Baviera había concedido a la empresa en participación,
         a través de LfA, subvenciones y primas a la inversión por un importe total de 19,42 millones de DEM. Ahora bien, como dichas
         subvenciones y primas fueron desviadas de sus objetivos en provecho de las sociedades del grupo Pilz, la Comisión estima que
         no procedía concederlas al amparo del régimen común y de la Ley de primas fiscales a la inversión. Según la Comisión, se trata
         por tanto de ayudas incompatibles con el Tratado CE.
      
      34     En cuarto lugar, la Comisión afirmó que el Land de Baviera había avalado, inicialmente en un 80 % y posteriormente en un 100 %,
         los créditos bancarios de un importe total de 54,7 millones de DEM finalmente obtenidos por PBK, con arreglo a las «Richtlinien
         für die Übernahme von Staatsbürgschaften im Bereich der gewerblichen Wirtschaft» (Directrices sobre la constitución de avales
         del Estado en el sector industrial, publicadas en la comunicación L 6811-1/7 – 43358 de la Consejería de Hacienda bávara,
         de 7 de agosto de 1973; en lo sucesivo, «normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera»). Según la Comisión,
         pese a la solicitud de información formulada en la decisión de apertura del procedimiento, las autoridades alemanas no aportaron
         datos suficientemente detallados que permitieran disipar las dudas sobre la legalidad de las operaciones relacionadas con
         el aval concedido por el Land de Baviera (LfA). Además, como en realidad esta ayuda no sirvió para financiar la inversión
         sino que fue desviada hacia otros fines, la Comisión afirma que dicho aval debe considerarse una ayuda incompatible con el
         mercado común.
      
      35     En quinto lugar, la Comisión consideró que constituía una ayuda estatal la renuncia por parte de LfA a su derecho de crédito
         de 3 millones de DEM contra PBK, nacido como consecuencia del pago de dicha cantidad a los bancos en razón del aval mencionado
         en el apartado 34. A su juicio, dicha ayuda es incompatible con el mercado común, ya que su concesión carecía de base jurídica.
      
      36     Habida cuenta de estas constataciones, la Comisión llegó la conclusión de que, en la fase de creación de la fábrica de CD
         de Albrechts, la República Federal de Alemania había concedido, en contra de lo dispuesto en el artículo 88 CE, apartado 3,
         ayudas estatales por un importe total de 260,57 millones de DEM. Integran dichas ayudas la aportación del Land de Turingia,
         por un importe de 63,45 millones de DEM, la de LfA, por un importe de 77,12 millones de DEM (54,7 millones de DEM en forma
         de aval, 19,42 millones de DEM en forma de primas a la inversión y 3 millones de DEM en forma de renuncia a un derecho de
         crédito), y la de THA, por un importe de 120 millones de DEM. 
      
      37     A juicio de la Comisión, dichas ayudas son incompatibles con el mercado común, en particular porque favorecieron especialmente
         a las sociedades pertenecientes al grupo Pilz y, por consiguiente, fueron aplicadas de manera abusiva, según los términos
         del artículo 88 CE, apartado 2.
      
      2.      Ayudas financieras concedidas en la fase de reestructuración 
      38     En la Decisión impugnada, la Comisión ha identificado y calificado doce ayudas financieras concedidas en la fase de reestructuración
         de la empresa, describiéndolas como sigue en un cuadro sinóptico recogido en el considerando 39 de la Decisión impugnada:
         
      
      
                
            
            
               Medida
            
            
               Importe en millones de DEM
            
            
               Beneficiario
            
            
               Concedida por
            
            
               Fecha
            
            
               Fundamento jurídico
            
         
               1
            
            
               Crédito
            
            
               25,0
            
            
               PA
            
            
               TAB
            
            
               Octubre 1993
            
            
               Ninguno
            
         
               2
            
            
               Crédito
            
            
               20,0
            
            
               PA
            
            
               TAB
            
            
               Marzo 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               3
            
            
               Precio de compra
            
            
               3,0
            
            
               PBK
            
            
               TIB
            
            
               Marzo 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               4
            
            
               Subvención
            
            
               12,0
            
            
               PA
            
            
               TIB
            
            
               Marzo 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               5
            
            
               Participación en la empresa
            
            
               33,0
            
            
               PA
            
            
               TIB (98 %) TAB (2 %)
            
            
               Marzo 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               6
            
            
               Crédito
            
            
               2,0
            
            
               PA
            
            
               LfA
            
            
               Marzo 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               7
            
            
               Préstamo participativo
            
            
               3,5
            
            
               PA
            
            
               TIB
            
            
               Abril 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               8
            
            
               Crédito
            
            
               15,0
            
            
               Grupo Pilz
            
            
               LfA
            
            
               Junio 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               9
            
            
               Crédito
            
            
               15,0
            
            
               CD Albrechts
            
            
               TAB
            
            
               Octubre 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               10
            
            
               Crédito
            
            
               7,0
            
            
               CD Albrechts
            
            
               LfA
            
            
               Diciembre 1994
            
            
               Ninguno
            
         
               11
            
            
               Crédito
            
            
               9,5
            
            
               CD Albrechts
            
            
               TAB
            
            
               Enero 1995
            
            
               Ninguno
            
         
               12
            
            
               Intereses
            
            
               21,3
            
            
                
            
            
                
            
            
               Desde finales de 1993
            
            
                
            
         
               Total
            
            
               166,3
            
         
      39     En primer lugar, la Comisión constató que, en octubre de 1993, TAB había concedido a PA un crédito de 25 millones de DEM a
         fin de resolver las dificultades de tesorería de dicha sociedad, pero fueron las demás sociedades de grupo Pilz quienes percibieron
         directamente dichos fondos, a través del sistema centralizado de gestión de tesorería del grupo Pilz.
      
      40     En segundo lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, TAB había concedido a PA un crédito de 20 millones de DEM a
         fin de permitirle devolver los créditos bancarios avalados por THA, pero fueron también las sociedades pertenecientes al grupo
         Pilz quienes percibieron directamente dichos fondos, a través del sistema centralizado de gestión de tesorería.
      
      41     En tercer lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, TIB había pagado a PBK una cantidad de 3 millones de DEM por
         la adquisición de las participaciones sociales de PA en poder de dicha sociedad.
      
      42     En cuarto lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, TIB había concedido una subvención en forma de aportación al
         capital de PA, por un importe total de 12 millones de DEM.
      
      43     En quinto lugar, la Comisión constató que en marzo de 1994, TIB y TAB habían adquirido respectivamente un 98 % y un 2 % del
         capital social de PA, lo que representaba un importe de 33 millones de DEM.
      
      44     En sexto lugar, la Comisión constató que, en marzo de 1994, el Land de Baviera había concedido un crédito de 2 millones de
         DEM a PA a través de LfA.
      
      45     En séptimo lugar, la Comisión constató que, en abril de 1994, TIB había concedido a PA un préstamo participativo por un importe
         de 3,5 millones de DEM.
      
      46     En octavo lugar, la Comisión constató que, en junio de 1994, LfA había otorgado un crédito de explotación de 15 millones de
         DEM al grupo Pilz, concebido como un crédito puente hasta que se encontrara un comprador para la fábrica de CD de Albrechts.
      
      47     En noveno lugar, la Comisión constató que, en octubre de 1994, TAB había concedido un crédito de 15 millones de DEM a CD Albrechts.
         Según afirma, aunque dichos fondos fueron abonados a CD Albrechts, se utilizaron para prestar servicios a las empresas del
         grupo Pilz, prestaciones que nunca fueron retribuidas, de modo que estas últimas empresas se vieron especialmente favorecidas.
      
      48     En décimo lugar, la Comisión constató que, en diciembre de 1994, el Land de Baviera había otorgado un nuevo crédito de 7 millones
         de DEM a CD Albrechts, a través de LfA.
      
      49     En undécimo lugar, la Comisión constató que, en enero de 1995, TAB había concedido un crédito de 9,5 millones de DEM a CD Albrechts.
         
      
      50     En duodécimo lugar, la Comisión constató que, según la información procedente de las autoridades alemanas, PA y CD Albrechts
         habían obtenido ventajas en forma de bonificación de intereses por un importe total de 21,3 millones de DEM en el período
         comprendido entre finales de 1993 y 1998.
      
      51     Según la Comisión, las doce ayudas financieras que se han descrito, por un importe total de 166,3 millones de DEM, deben considerarse
         ayudas estatales ilegales e incompatibles con el mercado común. En efecto, en la medida en que dichas ayudas beneficiaron
         a TIB y a TAB después de que dichas sociedades hubieran asumido la responsabilidad económica de la fábrica de CD de Albrechts,
         la Comisión únicamente podía aprobarlas basándose en el artículo 87 CE, apartado 3, letra c), y en las Directrices sobre las
         ayudas de salvamento y reestructuración. Ahora bien, la Comisión afirma que es evidente que dichas ayudas no se ajustan a
         las Directrices, ya que la información de que ella dispone no permite acreditar que fueran concedidas en el marco de un plan
         de reestructuración viable acompañado de medidas internas concretas que permitiera que la Comisión verificase, tras un plazo
         razonable, la recuperación de la rentabilidad y la viabilidad a largo plazo de la empresa. Además, no se ha encontró ningún
         inversor privado dispuesto a comprar las actuales sociedades LCA y CDA, de modo que, en su opinión, al no existir participación
         privada, no puede determinarse si la ayuda es proporcionada al coste de la reestructuración.
      
      3.      Sobre la recuperación de las ayudas 
      52     En virtud de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, la Comisión decidió que la República
         Federal de Alemania debía exigir la restitución de las ayudas ilegales e incompatibles con el mercado común concedidas tanto
         en la fase de creación de la fábrica de CD de Albrechts como en la fase de reestructuración de la misma.
      
      53     La Comisión puso además de relieve que, a fin de garantizar el cumplimiento de su Decisión y la eliminación de cualquier distorsión
         de la competencia, estaba obligada a exigir que, en caso necesario, el procedimiento de recuperación no afectara sólo al destinatario
         inicial de la ayuda, sino que se hiciera extensivo a la empresa que hubiera proseguido la actividad de éste con ayuda de los
         medios de producción transferidos. Indicó así que, a fin de apreciar si otra empresa proseguía realmente la actividad del
         destinatario inicial de la ayuda, normalmente tenía en cuenta un cierto número de datos, entre ellos los elementos transferidos,
         el precio de compra, la identidad de los socios y propietarios de la empresa original y de su comprador, la fecha en que se
         realizó la transferencia y el carácter comercial de la misma. Pues bien, según la Comisión, en el presente caso, LCA y CDA
         se beneficiaban sin duda alguna de la ayuda concedida anteriormente a PBK, a la empresa en participación y a PA, ya que utilizaban
         la infraestructura de dichas empresas y elementos de su activo a fin de proseguir la actividad de las mismas. Concluyó por
         tanto que debían restituir las ayudas LCA, CDA y todas los demás empresas a las que se hubieran transferido o se transfiriesen
         los activos de la empresa en participación, de PA o de PBK, pues todas ellas debían considerarse «beneficiarias» de dichas
         ayudas.
      
      4.      Parte dispositiva de la Decisión impugnada 
      54     Habida cuenta de las apreciaciones formuladas por ella, la Comisión decidió lo siguiente:
      «Artículo 1
      1.      Las ayudas estatales concedidas por [la República Federal de] Alemania a [PBK, a la empresa en participación y a PA] para
         la construcción, explotación y consolidación de la planta de producción de discos compactos en Albrechts (Turingia) fueron
         utilizadas, por importe de 260,57 millones de marcos alemanes en otros ámbitos del grupo Pilz.
      
      Las ayudas se refieren, en concreto, a las medidas [del Land] de Turingia por un importe de 63,45 millones de marcos alemanes,
         [de LfA] por un importe total de 77,12 millones de marcos alemanes y [de THA] por un importe de 120 millones de marcos alemanes.
      
      La utilización indebida representa una aplicación abusiva de ayudas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
         88 […] CE; por tanto, las ayudas son incompatibles con el mercado común.
      
      2.      La ayuda por un importe global de 166,3 millones de marcos alemanes concedida para la reestructuración de [CD Albrechts] es
         incompatible con las disposiciones del Tratado CE con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87 [CE].
      
      Artículo 2
      1.      [La República Federal de] Alemania adoptará todas las medidas necesarias para reclamar a los beneficiarios las ayudas ilegalmente
         concedidas que se mencionan en el artículo 1.
      
      2.      La recuperación se efectuará con arreglo a los procedimientos del Derecho nacional. La ayuda recuperable devengará intereses
         desde la fecha de su concesión a los beneficiarios hasta la de su recuperación. Los intereses se calcularán sobre la base
         del tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente neto de subvención en el marco de las ayudas regionales.
      
      3.      En el sentido del presente artículo, se entenderá por “beneficiarios” a las empresas [CDA] y [LCA], así como a todas aquellas
         otras empresas a las que se hayan transferido o se vayan a transferir bienes o infraestructura de [PBK], [la empresa en participación]
         o [PA] en condiciones que permitan eludir las consecuencias de la presente Decisión.
      
      [...]»
       Procedimiento y pretensiones de las partes 
      55     Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de octubre de 2000, el Land de Turingia
         interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la Decisión impugnada. Dicho recurso fue registrado con el número T‑318/00.
      
      56     Mediante auto de 28 de mayo de 2001 del Presidente de la Sala Tercera ampliada del Tribunal de Primera Instancia se admitió
         la intervención en el procedimiento de la República Federal de Alemania, en apoyo de las pretensiones del Land de Turingia,
         y de ODS Optical Disc Service GmbH (en lo sucesivo, «ODS»), empresa competidora de CDA, en apoyo de las pretensiones de la
         Comisión.
      
      57     ODS y la República Federal de Alemania presentaron su escrito de formalización de la intervención el 29 de agosto y el 3 de
         septiembre de 2001, respectivamente. El 24 octubre de 2001, el Land de Turingia y la Comisión presentaron sus observaciones
         sobre los escritos de formalización de la intervención de ODS y de la República Federal de Alemania.
      
      58     Mediante auto de 30 de septiembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera ampliada) decidió suspender el procedimiento
         hasta que se dictase la sentencia del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados C‑328/99, Italia/Comisión, y C‑399/00,
         SIM 2 Multimedia/Comisión. A la vista de la sentencia dictada el 8 de mayo de 2003 en dichos asuntos, el Tribunal de Primera
         Instancia instó a las partes a que se pronunciasen sobre la continuación del procedimiento en el presente asunto, y éstas
         presentaron sus observaciones el 23 y 24 de junio de 2003.
      
      59     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a que se pronunciasen sobre la oportunidad
         de proceder a una eventual acumulación del presente recurso con el recurso interpuesto por CDA y registrado en la Secretaría
         del Tribunal de Primera Instancia con el número T‑324/00, que tiene el mismo objeto. Una vez recibidas las observaciones de
         las partes, dicha asuntos fueron acumulados, mediante auto de 8 de marzo de 2004, a efectos de la vista y de la sentencia.
      
      60     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia decidió abrir la fase oral del procedimiento y, en concepto
         de diligencias de organización del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Primera Instancia, instó a las partes a que presentaran determinados documentos y les formuló por escrito ciertas preguntas.
      
      61     Los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia se oyeron
         en la vista de 5 de mayo de 2004.
      
      62     Mediante auto de 23 de julio de 2004 se separaron los asuntos T‑318/00 y T‑324/00 a efectos de la sentencia.
      63     El Land de Turingia solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada.
      –       Con carácter subsidiario, anule el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, en la medida en que declara incompatibles
         con el mercado común las ayudas concedidas a la empresa en participación y a PA, así como el artículo 1, apartado 2, y el
         artículo 2, apartado 3, de la Decisión impugnada.
      
      –       Condene en costas a la Comisión.
      64     La República Federal de Alemania, parte coadyuvante, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada.
      65     La Comisión, apoyada por ODS, solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Condene en costas al Land de Turingia.
       Fundamentos de Derecho
      I.      Observaciones preliminares 
      66     En apoyo de su recurso, el Land de Turingia invoca diversos motivos, en los que alega una violación del principio de respeto
         del derecho de defensa, una constatación errónea de ciertos hechos, un incumplimiento del deber de motivación, una infracción
         de los artículos 87 CE y 88 CE y de las normas de desarrollo de los mismos, una violación del principio de proporcionalidad
         y, por último, una violación del principio de seguridad jurídica y del «principio de certeza».
      
      67     El Tribunal de Primera Instancia considera oportuno examinar en primer lugar los motivos invocados en apoyo de las pretensiones
         de anulación del artículo 1 de la Decisión impugnada. A continuación, el examen del Tribunal de Primera Instancia se centrará
         en los motivos relativos a la orden de recuperación formulada en el artículo 2 de la Decisión impugnada.
      
      II.    Sobre la legalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada 
      68     El Land de Turingia alega en esencia que el artículo 1 de la Decisión impugnada es ilegal porque la valoración de las diversas
         ayudas financieras concedidas al proyecto de creación de la fábrica de CD de Albrechts que ha llevado a cabo la Comisión adolece
         de varios errores de hecho, infringe el artículo 87 CE, apartado 1, y el artículo 88 CE, apartado 2, e incumple el deber de
         motivación.
      
      69     Por lo tanto, procede examinar sucesivamente los motivos invocados por el Land de Turingia para cada una de las ayudas financieras
         identificadas en los cuadros reproducidos en los apartados 30 y 38 supra.
      70     No obstante, el Tribunal de Primera Instancia estima necesario examinar con carácter preliminar la alegación del Land de Turingia
         en el sentido de que la Comisión no estaba facultada para basarse en la información de que disponía en el momento de adoptar
         la Decisión impugnada. 
      
      A.      Sobre la facultad de basar la Decisión impugnada en la información disponible 
      1.      Alegaciones de las partes
      71     El Land de Turingia considera que, en el presente caso, la Comisión no estaba facultada para basar la Decisión impugnada en
         la información de que disponía al adoptar dicha decisión. En primer lugar alega que, como se deduce del artículo 13, apartado
         1, segunda frase, del Reglamento nº 659/1999 y de una reiterada jurisprudencia, la Comisión sólo puede basar su decisión en
         la información disponible cuando el Estado miembro haya omitido responder o sólo haya respondido de modo incompleto al requerimiento
         de información remitido al efecto por la Comisión (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Francia/Comisión,
         denominada «Boussac», C‑301/87, Rec. p. I‑307, apartados 19 y 22, y de 13 de abril de 1994, Alemania y Pleuger Worthington/Comisión,
         asuntos acumulados C‑324/90 y C‑342/90, Rec. p. I‑1173, apartado 26). Sostiene igualmente que, aunque las autoridades nacionales
         están obligadas a facilitar a la Comisión toda la información necesaria para que ésta pueda desempeñar su misión de control
         de las ayudas estatales, dicha institución se encuentra obligada a proceder a aclarar los hechos tanto como sea posible. A
         su juicio, ello implica que la Comisión debe informar con claridad y precisión a las autoridades nacionales de todos los datos
         que necesita para realizar su misión y no debe adoptar una decisión basándose en la información disponible salvo en el caso
         extremo de que, a pesar de haberlo solicitado, no haya logrado obtener las aclaraciones necesarias. Pues bien, según el Land
         de Turingia, en el presente caso las autoridades alemanas respondieron a las diversas solicitudes de información de la Comisión
         y, en particular, a las preguntas formuladas en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento. En efecto, salvo alguna
         excepción, las preguntas formuladas en el escrito de requerimiento de 22 de julio de 1999 no coincidían con las formuladas
         en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento, lo que demuestra en su opinión que el procedimiento había avanzado
         entre tanto. A su juicio, si la Comisión estimaba que las respuestas a las preguntas formuladas en el anexo de la decisión
         de apertura del procedimiento eran insuficientes, hubiera debido especificarlo así en su escrito de 22 de julio de 1999. El
         Land de Turingia considera por tanto que, al no haber solicitado precisiones a las autoridades alemanas, la Comisión no estaba
         facultada para basar la Decisión impugnada en la información disponible.
      
      72     La Comisión, apoyada por ODS, rechaza las alegaciones del Land de Turingia.
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      73     Con arreglo a la jurisprudencia, la Comisión está facultada para adoptar una decisión basándose en la información disponible
         cuando se encuentre ante un Estado miembro que no cumpla su deber de colaborar y que se abstenga de proporcionarle la información
         que aquélla le solicitó a fin de examinar la compatibilidad de una ayuda con el mercado común (sentencias Boussac, antes citada
         en el apartado 71 supra, apartado 22, y Alemania y Pleuger Worthington/Comisión, antes citada en el apartado 71 supra, apartado 26). Sin embargo, antes de adoptar una decisión en este sentido, la Comisión debe respetar ciertos requisitos de
         procedimiento. En particular, debe requerir al Estado miembro para que le suministre, en el plazo fijado por ella, todos los
         documentos, informaciones y datos necesarios para examinar la compatibilidad de la ayuda con el mercado común. Únicamente
         en el caso de que el Estado miembro no proporcione la información solicitada, pese al requerimiento de la Comisión, tendrá
         esta última la facultad de dar por terminado el procedimiento y adoptar la decisión en la que declare la ayuda compatible
         o incompatible con el mercado común basándose en los datos de que disponga (sentencia Boussac, antes citada en el apartado
         71 supra, apartados 19 y 22). Tales requisitos han sido recogidos y concretados en el artículo 5, apartado 2, en el artículo 10, apartado
         3, y en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999. 
      
      74     Éstos son los principios de los que debe partirse para analizar si, en el presente caso, la Comisión estaba facultada para
         adoptar la Decisión impugnada teniendo en cuenta únicamente la información de que disponía en junio de 2000.
      
      75     En primer lugar, procede recordar el desarrollo del procedimiento administrativo en el presente caso. 
      76     El origen de dicho procedimiento fue el envío de un escrito a las autoridades alemanas en octubre de 1994. En dicho escrito,
         la Comisión solicitaba a las autoridades alemanas información sobre la ayuda estatal concedida para la construcción de una
         fábrica de CD de Albrechts. Mediante escrito de 9 de noviembre de 1994, las autoridades alemanas respondieron notificando
         a la Comisión una ayuda del Land de Turingia y del Land de Baviera en favor de la empresa en participación y del grupo Pilz.
         Mediante escrito de 15 de noviembre de 1994, la Comisión solicitó una información más específica sobre dicha ayuda. Mediante
         escrito de 3 de marzo de 1995, las autoridades alemanas respondieron completando la notificación con información sobre nuevas
         ayudas concedidas por THA, así como por el Land de Turingia y el Land de Baviera. Como dichas ayudas ya habían sido concedidas,
         la Comisión las registró con la referencia NN 54/95 (considerando 2 de la Decisión impugnada). Mediante escritos de 1 de agosto
         y 17 octubre de 1995 y de 25 de noviembre de 1996, la Comisión formuló preguntas adicionales, a las que las autoridades alemanas
         respondieron mediante escritos de 22 de agosto de 1995, 25 de agosto de 1995, 18 de enero de 1996 y 17 de abril de 1997. El
         3 de febrero y el 22 y 23 de septiembre de 1997 se celebraron en Bruselas y en Erfurt, respectivamente, unas reuniones entre
         los representantes de la Comisión y las autoridades alemanas. Mediante escrito de 20 de enero de 1998, estas últimas remitieron
         un resumen de sus observaciones tras la reunión con los representantes de la Comisión (considerando 3 de la Decisión impugnada).
      
      77     Tras un examen preliminar de la información remitida por las autoridades alemanas, la Comisión estimó que existían serias
         dudas sobre la compatibilidad con el mercado común de las medidas controvertidas, por lo que adoptó la decisión de apertura
         del procedimiento el 17 de julio de 1998. 
      
      78     En dicha decisión, la Comisión requirió además a la República Federal de Alemania para que le remitiera «todos los documentos,
         la información y los datos necesarios para evaluar la compatibilidad de las ayudas con el artículo [87 CE]» en el plazo de
         un mes a partir de la recepción de la decisión. Esta decisión de apertura del procedimiento iba acompañada de un anexo que
         contenía siete preguntas.
      
      79     La República Federal de Alemania respondió a la decisión de apertura del procedimiento mediante escrito de 26 de agosto de
         1998. El 15 de octubre de 1998 los representantes de la Comisión y las autoridades alemanas mantuvieron una nueva reunión
         en Bruselas. Mediante escrito de 11 de noviembre de 1998, estas últimas remitieron información adicional. 
      
      80     Considerando que la información recibida seguía siendo insuficiente, la Comisión requirió una vez más a las autoridades alemanas,
         mediante escrito de 4 de marzo de 1999, para que le facilitasen la información necesaria y, en particular, para que respondieran
         a las preguntas anexas a la decisión de apertura del procedimiento.
      
      81     Las autoridades alemanas respondieron a este nuevo requerimiento aportando información adicional mediante sus escritos de
         30 de marzo, 1 de abril y 16 de abril de 1999. 
      
      82     La Comisión estimó no obstante que dicha información seguía sin ser una respuesta suficiente a las preguntas formuladas en
         el anexo de la decisión de apertura del procedimiento (y en particular a las preguntas 3 a 7 de dicho anexo). Mediante escrito
         de 22 de julio de 1999, exigió por tanto a la República Federal de Alemania que respondiera a dichas preguntas no más tarde
         del 31 de agosto de 1999, solicitándole además que le facilitara cierta información y documentación adicional.
      
      83     Tras haber solicitado, mediante escrito de 28 de julio de 1999, la prórroga del plazo establecido por la Comisión y después
         de haberse entrevistado de nuevo con los representantes de dicha institución el 23 de septiembre de 1999 en Bruselas, las
         autoridades alemanas remitieron información adicional el 28 de septiembre y el 19 de octubre de 1999.
      
      84     Por último, la Comisión adoptó la Decisión impugnada el 21 de junio de 2000.
      85     Por lo que respecta a la alegación del Land de Turingia en el sentido de que las autoridades alemanas remitieron toda la información
         solicitada, de modo que la Comisión no estaba facultada para basarse en la información disponible, procede hacer constar con
         carácter preliminar que el desarrollo del procedimiento administrativo muestra claramente que la Comisión respetó los requisitos
         de procedimiento establecidos por la jurisprudencia y exigidos por el Reglamento nº 659/1999. En efecto, la Comisión requirió
         formalmente en tres ocasiones a la República Federal de Alemania para que le proporcionase la información necesaria para poder
         valorar la compatibilidad con el mercado común de las ayudas controvertidas.
      
      86     Además, en contra de lo que alega el Land de Turingia, del escrito de la Comisión de 22 de julio de 1999 no se deduce que
         las autoridades alemanas hubieran respondido a todas las preguntas excepto a una. Muy al contrario, en dicho escrito la Comisión
         solicitó con insistencia a las autoridades alemanas que respondieran a las preguntas 3 a 7 del anexo de la decisión de apertura
         del procedimiento. 
      
      87     En segundo lugar, el Land de Turingia no ha demostrado que las autoridades alemanas respondieran exhaustivamente a todas las
         preguntas formuladas por la Comisión en el anexo de la decisión de apertura del procedimiento. En particular, no ha demostrado
         que dichas autoridades hubieran presentado la lista específica de ayudas concedidas desde 1991, que la Comisión les había
         solicitado sin embargo en reiteradas ocasiones. Tampoco ha aportado pruebas de que dichas autoridades hubieran respondido
         a la pregunta relativa a la existencia de eventuales planes de reestructuración. Además, los autos muestran que dichas autoridades
         sólo respondieron con vaguedad a la pregunta relativa a la descripción de las transacciones acordadas con ocasión de la compra
         de la empresa en participación por parte de TAB y TIB, así como a la pregunta relativa a la descripción de las circunstancias
         y condiciones en que los bancos privados renunciaron a sus créditos en 1994. 
      
      88     A este respecto procede recordar igualmente que, según el artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 659/1999, «la decisión
         de incoar el procedimiento de investigación formal deberá resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho, incluir
         una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre su compatibilidad
         con el mercado común». A través de esta decisión y de la publicación de la misma en el Diario Oficial de la Unión Europea, el Estado miembro y las demás partes interesadas son informados de los hechos en los que la Comisión proyecta basar su decisión.
         De ello se deduce que, si estas partes consideran que algunos de los hechos recogidos en la decisión de apertura del procedimiento
         de investigación formal son erróneos, deben informar de ello a la Comisión en el procedimiento administrativo, so pena de
         perder el derecho a impugnar tales hechos en el procedimiento contencioso (véase en este sentido, por lo que respecta al Estado
         miembro, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1994, España/Comisión, asuntos acumulados C‑278/92 a
         C‑280/92, Rec. p. I‑4103, apartado 31). En cambio, con arreglo a los principios sentados por la jurisprudencia y por el Reglamento
         nº 659/1999 a los que se ha hecho referencia en el apartado 73 supra, de no existir información en sentido contrario procedente de las partes afectadas, la Comisión está facultada para basarse
         en los hechos de que dispone al adoptar la decisión definitiva, aunque sean erróneos, en la medida en que la Comisión haya
         requerido al Estado miembro para que le proporcione la información necesaria sobre los hechos de que se trata. Por el contrario,
         si la Comisión se abstiene de requerir al Estado miembro para que le remita información sobre los hechos que ella proyecta
         tomar en consideración, no podrá justificar posteriormente sus eventuales errores de hecho alegando que, al adoptar la decisión
         de cierre del procedimiento de investigación formal, estaba facultada para tomar en consideración únicamente la información
         de que disponía en aquel momento. 
      
      89     En contra de lo que sugiere el Land de Turingia, ello no significa que la Comisión quede exenta de todo control jurisdiccional
         en lo que respecta a la constatación de los hechos. En efecto, si el Estado miembro ha cumplido plenamente su obligación de
         remitir toda la información solicitada por la Comisión, le resultará muy fácil demostrar, con la ayuda de la información remitida
         por él durante el procedimiento, que los eventuales errores de hecho presentes en la Decisión impugnada no le son imputables.
         Además, cuando la Comisión basa una decisión en la información de que dispone sobre ciertos hechos sin haber cumplido los
         requisitos de procedimiento formulados por la jurisprudencia y establecidos en el Reglamento nº 659/1999 precisamente en lo
         que respecta a tales hechos, el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer su control sobre la cuestión de si la toma en
         consideración de tales hechos pudo provocar un error de apreciación que vicie de ilegalidad la Decisión impugnada.
      
      90     Pues bien, a la vista de las circunstancias descritas en los apartados 85 a 88 supra y teniendo en cuenta en particular de los tres requerimientos remitidos por la Comisión al Land de Turingia durante el procedimiento
         administrativo, este último no ha demostrado que la Comisión haya tomado en consideración en la Decisión impugnada ciertos
         hechos sin haber respetado los requisitos de procedimiento necesarios al respecto. Por consiguiente, al adoptar la Decisión
         impugnada, la Comisión estaba facultada para basarse en la información de que disponía en aquel momento.
      
      91     Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar la presente alegación.
      B.      Sobre el aval prestado por el Land de Baviera (LfA) a PBK
      1.      Alegaciones de las partes
      92     El Land de Turingia alega en primer lugar que la Comisión incurrió en un error de hecho en lo que respecta a esta aportación.
         Pone de relieve en efecto que, en contra de lo indicado por la Comisión en el considerando 30 de la Decisión impugnada, el
         aval del Land de Baviera, que cubría inicialmente el 80 % de los créditos bancarios concedidos a PBK, no se transformó en
         un aval que cubriera el 100 % de los créditos por un importe total de 54,7 millones de DEM. Señala así, en particular, que
         el importe de 54,7 millones de DEM al que se refiere la Comisión corresponde al valor en cuenta de los créditos (sin incluir
         intereses) que se encontraban avalados en un 80 % por el Land de Baviera en el momento en que se celebró el convenio de saneamiento
         de marzo de 1994. Según sus afirmaciones, en contra de lo indicado por la Comisión en la Decisión impugnada, el Land de Baviera
         no aceptó avalar en un 100 % dicho importe. Muy al contrario, con arreglo al convenio de saneamiento, el importe total de
         los créditos avalados por el Land de Baviera quedó reducido, por una parte como consecuencia de la renuncia de los bancos
         al reembolso de créditos avalados por un importe de 12 millones de DEM, y por otra parte como consecuencia de diversas intervenciones
         del Land de Baviera. Subraya que fue únicamente el importe residual, es decir, 41,4 millones de DEM, lo que el Land de Baviera
         aceptó avalar en un 100 % con arreglo al convenio de saneamiento, y que en 1995 LfA se vio obligada a responder de dicho aval
         abonando a los bancos en su totalidad el importe avalado. Precisa además que el derecho de crédito del Land de Baviera contra
         la empresa en participación nacido de dicho pago, por un importe de 41,4 millones de DEM, así como otros derechos de crédito
         contra dicha sociedad del Land de Baviera, por un importe de 9 millones de DEM, fueron cedidos finalmente a TAB el 7 de noviembre
         de 1995 por un precio de 15 millones de DEM. Según el Land de Turingia, dicha deuda de la empresa en participación frente
         a TAB fue abonada en su totalidad por CDA después de que adquiriese los activos de LCA.
      
      93     El Land de Turingia pone de relieve que las autoridades alemanas transmitieron toda esta información a la Comisión a lo largo
         del procedimiento administrativo. Afirma en efecto que los escritos de 18 de enero de 1996 y de 30 de marzo de 1999 muestran
         claramente que el aval del Land de Baviera, que cubría inicialmente un 80 % de los créditos bancarios concedidos a PBK, no
         se transformó en un aval que cubriera el 100 % los créditos por un importe total de 54,7 millones de DEM. En efecto, la prestación
         de este supuesto aval de un 100 % era en realidad una intervención en virtud del aval inicial y sólo cubría, además, un importe
         residual de 41,4 millones de DEM. Según el Land de Turingia, la Comisión se abstuvo ilícitamente de verificar este punto,
         pese a que resultaba decisivo, ya que permitía demostrar que la prestación de un aval del 100 % por parte del Land de Baviera
         con arreglo al convenio de saneamiento no constituía una nueva ayuda, sino en realidad una intervención en virtud de una ayuda
         existente, concedida en el marco de un régimen de ayudas autorizado.
      
      94     Por otra parte, el Land de Turingia recalca que de dicha información se desprende que, en contra de lo afirmado por la Comisión
         en el considerando 30 de la Decisión impugnada, LfA no abonó un importe de 54,7 millones de DEM, incrementado en 7 millones
         de DEM, en el contexto de su intervención en virtud del aval. En efecto, según el Land de Turingia, LfA desembolsó como máximo
         una cantidad de 48,4 millones de DEM, ya que en marzo de 1994 abonó 3 millones de DEM a los bancos y concedió a PA dos préstamos
         de 2 millones de DEM cada uno –uno para reembolsar los créditos avalados y otro para garantizar el pago de los intereses futuros
         de dichos créditos–, y en 1995 abonó 41,4 millones de DEM a los bancos. A su juicio, la diferencia entre este importe de 48,4 millones
         de DEM y el importe de 54,7 millones de DEM recogido en el considerando 30 de la Decisión impugnada se explica sobre todo
         por el hecho de que la Comisión contó dos veces ciertos importes, a saber, primero como importe avalado por el Land de Baviera
         y luego como importe abonado por LfA en virtud de dicho aval.
      
      95     En segundo lugar, el Land de Turingia alega que la Comisión vulneró el artículo 87 CE, apartado 1, al estimar erróneamente
         en los considerandos 89 a 93 de la Decisión impugnada que, a causa de su transformación en un aval del 100 %, el aval controvertido
         había dejado de cumplir los requisitos exigidos por la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera. 
      
      96     Por último, el Land de Turingia considera que la Comisión violó el deber de motivación al no motivar su conclusión de que
         el aval del Land de Baviera no respetaba la normativa aplicable. 
      
      97     La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la totalidad de la argumentación del Land de Turingia
         en lo que respecta al aval del Land de Baviera.
      
      98     Por una parte, niega haber cometido error alguno en la constatación de los hechos por lo que respecta a dicho aval. Afirma
         en primer lugar que, pese al requerimiento enviado a las autoridades alemanas, éstas no aclararon los hechos relativos a dicha
         aportación. En efecto, en su escrito de 30 de marzo de 1999, las autoridades alemanas se limitaron a considerar «lógico» el
         incremento del aval, de un 80 % a un 100 %, pero no ofrecieron explicación alguna al respecto. Por lo tanto, a su juicio,
         ella estaba facultada para adoptar su decisión en función de la información disponible, con arreglo a la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 30 de junio de 1992, Italia/Comisión, denominada «Italgrani» (C‑47/91, Rec. p. I‑4145). Pues bien, de dicha
         información se deducía, según la Comisión, que, a causa de la transformación del aval, la concesión efectiva del mismo no
         respetaba los requisitos iniciales establecidos por la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera. En efecto,
         como dicho régimen de ayudas, que había sido aprobado previamente por la Comisión, establecía que el aval sólo podía cubrir
         como máximo un 80 % de los créditos, habría sido preciso reducir el aval del Land de Baviera como consecuencia de la renuncia
         de los bancos al reembolso de créditos por un importe de 12 millones de DEM. Alega además que ni las autoridades alemanas
         ni el Land de Turingia han podido explicar el aumento del importe cubierto por el aval, de 52,72 a 54,72 millones de DEM.
         Por último, la Comisión afirma que, incluso suponiendo que el Land de Turingia tenga razón cuando sostiene que el riesgo cubierto
         por el aval ya se había materializado en el momento en que el Land de Baviera se comprometió a avalar el importe restante
         en un 100 %, no es menos cierto que el Land de Baviera sólo hubiera debido avalar el nuevo importe exigible en un 80 %.
      
      99     Por otra parte, la Comisión rechaza la alegación del Land de Turingia en el sentido de que ella infringió el artículo 87 CE,
         apartado 1, e incumplió el deber de motivación en lo relativo a la apreciación jurídica del aval del Land de Baviera. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      100   El Land de Turingia impugna la legalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida en que califica de ayuda estatal
         incompatible con el mercado común una ayuda financiera concedida por LfA en forma de aval de un préstamo por un importe de
         54,7 millones de DEM, invocando como motivos un error de hecho, la vulneración del artículo 87 CE, apartado 1, y el incumplimiento
         del deber de motivación.
      
      101   A este respecto, procede examinar en primer lugar si la Comisión incurrió en un error de hecho al afirmar, en el considerando
         30 de la Decisión impugnada que, «a raíz de la concesión de ayudas regionales tan elevadas, al final sólo se desembolsaron
         54,7 millones de marcos alemanes de los 65,85 millones de marcos alemanes del crédito del consorcio de bancos» y que «LfA
         concedió una garantía subsidiaria sobre el 100 % de este importe, en lugar del 80 % previsto inicialmente». 
      
      102   Como se ha puesto de relieve en el apartado 88 supra, únicamente puede llegarse a esta conclusión si el Land de Turingia logra demostrar que la Comisión obtuvo, en el procedimiento
         administrativo, la información necesaria para permitirle corregir la eventual inexactitud de los hechos resumidos en la decisión
         de apertura del procedimiento. 
      
      103   A este respecto procede recordar que, en el punto 2.2.1, párrafo tercero, de la decisión de apertura del procedimiento, la
         Comisión indicó que, «sobre este crédito, el Estado federado de Baviera asumió, con arreglo a un régimen de ayudas autorizado,
         una garantía subsidiaria del 80 % (52,72 millones de marcos alemanes)». En el párrafo quinto de este mismo punto, la decisión
         de apertura del procedimiento afirma lo siguiente:
      
      «Como las subvenciones y primas a la inversión concedidas a [PBK] fueron mayores de lo previsto, sólo fueron desembolsados
         54,7 millones de marcos alemanes del crédito del consorcio de bancos de 65,85 millones. Como consecuencia de ello, el Estado
         federado de Baviera transformó en 1994 su garantía subsidiaria sobre el 80 % (52,72 millones de marcos alemanes) en una garantía
         sobre el 100 % (54,7 millones de marcos alemanes). [...]» 
      
      104   Por último, en la parte relativa a la valoración provisional de las ayudas, la decisión de apertura del procedimiento indica
         que «además, la Comisión tiene serias dudas de que las medidas relacionadas con esta garantía, es decir, su transformación
         en un garantía subsidiaria al 100 % y el aumento del importe garantizado, que pasa de 52,72 millones de marcos alemanes a
         54,7 millones, entraran dentro del ámbito del [régimen de ayudas aprobado]» (punto 3.1.1, párrafo primero, de la decisión
         de apertura del procedimiento).
      
      105   De estas citas se desprende claramente que, en la fase de apertura del procedimiento, la Comisión había deducido de la información
         de que disponía, por una parte, que en 1994 el aval del Land de Baviera, que cubría inicialmente un 80 % de los créditos,
         se había transformado en un aval del 100 % y, por otra parte, que el importe avalado había aumentado, pasando de 52,72 a 54,7 millones
         de DEM.
      
      106   Pues bien, procede subrayar que, en su escrito de 30 de marzo de 1999, las autoridades alemanas se pronunciaron sobre esta
         presentación de los hechos en lo que respecta al aval del Land de Baviera. Pusieron en efecto de relieve que, en el convenio
         de saneamiento, los bancos habían aceptado renunciar a un importe de 12 millones de DEM sobre los créditos cubiertos por dicho
         aval y que, a causa de esta renuncia, su riesgo propio en dichos créditos quedaba completamente cubierto, de manera que «el
         importe residual de dichos créditos, en consecuencia, siguió estando cubierto en un 100 % por el aval del Land de Baviera».
         Dichas autoridades recordaron además la evolución de los créditos cubiertos por dicho aval, y de su descripción se deduce
         que, antes de la renuncia de los bancos en el convenio de saneamiento, el importe total de los créditos avalados por el Land
         de Baviera era de 58,4 millones de DEM. Como consecuencia de la renuncia de los bancos a un importe de 12 millones de DEM,
         de la intervención del Land de Baviera en virtud de su aval por un importe de 3 millones de DEM, y de la concesión a PA de
         un préstamo de 2 millones de DEM por parte de LfA para que reembolsara sus préstamos, el importe del aval quedó reducido a
         41,4 millones de DEM. 
      
      107   Habida cuenta de estos datos, no refutados en detalle por la Comisión ni desmentidos por ninguno de los documentos que obran
         en autos, procede concluir que la Comisión incurrió en un error al afirmar en el considerando 30 de la Decisión impugnada,
         en esencia, que el importe avalado había aumentado de 52,72 a 54,7 millones de DEM. 
      
      108   En cuanto a las consecuencias de este error de hecho, procede subrayar que fue la afirmación recogida en el considerando 30
         de la Decisión impugnada lo que llevó a la Comisión a considerar que el importe de la ayuda que procedía recuperar en relación
         con el aval del Land de Baviera ascendía a 54,7 millones de DEM (considerandos 89 a 93 y 123 de la Decisión impugnada). De
         ello se deduce que, como consecuencia de este error de hecho, la Comisión determinó erróneamente el importe de la ayuda que
         procedía recuperar.
      
      109   A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera igualmente que no dispone de todos los datos necesarios para controlar
         la procedencia de la Decisión impugnada, por lo que debe examinar de oficio el motivo relativo a la falta de motivación de
         la Decisión impugnada sobre este punto (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de febrero de
         1997, Comisión/Daffix, C‑166/95 P, Rec. p. I‑983, apartado 24, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de
         julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T‑61/89, Rec. p. II‑1931, apartado 129, y de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
         T‑44/00, Rec. p. I-0000, apartado 210). En efecto, la motivación recogida en los considerandos 30, 32 y 89 de la Decisión
         impugnada impide que el Tribunal de Primera Instancia ejerza su control, ya que no explica con precisión y coherencia cómo
         estableció la Comisión una relación entre, en primer lugar, el importe de los créditos bancarios, que se redujo de 65,58 a
         54,7 millones de DEM (considerando 30 de la Decisión impugnada), en segundo lugar, el porcentaje de aval concedido por LfA,
         que pasó de un 80 % de los créditos a un 100 % de los mismos (considerandos 30 y 32 de la Decisión impugnada) y, en tercer
         lugar, el importe del aval prestado, que aumentó de 52,72 a 54,7 millones de DEM (considerandos 30 y 89 de la Decisión impugnada),
         a fin de justificar su cálculo sobre el valor respectivo de las ayudas en cuestión y llegar a la conclusión errónea mencionada
         en el apartado 108 supra. Además, en la Decisión impugnada, la Comisión no respondió a lo alegado por la República Federal de Alemania en los escritos
         de las autoridades alemanas de 18 de enero de 1996 y de 30 de marzo de 1999, en el sentido de que los derechos de crédito
         del Land de Baviera habían sido cedidos finalmente a TAB por un precio de 15 millones de DEM, ni motivó su apreciación sobre
         la eventual repercusión de dicha transacción en el valor de las ayudas de que se trata y en la restitución de las mismas.
         Por consiguiente, procede hacer constar que, en estos diferentes aspectos, la Comisión incumplió igualmente el deber de motivación
         establecido en el artículo 253 CE.
      
      110   A continuación procede analizar si la Comisión infringió igualmente el artículo 87 CE, apartados 1 y 2, en su valoración jurídica
         de esta ayuda financiera. A este respecto procede recordar que el Land de Turingia alega que la Comisión incurrió en un error
         al afirmar que los requisitos establecidos en la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera no fueron respetados
         ya que, por una parte, el aval inicial se transformó en un aval del 100 % y, por otra parte, los créditos cubiertos por este
         aval se desviaron de sus objetivos en provecho del grupo Pilz. A juicio del Land de Turingia, resulta pues infundada la conclusión
         de la Comisión al deducir de ello que el aval del Land de Baviera era desde el principio incompatible con el mercado común.
      
      111   Procede comenzar por recordar que, en los considerandos 89 a 93 de la Decisión impugnada, la Comisión explicó las razones
         que la llevaron a exigir la recuperación del importe de la ayuda correspondiente al aval del Land de Baviera. Así, tras poner
         de relieve en el considerando 89 que la información incompleta de las autoridades alemana no había permitido despejar las
         dudas en cuanto a la transformación del aval inicial, la Comisión afirmó que, en contra de lo exigido por la normativa sobre
         la concesión de avales del Land de Baviera, «es manifiesto que la medida citada no se destinó en lo esencial a financiar la
         inversión prevista en la solicitud; además, el inversor no contribuyó en una medida adecuada con sus propios recursos a sufragar
         los costes de la inversión» (considerandos 90 y 91). Señaló además que las explicaciones de las autoridades alemanas en el
         sentido de que los créditos avalados sólo beneficiaron, esencialmente, a las sociedades del grupo Pilz permiten concluir que
         se produjo una utilización abusiva de la ayuda (considerando 92). Así llegó a la conclusión de que «estas ayudas no se destinaron
         al proyecto de inversión para la creación de una planta de producción de discos compactos, sino que se utilizaron para mantener
         en funcionamiento el conjunto del grupo Pilz; por tanto, fueron utilizadas de forma abusiva con arreglo al apartado 2 del
         artículo 88 del Tratado CE. Por consiguiente, estas ayudas son incompatibles con las disposiciones del Tratado CE y han de
         ser anuladas y reclamadas por las autoridades alemanas» (considerando 93). 
      
      112   En primer lugar, de estos considerandos se deduce claramente que fue la aplicación abusiva de la ayuda concedida en forma
         de aval del Land de Baviera lo que impulsó a la Comisión a concluir que procedía devolver dicha ayuda. Como la Comisión ha
         recalcado con acierto, la cuestión de la transformación del aval inicial en un aval del 100 % sólo fue mencionada con carácter
         subsidiario y no constituye en absoluto el fundamento de la apreciación formulada por la Comisión en este contexto.
      
      113   En segundo lugar, procede subrayar que el concepto de aplicación abusiva procede directamente del artículo 88 CE, apartado
         2, párrafo primero, donde se establece que «si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones,
         la Comisión comprobare que una ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales [...] se aplica de manera abusiva,
         decidirá que el Estado interesado la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine». Además, el artículo 1, letra g)
         del Reglamento nº 659/1999 define la «ayuda aplicada de manera abusiva» como «la ayuda utilizada por el beneficiario contraviniendo
         una decisión adoptada en virtud del apartado 3 del artículo 4 o de los apartados 3 o 4 del artículo 7 del presente Reglamento».
         
      
      114   De estas disposiciones se desprende que, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado
         ha sido aplicada de manera abusiva, la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido el régimen
         aprobado por la Comisión, es decir, que ha infringido las normas nacionales que regulan dicho régimen o los requisitos adicionales
         aceptados por el Estado miembro en el procedimiento de aprobación del régimen por parte de la Comisión.
      
      115   Pues bien, es preciso hacer constar que, en el presente caso, la Comisión demostró claramente que la utilización del aval
         del Land de Baviera había infringido la normativa sobre la concesión de avales del Land de Baviera. Recordó así en primer
         lugar, en el considerando 90 de la Decisión impugnada, que, con arreglo a dicho régimen, el Land de Baviera avala créditos
         destinados a financiar inversiones (construcción, ampliaciones, etc.) y que, para poder obtener dicho aval, las empresas interesadas
         deben participar con sus fondos propios en la financiación del proyecto en una medida adecuada y velar por que los plazos
         de pago de los intereses y de amortización del principal sean razonables, garantizando la financiación total del proyecto.
         A continuación, la Comisión constató, por una parte, que «es manifiesto que la medida citada no se destinó en lo esencial
         a financiar la inversión prevista en la solicitud; además, el inversor no contribuyó en una medida adecuada con sus propios
         recursos a sufragar los costes de la inversión» (considerando 91) y, por otra, que «estos créditos con garantía estatal [...]
         beneficiaron exclusivamente a las empresas del grupo Pilz» (considerando 92).
      
      116   Vistas las consideraciones anteriores, el hecho de que el aval prestado inicialmente respetase el régimen de ayudas no es
         pertinente. En efecto, como la Comisión alega acertadamente, lo que constituye una aplicación abusiva de una ayuda no es la
         concesión inicial de la misma, sino el hecho de utilizarla posteriormente infringiendo las disposiciones de un régimen de
         ayudas autorizado. Además, se deduce claramente del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, que la aplicación abusiva
         de una ayuda constituye un criterio distinto e independiente del de la compatibilidad de la misma con el mercado común y justifica
         en consecuencia, por sí solo, una decisión de la Comisión que ordene suprimir o modificar la ayuda. En contra de lo que alega
         el Land de Turingia, la Comisión actuó por tanto legítimamente al no incluir en la Decisión impugnada una motivación destinada
         a demostrar la incompatibilidad con el mercado común del aval del Land de Baviera. De ello se sigue, por otra parte, que la
         Comisión cumplió a este respecto el deber de motivación que le impone el artículo 253 CE.
      
      117   Por lo tanto, procede desestimar por infundadas las alegaciones del Land de Turingia sobre la supuesta infracción del artículo
         87 CE.
      
      118   Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede anular el artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida
         en que la Comisión ha considerado en él que las ayudas estatales otorgadas para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts
         incluyen un importe de 54,7 millones de DEM correspondiente al aval del Land de Baviera.
      
      C.      Sobre la renuncia del Land de Baviera (LfA) a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra PBK 
      1.      Alegaciones de las partes
      119   El Land de Turingia sostiene que la Comisión cometió un error al afirmar en el considerando 96 de la Decisión impugnada que
         PBK recibió una ayuda como consecuencia de la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra dicha empresa.
         Alega en efecto que, con tal afirmación, la Comisión olvida que ya tuvo en cuenta dicha cantidad en concepto de ayuda en el
         contexto de su apreciación del aval concedido por el Land de Baviera, a saber, el importe de 54,72 millones de DEM. Ahora
         bien, tal como las autoridades alemanas comunicaron a la Comisión en el procedimiento administrativo, mediante escritos de
         3 de marzo de 1995 y 30 de marzo de 1999, el nacimiento de dicho derecho de crédito en contra de PBK se debe precisamente
         al pago de una cantidad equivalente a los bancos con objeto de reducir el importe de los créditos cubiertos por el aval inicial.
      
      120   El Land de Turingia alega a continuación que la Comisión incurrió en un error de apreciación al considerar en la Decisión
         impugnada que la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM constituye una nueva ayuda. Afirma en efecto
         que, como se ha puesto de relieve en el apartado anterior, esta aportación se destinó a reembolsar los créditos bancarios
         otorgados para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts y avalados por el Land de Baviera. En cualquier caso, estima
         que la Comisión incumplió el deber de motivación al no indicar las razones por las que, a su juicio, la renuncia de LfA a
         su derecho de crédito de 3 millones de DEM, en beneficio de PBK, constituía una ayuda incompatible con el mercado común.
      
      121   La Comisión, apoyada por ODS, impugna en su totalidad la argumentación del Land de Turingia sobre la renuncia al derecho de
         crédito de 3 millones de DEM. Señala en primer lugar que no cometió error de hecho o de Derecho alguno en relación con esta
         aportación, puesto que lo que ella calificó de ayuda adicional no es la intervención en virtud del aval, sino en realidad
         la renuncia posterior al derecho de crédito nacido de dicha intervención. Pone de relieve por otra parte que, aunque dicha
         renuncia ya había sido calificada de ayuda al iniciarse el procedimiento de investigación formal, en particular en el cuadro
         recogido en la página 9 de la decisión de apertura del procedimiento, las autoridades alemanas no impugnaron dicha calificación.
         La Comisión estima además haber respetado el deber de motivación en lo relativo a dicha ayuda. Indica en efecto que en el
         considerando 96 de la Decisión impugnada declaró, basándose en la información incompleta remitida por las autoridades alemanas,
         que se trataba de una ayuda adoptada sin fundamento jurídico alguno y, por lo tanto, incompatible con el mercado común.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      122   En lo que respecta a la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra PBK, el Land de Turingia alega
         un error de hecho, un error manifiesto de apreciación y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      123   Con carácter preliminar procede recordar que, en el considerando 96 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que «la
         renuncia al cobro de un crédito de 3 millones de marcos alemanes [...] ha de calificarse, asimismo, de ayuda incompatible
         y debe ser objeto de una orden de reembolso, pues esta medida fue adoptada sin fundamento jurídico alguno». 
      
      124   Según el Land de Turingia, esta afirmación está basada en un error de hecho y en una valoración jurídica errónea, ya que,
         al tener en cuenta tanto el importe total del aval del Land de Baviera (54,7 millones de DEM) como el importe del derecho
         de crédito que este último decidió no exigir a PBK (3 millones de DEM), la Comisión contó dos veces la misma ayuda. En cualquier
         caso, a su juicio, la Comisión incumplió el deber de motivación al no exponer las razones por las que estimaba que la renuncia
         al derecho de crédito constituía una ayuda incompatible con el mercado común.
      
      125   A este respecto procede recordar que tanto la existencia como la importancia de una ayuda deben valorarse teniendo en cuenta
         la situación existente en el momento en que fue concedida. Por lo tanto, la ejecución de una garantía pública en caso de incumplimiento
         de la empresa beneficiaria no modifica la naturaleza de dicha garantía con arreglo al artículo 87 CE ni genera una nueva ayuda.
         
      
      126   Es cierto que, en determinados casos, puede constituir una ayuda el hecho de que la entidad pública garante renuncie unilateralmente
         a los derechos de que dispone contra el beneficiario tras la ejecución de la garantía. Así ocurre en particular cuando la
         entidad pública garante no actúa como un sujeto económico racional, realizando todas las gestiones posibles para obtener la
         devolución del importe que se vio obligada a abonar al ejecutarse la garantía. Además, si se comprueba que la renuncia al
         derecho de crédito inicialmente cubierto por un aval, tras la ejecución del aval, es definitiva, provocando así una reducción
         directa del endeudamiento del beneficiario, dicha renuncia puede constituir, en principio, una ayuda distinta, ya que aporta
         una ventaja económica adicional con respecto al aval y con respecto a la ejecución del mismo.
      
      127   Pues bien, procede subrayar que, aunque la Comisión ha indicado que lo que ella ha calificado de ayuda adicional no es la
         intervención en virtud del aval, sino la renuncia posterior al derecho de crédito nacido de dicha intervención, tal afirmación
         la ha efectuado únicamente en el procedimiento ante este Tribunal. Sin embargo, es preciso hacer constar que los considerandos
         31 y 96 de Decisión impugnada no permiten que los justiciables o el Tribunal comprendan suficientemente el razonamiento invocado
         a este respecto, por lo que tampoco permiten que este Tribunal de Primera Instancia controle las razones por las que la Comisión
         estimó, al adoptar la Decisión impugnada, que la renuncia al derecho de crédito constituía una nueva ayuda, diferente de la
         que se tuvo en cuenta como aval del Land de Baviera o como ejecución de dicho aval. Por otra parte, según reiterada jurisprudencia,
         en principio, las explicaciones ofrecidas por la Comisión en el procedimiento litigioso ante el Tribunal de Primera Instancia
         no pueden subsanar la insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 24 de octubre de 1996, Alemania y otros/Comisión, asuntos acumulados C‑329/93, C‑62/95 y C‑63/95, Rec. p. I‑5151,
         apartados 47 y 48, y las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 1998, British Airways y otros y British
         Midland Airways/Comisión, asuntos acumulados T‑371/94 y T‑394/94, Rec. p. II‑2405, apartados 116 a 119, y de 18 de enero de
         2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Comisión, T‑93/02, Rec. p. II‑0000, apartados 123 a 126).
      
      128   Por lo tanto, sin necesidad de examinar la cuestión de si la Comisión contó efectivamente dos veces la misma ayuda, este Tribunal
         de Primera Instancia considera que, en cualquier caso, la Comisión no podía contentarse con afirmar, en el considerando 96
         de la Decisión impugnada, que la renuncia al cobro del derecho de crédito constituye una ayuda incompatible con el mercado
         común por haber sido «adoptada sin fundamento jurídico alguno». 
      
      129   En consecuencia, sin necesidad de examinar las demás alegaciones formuladas por el Land de Turingia a este respecto, procede
         acoger su alegación de que la Comisión incumplió el deber de motivación que le impone el artículo 253 CE al calificar de ayuda
         la renuncia de LfA a su derecho de crédito de 3 millones de DEM, en beneficio de PBK.
      
      130   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede anular el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada en la
         medida en que la Comisión ha considerado que las ayudas estatales otorgadas para la construcción, explotación y consolidación
         de la fábrica de CD de Albrechts incluyen un importe de 3 millones de DEM correspondiente a la renuncia a un derecho de crédito
         de la que se benefició PBK. 
      
      D.      Sobre las subvenciones y primas a la inversión de un importe de 63,45 millones de DEM y de 19,42 millones de DEM otorgadas
            respectivamente por el Land de Turingia y por el Land de Baviera (LfA) a la empresa en participación y a PA
      1.      Alegaciones de las partes
      131   El Land de Turingia sostiene que la Comisión incurrió en diversos errores de hecho y errores de apreciación e incumplió el
         deber de motivación en lo que respecta a las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Turingia y por
         el Land de Baviera (LfA).
      
      132   Alega en primer lugar que, dado que la Comisión constató en el considerando 88 de la Decisión impugnada que se había adoptado
         una decisión ordenando a CD Albrechts la restitución de un importe de 32,45 millones de DEM correspondiente a subvenciones
         otorgadas por él, no se ajusta a derecho la exigencia formulada por la Comisión en el artículo 2 de la Decisión impugnada
         al exigir que se restituyan dichas subvenciones en su totalidad, es decir, un importe de 63,45 millones de DEM. 
      
      133   A continuación, el Land de Turingia alega que, en contra de lo afirmado por la Comisión en los considerandos 87 y 88 de la
         Decisión impugnada, las subvenciones y primas a la inversión concedidas para la creación de la fábrica de CD de Albrechts
         constituyen ayudas existentes, otorgadas con arreglo a regímenes de ayudas aprobados previamente por la Comisión, y no nuevas
         ayudas, calificadas por la Comisión de incompatibles con el mercado común por haber sido otorgadas infringiendo una supuesta
         prohibición de subvencionar bienes de inversión de empresas vinculadas. Sostiene en efecto que, con carácter general, ni la
         Ley de primas fiscales a la inversión, ni el régimen común, ni el Derecho comunitario establecen tal prohibición. A continuación
         afirma que, incluso en el supuesto de que el régimen común prohibiera subvencionar los bienes de inversión de empresas vinculadas,
         dicha prohibición fue respetada en el presente caso, puesto que, antes de abonar las subvenciones, él exigió en cada ocasión
         que la empresa en participación confirmara que éstas no servirían para subvencionar bienes de inversión de empresas vinculadas.
         A su juicio, así lo muestra claramente el escrito de calificación provisional presentado por el ministerio fiscal ante el
         Landgericht Mühlhausen de 9 de abril de 1998, que fue remitido a la Comisión como anexo al escrito de 28 de septiembre de
         1999. Estima además que no cabe considerar que, en el momento en que se celebró el contrato para la construcción de la fábrica
         de CD de Albrechts, las relaciones entre la empresa en participación y Pilz Construction fueran relaciones entre »empresas
         vinculadas«, ya que en ese momento el grupo Pilz era sólo un accionista minoritario de la empresa en participación. Estima
         por tanto que la concesión de las subvenciones respetaba los requisitos establecidos por el régimen común, formaba parte pues
         de un régimen de ayudas autorizado y era compatible, por consiguiente, con el mercado común. En efecto, según el Land de Turingia,
         fue sólo el hecho de que una parte de la subvenciones fuera desviada de sus objetivos en provecho del grupo Pilz lo que hizo
         que esta parte de las subvenciones a la inversión no respetara los requisitos establecidos por el régimen común y fuera por
         tanto incompatible con el mercado común. A este respecto, impugna por lo demás la alegación de la Comisión según la cual,
         en el procedimiento de investigación formal, las autoridades alemanas no aportaron pruebas de que, en realidad, una parte
         de la subvenciones había sido utilizada correctamente. Señala en efecto que dicha información figuraba en el escrito de calificación
         provisional del ministerio fiscal ante el Landgericht Mühlhausen de 9 de abril de 1998 (pp. 10 a 12).
      
      134   Por otra parte, en lo relativo a la concesión de las primas a la inversión, el Land de Turingia alega que la Comisión no verificó
         los requisitos de concesión de las mismas, llegando así a la conclusión errónea de que la supuesta prohibición de conceder
         subvenciones en el caso de empresas vinculadas hubiera debido impedir la concesión de tales primas. Dicho Land sostiene en
         efecto que la Ley de primas fiscales a la inversión no establece tal prohibición sino que, por el contrario, consagra el derecho
         del inversor a recibir dichas primas sea quien sea el suministrador de los bienes de inversión. Además, en su opinión, la
         Comisión no tuvo en cuenta que ya se había exigido la restitución de una parte de las primas a la inversión, por un importe
         de 6,137 millones de DEM, y que, en cuanto a la cantidad restante, no cabe ninguna duda de que los requisitos establecidos
         por la Ley habían sido respetados.
      
      135   Por último, el Land de Turingia impugna la alegación de ODS el sentido de que no procedía conceder las subvenciones ni las
         primas a la inversión porque el proyecto de inversión se inició el 29 de agosto de 1989, es decir, antes de la reunificación
         de Alemania. Según el Land de Turingia, no sólo dicha alegación es errónea, sino que es preciso subrayar que el Decreto-ley
         de planificación que regula en detalle las modalidades de concesión de ayudas con arreglo al régimen común permite subvencionar
         igualmente los proyectos iniciados con posterioridad al 1 de julio de 1990 y, por lo tanto, antes del 3 de octubre de 1990
         (Bundestag, publicación 12/895, anexo 4). Pone de relieve además que la normativa aplicable a las primas a la inversión ya
         estaba en vigor en el territorio de la República Democrática Alemana antes de la reunificación y, en un primer momento, continuó
         aplicándose tras la reunificación, con arreglo al Tratado celebrado entre la República Federal de Alemania y la República
         Democrática Alemana relativo a la instauración de la unidad alemana (BGBl. 1990 II, p. 889). 
      
      136   La Comisión niega haber cometido un error en la apreciación de los hechos y un error de apreciación en lo que respecta a la
         subvenciones y a las primas a la inversión.
      
      137   Sostiene así, en primer lugar, que es incomprensible la alegación del Land de Turingia según la cual ella no tuvo en cuenta
         el requisito establecido expresamente por dicho Land para la concesión de subvenciones a la inversión en virtud del régimen
         común, pues basó su valoración jurídica de esas ayudas (considerandos 87 y 88 de la Decisión impugnada) precisamente en dicho
         requisito. Considera por otra parte que resultaba lógico añadir tal requisito, ya que, aunque no exista una prohibición general
         en lo relativo a las subvenciones a empresas vinculadas, es preciso sin embargo prohibir que se otorguen fondos públicos cuando
         dichos fondos son automáticamente desviados de sus objetivos, en un sistema centralizado de gestión de tesorería, y acaban
         llegando en consecuencia a otras empresas del grupo que no cumplen los requisitos para recibir dichas subvenciones (en el
         presente caso, las sociedades del grupo Pilz). Alega en efecto que, si se conceden subvenciones permitidas por el artículo
         87 CE, apartado 3, a una empresa integrada en un sistema centralizado de gestión de tesorería, procede considerar excepcionalmente
         que tales subvenciones son automáticamente ilegales y deben, por tanto, ser recuperadas. En efecto, según la Comisión, un
         sistema de este tipo impide desde el primer momento que las subvenciones se utilicen con arreglo al objetivo para el que fueron
         concedidas. Por otra parte, a su juicio, la exigencia de restitución de las subvenciones a la inversión formulada por el Land
         de Turingia constituye un reconocimiento de que la empresa en participación utilizó mal dichas ayudas. La Comisión estima
         además que, si el Land de Turingia quiere alegar que las restantes subvenciones se utilizaron correctamente, debe aportar
         las pruebas oportunas. Indica sin embargo que, a lo largo del procedimiento administrativo, ni las autoridades federales alemanas,
         ni el Land de Turingia, ni ningún otro interesado logró probar que una parte al menos de las subvenciones hubiera servido
         para la construcción, la ampliación, la transformación o la racionalización de la empresa. 
      
      138   A continuación, la Comisión pone de relieve que, como las autoridades alemanas no le remitieron la decisión del Land de Turingia
         en la que se exigía la restitución de las ayudas, no le quedó otro remedio que basar su decisión únicamente en la información
         de que disponía al adoptar la Decisión impugnada, es decir, en el escrito de calificación provisional del ministerio fiscal
         ante el Landgericht Mühlhausen de 9 de abril de 1998. Ahora bien, en su opinión de dicho documento se deduce que, al calcular
         el importe de las ayudas cuya restitución debían exigir, las autoridades de Turingia partieron del supuesto erróneo de que
         la cantidad empleada de manera abusiva era menos elevada, ya que cuando determinaron la cantidad que procedía devolver no
         sabían aún que la prohibición de subvencionar a empresas vinculadas había sido violada en lo que respecta a la totalidad del
         proyecto y que, por tanto, no hubiera debido concederse ayuda alguna. La Comisión estima, pues, haber actuado legítimamente
         al afirmar en la Decisión impugnada que procedía declarar ilegales la totalidad de las subvenciones concedidas y exigir por
         tanto la restitución de las mismas. A su juicio, dicha conclusión se ve reforzada por el hecho de que, al adoptar la Decisión
         impugnada, ella no disponía de información de la que se desprendiera que el importe de 32,45 millones de DEM exigidos por
         el Land de Turingia había sido efectivamente devuelto.
      
      139   Por otra parte, en respuesta a la alegación del Land de Turingia de que la Comisión no tuvo en cuenta la posibilidad de que
         la fábrica de CD de Albrechts recibiera subvenciones del régimen de ayudas regionales, dicha institución recuerda que, al
         proceder a la valoración jurídica de las subvenciones y primas a la inversión, tomó como base sus Directrices sobre las ayudas
         de Estado de finalidad regional [Comunicación de la Comisión relativa a las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad
         regional (DO 1998, C 74, p. 9), modificada en último lugar por la Comunicación relativa a la modificación de las Directrices
         sobre las ayudas estatales de finalidad regional (DO 2000, C 258, p. 5); en lo sucesivo, «Directrices sobre ayudas regionales»],
         por lo que no procede debatir esta cuestión.
      
      140   La Comisión estima por último que, dado que, por una parte, consta que las primas a la inversión fueron desviadas de sus objetivos
         en el contexto del sistema centralizado de gestión de la tesorería y, por otra parte, no se han aportado pruebas de la utilización
         correcta de una parte de las primas, procede exigir la restitución de estas primas en su totalidad, puesto que deben considerarse
         incompatibles con el mercado común desde el momento de su concesión. La Comisión señala que, aunque ya se ha exigido la restitución
         de un importe de 6,4 millones de DEM, incrementado en 2,2 millones de DEM (considerando 79 de la Decisión impugnada), ella
         no dispone de información sobre el pago efectivo de dicha cantidad, por lo que ha exigido el pago de la cantidad total, a
         saber, 19,42 millones de DEM. Sostiene igualmente que no se ajusta a la realidad la alegación del Land de Turingia según la
         cual ella no se pronunció sobre las primas a la inversión. Pone de relieve, en efecto, que sí se pronunció sobre esta cuestión,
         ya que en el considerando 94 de la Decisión impugnada, remitiéndose a los considerandos anteriores, calificó dichas primas
         de incompatibles con el mercado común basándose en las declaraciones de las autoridades alemanas, que daban a entender que
         los fondos no se habían consagrado al proyecto de inversión, sino que habían servido para mantener en funcionamiento el grupo
         Pilz en su conjunto y, por lo tanto, habían sido aplicados de manera abusiva.
      
      141   ODS comparte las tesis expuestas por la Comisión en cuanto a las subvenciones y las primas a la inversión. Subraya además
         que existe todavía otra razón en apoyo de la tesis de la Comisión de que las subvenciones y las primas a la inversión concedidas
         a la empresa en participación y después a PA no respetaban el régimen de ayudas establecido en la Ley de primas fiscales a
         la inversión ni el régimen común, ambos aprobados por la Comisión. Indica en efecto que, según lo afirmado por el propio Land
         de Turingia, dichas ayudas fueron concedidas antes de la reunificación, es decir, en un momento en que dichos regímenes de
         ayudas no habían entrado aún en vigor en lo que respecta al Land de Turingia (apartados 1.2, 3.2 y 2.9.2 del régimen común
         y Directrices sobre ayudas regionales, punto 4.2).
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      142   En lo que respecta a las presentes alegaciones, procede examinar por separado los argumentos del Land de Turingia relativos
         a las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Turingia y los relativos a las subvenciones y primas a
         la inversión otorgadas por el Land de Baviera (LfA). En efecto, en la Decisión impugnada, la Comisión ofreció una motivación
         diferente con respecto a estas dos aportaciones.
      
      a)      Sobre las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Turingia 
      143   Con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada, las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el
         Land de Turingia son incompatibles con el Tratado CE por haber sido objeto de una aplicación abusiva, a efectos del artículo
         88 CE, apartado 2.
      
      144   El concepto de aplicación abusiva procede directamente del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, donde se establece
         que, «si, después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, la Comisión comprobare que una
         ayuda otorgada por un Estado o mediante fondos estatales [...] se aplica de manera abusiva, decidirá que el Estado interesado
         la suprima o modifique en el plazo que ella misma determine». El artículo 1, letra g) del Reglamento nº 659/1999, define la
         «ayuda aplicada de manera abusiva» como «la ayuda utilizada por el beneficiario contraviniendo una decisión adoptada en virtud
         del apartado 3 del artículo 4 o de los apartados 3 o 4 del artículo 7 del presente Reglamento». 
      
      145   De estas disposiciones se desprende que, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado
         ha sido aplicada de manera abusiva, la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido las normas
         nacionales que regulan dicho régimen o los requisitos adicionales aceptados por el Estado miembro en el momento en que la
         Comisión aprobó el régimen. 
      
      146   En el presente caso, la Comisión motivó del siguiente modo su apreciación sobre la aplicación abusiva de las subvenciones
         y primas otorgadas por el Land de Turingia, en el considerando 87 de la Decisión impugnada:
      
      «Las investigaciones de las autoridades judiciales alemanas revelaron una serie de intercambios internos de bienes y servicios
         entre las empresas del grupo Pilz por un valor aproximado de 109 millones de marcos alemanes. De acuerdo con esta información,
         no se debería haber concedido ayuda alguna al conjunto del proyecto de inversión, pues se ha infringido la prohibición de
         que se concedan ayudas para financiar bienes de inversión de empresas vinculadas. Por tanto, esta subvención, concedida ilegalmente
         sobre la base del [régimen común] y de la Ley de primas a la inversión para 1991 y 1992 por importe de 63,45 millones de marcos
         alemanes, no se ajusta [a los regímenes autorizados] y, en consecuencia, ha de considerarse que no está amparada por [los
         mismos].»
      
      La Comisión concluyó pues que esta ayuda, recibida a través del sistema centralizado de gestión de tesorería del grupo Pilz,
         debía considerarse incompatible con el mercado común, por lo que debía ser devuelta. Indicó además que, mediante decisión
         de 27 de julio de 1995, el Land de Turingia había exigido la restitución de un importe de tan sólo 32,5 millones de DEM, quedando
         así pendiente de restitución un importe de 30,95 millones de DEM (considerando 88). 
      
      147   De dicha motivación se deduce que fue la existencia de un intercambio de productos y servicios en el seno del grupo Pilz y
         de una desviación de fondos al través del sistema centralizado de gestión de tesorería lo que indujo a la Comisión a considerar,
         en la Decisión impugnada, que se había producido una violación de la prohibición de subvencionar bienes de inversión de empresas
         vinculadas y, por lo tanto, una aplicación abusiva de las ayudas a efectos del artículo 88 CE, apartado 2. 
      
      148   Ahora bien, procede subrayar que el Land de Turingia ha sostenido en sus escritos, sin que la Comisión lo contradijera al
         respecto, que dicha prohibición no figuraba ni en el régimen común ni en la Ley de primas fiscales a la inversión, ambos regímenes
         de ayuda aprobados por la Comisión, sino que se trataba de un requisito adicional al que el Land de Turingia supeditaba el
         abono de cada tramo de las subvenciones y primas en el presente caso, con objeto de evitar que fueran utilizadas en provecho
         de otras empresas del grupo Pilz. El escrito de calificación provisional del ministerio fiscal ante el Landgericht Mühlhausen,
         remitido a la Comisión en el procedimiento administrativo, podía representar igualmente un indicio en ese sentido. 
      
      149   Desde el momento en que tal prohibición de subvenciones no figuraba ni en los regímenes de ayudas de que se trata ni en las
         decisiones por las que se aprobaron dichos regímenes, la Comisión no podía concluir que había existido una aplicación abusiva
         basándose únicamente en la violación de dicha prohibición en el presente caso. En efecto, como se ha puesto de relieve en
         el apartado 145 supra, para demostrar que una ayuda concedida con arreglo a un régimen de ayudas autorizado ha sido aplicada de manera abusiva,
         la Comisión debe demostrar que la utilización de dicha ayuda ha infringido las normas nacionales que regulan dicho régimen
         o los requisitos adicionales aceptados por el Estado miembro en el momento en que se aprobó el mencionado régimen. Sin embargo,
         el incumplimiento de un mero requisito adicional impuesto unilateralmente por la entidad que concedió la ayuda y que no estaba
         expresamente previsto en las mencionadas normas nacionales, aprobadas por la Comisión, no puede considerarse suficiente para
         afirmar la existencia de una utilización abusiva de la ayuda, a efectos del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero.
      
      150   Es cierto que, con carácter general, puede resultar conveniente que, en casos como el que aquí se plantea, en los que el beneficiario
         de las ayudas forma parte de un grupo de sociedades en el que se aplica un sistema centralizado de gestión de tesorería, la
         concesión de subvenciones y otras ayudas quede sometida a una prohibición estricta de utilizar las ayudas en beneficio de
         otras empresas del grupo al que pertenece el beneficiario. Se deduce por lo demás del escrito de calificación provisional
         del ministerio fiscal ante el Landgericht Mühlhausen que ésta es precisamente la razón por la que el Land de Turingia condicionó
         la concesión de las subvenciones en el presente caso al respeto de dicha prohibición. Sin embargo, el mero reconocimiento
         de que hubiera sido deseable la inclusión de cierta cláusula en un régimen de ayudas no puede ocultar el hecho de que, en
         el presente caso, ni los regímenes de que se trata ni la decisión de la Comisión habían establecido una disposición de esta
         índole, de modo que el incumplimiento de la misma no puede constituir una aplicación abusiva a efectos del artículo 88 CE,
         apartado 2, párrafo primero, so pena de restar previsibilidad al control efectuado por la Comisión en virtud de dicho artículo.
      
      151   Por lo tanto, resulta fundada la alegación del Land de Turingia en el sentido de que la Comisión incurrió en un error manifiesto
         de apreciación al estimar que las subvenciones y primas a la inversión concedidas por el Land de Turingia habían sido objeto
         de una aplicación abusiva, a efectos del artículo 88 CE, apartado 2, párrafo primero, basándose únicamente en la violación
         de la prohibición establecida al concederlas. 
      
      152   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin necesidad de examinar las demás alegaciones formuladas por el Land
         de Turingia a este respecto, procede anular el artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión ha considerado
         que las ayudas estatales declaradas incompatibles con el mercado común incluyen un importe de 63,45 millones de DEM correspondiente
         a las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Turingia. 
      
      b)      Sobre las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Baviera (LfA)
      153   En los considerandos 93 a 95 de la Decisión impugnada, la Comisión constató lo siguiente en lo que respecta a las subvenciones
         y primas a la inversión otorgadas por el Land de Baviera (LfA):
      
      «[…] estas ayudas no se destinaron al proyecto de inversión para la creación de una planta de producción de discos compactos,
         sino que se utilizaron para mantener en funcionamiento el conjunto del grupo Pilz; por tanto, fueron utilizadas de forma abusiva
         con arreglo al apartado 2 del artículo [88 CE]. […]
      
      Lo mismo es aplicable a los 19,42 millones de DEM concedidos en desarrollo de la Ley de primas a la inversión y de las disposiciones
         sobre los fondos del [régimen común].
      
      Las autoridades alemanas han comunicado a la Comisión que han adoptado todas las medidas previstas en la legislación alemana
         para el reembolso de las ayudas en el marco del procedimiento de quiebra del grupo de empresas Pilz.»
      
      154   Procede subrayar a este respecto que el Land de Turingia alega con acierto que esta motivación, vaga y poco detallada, supone
         una infracción del artículo 253 CE, pues no contiene información alguna sobre las razones por las que la Comisión estimó que
         la utilización de las subvenciones y primas a la inversión concedidas por el Land de Baviera había infringido el régimen común
         y la Ley de primas a la inversión. 
      
      155   En efecto, no basta con indicar, como hace el considerando 95 de la Decisión impugnada, que las autoridades alemanas informaron
         a la Comisión de que habían adoptado las medidas previstas en la legislación alemana para exigir la restitución de las ayudas.
         Independientemente de la cuestión de si la Comisión podía interpretar dicha exigencia como un reconocimiento por parte de
         las autoridades alemanas de que la utilización de dichas ayudas había sido irregular, ello no puede dispensar a la Comisión
         del deber de motivación que le impone el artículo 253 CE en lo relativo a la incompatibilidad de las ayudas en cuestión con
         el mercado común. 
      
      156   Según reiterada jurisprudencia, la motivación exigida por el artículo 253 CE debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el
         razonamiento de la autoridad comunitaria, de modo que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada, con
         el fin de defender sus derechos, y el juez comunitario pueda ejercer su control (véase la sentencia del Tribunal de Justicia
         de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C‑350/88, Rec. p. I‑395, apartado 15, y la jurisprudencia que allí se
         cita). Además, en lo que se refiere al concepto de «interesados», el Tribunal de Justicia ha considerado que la exigencia
         de motivación debe apreciarse principalmente en función del interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa
         e individualmente por el acto impugnado, en el sentido del artículo 230 CE, puedan tener en recibir explicaciones (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 1985, Países Bajos y Leeuwarder Papierwarenfabriek/Comisión, asuntos acumulados
         296/82 y 318/82, Rec. p. 809, apartado 19; sentencia Confédération nationale du Crédit mutuel/Comisión, antes citada en el
         apartado 127 supra, apartado 68). Está claro, por tanto, que la exigencia de motivación de una decisión adoptada en materia de ayudas de Estado
         no puede determinarse únicamente en función del interés en recibir información del Estado miembro al que vaya dirigida dicha
         decisión, pues dicho interés puede disminuir por razones particulares en función de que dicho Estado haya impugnado o no determinados
         argumentos de hecho y de Derecho durante el procedimiento administrativo (véase, en este sentido, la sentencia British Airways
         y otros y British Midland Airways/Comisión, antes citada en el apartado 127 supra, apartado 92). Por consiguiente, desde el momento en que la Decisión impugnada afecta al demandante directa e individualmente
         a efectos del artículo 230 CE, párrafo cuarto, como ocurre en el presente caso con el Land de Turingia, este último tiene
         derecho a exigir que, para satisfacer la exigencia del artículo 253 CE, la motivación de dicha Decisión revele todas las consideraciones
         de hecho y de Derecho en que está basada.
      
      157   De ello se deduce que la Comisión incumplió el deber que le impone el artículo 253 CE al no indicar las razones por las que
         consideraba que la utilización de las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Baviera había infringido
         el régimen común y la Ley de primas a la inversión.
      
      158   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin necesidad de examinar las demás alegaciones formuladas por el Land
         de Turingia en este contexto, procede anular el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada en lo que respecta a las
         subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Baviera.
      
      E.      Sobre el aval prestado por THA a Robotron y a la empresa en participación 
      1.      Alegaciones de las partes
      159   El Land de Turingia sostiene que la Comisión incurrió en un error al estimar, en los considerandos 97 a 99 de la Decisión
         impugnada, que la prestación del aval de THA y su intervención posterior en virtud de dicho aval constituyen, no una ayuda
         existente concedida con arreglo a un régimen de ayudas aprobado previamente por la Comisión, sino una nueva ayuda que es incompatible
         con el mercado común. En primer lugar alega que, como THA prestó este aval en favor de la empresa en participación a fin de
         facilitar la privatización de la misma, dicho aval se otorgó en efecto con arreglo a los regímenes primero y segundo de THA
         (aprobados mediante escritos de la Comisión de 26 de septiembre de 1991 y de 8 de diciembre de 1992), y constituye por tanto
         una ayuda existente y no una nueva ayuda. En efecto, según el Land de Turingia, el texto del primer régimen de THA establecía
         claramente que dicha entidad estaba facultada para avalar las obligaciones de las empresas de las que fuera propietaria, entendiéndose
         que el término «empresas» incluía igualmente las participaciones en filiales o en empresas en participación. En su opinión,
         esto es precisamente lo que ocurría en el presente caso, puesto que la prestación de un aval en favor de Robotron y de la
         empresa en participación permitió transmitir las participaciones sociales en poder de Robotron (empresa pública), mayoritarias,
         a PBK (empresa privada), al tiempo que se descartaban eventuales demandas de indemnización en contra de la primera. Por otra
         parte sostiene que no son pertinentes las declaraciones del presidente del Consejo de Administración de Robotron citadas por
         la Comisión, en el considerando 98 de la Decisión impugnada, a fin de demostrar que el objetivo de THA era desde el principio
         la liquidación de Robotron y no su privatización, ya que no fueron efectuadas en el momento en que se concedió el aval sino
         más tarde, en un momento en el que se planteaba la posibilidad de liquidar Robotron. Ahora bien, según el Land de Turingia,
         la celebración de los contratos fundacionales de la empresa en participación y la prestación del aval tuvieron lugar mucho
         antes de la reunificación de Alemania, es decir en un momento en el que, por una parte, Robotron todavía esperaba realmente
         participar en la economía de mercado, a través de la empresa en participación, y convertirse en una empresa líder en la fabricación
         de CD en la antigua República Democrática Alemana y en el que, por otra parte, la posibilidad de una liquidación no se planteaba.
      
      160   En segundo lugar, el Land de Turingia impugna la alegación de la Comisión según la cual procede interpretar restrictivamente
         los regímenes de THA, incluidos los requisitos para la concesión de las diversas medidas de ayuda contempladas en dichos regímenes.
         En efecto, a su juicio, no sólo la concesión del aval a Robotron y a la empresa en participación cumple sin duda alguna, como
         ya lo ha demostrado, los requisitos para la concesión de ayudas de los regímenes de THA, aunque se interpreten de la manera
         más restrictiva posible, sino que además la tesis de la Comisión prescinde del hecho de que, en el momento en que la Comisión
         aprobó dichos regímenes, todas las partes, incluida la Comisión, estaban de acuerdo en que la tarea sin precedentes de THA
         requería una aplicación generosa del régimen comunitario de control de las ayudas (véase Van Miert, K., Markt, Macht, Wettbewerb. Meine Erfahrungen als Kommissar in Brüssel, Deutsche Verlaganstalt Stuttgart/München, 2000, pp. 243 y ss.). El Land de Turingia estima que la Comisión no puede modificar
         unilateralmente su posición sobre dicho acuerdo.
      
      161   En tercer lugar, el Land de Turingia pone de relieve que la prestación del aval tuvo lugar antes de la reunificación de Alemania,
         de modo que procede considerar que dicho aval, o bien no constituye una ayuda estatal, o bien constituye una ayuda estatal
         anterior a la reunificación, momento en el que las disposiciones del Tratado comenzaron a aplicarse en el territorio de la
         antigua República Democrática Alemana.
      
      162   En cuarto lugar, por lo que respecta a la intervención en virtud del aval, el Land de Turingia considera que el pago por parte
         de THA de un importe de 120 millones de DEM con arreglo al convenio de saneamiento no constituye una ayuda estatal, ya que,
         al actuar así, THA se comportó como lo habría hecho un inversor privado en una economía de mercado en una situación comparable.
         En efecto, el Land de Turingia señala que dicho pago permitió a THA liberarse definitivamente de su obligación como avalista,
         que recaía sobre un importe superior a 160 millones de DEM, y ahorrar de este modo 40 millones de DEM.
      
      163   En quinto lugar, el Land de Turingia considera que el hecho de que los créditos avalados por THA fueran desviados de sus objetivos,
         en provecho del grupo Pilz, no ha puesto en entredicho la compatibilidad inicial de dicho aval con el mercado común. En efecto,
         a su juicio, dichos fondos fueron aplicados de manera abusiva, convirtiéndose por tanto en incompatibles con el mercado común,
         únicamente en la medida en que el grupo Pilz no los utilizó para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts. Además,
         según el Land de Turingia, quien se benefició de esta parte de los fondos no fue la empresa en participación, sino el grupo
         Pilz, que es por tanto el único que debe devolverla.
      
      164   En sexto lugar, el Land de Turingia señala que, en contra de lo que afirma ODS, la Comisión no declaró en su comunicado de
         prensa de 18 de septiembre de 1991 que las empresas en participación estaban excluidas del ámbito de aplicación del régimen
         de THA y que su intención era interpretar restrictivamente las normas aplicables al régimen de THA. El Land de Turingia estima
         igualmente que el artículo redactado por el Sr. Schütte que ODS ha citado no demuestra que dicho régimen deba interpretarse
         restrictivamente, puesto que el autor se limitó a declarar en él que THA podía prestar avales en favor de las empresas de
         su propiedad (como era el caso de la empresa en participación). Según el Land de Turingia, esto significa que THA podía igualmente
         prestar avales en relación con actividades en las que tuviera una participación.
      
      165   Por último, el Land de Turingia alega que la Comisión incumplió el deber de motivación al no indicar por qué razones la intervención
         de THA en virtud del aval constituía una ayuda estatal. En su opinión, dicha motivación resultaba especialmente necesaria,
         habida cuenta de que THA actuaba en aquel momento en condiciones de mercado. El Land de Turingia considera igualmente que
         la Decisión impugnada incumple el deber de motivación al no indicar por qué la Comisión opina que el aval no respetaba el
         régimen de THA ni por qué razones debía aplicársele el régimen comunitario de control de las ayudas estatales, a pesar de
         que este compromiso fue suscrito antes de la aplicación de dicho régimen al territorio de la antigua República Democrática
         Alemana.
      
      166   La Comisión, apoyada por ODS, niega haber cometido un error de apreciación y haber incumplido el deber de motivación al estimar,
         en los considerandos 97 a 99 de la Decisión impugnada, que el aval de THA es incompatible con el mercado común.
      
      167   En primer lugar alega que el Land de Turingia yerra al considerar que el aval en favor de la empresa en participación respetaba
         los regímenes de THA. La Comisión pone de relieve, en efecto, que los regímenes de THA constituyen excepciones al principio
         general con arreglo al cual las subvenciones estatales destinadas a permitir la privatización de una empresa constituyen ayudas
         estatales incompatibles, en principio, con el mercado común. 
      
      168   Pues bien, según la Comisión, el Land de Turingia no respeta esta interpretación restrictiva del concepto de «privatización»
         cuando afirma que incluso unas medidas en favor de una empresa en participación destinadas a privatizar la empresa pública
         que participa en ella están amparadas por el régimen de THA. En efecto, a juicio de la Comisión, los regímenes de THA no establecen
         excepción alguna para las privatizaciones en el caso de empresas en participación (punto 3.1.1 de la decisión de apertura
         del procedimiento). Según la Comisión, ello se explica por el hecho de que la situación de una empresa en participación difiere
         sensiblemente de la de una empresa pública que no tiene acceso a los mercados de capitales privados sin una garantía pública,
         ya que la solvencia de una empresa en participación no depende únicamente de la empresa pública que participa en ella, sino
         también de sus accionistas privados. En consecuencia, la Comisión considera que en el supuesto de una privatización a través
         de una empresa en participación no se cumple el requisito decisivo para la aplicación de los regímenes de ayudas de THA, ya
         que la concesión de una subvención a una empresa de tales características favorece igualmente a los accionistas privados de
         la misma, a pesar de que éstos no se encuentran en la especial situación de las empresas pertenecientes a THA. Según la Comisión,
         esta conclusión se ve reforzada en los casos en que la existencia de un sistema centralizado de gestión de tesorería en la
         empresa en participación acentúa el riesgo de desviación de las subvenciones estatales en provecho de accionistas privados,
         como ocurre en el presente asunto.
      
      169   En segundo lugar, la Comisión estima que las alegaciones del Land de Turingia sobre la necesidad económica de crear la empresa
         en participación no son pertinentes. Subraya en efecto que, incluso suponiendo que existiera la posibilidad de considerar
         que la fusión de las dos empresas respondía a una lógica económica, dicha circunstancia no es pertinente para saber si el
         régimen de THA amparaba las medidas en favor de la empresa en participación. A su juicio, lo mismo puede decirse de la afirmación
         del Land de Turingia en el sentido de que Robotron ya había asumido el compromiso de crear la empresa en participación antes
         de la reunificación. La Comisión considera, en efecto, que lo único importante es la situación de la empresa favorecida en
         el momento en que se otorgan las ayudas en cuestión.
      
      170   En tercer lugar, la Comisión impugna la alegación del Land de Turingia según la cual el aval de THA se concedió antes de la
         reunificación de Alemania, de modo que, o bien no tiene carácter de ayuda, o bien debe calificarse de ayuda existente. Afirma
         en efecto que la concesión de dicho aval tuvo lugar en 1992, es decir, después de la reunificación.
      
      171   En cuarto lugar, la Comisión estima errónea la alegación del Land de Turingia según la cual el pago de 120 millones de DEM
         a los bancos no constituye una ayuda por tratarse de un comportamiento que se ajusta al criterio del inversor privado que
         actúa en una economía de mercado. Señala en efecto que, como la prestación del aval constituye una ayuda estatal, poco importa
         que la entidad que la concede se comporte posteriormente como exige el mercado (sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 29 de junio de 2000, DSG/Comisión, T‑234/95, Rec. p. II‑2603, apartado 162). La Comisión alega además que ya tuvo expresamente
         en cuenta el hecho de que THA sólo abonó 120 millones de DEM, pues en el considerando 99 Decisión impugnada únicamente ha
         exigido la recuperación de dicho importe.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      172   En lo que respecta al aval de THA, el Land de Turingia alega un error manifiesto de apreciación y un incumplimiento del deber
         de motivación.
      
      173   A este respecto procede recordar que, en los considerandos 97 a 99 de la Decisión impugnada, la Comisión expuso las razones
         por las que estimaba que el aval de THA, de un importe de 190 millones de DEM, debía calificarse de ayuda incompatible con
         el Tratado CE. 
      
      174   La Comisión recordó así, en primer lugar, que en la decisión de la apertura del procedimiento había expresado sus dudas en
         cuanto a la posibilidad de que el aval de THA, que avalaba un importe de 190 millones de DEM, de los cuales hubo que satisfacer
         120 millones, no estuviera amparado por los regímenes primero y segundo de THA (considerando 97 de la Decisión impugnada).
         En el considerando 98 de la Decisión impugnada indicó lo siguiente:
      
      «Estas dudas se vieron reforzadas en el transcurso del procedimiento, sobre todo a raíz de las observaciones formuladas por
         el entonces presidente del Consejo de [Robotron], el Sr. Henzler, designado por el THA, ante las autoridades judiciales alemanas.
         Esta persona aseguró que, desde el principio, su objetivo había consistido en liquidar Robotron, es decir, dividirla en empresas
         pequeñas que después serían privatizadas, y que una inversión de esta magnitud no encajaba en dicha labor. [Robotron] se vio
         forzada, según sus declaraciones, a contraer créditos de 20 millones de marcos alemanes para pagar su aportación, en contra
         de los principios comerciales. Como socio principal, no consideraba que Robotron tuviera competencias en el ámbito de los
         discos compactos. Por esta razón, sólo firmó los contratos a condición de que Pilz volviera a comprar sus acciones a su valor
         nominal, incluidos los intereses bancarios correspondientes, cuando la planta de producción estuviera lista.»
      
      175   En primer lugar, procede desestimar por infundada la alegación del Land de Turingia según la cual la Comisión incurrió en
         un error manifiesto de apreciación al considerar que la prestación del aval controvertido no había respetado los regímenes
         primero y segundo de THA. 
      
      176   En efecto, como se ha declarado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Alemania/Comisión (C‑277/00,
         Rec. p. I‑3925, apartados 22 a 24), el marco normativo que regula las actividades de THA, tal como ha sido establecido por
         la Comisión, comprende una serie de excepciones al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado con el mercado
         común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1. Al establecer dichas excepciones, la Comisión pretendía facilitar la misión
         de THA, que es un organismo único en su género, consistente en reestructurar las empresas de la antigua República Democrática
         Alemana y asegurar el paso de éstas de una economía planificada a una economía de mercado. De ello se deduce que, como requisito
         de aplicación de un régimen que constituye una excepción al principio general de incompatibilidad de las ayudas de Estado
         con el mercado común, enunciado en el artículo 87 CE, apartado 1, el concepto de «privatización» en el ámbito de los regímenes
         de ayudas de THA debe interpretarse de manera restrictiva. En el marco de dicha interpretación, sólo puede reconocerse, en
         principio, la existencia de una privatización, en el sentido de dichos regímenes, si un inversor privado adquiere una participación
         en el capital de una empresa pública ya existente que le permita obtener el control de dicha empresa. A este respecto procede
         recordar igualmente que el escrito de la Comisión de 20 de septiembre de 1991 por el que se aprobó el primer régimen de THA
         indica claramente, como requisito previo a la aprobación de las ayudas concedidas en el contexto de una privatización, que
         dichas ayudas están destinadas a permitir que la empresa de que se trate continúe desarrollando su actividad anterior.
      
      177   Pues bien, procede subrayar que, en el presente caso, THA prestó su aval para la creación en el Land de Turingia de una nueva
         empresa que tendría por objeto una nueva actividad comercial, a saber, la fabricación de CD, y que adoptaría la forma de una
         empresa en participación entre una empresa de la antigua República Democrática Alemana, por una parte, y una empresa de la
         República Federal de Alemania, por otra. Es evidente que tal operación no puede calificarse de privatización a efectos de
         los regímenes de THA antes mencionados. Efectivamente, a diferencia de la privatización contemplada en dichos regímenes, destinada
         a permitir que las empresas pasen de una economía planificada a una economía de mercado, la creación de una nueva empresa
         ha permitido desarrollar ex novo un proyecto empresarial con nuevos medios y con una nueva actividad comercial. 
      
      178   A continuación procede rechazar la afirmación del Land de Turingia en el sentido de que el aval se concedió antes de que las
         disposiciones del Tratado entrasen en vigor en los nuevos Länder, es decir, antes del 3 de octubre de 1990. En efecto, no
         sólo dicha alegación no está documentada, sino que además el escrito de las autoridades alemanas de 3 de marzo de 1995 muestra
         que el aval se concedió en 1992.
      
      179   Se deduce de las consideraciones anteriores que la Comisión actuó con arreglo a Derecho al considerar que la concesión del
         aval de THA no había respetado los regímenes primero y segundo de THA y que, por lo tanto, no podía calificarse de ayuda existente.
         En consecuencia, procede desestimar por infundado el motivo relativo al error manifiesto de apreciación.
      
      180   Se deduce igualmente de las consideraciones anteriores que, en contra de lo alegado por el Land de Turingia, la Comisión motivó
         suficientemente a este respecto la Decisión impugnada. En efecto, procede hacer constar que, como muestran los documentos
         obrantes en autos, a lo largo del procedimiento administrativo, y en particular con posterioridad a la apreciación provisional
         formulada por la Comisión en el punto 3.1.1 de la decisión de apertura del procedimiento, ni la República Federal de Alemania
         ni el Land de Turingia aportaron datos que pudieran demostrar, por una parte, que no se trataba en este caso de una ayuda
         y que, por otra parte, en cualquier caso tal ayuda era compatible con el mercado común y no había sido aplicada de manera
         abusiva, salvo la alegación de que el aval prestado estaba amparado por los regímenes primero y segundo de THA, aprobados
         por la Comisión. Por lo demás, únicamente en el presente procedimiento ha invocado el Land de Turingia otros datos destinados
         a demostrar que la entrega de la aportación de que se trata se había ajustado al comportamiento de un inversor privado en
         una economía de mercado. Pues bien, al no haberse presentado en el procedimiento administrativo tales precisiones, cuya prueba
         incumbe a la República Federal de Alemania, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en la Decisión impugnada, la Comisión
         podía limitar legítimamente su motivación al hecho de que la ayuda no respetaba los requisitos establecidos en sus escritos
         de aprobación de los regímenes de THA (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de octubre de 1991,
         Italia/Comisión, C‑261/89, Rec. p. I‑4437, apartados 20 y ss.).
      
      181   Por consiguiente, tampoco procede acoger el motivo relativo al incumplimiento del deber de motivación.
      182   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia
         en relación con la aportación de que se trata. 
      
      F.      Sobre el crédito de 25 millones de DEM concedido por TAB a PA
      1.      Alegaciones de las partes
      183   El Land de Turingia considera que la Comisión cometió un error al afirmar, en el considerando 33 de la Decisión impugnada,
         que TAB había concedido a PA un crédito de 25 millones de DEM a fin de resolver los problemas de tesorería de esta última.
         Alega en efecto que, como indican los escritos de las autoridades alemanas de 3 de marzo de 1995 y de 18 de enero de 1996,
         dicho crédito sirvió únicamente para reembolsar, con arreglo al convenio de saneamiento, una parte de los créditos bancarios
         avalados por THA. A continuación niega que dicho crédito constituya una ayuda estatal y, a fortiori, que se trate de una nueva ayuda, que sería incompatible con el mercado común. Pone de relieve en efecto que, como dicho crédito
         se concedió a fin de reembolsar una parte de los créditos avalados por THA y, según la Comisión, la prestación de dicho aval
         constituye una ayuda estatal, la Comisión no puede considerar que las cantidades abonadas en el contexto de una intervención
         en virtud de dicho aval constituyen igualmente ayudas estatales, ya que ello equivaldría a considerar dos veces ayudas estatales
         los mismos importes. Estima además que, puesto que la prestación de dicho aval debe considerarse una ayuda existente compatible
         con el Tratado, como ya ha demostrado, lo mismo debe decirse de la presente ayuda financiera, que fue abonada en ejecución
         de las obligaciones nacidas del aval. Reconoce no obstante que dicha conclusión sólo resulta evidente en la medida en que
         los créditos avalados por THA se utilizaran realmente para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts. El Land de Turingia
         señala además que el crédito de 25 millones de DEM no puede calificarse de ayuda de reestructuración, ya que PA no se encontraba
         en crisis en el momento en que se concedió dicha ayuda. Alega por último que la Comisión incumplió el deber de motivación
         al no indicar las razones por las que considera que el crédito de 25 millones de DEM constituye una ayuda estatal en favor
         de PA y de CD Albrechts, a pesar de que dicho crédito sólo sirvió para reembolsar unos créditos bancarios destinados a la
         construcción de la fábrica de CD de Albrechts y concedidos a Pilz Construction exclusivamente.
      
      184   La Comisión, apoyada por ODS, estima que la argumentación del Land de Turingia sobre la presente aportación debe desestimarse
         por infundada. En primer lugar alega que, aunque es cierto que el escrito de las autoridades alemanas de 3 de marzo de 1995
         califica el crédito en cuestión de préstamo destinado a reembolsar deudas, el importe correspondiente aparece recogido sin
         embargo bajo el título «medios de explotación» (Betriebsmittel) en un cuadro que figura en el escrito de 17 de abril de 1997.
         La Comisión recuerda a continuación que, según reiterada jurisprudencia, el objetivo de una medida estatal de ayuda financiera
         carece de importancia para su calificación como ayuda, puesto que solamente importan los efectos beneficiosos de la medida.
         Subraya igualmente que el hecho de que otras entidades públicas (TIB y LfA) intervinieran junto a THA para cumplir los compromisos
         nacidos del aval no puede influir en la calificación del aval de THA como ayuda estatal ni en la compatibilidad del mismo
         con el mercado común. En efecto, según la Comisión, la única consecuencia de estas intervenciones es que THA tuvo que desembolsar
         120 millones de DEM en vez de 156 millones de DEM.
      
      185   Por último, la Comisión niega haber incumplido el deber de motivación en lo que respecta a esta ayuda financiera. La Comisión
         afirma en efecto que, como dicha aportación ya había sido calificada de ayuda de reestructuración ilegal en la decisión de
         apertura del procedimiento y ella no había recibido información alguna en sentido contrario, no tenía ningún motivo para llegar
         a una conclusión diferente en la Decisión impugnada. Señala en particular que, habida cuenta de que la información procedente
         de las autoridades alemanas indicaba que PA era una empresa en crisis (véanse los escritos de 18 de enero de 1996 y de 17
         de abril de 1997), ella procedió a valorar dicha aportación con arreglo a las Directrices sobre ayudas de salvamento y de
         reestructuración, llegando la conclusión de que se trataba de una ayuda de reestructuración ilegal, ya que no existía un plan
         destinado a restaurar la viabilidad y la rentabilidad de la empresa en un plazo razonable (considerandos 104 a 111 de la Decisión
         impugnada).
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      186   En lo que respecta a la presente aportación, el Land de Turingia alega un error de hecho, un error manifiesto de apreciación
         y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      187   Procede recordar que, en el considerando 33 de la Decisión impugnada, la Comisión indicó que «TAB ya había concedido un préstamo
         con intereses de 25 millones de marcos alemanes para cubrir las insuficiencias de liquidez en octubre de 1993, y otro préstamo
         de 20 millones de marcos alemanes para el reembolso del préstamo avalado por el THA en marzo de 1994». A continuación, en
         los considerandos 104 a 111, expuso las razones por las que estimaba que dicha aportación debía considerarse una ayuda de
         reestructuración concedida vulnerando las Directrices sobre ayudas de salvamento y reestructuración, y por tanto una ayuda
         incompatible con el mercado común.
      
      188   Según el Land de Turingia, dicha apreciación parte de un error de hecho, pues el crédito de 25 millones de DEM concedido por
         TAB no sirvió para resolver problemas de tesorería, sino únicamente para reembolsar, con arreglo al convenio de saneamiento,
         una parte de los créditos bancarios avalados por THA.
      
      189   A este respecto procede recordar que, en el punto 2.2.2, párrafo primero, de la decisión de apertura del procedimiento, la
         Comisión indicó que «el 29 de septiembre de 1993, TAB ya había concedido a la empresa en participación un préstamo con intereses
         de 20 millones de marcos alemanes (7 %, reembolso hasta el 21 de marzo de 1996) para cubrir problemas de liquidez y otro de
         25 millones (7 %, reembolso hasta el 31 de marzo de 1996) para el reembolso del préstamo avalado por el THA». Esta descripción
         de los hechos, distinta de la que figura en el considerando 33 de la Decisión impugnada, es corroborada por los autos. En
         efecto, los escritos de las autoridades alemanas de 3 de marzo de 1995 y de 18 de enero de 1996 indican que el crédito de
         25 millones de DEM fue concedido en marzo de 1994 a fin de reembolsar una parte de los créditos de THA. Además, no se deduce
         de las observaciones de las partes interesadas, presentadas tras la apertura del procedimiento de investigación formal, que
         estas últimas solicitaran que se corrigiera la presentación de los hechos recogida en la decisión de apertura del procedimiento
         en lo relativo a este punto. 
      
      190   Dadas estas circunstancias, procede considerar que, habida cuenta de la información de que disponía al adoptar la Decisión
         impugnada, la Comisión debía saber que el crédito de 25 millones de DEM no había servido para resolver los problemas de tesorería
         en octubre de 1993, sino que había sido otorgado en marzo de 1994 a fin de reembolsar una parte de los créditos avalados por
         THA. Por lo tanto, la Comisión incurrió en un error de hecho en lo que respecta a esta aportación. 
      
      191   Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, aun en el caso de que un considerando de un acto controvertido contenga una afirmación
         de hecho errónea, este vicio de forma no puede, sin embargo, conducir a la anulación de dicho acto si en los demás considerandos
         de la Decisión impugnada se exponen razones que demuestren la procedencia del mismo (véanse, en este sentido, la sentencias
         del Tribunal de Primera Instancia de 21 de enero de 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke y Lech-Stahlwerke/Comisión, asuntos acumulados
         T‑129/95, T‑2/96 y T‑97/96, Rec. p. II‑17, apartado 160, y de 28 de octubre de 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consejo,
         T‑35/01, Rec. p. I-0000, apartados 167 y ss.). Pues bien, en el presente caso, el error cometido al permutar el importe de
         los créditos concedidos por TAB en septiembre de 1993 y en marzo de 1994 no ha influido en la valoración de estas ayudas por
         parte de la Comisión. En efecto, la Comisión invocó razones idénticas para apreciar la compatibilidad de las mismas con el
         mercado común, a saber, el hecho de que, según la información que obraba en su poder, la concesión de dichas ayudas vulneraba
         las Directrices sobre las ayudas de salvamento y de reestructuración. Por lo tanto, el error de hecho antes mencionado en
         cuanto a los créditos de 20 millones de DEM y de 25 millones de DEM no justifica la anulación de la Decisión impugnada en
         este punto.
      
      192   En segundo lugar, el Land de Turingia niega que el crédito de 25 millones de DEM constituya una ayuda estatal y, a fortiori, que se trate de una nueva ayuda, incompatible con el mercado común. Pone de relieve en efecto que, como dicho crédito se
         concedió a fin de reembolsar una parte de los créditos avalados por THA y, según la Comisión, la prestación de dicho aval
         constituye una ayuda estatal, la Comisión no puede considerar que las cantidades abonadas en el contexto de una intervención
         en virtud de dicho aval constituyen igualmente ayudas estatales, ya que ello equivaldría a considerar dos veces ayudas estatales
         los mismos importes. 
      
      193   No procede acoger esta alegación. 
      194   Por una parte, es preciso señalar que, como indica el considerando 99 de la Decisión impugnada, del importe total del aval
         prestado por THA, a saber, 190 millones de DEM, «sólo deben reclamarse 120 millones pues únicamente se ha desembolsado este
         importe». En tales circunstancias, calificar de ayuda estatal el crédito de 25 millones de DEM no significa contar dos veces
         la ayuda tenida en cuenta en concepto de aval. 
      
      195   Por otra parte, procede subrayar que, como se ha indicado en los apartados 175 a 179 supra, la prestación del aval de THA no respetó los regímenes primero y segundo de THA, de modo que no puede calificarse de ayuda
         existente. Además, incluso suponiendo que el aval de THA pudiera calificarse así, dicha calificación, como tal, no permite
         llegar a la conclusión de que un crédito concedido a PA por otra empresa pública a fin de reembolsar una parte de los créditos
         cubiertos por dicho aval deba calificarse igualmente de ayuda existente. 
      
      196   Además, procede desestimar la alegación del Land de Turingia según la cual el crédito de 25 millones no puede calificarse
         de ayuda de reestructuración porque, al concederse dicha ayuda, PA no se encontraba en crisis.
      
      197   En primer lugar, ninguna de las partes niega que, antes de que se celebrase el convenio de saneamiento en marzo de 1994, la
         situación económica y financiera de PA era desastrosa. En efecto, como indica el escrito de las autoridades alemanas de 3
         de marzo de 1995, la disminución de las ventas de la empresa y la escasa utilización de su capacidad productiva habían ocasionado
         considerables pérdidas y provocado un deterioro dramático de su tesorería. El hecho de que TAB concediera a la empresa en
         octubre de 1993 una ayuda destinada a resolver sus dificultades de tesorería confirma igualmente dicha situación de crisis.
         
      
      198   A continuación procede observar que, como indican los escritos del Land de Turingia, fue precisamente el deseo de corregir
         esta situación lo que indujo a las partes, tanto privadas como públicas, a celebrar el convenio de saneamiento el 7 de marzo
         de 1994. En efecto, dicho convenio tenía por objeto rematar una importante operación de desendeudamiento de PA, a fin de garantizar
         su supervivencia. La medida más importante, con diferencia, de las que se adoptaron en este contexto fue la intervención de
         THA en virtud del aval, por un importe de 120 millones de DEM. Junto a otros créditos concedidos a PA por TIB y TAB, dicho
         importe permitió reembolsar una gran parte de los créditos bancarios otorgados a la empresa en participación. THA, TIB y LfA
         adoptaron igualmente diversas medidas destinadas, por una parte, al reembolso de los restantes créditos bancarios concedidos
         a PBK y, por otra, a consolidar la tesorería de PA. 
      
      199   Por lo tanto, la Comisión podía concluir legítimamente en la Decisión impugnada, basándose en todos estos datos, que PA experimentaba
         dificultades de tesorería cuando se le concedió el crédito de 25 millones de DEM. Por otra parte, no desvirtúa dicha afirmación
         la alegación del Land de Turingia según la cual la situación contable de la empresa resultaba bastante positiva tras las diversas
         intervenciones que se produjeron en el marco del convenio de saneamiento. En efecto, a la vista de las circunstancias en que
         se produjo el saneamiento de PA, resultaba razonable que la Comisión estimara que, por sí sólo, este hecho no permitía concluir
         que PA había superado ya sus dificultades. Dicha conclusión se ve reforzada por el hecho de que posteriormente quedó de manifiesto
         que el valor de los activos reflejado en el balance de la sociedad había sido objeto de una sobreestimación muy importante.
         Además, de los considerandos 36 y 37 de la Decisión impugnada se deduce que, menos de seis meses después de celebrado el convenio
         de saneamiento, PA experimentó de nuevo dificultades de tesorería que obligaron a TAB y a LfA a otorgarle nuevos créditos.
         Por otra parte, como el propio Land de Turingia pone de relieve en los puntos 356 y 360 de su demanda, PA corría también un
         riesgo a causa de la inminente quiebra del grupo Pilz y del hecho de que las deudas de las sociedades de este grupo en su
         favor debían considerarse incobrables. 
      
      200   A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia observa que, al celebrarse el convenio de saneamiento, las entidades
         públicas no estaban aún al corriente de las diversas manipulaciones contables del grupo Pilz ni de la desviación de fondos
         en provecho del mismo. Sin embargo, tal ignorancia no permite concluir que, al conceder las diversas ayudas, dichas entidades
         podían considerar que PA había superado ya sus dificultades gracias a estas intervenciones. En efecto, procede subrayar que,
         dada la desastrosa situación en que se hallaba PA al celebrarse el convenio de saneamiento, cualquier inversor razonablemente
         diligente que actuase en un contexto de economía de mercado habría realizado primero un estudio en profundidad de la situación
         económica de la empresa y exigido la elaboración de un plan de reestructuración viable antes de concederle créditos de tanta
         importancia y, a fortiori, antes de comprarla. Pues bien, es preciso hacer constar que, pese a las reiteradas solicitudes de la Comisión, las autoridades
         alemanas no informaron de la elaboración de plan de reestructuración alguno (considerando 108 de la Decisión impugnada). Por
         consiguiente, el Land de Turingia no puede invocar la ignorancia de estas entidades públicas en apoyo de su alegación de que
         tales entidades podían considerar que PA no era una empresa en crisis con arreglo a la información de que disponían en marzo
         de 1994. 
      
      201   En consecuencia, la Comisión actuó con arreglo a Derecho al considerar que, en el momento en que se concedieron las ayudas
         de reestructuración, PA debía considerarse empresa en crisis, lo que obligaba a dicha institución a valorar el crédito de
         25 millones de DEM con arreglo a sus Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración. 
      
      202   Por último, el Land de Turingia yerra al invocar un incumplimiento del deber de motivación. Es cierto que la Decisión impugnada
         sólo contiene escasa información sobre las razones por las que PA debía calificarse de empresa en crisis. Sin embargo, en
         la decisión de apertura del procedimiento, la Comisión había indicado claramente que «el objetivo de las ayudas no parece
         ser el fomento del desarrollo regional sino el saneamiento y la reestructuración de empresas en crisis», de modo que, para
         ser consideradas compatibles con el mercado común, dichas ayudas debían cumplir los requisitos establecidos en las Directrices
         sobre ayudas de salvamento y de reestructuración. Ahora bien, es preciso reconocer que las partes interesadas no reaccionaron
         en contra de esta calificación. De ello se deduce que la Comisión no estaba obligada a ofrecer mayores explicaciones sobre
         este punto en la Decisión impugnada. Dicha conclusión se ve reforzada por el hecho de que, según reiterada jurisprudencia,
         no se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión
         de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación con su contexto, así
         como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de
         abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink's France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 63). Por estas mismas razones, y en
         contra de lo alegado por el Land de Turingia, la Comisión no estaba obligada a exponer en la Decisión impugnada las razones
         concretas por las que estimaba que el crédito de 25 millones de DEM constituía una ayuda que beneficiaba a CD Albrechts.
      
      203   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia
         con respecto a la aportación de que se trata.
      
      G.      Sobre el crédito de 20 millones de DEM concedido por TAB a PA
      1.      Alegaciones de las partes
      204   El Land de Turingia alega en primer lugar que, en contra de lo indicado por la Comisión en el considerando 33 de la Decisión
         impugnada, TAB concedió a PA el crédito de 20 millones de DEM en octubre de 1993 y no en marzo de 1994. Subraya además que
         dicho crédito sirvió para consolidar la tesorería de dicha empresa y no para reembolsar una parte de los créditos bancarios
         avalados por THA. A continuación sostiene que la Decisión impugnada infringe el artículo 87 CE, apartado 1, al afirmar que
         dicho crédito constituye una ayuda estatal en favor de PA que debe ser devuelta por esta última. Considera en efecto que,
         en contra de lo indicado por la Comisión en la Decisión impugnada, dicho crédito no debe ser analizado con arreglo a las Directrices
         sobre ayudas de salvamento y de reestructuración, ya que PA no se encontraba en tal situación. Alega además que la Comisión
         incumplió el deber de motivación al no motivar su afirmación de que CD Albrechts se había beneficiado de dicha ayuda financiera
         y de que esta última constituye una ventaja financiada con fondos públicos que debe analizarse con arreglo a las Directrices
         sobre ayudas de salvamento y de reestructuración.
      
      205   La Comisión, apoyada por ODS, estima que procede rechazar por infundada la argumentación expuesta por el Land de Turingia
         con respecto a la aportación de que se trata.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      206   Procede señalar que la argumentación expuesta por el Land de Turingia con respecto al crédito de 20 millones de DEM concedido
         por TIB es esencialmente análoga a la que invocó en relación con el crédito de 25 millones de DEM. 
      
      207   En consecuencia, por las razones expuestas en los apartados 186 a 205 supra, igualmente aplicables a la aportación de que se trata, procede desestimar por infundados los motivos invocados a este respecto
         por el Land de Turingia.
      
      H.      Sobre el precio de compra de 3 millones de DEM pagado por TIB a PBK
      1.      Alegaciones de las partes
      208   El Land de Turingia alega que, en su apreciación de los hechos, la Comisión no tuvo en cuenta que dicha aportación se hizo
         efectiva tras la liquidación de una gran parte de las deudas de la empresa PBK, que dio como resultado unos activos de un
         importe de 250 millones de DEM y un endeudamiento de unos 100 millones de DEM. Según el Land de Turingia, la Comisión hubiera
         debido deducir de este hecho, que le había sido mencionado expresamente por las autoridades alemanas en su escrito de 30 de
         marzo de 1999, que la entrega de dicha aportación respetaba el principio del inversor privado en una economía de mercado y
         no constituía, por tanto, una ayuda. Considera igualmente que, como este precio de compra fue abonado a una sociedad del grupo
         Pilz y no benefició por tanto en absoluto a PA, la restitución del mismo debe exigirse únicamente a las empresas del grupo.
         El Land de Turingia estima por último que la Comisión incumplió el deber de motivación al no explicar las razones por las
         que, a su juicio, el precio de compra de 3 millones de DEM abonado por TIB y TAB constituye una ayuda estatal en favor de
         PA y de CD Albrechts. 
      
      209   La Comisión, apoyada por ODS, impugna la alegación del Land de Turingia de que ella cometió un error al dar por sentada la
         existencia de una ayuda estatal. Afirma en efecto que, aunque el principal objetivo de sus preguntas a las autoridades alemanas
         en el escrito de 25 de noviembre de 1996 era asegurarse de que la compra se había efectuado en condiciones de mercado, dichas
         autoridades no presentaron observaciones a este respecto ni remitieron una copia del convenio de saneamiento, sino que se
         limitaron a afirmar que el precio de compra había sido negociado. En tales circunstancias, a ella le resultaba imposible verificar
         la exactitud de las estimaciones positivas sobre la rentabilidad futura de la empresa. Sostiene además que lo que la llevó
         a la conclusión de que un inversor privado no habría comprado PA y de que el precio de compra debía calificarse de ayuda estatal
         fue el hecho de que, en aquel momento, PA debía ser considerada empresa en crisis. Afirma, en efecto, que de la información
         en su poder no se deducía que las ayudas se hubieran otorgado en el marco de un plan de reestructuración que permitiera garantizar,
         en un plazo razonable, la rentabilidad y la viabilidad a largo plazo de la empresa. Muy al contrario, dicha información revelaba
         que las deudas con los bancos habían sido pagadas en buena parte gracias al desembolso de un importe de 120 millones de DEM
         por parte de THA y que las medidas destinadas a apoyar a PA o a salvarla habían sido financiadas casi exclusivamente con fondos
         públicos. Indica además que, desde la aprobación de la decisión de apertura del procedimiento, ella había clasificado el precio
         de compra dentro de las ayudas de reestructuración ilegales basándose en las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración.
         La Comisión subraya por último que dicha calificación fue confirmada por las autoridades alemanas, que habían afirmado que
         las ayudas de tesorería eran absolutamente indispensables (escrito de 18 de enero de 1996) y que PA no habría sobrevivido
         si no se hubieran adoptado las medidas de saneamiento de que se trata (escrito de 14 de julio de 1997).
      
      210   La Comisión, apoyada por ODS, rechaza igualmente la alegación de que incumplió su deber de motivación a este respecto. Señala
         en efecto que, como dicha ayuda financiera ya había sido calificada de ayuda de reestructuración ilegal a una empresa en crisis
         en la decisión de apertura del procedimiento y ella no había recibido información en sentido contrario de las autoridades
         alemanas (escritos de 18 de enero de 1996 y de 17 de abril de 1997), no tenía razón alguna para llegar a una conclusión diferente
         en la Decisión impugnada (considerandos 104 a 111).
      
      211   ODS alega además que el Land de Turingia parece confundir las exigencias que impone el deber de motivación con la cuestión
         de determinar si la Comisión investigó correctamente los hechos. Subraya en efecto que la eventual inexactitud de los hechos
         tenidos en cuenta por la Comisión no guarda relación con el deber de motivación, puesto que la Comisión podía presumir legítimamente
         que eran exactos desde el momento en que se deducían de la información remitida por la República Federal de Alemania. A su
         juicio, como resultaba evidente con arreglo a dicha información que las medidas de que se trata constituían ayudas estatales,
         la Comisión no estaba obligada a examinar en detalle y de modo específico cada elemento material del artículo 87 CE, apartado
         1, sino que podía limitarse a una motivación sumaria.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      212   En lo que respecta a la presente aportación, el Land de Turingia alega un error de hecho, un error manifiesto de apreciación
         y un incumplimiento del deber de motivación. 
      
      213   En cuanto a la alegación relativa al error de hecho y al error manifiesto de apreciación, el Land de Turingia sostiene esencialmente
         que la Comisión hubiera debido reconocer, a la vista de la información que obraba en su poder cuando adoptó la Decisión impugnada,
         que el precio de 3 millones de DEM pagado por TIB por la compra de las participaciones sociales de PA era un precio de mercado.
      
      214   A este respecto procede recordar que, en la decisión de apertura del procedimiento, la Comisión indicó que, «en el contexto
         de la cesión [de PA] a TAB/TIB en marzo de 1994, éstos abonaron un importe total de 15 millones de marcos alemanes», de los
         cuales «3 millones de marcos alemanes como precio de compra de sus [participaciones sociales] a [PBK]» (punto 2.2.2, párrafo
         segundo, de la decisión de apertura del procedimiento). A continuación puso de relieve, en su valoración provisional de las
         ayudas financieras, que el precio de compra de 3 millones de DEM constituía seguramente, como las demás aportaciones, una
         ayuda estatal con arreglo al artículo 87 CE, apartado 1 (punto 3, párrafo primero, de la decisión de apertura del procedimiento).
         Además, la Comisión solicitó expresamente a la República Federal de Alemania una descripción detallada del método seguido
         para calcular dicho precio de compra (pregunta nº 4 del anexo de la decisión de apertura del procedimiento).
      
      215   En su escrito de 30 de marzo de 1999, las autoridades alemanas se pronunciaron a este respecto. Afirmaron así, por una parte,
         que el precio de compra no se había determinado mediante un cálculo, sino que era en realidad el resultado de una negociación
         y, por otra parte, que dicha cantidad no fue abonada a PA, sino al grupo Pilz. Además pusieron de relieve que, dada la buena
         situación del balance y la importancia del desendeudamiento resultante del convenio de saneamiento, TIB y TAB podían considerar
         defendible en aquel momento un gasto de tal importancia, en la medida en que el valor de los activos de la empresa superaba
         con mucho al valor de sus deudas. Según las autoridades alemanas, esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que dichas
         entidades ignoraban todavía las manipulaciones contables efectuadas por el Sr. Pilz.
      
      216   La Comisión actuó con arreglo a Derecho al estimar que tal información no bastaba para modificar su conclusión de que dicho
         precio de compra debía calificarse de ayuda estatal. 
      
      217   En efecto, por una parte, las autoridades alemanas no facilitaron información que permitiera verificar cómo se había calculado
         el precio de 3 millones de DEM. El mero hecho de que dicho precio fuera negociado entre las partes no es pertinente en este
         contexto. Por otra parte, por las razones mencionadas en los apartados 199 y 200 supra, no procede acoger la alegación de las autoridades alemanas en la que justifican el precio de compra invocando el valor de
         los activos de la empresa en participación tras la celebración del convenio de saneamiento y la ignorancia de TIB y de TAB
         sobre las manipulaciones de que habían sido objeto dichos activos. Dicha conclusión se ve reforzada por el hecho de que, a
         la vista de la información de que disponía al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión podía concluir legítimamente que,
         en el momento de la compra, en marzo de 1994, un inversor razonablemente diligente que actuase en una economía de mercado
         hubiera debido reconocer que PA se encontraba en crisis (véanse los apartados 196 a 202 supra).
      218   En cambio, resulta fundada la alegación del Land de Turingia según la cual la Comisión omitió tener en cuenta el hecho de
         que dicha aportación había sido entregada directamente a PBK. En efecto, la Comisión no ha presentado dato alguno que indique
         que dicha aportación estaba destinada a la reestructuración de PA o de CD Albrechts. Por lo tanto, la Comisión no actuó con
         arreglo a Derecho al calificar dicha ayuda, en el artículo 1, apartado 2 de la Decisión impugnada, de «ayuda concedida para
         la reestructuración de [CD Albrechts]». Por último, la Comisión no expuso en la Decisión impugnada motivación alguna a fin
         de demostrar que esta ayuda financiera había supuesto una ventaja para PA, justificando así que se le exigiera la restitución
         de dicha ayuda.
      
      219   Habida cuenta de este error de hecho sobre la identidad del beneficiario de la ayuda y de la falta de motivación a este respecto,
         en contra de lo dispuesto en el artículo 253 CE, procede anular el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada en la
         medida en que la Comisión declara que el precio de compra de 3 millones de DEM constituye una ayuda «concedida para la reestructuración
         de [CD Albrechts]».
      
      I.      Sobre la aportación de capital de 12 millones de DEM efectuada por TIB en favor de PA
      1.      Alegaciones de las partes
      220   El Land de Turingia alega en primer lugar que la Comisión incurrió en diversos errores de hecho en lo que respecta a esta
         aportación. Afirma, en efecto, que la Comisión omitió indicar que, como muestran los escritos de las autoridades alemanas
         de 18 de enero de 1996 y de 30 de marzo de 1999, de la aportación de capital de 12 millones de DEM, 7,6 millones sirvieron
         para devolver una parte de los créditos bancarios avalados por THA que habían sido concedidos directamente a Pilz Construction.
         En cuanto al resto de la aportación, a saber, 4,4 millones de DEM, el Land de Turingia sostiene que dicha cantidad fue desviada
         de sus objetivos en provecho del grupo Pilz, mediante gastos no reembolsados y facturas impagadas en el marco del contrato
         de gestión y de suministro celebrado por PA con dicho grupo. 
      
      221   A continuación, el Land de Turingia alega que, como consecuencia de estos errores de hecho, la Comisión incurrió en errores
         de apreciación e incumplió el deber de motivación en lo que respecta a esta aportación. Subraya en efecto que la parte de
         dicha aportación que sirvió para reembolsar una parte de los créditos bancarios avalados por THA, a saber, 7,6 millones de
         DEM, no es una ayuda estatal ni, a fortiori, una nueva ayuda incompatible con el mercado común. A su juicio, en efecto, como esta parte de la subvención se concedió para
         reembolsar una parte de los créditos avalados por THA y, según la Comisión, la prestación de dicho aval constituye una ayuda
         estatal, la Comisión yerra al considerar que las sumas abonadas al producirse esta intervención en virtud de dicho aval constituyen
         igualmente ayudas estatales, ya que ello equivale a contar dos veces como ayudas estatales los mismos importes. Estima además
         que, puesto que la prestación de dicho aval debe considerarse una ayuda existente compatible con el Tratado, como ya lo ha
         demostrado, lo mismo debe decirse de la presente ayuda financiera, que fue abonada en ejecución de las obligaciones nacidas
         del aval. El Land de Turingia considera no obstante que esto es cierto únicamente en la medida en que los créditos avalados
         por THA se utilizaran realmente para la construcción de la fábrica de CD de Albrechts.
      
      222   En cuanto a los 4,4 millones de DEM restantes, el Land de Turingia estima igualmente que la Comisión incurrió en un error
         de apreciación e incumplió el deber de motivación al afirmar en la Decisión impugnada que dicha cantidad constituye una ayuda
         estatal en favor de PA. Alega en efecto que, en contra de lo afirmado por la Comisión en la Decisión impugnada, dicha ayuda
         financiera no podía analizarse con arreglo a las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración, ya que PA no
         se encontraba en esa situación. Sostiene además que PA no se benefició en ningún momento de dicha aportación, pues ésta sirvió
         para financiar la fabricación de productos suministrados al grupo Pilz con arreglo al contrato de gestión y de suministro
         de productos, pero nunca pagados. Estima por tanto que, si se considera que dicha aportación constituye una ayuda estatal,
         debe exigirse su restitución únicamente a las empresas del grupo Pilz.
      
      223   La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la totalidad de la argumentación relativa a la aportación
         de capital de 12 millones de DEM.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      224   En lo que respecta a la presente argumentación, el Land de Turingia alega diversos errores de hecho, un error manifiesto de
         apreciación y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      225   En primer lugar, procede desestimar las alegaciones expuestas por el Land de Turingia a fin de demostrar que la Comisión incurrió
         en un error de hecho en lo que respecta a la aportación de capital de 12 millones de DEM efectuada por TIB en favor de PA,
         al omitir indicar que, de dicha aportación, 7,6 millones de DEM, por una parte, habían servido para reembolsar los créditos
         avalados por THA y los 4,4 millones de DEM restantes, por otra, habían sido desviados de sus objetivos en provecho del grupo Pilz.
      
      226   En efecto, es preciso recordar que la Comisión indicó en la decisión de apertura del procedimiento que, de los 15 millones
         de DEM abonados en el contexto de la compra de la empresa en participación por parte de TIB y TAB, se pagaron 3 millones como
         precio de compra de las participaciones sociales «y a la empresa en participación 12 millones en concepto de inyección de
         capital, de los cuales 7,6 millones se destinaron a reembolsar el préstamo avalado por [THA] y los 4,4 millones restantes
         sirvieron de capital circulante» (punto 2.2.2, párrafo segundo, de la decisión de apertura del procedimiento).
      
      227   En su escrito de 30 de marzo de 1999, las autoridades alemanas confirmaron esta presentación de los hechos. Además, no consta
         en autos que otras partes interesadas la hayan impugnado.
      
      228   Dadas estas circunstancias, la Comisión actuó con arreglo a Derecho al afirmar en el considerando 34 de la Decisión impugnada,
         a la vista de la información que obraba en su poder cuando adoptó dicha Decisión, que, en el marco de la adquisición de la
         empresa en participación por parte de TIB y TAB, éstos desembolsaron en total 15 millones de DEM, de los cuales 3 millones
         de DEM fueron abonados por TIB a PBK como precio de compra de sus participaciones sociales y otros 12 millones de DEM fueron
         abonados por TIB en concepto de aportación de capital a PA. 
      
      229   A continuación, la alegación del Land de Turingia en el sentido de que la Comisión omitió tener en cuenta el hecho de que
         7,6 millones de DEM de dicha cantidad sirvieron para reembolsar los créditos cubiertos por THA carece de fundamento. Sin necesidad
         de pronunciarse sobre la cuestión de si la Comisión olvidó efectivamente tener en cuenta este hecho, basta con hacer constar
         que, en el supuesto de que dicha omisión quedase probada, no afectaría a la validez de la apreciación formulada por ella sobre
         esta cuestión. En efecto, como se ha indicado en el apartado 194 supra, las ayudas financieras concedidas para reembolsar los créditos avalados por THA no fueron contadas dos veces, dado que la
         Decisión impugnada sólo calificó de ayuda estatal los importes efectivamente desembolsados por THA en ejecución de su aval.
         
      
      230   Por último, en cuanto a la alegación del Land de Turingia de que la Comisión omitió tener en cuenta el hecho de que 4,4 millones
         de DEM de dicha aportación fueron desviados de sus objetivos en provecho del grupo Pilz, procede remitirse a la apreciación
         de dicha alegación en el contexto de la argumentación del Land de Turingia sobre la legalidad de la orden de recuperación
         de la ayuda formulada en el artículo 2 de la Decisión impugnada (véanse los apartados 307 a 348 infra).
      231   En segundo lugar, como ha quedado acreditado que la Comisión no incurrió en un error de hecho en lo que respecta a dicha aportación,
         procede examinar las diferentes alegaciones formuladas por el Land de Turingia a fin de demostrar la existencia de errores
         manifiestos de apreciación y un incumplimiento del deber de motivación en relación con la presente aportación.
      
      232   A este respecto, carece de fundamento la alegación del Land de Turingia en el sentido de que, como 7,6 millones de DEM de
         la aportación sirvieron para reembolsar los créditos avalados por THA, la Comisión incurrió en un error de apreciación e incumplió
         el deber de motivación al calificar dicha aportación de nueva ayuda. En efecto, el mero hecho de que esta aportación, que
         sirvió para reembolsar los créditos avalados por THA, haya sido abonada por TIB permite llegar a conclusión de que no se trata
         de una intervención en virtud de dicho aval. De ello se deduce que se trata efectivamente de una nueva ayuda.
      
      233   En cualquier caso, la Comisión actuó con arreglo a Derecho al calificar la presente aportación de ayuda de reestructuración
         de una empresa en crisis. En efecto, como se ha declarado en los apartados 196 a 202 supra, PA podía ser calificada de empresa en crisis en el momento en que se efectuó esta aportación. Pues bien, cabe suponer efectivamente
         que una empresa privada que se encontrase en la situación de TIB no habría aportado capital a una empresa en crisis, como
         PA, sin haber efectuado al menos un análisis detallado de la situación económica de la empresa y sin haber elaborado un plan
         de reestructuración. Además, aunque esta aportación había sido calificada de ayuda estatal en la decisión de apertura del
         procedimiento, las autoridades alemanas no impugnaron dicha calificación en el procedimiento administrativo. Por último, tal
         como se ha declarado en el apartado 202 supra, la Comisión ofreció una motivación suficiente, que respetaba las exigencias del artículo 253 CE, a fin de demostrar la incompatibilidad
         de dicha ayuda con el mercado común.
      
      234   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia
         en lo que respecta a la aportación de que se trata.
      
      J.      Sobre la adquisición del capital social de PA por parte de TIB y de TAB
      1.      Alegaciones de las partes
      235   El Land de Turingia alega que la Comisión afirmó erróneamente en la Decisión impugnada que el importe de 33 millones de DEM
         mencionado en el considerando 65 de la misma constituye una ayuda financiera. Sostiene en efecto que dicho importe corresponde
         en realidad al capital nominal de PA. El Land de Turingia considera además que la Comisión incurrió en un error manifiesto
         de apreciación e incumplió el deber de motivación.
      
      236   En la vista de 5 de mayo de 2004, la Comisión reconoció haber cometido un error al afirmar en la Decisión impugnada que la
         adquisición del capital social de PA, de un importe de 33 millones de DEM, por parte de TIB y de TAB constituía una ayuda
         estatal, y aceptó por tanto que se anulara la Decisión impugnada en este punto. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      237   Ante la declaración realizada por la Comisión en la vista de 5 de mayo de 2004, de la que ha quedado constancia en el acta
         de la vista, procede declarar, sin necesidad de examinar las demás alegaciones formuladas al respecto, que la Comisión incurrió
         en un error de Derecho al calificar de ayuda estatal la adquisición por parte de TIB y de TAB del capital social de PA, de
         un importe de 33 millones de DEM.
      
      238   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede anular el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada, en la
         medida en que la Comisión declara que la ayuda estatal incompatible con el mercado común destinada a la reestructuración de
         la sociedad CD Albrechts incluye un importe de 33 millones de DEM correspondiente a la adquisición del capital social de PA.
         
      
      K.      Sobre el crédito de 2 millones de DEM concedido por LfA a PA
      1.      Alegaciones de las partes
      239   El Land de Turingia alega que, en la Decisión impugnada, la Comisión incurrió en el error de no tener en cuenta ni motivar
         suficientemente el hecho de que el crédito de 2 millones de DEM concedido por LfA a PA no fue abonado a dicha sociedad, sino
         que sirvió únicamente para reembolsar los créditos bancarios concedidos a PBK, que estaban avalados por el Land de Baviera.
         Sostiene así que, como el importe total del aval (54,7 millones de DEM) ya ha sido contabilizado como ayuda estatal por la
         Comisión, el hecho de considerar que dicho crédito constituye igualmente una ayuda estatal equivale a contar dos veces el
         mismo importe en concepto de ayuda. Estima igualmente que la Comisión incurrió en un error de apreciación al afirmar en la
         Decisión impugnada, sin ofrecer motivación alguna, que el crédito de 2 millones de DEM concedido por LfA constituye una nueva
         ayuda. Alega por último que la Comisión incumplió el deber de motivación al no indicar las razones por las que consideraba
         que el crédito de 2 millones de DEM concedido por LfA a PA constituía una ayuda incompatible con el mercado común.
      
      240   La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la argumentación expuesta por el Land de Turingia
         en lo que respecta a esta aportación.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      241   En lo que respecta a la presente ayuda financiera, el Land de Turingia alega un error de hecho, un error manifiesto de apreciación
         y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      242   A este respecto procede analizar, en primer lugar, si la Comisión incurrió en un error de hecho al no tener en cuenta que
         el crédito de 2 millones de DEM concedido por LfA a PA sirvió para reembolsar una parte de los créditos avalados por el Land
         de Baviera, tal como ha alegado el Land de Turingia.
      
      243   A este respecto procede recordar que, en el punto 2.2.2, párrafo tercero, de la decisión de apertura del procedimiento, la
         Comisión afirmó lo siguiente:
      
      «Mediante contrato de 8 marzo 1994, [el Land de] Baviera concedió a la empresa en participación, a través de LfA […], un préstamo
         de 2 millones de marcos alemanes y otro de 7 millones de marcos alemanes (ambos a un tipo de interés del 7 % y reembolsables
         hasta el 31 de marzo de 1996 y el 30 de marzo de 1996, respectivamente). El primer préstamo se utilizó para reembolsar […]
         [el] crédito avalado por el [Land] de Baviera.»
      
      244   Este pasaje muestra claramente que la Comisión estaba informada de que el préstamo de 2 millones de DEM concedido por LfA
         sirvió para reembolsar los créditos avalados.
      
      245   A continuación procede señalar que ni las autoridades alemanas ni las demás partes interesadas presentaron en el procedimiento
         administrativo observaciones destinadas a corregir dicha información. Por el contrario, en su escrito de 30 de marzo de 1999,
         las autoridades alemanas confirmaron la exactitud de lo que se había indicado a este respecto en la decisión de apertura del
         procedimiento. 
      
      246   Dadas estas circunstancias, procede considerar que la Comisión debía saber, gracias a la información de que disponía cuando
         adoptó la Decisión impugnada, que el crédito de 2 millones de DEM había servido para devolver una parte de los créditos avalados
         por el Land de Baviera. 
      
      247   Sin embargo, a diferencia de lo que se ha declarado con respecto a la renuncia al derecho de crédito de 3 millones de DEM
         (véanse los apartados 123 a 130 supra), este error no entraña consecuencia alguna para la legalidad de la Decisión, ya que en el presente caso queda excluido, en
         cualquier caso, que se haya tenido en cuenta dos veces una misma ventaja. En efecto, el mero hecho de que esta aportación
         haya servido para reembolsar los créditos avalados por el Land de Baviera no permite afirmar que se trate de una intervención
         en virtud de dicho aval. En particular, a PA se le concedió este crédito para permitirle reembolsar una parte de los créditos
         cubiertos por el aval. Así pues, aunque la concesión de este crédito pretendía permitir el reembolso de los créditos avalados,
         no es menos cierto que ello no constituye una intervención en virtud de un aval existente sino, en realidad, una nueva ayuda.
      
      248   En segundo lugar, no procede acoger la alegación del Land de Turingia en el sentido de que la Comisión incurrió en un error
         de hecho e incumplió el deber de motivación al considerar que dicho crédito había sido concedido a una empresa en crisis y
         al calificarlo de ayuda estatal incompatible con el mercado común. En efecto, es preciso recordar que, en el momento en que
         se concedió dicho crédito, PA podía calificarse de empresa en crisis (véanse a este respecto los apartados 196 a 202 supra). Ahora bien, cabe suponer efectivamente que una empresa privada que se encontrara en la situación de LfA no habría concedido
         un nuevo crédito a una empresa en crisis, como PA, o al menos no sin haber verificado la situación económica de la empresa
         y sin un plan de reestructuración. Además, aunque dicho crédito había sido calificado de ayuda estatal en la decisión de apertura
         del procedimiento, las autoridades alemanas no impugnaron posteriormente dicha calificación. Por último, como se ha puesto
         de relieve en el apartado 202 supra, la Comisión motivó suficientemente la calificación de PA como empresa en crisis y, por lo tanto, la incompatibilidad de dicha
         ayuda con el mercado común.
      
      249   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia
         en lo que respecta a la aportación de que se trata. 
      
      L.      Sobre el préstamo participativo de 3,5 millones de DEM concedido por TIB a PA
      1.      Alegaciones de las partes
      250   El Land de Turingia alega que la Decisión impugnada vulnera el artículo 87 CE, apartado 1, e incumple el deber de motivación
         al calificar de ayuda estatal en favor de PA incompatible con el mercado común el préstamo participativo de 3,5 millones de
         DEM. Sostiene en efecto que, en contra de lo afirmado por la Comisión en la Decisión impugnada, no procedía analizar este
         préstamo con arreglo a las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración, puesto que PA no se encontraba en
         tal situación. Indica además que, como muestra el escrito de las autoridades alemanas 30 de marzo de 1999, el préstamo participativo
         de 3,5 millones de DEM concedido por TIB a PA fue desviado de sus objetivos en provecho del grupo Pilz a través del sistema
         centralizado de gestión de tesorería.
      
      251   La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la argumentación expuesta por el Land de Turingia
         con respecto a la aportación de que se trata.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      252   En lo que respecta a la presente aportación, el Land de Turingia alega un error de hecho, un error manifiesto de apreciación
         y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      253   En primer lugar, es preciso señalar que el Land de Turingia no impugna la afirmación recogida en el considerando 35 de la
         Decisión impugnada, según la cual TIB concedió a PA, en abril de 1994, un préstamo participativo de 3,5 millones de DEM. 
      
      254   A continuación procede señalar que carece de fundamento la alegación del Land de Turingia según la cual la Comisión incurrió
         en un error de Derecho e incumplió el deber de motivación al aplicar las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración
         y al calificar dicho crédito de ayuda estatal incompatible con el mercado común. En efecto, como se ha puesto de relieve en
         los apartados 196 a 202 supra, en el momento en que se concedió dicho crédito, PA podía calificarse de empresa en crisis. Ahora bien, cabe suponer efectivamente
         que una empresa privada que se encontrara en la situación de TIB no habría concedido un crédito a una empresa en crisis, como
         PA, o al menos no sin haber efectuado un análisis detallado de la situación económica de la empresa en participación y elaborado
         un plan de reestructuración. Además, aunque dicha aportación había sido calificada de ayuda estatal en la decisión de apertura
         del procedimiento, las autoridades alemanas no impugnaron posteriormente dicha calificación. Por último, como se ha puesto
         de relieve en el apartado 202 supra, la Comisión motivó suficientemente la calificación de PA como empresa en crisis y, por lo tanto, la incompatibilidad de dicha
         ayuda con el mercado común.
      
      255   Finalmente, en cuanto a la alegación del Land de Turingia de que la Comisión omitió tener en cuenta el hecho de que esta aportación
         había sido desviada de sus objetivos en provecho del grupo Pilz, procede remitirse a la apreciación de dicha alegación en
         el marco de la argumentación del Land de Turingia sobre la legalidad de la orden de recuperación formulada en el artículo
         2 de la Decisión impugnada (apartados 307 a 347 infra).
      256   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia
         en lo que respecta a la aportación de que se trata.
      
      M.      Sobre el crédito de 15 millones de DEM concedido por LfA al grupo Pilz
      1.      Alegaciones de las partes
      257   El Land de Turingia considera que la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación en lo que respecta al crédito
         de 15 millones de DEM concedido por LfA, ya que fue otorgado directamente al grupo Pilz, por lo que no procede solicitar su
         restitución a la empresa en participación ni a las empresas que la sucedieron. A continuación alega que la Comisión incumplió
         el deber de motivación al no indicar las razones por las que dicho crédito constituye una ayuda en favor de PA o de CD Albrechts.
      
      258   La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la argumentación expuesta por el Land de Turingia
         en lo relativo a la presente aportación. Alega que poco importa que el crédito de 15 millones de marcos estuviera destinado
         al grupo Pilz, ya que, como se trataba de un crédito de explotación concebido como una medida transitoria mientras se encontraba
         un comprador para la empresa en participación, favoreció igualmente a la empresa en participación y a PA.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      259   En lo que respecta a la presente aportación, el Land de Turingia alega un error manifiesto de apreciación y un incumplimiento
         del deber de motivación.
      
      260   Resulta fundada la alegación del Land de Turingia de que la Comisión omitió tener en cuenta el hecho de que dicha aportación
         fue entregada directamente al grupo Pilz. En efecto, la Comisión no ha aportado dato alguno del que se deduzca que dicha aportación
         estaba destinada a la reestructuración de PA o de CD Albrechts.
      
      261   No altera dicha conclusión el hecho de que el crédito de 15 millones de DEM debiera servir para apoyar al grupo Pilz hasta
         que se encontrase un comprador para PA, como la Comisión afirmó en el considerando 37 de la Decisión impugnada. En efecto,
         no sólo la Comisión no ha aportado prueba alguna en apoyo de esta afirmación, sino que además no se ha acreditado que PA haya
         obtenido efectivamente alguna ventaja gracias a esta ayuda. Por lo tanto, la Comisión incurrió en un error manifiesto de apreciación
         al considerar que dicho crédito había beneficiado a PA.
      
      262   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin necesidad de examinar la alegación relativa al incumplimiento del deber
         de motivación, procede anular el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declara
         que el crédito de 15 millones de DEM constituye una ayuda «concedida para la reestructuración de [CD Albrechts]».
      
      N.      Sobre el crédito de 15 millones de DEM concedido por TAB a CD Albrechts
      1.      Alegaciones de las partes
      263   El Land de Turingia afirma que, como indica el escrito de las autoridades alemanas de 30 de marzo de 1999, el crédito de 15 millones
         de DEM concedido por TAB a CD Albrechts fue desviado sus objetivos en provecho del grupo Pilz. Señala igualmente que dicho
         crédito ya ha sido reembolsado. A continuación alega que la Comisión vulneró el artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en
         que consideró en la Decisión impugnada que el crédito de 15 millones de DEM constituía una ayuda estatal en favor de PA. Sostiene
         en efecto que, en contra de lo afirmado por la Comisión en la Decisión impugnada, dicho crédito no debe analizarse con arreglo
         a las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración, puesto que PA, que había pasado a denominarse CD Albrechts,
         no se encontraba en tal situación en el momento en que se le concedió el crédito. Indica además que la Comisión incumplió
         el deber de motivación al no indicar las razones por las que dicho crédito constituye una ayuda en favor de PA o de CD Albrechts.
      
      264   La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la argumentación expuesta por el Land de Turingia
         en lo que respecta a la aportación de que se trata. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      265   En lo que respecta a la presente aportación, el Land de Turingia invoca un error de hecho, un error manifiesto de apreciación
         y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      266   A este respecto procede señalar, en primer lugar, que el Land de Turingia no aporta prueba alguna de su alegación de que dicho
         crédito ya ha sido reembolsado en su totalidad o en parte. Tampoco demuestra que la Comisión fuera informada de dicho reembolso
         en el procedimiento administrativo. 
      
      267   A continuación, carece de fundamento la alegación del Land de Turingia en el sentido de que la Comisión incurrió en un error
         de Derecho y en un incumplimiento del deber de motivación al calificar dicho crédito de ayuda estatal de reestructuración
         incompatible con el mercado común. En efecto, por las razones expuestas en los apartados 196 a 202 supra, en el momento en que se concedió dicho crédito, CD Albrechts, antes PA, podía calificarse de empresa en crisis. Ahora bien,
         cabe suponer efectivamente que una empresa privada que se encontrara en la situación de TAB no habría concedido un crédito
         a una empresa en crisis, como CD Albrechts, o al menos no sin haber efectuado un análisis detallado de la situación económica
         de la empresa en participación y elaborado un plan de reestructuración. Además, aunque dicha aportación había sido calificada
         de ayuda estatal en la decisión de apertura del procedimiento, las autoridades alemanas no impugnaron posteriormente dicha
         calificación. Por último, como se ha puesto de relieve en el apartado 202 supra, la Comisión motivó suficientemente la calificación de CD Albrechts como empresa en crisis y, por lo tanto, la incompatibilidad
         de dicha ayuda con el mercado común.
      
      268   Por último, en la medida en que el Land de Turingia alega que la Comisión omitió tener en cuenta el hecho de que dicha aportación
         fue desviada de sus objetivos en provecho del grupo Pilz, procede remitirse a la apreciación de dicha alegación en el contexto
         de la argumentación del Land de Turingia sobre la legalidad de la orden de recuperación de la ayuda formulada en el artículo
         2 de la Decisión impugnada (véanse los apartados 318 a 344 infra).
      269   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin perjuicio del posterior examen de esta última alegación, procede desestimar
         por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia en lo que respecta a la aportación de que se trata.
      
      O.      Sobre el crédito de 7 millones de DEM concedido por LfA a CD Albrechts
      1.      Alegaciones de las partes
      270   El Land de Turingia alega en primer lugar que la Comisión incurrió en diversos errores de hecho en lo que respecta al crédito
         de 7 millones de DEM. Según él, en contra de lo afirmado por la Comisión en los considerandos 36 y 73 de la Decisión impugnada,
         el crédito de 7 millones de DEM concedido por LfA a PA no sirvió para apoyar a dicha sociedad. Pone de relieve en efecto que,
         tras la celebración del convenio de saneamiento, 2 millones de DEM de dicho crédito se utilizaron para abonar los intereses
         vencidos de los créditos bancarios concedidos a PBK y avalados por el Land de Baviera. Estima por tanto que, como el importe
         total del aval (54,7 millones de DEM) ya ha sido contabilizado como ayuda estatal por la Comisión, el hecho de considerar
         que esta parte del crédito constituye igualmente una ayuda estatal equivale a contar dos veces un mismo importe al calcular
         la ayuda. 
      
      271   El Land de Turingia alega a continuación que la Comisión incurrió en diversos errores de Derecho e incumplió el deber de motivación
         en lo que respecta a esta aportación. Niega en particular que dicho crédito constituya una ayuda estatal y, a fortiori, que se trate de una nueva ayuda incompatible con el mercado común. Indica en efecto que, dado que 5 millones de DEM de dicho
         crédito sirvieron para reembolsar una parte de los créditos avalados por THA y que, según la Comisión, la prestación de dicho
         aval constituye una ayuda estatal, esta última yerra al considerar que las cantidades abonadas en ejecución de dicho aval
         constituyen igualmente ayudas estatales, ya que esto equivale a contar dos veces como ayuda los mismos importes. Estima además
         que, puesto que la prestación del aval debe considerarse una ayuda existente compatible con el Tratado, como ya ha demostrado,
         lo mismo ocurre necesariamente con la presente ayuda financiera, que fue abonada en ejecución de las obligaciones nacidas
         del aval. Por último, el Land de Turingia alega que la Comisión incumplió el deber de motivación al no indicar las razones
         por las que consideraba que el crédito de 7 millones de DEM constituía una ayuda incompatible con el mercado común en favor
         de CD Albrechts, a pesar de que, de dicho crédito, 5 millones de DEM sólo sirvieron para reembolsar créditos bancarios destinados
         a la construcción de la fábrica de CD de Albrechts y concedidos únicamente a Pilz Construction y 2 millones de DEM permitieron
         pagar los intereses de los créditos cubiertos por dicho aval.
      
      272   La Comisión, apoyada por ODS, alega que procede desestimar por infundada la argumentación expuesta por el Land de Turingia
         en lo que respecta a la aportación de que se trata. 
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      273   En lo que respecta a la presente aportación, el Land de Turingia invoca diversos errores de hecho, un error manifiesto de
         apreciación y un incumplimiento del deber de motivación.
      
      274   A este respecto es preciso examinar, en primer lugar, si la Comisión incurrió en un error de hecho, como alega el Land de
         Turingia, al no tener en cuenta que, del crédito de 7 millones de DEM concedido por LfA a PA, una parte, de un importe de
         2 millones de DEM, sirvió para garantizar los intereses futuros de los créditos avalados por el Land de Baviera, y otra parte,
         de un importe de 5 millones de DEM, sirvió para reembolsar una parte de los créditos avalados por THA.
      
      275   A este respecto procede recordar que la Comisión afirmó lo siguiente en la decisión de apertura del procedimiento:
      «Mediante contrato de 8 marzo de 1994, [el Land de] Baviera concedió a la empresa en participación, a través de LfA […], un
         préstamo de 2 millones de marcos alemanes y otro de 7 millones de marcos alemanes (ambos a un tipo de interés del 7 % y reembolsables
         hasta el 31 de marzo de 1996 y el 30 de marzo de 1996, respectivamente). El primer préstamo se utilizó para reembolsar [...]
         [el] crédito avalado por el [Land] de Baviera. Del segundo préstamo se utilizaron 5 millones de marcos alemanes para reducir
         el préstamo avalado por el THA y los 2 millones restantes como capital circulante.» 
      
      276   Este pasaje muestra claramente que, antes de la apertura del procedimiento de investigación formal, la Comisión estaba informada
         de que 5 millones de DEM del préstamo de 7 millones de DEM concedido por LfA habían servido para reembolsar los créditos avalados
         por THA. En cambio, la Comisión no parece haber sido informada, en esa fase del procedimiento, de que los 2 millones de DEM
         restantes de este segundo préstamo de 7 millones de DEM concedido por LfA habían servido para garantizar el pago de los intereses
         futuros de los créditos avalados por el Land de Baviera.
      
      277   Ahora bien, es preciso señalar que las autoridades alemanas formularon observaciones sobre la utilización de dicho préstamo
         en el procedimiento administrativo. En efecto, en su escrito de 30 de marzo de 1999 pusieron de relieve, en primer lugar,
         que una parte de dicho préstamo, de un importe de 5 millones, no había servido para reembolsar créditos avalados por el Land
         de Baviera, sino créditos avalados por THA. A continuación indicaron que los 2 millones de DEM restantes fueron transferidos
         a los bancos privados a fin de garantizar el pago de los intereses que vencerían en el futuro. 
      
      278   Por consiguiente procede considerar que, dada la información de que disponía al adoptar la Decisión impugnada, la Comisión
         debía saber que, del crédito de 7 millones de DEM concedido por LfA, una parte, de un importe de 5 millones de DEM, había
         servido para reembolsar parcialmente los créditos avalados por THA y otra parte, de un importe de 2 millones de DEM, había
         servido para garantizar el pago de intereses futuros de los créditos avalados por el Land de Baviera. 
      
      279   No obstante, es preciso señalar que el hecho de que esta circunstancia no sea mencionada en la Decisión impugnada no ha afectado
         a la legalidad de la misma en lo que respecta a esta aportación.
      
      280   En efecto, aun suponiendo que la Comisión hubiera tenido en cuenta el hecho de que 5 millones de DEM del crédito de 7 millones
         de DEM habían servido para reembolsar los créditos avalados por THA, tal circunstancia no habría modificado su valoración
         de dicha aportación, ya que las ayudas financieras concedidas a fin de reembolsar los créditos avalados por THA se diferencian
         de las cantidades abonadas por THA en virtud de este mismo aval, por las razones expuestas en el apartado 194 supra.
      281   Además, resulta infundada la alegación del Land de Turingia en el sentido de que, como 5 millones de DEM de dicho crédito
         sirvieron para reembolsar una parte de los créditos avalados por THA, la Comisión incurrió en un error de apreciación e incumplió
         el deber de motivación al calificar de nueva ayuda dicha aportación. En efecto, el mero hecho de que dicha aportación sirviera
         para reembolsar los créditos avalados por THA no permite afirmar que se trate de una intervención en virtud de dicho aval.
         En particular, a la empresa en participación se le concedió dicho crédito para permitirle reembolsar una parte de los créditos
         cubiertos por el aval. De ello se deduce que, aunque la concesión del crédito esté destinada a permitir el reembolso de los
         créditos avalados, no es menos cierto que ello no constituye una intervención en virtud de un aval existente sino, en realidad,
         una nueva ayuda.
      
      282   Por último, el Land de Turingia no demuestra cómo el hecho de que 2 millones de DEM de la presente aportación se utilizasen
         para garantizar el pago de los intereses futuros de los créditos avalados por el Land de Baviera habría podido modificar la
         valoración de dicha aportación efectuada por la Comisión, a saber, que se trataba de una ayuda incompatible con el mercado
         común por haber sido concedida vulnerando las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración.
      
      283   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundada la totalidad de la argumentación expuesta
         por el Land de Turingia en lo que respecta a la aportación de que se trata.
      
      P.      Sobre el crédito de 9,5 millones de DEM concedido por TAB a CD Albrechts 
      1.      Alegaciones de las partes
      284   El Land de Turingia alega que la Comisión no tuvo en cuenta en la Decisión impugnada que dicho crédito había sido reembolsado
         en su totalidad. Pone de relieve igualmente que dicho crédito es el único que benefició realmente a CD Albrechts, pues las
         relaciones con el grupo Pilz se rompieron definitivamente en diciembre de 1994. Sostiene además que la Comisión hubiera debido
         valorar dicho préstamo aplicando el criterio del inversor en una economía de mercado, es decir, teniendo en cuenta las dificultades
         financieras que experimentaba CD Albrechts a causa de las acciones ilegales del grupo Pilz.
      
      285   La Comisión alega que no recibió información sobre un eventual reembolso, de modo que podía estimar legítimamente que el crédito
         no había sido reembolsado aún.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      286   En lo que respecta a la argumentación del Land de Turingia sobre la presente aportación, basta con indicar que el Land de
         Turingia no presenta prueba alguna en apoyo de su alegación de que dicha aportación ha sido reembolsada en su totalidad. Por
         otra parte, incluso suponiendo que hubiera podido presentar pruebas de dicho reembolso, sigue siendo cierto que no presentó
         tales pruebas en el procedimiento administrativo, de modo que no puede reprochar a la Comisión el no haberlas tenido en cuenta
         en la Decisión impugnada. Por último, no procede acoger la alegación del Land de Turingia de que la concesión de la ayuda
         corresponde al comportamiento racional de un inversor privado, puesto que, habida cuenta de las consideraciones formuladas
         en el apartado 217 supra, la cuestión de si TAB actuó como un inversor privado en el presente caso no afecta a la valoración de la compatibilidad de
         la ayuda con el mercado común y, por tanto, no es pertinente.
      
      287   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar por infundados los motivos invocados por el Land de Turingia
         en lo que respecta a la aportación de que se trata.
      
      Q.      Sobre los intereses de un importe total de 21,3 millones de DEM 
      1.      Alegaciones de las partes
      288   El Land de Turingia alega en primer lugar que la Comisión incumplió el deber de motivación en lo que respecta a los intereses.
         Afirma en efecto que la Comisión no expuso en ningún momento en la Decisión impugnada ni constataciones ni justificaciones
         relativas al cálculo del importe de 21,3 millones de DEM, que representa los intereses no cobrados en relación con las diferentes
         aportaciones de que se trata. En su opinión, ello resulta especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que, en las cantidades
         abonadas con arreglo al convenio de saneamiento a fin de obtener la liberación de los avales, una parte importante correspondía
         a los intereses. El Land de Turingia estima por otra parte que, dado que la Decisión impugnada dispone que el importe de las
         ayudas que procede devolver se incrementará aplicando el tipo de interés de referencia, la Comisión hubiera debido explicar
         claramente de qué intereses se trataba y por qué habían beneficiado a la empresa en participación y a las empresas que la
         sucedieron. Según él, la Comisión no podía limitarse a este respecto a una mera remisión a la información aportada por el
         Estado miembro.
      
      289   A continuación, el Land de Turingia impugna la alegación de la Comisión de que se vio obligada a solicitar la recuperación
         de la bonificación de intereses, por un importe de 21,3 millones de DEM, a la vista de la información aportada por las autoridades
         alemanas. Sostiene en efecto, por una parte, que la Comisión no ha aportado prueba alguna de que las autoridades alemanas
         hayan realizado declaración alguna en ese sentido y, por otra parte, que incluso en el supuesto de que dichas autoridades
         se hubieran expresado en esos términos –y el Land de Turingia lo niega–, eso no justificaría la falta de constataciones materiales
         en lo que respecta al cálculo del importe de los intereses. 
      
      290   El Land de Turingia alega por otra parte que la Comisión infringió el artículo 87 CE, apartado 1, al estimar globalmente en
         21,3 millones de DEM la supuesta bonificación de intereses obtenida por la empresa en participación y las empresas que la
         sucedieron. 
      
      291   La Comisión, apoyada por ODS, impugna en su totalidad la argumentación del Land de Turingia sobre la bonificación de intereses
         por importe de 21,3 millones de DEM.
      
      292   En primer lugar alega que se vio forzada a adoptar una decisión a la vista de la información que le remitieron las autoridades
         alemanas, a saber, que los diferentes pagos habían supuesto una bonificación de intereses de al menos 21,3 millones de DEM
         desde finales de 1993 hasta 1998 (considerando 40 de la Decisión impugnada). Además, estima errónea la observación del Land
         de Turingia sobre los intereses exigidos por la orden de recuperación, puesto que el importe de 21,3 millones de DEM sólo
         representa las bonificaciones de intereses concedidas a la empresa, que constituyen por tanto una ayuda en sí mismas. Según
         la Comisión, es preciso distinguirlas de los intereses que procede abonar a partir de la fecha de pago de las ayudas, los
         cuales se calculan, según el artículo 2, apartado 2, de la Decisión impugnada, aplicando el tipo de referencia utilizado para
         el cálculo del equivalente neto de subvención en el marco de las ayudas regionales.
      
      293   La Comisión rechaza además la alegación del Land de Turingia según la cual ella estimó globalmente el importe de la bonificación
         de intereses en 21,3 millones de DEM, sin tener en cuenta el hecho de que los pagos habían beneficiado a empresas diferentes
         ni tampoco el hecho de que dicha bonificación ya se había tenido parcialmente en cuenta al calcular determinados importes.
         Recuerda en efecto que lo decisivo para el cálculo del importe de las ayudas abonadas no es el último destinatario de las
         ayudas financieras en el seno de un grupo de empresas, sino, en realidad, el destinatario objetivo de las mismas, es decir,
         en el presente caso, la empresa en participación y las empresas que la sucedieron. La Comisión pone de relieve además que
         el importe total de la las bonificaciones de intereses que figura en la Decisión impugnada no procede de cálculos erróneos,
         sino de la información suministrada por las autoridades alemanas, como indica el considerando 40 de la Decisión impugnada.
         
      
      294   Por último, la Comisión niega haber incumplido el deber de motivación en lo que respecta a la bonificación de intereses. Alega
         en efecto que, al no haber recibido una información clara de las autoridades alemanas, se vio obligada a aceptar el importe
         de 21,3 millones de DEM, que según dichas autoridades constituía el importe total de la bonificación de intereses de la que
         habían disfrutado la empresa en participación y las empresas que la sucedieron, tal como indica el considerando 40 de la Decisión
         impugnada. Afirma además haber valorado dicha bonificación con arreglo a las Directrices sobre ayudas de salvamento y de reestructuración,
         llegando así a la conclusión de que constituía una ayuda de reestructuración ilegal. Por último, en lo que respecta a la alegación
         del Land de Turingia según la cual, al determinar el importe total de la bonificación de intereses, ella no indicó en qué
         medida había tenido en cuenta el hecho de que dos créditos sirvieron para reembolsar intereses vencidos de los créditos, la
         Comisión sostiene que, habida cuenta de información de que disponía, no le quedaba otra opción que concluir que se trataba
         de préstamos que debían calificarse de ayudas ilegales de reestructuración de empresas en crisis.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      295   Procede hacer constar que, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia, la República Federal de
         Alemania ha subrayado que sus servicios no remitieron a la Comisión información de la que se deduzca que las bonificaciones
         de intereses concedidas en relación con el proyecto de fábrica de CD de Albrechts ascendieron al menos a 21,3 millones de
         DEM en el período comprendido entre 1993 y 1998. Ha indicado además que dicha cifra está en contradicción con el importe de
         los intereses mencionado en el escrito del Gobierno alemán de 17 de abril de 1997, a saber, 14,9 millones de DEM.
      
      296   En cuanto a la Comisión, ha confirmado en su respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia que no puede
         probar haber recibido de las autoridades alemanas la información de que la ayuda en cuestión ascendía a 21,3 millones de DEM.
      
      297   Dadas estas circunstancias, procede hacer constar que la Comisión incurrió en un error de hecho al afirmar, en el considerando
         40 de la Decisión impugnada, que, «según datos de las autoridades alemanas, estos pagos supusieron una bonificación de intereses
         de, al menos, 21,3 millones de marcos alemanes, desde finales de 1993 hasta 1998».
      
      298   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y sin necesidad de examinar los demás argumentos invocados al respecto, procede
         anular el artículo 1, apartado 2, de la Decisión impugnada en la medida en que incluye un importe de 21,3 millones de DEM
         correspondiente a bonificaciones de intereses otorgadas en relación con la reestructuración de la fábrica de CD de Albrechts.
      
      III. Sobre los motivos relativos a la legalidad del artículo 2 de la Decisión impugnada 
      A.      Observaciones preliminares 
      299   El Land de Turingia, apoyado por la República Federal de Alemania, alega que el artículo 2 de la Decisión impugnada es ilegal
         en la medida en que la Comisión ordena en él que se reclame la restitución de las ayudas a LCA, a CDA y «a todas aquellas
         otras empresas a las que se hayan transferido o se vayan a transferir bienes o infraestructura de [PBK], [la empresa en participación]
         o [PA]», ya que la orden de recuperación que allí figura está basada en un gran número de errores en la determinación de los
         hechos, infringe el artículo 87 CE, apartado 1, y el artículo 88 CE, apartado 2, incumple el deber de motivación y viola el
         principio de respeto del derecho de defensa, así como los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad.
      
      300   El Tribunal de Primera Instancia ha decidido examinar en primer lugar la argumentación del Land de Turingia según la cual
         la orden de recuperación formulada en el artículo 2 de la Decisión impugnada infringe el artículo 87 CE, apartado 1, y el
         artículo 88 CE, apartado 2.
      
      B.      Sobre la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, y del artículo 88 CE, apartado 2 
      1.      Alegaciones de las partes
      301   En apoyo de su motivo relativo a la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, y del artículo 88 CE, apartado 2, el Land de
         Turingia alega esencialmente que la Comisión no puede exigir a la República Federal de Alemania que reclame la restitución
         de unas ayudas a empresas que no se beneficiaron de dichas ayudas. Indica así, en primer lugar, que las ayudas fueron desviadas
         de sus objetivos, en gran medida, en provecho de las empresas del grupo Pilz; en segundo lugar, que MTDA, actualmente denominada
         CDA, no se benefició de ayudas en relación con la compra de los activos de CD Albrechts, actualmente denominada LCA, ya que
         pagó un precio de mercado, como la Comisión lo ha reconocido en el considerando 103 de la Decisión impugnada, y, en tercer
         lugar, que una parte de las ayudas fue abonada directamente al grupo Pilz.
      
      302   Sostiene además que la Comisión no puede exigir a terceros la restitución de unas ayudas limitándose a alegar una situación
         de elusión. En primer lugar afirma que la Comisión no puede mencionar en una orden de recuperación a un tercero sin demostrar
         que este último ha obtenido ventajas de la ayuda. Estima además que en el presente caso no concurrían los criterios objetivos
         utilizados por la Comisión para afirmar la existencia de una situación de elusión –los elementos transferidos, el precio de
         compra, la identidad de los socios y propietarios de la empresa original y de su comprador, la fecha en que se realizó la
         transferencia y el carácter comercial de la misma–, mencionados en el considerando 118 de la Decisión impugnada.
      
      303   La Comisión, apoyada por ODS, impugna en su totalidad la argumentación con la que el Land de Turingia pretende demostrar que
         ella infringió el artículo 87 CE, apartado 1, y el artículo 88 CE, apartado 2, al exigir a la República Federal de Alemania
         que reclamase la restitución de la ayuda a LCA, a CDA, y a cualquier otra empresa a las que se hayan transferido o se vayan
         a transferir bienes o infraestructura de la empresa en participación a fin de eludir las consecuencias de la Decisión impugnada.
      
      304   En primer lugar, la Comisión precisa en términos generales su punto de vista sobre fue la determinación de los sujetos obligados
         a restituir las ayudas en caso de transmisión de las participaciones en el capital de la sociedad beneficiaria o de los activos
         la misma. A este respecto comienza por señalar que la cuestión no plantea ningún problema especial en el caso de transmisión
         de las participaciones en el capital social, dado que la sociedad beneficiaria continúa existiendo y sólo se modifica la propiedad
         de la misma. Según ella, se deduce de la jurisprudencia que, en tal supuesto, la obligación de restituir la ayuda continúa
         recayendo en la sociedad que la recibió o en las empresas que la sucedan, con independencia de las transformaciones que se
         hayan producido en su estructura de propiedad y de la eventual toma en consideración de la obligación de restituir la ayuda
         al determinar las condiciones de venta. Alega en efecto que, al seguir desarrollando la actividad subvencionada, dicha sociedad
         continúa beneficiándose de las ayudas, perpetuando así la distorsión de la competencia. A continuación sostiene que no plantea
         mayores dificultades el caso en el que los activos de la sociedad beneficiaria se transmiten a empresas pertenecientes al
         mismo grupo. En efecto, en tal caso, estarán obligadas a restituir las ayudas, además de la sociedad beneficiaria, las empresas
         del grupo que hayan podido beneficiarse de los efectos favorables de las ayudas gracias a la transmisión de dichos activos,
         obteniendo así una ventaja económica. Por otra parte, en lo que respecta a la venta a terceras empresas de los activos de
         la sociedad beneficiaria, la Comisión establece una diferencia en función de que dichos bienes hayan sido vendidos por separado
         o «en bloque». En su opinión, cuando dichos bienes se venden por separado, a precio de mercado, los compradores no están obligados
         a restituir las ayudas, ya que la actividad subvencionada ha desaparecido a raíz de la venta por separado de los activos,
         y en consecuencia la ayuda concedida antes de la transmisión de los activos no puede ya poner en desventaja a los competidores
         de la sociedad beneficiaria. En cambio, la Comisión considera que la situación es distinta cuando los activos son vendidos
         «en bloque», de modo que el comprador puede seguir desarrollando la actividad de la sociedad beneficiaria. En efecto, a juicio
         de la Comisión, en tal supuesto la continuación de la actividad subvencionada puede perpetuar la distorsión de la competencia,
         por lo que resulta necesaria una vigilancia especial a fin de evitar que la transmisión de los bienes de la sociedad beneficiaria
         permita eludir en lo esencial la obligación de restituir la ayuda, poniendo «al abrigo» los bienes vendidos. Sostiene que
         el único caso en que cabe excluir dicha elusión es aquél en el que la transmisión «en bloque» de los bienes de la sociedad
         beneficiaria se efectúa, no sólo a precio de mercado, sino además mediante un procedimiento sin condiciones y abierto a todos
         los competidores de dicha sociedad.
      
      305   A la luz de estos principios, la Comisión estima haber actuado con arreglo a Derecho al exigir que se reclame la restitución
         de la ayuda a LCA y a CDA, dado que:
      
      –       CDA sigue desarrollando las actividades económicas del beneficiario inicial de la ayuda utilizando los medios producción «contaminados»
         adquiridos por ella en el seno del grupo de empresas vinculadas controlado por TIB.
      
      –       CDA y LCA continúan beneficiándose de las ayudas ilegalmente concedidas a la empresa en participación –y a las empresas que
         las sucedieron–, pues la distorsión de la competencia provocada por la concesión de dichas ayudas sigue produciendo sus efectos
         en lo que respecta a CDA y LCA.
      
      –       El precio de compra de 35,3 millones de DEM en total, pagado mediante una asunción de pasivo (considerando 102 de la Decisión
         impugnada), permaneció de todos modos en el interior de un mismo grupo de empresas, dado que TIB controlaba a la vez a CDA
         y a LCA.
      
      –       En el caso de un grupo de empresas integradas económicamente, tener en cuenta el precio de compra estaría en contradicción
         con la obligación de la Comisión de evitar que se eludan sus decisiones y con la obligación de los Estados miembros de velar
         por que se cumpla lo dispuesto en tales decisiones (considerandos 118 y 119 de la Decisión impugnada).
      
      306   Por último, la Comisión señala que resulta infundada la alegación del Land de Turingia en el sentido de que ella no puede
         exigir que se reclame a CDA y a LCA la restitución de unas ayudas que fueron concedidas directamente al grupo Pilz o desviadas
         de sus objetivos en provecho de dicho grupo. Sostiene, en efecto, que tales ayudas entraron en el ámbito de actividad de la
         empresa en participación o de las empresas que la sucedieron, aunque posteriormente fueran inmediatamente retiradas en provecho
         de otras sociedades del grupo Pilz. Según la Comisión, poco importa a este respecto que tales ayudas no beneficiaran realmente
         a la empresa en participación. En efecto, en su sentencia de 20 de marzo de 1997, Alcan Deutschland (C‑24/95, Rec. p. I‑1591),
         el Tribunal de Justicia consideró que la alegación relativa a la desaparición del enriquecimiento no constituye una razón
         válida para oponerse a la recuperación de las ayudas. La Comisión considera que el razonamiento del Tribunal de Justicia es
         también aplicable a un caso como el que aquí se plantea, en el que los mecanismos de transmisión de activos en el interior
         de un grupo de empresas tienen prácticamente por objeto hacer que desaparezca el enriquecimiento en lo que respecta al beneficiario
         inicial de la ayuda. A su juicio, en tal caso no cabe tener en cuenta la alegación de la desaparición del enriquecimiento,
         sino que, por el contrario, se imputa la ventaja ilegal a las empresas del grupo que recibieron inicialmente las ayudas de
         las que eran destinatarias. La Comisión estima que, del mismo modo, TIB y las empresas vinculadas tampoco pueden invocar dicha
         alegación, dado que el hecho de que el grupo Pilz desviase las ayudas de sus objetivos es también imputable a la empresa en
         participación y a las empresas que la sucedieron.
      
      2.      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      307   Con carácter preliminar, procede recordar que, conforme al Derecho comunitario, cuando la Comisión comprueba que unas ayudas
         son incompatibles con el mercado común, puede ordenar al Estado miembro que recupere dichas ayudas de los beneficiarios (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 1973, Comisión/Alemania, 70/72, Rec. p. 813, apartados 13 y 20, y sentencia Alemania/Comisión,
         antes citada en el apartado 176 supra, apartado 73). 
      
      308   La supresión de una ayuda ilegal mediante su recuperación es la consecuencia lógica de la declaración de su ilegalidad y tiene
         por objeto restablecer la situación anterior (sentencia Alemania/Comisión, antes citada en el apartado 176 supra, apartado 74). 
      
      309   Dicho objetivo se logra una vez que las ayudas de que se trata, más los intereses de demora en su caso, son devueltas por
         el beneficiario o, en otros términos, por las empresas que disfrutaron efectivamente de ellas (véase en este sentido la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1991, Italia/Comisión, C‑303/88, Rec. p. I‑1433, apartados 57 y 60). Con esta devolución,
         el beneficiario pierde, en efecto, la ventaja de que había disfrutado en el mercado respecto a sus competidores y queda restablecida
         la situación anterior a la concesión de la ayuda (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de abril de 1995, Comisión/Italia,
         C‑350/93, Rec. p. I‑699, apartado 22).
      
      310   De ello se deduce que el principal objetivo del reembolso de una ayuda estatal concedida ilegalmente es eliminar la distorsión
         de la competencia provocada por la ventaja competitiva procurada por la ayuda ilegal (sentencia Alemania/Comisión, antes citada
         en el apartado 176 supra, apartado 76).
      
      311   Son estas consideraciones generales las que deben servir de guía en el examen de la legalidad de la orden de recuperación
         formulada en el artículo 2 de la Decisión impugnada.
      
      312   A este respecto procede examinar por separado la legalidad de dicha orden en la medida en que exige que se reclame la restitución
         de la ayuda a LCA, por una parte, y a CDA, por otra. Consta, en efecto, que a diferencia de LCA, que debe considerarse sucesora
         directa de la empresa en participación y de PA, CDA no se encuentra en la misma situación. En la Decisión impugnada, la extensión
         de la orden de recuperación a esta última se basa en efecto en la existencia de una situación de elusión.
      
      313   En lo relativo a la restitución de la ayuda por parte de LCA, el Land de Turingia alega que dicha orden es ilegal, en la medida
         en que se refiere, por una parte, a ayudas concedidas directamente al grupo Pilz y, por otra parte, a ayudas que, aunque concedidas
         a la empresa en participación y a PA, fueron desviadas de sus objetivos en provecho de dicho grupo.
      
      314   A este respecto procede hacer constar que, como muestran los cuadros recogidos en los considerandos 32 y 39 de la Decisión
         impugnada, en las ayudas descritas en el artículo 1 de dicha decisión se incluyen efectivamente un cierto número de ayudas
         que fueron concedidas directamente al grupo Pilz y a PBK, empresa perteneciente a dicho grupo. Éste es en particular el caso
         de la ayuda concedida a PBK en forma de aval del Land de Baviera (LfA), de un importe de 54,7 millones de DEM, de la ayuda
         concedida a PBK en forma de renuncia al derecho de crédito en su contra, de un importe de 3 millones de DEM, de la ayuda concedida
         a PBK en forma de precio de compra de las participaciones sociales de PA, de un importe de 3 millones de DEM, y de la ayuda
         concedida al grupo Pilz en forma de crédito de 15 millones de DEM.
      
      315   Por lo que se refiere a las dos primeras ayudas, ha quedado acreditado que, aunque fueron concedidas directamente a PBK, estaban
         destinadas a financiar la construcción de la fábrica de CD de Albrechts, de modo que, haciendo abstracción del hecho de que
         dichas ayudas fueron desviadas de sus objetivos en provecho de otras empresas del grupo Pilz y del incumplimiento del deber
         de motivación en lo relativo a la renuncia al derecho de crédito de 3 millones de DEM, procede declarar que, en principio,
         la Comisión actuó con arreglo a Derecho al ordenar que se exigiera su restitución a LCA (véase en este sentido la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2003, Bélgica/Comisión, C‑457/00, Rec. p. I‑6931, apartados 55 a 62). 
      
      316   En cuanto al precio de compra de 3 millones de DEM y al crédito de 15 millones de DEM, procede hacer constar que, como ya
         se ha declarado en los apartados 218 y 260 supra, dichas ayudas fueron concedidas directamente al grupo Pilz y no estaban destinadas a la reestructuración de la empresa en
         participación y de PA. No cabe considerar por tanto que estas últimas empresas disfrutaran efectivamente de dichas ayudas.
         Como ya se ha declarado en el apartado 261 supra, no altera dicha conclusión el hecho de que el crédito de 15 millones de DEM debiera servir para apoyar al grupo Pilz hasta
         que se encontrase un comprador para PA, como la Comisión afirmó en el considerando 37 de la Decisión impugnada. En efecto,
         no sólo la Comisión no ha aportado prueba alguna en apoyo de esta afirmación, sino que además no se ha acreditado que PA haya
         obtenido efectivamente alguna ventaja gracias a esta ayuda.
      
      317   Por lo tanto, el artículo 2 de la Decisión impugnada no respeta los principios que regulan la recuperación de las ayudas estatales
         ilegales, en la medida en que ordena que se reclame a LCA la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1, incluyendo
         en ellas la ayuda concedida a PBK en forma de precio de compra de 3 millones de DEM y la ayuda concedida al grupo Pilz en
         forma de crédito de 15 millones de DEM. 
      
      318   A continuación, procede examinar la argumentación del Land de Turingia según la cual la orden de recuperación es ilegal la
         medida en que se refiere a ayudas que, pese a estar destinadas a la empresa en participación y a PA, fueron desviadas de sus
         objetivos en provecho del grupo Pilz.
      
      319   A este respecto procede señalar que la Decisión impugnada contiene numerosos constataciones relativas al hecho de que las
         ayudas descritas en el artículo 1 de la Decisión impugnada fueron desviadas de sus objetivos en provecho del grupo Pilz. Así,
         de los considerandos 27, 33, 38 y 63 a 75 de la Decisión impugnada se deduce que una gran parte de las ayudas concedidas para
         la construcción, consolidación y reestructuración de la fábrica de CD de Albrechts fueron desviadas de sus objetivos en provecho
         de las empresas dicho grupo. Estas constataciones muestran igualmente que las ayudas fueron desviadas de sus objetivos mediante
         una sobrefacturación de las prestaciones de servicios efectuadas en relación con la construcción de la fábrica, a través del
         sistema centralizado de gestión de la tesorería existente en el seno del grupo Pilz, y mediante el impago de productos y servicios
         suministrados al grupo Pilz por la empresa en participación y por PA.
      
      320   Procede hacer constar igualmente que el escrito de calificación provisional presentado por el ministerio fiscal ante el Landgericht
         Mühlhausen, aportado por las autoridades alemanas en el procedimiento administrativo, contiene cierto número de datos que
         permiten determinar, al menos aproximadamente, la magnitud de la desviación de las ayudas en provecho del grupo Pilz. En contra
         de lo que alega la Comisión, el mero hecho de que dicho escrito se refiera a las actuaciones ilegales cometidas en relación
         con la concesión de las subvenciones y primas de inversión del Land de Turingia no basta para concluir que la información
         que contiene carece de pertinencia para la apreciación que la Comisión debe llevar a cabo. En efecto, dicho escrito contiene
         indicaciones precisas y útiles para valorar la magnitud de la desviación de las ayudas, principalmente en su descripción de
         los diferentes mecanismos fraudulentos utilizados y en su estimación del valor de las inversiones efectuadas. 
      
      321   Dadas estas circunstancias, procede considerar que, al menos en el momento en que adoptó la Decisión impugnada, la Comisión
         disponía de un conjunto de indicios válidos y concordantes de los que se deducía que la empresa en participación y PA no habían
         disfrutado efectivamente de una gran parte de las ayudas destinadas a la construcción, consolidación y reestructuración de
         la fábrica de CD de Albrechts. Además, dichos indicios permitían determinar la magnitud de la desviación de las ayudas, al
         menos aproximadamente. 
      
      322   Es cierto que, como afirma la Comisión, no consta en autos que las autoridades alemanas hayan aportado información precisa
         sobre la parte de la ayuda que fue desviada de sus objetivos en provecho del grupo Pilz. 
      
      323   Sin embargo, es preciso reconocer que ninguno de los documentos obrantes en autos indica que la Comisión haya solicitado a
         las autoridades alemanas que le aportasen información precisa sobre este punto, a pesar de que disponía de los medios necesarios
         para hacerlo (véase en este sentido la sentencia Alemania y Pleuger Worthington/Comisión, antes citada en el apartado 71 supra, apartado 29). Ahora bien, la decisión de apertura del procedimiento muestra que, al menos desde 1997, la Comisión estaba
         informada de que una gran parte de las ayudas habían sido desviadas de sus objetivos. Dada la información de que disponía
         en el momento en que adoptó la Decisión impugnada, la Comisión no puede por tanto alegar que estaba facultada para exigir
         que se reclamase a LCA la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1, en lo que respecta a ayudas de las que sabía
         o no podía ignorar que la empresa en participación y PA no se habían beneficiado de ellas. 
      
      324   Procede desestimar igualmente la alegación de la Comisión de que la amplitud de la orden de recuperación que figura en el
         artículo 2 de la Decisión impugnada se justifica por la pertenencia de la empresa en participación y de las empresas que la
         sucedieron a un grupo de empresas vinculadas en el que existen mecanismos internos de transmisión de activos. En efecto, no
         sólo la empresa en participación únicamente formó parte del grupo Pilz entre octubre de 1992 y finales de diciembre de 1993,
         sino que, además, la descripción de los hechos recogida en la Decisión impugnada muestra que, en el presente caso, los mecanismos
         de transmisión de activos existentes en dicho grupo fueron utilizados únicamente en detrimento de dicha empresa y no en beneficio
         suyo. No cabe por tanto alegar que, en razón de su pertenencia a dicho grupo, la empresa en participación disfrutó efectivamente
         de ayudas de las que no era beneficiaria. 
      
      325   Por lo tanto, el artículo 2 de la Decisión impugnada no respeta los principios que regulan la recuperación de las ayudas estatales
         ilegales, en la medida en que ordena que se reclame a LCA la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1, incluyendo
         en ellas ayudas de las que se ha acreditado que no beneficiaron efectivamente a dicha empresa. 
      
      326   A continuación, en lo que respecta a la orden formulada en el artículo 2 de la Decisión impugnada en la que se exige que se
         reclame a CDA la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1 de la misma, se deduce de esta Decisión que la Comisión
         basó esencialmente su apreciación en la existencia de una voluntad de eludir las consecuencias de dicha Decisión, voluntad
         que, según la Comisión, se deduce objetivamente del hecho de que CDA se ha beneficiado de las ayudas concedidas anteriormente
         a PBK, a la empresa en participación, a PA y a CD Albrechts, en la medida en que utiliza elementos del activo de dichas empresas
         y además sigue desarrollando la misma actividad que ellas (considerandos 118 y 120 de la Decisión impugnada).
      
      327   No procede acoger esta argumentación.
      328   Es cierto que, como se deduce por lo demás de la correspondencia intercambiada entre las autoridades alemanas y la Comisión
         en el procedimiento administrativo, la transmisión de una parte de los activos de LCA a CDA tenía por objeto salvar esta parte
         de la actividad de LCA, permitiendo que siguiera desarrollándose al abrigo de las incertidumbres jurídicas y económicas que
         ponían en peligro la supervivencia de LCA. Del mismo modo, varios de los datos expuestos por la Comisión y ODS en el presente
         litigio permiten llegar a conclusión de que, tras la transmisión de activos, CDA ha seguido desarrollando efectivamente las
         actividades de la empresa en participación, de PA y de CD Albrechts.
      
      329   No obstante, esta circunstancia, en sí misma, no prueba la existencia de una voluntad de eludir los efectos de la orden de
         recuperación de las ayudas en el presente caso. 
      
      330   Dicha conclusión se ve reforzada por el hecho de que, como se indicó en el considerando 103 de la Decisión impugnada, CDA
         había pagado un precio de mercado por la compra de elementos del activo de LCA, de modo que de dicha operación no se deduce
         que CDA siga disfrutando efectivamente de la ventaja en términos de competencia derivada de las ayudas concedidas a LCA (véase
         en este sentido la sentencia Alemania/Comisión, antes citada en el apartado 176 supra, apartado 92).
      
      331   En un caso de estas características, no cabe considerar que LCA se haya convertido, tras la compra de sus activos por parte
         de CDA, en «una cáscara vacía a la que no es posible exigir la restitución de las ayudas ilegales», tal como la Comisión ha
         alegado en sus escritos.
      
      332   En efecto, habida cuenta de que LCA se encuentra en liquidación desde la apertura del procedimiento de quiebra en octubre
         de 2000, procede recordar que de la jurisprudencia relativa a las empresas beneficiarias de ayudas en situación de quiebra
         se deduce que el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de la distorsión de la competencia causada por
         las ayudas concedidas ilegalmente pueden conseguirse, en principio, integrando en la masa pasiva de la quiebra la obligación
         de restitución de las ayudas de que se trate. En efecto, según dicha jurisprudencia, dicha integración es suficiente para
         garantizar la ejecución de una decisión que ordene la recuperación de ayudas estatales incompatibles con el mercado común
         (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de enero de 1986, Comisión/Bélgica, 52/84, Rec. p. 89,
         apartado 14, y de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, C‑142/87, Rec. p. I‑959, apartados 60 y 62).
      
      333   A continuación, la República Federal de Alemania ha afirmado, sin que la Comisión la contradijera, por una parte, que lo que
         se vendió a CDA fue sólo una parte del activo, a saber, ciertos elementos del activo fijo y circulante, el know-how técnico
         y el sistema de distribución y, por otra parte, que así se consiguió una cantidad superior a la que se habría obtenido vendiendo
         por separado dichos activos. 
      
      334   No afecta a esta conclusión el hecho de que el pago del precio de compra se efectuara mediante una asunción de pasivo. En
         efecto, es preciso señalar que esta forma de pago no afectó negativamente a la situación de los acreedores, puesto que la
         disminución del activo de la sociedad quedó compensada por una disminución equivalente de su pasivo. 
      
      335   La remisión que la Comisión hace al considerando 118 de la Decisión impugnada no desvirtúa el análisis anterior. En efecto,
         procede señalar que, en dicho considerando, la Comisión expone en términos generales y a modo de ilustración los criterios
         aplicados por ella para determinar si una operación específica disimula una situación de elusión. En cambio, dicho pasaje
         no contiene ninguna aplicación de tales criterios al presente caso.
      
      336   Por lo tanto, procede concluir que, teniendo en cuenta únicamente la descripción de los hechos recogida en la Decisión impugnada,
         la Comisión no podía llegar a la conclusión de que en el presente caso existía una voluntad de eludir los efectos de la orden
         de recuperación de las ayudas.
      
      337   En cuanto a los demás hechos expuestos por la Comisión en sus escritos y en la vista, basta con señalar que la Decisión impugnada
         no los menciona en ninguna parte, por lo que no pueden ser invocados a fin de justificar la extensión a CDA de la orden de
         recuperación de las ayudas.
      
      338   A mayor abundamiento, el Tribunal de Primera Instancia considera que estos diversos hechos tampoco permiten demostrar la existencia
         de una situación de elusión en el presente caso.
      
      339   Así, resulta infundada la alegación de la Comisión de que, en el presente caso, la compra de activos se produjo en el seno
         del grupo TIB, es decir, dentro de un grupo de empresas vinculadas. En efecto, procede señalar que no sólo la Decisión impugnada
         no menciona la existencia de un supuesto grupo TIB, sino que además la Comisión no presenta prueba alguna que demuestre que
         LCA y CDA pertenecen a dicho grupo de empresas ni, a fortiori, que existen mecanismos internos de transmisión de activos que vinculan a dichas empresas. Por el contrario, se deduce de
         las precisiones aportadas al respecto por el Land de Turingia y CDA que TIB actúa como sociedad de cartera, conforme a sus
         estatutos.
      
      340   A continuación, procede rechazar la alegación de la Comisión según lo cual la compra de activos por parte de CDA no responde
         a una lógica económica. En efecto, es preciso señalar que, en el procedimiento administrativo, las autoridades alemanas pusieron
         de relieve en varias ocasiones que la compra de una parte de los activos de LCA por parte de CDA respondía a dicha lógica.
         Ahora bien, aunque «el carácter comercial de la transferencia [de activos]» constituye uno de los aspectos que la Comisión
         tiene en cuenta para determinar si existe una elusión (considerando 118 de la Decisión impugnada), la Comisión no ha formulado
         en la Decisión impugnada ninguna consideración que debilite la postura de las autoridades alemanas.
      
      341   Es preciso subrayar igualmente que el mero hecho de que LCA y CDA estuvieran gestionadas por la misma persona en el momento
         de la compra de activos en enero de 1998 y de que, después de dicha operación, CDA se presente en el mercado como la sucesora
         de la empresa en participación y de PA no permite concluir que la compra de los activos de LCA tenía por objeto eludir las
         consecuencias de la orden de recuperación que figura en el artículo 2 de la Decisión impugnada. En efecto, tales hechos no
         bastan para demostrar que CDA haya actuado con la intención de obstaculizar la ejecución de la Decisión impugnada.
      
      342   Por último, procede rechazar la alegación de la Comisión según la cual la venta «en bloque» de los activos de LCA no se realizó
         mediante un procedimiento abierto y transparente, con lo que se impidió que ciertos competidores de LCA participasen en la
         adquisición de los activos con los que dicha sociedad desarrollaba las actividades subvencionadas. En efecto, tanto la Decisión
         impugnada como ciertos escritos que obran en autos y las declaraciones efectuadas por el Land de Turingia y por CDA en la
         vista de 5 de mayo de 2004 revelan por el contrario que la compra de los activos de LCA por parte de CDA no se produjo inmediatamente,
         sino que estuvo precedida por varias tentativas infructuosas de vender la totalidad de LCA a terceros, entre los que se encontraba
         la sociedad matriz de la parte coadyuvante ODS (véase en este sentido la sentencia Alemania/Comisión, antes citada en el apartado
         176 supra, apartado 95).
      
      343   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede concluir que la Comisión no ha demostrado la existencia de una operación
         de elusión de las consecuencias de la Decisión impugnada que pudiera servir de base para imponer a CDA la obligación de restituir
         las ayudas ilegales concedidas a la empresa en participación y a las empresas que la sucedieron.
      
      344   Por consiguiente, la Decisión impugnada no respeta los principios que regulan la recuperación de las ayudas estatales ilegales,
         en la medida en que ordena que se reclame a CDA y a LCA la restitución de las ayudas concedidas a PBK, a la empresa en participación,
         a PA y a CD Albrechts.
      
      345   Una conclusión similar se impone en lo que respecta a la parte del artículo 2 de la Decisión impugnada en la que se ordena
         reclamar la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1 «a todas aquellas otras empresas a las que se hayan transferido
         o se vayan a transferir bienes o infraestructura de [PBK], [la empresa en participación] o [PA] en condiciones que permitan
         eludir las consecuencias de la presente Decisión». En efecto, basta con hacer constar que la extensión de la orden de recuperación
         a dichas empresas se basa en las mismas razones que la extensión de dicha orden a CDA.
      
      346   Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede acoger el presente motivo.
      347   Dado que, en cualquier caso, el Tribunal de Primera Instancia no puede sustituir ni a la Comisión ni al Estado miembro de
         que se trata en la determinación exacta de las ayudas que este último debe recuperar, procede anular por consiguiente el artículo
         2 de la Decisión en lo que respecta a la orden de recuperación en su totalidad, en la medida en que dicho artículo se aplica
         a las empresas designadas en su apartado 3. Por lo tanto, procede anular el artículo 2 de la Decisión impugnada en la medida
         en que ordena que se reclame la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1 de la misma a las sociedades CDA y LCA,
         así como a todas aquellas otras empresas a las que se hayan transferido o se vayan a transferir bienes o infraestructura de
         las sociedades PBK, de la empresa en participación o de PA en condiciones que permitan eludir las consecuencias de dicha Decisión.
         
      
      348   Dadas estas circunstancias, no procede examinar los demás motivos invocados por el Land de Turingia.
       Costas
      349   A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será
         condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como las pretensiones de la Comisión han sido desestimadas,
         procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por el Land de Turingia.
      
      350   A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, los Estados miembros
         que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. Por consiguiente, la República Federal de Alemania
         soportará sus propias costas.
      
      351   A tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera
         Instancia podrá ordenar que una parte coadyuvante distinta de las mencionadas en el artículo 87, apartado 4, párrafos primero
         y segundo, soporte sus propias costas. En el presente asunto, ODS soportará sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera ampliada)
      decide:
      1)      Anular la Decisión 2000/796/CE de la Comisión, de 21 de junio de 2000, relativa a las ayudas estatales concedidas por Alemania
            a CDA Compact Disc Albrechts GmbH (Turingia), en la medida en que:
      –       en su artículo 1, apartado 1, incluye en las ayudas concedidas a R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH
            & Co. Beteiligungs KG y Pilz Albrechts GmbH para la construcción, explotación y consolidación de la planta de producción de
            discos compactos de Albrechts (Turingia) un importe de 54,7 millones de DEM correspondiente al aval del Land de Baviera, un
            importe de 3 millones de DEM correspondiente a la renuncia a un derecho de crédito, así como un importe de 63,45 millones
            de DEM y un importe de 19,42 millones de DEM correspondientes a las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el
            Land de Turingia y el Land de Baviera;
      –       en su artículo 1, apartado 2, incluye en la ayuda concedida para la reestructuración de CDA Compact Disc Albrechts GmbH un
            importe de 33 millones de DEM correspondiente a la adquisición del capital social de PA/CD Albrechts y un importe de 21,3 millones
            de DEM correspondiente a bonificaciones de intereses;
      –       en su artículo 1, apartado 2, declara que el precio de compra de 3 millones de DEM y el crédito de 15 millones de DEM otorgado
            por LfA constituyen una ayuda «concedida para la reestructuración de CDA Compact Disc Albrechts GmbH»;
      –       en su artículo 2, ordena que se reclame la restitución de las ayudas descritas en el artículo 1 a las empresas CDA Datenträger
            Albrechts GmbH y LCA Logistik Center Albrechts GmbH, así como a todas aquellas otras empresas a las que se hayan transferido
            o se vayan a transferir bienes o infraestructura de R.E. Pilz GmbH & Co. Beteiligungs KG, Pilz & Robotron GmbH & Co. Beteiligungs
            KG o Pilz Albrechts GmbH en condiciones que permitan eludir las consecuencias de dicha Decisión. 
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás. 
      3)      La Comisión soportará sus propias costas y las costas del Land de Turingia. La República Federal de Alemania y ODS Optical
            Disc Service GmbH soportarán sus propias costas. 
      
               Azizi 
            
            
                García-Valdecasas 
            
            
                Cooke 
            
         
               Jaeger 
            
             
            
                      Dehousse 
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de octubre de 2005.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      J. Azizi 
            
         
      Índice
      
      Marco jurídico
      Hechos que originaron el litigio
      A.     Contexto general
      1.     Fase de creación de la empresa (de 1990 a 1992)
      2.     Fase de reestructuración (de 1993 a 1998)
      3.     Compra de ciertos activos por parte de MTDA
      B.     Desarrollo del procedimiento administrativo
      C.     Determinación de los hechos y valoración jurídica
      1.     Ayudas financieras concedidas por la República Federal de Alemania en la fase de creación de la empresa
      2.     Ayudas financieras concedidas en la fase de reestructuración
      3.     Sobre la recuperación de las ayudas
      4.     Parte dispositiva de la Decisión impugnada
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Fundamentos de Derecho
      I.     Observaciones preliminares
      II.   Sobre la legalidad del artículo 1 de la Decisión impugnada
      A.     Sobre la facultad de basar la Decisión impugnada en la información disponible
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      B.     Sobre el aval prestado por el Land de Baviera (LfA) a PBK
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      C.     Sobre la renuncia del Land de Baviera (LfA) a su derecho de crédito de 3 millones de DEM contra PBK
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      D.     Sobre las subvenciones y primas a la inversión de un importe de 63,45 millones de DEM y de 19,42 millones de DEM otorgadas
         respectivamente por el Land de Turingia y por el Land de Baviera (LfA) a la empresa en participación y a PA
      
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      a)     Sobre las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Turingia
      b)     Sobre las subvenciones y primas a la inversión otorgadas por el Land de Baviera (LfA)
      E.     Sobre el aval prestado por THA a Robotron y a la empresa en participación
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      F.     Sobre el crédito de 25 millones de DEM concedido por TAB a PA
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      G.     Sobre el crédito de 20 millones de DEM concedido por TAB a PA
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      H.     Sobre el precio de compra de 3 millones de DEM pagado por TIB a PBK
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      I.     Sobre la aportación de capital de 12 millones de DEM efectuada por TIB en favor de PA
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      J.     Sobre la adquisición del capital social de PA por parte de TIB y de TAB
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      K.     Sobre el crédito de 2 millones de DEM concedido por LfA a PA
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      L.     Sobre el préstamo participativo de 3,5 millones de DEM concedido por TIB a PA
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      M.     Sobre el crédito de 15 millones de DEM concedido por LfA al grupo Pilz
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      N.     Sobre el crédito de 15 millones de DEM concedido por TAB a CD Albrechts
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      O.     Sobre el crédito de 7 millones de DEM concedido por LfA a CD Albrechts
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      P.     Sobre el crédito de 9,5 millones de DEM concedido por TAB a CD Albrechts
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Q.     Sobre los intereses de un importe total de 21,3 millones de DEM
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      III. Sobre los motivos relativos a la legalidad del artículo 2 de la Decisión impugnada
      A.     Observaciones preliminares
      B.     Sobre la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, y del artículo 88 CE, apartado 2
      1.     Alegaciones de las partes
      2.     Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Costas
      
      
      * Lengua de procedimiento: alemán.