CELEX: 52022PC0132
Language: es
Date: 2022-03-29 00:00:00
Title: Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 29.3.2022
            COM(2022) 132 final
            
            Recomendación de
            DECISIÓN DEL CONSEJO
            por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
            
            
               •Razones y objetivos de la propuesta
            
            
               
                  La ciberdelincuencia sigue siendo una amenaza creciente para la seguridad de los ciudadanos y las empresas de la Unión Europea (UE) según la Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en internet de Europol
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                  . La ciberdelincuencia es un fenómeno global y sin fronteras, e intensificar la cooperación internacional para luchar contra ella ha sido un objetivo prioritario para los países de todo el mundo desde hace varios años. 
               
               
                  El Convenio del Consejo de Europa de 2001 sobre la ciberdelincuencia (el Convenio de Budapest) es el primer tratado internacional sobre ciberdelincuencia, por el que se definen los delitos relacionados con esta; se establece una serie de competencias y procedimientos para investigarla como la búsqueda e interceptación de redes informáticas, y pruebas electrónicas seguras en relación con cualquier delito, y se crea un marco para la cooperación internacional
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                  . El Convenio de Budapest está abierto a los miembros no pertenecientes al Consejo de Europa y se han adherido a él países de todas las regiones geográficas. Hasta la fecha, hay sesenta y seis Estados participantes, y se ha invitado a catorce países más a adherirse al Convenio. Es la base de la legislación contra la ciberdelincuencia en el 80 % de los países de todo el mundo. La adopción de un Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest por parte del Comité de Ministros del Consejo de Europa el 17 de noviembre de 2021 demuestra que el Convenio sigue siendo pertinente como marco para la cooperación internacional en materia de ciberdelincuencia
                     3
                  .
               
               
                  El auge de la tecnología de la información y el rápido desarrollo de nuevos sistemas de redes informáticas y de telecomunicaciones, así como el uso y abuso de las tecnologías con fines delictivos también han figurado en la agenda de las Naciones Unidas. El 21 de diciembre de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 65/230, por la que se solicitaba a la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CPDJP) que estableciera un grupo intergubernamental de expertos de composición abierta para que realice un estudio exhaustivo del problema del delito cibernético
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                  . En su séptima (y última) reunión del 6 al 8 de abril de 2021, dicho grupo recopiló todas las conclusiones y recomendaciones preliminares sugeridas por los Estados miembros de las Naciones Unidas
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                   y acordó transmitir a la CPDJP las sesenta y tres conclusiones y recomendaciones convenidas
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                  . En su estudio, el grupo no llegó a un consenso sobre la necesidad de un nuevo tratado internacional sobre ciberdelincuencia.
               
               
                  Paralelamente, algunos Estados miembros de las Naciones Unidas intensificaron sus esfuerzos para trabajar en pos de un tratado de este tipo en las deliberaciones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 73/187, de 17 de diciembre de 2018, sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
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                  . Posteriormente, el 27 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una segunda Resolución, la 74/247, sobre el mismo tema, por la que se establece un comité intergubernamental de expertos ad hoc de composición abierta (en lo sucesivo, el «comité ad hoc») para elaborar un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos. La Resolución especificaba que el comité ad hoc debía tener plenamente en cuenta los instrumentos y esfuerzos internacionales existentes a escala nacional, regional e internacional en la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos, en particular el trabajo y los resultados del grupo intergubernamental de expertos
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                  . El 26 de mayo de 2021, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 75/282, en la que se determinaban las modalidades de las negociaciones
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                  . La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, entre otras cosas, que el comité ad hoc debía convocar al menos seis sesiones, de diez días cada una, empezando en enero de 2022, y una sesión de clausura para presentar un proyecto de Convenio a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su septuagésimo octavo período de sesiones en 2024. Además, decidió que el comité ad hoc celebrará la primera, tercera y sexta sesiones de negociación en Nueva York, y la segunda, cuarta y quinta sesiones en Viena. El 20 de enero de 2022, la Asamblea General decidió aplazar la primera sesión a una fecha posterior debido a la situación de la pandemia de COVID-19 en Nueva York. 
               
               
                  La presente propuesta tiene por objeto garantizar la adecuada participación de la Unión Europea en estas negociaciones, ya que se espera que estas aborden elementos relacionados con la legislación y la competencia de la UE, en particular en el ámbito de la ciberdelincuencia. El artículo 3, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Unión posee «competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional (...) en la medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas». Un acuerdo internacional puede afectar a las normas comunes o alterar el alcance de estas si el ámbito que abarca se superpone con la legislación de la Unión o si ya lo aborda en gran medida el Derecho de la Unión. 
               
               
                  Dado que las negociaciones se refieren a asuntos de competencia de la Unión distintos de la PESC, que se espera que sean los principales componentes del acuerdo previsto, debe nombrarse a la Comisión jefa del equipo negociador. En asuntos relacionados con la Política Exterior y de Seguridad Común, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad lleva a cabo las negociaciones como parte del equipo. El negociador principal de la Comisión garantizará la coherencia global del acuerdo. Bajo la autoridad del negociador principal, los servicios de la Comisión estarán a la cabeza de las partes no relacionadas con la PESC del acuerdo previsto, y el SEAE dirigirá aquellas partes de los acuerdos previstos que entren en el ámbito de la PESC. 
               
               
                  La presente Recomendación se presenta al Consejo, de conformidad con el artículo 218 del TFUE, a fin de recibir autorización para negociar el futuro Convenio de las Naciones Unidas en nombre de la Unión Europea, proporcionar directrices de negociación y nombrar a la Comisión negociadora.
               
               
            
            
               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
            
            
               
                  La lucha contra la ciberdelincuencia es una prioridad para la Unión Europea, como se pone de manifiesto en la Estrategia para una Unión de la Seguridad de 2020
                     10
                   y en la Estrategia contra la Delincuencia Organizada de 2021
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                  . En el tercer informe de situación de la Unión de la Seguridad de 2021, la Comisión se comprometió a garantizar la participación efectiva de la Unión en las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la «lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos» a nivel de las Naciones Unidas
                     12
                  . 
               
               
                  La Comisión reconoce la necesidad de seguir avanzando y reforzando las capacidades de las autoridades policiales y judiciales en este ámbito, a fin de desarrollar la legislación nacional en materia de ciberdelincuencia, cuando no se disponga lo suficiente, así como la necesidad de promover la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. También apoya una serie de programas de desarrollo de capacidades en varios países de todo el mundo, incluidos aquellos en desarrollo
                     13
                  . La Comisión ha apoyado la labor del grupo intergubernamental de expertos de las Naciones Unidas sobre ciberdelincuencia, la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el Comité del Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia y otros organismos. 
               
               
                  Se espera que las negociaciones sobre el convenio internacional se refieran a normas comunes de la UE para luchar contra la ciberdelincuencia. En particular, ello puede incluir la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil
                     14
                  , que aborda nuevos avances en el entorno en línea, como el embaucamiento de menores (delincuentes que atraen a menores con fines de cometer abusos sexuales); la Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información
                     15
                  , que tiene por objeto hacer frente a los ciberataques a gran escala exigiendo a los Estados miembros que refuercen las legislaciones nacionales en materia de ciberdelincuencia e introduzcan un elevado nivel de sanciones penales; y la Directiva (UE) 2019/713 sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo
                     16
                  , que armoniza la conducta delictiva de las personas físicas o jurídicas en relación con los medios de pago distintos del efectivo y amplía la responsabilidad penal a las monedas virtuales y los monederos digitales. Otros instrumentos de la UE establecen normas comunes para la lucha contra los delitos que pueden permitirse mediante el uso de sistemas de información, como el terrorismo, la trata de seres humanos, el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilícito de armas, el blanqueo de capitales, la corrupción y la delincuencia organizada.
               
               
                  También se espera que las negociaciones abarquen medidas penales procesales y de cooperación. El actual marco jurídico de la UE incluye instrumentos de ejecución forzosa y cooperación judicial en materia penal, como la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal
                     17
                  , el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea
                     18
                  , el Reglamento (UE) 2018/1727 sobre Eurojust
                     19
                  , el Reglamento (UE) 2016/794 sobre Europol
                     20
                  , el Reglamento (UE) 2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea
                     21
                  , la Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo sobre equipos conjuntos de investigación
                     22
                  , y la Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales
                     23
                  . También son pertinentes las propuestas de la Comisión de abril de 2018 sobre el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas
                     24
                   y el paquete de cooperación policial
                     25
                  , que actualmente está tramitándose con arreglo al procedimiento legislativo de la UE. En el exterior, la Unión Europea ha celebrado una serie de acuerdos bilaterales con terceros países, como los acuerdos de asistencia judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y entre la Unión Europea y Japón
                     26
                  .
               
               
                  La Unión también ha adoptado varias directivas que refuerzan los derechos procesales de los investigados y encausados
                     27
                  . La protección de los datos de carácter personal es un derecho fundamental conforme al artículo 16 del TFUE y al artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Los datos personales deben tratarse de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 (el Reglamento General de Protección de Datos)
                     28
                   y la Directiva (UE) 2016/680 (Directiva sobre protección de datos policiales)
                     29
                  . El derecho fundamental de las personas al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones también está consagrado en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales. Esto incluye el respeto de la privacidad de las comunicaciones, así como la protección del equipo terminal del usuario, como elementos esenciales. Los datos de las comunicaciones electrónicas deben tratarse de conformidad con la Directiva 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas)
                     30
                  .
               
               
                  Las negociaciones deben garantizar que las disposiciones de un futuro convenio de las Naciones Unidas logren la máxima protección posible de los derechos humanos y que los Estados miembros puedan cumplir con el Derecho de la UE, teniendo también en cuenta su evolución futura.
               
            
            
               •Coherencia con otras políticas de la Unión
            
         
         
            
               
                  La Unión Europea ha fomentado sistemáticamente el Convenio de Budapest como marco jurídico de referencia valioso y flexible para la cooperación internacional en la lucha contra la ciberdelincuencia. Ha ayudado a terceros países a adherirse al Convenio, permitiéndoles introducir un marco jurídico nacional mínimo para luchar contra la ciberdelincuencia y desarrollar las capacidades de investigación y enjuiciamiento necesarias, facilitando la cooperación con otras partes en el Convenio
                     31
                  . 
               
               
                  La UE, representada por la Comisión, también ha participado activamente en las negociaciones del Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest
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                  . El Protocolo estará abierto a la firma en mayo de 2022. Dado que las materias cubiertas por el Segundo Protocolo Adicional son competencia exclusiva de la Unión, el 25 de noviembre de 2021 la Comisión adoptó dos propuestas de Decisiones del Consejo para autorizar a los Estados miembros de la UE a firmar
                     33
                   y ratificar
                     34
                  , en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia. 
               
               
                  Por consiguiente, las negociaciones también deberán garantizar la coherencia con el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia y sus protocolos adicionales. 
               
               
                  2.
                        BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
               
            
            
               •Base jurídica
            
            
               
                  El artículo 218, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que la Comisión debe presentar recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones y se designe al negociador de la Unión. De conformidad con el artículo 218, apartado 4, del TFUE, el Consejo puede dictar directrices al negociador.
               
            
            
               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 
            
            
               
                  Una acción unilateral no ofrecería una alternativa, ya que no proporcionaría una base suficiente para la cooperación con países no pertenecientes a la UE. La adhesión a un acuerdo multilateral como un posible convenio futuro de las Naciones Unidas, que la Unión ha podido negociar, es más eficiente que entablar negociaciones bilaterales con países no pertenecientes a la UE.
               
            
            
               •Proporcionalidad
            
            
               
                  Esta iniciativa no va más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos políticos en cuestión.
               
            
            
               •Elección del instrumento
            
            
               
                  Una Recomendación de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones está en consonancia con el artículo 218, apartado 3, del TFUE, que establece que la Comisión presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de negociaciones.
               
            
            
               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
            
            
               •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente
            
            
               
                  No procede.
               
            
            
               •Consultas con las partes interesadas
            
            
               
                  El 14 de enero de 2022, la Comisión publicó una convocatoria de datos sobre esta iniciativa en su sitio web, que estuvo disponible para formular observaciones durante cuatro semanas. Las (cinco) respuestas individuales a la convocatoria de datos se publicaron en el sitio web de la consulta. Estas consideraciones se han tenido en cuenta en la preparación de la presente propuesta.
               
            
            
               •Obtención y uso de asesoramiento especializado
            
            
               
                  La Comisión tuvo en cuenta las opiniones expresadas por los expertos de los Estados miembros durante los debates en los grupos de trabajo pertinentes del Consejo en la preparación de las negociaciones.
               
            
            
               •Evaluación de impacto
            
         
         
            
               
                  No procede.
               
            
            
               •Adecuación regulatoria y simplificación
            
            
               
                  No procede.
               
            
            
               •Derechos fundamentales
            
            
               
                  Es probable que las negociaciones abarquen elementos que podrían constituir una injerencia en los derechos fundamentales, como las medidas penales procesales, las definiciones de delitos que pueden ser la base de un procedimiento penal o el acceso a los datos privados de una persona obtenidos en el contexto de un procedimiento penal. Las disposiciones que se negocien pueden dar lugar a injerencias con, por ejemplo, el derecho a un juicio justo, el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de los datos personales. Dado que la participación en las negociaciones en nombre de la Unión Europea no debe comprometer el nivel de protección de los derechos fundamentales en la Unión, la presente iniciativa propone alcanzar un nivel elevado de protección de los derechos fundamentales.
               
            
            
               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
            
            
               
                  La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para el presupuesto de la Unión. Los Estados miembros de la UE pueden tener costes únicos por la aplicación del Convenio una vez concluidas las negociaciones, pero no es posible determinar estos costes en esta fase, ya que las negociaciones aún no han comenzado del todo. 
               
            
            
               5.OTROS ELEMENTOS
            
            
               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
            
            
               
                  Se espera que el proceso de negociación dure hasta 2024, tras lo cual podrá tener lugar la firma y la celebración del Convenio. La iniciativa propone seguir un proceso de negociación abierto, inclusivo y transparente.
               
            
            
               Recomendación de
            
            
               DECISIÓN DEL CONSEJO
            
            
               por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
            
            
               EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 218, apartados 3 y 4,
            
            
               Vista la Recomendación de la Comisión Europea, 
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)El 27 de diciembre de 2019, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 74/247 relativa a la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, que estableció un comité intergubernamental especial de composición abierta de expertos que representen a todas las regiones, a fin de elaborar un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
                  35
               . La Unión debe participar en las negociaciones sobre este Convenio.
            
            
               (2)La Unión ha adoptado normas comunes que se solapan con varios elementos que se están considerando para tal convenio. Tales normas comunes comprenden, en particular, un conjunto completo de instrumentos sobre Derecho penal sustantivo
                  36
               , cooperación policial y judicial en materia penal
                  37
               , estándares mínimos en materia de derechos procesales
                  38
                y garantías en materia de protección de datos y respeto de la vida privada
                  39
               . También deben tenerse en cuenta las futuras normas comunes
                  40
               .
            
            
               (3)Por consiguiente, un nuevo convenio internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos puede afectar a normas comunes de la Unión o alterar su ámbito de aplicación.
            
         
         
            
               (4)A fin de proteger la integridad del Derecho de la Unión y de velar por que las normas del Derecho internacional y del Derecho de la Unión sigan siendo coherentes, es preciso que la Unión participe en las negociaciones de un nuevo convenio internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos.
            
            
               (5)El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, emitió su dictamen el … 
            
            
               (6)[De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.]
            
            
               [O]
            
            
               [De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, Irlanda ha notificado [, por carta de ...,] su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.] 
            
            
               (7)De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por él ni sujeta a su aplicación.
            
            
            
               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
            
            
               Artículo 1
            
            
               Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, un convenio general sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos. 
            
            
               Artículo 2
            
            
               Las directrices de negociación figuran en el anexo.
            
            
               Artículo 3
            
            
               Las negociaciones se llevarán a cabo en consulta con un comité especial que deberá designar el Consejo.
            
            
               Artículo 4 
            
            
               La presente Decisión y su apéndice se publicarán inmediatamente después de su adopción. 
            
            
               Artículo 5 
            
            
               El destinatario de la presente Decisión es la Comisión.
            
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
         
         
            
               
                     Por el Consejo
               
               
                     El Presidente / La Presidenta
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en internet (IOCTA) de Europol de 2021 
                  www.europol.eu
                  . 
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Convenio de Budapest del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia (STE n.º 185), 23 de noviembre de 2001, 
                  https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa41c
                  .
               
               
                  
                     (3)
                  
                        
                  Detalles de los resultados (coe.int)
                  .
                  Segundo Protocolo Adicional al Convenio sobre Ciberdelincuencia adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa — Noticias (coe.int)
                  .
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Resolución aprobada por la Asamblea General el 21 de diciembre de 2010, 
                  
                     A/Res/65/230 - E - A/Res/65/230 - escritorio (undocs.org)
                  
                  .
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Recopilación de todas las conclusiones y recomendaciones preliminares sugeridas por los Estados Miembros durante las reuniones del Grupo de Expertos encargado de realizar un estudio exhaustivo sobre el delito cibernético celebradas en 2018, 2019 y 2020: 
                  V2101015.pdf (unodc.org)
                  .
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Informe de la reunión del Grupo de Expertos encargado de Realizar un Estudio Exhaustivo sobre el Delito Cibernético celebrada en Viena del 6 al 8 de abril de 2021: 
                  V2102598.pdf (unodc.org)
                  .
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Resolución de la Asamblea General de 17 de diciembre de 2018, 
                  A/RES/73/187
                  .
               
               
                  
                     (8)
                  
                        Resolución de la Asamblea General de 27 de diciembre de 2019, 
                  A/RES/74/247
                  .
               
               
                  
                     (9)
                  
                        Resolución de la Asamblea General de 26 de mayo de 2021, 
                  A/RES/75/282*
                  .
               
               
                  
                     (10)
                  
                        
                  COM(2020) 605 final,
                   de 27.7.2020.
               
               
                  
                     (11)
                  
                        
                  COM(2021) 170 final
                  , de 14.4.2021.
               
               
                  
                     (12)
                  
                        
                  COM(2021) 799 final,
                   de 8.12.2021.
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Esto incluye programas como GLACY+, CyberEast y CyberSouth, cofinanciados por la UE y el Consejo de Europa y administrados por el Consejo de Europa. 
               
               
                  
                     (14)
                  
                        Directiva 2011/93/UE de 13.12.2011.
               
               
                  
                     (15)
                  
                        Directiva 2013/40/UE de 12.8.2013.
               
               
                  
                     (16)
                  
                        Directiva (UE) 2019/713 de 17.4.2019. 
               
               
                  
                     (17)
                  
                        Directiva 2014/41/UE de 3.4.2014.
               
               
                  
                     (18)
                  
                        Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 29.5.2020. 
               
               
                  
                     (19)
                  
                        Reglamento (UE) 2018/1727 de 14.11.2018.
               
               
                  
                     (20)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/794 de 11.5.2016. 
               
               
                  
                     (21)
                  
                        Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo de 12.10.2017.
               
               
                  
                     (22)
                  
                        Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo de 13.6.2022. 
               
               
                  
                     (23)
                  
                        Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo de 30.11.2009. 
               
               
                  
                     (24)
                  
                        Propuesta de Reglamento sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, 
                  
                     COM(2018) 225 final
                  
                  , y Propuesta de Directiva por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, 
                  
                     COM(2018) 226 final
                  
                  , de 17.4.2018.
               
               
                  
                     (25)
                  
                        Propuesta de Recomendación del Consejo relativa a la cooperación policial operativa, COM(2021) 780; Propuesta de Directiva relativa al intercambio de información entre las autoridades policiales de los Estados miembros, por la que se deroga la Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo, COM(2021) 782; y Propuesta de Reglamento relativo al intercambio automatizado de datos para la cooperación policial («Prüm II»), COM(2021) 784, de 8.12.2021.
               
               
                  
                     (26)
                  
                        Acuerdo de Asistencia Judicial entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América de 25.6.2003.Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación judicial en materia penal (2009).
               
               
                  
                     (27)
                  
                        Directiva 2010/64/UE de 20.10.2010; Directiva 2012/13/UE de 22.5.2012; Directiva 2013/48/UE de 22.10.2013; Directiva (UE) 2016/1919 de 26.10.2016; Directiva (UE) 2016/800 de 11.5.2016; Directiva (UE) 2016/343 de 9.3.2016.
               
               
                  
                     (28)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/679 de 27.4.2016.
               
               
                  
                     (29)
                  
                        Directiva (UE) 2016/680 de 27.4.2016.
               
               
                  
                     (30)
                  
                        Directiva 2002/58/CE de 12.7.2002, modificada por la Directiva 2009/136/CE de 25.11.2009.
               
               
                  
                     (31)
                  
                        Véanse, por ejemplo, las Conclusiones del Consejo sobre la ciberdiplomacia, de 10 de febrero de 2015, documento 6122/15.
               
               
                  
                     (32)
                  
                        Decisión del Consejo por la que se autoriza a la Comisión Europea a participar, en nombre de la Unión Europea, en las negociaciones sobre un Segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, referencia 9116/19.
               
               
                  
                     (33)
                  
                        Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a firmar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo adicional segundo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas, COM(2021) 718 final, de 25.11.2021.
               
               
                  
                     (34)
                  
                        Propuesta de Decisión del Consejo, por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Protocolo adicional segundo al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas, 
                  
                     COM(2021) 719 final
                  
                  , de 25.11.2021.
               
               
                  
                     (35)
                  
                        Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de diciembre de 2019 sobre el informe de la Tercera Comisión (A/74/401), Lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, 
                  A/RES/74/247
                  .
               
               
                  
                     (36)
                  
                        Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo 
                  
                     (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1)
                  
                  ; Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo 
                  
                     (DO L 218 de 14.8.2013, p. 8)
                  
                  ; Directiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre la lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/413/JAI del Consejo, PE/89/2018/REV/3 
                  
                     (DO L 123 de 10.5.2019, p. 18)
                  
                  .
               
               
                  
                     (37)
                  
                        Acto del Consejo, de 29 de mayo de 2000, por el que se celebra el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea (DO C 197 de 12.7.2000, p. 1); Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo (DO L 295 de 21.11.2018); Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53); Decisión marco 2002/465/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre equipos conjuntos de investigación (DO L 162 de 20.6.2002, p. 1); Decisión marco 2009/948/JAI del Consejo sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales (DO L 328 de 15.12.2009, p. 42); y Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal (DO L 130 de 1.5.2014, p. 1). 
               
               
                  
                     (38)
                  
                        Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1); Directiva 2012/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales (DO L 142 de 1.6.2012, p. 1); Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad (DO L 294 de 6.11.2013, p. 1); Directiva (UE) 2016/1919 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativa a la asistencia jurídica gratuita a los sospechosos y acusados en los procesos penales y a las personas buscadas en virtud de un procedimiento de orden europea de detención (DO L 297 de 4.11.2016, p. 1); Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales (DO L 132 de 21.5.2016, p. 1); Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio (DO L 65 de 11.3.2016, p. 1).
               
               
                  
                     (39)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE; Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo; Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37), modificada por la Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.
               
               
                  
                     (40)
                  
                        Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 225 final]; Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales, 17 de abril de 2018 [COM(2018) 226 final].
               
            
      
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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 29.3.2022
            COM(2022) 132 final
            
            ANEXO
            de la
            Recomendación de Decisión del Consejo
            por la que se autorizan las negociaciones de un convenio internacional integral sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación con fines delictivos
            
               
         
         
            
               ANEXO 
            
            
            
               Por lo que respecta al proceso de las negociaciones, la Unión debe aspirar a lo siguiente:
            
            
               1)Que el proceso de negociación sea abierto, inclusivo y transparente y que se base en la cooperación de buena fe.
            
            
               2)Que el proceso de negociación permita la participación significativa de todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y las organizaciones no gubernamentales.
            
            
               3)Que todas las aportaciones recibidas de todos los miembros de las Naciones Unidas se examinen en igualdad de condiciones para garantizar la inclusividad del proceso.
            
            
               4)Que el proceso de negociación se base en un programa de trabajo eficaz y realista.
            
            
            
               Por lo que respecta a los objetivos generales de las negociaciones, la Unión debe aspirar a lo siguiente:
            
            
               5)El Convenio constituye un instrumento eficaz para las autoridades policiales y judiciales en la lucha mundial contra la ciberdelincuencia, con el objetivo de añadir valor a la cooperación internacional.
            
            
               6)Se tiene plenamente en cuenta el marco existente de instrumentos y esfuerzos internacionales y regionales probados, tal como se refleja en las Resoluciones 74/247 y 75/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En consecuencia, el Convenio es compatible con los instrumentos internacionales existentes y los complementa, en particular el Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia celebrado en Budapest en 2001 y sus protocolos, la Convención de las Naciones Unidas de 2000 contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos, así como otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes. El Convenio evita cualquier impacto en su aplicación o en la futura adhesión de cualquier país a ellos y, en la medida de lo posible, evita duplicaciones innecesarias.
            
            
               7)Se tienen plenamente en cuenta el trabajo y los resultados del Grupo Intergubernamental de Expertos encargado de realizar un estudio exhaustivo sobre el delito cibernético, tal como se acordó en la Resolución 75/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
            
            
               8)Las disposiciones del Convenio garantizan la máxima protección posible de los derechos humanos. Los Estados miembros de la UE deben poder cumplir con el Derecho de la UE, incluidos sus derechos fundamentales, libertades y principios generales consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales. Las disposiciones del Convenio también deben ser compatibles con las obligaciones comerciales internacionales de la UE y sus Estados miembros.
            
            
            
               Por lo que respecta a la sustancia de las negociaciones, la Unión debe aspirar a lo siguiente: 
            
            
               9)Que el Convenio defina los delitos que solo pueden cometerse mediante sistemas de información. 
            
            
               10)Que el Convenio defina los delitos que pueden cometerse sin utilizar sistemas de información, pero que pueden fomentarse mediante sistemas de información en determinadas circunstancias, pero solo en los casos en que la participación de los sistemas de información modifique sustancialmente las características o el impacto de las infracciones. 
            
            
               11)Que los delitos se definan de forma clara, estricta y tecnológicamente neutra. Que las definiciones sean compatibles con las de otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y con las normas internacionales en materia de derechos humanos. 
            
            
               12)Que el Convenio establezca normas sobre la tentativa y la complicidad de tales delitos, sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por tales delitos, sobre el establecimiento de la jurisdicción sobre tales delitos y sobre las sanciones y medidas en relación con tales delitos que sean compatibles con otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y con las normas internacionales en materia de derechos humanos. 
            
         
         
            
               13)Que el Convenio fije medidas penales procesales que permitan a las autoridades investigar eficazmente los ciberdelitos, inmovilizar y decomisar el producto de tales delitos y conservar u obtener pruebas electrónicas de cualquier delito penal en el marco de una investigación o un procedimiento penal, teniendo debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad. 
            
            
               14)Que estas medidas penales procesales aporten un valor añadido suficiente en comparación con otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y sean compatibles con dichos convenios y con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
            
            
               15)Que las medidas procesales para conservar u obtener pruebas electrónicas contengan una definición clara y estricta del tipo de información abarcada. Que las medidas procesales para la cooperación con entidades del sector privado garanticen que la carga impuesta sobre dichas entidades sea proporcionada y que estas respeten plenamente los derechos humanos de sus usuarios. Que el Convenio proporcione claridad jurídica a los proveedores de servicios en línea (por ejemplo, los proveedores de servicios de internet) en sus interacciones con las autoridades policiales de los Estados miembros que sean Parte del Convenio. Que las medidas procesales para la retirada de contenidos ilícitos solo se refieran a aquellos que puedan ser lo bastante específicos y definirse de forma estricta. 
            
            
               16)Que el Convenio fije medidas de cooperación que permitan a las autoridades de los distintos Estados que sean parte del instrumento cooperar eficazmente a efectos de investigaciones o procedimientos penales relativos a delitos definidos en el instrumento, o cooperar para conservar u obtener pruebas electrónicas de cualquier delito en el marco de una investigación o un procedimiento penal. 
            
            
               17)Que estas medidas de cooperación aporten un valor añadido suficiente en comparación con otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia, y sean compatibles con dichos convenios y con las normas internacionales en materia de derechos humanos. 
            
            
               18)Que las medidas de cooperación estén sujetas a las condiciones dispuestas en la legislación de la parte requerida y prevean motivos amplios de denegación, tales como garantizar la protección de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de los datos personales, también en el contexto de las transferencias de datos personales, y, en su caso, la existencia de una doble tipificación. 
            
            
               19)Que el Convenio fije condiciones estrictas y garantías sólidas para garantizar que los Estados miembros de la UE puedan respetar y proteger los derechos fundamentales, las libertades y los principios generales del Derecho de la UE consagrados en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales, incluidos, en particular, el principio de proporcionalidad, las garantías y derechos procesales, el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y los derechos de defensa de las personas sujetas a procedimientos penales, así como el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de los datos personales y de las comunicaciones electrónicas cuando se traten dichos datos, incluidas las transferencias a autoridades de países no pertenecientes a la Unión Europea, y el derecho a la libertad de expresión e información. Que el Convenio garantice, en particular, que los Estados miembros de la UE puedan cumplir con los requisitos para las transferencias internacionales de datos personales en el sentido de la Directiva (UE) 2016/680, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva 2002/58/CE. Que las condiciones y garantías también garanticen la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en consonancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos. Que esto se aplique a todo el Convenio, incluidas las medidas procesales y de cooperación, también las que pueden interferir significativamente en los derechos de las personas, como el embargo preventivo y el decomiso de los productos del delito y la extradición. 
            
            
               20)Que el Convenio sirva de base para medidas voluntarias de desarrollo de capacidades a fin de apoyar a los países en su capacidad para llevar a cabo investigaciones y procedimientos eficaces en materia de ciberdelincuencia, y obtener pruebas electrónicas para las investigaciones y procedimientos de otros delitos, incluso mediante asistencia técnica y formación. Que la UNODC tenga un papel claramente descrito en la aplicación de dichas medidas.
            
            
               21)Que el Convenio tenga debidamente en cuenta la posición de las personas físicas y jurídicas como víctimas de la ciberdelincuencia. Que el Convenio garantice que estas reciben la asistencia, el apoyo y la protección adecuados.
            
            
               22)Que el Convenio sirva de base para medidas prácticas de prevención de la ciberdelincuencia claramente definidas, estrictamente limitadas y distintas de las medidas procesales penales que podrían interferir en los derechos y libertades de las personas físicas o jurídicas. 
            
            
            
               Por lo que respecta al funcionamiento del Convenio, la Unión debe aspirar a lo siguiente:
            
            
               23)Que el Convenio conserve los instrumentos mundiales y regionales existentes y la cooperación internacional en curso en la lucha mundial contra la ciberdelincuencia. En particular, que los Estados miembros de la Unión Europea, en sus relaciones mutuas, puedan seguir aplicando las normas de la Unión Europea.
            
            
               24)Que el Convenio establezca un mecanismo adecuado para garantizar su aplicación e indicar las disposiciones finales, incluidas las relativas a la solución de diferencias, la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión, la entrada en vigor, la modificación, la suspensión, la denuncia y el depósito, así como las lenguas, que se inspiren, cuando sea posible y apropiado, en las disposiciones de otros convenios internacionales o regionales pertinentes, en particular en el ámbito de la delincuencia organizada o la ciberdelincuencia.
            
            
               25)Que el Convenio permita a la Unión Europea formar parte de él.