CELEX: 62003CJ0408
Language: es
Date: 2006-03-23
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2006. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Bélgica. # Incumplimiento de Estado - Infracción de la normativa comunitaria en materia de derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión - Legislación y práctica administrativa nacionales en relación con el requisito de disponer de recursos personales suficientes y la adopción de órdenes de abandonar el territorio del Estado miembro de que se trate. # Asunto C-408/03.

Asunto C‑408/03
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      Reino de Bélgica
      «Incumplimiento de Estado — Infracción de la normativa comunitaria en materia de derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión — Legislación y práctica administrativa nacionales en relación con el requisito de disponer de recursos personales suficientes
         y la adopción de órdenes de abandonar el territorio del Estado miembro de que se trate»
      
      Conclusiones del Abogado General Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 25 de octubre de 2005 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 23 de marzo de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Ciudadanía de la Unión Europea — Derecho de libre circulación y de libre residencia en el territorio de los Estados miembros
            — Directiva 90/364/CEE
      (Art. 18 CE; Directiva 90/364/CEE del Consejo, art. 1, ap. 1, párr. 1)
      2.     Libre circulación de personas — Derecho de entrada y de residencia de los nacionales de los Estados miembros — Directivas
            68/360/CEE, 73/148/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE
      (Directivas del Consejo 68/360/CEE, art. 4, 73/148/CEE, art. 4, 90/364/CEE, art. 2, 90/365/CEE, art. 2, y 93/96/CEE, art. 2)
      1.     Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 CE y de la Directiva 90/364, relativa al derecho de residencia,
         un Estado miembro que, al aplicar la mencionada Directiva al nacional de un Estado miembro que desea disfrutar de los derechos
         que derivan de ésta y del citado artículo 18 CE, excluye, para apreciar la existencia de recursos suficientes, los ingresos
         de su pareja, residente en el Estado miembro de acogida, a falta de un contrato celebrado ante notario en el que se incluya
         una cláusula de alimentos.
      
      A tenor del propio artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/364, basta con que los nacionales de los Estados
         miembros «dispongan» de recursos necesarios, sin que esta disposición implique la más mínima exigencia en cuanto a su procedencia.
         Añadir al requisito relativo a la existencia de recursos suficientes una exigencia relativa a la procedencia de éstos y, en
         particular, a la existencia de un vínculo jurídico entre el proveedor y el beneficiario de los recursos, constituye una injerencia
         desproporcionada en el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación y de residencia garantizado por el artículo
         18 CE, puesto que no es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 90/364, a saber, la protección del
         erario del Estado miembro de acogida.
      
      [véanse los apartados 40 a 42, 46 y 51 y el punto 1, letra a), del fallo]
      2.     Incumple las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 90/364, relativa al derecho de residencia,
         del artículo 4 de la Directiva 68/360, sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores
         de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, del artículo 4 de la Directiva 73/148, relativa a la supresión
         de las restricciones al desplazamiento y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros
         en materia de establecimiento y de prestación de servicios, del artículo 2 de la Directiva 93/96, relativa al derecho de residencia
         de los estudiantes, y del artículo 2 de la Directiva 90/365, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta
         ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad profesional, un Estado miembro que establece la posibilidad
         de notificar automáticamente una orden de abandonar el territorio nacional a los ciudadanos de la Unión que no hayan presentado,
         en un plazo determinado, los documentos requeridos para la obtención de una autorización de residencia.
      
      Tal medida de expulsión automática menoscaba la esencia misma del derecho de residencia que confiere directamente el Derecho
         comunitario. Si bien un Estado miembro puede, en su caso, adoptar una medida de expulsión en el caso de que un nacional de
         un Estado miembro no esté en condiciones de aportar, en un determinado plazo, los documentos que demuestran que reúne los
         requisitos económicos exigidos, el carácter automático de la medida de expulsión hace que resulte desproporcionada.
      
      [véanse los apartados 68 y 72 y el punto 1, letra b), del fallo]
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 23 de marzo de 2006 (*)
      
      «Incumplimiento de Estado – Infracción de la normativa comunitaria en materia de derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión – Legislación y práctica administrativa nacionales en relación con el requisito de disponer de recursos personales suficientes
         y la adopción de órdenes de abandonar el territorio del Estado miembro de que se trate»
      
      En el asunto C‑408/03,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 30 de septiembre de 2003,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por la Sra. M. Condou-Durande y el Sr. D. Martin, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      contra
      Reino de Bélgica, representado por la Sra. E. Dominkovits, en calidad de agente,
      
      parte demandada,
      apoyado por:
      Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, representado por la Sra. C. Jackson, en calidad de agente, asistida por la Sra. E. Sharpston, QC,
      
      parte coadyuvante,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann (Ponente) y J. Makarczyk,
         Presidentes de Sala, y los Sres. J.-P. Puissochet, R. Schintgen, P. Kūris, J. Klučka, U. Lõhmus, E. Levits y A. Ó Caoimh,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
      Secretaria: Sra. K. Sztranc, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de septiembre de 2005;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de octubre de 2005;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que el Reino de
         Bélgica:
      
      –       ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 CE y de la Directiva 90/364/CEE del Consejo, de 28
         de junio de 1990, relativa al derecho de residencia (DO L 180, p. 26), al someter el derecho de residencia de los ciudadanos
         de la Unión al requisito de que dispongan de recursos personales suficientes;
      
      –       ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 90/364, del artículo 4 de la Directiva
         68/360/CEE del Consejo, de 15 de octubre de 1968, sobre supresión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los
         trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad (DO L 257, p. 13; EE 05/01, p. 88), del artículo
         4 de la Directiva 73/148/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1973, relativa a la supresión de las restricciones al desplazamiento
         y a la estancia, dentro de la Comunidad, de los nacionales de los Estados miembros en materia de establecimiento y de prestación
         de servicios (DO L 172, p. 14; EE 06/01, p. 132), del artículo 2 de la Directiva 93/96/CEE del Consejo, de 29 de octubre de
         1993, relativa al derecho de residencia de los estudiantes (DO L 317, p. 59), y del artículo 2 de la Directiva 90/365/CEE
         del Consejo, de 28 de junio de 1990, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia
         que hayan dejado de ejercer su actividad profesional (DO L 180, p. 28), al prever la posibilidad de notificar automáticamente
         una orden de abandonar el territorio a los ciudadanos de la Unión que no hayan presentado, en un plazo determinado, los documentos
         requeridos para la obtención de una autorización de residencia.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      2       El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/364 dispone:
      «Los Estados miembros concederán el derecho de residencia a los nacionales de los Estados miembros que no disfruten de dicho
         derecho en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario, así como a los miembros de su familia tal y como se definen
         en el apartado 2, siempre que dispongan para sí mismos y para los miembros de su familia de un seguro de enfermedad que cubra
         la totalidad de los riesgos en el Estado miembro de acogida y de recursos suficientes a fin de que no se conviertan, durante
         su residencia, en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida.» 
      
      3       El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva establece:
      «El derecho de residencia se materializará mediante la expedición de un documento denominado “permiso de residencia de nacional
         de un Estado miembro de la CEE”, cuya validez, renovable, podrá limitarse a cinco años. No obstante, cuando lo consideren
         necesario, los Estados miembros podrán exigir la renovación del permiso al término de los dos primeros años de residencia.
         Cuando un miembro de la familia no tenga la nacionalidad de un Estado miembro, se le expedirá un documento de residencia que
         tendrá la misma validez que el expedido al nacional del que dependa.
      
      Para la expedición del permiso o del documento de residencia, el Estado miembro sólo podrá exigir al solicitante que presente
         un documento de identidad o un pasaporte válidos y que pruebe que cumple los requisitos establecidos en el artículo 1.»
      
      4       En virtud del artículo 3 de la misma Directiva, el derecho de residencia subsistirá mientras los beneficiarios cumplan los
         requisitos que establece el artículo 1 de ésta.
      
      5       El artículo 4 de la Directiva 68/360 dispone:
      «1.      Los Estados miembros reconocerán el derecho de estancia en su territorio a las personas a que se refiere el artículo 1 que
         puedan presentar los documentos enumerados en el apartado 3.
      
      2.      El derecho de estancia se acreditará mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de estancia de nacional de
         un Estado miembro de la CEE”. […]
      
      3.      Para expedir la tarjeta de estancia de nacional de un Estado miembro de la CEE los Estados miembros no podrán pedir más que
         la presentación [de determinados] documentos enumerados a continuación: […]»
      
      6       El artículo 4, apartado 1, párrafos primero y segundo, de la Directiva 73/148 está redactado como sigue:
      «Cada Estado miembro reconocerá un derecho de estancia permanente a los nacionales de los otros Estados miembros que se establezcan
         en su territorio para ejercer en él una actividad por cuenta propia cuando las restricciones correspondientes a dicha actividad
         hayan sido suprimidas en virtud del Tratado. 
      
      El derecho de estancia se acreditará mediante la expedición de un documento denominado “tarjeta de estancia en favor de un
         nacional de un Estado miembro de las Comunidades Europeas”. […]»
      
      7       El artículo 6 de la misma Directiva establece:
      «Para la expedición de la tarjeta y el permiso de residencia, el Estado miembro únicamente podrá exigir al solicitante que:
      a)      presente el documento que le haya permitido entrar en su territorio; 
      b)      aporte la prueba de que está incluido en alguna de las categorías contempladas en los artículos 1 y 4.»
      8       El artículo 1 de la Directiva 93/96 dispone:
      «A fin de precisar las condiciones destinadas a facilitar el ejercicio del derecho de residencia y con objeto de garantizar
         el acceso a la formación profesional sin discriminaciones a todo nacional de un Estado miembro que haya sido admitido para
         seguir una formación profesional en otro Estado miembro, los Estados miembros reconocerán el derecho de residencia a todo
         estudiante nacional de un Estado miembro que no disponga ya de ese derecho con arreglo a otra disposición de Derecho comunitario,
         así como a su cónyuge y a sus hijos a cargo, y que, mediante declaración o, a elección del estudiante, por cualquier otro
         medio al menos equivalente, garantice a la autoridad nacional correspondiente que dispone de recursos para evitar que, durante
         su período de residencia, se conviertan en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, siempre que
         el estudiante esté matriculado en un centro de enseñanza reconocido para recibir, con carácter principal, una formación profesional
         y disponga de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.»
      
      9       A tenor del artículo 2, apartado 1, párrafos segundo y tercero, de dicha Directiva:
      «El ejercicio del derecho de residencia se materializará mediante la expedición de un documento denominado “permiso de residencia
         de nacionales de Estados miembros de la CEE” […]
      
      Para la expedición del documento o del permiso de residencia, el Estado miembro sólo podrá exigir al solicitante que presente
         un documento de identidad o un pasaporte válidos y que cumple los requisitos establecidos en el artículo 1.»
      
      10     El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/365 establece:
      «Los Estados miembros concederán el derecho de residencia a todos los nacionales de los Estados miembros que hayan desempeñado
         en la Comunidad una actividad como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, así como a los miembros de su familia
         tal y como se definen en el apartado 2, siempre que disfruten de una pensión de invalidez, de jubilación anticipada o de vejez,
         o de un subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional de nivel suficiente para que, durante su estancia, no lleguen
         a constituir una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida, y dispongan de un seguro de enfermedad que
         cubra todos los riesgos en el Estado miembro de acogida.»
      
      11     El artículo 2, apartado 1, de dicha Directiva dispone:
      «El derecho de residencia se reconocerá mediante la expedición de un documento denominado “permiso de residencia de nacional
         de un Estado miembro de la CEE” […]
      
      Para la expedición del permiso o del documento de residencia, el Estado miembro sólo podrá exigir al solicitante que presente
         un documento de identidad o un pasaporte válidos y que pruebe que cumple los requisitos establecidos en el artículo 1.»
      
       Normativa nacional
      12     El Real Decreto de 8 de octubre de 1981, regulador del acceso de los extranjeros al territorio belga, su estancia, establecimiento
         y alejamiento (Moniteur belge  de 27 de octubre de 1981, p. 1), en su versión modificada por el Real Decreto de 12 de junio de 1998 (Moniteur belge de 21 de agosto de 1998, p. 26854; en lo sucesivo «Real Decreto»), establece los requisitos de la residencia en Bélgica de
         los ciudadanos de la Unión.
      
      13     En lo que se refiere al derecho de residencia de los nacionales de los Estados miembros que contempla la Directiva 90/364,
         el artículo 53 del Real Decreto dispone:
      
      «1.      Los extranjeros comunitarios […] gozan del derecho de establecerse en el Reino a condición de que dispongan de un seguro de
         enfermedad que cubra los riesgos en Bélgica y de que tengan recursos suficientes para no convertirse en una carga para los
         poderes públicos.
      
      2.      […]
      En el plazo de cinco meses a contar desde la solicitud de establecimiento, el extranjero comunitario debe acreditar que reúne
         los requisitos señalados en el [apartado] 1.
      
      […]
      4.      El Ministro, o el titular del órgano en quien delegue, denegará la solicitud si no se cumplen los requisitos fijados para
         el establecimiento. El Alcalde, o el titular del órgano en quien delegue, denegará el establecimiento si los documentos requeridos
         no se aportan dentro del plazo [de cinco meses].
      
      En ambos casos, se notificará esta resolución al extranjero mediante un documento que […] implicará, en su caso, una orden
         de abandonar el territorio del país.
      
      […]
      6.      Cuando se deniegue el establecimiento de acuerdo con lo dispuesto en el [apartado] 4, el extranjero comunitario será objeto
         de una orden de abandonar el territorio al término del quinto mes siguiente a la presentación de la solicitud […]. Esta orden
         de abandonar el territorio será ejecutoria transcurridos quince días desde la expiración de la validez de la certificación
         de inscripción.»
      
      14     El artículo 5, párrafo tercero, letra b), punto 1, de la Circular de 14 de julio de 1998, relativa a los requisitos de residencia
         de los extranjeros comunitarios y de los miembros de su familia, así como de los miembros extranjeros de la familia de los
         ciudadanos belgas (Moniteur belge de 21 de agosto de 1998, p. 27032), confirma que, si no se aportan los documentos justificativos exigidos dentro del plazo
         fijado, la Administración deberá, no solamente denegar la residencia, sino también notificar la orden de abandonar el territorio
         nacional.
      
      15     En lo que atañe al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, el artículo 45 del Real
         Decreto establece:
      
      «1.      El extranjero comunitario que llega a Bélgica para ejercer una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia […] se […] inscribirá
         en el registro de extranjeros y se le entregará una certificación de inscripción válida durante cinco meses a partir de la
         fecha de su expedición […].
      
      […]
      Antes del término del quinto mes siguiente a la solicitud de establecimiento, el extranjero comunitario deberá aportar bien
         una declaración patronal […], si ejerce o pretende ejercer una actividad por cuenta ajena, bien los documentos exigidos para
         el ejercicio de la profesión, si ejerce o pretende ejercer una actividad por cuenta propia. […]
      
      3.      El Ministro, o el titular del órgano en quien delegue, denegará la solicitud si no se cumplen los requisitos fijados para
         el establecimiento. El Alcalde, o el titular del órgano en quien delegue, denegará el establecimiento si no se aportan los
         documentos requeridos dentro del plazo establecido en el [apartado] 1, párrafo 3.
      
      En ambos casos, se notificará esta resolución al extranjero mediante un documento que […] implicará, en su caso, una orden
         de abandonar el territorio.
      
      […]
      […] La orden de abandonar el territorio será ejecutoria al término del plazo de treinta días a partir de la expiración de
         la validez de la certificación de inscripción.
      
      […]»
      16     Asimismo, en lo que se refiere a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer su actividad
         profesional, el artículo 51, apartado 4, del Real Decreto dispone que se notificará al extranjero la resolución denegatoria
         del establecimiento con orden de abandonar el territorio cuando no se hayan presentado los documentos exigidos antes del término
         del quinto mes siguiente a la solicitud de establecimiento. La orden de abandonar el territorio será ejecutoria transcurridos
         quince días desde la expiración del período de validez de la certificación de inscripción.
      
      17     En lo que respecta al derecho de residencia de los estudiantes, el artículo 55 del Real Decreto dispone que, cuando el nacional
         de un Estado miembro no presenta, en el plazo de tres meses a partir de su solicitud de residencia, ninguna justificación
         que pruebe que reúne los requisitos de residencia, la Administración municipal le notificará una resolución por la que se
         pone fin a su residencia, acompañada de la orden de abandonar el territorio. 
      
       Procedimiento administrativo previo
      18     Se desprende del expediente que la Comisión recibió diversas denuncias referentes a la legislación y la práctica administrativa
         belgas en lo que atañe, por un lado, a los requisitos de concesión de las autorizaciones de residencia al amparo de la Directiva
         90/364 y, por otro lado, a las órdenes de abandonar el territorio nacional adoptadas en relación con ciudadanos de la Unión.
      
      19     La Comisión manifiesta que prestó una atención particular a la situación de la Sra. De Figueiredo, ciudadana portuguesa que
         llegó a Bélgica con sus tres hijas en agosto de 1999, para reunirse con quien, desde hacía mucho tiempo, era su pareja, un
         nacional belga. La declaración de entrada, efectuada el 30 de agosto de 1999, indica que se autorizaba la estancia hasta el
         29 de octubre de 1999. La referida pareja de la Sra. De Figueiredo presentó simultáneamente un documento de asunción de personas
         a cargo.
      
      20     El 16 de diciembre de 1999, se notificó a la Sra. De Figueiredo una orden de abandonar el territorio por haber permanecido
         en Bélgica después de la fecha de expiración indicada en la declaración de entrada. Las autoridades belgas consideraron que
         la interesada no reunía el requisito de disponer de recursos suficientes que se prevé en el artículo 1 de la Directiva 90/364,
         precisando que el compromiso de asunción de personas a cargo suscrito por su pareja no constituía una prueba de que ella dispusiese
         de recursos suficientes.
      
      21     Tras un intercambio de correspondencia entre las autoridades belgas y la Comisión, mediante el escrito de requerimiento de
         8 de mayo de 2001, esta última comunicó al Reino de Bélgica que consideraba que los recursos que deben tenerse en cuenta no
         son únicamente los recursos propios del solicitante de un permiso de residencia. Además, en lo que se refiere a la orden de
         abandonar el territorio nacional, la Comisión se interroga acerca del carácter automático, según el Derecho belga, de la decisión
         de la Administración de adoptar tal orden, tras haberse comprobado que no se han presentado los documentos justificativos
         necesarios para obtener el permiso de residencia. 
      
      22     En su respuesta al escrito de requerimiento, las autoridades belgas indicaron que, a su entender, el artículo 1, apartado
         1, párrafo primero, de la Directiva 90/364 implica que el ciudadano de la Unión que invoca el beneficio que dispensa esta
         Directiva debe disponer de recursos personales suficientes.
      
      23     Dichas autoridades manifestaron que también se pueden tener en cuenta los ingresos procedentes de terceros siempre que pertenezcan
         al cónyuge y/o a los hijos del ciudadano de la Unión que pretende acogerse a lo dispuesto en la Directiva 90/364. Consideran
         que el vínculo entre este último y la persona que designa como fuente, parcial incluso, de sus ingresos, debe tener una relevancia
         jurídica para que el Estado miembro de acogida tenga la certeza de que dicha persona está obligada jurídicamente a mantener
         económicamente al ciudadano de la Unión.
      
      24     Asimismo, las autoridades belgas señalaron que estiman que están facultadas para adoptar una medida de expulsión de un ciudadano
         de la Unión que permanece en Bélgica más de tres meses sin iniciar el procedimiento para establecerse o que no aporta los
         documentos exigidos en el marco de la solicitud de establecimiento por él presentada.
      
      25     Por considerar que los argumentos esgrimidos por el Reino de Bélgica en respuesta al requerimiento no eran satisfactorios,
         el 3 de abril de 2002 la Comisión envió a este Estado miembro un dictamen motivado para que, en el plazo de dos meses a partir
         de su notificación, adoptase las medidas necesarias para atenerse a él.
      
      26     La Comisión, al no quedar satisfecha de la respuesta dada por el Reino de Bélgica a dicho dictamen motivado, interpuso el
         presente recurso.
      
      27     Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 9 de marzo de 2004, se admitió la intervención del Reino Unido de
         Gran Bretaña e Irlanda del Norte en apoyo de las pretensiones del Reino de Bélgica.
      
       Sobre el recurso
       Sobre el primer motivo, relativo al requisito de que el ciudadano de la Unión disponga de recursos personales suficientes
       Alegaciones de las partes
      28     La Comisión sostiene que el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/364 no exige en modo alguno que un
         ciudadano de la Unión disponga de recursos personales suficientes para él y los miembros de su familia.
      
      29     Entiende que esta interpretación literal de dicha disposición está respaldada por el objetivo que persigue la Directiva 90/364,
         que es evitar que el titular del derecho de residencia o los miembros de su familia se conviertan en una carga para la asistencia
         social del Estado miembro de acogida. La Comisión estima que, para lograr este objetivo, es indiferente que los recursos sean
         propios del titular del derecho de residencia o que procedan de otra fuente. 
      
      30     Así pues, considera que esos recursos pueden estar constituidos o complementados por los de un pariente o los de un tercero,
         por ejemplo una persona que conviva con el titular del derecho de residencia o que actúe como garante de este último, siempre
         que se aporten los documentos justificativos adecuados. La Comisión estima que es artificial y carente de fundamento en el
         Derecho comunitario la distinción que efectúan las autoridades belgas en relación con el origen de los ingresos, según que
         éstos procedan o no de personas con las que el ciudadano de la Unión tiene vínculos jurídicos.
      
      31     La Comisión estima que las autoridades belgas infringen el artículo 18 CE y no respetan el principio de proporcionalidad en
         la aplicación del requisito relativo a la existencia de recursos suficientes que impone la Directiva 90/364, al exigir al
         ciudadano de la Unión que disponga personalmente de recursos suficientes para sí mismo y para su familia.
      
      32     El Reino de Bélgica, tras mantener una posición inicial más estricta, flexibilizó su posición en la dúplica y aceptó tener
         en cuenta los recursos económicos de la pareja, pero solamente cuando ésta se comprometa contractualmente a ponerlos a disposición
         del ciudadano comunitario mediante un contrato celebrado ante notario en el que se incluya una cláusula de alimentos.
      
      33     El Reino Unido sostiene, en lo que atañe a la procedencia de esos recursos, que el solicitante de una autorización de residencia
         debe disponer de recursos personales suficientes sin que pueda valerse, a estos efectos, de los recursos de un miembro de
         su familia.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      –       Observaciones liminares
      34     El derecho a residir en el territorio de los Estados miembros, previsto en el artículo 18 CE, apartado 1, está reconocido
         directamente a todo ciudadano de la Unión por una disposición clara y precisa del Tratado CE, con sujeción a las limitaciones
         y requisitos previstos en éste y en las disposiciones adoptadas para su aplicación (véase la sentencia de 17 de septiembre
         de 2002, Baumbast y R, C‑413/99, Rec. p. I‑7091, apartados 84 y 85).
      
      35     A efectos del presente asunto, esas limitaciones y requisitos derivan de la Directiva 90/364.
      36     Se desprende del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de esta Directiva que los Estados miembros pueden exigir a los nacionales
         de otro Estado miembro que quieran disfrutar del derecho de residencia en su territorio, que dispongan para sí mismos y para
         los miembros de su familia de un seguro de enfermedad que cubra la totalidad de los riesgos en el Estado miembro de acogida
         y de recursos suficientes a fin de que no se conviertan, durante su residencia, en una carga para la asistencia social de
         ese Estado.
      
      37     Esos requisitos, interpretados a la luz del cuarto considerando de dicha Directiva, según el cual los beneficiarios del derecho
         de residencia no deben constituir una carga excesiva para el erario del Estado miembro de acogida, se basan en la idea de
         que el ejercicio del derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión puede estar subordinado a los intereses legítimos
         de los Estados miembros (sentencia Baumbast y R, antes citada, apartado 90).
      
      –       Examen del primer motivo
      38     Mediante su primer motivo, la Comisión reprocha al Reino de Bélgica que únicamente tenga en cuenta, a efectos de la aplicación
         de la Directiva 90/364, los recursos personales del ciudadano de la Unión que solicita disfrutar del derecho de residencia,
         o los del cónyuge o un hijo de dicho ciudadano, excluyendo los recursos que proceden de un tercero, en particular de su pareja,
         a la que no le une ningún vínculo jurídico.
      
      39     Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, la aplicación de los requisitos y limitaciones establecidos en el
         artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/364 debe realizarse respetando los límites impuestos por el Derecho
         comunitario y de conformidad con los principios generales de éste, en particular, el principio de proporcionalidad. Ello significa
         que las medidas nacionales adoptadas a este respecto deben ser apropiadas y necesarias para alcanzar la finalidad perseguida
         (véase la sentencia Baumbast y R, antes citada, apartado 91).
      
      40     El Tribunal de Justicia declaró, en los apartados 30 y 31 de la sentencia de 19 de octubre de 2004, Zhu y Chen (C‑200/02,
         Rec. p. I‑9925), que, a tenor del propio artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 90/364, basta con que los
         nacionales de los Estados miembros «dispongan» de los recursos necesarios, sin que esta disposición implique la más mínima
         exigencia en cuanto a su procedencia. Esta interpretación se impone con mayor motivo si se tiene en cuenta que las disposiciones
         que consagran un principio fundamental como el de la libre circulación de personas deben interpretarse en sentido amplio.
      
      41     El Tribunal de Justicia ha considerado en consecuencia que una interpretación del requisito relativo al carácter suficiente
         de los recursos, en el sentido de la Directiva 90/364, según la cual el interesado debe disponer él mismo de tales recursos
         sin que pueda valerse a este respecto de los recursos de un miembro de la familia que le acompaña, añadiría a este requisito,
         tal y como lo formula dicha Directiva, una exigencia relativa a la procedencia de los recursos que constituiría una injerencia
         desproporcionada en el ejercicio del derecho fundamental de libre circulación y de residencia garantizado por el artículo
         18 CE, puesto que no es necesaria para alcanzar el objetivo perseguido, a saber, la protección del erario de los Estados miembros
         (sentencia Zhu y Chen, antes citada, apartado 33).
      
      42     De esta jurisprudencia se desprende que, cuando los recursos económicos procedan de un miembro de la familia del ciudadano
         de la Unión, se cumple el requisito relativo a la existencia de recursos suficientes que prevé el artículo 1, apartado 1,
         párrafo primero, de la Directiva 90/364.
      
      43     Procede examinar si debe llegarse a la misma conclusión cuando el ciudadano de la Unión aduce los ingresos de su pareja, residente
         en el Estado miembro de acogida.
      
      44     Dicho examen versa fundamentalmente sobre la cuestión de la procedencia de tales ingresos, ya que las autoridades del Estado
         miembro de acogida están facultadas, en cualquier caso, para efectuar las comprobaciones necesarias acerca de la existencia,
         nivel y disponibilidad de los mismos.
      
      45     El Reino de Bélgica admite que pueden tomarse en consideración dichos ingresos siempre que procedan de una persona unida al
         beneficiario por un vínculo jurídico que le obligue a atender a las necesidades de éste. Sostiene que tal exigencia se justifica
         por el hecho de que, si se aceptase tener en cuenta los ingresos de una persona cuyo vínculo con el ciudadano de la Unión
         no está jurídicamente determinado y que puede, por tanto, romperse sin dificultad, aumentaría el riesgo de que dicho ciudadano
         se convirtiera, al cabo de cierto tiempo, en una carga para la asistencia social del Estado miembro de acogida.
      
      46     No puede admitirse una justificación de este tipo, ya que la exigencia de que exista, como preconiza el Reino de Bélgica,
         un vínculo jurídico entre el proveedor y el beneficiario de los recursos es desproporcionada, por cuanto va más allá de lo
         necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 90/364, a saber, la protección del erario del Estado miembro
         de acogida.
      
      47     La pérdida de los recursos suficientes es siempre un riesgo latente, tanto si éstos son personales como si proceden de un
         tercero, aunque este último se haya comprometido a mantener económicamente al titular del derecho de residencia. El origen
         de los recursos no incide automáticamente, por tanto, en el riesgo de que se produzca dicha pérdida, ya que la materialización
         de ese riesgo depende de la evolución de las circunstancias.
      
      48     Habida cuenta de este hecho, la Directiva 90/364 contiene disposiciones que, con el fin de proteger los intereses legítimos
         del Estado miembro de acogida, le permiten actuar en caso de pérdida efectiva de recursos económicos, para evitar que el titular
         del derecho de residencia se convierta en una carga para el erario público de dicho Estado.
      
      49     Así, el artículo 3 de la Directiva 90/364 dispone que el derecho de residencia subsistirá mientras los beneficiarios cumplan
         los requisitos que establece el artículo 1 de dicha Directiva.
      
      50     Esta disposición permite al Estado miembro de acogida controlar que los ciudadanos de la Unión que disfrutan del derecho de
         residencia cumplen los requisitos exigidos a este respecto por la Directiva 90/364 durante toda su residencia. Además, el
         artículo 2, apartado 1, párrafo primero, de dicha Directiva permite que los Estados miembros exijan, si lo estiman necesario,
         la renovación del permiso de residencia al término de los dos primeros años de residencia. 
      
      51     De todas estas consideraciones se desprende que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud
         del citado artículo 18 CE y de la referida Directiva, al excluir, en la aplicación de dicha Directiva al nacional de un Estado
         miembro que desea disfrutar de los derechos que derivan de ésta y del artículo 18 CE, los ingresos de su pareja, residente
         en el Estado miembro de acogida, a falta de un contrato celebrado ante notario en el que se incluya una cláusula de alimentos.
      
      52     En estas circunstancias, procede declarar que es fundado el primer motivo invocado por la Comisión.
       Sobre el segundo motivo, relativo a la orden de abandonar el territorio notificada a los ciudadanos de la Unión que no hayan
            presentado, en un plazo determinado, los documentos requeridos para la expedición de una autorización de residencia
       Alegaciones de las partes
      53     La Comisión sostiene que sólo puede acordarse la expulsión de un ciudadano de la Unión, al margen de las decisiones basadas
         en razones de orden público, seguridad pública y salud pública, si el interesado no cumple, o deja de cumplir, los requisitos
         exigidos por el Derecho comunitario para disfrutar del derecho de residencia.
      
      54     Ahora bien, a juicio de la Comisión, la decisión de expulsión que las autoridades belgas notifican al ciudadano de la Unión
         sanciona, en realidad, el hecho de que éste no presente, en el plazo señalado, los documentos requeridos para que se le expida
         un permiso de residencia.
      
      55     La Comisión estima que el hecho de que el interesado no cumpla las obligaciones administrativas exigidas para la obtención
         de un permiso de residencia no significa necesariamente que no reúna, de hecho, los requisitos previstos en el Derecho comunitario
         para el reconocimiento del derecho de residencia. Por tanto, la notificación automática de una orden de abandonar el territorio
         nacional es contraria, a su juicio, a lo dispuesto en los artículos 2 de la Directiva 90/364, 4 de la Directiva 68/360, 4
         de la Directiva 73/148, 2 de la Directiva 93/96 y 2 de la Directiva 90/365.
      
      56     En su escrito de contestación, el Reino de Bélgica sostiene que un nacional de un Estado miembro sólo puede residir más de
         tres meses en otro Estado miembro si reúne los requisitos previstos en los diversos reglamentos y directivas en materia de
         libertad de circulación. Si reúne dichos requisitos, lo que únicamente puede demostrarse presentando los documentos que señalan
         esos mismos reglamentos y directivas, gozará de la protección que éstos dispensan y se le expedirá un permiso de residencia
         que acredite su derecho a la libre circulación.
      
      57     Según el Reino de Bélgica, la presentación de documentos justificativos que acrediten que se reúnen dichos requisitos es una
         condición sine qua non para el ejercicio del derecho de residencia.
      
      58     En consecuencia, entiende que si el ciudadano de la Unión no presenta, dentro del plazo fijado, en este caso cinco meses,
         los documentos necesarios para demostrar que cumple los requisitos exigidos para que se reconozca su derecho de residencia,
         debe considerarse que ha permanecido más de tres meses en Bélgica sin una razón válida y, en esas circunstancias, está justificada
         una medida de expulsión.
      
      59     Sin embargo, el Reino de Bélgica destaca el carácter relativo de esta medida de expulsión. En efecto, indica que no es objeto
         de ejecución forzosa y su finalidad es, dado que provoca la terminación del procedimiento de solicitud del permiso de residencia,
         determinar que el ciudadano de la Unión de que se trate no tiene ningún título que le autorice a permanecer más de tres meses
         en territorio belga.
      
      60     Añade que nada impide al interesado iniciar un nuevo procedimiento de establecimiento en el curso del cual puede demostrar
         que reúne los requisitos de residencia.
      
      61     El Reino Unido manifiesta que, cuando un solicitante de autorización de residencia no presenta las pruebas necesarias en el
         plazo fijado, la autoridad nacional competente debe poder adoptar una resolución desfavorable en relación con ese solicitante.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      –       Observaciones liminares
      62     El derecho de los nacionales de un Estado miembro a entrar en el territorio de otro Estado miembro y a permanecer en él a
         los fines previstos por el Tratado constituye un derecho directamente atribuido por éste o, según los casos, por las disposiciones
         adoptadas para la aplicación del referido Tratado (véase la sentencia de 8 de abril de 1976, Royer, 48/75, Rec. p. 497, apartado 31).
      
      63     La expedición de una autorización de residencia a un nacional de un Estado miembro no debe considerarse un acto constitutivo
         de derechos, sino un acto de reconocimiento, por parte de un Estado miembro, de la situación individual de un nacional de
         otro Estado miembro en relación con las disposiciones del Derecho comunitario (sentencias Royer, antes citada, apartado 33,
         y de 25 de julio de 2002, MRAX, C‑459/99, Rec. p. I‑6591, apartado 74).
      
      64     No obstante, como el derecho de residencia reconocido en virtud del artículo 18 CE no es incondicional, los ciudadanos de
         la Unión deben demostrar que reúnen los requisitos exigidos a este respecto por las disposiciones comunitarias pertinentes.
      
      65     Los requisitos para la expedición de la autorización de residencia se rigen, en lo que se refiere a los trabajadores por cuenta
         ajena, por la Directiva 68/360; en lo que atañe a los trabajadores por cuenta propia, por la Directiva 73/148; en lo que respecta
         a los estudiantes, por la Directiva 93/96; en lo que afecta a los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan
         dejado de ejercer su actividad profesional, por la Directiva 90/365, y en lo que concierne a los nacionales comunitarios que
         no disfruten de derecho de residencia, en virtud de otras disposiciones del Derecho comunitario, por la Directiva 90/364.
         
      
      –       Examen del segundo motivo
      66     El Estado miembro de acogida solamente puede adoptar una medida de expulsión, respetando los límites impuestos por el Derecho
         comunitario, en el caso de que el nacional de un Estado miembro no pueda probar que reúne esos requisitos (véase, en este
         sentido, la sentencia de 17 de febrero de 2005, Oulane, C‑215/03, Rec. p. I‑1215, apartado 55).
      
      67     Pues bien, mediante su segundo motivo de recurso, la Comisión reprocha a la legislación belga que la falta de presentación
         dentro de un plazo determinado, por parte del nacional de un Estado miembro, de los documentos justificativos necesarios para
         la expedición del permiso de residencia entrañe automáticamente la notificación de una orden de expulsión.
      
      68     Tal medida de expulsión automática menoscaba la esencia misma del derecho de residencia que confiere directamente el Derecho
         comunitario. Si bien un Estado miembro puede, en su caso, adoptar una medida de expulsión en el caso de que un nacional de
         un Estado miembro no esté en condiciones de aportar, en un determinado plazo, los documentos que demuestran que reúne los
         requisitos económicos exigidos, el carácter automático de la medida de expulsión, tal como está prevista en la legislación
         belga, hace que resulte desproporcionada.
      
      69     En efecto, a causa del automatismo de la orden de expulsión, esta legislación no permite que se tengan en cuenta las razones
         por las cuales el interesado no efectuó los trámites administrativos necesarios y su posible aptitud para demostrar que reúne
         los requisitos a los que el Derecho comunitario supedita su derecho de residencia. 
      
      70     A este respecto, es irrelevante el hecho de que, en la práctica, no se lleve a cabo la ejecución inmediata de las órdenes
         de expulsión. La legislación belga, en particular los artículos 45, 51 y 53 del Real Decreto, establece los plazos al término
         de los cuales estas órdenes se convierten en ejecutorias. En todo caso, el supuesto carácter relativo de las órdenes de expulsión
         no impide en absoluto que estas medidas sean desproporcionadas con respecto a la gravedad de la infracción y que puedan disuadir
         a los ciudadanos de la Unión de ejercer su derecho a la libre circulación.
      
      71     Habida cuenta de lo antedicho, debe considerarse fundado el segundo motivo invocado por la Comisión.
      72     En consecuencia, procede declarar que:
      –       El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 CE y de la Directiva 90/364,
         al excluir, en la aplicación de dicha Directiva al nacional de un Estado miembro que desea disfrutar de los derechos que derivan
         de ésta y del artículo 18 CE, los ingresos de su pareja, residente en el Estado miembro de acogida, a falta de un contrato
         celebrado ante notario en el que se incluya una cláusula de alimentos.
      
      –       El Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 90/364, del artículo
         4 de la Directiva 68/360, del artículo 4 de la Directiva 73/148, del artículo 2 de la Directiva 93/96 y del artículo 2 de
         la Directiva 90/365, al prever la posibilidad de notificar automáticamente una orden de abandonar el territorio nacional a
         los ciudadanos de la Unión que no hayan presentado, en un plazo determinado, los documentos requeridos para la obtención de
         una autorización de residencia.
      
       Costas
      73     A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la Comisión que se condene en costas al Reino de Bélgica
         y haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarlo en costas. En virtud del apartado 4, párrafo
         primero, del mismo artículo, los Estados miembros que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) decide:
      1)      a)     Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 18 CE y de la Directiva
            90/364/CEE, al excluir, en la aplicación de dicha Directiva al nacional de un Estado miembro que desea disfrutar de los derechos
            que derivan de ésta y del artículo 18 CE, los ingresos de su pareja, residente en el Estado miembro de acogida, a falta de
            un contrato celebrado ante notario en el que se incluya una cláusula de alimentos.
      b)      Declarar que el Reino de Bélgica ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 2 de la Directiva 90/364,
            del artículo 4 de la Directiva 68/360/CEE, del artículo 4 de la Directiva 73/148/CEE, del artículo 2 de la Directiva 93/96/CEE
            y del artículo 2 de la Directiva 90/365/CEE, al prever la posibilidad de notificar automáticamente una orden de abandonar
            el territorio nacional a los ciudadanos de la Unión que no hayan presentado, en un plazo determinado, los documentos requeridos
            para la obtención de una autorización de residencia.
      2)      Condenar en costas al Reino de Bélgica.
      3)      El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte soportará sus propias costas.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.