CELEX: 52015PC0305
Language: es
Date: 2015-06-22
Title: Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo, por parte de los Estados miembros, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil

COMISIÓN
                              EUROPEA
                                                       Bruselas, 22.6.2015
                                                       COM(2015) 305 final
                                                       2015/0136 (NLE)
                                           Propuesta de
                                   DECISIÓN DEL CONSEJO
   relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre
     responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de
   sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo, por parte de los
    Estados miembros, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los aspectos relacionados
                           con la cooperación judicial en materia civil
ES                                                                                           ES
 ---pagebreak---                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
   1.   CONTEXTO DE LA PROPUESTA
   1.1. Introducción
        La responsabilidad e indemnización por los daños derivados de tipos específicos de
        actividades de transporte marítimo están reguladas en el plano internacional por una
        serie de convenios de la Organización Marítima Internacional (en lo sucesivo
        denominada la «OMI») que se basan en los mismos principios esenciales, a saber:
        responsabilidad objetiva del propietario del buque, seguro obligatorio para cubrir los
        daños a terceros, derecho de las personas que sufran daños a una acción directa
        contra el asegurador, limitación de la responsabilidad y, en el caso de los
        hidrocarburos y de las sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (en lo sucesivo
        denominadas «SNP»), creación de un fondo de indemnización especial que
        compense los daños cuando estos excedan de los límites de la responsabilidad del
        propietario.
        El Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en
        relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente
        peligrosas de 1996 (en lo sucesivo denominado «Convenio SNP de 1996») es el
        último de los convenios de la OMI que sigue pendiente de ratificación por los
        Estados para entrar en vigor. Se trata de un instrumento importante del régimen
        internacional de responsabilidad del transporte marítimo, máxime si se tiene en
        cuenta que el transporte de SNP por mar —incluidos el gas natural licuado (GNL) y
        el gas licuado del petróleo (GLP)— es un mercado en expansión que representa una
        cuota significativa del sector del transporte marítimo.
        El Protocolo de 2010 relativo al Convenio SNP de 1996 (en lo sucesivo denominado
        «Protocolo de 2010») recogía las enmiendas necesarias para resolver los problemas
        que presentaba dicho Convenio. El Protocolo de 2010 y las disposiciones del
        Convenio, enmendadas por dicho Protocolo, deben leerse, interpretarse y aplicarse de
        manera conjunta como un único instrumento, de conformidad con lo dispuesto en los
        artículos 2 y 18 del Protocolo. La Secretaría de la OMI elaboró un texto consolidado
        del Protocolo que fue refrendado por la OMI en 2011 en el 98º periodo de sesiones
        de su Comité Jurídico y que se denomina «Convenio SNP de 2010». El Convenio
        SNP de 2010, en su calidad de instrumento único consolidado del Convenio, surtirá
        efectos a partir de la entrada en vigor del Protocolo de 2010.
        La firma, ratificación y aceptación del Protocolo de 2010 por parte de un Estado
        anula toda firma o ratificación previas del Convenio SNP de 1996 por parte del
        mismo Estado, de conformidad con el artículo 20, apartado 8, del Protocolo (artículo
        45, apartado 8, del Convenio SNP de 2010).
        Ni el Convenio SNP de 1996 ni el Protocolo de 2010 han entrado en vigor. Este
        último no cuenta hasta la fecha con ninguna Parte Contratante.
        Es importante señalar que la manifestación de consentimiento en obligarse por el
        Protocolo de 2010 debe acompañarse de la presentación de datos sobre las cantidades
        totales de carga sujeta a contribución de hecho recibida durante el año civil
        precedente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 20, apartado 4
        (artículo 45, apartado 4, del Convenio SNP de 2010). Este requisito previo es la
        razón principal por la que hasta ahora ningún Estado ha ratificado aún el Convenio.
ES                                              2                                              ES
 ---pagebreak---           Tras la adopción del Protocolo de 2010 en la OMI, un grupo de Estados, con la
          asistencia de la Secretaría de los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños
          Debidos a la Contaminación por Hidrocarburos (en lo sucesivo denominados los
          «FIDAC»), elaboró unas Directrices para la notificación de la carga SNP sujeta a
          contribución, las cuales fueron refrendadas por el Comité Jurídico en su 100º periodo
          de sesiones de 19 de abril de 20131, dando así respuesta al principal obstáculo a la
          ratificación del Convenio.
          En el 101º periodo de sesiones del Comité Jurídico de la OMI, se constituyó un
          Grupo de Trabajo por Correspondencia para asistir a los Estados a establecer los
          procedimientos para la implementación del Convenio y, más en concreto, para la
          comunicación de la carga SNP sujeta a contribución, a fin de facilitar la ratificación.
          Algunos Estados miembros de la UE, así como la Comisión Europea, son miembros
          de este Grupo.
   1.2.   Competencia de la UE y ramificaciones
        De conformidad con las disposiciones sobre la competencia externa de la Unión
        establecidas en el artículo 3, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
        Europea («TFUE»), el Protocolo de 2010 y, en el futuro, el Convenio SNP de 2010
        entran en el ámbito de la competencia exclusiva de la Unión, pues afectan a normas
        comunes de la Unión y alteran su alcance.
        Tal como se explica en la sección 1.4 de la presente exposición de motivos, la
        celebración del Protocolo de 2010 afectaría al alcance y las disposiciones de la
        Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad medioambiental en lo que respecta a la
        prevención y reparación de daños medioambientales2. Además, por las razones
        descritas en la sección 1.5, afectaría a las disposiciones establecidas en el Reglamento
        (UE) nº 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
        ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento
        «Bruselas I» refundido)3.
        Este solapamiento entre el alcance de las disposiciones del Convenio, en su versión
        enmendada, y el de las disposiciones de la Unión sobre cooperación judicial en
        materia civil y mercantil constituyó, además, la base jurídica de la Decisión
        2002/971/CE del Consejo, por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse o
        a ratificar, en interés de la Comunidad, el Convenio internacional de 1996 sobre
        responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de
        sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (Convenio SNP)4. Ahora bien, como se
        señala en la introducción, el Protocolo de 2010 enmendó el Convenio SNP de 1996, y
        el Convenio SNP de 2010 es el instrumento consolidado resultante de esa enmienda.
        Así pues, deben evaluarse los efectos del Convenio SNP de 2010 a la luz de la
        evolución del ordenamiento jurídico de la Unión desde la adopción de la Decisión
        2002/971/CE del Consejo.
   1
        100º periodo de sesiones del Comité Jurídico de la OMI, LEG 100/14, «Informe del Comité Jurídico
        sobre la labor realizada en su 100º periodo de sesiones», pp. 5-6; documento LEG 100/3, presentado por
        Canadá: «Supervisión de la implantación del Protocolo SNP de 2010», Anexo 2 «Directrices para la
        notificación de la carga SNP sujeta a contribución».
   2
        DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
   3
        DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
   4
        Decisión 2002/971/CE del Consejo, de 18 de noviembre de 2002, por la que se autoriza a los Estados
        miembros a adherirse o a ratificar, en interés de la Comunidad, el Convenio internacional de 1996 sobre
        responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas
        y potencialmente peligrosas (Convenio SNP), DO L 337 de 13.12.2002, p. 55.
ES                                                      3                                                       ES
 ---pagebreak---            La Unión no puede ejercer por sí misma, como entidad jurídica autónoma, su
           competencia exclusiva para la celebración del Protocolo de 2010 en ausencia de una
           cláusula de Organización de Integración Económica Regional («cláusula REIO») en el
           texto del Convenio o en el Protocolo, como consecuencia de lo cual son los Estados
           miembros quienes deben celebrar ese acuerdo internacional en nombre de la Unión.
           Habida cuenta de que el Protocolo de 2010 afecta a cuestiones que son competencia
           exclusiva de la UE, los Estados miembros no pueden decidir de manera autónoma
           respecto a su firma y ratificación. Solo pueden hacerlo, en nombre de la Unión, previa
           autorización del Consejo y aprobación del Parlamento Europeo a propuesta de la
           Comisión, de conformidad con el artículo 218, apartado 6, letra a), del TFUE.
   1.3.      Pormenores del Convenio
           El Protocolo de 2010 —y, por ende, el Convenio SNP de 2010 consolidado— entrará
           en vigor dieciocho meses después de la fecha en la que lo hayan ratificado, por lo
           menos, doce Estados, incluidos cuatro Estados con un mínimo de dos millones de
           unidades de arqueo bruto cada uno, y de que el Secretario General de la OMI haya
           recibido la información pertinente que muestre que en dichos Estados se ha recibido
           una cantidad total de al menos cuarenta millones de toneladas de carga sujeta al pago
           de contribución a la cuenta general durante el año civil precedente. Las condiciones de
           entrada en vigor en el Convenio SNP de 1996 eran las mismas.
           Los principales cambios que aporta el Convenio SNP de 2010 respecto al de 1996 son
   los siguientes:
             a)    Se excluyen las SNP en bultos de la definición de carga sujeta a contribución al
                   Fondo SNP, mientras que los daños causados por SNP en bultos siguen estado
                   amparados por el sistema de indemnización de dos niveles establecido en el
                   Convenio (artículo 1, punto 10, del Convenio SNP de 2010).
             b)    Se incrementan los límites de indemnización del propietario en el caso de los
                   buques que transportan SNP en bultos, para dar mejor cabida a la exclusión de
                   las SNP en bultos como carga sujeta a contribución al Fondo SNP [artículo 9,
                   apartado 1, letra b), del Convenio SNP de 2010].
             c)    Se otorga al receptor físico de GNL la responsabilidad de los pagos de las
                   contribuciones pertinentes al Fondo SNP, salvo que exista un acuerdo diferente
                   entre el titular y el receptor (artículo 19, apartado 1 bis, del Convenio SNP de
                   2010).
             d)    El pago de la compensación por parte del Fondo SNP en caso de que el suceso
                   esté amparado por el Convenio se supedita al cumplimiento por el Estado
                   afectado de su obligación de presentar información sobre las cargas sujetas a
                   contribución respecto a todos los años anteriores al acaecimiento del suceso
                   (artículo 21 bis, apartado 2, del Convenio SNP de 2010).
           Esos cambios eliminan los obstáculos más importantes que bloqueaban el proceso de
           ratificación del Convenio SNP de 1996.
           Ámbito de aplicación: El Convenio SNP de 2010 se aplica a las reclamaciones de
           indemnización de daños ocasionados por el transporte de SNP por mar, a excepción de
           las reclamaciones formuladas en el marco de un contrato de transporte de mercancías
           o viajeros. Los daños cubiertos por el Convenio incluyen todo daño ocasionado en el
           territorio de un Estado Parte, incluido su mar territorial; los daños ocasionados por
           contaminación del medio ambiente en la zona económica exclusiva de un Estado
           Parte; los daños, distintos de los causados por contaminación del medio ambiente,
ES                                                    4                                             ES
 ---pagebreak---    ocasionados fuera del territorio y del mar territorial de un Estado Parte por buques
   matriculados en un Estado Parte, así como las medidas preventivas adoptadas para
   minimizar los mencionados tipos de daños. Las disposiciones del Convenio no se
   aplican a los buques de guerra ni a los buques cuya propiedad o explotación
   corresponda a un Estado y que estén destinados a servicios no comerciales, salvo
   decisión en contrario de ese Estado. Además, un Estado podrá excluir del ámbito de
   aplicación del Convenio a los buques cuyo arqueo bruto no sea superior a 200 que
   transporten SNP únicamente en bultos, siempre y cuando realicen viajes entre puertos
   o instalaciones de ese Estado. Esta última excepción puede aplicarse también entre dos
   Estados vecinos por acuerdo explícito de ambos Estados. Tales excepciones, tanto las
   relativas a un Estado como a dos Estados vecinos, deberán notificarse a la OMI, según
   proceda.
   Elementos principales de la responsabilidad y la indemnización: El Convenio SNP
   de 2010 establece la responsabilidad objetiva del propietario del buque que transporta
   SNP respecto a cualquier daño ocasionado por un suceso en relación con el transporte
   de SNP por mar a bordo de dicho buque. La responsabilidad objetiva del propietario
   está sujeta a un número limitado de excepciones, para cuya aplicación la carga de la
   prueba recae en el propietario.
   La responsabilidad objetiva lleva aparejada la obligación del propietario de contraer
   un seguro u otra garantía financiera para cubrir su responsabilidad por los daños
   amparados por el Convenio. Los Estados Partes deben certificar la presencia de tal
   seguro o garantía financiera acorde con el Convenio.
   Para que el sector afectado respalde la responsabilidad objetiva y los requisitos del
   seguro obligatorio, el Convenio prevé, asimismo, el derecho del propietario a limitar
   su responsabilidad hasta una cuantía máxima de 100 millones de unidades de cuenta
   para las SNP transportadas a granel y de 115 millones de unidades de cuenta para las
   SNP en bultos, respectivamente. Además, como en todo Convenio de responsabilidad
   marítima, una cláusula prohíbe promover contra el propietario una reclamación de
   indemnización de daños «que no se ajuste al presente Convenio».
   La mayor contribución del Convenio al régimen internacional de responsabilidad e
   indemnización por accidentes ocasionados por las actividades de transporte marítimo
   y, en particular, por el transporte de SNP por mar es el establecimiento de un fondo de
   indemnización. El Fondo SNP tiene por objetivo indemnizar a toda persona que sufra
   daños en relación con el transporte de SNP por mar, en la medida en que esa persona
   no haya podido obtener una indemnización plena y adecuada del propietario y su
   asegurador por los daños sufridos. Esta última situación puede derivarse de diversas
   circunstancias, tales como la ausencia de responsabilidad por parte del propietario, la
   insolvencia financiera de él mismo o de su asegurador para satisfacer plenamente sus
   obligaciones de indemnización o el hecho de que la cuantía de los daños rebase los
   límites de la responsabilidad del propietario.
   La cuantía total de indemnización disponible con arreglo al sistema de indemnización
   de dos niveles es de 250 millones de unidades de cuenta (aproximadamente 310
   millones de euros a los tipos de cambio actuales). Para que esta cuantía esté
   disponible, el Convenio SNP de 2010 establece un complejo sistema de contribuciones
   al Fondo SNP pagaderas por las personas que reciben las SNP en cada Estado Parte. A
   su vez, los Estados Partes son responsables de la exactitud, la puntualidad y la
   regularidad de la comunicación de la carga sujeta a contribución al Fondo SNP; un
ES                                          5                                              ES
 ---pagebreak---         Estado puede también optar por pagar las contribuciones adeudadas al Fondo por sí
        mismo, en sustitución del receptor de las SNP.
        Reclamaciones y acciones ante los tribunales de un Estado Parte: El Convenio
        SNP de 2010 regula la jurisdicción de los tribunales de los Estados Partes respecto a
        las reclamaciones de indemnización presentadas por las personas que sufran daños
        cubiertos por el Convenio contra el propietario o su asegurador, o contra el Fondo
        SNP. El Convenio regula, asimismo, el reconocimiento y la ejecución de los fallos
        dictados por los tribunales de los Estados Partes. Con esos elementos, que se
        mantienen intactos desde el Convenio SNP de 1996, se pretende garantizar la
        seguridad jurídica y unas normas procedimentales claras a las víctimas de accidentes
        amparados por el Convenio, en aras de la efectividad de sus reclamaciones.
   1.4.   Consecuencias en la Directiva 2004/35/CE
        Desde 2004, la Directiva 2004/35/CE es el Derecho aplicable en la UE en materia de
        responsabilidad de los operadores que realizan actividades profesionales, incluido el
        transporte marítimo, en lo que respecta a la prevención y reparación de daños
        medioambientales en el territorio y las aguas bajo la jurisdicción de los Estados
        miembros.
        Tanto el Convenio SNP de 1996 como el de 2010 se solapan con la Directiva en
        cuanto a su ámbito de aplicación respecto a: i) los daños medioambientales en el
        territorio de un Estado Parte, incluido su mar territorial [artículo 3, letra a), del
        Convenio SNP de 2010], ii) los daños por contaminación del medio ambiente en la
        zona económica exclusiva o zona equivalente (hasta 200 millas náuticas desde las
        líneas de base) de un Estado Parte [artículo 3, letra b), del Convenio SNP de 2010], y
        iii) «las medidas preventivas, dondequiera que se tomen, para prevenir o reducir al
        mínimo los daños a que se hace referencia en a), b) y c)» [artículo 3, letra d), del
        Convenio SNP de 2010]. Las disposiciones correspondientes de la Directiva son su
        artículo 2, apartado 1, sobre la definición de «daño medioambiental», y su artículo 2,
        punto 10, sobre la definición de «medida preventiva», en combinación con el artículo
        3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2008/56/CE, por la que se establece un marco de
        acción comunitaria para la política del medio marino5, así como con el artículo 1,
        apartado 1, de la Directiva 79/409/CEE (Directiva de aves)6 y el artículo 2, apartado 1,
        de la Directiva 92/43/CEE (Directiva de hábitats)7, tal como se señala en el documento
        «Directrices para el establecimiento de la red Natura 2000 en el medio marino.
        Aplicación de las Directivas de hábitats y aves»8. Las definiciones de «daño
        medioambiental» del Convenio y de la Directiva 2004/35/CE, aunque en gran medida
        se solapan, no son idénticas. Ahora bien, en la práctica se espera que el Convenio
        aspire a conseguir una reparación de daños medioambientales de rigor comparable al
        de la Directiva.
        Debido al solapamiento de la Directiva 2004/35/CE y del Convenio SNP de 2010 en
        cuanto a su ámbito de aplicación, resulta evidente que la celebración del Protocolo de
        2010, que enmienda el Convenio SNP de 1996 y da lugar a un nuevo texto legal (es
        decir, el Convenio SNP de 2010), afecta a las normas de la UE vigentes.
   5
        DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
   6
        Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves
        silvestres (DO L 103 de 25.4.1979, p. 1).
   7
        Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
        flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
   8
        http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines.pdf
ES                                                      6                                                     ES
 ---pagebreak---         Más aún, la Directiva 2004/35/CE remite de manera explícita al Convenio SNP de
        1996 y excluye de su ámbito de aplicación los daños medioambientales que surjan de
        un incidente regulado por dicho Convenio, incluidas sus eventuales enmiendas futuras,
        siempre y cuando el Convenio esté en vigor en el Estado miembro de que se trate
        (artículo 4, apartado 2, y anexo IV de la Directiva 2004/35/CE). Con ello se pretende
        permitir que los regímenes internacionales especializados que regulan la
        responsabilidad civil respecto a determinadas actividades profesionales prevalezcan
        sobre la Directiva, ya que se consideran más efectivos para otorgar una indemnización
        rápida y adecuada por el daño medioambiental y más acordes con la naturaleza de
        tales actividades profesionales. La citada excepción de la Directiva 2004/35/CE es
        aplicable al Protocolo de 2010, en tanto que enmienda del Convenio SNP de 1996, lo
        que, sin lugar a dudas, implica que la ratificación del Convenio o la adhesión al mismo
        afectará al ámbito de aplicación de las disposiciones de la UE vigentes.
        Aparte del considerable solapamiento entre las disposiciones del Convenio y las de la
        Directiva, otro conflicto clave determina los efectos de las disposiciones del Convenio
        en las disposiciones de la Unión. El artículo 7, apartado 4, del Convenio SNP (tanto en
        el texto de 1996 como en el de 2010) descarta cualquier reclamación por daños contra
        el propietario por cualquier otra vía, o foro, que no se ajuste al Convenio. Esto
        significa que, en lo que se refiere a la responsabilidad del propietario por los daños de
        SNP, no puede aplicarse la Directiva además del Convenio, de modo que este limita el
        ámbito de aplicación de aquella, lo que resulta pertinente a efectos de la celebración
        del Protocolo de 2010 por los Estados miembros.
   1.5.   Consecuencias en el Reglamento (UE) nº 1215/2012 (refundición del Reglamento
          (CE) nº 44/2001 – «Bruselas I»)
        El capítulo IV del Convenio SNP de 2010 establece el procedimiento aplicable a las
        reclamaciones y acciones ante los tribunales de los Estados Partes previstas en el
        Convenio. En concreto, sus artículos 38, 39 y 40 fijan las normas sobre la jurisdicción
        de los tribunales y sobre el reconocimiento y la ejecución de los fallos. Esos artículos
        son idénticos a los artículos 38, 39 y 40 del Convenio SNP de 1996, que constituían la
        base jurídica de la competencia exclusiva de la Comunidad que justificó la Decisión
        2002/971/CE del Consejo.
        El Reglamento (UE) nº 1215/2012 establece disposiciones sobre jurisdicción y sobre
        reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
        entre los Estados miembros de la UE, a las cuales afectarían las mencionadas
        disposiciones del Convenio en caso de entrar en vigor. La Propuesta de Decisión del
        Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en interés de la
        Comunidad Europea, el Convenio internacional sobre responsabilidad e
        indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y
        potencialmente peligrosas, 1996 (Convenio SNP) [COM(2001) 674 final9] presenta y
        explica detalladamente el solapamiento entre el capítulo IV del Convenio y el
        Reglamento «Bruselas I» [Reglamento (CE) nº 44/200110].
        Por otra parte, los artículos 37, 41 y 42 del capítulo IV del Convenio SNP de 2010 son
        de carácter accesorio, de tal modo que no pueden considerarse ni aplicarse
        separadamente de otras disposiciones del Convenio. Así, la competencia exclusiva de
        la Unión abarca el capítulo IV del Convenio en su conjunto.
   9
        DO C 51E de 26.2.2002, p. 370.
   10
        DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
ES                                                7                                               ES
 ---pagebreak---         La posición específica de Dinamarca respecto al capítulo IV del Convenio debe
        abordarse por separado, de conformidad con el Protocolo nº 2211 sobre la posición de
        Dinamarca anejo a los Tratados. Dinamarca está exenta de la aplicación del título V de
        la tercera parte del TFUE, como consecuencia de lo cual no participa en la adopción
        de la propuesta de decisión del Consejo relativa a la ratificación del Protocolo de 2010
        relativo al Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de daños en
        relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas,
        y la adhesión al mismo, por parte de los Estados miembros, en nombre de la Unión, en
        lo que atañe a los aspectos relacionados con la cooperación judicial en materia civil.
   1.6.   Conclusiones
        La adopción y entrada en vigor de normas internacionales sobre la responsabilidad por
        los daños no contractuales ocasionados por el transporte de SNP por mar es crucial,
        habida cuenta de la cuota significativa que representa el transporte de SNP por mar en
        el mercado del transporte marítimo de mercancías a nivel mundial.
        Sobre la base de la experiencia adquirida en la aplicación de regímenes internacionales
        similares que regulan la responsabilidad por daños derivados de otras actividades de
        transporte marítimo, tales como el transporte de hidrocarburos por buques petroleros,
        la OMI adoptó este acuerdo internacional, en su versión enmendada por el Protocolo
        SNP de 2010, para completar el sistema de convenios marítimos internacionales con
        un instrumento especializado que establece también un nuevo fondo de indemnización
        específico para los daños derivados del transporte de SNP.
        Mediante la Decisión 2002/971/CE del Consejo, se autorizó a los Estados miembros a
        ratificar el Convenio SNP de 1996. El Protocolo de 2010, que enmienda el Convenio,
        debe también ser objeto de una nueva Decisión del Consejo acorde con los Tratados y
        tomando en consideración la evolución del Derecho de la Unión desde 2002. El
        Protocolo de 2010 da lugar a la constitución de un acuerdo internacional nuevo (véase,
        en particular, el artículo 45, apartado 8, del texto consolidado del Convenio SNP de
        2010). Como consecuencia de ello, al ratificar el Protocolo de 2010 o adherirse a él, la
        Unión autoriza a sus Estados miembros a aplicar el Convenio SNP de 2010 no solo en
        lo que respecta a los aspectos comprendidos en el Protocolo, sino también a los demás
        aspectos regulados en el texto enmendado del Convenio SNP de 2010.
        A la luz de estas consideraciones, la Comisión propone la adopción de dos decisiones
        del Consejo separadas sobre la ratificación del Protocolo de 2010 y la adhesión al
        mismo, por parte de los Estados miembros, en nombre de la Unión, a fin de garantizar
        la consecución de los objetivos de los Tratados recogidos en la Directiva 2004/35/CE
        y en el Reglamento (UE) nº 1215/2012 y el cumplimiento de lo dispuesto en el
        Protocolo nº 22. En relación con el citado Reglamento y, en particular, respecto a las
        disposiciones sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales dictadas por
        los tribunales de los Estados miembros, se insta a los Estados miembros a formular la
        declaración pertinente, tal como establece el anexo de la Decisión del Consejo
        propuesta, al ratificar el Protocolo de 2010 o adherirse al mismo, lo que garantizará
        que sigan siendo de aplicación las disposiciones sobre reconocimiento y ejecución de
        resoluciones judiciales del Reglamento (UE) nº 1215/2012 a la hora de reconocer y
        ejecutar en un Estado miembro resoluciones judiciales dictadas por un tribunal de otro
        Estado miembro. La declaración debe también comprender otras normas pertinentes
        de la Unión, en particular el Convenio de Lugano relativo a la competencia judicial y a
   11
        DO C 326 de 26.10.2002, p. 299.
ES                                              8                                                ES
 ---pagebreak---       la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, de 30 de octubre
      de 200712.
   2.   RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y
        DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
      En esta fase del procedimiento, con el alcance de la acción de la UE ya limitado por la
      conclusión de las negociaciones sobre el instrumento internacional, no se requiere una
      evaluación de impacto formal.
      Ahora bien, se han examinado y ponderado varias opciones:
        1)    No adoptar ninguna medida
      Al no haber entrado en vigor el Convenio SNP, la Directiva 2004/35/CE se aplica
      actualmente a la responsabilidad medioambiental derivada de todo accidente
      ocasionado por buques que transportan SNP por mar en la UE, lo que significa que, de
      acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 3, de la Directiva, es aplicable la
      definición de daño medioambiental establecida en la Directiva, asociada al derecho del
      propietario a limitar su responsabilidad de conformidad con el Convenio Internacional
      sobre Limitación de la Responsabilidad Nacida de Reclamaciones de Derecho
      Marítimo de 1976, con sus enmiendas (en lo sucesivo denominado «LLMC»). El
      derecho del propietario a circunscribir su responsabilidad dentro los límites generales
      establecidos en el LLMC tiene algunas pocas excepciones, entre las que figuran la
      intención de causar ese perjuicio o la temeridad. Los límites de responsabilidad con
      arreglo al LLMC están por debajo de los establecidos en el artículo 9 del Convenio
      SNP de 2010. En ausencia de un fondo de indemnización como el establecido en el
      capítulo III del Convenio SNP de 2010, en la Directiva no hay ningún mecanismo que
      prevea la indemnización a las víctimas de la contaminación por SNP en el mar (por
      ejemplo, a los pescadores o a las comunidades locales) más allá de los límites de
      responsabilidad del propietario. Además, el marco jurídico vigente carece de un
      requisito de seguro obligatorio, mientras que el artículo 12 del Convenio SNP de 2010
      impone en términos explícitos esta obligación al propietario, asociada al derecho del
      reclamante a presentar una reclamación directa contra el asegurador (artículo 12,
      apartado 8). Por último, en la Directiva 2004/35/CE, los colegisladores optaron por
      fijar una excepción en favor del régimen internacional de responsabilidad por
      actividades de transporte marítimo respecto a todos los convenios pertinentes, incluido
      el Convenio SNP, y por excluir del ámbito de aplicación de la Directiva los sucesos
      que entran en el ámbito de los convenios internacionales. De no adoptarse ninguna
      iniciativa a nivel de la UE para permitir a los Estados miembros ratificar el Protocolo
      SNP de 2010 o adherirse al mismo para que entre en vigor el último convenio
      internacional de la OMI en materia de responsabilidad, se confirmará la divergencia en
      el régimen internacional —y de la UE— de responsabilidad por actividades de
      transporte marítimo, en detrimento de la seguridad jurídica y de la homogeneidad de
      las normas aplicables, inter alia, a los daños medioambientales causados por el
      transporte de SNP por mar.
        2)    Adaptación del Convenio SNP al acervo de la Unión
      La Directiva 2004/35/CE no se solapa por completo con el Convenio SNP de 2010 en
      lo que respecta a la definición de «daño medioambiental». La definición que figura en
      la Directiva es más amplia y comprende más tipos de reparación, entre los que figuran
   12
      DO L 339 de 21.12.2007, p. 3.
ES                                            9                                               ES
 ---pagebreak---    la restitución de los recursos naturales dañados a su estado básico mediante medidas
   reparadoras primarias y, cuando resulte necesario, mediante medidas complementarias
   y compensatorias en caso de que los recursos no puedan restituirse a su estado básico,
   con la correspondiente compensación por pérdidas provisionales de recursos (estas
   medidas en ningún caso consisten en una compensación económica, sino que se trata
   siempre de medidas para mejorar los recursos naturales en el paraje dañado o en un
   paraje próximo). Por tanto, cabría abogar por la posibilidad de enmendar el Convenio
   para ajustarlo a las disposiciones de la Directiva.
   Ahora bien, es poco probable que una iniciativa en este sentido obtenga el apoyo
   suficiente entre los Estados Partes en la OMI, máxime si se tienen en cuenta las
   dificultades que hubo que resolver para acordar la versión actual del Convenio.
   Además, la definición de los daños ocasionados por contaminación en el marco del
   Convenio se ha establecido con sumo cuidado en consonancia con otros regímenes de
   responsabilidad por accidentes en el mar por distintos tipos de actividades de
   transporte marítimo (por ejemplo, el Convenio internacional sobre responsabilidad
   civil nacida de daños debidos a contaminación por hidrocarburos de 1992 y el
   Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debidos a
   contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques de 2001). La
   modificación de la definición del Convenio SNP de 2010 alteraría gravemente el
   equilibrio entre los distintos sectores del transporte marítimo y se enfrentaría a una
   amplia resistencia en la OMI.
     3)    Inserción de una «cláusula de desconexión» en el Convenio SNP y
           consiguiente modificación de la Directiva 2004/35/CE
   Por otro lado, cabría explorar también la posibilidad de enmendar el Convenio para
   insertar una «cláusula de desconexión» de modo que, cuando los Estados miembros se
   adhieran al Convenio, las disposiciones del Derecho de la Unión sigan rigiendo la
   relación específica entre la UE y sus Estados miembros. En relación con los terceros
   Estados, las obligaciones del Convenio se mantendrían intactas.
   Al aceptar este tipo de «cláusula de desconexión», todas las Partes en el Convenio
   (incluidos los Estados no pertenecientes a la UE) aceptarían que la UE y sus Estados
   miembros aplicaran el Derecho de la UE en sus relaciones recíprocas en las materias
   reguladas también por el Derecho de la UE. Ahora bien, la argumentación desarrollada
   anteriormente es igualmente aplicable a esta posibilidad: no es una opción realista que
   puedan hacer valer en la OMI los Estados miembros en nombre de la Unión.
   Además, este tipo de cláusula exigiría modificar la Directiva 2004/35/CE para
   suprimir la excepción por la cual los daños causados por sucesos que entran en el
   ámbito de aplicación del Convenio SNP quedan excluidos del ámbito de aplicación de
   la Directiva. Teniendo en cuenta que todos los convenios de responsabilidad marítima
   enumerados en el anexo IV de la Directiva reciben el mismo trato, la introducción de
   un régimen diferente para uno de ellos iría en contra del espíritu de la propia
   Directiva, sobre todo porque todos los convenios de la OMI en materia de
   responsabilidad se basan en los mismos principios y tienen por objeto el
   establecimiento de un marco de responsabilidad objetiva del propietario, asociada a un
   seguro obligatorio, y la disponibilidad de fondos suficientes para indemnizar por los
   daños de contaminación derivados de sucesos relacionados con la navegación.
     4)    Ratificación del Protocolo SNP de 2010
ES                                          10                                             ES
 ---pagebreak---       La celebración del Protocolo SNP de 2010 garantizará la aplicación uniforme de las
      normas sobre responsabilidad e indemnización en relación con los accidentes causados
      por buques que transportan SNP por mar en la UE. Asegurará, además, la
      disponibilidad de fondos suficientes para indemnizar a las víctimas de tales accidentes.
      El recurso a un régimen internacional en lugar de aplicar soluciones regionales a estos
      efectos se ajusta mejor a la naturaleza del transporte marítimo, un sector de dimensión
      mundial, y a las repercusiones transfronterizas que pueden tener tales accidentes.
      Por tanto, se ha concluido que la mejor opción de actuación es el presente proyecto de
      decisión por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar el Protocolo SNP de
      2010 y, por tanto, a obligarse por el texto consolidado del Convenio SNP de 2010.
   3.   ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PROPUESTA
      En la introducción se ha señalado que la firma, ratificación o aceptación del Protocolo
      de 2010 por un Estado anula toda firma o ratificación del Convenio SNP de 1996 por
      el mismo Estado. Los Estados que ratifican el Protocolo manifiestan su
      consentimiento en obligarse por el texto consolidado del Convenio SNP de 2010, en
      su calidad de instrumento único consolidado del Convenio, que surtirá efectos a partir
      de la entrada en vigor del Protocolo de 2010.
      Las Decisiones del Consejo propuestas, por tanto, autorizarán a los Estados miembros
      a ratificar el Protocolo SNP de 2010 o a adherirse al mismo, en nombre de la Unión, y,
      como consecuencia de ello, a obligarse por las disposiciones del Convenio SNP de
      2010.
      Las Decisiones del Consejo propuestas se basan en el artículo 218, apartado 6, del
      TFUE, leído en relación —por un lado— con el artículo 81 del TFUE, que
      proporciona la principal base jurídica para la normativa de la UE sobre cooperación
      judicial en materia civil, pertinente para las normas procedimentales aplicables a las
      reclamaciones y acciones reguladas en el capítulo IV del Convenio SNP de 2010, y —
      por otro lado— con el artículo 192 del TFUE, que proporciona la principal base
      jurídica para la normativa de la UE en materia de protección del medio ambiente.
      El Convenio SNP de 2010 persigue varios objetivos que están vinculados entre sí de
      forma indisociable, sin que ninguno de ellos sea secundario e indirecto respecto a
      otros. No puede adoptarse una decisión única con arreglo a dos bases jurídicas si los
      procedimientos requeridos por cada una de esas bases jurídicas son incompatibles
      entre sí13. Este es el caso en el presente asunto, pues las cuestiones relativas a la
      cooperación judicial en materia civil no son vinculantes para Dinamarca, lo que se
      traduce en derechos de voto discordantes en el Consejo. En consecuencia, se requieren
      dos decisiones distintas del Consejo.
      Ambas decisiones se articulan de modo similar. Su artículo 1 autoriza a los Estados
      miembros a ratificar el Protocolo de 2010 relativo al Convenio SNP o a adherirse al
      mismo, en nombre de la Unión, dada la imposibilidad de que la UE pase a ser parte en
      dicho Convenio.
      Un artículo 2 común exige a los Estados miembros que manifiesten su consentimiento
      en obligarse por el Protocolo de 2010 en un plazo de dos años a partir de la entrada en
      vigor de la Decisión. Una adhesión temprana al Protocolo de 2010 por parte de todos
      los Estados miembros de la UE permitirá alcanzar la cifra mínima necesaria para la
   13
      Véase la reciente sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de junio de 2014, asunto C-377/12,
      apartado 34.
ES                                              11                                                   ES
 ---pagebreak---       entrada en vigor, tanto de Estados miembros de la OMI como de flota agregada (doce
      Estados, incluidos cuatro Estados con un mínimo de dos millones de unidades de
      arqueo bruto cada uno). Y, lo que es más importante, la ratificación en un plazo
      determinado evitará que los Estados miembros que retrasen su adhesión al Protocolo
      de 2010 y, por tanto, al Convenio SNP de 2010, adquieran cualquier ventaja
      competitiva, a expensas de la disponibilidad de una reparación idéntica para las partes
      que sufran daños ocasionados por incidentes de SNP en el mar. El intercambio de
      información y de las mejores prácticas será especialmente útil para el proceso de
      ratificación o adhesión, sobre todo en lo que respecta a la comunicación de la carga
      sujeta a contribución en el marco del Convenio.
      El artículo 3 de la Decisión del Consejo propuesta, excluidos los aspectos relativos a la
      cooperación judicial en materia civil, exige a los Estados miembros que hagan
      referencia a ambas Decisiones del Consejo, por escrito, cuando depositen su
      instrumento de ratificación o de adhesión al Protocolo de 2010.
      En cuanto a los aspectos relativos a la cooperación judicial en materia civil, el
      artículo 3 de la Decisión del Consejo propuesta remite a la declaración que deben
      formular los Estados miembros, cuando manifiesten su consentimiento en obligarse
      por el Protocolo de 2010, sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones
      judiciales, habida cuenta de la competencia exclusiva de la Unión al respecto. La
      declaración es similar a la declaración que figura en el artículo 2 de la Decisión
      2002/971/CE del Consejo.
      Un artículo 4 común determina la fecha de entrada en vigor de las Decisiones del
      Consejo propuestas.
      Un artículo 5 común aclara que, como el objeto de las Decisiones es autorizar a los
      Estados miembros a obligarse por el Protocolo de 2010 en nombre de la Unión, las
      Decisiones tienen como destinatarios a los Estados miembros, de conformidad con los
      Tratados.
   4.   REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
      Ninguna
ES                                           12                                                 ES
 ---pagebreak---                                                                     2015/0136 (NLE)
                                                     Propuesta de
                                         DECISIÓN DEL CONSEJO
     relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre
       responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de
    sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo, por parte de los
      Estados miembros, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los aspectos relacionados
                                con la cooperación judicial en materia civil
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE») y, en particular, su
   artículo 81, leído en relación con su artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v),
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Vista la aprobación del Parlamento Europeo14,
   Considerando lo siguiente:
   (1)     El objetivo del Convenio internacional sobre responsabilidad e indemnización de
           daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas y potencialmente
           peligrosas, de 1996 («Convenio SNP de 1996»), era velar por una indemnización
           adecuada, pronta y efectiva a las personas que sufren daños ocasionados por vertidos
           de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, cuando se transportan por mar. El
           Convenio SNP de 1996 vino a subsanar una laguna importante de la normativa
           internacional sobre responsabilidad en materia de contaminación marina.
   (2)     En 2002 el Consejo adoptó la Decisión 2002/971/EC del Consejo15, por la que
           autorizaba a los Estados miembros a ratificar el Convenio SNP de 1996 o adherirse a
           él, en interés de la Comunidad. La Decisión 2002/971/CE instaba a los Estados
           miembros a tomar todas las medidas necesarias para depositar los instrumentos de
           ratificación o de adhesión al Convenio SNP de 1996 antes del 30 de junio de 2006.
           Cuatro Estados miembros ratificaron el Convenio SNP de 1996, que nunca entró en
           vigor.
   (3)     El Convenio SNP de 1996 fue objeto de enmienda por el Protocolo de 2010. De
           conformidad con el artículo 2 y con el artículo 18, apartado 1, del Protocolo de 2010,
           el Protocolo de 2010 y el Convenio SNP de 1996 deben leerse, interpretarse y aplicase
           de manera conjunta, como un único instrumento, entre las Partes en el Protocolo de
           2010.
   (4)     La Secretaría de la Organización Marítima Internacional («OMI») preparó un texto
           consolidado del Protocolo de 2010 (en lo sucesivo denominado «Convenio SNP de
   14
            DO C 326 de 26.10.2012, p. 47.
   15
            Decisión 2002/971/CE del Consejo, de 18 de noviembre de 2002, por la que se autoriza a los Estados
            miembros a adherirse o a ratificar, en interés de la Comunidad, el Convenio internacional de 1996 sobre
            responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de sustancias nocivas
            y potencialmente peligrosas (Convenio SNP), DO L 337 de 337.13.2002, p. 55.
ES                                                          13                                                      ES
 ---pagebreak---         2010»), que fue aprobado por el Comité Jurídico de la OMI en su 98º periodo de
        sesiones. El Convenio SNP de 2010 no es un instrumento abierto a firma o
        ratificación. El Convenio SNP de 2010 surtirá efectos a partir de la entrada en vigor
        del Protocolo de 2010 en los Estados miembros.
   (5)  La manifestación de consentimiento en obligarse por el Protocolo de 2010 por parte de
        un Estado anula toda manifestación de consentimiento previa en obligarse por el
        Convenio SNP de 1996 por parte del mismo Estado, de conformidad con el artículo
        20, apartado 8, del Protocolo (artículo 45, apartado 8, del Convenio SNP de 2010).
        Como consecuencia de ello, los Estados que son Partes Contratantes en el Convenio
        SNP de 1996 dejarán de serlo desde el momento en el que manifiesten su
        consentimiento en obligarse por el Protocolo de 2010, de conformidad con el artículo
        20 de este último y, en particular, con sus apartados 2, 3 y 4.
   (6)  Al igual que su predecesor, el Convenio SNP de 2010 reviste especial importancia
        para los intereses de la Unión y de sus Estados miembros, pues mejora la protección
        del medio ambiente y de las víctimas de los daños derivados de la contaminación
        marina por SNP en el marco de las normas internacionales sobre responsabilidad en
        materia de contaminación marina, en consonancia con la Convención de las Naciones
        Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
   (7)  Los Estados, para convertirse en Partes Contratantes en el Protocolo de 2010 y, por
        tanto, en el Convenio SNP de 2010, deben presentar al Secretario General de la OMI,
        junto con el instrumento por el que manifiesten su consentimiento, datos sobre las
        cantidades totales de carga sujeta a contribución con arreglo al Convenio SNP de 2010
        durante el año civil precedente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 20,
        apartado 4. A tal efecto, se insta a los Estados a que implanten un sistema de
        comunicación de la carga sujeta a contribución antes de manifestar su consentimiento
        en obligarse por el Protocolo de 2010.
   (8)  Los artículos 38, 39 y 40 del Convenio SNP de 2010 afectan a la legislación derivada
        sobre jurisdicción y sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en
        materia civil y mercantil establecida en el Reglamento (UE) nº 1215/2012 del
        Parlamento Europeo y del Consejo16 (Reglamento «Bruselas I» refundido).
   (9)  Por tanto, la Unión ejerce la competencia exclusiva en relación con los artículos 38, 39
        y 40 del Convenio SNP de 2010 en la medida en que este Convenio afecta a las
        disposiciones del Reglamento (UE) nº 1215/2012. Además, los artículos 37, 41 y 42
        del capítulo IV del Convenio SNP de 2010 son normas accesorias de las normas
        sustantivas del Convenio, de tal modo que no pueden considerarse ni aplicarse
        separadamente de otras disposiciones del Convenio. La competencia exclusiva de la
        Unión, por tanto, abarca el capítulo IV del Convenio en su conjunto.
   (10) El intercambio de información y de las mejores prácticas entre Estados miembros
        sobre los procedimientos de ratificación o adhesión al Protocolo de 2010 puede
        facilitar los esfuerzos de los Estados miembros en relación con el establecimiento un
        sistema de comunicación de la carga SNP sujeta a contribución en el marco del
        Convenio SNP de 2010.
   (11) A semejanza del Convenio SNP de 1996, solo los Estados soberanos pueden ser partes
        en el Protocolo de 2010 en ausencia de una cláusula de Organización de Integración
   16
        Reglamento (UE) nº 1215/2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
        resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento «Bruselas I» refundido) (DO L 351 de
        20.12.2012, p. 1).
ES                                                    14                                                      ES
 ---pagebreak---            Económica Regional («cláusula REIO»), razón por la cual la Unión no puede por el
           momento ratificar el Protocolo de 2010 ni adherirse a él ni, por consiguiente, al
           Convenio SNP de 2010. Ahora bien, los Tratados instan a los Estados miembros y la
           Unión a observar el principio de cooperación leal en la consecución de los objetivos de
           la Unión en los ámbitos de protección del medio ambiente y cooperación judicial en
           materia civil. En el presente caso, la observancia de este principio exige a los Estados
           miembros que tengan como meta la adhesión de la Unión a este Convenio y hagan
           todo lo posible en este sentido.
   (12)    La ratificación del Protocolo de 2010 por parte de todos los Estados miembros en un
           plazo determinado debe garantizar la igualdad de condiciones a todas las partes
           afectadas por la aplicación del Convenio SNP de 2010 y evitar toda ventaja
           competitiva derivada del retraso en la adhesión.
   (13)    Por tanto, debe autorizarse a los Estados miembros a ratificar el Protocolo de 2010 o
           adherirse a él en lo que atañe a los aspectos relacionados con la cooperación judicial
           en materia civil. Las disposiciones del Convenio que entran en el ámbito de la
           competencia conferida a la Unión, a excepción de las relativas a la cooperación
           judicial en materia civil, serán objeto de una Decisión adoptada en paralelo a la
           presente Decisión17.
   (14)    Al ratificar el Protocolo de 2010 o adherirse a él, los Estados miembros deben
           formular una declaración sobre el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones
           judiciales que entran en el ámbito de aplicación del Convenio SNP de 2010.
   (15)    El Reino Unido e Irlanda están obligados por el Reglamento (UE) nº 1215/2012 y, en
           consecuencia, participan plenamente en la adopción y aplicación de la presente
           Decisión.
   (16)    De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca18
           anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión
           Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo
           tanto, no está obligada por ella ni sujeta a su aplicación.
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
                                                    Artículo 1
   Se autoriza a los Estados miembros a ratificar el Protocolo de 2010 o a adherirse al mismo,
   según proceda, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los aspectos relacionados con la
   cooperación judicial en materia civil, y en las condiciones establecidas en los artículos 2, 3 y
   4 de la presente Decisión.
                                                    Artículo 2
   1.        Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para depositar sus
             instrumentos de ratificación del Protocolo de 2010 o de adhesión al mismo lo antes
             posible y, en cualquier caso, en un plazo máximo de dos años a partir de la entrada
             en vigor de la presente Decisión.
   17
           DO L
   18
           Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamarca anejo a los Tratados (DO C 326 de 26.10.2012, p. 299).
ES                                                      15                                                       ES
 ---pagebreak---    2.       Los Estados miembros informarán al Consejo y a la Comisión, en un plazo de un año
            a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión, de la fecha prevista para la
            conclusión de sus procedimientos de ratificación o de adhesión.
   3.       Los Estados miembros se esforzarán por intercambiar información sobre el estado de
            sus procedimientos de ratificación o adhesión, en particular sobre el establecimiento
            de un sistema de comunicación de la carga sujeta a contribución en el marco del
            Protocolo de 2010.
                                             Artículo 3
   Al ratificar el Protocolo de 2010 o adherirse al mismo, los Estados miembros depositarán
   también la declaración que figura en el anexo de la presente Decisión.
                                             Artículo 4
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
   de la Unión Europea.
                                             Artículo 5
   Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros de conformidad con los
   Tratados.
   Hecho en Bruselas, el
                                                Por el Consejo
                                                El Presidente
ES                                                16                                                ES
 ---documentbreak---                               COMISIÓN
                              EUROPEA
                                                      Bruselas, 22.6.2015
                                                      COM(2015) 305 final
                                                      ANNEX 1
                                             ANEXO
                                               de la
                               Propuesta de Decisión del Consejo
   relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre
     responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de
   sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo, por parte de los
    Estados miembros, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los aspectos relacionados
                           con la cooperación judicial en materia civil
ES                                                                                           ES
 ---pagebreak---                                                      ANEXO
                                                       de la
                                     Propuesta de Decisión del Consejo
     relativa a la ratificación del Protocolo de 2010 relativo al Convenio internacional sobre
       responsabilidad e indemnización de daños en relación con el transporte marítimo de
     sustancias nocivas y potencialmente peligrosas, y la adhesión al mismo, por parte de los
      Estados miembros, en nombre de la Unión, en lo que atañe a los aspectos relacionados
                                con la cooperación judicial en materia civil
   Declaración que deberán depositar los Estados miembros al ratificar el Protocolo de 2010 o
   adherirse al mismo, en la acepción del artículo 3 de la Decisión del Consejo:
   «Las resoluciones judiciales en asuntos regulados por el Convenio, en su versión enmendada
   por el Protocolo de 2010, que sean pronunciadas por un tribunal de [...1], serán reconocidas y
   ejecutadas en [...2], de conformidad con las normas pertinentes de la Unión Europea al
   respecto3.
   Las resoluciones judiciales en asuntos regulados por el Convenio, en su versión enmendada
   por el Protocolo de 2010, que sean pronunciadas por un tribunal del Reino de Dinamarca,
   serán reconocidas y ejecutadas en [...4], de conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad
   Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
   ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil5.
   Las resoluciones judiciales en asuntos regulados por el Convenio, en su versión enmendada
   por el Protocolo de 2010, que sean pronunciadas por un tribunal de un tercer Estado obligado
   por el Convenio de Lugano, de 30 de octubre de 2007, relativo a la competencia judicial, el
   reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil6, serán
   reconocidas y ejecutadas en [...7], de conformidad con dicho Convenio.»
   1
            Todos los Estados miembros de la Unión Europea, excepto el Estado miembro que formula la
            declaración y Dinamarca.
   2
            El Estado miembro que formula la declaración.
   3
            En la actualidad, esas normas están establecidas en el Reglamento (UE) nº 1215/2012, relativo a la
            competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
            mercantil, DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
   4
            El Estado miembro que formula la declaración.
   5
            DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
   6
            DO L 339 de 21.12.2007, p. 3.
   7
            El Estado miembro que formula la declaración.
ES                                                       2                                                       ES