CELEX: 62020CN0006
Language: es
Date: 2020-01-07 00:00:00
Title: Asunto C-6/20: Petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) el 7 de enero de 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA

16.3.2020   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 87/15
            
         
      Petición de decisión prejudicial planteada por el Tallinna Ringkonnakohus (Estonia) el 7 de enero de 2020 — Sotsiaalministeerium / Innove SA
      (Asunto C-6/20)
      (2020/C 87/18)
      Lengua de procedimiento: estonio
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Tallinna Ringkonnakohus
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrente: Sotsiaalministeerium
      
         Recurrida: Innove SA
      
         Cuestiones prejudiciales
      
      
                  1)
               
               
                  ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 46 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, (1) en el sentido de que se oponen a disposiciones de Derecho nacional —como el artículo 41, apartado 3, de la Riigihangete seadus (Ley de contratación pública; en lo sucesivo, «RHS»)— conforme al que, cuando existen requisitos específicos establecidos por ley para las actividades que han de realizarse en virtud de un contrato público, el poder adjudicador debe indicar en el anuncio de licitación qué inscripciones en registros o autorizaciones de actividad son necesarias para que un licitador esté cualificado, ha de exigir la presentación de una prueba de la autorización de actividad o del registro para comprobar el cumplimiento de los requisitos especiales establecidos por ley en el anuncio de licitación y tiene que excluir al licitador como no cualificado, si este no dispone de la correspondiente autorización de actividad o no está registrado?
               
            
                  2)
               
               
                  Los artículos 2 y 46 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, ¿deben interpretarse conjuntamente en el sentido de que se oponen a que, en un contrato sobre la adquisición de ayuda alimentaria que supere el umbral internacional, el poder adjudicador establezca un criterio de selección de licitadores conforme al que todos los licitadores, independientemente de su lugar de actividad anterior, deben disponer de una autorización de actividad o estar inscritos en un registro en el Estado en el que se concede la ayuda alimentaria ya en el momento de presentar su oferta, aunque el licitador no haya actuado anteriormente en ese Estado miembro?
               
            
                  3)
               
               
                  En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior:
                  
                              a)
                           
                           
                              ¿Debe considerarse que los artículos 2 y 46 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, son disposiciones tan claras que no cabe invocar en su contra el principio de protección de la confianza legítima?
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              ¿Deben interpretarse los artículos 2 y 46 de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, en el sentido de que una situación en la que, en una licitación pública sobre ayuda alimentaria, el poder adjudicador exige a los licitadores conforme a la Ley de alimentos que dispongan de una autorización de actividad ya en el momento de presentar la oferta, puede entenderse como infracción manifiesta de las disposiciones vigentes, como negligencia o como irregularidad, que se opone a la invocación del principio de protección de la confianza legítima?
                           
                        
            
         (1)  Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (DO 2004, L 134, p. 114).