CELEX: C2001/134/09
Language: es
Date: 2001-05-05 00:00:00
Title: Asunto C-62/01 P: Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2001 (telefax de 9 de febrero de 2001) por la Sra. Anna Maria Campogrande contra la sentencia dictada el 7 de diciembre de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-136/98, promovido por la Sra. A.M. Campogrande contra la Comisión de las Comunidades Europeas

5.5.2001                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                          C 134/5
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                comunicación de dicha información, las empresas de seguros
                                                                         que operan en Italia en régimen de libre establecimiento o en
—     Declare que la República Italiana ha incumplido las               régimen de libre prestación de servicios deben dar cuenta
      obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva             únicamente a las autoridades competentes del Estado miembro
      92/49/CEE del Consejo (1), de 18 de junio de 1992, sobre           de origen.
      coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
      y administrativas relativas al seguro directo distinto del
      seguro de vida y por la que se modifican las Directivas            Por último, con arreglo al artı́culo 2, apartado 5 quater, última
      73/239/CEE y 88/357/CEE (tercera Directiva de seguros              frase, del Decreto no 70, las empresas de seguros que operan
      distintos del seguro de vida), en la medida en que ha              en Italia, incluso las que ejerzan su actividad en régimen de
      establecido y mantenido en vigor un sistema de bloqueo             libre establecimiento o en régimen de libre prestación de
      de las tarifas aplicables a todos los contratos de seguro          servicios, están obligadas a contribuir a la financiación y a los
      de responsabilidad civil derivados de la circulación de           costes de gestión del banco de datos establecido por el mismo
      vehı́culos de motor, relativos a un riesgo situado en el           Decreto. Dicha exigencia está relacionada con las obligaciones
      territorio italiano, sin distinguir entre las empresas de          de información al ISVAP enunciadas en el artı́culo 2 del
      seguros que tienen domicilio social en Italia y las empresas       Decreto, obligaciones que son contrarias al artı́culo 44 de la
      de seguros que ejercen su propia actividad a través de             Directiva. Por consiguiente, esta obligación de contribución a
      sucursales o en régimen de libre prestación de servicios,         la financiación del banco de datos impuesta a las empresas que
      que infringe:                                                      operan en régimen de libre establecimiento o en régimen de
                                                                         libre prestación de servicios en el territorio italiano también es
      a)    El principio de la libertad tarifaria y de la supresión     claramente contraria al Derecho comunitario.
            de la aprobación previa o de la comunicación
            sistemática de las tarifas y de los contratos estable-
            cido en los artı́culos 6, 29 y 39 de dicha Directiva.        (1) DO L 228 de 11.8.1992, p. 1.
      b)    Las disposiciones del artı́culo 44 de la misma
            Directiva, en lo que se refiere al régimen que
            establece la comunicación de información sobre el
            importe de las primas, siniestros y comisiones, la
            frecuencia y coste medio de los siniestros, ası́
            como sobre el intercambio de información entre las
            autoridades de control del Estado miembro de origen
                                                                         Recurso de casación interpuesto el 12 de febrero de 2001
            y las del Estado miembro de acogida.
                                                                         (telefax de 9 de febrero de 2001) por la Sra. Anna
—     Condene en costas a la República Italiana.                        Maria Campogrande contra la sentencia dictada el 7 de
                                                                         diciembre de 2000 por la Sala Cuarta del Tribunal de
Motivos y principales alegaciones                                        Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el
                                                                         asunto T-136/98, promovido por la Sra. A.M. Campo-
La Comisión alega que:                                                   grande contra la Comisión de las Comunidades Europeas
Debe considerarse que el congelamiento de las tarifas y de
algunos elementos de la oferta comercial, ası́ como la imposi-                                  (Asunto C-62/01 P)
ción a toda empresa de seguros que ejerza su actividad en el
ramo de responsabilidad civil de automóviles de estipular                                        (2001/C 134/09)
contratos también con la fórmula tarifaria bonus-malus con
franquicia absoluta, por un importe no inferior a 500 000 ITL
                                                                         En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
y no superior a 1 000 000 ITL, son medidas incompatibles
                                                                         presentado el 12 de febrero de 2001 (telefax de 9 de febrero
con el principio de libertad tarifaria establecido en los artı́-
                                                                         de 2001) un recurso de casación formulado por la Sra. A.M.
culos 6, 29 y 39 de la Directiva 92/49/CEE. Las empresas de
                                                                         Campogrande, representada por la Sra. Anne Krywin, abogado,
seguro que estipulan contratos que cubran un riesgo situado
                                                                         que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia
en el territorio italiano no tienen derecho a fijar libremente
                                                                         dictada el 7 de diciembre de 2000 por la Sala Cuarta del
estos elementos de la oferta comercial. Esta restricción a la
                                                                         Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en
libertad tarifaria no aparece justificada.
                                                                         el asunto T-136/98, promovido por la Sra. A.M. Campogrande
El artı́culo 2, apartados 5 bis a 5 quinquies del Decreto no 70 de       contra la Comisión de las Comunidades Europeas.
28 de marzo de 2000, que confiere al ISVAP (Instituto para la
vigilancia de los seguros privados y de interés colectivo) la            La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
competencia para controlar a las empresas de seguros que
ejercen el ramo del «seguro obligatorio de vehı́culos de motor»
respecto de las disposiciones establecidas en los apartados 2            Acuerde la admisión del presente recurso de casación y lo
a 4 del mismo artı́culo, son incompatibles con el régimen                declare fundado.
previsto en el artı́culo 44 de la Directiva, relativo a la
información sobre el importe de las primas, siniestros y                En consecuencia,
comisiones, la frecuencia y el coste medio de los siniestros, ası́
como sobre el intercambio de información entre las autorida-            —     anule la sentencia T-136/98 dictada por el Tribunal de
des de control del Estado miembro de origen y las del Estado                   Primera Instancia de las Comunidades Europeas el 5 de
miembro de acogida. En efecto, por cuanto se refiere a la                      diciembre de 2000, en la medida en que declara:
 ---pagebreak--- C 134/6                ES                      Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                        5.5.2001
     —     en el apartado 66: la petición de indemnización                 —     Es cuando menos contradictorio utilizar como
           del perjuicio sufrido como consecuencia de las                          prueba, en un procedimiento contencioso, una
           represalias no puede admitirse por falta de procedi-                    investigación administrativa que se llevó a cabo en
           miento administrativo previo conforme a Derecho.                        condiciones impuestas por el propio Tribunal de
                                                                                   Primera Instancia y cuyos resultados son discutidos
                                                                                   por la recurrente.
     —     en el apartado 67: la petición de indemnización
           excede de las competencias del Juez, puesto que se
                                                                             —     De manera absolutamente contradictoria, el Tribunal
           trata de una petición de orden conminatoria.
                                                                                   de Primera Instancia utiliza los antiguos informes de
                                                                                   calificación para poner en entredicho las competen-
     —     en el apartado 68: la anulación de la decisión                        cias de la recurrente y mostrar ası́ que sus problemas
           impugnada constituye una reparación adecuada del                       profesionales no pueden imputarse a los actos de
           perjuicio moral sufrido por la demandante como                          acoso sexual. Su motivación tampoco resuelve la
           consecuencia de la incertidumbre que provocó la                        cuestión de si la falta de recompensa a los progresos
           Comisión respecto a la tramitación de su petición                    de la recurrente no se debe, en realidad, al hecho de
           de asistencia y a los resultados de la investigación                   que ésta siempre se haya negado a prestarse al juego
           administrativa.                                                         del acoso sexual.
                                                                        —    Vulneración del Derecho comunitario y de la jurispruden-
     —     en el apartado 69: la demandante no probó de                     cia aplicable respecto a los motivos nuevos.
           manera suficiente que sufrió un perjuicio como
           consecuencia de haber estado expuesta, ante la
                                                                        —    Denegación de justicia en materia de responsabilidad.
           indiferencia de la Comisión, a las consecuencias de
           los actos de acoso sexual denunciados en su petición
           de asistencia.                                               —    Menoscabo de los derechos de defensa: el Tribunal de
                                                                             Primera Instancia extrajo abusivamente consecuencias
                                                                             de una investigación administrativa discutida por la
     —     en el apartado 70: la demandante no aportó la                    recurrente, que no habı́a podido presentar observaciones
           prueba antes mencionada respecto a lo sucedido con                ni asistir al examen de los testigos o del autor de los
           anterioridad al incidente producido el 27 de febrero              hechos objeto de la investigación.
           de 1997 ni respecto a los propios hechos.
—    Reconozca la existencia de un acto de acoso sexual y del
     perjuicio moral sufrido por la recurrente.
—    Condene a la parte recurrida en casación al pago de una
     indemnización que será fijada por el Tribunal de Justicia.       Recurso interpuesto el 20 de febrero de 2001 contra el
                                                                        Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
—    Condene a la parte recurrida en casación a cargar con las                   Comisión de las Comunidades Europeas
     costas del procedimiento.
                                                                                                (Asunto C-85/01)
Motivos y principales alegaciones                                                                (2001/C 134/10)
—    Incumplimiento de la obligación de motivación:                   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                        presentado el 20 de febrero de 2001 un recurso contra el
                                                                        Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formulado
     —     Al limitarse a anular la decisión presunta de desesti-      por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada
           mación, el Tribunal de Primera Instancia reconsidera        por el Sr. Richard Wainwright, en calidad de agente, que
           el grado de gravedad de las omisiones que, por otra          designa domicilio en Luxemburgo.
           parte, reprochó ampliamente a la Comisión en
           su motivación, provocando en consecuencia una
                                                                        La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
           lamentable contradicción en los fundamentos de
           Derecho de la sentencia.
                                                                        —    Declare que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
                                                                             Norte ha incumplido las obligaciones que le incumben en
     —     Al afirmar que la demandante no aportó ninguna                   virtud del artı́culo 228 del Tratado CE, al no haber
           prueba que permitiera acreditar que sufrió efectiva-             adoptado las medidas necesarias que implica la ejecución
           mente actos de acoso sexual, por un lado, y al                    de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de
           reconocer la existencia de hechos constitutivos de                1993 en el asunto C-56/90 y, en particular, al no haber
           acoso sexual en la misma sentencia, por otro,                     garantizado aún que las aguas de baño en Blackpool y
           el Tribunal de Primera Instancia incurre en una                   adyacentes a Southport respetan los valores lı́mite fijados
           contradicción respecto a la motivación.                         en el artı́culo 3 de la Directiva 76/160/CEE del Consejo (1).