CELEX: 61998CJ0380
Language: es
Date: 2000-10-03
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de octubre de 2000. # The Queen contra H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge. # Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Reino Unido. # Contratos públicos - Procedimiento de adjudicación de contratos públicos de servicios, de suministros y de obras - Entidad adjudicadora - Organismo de Derecho público. # Asunto C-380/98.

Avis juridique important

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61998J0380

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 3 de octubre de 2000.  -  The Queen contra H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge.  -  Petición de decisión prejudicial: High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) - Reino Unido.  -  Contratos públicos - Procedimiento de adjudicación de contratos públicos de servicios, de suministros y de obras - Entidad adjudicadora - Organismo de Derecho público.  -  Asunto C-380/98.  

Recopilación de Jurisprudencia 2000 página I-08035

ÍndicePartesMotivación de la sentenciaDecisión sobre las costasParte dispositiva
Palabras clave

1. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de servicios, de suministros y de obras - Directivas 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE - Entidades adjudicadoras - Organismos de Derecho público - Financiación por el Estado - Concepto - Becas y subvenciones de investigación, becas de estudio - Inclusión - Pagos efectuados como contrapartida por la prestación de servicios - Exclusión - Actividad financiada mayoritariamente por el Estado - Definición - Porcentaje de financiación pública - Apreciación[Directivas del Consejo 92/50/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, tercer guión, 93/36/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, tercer guión, y 93/37/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, tercer guión]2. Aproximación de las legislaciones - Procedimientos de adjudicación de contratos públicos - Servicios, suministros, obras - Entidades adjudicadoras - Organismos de Derecho público - Financiación por el Estado - Concepto - Porcentaje de financiación pública - Período de referencia - Determinación[Directivas del Consejo 92/50/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, tercer guión, 93/36/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, tercer guión, y 93/37/CEE, art. 1, letra b), párr. 2, tercer guión] 

Índice

 $$1. El artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 93/36, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, y 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, prevé, en su párrafo primero, que se entenderá por «entidades adjudicadoras», entre otros, los organismos de Derecho público, y, en su párrafo segundo, que se entenderá por «organismo de Derecho público» cualquier organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil (primer guión), dotado de personalidad jurídica (segundo guión) y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien, cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público (tercer guión).Por lo que se refiere al tercer guión, la expresión «financiada por [una o varias entidades adjudicadoras]», debe interpretarse en el sentido de que en ella se incluyen las becas o subvenciones concedidas por una o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor investigadora, así como las becas para estudiantes que las autoridades locales competentes en materia de educación abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de determinados estudiantes. En cambio, no constituyen financiación pública, a efectos de dichas Directivas, las sumas abonadas por una o varias entidades adjudicadoras, bien en el marco de un contrato de prestación de servicios que comprenda trabajos de investigación, bien como contrapartida por la prestación de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de conferencias.El término «mayoritariamente», que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, antes citado, debe interpretarse en el sentido de que significa «más de la mitad».Para valorar correctamente el porcentaje de financiación pública de un organismo determinado, es preciso tener en cuenta todos los ingresos que dicho organismo obtenga, incluidos los que resulten de una actividad mercantil.( véanse los apartados 26, 33 y 36 y los puntos 1 y 3 del fallo )2. La calificación de «entidad adjudicadora» de un organismo como una Universidad, en el sentido del artículo 1, letra b), de las Directivas 92/50, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 93/36, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, y 93/37, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, debe efectuarse sobre una base anual y el período que debe considerarse más adecuado para calcular el modo de financiación de dicho organismo es el ejercicio presupuestario en el que se inicia el procedimiento de adjudicación de un contrato determinado, debiendo entenderse que dicho cálculo ha de efectuarse tomando como base las cifras disponibles al inicio del ejercicio presupuestario, aunque tengan el carácter de previsiones. Un organismo que en la fecha en que se inicia un procedimiento de adjudicación de un contrato constituye una «entidad adjudicadora», en el sentido de las mencionadas Directivas, seguirá estando sometido a las exigencias de dichas Directivas, en lo que atañe a tal contrato, hasta la terminación del procedimiento de que se trate.( véanse el apartado 44 y el punto 4 del fallo ) 

Partes

En el asunto C-380/98,que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court) (Reino Unido), destinada a obtener, en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entreThe QueenyH.M. Treasury,ex parte: The University of Cambridge,una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 1 de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1); 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54),EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),integrado por los Sres.: D.A.O. Edward, Presidente de Sala; P.J.G. Kapteyn (Ponente), A. La Pergola, P. Jann y H. Ragnemalm, Jueces;Abogado General: Sr. S. Alber;Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;consideradas las observaciones escritas presentadas:- en nombre de The University of Cambridge, por los Sres. D. Vaughan, QC, A. Robertson, Barrister, y G. Godar, Solicitor;- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. M. Ewing, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. K. Parker, QC;- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. M.A. Fierstra, hoofd van de dienst Europees recht del ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;- en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. W. Okresek, Sektionschef de la Bundeskanzleramt, en calidad de Agente;- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. R. Wainwright, Consejero Jurídico principal, y M. Shotter, funcionario nacional adscrito al Servicio Jurídico, en calidad de Agentes;habiendo considerado el informe para la vista;oídas las observaciones orales de The University of Cambridge, representada por los Sres. D. Vaughan y A. Robertson; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. G. Amodeo, del Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr. R. Williams, Barrister; del Gobierno francés, representado por el Sr. G. Taillandier, rédacteur de la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, en calidad de Agente; del Gobierno austriaco, representado por la Sra. M. Winkler, de la Bundeskanzleramt, en calidad de Agente, y de la Comisión, representada por los Sres. R. Wainwright y M. Shotter, expuestas en la vista de 9 de marzo de 2000;oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 11 de mayo de 2000;dicta la siguienteSentencia 

Motivación de la sentencia

1 Mediante resolución de 21 de julio de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 26 de octubre siguiente, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente artículo 234 CE), cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 1 de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1); 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54).2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un procedimiento iniciado por la Universidad de Cambridge (en lo sucesivo, «Universidad») ante la High Court of Justice a raíz de la decisión del H.M. Treasury (Ministerio de Hacienda; en lo sucesivo, «Treasury») de mantener a las Universidades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en la lista de organismos de Derecho público notificada a la Comisión y reproducida en el Anexo I de la Directiva 93/37, al tiempo que modificaba el texto de dicho Anexo.Normativa comunitaria3 El artículo 1 de la Directiva 93/37 dispone lo siguiente:«A efectos de la presente Directiva se entenderá por:[...]b) poderes adjudicadores: el Estado, los entes territoriales, los organismos de derecho público y las asociaciones constituidas por uno o más de dichos entes o de dichos organismos de derecho público.organismo de derecho público: cualquier organismo:- creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil,- dotado de personalidad jurídica, y- cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien, cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de derecho público.En el Anexo I figuran las listas de los organismos y de las categorías de organismos de derecho público que reúnen los criterios enumerados en el párrafo segundo de la presente letra. Dichas listas son lo más completas posible y podrán ser revisadas según el procedimiento previsto en el artículo 35. A tal efecto, los Estados miembros notificarán periódicamente a la Comisión las modificaciones que se hayan producido en sus listas;[...]»4 El artículo 1, letra b), de cada una de las Directivas 92/50 y 93/36 está redactado en términos sustancialmente idénticos a los del artículo 1, letra b), de la Directiva 93/37.5 En lo que atañe al Reino Unido, la lista de organismos y categorías de organismos de Derecho público que figura en el Anexo I de la Directiva 93/37 incluye las «Universities and polytechnics, maintained schools and colleges» (Universidades y politécnicos; escuelas y facultades subvencionadas).Normativa nacional6 En el Reino Unido, se dio cumplimiento a las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, respectivamente, mediante los siguientes reglamentos:- Public Service Contracts Regulations 1993 (SI 1993, 3228)- Public Supply Contracts Regulations 1995 (SI 1995, 201)- Public Works Contracts Regulations 1991 (SI 1991, 2680).7 Estos reglamentos no reproducen el Anexo I de la Directiva 93/37. En cambio, cada uno de ellos contiene una definición de organismos de Derecho público basada en la definición del Derecho comunitario.Litigio principal y cuestiones prejudiciales8 En 1995 y 1996, el «Committee of Vice-Chancellors and Principals of the Universities» (Consejo de Rectores de Universidad del Reino Unido) sostuvo, en contra del criterio del Treasury, que las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 no se aplicaban con carácter general a las Universidades. Alegó que procedía, en consecuencia, suprimir la mención «Universidades» contenida en el Anexo I de la Directiva 93/37, al que se refiere el artículo 1, letra b), párrafo tercero, de cada una de dichas Directivas.9 El 17 de enero de 1997, el Treasury propuso a la Comisión sustituir la mención «Universidades y escuelas politécnicas; escuelas y facultades subvencionadas» por la mención «Escuelas subvencionadas. Universidades y facultades mayoritariamente financiadas por otras entidades adjudicadoras». Esta modificación había de permitir relativizar la aplicabilidad a las universidades de las mencionadas Directivas y, simultáneamente, tener en cuenta la más reciente evolución, ya que la adopción de la Further and Higher Education Act (Ley sobre la enseñanza superior) de 1992 había hecho obsoleta la denominación de «polytechnics» (escuelas politécnicas).10 No obstante, esta propuesta todavía no ha sido adoptada por la Comisión con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 35 de la Directiva 93/37.11 Al no estar de acuerdo con la modificación del Anexo I de la Directiva 93/37 propuesta por el Treasury, el 7 de noviembre de 1996, la Universidad inició un procedimiento contencioso-administrativo solicitando autorización para impugnar ante la High Court of Justice la posición adoptada por el Treasury.12 El 21 de marzo de 1997, se sometió el asunto a la Queen's Bench Division de la High Court of Justice, la cual concedió a la Universidad autorización para interponer recurso contencioso-administrativo, por entender que dicho recurso planteaba una cuestión de fondo referente a la interpretación de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 y, más concretamente, a la interpretación correcta de la expresión «mayoritariamente financiada» por una o varias entidades adjudicadoras.13 Mediante resolución de 21 de julio de 1998, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:«1) Cuando el artículo 1 de las Directivas 92/50/CEE, 93/37/CEE y 93/36/CEE del Consejo (en lo sucesivo, "Directivas") se refiere a cualquier organismo "cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público", ¿qué fondos deben considerarse incluidos en la expresión "financiada por [una o varias entidades adjudicadoras]"? En particular, en relación con los pagos efectuados a una persona jurídica como la Universidad de Cambridge, ¿comprende esta expresión:a) las becas o subvenciones concedidas por una o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor investigadora;b) la contraprestación satisfecha por una o varias entidades adjudicadoras por la prestación de servicios que comprenden trabajos de investigación;c) la contraprestación satisfecha por una o varias entidades adjudicadoras por la prestación de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de conferencias;d) las becas para estudiantes que las autoridades locales competentes en materia de educación ("local education authorities") abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de determinados estudiantes?2) ¿A qué porcentaje corresponde o qué otro significado ha de atribuirse al término "mayoritariamente", empleado en el artículo 1 de las Directivas?3) Si el término "mayoritariamente" corresponde a un valor expresado en porcentaje, ¿debe el cálculo de este último limitarse a tener en cuenta las fuentes de financiación de las actividades académicas o conexas o debe incluir también los fondos obtenidos con actividades mercantiles?4) ¿Cuál debe ser el período de referencia del cálculo efectuado para determinar si una universidad es una "entidad adjudicadora" con respecto a un contrato determinado, y cómo deben tenerse en cuenta los cambios previsibles o futuros?»Sobre la primera cuestión14 Según se desprende de la resolución de remisión, en el Reino Unido los medios financieros a disposición de las universidades proceden de diferentes fuentes y se entregan para conseguir diversos objetivos y por diferentes motivos. Se asignan a las universidades ciertas cantidades en función de evaluaciones periódicas sobre la calidad de las investigaciones que llevan a cabo y/o en función del número de estudiantes que acogen; otros fondos proceden de donaciones y de fundaciones constituidas al efecto, o de la prestación de servicios de alojamiento y restauración; por último, otra fuente de financiación es la retribución de los servicios que las Universidades prestan a obras de beneficencia, Ministerios o empresas industriales o mercantiles por encargo de éstos.15 Procede, pues, analizar la verdadera naturaleza de cada una de las formas de financiación contempladas en la primera cuestión, a fin de determinar qué importancia revisten para la Universidad y, por consiguiente, qué influencia ejercen en la posible calificación de dicho organismo como «entidad adjudicadora».16 Con carácter liminar, es importante recordar que, en lo que atañe al objetivo de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, el Tribunal de Justicia ha declarado que la coordinación comunitaria de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos tiene por objeto suprimir las trabas a la libre circulación de servicios y de mercancías y, por tanto, proteger los intereses de los operadores económicos establecidos en un Estado miembro que deseen ofrecer bienes o servicios a las entidades adjudicadoras establecidas en otro Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 1998, BFI Holding, C-360/96, Rec. p. I-6821, apartado 41).17 De lo anterior se deduce que el objetivo de las Directivas consiste en excluir tanto el riesgo de que se dé preferencia a los licitadores o candidatos nacionales en cualquier adjudicación de contratos efectuada por las entidades adjudicadoras como la posibilidad de que un organismo financiado o controlado por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público se guíe por consideraciones que no tengan carácter económico (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de enero de 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, C-44/96, Rec. p. I-73, apartado 33, y BFI Holding, antes citada, apartados 42 y 43).18 Ha de recordarse que, a tenor del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, se entenderá por «organismo de Derecho público» cualquier organismo creado para satisfacer específicamente necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil (primer guión), dotado de personalidad jurídica (segundo guión) y cuya actividad esté mayoritariamente financiada por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público, o bien, cuya gestión se halle sometida a un control por parte de estos últimos, o bien, cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales más de la mitad sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público (tercer guión).19 En el litigio principal no existe controversia sobre el hecho de que la Universidad reúne los requisitos previstos en los dos primeros guiones del artículo 1, letra b), párrafo segundo, de dichas Directivas. Por consiguiente, en el caso de autos, la inclusión de la Universidad en la lista contemplada en el Anexo I de la Directiva 93/37 depende únicamente de la respuesta que deba darse a la cuestión de si esa Universidad está «mayoritariamente financiada» por una o varias entidades adjudicadoras, en el sentido del tercer guión de dicha disposición.20 En cuanto a los requisitos alternativos que figuran en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, se desprende del apartado 20 de la sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada, que todos ellos reflejan la estrecha dependencia de un organismo respecto del Estado, las entidades territoriales u otros organismos de Derecho público. Por consiguiente, la referida disposición define las tres formas en las que puede presentarse un organismo de Derecho público como tres variantes de una «estrecha dependencia» respecto de otra entidad adjudicadora.21 Aunque el modo de financiarse de un organismo determinado puede resultar revelador de su estrecha dependencia respecto de otra entidad adjudicadora, es preciso hacer constar que este criterio no tiene carácter absoluto. No toda suma abonada por una entidad adjudicadora tiene por efecto crear o reforzar una relación específica de subordinación o de dependencia. Únicamente cabrá calificar de «financiación pública» aquellas prestaciones que financien o apoyen las actividades de la entidad de que se trate mediante una ayuda económica abonada sin contraprestación específica.22 De lo anterior se deduce que prestaciones como las contempladas en la letra a) de la primera cuestión prejudicial, que consisten en becas o subvenciones concedidas para fomentar la labor investigadora, deben considerarse financiación por una entidad adjudicadora. En efecto, aun cuando el beneficiario de tal financiación no fuera la propia Universidad sino una persona que forme parte de ella como prestador de servicios, se trataría de una financiación que beneficia al conjunto de la institución en el ámbito de sus actividades de investigación.23 Desde el mismo punto de vista, las becas a que se refiere la letra d) de la primera cuestión prejudicial pueden calificarse de «financiación pública». En efecto, el pago de tales cantidades constituye una medida social en beneficio de determinados estudiantes que no pueden asumir por sí solos los gastos académicos, a veces muy elevados. Al no existir ninguna contrapartida contractual vinculada a esos pagos, procede considerar que su financiación es obra de una entidad adjudicadora en el ámbito de sus actividades en materia de educación.24 Muy distinta es, en cambio, la situación de las fuentes de financiación contempladas en las letras b) y c) de la primera cuestión de la resolución de remisión. Las cantidades abonadas por una o varias entidades adjudicadoras constituyen en este caso la contrapartida de prestaciones contractuales de la Universidad, tales como la realización de investigaciones determinadas o la organización de seminarios y conferencias. Carece de importancia, a este respecto, que esas actividades de carácter mercantil se confundan, en su caso, con las actividades docentes e investigadoras de la Universidad. En efecto, la entidad adjudicadora tiene un interés económico en que se realice la prestación.25 Es verdad que una relación contractual de ese tipo puede también tener como consecuencia una dependencia del organismo de que se trate respecto de la entidad adjudicadora; no obstante, como ha indicado el Abogado General en el punto 46 de sus conclusiones, la naturaleza de esa dependencia es distinta de la que resulta de una mera medida de apoyo. En efecto, tal dependencia debe equipararse más bien a la que existe en las relaciones comerciales normales, que se desarrollan en el marco de contratos de carácter sinalagmático negociados libremente por las partes. Así pues, las prestaciones contempladas en las letras b) y c) de la primera cuestión de la resolución de remisión no están incluidas en el concepto de «financiación pública».26 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la primera cuestión que la expresión «financiada por [una o varias entidades adjudicadoras]», que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, debe interpretarse en el sentido de que en ella se incluyen las becas o subvenciones concedidas por una o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor investigadora, así como las becas para estudiantes que las autoridades locales competentes en materia de educación abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de determinados estudiantes. En cambio, no constituyen financiación pública, a efectos de dichas Directivas, las sumas abonadas por una o varias entidades adjudicadoras, bien en el marco de un contrato de prestación de servicios que comprenda trabajos de investigación, bien como contrapartida por la prestación de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de conferencias.Sobre la segunda cuestión27 Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide el significado de la expresión «mayoritariamente financiada», que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37.28 A este respecto, es preciso examinar si el término «mayoritariamente» corresponde a un porcentaje determinado, o si procede darle otro significado.29 A diferencia tanto de los Gobiernos que han presentado observaciones con arreglo al artículo 20 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia como de la Comisión, favorables todos ellos a la interpretación cuantitativa del término «mayoritariamente», según la cual debe tratarse de una financiación pública superior al 50 %, la Universidad mantiene que este término debe interpretarse de manera cualitativa. La Universidad considera que sólo pueden tenerse en cuenta aquellas prestaciones que confieren a quien las abona el control sobre la adjudicación de los contratos. No obstante, si lo procedente fuera una interpretación cuantitativa, se requeriría en todo caso una preponderancia de los medios financieros públicos, lo que sucede únicamente, según la Universidad, cuando tales medios representan las tres cuartas partes de la financiación total.30 No cabe admitir tal interpretación. Además de no tener apoyo alguno en el texto mismo de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, pasa por alto el significado usual del término «mayoritariamente», que, en lenguaje corriente, quiere decir siempre «más de la mitad», sin que resulte necesario el predominio o la preponderancia de un grupo sobre otro.31 Por otro lado, esta interpretación queda confirmada por el tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones (DO L 199, p. 84), el cual define a la «empresa pública» como una empresa en la que los poderes públicos tienen, directa o indirectamente, la mayoría del capital suscrito de la empresa o disponen de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por ella. Como ha indicado el Abogado General en el punto 58 de sus conclusiones, si basándose en tales requisitos cuantitativos una empresa puede ser calificada de «empresa pública», el mismo criterio debe aplicarse, a fortiori, cuando se trate de determinar en qué condiciones debe calificarse de «preponderante» una financiación pública.32 Además, la interpretación según la cual debe entenderse que el término «mayoritariamente» significa «más de la mitad» resulta asimismo conforme con lo previsto en uno de los otros supuestos contemplados en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37. En efecto, a tenor de dichas disposiciones, también debe calificarse de «organismo de Derecho público» todo organismo cuyo órgano de administración, de dirección o de vigilancia esté compuesto por miembros de los cuales «más de la mitad» sean nombrados por el Estado, los entes territoriales u otros organismos de Derecho público.33 Habida cuenta de lo expuesto, procede responder a la segunda cuestión que el término «mayoritariamente», que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, debe interpretarse en el sentido de que significa «más de la mitad».Sobre la tercera cuestión34 En su tercera cuestión, que está estrechamente ligada a las dos cuestiones precedentes, el órgano jurisdiccional remitente pregunta en definitiva cuál es la composición de la base de cálculo de la financiación «mayoritaria». En particular, se trata de dilucidar si todas las formas de financiación de la Universidad deben tenerse en cuenta a efectos de determinar el carácter «mayoritario» de una financiación pública o si sólo deben tenerse en cuenta las fuentes de financiación de las actividades académicas y conexas.35 A este respecto, basta con hacer constar que, cuando el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 hace referencia a una financiación «mayoritaria» procedente de fondos públicos, ello implica necesariamente que un organismo puede ser también financiado parcialmente de otra manera, sin perder por ello su condición de entidad adjudicadora.36 Procede, pues, responder a la tercera cuestión que, para valorar correctamente el porcentaje de financiación pública de un organismo determinado, es preciso tener en cuenta todos los ingresos que dicho organismo obtenga, incluidos los que resulten de una actividad mercantil.Sobre la cuarta cuestión37 En su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente, a fin de determinar si la Universidad es una «entidad adjudicadora» en relación con la adjudicación de un contrato determinado, pregunta, por un lado, qué período debe tomarse en consideración para el cálculo de su modo de financiación y, por otro lado, de qué manera deben tenerse en cuenta los cambios que puedan producirse en el transcurso del procedimiento correspondiente.38 Es preciso señalar, de entrada, que, al no existir en las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37 una disposición expresa al respecto, la respuesta que ha de darse a las dos partes de esta cuestión debe tener en cuenta los imperativos de la seguridad jurídica, tal como se recuerdan en el apartado 34 de la sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada. En efecto, aunque para determinar si una entidad puede calificarse de «entidad adjudicadora» en relación con la adjudicación de un contrato determinado es importante tener en cuenta la situación financiera exacta de dicha entidad, es preciso, no obstante, garantizar también cierto grado de previsibilidad al procedimiento correspondiente, habida cuenta de que la financiación de una entidad como la Universidad puede variar de un año para otro.39 Aunque dichas Directivas guardan silencio sobre la cuestión de determinar qué período debe tomarse en consideración para calificar a un organismo de «entidad adjudicadora», sí contienen algunas disposiciones relativas a la publicación de anuncios indicativos periódicos, que pueden aportar datos útiles para responder a esta cuestión. De este modo, el artículo 15, apartado 1, de la Directiva 92/50 y el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 93/36 prevén expresamente que las entidades adjudicadoras deberán publicar los anuncios indicativos «lo antes posible después del inicio del ejercicio presupuestario», cuando el volumen total de contratos «que tengan previsto adjudicar durante los doce meses siguientes» sea igual o superior a 750.000 ECU. Así pues, las citadas disposiciones implican que una entidad adjudicadora conserva este carácter durante doce meses a contar desde el inicio de cada ejercicio presupuestario.40 Por consiguiente, la calificación de «entidad adjudicadora» de un organismo como la Universidad debe efectuarse sobre una base anual y el período que debe considerarse más adecuado para calcular el modo de financiación de dicho organismo es el ejercicio presupuestario en que se inicia el procedimiento de adjudicación de un contrato determinado.41 En tales circunstancias, los imperativos de la seguridad jurídica y de la transparencia exigen que tanto la Universidad de que se trate como los terceros interesados sepan, desde el inicio del ejercicio presupuestario, si los contratos previstos para dicho ejercicio están incluidos en el ámbito de aplicación de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37. De ello se deduce que, a efectos de calificar de «entidad adjudicadora» a una Universidad, el cálculo de su modo de financiación debe efectuarse tomando como base las cifras disponibles al inicio del ejercicio presupuestario, aunque tengan el carácter de previsiones.42 Por lo que se refiere a la segunda parte de la cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pide en lo sustancial que se dilucide si han de tenerse en cuenta, y en su caso de qué manera, las modificaciones de las condiciones de financiación existentes en la fecha de comienzo del procedimiento de adjudicación del contrato que puedan producirse a lo largo del mencionado procedimiento.43 Según ha declarado este Tribunal de Justicia en el apartado 34 de la sentencia Mannesmann Anlagenbau Austria y otros, antes citada, el principio de seguridad jurídica exige que una norma comunitaria sea clara y su aplicación previsible para todos aquellos que resulten afectados. Tanto de esta exigencia como de los imperativos relacionados con la protección de los intereses de los licitadores resulta que un organismo que en la fecha en que se inicia un procedimiento de adjudicación de un contrato constituye una «entidad adjudicadora», en el sentido de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, seguirá estando sometido a las exigencias de dichas Directivas, en lo que atañe a tal contrato, hasta la terminación del procedimiento de que se trate.44 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, procede responder a la cuarta cuestión que la calificación de «entidad adjudicadora» de un organismo como la Universidad debe efectuarse sobre una base anual y que el período que debe considerarse más adecuado para calcular el modo de financiación de dicho organismo es el ejercicio presupuestario en el que se inicia el procedimiento de adjudicación de un contrato determinado, debiendo entenderse que dicho cálculo ha de efectuarse tomando como base las cifras disponibles al inicio del ejercicio presupuestario, aunque tengan el carácter de previsiones. Un organismo que en la fecha en que se inicia un procedimiento de adjudicación de un contrato constituye una «entidad adjudicadora», en el sentido de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, seguirá estando sometido a las exigencias de dichas Directivas, en lo que atañe a tal contrato, hasta la terminación del procedimiento de que se trate. 

Decisión sobre las costas

Costas45 Los gastos efectuados por los Gobiernos del Reino Unido, francés, neerlandés y austriaco, así como por la Comisión, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. 

Parte dispositiva

En virtud de todo lo expuesto,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Divisional Court), mediante resolución de 21 de julio de 1998, declara:1) La expresión «financiada por [una o varias entidades adjudicadoras]», que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de las Directivas 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios, 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, y 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, debe interpretarse en el sentido de que en ella se incluyen las becas o subvenciones concedidas por una o varias entidades adjudicadoras para fomentar la labor investigadora, así como las becas para estudiantes que las autoridades locales competentes en materia de educación abonan a las universidades para cubrir los gastos académicos de determinados estudiantes. En cambio, no constituyen financiación pública, a efectos de dichas Directivas, las sumas abonadas por una o varias entidades adjudicadoras, bien en el marco de un contrato de prestación de servicios que comprenda trabajos de investigación, bien como contrapartida por la prestación de otros servicios, tales como asesoramiento u organización de conferencias.2) El término «mayoritariamente», que figura en el artículo 1, letra b), párrafo segundo, tercer guión, de cada una de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, debe interpretarse en el sentido de que significa «más de la mitad».3) Para valorar correctamente el porcentaje de financiación pública de un organismo determinado, es preciso tener en cuenta todos los ingresos que dicho organismo obtenga, incluidos los que resulten de una actividad mercantil.4) La calificación de «entidad adjudicadora» de un organismo como la Universidad de Cambridge debe efectuarse sobre una base anual y el período que debe considerarse más adecuado para calcular el modo de financiación de dicho organismo es el ejercicio presupuestario en el que se inicia el procedimiento de adjudicación de un contrato determinado, debiendo entenderse que dicho cálculo ha de efectuarse tomando como base las cifras disponibles al inicio del ejercicio presupuestario, aunque tengan el carácter de previsiones. Un organismo que en la fecha en que se inicia un procedimiento de adjudicación de un contrato constituye una «entidad adjudicadora», en el sentido de las Directivas 92/50, 93/36 y 93/37, seguirá estando sometido a las exigencias de dichas Directivas, en lo que atañe a tal contrato, hasta la terminación del procedimiento de que se trate.