CELEX: 62007TO0326
Language: es
Date: 2007-12-04 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 4 de diciembre de 2007. # Cheminova A/S y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Procedimiento sobre medidas provisionales - Directiva 91/414/CEE - Demanda de suspensión de la ejecución - Admisibilidad - Falta de urgencia. # Asunto T-326/07 R.

Asunto T‑326/07 R
      Cheminova A/S y otros
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Procedimiento sobre medidas provisionales — Directiva 91/414/CEE — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Falta de urgencia»
      Sumario del auto
      1.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Admisibilidad prima facie del recurso principal 
      (Arts. 230 CE, 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 1; Directiva
            91/414/CEE del Consejo; Decisión 2007/389/CE de la Comisión)
      2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Demanda — Requisitos de forma 
      (Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, aps. 2 y 3)
      3.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Urgencia — Perjuicio
            grave e irreparable 
      (Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      1.      En el marco de una demanda de medidas provisionales, el examen de la admisibilidad del recurso principal es necesariamente
         sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento de medidas provisionales. La admisibilidad del recurso principal
         sólo puede apreciarse a primera vista, ya que la finalidad es examinar si el demandante aduce elementos suficientes que justifiquen
         a priori la conclusión de que no puede excluirse la admisibilidad del recurso principal. El juez de medidas provisionales sólo declarará
         la inadmisibilidad de la demanda cuando pueda excluirse totalmente la admisibilidad del recurso principal. En efecto, pronunciarse
         sobre la admisibilidad en la fase del procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no esté, prima facie, totalmente
         excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal.
      
      Por lo que se refiere a una demanda de medidas provisionales inserta en un recurso de anulación dirigido contra la Decisión
         2007/389/CE, relativa a la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva 91/414 y a la retirada de las autorizaciones
         de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia, no puede excluirse, a primera vista, que un demandante, en su
         calidad de autor de la notificación del malatión, que ha participado efectivamente en el procedimiento de evaluación de una
         sustancia activa prevista en la Directiva y que ha disfrutado de las garantías procedimentales previstas por la normativa
         pertinente, esté directa e individualmente afectado por dicha Decisión en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto,
         y que el recurso principal interpuesto por él sea admisible.
      
      Los demás demandantes no pueden considerarse, a primera vista, individualmente afectados por la Decisión 2007/389, cuyos únicos
         destinatarios son los Estados miembros, porque, lejos de estar individualizados por cualidades que les sean propias, están
         afectados de la misma manera que el resto de vendedores y usuarios de malatión que se encuentran en la misma situación, dado
         que esta Decisión no incluye ningún elemento concreto que permita concluir que ha sido adoptada teniendo en cuenta su situación
         particular. Parece pues que estos demandantes sólo podrían alegar que están afectados por la citada Decisión debido a su condición
         objetiva de operadores económicos contemplados en dicha Decisión. Ahora bien, un efecto de este tipo no es suficiente para
         estar individualmente afectado en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Además, existen numerosas empresas distintas
         de los demandantes que también venden y utilizan el malatión y que disponen pues de derechos de comercialización al igual
         que los demandantes. De aquí se deriva que los demandantes distintos del autor de la notificación no pueden alegar su propia
         situación individual para establecer la urgencia en el marco de un procedimiento de medidas provisionales, de modo que no
         están legitimados para presentar tal demanda de medidas provisionales.
      
      (véanse los apartados 44, 45, 47, 58, 59 y 64)
      2.      En virtud del artículo 104, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la demanda
         relativa a las medidas provisionales debe especificar, en particular, los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que
         justifican a primera vista la concesión de la medida solicitada y presentarse en escrito separado y con los requisitos previstos
         en los artículos 43 y 44 del mismo Reglamento. A este respecto, una demanda de medidas provisionales debe, por sí misma, permitir
         a la parte demandada preparar sus observaciones y al juez de medidas provisionales pronunciarse sobre la demanda, en su caso,
         sin otras informaciones en apoyo de ésta, debiendo desprenderse los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que
         ésta se funda del texto mismo de la demanda de medidas provisionales de una manera coherente y comprensible.
      
      (véanse los apartados 65 y 66)
      3.      El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que exista de resolver
         provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. No
         es necesario que la inminencia del perjuicio sea probada con absoluta certeza, sino que, especialmente cuando la realización
         del perjuicio depende de la concurrencia de un conjunto de factores, basta que pueda preverse con un grado de probabilidad
         suficiente. No obstante, la parte que la alega sigue estando obligada a probar los hechos que supuestamente sirven de base
         a la creencia de que se producirá un perjuicio grave e irreparable.
      
      Un perjuicio de orden financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales, considerarse irreparable y ni siquiera difícilmente
         reparable, ya que normalmente puede ser objeto de una compensación económica posterior. Sólo se justificaría una medida provisional
         si se revelara que, en defecto de esta medida, la parte demandante se hallaría en una situación que podría poner en peligro
         su misma existencia antes de que se pronuncie la sentencia que ponga fin al procedimiento principal. Puesto que la inminencia
         de la desaparición del mercado constituye efectivamente un perjuicio tanto irremediable como grave, la adopción de la medida
         provisional solicitada parece en tal caso justificada. 
      
      Aunque se haya tenido igualmente en cuenta el hecho de que, a falta de la medida provisional solicitada, las cuotas de mercado
         del demandante se modificarían de manera irremediable, debe precisarse que este caso sólo puede ser puesto en pie de igualdad
         con el del riesgo de la desaparición del mercado y justificar la adopción de la medida provisional solicitada si la modificación
         irremediable de las cuotas de mercado también presenta un carácter grave. No es suficiente pues que exista un riesgo de pérdida
         irremediable de una cuota de mercado, por mínima que sea, sino que lo principal es que esa cuota de mercado sea lo suficientemente
         importante. Un demandante que alegue la pérdida de tal cuota de mercado debe demostrar, además, que la recuperación de una
         parte apreciable de ésta, especialmente por medio de medidas apropiadas de publicidad, es imposible por causa de obstáculos
         de naturaleza estructural o jurídica. En este contexto, debe valorarse la gravedad del perjuicio alegado a la vista, en especial,
         del tamaño y del volumen de negocios de la empresa, así como de las características del grupo al cual pertenece.
      
      (véanse los apartados 97, 100, 102 y 115)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      de 4 de diciembre de 2007 (*)
      
      «Procedimiento sobre medidas provisionales – Directiva 91/414/CEE – Demanda de suspensión de la ejecución – Admisibilidad – Falta de urgencia»
      En el asunto T‑326/07 R,
      Cheminova A/S, con domicilio social en Harboøre (Dinamarca),
      
      Cheminova Agro Italia Srl, con domicilio social en Roma,
      
      Cheminova Bulgaria EOOD, con domicilio social en Sofia,
      
      Agrodan, SA, con domicilio social en Madrid,
      
      Lodi SAS, con domicilio social en Grand-Fougeray (Francia),
      
      representadas por los Sres. C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados,
      partes demandantes,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. B. Doherty y L. Parpala, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto una demanda de suspensión de la ejecución de la Decisión 2007/389/CE de la Comisión, de 6 de junio de
         2007, relativa a la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo y a la retirada de las
         autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia (DO L 146, p. 19),
      
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
      dicta el siguiente
      Auto
       Marco jurídico
      1        La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (DO
         L 230, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»), establece, en especial, el régimen comunitario aplicable a la autorización y a
         la retirada de la autorización de comercialización de productos fitosanitarios.
      
      2        El considerando noveno de la Directiva enuncia que las normas que regulen la autorización de comercialización de productos
         fitosanitarios deben garantizar un nivel elevado de protección, que evite en particular la autorización de comercialización
         de los productos fitosanitarios cuyos riesgos para la salud, las aguas subterráneas y el medio ambiente no hayan sido objeto
         de investigaciones apropiadas. Este considerando indica igualmente que el objetivo de mejorar la producción vegetal no debe
         perjudicar la protección de la salud humana y animal ni del medio ambiente.
      
      3        El artículo 2 de la Directiva define los productos fitosanitarios, concretamente, como las sustancias activas destinadas a
         destruir los vegetales inconvenientes. Este artículo define las sustancias activas como sustancias o microorganismos que ejercen
         una acción general o específica contra organismos nocivos o en vegetales, partes de vegetales o productos vegetales.
      
      4        El artículo 4, apartado 1, de la Directiva establece que los Estados miembros velarán por que sólo se autoricen los productos
         fitosanitarios si sus sustancias activas están incluidas en el anexo I de la Directiva.
      
      5        Las sustancias activas que no estén incluidas en el anexo I de la Directiva pueden beneficiarse, en ciertas condiciones, de
         un régimen de excepciones transitorio. Según el artículo 8, apartado 2, de la Directiva, un Estado miembro podía autorizar,
         durante un período de doce años después de la fecha de notificación de la presente Directiva, la comercialización en su territorio
         de productos fitosanitarios que contengan sustancias activas no incluidas en el anexo I, ya comercializadas dos años después
         de la fecha de notificación de la presente Directiva, es decir, el 25 de julio de 1993. La Comisión debía iniciar un programa
         de trabajo para el examen progresivo de estas sustancias activas. A continuación, podía decidirse si se incluía o no dicha
         sustancia en el anexo I de la Directiva. Los Estados miembros debían garantizar que las autorizaciones correspondientes, según
         procediera, fueran concedidas, retiradas o modificadas.
      
      6        Con arreglo a estas disposiciones, la Comisión emprendió un programa de trabajo para el examen progresivo de las sustancias
         activas en el marco del cual las partes interesadas que desearan obtener la inclusión de una sustancia de este tipo en el
         anexo I debían proporcionar a la Comisión y a los Estados miembros todos los datos necesarios en un plazo determinado.
      
      7        El Reglamento (CEE) nº 3600/92 de la Comisión, de 11 de diciembre de 1992, por el que se establecen disposiciones de aplicación
         de la primera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva (DO L 366, p. 10) organizó
         el procedimiento de evaluación para una primera serie de sustancias con vistas a su eventual inclusión en el anexo I de la
         Directiva.
      
      8        A continuación, mediante su Reglamento (CE) nº 451/2000, de 28 de febrero de 2000, por el que se establecen disposiciones
         de aplicación de la segunda y tercera fase del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva
         (DO L 55, p. 25), la Comisión previó la evaluación de una segunda y una tercera serie de sustancias activas con vistas a su
         eventual inclusión en el anexo I de la Directiva.
      
      9        Entre las sustancias activas que forman parte de la segunda serie figura el malatión –objeto del presente procedimiento–,
         un producto antiparasitario utilizado, principalmente en la agricultura, para luchar contra diversos insectos en una vasta
         gama de plantas agrícolas y hortícolas, así como para luchar contra los mosquitos, las moscas y los insectos domésticos.
      
      10      El procedimiento establecido por el Reglamento nº 451/2000 comenzaba por una notificación de interés, prevista en su artículo
         4, apartado 1, que debía presentarse antes del 31 de agosto de 2000 al Estado miembro ponente designado en el anexo I del
         Reglamento, a saber, la República de Finlandia para el malatión, por el productor que deseara obtener la inclusión en el anexo I
         de la Directiva.
      
      11      En virtud del artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 451/2000, correspondía al autor de una notificación transmitir al
         Estado miembro ponente un expediente resumido y un expediente completo, como se definen en el artículo 6, apartados 2 y 3,
         de ese mismo Reglamento.
      
      12      El plazo para la presentación de estos expedientes y de la información pertinente que pueda contribuir a la evaluación de
         las sustancias activas se fijó para el 30 de abril de 2002, en virtud del artículo 5, apartado 4, letras c) y d), del Reglamento
         nº 451/2000, en relación con el artículo 2 del Reglamento (CE) nº 703/2001 de la Comisión, de 6 de abril de 2001, por el que
         se determinan las sustancias activas de productos fitosanitarios que deben evaluarse en la segunda fase del programa de trabajo
         contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva y por el que se revisa la lista de Estados miembros designados
         ponentes de estas sustancias (DO L 98, p. 6).
      
      13      Según el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 451/2000, el Estado miembro ponente debía presentar a la Comisión, a más
         tardar seis meses después de haber recibido todos los expedientes correspondientes a una sustancia activa, un informe sobre
         la conformidad documental de los expedientes transmitidos. Respecto de las sustancias activas incluidas en un expediente considerado
         documentalmente conforme, el Estado miembro ponente llevaba a cabo la evaluación del expediente.
      
      14      De acuerdo con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 451/2000, en su redacción inicial, el Estado miembro ponente debía
         presentar a la Comisión, lo antes posible, en el plazo máximo de doce meses a partir de la fecha en que el expediente hubiera
         sido considerado documentalmente conforme, un informe de evaluación del expediente que contuviera la recomendación de incluir
         la sustancia activa en el anexo I de la Directiva o de no incluirla.
      
      15      Las disposiciones del artículo 8 del Reglamento nº 451/2000 fueron modificadas por el artículo 20 del Reglamento (CE) nº 1490/2002
         de la Comisión, de 14 de agosto de 2002, por el que se establecen disposiciones adicionales de aplicación de la tercera fase
         del programa de trabajo contemplado en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva, y por el que se modifica el Reglamento
         nº 451/2000 (DO L 224, p. 23), y se introdujo una etapa suplementaria del procedimiento.
      
      16      Así, el Estado miembro ponente –recomendando a la Comisión incluir la sustancia activa en el anexo I de la Directiva o no
         incluirla– debía enviar un proyecto de informe de evaluación del expediente a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
         (AESA) lo antes posible, y como máximo en el plazo de 12 meses una vez determinado que el expediente era conforme documentalmente
         (artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 451/2000). En esta fase del procedimiento, si bien no se admitía, en principio,
         la presentación de nuevos estudios, el Estado miembro ponente podía solicitar a los autores de la notificación datos adicionales
         que resultaran necesarios para clarificar el expediente (artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 451/2000).
      
      17      La AESA debía entregar el proyecto de informe de evaluación del Estado miembro ponente a los demás Estados miembros y podía
         organizar una consulta de expertos (examen colegial). En esta fase del procedimiento no se admitía la presentación de nuevos
         estudios; sin embargo, el Estado miembro ponente podía, de acuerdo con la AESA, solicitar a los notificadores que presentaran,
         en los plazos especificados, los datos adicionales que el Estado miembro ponente o la AESA consideraran necesarios para clarificar
         el expediente (artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 451/2000).
      
      18      En el plazo máximo de un año tras la recepción del proyecto de informe de evaluación del Estado miembro ponente, la AESA debería
         evaluar dicho proyecto y comunicar a la Comisión su dictamen sobre la conformidad de la sustancia activa con los requisitos
         de seguridad de la Directiva. Cuando fuera pertinente, la AESA podía emitir un dictamen sobre las opciones consideradas conformes
         con los requisitos de seguridad (artículo 8, apartado 7, del Reglamento nº 451/2000).
      
      19      En el plazo máximo de seis meses desde la recepción del dictamen de la AESA, la Comisión estaba obligada, según el caso, a
         proponer una decisión por la que se denegara la inclusión de la sustancia activa en el anexo I de la Directiva y que contemplara
         la retirada por los Estados miembros de las autorizaciones de comercialización de los productos fitosanitarios que contuvieran
         esta sustancia, o una directiva para incluir la sustancia activa en el anexo I de la Directiva (artículo 8, apartado 8, del
         Reglamento nº 451/2000).
      
      20      El acta final debía adoptarse conforme al procedimiento denominado de «comitología» previsto por las disposiciones de la Decisión
         1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias
         de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23), en relación con el artículo 19 de la Directiva y el artículo 2, letra b),
         del Reglamento nº 1490/2002, es decir, previo dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.
      
       Hechos que originaron el litigio
      21      La demandante, Cheminova A/S, es una sociedad danesa fundada en 1938 cuya actividad consiste principalmente en fabricar y
         comercializar productos fitosanitarios. Comercializa sus productos de dos maneras: o bien los vende en el mercado comunitario
         directamente a clientes utilizando sus propias autorizaciones nacionales, o bien los vende por medio de filiales, tales como
         Cheminova Agro Italia Srl, Cheminova Bulgaria EOOD y Agrodan, SA, demandantes en la presente causa, o de clientes. En este
         segundo caso, filiales y clientes pueden igualmente ostentar autorizaciones nacionales. Las demandantes venden, además, sus
         productos a clientes situados en mercados no comunitarios, en particular en Norteamérica y en África. Cheminova A/S, Cheminova
         Agro Italia Srl, Cheminova Bulgaria y Agrodan (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente «cuatro demandantes Cheminova») pertenecen
         a un grupo cuya sociedad matriz es Auriga Industries A/S, que no ejerce actividad comercial propia.
      
      22      La demandante Lodi SAS es una sociedad francesa especializada en la fabricación y venta de insecticidas. Es titular, en Francia,
         de autorizaciones de comercialización para varios productos a base de malatión.
      
      23      El 24 de agosto de 2000, Cheminova A/S notificó a la Comisión su deseo de obtener la inclusión del malatión en el anexo I
         de la Directiva. La Comisión aceptó esta notificación e incluyó el nombre de Cheminova A/S en la lista de los «autores de
         notificación». Cheminova A/S sometió a la República de Finlandia, el Estado miembro ponente, sus expedientes resumido y completo,
         solicitando una evaluación de la utilización en cuatro tipos de cultivo: manzanas, fresas, alfalfa y plantas ornamentales
         (plantas de invernadero). El 28 de octubre de 2002, la República de Finlandia comunicó a la Comisión la conformidad documental
         del expediente presentado por Cheminova A/S.
      
      24      La República de Finlandia procedió a la evaluación del malatión y, sin haber solicitado a Cheminova A/S la remisión de datos
         científicos complementarios, sometió su proyecto de informe de evaluación a la AESA el 2 de febrero de 2004 a fin de realizar
         un examen colegial. Este proyecto de informe de evaluación –que recomendaba la inclusión del malatión en el anexo I de la
         Directiva limitando su utilización a las plantas ornamentales de invernadero– fue objeto de un examen colegial por los Estados
         miembros y la AESA. Este examen duró desde el 2 de febrero de 2004 hasta el 13 de enero de 2006, sin que la AESA o la República
         de Finlandia solicitaran a Cheminova A/S la remisión de datos científicos complementarios. Durante el período comprendido
         entre el 4 de abril y el 24 de noviembre de 2005, Cheminova A/S, por propia iniciativa, transmitió documentos científicos
         relativos al malatión a la República de Finlandia y a la AESA.
      
      25      El 13 de enero de 2006, la AESA presentó a la Comisión sus «conclusiones relativas al examen colegial de la evaluación del
         riesgo pesticida de la sustancia activa malatión». A continuación, los Estados miembros y la Comisión procedieron, en el seno
         del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, al examen de la problemática. El 17 de marzo y el 31 de
         julio de 2006, Cheminova A/S aportó a la Comisión más documentos científicos relativos al malatión. El 29 de septiembre de
         2006, la Comisión emitió su informe de examen del malatión en el que proponía no incluir el malatión en el anexo I de la Directiva.
      
      26      Por último, conforme al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal, la Comisión, el 6 de
         junio de 2007, adoptó la Decisión 2007/389/CE, relativa a la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva y a la
         retirada de las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan esta sustancia (DO L 146, p. 19; en lo sucesivo,
         «Decisión impugnada»), cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
      
      «Artículo 1
      El malatión no se incluirá como sustancia activa en el anexo I de la Directiva [...]
      Artículo 2
      Los Estados miembros garantizarán que:
      a)      las autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan malatión se retiren como muy tarde el 6 de diciembre de 2007;
      b)      a partir de la fecha de publicación de la presente Decisión, no se conceda ni se renueve ninguna autorización de productos
         fitosanitarios que contengan malatión.
      
      Artículo 3
      Las prórrogas concedidas por los Estados miembros de conformidad con las disposiciones del artículo 4, apartado 6, de la Directiva
         […] serán lo más breves posible y expirarán como muy tarde el 6 de diciembre de 2008.
      
      Artículo 4
      Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.»
      27      La no inclusión del malatión como sustancia activa en el anexo I de la Directiva está justificada en la Decisión impugnada
         por el hecho de que, durante la evaluación de esta sustancia activa, se identificaron algunos motivos de preocupación, a saber,
         la genotoxicidad no excluida del isomalatión y los efectos de ciertos metabolitos pertinentes desde un punto de vista toxicológico,
         lo que no permitió, sobre la base de las informaciones disponibles, determinar si el malatión cumplía los criterios para su
         inclusión en el anexo I de la Directiva (considerando 5).
      
      28      Así, la Decisión impugnada expone que, debido a la presencia de isomalatión en el material técnico, lo que constituye una
         impureza que contribuye significativamente al perfil de toxicidad del malatión y cuya genotoxicidad no puede excluirse, no
         pudo llegarse a una conclusión sobre el riesgo para los operarios, trabajadores y transeúntes. Indica, por otro lado, que
         con la información disponible no se ha demostrado que la exposición estimada de los consumidores resultante de la ingesta
         aguda y crónica de cultivos comestibles sea aceptable, ya que no se dispone de suficiente información sobre los efectos de
         determinados metabolitos pertinentes desde un punto de vista toxicológico (considerando 5).
      
      29      A pesar de los argumentos expuestos por Cheminova A/S (entre el 4 de abril de 2005 y el 31 de julio de 2006) con relación
         al isomalatión y a los metabolitos, la Comisión estimó que los motivos de preocupación subsistían. Consideró que las evaluaciones
         realizadas basándose en la información presentada y evaluada durante las reuniones de expertos de la AESA no habían demostrado
         que, en las condiciones de utilización propuestas, los productos fitosanitarios que contienen malatión cumplían en general
         los requisitos establecidos en la Directiva (considerando 6).
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      30      Las demandantes interpusieron el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia
         el 30 de agosto de 2007, con vistas a la anulación de la Decisión impugnada.
      
      31      Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de septiembre de 2007, las demandantes
         interpusieron la presente demanda de medidas provisionales, en la cual solicitan al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Suspenda la ejecución de la Decisión recurrida.
      –        Adopte cualquier medida provisional adecuada.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      32      En sus observaciones escritas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de septiembre de 2007,
         la Comisión solicita al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime la demanda de medidas provisionales.
      –        Condene en costas a las demandantes.
      33      Con fecha 31 de octubre de 2007, el juez de medidas provisionales formuló algunas preguntas a las partes, a las que éstas
         respondieron por escrito en el plazo señalado.
      
       Fundamentos jurídicos
      34      En virtud de los artículos 242 CE y 243 CE, de una parte, y del artículo 225 CE, apartado l, de otra, el Tribunal de Primera
         Instancia puede, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la suspensión de la ejecución de un acto que se haya
         impugnado ante él u ordenar las medidas provisionales necesarias.
      
      35      El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de
         medidas provisionales especificarán el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes
         de hecho y los fundamentos de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris) la concesión de la medida provisional solicitada. Así, el juez de medidas provisionales podrá ordenar la suspensión de la
         ejecución y las medidas provisionales si se demuestra que su concesión está justificada a primera vista de hecho y de Derecho
         (fumus boni iuris), y que son urgentes, es decir, que, para evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses del demandante, es necesario
         que se dicten y surtan efectos antes de que se resuelva el asunto principal. Estos requisitos son acumulativos, de manera
         que las demandas de medidas provisionales deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del
         Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996, SCK y FNK/Comisión, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, apartado 30]. El juez de
         medidas provisionales procederá asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (véase el auto del Presidente
         del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2001, Austria/Consejo, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, apartado 73 y la jurisprudencia
         que se cita).
      
      36      Además, en el marco de este examen de conjunto, el juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación
         y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia
         de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario
         le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [autos
         del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C‑149/95 P(R), Rec.
         p. I‑2165, apartado 23, y de 3 de abril de 2007, Vischim/Comisión, C‑459/06 P(R), no publicado en la Recopilación, apartado 25].
      
      37      Habida cuenta de los datos que obran en autos, y especialmente de las respuestas de las partes a las cuestiones planteadas,
         el juez de medidas provisionales considera que dispone de todos los elementos necesarios para pronunciarse sobre la presente
         demanda de medidas provisionales, sin que sea necesario oír previamente las explicaciones orales de las partes.
      
       Sobre la admisibilidad
       Alegaciones de las partes
      38      La Comisión estima que la demanda de medidas provisionales es inadmisible, pues no cumple los requisitos formales del artículo
         104, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento. La demanda se limita, sustancialmente, a remitirse al texto muy voluminoso
         de la demanda del asunto principal y prácticamente no permite, por sí misma, comprender las críticas dirigidas contra la Decisión
         impugnada. Así, los antecedentes de hecho y los fundamentos de Derecho aducidos en la demanda de medidas provisionales a fin
         de establecer el fumus boni iuris se presentan en tan sólo nueve apartados, mientras que la demanda del asunto principal contiene 88 apartados consagrados a
         los motivos de anulación. Ahora bien, el juez de medidas provisionales no puede tomar en consideración fundamentos de Derecho
         que no hayan sido expuestos en la propia demanda de medidas provisionales.
      
      39      La Comisión añade que, excepto Cheminova A/S, ninguna de las demás demandantes se encuentra individualmente afectada, en el
         sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, por la Decisión impugnada, que constituye un acto de aplicación general dirigido
         únicamente a los Estados miembros. Las demás demandantes son simples vendedores o usuarios del producto en cuestión. Ahora
         bien, como se desprende de tres listas adjuntas a las observaciones de la Comisión, existen numerosos operadores distintos
         a las mencionadas demandantes que utilizan el malatión o están autorizados a venderlo. Por consiguiente, el recurso y, por
         tanto, la demanda de medidas provisionales, deberían declararse inadmisibles en relación con estas demandantes.
      
      40      En opinión de las demandantes, el recurso principal es admisible, conforme al artículo 230 CE, párrafo cuarto, pues se dirige
         contra un acto que produce efectos jurídicos obligatorios que las afectan directa e individualmente. Cheminova A/S, como autora
         de la notificación del malatión, está sin duda alguna legitimada para actuar en el marco del recurso principal. Pues bien,
         cuando se trata de establecer la admisibilidad de un solo recurso interpuesto por varios recurrentes y el recurso es admisible
         en lo que respecta a uno de ellos, no procede examinar la legitimación de los otros recurrentes [véase el auto del Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia de 19 de julio de 2007, Du Pont de Nemours (Francia) y otros/Comisión, T‑31/07 R, Rec. p. II‑0000,
         apartado 113 y la jurisprudencia mencionada].
      
      41      Por otro lado, añaden que, respecto a las demandantes distintas a Cheminova A/S, cada una de ellas está legitimada para actuar
         en el marco del recurso principal, ya que todas poseen autorizaciones nacionales de comercialización de productos fitosanitarios
         a base de malatión, que les han sido otorgadas por las autoridades competentes de los Estados miembros. Estas demandantes
         pertenecen pues a un círculo cerrado de operadores, ya que ningún otro operador podrá en adelante obtener tales autorizaciones
         de comercialización. Todas sus autorizaciones les serán retiradas a más tardar el 6 de diciembre de 2007 como consecuencia
         directa de la Decisión impugnada.
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales
      42      En virtud de lo dispuesto en el artículo 104, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, una demanda de medidas provisionales
         sólo será admisible si se formula por una de las partes de un asunto sometido al Tribunal de Primera Instancia. Esta norma
         exige que el recurso principal, al cual se une la demanda de medidas provisionales, pueda ser efectivamente examinado por
         el Tribunal de Primera Instancia.
      
      43      Según jurisprudencia consolidada, la admisibilidad del recurso principal no debe, en principio, examinarse en el marco de
         un procedimiento sobre medidas provisionales so pena de prejuzgar el asunto principal. Sin embargo, cuando se suscite la inadmisibilidad
         manifiesta del recurso principal al que se une la demanda de medidas provisionales, puede ser necesario demostrar la existencia
         de elementos que permiten, a primera vista, inferir la admisibilidad del recurso principal [auto del Presidente del Tribunal
         de Justicia de 12 de octubre de 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo, C‑300/00 P(R), Rec.
         p. I‑8797, apartado 34; autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2001, Stauner y otros/Parlamento
         y Comisión, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, apartado 42, y de 8 de agosto de 2002, VVG International y otros/Comisión, T‑155/02 R,
         Rec. p. II‑3239, apartado 18].
      
      44      Dicho examen de la admisibilidad del recurso principal es necesariamente sumario, habida cuenta del carácter urgente del procedimiento
         de medidas provisionales (auto Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo, citado en el apartado 43
         supra, apartado 35).
      
      45      En efecto, en el marco de una demanda de medidas provisionales, la admisibilidad del recurso principal sólo puede apreciarse
         a primera vista, ya que la finalidad es examinar si la demandante aduce elementos suficientes que justifiquen a priori afirmar que la admisibilidad del recurso principal no será excluida. El juez de medidas provisionales sólo declarará la inadmisibilidad
         de la demanda cuando la admisibilidad del recurso principal pueda ser totalmente excluida. En efecto, pronunciarse sobre la
         admisibilidad en el procedimiento sobre medidas provisionales cuando ésta no está, prima facie, totalmente excluida, supondría prejuzgar la decisión del Tribunal de Primera Instancia en el procedimiento principal (autos
         del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 17 de enero de 2001, Petrolessence y SG2R/Comisión, T‑342/00 R, Rec. p. II‑67,
         apartado 17; de 19 de diciembre de 2001, Government of Gibraltar/Comisión, T‑195/01 R y T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, apartado 47,
         y de 7 de julio de 2004, Região autónoma dos Açores/Consejo, T‑37/04 R, Rec. p. II‑2153, apartado 110).
      
      46      En el presente caso, la Comisión rebate que el recurso principal sea admisible. Por tanto, procede verificar si existen elementos
         que permitan concluir no obstante, a primera vista, la admisibilidad del recurso principal en este asunto.
      
      47      A este respecto, es importante constatar, en primer lugar, que, si bien rebate que las demandantes distintas a Cheminova A/S
         estén legitimadas para interponer el recurso principal, la Comisión admite expresamente esta admisibilidad en lo que respecta
         a esta última. En efecto, en su calidad de autora de la notificación del malatión, que ha participado efectivamente en el
         procedimiento de evaluación de una sustancia activa prevista en la Directiva y que ha disfrutado de las garantías procedimentales
         previstas por la normativa pertinente, no puede excluirse, a primera vista, que la Decisión impugnada afecte directa e individualmente
         a Cheminova A/S, en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, y que el recurso principal interpuesto por ella sea admisible
         [auto Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión, citado en el apartado 40 supra, apartado 112].
      
      48      En estas circunstancias, al tratarse de un solo recurso principal, no procede examinar prima facie la legitimación de las demás demandantes (véanse, en ese sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de
         1993, CIRFS y otros/Comisión, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, apartado 31, y del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de
         2003, Verband der freien Rohrwerke y otros/Comisión, T‑374/00, Rec. p. II‑2275, apartado 57; véase igualmente, en ese sentido,
         la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1995, AITEC y otros/Comisión, T‑447/93 a T‑449/93, Rec. p. II‑1971,
         apartado 82). Esta jurisprudencia, fundada en consideraciones de economía procesal, se justifica por la circunstancia de que,
         aun suponiendo que una u otra de estas demandantes no tuviera legitimación, el Tribunal de Primera Instancia tendría, no obstante,
         que examinar en cuanto al fondo todos los motivos de anulación presentados (véase, en ese sentido, la sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 9 de julio de 2007 Sun Chemical Group y otros/Comisión, T‑282/06, Rec. p. II‑0000, apartado 52).
      
      49      Debe subrayarse, sin embargo, que la jurisprudencia mencionada en el apartado 48 supra, si bien debe tomarse en consideración, en su caso, en el marco del procedimiento principal, no puede aplicarse en relación
         con la apreciación de la urgencia en el marco del procedimiento de medidas provisionales.
      
      50      En efecto, según jurisprudencia consolidada, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver
         provisionalmente, a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable.
         Esta parte está obligada a aportar la prueba de que no puede esperar el resultado del procedimiento principal sin sufrir un
         perjuicio de carácter personal que le ocasionará consecuencias graves e irreparables (autos del Presidente del Tribunal de
         Justicia de 15 de junio de 1987, Bélgica/Comisión, 142/87 R, Rec. p. 2589, apartado 23, y de 8 de mayo de 1991, Bélgica/Comisión,
         C‑356/90 R, Rec. p. I‑2423, apartados 20 y 23). 
      
      51      De ello se sigue que sólo una parte que esté legitimada para interponer el recurso principal, al que se une la demanda de
         medidas provisionales, podrá demostrar la urgencia alegando que sufriría personalmente un perjuicio grave e irreparable si
         no se adoptara la medida provisional solicitada. A falta de tal restricción, a las empresas afectadas por un acto comunitario
         les bastaría, para obtener una medida provisional, asociarse presentando un recurso colectivo de anulación, acompañado de
         una demanda de medidas provisionales, que sería interpuesto por las demandantes de las cuales solamente una estaría legitimada
         con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, mientras que las otras solamente podrían demostrar ser víctimas de un perjuicio
         grave e irreparable.
      
      52      Por tanto, en el presente contexto, debe examinarse si parece, prima facie, que es manifiesto que las demandantes distintas de Cheminova A/S no están legitimadas para interponer ante el Tribunal de
         Primera Instancia el recurso de anulación de la Decisión impugnada.
      
      53      A tenor del artículo 230 CE, párrafo cuarto, toda persona física o jurídica podrá interponer recurso contra las decisiones
         que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona, le afecten directa e individualmente.
      
      54      Por lo que se refiere a si las demandantes distintas de Cheminova A/S están, a primera vista, individualmente afectadas por
         la Decisión impugnada, cuyos únicos destinatarios son los Estados miembros (artículo 4 de la Decisión impugnada), debe constatarse,
         en primer lugar, que la Decisión impugnada constituye prima facie un acto de alcance general, dado que se aplica a situaciones determinadas objetivamente y produce efectos jurídicos respecto
         a categorías de personas contempladas de forma general y abstracta. En efecto, los artículos 1 a 3 de la Decisión impugnada
         se refieren a una sustancia activa, el malatión, y a los operadores económicos que poseen las autorizaciones de comercialización
         contempladas de forma general y abstracta. Por consiguiente, a la vista de estas disposiciones y sin perjuicio de la existencia
         de características que les sean particulares, estos operadores económicos están afectados prima facie por la Decisión impugnada de la misma manera y se encuentran en una situación idéntica.
      
      55      Sin embargo, no se excluye que, en ciertas circunstancias, las disposiciones de este acto de alcance general puedan afectar
         individualmente a algunos de ellos (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 1991, Extramet Industrie/Consejo,
         C‑358/89, Rec. p. I‑2501, apartado 13; de 18 de mayo de 1994, Codorníu/Consejo, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, apartado 19, y de
         25 de julio de 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, apartado 36).
      
      56      Según reiterada jurisprudencia, una persona física o jurídica distinta del destinatario de un acto sólo puede alegar su afectación
         individual en el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto, si resulta afectada por el acto del que se trata debido a ciertas
         cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y,
         por ello, la individualiza de manera análoga a la de un destinatario (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de
         1963, Plaumann/Comisión, 25/62, Rec. pp. 197 y ss., especialmente p. 223; Codorníu/Consejo, citada en el apartado 55 supra, apartado 20; Unión de Pequeños Agricultores/Consejo, citada en el apartado 55 supra, apartado 36, y de 1 de abril de 2004, Comisión/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, apartado 45).
      
      57      A este respecto, la posibilidad de determinar, con mayor o menor precisión, el número e incluso la identidad de los sujetos
         de Derecho a los que se aplica una medida no implica en absoluto que se deba considerar a estos sujetos individualmente afectados
         por dicha medida, siempre que conste, como en el presente asunto, que esta aplicación se efectúa en virtud de una situación
         objetiva de Derecho o de hecho definida por el acto de que se trate (auto del Tribunal de Justicia de 24 de mayo de 1993,
         Arnaud y otros/Consejo, C‑131/92, Rec. p. I‑2573, apartado 13; véanse, igualmente, el auto del Tribunal de Justicia de 18
         de diciembre de 1997, Sveriges Betodlares y Henrikson/Comisión, C‑409/96 P, Rec. p. I‑7531, apartado 37, y sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 22 de febrero de 2000, ACAV y otros/Consejo, T‑138/98, Rec. p. II‑341, apartado 64).
      
      58      En el presente caso, parece que las demandantes distintas a Cheminova A/S, lejos de estar individualizadas por cualidades
         que les sean propias, están afectadas de la misma manera que el resto de vendedores y usuarios de malatión que se encuentran
         en la misma situación. La Decisión impugnada no incluye ningún elemento concreto que permita concluir que ha sido adoptada
         teniendo en cuenta la situación particular de las demandantes distintas a Cheminova A/S. Parece pues que estas demandantes
         sólo podrían alegar que están afectadas por la Decisión impugnada debido a su condición objetiva de operadores económicos
         contemplados en dicha Decisión. Ahora bien, un efecto de este tipo no es suficiente para estar individualmente afectado en
         el sentido del artículo 230 CE, párrafo cuarto. Ninguno de los argumentos aducidos en sentido contrario por las demandantes
         permite poner en duda esta apreciación.
      
      59      Respecto a la circunstancia de que las demandantes distintas de Cheminova A/S poseen autorizaciones nacionales de comercialización
         del malatión, es suficiente señalar que la sola existencia de tales derechos de comercialización, potencialmente cuestionada
         por la Decisión impugnada, no puede individualizar al titular de dicho derecho cuando este mismo derecho se conceda, en aplicación
         de una regla general y abstracta, a operadores determinados objetivamente (véase, en ese sentido el auto del Tribunal de Primera
         Instancia de 28 de noviembre de 2005, EEB y otros/Comisión, T‑94/04, Rec. p. II‑4919, apartados 53 a 55). Pues bien, la Comisión
         ha demostrado, presentando tres listas adjuntas a sus observaciones, que existen numerosas empresas distintas a las demandantes
         que también venden y utilizan el malatión y que disponen pues de derechos de comercialización al igual que las demandantes.
         En respuesta a una cuestión planteada por el juez de medidas provisionales, las demandantes no discutieron la presencia en
         el mercado de estas empresas mencionadas por la Comisión.
      
      60      En respuesta a una cuestión planteada por el juez de medidas provisionales, las demandantes presentaron incluso cartas que
         concedían a las demandantes distintas a Cheminova A/S el acceso a datos en poder de esta última, cartas que estaban destinadas
         a facilitarles la obtención de autorizaciones nacionales de comercialización del malatión. Refiriéndose a la sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo (T‑13/99, Rec. p. II‑3305, apartado
         98), las demandantes sostienen que esas cartas confirieron derechos específicos análogos a aquel que podía alegar la empresa
         demandante en el asunto que dio lugar a la sentencia Codorníu/Consejo, citada en el apartado 55 supra (apartado 21).
      
      61      A este respecto, es suficiente señalar que las cartas de acceso en cuestión no tenían ni por fin ni por efecto conferir a
         las empresas destinatarias la posición jurídica específica de Cheminova A/S. Al limitarse a facilitar la concesión de autorizaciones
         nacionales de comercialización del malatión, su alcance no podía exceder al de las propias autorizaciones. Ahora bien, como
         se ha considerado en el anterior apartado 59, la naturaleza de éstas no puede individualizar a las demandantes distintas a
         Cheminova A/S. En cuanto a la referencia a la sentencia Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 60 supra, ésta carece de pertinencia, dado que sólo se declaró la admisibilidad del recurso en el asunto que dio lugar a esta sentencia
         al tenerse en cuenta un conjunto de elementos constitutivos de una situación procedimental especial que caracterizaba a la
         demandante, a saber, en particular, su condición de primera responsable de la comercialización del producto en cuestión (sentencia
         Pfizer Animal Health/Consejo, citada en el apartado 60 supra, apartados 97, 98 y 105). Ahora bien, éste no es el caso de la situación procedimental de las demandantes distintas a Cheminova A/S.
      
      62      Incluso suponiendo que la Decisión impugnada pudiera producir efectos diferentes según cada vendedor o usuario afectado, esta
         circunstancia no sería suficiente para demostrar que las demandantes distintas a Cheminova A/S tengan cualidades propias o
         se encuentren en una situación de hecho que las caracterice con relación a los operadores mencionados en las listas presentadas
         por la Comisión. En efecto, las demandantes no han precisado, en la demanda de medidas provisionales, en qué medida sus derechos
         de comercialización están particularmente afectados por las consecuencias negativas de la Decisión impugnada, y ello de una
         manera que las distinguiera de cualquier otro operador de la categoría en cuestión (véase, en ese sentido, el auto del Tribunal
         de Primera Instancia de 11 de septiembre de 2007, Fels-Werke y otros/Comisión, T‑28/07, no publicado en la Recopilación, apartado 63).
      
      63      Por último, la argumentación relativa a la pertenencia de las demandantes distintas a Cheminova A/S a un círculo cerrado de
         empresas condenadas a perder sus autorizaciones de comercialización a más tardar el 6 de diciembre de 2007, debe desestimarse
         por la misma razón. En efecto, según reiterada jurisprudencia, para que la existencia de tal círculo pueda ser un elemento
         capaz de individualizar a los particulares de que se trate con respecto al acto normativo de alcance general, es preciso que
         la institución de la que procede el acto impugnado tenga la obligación de tomar en consideración, al adoptar dicho acto, la
         situación específica de dichos particulares (véanse el auto Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa y otros/Consejo
         y Comisión, citado en el apartado 43 supra, apartado 46 y la jurisprudencia que en él se cita; la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 1994,
         Unifruit Hellas/Comisión, T‑489/93, Rec. p. II‑1201, apartado 25; el auto del Tribunal de Primera Instancia de 3 de junio
         de 1997, Merck y otros/Comisión, T‑60/96, Rec. p. II‑849, apartado 58, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
         27 de junio de 2001, Andres de Dios y otros/Consejo, T‑166/99, Rec. p. II‑1857, apartado 54). Pues bien, en el presente asunto,
         no pesaba tal obligación sobre la Comisión para la adopción de la Decisión impugnada.
      
      64      De lo anteriormente expuesto resulta que no puede considerarse, a primera vista, que las demandantes distintas a Cheminova
         A/S estén individualmente afectadas por la Decisión impugnada. No es pues admisible la alegación por estas demandantes de
         su propia situación individual para establecer la urgencia. Tampoco están, en consecuencia, legitimadas para interponer la
         presente demanda de medidas provisionales.
      
      65      En la medida en que la Comisión sostiene que la demanda de medidas provisionales no cumple con los requisitos formales del
         artículo 104, apartados 2 y 3, del Reglamento de Procedimiento, debe recordarse que, en virtud de esta disposición, la demanda
         relativa a las medidas provisionales debe especificar, en particular, los antecedentes de hecho y fundamentos de Derecho que
         justifican a primera vista la concesión de la medida solicitada y presentarse en escrito separado y con los requisitos previstos
         en los artículos 43 y 44 del mismo Reglamento.
      
      66      A este respecto, según jurisprudencia consolidada, una demanda de medidas provisionales debe, por sí misma, permitir a la
         parte demandada preparar sus observaciones y al juez de medidas provisionales pronunciarse sobre la demanda, en su caso, sin
         otras informaciones en apoyo de ésta, debiendo desprenderse los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que ésta
         se funda del texto mismo de la demanda de medidas provisionales de una manera coherente y comprensible (autos del Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia Stauner y otros/Parlamento y Comisión, citado en el apartado 43 supra, apartado 34; de 7 de mayo de 2002, Aden y otros/Consejo y Comisión, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, apartado 52; de 25 de junio
         de 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, RecFP pp. I‑A‑175 y II‑883, apartado 18, y de 23 de mayo de 2005, Dimos Ano Liosion y otros/Comisión,
         T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, apartado 37).
      
      67      En este asunto, debe constatarse que, aunque pueda considerarse, efectivamente, que la demanda de medidas provisionales tiene
         lagunas con respecto a los motivos alegados para justificar la existencia de un fumus boni iuris, contiene no obstante elementos que permiten al juez de medidas provisionales examinarlos. En efecto, de ella se desprende
         que las demandantes sostienen, sustancialmente, que la Decisión impugnada está desprovista de fundamento al no tener en cuenta
         los datos científicos pertinentes que Cheminova A/S presentó ante las instancias competentes en tiempo y forma. Además, plantean
         una excepción de ilegalidad del Reglamento nº 1490/2002 en cuanto que permitió la intervención retroactiva de la AESA en el
         procedimiento de evaluación del malatión, cuando el procedimiento ya había comenzado.
      
      68      En estas circunstancias, no puede considerarse que la demanda de medidas provisionales incumple los requisitos establecidos
         por el artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. De ello se deduce que esta demanda es admisible en relación
         con Cheminova A/S.
      
       Sobre la urgencia
       Alegaciones de las partes
      69      Según las demandantes, la urgencia para la estimación de la presente demanda resulta del hecho de que la Decisión impugnada
         les ocasionará un perjuicio grave e irreparable. Alegan que este perjuicio está constituido por la pérdida de sus autorizaciones
         de venta de productos a base de malatión a más tardar el 6 de diciembre de 2007, la pérdida de clientes y la pérdida irreparable
         de cuotas de mercado en beneficio de empresas de la competencia que son muy poderosas y que ya están presentes en el mercado.
         Además, la Decisión impugnada destruiría irrevocablemente la reputación de los principales productos de las cuatro demandantes
         Cheminova. Por último, la Decisión impugnada perjudicaría la reputación de las demás marcas comerciales, ya antiguas, de las
         demandantes en el mercado.
      
      70      En lo relativo a la carga de la prueba que les incumbe, las demandantes se refieren al auto del Presidente del Tribunal de
         Justicia de 21 de octubre de 2003, Industrias Químicas del Vallés/Comisión [C‑365/03 P(R), Rec. p. I‑12389, apartado 6], para
         sostener que les basta demostrar que «probablemente» sufrirían un perjuicio grave e irreparable porque «difícilmente podrían
         ofrecer» productos de sustitución a su clientela y «correrían el riesgo» de perder irremediablemente cuotas de mercado, teniendo
         en cuenta las condiciones de competencia en el mercado en cuestión. Añade que esta determinación del nivel de exigencia en
         materia de prueba ha sido confirmada por el auto Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión, citado en el apartado 40 supra.
      71      Por otra parte, las demandantes alegan que no tienen que demostrar que probablemente entrarían en insolvencia si no se acordara
         la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, sino que les basta con establecer que, en ausencia de tal medida,
         se encontrarían en una situación susceptible «de modificar de manera irremediable sus cuotas de mercado» (autos del Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia de 11 de abril de 2003, Solvay Pharmaceuticals/Consejo, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, apartado
         107, y de 5 de agosto de 2003, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, T‑158/03 R, Rec. p. II‑3041, apartado 69), o verían
         afectada su «posición en el mercado» o su reputación (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 20 de julio
         de 2000, Esedra/Comisión, T‑169/00 R, Rec. p. II‑2951, apartado 45).
      
      72      En el presente caso, las demandantes indican que Cheminova A/S fabrica tres tipos diferentes de productos fitosanitarios:
         insecticidas, herbicidas y fungicidas. En el mercado de insecticidas, comercializa diferentes sustancias activas, especialmente
         el malatión, el clorpirifos y el dimetoato.
      
      73      Añaden que los principales mercados en Europa en los que Cheminova A/S comercializa el malatión, por medio de sus filiales
         Cheminova Agro Italia y Agrodan, son Italia y España. Cheminova A/S vende igualmente productos a base de malatión a Cheminova
         Bulgaria y a sus filiales de Polonia y el Reino Unido. En los demás Estados de la Comunidad, Cheminova A/S comercializa sus
         productos directamente con sus clientes.
      
      74      En cuanto al carácter inminente e irreparable del perjuicio, los demandantes alegan que es evidente, dado que, en virtud de
         la Decisión impugnada, los Estados miembros deberán retirar las autorizaciones de comercialización de productos fitosanitarios
         de que gozan las cuatro demandantes Cheminova a más tardar el 6 de diciembre de 2007. La retirada de estas autorizaciones
         comportaría la pérdida irremediable de la totalidad de cuotas de mercado de las demandantes y de su clientela con respecto
         al malatión, estando estimada su cuota en el mercado comunitario del malatión en alrededor de [confidencial]. (1)
      
      75      Por lo que respecta a la posibilidad de sustitución del malatión, los demandantes alegan que ninguna sustancia activa es idéntica
         a otra, desde un punto de vista técnico. En ausencia de una posibilidad de sustitución perfecta, los clientes de las demandantes
         tendrían que tener en cuenta las características técnicas del producto de sustitución antes de elegirlo en lugar del malatión.
         Desde un punto de vista jurídico, las demandantes tendrían que disponer de una autorización nacional a fin de utilizar y comercializar
         una sustancia sustitutiva. Puesto que la obtención de tales autorizaciones requiere tiempo, es probable que el mercado, entre
         tanto, hubiera sido ocupado por empresas de la competencia. La introducción de una nueva sustancia activa por las demandantes
         exigiría alrededor de diez años de investigación y desarrollo y sería muy onerosa económicamente. Desde un punto de vista
         comercial, no es razonable exigir a las demandantes que distribuyan los productos de otros fabricantes. Desde un punto de
         vista estructural, el mercado pertinente se caracteriza por una competencia de gran intensidad, estando las demandantes enfrentadas
         a competidores potentes capaces de ofrecer no solamente productos de sustitución directa, sino productos para todas las necesidades
         en materia de la lucha contra las plagas, malas hierbas y enfermedades.
      
      76      En lo relativo a los productos competidores del malatión, las demandantes presentan una tabla que comprende 22 sustancias
         probables de sustitución, entre las cuales se encuentran el clorpirifos y la abamectina, que son comercializadas por sociedades
         pujantes, tales como Dow, Bayer, DuPont, Syngenta y BASF. Estas disponen, por una parte, de productos de marca bien establecidos
         que responden a las necesidades de los clientes a los cuales las demandantes no estarían ya autorizadas a vender productos
         a base de malatión y, por otra, de recursos financieros considerables destinados a la publicidad necesaria que acompaña estas
         ventas. Podrían pues ocupar el mercado perdido por las cuatro demandantes Cheminova y consolidar esta posición.
      
      77      En este contexto, las demandantes se refieren a declaraciones de clientes de Cheminova A/S según las cuales los principales
         productos hacia los que se decantarían los clientes en ausencia del malatión serían el clorpirifos, el fosmet y el dimetoato.
      
      78      Respecto a un eventual retorno al mercado del malatión, las demandantes se refieren a un estudio realizado sobre algunos de
         sus principales clientes. Las nueve respuestas recibidas de clientes establecidos en seis Estados miembros de la Comunidad
         corroboraban la probabilidad de una pérdida irremediable de cuotas de mercado y de clientes.
      
      79      Con respecto a la posibilidad para las cuatro demandantes Cheminova de compensar la pérdida de los productos a base de malatión
         reemplazándolos por otros de su propia gama, alegan que tal sustitución será solamente posible en lo relativo al clorpirifos
         etil y el dimetoato.
      
      80      Sin embargo, indican que sus productos a base de clorpirifos y de dimetoato no pueden considerarse productos de sustitución
         de los basados en el malatión. Aducen que no disponen de autorizaciones nacionales necesarias en cada uno de los Estados miembros
         en los cuales operan actualmente. En este contexto, un cuadro demuestra la ausencia de correspondencia con los productos basados
         en el dimetoato y el clorpirifos en España, su principal mercado comunitario. Así, solamente el [confidencial] % de los usos perdidos podrían ser recuperados teóricamente en España por ventas de productos de sustitución que figuran en
         la gama de productos de las demandantes. Esta cifra corresponde al [confidencial] % del volumen de negocios de la demandante Agrodan obtenido con el malatión.
      
      81      Recordando que el malatión se ha utilizado con total seguridad en el mercado comunitario durante alrededor de 40 años, las
         demandantes añaden que la Decisión impugnada afecta a su reputación general y a la confianza en el malatión. Sufrirían un
         perjuicio serio en un mercado particularmente sensible a las cuestiones de salud y de medio ambiente, lo que acarrearía serias
         consecuencias que se traducirían en dificultades no solamente en las relaciones comerciales con los clientes, sino también
         en las relaciones con las personas que han invertido como accionistas. En particular, Cheminova A/S es titular de la marca
         Fyfanon®™, registrada desde 1969, que representa lo esencial de su actividad de comercialización del malatión desde hace unos
         40 años. Cheminova A/S es titular de otras marcas pertinentes de malatión, cuya reputación y «good‑will» serían reducidas
         a la nada por la Decisión impugnada.
      
      82      Las demandantes afirman además que, si el malatión se hubiera incluido efectivamente en el anexo I de la Directiva, el artículo
         13 de la Directiva habría permitido a Cheminova A/S, como autora de la notificación, impedir a sus competidores y clientes
         el acceso a las informaciones adquiridas –a un elevado costo– a fin de obtener esta inclusión. Normalmente, el acceso de estos
         competidores y clientes a las informaciones mencionadas –necesarias para la obtención de las autorizaciones nacionales para
         el producto fitosanitario en cuestión– sólo estaría permitido como contrapartida de un pago calculado de modo que indemnice
         al notificante por los gastos que ha soportado. Ahora bien, por el hecho de la no inclusión del malatión en el anexo I de
         la Directiva, Cheminova A/S sufriría un perjuicio consistente en la denegación del beneficio de los derechos a la protección
         de los datos resultantes de tal inclusión.
      
      83      Con relación a la gravedad del perjuicio causado por la Decisión impugnada, las demandantes indican que el volumen de negocios
         de la demandante Cheminova A/S, incluido el obtenido por las demandantes Cheminova Agro Italia, Cheminova Bulgaria y Agrodan,
         representa alrededor del [confidencial] % del volumen de negocios total del conjunto del grupo en 2006. Según las demandantes, del informe de Deloitte & Touche (adjunto
         como anexo a la demanda de medidas provisionales) se desprende que el volumen de negocios obtenido con el malatión a lo largo
         del año 2006 se elevó a cerca de [confidencial] millones de euros, lo que representa un [confidencial] % del volumen total de negocios de las cuatro demandantes Cheminova. El [confidencial] % de este volumen de negocios se obtuvo en el mercado comunitario. El importe total del volumen de negocios obtenido en los
         países afectados por la Decisión impugnada es de cerca de [confidencial] millones de euros en 2006, lo que representa un [confidencial] % del total del volumen de negocios obtenido con el malatión.
      
      84      Las demandantes precisan que las ventas realizadas en el interior de la Comunidad se perderán por razón de la retirada de
         las autorizaciones nacionales. En cuanto a las ventas realizadas en países terceros, el informe de Deloitte & Touche evidencia
         un perjuicio por varios conceptos. Así, ciertos países terceros siguen la normativa comunitaria, de manera que la denegación
         de la inclusión en el anexo I de la Directiva de una sustancia activa comportaría la prohibición de esta sustancia en estos
         países, lo que está confirmado por el informe de Phillips McDougall (adjunto como anexo a la demanda de medidas provisionales).
         Por añadidura, conforme al artículo 5 del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo
         aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (DO 2003, L 63, p. 29), los
         Estados signatarios están obligados a notificar sus prohibiciones en el plazo de 90 días desde su adopción. Esta notificación
         podría desembocar en la inclusión de la sustancia en el anexo III del Convenio, con el efecto de que la sustancia en cuestión
         se sometería entonces a un procedimiento de consentimiento previo en caso de exportación fuera de la Comunidad. Pues bien,
         la Comisión preparó tal notificación.
      
      85      Además, según las demandantes, a una decisión de no inclusión como la Decisión impugnada le sigue generalmente la fijación
         de nuevos contenidos máximos de residuos (en lo sucesivo, «CMR») para la sustancia en cuestión en los productos de origen
         vegetal. La fijación de tales CMR prohibiría en la práctica las importaciones en la Comunidad de cosechas o de productos tratados
         con malatión fuera de la Comunidad. En cualquier caso, la incertidumbre que pesa sobre los CMR basta para suscitar dudas en
         el ánimo de los clientes que se encuentran fuera de la Comunidad, como atestigua un correo electrónico recibido de Fundecitrus,
         una organización de cultivadores de cítricos de Brasil. Deloitte & Touche tuvo en cuenta estos elementos en la evaluación
         del perjuicio resultante de la pérdida de ventas de malatión fuera de la Comunidad.
      
      86      Deloitte & Touche también calculó un lucro cesante por el crecimiento previsto en el marco del «proyecto colza». Dado que
         Cheminova A/S proyectaba proveer de malatión al sector de la colza a más tardar en 2009, se preveía que el «proyecto colza»
         aumentaría significativamente el volumen de negocios y los beneficios obtenidos con los productos basados en el malatión.
         Deloitte & Touche evaluó esta pérdida de ganancias en más de [confidencial] millones de euros hasta 2011.
      
      87      Teniendo en cuenta todos los elementos de hecho necesarios con vistas a la apreciación de la gravedad del perjuicio, Deloitte
         & Touche evaluó el importe del perjuicio total sufrido por las cuatro demandantes Cheminova, debido a la Decisión impugnada,
         a cerca de [confidencial] millones de euros.
      
      88      Respecto a la demandante Lodi, las demandantes afirman que aquélla sufriría también un perjuicio grave e irreparable si no
         se concediera la medida provisional solicitada.
      
      89      La Comisión estima que el perjuicio alegado por las demandantes es de naturaleza puramente pecuniaria. Tal perjuicio no puede
         considerarse, en general, irreparable porque puede ser objeto de una posterior compensación financiera.
      
      90      En relación con la gravedad del perjuicio alegado, la Comisión reconoce que la Decisión impugnada comportará para las demandantes
         una pérdida de sus ventas, de sus ingresos y de sus cuotas de mercado. Sin embargo, una cuota de mercado no es un fin en sí
         misma: la empresa sólo puede beneficiarse de ella en la medida en que le aporte beneficios. Por consiguiente, para apreciar
         la gravedad o no de la pérdida de una cuota de mercado, debe traducirse esta cuota en términos económicos, y ello teniendo
         en cuenta el tamaño financiero de la totalidad de la empresa. Ahora bien, en el presente caso, una gran parte de las ventas
         del malatión efectuadas por las cuatro demandantes Cheminova no está afectada por la Decisión impugnada, dado que solamente
         un [confidencial] % de sus ventas de malatión se realizan en el mercado comunitario.
      
      91      La Comisión alega que el perjuicio que puede ser tomado en consideración solamente se eleva al [confidencial] % del volumen de negocios del grupo Cheminova en los tres próximos años. Ahora bien, tal perjuicio no puede ser calificado
         como grave. A este respecto, la Comisión remite al auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de mayo de 1990, Cosmos-Tank
         y otros/Comisión (C‑51/90 R y C‑59/90 R, Rec. p. I‑2167).
      
      92      Según la Comisión, las demandantes tienen en cuenta erróneamente pérdidas de ventas y de ingresos posteriores al año 2010
         en el cálculo del perjuicio. En efecto, estas pérdidas son demasiado lejanas para justificar la medida provisional solicitada.
         Además, las demandantes mezclan las ventas efectuadas en el mercado comunitario y las efectuadas en mercados extracomunitarios.
         Ahora bien, la Decisión impugnada produce sus efectos solamente en el mercado comunitario y no en países terceros.
      
      93      En relación con el carácter irreparable del perjuicio alegado, la Comisión observa que las demandantes tendrían que haber
         probado que existen obstáculos de naturaleza estructural o jurídica que les impiden recuperar una parte apreciable de sus
         cuotas de mercado con ayuda, en especial, de medidas apropiadas de publicidad. Ahora bien, no han aportado ninguna prueba
         en ese sentido, limitándose a afirmar que empresas de la competencia poseen cuotas de mercado elevadas. Sin embargo, esta
         circunstancia no es, en sí, un obstáculo de naturaleza estructural que impida a las demandantes recuperar sus cuotas de mercado.
      
      94      La presente demanda de medidas provisionales es, por otra parte, contradictoria en relación con las sustancias activas susceptibles
         de reemplazar al malatión. Así, los dos informes presentados por las demandantes en apoyo de sus pretensiones llegan a resultados
         diametralmente opuestos. Además, los testimonios de clientes alegados para demostrar que un retorno del malatión al mercado
         no será apenas posible, no permiten la interpretación pesimista efectuada por las demandantes. Al contrario, tal retorno aparece
         de hecho realista.
      
      95      Por otro lado, las demandantes admitieron que las sustancias susceptibles de reemplazar al malatión no podían sustituirlo
         perfectamente. Ello demuestra que, si el malatión fuera reintroducido en el mercado, podría recuperar su cuota de mercado
         gracias a sus características intrínsecas. Por consiguiente, la Comisión estima que las demandantes no han probado que existan
         obstáculos insalvables que les impidan recuperar una parte apreciable del mercado.
      
      96      La Comisión concluye que en el presente caso no ha quedado acreditada la urgencia.
      
       Apreciación del juez de medidas provisionales
      97      Según jurisprudencia consolidada, la urgencia debe apreciarse en relación con la necesidad que exista de resolver provisionalmente
         a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. No es necesario que
         la inminencia del perjuicio sea probada con absoluta certeza, sino que, especialmente cuando la realización del perjuicio
         depende de la concurrencia de un conjunto de factores, basta que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente (véase
         auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2007, IMS/Comisión, T‑346/06 R, Rec. p. II‑0000, apartados
         121 y 123, y jurisprudencia que se cita). No obstante, la parte que la alega sigue estando obligada a probar los hechos que
         supuestamente sirven de base a la creencia de que se producirá un perjuicio grave e irreparable [auto del Presidente del Tribunal
         de Justicia de 14 de diciembre de 1999, HFB y otros/Comisión, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, apartado 67; autos del Presidente
         del Tribunal de Primera Instancia de 15 de noviembre de 2001, Duales System Deutschland/Comisión, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295,
         apartado 188, y de 25 de junio de 2002, B/Comisión, T‑34/02 R, Rec. p. II‑2803, apartado 86].
      
      98      Igualmente, según jurisprudencia consolidada, un perjuicio de orden financiero no puede, salvo circunstancias excepcionales,
         considerarse irreparable y ni siquiera difícilmente reparable, ya que normalmente puede ser objeto de una compensación económica
         posterior [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 11 de abril de 2001, Comisión/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R),
         Rec. p. I‑2865, apartado 113; auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2001, Bactria/Comisión,
         T‑339/00 R, Rec. p. II‑1721, apartado 94].
      
      99      Sólo se justificaría una medida provisional solicitada si se revelara que, en defecto de esta medida, la parte demandante
         se hallaría en una situación que podría poner en peligro su misma existencia antes de que se pronuncie la sentencia que ponga
         fin al procedimiento principal (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2002, Neue Erba
         Lautex/Comisión, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, apartado 84). Puesto que la inminencia de la desaparición del mercado constituye
         efectivamente un perjuicio tanto irremediable como grave, la adopción de la medida provisional solicitada parece en tal caso
         justificada.
      
      100    Aunque se ha tenido igualmente en cuenta el hecho de que, a falta de la medida provisional solicitada, las cuotas de mercado
         de la demandante se modificarían de manera irremediable [autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio
         de 1999, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, apartado 138; Solvay Pharmaceuticals/Consejo, citado en
         el apartado 71 supra, apartado 107, y Du Pont de Nemours (France) y otros/Comisión, citado en el apartado 40 supra, apartado 175], debe precisarse que el caso que nos ocupa sólo puede ser puesto en pie de igualdad con el del riesgo de la
         desaparición del mercado y justificar la adopción de la medida provisional solicitada si la modificación irremediable de las
         cuotas de mercado también presenta un carácter grave. No es suficiente pues que exista un riesgo de pérdida irremediable de
         una cuota de mercado, por mínima que sea, sino que lo principal es que esa cuota de mercado sea lo suficientemente importante.
         Un demandante que alegue la pérdida de tal cuota de mercado debe demostrar, además, que la recuperación de una parte apreciable
         de ésta, especialmente por medio de medidas apropiadas de publicidad, es imposible por causa de obstáculos de naturaleza estructural
         o jurídica (véase, en este sentido, el auto Comisión/Cambridge Healthcare Supplies, citado en el apartado 98 supra, apartados 110 y 111, y el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 26 de febrero de 2007, Sumitomo Chemical
         Agro Europe/Comisión, T‑416/06 R, no publicado en la Recopilación, apartados 59 y 60).
      
      101    A la luz de estas consideraciones deben examinarse los datos alegados por las demandantes para demostrar que Cheminova A/S
         sufrirá un perjuicio grave e irreparable si no se ordena la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada. En este contexto,
         es importante recordar que la argumentación relativa a las demandantes Lodi, Cheminova Agro Italia, Cheminova Bulgaria y Agrodan
         debe ser eliminada de este examen (véase el apartado 64 supra).
      
      102    Procede verificar, en primer lugar, si el perjuicio alegado puede calificarse como grave a la vista, en especial, del tamaño
         y del volumen de negocios de la empresa, así como de las características del grupo al cual pertenece [véase auto Cosmos-Tank
         y otros/Comisión, citado en el apartado 91 supra, apartado 26; auto Du Pont de Nemours (Francia) y otros/Comisión, citado en el apartado 40 supra, apartados 196 y 203, y jurisprudencia que se cita].
      
      103    A este respecto, las demandantes indican que el volumen de negocios medio a lo largo de los años 2004, 2005 y 2006 del grupo
         al que pertenece Cheminova se elevó a 5.248 millones de coronas danesas (DKK), esto es, más de 700 millones de euros. Según
         las demandantes, la gravedad del perjuicio está probada, en especial, por el hecho de que el volumen de negocios obtenido
         con el malatión a lo largo del año 2006 se elevó a cerca de [confidencial] millones de euros, «lo que representa un [confidencial] % del volumen de negocios total de las demandantes Cheminova». Precisan que un «[confidencial] % de este volumen de negocios se obtuvo en el mercado de la Unión Europea». 
      
      104    De ello resulta que, según las cifras aportadas por las demandantes, el perjuicio anual causado por la Decisión impugnada
         en el mercado comunitario se eleva a menos del 1 % del volumen de negocios de su grupo.
      
      105    Ahora bien, el valor probatorio de los datos en los que se basa la cifra de menos del 1 % se ve claramente reducido por el
         hecho de que las cifras aportadas por las demandantes deben ser relativizadas por dos razones.
      
      106    Por una parte, los porcentajes mencionados en la demanda de medidas provisionales han sido calculados con relación al volumen
         de negocios obtenido por las cuatro demandantes Cheminova, mientras que deberían haberlo sido con relación al volumen de negocios,
         más alto, del grupo al que pertenecen. Por otra parte, así como se ha estimado anteriormente (apartados 64 y 101), solamente
         los datos relativos a Cheminova A/S pueden tomarse en consideración para establecer la urgencia. Ahora bien, los datos aportados
         en la demanda de medidas provisionales se refieren a las cuatro demandantes Cheminova y no permiten identificar las cifras
         pertinentes de Cheminova A/S, mientras que estas cifras hubieran debido figurar en el texto mismo de la demanda de medidas
         provisionales (véase el apartado 66 supra).
      
      107    De ello se deduce que las cifras aportadas por las demandantes relativas al perjuicio sufrido en el mercado comunitario no
         parecen suficientemente precisas para establecer la urgencia para Cheminova A/S.
      
      108    A mayor abundamiento, evaluando aproximadamente el perjuicio anual causado únicamente a Cheminova A/S por la Decisión impugnada
         en el mercado comunitario, se llegaría a un volumen considerablemente inferior al de menos de un 1 % del volumen de negocios
         del grupo Cheminova.
      
      109    En la medida en que las demandantes invocan una disminución de las ventas en los Estados no miembros de la Comunidad como
         consecuencia de la Decisión impugnada, por el hecho de que ciertos países terceros siguen la normativa comunitaria, debe señalarse
         que tal comportamiento no ha sido alegado con relación a los mercados de Estados Unidos y de Canadá, en los cuales las demandantes
         venden, según el informe de Deloitte & Touche, un [confidencial] % de sus productos a base de malatión. Según los propios términos de este informe, estos dos mercados probablemente no se verán
         afectados en absoluto por la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva. Por consiguiente, el presunto impacto
         negativo de la Decisión impugnada sobre las ventas en países terceros es ya considerablemente reducido, según los propios
         datos aportados por las demandantes.
      
      110    Por lo que se refiere a los demás países terceros en los que afirman comercializar productos a base de malatión, las demandantes
         no han demostrado que la medida provisional solicitada, suponiendo que fuera acordada, impidiera a las autoridades de los
         países de que se trata prohibir la comercialización del malatión en su territorio. Por tanto, no han demostrado que la suspensión
         de la ejecución de la Decisión impugnada impida que se produzca el perjuicio alegado. En cualquier caso, tal prohibición de
         comercializar el malatión sería la consecuencia directa no de la Decisión impugnada sino de una decisión adoptada por las
         autoridades de cada país tercero en el ejercicio de su poder soberano (véase, en ese sentido, el auto de 30 de junio de 1999,
         Pfizer Animal Health/Consejo, citado en el apartado 100 supra, apartado 160).
      
      111    La alegación por las demandantes del artículo 5 del Convenio de Rotterdam (véase el apartado 84 supra) tampoco sirve para demostrar, de modo suficiente en Derecho, que la obligación de información y de notificación que corresponde
         a la Comunidad en virtud de esta disposición pueda causar a Cheminova A/S un perjuicio previsible y calculable en un país
         tercero determinado durante el curso del procedimiento principal. Aunque las demandantes han señalado que el malatión está
         incluido, en virtud del Reglamento (CE) no 1376/2007 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2007, que modifica el anexo I del Reglamento (CE) no 304/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos (DO
         L 307, p. 14), en la parte 1 del anexo I de este Reglamento no 304/2003, que desarrolla el Convenio de Rotterdam, basta con señalar que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento
         no 304/2003, esta inclusión tiene como única consecuencia instaurar una obligación de información con respecto a eventuales
         países importadores. Por consiguiente, las demandantes no han demostrado que el mecanismo del Convenio de Rotterdam comporte
         directa e inevitablemente pérdidas de ventas de productos basados en el malatión en los mercados de países terceros determinados.
         Al contrario, han admitido, en respuesta a una cuestión planteada por el juez de medidas provisionales, que correspondía únicamente
         al país tercero decidir sobre la importación o no de los productos en cuestión.
      
      112    Las demandantes sostienen además que una decisión de no inclusión, como la Decisión impugnada, generalmente va seguida de
         nuevos CMR para la sustancia en cuestión en los productos de origen vegetal, lo que equivaldría en la práctica a prohibir
         las importaciones en la Comunidad de cosechas o de productos tratados con malatión fuera de la Comunidad y suscitaría dudas
         en el ánimo de clientes de países terceros. En respuesta a una cuestión planteada por el juez de medidas provisionales, han
         precisado que el vínculo entre la Decisión impugnada y la fijación de CMR afectaría a la venta en países terceros productos
         basados en el malatión.
      
      113    A este respecto, en relación con los presuntos efectos negativos de nuevos CMR en el comercio con países terceros, consta
         que las demandantes venden un [confidencial] % de sus productos basados en el malatión en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Ahora bien, según el propio informe Deloitte
         & Touche, estos dos mercados probablemente no se verán afectados en absoluto por la problemática de los CMR. Por lo que respecta
         a otros mercados, es suficiente recordar que corresponderá únicamente a los países terceros afectados decidir sobre la importación
         o no de los productos basados en el malatión (véanse los apartados 110 y 111 supra).
      
      114    Igualmente, en el mercado comunitario, aunque la Decisión impugnada pudiera efectivamente entrañar el establecimiento de nuevos
         CMR para el malatión, el perjuicio presuntamente sufrido a causa de estos CMR no sería una consecuencia directa de la Decisión
         impugnada. En efecto, como han admitido las demandantes, el procedimiento comunitario de fijación de los CMR es independiente
         de la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva. Por otra parte, las demandantes no han demostrado suficientemente
         en Derecho que la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva equivalga necesariamente a prohibir, por causa de
         nuevos CMR más estrictos, las importaciones en la Comunidad de productos tratados con esta sustancia. No han expuesto, en
         particular, las razones que impedirían al legislador comunitario fijar, a fin de facilitar los intercambios internacionales,
         «tolerancias de importación» que permitan importar alimentos y productos de origen vegetal afectados por los antiguos CMR
         para el malatión.
      
      115    De ello se desprende que las alegaciones de las demandantes con respecto a la problemática de los CMR no son pertinentes para
         demostrar la gravedad del perjuicio supuestamente causado a Cheminova A/S por la Decisión impugnada.
      
      116    En la medida en que las demandantes se refieren a un «proyecto colza» en el marco del cual Cheminova A/S tenía previsto suministrar
         malatión al sector de la colza, previendo aumentar significativamente el volumen de negocios y los beneficios obtenidos con
         sus productos a base de malatión, es suficiente poner de relieve que el lucro cesante alegado en este contexto reposa en puras
         expectativas, sin que la demanda de medidas provisionales haga referencia a ningún contrato, o precontrato, de entrega firmado
         que tenga por objeto el desarrollo de este proyecto por Cheminova A/S, y cuya ejecución haya sido comprometida por la Decisión
         impugnada. El «proyecto colza» no se ha concretado pues hasta el punto de poder ser considerado como una ganancia de Cheminova A/S.
      
      117    El perjuicio alegado en relación con el «proyecto colza» debe calificarse pues de hipotético. Pues bien, un perjuicio de naturaleza
         puramente hipotética, en la medida en que depende de sucesos futuros e inciertos, no puede justificar la concesión de medidas
         provisionales (autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia Government of Gibraltar/Comisión, citado en el apartado
         45 supra, apartado 101, y de 3 de febrero de 2004, Enviro Tech Europe y Enviro Tech International/Comisión, T‑422/03 R, Rec. p. II‑469,
         apartado 65). Por consiguiente, las alegaciones efectuadas por las demandantes en este contexto tampoco demuestran la gravedad
         del perjuicio supuestamente causado a Cheminova A/S por la Decisión impugnada.
      
      118    Por lo que se refiere al perjuicio causado por la privación de los derechos a la protección de datos supuestamente conferida
         por el artículo 13 de la Directiva, debe señalarse que las demandantes no han calculado, en la demanda de medidas provisionales,
         este elemento del perjuicio resultante de la no inclusión del malatión en el anexo I de la Directiva, sin alegar, no obstante,
         que tal cálculo sea imposible. Por tanto, la afirmación relativa a la protección de los datos debe ser igualmente rechazada.
      
      119    De lo anteriormente expuesto resulta que ninguno de los elementos alegados para demostrar la gravedad del perjuicio sufrido
         por Cheminova A/S puede ser admitido.
      
      120    Además, este perjuicio, evaluado aproximadamente en menos del 1 % del volumen de negocios del grupo Cheminova (véase el apartado
         108 supra), debe ser todavía objeto de deducciones, dado que las demandantes han admitido estar en condiciones de compensar una parte
         de sus ventas de productos basados en el malatión por medio de la venta de otros productos que fabrican o que están autorizadas
         a comercializar, precisando que el [confidencial] % de los aprovechamientos perdidos pueden recuperarse en España por ventas de productos de sustitución que figuran en la
         gama de productos de las demandantes.
      
      121    Estas constataciones son suficientes para concluir que el perjuicio causado a Cheminova A/S por la Decisión impugnada se elevaría,
         en cualquier caso, a mucho menos del 1 % del volumen de negocios del grupo Cheminova y no puede ser considerado grave, sin
         que sea necesario identificar cada uno de los productos de sustitución y las deducciones que deben efectuarse, lo que sería
         por otra parte imposible en ausencia de las cifras relativas a Cheminova A/S solamente.
      
      122    Esta conclusión no se ve cuestionada por una apreciación del conjunto de las circunstancias de hecho invocadas por las demandantes,
         en especial la circunstancia de que Cheminova A/S comenzó a producir el malatión en 1968 bajo la marca Fyfanon®™, se convirtió,
         en 1991, en el principal fabricante de malatión, ha estado presente pues en el mercado del malatión durante cerca de 40 años
         y posee autorizaciones de comercialización de productos fitosanitarios basados en el malatión para numerosos usos en diez
         Estados miembros de la Comunidad. En efecto, estas consideraciones históricas no pueden ser tomadas en consideración porque
         de ellas no se deduce ningún dato económico ni financiero en cifras que pueda tenerse en cuenta para evaluar el perjuicio
         susceptible de justificar la concesión de una medida provisional.
      
      123    Por otra parte, las demandantes no han acreditado suficientemente en Derecho que el perjuicio evaluado aproximadamente, arriba
         citado, pueda ser considerado irreparable.
      
      124    A este respecto, es suficiente hacer constar que, aunque las demandantes sostienen que corren el riesgo de perder las cuotas
         de mercado y la reputación adquiridas por el malatión en la Comunidad, no han conseguido acreditar suficientemente en Derecho
         que sería imposible para Cheminova A/S recuperar esta reputación y estas cuotas de mercado perdidas, en caso de que la Decisión
         impugnada fuera anulada al finalizar el procedimiento principal. En efecto, los elementos del expediente de medidas provisionales
         no permiten concluir que estas pérdidas sean irremediables y que no sea posible para el malatión recuperar su posición anterior.
      
      125    Por una parte, las propias demandantes subrayan que será imposible obtener, desde un punto de vista técnico, la posibilidad
         de sustitución perfecta y sin ningún defecto del malatión. Por otra, destacan que una de las principales ventajas del malatión
         es que dispone de un amplio espectro de acción y que puede ser vendido al cultivador a un precio relativamente módico. Por
         último, han atraído la atención sobre las declaraciones de tres organismos representativos de su clientela en Europa que subrayan
         la importancia del malatión, su carácter indispensable en el abanico de herramientas químicas destinadas a combatir los insectos
         dañinos y a evitar el desarrollo de resistencias, así como las consecuencias económicas nefastas de la no inclusión del malatión
         en el anexo I de la Directiva.
      
      126    De ello se deriva que las cualidades del malatión son al parecer muy apreciadas por la clientela de las demandantes y que
         no existe ningún producto de sustitución perfecto. Estos datos abogan también por la posibilidad de un retorno al mercado
         del malatión en caso de que la Decisión impugnada no fuera objeto de una suspensión de la ejecución y fuera anulada por la
         sentencia en el asunto principal.
      
      127    Esta conclusión viene confirmada por los resultados de un estudio realizado entre algunos de sus principales clientes en relación
         con la eventualidad de un retorno al mercado del malatión a raíz de una nueva autorización de esta sustancia. En efecto, ninguno
         de los clientes preguntados ha excluido categóricamente cualquier posibilidad de recuperación por el malatión de las cuotas
         de mercado perdidas.
      
      128    A este respecto, debe precisarse que uno de los nueve clientes ha admitido, sin reservas, la posibilidad de un retorno al
         mercado del malatión. Aunque otro cliente ha declarado que tal retorno parece difícil porque el mercado estará ocupado en
         parte por otros productos, la fuerza probatoria de esta respuesta se ve reducida por el hecho de que ha sido proporcionada
         por Lodi, parte demandante, que no puede ser calificada como fuente de información objetiva, ya que sostiene precisamente,
         en el marco del presente procedimiento, que no es posible que el malatión recupere su posición anterior. Un tercer cliente
         ha respondido que si los productos de sustitución y el malatión fueran comparables respecto a su eficacia y precio, sería
         difícil imaginar que los agricultores volvieran a utilizar el malatión. Este cliente ha añadido, sin embargo, que vendería
         de nuevo el malatión en caso de volver al mercado. Los demás clientes han previsto un retorno del malatión al mercado en condiciones
         que mantengan la eficacia del producto y la competitividad de su precio.
      
      129    Pues bien, las demandantes no han afirmado que el malatión sea menos eficaz que los productos de sustitución que ocupen las
         cuotas de mercado perdidas a causa de la Decisión impugnada. Respecto al nivel de precios, las propias demandantes han indicado
         que tienen un margen de beneficios relativamente elevado sobre algunos de sus productos basados en el malatión, a saber un
         [confidencial] %, lo que podría permitirles reducir los precios a fin de apoyar la reintroducción en el mercado de estos productos.
      
      130    De ello se sigue que, si bien una recuperación por el malatión de las cuotas de mercado perdidas a causa de la Decisión impugnada
         puede ser económica y financieramente bastante onerosa, tal retorno al mercado, incluido el restablecimiento de la reputación
         del malatión, no parece imposible (véase, en ese sentido, el auto de 30 de junio de 1999, Pfizer Animal Health/Consejo, citado
         en el apartado 100 supra, apartados 161 a 165).
      
      131    El perjuicio presuntamente sufrido por Cheminova A/S a causa de la Decisión impugnada no puede considerarse irreparable, sin
         que sea necesario examinar las demás cuestiones, especialmente la posibilidad de sustitución, suscitadas en el contexto de
         la urgencia.
      
      132    De lo expuesto anteriormente resulta que las demandantes no han demostrado que, en la actualidad, Cheminova A/S sufrirá un
         perjuicio grave e irreparable si no se concede la suspensión de ejecución solicitada.
      
      133    En consecuencia, debe desestimarse la demanda de medidas provisionales por falta de urgencia, sin que sea preciso examinar
         si se reúnen los demás requisitos para la concesión de la suspensión de la ejecución.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      resuelve:
      1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
      2)      Reservar la decisión sobre las costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 4 de diciembre de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M. Jaeger
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.
      
      1 –	Datos confidenciales ocultos.