CELEX: C2004/047/28
Language: es
Date: 2004-02-21 00:00:00
Title: Asunto C-512/03: Petición de decisión prejudicial planteada mediante resolución del Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, de fecha 4 de diciembre de 2003, en el recurso interpuesto por J.E.J. Blanckaert contra Inspecteur van de Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen

21.2.2004              ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                             C 47/17
Motivos y principales alegaciones                                      Aun en el caso de que se lleve a cabo la valoración del impacto
                                                                       medioambiental en la fase de exposición del proyecto, ello
                                                                       puede ser inadecuado por cuanto se basa en la información
                                                                       facilitada en la solicitud de exposición del proyecto, que puede
Desarrollo del Proyecto de White City                                  no ser suficiente para valorar las repercusiones en el medio
                                                                       ambiente del proyecto de desarrollo en su conjunto. Por
                                                                       consiguiente, se realizará la valoración del impacto de una
La Comisión alega que lógicamente la autoridad competente              manera incompleta.
no podía decidir que no era necesaria una valoración del
impacto medioambiental basando tal decisión principalmente             (1) DO L 175 de 5.7.1985, p. 40; EE 15/06.
o únicamente en el hecho de que los terrenos de que se trata           (2) DO L 73 de 14.3.1997, p. 5.
habían sido urbanizados con anterioridad. El criterio para
excluir la necesidad de la valoración de un impacto es una
novedad prevista en la Circular del Gobierno 15/68. La
Directiva 85/337/CEE no contiene semejante criterio, por lo
que la parte demandante aduce que al invocar, para excluir la
valoración del impacto, un motivo que no está fundado en la
Directiva antes mencionada, el Reino Unido no ha aplicado              Petición de decisión prejudicial planteada mediante reso-
correctamente los artículos 2.1 y 4.2 de dicha Directiva, en           lución del Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, de fecha
relación con el proyecto de desarrollo urbanístico propuesto           4 de diciembre de 2003, en el recurso interpuesto por
para White City.                                                       J.E.J. Blanckaert contra Inspecteur van de Belastingdienst/
                                                                           Particulieren/Ondernemingen Buitenland te Heerlen
                                                                                               (Asunto C-512/03 )
Desarrollo del Proyecto de Crystal Palace
                                                                                                 (2004/C 47/28)
La Comisión sostiene que, al no exigir la valoración del
impacto respecto al desarrollo del proyecto de Crystal Palace,
el Reino Unido traspasó la facultad discrecional que le confiere       Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
la Directiva 85/337/CEE. La Comisión alega que la facultad             sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
discrecional conferida a los Estados miembros, con arreglo al          resolución del Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch, dictada el
artículo 4.2 de la Directiva, no es ilimitada. El artículo 2,          4 de diciembre de 2003, en el recurso interpuesto por
apartado 1, de la Directiva establece los límites de dicha             J.E.J. Blanckaert contra Inspecteur van de Belastingdienst /
facultad; por ejemplo, es necesaria una evaluación del impacto         Particulieren / Ondernemingen Buitenland te Heerlen y recibida
medioambiental cuando, debido a sus dimensiones, su natura-            en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de diciembre de
leza, o su localización, es probable que un proyecto tenga             2003. El Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch solicita al
repercusiones importantes en el medio ambiente. La Comisión            Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las siguientes
alega que, con arreglo a estos criterios, es probable que el           cuestiones:
proyecto produzca tales efectos.
                                                                       1)     Un contribuyente no residente con domicilio en un
                                                                              Estado miembro, que no obtiene en los Países Bajos
                                                                              ingresos procedentes de trabajo, sino únicamente de
Procedimiento que consta de varias fases por el que deben                     ahorros e inversiones, y, por tanto, no está sujeto al
tramitarse las solicitudes de aprobación de proyectos                         abono de cotizaciones y no cotiza a los seguros sociales
                                                                              neerlandeses, ¿tiene derecho, al calcular sus ingresos
                                                                              imponibles procedentes de ahorros e inversiones, en
La Comisión no cuestiona la legalidad de la división en dos                   virtud del Derecho comunitario, a la concesión por parte
fases del proceso de planificación, per se, pero alega que la                 de los Países Bajos de las reducciones fiscales relativas a
manera como la aprobación del proyecto se divide realmente                    los seguros sociales (seguro general de vejez, seguro de
en dos fases en el Reino Unido conduce a resultados incompati-                supervivencia y seguro general de gastos especiales de
bles con la Directiva 85/337/CEE.                                             enfermedad), si un contribuyente residente, al calcular los
                                                                              ingresos imponibles procedentes de ahorros e inversiones,
                                                                              tiene derecho a estas reducciones fiscales ya que es
Un proyecto de desarrollo urbanístico de envergadura puede                    considerado asegurado y sujeto al pago de cotizaciones a
eludir la valoración en la fase de exposición del proyecto, sin               los seguros sociales neerlandeses, aunque tampoco
que sea posible valoración alguna del impacto medioambiental                  obtenga en los Países Bajos ingresos procedentes de
(según la legislación inglesa) en la fase segunda, de asuntos                 trabajo, sino únicamente de ahorros e inversiones, y por
reservados. En consecuencia, un proyecto de desarrollo urba-                  dicha razón no cotice a los seguros sociales neerlandeses?
nístico de envergadura, que es probable que tenga importantes
repercusiones en el medio ambiente, no se examina global-              2)     Para responder a la primera cuestión prejudicial, ¿es
mente sino en varias partes. El resultado práctico es que no se               relevante que el contribuyente no residente obtenga más
consideren las repercusiones probables en el medio ambiente                   o menos del 90 % de sus ingresos familiares en los Países
a la luz del proyecto en su conjunto.                                         Bajos? En particular:
 ---pagebreak--- C 47/18                ES                         Diario Oficial de la Unión Europea                                           21.2.2004
     —     ¿Se aplica el criterio Schumacker para residentes y                —    la obligación para las empresas de servicios de
           no residentes únicamente en caso de aspectos fiscales                   seguridad privada, en el marco del régimen de
           subjetivos o personales, como por ejemplo, la                           inscripciones extranjeras, de:
           deducción de gastos personales y familiares, o
           también en caso de aspectos fiscales objetivos o no                     a)    ser una persona jurídica en todos los casos
           personales, como por ejemplo, el tipo impositivo?                             específicos,
     —     Al decidir si tratan al contribuyente no residente                      b)    poseer un capital social específico, sin tener en
           como residente, ¿pueden los Estados miembros                                  cuenta que esa empresa no está sometida a las
           aplicar una norma cuantitativa (como por ejemplo,                             mismas obligaciones en su país de estableci-
           la norma del 90 %) a pesar de que con ello no se                              miento,
           garantiza la anulación de todo tipo de discrimina-
           ción?                                                                   c)    depositar una fianza en la Caja General de
                                                                                         Depósitos, sin tener en cuenta el posible pago
                                                                                         de una fianza en el Estado miembro de origen,
3)   ¿Es el régimen optativo recogido en el artículo 2.5 de la
     Ley IB 2001 un mecanismo adecuado que garantiza que                           d)    tener un número mínimo de empleados;
     el interesado pueda hacer uso de sus derechos tal y como
     están reconocidos por el Tratado CE y que excluye todo
                                                                              —    que el personal de una empresa extranjera de
     tipo de discriminación?
                                                                                   servicios de seguridad privada obtenga una nueva
     En caso de respuesta afirmativa, ¿sigue siendo un meca-                       autorización específica en España cuando ese perso-
     nismo adecuado en el presente asunto, en el que el                            nal ya ha obtenido una autorización comparable en
     interesado únicamente obtiene ingresos procedentes de                         el Estado miembro de establecimiento de dicha
                                                                                   empresa; y que no se someta a las profesiones del
     ahorros e inversiones, una vez que, como se ha conside-
     rado el punto 4.3, el régimen optativo no puede benefici-                     sector de la seguridad privada al régimen comunita-
     arle?                                                                         rio de reconocimiento de cualificaciones profesio-
                                                                                   nales,
                                                                              el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le
                                                                              incumben con arreglo a lo dispuesto en los artículos 43
                                                                              y 49 del Tratado CE, así como en las Directivas 89/48/
                                                                              CEE (1) y 92/51/CEE (2) y
                                                                        2.    condene en costas al Reino de España.
Recurso interpuesto el 8 de diciembre de 2003 contra el
Reino de España por la Comisión de las Comunidades
                            Europeas                                    Motivos y principales alegaciones
                       (Asunto C-514/03)                                La normativa española en materia de servicios de seguridad
                                                                        privada infringe la legislación comunitaria, más en concreto
                                                                        los artículos 43 y 49 del Tratado CE, así como, en el marco
                         (2004/C 47/29)                                 del reconocimiento de las cualificaciones profesionales, las
                                                                        Directivas 89/48/CEE y 92/51/CEE.
                                                                        En efecto, las empresas que deseen ejercer actividades de
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            seguridad privada en el territorio español deben obtener una
presentado el 8 de diciembre de 2003 un recurso contra el               autorización en forma de registro ante el Ministerio del
Reino de España formulado por la Comisión de las Comunida-              Interior, autorización que se expide únicamente si se reúnen
des Europeas, representada por Dña. María Patakia y D. Luis             requisitos relativos a la forma de la empresa, al capital social,
Escobar, en calidad de agentes, que designa domicilio en                al depósito de una fianza en la Caja General de Depósitos, al
Luxemburgo.                                                             número de empleados y al número de vehículos blindados de
                                                                        la empresa. Por otra parte, la normativa española exige que
                                                                        cualquier miembro del personal de una empresa que desee
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:               suministrar servicios de seguridad privada en España obtenga
                                                                        una autorización específica, que se concede si la persona reúne
                                                                        una serie de requisitos, y que el interesado supere las pruebas
1.   declare que, al imponer:                                           previstas con objeto de garantizar que posee los conocimientos
                                                                        y capacidades necesarias para el ejercicio de sus funciones. Los
     —     el requisito de poseer la nacionalidad española a las        requisitos exigidos no son útiles para garantizar la realización
           empresas de servicios de seguridad privada y al              de los objetivos perseguidos, que son la seguridad pública o la
           personal de las mismas, en la normativa de ejecu-            protección de los destinatarios de los servicios de seguridad
           ción;                                                        privada.