CELEX: 62003TO0422
Language: es
Date: 2004-02-03 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 3 de febrero de 2004. # Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International Inc. contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Procedimiento sobre medidas provisionales - Directiva 67/548/CEE - Urgencia. # Asunto T-422/03 R.

Asunto T‑422/03 R
      Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International Inc.
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Procedimiento sobre medidas provisionales – Directiva 67/548/CEE – Urgencia»
      Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 3 de febrero de 2004 
      Sumario del auto
      1.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión
            – Decisión administrativa negativa
      (Arts. 242 CE y 243 CE)
      2.     Procedimiento sobre medidas provisionales – Suspensión de la ejecución – Medidas provisionales – Requisitos para su concesión
            – Urgencia – Perjuicio grave e irreparable – Carga de la prueba – Existencia del perjuicio que depende de sucesos futuros
            e inciertos
      (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      1.     En principio, no está prevista la formulación de una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión administrativa
         negativa, dado que la concesión de tal suspensión no puede tener como efecto la modificación de la situación de la parte demandante.
      
      (véase el apartado 58)
      2.     El carácter urgente de una demanda de suspensión de la ejecución debe apreciarse en relación con la necesidad de ordenar con
         carácter provisional dicha suspensión para evitar un daño grave e irreparable a la parte demandante. Corresponde a la parte
         que invoca un daño grave e irreparable demostrar su existencia. La inminencia del perjuicio no tiene que probarse con una
         certeza absoluta. Basta, especialmente cuando la realización del perjuicio depende de que concurra un conjunto de factores,
         que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente.
      
      Sin embargo, un perjuicio de naturaleza puramente hipotética, en la medida en que se basa en sucesos futuros e inciertos,
         no puede dar lugar a las medidas provisionales solicitadas.
      
      (véanse los apartados 62 a 65)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      de 3 de febrero de 2004 (*)
      
      «Procedimiento sobre medidas provisionales – Directiva 67/548/CEE – Urgencia»
      En el asunto T‑422/03 R,
      Enviro Tech Europe Ltd, con domicilio social en Kingston upon Thames, Surrey (Reino Unido),
      
      Enviro Tech International Inc., con domicilio social en Chicago, Illinois (Estados Unidos),
      
      representadas por los Sres. C. Mereu y K. Van Maldegem, abogados,
      partes demandantes,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por el Sr. X. Lewis y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto, por una parte, la suspensión de la ejecución de dos actos de la Comisión de 3 de noviembre de 2003 y,
         por otra, que se ordene a la Comisión que no proponga la nueva clasificación del bromuro de n-propilo con motivo de la vigesimonovena
         adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1967, relativa a la aproximación
         de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de las sustancias
         peligrosas (DO 1967, 196, p. 1; EE 13/01, p. 50),
      
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
      dicta el siguiente
      Auto
       Marco jurídico
       Marco jurídico general
      1       La Directiva 67/548/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas en materia de clasificación, embalaje y etiquetado de sustancias peligrosas (DO 1967, 196, p. 1; EE 13/01
         p. 50), en su versión modificada por séptima vez en virtud de la Directiva 92/32/CEE del Consejo, de 30 de abril de 1992 (DO
         L 154, p. 1), establece las normas relativas a la comercialización de determinadas «sustancias», definidas como «los elementos
         químicos y sus compuestos en estado natural o los obtenidos mediante cualquier procedimiento de producción, incluidos los
         aditivos necesarios para conservar la estabilidad del producto y las impurezas que resulten del procedimiento utilizado, pero
         excluidos los disolventes que puedan separarse sin afectar la estabilidad de la sustancia ni modificar su composición».
      
      2       Desde su adopción, la Directiva 67/548 ha sido modificada en varias ocasiones y, en último lugar, en virtud del Reglamento
         (CE) nº 807/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE las disposiciones relativas
         a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo
         adoptados con arreglo al procedimiento de consulta (unanimidad) (DO L 122, p. 36).
      
      3       El artículo 4 de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone que las sustancias deben clasificarse en función de
         sus propiedades intrínsecas, con arreglo a las categorías definidas en su artículo 2, apartado 2. La clasificación de una
         sustancia química como «peligrosa» obliga a poner en su embalaje etiquetas apropiadas que incluyan, en particular, símbolos
         de peligro, frases tipo relativas a los riesgos especiales vinculados con la utilización de la sustancia («frases R»), así
         como frases tipo relativas a los consejos de prudencia respecto a su uso («frases S»).
      
      4       El artículo 2, apartado 2, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone:
      «A efectos de la presente Directiva, se considerarán “peligrosas” las siguientes sustancias y preparados:
      […]
      c)      extremadamente inflamables: las sustancias y preparados líquidos que tengan un punto de inflamación extremadamente bajo y
         un punto de ebullición bajo, y las sustancias y preparados gaseosos que, a temperatura y presión normales, sean inflamables
         en el aire;
      
      d)      fácilmente inflamables: las sustancias y preparados:
      –       que puedan calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía,
               o
      –       sólidos que puedan inflamarse fácilmente tras un breve contacto con una fuente de inflamación y que sigan quemándose o consumiéndose
         una vez retirada dicha fuente,
      
               o
      –       en estado líquido cuyo punto de inflamación sea muy bajo,
               o
      –       que, en contacto con agua o con aire húmedo, desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas;
      e)      inflamables: las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo;
      […]
      j)      irritantes: las sustancias y preparados no corrosivos que, por contacto breve, prolongado o repetido con la piel o las mucosas
         puedan provocar una reacción inflamatoria;
      
      […]
      n)      tóxicos para la reproducción: las sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o penetración cutánea, puedan producir
         efectos negativos no hereditarios en la descendencia, o aumentar la frecuencia de éstos, o afectar de forma negativa a la
         función o a la capacidad reproductora masculina o femenina.»
      
      5       En relación con los ensayos que pueden realizarse para clasificar las sustancias, el artículo 3 de la Directiva 67/548, en
         su versión modificada, establece:
      
      «1.      Por norma general, los ensayos de los productos químicos efectuados en el marco de la presente Directiva se efectuarán de
         conformidad con los métodos definidos en el anexo V. La determinación de las propiedades físico-químicas de las sustancias
         se realizará de acuerdo con los métodos a que se refiere la letra A del anexo V […]»
      
      6       El anexo V, punto A 9, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, establece los métodos de determinación de los puntos
         de inflamación.
      
      7       El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone que los principios generales de la clasificación
         y etiquetado de sustancias y preparados se aplicarán de acuerdo con los criterios del anexo VI, salvo cuando existan directivas
         específicas que incluyan disposiciones contrarias respecto a los preparados peligrosos.
      
      8       El anexo VI, punto 4.2.3, de la Directiva 67/548, en su versión modificada, establece los criterios aplicables a los efectos
         tóxicos para la reproducción y divide las sustancias que producen tales efectos en tres categorías:
      
      –       Primera categoría: «sustancias de las que se sabe que perjudican la fertilidad de los seres humanos» y «sustancias de las
         que se sabe producen toxicidad para el desarrollo de seres humanos»;
      
      –       Segunda categoría: «sustancias que deben considerarse como perjudiciales para la fertilidad de los seres humanos» y «sustancias
         que deben considerarse como tóxicos para el desarrollo de los seres humanos»;
      
      –       Tercera categoría: «sustancias preocupantes para la fertilidad humana» y «sustancias preocupantes para los seres humanos por
         sus posibles efectos tóxicos para el desarrollo».
      
       Adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico
      9       El artículo 28 de la Directiva 67/548, en su versión modificada, dispone:
      «Las modificaciones necesarias para adaptar los Anexos al progreso técnico se adoptarán conforme al procedimiento establecido
         en el artículo 29.»
      
      10     En sus observaciones, la Comisión señala que, en la práctica, cuando elabora un primer proyecto de medidas de adaptación de
         la Directiva 67/548 al progreso técnico consulta al grupo de trabajo sobre la clasificación y el etiquetado (en lo sucesivo,
         «grupo de trabajo»). Este grupo está formado por expertos en toxicología y en clasificación delegados por los Estados miembros,
         por representantes de la industria química, así como por representantes del sector industrial más específicamente afectado
         por los productos de que se trate. Tras consultar al grupo de trabajo, la Comisión presenta el proyecto de medidas al comité
         creado por el artículo 29 de la Directiva 67/548 (en lo sucesivo, «Comité de reglamentación»).
      
      11     El artículo 29 de la Directiva 67/548, en su versión modificada por el Reglamento nº 807/2003, dispone:
      «1.      La Comisión estará asistida por un Comité.
      En los casos en que se haga referencia al presente artículo, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE.
      El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.»
      12     El artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos
         para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184, p. 23), establece:
      
      «1.      La Comisión estará asistida por un Comité de reglamentación compuesto por los representantes de los Estados miembros y presidido
         por un representante de la Comisión.
      
      2.      El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de medidas. El Comité emitirá su dictamen sobre dicho proyecto
         en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia. El dictamen se emitirá según la mayoría prevista en el
         apartado 2 del artículo 205 del Tratado para las decisiones que el Consejo debe adoptar a propuesta de la Comisión. Los votos
         de los representantes de los Estados miembros en el seno del Comité se ponderarán de la forma establecida en el mencionado
         artículo. El presidente no tomará parte en la votación.
      
      3.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, la Comisión adoptará las medidas previstas siempre que sean conformes al dictamen
         del Comité.
      
      4.      Si las medidas previstas no son conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión presentará
         sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse e informará al Parlamento Europeo.
      
      5.      Si el Parlamento Europeo considera que una propuesta presentada por la Comisión en virtud de un acto de base adoptado con
         arreglo al procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado va más allá de las competencias de ejecución previstas
         en dicho acto de base, informará de su posición al Consejo.
      
      6.      El Consejo, en su caso a la luz de dicha posición, podrá pronunciarse sobre la propuesta de la Comisión, por mayoría cualificada
         y dentro del plazo que se fijará en cada acto de base, que en ningún caso será superior a tres meses a partir de la fecha
         en que la propuesta se haya presentado al Consejo.
      
      Si dentro de ese plazo el Consejo, por mayoría cualificada, manifiesta que se opone a la propuesta, la Comisión la examinará
         nuevamente. La Comisión podrá presentar al Consejo una propuesta modificada, volver a presentar su propuesta o presentar una
         propuesta legislativa basada en el Tratado.
      
      Si transcurrido el plazo el Consejo no adopta el acto de ejecución propuesto ni manifiesta su oposición a la propuesta de
         medidas de ejecución, la Comisión adoptará el acto de ejecución propuesto.»
      
       Hechos y procedimiento
      13     El bromuro de n-propilo (en lo sucesivo, «nPB») es un disolvente orgánico volátil utilizado, en particular, para la limpieza
         industrial.
      
      14     La única actividad de Enviro Tech Europe Ltd y Enviro Tech International Inc. (en lo sucesivo, «demandantes») consiste en
         la producción y venta de un producto fabricado básicamente con nPB denominado «Ensolv». La primera de dichas sociedades es
         la filial europea de la segunda y posee una licencia exclusiva para la venta de Ensolv en Europa.
      
      15     A raíz de la adopción de la Directiva 91/325/CEE de la Comisión, de 1 de marzo de 1991, por la que se adapta, por duodécima
         vez, al progreso técnico la Directiva 67/548 (DO L 180, p. 1), el nPB fue clasificado en el anexo I de la Directiva 67/548
         como sustancia irritante e inflamable.
      
      16     En la reunión del grupo de trabajo celebrada del 16 al 18 de enero de 2002, el director de la Health & Safety Executive (Oficina
         para la Salud y la Seguridad del Reino Unido; en lo sucesivo «HSE») propuso que se clasificara el nPB como sustancia tóxica
         para la reproducción de segunda categoría.
      
      17     Posteriormente, en abril de 2002, la HSE propuso que se clasificara el nPB como sustancia fácilmente inflamable, basándose
         en los resultados de un nuevo ensayo científico.
      
      18     Desde entonces, las demandantes han protestado varias veces contra este proyecto de clasificación ante la HSE, la Oficina
         Europea de Sustancias Químicas, así como el grupo de trabajo, y a este fin les han facilitado algunos datos y han expuesto
         ante ellos argumentos científicos en apoyo de su posición.
      
      19     En su reunión de enero de 2003, el grupo de trabajo decidió recomendar la clasificación del nPB como sustancia fácilmente
         inflamable y tóxica para la reproducción de segunda categoría. Tras la adopción de esta decisión, las demandantes intentaron
         en vano convencer al grupo de trabajo de que reanudaran sus conversaciones sobre el nPB.
      
      20     Los días 29 de agosto y 29 de septiembre de 2003, respectivamente, las demandantes remitieron sendos escritos a la Comisión
         en los que le pedían, en particular, que adoptara las medidas necesarias para corregir los errores subyacentes en las recomendaciones
         del grupo de trabajo relativas al nPB.
      
      21     Mediante dos escritos de 3 de noviembre de 2003 la Comisión indicó a las demandantes que las argumentaciones expuestas en
         sus escritos de 29 de agosto y 29 de septiembre de 2003 no justificaban una modificación de la clasificación del nPB recomendada
         por el grupo de trabajo (en lo sucesivo, «actos impugnados»).
      
      22     Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de diciembre de 2003 las demandantes
         interpusieron un recurso que tiene por objeto que el Tribunal de Primera Instancia:
      
      –       Anule los actos impugnados.
      –       Declare a la Comisión responsable del perjuicio sufrido por las demandantes a causa de su comportamiento ilícito.
      –       Declare a la Comisión responsable de un perjuicio inminente, previsible y suficientemente cierto, incluso en el supuesto de
         que este perjuicio no pueda determinarse con precisión.
      
      23     Poco después de la interposición del recurso principal se informó a las demandantes de la celebración de una reunión del Comité
         de reglamentación, el 15 de enero de 2004, con el fin de aprobar la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548.
      
      24     Mediante escrito separado, registrado el 30 de diciembre de 2003 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, con arreglo
         a los artículos 242 CE y 243 CE, las demandantes solicitaron al Juez de medidas provisionales que:
      
      –       Admitiera su demanda y la declarara fundada.
      –       Acordara la suspensión de la ejecución de los actos impugnados.
      –       Ordenara a la Comisión que no propusiera la nueva clasificación del nPB en el marco de la vigesimonovena adaptación al progreso
         técnico de la Directiva 67/548 en la próxima reunión del Comité de reglamentación, prevista para el 15 de enero de 2004, y
         ello hasta que se resolviera el asunto principal.
      
      –       Acordara cualquier otra medida provisional adecuada para proteger la situación de las demandantes hasta que se resolviera
         el asunto principal.
      
      –       Condenara en costas a la Comisión.
      25     Con arreglo al artículo 105, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, las demandantes
         pidieron al Juez de medidas provisionales que acogiera con carácter de urgencia su demanda de medidas provisionales, y ello
         antes de que la Comisión presentara sus observaciones.
      
      26     El 12 de enero de 2004 la Comisión presentó sus observaciones sobre la demanda de medidas provisionales. La Comisión pidió
         al Juez de medidas provisionales que:
      
      –       Desestimara la demanda de medidas provisionales.
      –       Condenara en costas a las demandantes.
      27     En sus observaciones, la Comisión puntualiza que nunca se había previsto la reunión del Comité de reglamentación para el 15
         de enero de 2004 y que se había retrasado el procedimiento de consulta de sus distintos servicios sobre las medidas previstas
         de cara a la vigesimonovena adaptación de la Directiva 67/548 al progreso técnico. En consecuencia, añade la Comisión, se
         aplazó sine die la reunión del Comité de reglamentación inicialmente prevista para el 23 de enero de 2004.
      
       Fundamentos de Derecho
      28     El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento dispone que las demandas de medidas provisionales deben especificar
         el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como los antecedentes de hecho y los fundamentos
         de Derecho que justifiquen a primera vista (fumus boni iuris)  la concesión de la medida provisional solicitada. Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales
         deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996,
         SCK y FNK/Comisión, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, apartado 30]. El Juez que conoce de las medidas provisionales debe proceder
         asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses en juego (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de febrero
         de 2001, Austria/Consejo, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, apartado 73).
      
      29     Además, en el marco de este examen de conjunto, el Juez de medidas provisionales dispone de una amplia facultad de apreciación
         y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia
         de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario
         le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [auto
         del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C‑149/95 P(R), Rec.
         p. I‑2165, apartado 23].
      
      30     A la luz de los principios recordados anteriormente debe examinarse la presente demanda de medidas provisionales.
       Alegaciones de las partes
       Alegaciones de las demandantes
      –       Sobre la admisibilidad
      31     Las demandantes sostienen que tienen legitimación activa, con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto, en la medida en
         que los actos impugnados son decisiones de la Comisión firmadas por un director y de las que son destinatarias directas, por
         lo que no están obligadas a demostrar que dichas decisiones les afectan directa e individualmente, ya que este criterio se
         aplica únicamente a las decisiones dirigidas a terceros.
      
      32     Las demandantes sostienen asimismo que los actos impugnados producen efectos definitivos que afectan negativamente a su situación
         jurídica, dado que fijan la posición final de la Comisión sobre la clasificación del nPB.
      
      33     Además, señalan por una parte que, cuando el Comité de reglamentación deba pronunciarse sobre el proyecto de la Comisión,
         no examinará los elementos científicos o jurídicos en apoyo de la nueva clasificación del nPB, puesto que este examen ya lo
         efectuaron sus representantes en el seno del grupo de trabajo y la Comisión en último lugar y, por otra parte, que algunos
         miembros del Comité de reglamentación participan también en las reuniones del grupo de trabajo. De ello infieren no sólo que
         los actos impugnados fijan la posición final de la Comisión con la que concluye el procedimiento administrativo de examen
         del nPB, sino también que virtualmente constituyen una decisión de clasificación del nPB.
      
      34     Por último, afirman que aunque tuviera que considerarse que los actos impugnados son medidas preparatorias, ello no impediría
         la admisibilidad de un recurso, según el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia en dos sentencias de 30 de junio
         de 1992, España/Comisión (C‑312/90, Rec. p. I‑4117) e Italia/Comisión (C‑47/91, Rec. p. I‑4145), en las cuales se declaró
         la admisibilidad de recursos dirigidos contra medidas preparatorias, a saber, escritos de apertura del procedimiento regulado
         en el artículo 88 CE, apartado 2.
      
      –       Sobre el fumus boni juris
      35     Las demandantes sostienen que el recurso contra los actos impugnados, que se basa en cinco motivos, no es infundado.
      36     En primer lugar, afirman que los actos impugnados respaldan la decisión del grupo de trabajo de recomendar la clasificación
         del nPB como sustancia fácilmente inflamable, sobre la base de los resultados de un único ensayo científico que, objetiva,
         manifiesta e irrefutablemente es contrario al método de ensayo previsto en el anexo V, punto A 9, de la Directiva 67/548.
      
      37     En segundo lugar, las demandantes sostienen que los actos impugnados respaldan la decisión del grupo de trabajo de recomendar
         la clasificación del nPB como sustancia tóxica para la reproducción de segunda categoría, esencialmente sobre la base de los
         resultados de un ensayo científico presentado por la HSE. Señalan que las conclusiones a las que llegó la HSE son científicamente
         inexactas e incoherentes a la luz de los criterios de clasificación del anexo VI, punto 4.2.3., de la Directiva 67/548.
      
      38     En tercer lugar, las demandantes alegan que los actos impugnados se basan en un examen reductor e incompleto del nPB, por
         cuanto se han ignorado algunos datos que contradicen las conclusiones del grupo de trabajo y, por lo tanto, las de la Comisión,
         o a ellos se refirió ésta simplemente de pasada. Por ello, a su juicio, la Comisión infringió el artículo 95 CE, apartado
         3, y violó el principio de buena administración.
      
      39     En cuarto lugar, las demandantes afirman que la clasificación del nPB como sustancia tóxica para la reproducción de segunda
         categoría se basa en una aplicación incorrecta del principio de precaución. Sostienen que este principio no puede aplicarse
         para la clasificación del nPB con arreglo a la Directiva 67/548. Agregan que aunque este principio fuera aplicable, sería
         incompatible con una clasificación en la segunda categoría, medida para la cual la Directiva 67/548 exige «resultados positivos»
         a falta de otros efectos tóxicos.
      
      40     Por último, las demandantes sostienen que la Comisión no tenía competencia para adoptar los actos impugnados y que éstos violan
         los principios de seguridad jurídica, de protección de la confianza legítima, de excelencia y de independencia de los dictámenes
         científicos, de proporcionalidad, de igualdad de trato, de prohibición de las desviaciones de poder y de buena administración.
      
      –       Sobre la urgencia
      41     Las demandantes señalan que procede la suspensión de la ejecución de los actos impugnados –así como de la propuesta de la
         Comisión al Comité de reglamentación que de éstos se deriva– debido a la urgencia con que es necesario impedir la adopción,
         el 15 de enero de 2004, de la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548. Consideran que tal medida
         es indispensable para evitar las consecuencias irreparables que pueden sufrir las demandantes desde un punto de vista comercial,
         económico y reglamentario, consecuencias que pueden incluso implicar una amenaza para su propia existencia.
      
      42     En particular, las demandantes afirman que la adopción y la ejecución de la decisión de la Comisión sobre la nueva clasificación
         del nPB, que garantizan que se adoptará dicha nueva clasificación con ocasión de la próxima vigesimonovena adaptación al progreso
         técnico de la Directiva 67/548, acarrean tres consecuencias negativas que pueden causarles un perjuicio grave e irreparable,
         perjuicio que, por lo demás, puede demostrarse con un grado de certeza suficiente.
      
      43     Las demandantes sostienen, en primer lugar, que la nueva clasificación del nPB como sustancia fácilmente inflamable y tóxica
         para la reproducción de segunda categoría invalida su patente sobre el Ensolv, en la medida en que se basa en las propiedades
         ininflamables y no peligrosas del nPB.
      
      44     Las demandantes alegan a renglón seguido que la nueva clasificación del nPB como sustancia fácilmente inflamable tiene consecuencias
         irreparables desde el punto de vista comercial, económico y reglamentario, que pueden incluso suponer una amenaza para la
         continuación de sus actividades. Consideran que, en efecto, desde un punto de vista reglamentario, ya no podrán utilizarse
         los equipos de desengrasado a vapor de las demandantes para el manejo de sustancias clasificadas como fácilmente inflamables,
         lo que obligará, por lo tanto, a los usuarios del nPB, incluidos todos sus clientes, a sustituir sus equipos. Sostienen, más
         concretamente, que la clasificación como sustancia fácilmente inflamable exigirá que todos sus equipos sean resistentes al
         fuego y se utilicen en zonas de exclusión. A su juicio, de ello se derivará que el almacenamiento y el manejo de tales sustancias
         exigirán equipos adaptados y determinadas precauciones que requerirán fuertes inversiones, generalmente prohibitivas, por
         parte de sus usuarios.
      
      45     Las demandantes señalan, por último, que la nueva clasificación del nPB como sustancia tóxica para la reproducción de segunda
         categoría les obliga a proponer y ofrecer en el plazo más breve posible productos sustitutivos del nPB más «seguros» que esta
         sustancia, con arreglo a la Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de marzo de 1999, relativa a la limitación de las emisiones
         de compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas actividades e instalaciones (DO
         L 85, p. 1). Afirman que, por lo tanto, la nueva clasificación del nPB pondría en peligro la existencia misma de las demandantes,
         ya que, puntualizan, su única actividad consiste en la producción y venta de Ensolv, el cual se produce básicamente con nPB.
         En el caso de que el nPB se retire progresivamente o ya no se compre a causa de ciertos imperativos reglamentarios y económicos,
         las demandantes cesarán sus actividades. Señalan que, en consecuencia, las correspondientes pérdidas y perjuicios futuros
         no serían cuantificables ni podrían resarcirse, por cuanto estarían vinculados a la propia existencia de las demandantes.
      
      –       Sobre la ponderación de intereses
      46     En relación con la ponderación de intereses, las demandantes observan que las medidas provisionales solicitadas únicamente
         mantendrían la situación actual hasta que se resolviera el asunto principal.
      
      47     Aunque rechazan la premisa según la cual el nPB puede clasificarse como sustancia inflamable sin que los resultados de ensayos
         apropiados apoyen esta posición, a juicio de las demandantes, la clasificación actual pone sobre aviso suficientemente a las
         personas que manipulan y utilizan el nPB sobre sus supuestas propiedades inflamables. Manifiestan que, por el contrario, una
         clasificación como sustancia «fácilmente inflamable» no tendría otro objeto y, en cambio, obligaría a las demandantes al cese
         de sus actividades antes de que se resuelva el asunto principal. Las demandantes observan, además, que desde la introducción
         del nPB en Europa y en el resto del mundo, no se ha tenido noticia de incidente alguno provocado por las supuestas propiedades
         inflamables de dicha sustancia.
      
      48     Las demandantes sostienen que el mismo razonamiento puede aplicarse a la propuesta de nueva clasificación del nPB como sustancia
         tóxica para la reproducción de segunda categoría ya que, a falta de medidas provisionales, las demandantes deberán presentar
         y aplicar inmediatamente un programa de retirada progresiva del nPB con arreglo a la Directiva 1999/13. Estiman que el cese
         de actividades de las demandantes no puede justificarse por la necesidad de proteger a los usuarios de nPB, dado que este
         producto no está incluido en las listas europeas de prioridad relativas a las sustancias «preocupantes», ni se comercializa
         en grandes cantidades.
      
      49     En consecuencia, las demandantes consideran que la ponderación de intereses se inclina a favor de la suspensión de los efectos
         de los actos impugnados y de la propuesta de nueva clasificación como sustancia tóxica para la reproducción. Con carácter
         subsidiario, aunque rechazan la premisa según la cual los resultados de ensayos interpretados erróneamente por la Comisión
         podrían justificar la nueva clasificación del nPB como sustancia tóxica para la reproducción de segunda categoría, las demandantes
         están dispuestas a aceptar una clasificación temporal como sustancia tóxica para la reproducción de tercera categoría, hasta
         que se resuelva el asunto principal. Sostienen que tal clasificación voluntaria permitiría, por una parte, evitar las consecuencias
         irreparables derivadas del cese de actividades de las demandantes y, por otra, pondría suficientemente sobre aviso a las personas
         que manipulan y utilizan el nPB sobre sus supuestas propiedades tóxicas para la reproducción, lo cual disiparía toda preocupación
         que pudiera subsistir sobre tales propiedades.
      
      50     Por último, las demandantes señalan que procede con mayor motivo si cabe conceder las medidas provisionales solicitadas en
         el presente asunto, por cuanto es necesario, por lo demás, aclarar, en primer lugar, que la Comisión no está autorizada a
         clasificar sustancias sin emplear los métodos de ensayo y los criterios de clasificación previstos específicamente a tal fin
         en la Directiva 67/548, en segundo lugar, que no puede aplicarse el principio de precaución en materia de clasificación sobre
         la base de la peligrosidad y, por último, la función y las competencias del grupo de trabajo en la adopción de decisiones
         de carácter político.
      
       Alegaciones de la Comisión
      51     La Comisión sostiene en primer lugar, con carácter preliminar, que la pretensión de las demandantes de que el Juez de medidas
         provisionales le ordene que no proponga la nueva clasificación del nPB equivaldría a acoger su pretensión principal por lo
         que, en consecuencia, privaría a este recurso de toda razón de ser.
      
      52     En segundo lugar, por lo que se refiere a la admisibilidad, la Comisión sostiene la inadmisibilidad manifiesta del recurso
         en cuanto al fondo, en la medida en que las demandantes pretenden impugnar actos que no afectan a su situación jurídica.
      
      53     En tercer lugar, en relación con la urgencia, la Comisión afirma que las demandantes han exagerado el perjuicio que pueden
         sufrir a causa de la nueva clasificación del nPB, en particular, por lo que respecta a su carácter inevitable. La Comisión
         expresa algunas dudas en cuanto a las conclusiones de las demandantes acerca de los efectos potenciales de la clasificación
         del nPB sobre su patente relativa al Ensolv. Sostiene asimismo que la alegación de las demandantes de que los usuarios del
         nPB deberán proceder a la sustitución de su material de desengrasado es inexacta y que el tenor literal del artículo 5, apartado
         6, de la Directiva 1999/13 no lleva inevitablemente a la retirada del nPB ni al cese de su utilización. Afirma que, además,
         el hecho de que las demandantes hayan promovido, en el marco de su acción principal, un recurso de indemnización con arreglo
         al artículo 288 CE demuestra que ellas mismas estiman que una indemnización podría resarcir el perjuicio sufrido. Agrega que,
         además, las demandantes no han demostrado que les será difícil volver a apoderarse de una parte apreciable de sus cuotas de
         mercado debido a obstáculos de carácter estructural o jurídico.
      
      54     Por último, la Comisión indica que la reunión del Comité de reglamentación sobre la vigesimonovena adaptación al progreso
         técnico de la Directiva 67/548, inicialmente prevista para el 23 de enero de 2004, ha sido aplazada sine die.
       Apreciación del Juez de medidas provisionales
      55     Dado que las observaciones escritas de las partes contienen toda la información necesaria para resolver la demanda de medidas
         provisionales, no procede oír sus explicaciones orales.
      
      56     En el caso de autos, sin que proceda determinar si los actos impugnados producen, a simple vista, efectos jurídicos que afectan
         a la situación de las demandantes, procede, en primer lugar, examinar si el Juez de medidas provisionales puede acordar la
         primera medida provisional solicitada, es decir, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados y, en segundo lugar,
         examinar si las demandantes han demostrado que era urgente acordar las otras dos medidas solicitadas.
      
      57     Aun suponiendo que los actos impugnados constituyan formalmente decisiones, no se niega que, en su caso, se tratará de decisiones
         negativas.
      
      58     A este respecto, debe observarse que, en principio, no está prevista la formulación de una demanda de suspensión de la ejecución
         de una decisión administrativa negativa, dado que la concesión de tal suspensión no puede tener como efecto la modificación
         de la situación de la parte demandante [auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 31 de julio de
         1989, S/Comisión, C‑206/89 R, Rec. p. 2841, apartado 14; auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1997,
         Moccia Irme/Comisión, C‑89/97 P(R), Rec. p. I‑2327, apartado 45].
      
      59     En el caso de autos, la suspensión de la ejecución de los actos impugnados no podría tener ninguna utilidad práctica para
         las demandantes, por cuanto no tendría el carácter de decisión positiva por la que se ordenara a la Comisión que no propusiera
         la nueva clasificación del nPB a efectos de la Directiva 67/548.
      
      60     De ello se deduce que procede desestimar esta pretensión.
      61     En relación con la pretensión de las demandantes de que, en primer lugar, el Juez de medidas provisionales ordene a la Comisión
         que no proponga la clasificación del nPB recomendada por el grupo de trabajo y, en segundo lugar, el Juez de medidas provisionales
         acuerde «cualquier otra medida provisional que el Presidente considere adecuada para proteger la situación de las demandantes
         hasta que se resuelva el asunto principal», debe examinarse si las demandantes han demostrado que era urgente acordar tales
         medidas provisionales.
      
      62     Según una jurisprudencia consolidada, el carácter urgente de una demanda de suspensión debe ser apreciado en relación con
         la necesidad de ordenar con carácter provisional dicha suspensión para evitar un daño grave e irreparable a la parte demandante
         (auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1991, Abertal/Comisión, C‑213/91 R, Rec. p. I‑5109, apartado
         18; auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 8 de diciembre de 2000, BP Nederland y otros/Comisión, T‑237/99 R,
         Rec. p. II‑3849, apartado 48).
      
      63     Corresponde a la parte que invoca un daño grave e irreparable demostrar su existencia (auto del Presidente del Tribunal de
         Justicia de 12 de octubre de 2000, Grecia/Comisión, C‑278/00 R, Rec. p. I‑8787, apartado 14).
      
      64     La inminencia del perjuicio no tiene que probarse con una certeza absoluta. Basta, especialmente cuando la realización del
         perjuicio depende de que concurra un conjunto de factores, que pueda preverse con un grado de probabilidad suficiente (auto
         Comisión/Atlantic Container Line y otros, antes citado, apartado 38).
      
      65     Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, un perjuicio de naturaleza puramente hipotética, en la medida en que se basa
         en sucesos futuros e inciertos, no puede dar lugar a las medidas provisionales solicitadas (autos del Presidente del Tribunal
         de Primera Instancia de 15 de julio de 1998, Prayon-Ruppel/Comisión, T‑73/98 R, Rec. p. II‑2769, apartados 22, 26 y 38; BP
         Nederland y otros/Comisión, antes citado, apartados 57 y 66; de 15 de enero de 2001, Le Canne/Comisión, T‑241/00 R, Rec. p. II‑37,
         apartado 37).
      
      66     En el caso de autos, procede apreciar si el perjuicio que alegan las demandantes puede preverse con un grado de probabilidad
         suficiente.
      
      67     Se considera que los tres perjuicios invocados por las demandantes, a que se refieren los apartados 43 a 45 supra, resultan de la adopción de la nueva clasificación del nPB recomendada por el grupo de trabajo. Por lo tanto, la urgencia
         que alegan las demandantes supone que se adoptará esta medida sin modificaciones al término del proceso legislativo regulado
         en el artículo 29 de la Directiva 67/548. Las conclusiones de las demandantes se sustentan así fundamentalmente en tres premisas,
         a saber, en primer lugar, que la reunión prevista para la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548
         se celebrará próximamente, en segundo lugar, que con ocasión de dicha reunión la Comisión propondrá la clasificación del nPB
         recomendada por el grupo de trabajo y, por último, que el Comité de reglamentación adoptará esta propuesta sin modificaciones.
      
      68     Cada una de estas tres premisas debe ser examinada por separado.
      69     En primer lugar, en relación con la fecha de la próxima reunión del Comité de reglamentación prevista para la adaptación de
         la Directiva 67/548 al progreso técnico, debe recordarse que, en sus observaciones, la Comisión puntualizó que dicha reunión,
         inicialmente prevista para el 23 de enero de 2004, había sido aplazada y que no se había fijado ninguna nueva fecha para su
         celebración. Por consiguiente, la fecha de esta próxima reunión sigue siendo muy incierta actualmente. En realidad, el Juez
         de medidas provisionales ni siquiera puede prever con un grado suficiente de probabilidad que se celebrará antes de que el
         Tribunal de Primera Instancia se haya pronunciado en el asunto principal.
      
      70     En segundo lugar, las alegaciones de las demandantes se basan en la premisa de que en dicha reunión la Comisión propondrá
         la nueva clasificación del nPB recomendada por el grupo de trabajo.
      
      71     Los actos impugnados indican efectivamente que la Comisión tiene la intención de presentar tal propuesta. Además, el examen
         de una presentación de la HSE, que las demandantes han acompañado a su demanda, refuerza en cierta medida esta probabilidad,
         ya que la HSE indica en ella que la Comisión «normalmente sigue» las recomendaciones del grupo de trabajo.
      
      72     No obstante, no es menos cierto que dichas recomendaciones en modo alguno vinculan a la Comisión. Además, ningún elemento
         obrante en autos indica que la Comisión no pueda reconsiderar la opinión expresada en los actos impugnados antes de la reunión
         prevista para la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548.
      
      73     Por añadidura, el alcance de los actos impugnados se halla esencialmente reducido ya que, por una parte, reflejan simplemente
         la posición de la Comisión sobre los elementos de prueba que las demandantes han presentado con sus dos demandas y, por otra,
         reflejan únicamente la posición de la Comisión en el momento en que dichos actos fueron adoptados. Por consiguiente, los actos
         impugnados en nada prejuzgan cuál será la posición de la Comisión en la próxima reunión del Comité de reglamentación sobre
         la vigesimonovena adaptación al progreso técnico de la Directiva 67/548, por cuanto antes de dicha reunión es muy posible
         que su posición cambie.
      
      74     En efecto, la posición de la Comisión parece que puede cambiar antes de dicha reunión máxime cuando, en primer lugar, la consulta
         interna a sus distintos servicios sigue todavía su curso, en segundo lugar, la fecha efectiva de dicha reunión es posiblemente
         remota y, por último, las propias demandantes han presentado elementos que demuestran que la Comisión ha formulado recientemente
         algunas críticas contra varias recomendaciones del grupo de trabajo. En particular, las demandantes han aportado un escrito
         de la Comisión de 25 de junio de 2003 en el que ésta expresa serias reservas sobre determinados trabajos científicos recientes
         realizados por el grupo de trabajo. Por consiguiente y, contrariamente a lo que suponen las demandantes, en este momento no
         puede preverse con un grado de probabilidad suficiente que la Comisión propondrá al Comité de reglamentación las medidas recomendadas
         por el grupo de trabajo.
      
      75     Los argumentos de las demandantes se basan, por último, en la premisa de que, una vez que la Comisión haya propuesto al Comité
         de reglamentación las medidas recomendadas por el grupo de trabajo, el Comité de reglamentación adoptará dichas medidas sin
         modificaciones.
      
      76     A este respecto, las demandantes señalan que una propuesta de la Comisión relativa al nPB constituye virtualmente una decisión
         de clasificación de esta sustancia. Puntualizan que el Comité de reglamentación no examina los elementos científicos y jurídicos
         que sustentan la nueva clasificación del nPB, por cuanto este examen ya lo han efectuado sus representantes en el grupo de
         trabajo y la Comisión.
      
      77     No obstante, de conformidad con el artículo 29 de la Directiva 67/548, en su versión modificada, el Comité de reglamentación
         no está obligado jurídicamente a aprobar la propuesta de la Comisión. Además, las alegaciones de las demandantes no se basan
         en elementos concretos que permitan al Juez de medidas provisionales considerar que, de hecho, es suficientemente probable
         que el Comité de reglamentación adoptará las medidas propuestas. En particular, aunque se admita que las demandantes han probado
         que algunos de los representantes del Comité de reglamentación forman parte igualmente del grupo de trabajo, ello no demuestra
         suficientemente que el Comité de reglamentación adoptará el proyecto, en la medida en que, aparentemente, nada impide a dichos
         representantes sostener un criterio distinto del expresado con anterioridad como miembros del grupo de trabajo, en particular,
         sobre la base de datos que éste no ha examinado.
      
      78     De ello se deduce que no procede examinar los tres perjuicios alegados por las demandantes, dado que las premisas sobre las
         que se basan son demasiado hipotéticas para justificar la concesión de las medidas provisionales.
      
      79     En consecuencia, sin que sea necesario examinar las demás alegaciones formuladas por las demandantes en relación con el fumus bonis iuris, procede desestimar la demanda de medidas provisionales.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      resuelve:
      1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
      2)      Reservar la decisión sobre las costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 3 de febrero de 2004.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               H. Jung 
            
             
            
                     B. Vesterdorf
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.