CELEX: 62011CJ0055
Language: es
Date: 2012-07-12 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 12 de julio de 2012.#Vodafone España, S.A., contra Ayuntamiento de Santa Amalia (C‑55/11) Ayuntamiento de Tudela (C‑57/11) y France Telecom España, S.A., contra Ayuntamiento de Torremayor (C‑58/11).#Peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Tribunal Supremo.#Directiva 2002/20/CE — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización — Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y derechos de instalación de recursos.#Asuntos acumulados C‑55/11, C‑57/11 y C‑58/11.

Recopilación de la Jurisprudencia
                            SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
                                               de 12 de julio de 2012 *
        «Directiva 2002/20/CE — Redes y servicios de comunicaciones electrónicas — Autorización —
              Artículo 13 — Cánones por derechos de uso y derechos de instalación de recursos»
   En los asuntos acumulados C-55/11, C-57/11 y C-58/11,
   que tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas, con arreglo al
   artículo 267 TFUE, por el Tribunal Supremo, mediante resoluciones de 28 y 29 de octubre y
   3 de noviembre de 2010, respectivamente, recibidas en el Tribunal de Justicia el 7 de febrero de 2011,
   en los procedimientos entre
   Vodafone España, S.A.,
   y
   Ayuntamiento de Santa Amalia (asunto C-55/11),
   Ayuntamiento de Tudela (asunto C-57/11),
   y entre
   France Telecom España, S.A.,
   y
   Ayuntamiento de Torremayor (asunto C-58/11),
                                       EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
   integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann y L. Bay Larsen, la
   Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas (Ponente), Jueces;
   Abogado General: Sra. E. Sharpston;
   Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;
   habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 18 de enero de 2012;
   consideradas las observaciones presentadas:
   — en nombre de Vodafone España, S.A., por la Sra. M. Muñoz de Juan y los Sres. E. Gardeta
       González, J. Viloria Gutiérrez y J. Buendía Sierra, abogados;
   * Lengua de procedimiento: español.
ES
         ECLI:EU:C:2012:446                                                                             1
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                                    VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
  — en nombre de France Telecom España, S.A., por las Sras. E. Zamarriego Santiago, M. Muñoz de
      Juan y el Sr. J. Buendía Sierra, abogados;
  — en nombre del Ayuntamiento de Tudela, por los Sres. T. Quadra-Salcedo Fernández del Castillo y
      J. Zornoza Pérez, abogados;
  — en nombre del Gobierno español, por el Sr. M. Muñoz Pérez y la Sra. S. Centeno Huerta, en
      calidad de agentes;
  — en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. M. Szpunar, en calidad de agente;
  — en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y F. Jimeno Fernández, en calidad de
      agentes;
  oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 22 de marzo
  de 2012;
  dicta la siguiente
                                                     Sentencia
1 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 13 de la Directiva
  2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización
  de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108, p. 21).
2 Dichas peticiones se presentaron en el marco de tres litigios entre, por una parte, Vodafone España,
  S.A. (en lo sucesivo, «Vodafone España»), y los Ayuntamientos de Santa Amalia (asunto C-55/11) y
  Tudela (asunto C-57/11), y, por otra parte, France Telecom España, S.A. (en lo sucesivo, «France
  Telecom España»), y el Ayuntamiento de Torremayor (asunto C-58/11), relativos a los cánones
  impuestos a estas dos sociedades por el uso privativo y el aprovechamiento especial del subsuelo, el
  suelo y el vuelo del dominio público local.
  Marco jurídico
  Derecho de la Unión
3 La Directiva 97/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de abril de 1997, relativa a un
  marco común en materia de autorizaciones generales y licencias individuales en el ámbito de los
  servicios de telecomunicaciones (DO L 117, p. 15), establecía en su artículo 11:
  «1. Los Estados miembros garantizarán que todo canon impuesto a las empresas en el marco de los
  procedimientos de autorización tenga por único objetivo cubrir los gastos administrativos que
  ocasione la expedición, gestión, control y ejecución del régimen de licencias individuales aplicable. Los
  cánones por una licencia individual deberán ser proporcionados en relación con el trabajo que
  supongan y se publicarán de manera adecuada y suficientemente detallada, a fin de facilitar el acceso
  a la información relativa a los mismos.
  2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando se trate de recursos escasos, los Estados
  miembros podrán autorizar a sus autoridades nacionales de reglamentación a imponer gravámenes
  que tengan en cuenta la necesidad de garantizar el uso óptimo de dichos recursos. Estos gravámenes
  no podrán ser discriminatorios y habrán de tener en cuenta, en especial, la necesidad de potenciar el
  desarrollo de servicios innovadores y de la competencia.»
  2                                                                                            ECLI:EU:C:2012:446
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                                      VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
4 La Directiva 97/13 fue derogada por el artículo 26 de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo
  y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios
  de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108, p. 33; en lo sucesivo, «Directiva marco»).
5 El artículo 11, apartado 1, de la Directiva marco tiene la siguiente redacción:
  «Los Estados miembros velarán por que, cuando una autoridad competente examine:
  — una solicitud de concesión de derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o
        privada, o por encima o por debajo de [la misma], a favor de una empresa autorizada a
        suministrar redes públicas de comunicaciones, o
  [...]
  la autoridad competente:
  — actuará según procedimientos transparentes y accesibles al público, aplicados sin discriminaciones y
        sin demora, y
  — aplicará los principios de transparencia y no discriminación al establecer condiciones para el
        ejercicio de dichos derechos.
  […]»
6 El artículo 12 de la Directiva marco dispone:
  «1. Cuando una empresa suministradora de redes de comunicaciones electrónicas disfrute, con arreglo
  a la legislación nacional, del derecho a instalar recursos en una propiedad pública o privada, o por
  encima o por debajo de [la misma], o pueda beneficiarse de un procedimiento de expropiación o
  utilización de una propiedad, las autoridades nacionales de reglamentación favorecerán el uso
  compartido de tales recursos o propiedades.
  2. En particular cuando las empresas no tengan acceso a alternativas viables dada la necesidad de
  proteger el medio ambiente, la salud pública o la seguridad pública, o de alcanzar objetivos de
  ordenación urbana y territorial, los Estados miembros podrán imponer el uso compartido de recursos
  o propiedades (incluida la coubicación física) a una empresa que explote una red de comunicaciones
  electrónicas, o adoptar medidas para facilitar la coordinación de obras públicas sólo después de
  transcurrido un período adecuado de consulta pública durante el cual todas las partes interesadas
  deberán tener la oportunidad de expresar sus opiniones. Tales sistemas de uso compartido o de
  coordinación podrán incluir reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las
  propiedades.»
7 Los considerandos 30 a 32 de la Directiva autorización declaran:
  «(30) Pueden imponerse tasas administrativas a los proveedores de servicios de comunicaciones
            electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación relativas a
            la gestión del sistema de autorización y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben
            limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir
            transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de
            reglamentación mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los
            gastos administrativos soportados. De esta manera, las empresas podrán comprobar que los
            gastos administrativos y las tasas guardan un equilibrio entre sí.
  ECLI:EU:C:2012:446                                                                                            3
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                                   VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
   (31) Los sistemas que regulen las tasas administrativas no deben distorsionar la competencia ni crear
         barreras a la entrada en el mercado. Con un sistema de autorización general, ya no será posible
         asignar los costes administrativos, y por ende las tasas, a las empresas, excepto en lo que se
         refiere a la autorización de derechos de uso de números, frecuencias de radio y derechos de
         instalar recursos. Las tasas administrativas aplicables deben ajustarse a los principios de un
         sistema de autorización general. Un ejemplo justo, sencillo y transparente de criterio de
         asignación de tasas podría ser una clave de distribución en función del volumen de negocios.
         Cuando las tasas administrativas sean muy bajas, también podrían resultar apropiadas unas tasas
         uniformes o bien unas tasas que combinen una base uniforme con un componente en función
         del volumen de negocios.
   (32) Además de las tasas administrativas, se pueden imponer cánones por el uso de radiofrecuencias y
         números como instrumento que garantice la utilización óptima de tales recursos. Estos cánones
         no deben obstaculizar el desarrollo de los servicios innovadores ni de la competencia en el
         mercado. La presente Directiva no afecta a los fines a los que se destinan los cánones de
         derecho de uso. Dichos cánones podrán utilizarse, por ejemplo, para financiar actividades de las
         autoridades nacionales de reglamentación que no puedan cubrirse mediante tasas
         administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, los
         cánones por el ejercicio de derechos de uso de radiofrecuencias consistan entera o parcialmente
         en un importe a tanto alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en la práctica dichos
         cánones no conducen a una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo
         de garantizar el uso óptimo de las radiofrecuencias. La Comisión Europea podrá publicar
         periódicamente estudios comparativos relativos a las mejores prácticas de asignación de
         radiofrecuencias, de asignación de números o de concesión de derechos de paso.»
8  El artículo 13 de esta misma Directiva, titulado «Cánones por derechos de uso y derechos de instalar
   recursos», dispone:
   «Los Estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la imposición de cánones por los
   derechos de uso de radiofrecuencias, números o derechos de instalación de recursos en una propiedad
   pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, que reflejen la necesidad de garantizar el
   uso óptimo de estos recursos. Los Estados miembros garantizarán que estos cánones no sean
   discriminatorios, sean transparentes, estén justificados objetivamente, sean proporcionados al fin
   previsto y tengan en cuenta los objetivos del artículo 8 de la [Directiva marco].»
9  La Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al
   acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión
   (Directiva acceso) (DO L 108, p. 7), declara en su artículo 12, apartado 1, párrafo primero:
   «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, las autoridades nacionales de reglamentación
   estarán facultadas para exigir a los operadores que satisfagan las solicitudes razonables de acceso a
   elementos específicos de las redes y a recursos asociados, así como las relativas a su utilización, entre
   otros casos en aquellas situaciones en las que dichas autoridades consideren que la denegación del
   acceso o unas condiciones no razonables de efecto análogo pueden constituir un obstáculo al
   desarrollo de un mercado competitivo sostenible a escala minorista o que no benefician a los usuarios
   finales.»
   Derecho español
10 La Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (BOE no 264, de 4 de noviembre
   de 2003, p. 38890), según se desprende de su exposición de motivos, transpuso al Derecho español el
   conjunto de directivas en materia de telecomunicaciones aprobadas en 2002, entre las que se
   encuentra la Directiva autorización.
   4                                                                                           ECLI:EU:C:2012:446
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                                      VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
11 A tenor del artículo 49 de dicha Ley:
   «1. Los operadores y los titulares de derechos de uso del dominio público radioeléctrico o de recursos
   de numeración estarán sujetos al pago de las tasas establecidas en el ordenamiento jurídico.
   2. Dichas tasas tendrán como finalidad:
   a)     Cubrir los gastos administrativos que ocasione el trabajo de regulación relativo a la preparación y
          puesta en práctica del derecho comunitario derivado y actos administrativos, como las relativas a
          la interconexión y acceso.
   b)     Los que ocasionen la gestión, control y ejecución del régimen establecido en esta ley.
   c)     Los que ocasione la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del dominio
          público, los derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración.
   d)     La gestión de las notificaciones reguladas en el artículo 6 de esta ley.
   e)     Los gastos de cooperación internacional, armonización y normalización y el análisis de mercado.
   3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las tasas establecidas por el uso del dominio público
   radioeléctrico, la numeración y el dominio público necesario para la instalación de redes de
   comunicaciones electrónicas tendrán como finalidad la necesidad de garantizar el uso óptimo de estos
   recursos, teniendo en cuenta el valor del bien cuyo uso se otorga y su escasez. Dichas tasas deberán ser
   no discriminatorias, transparentes, justificadas objetivamente y ser proporcionadas a su fin. Asimismo,
   deberán fomentar el cumplimiento de los objetivos y principios establecidos en el artículo 3, en los
   términos que se establezcan reglamentariamente.
   4. Las tasas a que se refieren los apartados anteriores serán impuestas de manera objetiva, transparente
   y proporcional, de manera que se minimicen los costes administrativos adicionales y las cargas que se
   derivan de ellos.
   5. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y la
   Agencia Estatal de Radiocomunicaciones, así como las Administraciones territoriales que gestionen y
   liquiden tasas subsumibles en el apartado 2 de este artículo, publicarán un resumen anual de los
   gastos administrativos que justifican su imposición y del importe total de la recaudación.
   [...]»
12 El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
   Reguladora de las Haciendas Locales (BOE no 59, de 9 de marzo de 2004, p. 10284), en su artículo 20,
   apartados 1 y 3, autoriza a las entidades locales a establecer tasas por la utilización privativa o el
   aprovechamiento especial del dominio público local, en particular del subsuelo, del suelo y del vuelo
   de las vías públicas municipales.
   Litigios principales y cuestiones prejudiciales
13 Se desprende de las resoluciones de remisión que, al amparo de la normativa española, varios
   municipios del Reino de España, entre ellos los Ayuntamientos de Santa Amalia, Tudela y
   Torremayor, aprobaron ordenanzas fiscales que gravan a las empresas con cánones por el uso
   privativo o el aprovechamiento especial del dominio público municipal hecho con el fin de prestar
   servicios de suministro de interés general, tanto si dichas empresas son propietarias de las
   ECLI:EU:C:2012:446                                                                                       5
 ---pagebreak---                          SENTENCIA DE 12.7.2012 — ASUNTOS ACUMULADOS C-55/11, C-57/11 Y C-58/11
                                    VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
   instalaciones necesarias para prestar tales servicios y que ocupan materialmente ese dominio, como si
   no lo son. La prestación de servicios de telefonía móvil figura entre los servicios gravados en
   aplicación de dichas ordenanzas.
14 Vodafone España y France Telecom España son operadores de telecomunicaciones que prestan
   servicios de telefonía móvil en el territorio español.
15 Vodafone España interpuso sendos recursos contra las ordenanzas fiscales aprobadas por los
   Ayuntamientos de Tudela y de Santa Amalia ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el
   Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, respectivamente. France Telecom España, por su parte,
   interpuso un recurso ante este último órgano jurisdiccional contra la ordenanza fiscal aprobada por el
   Ayuntamiento de Torremayor. En sus recursos, estos operadores impugnaron la conformidad de tales
   ordenanzas con el Derecho de la Unión. Dichos recursos fueron desestimados mediante sentencias de
   30 de diciembre de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de 12 y 29 de junio de 2009 del
   Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
16 Vodafone España interpuso entonces recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las
   sentencias de 30 de diciembre de 2008 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y de 12 de junio
   de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. France Telecom España interpuso recurso
   de casación contra la sentencia de 29 de junio de 2009 del Tribunal Superior de Justicia de
   Extremadura.
17 En las resoluciones de remisión, el Tribunal Supremo, analizando en primer lugar los artículos 12 y 13
   de la Directiva autorización, alberga dudas acerca de la competencia de los Estados miembros para
   imponer un canon por derechos de instalación de recursos no sólo al operador que es titular de la red
   de telecomunicaciones electrónicas, sino también a los operadores que únicamente reciben servicios de
   interconexión y que, en consecuencia, se limitan a acceder a dicha red y a utilizarla.
18 En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si los cánones controvertidos
   responden a las exigencias del artículo 13 de la Directiva autorización.
19 En tercer lugar, el Tribunal Supremo estima que procede verificar asimismo si el artículo 13 de la
   Directiva autorización reúne los requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia para
   gozar de efecto directo. Indica que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al efecto directo
   del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 97/13 parece avalar esta solución.
20 Por estos motivos, el Tribunal Supremo decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de
   Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, redactadas en términos idénticos en los tres asuntos
   C-55/11, C-57/11 y C-58/11:
   «1) ¿El artículo 13 de la Directiva [autorización] debe interpretarse en el sentido de que se opone a
        una normativa nacional que permite exigir un canon por derechos de instalación de recursos
        sobre el dominio público municipal a las empresas operadoras que, sin ser titulares de la red, la
        usan para prestar servicios de telefonía móvil?
   2)   Para el caso de que se estime compatible la exacción con el mencionado artículo 13 de la
        Directiva [autorización], las condiciones en las que el canon es exigido por la ordenanza local
        controvertida ¿satisfacen los requerimientos de objetividad, proporcionalidad y no discriminación
        que dicho precepto exige, así como la necesidad de garantizar el uso óptimo de los recursos
        concernidos?
   3)   ¿Cabe reconocer al repetido artículo 13 de la Directiva [autorización] efecto directo?»
   6                                                                                            ECLI:EU:C:2012:446
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                                    VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
21 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 2011, se acordó la
   acumulación de los asuntos C-55/11, C-57/11 y C-58/11 a efectos de las fases escrita y oral del
   procedimiento, así como de la sentencia.
   Sobre la solicitud de reapertura de la fase oral
22 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de abril de 2012, el
   Ayuntamiento de Tudela solicitó la reapertura de la fase oral alegando que las conclusiones de la
   Abogado General, presentadas el 22 de marzo de 2012, se basaban en premisas erróneas.
23 A este respecto, constituye jurisprudencia consolidada que el Tribunal de Justicia puede ordenar la
   reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera
   que no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación
   que no ha sido debatida entre las partes (véanse, en particular, las sentencias de 26 de junio de 2008,
   Burda, C-284/06, Rec. p. I-4571, apartado 37, y de 22 de septiembre de 2011, Interflora e Interflora
   British Unit, C-323/09, Rec. p. I-8625, apartado 22).
24 En el presente asunto, el Tribunal de Justicia considera que dispone de todos los elementos necesarios
   para responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente y que no procede
   examinar el asunto a la luz de una alegación que no haya sido debatida ante este Tribunal.
25 Por lo tanto, no procede estimar la solicitud de reapertura de la fase oral formulada por el
   Ayuntamiento de Tudela.
   Sobre las cuestiones prejudiciales
   Primera cuestión
26 Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo sustancial, si dentro
   del ámbito de la posibilidad que ofrece a los Estados miembros el artículo 13 de la Directiva
   autorización, de imponer un canon por «los derechos de instalación de recursos en una propiedad
   pública o privada, o por encima o por debajo de la misma», que refleje la necesidad de garantizar el
   reparto óptimo de esos recursos, está incluida una normativa nacional que impone una tasa por la
   utilización del dominio público local no sólo a los operadores que son propietarios de las redes de
   telefonía desplegadas en dicho dominio, sino también a los operadores titulares de derechos de uso,
   de acceso o de interconexión con esas redes.
27 En particular, dicho órgano jurisdiccional interroga al Tribunal de Justicia acerca de si puede gravarse
   con una tasa como ésta no sólo al operador que, conforme al artículo 11, apartado 1, de la Directiva
   marco, es titular de los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública, o por encima o
   por debajo de la misma, y que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de dicha Directiva y en el
   artículo 12 de la Directiva acceso, puede verse obligado a compartir esos recursos, sino también a los
   operadores que prestan servicios de telefonía móvil utilizando tales recursos.
28 Con carácter preliminar, ha de observarse que, en el marco de la Directiva autorización, los Estados
   miembros no pueden percibir cánones ni gravámenes sobre el suministro de redes y de servicios de
   comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en ella (véanse, por analogía, las sentencias de
   18 de julio de 2006, Nuova società di telecomunicazioni, C-339/04, Rec. p. I-6917, apartado 35, y de
   10 de marzo de 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, Rec. p. I-1575, apartado 21).
   ECLI:EU:C:2012:446                                                                                     7
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                                    VODAFONE ESPAÑA Y FRANCE TELECOM ESPAÑA
29 Según se desprende de los considerandos 30 a 32 y de los artículos 12 y 13 de la Directiva autorización,
   los Estados miembros únicamente están facultados, pues, para imponer o bien tasas administrativas
   destinadas a cubrir en total los gastos administrativos ocasionados por la gestión, el control y la
   ejecución del régimen de autorización general, o bien cánones por los derechos de uso de
   radiofrecuencias o números, o también por los derechos de instalación de recursos en una propiedad
   pública o privada, o por encima o por debajo de la misma.
30 En el procedimiento principal, el órgano jurisdiccional remitente parece partir de la idea de que las
   tasas controvertidas no están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 12 de dicha
   Directiva ni en el concepto de cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias o números en el
   sentido del artículo 13 de la misma. Por lo tanto, la cuestión radica únicamente en determinar si la
   posibilidad que tienen los Estados miembros de gravar con un canon los «derechos de instalación de
   recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma» en virtud del
   citado artículo 13 permite la aplicación de cánones como los del procedimiento principal, en tanto en
   cuanto se aplican a los operadores que, sin ser propietarios de esos recursos, los utilizan para la
   prestación de servicios de telefonía móvil explotando así ese dominio público.
31 Si bien en la Directiva autorización no se definen, como tales, ni el concepto de instalación de recursos
   en una propiedad pública o privada o por encima o por debajo de la misma, ni el obligado al pago del
   canon devengado por los derechos correspondientes a esa instalación, procede señalar, por una parte,
   que resulta del artículo 11, apartado 1, primer guión, de la Directiva marco que los derechos de
   instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma,
   se conceden a la empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones, es decir a
   aquella que está habilitada para instalar los recursos necesarios en el suelo, el subsuelo o el espacio
   situado por encima del suelo.
32 Por otra parte, como señaló la Abogado General en los puntos 52 y 54 de sus conclusiones, los
   términos «recursos» e «instalación» remiten, respectivamente, a las infraestructuras físicas que
   permiten el suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas y a su colocación física en
   la propiedad pública o privada de que se trate.
33 De ello se desprende que únicamente puede ser deudor del canon por derechos de instalación de
   recursos contemplado en el artículo 13 de la Directiva autorización el titular de dichos derechos, que
   es asimismo el propietario de los recursos instalados en la propiedad pública o privada de que se
   trate, o por encima o por debajo de ella.
34 Por lo tanto, no puede admitirse la percepción de cánones como los que son objeto del procedimiento
   principal en concepto de «canon por los derechos de instalación de recursos en una propiedad pública
   o privada, o por encima o por debajo de la misma», puesto que se aplican a los operadores que, sin ser
   propietarios de dichos recursos, los utilizan para la prestación de servicios de telefonía móvil
   explotando así ese dominio público.
35 Habida cuenta de todas estas consideraciones, procede responder a la primera cuestión que el
   artículo 13 de la Directiva autorización debe interpretarse en el sentido de que se opone a la
   aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o
   por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los
   utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
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   Cuestiones segunda y tercera
36 En vista de la respuesta dada a la primera cuestión, procede responder únicamente a la tercera cuestión
   planteada por el órgano jurisdiccional remitente, en la que éste pregunta fundamentalmente si el
   artículo 13 de la Directiva autorización tiene efecto directo, de suerte que, en circunstancias como las
   de los procedimientos principales, un particular puede invocarlo ante los órganos jurisdiccionales
   nacionales.
37 A este respecto procede recordar que, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, en todos
   aquellos casos en que las disposiciones de una directiva, desde el punto de vista de su contenido, no
   estén sujetas a condición alguna y sean suficientemente precisas, los particulares están legitimados
   para invocarlas ante los órganos jurisdiccionales nacionales contra el Estado, bien cuando éste no haya
   adaptado el Derecho nacional a la directiva dentro de los plazos señalados, bien cuando haya hecho
   una adaptación incorrecta (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2004, Pfeiffer y
   otros, C-397/01 a C-403/01, Rec. p. I-8835, apartado 103; de 17 de julio de 2008, Arcor y otros,
   C-152/07 a C-154/07, Rec. p. I-5959, apartado 40, y de 24 de enero de 2012, Domínguez, C-282/10,
   apartado 33).
38 En el caso de autos, como señaló la Abogado General en los puntos 48, 97 y 98 de sus conclusiones, el
   artículo 13 de la Directiva autorización se ajusta a estos criterios. En efecto, dicha disposición establece,
   en términos incondicionales y precisos, que los Estados miembros pueden imponer un canon en tres
   supuestos específicos, a saber, por los derechos de uso de radiofrecuencias o números o por los
   derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo
   de la misma.
39 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la tercera cuestión que el artículo 13 de la Directiva
   autorización tiene efecto directo, de suerte que confiere a los particulares el derecho a invocarlo
   directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una
   resolución de los poderes públicos incompatible con dicho artículo.
   Costas
40 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente
   promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los
   gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones
   ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
   En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
   1)   El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
        7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones
        electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone a la
        aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o
        privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser propietarios de
        dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.
   2)   El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los
        particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales nacionales
        para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos incompatible con
        dicho artículo.
   Firmas
   ECLI:EU:C:2012:446                                                                                          9