CELEX: 52021PC0421
Language: es
Date: 2021-07-20
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.7.2021
            COM(2021) 421 final
            2021/0240(COD)
            
            Propuesta de
            REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010
            (Texto pertinente a efectos del EEE)
            {SWD(2021) 190, 191}{SEC(2021) 391}
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
            
            
               •Razones y objetivos de la propuesta
            
            
               El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hacen pesar una grave amenaza sobre la integridad de la economía y el sistema financiero de la UE y la seguridad de sus ciudadanos. Según las estimaciones de Europol, las actividades financieras sospechosas detectadas representan en torno al 1 % del producto interior bruto anual de la UE
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               . En julio de 2019, a raíz de una serie de célebres casos de presunto blanqueo de capitales en entidades de crédito de la UE, la Comisión aprobó una serie de documentos
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                en los que, tras analizar la eficacia y eficiencia del régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) aplicado en la UE en aquel momento, se concluía que eran necesarias reformas, en particular en los ámbitos de la supervisión y la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). En este contexto, la Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad de cara al período 2020-2025
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                destacaba la importancia de mejorar el marco de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con el fin de proteger a los europeos frente al terrorismo y la delincuencia organizada.
            
            
               El 7 de mayo de 2020, la Comisión presentó un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
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               . En él, la Comisión se comprometía a tomar medidas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y definía seis prioridades o pilares:
            
            
               1.Garantizar la aplicación efectiva del actual marco de LBC/LFT de la UE.
            
            
               2.Establecer un código normativo único de la UE para la LBC/LFT.
            
            
               3.Supervisar la LBC/LFT a escala de la UE. 
            
            
               4.Establecer un mecanismo de cooperación y apoyo a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF).
            
            
               5.Aplicar el Derecho penal e intercambiar información a nivel de la Unión. 
            
            
               6.Reforzar la dimensión internacional del marco de LBC/LFT de la UE.
            
            
               La presente propuesta legislativa tiene por objeto hacer efectivas las acciones 3 y 4 de dicho Plan de Acción, en tanto que las dos propuestas legislativas que la acompañan están destinadas a instrumentar la acción 2 y contribuir a la acción 6. Las acciones 1 y 5 no requieren ninguna actuación legislativa. 
            
            
               La instauración de una supervisión a escala de la UE en materia de LBC/LBC y la creación de un mecanismo de apoyo y coordinación para las Unidades de Inteligencia Financiera han recibido el respaldo del Parlamento Europeo y del Consejo. 
            
            
               En su Resolución de 10 de julio de 2020 sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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               , el Parlamento Europeo acogió con satisfacción el Plan de Acción de la Comisión y la intención de esta de proponer la creación de un supervisor de LBC/LFT a escala de la UE y de un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF. El Parlamento Europeo pidió además a la Comisión que estudiara la posibilidad de crear un mecanismo de coordinación y apoyo de la UE en forma de Unidad de Inteligencia Financiera de la UE, que velara por que las responsabilidades del supervisor de LBC/LFT englobasen las entidades obligadas financieras y no financieras —disponiendo de competencias directas de supervisión sobre determinadas entidades obligadas en función de su tamaño o del riesgo que presenten—, así como la supervisión de la aplicación de las normas de la UE por parte de los supervisores nacionales, y que garantizara un reparto claro de competencias entre los supervisores nacionales y el de la UE, y la independencia presupuestaria y funcional del supervisor de LBC/LFT y de la UIF de la UE. En este contexto, el Parlamento Europeo observó que los recursos presupuestarios y humanos propuestos no son suficientes para prestar plenamente apoyo a las investigaciones relacionadas con la lucha contra el blanqueo de capitales y a los mecanismos de coordinación existentes, y concluyó que deberían asignarse recursos humanos y financieros adicionales a la lucha contra el blanqueo de capitales.
            
            
               El Consejo se muestra igualmente favorable al Plan de Acción de la Comisión en sus Conclusiones sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 5 de noviembre de 2020
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               . Entre otras cosas, el Consejo instó a la Comisión a conceder prioridad al establecimiento de una supervisión en materia de LBC/LFT a escala de la UE y al mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF. El supervisor de LBC/LFT de la UE debe contar con competencias que le permitan actuar estrictamente en función de la probabilidad del riesgo
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               . Esta autoridad debe estar facultada para apoyar a las autoridades nacionales y promover la convergencia de la supervisión, incluso en el sector no financiero. A fin de desempeñar su función de supervisión directa, debe crear equipos conjuntos de supervisión, llevar a cabo inspecciones generales e imponer medidas de supervisión y sanciones administrativas, respetando al mismo tiempo las especificidades de los sistemas nacionales y de sus estructuras ejecutivas. El nuevo supervisor debe disponer de una estructura de gobernanza independiente y autónoma y cooperar con otras autoridades nacionales y de la UE pertinentes. Con vistas al establecimiento de un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF, el Consejo sugiere que se otorgue a la nueva autoridad un papel central a la hora de reforzar y facilitar el análisis conjunto por parte de las UIF, apoyar los análisis de las UIF y promover los intercambios y el desarrollo de capacidades entre las UIF, así como la cooperación con otras autoridades competentes. La gobernanza del mecanismo de coordinación y apoyo debe implicar plenamente a las UIF y respetar sus funciones y responsabilidades fundamentales por lo que respecta a la independencia y autonomía operativas, así como la seguridad y confidencialidad de la inteligencia financiera. 
            
            
               La presente propuesta crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo «la ALBC» o «la Autoridad»). Esta nueva autoridad europea es esencial para subsanar las actuales deficiencias en la supervisión de la LBC/LFT en la Unión, la cual está ahora a cargo de los Estados miembros. Debido a las considerables diferencias que se observan en los recursos y las prácticas de los distintos Estados miembros, su calidad y eficacia son desiguales
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               . Como lo demuestran los recientes casos de presunto blanqueo de capitales en los que estaban implicadas entidades de crédito de la UE, el enfoque ante situaciones transfronterizas no es coherente. El informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre los planteamientos de las autoridades competentes de cara a la supervisión de la LBC/LFT
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                confirmó que, a pesar de los progresos realizados, no todas las autoridades competentes son capaces de cooperar eficazmente con las partes interesadas en el ámbito nacional o internacional. Los métodos para determinar los riesgos y aplicar el enfoque basado en el riesgo a la supervisión también difieren. Si bien algunos riesgos siguen siendo de carácter nacional, otros son de carácter horizontal o pueden afectar a todo el sistema financiero de la Unión. En su respuesta al cuestionario específico enviado por la Comisión en el marco de la consulta pública realizada al adoptar el Plan de Acción, el 7 de mayo de 2020
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               , los Estados miembros subrayaron la necesidad de una metodología común y coherente para evaluar y detectar los riesgos. Además de las divergencias ya señaladas en las competencias de supervisión, la ABE puso también de relieve que los supervisores nacionales en materia de LBC/LFT podrían no estar siempre dispuestos a hacer uso de todos los poderes a su alcance. Ello da lugar a una supervisión que, además de ser inadecuada a nivel nacional, no se centra suficientemente en los profesionales que prestan servicios transfronterizos, lo que crea riesgos para todo el mercado único. Estas conclusiones fueron, asimismo, globalmente corroboradas en el último informe del Tribunal de Cuentas Europeo
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               .
            
            
               Con vistas a corregir estas deficiencias, la Autoridad se convertirá en un elemento central de un sistema integrado de supervisión de la LBC/LFT, que estará compuesto por la propia Autoridad y las autoridades nacionales responsables de la supervisión de la LBC/LFT (en lo sucesivo «las autoridades de supervisión»). Mediante la supervisión directa de algunas de las entidades obligadas transfronterizas del sector financiero que presentan mayor riesgo, y la toma de decisiones con respecto a dichas entidades, la Autoridad contribuirá directamente a prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión. Durante los últimos años, varios incidentes provocados por la falta de contramedidas adecuadas adoptadas por los supervisores, o por su incorrecta aplicación por parte de ciertas empresas, han tenido eco en la opinión pública. Una supervisión europea directa de aquellas entidades que presentan un elevado riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo colmará esas lagunas, en particular en lo que respecta a la supervisión transfronteriza. Al mismo tiempo, la Autoridad coordinará a las autoridades nacionales de supervisión y les ayudará a ser más eficaces a la hora de aplicar el código normativo único y garantizar que las normas de supervisión, los enfoques y los métodos de evaluación de riesgos sean homogéneos y de alta calidad.
            
            
               Todos los casos recientes importantes de blanqueo de capitales denunciados en la UE tenían una dimensión transfronteriza. No obstante, la detección de estos movimientos financieros se deja en manos de las UIF nacionales y depende de la cooperación entre ellas. Si bien esto refleja la independencia y autonomía operativas de las UIF, la ausencia de una estructura común que sustente esta cooperación da lugar a situaciones en las que no se realizan análisis conjuntos por falta de herramientas o recursos comunes. Estas divergencias obstaculizan la cooperación transfronteriza y, por tanto, reducen la capacidad de detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de forma temprana y eficaz. De ello se deriva un enfoque fragmentado que se presta a abusos con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y que no permite definir oportunamente tendencias y tipologías a escala de la Unión
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               . 
            
            
               La nueva Autoridad también debe desempeñar un papel fundamental en la mejora del intercambio de información y la cooperación entre las UIF. La Autoridad actuará como estructura de apoyo y coordinación, ayudándolas, entre otras cosas, en su labor de análisis conjunto de aquellas comunicaciones de transacciones sospechosas y de actividad sospechosa que tengan una importante dimensión transfronteriza, y proporcionando un alojamiento estable de la plataforma FIU.net. Además, la Autoridad posibilitará la elaboración de plantillas y normas comunes de información que las UIF de la UE deberán utilizar.
            
         
         
            
               
                  Por último, aunque no por ello menos importante, la Autoridad estará facultada para elaborar normas técnicas de regulación y de ejecución, directrices y recomendaciones en su ámbito de competencia, así como para asesorar e informar a la Comisión y a los colegisladores acerca de muchos aspectos de la política de LBC/LFT, incluidos los riesgos vinculados a terceros países y territorios.
               
            
            
               •
                     Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
            
            
               El marco jurídico actual de la Unión en materia de LBC/LFT está formado por la Directiva antiblanqueo
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                y el Reglamento sobre transferencias de fondos
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               . La presente propuesta va acompañada de otras tres propuestas destinadas a modificar la legislación de la UE aplicable en materia de LBC/LFT:
            
            
               i.un nuevo Reglamento por el que se establece un código normativo único para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo,
            
            
               ii.una nueva Directiva sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que complementará el Reglamento, y 
            
            
               iii.una refundición del Reglamento (UE) 2015/847, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos.
            
            
               Este paquete de cuatro propuestas legislativas, en aplicación del Plan de Acción de la Comisión en materia de LBC/LFT, de 7 de mayo de 2020, se considera un todo coherente y crea un marco nuevo y más estricto para velar por que se cumplan las normas de LBC/LFT en la Unión. 
            
            
               
                  Disponer de normas a ese respecto directamente aplicables a través de un reglamento, las cuales serán más detalladas que las contenidas en la actual Directiva antiblanqueo, no solo promoverá la convergencia de las prácticas de supervisión y ejecución en los Estados miembros, sino que también permitirá a la propia Autoridad aplicarlas en su calidad de supervisor directo de determinadas entidades obligadas. En el ámbito de la supervisión indirecta, así como de la coordinación y el apoyo de las UIF, las propuestas que acompañan a la presente propuesta contienen disposiciones que facultan a la Autoridad para elaborar diversas normas técnicas de regulación y de ejecución y para adoptar directrices y recomendaciones, otorgando así una función clara a la Autoridad. El apoyo que prestará la Autoridad a las autoridades de supervisión y las UIF en sus evaluaciones de riesgos y análisis será, asimismo, un componente clave de la nueva estructura de ejecución en materia de LBC/LFT. La Autoridad contribuirá también a la política de la Unión relativa a terceros países en lo que respecta a las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo procedentes de fuera de la Unión. En este contexto, la Autoridad cooperará con los servicios pertinentes de la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los organismos y agencias de la UE. 
               
            
            
               •
                     Coherencia con otras políticas de la Unión
            
            
               Si bien la competencia de la Autoridad se limitará al ámbito de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT, dicha legislación en sí misma ejerce una interacción y es coherente con otras disposiciones legales en el área de los servicios financieros y el Derecho penal. Entre ellas se incluye la legislación de la UE sobre pagos y transferencias de fondos (por ejemplo, la Directiva sobre servicios de pago, la Directiva sobre cuentas de pago y la Directiva sobre dinero electrónico
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               ). En lo que respecta a las UIF, también se ha tenido en cuenta la Directiva destinada a facilitar el uso de información financiera para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinadas infracciones penales
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               . Las competencias de la Autoridad en el ámbito de los activos virtuales son coherentes con el paquete sobre finanzas digitales publicado por la Comisión el 24 de septiembre de 2020.
            
            
               
                  El proyecto de Reglamento contiene disposiciones específicas encaminadas a establecer una buena cooperación entre la Autoridad y otras agencias descentralizadas pertinentes de la UE u otros organismos nacionales y de la UE, entre los que figuran la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Fiscalía Europea y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) a escala de la Unión, así como diversas autoridades nacionales, incluidos los supervisores prudenciales de las entidades financieras. Con vistas a mejorar la supervisión y la ejecución de las normas en todos los sectores, la Autoridad debe posibilitar un intercambio eficaz de información entre las autoridades mencionadas y crear sinergias con ellas cuando redunde en beneficio de una lucha fructífera contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
               
            
            
               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
            
            
               •
                     Base jurídica
            
            
               La propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, que constituye ya la base jurídica del actual marco legal para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El artículo 114 se ha considerado adecuado para la legislación de LBC/LFT, teniendo en cuenta, por una parte, que una evolución divergente de las legislaciones nacionales podría perturbar el correcto funcionamiento del mercado interior y, por otra parte, que quienes realizan actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo podrían intentar valerse de la libre circulación de capitales y la libre prestación de servicios financieros, causando así pérdidas económicas y perturbaciones en el funcionamiento del mercado único y dañando la reputación de la Unión. 
            
            
               
                  Según reiterada jurisprudencia, el legislador de la Unión, actuando en virtud del artículo 114 del TFUE, puede considerar necesario instituir un organismo de la Unión encargado de contribuir a alcanzar una armonización
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                  .
               
            
            
               •
                     Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 
            
            
               
                  El paquete de medidas de LBC/LFT presentado por la Comisión en 2019
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                  , integrado por una Comunicación y cuatro informes, destacaba cómo los delincuentes aprovechaban las diferencias entre los Estados miembros en la aplicación nacional del régimen europeo de LBC/LFT. El carácter transfronterizo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hace que una buena cooperación entre los supervisores nacionales y las UIF sea esencial para prevenir estos delitos. Muchas entidades sujetas a las obligaciones de LBC/LFT desarrollan actividades transfronterizas, y los diferentes enfoques adoptados por las autoridades de supervisión y las UIF impiden a dichas entidades aplicar prácticas óptimas de LBC/LFT a nivel de grupo. Es necesaria una mayor coordinación a escala de la Unión, incluida una supervisión directa por parte de la UE de algunas de las entidades con mayor riesgo, para afrontar esas cuestiones transfronterizas y maximizar la capacidad del sistema financiero de la UE para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
               
            
            
               •
                     Proporcionalidad
            
            
               
                  El carácter transfronterizo del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo exige una actuación reforzada a escala de la Unión para lograr una mayor cooperación entre los supervisores y las UIF. Sin embargo, tal como se expone en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, las opciones de someter a todas las entidades financieras grandes o transfronterizas a una supervisión en materia de LBC/LFT a nivel de la UE, así como de crear una UIF a escala de la UE, han sido descartadas por considerarse desproporcionadas.
               
            
            
               •
                     Elección del instrumento
            
         
         
            
               
                  El instrumento necesario para la creación de una nueva agencia de la UE es un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo.
               
            
            
               3.RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
            
            
               •
                     Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente
            
            
               
                  Aún no se ha llevado a cabo una evaluación ex post completa del actual régimen de la UE en materia de LBC/LFT, ni del ejercicio por parte de la Autoridad Bancaria Europea de las competencias en esa materia que asumió a principios de 2020
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                  , a la luz de los diversos cambios legislativos habidos recientemente. La cuarta Directiva antiblanqueo se adoptó el 20 de mayo de 2015 y los Estados miembros disponían hasta el 26 de junio de 2017 para su transposición. La quinta Directiva antiblanqueo
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                   se adoptó el 30 de mayo de 2018 y el plazo para su transposición finalizaba el 10 de enero de 2020. El control de la transposición aún está en curso. No obstante, la Comunicación de la Comisión de julio de 2019 y los informes adjuntos antes mencionados sirven para evaluar la eficacia del régimen de la UE en materia de LBC/LFT vigente en ese momento.
               
            
            
               •
                     Consultas con las partes interesadas
            
            
               La estrategia de consulta sobre el Plan de Acción de la Comisión para la LBC/LFT constaba de varios componentes:
            
            
               -Una consulta sobre la hoja de ruta para el Plan de Acción de la Comisión. La consulta, efectuada a través del portal de la Comisión «Díganos lo que piensa», tuvo lugar entre el 11 de febrero y el 12 de marzo de 2020 y se recibieron 42 respuestas de diversas partes interesadas.
            
            
               -Una consulta pública sobre las medidas propuestas en el Plan de Acción, abierta al público en general y a todos los grupos de partes interesadas, que se inició el 7 de mayo de 2020 y finalizó el 26 de agosto. Se recibieron 202 respuestas oficiales.
            
            
               -Una consulta dirigida específicamente a los Estados miembros y las autoridades competentes en materia de LBC/LFT. Los Estados miembros tuvieron la oportunidad de expresar sus puntos de vista en varias reuniones del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y las UIF de la UE aportaron su contribución con ocasión de las reuniones de la Plataforma de las UIF y a través de documentos escritos.
            
            
               -Una solicitud de asesoramiento presentada a la Autoridad Bancaria Europea en marzo de 2020. La ABE emitió su dictamen el 10 de septiembre de 2020.
            
            
               -El 23 de julio de 2020, el Supervisor Europeo de Protección de Datos emitió un dictamen sobre el Plan de Acción de la Comisión.
            
            
               -El 30 de septiembre de 2020, la Comisión organizó una conferencia de alto nivel en la que participaron representantes de las autoridades nacionales y de la UE, diputados al Parlamento Europeo, y representantes del sector privado, de la sociedad civil y del mundo académico. 
            
            
               
                  Las observaciones de las partes interesadas sobre el Plan de Acción fueron, en líneas generales, muy positivas y respaldaban, en su mayoría, la instauración de un supervisor de la UE con competencias sobre todas las entidades obligadas, financieras y no financieras, y facultades de supervisión directa de, al menos, algunas entidades obligadas del sector financiero.
               
            
            
               •
                     Obtención y uso de asesoramiento especializado
            
            
               
                  Para preparar la presente propuesta, la Comisión se ha basado en datos cualitativos y cuantitativos obtenidos de fuentes reconocidas, en particular el asesoramiento técnico de la Autoridad Bancaria Europea. También se obtuvo información de los Estados miembros sobre la ejecución de las normas de lucha contra el blanqueo de capitales a través de cuestionarios y del Grupo de Expertos en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
               
            
            
               •
                     Evaluación de impacto
            
            
               La presente propuesta va acompañada de una evaluación de impacto
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               , que fue remitida al Comité de Control Reglamentario el 6 de noviembre de 2020 y aprobada el 4 de diciembre de 2020. La misma evaluación de impacto acompaña también a las otras dos propuestas legislativas que se presentan simultáneamente, un proyecto de Reglamento sobre la LBC/LFT y una refundición de la Directiva 2015/849 sobre la LBC/LFT. En su dictamen favorable, el Comité de Control Reglamentario propuso varios cambios en la presentación de la evaluación de impacto, los cuales han sido introducidos. 
            
            
               En la evaluación de impacto, la Comisión examinó por separado las opciones de actuación para mejorar la eficacia y coherencia de la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, y para aumentar el nivel de cooperación e intercambio de información entre las UIF.
            
            
               En lo referente a la supervisión, las opciones consideradas son las siguientes:
            
            
               1)La supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales seguiría realizándose a nivel nacional, y la Autoridad Bancaria Europea se encargaría de controlar esta supervisión en el sector financiero (hipótesis de base).
            
         
         
            
               2)Establecer una supervisión indirecta de todas las entidades obligadas.
            
            
               3)Competencias de supervisión directa de determinadas entidades obligadas del sector financiero que presentan un alto riesgo y están sujetas a los requisitos de LBC/LFT, y supervisión indirecta de todas las demás entidades.
            
            
               4)Supervisión directa a escala de la UE de todas las entidades obligadas en lo que respecta a la lucha contra el blanqueo de capitales.
            
            
               A la luz de los resultados de la evaluación de impacto, la opción preferida es la opción 3, que reúne competencias de supervisión directa e indirecta en un organismo de supervisión de la UE consistente en una agencia descentralizada.
            
            
               En cuanto a la cooperación y el intercambio de información entre las UIF, las opciones consideradas son las siguientes:
            
            
               1)Las Unidades de Inteligencia Financiera seguirían cooperando en el contexto de la Plataforma de UIF de la UE, que se clasificaría como red (hipótesis de base).
            
            
               2)Transformar la Plataforma de UIF de la UE en un comité de comitología, dejando en manos de la Comisión la labor de adoptar actos de ejecución que definan normas para las UIF.
            
            
               3)La Plataforma de UIF de la UE se convertiría en un mecanismo de la UE con competencias para emitir directrices y normas técnicas, y para organizar análisis y formación conjuntos y realizar análisis de tendencias y riesgos.
            
            
               4)La Plataforma de UIF de la UE se convertiría en una UIF a escala de la UE, que sustituiría a las UIF nacionales.
            
            
               La opción preferida es la opción 3, un mecanismo de coordinación y apoyo para las UIF a escala de la UE, integrado en un organismo de la UE.
            
            
               La agrupación de todas estas funciones en una nueva autoridad es un paso esencial para garantizar el buen funcionamiento del nuevo organismo, ya que deberá cooperar con diversas partes interesadas de los sectores financiero y no financiero y coordinar las distintas funciones de supervisión e inteligencia financiera. Tras un análisis pormenorizado
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               , la opción de asignar las nuevas tareas a organismos existentes (por ejemplo, la Autoridad Bancaria Europea) fue descartada por varias razones: El ejercicio de algunas de las competencias actuales de la ABE, especialmente las relacionadas con la potestad coercitiva, ha planteado ciertas dificultades, debido a las especificidades de su modelo de gobernanza: la ABE tendría que contar con dos modelos de toma de decisiones, uno para sus actuales funciones ajenas a la LBC/LFT y otro para las tareas de LBC/LFT exclusivamente. Por otra parte, los efectos de sinergia serían muy limitados, ya que la ABE no tiene experiencia en la supervisión directa de entidades y tendría que adquirir los conocimientos especializados pertinentes, no solo en relación con el sector financiero sino también con el no financiero. Esta conclusión está igualmente en consonancia con los resultados de la consulta pública, que muestran escaso apoyo a la posibilidad de convertir la Autoridad Bancaria Europea en el futuro supervisor de la UE en materia de LBC/LFT. En tanto que un tercio de los encuestados no expresaron ninguna opinión, solo el 19 % de los que sí lo hicieron se manifestaron a favor de la ABE.
            
            
               
                  Además, debido al carácter novedoso de las tareas del mecanismo de apoyo y coordinación de las UIF y al hecho de que ningún organismo de la Unión existente cuenta con un mandato jurídico adecuado para llevar a cabo tales tareas, probablemente sería necesaria una nueva agencia específica para ello
                     23
                  . La combinación de ambas funciones (supervisión y coordinación de las UIF) en una nueva autoridad permitirá previsiblemente ahorrar costes, en comparación con dos agencias, y sin duda se lograrán sinergias. Disponer de una Autoridad de LBC/LFT a escala de la Unión, que reúna bajo un mismo paraguas institucional diferentes etapas y elementos para combatir eficazmente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, parece la única opción posible si se pretende dar respuesta a la petición de una política global de la UE en materia de LBC/LFT. 
               
            
            
               •
                     Adecuación regulatoria y simplificación
            
            
               
                  La presente propuesta es una iniciativa para crear una nueva agencia de la UE y no deroga ni simplifica ninguna norma vigente. Se examinó si las agencias de la UE existentes podrían asumir la totalidad de las tareas propuestas para la nueva Autoridad de LBC/LFT, y se llegó a la conclusión de que, por razones jurídicas y de otra índole, no era así. En lo que respecta a la simplificación, cabe señalar que las entidades financieras transfronterizas de alto riesgo que serán supervisadas directamente por la Autoridad de la UE ya no tendrán que tratar con múltiples supervisores en materia de LBC/LFT de diferentes Estados miembros, lo que simplificará su supervisión en ese ámbito. Asimismo, la creación de un mecanismo de coordinación de las UIF simplificará y facilitará la cooperación entre las UIF.
               
            
            
               •
                     Derechos fundamentales
            
            
               
                  La UE se ha comprometido a garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales. Como organismo de la UE, la Autoridad estará sujeta al correspondiente Reglamento sobre protección de datos
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                   en la medida en que pueda manejar datos personales.
               
            
            
               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
            
            
               
                  La Autoridad será una agencia descentralizada de la Unión de nueva creación, financiada, en parte, con cargo al presupuesto de la UE y, en parte, con tasas cobradas a las entidades obligadas que serán supervisadas directa o indirectamente por ella. La metodología para la selección de las entidades sujetas al pago de tasas y para la determinación de las propias tasas se establecerá en un acto delegado de la Comisión.
               
               
                  Los recursos humanos y presupuestarios necesarios de la Autoridad vienen determinados por sus funciones. Aparte de las tareas de administración central y gestión, estas se dividen en tres categorías principales:
               
            
            
               i.supervisión directa de las entidades obligadas del sector financiero que sean seleccionadas; 
            
         
         
            
               ii.supervisión indirecta de entidades obligadas, tanto del sector financiero como del sector no financiero, a través del control de los supervisores o de los organismos autorreguladores; y 
            
            
               iii.mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE. 
            
            
               
                  Cuando sea plenamente operativa, se estima que la Autoridad requerirá una plantilla de 250 personas, contando todas las categorías de personal.
               
               
                  La Autoridad también asumirá la gestión de dos infraestructuras existentes: i) la base de datos de LBC/LFT, gestionada actualmente por la Autoridad Bancaria Europea
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                  , y ii) la red de comunicación segura para las UIF, FIU.net
                     26
                  . Estas dos infraestructuras ya están financiadas por el presupuesto de la UE. Por lo tanto, su incidencia global en el presupuesto de la UE solo debería cambiar en la medida en que se desarrollen funcionalidades adicionales y otras mejoras.
               
               
                  Se calcula que el gasto anual total de la Autoridad una vez sea plenamente operativa será de 45,6 millones EUR, de los cuales se espera que las tres cuartas partes, aproximadamente, se financien con tasas cobradas a las entidades obligadas. La Autoridad se creará a principios de 2023 y la supervisión directa comenzará a principios de 2026, por lo que dispondrá de la totalidad de los recursos a finales de 2025; 2026 será el primer año en que se dote a la Autoridad con todos los recursos necesarios para un año natural completo.
               
               
                  La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta.
               
            
            
               5.OTROS ELEMENTOS
            
            
               •
                     Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
            
            
               
                  La Autoridad será una agencia descentralizada de la Unión de nueva creación, financiada, en parte, con cargo al presupuesto de la UE y, en parte, con tasas cobradas a las entidades obligadas que serán supervisadas directa o indirectamente por ella. La metodología para la selección de las entidades sujetas al pago de tasas y para la determinación de las propias tasas se establecerá en un acto delegado de la Comisión.
               
               
                  Los recursos humanos y presupuestarios necesarios de la Autoridad vienen determinados por sus funciones. Aparte de las tareas de administración central y gestión, estas se dividen en tres categorías principales:
               
            
            
               supervisión directa de las entidades obligadas del sector financiero que sean seleccionadas; 
            
            
               supervisión indirecta de entidades obligadas, tanto del sector financiero como del sector no financiero, a través del control de los supervisores o de los organismos autorreguladores; y 
            
            
               mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE. 
            
            
               
                  Cuando sea plenamente operativa, se estima que la Autoridad requerirá una plantilla de 250 personas, contando todas las categorías de personal.
               
               
                  La Autoridad también asumirá la gestión de dos infraestructuras existentes: i) la base de datos de LBC/LFT, gestionada actualmente por la Autoridad Bancaria Europea
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                  , y ii) la red de comunicación segura para las UIF, FIU.net
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                  . Estas dos infraestructuras ya están financiadas por el presupuesto de la UE. Por lo tanto, su incidencia global en el presupuesto de la UE solo debería cambiar en la medida en que se desarrollen funcionalidades adicionales y otras mejoras.
               
               
                  Se calcula que el gasto anual total de la Autoridad una vez sea plenamente operativa será de 45,6 millones EUR, de los cuales se espera que las tres cuartas partes, aproximadamente, se financien con tasas cobradas a las entidades obligadas. La Autoridad se creará a principios de 2023 y la supervisión directa comenzará a principios de 2026, por lo que dispondrá de la totalidad de los recursos a finales de 2025; 2026 será el primer año en que se dote a la Autoridad con todos los recursos necesarios para un año natural completo.
               
               
                  La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta.
               
            
            
               •
                     Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
            
            
               
                  La Autoridad será un organismo con personalidad jurídica, que revestirá la forma de agencia descentralizada de la UE. Actuará dentro del ámbito de aplicación de la legislación de la UE en materia de LBC/LFT, en la que se incluyen el nuevo Reglamento a ese respecto que la Comisión propone junto con la presente propuesta, las modificaciones de la actual Directiva (UE) 2015/849 y las modificaciones del Reglamento (UE) 2015/847. Su objetivo es prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la Unión, contribuyendo a reforzar la supervisión y a mejorar la cooperación entre las UIF y las autoridades de supervisión. La decisión sobre la sede de la Autoridad debe adoptarse de conformidad con las disposiciones pertinentes del Planteamiento Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la UE y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas
                     29
                  .
               
            
            
               •
                     Funciones y competencias de la Autoridad (artículos 5 a 44) 
            
         
         
            
               Las funciones de la Autoridad pueden dividirse en cinco categorías: 
            
            
               i.Con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad velará por el cumplimiento por la totalidad del grupo de los requisitos establecidos en la Directiva y el Reglamento antiblanqueo y cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que imponga a las entidades financieras obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. Llevará a cabo revisiones y evaluaciones supervisoras a nivel de entidad y de grupo, participará en la supervisión de los grupos, y desarrollará y mantendrá actualizado un sistema para evaluar los riesgos y vulnerabilidades de las entidades obligadas seleccionadas. 
            
            
               ii.Con respecto a los supervisores financieros, la Autoridad llevará a cabo evaluaciones periódicas para garantizar que todos ellos dispongan de los recursos y competencias necesarios para el desempeño de sus funciones. Facilitará el funcionamiento de los colegios y contribuirá a la convergencia de las prácticas de supervisión y a la promoción de normas elevadas de supervisión. Coordinará los intercambios de personal e información entre los supervisores financieros de la Unión y les prestará asistencia. 
            
            
               iii.Con respecto a los supervisores no financieros, incluidos, en su caso, los organismos autorreguladores, la Autoridad coordinará las evaluaciones inter pares de las normas y prácticas de supervisión y solicitará a los supervisores no financieros que investiguen posibles incumplimientos de los requisitos aplicables a las entidades obligadas y que examinen la conveniencia de imponer sanciones o medidas correctoras en relación con dichos incumplimientos. Llevará a cabo evaluaciones periódicas y prestará asistencia a los supervisores. Cuando la supervisión de sectores específicos se delegue a nivel nacional en organismos autorreguladores, la Autoridad ejercerá las funciones establecidas en el párrafo primero en relación con los organismos públicos que supervisen la actividad de dichos organismos autorreguladores.
            
            
               iv.Con respecto a las UIF de los Estados miembros, la Autoridad desempeñará un papel importante en los análisis conjuntos llevados a cabo por dichas Unidades, por ejemplo, en la determinación de los casos pertinentes y en el desarrollo de métodos adecuados para el análisis conjunto de casos transfronterizos. Además, pondrá a disposición de las UIF herramientas y servicios informáticos y de inteligencia artificial para el intercambio seguro de información, en particular mediante el alojamiento de la red FIU.net. Promoverá la adquisición de conocimientos especializados sobre detección, análisis y métodos de difusión de transacciones sospechosas, proporcionará formación especializada y asistencia a las UIF, y preparará y coordinará las evaluaciones de amenazas. 
            
            
               v.Las competencias generales de la Autoridad respecto de todas las funciones antes mencionadas incluirán la facultad de adoptar normas técnicas de regulación y de ejecución cuando así lo disponga la legislación aplicable en materia de LBC/LFT, y amplios poderes para emitir directrices o recomendaciones dirigidas a las entidades obligadas, los supervisores de LBC/LFT o las UIF. En el contexto de la supervisión directa, la Autoridad estará facultada para adoptar decisiones vinculantes, medidas administrativas y sanciones pecuniarias en relación con las entidades obligadas que supervise directamente. En el contexto de la supervisión indirecta, la Autoridad estará facultada, entre otras cosas, para formular a las autoridades de supervisión financiera y no financiera requerimientos de actuación e instrucciones relativas al ejercicio de las competencias de supervisión que les sean propias.
            
            
               •
                     Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas del sector financiero (artículos 12 a 27)
            
            
               La Autoridad será el supervisor de un número limitado de aquellas entidades obligadas transfronterizas del sector financiero que presenten un mayor riesgo (en lo sucesivo «las entidades obligadas seleccionadas»). Además, se prevé un procedimiento para que tome el relevo de una autoridad nacional de supervisión y asuma la supervisión de cualquier entidad obligada del sector financiero en situaciones de emergencia, si existen indicios de que se esté infringiendo la legislación en materia de LBC/LFT y la actuación de la correspondiente autoridad de supervisión no sea eficiente y adecuada. Periódicamente, esto es, cada tres años, se procederá a una selección de las entidades que estarán sujetas a supervisión directa, sobre la base de criterios objetivos. Para ser seleccionadas, las entidades deben desarrollar actividades en un número mínimo de Estados miembros y haber sido clasificadas en la categoría de riesgo más elevada por la autoridad de supervisión en un número mínimo de esos Estados miembros, sobre la base de una metodología armonizada de evaluación del riesgo.
            
            
               La Autoridad podrá tomar el relevo en la supervisión de una determinada entidad obligada del sector financiero cuando haya habido problemas relacionados con el cumplimiento por parte de esta de los requisitos aplicables y la correspondiente autoridad de supervisión no haya tomado oportunamente las medidas adecuadas para hacer frente al incumplimiento. El relevo solo puede tener lugar al término de un procedimiento que concluya con una decisión de la Comisión por la que se confirme el relevo. Antes de llegar a ese punto, la Autoridad habría instado a la autoridad de supervisión a tomar medidas específicas para subsanar las deficiencias detectadas en la entidad obligada, la autoridad nacional no habría tomado tales medidas en el plazo fijado, y la Autoridad habría sometido el asunto a la Comisión, solicitando una decisión por la que se transfiriera la competencia de supervisión. La supervisión de las entidades obligadas seleccionadas sujetas a supervisión directa correrá a cargo de equipos conjuntos de supervisión que estarán dirigidos por la Autoridad, pero que incluirán también personal de las autoridades nacionales de supervisión. La supervisión comprenderá inspecciones in situ. La Autoridad estará facultada para adoptar decisiones vinculantes dirigidas a dichas entidades obligadas seleccionadas e imponer sanciones administrativas a las entidades jurídicas por un importe máximo del 10 % de su volumen de negocios o de 10 millones EUR, si esta cifra es superior.
            
            
               •
                     Supervisión indirecta de entidades obligadas no seleccionadas (artículos 25 a 27) y de
                     entidades obligadas no financieras (artículos 28 a 29)
            
            
               La misión de supervisión indirecta de la Autoridad consistirá en la coordinación y el control de los supervisores nacionales de LBC/LFT, incluidos los organismos autorreguladores de determinados Estados miembros en relación con ciertas entidades obligadas no financieras. Las evaluaciones inter pares y las revisiones temáticas serán instrumentos importantes para definir las prácticas que se consideran buenas y las que lo son menos y velar por la aplicación de normas elevadas de supervisión en toda la Unión. La Autoridad estará facultada para emitir directrices, dictámenes y recomendaciones dirigidos a los supervisores nacionales y los organismos autorreguladores.
            
            
               •
                     Mecanismo de coordinación y apoyo para las Unidades de Inteligencia Financiera (artículos 33 a 37)
            
            
               La Autoridad estará facultada para adoptar, a través de normas técnicas de ejecución, plantillas y modelos vinculantes para que las entidades obligadas remitan a las UIF las notificaciones de transacciones sospechosas y de actividad sospechosa, contribuyendo así a una cooperación y un intercambio de información más rápidos y eficientes entre las UIF. Promoverá el análisis conjunto de determinadas transacciones y actividades transfronterizas sospechosas, y participará en la organización de tales análisis. Llevará a cabo evaluaciones de los métodos y procedimientos para llevar a cabo estos análisis conjuntos, así como de la realización práctica de estos, con el objetivo de mejorar constantemente su eficacia. Por último, se encargará del alojamiento y la gestión de FIU.net, una red de comunicación segura entre las UIF.
            
            
               •
                     Organización y gobernanza de la Autoridad (artículos 45 a 63)
            
            
               La Autoridad estará compuesta por dos órganos rectores colegiados, a saber, un Comité Ejecutivo, integrado por cinco miembros a tiempo completo independientes y el presidente de la Autoridad, y una Junta General, integrada por representantes de los Estados miembros. A efectos de desempeñar las diversas funciones asignadas a la Autoridad, la Junta General tendrá dos composiciones alternativas: una composición de supervisión, de la que formarán parte los responsables de las autoridades públicas de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, y una composición de UIF, de la que formarán parte los responsables de las UIF de los Estados miembros. Ambas composiciones de la Junta General estarán presididas por el presidente de la Autoridad.
            
            
               La Junta General, en la composición que resulte oportuna en función de la materia, adoptará todos los instrumentos de regulación, proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, directrices y recomendaciones. La Junta General, en su composición de supervisión, también podrá emitir un dictamen sobre cualquier decisión relativa a entidades obligadas seleccionadas bajo supervisión directa que haya sido preparada por el equipo conjunto de supervisión, antes de la adopción de la decisión final por el Comité Ejecutivo.
            
            
               El Comité Ejecutivo será el órgano rector de la Autoridad. Tomará todas las decisiones relativas a entidades obligadas concretas o a autoridades de supervisión concretas cuando la Autoridad actúe como supervisor directo de las entidades obligadas seleccionadas o como supervisor indirecto de entidades obligadas no seleccionadas o de entidades obligadas no financieras, disponiendo de competencias específicas de control respecto de sus autoridades de supervisión. El Comité Ejecutivo adoptará también las decisiones relativas al proyecto de presupuesto y a otras cuestiones relacionadas con la administración, las actividades y el funcionamiento de la Autoridad. En relación con estas decisiones concretas, un representante de la Comisión tendrá derecho a voto. 
            
            
               La Autoridad tendrá un presidente y un director ejecutivo. El presidente representará a la Autoridad y será responsable de preparar los trabajos de la Junta General y del Comité Ejecutivo. El director ejecutivo se encargará de la gestión cotidiana de la Autoridad y será administrativamente responsable de la ejecución presupuestaria, los recursos, el personal y la contratación pública de la Autoridad. El presidente de la Autoridad y su director ejecutivo serán seleccionados con arreglo a sendos procedimientos de selección. 
            
            
               Un Comité Administrativo de Revisión se encargará de examinar los recursos contra decisiones vinculantes de la Autoridad dirigidas a entidades obligadas bajo su supervisión directa; las resoluciones del Comité Administrativo de Revisión podrán recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Comité Administrativo de Revisión estará compuesto por personas de reconocido prestigio a las que se encomendará la labor de estudiar los recursos administrativos interpuestos por las entidades obligadas seleccionadas en relación con las decisiones vinculantes que les dirija la Autoridad. El Comité Administrativo de Revisión podrá proponer que se modifique o sustituya la decisión original del Comité Ejecutivo objeto de recurso administrativo. El Comité Ejecutivo tendrá en cuenta el dictamen del Comité Administrativo de Revisión, pero no estará vinculado por él.
            
            
               •
                     Disposiciones finales (artículos 64 a 72)
            
         
         
            
               La Autoridad elaborará un presupuesto anual, que deberá estar equilibrado, para su adopción por la autoridad presupuestaria. Adoptará un Reglamento Financiero interno y medidas antifraude. El Tribunal de Cuentas presentará observaciones sobre el proyecto de presupuesto y será competente para auditar a la Autoridad. El Parlamento Europeo aprobará la gestión presupuestaria, al igual que en el caso de otras agencias descentralizadas.
            
            
               Los ingresos de la Autoridad procederán tanto del presupuesto de la UE como de las tasas cobradas a determinadas entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas del sector financiero. Las tasas cobradas a dichas entidades corresponderán a los costes soportados por la Autoridad para la supervisión directa e indirecta de las entidades obligadas del sector financiero. Las entidades obligadas que estarán sujetas al pago de tasas se especificarán en un acto delegado de la Comisión, en el que se determinará también la metodología para el cálculo de las tasas por entidad obligada.
            
            
               •
                     Estatuto de los funcionarios (artículos 73 a 76) y cooperación (artículos 77 a 81) 
            
            
               La Autoridad aplicará el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes, incluidas sus disposiciones sobre el secreto profesional y los privilegios e inmunidades. Las normas sobre protección de datos y acceso a los documentos establecerán la obligación de colaborar estrechamente con el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité Europeo de Protección de Datos. 
            
            
               La Autoridad estará obligada a cooperar lealmente con los organismos externos pertinentes, entre los que figuran los organismos de la UE (Europol, Autoridades Europeas de Supervisión, Mecanismo Único de Supervisión y Fiscalía Europea), otras autoridades nacionales competentes pertinentes, como las autoridades prudenciales y de resolución o las responsables de los sistemas de garantía de depósitos, y las autoridades de terceros países, según proceda.
            
            
               •
                     Disposiciones finales (artículos 82 a 93) 
            
            
               Las competencias de la Autoridad Bancaria Europea en el ámbito de la LBC/LFT se suprimen y transfieren a la Autoridad.
            
            
               La Autoridad se creará a principios de 2023 y la actividad de supervisión directa comenzará a principios de 2026. A más tardar en diciembre de 2029 se llevará a cabo una evaluación.
            
            
               2021/0240 (COD)
            
            
               Propuesta de
            
            
               REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            
            
               por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010
            
            
               (Texto pertinente a efectos del EEE)
            
            
               EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,
            
            
               Vista la propuesta de la Comisión Europea,
            
            
               Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
            
            
               Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo
                  30
               , 
            
            
               Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos
                  31
               ,
            
            
               De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
            
         
         
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)La experiencia adquirida con el actual marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT), que depende en gran medida de la aplicación nacional de medidas de LBC/LFT, ha puesto al descubierto deficiencias no solo en relación con el funcionamiento eficiente de dicho marco de la Unión, sino también con respecto a la integración de las recomendaciones internacionales. Esas deficiencias hacen emerger nuevos obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior, debido, tanto a los riesgos que suponen dentro del mismo, como a las amenazas externas a las que este se enfrenta.
            
            
               (2)La naturaleza transfronteriza de la delincuencia y del producto del delito pone en peligro los esfuerzos del sistema financiero de la Unión para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esos esfuerzos deben gestionarse a escala de la Unión mediante la creación de una Autoridad responsable de contribuir a la aplicación de normas armonizadas. Además, la Autoridad debe seguir un enfoque armonizado para reforzar el actual marco preventivo de la Unión en materia de LBC/LFT, y en concreto la supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la cooperación entre las UIF. Dicho enfoque debe reducir las divergencias entre las legislaciones y las prácticas de supervisión nacionales e introducir estructuras que favorezcan firmemente el buen funcionamiento del mercado interior y, por tanto, debe basarse en el artículo 114 del TFUE.
            
            
               (3)Por consiguiente, debe crearse una Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo «la Autoridad»). La creación de esta nueva Autoridad es crucial para garantizar una supervisión eficaz y adecuada de las entidades obligadas con un alto riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, reforzar los enfoques comunes de supervisión para las entidades obligadas no seleccionadas y facilitar los análisis conjuntos y la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF). 
            
            
               (4)Este nuevo instrumento forma parte de un paquete global destinado a reforzar el marco de LBC/LFT de la Unión. Conjuntamente, el presente instrumento, la Directiva [insértese la referencia: propuesta de sexta Directiva antiblanqueo], el Reglamento [insértese la referencia: propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847] y el Reglamento [insértese la referencia: propuesta de Reglamento antiblanqueo] formarán el marco jurídico que regirá los requisitos de LBC/LFT que deberán cumplir las entidades obligadas y que sustentará el marco institucional de LBC/LFT de la Unión. 
            
            
               (5)En aras de una supervisión eficiente y uniforme de la LBC/LFT en toda la Unión, es necesario dotar a la Autoridad de las siguientes competencias: supervisión directa de un determinado número de entidades obligadas seleccionadas del sector financiero; seguimiento, análisis e intercambio de información en relación con los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que afecten al mercado interior; coordinación y control de los supervisores de LBC/LFT del sector financiero; coordinación y control de los supervisores de LBC/LFT del sector no financiero, incluidos los organismos autorreguladores, y coordinación y apoyo de las UIF. 
            
            
               (6)Una estructura que combine competencias de supervisión directa e indirecta sobre las entidades obligadas y funcione también como mecanismo de apoyo y coordinación de las UIF es el medio más adecuado para lograr una supervisión y una cooperación entre las UIF efectivas a escala de la Unión. Para conseguirlo, debe crearse una Autoridad que sea a la vez independiente y cuente con un alto nivel de pericia técnica, y esta debe establecerse de conformidad con la Declaración Común y el Planteamiento Común del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas
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               . 
            
            
               (7)Debe celebrarse un acuerdo de sede entre la Autoridad y el Estado miembro de acogida que recoja las condiciones de establecimiento de la sede y las ventajas otorgadas por el Estado miembro a la Autoridad y a su personal.
            
            
               (8)Las competencias de la Autoridad deben permitirle mejorar la supervisión de la LBC/LFT en la Unión de distintas maneras. Con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad debe velar por el cumplimiento a nivel de grupo de los requisitos establecidos por el marco de LBC/LFT y cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que imponga a las entidades financieras obligaciones relacionadas con la LBC/LFT. Por otra parte, la Autoridad debe llevar a cabo evaluaciones periódicas para asegurarse de que todos los supervisores financieros dispongan de los recursos adecuados y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones. Debe facilitar el funcionamiento de los colegios de supervisión de la LBC/LFT y contribuir a la convergencia de las prácticas de supervisión y a la promoción de normas elevadas de supervisión. Con respecto a los supervisores no financieros, incluidos, en su caso, los organismos autorreguladores, la Autoridad debe coordinar las evaluaciones inter pares de las normas y prácticas de supervisión y solicitar a los supervisores no financieros que investiguen posibles incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT. Además, la Autoridad debe coordinar la realización de análisis conjuntos por parte de las UIF y poner a disposición de estas servicios y herramientas informáticos y de inteligencia artificial para el intercambio seguro de información, en particular mediante el alojamiento de la red FIU.net. 
            
            
               (9)Con el propósito de reforzar y aclarar las normas de LBC/LFT a escala de la Unión, garantizando al mismo tiempo la coherencia con las normas internacionales y otras disposiciones legales, es necesario que la función de coordinación de la Autoridad a nivel de la Unión abarque todos los tipos de entidades obligadas, a fin de ayudar a los supervisores nacionales y promover la convergencia de la supervisión, y de aumentar así la eficiencia de la aplicación de las medidas de LBC/LFT también en el sector no financiero. Por consiguiente, debe encomendarse a la Autoridad la labor de elaborar normas técnicas de regulación y de emitir directrices, recomendaciones y dictámenes con el objetivo de que, cuando la supervisión se mantenga dentro del ámbito nacional, se apliquen, en principio, las mismas prácticas y normas de supervisión a todas las entidades comparables. Atendiendo a sus conocimientos altamente especializados, debe confiarse a la Autoridad la tarea de desarrollar una metodología de supervisión, en consonancia con un enfoque basado en el riesgo. Determinados aspectos de la metodología, que puede incorporar parámetros de referencia cuantitativos armonizados, tales como métodos para clasificar el perfil de riesgo inherente de las entidades obligadas, deben detallarse en medidas reglamentarias vinculantes que sean directamente aplicables (normas técnicas de regulación o de ejecución). Otros aspectos, que requieren un mayor margen de discrecionalidad de los supervisores, como los métodos de evaluación del perfil de riesgo residual y los controles internos en las entidades obligadas, deben ser objeto de directrices, recomendaciones y dictámenes no vinculantes de la Autoridad. La metodología de supervisión armonizada debe tener debidamente en cuenta y, cuando resulte oportuno, propiciar las metodologías de supervisión existentes en relación con otros aspectos de la supervisión de las entidades obligadas del sector financiero, especialmente cuando exista una interacción entre la supervisión de la LBC/LFT y la supervisión prudencial. En concreto, la metodología de supervisión que debe desarrollar la Autoridad ha de ser complementaria de las directrices y otros instrumentos desarrollados por la Autoridad Bancaria Europea en los que se detallen los enfoques de las autoridades de supervisión prudencial de cara a la factorización de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la supervisión prudencial, a fin de garantizar una interacción eficaz entre la supervisión de la LBC/LFT y la prudencial. 
            
            
               (10)La Autoridad debe estar facultada para elaborar normas técnicas de regulación que completen el código normativo armonizado establecido en la [insértense las referencias: propuesta de sexta Directiva antiblanqueo, Reglamento antiblanqueo y propuesta de refundición del Reglamento (UE) 2015/847]. La Comisión debe aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE para dotarlas de efecto jurídico vinculante. Los proyectos deben modificarse únicamente en circunstancias muy restringidas y extraordinarias, dado que la Autoridad es el actor que está en estrecho contacto con el marco de LBC/LFT y que mejor lo conoce. A fin de que el proceso de adopción de dichas normas se desarrolle rápidamente y sin problemas, conviene someter la decisión de aprobación de la Comisión a un plazo.
            
            
               (11)Deben conferirse a la Comisión competencias para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución, de conformidad con el artículo 291 del TFUE.
            
            
               (12)Dado que no existen mecanismos suficientemente eficaces para gestionar los incidentes de LBC/LFT con implicaciones transfronterizas, es necesario establecer un sistema integrado de supervisión de la LBC/LFT a escala de la Unión que garantice una aplicación coherente y de calidad de la metodología en la materia y promueva una cooperación eficiente entre todas las autoridades competentes pertinentes. Por estas razones, la Autoridad y las autoridades nacionales de supervisión de la LBC/LFT (en lo sucesivo «las autoridades de supervisión») deben constituir un sistema de supervisión de la LBC/LFT. Este beneficiaría también a las autoridades de supervisión a la hora de hacer frente a determinados problemas, por ejemplo a un mayor riesgo que afecte a la LBC/LFT o a la falta de recursos, ya que dentro de dicho sistema la asistencia mutua debe ser posible cuando así se solicite. Esta podría consistir en intercambios y comisiones de servicio de personal, actividades de formación e intercambios de buenas prácticas. Además, la Comisión podría prestar apoyo técnico a los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo para promover reformas destinadas a reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
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               .
            
            
               (13)Teniendo en cuenta el importante papel de las revisiones temáticas en la supervisión de la LBC/LFT en toda la Unión, puesto que permiten determinar y comparar el nivel de exposición a los riesgos y las tendencias en relación con las entidades obligadas sujetas a supervisión, y dado que actualmente los supervisores de distintos Estados miembros no se benefician de estas revisiones, es necesario que la Autoridad determine las revisiones temáticas nacionales que tengan un alcance y un calendario similares y vele por su coordinación a escala de la Unión. Para evitar posibles comunicaciones discordantes con las entidades supervisadas, la función de coordinación de la Autoridad debe limitarse a la interacción con las autoridades de supervisión pertinentes, y no incluir ninguna interacción directa con las entidades obligadas no seleccionadas. Por la misma razón, la Autoridad debe estudiar la posibilidad de armonizar o sincronizar el calendario de las revisiones temáticas nacionales y facilitar cualesquiera actividades que las autoridades de supervisión pertinentes puedan desear llevar a cabo de forma conjunta o similar. 
            
            
               (14)El uso eficiente de los datos conduce a un mejor seguimiento de las empresas y un mayor cumplimiento por parte de estas. Por consiguiente, la supervisión directa e indirecta de todas las entidades obligadas del sistema llevada a cabo por la Autoridad y las autoridades de supervisión debe basarse en un acceso rápido a los datos y la información pertinentes sobre las propias entidades obligadas y las medidas de supervisión adoptadas en relación con ellas. A tal fin, la Autoridad debe crear una base de datos central de LBC/LFT con información recabada de todas las autoridades de supervisión, y poner dicha información de manera selectiva a disposición de cualquier autoridad de supervisión dentro del sistema. Estos datos también deben abarcar los procedimientos de revocación de autorización y las evaluaciones de idoneidad de los accionistas y socios de entidades obligadas concretas, ya que ello permitirá a las autoridades pertinentes considerar debidamente las posibles deficiencias de entidades y personas concretas que hayan podido producirse en otros Estados miembros. La base de datos debe incluir, asimismo, información estadística sobre las autoridades de supervisión y otras autoridades públicas que participan en la supervisión de la LBC/LFT. Esta información permitiría a la Autoridad controlar de manera efectiva el correcto funcionamiento y la eficacia del sistema de supervisión de la LBC/LFT. La información de la base de datos permitiría a la Autoridad reaccionar oportunamente ante posibles carencias y casos de incumplimiento por parte de entidades obligadas no seleccionadas. De conformidad con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo
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               , la Autoridad informará, sin demora indebida, a la Fiscalía Europea de todo comportamiento constitutivo de delito respecto del cual esta pueda ejercer su competencia de conformidad con el artículo 22 y el artículo 25, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento. De conformidad con el artículo 8 del Reglamento n.º 883/2013
                  35
               , la Autoridad comunicará inmediatamente a la OLAF cualquier información relativa a posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.
            
            
               (15)Con el objetivo de garantizar una protección más eficaz y menos fragmentada del marco financiero de la Unión, resulta oportuno que la Autoridad supervise directamente un número limitado de las entidades obligadas de mayor riesgo. Dado que los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo no son proporcionales al tamaño de las entidades supervisadas, deben aplicarse otros criterios para determinar las entidades con mayor riesgo. En particular, deben considerarse dos categorías: las entidades de crédito y financieras transfronterizas de alto riesgo que desarrollen una actividad en un número significativo de Estados miembros, las cuales se seleccionarían periódicamente; y, en casos excepcionales, cualquier entidad que incumpla gravemente los requisitos aplicables sin que su supervisor nacional tome medidas suficientes al respecto o las tome oportunamente. Estas entidades entrarían en la categoría de «entidades obligadas seleccionadas». 
            
            
               (16)La primera categoría, la de las entidades de crédito y financieras, o grupos de tales entidades, debe evaluarse cada tres años, sobre la base de una combinación de criterios objetivos relacionados con su presencia y actividad transfronterizas y de criterios relacionados con su perfil de riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Solo deben incluirse en el proceso de selección los grandes grupos financieros complejos presentes en cierto número de Estados miembros que puedan ser supervisados de manera más eficiente a escala de la Unión. Por lo que se refiere a las entidades de crédito, la presencia transfronteriza mínima para su inclusión en el proceso de selección debe basarse en el número de filiales y sucursales de que dispongan en diferentes Estados miembros, ya que las actividades bancarias de riesgo de un volumen significativo requieren una presencia local en forma de establecimiento. Por el contrario, otras entidades del sector financiero pueden llevar a cabo actividades bastante arriesgadas desde el punto de vista del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo mediante la prestación directa de servicios, por ejemplo a través de una red de agentes, sin haber establecido necesariamente filiales o sucursales en un gran número de Estados miembros. Por lo tanto, la aplicación del mismo criterio transfronterizo, es decir, el relativo a la libertad de establecimiento, daría lugar a la exclusión de grandes entidades del sector financiero que pueden tener un perfil de riesgo significativo en varios Estados miembros, sin estar establecidas en ellos. Dado que el volumen de las actividades realizadas mediante la prestación directa de servicios es generalmente menor que el volumen de las realizadas a través de una sucursal o filial, resulta oportuno considerar únicamente los grupos establecidos en, al menos, dos Estados miembros, pero que prestan servicios directamente o a través de una red de agentes en, al menos, ocho Estados miembros más. 
            
            
               (17)A fin de garantizar que solo las entidades obligadas de mayor riesgo entre las que realizan operaciones transfronterizas significativas sean supervisadas directamente a nivel de la Unión, debe armonizarse la evaluación de su riesgo inherente. En la actualidad, existen diversos enfoques nacionales y las autoridades de supervisión utilizan distintos parámetros de referencia para evaluar y clasificar el riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de las entidades obligadas. Recurrir a estas metodologías nacionales con vistas a la selección de las entidades para su supervisión directa a nivel de la Unión podría generar condiciones desiguales entre ellas. Por consiguiente, la Autoridad debe estar facultada para elaborar normas técnicas de regulación que establezcan una metodología y parámetros de referencia armonizados para clasificar el riesgo inherente de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo como bajo, medio, sustancial o alto. La metodología debe adaptarse a tipos particulares de riesgos y, por tanto, ha de amoldarse a diferentes categorías de entidades obligadas que son entidades financieras de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo [OP: insértese el futuro número del COM(2021) 420]. Dicha metodología debe ser suficientemente detallada y establecer parámetros de referencia cuantitativos y cualitativos específicos que tengan en cuenta, como mínimo, los factores de riesgo relacionados con los tipos de clientes a los que se presta servicio, los productos y servicios ofrecidos y las zonas geográficas, incluidos los terceros países o territorios en los que las entidades obligadas operan o con los que están relacionadas. En concreto, el perfil de riesgo inherente de cada entidad obligada evaluada se clasificaría en cada uno de los Estados miembros en los que opere de manera coherente con la clasificación de cualquier otra entidad obligada en la Unión. Los parámetros de referencia cuantitativos y cualitativos permitirían que esa clasificación fuera objetiva y no dependiera de la apreciación de una determinada autoridad de supervisión en un Estado miembro ni de la apreciación de la Autoridad.
            
            
               (18)El criterio de selección final debe garantizar la igualdad de condiciones entre las entidades obligadas bajo supervisión directa y, a tal fin, no debe dejarse a la Autoridad o a las autoridades de supervisión ningún margen de apreciación a la hora de decidir sobre la lista de entidades obligadas que deben ser objeto de supervisión directa. Por consiguiente, cuando una entidad obligada evaluada opere a escala transfronteriza y entre en la categoría de alto riesgo conforme a la metodología armonizada en un número mínimo de Estados miembros, debe considerarse una entidad obligada seleccionada. En el caso de las entidades de crédito, el aspecto transfronterizo debe tenerse en cuenta incluyendo a aquellas entidades de crédito clasificadas como de alto riesgo en al menos cuatro Estados miembros, cuando, en al menos uno de esos cuatro Estados miembros, la entidad haya sido sometida a investigación por las autoridades supervisoras u otras autoridades públicas por incumplimientos graves de los requisitos de LBC/LFT. En el caso de las demás entidades financieras, el aspecto transfronterizo debe tenerse en cuenta incluyendo a aquellas entidades financieras clasificadas como de alto riesgo en al menos uno de los Estados miembros en los que estén establecidas y al menos otros cinco Estados miembros en los que operen mediante prestación directa de servicios.
            
            
               (19)Para ofrecer transparencia y claridad a las entidades pertinentes, la Autoridad debe publicar una lista de las entidades obligadas seleccionadas en el plazo de un mes a partir del inicio de una ronda de selección, tras verificar la correspondencia de la información facilitada por los supervisores financieros con los criterios relativos a las actividades transfronterizas y la metodología relativa al riesgo inherente. Por lo tanto, es importante que, al comienzo de cada período de selección, los supervisores financieros pertinentes proporcionen a la Autoridad información estadística actualizada, a fin de determinar la lista de entidades financieras admisibles para evaluación conforme a los criterios de inclusión en la evaluación relativos a sus operaciones transfronterizas. En este contexto, los supervisores financieros deben informar a la Autoridad sobre la categoría de riesgo inherente a la que pertenece una entidad financiera en su país, de conformidad con la metodología establecida en las normas técnicas de regulación. A continuación, la Autoridad debe asumir las funciones relacionadas con la supervisión directa cinco meses después de la publicación de la lista. Ese tiempo es necesario para preparar adecuadamente la transferencia de funciones de supervisión del nivel nacional al de la Unión, incluida la formación de un equipo conjunto de supervisión, y para celebrar cualquier acuerdo de trabajo que resulte oportuno con los supervisores financieros pertinentes. 
            
         
         
            
               (20)En aras de la seguridad jurídica y la igualdad de condiciones entre las entidades seleccionadas, toda entidad seleccionada debe permanecer bajo la supervisión directa de la Autoridad durante al menos tres años, aun cuando, entre el momento de la selección y el final de los tres años, deje de cumplir cualquiera de los criterios relacionados con la actividad transfronteriza o el riesgo, debido, por ejemplo, a una posible consolidación, expansión o redistribución de actividades realizadas a través de establecimientos o mediante libre prestación de servicios. La Autoridad debe velar, asimismo, por que las entidades obligadas y sus autoridades de supervisión dispongan de tiempo suficiente para prepararse a la transferencia de la supervisión del nivel nacional al de la Unión. Por tanto, cada selección posterior debe comenzar seis meses antes de que concluya el período de tres años de supervisión de las entidades previamente seleccionadas.
            
            
               (21)Los agentes que participen en la aplicación del marco de LBC/LFT deben cooperar entre sí conforme al deber de cooperación leal consagrado en los Tratados. A fin de garantizar que el sistema de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales, compuesto por la Autoridad y las autoridades de supervisión, funcione como un mecanismo integrado, y que los riesgos específicos de cada país y los conocimientos especializados locales en materia de supervisión se tengan debidamente en cuenta y se aprovechen correctamente, la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas ha de llevarse a cabo a través de equipos conjuntos de supervisión. Estos equipos deben estar dirigidos por un miembro del personal de la Autoridad que coordine todas las actividades de supervisión del equipo. Para garantizar una comprensión adecuada de las posibles especificidades nacionales, el jefe del equipo (en lo sucesivo «el coordinador del ECS») debe estar destinado en el Estado miembro en que la entidad seleccionada tenga su sede social. El establecimiento y la composición del equipo conjunto de supervisión deben estar a cargo de la Autoridad, y los supervisores locales han de velar por que se integre en el equipo un número suficiente de miembros de su personal, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de la entidad seleccionada en su país. 
            
            
               (22)Para poder cumplir sus obligaciones de supervisión de manera eficiente con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad debe poder obtener todos los documentos e información internos necesarios para el ejercicio de sus funciones y, a tal fin, contar con las competencias generales de investigación conferidas a todas las autoridades de supervisión en virtud del Derecho administrativo nacional.
            
            
               (23)La Autoridad debe estar facultada para exigir que se tomen medidas, dentro de las entidades, con vistas a mejorar el cumplimiento por parte de las entidades obligadas del marco de LBC/LFT, incluidos el refuerzo de los procedimientos internos y cambios en la estructura de gobernanza, que podrán consistir, incluso, en el cese de los miembros del órgano de dirección, sin perjuicio de las competencias de otras autoridades de supervisión pertinentes de la misma entidad seleccionada. Tras las constataciones pertinentes de incumplimiento o cumplimiento parcial de los requisitos aplicables por parte de la entidad obligada, la Autoridad ha de poder imponer medidas o procedimientos específicos en relación con determinados clientes o categorías de clientes que planteen riesgos elevados. Las inspecciones in situ deben ser un componente habitual de dicha supervisión. Si un tipo concreto de inspección in situ requiere una autorización de la autoridad judicial nacional, la Autoridad debe solicitar dicha autorización. 
            
            
               (24)La Autoridad debe contar con la plenitud de las competencias de supervisión en relación con las entidades bajo supervisión directa, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos aplicables. Dichas competencias deben poder ejercerse en los casos en que la entidad seleccionada no cumpla los requisitos que le sean aplicables, en los casos en que sea improbable que se cumplan determinados requisitos, así como en los casos en que los procesos y controles internos no sean adecuados para garantizar una buena gestión de los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la entidad obligada seleccionada. Estas competencias podrían ejercerse mediante decisiones vinculantes dirigidas a entidades obligadas seleccionadas concretas. 
            
            
               (25)Además de las competencias de supervisión y con el fin de garantizar el cumplimiento, en caso de incumplimiento grave de requisitos directamente aplicables, la Autoridad debe poder imponer sanciones pecuniarias administrativas a las entidades obligadas seleccionadas. Dichas sanciones deben ser proporcionadas y disuasorias, tener un efecto punitivo y represivo y respetar el principio de non bis in idem. Las cuantías máximas de las sanciones pecuniarias deben estar en consonancia con las establecidas por [insértese la referencia: sexta Directiva antiblanqueo] y que todas las autoridades de supervisión de la Unión pueden aplicar. Las cuantías de base de estas sanciones deben determinarse dentro de los límites establecidos por el marco de LBC/LFT, teniendo en cuenta la naturaleza de los requisitos que se hayan incumplido. Con objeto de que la Autoridad tenga debidamente en cuenta los factores agravantes o atenuantes, debe ser posible efectuar ajustes de la cuantía de base correspondiente. Con vistas a lograr que se rectifique rápidamente la práctica empresarial perjudicial, el Comité Ejecutivo de la Autoridad debe estar facultado para imponer multas coercitivas a fin de obligar a la persona física o jurídica de que se trate a poner fin a la conducta en cuestión. Para conseguir una mayor concienciación de todas las entidades obligadas, incitándolas a adoptar prácticas empresariales acordes con el marco de LBC/LFT, deben publicarse las sanciones y multas. El Tribunal de Justicia ha de ser competente para controlar la legalidad de las decisiones adoptadas por la Autoridad, el Consejo y la Comisión, de conformidad con el artículo 263 del TFUE, así como para determinar su responsabilidad extracontractual. 
            
            
               (26)Para que la Autoridad y los supervisores financieros se comuniquen rápida y eficazmente en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT, y a fin de propiciar procesos de toma de decisiones más coherentes, es necesario disponer de mecanismos específicos de comunicación dentro de dicho sistema. 
            
            
               (27)En el caso de las entidades obligadas no seleccionadas, la supervisión de la LBC/LFT debe mantenerse principalmente en el ámbito nacional, siendo las autoridades nacionales competentes plenamente responsables de la supervisión directa. Deben otorgarse a la Autoridad competencias adecuadas de supervisión indirecta para garantizar que las medidas de supervisión a nivel nacional sean coherentes y de elevada calidad en toda la Unión. Por consiguiente, debe llevar a cabo evaluaciones del estado de convergencia de la supervisión y publicar informes con sus conclusiones. Debe estar facultada para emitir directrices y recomendaciones dirigidas tanto a las entidades obligadas como a las autoridades de supervisión, con vistas a garantizar prácticas de supervisión armonizadas y de alto nivel en toda la Unión.
            
            
               (28)Algunas entidades obligadas del sector financiero que no cumplen los requisitos para ser seleccionadas normalmente pueden, no obstante, presentar un perfil de riesgo inherente alto desde el punto de vista del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, o pueden asumir, modificar o ampliar actividades que impliquen un alto riesgo, no atenuado por un nivel proporcional de controles internos, dando así lugar a graves incumplimientos de los requisitos de LBC/LFT que les son aplicables. Si existen indicios de posibles incumplimientos graves de los requisitos aplicables en materia de LBC/LFT, pueden ser una señal de negligencia grave por parte de la entidad obligada. En la mayoría de los casos, la autoridad de supervisión debería ser capaz de responder adecuadamente a cualquier posible incumplimiento e impedir que los riesgos se materialicen y den lugar a negligencia grave en cuanto a los requisitos de LBC/LFT. Sin embargo, en ciertos casos, una respuesta a nivel nacional puede no ser suficiente u oportuna, especialmente cuando haya indicios de que la entidad ya ha incurrido en incumplimientos graves. En tales casos, la Autoridad debe poder solicitar al supervisor local que adopte medidas específicas para subsanar la situación, incluida la imposición de sanciones financieras. Para evitar que se materialicen los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el plazo para actuar a nivel nacional debe ser suficientemente breve. 
            
            
               (29)La Autoridad debe tener la posibilidad de solicitar, por iniciativa propia, una transferencia de funciones y competencias de supervisión en relación con una determinada entidad obligada en caso de inacción o de inobservancia de sus instrucciones en el plazo establecido. Dado que la transferencia de funciones y competencias a la Autoridad con respecto a una entidad obligada, sin que el supervisor financiero lo solicite específicamente, requeriría una decisión discrecional de la Autoridad, esta debe dirigir una solicitud específica a tal efecto a la Comisión. Para que la Comisión pueda adoptar una decisión coherente con las funciones asignadas a la Autoridad en el marco de LBC/LFT, la solicitud de la Autoridad debe incluir una justificación adecuada e indicar la duración precisa de la reasignación de funciones y competencias a la Autoridad. El plazo para la reasignación de competencias debe corresponder al tiempo que requiere la Autoridad para hacer frente a los riesgos a nivel de la entidad, y no debe exceder de tres años. La Comisión debe adoptar rápidamente, y, en cualquier caso, en un plazo de un mes, una decisión por la que se transfieran a la Autoridad las competencias y funciones de supervisión de la entidad.
            
            
               (30)A fin de mejorar las prácticas de supervisión en el sector no financiero, la Autoridad debe llevar a cabo evaluaciones inter pares de las autoridades de supervisión en el sector no financiero, incluidas las autoridades públicas que controlan a los organismos autorreguladores, y publicar informes con sus conclusiones, los cuales podrían ir acompañados de directrices o recomendaciones dirigidas a las correspondientes autoridades públicas, incluidas las que controlan a los organismos autorreguladores. Los organismos autorreguladores deben poder participar en las evaluaciones inter pares en función de las circunstancias del caso, cuando hayan manifestado la voluntad de hacerlo. 
            
            
               (31)Con vistas a una mayor eficiencia en la aplicación de las medidas de LBC/LFT también en el sector no financiero, la Autoridad ha de poder igualmente investigar los posibles casos de incumplimiento o de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión por parte de las autoridades de supervisión de ese sector, incluidas las autoridades públicas que controlan a los organismos autorreguladores. 
            
            
               (32)Para analizar las actividades sospechosas que afectan a múltiples países, las UIF interesadas que hayan recibido los correspondientes informes deben poder llevar a cabo de manera eficiente análisis conjuntos de los casos de interés común. A tal fin, la Autoridad ha de poder proponer, coordinar y respaldar con todos los medios adecuados los análisis conjuntos de las transacciones o actividades sospechosas transfronterizas. Los análisis conjuntos deben tener lugar cuando sea necesario realizarlos de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión. Previo consentimiento explícito de las UIF que participen en los análisis conjuntos, el personal de la Autoridad que preste apoyo en la realización de dichos análisis debe poder recibir y tratar todos los datos e información necesarios, incluidos los relativos a los casos analizados.
            
            
               (33)A fin de mejorar la eficacia de los análisis conjuntos, la Autoridad debe poder iniciar revisiones de los métodos, los procedimientos y la realización práctica de los análisis conjuntos, con objeto de extraer las oportunas enseñanzas y de perfeccionar y promover tales análisis. La información de retorno sobre los análisis conjuntos ha de permitir a la Autoridad formular conclusiones y recomendaciones que, en última instancia, lleven a afinar y perfeccionar constantemente los métodos y procedimientos para la realización de dichos análisis. 
            
            
               (34)Con vistas a facilitar y mejorar la cooperación entre las UIF y la Autoridad, a efectos también de la realización de los análisis conjuntos, cada una de las UIF debe poder enviar a un miembro de su personal como delegado a la Autoridad con carácter voluntario. Los delegados de las UIF nacionales deben apoyar al personal de la Autoridad en el desempeño de todas las tareas relacionadas con las UIF, incluida la realización de análisis conjuntos y la preparación de las evaluaciones de amenazas y los análisis estratégicos de las amenazas, riesgos y métodos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Aparte de los análisis conjuntos, la Autoridad debe fomentar y facilitar diversas formas de asistencia mutua entre las UIF, incluida la formación y los intercambios de personal, a fin de mejorar el desarrollo de capacidades y posibilitar el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las UIF. 
            
            
               (35)La Autoridad debe gestionar, alojar y mantener la red FIU.net, el sistema informático específico que permita a las UIF cooperar e intercambiar información entre sí y, en su caso, con sus homólogas de terceros países y terceras partes. La Autoridad, en cooperación con los Estados miembros, debe mantener actualizado el sistema. Para ello, la Autoridad debe velar por que se utilice en todo momento la tecnología más avanzada disponible para el desarrollo de FIU.net, sobre la base de un análisis de costes y beneficios. 
            
            
               (36)A fin de implantar prácticas de supervisión y relativas a las UIF que sean coherentes, eficientes y eficaces, y de garantizar una aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión, la Autoridad debe estar facultada para emitir directrices y recomendaciones dirigidas a la totalidad o a una categoría de entidades obligadas y a la totalidad o a una categoría de autoridades de supervisión y de UIF. Las directrices y recomendaciones podrían ser emitidas en virtud de una habilitación específica contenida en los actos de la Unión aplicables, o por iniciativa propia de la Autoridad, cuando sea necesario reforzar el marco de LBC/LFT a escala de la Unión. 
            
            
               (37)El establecimiento de una estructura de gobernanza sólida dentro de la Autoridad es esencial para garantizar el ejercicio efectivo de las funciones que le son encomendadas y para un proceso de toma de decisiones eficiente y objetivo. Debido a la complejidad y variedad de las funciones encomendadas a la Autoridad tanto en el ámbito de la supervisión como en lo referente a las UIF, las decisiones no pueden ser adoptadas por un único órgano rector, como ocurre a menudo en las agencias descentralizadas. Mientras que determinados tipos de decisiones, como las relativas a la adopción de instrumentos comunes, deben ser adoptadas por representantes de las autoridades competentes o de las UIF, de conformidad con las normas de votación del TFUE, algunas otras decisiones, como las dirigidas a entidades obligadas seleccionadas concretas, o a determinadas autoridades, requieren un órgano decisorio más pequeño, cuyos miembros estén sujetos a mecanismos adecuados de rendición de cuentas. Por consiguiente, la Autoridad debe estar compuesta por una Junta General y un Comité Ejecutivo integrado por cinco miembros independientes a tiempo completo y el presidente de la Autoridad. 
            
            
               (38)A fin de poder contar con los conocimientos especializados pertinentes, la Junta General debe tener dos composiciones. Para todas las decisiones sobre la adopción de actos de alcance general, como las normas técnicas de regulación y de ejecución, las directrices, las recomendaciones y los dictámenes relativos a las UIF, debe estar compuesta por los responsables de las UIF de los Estados miembros (en lo sucesivo «la Junta General en su composición de UIF»). Para los mismos tipos de actos relacionados con la supervisión directa o indirecta de las entidades obligadas financieras y no financieras, debe estar compuesta por los responsables de los supervisores de la LBC/LFT que sean autoridades públicas (en lo sucesivo «la Junta General en su composición de supervisión»). Todas las partes representadas en la Junta General deben procurar limitar la rotación de sus representantes, a fin de garantizar la continuidad en la labor de este órgano. Todas las partes deben tratar de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en la Junta General. 
            
            
               (39)En aras de un proceso decisorio fluido, las funciones deben dividirse claramente: la Junta General en su composición de UIF debe decidir sobre las medidas pertinentes para las UIF; la Junta General en su composición de supervisión debe decidir sobre los actos delegados, las directrices y las medidas similares dirigidas a las entidades obligadas. La Junta General en su composición de supervisión también debe poder facilitar su dictamen y asesoramiento al Comité Ejecutivo sobre todos los proyectos de decisiones relativas a entidades obligadas seleccionadas concretas que presenten los equipos conjuntos de supervisión. En ausencia de dicho dictamen o asesoramiento, las decisiones deben ser adoptadas por el Comité Ejecutivo. Cuando el Comité Ejecutivo se aparte del asesoramiento proporcionado por la Junta General en su composición de supervisión al adoptar la decisión final, deberá explicar los motivos por escrito. 
            
         
         
            
               (40)A efectos de la votación y la toma de decisiones, cada Estado miembro debe contar con un representante con derecho a voto. Por consiguiente, los responsables de las autoridades públicas deben nombrar a un representante permanente como miembro con derecho a voto de la Junta General en su composición de supervisión. Subsidiariamente, en función del objeto de la decisión o del orden del día de una determinada reunión de la Junta General, las autoridades públicas de un Estado miembro pueden designar a un representante ad hoc. Las modalidades prácticas relativas a la toma de decisiones y la votación por parte de los miembros de la Junta General en su composición de supervisión deben establecerse en el reglamento interno de la Junta General, que deberá elaborar la Autoridad.
            
            
               (41)El presidente de la Autoridad debe presidir las reuniones de la Junta General y tener derecho a voto cuando las decisiones se adopten por mayoría simple. La Comisión debe ser miembro sin derecho a voto de la Junta General. A fin de instaurar una buena cooperación con otras instituciones pertinentes, la Junta General debe también poder admitir a otros observadores sin derecho a voto, como un representante del Mecanismo Único de Supervisión y de cada una de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ABE, AESPJ y AEVM) en la Junta General en su composición de supervisión, y de Europol, de la Fiscalía Europea y de Eurojust en la Junta General en su composición de UIF, cuando se debatan o decidan asuntos que entren en el ámbito de sus respectivos mandatos. Para agilizar el proceso de toma de decisiones, las decisiones de la Junta General deben adoptarse por mayoría simple, excepto las que se refieran a proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución, directrices y recomendaciones, que deben adoptarse por mayoría cualificada de los representantes de los Estados miembros de conformidad con las normas de votación del TFUE.
            
            
               (42)El órgano rector de la Autoridad debe ser el Comité Ejecutivo, compuesto por el presidente de la Autoridad y cinco miembros a tiempo completo, nombrados por la Junta General a partir de la lista restringida elaborada por la Comisión. Con miras a un proceso decisorio rápido y eficiente, el Comité Ejecutivo debe encargarse de la planificación y ejecución de todas las tareas de la Autoridad, excepto cuando determinadas decisiones se asignen explícitamente a la Junta General. A fin de garantizar la objetividad y la rapidez apropiada del proceso decisorio en el ámbito de la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas, el Comité Ejecutivo debe adoptar todas las decisiones vinculantes dirigidas a dichas entidades. Además, junto con un representante de la Comisión, el Comité Ejecutivo debe ser colectivamente responsable de las decisiones administrativas y presupuestarias de la Autoridad. Debe exigirse el consentimiento de la Comisión cuando el Comité Ejecutivo tome decisiones relacionadas con la administración presupuestaria, la contratación pública, la contratación de personal y la auditoría de la Autoridad, dado que una parte de la financiación de la Autoridad correrá a cargo del presupuesto de la Unión.
            
            
               (43)Con objeto de que las decisiones puedan tomarse rápidamente, todas las decisiones del Comité Ejecutivo, incluidas aquellas en las que la Comisión tenga derecho a voto, deben adoptarse por mayoría simple, disponiendo el presidente de un voto de calidad en caso de empate. Para garantizar una buena gestión financiera de la Autoridad, debe exigirse el consentimiento de la Comisión para las decisiones relativas al presupuesto, la administración y la contratación de personal. Los miembros del Comité Ejecutivo con derecho a voto distintos del presidente deben ser seleccionados por la Junta General sobre la base de una lista restringida elaborada por la Comisión. 
            
            
               (44)Con miras a un funcionamiento independiente de la Autoridad, los cinco miembros del Comité Ejecutivo y el presidente de la Autoridad deben actuar con independencia y en interés del conjunto de la Unión. Deben comportarse, tanto durante su mandato como después, con integridad y discreción en lo referente a la aceptación de determinados nombramientos o beneficios. Para evitar dar la impresión de que un miembro del Comité Ejecutivo de la Autoridad podría valerse de su cargo para obtener un nombramiento de alto nivel en el sector privado después de su mandato y prevenir todo conflicto de intereses tras haber ocupado un empleo público, resulta oportuno introducir un período de incompatibilidad para los cinco miembros del Comité Ejecutivo, así como el presidente de la Autoridad. 
            
            
               (45)El presidente de la Autoridad debe ser nombrado por el Consejo, con arreglo a criterios objetivos y previa aprobación del Parlamento Europeo. Debe representar a la Autoridad en el exterior e informar sobre la ejecución de las tareas de la Autoridad. 
            
            
               (46)El director ejecutivo de la Autoridad debe ser nombrado por el Comité Ejecutivo a partir de una lista restringida elaborada por la Comisión. El director ejecutivo de la Autoridad debe ser un alto funcionario de la Autoridad, encargado de la gestión cotidiana de la Autoridad y responsable de la administración presupuestaria, la contratación pública, la contratación de personal y los recursos humanos. 
            
            
               (47)Para proteger eficazmente los derechos de las partes interesadas, por motivos de economía procesal y a fin de reducir la carga que pesa sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Autoridad debe ofrecer a las personas físicas y jurídicas la posibilidad de solicitar una revisión de las decisiones adoptadas en virtud de las competencias de supervisión directa que confiere a la Autoridad el presente Reglamento y de las que sean destinatarias, o que les afecten directa e individualmente. La independencia y objetividad de las decisiones adoptadas por el Comité Administrativo de Revisión deben garantizarse, entre otras cosas, mediante la composición del mismo, que ha de estar integrado por cinco personas independientes y adecuadamente cualificadas. Las resoluciones del Comité Administrativo de Revisión han de poder ser recurridas, a su vez, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
            
            
               (48)En aras del correcto funcionamiento de la Autoridad, su financiación debe consistir en una combinación de tasas cobradas a determinadas entidades obligadas y una contribución del presupuesto de la Unión, dependiendo de las tareas y funciones. El presupuesto de la Autoridad debe formar parte del presupuesto de la Unión y ser confirmado por la autoridad presupuestaria sobre la base de una propuesta de la Comisión. La Autoridad debe presentar a la Comisión un proyecto de presupuesto y un reglamento financiero interno para su aprobación. 
            
            
               (49)Para asegurar que la Autoridad pueda también desempeñar sus funciones como supervisor directo e indirecto de las entidades obligadas, debe introducirse un mecanismo adecuado para la determinación y la percepción de las tasas. En lo que respecta a las tasas cobradas a las entidades obligadas seleccionadas y a determinadas entidades obligadas no seleccionadas, la metodología de cálculo y el proceso de percepción de las tasas deben desarrollarse en un acto delegado de la Comisión. La metodología debe basarse en el riesgo de las entidades supervisadas directa e indirectamente, así como en su volumen de negocios o ingresos. 
            
            
               (50)Las normas sobre la elaboración y la ejecución del presupuesto de la Autoridad, así como la presentación de sus cuentas anuales, deben ajustarse a las disposiciones del Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión
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                en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y a la eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 
            
            
               (51)A fin de prevenir y combatir eficazmente el fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal interna dentro de la Autoridad, esta debe estar sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 en lo que respecta a la cooperación con la Fiscalía Europea y a la eficacia de las investigaciones de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. La Autoridad debe adherirse al Acuerdo Interinstitucional relativo a las investigaciones internas de la OLAF, que ha de poder efectuar controles sobre el terreno en su ámbito de competencia. 
            
            
               (52)Tal como se indica en la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea
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               , es esencial garantizar un alto nivel de ciberresiliencia en todas las instituciones, órganos y organismos de la UE, debido al entorno de amenazas cada día más hostil. Así pues, el director ejecutivo debe velar por una gestión adecuada de los riesgos informáticos, una sólida gobernanza informática interna y una financiación suficiente de la seguridad informática. La Autoridad colaborará estrechamente con el Equipo de Respuesta a Emergencias Informáticas de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea y comunicará a este y a la Comisión los incidentes graves en el plazo de veinticuatro horas. 
            
            
               (53)La Autoridad debe rendir cuentas, tanto ante el Parlamento Europeo como ante el Consejo, del desempeño de sus funciones y de la ejecución del presente Reglamento. El presidente de la Autoridad debe presentar anualmente el correspondiente informe al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 
            
            
               (54)El personal de la Autoridad debe estar compuesto por agentes temporales, agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicio, así como por delegados nacionales puestos a disposición de la Autoridad por las UIF de la Unión. La Autoridad, en concertación con la Comisión, debe adoptar las medidas de aplicación necesarias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios
                  38
               . 
            
            
               (55)A fin de garantizar que la información confidencial sea tratada como tal, todos los miembros de los órganos rectores de la Autoridad, la totalidad de su personal, incluidos el personal en comisión de servicio y el personal a disposición de la Autoridad, así como cualquier persona que desempeñe tareas para la Autoridad con carácter contractual, deben estar sujetos a la obligación de secreto profesional, y en particular a las restricciones y obligaciones en materia de confidencialidad que se deriven de las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión y que estén relacionadas con las funciones específicas de la Autoridad. No obstante, las obligaciones de confidencialidad y secreto profesional no deben impedir que la Autoridad coopere con otras autoridades u organismos nacionales o de la Unión pertinentes, intercambie con ellos información o se la comunique, cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones respectivas y esa obligación de cooperación e intercambio de información esté prevista en el Derecho de la Unión.
            
            
               (56)Sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad aplicables al personal y a los representantes de la Autoridad de conformidad con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, la Autoridad debe estar sujeta a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  39
               . En consonancia con las restricciones en materia de confidencialidad y secreto profesional relacionadas con las funciones de supervisión y de apoyo y coordinación de las UIF desempeñadas por la Autoridad, ese acceso no debe hacerse extensivo a la información confidencial manejada por su personal. En particular, cualquier dato operativo o información relacionada con tales datos operativos de la Autoridad y de las UIF de la UE que obre en poder de la Autoridad, como consecuencia de la realización de las tareas y actividades que conlleva el apoyo y la coordinación de las UIF, debe considerarse confidencial. Por lo que se refiere a las funciones de supervisión, el acceso a la información o los datos de la Autoridad, los supervisores financieros o las entidades obligadas obtenidos al llevar a cabo las tareas y actividades relacionadas con la supervisión directa también deben, en principio, considerarse confidenciales y no ser objeto de divulgación alguna. No obstante, la información confidencial enumerada que se refiera a un procedimiento de supervisión puede comunicarse total o parcialmente a las entidades obligadas que sean parte en dicho procedimiento, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas físicas y jurídicas en la protección de sus secretos comerciales. 
            
            
               (57)Sin perjuicio del régimen lingüístico específico que pueda adoptarse en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT y con las entidades obligadas seleccionadas, debe aplicarse a la Autoridad el Reglamento n.º 1 del Consejo
                  40
                y cualesquiera servicios de traducción que puedan ser necesarios para el funcionamiento de la Autoridad han de ser prestados por el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea. 
            
            
               (58)Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros y de sus autoridades, el tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento a efectos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo debe considerarse necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de potestades públicas conferidas a la Autoridad, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  41
                y al artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  42
               . Al desarrollar instrumentos o tomar decisiones que puedan tener una incidencia significativa en la protección de los datos personales, la Autoridad debe cooperar estrechamente, cuando proceda, con el Comité Europeo de Protección de Datos establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 y con el Supervisor Europeo de Protección de Datos establecido por el Reglamento (UE) 2018/1725 para evitar duplicaciones. 
            
            
               (59)La Autoridad debe establecer relaciones de cooperación con las agencias y organismos pertinentes de la Unión, incluidas Europol, Eurojust, la Fiscalía Europea y las Autoridades Europeas de Supervisión, esto es, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Con vistas a mejorar la supervisión intersectorial y la colaboración entre los supervisores prudenciales y los supervisores de la LBC/LFT, la Autoridad también debe establecer relaciones de cooperación con las autoridades competentes en materia de supervisión prudencial de las entidades obligadas del sector financiero, incluido el Banco Central Europeo por lo que se refiere a los asuntos relativos a las funciones que le confiere el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo
                  43
               , así como con las autoridades de resolución definidas en el artículo 3 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  44
                y las autoridades designadas de los sistemas de garantía de depósitos definidas en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  45
               . A tal fin, la Autoridad debe poder celebrar acuerdos o memorandos de entendimiento con dichos organismos, en particular en relación con cualquier intercambio de información que sea necesario para el desempeño de las funciones respectivas de la Autoridad y de dichos organismos. La Autoridad debe procurar en todo lo posible compartir información con dichos organismos cuando así lo soliciten, dentro de los límites que imponen los imperativos legales, incluida la legislación en materia de protección de datos. Además, la Autoridad debe permitir un intercambio efectivo de información entre todos los supervisores financieros del sistema de supervisión de la LBC/LFT y las autoridades antes mencionadas; esta cooperación e intercambio de información debe realizarse de manera estructurada y eficiente. 
            
         
         
            
               (60)En algunos Estados miembros, las asociaciones público-privadas (en lo sucesivo «APP») se han convertido en foros cada vez más importantes de cooperación e intercambio de información entre las UIF, diversas autoridades nacionales de supervisión y las autoridades policiales y judiciales, y las entidades obligadas. Cuando la Autoridad actúe como supervisor directo de entidades obligadas seleccionadas que formen parte de una APP en un Estado miembro, podría ser útil para la Autoridad participar también en ella, en las condiciones que determinen la autoridad o autoridades públicas nacionales pertinentes que la hayan establecido, y con su acuerdo explícito. 
            
            
               (61)Considerando que la cooperación entre las autoridades de supervisión, administrativas, policiales y judiciales es crucial para combatir con éxito el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y que determinadas autoridades y organismos de la Unión cuentan con funciones o mandatos específicos en ese ámbito, la Autoridad debe asegurarse de poder cooperar con dichas autoridades y organismos, en particular con la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea. Si es preciso celebrar acuerdos de trabajo específicos o memorandos de entendimiento entre la Autoridad y tales organismos y autoridades, la Autoridad ha de poder hacerlo. El acuerdo debe ser de carácter estratégico y técnico, no implicar la comunicación de información confidencial u operativa en poder de la Autoridad y tener en cuenta las tareas ya realizadas por las demás instituciones, órganos u organismos de la Unión en lo que respecta a la prevención y la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. 
            
            
               (62)Dado que tanto los delitos principales como el propio delito de blanqueo de capitales son a menudo de carácter mundial, y que las entidades obligadas de la Unión también operan con terceros países y en su territorio, la existencia de una cooperación efectiva con todas las autoridades pertinentes de terceros países en los ámbitos de la supervisión y el funcionamiento de las UIF es crucial para reforzar el marco de LBC/LFT de la Unión. Dada la combinación única de funciones y competencias conferidas a la Autoridad, atinentes tanto a la supervisión directa e indirecta como a la cooperación entre las UIF, resulta oportuno que la Autoridad pueda desempeñar un papel activo en tales acuerdos de cooperación exterior. En concreto, la Autoridad debe estar facultada para entablar contactos y celebrar acuerdos administrativos con autoridades de terceros países que tengan competencias en materia de regulación y supervisión y en relación con las UIF. El papel de la Autoridad podría ser especialmente beneficioso en los casos en que la interacción de varias autoridades públicas y UIF de la Unión con autoridades de terceros países se refiera a asuntos incluidos en el ámbito de actuación de la Autoridad. En tales casos, la Autoridad debe desempeñar un papel de liderazgo a la hora de facilitar esa interacción. 
            
            
               (63)Dado que la Autoridad asumirá la plenitud de competencias y funciones relacionadas con la supervisión directa e indirecta y el control del conjunto de entidades obligadas, es necesario mantener consolidadas dichas competencias en un solo organismo de la Unión, sin que entren en conflicto con las competencias de otros organismos de la Unión. Por consiguiente, la Autoridad Bancaria Europea no debe conservar sus funciones y competencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y deben suprimirse los artículos correspondientes del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  46
               . Los recursos asignados a la Autoridad Bancaria Europea para el desempeño de esas funciones deben transferirse a la Autoridad. Teniendo en cuenta que las tres Autoridades Europeas de Supervisión (ABE, AEVM y AESPJ) cooperarán con la Autoridad y podrán asistir en calidad de observadores a las reuniones de la Junta General en su composición de supervisión, debe ofrecerse a la Autoridad la misma posibilidad con respecto a las reuniones de la Junta de Supervisores de las Autoridades Europeas de Supervisión. Cuando las Juntas de Supervisores respectivas debatan o decidan sobre cuestiones que sean relevantes para el ejercicio de las funciones y competencias de la Autoridad, esta debe poder participar en sus reuniones en calidad de observador. Procede, por tanto, modificar en consecuencia los artículos sobre la composición de la Junta de Supervisores que figuran en el Reglamento (UE) n.º 1093/2010, el Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  47
                y el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  48
               . 
            
            
               (64)La Autoridad debe estar plenamente operativa al comienzo del año 2024. De este modo, dispondrá de tiempo suficiente para establecer su sede en el Estado miembro que determina el presente Reglamento. 
            
            
               (65)De conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725 se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos[, que emitió un dictamen el ...].
            
            
               HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
            
            
               CAPÍTULO I 
            
            
               CREACIÓN, RÉGIMEN JURÍDICO Y DEFINICIONES
            
            
               Artículo 1
            
            
               Creación y ámbito de actuación
            
            
               1.Se crea una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, «la Autoridad») a partir del 1 de enero de 2023. 
            
            
               2.La Autoridad actuará con arreglo a las competencias otorgadas por el presente Reglamento, en particular las establecidas en el artículo 6, y dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  49
               , de la Directiva relativa a los mecanismos que deben establecer los Estados miembros para prevenir la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/849 [OP: insértese el futuro número del COM(2021) 423] y del Reglamento relativo a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo [OP: insértese el futuro número del COM(2021) 422], así como de todas las directivas, reglamentos y decisiones basados en dichos actos, de cualquier otro acto jurídicamente vinculante ulterior de la Unión que confiera funciones a la Autoridad y de la legislación nacional por la que se transponga la Directiva antiblanqueo [OP: insértese el futuro número del COM(2021) 423] u otras directivas que confieran funciones a las autoridades de supervisión. 
            
            
               3.El objetivo de la Autoridad será proteger el interés público, la estabilidad del sistema financiero de la Unión y el buen funcionamiento del mercado interior, para lo cual deberá:
            
            
               a)prevenir la utilización del sistema financiero de la Unión para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
            
            
               b)contribuir a determinar y evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en todo el mercado interior, así como los riesgos y amenazas procedentes de fuera de la Unión que repercutan o puedan repercutir en el mercado interior; 
            
            
               c)velar por una supervisión de alta calidad en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (en lo sucesivo «LBC/LFT») en todo el mercado interior;
            
            
               d)contribuir a la convergencia de la supervisión en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en todo el mercado interior;
            
            
               e)contribuir a la armonización de las prácticas para la detección de flujos de fondos o actividades transfronterizos sospechosos por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF);
            
            
               f)apoyar y coordinar el intercambio de información entre las UIF y entre estas y otras autoridades competentes. 
            
         
         
            
               Las disposiciones del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de las competencias de la Comisión, en particular las previstas en el artículo 258 del TFUE, para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión.
            
            
               Artículo 2
            
            
               Definiciones
            
            
               1.A efectos del presente Reglamento, además de las definiciones contenidas en el artículo 2 del [OP: insértese la referencia del Reglamento antiblanqueo COM(2021) 420] y el artículo 2 de la [OP: insértese la referencia de la sexta Directiva antiblanqueo COM(2021) 423], se entenderá por: 
            
            
               1)«entidad obligada seleccionada»: una entidad de crédito, una entidad financiera, o un grupo de entidades de crédito o financieras al más alto nivel de consolidación en la Unión, que esté bajo la supervisión directa de la Autoridad de conformidad con el artículo 13; 
            
            
               2)«entidad obligada no seleccionada»: una entidad de crédito, una entidad financiera, o un grupo de entidades de crédito o entidades financieras al más alto nivel de consolidación en la Unión, que no sea una entidad obligada seleccionada;
            
            
               3)«sistema de supervisión de la LBC/LFT»: la Autoridad y las autoridades de supervisión de los Estados miembros; 
            
            
               4)«supervisor no financiero»: un supervisor que se ocupe de entidades obligadas de las enumeradas en el artículo 3 del [Reglamento antiblanqueo], que no sean entidades de crédito o financieras; 
            
            
               5)«autoridad ajena a la LBC/LFT»: 
            
            
               a)una autoridad competente tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  50
               ;
            
            
               b)el Banco Central Europeo cuando desempeñe las funciones que le confiere el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo;
            
            
               c)una autoridad de resolución designada con arreglo al artículo 3 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo;
            
            
               d)una autoridad designada en relación con un sistema de garantía de depósitos tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 18, de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
            
            
               Artículo 3 
            
            
               Régimen jurídico
            
            
               1.La Autoridad será un organismo de la Unión con personalidad jurídica.
            
            
               2.En cada Estado miembro, la Autoridad disfrutará de la capacidad jurídica más amplia que se conceda a las personas jurídicas en el Derecho nacional. En particular, podrá adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles y emprender acciones judiciales.
            
            
               3.La Autoridad estará representada por su presidente.
            
            
               Artículo 4 
            
            
               Sede
            
         
         
            
               La Autoridad tendrá su sede en [...].
            
            
               CAPÍTULO II 
            
            
               FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LA AUTORIDAD
            
            
               SECCION 1
            
            
               Funciones y competencias
            
            
               Artículo 5
            
            
               Funciones
            
            
               1.La Autoridad desempeñará las siguientes funciones con respecto a los riesgos de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo a los que se enfrente el mercado interior:
            
            
               a)hacer un seguimiento de la evolución en todo el mercado interior y evaluar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo; 
            
            
               b)hacer un seguimiento de la evolución en terceros países y evaluar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos en relación con sus sistemas de LBC/LFT; 
            
            
               c)reunir información a partir de sus propias actividades de supervisión y las de los supervisores y autoridades de supervisión sobre las deficiencias detectadas en la aplicación de las normas de LBC/LFT por parte de las entidades obligadas, la exposición al riesgo de estas, las sanciones impuestas y las medidas correctoras aplicadas;
            
            
               d)crear una base de datos central de LBC/LFT con información recabada de los supervisores y las autoridades de supervisión y mantenerla actualizada;
            
            
               e)analizar la información recogida en la base de datos central y compartir estos análisis con los supervisores y las autoridades de supervisión cuando necesiten conocerlos y a título confidencial;
            
            
               f)hacer un seguimiento de las inmovilizaciones de activos en el marco de las medidas restrictivas de la Unión en todo el mercado interior y prestar apoyo a tales inmovilizaciones;
            
            
               g)respaldar, facilitar y reforzar la cooperación y el intercambio de información entre las entidades obligadas y las autoridades públicas con el fin de desarrollar una comprensión común de los riesgos y amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a que se enfrenta el mercado interior;
            
            
               h)llevar a cabo cualquier otra de las funciones específicas previstas en el presente Reglamento y en otros actos legislativos. 
            
            
               2.La Autoridad desempeñará las siguientes funciones con respecto a las entidades obligadas seleccionadas:
            
            
               a)velar por el cumplimiento a nivel de grupo de los requisitos aplicables a las entidades obligadas seleccionadas en virtud de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y cualquier otro acto jurídicamente vinculante de la Unión que imponga a las entidades financieras obligaciones en materia de LBC/LFT;
            
            
               b)llevar a cabo revisiones y evaluaciones supervisoras a nivel de entidad y de grupo a fin de determinar si los sistemas, estrategias, procesos y mecanismos establecidos por las entidades obligadas seleccionadas son adecuados para mitigar sus riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y, partiendo de dichas revisiones supervisoras, imponer requisitos específicos, medidas de supervisión y sanciones pecuniarias administrativas de conformidad con los artículos 20, 21 y 22; 
            
            
               c)participar en la supervisión a nivel de grupo, en particular en colegios de supervisores, incluso cuando una entidad obligada seleccionada forme parte de un grupo que tenga su sede o posea filiales o sucursales fuera de la Unión;
            
         
         
            
               d)desarrollar un sistema para evaluar los riesgos y vulnerabilidades de las entidades obligadas seleccionadas, a fin de fundamentar las actividades de supervisión de la Autoridad y de las autoridades de supervisión, en particular mediante la recopilación de datos de dichas entidades, y mantener dicho sistema actualizado.
            
            
               3.La Autoridad desempeñará las siguientes funciones con respecto a los supervisores financieros:
            
            
               a)mantener una lista actualizada de los supervisores financieros dentro de la Unión; 
            
            
               b)llevar a cabo evaluaciones periódicas para asegurarse de que todos los supervisores financieros dispongan de los recursos adecuados y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones en el ámbito de la LBC/LFT; 
            
            
               c)realizar evaluaciones de las estrategias, las capacidades y los recursos de los supervisores financieros en el ámbito de la LBC/LFT y poner los resultados de dichas evaluaciones a disposición de todos los supervisores financieros;
            
            
               d)facilitar el funcionamiento de los colegios de supervisores financieros en el ámbito de la LBC/LFT;
            
            
               e)contribuir a la convergencia de las prácticas de supervisión y a la promoción de normas elevadas de supervisión en el ámbito de la LBC/LFT;
            
            
               f)coordinar los intercambios de personal e información entre los supervisores financieros de la Unión;
            
            
               g)prestar asistencia a los supervisores financieros respondiendo a solicitudes específicas de los mismos, incluidas las solicitudes de resolución de cualquier desacuerdo acerca de las medidas que deban adoptarse en relación con una entidad obligada.
            
            
               4.La Autoridad desempeñará las siguientes funciones con respecto a los supervisores no financieros:
            
            
               a)mantener una lista actualizada de los supervisores no financieros dentro de la Unión; 
            
            
               b)coordinar las evaluaciones inter pares de las normas y prácticas de supervisión en el ámbito de la LBC/LFT;
            
            
               c)instar a los supervisores no financieros a que investiguen posibles incumplimientos de los requisitos aplicables a las entidades obligadas y a que consideren la posibilidad de imponer sanciones o medidas correctoras con respecto a dichos incumplimientos; 
            
            
               d)llevar a cabo evaluaciones periódicas para asegurarse de que todos los supervisores no financieros dispongan de los recursos adecuados y las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones en el ámbito de la LBC/LFT;
            
            
               e)contribuir a la convergencia de las prácticas de supervisión y a la promoción de normas elevadas de supervisión en el ámbito de la LBC/LFT;
            
            
               f)prestar asistencia a los supervisores no financieros respondiendo a solicitudes específicas de los mismos, incluidas las solicitudes de resolución de cualquier desacuerdo acerca de las medidas que deban adoptarse en relación con una entidad obligada.
            
            
               Cuando la supervisión de sectores específicos se delegue a nivel nacional en organismos autorreguladores, la Autoridad ejercerá las funciones establecidas en el párrafo primero en relación con las autoridades de supervisión que controlen la actividad de dichos organismos autorreguladores. 
            
            
               5.La Autoridad desempeñará las siguientes funciones con respecto a las UIF y sus actividades en los Estados miembros: 
            
            
               a)apoyar y coordinar la labor de las UIF y contribuir a mejorar la cooperación entre ellas; 
            
            
               b)contribuir a la determinación y selección de casos relevantes para la realización de análisis conjuntos por las UIF;
            
         
         
            
               c)desarrollar métodos y procedimientos adecuados para la realización de esos análisis conjuntos de casos transfronterizos;
            
            
               d)poner en marcha, coordinar, organizar y facilitar la realización de análisis conjuntos por las UIF;
            
            
               e)desarrollar y poner a disposición de las UIF herramientas y servicios informáticos y de inteligencia artificial para el intercambio seguro de información, en particular mediante el alojamiento de la red FIU.net; 
            
            
               f)desarrollar, compartir y promover conocimientos especializados sobre métodos de detección, análisis y difusión de transacciones sospechosas; 
            
            
               g)proporcionar formación especializada y asistencia a las UIF, en su caso mediante la prestación de apoyo financiero, en el ámbito de sus objetivos y de acuerdo con los recursos humanos y presupuestarios a su disposición;
            
            
               h)respaldar la interacción de las UIF con las entidades obligadas proporcionando formación especializada a estas últimas, en particular mejorando su sensibilización y sus procedimientos para detectar las actividades y operaciones financieras sospechosas y notificarlas a las UIF;
            
            
               i)preparar y coordinar las evaluaciones de amenazas y los análisis estratégicos de las amenazas, riesgos y métodos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo identificados por las UIF.
            
            
               6.A efectos de desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad aplicará todo el Derecho de la Unión pertinente y, cuando este esté integrado por directivas, la legislación nacional que transponga dichas directivas. Cuando el Derecho de la Unión pertinente consista en reglamentos y estos, en la fecha corriente, concedan expresamente opciones a los Estados miembros, la Autoridad aplicará también la legislación nacional en la que se ejerzan dichas opciones.
            
            
               Artículo 6 
            
            
               Competencias de la Autoridad
            
            
               1.Con respecto a las entidades obligadas seleccionadas, la Autoridad dispondrá de las competencias de supervisión e investigación especificadas en los artículos 16 a 20 y de la facultad de imponer sanciones pecuniarias administrativas y multas coercitivas, conforme a lo previsto en los artículos 21 y 22.
            
            
               A efectos del ejercicio de dichas competencias, la Autoridad podrá adoptar decisiones vinculantes dirigidas a entidades seleccionadas concretas. La Autoridad estará facultada para imponer sanciones pecuniarias administrativas por incumplimiento de las decisiones adoptadas en el ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 20 de conformidad con el artículo 21. 
            
            
               2.Con respecto a los supervisores y autoridades de supervisión, la Autoridad dispondrá de las siguientes competencias:
            
            
               a)exigir la presentación de cualquier información o documentación, incluidas explicaciones escritas u orales, necesaria para el desempeño de sus funciones, en particular información estadística e información relativa a los procesos o disposiciones internos de las autoridades nacionales;
            
            
               b)emitir directrices y recomendaciones; 
            
            
               c)presentar requerimientos de actuación y dictar instrucciones acerca de las medidas que deban adoptarse respecto de entidades obligadas no seleccionadas con arreglo al capítulo II, sección 4.
            
            
               3.Con respecto a las IUF de los Estados miembros, la Autoridad dispondrá de las siguientes competencias:
            
            
               a)solicitar a las UIF datos y análisis que sean pertinentes para la evaluación de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los que se enfrenta el mercado interior en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
            
            
               b)recopilar información y estadísticas en relación con las funciones y actividades de las UIF;
            
            
               c)obtener y tratar la información y los datos necesarios para la coordinación de los análisis conjuntos, con arreglo a lo previsto en el artículo 33;
            
         
         
            
               d)emitir directrices y recomendaciones; 
            
            
               4.A efectos del desempeño de las funciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, la Autoridad dispondrá de las siguientes competencias:
            
            
               a)elaborar proyectos de normas técnicas de regulación en los casos específicos mencionados en el artículo 38;
            
            
               b)elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución en los casos específicos mencionados en el artículo 42;
            
            
               c)emitir directrices y recomendaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 43;
            
            
               d)emitir dictámenes destinados al Parlamento Europeo, al Consejo o a la Comisión, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44.
            
            
               SECCION 2 
            
            
               Sistema de supervisión de la LBC/LFT
            
            
               Artículo 7 
            
            
               Cooperación en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT
            
            
               1.La Autoridad será responsable del funcionamiento eficaz y coherente del sistema de supervisión de la LBC/LFT.
            
            
               2.La Autoridad y las autoridades de supervisión estarán sujetas al deber de cooperación leal y a la obligación de intercambiar información.
            
            
               Artículo 8 
            
            
               Metodología de supervisión de la LBC/LFT 
            
            
               1.La Autoridad elaborará una metodología armonizada de supervisión de la LBC/LFT que detallará el enfoque basado en el riesgo para la supervisión de las entidades obligadas en la Unión, y la mantendrá actualizada. La metodología comprenderá directrices, recomendaciones y otras medidas e instrumentos, según proceda, en particular, proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, en función de las habilitaciones contenidas en los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.
            
            
               2.Al elaborar la metodología de supervisión, la Autoridad distinguirá entre las entidades obligadas en función de los sectores en los que operen. La metodología de supervisión comprenderá, como mínimo, los siguientes elementos:
            
            
               a)parámetros de referencia y metodología para clasificar las entidades obligadas en categorías de riesgo a partir de su perfil de riesgo residual, por separado para cada categoría de entidades obligadas; 
            
            
               b)métodos para la revisión supervisora de las autoevaluaciones del riesgo de blanqueo de capitales de las entidades obligadas;
            
            
               c)métodos para la revisión supervisora de las políticas y procedimientos internos de las entidades obligadas, incluidas las políticas de diligencia debida con respecto al cliente;
            
            
               d)métodos para la evaluación supervisora de los factores de riesgo inherentes a los clientes, las relaciones de negocios, las transacciones y los canales de distribución de las entidades obligadas, o relacionados con ellos, así como de los factores de riesgo geográfico. 
            
         
         
            
               3.La metodología reflejará normas elevadas de supervisión a escala de la Unión y se basará en las normas y orientaciones internacionales pertinentes. La Autoridad revisará y actualizará periódicamente su metodología de supervisión, teniendo en cuenta la evolución de los riesgos que afecten al mercado interior. 
            
            
               Artículo 9 
            
            
               Revisiones temáticas 
            
            
               1.A más tardar el 31 de octubre de cada año, las autoridades de supervisión presentarán a la Autoridad sus programas de trabajo anuales para el año siguiente. Cuando dichos programas de trabajo incluyan revisiones supervisoras realizadas sobre una base temática con el fin de evaluar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, o un aspecto específico de tales riesgos, a los que estén expuestas múltiples entidades obligadas al mismo tiempo, las autoridades de supervisión facilitarán la siguiente información:
            
            
               a)el alcance de cada revisión temática prevista, en términos de categoría y número de entidades obligadas consideradas, y el objeto u objetos de la revisión;
            
            
               b)el calendario de cada revisión temática prevista;
            
            
               c)el tipo, la naturaleza y la frecuencia previstos de las actividades de supervisión que vayan a llevarse a cabo en relación con cada revisión temática, incluidas las inspecciones in situ u otros tipos de interacción directa con las entidades obligadas, cuando proceda.
            
            
               2.Antes de que finalice cada año, el presidente de la Autoridad presentará a la Junta General en su composición de supervisión, con arreglo a lo previsto en el artículo 46, apartado 2, una planificación consolidada de las revisiones temáticas que las autoridades de supervisión se propongan llevar a cabo durante el año siguiente. 
            
            
               3.Cuando el alcance y la relevancia a escala de la Unión de las revisiones temáticas justifiquen su coordinación a nivel de la Unión, serán realizadas conjuntamente por las correspondientes autoridades de supervisión y coordinadas por la Autoridad. La Junta General en su composición de supervisión elaborará una lista de revisiones temáticas conjuntas. La Junta General en su composición de supervisión elaborará un informe sobre la realización, el objeto y los resultados de cada revisión temática conjunta. La Autoridad publicará dicho informe en su sitio web.
            
            
               4.La Autoridad coordinará las actividades de las autoridades de supervisión y facilitará la planificación y ejecución de las revisiones temáticas conjuntas seleccionadas a que se refiere el apartado 3. Toda interacción directa con entidades obligadas no seleccionadas en el contexto de una revisión temática será responsabilidad exclusiva de la autoridad de supervisión de las entidades obligadas no seleccionadas y no podrá entenderse como una transferencia de funciones y competencias en relación con dichas entidades dentro del sistema de supervisión de la LBC/LFT. 
            
            
               5.Cuando las revisiones temáticas previstas a nivel nacional no sean objeto de coordinación a nivel de la Unión, la Autoridad, junto con las autoridades de supervisión, examinará la necesidad y la posibilidad de armonizar o sincronizar su calendario, y facilitará el intercambio de información y la asistencia mutua entre las autoridades de supervisión que las lleven a cabo. La Autoridad facilitará asimismo cualquier actividad que las correspondientes autoridades de supervisión puedan desear llevar a cabo conjuntamente o de manera similar en el contexto de sus respectivas revisiones temáticas. 
            
            
               6.La Autoridad velará por que se comuniquen a todas las autoridades de supervisión los resultados y conclusiones de las revisiones temáticas realizadas a nivel nacional por varias autoridades de supervisión, con excepción de la información confidencial relativa a entidades obligadas concretas. La comunicación de información incluirá cualquier conclusión común resultante de los intercambios de información o de cualquier actividad conjunta o coordinada entre varias autoridades de supervisión. 
            
            
               Artículo 10 
            
            
               Asistencia mutua en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT
            
            
               1.La Autoridad podrá, cuando proceda, desarrollar:
            
            
               a)nuevos instrumentos prácticos y de convergencia para promover enfoques comunes de supervisión y buenas prácticas;
            
            
               b)instrumentos prácticos y métodos para la asistencia mutua a raíz de:
            
            
               i)solicitudes específicas de las autoridades de supervisión;
            
            
               ii)el sometimiento a su consideración de desacuerdos entre autoridades de supervisión sobre las medidas que deben adoptar conjuntamente varias autoridades de supervisión en relación con una entidad obligada. 
            
            
               2.La Autoridad facilitará y fomentará al menos las siguientes actividades:
            
         
         
            
               a)programas de formación sectoriales e intersectoriales, también con respecto a la innovación tecnológica; 
            
            
               b)intercambios de personal y recurso a programas de comisiones de servicio, hermanamientos y visitas de corta duración;
            
            
               c)intercambios de prácticas de supervisión entre autoridades de supervisión, cuando alguna de ellas haya adquirido conocimientos especializados en un ámbito específico de las prácticas de supervisión de la LBC/LFT.
            
            
               3.Cada autoridad de supervisión podrá presentar a la Autoridad una solicitud de asistencia mutua en relación con sus funciones de supervisión, especificando el tipo de asistencia que pueden prestar el personal de la Autoridad y/o el personal de una o varias autoridades de supervisión. Si la solicitud se refiere a actividades relacionadas con la supervisión de entidades obligadas específicas, la autoridad de supervisión solicitante velará por que pueda concederse acceso a cualquier información y datos necesarios para la prestación de asistencia. La Autoridad conservará y actualizará periódicamente la información relativa a los ámbitos específicos de especialización y a la capacidad de las autoridades de supervisión para prestar asistencia mutua.
            
            
               4.Cuando se solicite a la Autoridad que preste asistencia para el desempeño de tareas de supervisión específicas a nivel nacional respecto de entidades obligadas no seleccionadas, la autoridad de supervisión solicitante detallará en su solicitud las tareas para las que se solicita apoyo. La asistencia no podrá entenderse como la transferencia de funciones o competencias de supervisión, o de la obligación de rendir cuentas por la supervisión de las entidades obligadas no seleccionadas, de la autoridad de supervisión solicitante a la Autoridad. 
            
            
               5.La Autoridad hará todo lo posible por prestar la asistencia solicitada, en particular movilizando recursos humanos propios y velando por la movilización de recursos por parte de las autoridades de supervisión con carácter voluntario.
            
            
               6.Antes de que finalice cada año, el presidente de la Autoridad informará a la Junta General en su composición de supervisión de los recursos que la Autoridad asignará a la prestación de dicha asistencia. 
            
            
               7.Toda interacción entre el personal de la Autoridad y la entidad obligada será responsabilidad exclusiva de la autoridad de supervisión de la entidad y no podrá entenderse como una transferencia de funciones y competencias en relación con entidades obligadas concretas dentro del sistema de supervisión de la LBC/LFT.
            
            
               Artículo 11 
            
            
               Base de datos central de LBC/LFT
            
            
               1.La Autoridad creará y mantendrá actualizada una base de datos central con la información recopilada en virtud del apartado 2. La Autoridad analizará la información recibida y velará por que se ponga a disposición de las autoridades de supervisión cuando necesiten tener conocimiento de ella y a título confidencial. La Autoridad podrá, por iniciativa propia, comunicar los resultados de su análisis a las autoridades de supervisión con el fin de facilitar las actividades de supervisión de estas. 
            
            
               2.Las autoridades de supervisión transmitirán a la Autoridad, como mínimo, la siguiente información, incluidos los datos relativos a entidades obligadas concretas:
            
            
               a)una lista de todas las autoridades de supervisión y los organismos autorreguladores a los que se haya encomendado la supervisión de las entidades obligadas, con información sobre su mandato, funciones y competencias;
            
            
               b)información estadística sobre el tipo y el número de entidades obligadas supervisadas en cada Estado miembro e información básica sobre el perfil de riesgo;
            
            
               c)medidas vinculantes y sanciones adoptadas en la supervisión de entidades obligadas concretas;
            
            
               d)asesoramiento prestado, en su caso, a otras autoridades nacionales en relación con los procedimientos de autorización y de revocación de la autorización y las evaluaciones de idoneidad de los accionistas o miembros del órgano de dirección de entidades obligadas concretas;
            
            
               e)informes sobre los resultados de las actividades de supervisión;
            
            
               f)resultados de las inspecciones de supervisión de los expedientes relativos a personas del medio político y sus familiares y asociados;
            
            
               g)información estadística relativa a las actividades de supervisión realizadas durante el año natural anterior, incluido el número de inspecciones in situ y a distancia; 
            
            
               h)información estadística sobre la dotación de personal y otros recursos de las autoridades públicas.
            
         
         
            
               3.La Autoridad podrá solicitar a las autoridades de supervisión que faciliten información adicional a la mencionada en el apartado 2. Las autoridades de supervisión actualizarán toda la información facilitada.
            
            
               4.Cualquier autoridad de supervisión o cualquier autoridad ajena a la LBC/LFT podrá remitir a la Autoridad una solicitud motivada de información recopilada con arreglo al apartado 2 que sea pertinente para sus actividades de supervisión. La Autoridad evaluará las solicitudes y facilitará oportunamente la información solicitada por las autoridades de supervisión o las autoridades ajenas a la LBC/LFT cuando necesiten tener conocimiento de ella y a título confidencial. La Autoridad informará a la autoridad que haya proporcionado inicialmente la información solicitada de la identidad de la autoridad de supervisión u otra autoridad solicitante, de la identidad de la entidad obligada de que se trate, del motivo de la solicitud de información y de si se ha facilitado la información a la autoridad solicitante. 
            
            
               SECCION 3 
            
            
               Supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas
            
            
               Artículo 12 
            
            
               Evaluación de las entidades obligadas a efectos de la selección para su supervisión directa 
            
            
               1.A efectos del desempeño de las funciones enumeradas en el artículo 5, apartado 2, la Autoridad llevará a cabo una evaluación periódica de las siguientes entidades obligadas, sobre la base de los criterios y siguiendo el proceso que se especifican en los apartados 2 a 6 del presente artículo y en el artículo 13: 
            
            
               a)las entidades de crédito que estén establecidas en al menos siete Estados miembros, incluyendo el Estado miembro de establecimiento y los Estados miembros en los que operen a través de filiales o sucursales; 
            
            
               b)otras entidades financieras que operen en al menos diez Estados miembros, incluyendo el Estado miembro de establecimiento, otro Estado miembro en el que operen a través de una filial o sucursal, y todos los demás Estados miembros en los que operen mediante prestación directa de servicios o a través de una red de agentes representantes.
            
            
               2.El perfil de riesgo inherente de las entidades obligadas evaluadas a que se refiere el apartado 1, letras a) o b), se clasificará como bajo, medio, sustancial o alto en cada país en el que operen, sobre la base de los parámetros de referencia y con arreglo a la metodología establecidos en la norma técnica de regulación a que se refiere el apartado 5.
            
            
               3.La metodología para clasificar el perfil de riesgo inherente se establecerá por separado al menos para las siguientes categorías de entidades obligadas:
            
            
               a)entidades de crédito;
            
            
               b)oficinas de cambio;
            
            
               c)organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios y fondos de inversión alternativos;
            
            
               d)proveedores de crédito distintos de las entidades de crédito; 
            
            
               e)entidades de dinero electrónico;
            
            
               f)empresas de servicios de inversión;
            
            
               g)proveedores de servicios de pago;
            
            
               h)empresas de seguros de vida;
            
            
               i)intermediarios de seguros de vida;
            
         
         
            
               j)otras entidades financieras.
            
            
               4.Para cada categoría de entidades obligadas a que se refiere el apartado 4, los parámetros de referencia de la metodología de evaluación se basarán en las categorías de factores de riesgo relacionadas con los clientes, los productos, los servicios, las transacciones, los canales de distribución y las zonas geográficas. Los parámetros de referencia se establecerán al menos para los siguientes indicadores de riesgo inherente en todo Estado miembro en el que operen: 
            
            
               a)con respecto al riesgo vinculado a los clientes: la proporción de clientes no residentes, y la presencia y proporción de clientes identificados como personas del medio político; 
            
            
               b)con respecto a los productos y servicios ofrecidos: 
            
            
               i)la importancia y el volumen de facturación de los productos y servicios identificados como potencialmente más vulnerables a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a nivel del mercado interior, en la evaluación supranacional de riesgos, o a nivel del país, en la evaluación nacional de riesgos; 
            
            
               ii)el volumen de los servicios de cuentas de depósito y de pago prestados en régimen de libre prestación de servicios; 
            
            
               iii)en el caso de los proveedores de servicios de envío de dinero, la importancia de la actividad anual agregada de emisión y recepción de cada remitente en un país; 
            
            
               c)con respecto a las zonas geográficas: 
            
            
               i)el volumen anual de servicios de corresponsalía bancaria prestados por entidades del sector financiero de la Unión en terceros países;
            
            
               ii)el número y la proporción de clientes de servicios de corresponsalía bancaria procedentes de terceros países cuyos sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales adolecen de deficiencias estructurales identificadas por los organismos normativos mundiales;
            
            
               iii)el volumen de actividad de los proveedores de servicios de activos virtuales registrados o autorizados en terceros países y que operan como entidades financieras en la Unión.
            
            
               5.La Autoridad elaborará proyectos de normas técnicas de regulación que establezcan la metodología basada en los parámetros de referencia a que se refiere el apartado 4 para clasificar el perfil de riesgo inherente de cualquier entidad financiera o de crédito transfronteriza en cada Estado miembro en el que opere como bajo, medio, sustancial o alto. 
            
            
               La Autoridad presentará los proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión a más tardar el [1 de enero de 2025]. 
            
            
               Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 38 del presente Reglamento. 
            
            
               6.La Autoridad revisará los parámetros de referencia y la metodología al menos cada tres años. Cuando sea necesario introducir modificaciones, la Autoridad presentará a la Comisión proyectos de normas técnicas de regulación modificadas. 
            
            
               Artículo 13 
            
            
               Proceso de elaboración de la lista de entidades obligadas seleccionadas
            
            
               1.Se considerarán entidades obligadas seleccionadas las siguientes entidades obligadas:
            
            
               a)toda entidad de crédito evaluada con arreglo al artículo 12 que tenga un perfil de riesgo inherente alto en al menos cuatro Estados miembros y que haya sido sometida a investigación por las autoridades de supervisión u otra autoridad pública por incumplimientos graves de los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, en al menos uno de esos Estados miembros en los tres años anteriores;
            
            
               b)toda entidad financiera evaluada con arreglo al artículo 12 que tenga un perfil de riesgo inherente alto en al menos un Estado miembro en el que esté establecida u opere a través de una filial o sucursal, y en al menos otros cinco Estados miembros en los que opere mediante prestación directa de servicios o a través de una red de agentes representantes.
            
         
         
            
               2.La Autoridad iniciará el primer proceso de selección el 1 de julio de 2025 y concluirá la selección en el plazo de un mes. La selección se realizará cada tres años a partir de la fecha de inicio de la primera selección y concluirá en el plazo de un mes en cada período de selección. La Autoridad publicará la lista de las entidades obligadas seleccionadas sin demora injustificada una vez finalizado el proceso de selección. La Autoridad iniciará la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas cinco meses después de la publicación de la lista.
            
            
               3.Toda entidad obligada seleccionada estará sujeta a la supervisión directa de la Autoridad hasta que esta inicie la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas basándose en una lista elaborada para la siguiente ronda de selección que ya no incluya a dicha entidad obligada.
            
            
               Artículo 14 
            
            
               Cooperación en el marco del sistema de supervisión de la LBC/LFT a efectos de supervisión directa 
            
            
               1.Sin perjuicio de la facultad de la Autoridad, en virtud del artículo 20, apartado 2, letra g), de recibir directamente la información comunicada de forma continua por las entidades obligadas seleccionadas o tener acceso directo a ella, los supervisores financieros facilitarán a la Autoridad toda la información necesaria para el desempeño de las funciones que se le atribuyen.
            
            
               2.Cuando proceda, los supervisores financieros serán responsables de asistir a la Autoridad en la preparación y ejecución de cualquier acto relacionado con las funciones a que se refiere el artículo 5, apartado 2, letra b), en lo que respecta a todas las entidades obligadas seleccionadas, incluida la asistencia en las actividades de verificación. Cuando desempeñen esas funciones, se atendrán a las instrucciones impartidas por la Autoridad.
            
            
               3.La Autoridad elaborará normas técnicas de ejecución en las que se especifiquen las condiciones en las que los supervisores financieros deberán asistirla de conformidad con el apartado 2.
            
            
               4.La Autoridad presentará los proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión a más tardar el 1 de enero de 2025. 
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero de conformidad con el artículo 42.
            
            
               Artículo 15 
            
            
               Equipos conjuntos de supervisión
            
            
               1.Se creará un equipo conjunto de supervisión para la supervisión de cada entidad obligada seleccionada. Cada equipo conjunto de supervisión estará compuesto por personal de la Autoridad y de los supervisores financieros responsables de la supervisión de la entidad obligada seleccionada a nivel nacional. Los miembros del equipo conjunto de supervisión serán nombrados de conformidad con el apartado 4 y trabajarán bajo la coordinación de un miembro designado del personal de la Autoridad (en lo sucesivo «el coordinador del ECS»).
            
            
               2.El coordinador del ECS velará por la coordinación del trabajo dentro del equipo conjunto de supervisión. Los miembros del equipo conjunto de supervisión seguirán las instrucciones del coordinador del ECS en lo que se refiere a las tareas que deban realizar dentro del equipo. Ello no afectará a sus funciones y tareas en el seno de sus respectivos supervisores financieros. El coordinador del ECS será enviado, en calidad de delegado, de la Autoridad al supervisor financiero del Estado miembro en el que tenga su sede la entidad obligada seleccionada, previo acuerdo de los supervisores financieros pertinentes. La duración de la delegación se limitará al tiempo durante el cual la Autoridad lleve a cabo funciones de supervisión con respecto a la entidad obligada seleccionada. 
            
            
               3.Las funciones de un equipo conjunto de supervisión incluirán las siguientes:
            
            
               a)realizar las revisiones y evaluaciones supervisoras de las entidades obligadas seleccionadas;
            
            
               b)realizar y coordinar las inspecciones in situ en entidades obligadas seleccionadas y preparar los informes, incluidas las propuestas para la adopción de medidas de supervisión consecutivas a dichos informes, en caso necesario;
            
            
               c)teniendo en cuenta las revisiones, evaluaciones e inspecciones in situ a que se refieren las letras a) y b), participar en la preparación de los proyectos de decisiones aplicables a la correspondiente entidad obligada seleccionada que se propondrán a la Junta General y al Comité Ejecutivo;
            
            
               d)mantener contactos con los supervisores financieros cuando sea necesario para el ejercicio de las funciones de supervisión en cualquier Estado miembro en el que esté establecida una entidad obligada seleccionada.
            
            
               4.La Autoridad será responsable de la creación y la composición de los equipos conjuntos de supervisión. Los correspondientes supervisores financieros nombrarán a una o varias personas entre su personal como miembro o miembros de un equipo conjunto de supervisión. Un miembro del personal de un supervisor financiero podrá ser nombrado miembro de varios equipos conjuntos de supervisión. 
            
            
               5.La Autoridad y los supervisores financieros se consultarán mutuamente y se pondrán de acuerdo acerca de la utilización del personal en relación con los equipos conjuntos de supervisión.
            
         
         
            
               Artículo 16 
            
            
               Solicitud de información
            
            
               1.La Autoridad podrá exigir a las entidades obligadas seleccionadas y a las personas físicas o jurídicas que formen parte de ellas, así como a terceros a los que las entidades obligadas seleccionadas hayan externalizado funciones operativas o actividades y a las personas físicas o jurídicas asociadas a ellos, que faciliten toda la información necesaria para llevar a cabo las funciones que le atribuye el presente Reglamento.
            
            
               2.Las personas a que se refiere el apartado 1 o sus representantes y, en el caso de las personas jurídicas o de las asociaciones sin personalidad jurídica, las personas facultadas por ley o por los estatutos para representarlas, facilitarán la información solicitada. Los abogados debidamente habilitados podrán facilitar la información en nombre de sus clientes. Estos últimos seguirán siendo plenamente responsables si la información presentada es incompleta, incorrecta o engañosa.
            
            
               3.Cuando la Autoridad obtenga información directamente de las personas físicas o jurídicas mencionadas en el apartado 1, la pondrá a disposición del supervisor financiero afectado.
            
            
               Artículo 17 
            
            
               Investigaciones generales
            
            
               1.A fin de desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad podrá someter a cualquier entidad obligada seleccionada, o a cualquier persona física o jurídica empleada por una entidad obligada seleccionada o que le pertenezca y que esté establecida o situada en un Estado miembro, a cuantas investigaciones sean necesarias.
            
            
               A tal fin, la Autoridad podrá:
            
            
               a)exigir la presentación de documentos;
            
            
               b)examinar los libros y registros de las personas y obtener copias o extractos de dichos libros y registros;
            
            
               c)obtener acceso a los informes de auditoría interna, a la certificación de cuentas y a cualesquiera programas informáticos, bases de datos, herramientas informáticas u otros medios electrónicos de registro de la información;
            
            
               d)obtener explicaciones escritas o verbales de cualquier persona contemplada en el artículo 16 o de sus representantes o personal;
            
            
               e)entrevistar a cualquier otra persona que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación.
            
            
               2.Las personas contempladas en el artículo 16 quedarán sujetas a las investigaciones iniciadas sobre la base de una decisión de la Autoridad. Cuando una persona obstaculice el desarrollo de la investigación, el supervisor financiero del Estado miembro en el que estén situados los locales de que se trate prestará la asistencia necesaria, de conformidad con la legislación nacional, en particular facilitando el acceso de la Autoridad a los locales profesionales de las personas jurídicas contempladas en el artículo 16, de forma que puedan ejercerse los derechos enumerados en el apartado 1 del presente artículo.
            
            
               Artículo 18 
            
            
               Inspecciones in situ
            
            
               1.A fin de desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad podrá realizar, previa notificación al supervisor financiero correspondiente, todas las inspecciones in situ necesarias en los locales profesionales de las personas jurídicas contempladas en el artículo 16. Cuando así lo requieran la correcta realización y la eficiencia de las inspecciones, la Autoridad podrá efectuar las inspecciones in situ sin previo aviso a dichas personas jurídicas.
            
            
               2.El personal de la Autoridad y demás personas acreditadas por ella para realizar inspecciones in situ podrán acceder a cualesquiera locales y terrenos de uso profesional de las personas jurídicas objeto de una decisión de investigación adoptada por la Autoridad y gozarán de todas las facultades previstas en el artículo 20.
            
            
               3.Las personas jurídicas contempladas en el artículo 16 serán objeto de inspecciones in situ sobre la base de una decisión de la Autoridad.
            
         
         
            
               4.El personal y otros acompañantes acreditados o designados por el supervisor financiero del Estado miembro en cuyo territorio se vaya a llevar a cabo la inspección prestarán activamente asistencia, bajo la supervisión y coordinación de la Autoridad, a los agentes de la Autoridad y demás personas acreditadas por ella. A tal efecto, gozarán de las facultades previstas en el apartado 2. El personal del supervisor financiero del Estado miembro interesado también tendrá derecho a participar en las inspecciones in situ.
            
            
               5.Cuando el personal de la Autoridad y otros acompañantes acreditados o designados por ella constaten que una persona se opone a una inspección in situ ordenada en virtud del presente artículo, el supervisor financiero del Estado miembro interesado les prestará la asistencia necesaria, de conformidad con el Derecho nacional. En la medida en que la inspección así lo requiera, esta asistencia incluirá el precintado de todos los locales y libros o registros profesionales. Cuando el supervisor financiero de que se trate no esté facultado para ello, hará uso de sus facultades para solicitar la asistencia necesaria de otras autoridades nacionales.
            
            
               Artículo 19 
            
            
               Autorización judicial 
            
            
               1.Si una inspección in situ prevista en el artículo 18 requiere una autorización judicial de conformidad con el Derecho nacional, la Autoridad solicitará dicha autorización.
            
            
               2.Cuando se solicite la autorización a que se refiere el apartado 1, el juez nacional verificará la autenticidad de la decisión de la Autoridad y comprobará que las medidas coercitivas contempladas no son arbitrarias ni desproporcionadas en relación con el objeto de la inspección. Cuando verifique la proporcionalidad de las medidas coercitivas, el juez nacional podrá pedir a la Autoridad explicaciones detalladas, en particular sobre los motivos que tenga la Autoridad para sospechar que se han infringido los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, párrafo primero, sobre la gravedad de la presunta infracción y sobre la naturaleza de la implicación de la persona sujeta a las medidas coercitivas. No obstante, el juez nacional no podrá examinar la necesidad de proceder a la inspección ni exigirá que se le facilite la información que conste en el expediente de la Autoridad. La legalidad de la decisión de la Autoridad solo estará sujeta al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
            
            
               Artículo 20 
            
            
               Competencias de supervisión
            
            
               1.A efectos del desempeño de las funciones a que se refiere el artículo 5, apartado 2, la Autoridad dispondrá de las competencias establecidas en el apartado 2 del presente artículo para exigir a cualquier entidad obligada seleccionada que adopte las medidas necesarias cuando: 
            
            
               a)la entidad obligada seleccionada no cumpla los requisitos de los actos de la Unión y de la legislación nacional a que se refiere el artículo 1, apartado 2; 
            
            
               b)la Autoridad tenga indicios de que es probable que la entidad obligada seleccionada vaya a incumplir en los doce meses siguientes los requisitos de los actos de la Unión y de la legislación nacional a que se refiere el artículo 1, apartado 2; 
            
            
               c)los sistemas, estrategias, procesos y mecanismos implantados por la entidad obligada seleccionada no garanticen, con arreglo a lo constatado por la Autoridad, una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos.
            
            
               2.A efectos del artículo 6, apartado 1, la Autoridad dispondrá, en particular, de las siguientes competencias:
            
            
               a)exigir que se refuercen los sistemas, procesos, mecanismos y estrategias;
            
            
               b)exigir un plan para restablecer el cumplimiento de los requisitos de supervisión en virtud de los actos de la Unión y la legislación nacional a que se refiere el artículo 1, apartado 2, fijando un plazo para su ejecución, así como la introducción en el plan de las mejoras necesarias en lo que atañe a su alcance y al plazo de ejecución;
            
            
               c)exigir la aplicación de una política o tratamiento específicos a los clientes, transacciones o canales de distribución;
            
            
               d)restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de entidades correspondientes a la entidad obligada seleccionada, o exigir la cesión de actividades que supongan riesgos excesivos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
            
            
               e)exigir la aplicación de medidas para reducir los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que conlleven las actividades, productos y sistemas de las entidades obligadas seleccionadas;
            
            
               f)exigir cambios en la estructura de gobernanza;
            
            
               g)exigir que se faciliten los datos o información necesarios para el desempeño de las funciones enumeradas en el artículo 5, apartado 2, así como la presentación de cualquier documento, o imponer la obligación de presentar información adicional o de hacerlo con más frecuencia;
            
         
         
            
               h)imponer requisitos específicos relativos a determinados clientes, transacciones o actividades que planteen riesgos elevados;
            
            
               i)proponer la revocación de la autorización de una entidad obligada seleccionada a la autoridad que la haya concedido.
            
            
               3.La Autoridad tendrá asimismo todas las competencias y obligaciones que el Derecho aplicable de la Unión confiera a las autoridades de supervisión, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa. En la medida en que sea necesario para desempeñar las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad podrá exigir a dichas autoridades de supervisión, mediante instrucciones, que hagan uso de sus competencias, en las condiciones establecidas en el Derecho nacional y de conformidad con dichas condiciones, cuando el presente Reglamento no confiera tales competencias a la Autoridad, en particular cuando tales competencias se deriven del artículo 41, apartado 1, letras a) a f), y apartados 2 y 3, de [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM (2021)423]. Dichas autoridades de supervisión informarán plenamente a la Autoridad del ejercicio de tales competencias. 
            
            
               Artículo 21 
            
            
               Sanciones pecuniarias administrativas 
            
            
               1.A efectos del desempeño de las funciones que le atribuye el presente Reglamento, cuando una entidad obligada seleccionada, de forma deliberada o por negligencia, incumpla uno de los requisitos enumerados en el anexo II previsto en los actos del Derecho de la Unión directamente aplicables a que se refiere el artículo 1, apartado 2, o no cumpla una decisión vinculante contemplada en el artículo 6, apartado 1, la Autoridad podrá imponer sanciones pecuniarias administrativas, en las condiciones especificadas en los apartados 2 a 7 del presente artículo. 
            
            
               2.Cuando el Comité Ejecutivo de la Autoridad compruebe que una entidad obligada seleccionada ha incumplido gravemente, de forma deliberada o por negligencia, los requisitos directamente aplicables contenidos en el [OP: insértese el futuro número del Reglamento antiblanqueo, COM(2021) 420] o el [OP: insértese el futuro número del Reglamento sobre transferencias de fondos, COM(2021) 422], adoptará una decisión por la que se impongan sanciones pecuniarias administrativas, de conformidad con el apartado 3. En función de las circunstancias de cada caso, las sanciones pecuniarias administrativas se añadirán a las exigencias a que se refiere el artículo 20, apartado 2, o se impondrán en lugar de ellas. 
            
            
               3.La cuantía de base de las sanciones pecuniarias administrativas a que se refiere el apartado 1 estará comprendida dentro de los límites siguientes: 
            
            
               a)en caso de incumplimiento grave de uno o varios requisitos relacionados con la diligencia debida con respecto al cliente, las políticas y procedimientos del grupo o las obligaciones de presentación de información que se haya detectado en dos o más Estados miembros en los que opere la entidad obligada seleccionada, la sanción ascenderá como mínimo a 1 000 000 EUR y no excederá de 2 000 000 EUR o del 1 % del volumen de negocios anual, si esta cifra es superior;
            
            
               b)en caso de incumplimiento grave de uno o varios requisitos relacionados con la diligencia debida con respecto al cliente, las políticas, controles y procedimientos internos o las obligaciones de presentación de información que se haya detectado en un Estado miembro en el que opere la entidad obligada seleccionada, la sanción ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y no excederá de 1 000 000 EUR o del 0,5 % del volumen de negocios anual, si esta cifra es superior;
            
            
               c)en caso de incumplimiento grave de todos los demás requisitos que se haya detectado en dos o más Estados miembros en los que opere la entidad obligada seleccionada, la sanción ascenderá como mínimo a 1 000 000 EUR y no excederá de 2 000 000 EUR;
            
            
               d)en caso de incumplimiento grave de todos los demás requisitos que se haya detectado en un Estado miembro, la sanción ascenderá como mínimo a 500 000 EUR y no excederá de 1 000 000 EUR;
            
            
               e)en caso de incumplimiento grave de las decisiones de la Autoridad a que se refiere el artículo 6, apartado 1, la sanción ascenderá como mínimo a 100 000 EUR y no excederá de 1 000 000 EUR.
            
            
               4.Las cuantías de base definidas dentro de los límites establecidos en el apartado 3 se ajustarán, en caso necesario, en función de los factores agravantes o atenuantes de conformidad con los coeficientes pertinentes establecidos en el anexo I. Los coeficientes agravantes pertinentes se aplicarán de uno en uno a la cuantía de base. Cuando haya de aplicarse más de un coeficiente agravante, se añadirá a la cuantía de base la diferencia entre la cuantía de base y la cuantía resultante de la aplicación de cada uno de los coeficientes agravantes por separado. Cuando puedan determinarse los beneficios derivados del incumplimiento por parte de la persona física o jurídica que se considere responsable o las pérdidas causadas a terceros por el incumplimiento, se añadirán a la cuantía total de la sanción, tras la aplicación de los coeficientes. 
            
            
               5.Los coeficientes atenuantes pertinentes se aplicarán de uno en uno a la cuantía de base. Cuando haya de aplicarse más de un coeficiente atenuante, se deducirá de la cuantía de base la diferencia entre la cuantía de base y la cuantía resultante de la aplicación de cada uno de los coeficientes atenuantes por separado.
            
            
               6.La cuantía máxima de una sanción por incumplimiento grave con arreglo al apartado 2, letras a) y b), no excederá del 10 % del volumen de negocios total anual de la entidad obligada en el ejercicio anterior, tras la aplicación de los coeficientes a que se refieren los apartados 4 y 5.
            
            
               7.La cuantía máxima de una sanción por incumplimiento grave con arreglo al apartado 2, letras c) y d), no excederá de 10 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional, tras la aplicación de los coeficientes a que se refieren los apartados 4 y 5.
            
            
               8.Si la entidad obligada seleccionada es una empresa matriz, o una filial de una empresa matriz, que tenga que elaborar cuentas financieras consolidadas de conformidad con el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  51
               , el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual o el tipo de ingreso correspondiente, conforme a las normas contables aplicables, de acuerdo con las cuentas consolidadas más recientes disponibles aprobadas por el órgano de dirección de la empresa matriz última.
            
            
               9.En los casos no cubiertos por el apartado 1 del presente artículo y cuando sea necesario para el desempeño de las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad podrá exigir a los supervisores financieros que entablen los procedimientos oportunos con vistas a la adopción de medidas para garantizar que se impongan las sanciones pecuniarias administrativas adecuadas de conformidad con los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, y con cualquier disposición del Derecho nacional pertinente que confiera competencias específicas que el Derecho de la Unión no exige en la actualidad. Las sanciones aplicadas por los supervisores financieros serán efectivas, proporcionadas y disuasorias.
            
            
               El párrafo primero será aplicable a las sanciones pecuniarias administrativas que se impongan a las entidades obligadas seleccionadas por incumplimiento de la legislación nacional de transposición de la [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423] y a cualquier sanción pecuniaria administrativa que se imponga a los miembros del consejo de dirección de las entidades obligadas seleccionadas que, con arreglo a la legislación nacional, sean responsables de un incumplimiento por parte de una entidad obligada.
            
         
         
            
               10.Las sanciones pecuniarias administrativas aplicadas serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. 
            
            
               Artículo 22 
            
            
               Multas coercitivas 
            
            
               1.El Comité Ejecutivo impondrá, en virtud de una decisión, una multa coercitiva a fin de obligar: 
            
            
               a)a una entidad obligada seleccionada a poner fin a un incumplimiento, de conformidad con una decisión adoptada con arreglo al artículo 6, apartado 1; 
            
            
               b)a una persona de las contempladas en el artículo 16, apartado 1, a facilitar la información completa exigida mediante una decisión adoptada conforme al artículo 6, apartado 1; 
            
            
               c)a una persona de las contempladas en el artículo 16, apartado 1, a someterse a una investigación y, en particular, a presentar de forma completa los registros, datos, procedimientos o cualquier otra documentación que se haya exigido, así como completar y corregir otra información facilitada en una investigación iniciada con arreglo al artículo 17. 
            
            
               2.La multa coercitiva será efectiva y proporcionada. La multa coercitiva se impondrá por día de demora en el cumplimiento por parte de la entidad obligada seleccionada o la persona en cuestión con la decisión pertinente mencionada en el apartado 1. 
            
            
               3.No obstante lo dispuesto en el apartado 2, la cuantía de la multa coercitiva equivaldrá al 3 % del volumen de negocios diario medio del ejercicio anterior o, en el caso de las personas físicas, al 2 % de su renta diaria media del año natural anterior. Esta cuantía se calculará a partir de la fecha indicada en la decisión por la que se imponga la multa coercitiva. 
            
            
               4.La multa coercitiva se podrá imponer por un período máximo de seis meses a partir de la notificación de la decisión de la Autoridad.
            
            
               Artículo 23 
            
            
               Audiencia de las personas objeto del procedimiento 
            
            
               1.Antes de adoptar una decisión por la que se imponga una sanción pecuniaria administrativa o una multa coercitiva en virtud de los artículos 21 y 22, el Comité Ejecutivo ofrecerá a las personas objeto del procedimiento la oportunidad de ser oídas en relación con las conclusiones de la Autoridad. El Comité Ejecutivo basará sus decisiones exclusivamente en conclusiones acerca de las cuales las personas objeto del procedimiento hayan tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones.
            
            
               2.Los derechos de defensa de las personas objeto del procedimiento estarán garantizados plenamente en el curso del procedimiento. Tendrán derecho a acceder al expediente de la Autoridad, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial ni a los documentos preparatorios internos de la Autoridad.
            
            
               Artículo 24 
            
            
               Publicación, naturaleza, ejecución y asignación de las sanciones pecuniarias administrativas y multas coercitivas
            
            
               1.La Autoridad hará públicas todas las sanciones pecuniarias administrativas y multas coercitivas que se hayan impuesto a las entidades obligadas seleccionadas con arreglo a los artículos 21 y 22, a menos que dicha publicación pueda causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.
            
            
               2.Las sanciones pecuniarias administrativas y las multas coercitivas impuestas con arreglo a los artículos 21 y 22 tendrán fuerza ejecutiva.
            
            
               La ejecución se regirá por las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo territorio se lleve a cabo. La orden de ejecución se adjuntará a la decisión sin más formalidad que la comprobación de la autenticidad de esta última por la autoridad que el Gobierno de cada Estado miembro designará a tal efecto y cuyo nombre comunicará a la Autoridad y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
            
            
               Cumplidas estas formalidades a instancia del interesado, este podrá promover la ejecución conforme al Derecho nacional, recurriendo directamente al órgano competente.
            
         
         
            
               La ejecución solo podrá ser suspendida en virtud de una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No obstante, el control de la conformidad a Derecho de las medidas de ejecución será competencia de las jurisdicciones de los Estados miembros.
            
            
               3.Las cuantías de las multas y multas coercitivas se asignarán al presupuesto general de la Unión Europea.
            
            
               Artículo 25 
            
            
               Normas de procedimiento para la adopción de medidas de supervisión y la imposición de sanciones pecuniarias administrativas
            
            
               1.Si, en el desempeño de las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad encuentra indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran constituir uno o varios de los incumplimientos enumerados en el anexo II, nombrará en su seno a un equipo de investigación independiente a fin de investigar la cuestión. El equipo de investigación no podrá participar ni haber participado en la supervisión directa de la entidad obligada seleccionada de que se trate y desempeñará sus funciones con independencia del Comité Ejecutivo de la Autoridad.
            
            
               2.El equipo de investigación investigará los presuntos incumplimientos, teniendo en cuenta cualquier observación que presenten las personas objeto de la investigación, y presentará al Comité Ejecutivo de la Autoridad un expediente completo con sus conclusiones.
            
            
               A fin de realizar su cometido, el equipo de investigación podrá hacer uso de la facultad de solicitar información con arreglo al artículo 16 y de realizar investigaciones e inspecciones in situ con arreglo a los artículos 17 y 18. 
            
            
               En el desempeño de ese cometido, el equipo de investigación tendrá acceso a todos los documentos y toda la información que haya recopilado el equipo conjunto de supervisión en sus actividades de supervisión.
            
            
               3.Al finalizar su investigación y antes de presentar al Comité Ejecutivo de la Autoridad el expediente con sus conclusiones, el equipo de investigación dará a las personas investigadas la oportunidad de ser oídas acerca del objeto de la investigación. El equipo de investigación basará sus conclusiones exclusivamente en hechos acerca de los cuales las personas investigadas hayan tenido la oportunidad de presentar sus alegaciones.
            
            
               Los derechos de defensa de las personas investigadas estarán garantizados plenamente en el curso de la investigación prevista en el presente artículo.
            
            
               4.Cuando presente al Comité Ejecutivo de la Autoridad el expediente con sus conclusiones, el equipo de investigación notificará tal hecho a las personas investigadas. Estas tendrán derecho a acceder al expediente, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas en la protección de sus secretos comerciales. El derecho de acceso al expediente no se extenderá a la información confidencial que afecte a terceros.
            
            
               5.Sobre la base del expediente con las conclusiones del equipo de investigación y, cuando así lo soliciten las personas afectadas, tras haber oído a las personas objeto de la investigación con arreglo al artículo X, el Comité Ejecutivo decidirá si las personas objeto de la investigación han incurrido en uno o varios de los incumplimientos enumerados en el anexo II y, en tal caso, adoptará una medida de supervisión con arreglo al artículo 20 e impondrá una sanción pecuniaria administrativa con arreglo al artículo 21.
            
            
               6.El equipo de investigación no participará en las deliberaciones del Comité Ejecutivo ni intervendrá de ninguna otra manera en el proceso de toma de decisiones del Comité Ejecutivo.
            
            
               7.La Comisión adoptará normas de procedimiento más detalladas para el ejercicio de la facultad de imponer sanciones pecuniarias administrativas o multas coercitivas, incluidas disposiciones sobre los derechos de defensa, disposiciones temporales y disposiciones sobre la percepción de las sanciones pecuniarias administrativas o multas coercitivas, y adoptará normas detalladas sobre los plazos de prescripción para la imposición y ejecución de las sanciones.
            
            
               Las normas a que se refiere el párrafo primero se adoptarán mediante actos delegados de conformidad con el artículo 85.
            
            
               8.La Autoridad someterá a las autoridades nacionales pertinentes los asuntos propios de un proceso penal cuando, al cumplir las obligaciones que le asigna el presente Reglamento, encuentre indicios serios de la posible existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Además, la Autoridad se abstendrá de imponer sanciones pecuniarias administrativas o multas coercitivas cuando una sentencia absolutoria o condenatoria anterior, resultante de hechos idénticos o de hechos que sean sustancialmente iguales, haya adquirido carácter de cosa juzgada como resultado de un proceso penal con arreglo al Derecho nacional.
            
            
               Artículo 26 
            
            
               Control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
            
            
               El Tribunal de Justicia de la Unión Europea gozará de competencia jurisdiccional plena para resolver los recursos interpuestos contra las decisiones por las cuales la Autoridad haya impuesto una sanción pecuniaria administrativa o una multa coercitiva. Podrá anular, reducir o incrementar la multa o multa coercitiva impuesta.
            
            
               Artículo 27 
            
         
         
            
               Régimen lingüístico en la supervisión directa
            
            
               1.La Autoridad y los supervisores financieros adoptarán disposiciones para su comunicación dentro del sistema de supervisión de la LBC/LFT, incluidas disposiciones sobre la lengua o lenguas que se utilizarán. 
            
            
               2.Todo documento que presente a la Autoridad una entidad obligada seleccionada, o cualquier otra persona física o jurídica que sea individualmente objeto de los procedimientos de supervisión de la Autoridad, podrá estar redactado en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión, a elección de la entidad obligada seleccionada o la persona física o jurídica de que se trate. 
            
            
               3.La Autoridad, las entidades obligadas seleccionadas y cualquier otra persona física o jurídica que sea individualmente objeto de los procedimientos de supervisión de la Autoridad podrán acordar utilizar exclusivamente una de las lenguas oficiales de la Unión en su comunicación escrita, también en lo que respecta a las decisiones de supervisión de la Autoridad. 
            
            
               4.La revocación del acuerdo sobre el uso de una lengua solo afectará a los aspectos del procedimiento de supervisión de la Autoridad que aún no se hayan aplicado. 
            
            
               5.Si los participantes en una audiencia oral solicitan ser oídos en una lengua oficial de la Unión distinta de la utilizada en el procedimiento de supervisión de la Autoridad, deberán comunicarlo a la Autoridad con suficiente antelación para que esta pueda adoptar las medidas necesarias.
            
            
               SECCIÓN 4 
            
            
               SUPERVISIÓN INDIRECTA DE ENTIDADES OBLIGADAS NO SELECCIONADAS
            
            
               Artículo 28 
            
            
               Evaluaciones del estado de convergencia de la supervisión
            
            
               1.La Autoridad llevará a cabo evaluaciones periódicas de algunas o todas las actividades de uno, varios o todos los supervisores financieros, incluida la evaluación de sus instrumentos y recursos para garantizar unas normas y prácticas de supervisión de alto nivel. Las evaluaciones incluirán un examen de la aplicación de la metodología de supervisión de la LBC/LFT desarrollada de conformidad con el artículo 8 y englobarán a todos los supervisores financieros en un mismo ciclo de evaluación. La duración de cada ciclo de evaluación será determinada por la Autoridad y no excederá de siete años. 
            
            
               2.Las evaluaciones serán realizadas por el personal de la Autoridad, con la participación voluntaria del personal de los supervisores financieros que no sean objeto de evaluación, previa aprobación de dicha participación por el Comité Ejecutivo. Las evaluaciones tendrán debidamente en cuenta todas las evaluaciones, valoraciones o informes pertinentes procedentes de organizaciones internacionales y organismos intergubernamentales con competencias en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
            
            
               3.La Autoridad elaborará un informe en el que se expongan los resultados de cada evaluación. Dicho informe será preparado por el personal de la Autoridad, o por el personal de la Autoridad conjuntamente con el personal de los supervisores financieros cuando este último haya participado en la evaluación sobre una base ad hoc. El informe será aprobado por el Comité Ejecutivo, teniendo en cuenta las observaciones de la Junta General en su composición de supervisión. El informe explicará e indicará las medidas específicas de seguimiento que se consideren apropiadas, proporcionadas y necesarias como resultado de la evaluación y que deban adoptar el supervisor financiero o los supervisores financieros objeto de la evaluación. Las medidas de seguimiento podrán adoptarse en forma de directrices y recomendaciones con arreglo al artículo 43, incluidas recomendaciones dirigidas a todos o varios de los supervisores financieros o a uno de ellos en particular, según proceda.
            
            
               4.Los supervisores financieros harán todo lo posible para cumplir las medidas de seguimiento específicas que les sean indicadas como resultado de la evaluación. 
            
            
               Artículo 29 
            
            
               Coordinación y facilitación de la labor de los colegios de LBC/LFT
            
            
               1.Dentro del ámbito de sus competencias y sin perjuicio de las competencias de los supervisores financieros pertinentes con arreglo al artículo 36 de la [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423], la Autoridad velará por que se establezcan colegios de supervisión de la LBC/LFT que funcionen de manera coherente en relación con las entidades obligadas no seleccionadas que operen en varios Estados miembros de conformidad con el artículo 36 de la [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423]. A tal fin, la Autoridad podrá:
            
            
               a)establecer colegios, y convocar y organizar sus reuniones, cuando no se hayan establecido tales colegios a pesar de cumplirse las condiciones oportunas para su creación previstas en el artículo 36 de la [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423]; 
            
            
               b)prestar asistencia en la organización de las reuniones de los colegios, cuando así lo soliciten los correspondientes supervisores financieros; 
            
            
               c)prestar asistencia en la organización de planes conjuntos de supervisión y exámenes conjuntos; 
            
         
         
            
               d)recopilar y compartir toda la información pertinente, en cooperación con los supervisores financieros, con el fin de facilitar la labor del colegio, y poner a disposición de las autoridades en el colegio esa información; 
            
            
               e)fomentar actividades de supervisión efectivas y eficientes, incluida la evaluación de los riesgos a los que están expuestas o pueden estar expuestas las entidades obligadas; 
            
            
               f)verificar, de acuerdo con las funciones y competencias especificadas en el presente Reglamento, las tareas realizadas por los supervisores financieros.
            
            
               2.A efectos del apartado 1, el personal de la Autoridad tendrá plenos derechos de participación en los colegios de supervisión de la LBC/LFT y podrá participar en las actividades de estos, incluidas las inspecciones in situ, realizadas conjuntamente por dos o más supervisores financieros.
            
            
               Artículo 30
            
            
               Solicitudes de intervención en circunstancias excepcionales
            
            
               1.Cuando la situación de cualquier entidad obligada no seleccionada en lo que respecta a su cumplimiento de los requisitos aplicables y su exposición a los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se deteriore rápida y significativamente, en especial cuando tal deterioro pueda causar un perjuicio significativo a la reputación del Estado miembro en el que opere dicha entidad, de varios Estados miembros o de la Unión en su conjunto, los supervisores financieros lo notificarán a la Autoridad.
            
            
               2.Cuando tenga indicios de que una entidad obligada no seleccionada ha incurrido en algún incumplimiento grave, la Autoridad podrá solicitar a su supervisor financiero que: 
            
            
               a)investigue los posibles incumplimientos del Derecho de la Unión y, en el caso de que dicho Derecho de la Unión esté integrado por directivas o conceda expresamente opciones a los Estados miembros, los posibles incumplimientos del Derecho nacional en la medida en que transponga directivas o ejercite las opciones concedidas a los Estados miembros por el Derecho de la Unión, en que haya incurrido una entidad obligada no seleccionada; y 
            
            
               b)considere la posibilidad de imponer sanciones a dicha entidad en relación con tales incumplimientos de conformidad con el Derecho de la Unión directamente aplicable o con el Derecho nacional de transposición de las directivas. 
            
            
               En caso necesario, la Autoridad también podrá solicitar a un supervisor financiero que adopte una decisión individual dirigida a dicha entidad en la que le exija tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión directamente aplicable, o del Derecho nacional en la medida en que transponga directivas o ejercite opciones concedidas a los Estados miembros por el Derecho de la Unión, incluido el cese de cualquier práctica. 
            
            
               3.El supervisor financiero de que se trate deberá satisfacer toda solicitud que le sea presentada de conformidad con el apartado 2, e informará a la Autoridad, lo antes posible y, a más tardar, en un plazo de diez días hábiles a partir de la fecha de notificación de la solicitud, de las medidas que haya adoptado o se proponga adoptar para responder a dicha solicitud.
            
            
               4.Cuando el supervisor financiero de que se trate no atienda a la solicitud a que se refiere el apartado 2 y no informe a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para atender a la solicitud en un plazo de diez días a partir de la fecha de notificación de la solicitud, la Autoridad podrá solicitar a la Comisión permiso para transferir del supervisor financiero de que se trate a la Autoridad las funciones y competencias pertinentes a que se refieren el artículo 5, apartado 2, y el artículo 6, apartado 1, relativas a la supervisión directa de la entidad obligada no seleccionada. 
            
            
               5.La solicitud de la Autoridad incluirá:
            
            
               a)una descripción de los incumplimientos graves de los requisitos directamente aplicables por parte de una determinada entidad obligada no seleccionada y la justificación de que dichos incumplimientos entran en el ámbito de competencia de la Autoridad, de conformidad con el apartado 2;
            
            
               b)la justificación de que la solicitud al supervisor financiero a que se refiere el apartado 2 no ha dado lugar a la adopción de ninguna medida en el plazo establecido en el apartado 3; 
            
            
               c)un plazo, que no excederá de tres años, para la transferencia solicitada de las funciones y competencias pertinentes;
            
            
               d)una descripción de las medidas que la Autoridad se propone adoptar en relación con la entidad obligada no seleccionada cuando le sean transferidas las funciones y competencias pertinentes para hacer frente a los incumplimientos graves a que se refiere el apartado 2.
            
            
               6.La Comisión dispondrá de un mes a partir de la fecha de recepción de la solicitud de la Autoridad para decidir si autoriza la transferencia de las funciones y competencias pertinentes o se opone a ella. La decisión se notificará a la Autoridad, que informará inmediatamente de ello al supervisor financiero y a la entidad obligada no seleccionada.
            
            
               7.El décimo día hábil siguiente a la notificación de la decisión por la que se autorice la transferencia de funciones y competencias en relación con la entidad obligada no seleccionada, la entidad obligada no seleccionada a que se refiere el apartado 2 se considerará una entidad obligada seleccionada a efectos del ejercicio de las funciones a que se refiere el artículo 5, apartado 2, y de las competencias a que se refieren el artículo 6, apartado 1, y los artículos 16 a 22. La decisión de la Comisión fijará un plazo para el ejercicio de estas funciones y competencias, transcurrido el cual se devolverán automáticamente al supervisor financiero de que se trate. 
            
         
         
            
               SECCIÓN 5 
            
            
               CONTROL DEL SECTOR NO FINANCIERO
            
            
               Artículo 31 
            
            
               Evaluaciones inter pares
            
            
               1.La Autoridad procederá periódicamente a evaluaciones inter pares de algunas o todas las actividades de los supervisores no financieros, con el fin de fortalecer la coherencia y la eficacia de los resultados de la supervisión. Para ello, la Autoridad desarrollará métodos que permitan evaluar y comparar objetivamente las actividades de los supervisores no financieros examinadas. Al planificar y realizar las evaluaciones inter pares, se tendrán en cuenta la información existente y las evaluaciones ya disponibles en relación con el supervisor no financiero de que se trate, incluida toda información pertinente facilitada a la Autoridad de conformidad con el artículo 11, las evaluaciones o informes elaborados por organizaciones internacionales y organismos intergubernamentales competentes en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y cualquier información pertinente de las partes interesadas.
            
            
               2.A efectos del presente artículo, la Autoridad creará comités de evaluación inter pares ad hoc, que estarán compuestos por personal de la Autoridad y miembros de los supervisores no financieros. Los comités de evaluación inter pares estarán presididos por un miembro del personal de la Autoridad. El presidente de la Autoridad, tras una convocatoria de propuestas, propondrá el presidente y los miembros de un comité de evaluación inter pares, que deberá ser aprobado por el Comité Ejecutivo. 
            
            
               3.La evaluación inter pares analizará, entre otros aspectos:
            
            
               a)la idoneidad de las competencias y los recursos financieros, humanos y técnicos, el grado de independencia, los mecanismos de gobernanza y las normas profesionales del supervisor no financiero para garantizar la aplicación efectiva del capítulo IV [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423];
            
            
               b)la eficacia y el grado de convergencia alcanzados en la aplicación del Derecho de la Unión y en las prácticas de supervisión, y la medida en que las prácticas de supervisión alcanzan los objetivos fijados en el Derecho de la Unión;
            
            
               c)la aplicación de las buenas prácticas desarrolladas por supervisores no financieros y que convendría que adoptaran otros supervisores no financieros;
            
            
               d)la eficacia y el grado de convergencia logrados con respecto al cumplimiento de las disposiciones adoptadas en aplicación del Derecho de la Unión, incluidas las sanciones administrativas y otras medidas administrativas impuestas respecto de las personas responsables cuando estas disposiciones no se hayan observado.
            
            
               4.La Autoridad elaborará un informe en el que se expongan los resultados de la evaluación inter pares. Dicho informe será preparado por el comité de evaluación inter pares y adoptado por el Comité Ejecutivo, tras haber recibido las observaciones de la Junta General en su composición de supervisión en cuanto a la coherencia de la aplicación de la metodología con otros informes de evaluación inter pares. El informe explicará e indicará las medidas de seguimiento que se consideren adecuadas, proporcionadas y necesarias como resultado de la evaluación inter pares. Esas medidas de seguimiento podrán adoptarse en forma de directrices y recomendaciones con arreglo al artículo 3 y de dictámenes con arreglo al artículo 44. Los supervisores no financieros harán todo lo posible por atenerse a las directrices y recomendaciones formuladas, de conformidad con el artículo 43.
            
            
               5.La Autoridad publicará las conclusiones de la evaluación inter pares en su sitio web y remitirá un dictamen a la Comisión cuando, a la vista de los resultados de la evaluación inter pares o de cualquier otra información obtenida por la Autoridad en el desempeño de sus funciones, considere necesaria, desde la perspectiva de la Unión, una mayor armonización de las normas de la Unión aplicables a las entidades obligadas del sector no financiero o a los supervisores no financieros.
            
            
               6.La Autoridad presentará un informe de seguimiento dos años después de la publicación del informe de evaluación inter pares. El informe de seguimiento será preparado por el comité de evaluación inter pares y adoptado por el Comité Ejecutivo, tras haber recibido las observaciones de la Junta General en su composición de supervisión en cuanto a la coherencia con otros informes de evaluación inter pares. El informe de seguimiento incluirá una evaluación de la adecuación y eficacia de las acciones emprendidas por los supervisores no financieros objeto de la evaluación inter pares en respuesta a las medidas de seguimiento del informe de evaluación inter pares. La Autoridad publicará las conclusiones del informe de seguimiento en su sitio web.
            
            
               7.A efectos del presente artículo, el Comité Ejecutivo adoptará cada dos años un plan de trabajo de evaluación inter pares, que reflejará las enseñanzas extraídas de los anteriores procesos de evaluación inter pares y de los debates mantenidos en la Junta General en su composición de supervisión. El plan de trabajo de evaluación inter pares constituirá una parte separada del programa de trabajo anual y plurianual y se incluirá en el documento único de programación. En caso de urgencia o de acontecimientos imprevistos, la Autoridad podrá decidir realizar evaluaciones inter pares adicionales.
            
            
               8.Cuando la supervisión esté a cargo de organismos autorreguladores, el ejercicio de evaluación inter pares incluirá la valoración de la adecuación y eficacia de las medidas contempladas en el artículo 38 de [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423] y adoptadas por la autoridad pública encargada de controlar a tales organismos para cerciorarse de que cumplen su función con arreglo al nivel de exigencia previsto en el Derecho de la Unión.
            
            
               9.En función de cada caso, cuando los organismos autorreguladores manifiesten interés en participar en un ejercicio de evaluación inter pares, podrá invitarse a participar en dicha evaluación a representantes de tales organismos a los que se hayan encomendado funciones de supervisión.
            
            
               Artículo 32 
            
            
               Competencias con respecto a las autoridades de supervisión del sector no financiero
            
            
               1.Cuando una autoridad de supervisión del sector no financiero no haya aplicado los actos de la Unión o la legislación nacional a que se refiere el artículo 1, apartado 2, o los haya aplicado de una forma que parezca vulnerar lo dispuesto en el Derecho de la Unión, en particular al no asegurarse de que una entidad bajo su supervisión o control satisfaga los requisitos establecidos en dichos actos o legislación, la Autoridad actuará de conformidad con las competencias establecidas en los apartados 2, 3, 4, 6 y 7 del presente artículo.
            
         
         
            
               2.A petición de una o varias autoridades de supervisión del sector no financiero, del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, o por su propia iniciativa, en particular cuando esta se base en información bien fundamentada procedente de personas físicas o jurídicas, y tras haber informado a la autoridad de supervisión del sector no financiero en cuestión, la Autoridad indicará de qué manera se propone actuar frente al caso y, si procede, investigará la presunta vulneración u omisión de aplicación del Derecho de la Unión.
            
            
               La autoridad de supervisión facilitará sin demora a la Autoridad toda la información que esta considere necesaria para su investigación, incluida la información sobre la manera en que los actos de la Unión o la legislación mencionados en el artículo 1, apartado 2, se aplican de conformidad con el Derecho de la Unión.
            
            
               Cuando la solicitud de información a la autoridad de supervisión de que se trate resulte, o se considere, insuficiente para obtener la información que se considere necesaria a fin de investigar una presunta vulneración u omisión de aplicación del Derecho de la Unión, la Autoridad, tras haber informado a la autoridad de supervisión, podrá presentar directamente a otras autoridades de supervisión una solicitud de información debidamente justificada y motivada. 
            
            
               El destinatario de tal solicitud facilitará a la Autoridad información clara, exacta y completa, sin demoras injustificadas.
            
            
               3.A más tardar en el plazo de seis meses desde el inicio de su investigación, la Autoridad podrá dirigir a la autoridad de supervisión del sector no financiero en cuestión una recomendación en la que expondrá las medidas que deben adoptarse para ajustarse al Derecho de la Unión.
            
            
               Antes de formular una recomendación de este tipo, y cuando así lo considere apropiado para subsanar una vulneración del Derecho de la Unión, la Autoridad se concertará con la autoridad de supervisión de que se trate para intentar llegar a un acuerdo sobre las acciones necesarias a efectos del cumplimiento del Derecho de la Unión.
            
            
               En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la recomendación, la autoridad de supervisión del sector no financiero informará a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión.
            
            
               4.Si la autoridad de supervisión del sector no financiero no ha cumplido el Derecho de la Unión en el plazo de un mes a partir de la recepción de la recomendación de la Autoridad, la Comisión, tras haber sido informada por la Autoridad, o por propia iniciativa, podrá emitir un dictamen formal instando a la autoridad de supervisión del sector no financiero a adoptar las medidas necesarias para cumplir el Derecho de la Unión. El dictamen formal de la Comisión tendrá en cuenta la recomendación de la Autoridad.
            
            
               La Comisión emitirá dicho dictamen formal en los tres meses siguientes a la adopción de la recomendación. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo.
            
            
               La Autoridad y la autoridad de supervisión del sector no financiero facilitarán a la Comisión toda la información necesaria.
            
            
               5.En el plazo de diez días hábiles a partir de la recepción del dictamen formal mencionado en el apartado 5, la autoridad de supervisión del sector no financiero informará a la Comisión y a la Autoridad de las medidas que ha adoptado o se propone adoptar para atenerse a dicho dictamen formal.
            
            
               6.Cuando el dictamen formal a que se refiere el apartado 4 se dirija a una autoridad de supervisión que sea una autoridad pública que controle a un organismo autorregulador, y esta no se atenga al dictamen formal en el plazo especificado en él, para subsanar oportunamente ese incumplimiento, la Autoridad podrá adoptar una decisión individual dirigida a un organismo autorregulador instándole a que adopte todas las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión.
            
            
               La decisión de la Autoridad se ajustará al dictamen formal emitido por la Comisión de conformidad con el apartado 4.
            
            
               7.Las decisiones adoptadas de conformidad con el apartado 6 prevalecerán sobre cualquier decisión anterior adoptada por la autoridad de supervisión con respecto al mismo asunto.
            
            
               Al tomar medidas en asuntos que sean objeto de un dictamen formal de conformidad con el apartado 5 o de una decisión con arreglo al apartado 7, las autoridades de supervisión se atendrán al dictamen formal o la decisión, según proceda.
            
            
               SECCIÓN 6 
            
            
               MECANISMO DE APOYO Y COORDINACIÓN DE LAS UIF
            
            
               Artículo 33 
            
            
               Realización de análisis conjuntos
            
            
               1.Cuando, de conformidad con el artículo 25 de [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423], una UIF de un Estado miembro compruebe la posible necesidad de realizar un análisis conjunto con una o varias UIF de otros Estados miembros, lo notificará a la Autoridad. La Autoridad informará a las UIF de todos los Estados miembros interesados y las invitará a participar en el análisis conjunto en un plazo de cinco días a partir de la notificación inicial. A tal fin, la Autoridad utilizará canales de comunicación seguros. Las UIF de todos los Estados miembros interesados valorarán la posibilidad de participar en el análisis conjunto. La Autoridad velará por que el análisis conjunto se inicie en un plazo de veinte días a partir de la notificación inicial.
            
         
         
            
               2.Toda UIF que decline la invitación a participar en la realización del análisis conjunto comunicará por escrito a la Autoridad sus motivos en un plazo de cinco días a partir de la recepción de la invitación. La Autoridad facilitará sin demora dicha explicación a la UIF que haya determinado la necesidad de un análisis conjunto. 
            
            
               3.Previo consentimiento expreso de las UIF que participen en el análisis conjunto, el personal de la Autoridad que preste apoyo al análisis conjunto tendrá acceso a todos los datos relativos al objeto del análisis conjunto y podrá procesarlos. 
            
            
               4.La Autoridad proporcionará todos los instrumentos y el apoyo operativo necesarios para llevar a cabo el análisis conjunto, de conformidad con los métodos y procedimientos desarrollados. En particular, la Autoridad creará un canal de comunicación seguro específico para la realización del análisis conjunto, y proporcionará la coordinación técnica adecuada, incluido el apoyo informático, presupuestario y logístico. 
            
            
               Artículo 34 
            
            
               Revisión de los métodos, procedimientos y realización de los análisis conjuntos 
            
            
               1.La Autoridad velará por que los métodos y procedimientos establecidos para la realización de los análisis conjuntos se revisen periódicamente y se actualicen cuando sea necesario. 
            
            
               2.Las UIF que hayan participado o intervenido de cualquier otro modo en uno o varios análisis conjuntos podrán presentar comentarios sobre la realización del análisis, incluidos comentarios sobre el apoyo operativo prestado por la Autoridad en el proceso de análisis conjunto, así como sobre el resultado de los métodos y mecanismos de trabajo de análisis establecidos, los instrumentos disponibles y la coordinación entre las UIF participantes. Los comentarios podrán presentarse como confidenciales, en cuyo caso no se darán a conocer a otras UIF.
            
            
               3.Sobre la base de los comentarios a que se refiere el apartado 2, o por propia iniciativa, la Autoridad podrá emitir informes de seguimiento relativos a la realización de análisis conjuntos, formulando, en su caso, sugerencias específicas de adaptación de los métodos y procedimientos para la realización de análisis conjuntos, y conclusiones sobre el resultado de los análisis conjuntos. Los aspectos procedimentales y operativos del informe de seguimiento se darán a conocer a todas las UIF, sin revelar información confidencial o restringida sobre el caso. Las conclusiones y recomendaciones relativas a la realización de los análisis conjuntos se comunicarán a las UIF que hayan participado en los correspondientes análisis conjuntos, y a todas las demás UIF en la medida en que tales conclusiones no contengan información confidencial o restringida. 
            
            
               Artículo 35 
            
            
               Delegados de las UIF nacionales
            
            
               1.La UIF de cada Estado miembro podrá enviar como delegado a la Autoridad a un miembro de su personal. El delegado de la UIF nacional tendrá su lugar de trabajo habitual en la sede de la Autoridad.
            
            
               2.Los delegados de las UIF tendrán la consideración de miembros del personal de la UIF delegante en el momento de su nombramiento y mientras dure su delegación. Al designar al delegado de su UIF, los Estados miembros tendrán en cuenta el hecho de que posea un alto nivel demostrado de experiencia práctica pertinente en el ámbito de actuación de las UIF. Los sueldos y emolumentos del delegado de la UIF correrán a cargo de la UIF delegante. 
            
            
               3.El mandato de los delegados de las UIF será de tres años, renovable una sola vez con el consentimiento de la UIF delegante. 
            
            
               4.Los delegados de las UIF ayudarán a la Autoridad en el desempeño de las funciones establecidas en el artículo 5, apartado 5. A tal fin, los delegados de las UIF nacionales tendrán acceso a los datos y la información de la Autoridad que sean necesarios para el desempeño de sus funciones mientras dure la delegación. 
            
            
               5.Los delegados de las UIF podrán tener acceso a cualquier dato al que tenga acceso su UIF delegante con el fin de desempeñar las funciones a que se refiere el apartado 4, previo consentimiento de su UIF delegante.
            
            
               6.El Comité Ejecutivo determinará los derechos y obligaciones de los delegados de las UIF en relación con la Autoridad.
            
            
               Artículo 36 
            
            
               Asistencia mutua en el ámbito de la cooperación entre UIF
            
            
               1.Con vistas a promover la cooperación de las UIF y el apoyo de su labor, la Autoridad organizará y facilitará al menos las siguientes actividades:
            
            
               a)programas de formación, en particular con respecto a la innovación tecnológica; 
            
         
         
            
               b)intercambios de personal y programas de comisiones de servicio, incluido el envío en comisión de servicio de personal de la UIF de un Estado miembro a la Autoridad;
            
            
               c)intercambios de prácticas entre las UIF, incluido el intercambio de conocimientos especializados en un ámbito específico.
            
            
               2.Toda UIF podrá presentar a la Autoridad una solicitud de asistencia en relación con sus funciones, especificando el tipo de asistencia que pueden prestar el personal de la Autoridad y/o el personal de una o varias UIF. La UIF que solicite asistencia garantizará el acceso a toda la información y los datos necesarios para la prestación de dicha asistencia. La Autoridad conservará y actualizará periódicamente la información relativa a los ámbitos específicos de especialización y a la capacidad de las UIF para prestar asistencia mutua.
            
            
               3.La Autoridad hará todo lo posible por prestar la asistencia solicitada, considerando en particular el apoyo que deba prestar con sus propios recursos humanos, así como coordinando y facilitando la prestación de cualquier tipo de asistencia por parte de otras UIF con carácter voluntario.
            
            
               4.Al comienzo de cada año, el presidente de la Autoridad informará a la Junta General en su composición de UIF de los recursos humanos que la Autoridad pueda asignar a la prestación de la asistencia a que se refiere el apartado anterior. Cuando la disponibilidad de recursos humanos varíe debido a la realización de las funciones a que se refiere el artículo 5, apartado 5, el presidente de la Autoridad informará de ello a la Junta General en su composición de UIF.
            
            
               Artículo 37 
            
            
               FIU.net
            
            
               1.La Autoridad garantizará el alojamiento, la gestión, el mantenimiento y el desarrollo adecuados e ininterrumpidos de la red FIU.net. La Autoridad, en cooperación con los Estados miembros, velará por que se utilice en relación con FIU.net la tecnología disponible más avanzada, sobre la base de un análisis de costes y beneficios.
            
            
               2.La Autoridad garantizará el funcionamiento ininterrumpido de la red FIU.net y la mantendrá actualizada. Cuando sea necesario para apoyar o reforzar el intercambio de información y la cooperación entre las UIF, y en función de las necesidades de las UIF, la Autoridad diseñará e implantará, o velará por que estén disponibles de cualquier otro modo, funcionalidades mejoradas o adicionales de FIU.net. 
            
            
               3.La Autoridad será responsable de las siguientes tareas relacionadas con FIU.net:
            
            
               a)garantizar el nivel necesario de seguridad del sistema, incluida la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para afrontar y mitigar los riesgos para la protección de datos;
            
            
               b)coordinar, gestionar y apoyar cualquier actividad de prueba;
            
            
               c)garantizar unos recursos financieros adecuados;
            
            
               d)impartir formación sobre la utilización técnica de FIU.net por parte de los usuarios finales. 
            
            
               4.A efectos de la realización de las tareas a que se refieren los apartados 1, 2 y 3, la Autoridad estará facultada para celebrar contratos o acuerdos jurídicamente vinculantes con proveedores de servicios terceros. 
            
            
               5.La Autoridad adoptará y aplicará las medidas necesarias para la realización de las tareas a que se refiere el presente artículo, incluidos un plan de seguridad, un plan de continuidad de la actividad y un plan de recuperación en caso de catástrofe para FIU.net. 
            
            
               SECCIÓN 7 
            
            
               INSTRUMENTOS COMUNES
            
            
               Artículo 38 
            
            
               Normas técnicas de regulación
            
         
         
            
               1.Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo deleguen poderes en la Comisión para adoptar normas técnicas de regulación mediante actos delegados con arreglo al artículo 290 del TFUE, con el fin de garantizar la armonización coherente en los ámbitos previstos específicamente en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación. La Autoridad presentará sus proyectos de normas técnicas de regulación a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad transmitirá dichos proyectos para información al Parlamento Europeo y al Consejo. 
            
            
               Las normas técnicas de regulación serán de carácter técnico, no podrán entrañar decisiones estratégicas ni políticas y su contenido estará limitado por los actos legislativos en los que se basen.
            
            
               Antes de presentarlos a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, excepto si dichas consultas y análisis son considerablemente desproporcionados en relación con el ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de regulación de que se trate o en relación con la urgencia particular del asunto. 
            
            
               En un plazo de tres meses tras la recepción de un proyecto de norma técnica de regulación, la Comisión decidirá si lo aprueba. La Comisión informará oportunamente al Parlamento Europeo y al Consejo si la decisión relativa a la aprobación no puede adoptarse en el plazo de tres meses. La Comisión podrá aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija. 
            
            
               En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de regulación, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, devolverá el proyecto de norma técnica de regulación a la Autoridad junto con una explicación de por qué no lo aprueba o una explicación de los motivos de sus modificaciones.
            
            
               La Comisión remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo. 
            
            
               Si, transcurrido el plazo de seis semanas, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, o ha presentado un proyecto de norma técnica de regulación que no está modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazarla.
            
            
               La Comisión no podrá cambiar el contenido de un proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo. 
            
            
               2.Cuando la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de regulación en el plazo previsto en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, la Comisión podrá solicitar dicho proyecto dentro de un nuevo plazo. La Autoridad informará oportunamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de que no respetará el nuevo plazo.
            
            
               3.Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de regulación dentro de los plazos previstos en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de regulación mediante un acto delegado sin un proyecto de la Autoridad.
            
            
               La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de regulación de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. 
            
            
               La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de regulación al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               La Comisión enviará su proyecto de norma técnica de regulación a la Autoridad. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               Si transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de regulación, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de regulación.
            
            
               Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de regulación en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar el proyecto de norma técnica de regulación basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de regulación con las modificaciones que considere pertinentes. La Comisión no cambiará el contenido del proyecto de norma técnica de regulación elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo. 
            
            
               4.Las normas técnicas de regulación se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En el título de dichos reglamentos o decisiones aparecerán las palabras «norma técnica de regulación». Dichas normas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.
            
            
               Artículo 39 
            
            
               Ejercicio de la delegación
            
            
               1.Los poderes para adoptar normas técnicas de regulación mencionados en el artículo 38 se otorgan a la Comisión por un período de cuatro años a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a la entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe relativo a los poderes delegados a más tardar seis meses antes de que finalice el período de cuatro años. La delegación de poderes se prorrogará automáticamente por períodos de idéntica duración. 
            
            
               2.En cuanto la Comisión adopte una norma técnica de regulación lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
         
         
            
               3.Los poderes para adoptar normas técnicas de regulación otorgados a la Comisión estarán sujetos a las condiciones establecidas en los artículos 38, 40 y 41.
            
            
               Artículo 40 
            
            
               Objeciones a las normas técnicas de regulación
            
            
               1.El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a una norma técnica de regulación en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificación de la norma técnica de regulación adoptada por la Comisión. Por iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo, dicho plazo se prorrogará tres meses. 
            
            
               2.Si una vez expirado el plazo a que se refiere el apartado 1, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado objeciones a la norma técnica de regulación, esta se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la fecha prevista en él. 
            
            
               La norma técnica de regulación podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrar en vigor antes de que expire dicho plazo si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo han informado a la Comisión de que no tienen intención de formular objeciones.
            
            
               3.Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a una norma técnica de regulación en el plazo al que se hace referencia en el apartado 1, esta no entrará en vigor. Según lo dispuesto en el artículo 296 del TFUE, la institución que formule objeciones a la norma técnica de regulación deberá exponer sus motivos.
            
            
               Artículo 41 
            
            
               No aprobación o modificación de los proyectos de normas técnicas de regulación
            
            
               1.En caso de que la Comisión no apruebe un proyecto de norma técnica de regulación o lo modifique tal como está previsto en el artículo 35, informará a la Autoridad, al Parlamento Europeo y al Consejo, exponiendo sus motivos.
            
            
               2.Cuando proceda, el Parlamento Europeo o el Consejo podrán convocar en el plazo de un mes después de la notificación a la que se hace referencia en el apartado 1 al comisario responsable, junto con el presidente de la Autoridad, a una reunión puntual de la comisión competente del Parlamento Europeo o del Consejo a fin de que presenten y expliquen sus discrepancias.
            
            
               Artículo 42 
            
            
               Normas técnicas de ejecución
            
            
               1.Cuando el Parlamento Europeo y el Consejo otorguen competencias de ejecución a la Comisión para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución con arreglo al artículo 291 del TFUE, en los sectores estipulados específicamente en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento, la Autoridad podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución. Las normas técnicas de ejecución serán de carácter técnico, no podrán entrañar decisiones estratégicas ni políticas y su contenido establecerá las condiciones de aplicación de dichos actos. La Autoridad presentará sus proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión para su aprobación. Al mismo tiempo, la Autoridad los transmitirá para información al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               Antes de presentar los proyectos de normas técnicas de ejecución a la Comisión, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean considerablemente desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de ejecución de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. 
            
            
               En un plazo de tres meses tras la recepción de un proyecto de norma de técnica de ejecución, la Comisión decidirá si lo aprueba. La Comisión podrá prorrogar un mes dicho plazo. La Comisión informará oportunamente al Parlamento Europeo y al Consejo si la decisión relativa a la aprobación no puede adoptarse en el plazo de tres meses. La Comisión podrá aprobar el proyecto de norma técnica de ejecución solo en parte o con modificaciones cuando el interés de la Unión así lo exija.
            
            
               En caso de que la Comisión tenga la intención de no aprobar un proyecto de norma técnica de ejecución, o de aprobarlo en parte o con modificaciones, lo devolverá a la Autoridad, junto con una explicación de por qué no lo aprueba o una explicación de los motivos de sus modificaciones. La Comisión remitirá una copia de su carta al Parlamento Europeo y al Consejo. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma técnica de ejecución basándose en las modificaciones propuestas por la Comisión y volver a presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               Si, transcurrido el plazo de seis semanas al que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución modificado, o ha presentado un proyecto de norma técnica de ejecución que no está modificado de acuerdo con las propuestas de modificación de la Comisión, esta podrá adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes, o rechazarla.
            
            
               La Comisión no cambiará el contenido de un proyecto de norma técnica de ejecución elaborado por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo.
            
            
               2.Cuando la Autoridad no haya presentado un proyecto de norma técnica de ejecución en el plazo previsto en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, la Comisión podrá solicitar dicho proyecto dentro de un nuevo plazo. La Autoridad informará oportunamente al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión de que no respetará el nuevo plazo. 
            
         
         
            
               3.Solo cuando la Autoridad no presente a la Comisión un proyecto de norma técnica de ejecución dentro de los plazos previstos en el apartado 2, la Comisión podrá adoptar una norma técnica de ejecución mediante un acto de ejecución sin un proyecto de la Autoridad. 
            
            
               La Comisión llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución y analizará los costes y beneficios potenciales correspondientes, a menos que dichas consultas y análisis sean desproporcionados con respecto al ámbito y la incidencia de los proyectos de normas técnicas de ejecución de que se trate o con respecto a la urgencia particular del asunto. 
            
            
               La Comisión remitirá inmediatamente el proyecto de norma técnica de ejecución al Parlamento Europeo y al Consejo. 
            
            
               La Comisión enviará el proyecto de norma técnica de ejecución a la Autoridad. En un plazo de seis semanas, la Autoridad podrá modificar el proyecto de norma de ejecución y presentarlo en forma de dictamen formal a la Comisión. La Autoridad remitirá una copia de su dictamen formal al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               Si, transcurrido el plazo de seis semanas a que se hace referencia en el párrafo cuarto, la Autoridad no ha presentado un proyecto modificado de norma técnica de ejecución, la Comisión podrá adoptar la norma técnica de ejecución.
            
            
               Si la Autoridad presenta un proyecto modificado de norma técnica de ejecución en el plazo de seis semanas, la Comisión podrá modificar el proyecto de norma técnica de ejecución basándose en las modificaciones propuestas por la Autoridad o adoptar la norma técnica de ejecución con las modificaciones que considere pertinentes.
            
            
               La Comisión no cambiará el contenido de los proyectos de normas técnicas de ejecución elaborados por la Autoridad sin una coordinación previa con ella, según se establece en el presente artículo. 
            
            
               4.Las normas técnicas de ejecución se adoptarán por medio de reglamentos o decisiones. En el título de dichos reglamentos o decisiones aparecerán las palabras «norma técnica de ejecución». Dichas normas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrarán en vigor en la fecha prevista en él.
            
            
               Artículo 43 
            
            
               Directrices y recomendaciones
            
            
               1.Con objeto de establecer prácticas de supervisión y en relación con las UIF que sean coherentes, eficaces y efectivas y de garantizar la aplicación común, uniforme y coherente del Derecho de la Unión, la Autoridad emitirá directrices dirigidas a todas las autoridades de supervisión, a todas las IUF o a todas las entidades obligadas y formulará recomendaciones dirigidas a una o varias autoridades de supervisión o una o varias entidades obligadas.
            
            
               2.Cuando proceda, la Autoridad llevará a cabo consultas públicas abiertas sobre las directrices y recomendaciones que emita y analizará los costes y beneficios potenciales derivados de la formulación de dichas directrices y recomendaciones. Esas consultas y análisis serán proporcionados en relación con el alcance, el carácter y la repercusión de las directrices o recomendaciones. Cuando la Autoridad no lleve a cabo consultas públicas abiertas, expondrá sus motivos.
            
            
               3.Las autoridades de supervisión y las entidades obligadas harán todo lo posible para atenerse a estas directrices y recomendaciones.
            
            
               En el plazo de dos meses a partir de la formulación de una directriz o recomendación, cada una de las autoridades de supervisión confirmará si la cumple o si se propone cumplirla. En el caso de que una autoridad de supervisión no la cumpla o decida no cumplirla, lo comunicará a la Autoridad y expondrá sus motivos.
            
            
               La Autoridad hará público el hecho de que una autoridad de supervisión no cumple o no tiene intención de cumplir dicha directriz o recomendación. La Autoridad también podrá decidir, en cada caso, publicar los motivos presentados por la autoridad de supervisión para no cumplir dicha directriz o recomendación. La publicación deberá notificarse previamente a la autoridad de supervisión.
            
            
               Si así lo requiere la directriz o la recomendación, las entidades obligadas informarán de forma clara y detallada de si cumplen dicha directriz o recomendación. 
            
            
               Artículo 44 
            
            
               Dictámenes
            
            
               1.A petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, o por iniciativa propia, la Autoridad podrá emitir dictámenes dirigidos al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre todos los asuntos relacionados con su ámbito de competencia.
            
            
               2.La petición a que se hace referencia en el apartado 1 podrá incluir una consulta pública o un análisis técnico.
            
         
         
            
               3.La Autoridad, a petición del Parlamento Europeo, del Consejo o de la Comisión, podrá proporcionar asesoramiento técnico al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión en los ámbitos establecidos en los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.
            
            
               CAPÍTULO III 
            
            
               ORGANIZACIÓN DE LA AUTORIDAD
            
            
               Artículo 45 
            
            
               Estructura administrativa y de gestión
            
            
               La estructura de la Autoridad comprenderá:
            
            
               1)una Junta General, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 49;
            
            
               2)un Comité Ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 53; 
            
            
               3)un presidente de la Autoridad, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 57;
            
            
               4)un director ejecutivo, que ejercerá las funciones establecidas en el artículo 59;
            
            
               5)un Comité Administrativo de Revisión, que ejercerá las funciones enumeradas en el artículo 62.
            
            
               SECCION 1 
            
            
               JUNTA GENERAL
            
            
               Artículo 46 
            
            
               Composición de la Junta General
            
            
               1.La Junta General tendrá, bien la composición de supervisión establecida en el apartado 2, bien la composición de UIF establecida en el apartado 3.
            
            
               2.La Junta General en su composición de supervisión estará integrada por:
            
            
               a)el presidente de la Autoridad, con derecho a voto;
            
            
               b)los máximos responsables de las autoridades de supervisión de las entidades obligadas de cada Estado miembro, con derecho a voto;
            
            
               c)un representante de la Comisión, sin derecho a voto.
            
         
         
            
               Los máximos responsables de las autoridades de supervisión de cada Estado miembro a que se refiere el párrafo primero, letra b), compartirán un único voto y convendrán en un único representante común para cada reunión y procedimiento de votación. Dicho representante común será el miembro votante ad hoc a efectos de esa reunión o procedimiento de votación. Las autoridades públicas de un Estado miembro también podrán convenir en un único representante común permanente, que será un miembro votante permanente. Cuando los puntos que deba examinar la Junta General en su composición de supervisión entren en el ámbito de competencia de varias autoridades públicas, el miembro votante ad hoc o permanente podrá estar acompañado por un representante de un máximo de otras dos autoridades públicas, que no tendrá derecho a voto.
            
            
               Cada autoridad pública que cuente con un miembro votante en virtud de un acuerdo ad hoc o permanente será responsable de nombrar a un suplente de alto nivel en su seno, el cual podrá sustituir al miembro votante de la Junta General a que se refiere el párrafo segundo en caso de que este no pueda asistir.
            
            
               3.La Junta General en su composición de UIF estará integrada por:
            
            
               a)el presidente de la Autoridad, con derecho a voto;
            
            
               b)los máximos responsables de las UIF, con derecho a voto;
            
            
               c)un representante de la Comisión, sin derecho a voto. 
            
            
               4.La Junta General podrá decidir admitir observadores. En particular, la Junta General en su composición de UIF admitirá en calidad de observador en las reuniones a un representante de la OLAF, de Europol, de Eurojust y de la Fiscalía Europea, cuando se debatan cuestiones que entren en el ámbito de sus respectivos mandatos. La Junta General en su composición de supervisión admitirá a un representante designado por el Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo y a un representante de cada una de las Autoridades Europeas de Supervisión, cuando se debatan cuestiones que entren en el ámbito de sus respectivos mandatos. 
            
            
               5.Los miembros del Comité Ejecutivo podrán participar, sin derecho a voto, en las reuniones de la Junta General en ambas composiciones, cuando se debatan extremos que entren en su ámbito de responsabilidad, según determine el presidente de la Autoridad, conforme a lo previsto en el artículo 55, apartado 2.
            
            
               Artículo 47 
            
            
               Comités internos de la Junta General
            
            
               La Junta General, por iniciativa propia o a petición del presidente de la Autoridad, podrá crear comités internos para funciones específicas que le sean atribuidas. La Junta General podrá delegar en dichos comités internos, en el Comité Ejecutivo o en el presidente determinadas funciones y decisiones claramente definidas. La Junta General podrá revocar dicha delegación en todo momento. 
            
            
               Artículo 48 
            
            
               Independencia de la Junta General
            
            
               1.En el desempeño de las funciones que les confiere el presente Reglamento, los miembros de la Junta General en ambas composiciones, conforme a lo previsto en el artículo 46, apartado 2, letras a) y b), y apartado 3, letras a) y b), actuarán con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones, órganos u organismos de la Unión, de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo público o privado.
            
            
               2.Ni los Estados miembros, ni las instituciones, órganos u organismos de la Unión, ni ningún otro organismo público o privado tratarán de ejercer su influencia sobre los miembros de la Junta General en el ejercicio de sus funciones.
            
            
               3.La Junta General establecerá en su reglamento interno las disposiciones prácticas para la prevención y gestión de los conflictos de intereses.
            
            
               Artículo 49 
            
            
               Funciones de la Junta General
            
            
               1.La Junta General en su composición de supervisión adoptará las decisiones relativas a las funciones a que se refieren los artículos 7 a 10, así como cualquier decisión expresamente atribuida en el presente Reglamento a la Junta General en su composición de supervisión. 
            
            
               2.La Junta General en su composición de supervisión podrá proporcionar asesoramiento y dictámenes sobre cualquier proyecto de decisión elaborado por el Comité Ejecutivo en relación con las entidades obligadas seleccionadas de conformidad con el capítulo II, sección 3. 
            
         
         
            
               3.La Junta General en su composición de UIF desempeñará las funciones y adoptará las decisiones contempladas en el capítulo II, sección 6.
            
            
               4.La Junta General adoptará los proyectos de normas técnicas de regulación y ejecución, los dictámenes, las recomendaciones, las directrices y las decisiones de la Autoridad a que se refiere el capítulo II, sección 7 en la composición procedente, en función del objeto del instrumento. Cuando un determinado instrumento se refiera a cuestiones relacionadas tanto con las UIF como con la supervisión, deberá ser adoptado por ambas composiciones de la Junta General de forma independiente. Los proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, los dictámenes, las recomendaciones y las directrices se adoptarán sobre la base de una propuesta del comité interno pertinente. 
            
            
               5.Se consultará a la Junta General en una de sus composiciones sobre los proyectos de decisiones que deba adoptar el Comité Ejecutivo de conformidad con el artículo 53, apartado 4, letras a), c), e) y m). Si la decisión adoptada posteriormente por el Comité Ejecutivo se aparta del dictamen de la Junta General, el Comité Ejecutivo expondrá sus motivos por escrito. 
            
            
               6.La Junta General adoptará y hará público su reglamento interno.
            
            
               7.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52, apartados 3 y 4, y en el artículo 56, apartados 1 y 2, la Junta General ejercerá las competencias conferidas a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en lo que respecta al presidente y los cinco miembros permanentes del Comité Ejecutivo durante todo su mandato.
            
            
               Artículo 50 
            
            
               Normas de votación de la Junta General
            
            
               1.Las decisiones de la Junta General se adoptarán por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro votante con arreglo a lo establecido en el artículo 47, apartado 2, dispondrá de un voto. En caso de empate, el presidente de la Autoridad dispondrá de un voto de calidad. 
            
            
               2.En lo que respecta a los actos a que se refieren los artículos 38, 42, 43 y 44 del presente Reglamento, y no obstante lo dispuesto en el apartado 1, la Junta General adoptará sus decisiones por mayoría cualificada de sus miembros, tal como se define en el artículo 16, apartado 4, del TUE. 
            
            
               El presidente de la Autoridad no votará sobre las decisiones a que se refiere el párrafo primero ni las decisiones relativas a la evaluación del desempeño del Comité Ejecutivo a que se refiere el artículo 52, apartado 4.
            
            
               3.Los miembros que no tomen parte en la votación y los observadores no asistirán a los debates de la Junta General en su composición de supervisión que se refieran a entidades obligadas concretas, salvo disposición en contrario de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2.
            
            
               4.El apartado 3 no se aplicará a los miembros del Comité Ejecutivo ni al representante del Banco Central Europeo designado por su Consejo de Supervisión.
            
            
               5.El presidente de la Autoridad tendrá la facultad de convocar una votación en cualquier momento. Sin perjuicio de dicha facultad y de la eficacia de los procedimientos de toma de decisiones de la Autoridad, la Junta General se esforzará por obtener un consenso al tomar sus decisiones.
            
            
               Artículo 51 
            
            
               Reuniones de la Junta General
            
            
               1.El presidente de la Autoridad convocará las reuniones de la Junta General.
            
            
               2.La Junta General celebrará al menos dos reuniones ordinarias al año. Además, se reunirá a iniciativa de su presidente, a petición de la Comisión o a petición de, como mínimo, un tercio de sus miembros.
            
            
               3.La Junta General podrá invitar a cualquier persona cuya opinión pueda ser de interés a que asista a sus reuniones, en calidad de observador.
            
            
               4.Los miembros de la Junta General y sus suplentes podrán estar asistidos en las reuniones por asesores o expertos, con sujeción a su reglamento interno.
            
            
               5.La Autoridad se encargará de la secretaría de la Junta General.
            
         
         
            
               6.El presidente de la Autoridad y los cinco miembros permanentes del Comité Ejecutivo no asistirán a las reuniones de la Junta General en las que se debatan o decidan cuestiones relativas al desempeño de su mandato. 
            
            
               SECCION 2 
            
            
               COMITÉ EJECUTIVO
            
            
               Artículo 52 
            
            
               Composición y nombramiento del Comité Ejecutivo
            
            
               1.El Comité Ejecutivo estará integrado por:
            
            
               a)el presidente de la Autoridad;
            
            
               b)cinco miembros a tiempo completo;
            
            
               c)un representante de la Comisión cuando el Comité Ejecutivo desempeñe las funciones a que se refiere el artículo 53, apartado 4, letras a) a l). El representante de la Comisión tendrá derecho a participar en los debates y solo tendrá acceso a los documentos relativos a estas funciones.
            
            
               2.El director ejecutivo participará en las reuniones del Comité Ejecutivo sin derecho a voto.
            
            
               3.Los cinco miembros del Comité Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, letra b), serán seleccionados mediante un procedimiento de selección abierto que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Serán nombrados por la Junta General a partir de la lista restringida elaborada por la Comisión. La selección atenderá a los principios de experiencia, cualificación y, en la medida de lo posible, equilibrio geográfico y de género. 
            
            
               4.La duración del mandato de los cinco miembros del Comité Ejecutivo será de cuatro años. En el curso de los doce meses anteriores al final del mandato cuatrienal del presidente de la Autoridad y de los cinco miembros del Comité Ejecutivo, la Junta General en ambas composiciones o un comité más reducido seleccionado entre los miembros de la Junta General, incluido un representante de la Comisión, llevará a cabo una evaluación del desempeño del Comité Ejecutivo. En ella se tendrán en cuenta la valoración del desempeño de los miembros del Comité Ejecutivo y las tareas y retos futuros de la Autoridad. Sobre la base de la evaluación, la Junta General en ambas composiciones podrá prorrogar una vez su mandato.
            
            
               5.Los miembros del Comité Ejecutivo a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), actuarán con independencia y objetividad en interés de la Unión en su conjunto y no pedirán ni aceptarán instrucción alguna de las instituciones, las agencias descentralizadas u otros organismos de la Unión, de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo público o privado. Las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como los Gobiernos de los Estados miembros y cualesquiera otros organismos, respetarán esa independencia. 
            
            
               6.En el supuesto de que uno o varios de los miembros del Comité Ejecutivo, excepto el presidente de la Autoridad, dejen de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o hayan sido declarados culpables de falta grave, la Junta General podrá, a propuesta de la Comisión, cesar a cualquiera de los miembros del Comité Ejecutivo. 
            
            
               7.Durante un período de un año tras el cese en sus funciones, se prohíbe a los antiguos miembros del Comité Ejecutivo, incluido el presidente de la Autoridad, ejercer una actividad profesional remunerada en: 
            
            
               a)una entidad obligada seleccionada; 
            
            
               b)cualquier otra entidad, cuando exista o pueda considerarse que existe un conflicto de intereses. 
            
            
               En sus normas para la prevención y gestión de los conflictos de intereses en relación con sus miembros a que se refiere el artículo 53, apartado 4, letra e), el Comité Ejecutivo especificará las circunstancias en las que existe o puede considerarse que existe tal conflicto de intereses. 
            
            
               Artículo 53 
            
            
               Funciones del Comité Ejecutivo
            
         
         
            
               1.El Comité Ejecutivo será responsable de la planificación general y de la ejecución de las tareas atribuidas a la Autoridad de conformidad con el artículo 5. El Comité Ejecutivo adoptará todas las decisiones de la Autoridad, a excepción de las decisiones que deba adoptar la Junta General de conformidad con el artículo 49. 
            
            
               2.El Comité Ejecutivo adoptará todas las decisiones dirigidas a las entidades obligadas seleccionadas a raíz de la propuesta del equipo conjunto de supervisión de la entidad obligada seleccionada a que se refiere el artículo 15, y teniendo en cuenta el dictamen emitido por la Junta General sobre dicha propuesta de decisión. En caso de que el Comité Ejecutivo se aparte de dicho dictamen, expondrá sus motivos por escrito.
            
            
               3.El Comité Ejecutivo adoptará todas las decisiones dirigidas a una determinada autoridad pública de conformidad con los artículos 28, 31 y 32.
            
            
               4.Además, el Comité Ejecutivo desempeñará las siguientes funciones:
            
            
               a)a más tardar el 30 de noviembre de cada año, y sobre la base de una propuesta del director ejecutivo, adoptará el proyecto de documento único de programación y lo transmitirá para información al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a más tardar el 31 de enero del año siguiente, así como cualquier otra versión actualizada del documento; 
            
            
               b)adoptará el proyecto de presupuesto anual de la Autoridad y ejercerá otras funciones con respecto al presupuesto de la Autoridad;
            
            
               c)evaluará y adoptará el informe anual consolidado sobre las actividades de la Autoridad, que incluirá una visión de conjunto del cumplimiento de sus tareas, lo remitirá, a más tardar el 1 de julio de cada año, al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas y lo hará público;
            
            
               d)adoptará una estrategia de lucha contra el fraude proporcionada a los riesgos de fraude, teniendo en cuenta los costes y beneficios de las medidas que vayan a implementarse;
            
            
               e)adoptará normas para la prevención y gestión de los conflictos de intereses en relación con sus miembros, así como en relación con los miembros del Comité Administrativo de Revisión;
            
            
               f)adoptará su reglamento interno;
            
            
               g)ejercerá, respecto del personal de la Autoridad, las competencias atribuidas por el Estatuto de los funcionarios a la autoridad facultada para proceder a los nombramientos y las atribuidas por el régimen aplicable a los otros agentes a la autoridad facultada para proceder a las contrataciones (en lo sucesivo «las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos»); 
            
            
               h)adoptará las disposiciones oportunas para la aplicación del Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios;
            
            
               i)nombrará al director ejecutivo y lo cesará de conformidad con el artículo 58; 
            
            
               j)nombrará a un contable, que podrá ser el contable de la Comisión, sujeto al Estatuto de los funcionarios y al régimen aplicable a los otros agentes, que será totalmente independiente en el cumplimiento de sus deberes; 
            
            
               k)asegurará un seguimiento adecuado de las conclusiones y recomendaciones resultantes de las evaluaciones y los informes de auditoría internos o externos, así como de las investigaciones de la OLAF; 
            
            
               l)adoptará las normas financieras aplicables a la Autoridad;
            
            
               m)adoptará todas las decisiones relativas a la creación y, en su caso, a la modificación de las estructuras internas de la Autoridad.
            
            
               5.El Comité Ejecutivo elegirá un vicepresidente de la Autoridad entre sus miembros con derecho a voto. El vicepresidente sustituirá de oficio al presidente cuando este no pueda ejercer sus funciones.
            
            
               6.Con respecto a las competencias mencionadas en el apartado 4, letra h), el Comité Ejecutivo adoptará, de conformidad con el artículo 110, apartado 2, del Estatuto de los funcionarios, una decisión basada en el artículo 2, apartado 1, del Estatuto de los funcionarios y en el artículo 6 del régimen aplicable a los otros agentes por la que se deleguen en el director ejecutivo las correspondientes competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. El director ejecutivo estará autorizado a subdelegar esas competencias.
            
            
               7.En circunstancias excepcionales, el Comité Ejecutivo podrá, mediante decisión, suspender temporalmente la delegación de las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos en el director ejecutivo y toda posible subdelegación de competencias por parte de este último, y ejercer él mismo las competencias o delegarlas en uno de sus miembros o en un miembro del personal distinto del director ejecutivo.
            
         
         
            
               Artículo 54 
            
            
               Programación anual y plurianual
            
            
               1.A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Comité Ejecutivo adoptará un documento único de programación con la programación anual y plurianual, basado en el proyecto presentado por el director ejecutivo, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión y, en relación con la programación plurianual, previa consulta al Parlamento Europeo. Remitirá dicho documento al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión. 
            
            
               El documento de programación será definitivo tras la adopción final del presupuesto general y, en su caso, se adaptará en consecuencia.
            
            
               2.El programa de trabajo anual incluirá objetivos detallados y los resultados esperados, incluidos indicadores de rendimiento. Contendrá asimismo una descripción de las acciones que vayan a financiarse y una indicación de los recursos humanos y financieros asignados a cada acción, de conformidad con los principios de presupuestación y gestión por actividades. El programa de trabajo anual será coherente con el programa de trabajo plurianual mencionado en el apartado 4. Indicará claramente qué funciones se han añadido, modificado o suprimido en relación con el ejercicio presupuestario anterior. 
            
            
               3.El Comité Ejecutivo modificará el programa de trabajo anual adoptado cuando se encomiende una nueva función a la Autoridad. 
            
            
               Cualquier modificación sustancial del programa de trabajo anual se adoptará con arreglo al mismo procedimiento que el programa de trabajo anual inicial. El Comité Ejecutivo podrá delegar en el director ejecutivo la competencia para adoptar modificaciones no sustanciales del programa de trabajo anual. 
            
            
               4.El programa de trabajo plurianual fijará la programación estratégica general, incluidos los objetivos, los resultados esperados y los indicadores de rendimiento. Establecerá también la programación de los recursos, incluidas las necesidades plurianuales en materia de presupuesto y personal. 
            
            
               La programación de los recursos se actualizará todos los años. La programación estratégica se actualizará cuando proceda.
            
            
               Artículo 55 
            
            
               Normas de votación del Comité Ejecutivo
            
            
               1.El Comité Ejecutivo adoptará sus decisiones por mayoría simple de sus miembros. Cada miembro del Comité Ejecutivo dispondrá de un voto. El presidente de la Autoridad dispondrá de un voto de calidad en caso de empate.
            
            
               2.El representante de la Comisión tendrá derecho a voto siempre que se debatan y decidan asuntos relacionados con el artículo 53, apartado 4, letras a) a l). A efectos de la adopción de las decisiones a que se refiere el artículo 53, apartado 4, letras f) y g), el representante de la Comisión dispondrá de un voto. Las decisiones a que se refiere el artículo 53, apartado 4, letras b) a e) y h) a l), solo podrán adoptarse si el representante de la Comisión emite un voto favorable. A efectos de la adopción de las decisiones a que se refiere el artículo 53, apartado 4, letra a), solo se requerirá el consentimiento del representante de la Comisión acerca de los elementos de la decisión que no estén relacionados con el programa de trabajo anual y plurianual de la Autoridad.
            
            
               3.El reglamento interno del Comité Ejecutivo establecerá de manera más pormenorizada el régimen de votación, en particular las condiciones en las que un miembro podrá actuar en nombre de otro.
            
            
               SECCIÓN 3 
            
            
               EL PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD
            
            
               Artículo 56 
            
            
               Nombramiento del presidente de la Autoridad 
            
            
               1.El presidente de la Autoridad será seleccionado en atención a sus méritos, capacidades, conocimientos, reconocido prestigio y experiencia en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como otras cualificaciones pertinentes, tras un procedimiento de selección abierto que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión elaborará una lista restringida de dos candidatos cualificados para el cargo de presidente de la Autoridad. El Consejo, previa aprobación del Parlamento Europeo, adoptará una decisión de ejecución por la que se nombrará al presidente de la Autoridad.
            
            
               2.En el supuesto de que el presidente de la Autoridad deje de cumplir las condiciones requeridas para el ejercicio de sus funciones o haya sido declarado culpable de falta grave, el Consejo, a propuesta de la Junta General en una de sus composiciones, podrá adoptar una decisión de ejecución para cesar al presidente de la Autoridad. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. 
            
         
         
            
               3.En caso de que el presidente dimita o no pueda atender a sus obligaciones por cualquier otro motivo, las funciones del presidente serán desempeñadas por el vicepresidente.
            
            
               Artículo 57 
            
            
               Responsabilidades del presidente de la Autoridad 
            
            
               1.El presidente de la Autoridad representará a la Autoridad y será responsable de preparar los trabajos de la Junta General y del Comité Ejecutivo, incluida la fijación del orden del día, la convocatoria y la presidencia de todas las reuniones y la presentación de puntos para decisión. 
            
            
               2.El presidente asignará a los cinco miembros del Comité Ejecutivo ámbitos de responsabilidad específicos en el marco de las funciones de la Autoridad por toda la duración de su mandato. 
            
            
               SECCIÓN 4 
            
            
               EL DIRECTOR EJECUTIVO
            
            
               Artículo 58 
            
            
               Nombramiento del director ejecutivo
            
            
               1.El director ejecutivo será contratado como agente temporal de la Autoridad con arreglo al artículo 2, letra a), del régimen aplicable a los otros agentes.
            
            
               2.El director ejecutivo ejercerá sus funciones en interés de la Unión e independientemente de cualesquiera intereses particulares.
            
            
               3.El director ejecutivo gestionará la Autoridad. El director ejecutivo rendirá cuentas de su gestión al Comité Ejecutivo. Sin perjuicio de las competencias de la Comisión y del Comité Ejecutivo, el director ejecutivo gozará de independencia en el ejercicio de sus funciones y no solicitará ni aceptará instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún otro organismo.
            
            
               4.El director ejecutivo será seleccionado en atención a sus méritos y sus elevadas y acreditadas competencias administrativas, presupuestarias y de gestión, tras un procedimiento de selección abierto que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y, en su caso, en otros medios de prensa o sitios de internet. La Comisión elaborará una lista restringida de dos candidatos cualificados para el cargo de director ejecutivo. El Comité Ejecutivo nombrará al director ejecutivo. 
            
            
               5.El mandato del director ejecutivo tendrá una duración de cinco años. En el curso de los nueve meses anteriores al final del mandato del director ejecutivo, el Comité Ejecutivo llevará a cabo una evaluación que tendrá en cuenta una valoración del desempeño del director ejecutivo y las tareas y retos futuros de la Agencia. El Comité Ejecutivo, tomando en consideración la evaluación mencionada en el párrafo primero, podrá prorrogar una vez el mandato del director ejecutivo. 
            
            
               El director ejecutivo podrá ser cesado por el Comité Ejecutivo a propuesta de la Comisión.
            
            
               6.El director ejecutivo cuyo mandato haya sido prorrogado no podrá, al término de dicha prórroga, participar en otro procedimiento de selección para el mismo cargo. 
            
            
               Artículo 59 
            
            
               Funciones del director ejecutivo
            
            
               1.El director ejecutivo tendrá a su cargo la gestión cotidiana de la Autoridad y procurará garantizar el equilibrio de género en el seno de la Autoridad. El director ejecutivo será, en particular, responsable de:
            
            
               a)ejecutar las decisiones adoptadas por el Comité Ejecutivo;
            
         
         
            
               b)preparar el proyecto de documento único de programación y presentarlo al Comité Ejecutivo, previa consulta a la Comisión;
            
            
               c)aplicar el documento único de programación e informar sobre su aplicación al Comité Ejecutivo; 
            
            
               d)preparar el proyecto de informe anual consolidado sobre las actividades de la Autoridad y presentarlo al Comité Ejecutivo para su evaluación y aprobación;
            
            
               e)preparar un plan de acción sobre la base de las conclusiones de los informes de auditoría interna o externa y las evaluaciones, así como de las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), e informar sobre los progresos realizados dos veces al año a la Comisión y regularmente a la Junta General y al Comité Ejecutivo;
            
            
               f)proteger los intereses financieros de la Unión mediante la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, sin perjuicio de las competencias de investigación de la OLAF, mediante la realización de controles efectivos y, si se detectan irregularidades, mediante la recuperación de los importes indebidamente abonados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas efectivas, proporcionadas y disuasorias, incluidas sanciones financieras;
            
            
               g)preparar una estrategia antifraude para la Autoridad y someterla a la aprobación del Comité Ejecutivo;
            
            
               h)elaborar un proyecto de normas financieras aplicables a la Autoridad;
            
            
               i)elaborar el proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la Autoridad y ejecutar su presupuesto;
            
            
               j)preparar y aplicar una estrategia de seguridad informática que garantice una gestión de riesgos adecuada en relación con todas las infraestructuras, sistemas y servicios informáticos desarrollados o adquiridos por la Autoridad, así como una financiación suficiente de la seguridad informática; 
            
            
               k)aplicar el programa de trabajo anual de la Autoridad bajo el control del Comité Ejecutivo;
            
            
               l)elaborar un proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la Autoridad en el marco del documento único de programación de esta de conformidad con el artículo 66 y ejecutar el presupuesto de la Autoridad de conformidad con el artículo 67; 
            
            
               m)elaborar un proyecto de informe en el que se describan todas las actividades de la Autoridad, con una sección dedicada a las cuestiones financieras y administrativas.
            
            
               2.El director ejecutivo tomará otras medidas necesarias, en particular la adopción de instrucciones administrativas internas y la publicación de anuncios, para garantizar el funcionamiento de la Autoridad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.
            
            
               3.El director ejecutivo decidirá si es necesario enviar a uno o varios miembros del personal a uno o varios Estados miembros para ejercer las funciones de la Autoridad de forma eficiente y eficaz. Antes de tomar la decisión de establecer una oficina local, el director ejecutivo habrá de obtener el consentimiento previo de la Comisión, el Comité Ejecutivo y el Estado o Estados miembros de que se trate. La decisión especificará el alcance de las actividades que se llevarán a cabo en la oficina local, evitándose costes innecesarios y la duplicación de funciones administrativas de la Autoridad. Se celebrará un acuerdo de sede con el Estado o los Estados miembros de que se trate.
            
            
               SECCIÓN 5 
            
            
               COMITÉ ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN 
            
            
               Artículo 60 
            
            
               Creación y composición del Comité Administrativo de Revisión 
            
            
               1.La Autoridad creará un Comité Administrativo de Revisión con la finalidad de llevar a cabo un examen administrativo interno de las decisiones adoptadas por la Autoridad en el ejercicio de las competencias enumeradas en los artículos 20, 21 y 22. El alcance del examen administrativo interno se ceñirá a la conformidad procedimental y material de tales decisiones con el presente Reglamento.
            
            
               2.El Comité Administrativo de Revisión estará compuesto por cinco personas de excelente reputación y que contarán con un demostrado historial de conocimientos pertinentes y de experiencia profesional, incluida experiencia en materia de supervisión de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con exclusión del personal actual de la Autoridad y del personal actual de las autoridades de supervisión de la LBC/LFT y de las UIF u otras instituciones, órganos y organismos nacionales o de la Unión participantes en las actividades encomendadas a la Autoridad por el presente Reglamento. El Comité Administrativo de Revisión contará con recursos y conocimientos especializados suficientes para evaluar el ejercicio de las competencias de la Autoridad de conformidad con el presente Reglamento. 
            
         
         
            
               3.Las decisiones del Comité Administrativo de Revisión se adoptarán por mayoría de, como mínimo, tres de sus cinco miembros.
            
            
               Artículo 61 
            
            
               Miembros del Comité Administrativo de Revisión 
            
            
               1.La Junta General en su composición de supervisión nombrará a los miembros del Comité Administrativo de Revisión y a dos suplentes por un período cinco años, prorrogable una sola vez, tras una convocatoria pública de manifestaciones de interés publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea. No obedecerán instrucción alguna.
            
            
               2.Los miembros del Comité Administrativo de Revisión actuarán con independencia y en pro del interés público y no ejercerán ninguna otra función en el seno de la Autoridad. A tal efecto, deberán formular por escrito una declaración pública de compromisos y una declaración pública de intereses en la que harán constar cualquier interés directo o indirecto que pudieran considerarse perjudiciales para su independencia, o bien la inexistencia de tales intereses.
            
            
               3.Los miembros del Comité Administrativo de Revisión no podrán ser cesados en su cargo ni retirados de la lista de candidatos cualificados durante su mandato, a menos que existan motivos fundados para ello y que la Junta General en su composición de supervisión adopte una decisión a tal efecto, a propuesta de la Comisión.
            
            
               Artículo 62 
            
            
               Decisiones sujetas a examen
            
            
               1.Podrá presentar ante el Comité Administrativo de Revisión una solicitud de examen de las decisiones adoptadas por la Autoridad de conformidad con el artículo 6, apartado 1, y los artículos 20, 21 y 22 cualquier persona física o jurídica a la que vaya dirigida la decisión o a la que esta afecte directa e individualmente.
            
            
               2.La solicitud de examen, junto con un escrito de motivación de esta, deberán presentarse por escrito ante la Autoridad en un plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la decisión al interesado o, a falta de notificación, a partir de la fecha en que el interesado haya tenido conocimiento de la decisión, según proceda.
            
            
               3.Tras pronunciarse sobre la admisibilidad del examen, el Comité Administrativo de Revisión dictaminará sobre el caso en un plazo adecuado en función de la urgencia del asunto que no rebasará los dos meses contados desde la recepción de la solicitud, y elevará el asunto al Comité Ejecutivo para la preparación de un nuevo proyecto de decisión. El Comité Ejecutivo tendrá en cuenta el dictamen del Comité Administrativo de Revisión y adoptará con prontitud una nueva decisión. La nueva decisión derogará la decisión inicial, o bien la sustituirá por una decisión de idéntico contenido o por una decisión modificada.
            
            
               4.La solicitud de examen presentada en virtud del apartado 2 no tendrá efecto suspensivo. No obstante, el Comité Ejecutivo, a propuesta del Comité Administrativo de Revisión, podrá suspender la aplicación de la decisión impugnada si considera que las circunstancias así lo requieren.
            
            
               5.El dictamen del Comité Administrativo de Revisión y la nueva decisión adoptada por el Comité Ejecutivo con arreglo al presente artículo deberán estar motivados y notificarse a las partes.
            
            
               6.La Autoridad adoptará una decisión por la que se establezca el reglamento interno del Comité Administrativo de Revisión.
            
            
               Artículo 63 
            
            
               Exclusión y recusación
            
            
               1.Los miembros del Comité Administrativo de Revisión no intervendrán en un procedimiento de examen cuando tengan algún interés personal en él, cuando hayan actuado anteriormente como representantes de una de las partes en el procedimiento o cuando hayan participado en la adopción de la decisión objeto de examen.
            
            
               2.Si, por uno de los motivos enumerados en el apartado 1 o por cualquier otro, un miembro del Comité Administrativo de Revisión considera que no debe participar en algún procedimiento de examen, informará de ello al Comité Administrativo de Revisión.
            
            
               3.Cualquiera de las partes en el procedimiento de examen podrá recusar a cualquier miembro del Comité Administrativo de Revisión por cualquiera de los motivos contemplados en el apartado 1, o si la parcialidad del miembro está bajo sospecha. La recusación no se admitirá si, conociendo ya algún motivo de recusación, la parte en el procedimiento de examen hubiera efectuado un trámite procesal. Ninguna recusación podrá fundarse en la nacionalidad de los miembros.
            
            
               4.En los casos especificados en los apartados 2 y 3, el Comité Administrativo de Revisión decidirá qué actuaciones deberán llevarse a cabo sin la participación del miembro afectado. A efectos de la adopción de esta decisión, dicho miembro será reemplazado en el Comité Administrativo de Revisión por su suplente.
            
         
         
            
               CAPÍTULO IV 
            
            
               DISPOSICIONES FINANCIERAS
            
            
               Artículo 64 
            
            
               Presupuesto
            
            
               1.Todos los ingresos y los gastos de la Autoridad deberán ser objeto de previsiones para cada ejercicio presupuestario, el cual coincidirá con el año natural, y consignarse en el presupuesto de la Autoridad.
            
            
               2.El presupuesto de la Autoridad estará equilibrado en cuanto a ingresos y gastos.
            
            
               3.Sin perjuicio de otros recursos, los ingresos de la Autoridad consistirán en una combinación de lo siguiente:
            
            
               a)una contribución de la Unión consignada en el presupuesto general de la Unión Europea;
            
            
               b)las tasas pagadas por las entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas de conformidad con el artículo 65, por las funciones mencionadas en el artículo 5, apartado 1, letras b) y c);
            
            
               c)cualquier contribución financiera voluntaria de los Estados miembros.
            
            
               4.Los gastos de la Autoridad comprenderán los gastos de retribución del personal, los gastos administrativos y de infraestructura, así como los costes de funcionamiento.
            
            
               Artículo 65 
            
            
               Tasas cobradas a las entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas
            
            
               1.La Autoridad cobrará una tasa anual de supervisión a todas las entidades obligadas seleccionadas a que se refiere el artículo 13 y a las entidades obligadas no seleccionadas que cumplan los criterios del artículo 12, apartado 1, y no cumplan los criterios del artículo 13, apartado 1, por un Estado miembro. Las tasas cubrirán los gastos en que incurra la Autoridad en relación con las funciones de supervisión a que se refiere el capítulo II, secciones 3 y 4. No excederán de los gastos ligados a tales funciones. En caso de que no se cumplan plenamente estos criterios en un año determinado, se efectuarán los ajustes necesarios al calcular las tasas para los dos años siguientes.
            
            
               2.El importe de la tasa cobrada a cada entidad obligada a que se refiere el apartado 1 se calculará de conformidad con lo dispuesto en el acto delegado a que se refiere el apartado 6.
            
            
               3.Las tasas se calcularán al nivel más elevado de consolidación en la Unión.
            
            
               4.La base para el cálculo de la tasa anual de supervisión de un año natural determinado será el gasto relativo a la supervisión directa e indirecta de las entidades obligadas seleccionadas y no seleccionadas sujetas al pago de tasas en ese año. Respecto de la tasa anual de supervisión, la Autoridad podrá exigir pagos por adelantado, que se basarán en una estimación razonable. La Autoridad se comunicará con el supervisor financiero pertinente antes de decidir sobre el nivel definitivo de la tasa con objeto de garantizar que la supervisión sea eficaz en costes y razonable para todas las entidades obligadas del sector financiero. La Autoridad comunicará a las correspondientes entidades obligadas del sector financiero la base de cálculo de la tasa anual de supervisión. Los Estados miembros se asegurarán de que la obligación de pagar las tasas establecidas en el presente artículo sea ejecutiva con arreglo al Derecho nacional, y de que las tasas adeudadas sean íntegramente abonadas.
            
            
               5.El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de los supervisores financieros a cobrar tasas de conformidad con el Derecho nacional, en lo que respecta a las funciones de supervisión que no se hayan atribuido a la Autoridad o a los costes que suponga el cooperar con la Autoridad, prestarle asistencia y cumplir sus instrucciones, de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión.
            
            
               6.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar con arreglo al artículo 86 un acto delegado por el que se complete el presente Reglamento mediante la especificación del método para calcular el importe de la tasa cobrada a cada entidad obligada seleccionada y no seleccionada sujeta al pago de tasas de conformidad con el apartado 1, así como del procedimiento para la percepción de dichas tasas. Al definir el método para determinar el importe de cada tasa, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:
            
            
               a)el volumen de negocios total anual o el tipo de ingreso correspondiente de las entidades obligadas al nivel más elevado de consolidación en la Unión, de conformidad con las normas contables pertinentes;
            
         
         
            
               b)la clasificación del perfil de riesgo inherente a efectos de la LBC/LFT de las entidades obligadas de conformidad con la metodología a que se refiere el artículo 12, apartado 5;
            
            
               c)la importancia de la entidad obligada para la estabilidad del sistema financiero o la economía de uno o varios Estados miembros o de la Unión;
            
            
               d)el importe de la tasa que vaya a cobrarse a cualquier entidad obligada no seleccionada en proporción a sus ingresos o volumen de negocios con arreglo a la letra a), que no superará una quinta parte del importe de la tasa que vaya a cobrarse a cualquier entidad obligada seleccionada en relación con el mismo nivel de ingresos o volumen de negocios.
            
            
               La Comisión adoptará los actos delegados a que se hace referencia en el párrafo primero a más tardar el 1 de enero de 2025.
            
            
               Artículo 66 
            
            
               Establecimiento del presupuesto
            
            
               1.Cada año, el director ejecutivo elaborará un proyecto de estado de previsiones de ingresos y gastos de la Autoridad para el ejercicio presupuestario siguiente, que incluirá la plantilla de personal, y lo remitirá al Comité Ejecutivo.
            
            
               2.Basándose en ese proyecto, el Comité Ejecutivo adoptará un proyecto provisional de previsiones de ingresos y gastos de la Autoridad para el siguiente ejercicio presupuestario.
            
            
               3.El proyecto final de previsiones de ingresos y gastos de la Autoridad se remitirá a la Comisión a más tardar el 31 de enero de cada año. 
            
            
               4.La Comisión remitirá el estado de previsiones a la autoridad presupuestaria junto con el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea.
            
            
               5.Basándose en el estado de previsiones, la Comisión consignará en el proyecto de presupuesto general de la Unión las previsiones que considere necesarias para la plantilla de personal y el importe de la subvención con cargo al presupuesto general, y lo presentará a la autoridad presupuestaria de conformidad con los artículos 313 y 314 del TFUE.
            
            
               6.La autoridad presupuestaria autorizará los créditos correspondientes a la contribución destinada a la Autoridad.
            
            
               7.La autoridad presupuestaria aprobará la plantilla de personal de la Autoridad.
            
            
               8.El Comité Ejecutivo aprobará el presupuesto de la Autoridad. Este se convertirá en definitivo tras la aprobación definitiva del presupuesto general de la Unión. Cuando sea necesario, se adaptará en consecuencia.
            
            
               Artículo 67 
            
            
               Ejecución del presupuesto
            
            
               1.El director ejecutivo ejecutará el presupuesto de la Autoridad respetando los principios de economía, eficiencia, eficacia y buena gestión financiera.
            
            
               2.El director ejecutivo remitirá anualmente a la autoridad presupuestaria toda la información pertinente sobre las conclusiones de los procedimientos de evaluación.
            
            
               Artículo 68 
            
            
               Rendición de cuentas y aprobación de la gestión
            
         
         
            
               1.A más tardar el 1 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente (ejercicio N+1), el contable de la Autoridad remitirá al contable de la Comisión y al Tribunal de Cuentas las cuentas provisionales del ejercicio presupuestario (ejercicio N).
            
            
               2.A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, la Autoridad remitirá el informe sobre la gestión presupuestaria y financiera al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas.
            
            
               A más tardar el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, el contable de la Comisión remitirá las cuentas provisionales de la Autoridad, consolidadas con las cuentas de la Comisión, al Tribunal de Cuentas.
            
            
               3.Una vez recibidas las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas provisionales de la Autoridad con arreglo al artículo 246 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  52
               , el Comité Ejecutivo emitirá un dictamen sobre las cuentas definitivas de la Autoridad.
            
            
               4.El contable remitirá al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas las cuentas definitivas, juntamente con el dictamen del Comité Ejecutivo, a más tardar el 1 de julio del ejercicio N+1.
            
            
               5.Se publicará un enlace a las páginas del sitio web que contengan las cuentas definitivas de la Autoridad en el Diario Oficial de la Unión Europea a más tardar el 15 de noviembre del ejercicio N+1. 
            
            
               6.A más tardar el 30 de septiembre del ejercicio N+1, el director ejecutivo remitirá al Tribunal de Cuentas una respuesta a sus observaciones. El director ejecutivo enviará asimismo esta respuesta al Comité Ejecutivo.
            
            
               7.El director ejecutivo presentará al Parlamento Europeo, cuando este lo solicite, toda la información necesaria para el correcto desarrollo del procedimiento de aprobación de la gestión del ejercicio presupuestario N, de conformidad con el artículo 261, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046.
            
            
               8.El Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo por mayoría cualificada, aprobará, antes del 15 de mayo del ejercicio N+2, la gestión del director ejecutivo con respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio N.
            
            
               Artículo 69 
            
            
               Normas financieras
            
            
               El Comité Ejecutivo adoptará las normas financieras aplicables a la Autoridad, previa consulta a la Comisión. Dichas normas no podrán desviarse del Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, salvo si las exigencias específicas de funcionamiento de la Autoridad lo requieren y la Comisión lo autoriza previamente.
            
            
               Artículo 70 
            
            
               Medidas antifraude
            
            
               1.A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicarán a la Autoridad sin restricciones el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como el artículo 86 del Reglamento (UE) 2019/715.
            
            
               2.La Autoridad se adherirá al Acuerdo Interinstitucional relativo a las investigaciones internas de la OLAF y adoptará inmediatamente las disposiciones adecuadas, que se aplicarán a todo su personal.
            
            
               3.Las decisiones de financiación, los acuerdos y los instrumentos de aplicación de ellos resultantes estipularán de manera explícita que el Tribunal de Cuentas y la OLAF podrán efectuar, si es necesario, controles in situ de los beneficiarios de fondos desembolsados por la Autoridad.
            
            
               Artículo 71
            
            
               Seguridad informática
            
            
               1.La Autoridad establecerá una gobernanza informática interna a nivel del director ejecutivo, que elaborará y gestionará el presupuesto informático y garantizará la presentación periódica de informes al Comité Ejecutivo sobre el cumplimiento de las normas y estándares de seguridad informática aplicables. 
            
         
         
            
               2.La Autoridad velará por que al menos el 10 % de sus gastos informáticos se destine de forma transparente a la seguridad informática directa. La contribución al equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones, órganos y organismos europeos (CERT-UE) podrá contabilizarse en ese gasto mínimo exigido.
            
            
               3.Se establecerá un servicio adecuado de seguimiento, detección y respuesta en materia de seguridad informática, utilizando los servicios del CERT-UE. Los incidentes graves deberán notificarse al CERT-UE y a la Comisión en un plazo de 24 horas a partir de su detección. 
            
            
               Artículo 72 
            
            
               Rendición de cuentas e información
            
            
               1.La Autoridad rendirá cuentas ante el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento.
            
            
               2.Cada año, la Autoridad presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión un informe sobre la ejecución de las funciones que le atribuye el presente Reglamento, que incluya información sobre la evolución prevista de la estructura y el importe de las tasas de supervisión mencionadas en el artículo 66. El presidente de la Autoridad presentará dicho informe en público al Parlamento Europeo.
            
            
               3.A petición del Parlamento Europeo, el presidente de la Autoridad participará en una audiencia sobre la ejecución de sus funciones ante las comisiones competentes del Parlamento Europeo.
            
            
               4.La Autoridad responderá oralmente o por escrito a las preguntas que le formule el Parlamento Europeo.
            
            
               CAPÍTULO V 
            
            
               DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
            
            
               SECCION 1 
            
            
               PERSONAL
            
            
               Artículo 73 
            
            
               Disposición general
            
            
               1.Serán aplicables al personal de la Autoridad, respecto de todas las cuestiones no reguladas por el presente Reglamento, el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes y las normas adoptadas de común acuerdo entre las instituciones de la Unión para dar efecto al Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes.
            
            
               2.No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presidente de la Autoridad y los cinco miembros del Comité Ejecutivo a que se refiere el artículo 53 estarán, respectivamente, al mismo nivel que un miembro y el secretario del Tribunal General en lo que respecta a los emolumentos y la edad de jubilación, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo
                  53
               . Para los aspectos no contemplados por el presente Reglamento ni por el Reglamento (UE) 2016/300, se aplicarán por analogía el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes.
            
            
               3.El Comité Ejecutivo, de acuerdo con la Comisión, adoptará las medidas de aplicación necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Estatuto de los funcionarios.
            
            
               4.La Autoridad podrá recurrir a expertos nacionales en comisión de servicio u otras personas no empleadas por la Autoridad, incluidos los delegados de las UIF. 
            
            
               5.El Comité Ejecutivo adoptará normas relativas al personal de los Estados miembros enviado en comisión de servicio a la Autoridad y las actualizará cuando resulte necesario. Estas normas incluirán, en particular, las disposiciones financieras relacionadas con dichas comisiones de servicio, incluidos los seguros y la formación. Dichas normas tendrán en cuenta el hecho de que el personal está en comisión de servicio y será desplegado como personal de la Autoridad. Además, incluirán disposiciones sobre las condiciones de despliegue. Cuando proceda, el Comité Ejecutivo procurará garantizar la coherencia con las normas aplicables al reembolso de los gastos de misión del personal estatutario.
            
            
               Artículo 74 
            
         
         
            
               Privilegios e inmunidades
            
            
               Se aplicará a la Autoridad y a su personal el Protocolo (n.º 7) sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea anejo al TUE y al TFUE.
            
            
               Artículo 75 
            
            
               Obligación de secreto profesional
            
            
               1.Los miembros de la Junta General y el Comité Ejecutivo y todos los miembros del personal de la Autoridad, incluidos los funcionarios enviados por los Estados miembros de forma temporal en comisión de servicio y las demás personas que desempeñen funciones para la Autoridad a título contractual, estarán sujetos a las obligaciones de secreto profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 del TFUE y el artículo 50 [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423], incluso después de haber cesado en sus cargos. 
            
            
               2.El Comité Ejecutivo velará por que las personas que presten cualquier servicio, directa o indirectamente, de forma permanente u ocasional, en relación con el desempeño de las funciones de la Autoridad, incluidos los funcionarios y otras personas acreditadas por el Comité Ejecutivo o designadas por las autoridades públicas y las UIF a tal fin, estén sujetas a requisitos de secreto profesional equivalentes a los contemplados en el apartado 1.
            
            
               3.Para el ejercicio de las funciones que le atribuye el presente Reglamento, la Autoridad estará autorizada, dentro de los límites y en las condiciones que dispongan los actos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, a intercambiar información con las autoridades y organismos nacionales o de la Unión en los casos en que dichos actos permitan a los supervisores financieros comunicar información a dichas entidades o cuando los Estados miembros puedan disponer dicha comunicación de conformidad con los actos pertinentes del Derecho de la Unión.
            
            
               4.La Autoridad establecerá las modalidades prácticas de aplicación de las normas de confidencialidad mencionadas en los apartados 1 y 2.
            
            
               5.La Autoridad aplicará la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión
                  54
               .
            
            
               Artículo 76
               Normas de seguridad aplicables a la protección de la información clasificada y de la información sensible no clasificada
            
            
               1.La Autoridad adoptará sus propias normas de seguridad, equivalentes a las de la Comisión, para la protección de la información clasificada de la Unión Europea (ICUE) y de la información sensible no clasificada, con arreglo a lo dispuesto en las Decisiones (UE, Euratom) 2015/443
                  55
                y (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión. Las normas de seguridad de la Autoridad se harán extensivas a las disposiciones relativas, entre otros extremos, al intercambio, el tratamiento y el almacenamiento de la citada información. El Comité Ejecutivo adoptará las normas de seguridad de la Autoridad previa aprobación de la Comisión.
            
            
               2.Todo acuerdo administrativo sobre el intercambio de información clasificada con las autoridades pertinentes de un tercer país o, cuando no exista dicho acuerdo, toda cesión ad hoc de ICUE a esas autoridades con carácter excepcional estará sujeta a la aprobación previa de la Comisión. 
            
            
               SECCION 2 
            
            
               COOPERACIÓN 
            
            
               Artículo 77 
            
            
               Cooperación con las Autoridades Europeas de Supervisión y el Comité Europeo de Protección de Datos
            
            
               1.La Autoridad establecerá y mantendrá una estrecha cooperación con la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados. 
            
            
               2.Al elaborar directrices y recomendaciones, de conformidad con el artículo 43, que tengan una incidencia significativa en la protección de los datos personales, la Autoridad cooperará estrechamente con el Comité Europeo de Protección de Datos establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 para evitar duplicaciones, incoherencias e inseguridad jurídica en el ámbito de la protección de datos.
            
            
               Artículo 78 
            
            
               Cooperación con autoridades ajenas a la LBC/LFT 
            
         
         
            
               1.Cuando sea necesario para el desempeño de las funciones enumeradas en el artículo 5, la Autoridad cooperará, según proceda, con las autoridades ajenas a la LBC/LFT.
            
            
               2.En caso necesario, la Autoridad celebrará un memorando de entendimiento con lasautoridades a que se refiere el apartado 1 que determine en términos generales la forma en que cooperarán e intercambiarán información en el desempeño de sus funciones de supervisión con arreglo al Derecho de la Unión en relación con las entidades obligadas seleccionadas.
            
            
               3.La Autoridad velará por una cooperación y un intercambio de información efectivos entre todos los supervisores financieros del sistema de supervisión de la LBC/LFT y las autoridades ajenas a la LBC/LFT pertinentes a que se refiere el apartado 1, también en lo que respecta al acceso a los datos de la base de datos central de LBC/LFT a que se refiere el artículo 11.
            
            
               Artículo 79 
            
            
               Cooperación en el contexto de asociaciones público-privadas (APP)
            
            
               Siempre que sea pertinente para el desempeño de las funciones mencionadas en el capítulo II, secciones 3 y 6, la Autoridad podrá participar en los acuerdos de cooperación existentes establecidos en un Estado miembro o entre varios Estados miembros por las autoridades de supervisión o las UIF, cuando dichos acuerdos impliquen, entre otras cosas, la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades mencionadas y las entidades obligadas seleccionadas. La participación de la Autoridad estará supeditada al consentimiento de la correspondiente autoridad nacional que haya establecido dicho acuerdo. 
            
            
               Artículo 80 
            
            
               Cooperación con la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea
            
            
               1.La Autoridad podrá celebrar acuerdos de trabajo con instituciones de la Unión, agencias descentralizadas de la Unión y otros organismos de la Unión que actúen en el ámbito de la cooperación policial y judicial. Dichos acuerdos de trabajo podrán ser de carácter estratégico o técnico, y estarán encaminados, en particular, a facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las partes. Los acuerdos de trabajo no servirán de base para autorizar el intercambio de datos personales ni vincularán a la Unión o a sus Estados miembros.
            
            
               2.La Autoridad establecerá y mantendrá una estrecha relación con la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea. A tal fin, la Autoridad celebrará acuerdos de trabajo separados con la OLAF, Europol, Eurojust y la Fiscalía Europea en los que se establezcan los detalles de su cooperación. La relación tendrá, en particular, por objeto garantizar el intercambio de información estratégica y sobre tendencias en relación con las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a las que se enfrenta la Unión.
            
            
               Artículo 81 
            
            
               Cooperación con terceros países y organizaciones internacionales
            
            
               1.A fin de alcanzar los objetivos fijados en el presente Reglamento, y sin perjuicio de las competencias respectivas de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión, la Autoridad podrá establecer contactos y celebrar acuerdos administrativos con las autoridades de LBC/LFT de terceros países que posean competencias de regulación, supervisión y relacionadas con la UIF en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como con organizaciones internacionales y administraciones de terceros países. Dichos acuerdos no crearán obligaciones jurídicas para la Unión y sus Estados miembros ni impedirán a los Estados miembros y a sus autoridades competentes celebrar acuerdos bilaterales con dichos terceros países.
            
            
               2.La Autoridad podrá elaborar modelos de acuerdos administrativos con vistas a establecer prácticas coherentes, eficientes y eficaces dentro de la Unión y a reforzar la coordinación y la cooperación internacionales en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Las autoridades públicas y las UIF harán todo lo posible para atenerse a esos modelos de acuerdos. 
            
            
               3.En los casos en que la interacción de varias autoridades públicas y UIF de la Unión con autoridades de terceros países se refiera a asuntos que entren en el ámbito de las funciones de la Autoridad, tal como se definen en el artículo 5, la Autoridad asumirá un papel de liderazgo a la hora de facilitar dicha interacción cuando sea necesario. El papel de la Autoridad se entenderá sin perjuicio de las interacciones normales de las autoridades competentes con las autoridades de terceros países.
            
            
               4.En el marco de las competencias que le confieren el presente Reglamento y los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, la Autoridad contribuirá a una representación unida, común, coherente y eficaz de los intereses de la Unión en los foros internacionales, en particular asistiendo a la Comisión en sus funciones como miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional y respaldando los trabajos y los objetivos del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera. 
            
            
               SECCIÓN 3 
            
            
               DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES 
            
            
               Artículo 82 
            
            
               Acceso a los documentos
            
         
         
            
               1.El Reglamento (CE) n.º 1049/2001 se aplicará a los documentos en poder de la Autoridad.
            
            
               2.Las decisiones adoptadas por la Autoridad en aplicación del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 podrán ser objeto de reclamación ante el Defensor del Pueblo o ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en las condiciones previstas, respectivamente, en los artículos 228 y 263 del TFUE.
            
            
               3.El derecho de acceso a los documentos no se aplicará a la información confidencial consistente en:
            
            
               a)información o datos de la Autoridad, de los supervisores financieros o de las entidades obligadas obtenidos en el ejercicio de las funciones y actividades a que se refieren el artículo 5, apartado 2, y el capítulo II, sección 3;
            
            
               b)cualquier dato operativo o información relacionada con tales datos operativos de la Autoridad y de las UIF que obre en poder de la Autoridad como consecuencia del ejercicio de las funciones y actividades a que se refieren el artículo 5, apartado 5, y el capítulo II, sección 6.
            
            
               4.La información confidencial mencionada en el apartado 3, letra a), que se refiera a un procedimiento de supervisión podrá comunicarse total o parcialmente a las entidades obligadas que sean parte en dicho procedimiento, sin perjuicio del interés legítimo de otras personas físicas y jurídicas en la protección de sus secretos comerciales. Este acceso no se hará extensivo a los documentos internos de la Autoridad o de los supervisores financieros ni a la correspondencia entre ellos. 
            
            
               5.El Comité Ejecutivo establecerá las modalidades prácticas de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1049/2001 y las normas relativas a la divulgación de información relacionada con los procedimientos de supervisión. 
            
            
               Artículo 83 
            
            
               Régimen lingüístico general
            
            
               1.El Reglamento n.º 1 del Consejo será aplicable a la Autoridad.
            
            
               2.El Comité Ejecutivo decidirá el régimen lingüístico interno de la Autoridad, que será coherente con el régimen lingüístico para la supervisión directa adoptado de conformidad con el artículo 27. 
            
            
               3.El Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea, creado en virtud del Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo
                  56
               , prestará los servicios de traducción necesarios para el funcionamiento de la Autoridad. 
            
            
               Artículo 84 
            
            
               Protección de datos
            
            
               1.El tratamiento de datos personales sobre la base del presente Reglamento a efectos de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con arreglo al artículo 53 de [OP: insértese el futuro número de la Directiva antiblanqueo, COM(2021) 423] y al artículo 55 de [OP: insértese el futuro número del Reglamento antiblanqueo, COM(2021) 420], se considerará necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés público o en el ejercicio de potestades públicas conferidas a la Autoridad a tenor del artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/1725 y del artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679. 
            
            
               Al elaborar directrices y recomendaciones, de conformidad con el artículo 43, que tengan una incidencia significativa en la protección de los datos personales, la Autoridad, previa autorización de la Comisión, consultará al Supervisor Europeo de Protección de Datos establecido por el Reglamento (UE) 2018/1725. La Autoridad también podrá invitar a las autoridades nacionales de protección de datos a participar en calidad de observadores en el proceso de elaboración de dichas directrices y recomendaciones.
            
            
               2.De conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) 2018/1725, las normas internas que adopte la Autoridad podrán limitar la aplicación de los derechos de los interesados cuando dichas limitaciones sean necesarias para el desempeño de las funciones a que se refieren el artículo 53 de [Directiva antiblanqueo] y el artículo 55 del [Reglamento antiblanqueo].
            
            
               Artículo 85 
            
            
               Responsabilidad de la Autoridad 
            
            
               1.En materia de responsabilidad extracontractual, la Autoridad deberá reparar los daños causados por ella o por su personal en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea será competente para conocer de los litigios que se refieran a la reparación por ese tipo de daños.
            
         
         
            
               2.La responsabilidad del personal respecto a la Autoridad en cuestiones financieras y disciplinarias estará regulada por las disposiciones pertinentes aplicables al personal de la Autoridad.
            
            
               Artículo 86 
            
            
               Actos delegados
            
            
               1.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
            
            
               2.Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 25 y 65 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [OP: insértese la fecha correspondiente a 6 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento].
            
            
               3.Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en los artículos 25 y 65 podrán ser revocados en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
            
            
               4.Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.
            
            
               5.Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               6.Los actos delegados adoptados en virtud de los artículos 25 y 65 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de un mes a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará un mes a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
            
            
               Artículo 87 
            
            
               Acuerdo de sede y condiciones de funcionamiento
            
            
               1.Las disposiciones necesarias sobre la instalación de la Autoridad en el Estado miembro donde se sitúe la sede y sobre los servicios que dicho Estado deberá prestar, así como las normas especiales aplicables en el Estado miembro al personal de la Autoridad y los miembros de sus familias, se establecerán en un acuerdo de sede entre la Autoridad y el Estado miembro que se celebrará tras su aprobación por el Comité Ejecutivo. 
            
            
               2.El Estado miembro que acoja a la Autoridad ofrecerá las mejores condiciones posibles para garantizar el buen funcionamiento de esta, incluida una escolarización multilingüe y de vocación europea y unas conexiones de transporte adecuadas.
            
            
               Artículo 88 
            
            
               Evaluación y revisión
            
            
               3.A más tardar el 31 de diciembre de 2029, y posteriormente cada cinco años, la Comisión evaluará la actuación de la Autoridad en relación con sus objetivos, mandato, funciones y lugar o lugares de ubicación, de conformidad con las directrices de la Comisión. La evaluación abordará, en particular: 
            
            
               a)la posible necesidad de modificar el mandato de la Autoridad y las implicaciones financieras de tal modificación;
            
            
               b)la incidencia de todas las actividades y funciones de supervisión de la Autoridad en los intereses de la Unión en su conjunto, y en particular la eficacia de:
            
            
               i)las funciones y actividades de supervisión relacionadas con la supervisión directa de las entidades obligadas seleccionadas;
            
            
               ii)la supervisión indirecta de entidades obligadas no seleccionadas;
            
         
         
            
               iii)el control indirecto de otras entidades obligadas;
            
            
               c)la incidencia de las actividades relacionadas con el apoyo y la coordinación de las UIF y, en particular, la coordinación de los análisis conjuntos de actividades y transacciones transfronterizas realizados por las UIF;
            
            
               d)la imparcialidad, objetividad y autonomía de la Autoridad;
            
            
               e)la idoneidad de los mecanismos de gobernanza, incluida la composición y las modalidades de votación del Comité Ejecutivo y su relación con la Junta General;
            
            
               f)la eficacia en costes de la Autoridad, por separado, si procede, en relación con sus distintas fuentes de financiación; 
            
            
               g)la eficacia del mecanismo de recurso contra las decisiones de la Autoridad y las disposiciones en materia de independencia y rendición de cuentas aplicables a la Autoridad; 
            
            
               h)la eficacia de los acuerdos de cooperación e intercambio de información entre la Autoridad y autoridades ajenas a la LBC/LFT;
            
            
               i)la interacción entre la Autoridad y las demás autoridades y organismos de supervisión de la Unión, incluidas la ABE, Europol, Eurojust, la OLAF y la Fiscalía Europea; 
            
            
               j)la eficacia de las competencias de supervisión y sanción de la Autoridad; 
            
            
               k)la eficacia y la convergencia de las prácticas de supervisión logradas por las autoridades de supervisión y el papel de la Autoridad en ellas. 
            
            
               4.El informe mencionado en el apartado 1 también evaluará: 
            
            
               a)si los recursos de la Autoridad se adecuan al ejercicio de sus competencias; 
            
            
               b)si conviene conferirle funciones de supervisión adicionales en relación con las entidades obligadas del sector no financiero, especificando, en su caso, los tipos de entidades sobre las que deberían ejercerse esas funciones de supervisión adicionales;
            
            
               c)si conviene conferirle funciones adicionales en relación con el apoyo y la coordinación de la labor de las UIF;
            
            
               d)si conviene conferir a la Autoridad competencias de sanción adicionales.
            
            
               5.En una de cada dos evaluaciones, se procederá a una valoración de los resultados obtenidos por la Autoridad a la luz de sus objetivos, mandato y funciones, valorándose, en particular, si la continuación de la Autoridad sigue estando justificada desde la óptica de dichos objetivos, mandato y funciones.
            
            
               6.El informe, junto con cualquier eventual propuesta que lo acompañe, será transmitido al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               Artículo 89 
            
            
               Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1093/2010
            
            
               El Reglamento (UE) n.º 1093/2010 se modifica como sigue: 
            
         
         
            
               1)El artículo 1 se modifica como sigue:
            
            
               a)en el apartado 2, se suprime el párrafo segundo;
            
            
               b)en el apartado 5, se suprime la letra h).
            
            
               2)El artículo 4 se modifica como sigue:
            
            
               a)se suprime el punto 1 bis;
            
            
               b)en el punto 2, se suprime el inciso iii).
            
            
               3)En el artículo 8, apartado 1, se suprime la letra l).
            
            
               4)Se suprimen los artículos 9 bis y 9 ter.
            
            
               5)En el artículo 17, el apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «6. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no se atenga al dictamen formal mencionado en el apartado 4 del presente artículo en el plazo en él especificado, y cuando sea necesario subsanar oportunamente dicho incumplimiento con el fin de mantener o restablecer condiciones neutras de competencia en el mercado o garantizar el funcionamiento ordenado y la integridad del sistema financiero, la Autoridad, siempre que los requisitos pertinentes de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento, sean directamente aplicables a las entidades financieras, podrá adoptar una decisión individual dirigida a una entidad financiera [?] en la que le exija tomar las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de cualquier práctica. 
            
            
               La decisión de la Autoridad se ajustará al dictamen formal emitido por la Comisión de conformidad con el apartado 4.». 
            
            
               6)En el artículo 19, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «4. Sin perjuicio de las facultades que el artículo 258 del TFUE confiere a la Comisión, en caso de que una autoridad competente no cumpla la decisión de la Autoridad al no asegurarse de que una entidad financiera cumple los requisitos que le son directamente aplicables en virtud de los actos legislativos a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del presente Reglamento, la Autoridad podrá adoptar una decisión individual dirigida a dicha entidad financiera instándola a adoptar las medidas necesarias para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud del Derecho de la Unión, incluido el cese de una práctica.».
            
            
               7)En el artículo 33, apartado 1, se suprime el párrafo segundo.
            
            
               8)En el artículo 40, apartado 1, se añade la letra g) siguiente:
            
            
               «g) un representante de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, sin derecho a voto.».
            
            
               9) En el artículo 81, se suprime el apartado 2 ter.
            
            
               Artículo 90 
            
            
               Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1094/2010
            
            
               El Reglamento (UE) n.º 1094/2010 se modifica como sigue:
            
         
         
            
               1)En el artículo 1, apartado 2, se suprime el párrafo segundo.
            
            
               2)En el artículo 40, apartado 1, se añade la letra siguiente:
            
            
               «f) un representante de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, sin derecho a voto.».
            
            
               3)En el artículo 54, se suprime el apartado 2 bis.
            
            
               Artículo 91 
            
            
               Modificaciones del Reglamento (UE) n.º 1095/2010
            
            
               El Reglamento (UE) n.º 1095/2010 se modifica como sigue:
            
            
               1)En el artículo 1, apartado 2, se suprime el párrafo segundo.
            
            
               2)En el artículo 40, apartado 1, se añade la letra siguiente:
            
            
               «f) un representante de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, sin derecho a voto.».
            
            
               3)En el artículo 54, se suprime el apartado 2 bis.
            
            
               Artículo 92 
            
            
               Comienzo de las actividades de la Autoridad
            
            
               La Comisión será responsable de la creación y el funcionamiento inicial de la Autoridad hasta la fecha en que la Autoridad sea operativa, que será el 1 de enero de 2024 de conformidad con el artículo 93. A tal efecto:
            
            
               a)la Comisión podrá designar a uno de sus funcionarios para que haga las veces de director ejecutivo interino y ejerza las funciones asignadas al director ejecutivo hasta que la Autoridad tenga capacidad para ejecutar su propio presupuesto y el director ejecutivo haya asumido sus funciones tras su nombramiento por el Comité Ejecutivo de conformidad con el artículo 58;
            
            
               b)no obstante lo dispuesto en el artículo 53, apartado 4, y hasta la adopción de la decisión a que se hace referencia en el artículo 58, el director ejecutivo interino ejercerá las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos;
            
            
               c)la Comisión podrá prestar asistencia a la Autoridad, en particular enviando a funcionarios de la Comisión en comisión de servicio para llevar a cabo las actividades de la Autoridad, bajo la responsabilidad del director ejecutivo interino o del director ejecutivo;
            
            
               d)el director ejecutivo interino podrá autorizar todos los pagos cubiertos por los créditos consignados en el presupuesto de la Autoridad tras la aprobación por el Comité Ejecutivo, y podrá celebrar contratos, en particular para la contratación de personal, una vez aprobada la plantilla de personal de la Autoridad.
            
            
               Artículo 93 
            
            
               Entrada en vigor y aplicación
            
         
         
            
               El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
            
            
               Será aplicable a partir del 1 de enero de 2024.
            
            
               No obstante, los artículos 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 y 87 serán aplicables a partir del 1 de enero de 2023.
            
            
               El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
            
               
                  Por el Parlamento Europeo
                        Por el Consejo
               
               
                  El Presidente / La Presidenta
                        El Presidente / La Presidenta
               
            
            
               FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA
            
            
               1. MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
            
            
               1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa
            
            
               
                  Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo «la ALBC»)
               
            
            
               1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s)
            
            
               
                  Ámbito de actuación: Estabilidad financiera, servicios financieros y Unión de los Mercados de Capitales
               
               
                  Actividad: Estabilidad financiera
               
            
            
               1.3.La propuesta se refiere a 
            
            
               ✓una acción nueva 
            
            
               ◻ una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria
                  57
                
            
            
               ◻ la prolongación de una acción existente 
            
            
               ◻ una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra / una nueva acción 
            
            
               1.4.Objetivo(s)
            
         
         
            
               1.4.1.Objetivo(s) general(es) 
            
            
               
                  2. Una Economía al Servicio de las Personas
               
            
            
               1.4.2.Objetivo(s) específico(s) 
            
            
               
                  Objetivo específico n.º 1.2
               
               
                  La estabilidad financiera se ve preservada y reforzada mediante mecanismos eficaces de supervisión y gestión de crisis y la disponibilidad de medios para absorber las perturbaciones y diversificar los riesgos, y existe un enfoque global para combatir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.
               
            
            
               1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados
            
            
               Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población destinataria.
            
            
               
                  En el ámbito de la supervisión, la ALBC tiene por objeto mejorar la calidad global de la supervisión de la LBC/LFT que se realiza en la UE, en parte supervisando ella misma directamente a un número limitado de las entidades del sector financiero transfronterizas con mayor riesgo (y posiblemente a algunas otras entidades con respecto a las cuales podrá asumir la responsabilidad de supervisión en situaciones de emergencia), y en parte mediante el control y la coordinación de los supervisores nacionales, en lo que respecta a las entidades obligadas tanto del sector financiero como del sector no financiero contempladas en la legislación de la UE de LBC/LFT.
               
               
                  En el ámbito de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), la ALBC promoverá una mayor eficiencia y cooperación entre las UIF, en particular mediante la adopción de plantillas armonizadas para la comunicación y el intercambio de información y mediante la realización de análisis conjuntos con las UIF, así como tomando el relevo en el alojamiento de una infraestructura de intercambio de información ya existente, esto es, FIU.net.
               
               
                  Estos dos objetivos deberían contribuir indirectamente a un aumento de la actividad de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en la UE que se detecta o que se impide mediante la disuasión y una mayor probabilidad de detección.
               
            
            
               1.4.4.Indicadores de resultados 
            
            
               Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de los avances y logros.
            
            
               
                  Indicadores generales
               
               
                  • Ratio entre presupuestos propuestos y presupuestos definitivos adoptados (por año)
               
               
                  Supervisión indirecta y coordinación de los supervisores
               
               
                  • Número de normas técnicas adoptadas en relación con las que deben elaborarse 
               
               
                  • Número de proyectos de normas técnicas presentados a la Comisión para su aprobación dentro de los plazos 
               
               
                  • Número de normas técnicas propuestas pero rechazadas por la Comisión 
               
               
                  • Número de recomendaciones no vinculantes adoptadas en relación con las que deben elaborarse
               
               
                  • Número de horas de formación para los supervisores 
               
            
         
         
            
               
                  • Número de participantes en intercambios o comisiones de servicio 
               
               
                  • Número de evaluaciones inter pares realizadas 
               
               
                  • Número de obstáculos para la convergencia detectados y eliminados 
               
               
                  • Nuevas herramientas e instrumentos prácticos para fomentar la convergencia
               
               
                  • Número de bases de datos alimentadas 
               
               
                  Supervisión directa de determinadas entidades obligadas
               
               
                  • Número de inspecciones in situ y de investigaciones especializadas 
               
               
                  • Número de reuniones con las entidades supervisadas 
               
               
                  • Número de decisiones dirigidas a entidades supervisadas
               
               
                  • Número de sanciones impuestas a entidades supervisadas
               
               
                  • Número de reclamaciones o recursos de las empresas supervisadas 
               
               
                  Coordinación y apoyo de las Unidades de Inteligencia Financiera
               
               
                  • Número de análisis conjuntos realizados 
               
               
                  • Número de normas técnicas adoptadas
               
               
                  • Número de directrices/recomendaciones dirigidas a las UIF.
               
            
            
               1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa 
            
            
               1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado del despliegue de la aplicación de la iniciativa
            
            
               
                  De acuerdo con el análisis contenido en la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta legislativa, los dos principales problemas que la iniciativa pretende subsanar son la falta de coherencia en la supervisión de la LBC/LFT en el mercado interior y la falta de coordinación e intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera. Por lo que respecta a la supervisión, la eficacia a la hora de hacer cumplir las normas varía de un Estado miembro a otro, debido a las diferencias de recursos y prácticas. En la actualidad, las UIF carecen de métodos comunes y plantillas armonizadas, lo que dificulta el análisis conjunto e impide una detección óptima de las transacciones y actividades potencialmente vinculadas al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
               
            
            
               1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.
            
            
               
                  El paquete de lucha contra el blanqueo de capitales adoptado por la Comisión en 2019 puso de relieve la manera en que los delincuentes han podido aprovechar las diferencias entre los regímenes de LBC/LFT de los Estados miembros. El carácter transfronterizo de gran parte del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo hace que una buena cooperación entre los supervisores nacionales y las UIF sea esencial para prevenir estos delitos. Muchas entidades sujetas a las obligaciones de LBC/LFT desarrollan actividades transfronterizas, y los diferentes enfoques adoptados por los supervisores y las UIF nacionales impiden a dichas entidades aplicar prácticas óptimas de LBC/LFT a nivel de grupo. Es necesaria una mayor coordinación a escala de la UE, incluida una supervisión directa por parte de la UE de las entidades con mayor riesgo, para afrontar esas cuestiones transfronterizas y maximizar la capacidad del sistema financiero de la UE para prevenir y detectar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
               
            
         
         
            
               
                  La propuesta de creación de una Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la UE se adopta junto con una propuesta de código normativo de la UE en materia de LBC/LFT en forma de Reglamento de la UE. Conjuntamente, estas dos iniciativas tienen por objeto aumentar considerablemente la convergencia de la supervisión y la ejecución de la LBC/LFT en todos los Estados miembros y reforzar la intensidad de la supervisión, en particular instaurando una supervisión a nivel de la UE para las entidades transfronterizas con mayor riesgo. Una mayor cooperación transfronteriza entre las UIF y mejores prácticas nacionales, gracias a la generalización de las buenas prácticas, permitirán responder adecuadamente a la naturaleza transfronteriza del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
               
            
            
               1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores
            
            
               
                  Entre las experiencias anteriores pertinentes cabe citar la creación de las tres Autoridades Europeas de Supervisión (AES) de los servicios financieros, del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) para los bancos, que no constituye una agencia de la UE, sino una rama del Banco Central Europeo, y de la Fiscalía Europea.
               
               
                  De la experiencia de las Autoridades Europeas de Supervisión se desprende que una combinación de recursos procedentes del presupuesto de la UE y directamente de los Estados miembros, a través de los supervisores nacionales, resulta complicada de gestionar y puede suponer una carga para los supervisores de los Estados miembros más pequeños; asimismo puede comprometer la independencia de una Autoridad. Por lo tanto, no se propone que la ALBC cuente con financiación directa de los Estados miembros.
               
               
                  De la experiencia adquirida con el MUS se desprende que la supervisión de las entidades bajo supervisión directa puede llevarse a cabo eficazmente a través de equipos conjuntos de supervisión, dirigidos por personal del supervisor de la UE establecido en el mismo Estado miembro que la entidad supervisada directamente, pero en los que también participe personal del supervisor nacional. Este modelo se ha aplicado a la actividad de supervisión directa de la ALBC.
               
               
                  De la experiencia adquirida con la Fiscalía Europea se desprende que puede requerirse un tiempo considerable antes de que un nuevo organismo alcance la autonomía administrativa y presupuestaria, y es necesario planificarlo, por lo que la Comisión prestará apoyo durante ese período, que incluirá la designación de un director ejecutivo interino en comisión de servicio.
               
            
            
               1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados
            
            
               
                  Será necesario crear una nueva línea presupuestaria que corresponda a la creación de una nueva agencia de la UE. Además, el marco financiero plurianual 2021-2027 deberá programarse de modo que se proporcionen los recursos necesarios para la aplicación de este acto legislativo.
               
            
            
               1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, incluidas las posibilidades de reasignación
            
            
               
                  En los casos en que un organismo de la UE supervisa directamente a entidades del sector privado, dicha supervisión suele financiarse mediante tasas pagadas por las entidades supervisadas. Este es el caso del MUS y de la supervisión realizada por la AEVM (Autoridad Europea de Valores y Mercados) sobre las entidades de contrapartida central, los registros de operaciones y las agencias de calificación crediticia de la UE. En el caso del MUS, las tasas se cobran no solo a los bancos supervisados directamente, sino a todos los bancos que rebasan determinados umbrales de tamaño y actividad, sin que todos ellos sean supervisados directamente por el MUS.
               
               
                  El presente proyecto de Reglamento deroga la disposición del Reglamento (UE) 2019/2175 que atribuye determinadas competencias en materia de LBC/LFT a la Autoridad Bancaria Europea (ABE), mediante la modificación del Reglamento por el que se crea [Reglamento (UE) n.º 1093/ 2010], y reatribuye las mismas competencias a la ALBC. Ese Reglamento iba acompañado de una ficha financiera legislativa en la que se asignaban a la ABE cuatro agentes temporales y cuatro agentes contractuales, y la correspondiente contribución necesaria de 529 000 EUR, que, habida cuenta del modelo de financiación de las AES, representaba el 40 % del coste [el 60 % restante corría a cargo de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros]. Se propone reasignar este presupuesto de la ABE a la ALBC.
               
               
                  FIU.net es una red de comunicación entre las UIF de la UE que actualmente aloja Europol, pero que está previsto transferir en breve (antes de septiembre de 2021) a la Comisión con carácter temporal, a la espera de la creación de la ALBC; esto se deriva de una decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de diciembre de 2019, con arreglo a la cual el alojamiento de FIU.net por parte de Europol va más allá de su mandato en términos de tratamiento de datos personales. El presupuesto para cubrir el coste anual de alojamiento de FIU.net en la Comisión, una vez finalizada la transferencia de Europol a la Comisión, asciende a 2 millones EUR y se asigna a la DG FISMA de la Comisión. Se propone financiar esta actividad con cargo al presupuesto de la UE, puesto que el coste ya no correrá a cargo de la Comisión. Sin embargo, el efecto global sobre el presupuesto de la UE no será del todo neutro, ya que la ALBC seguirá desarrollando FIU.net, lo que dará lugar a un aumento del coste anual, que se estima en 3 millones EUR a precios de 2021.
               
            
            
               1.6.Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa
            
            
               ✓ Duración limitada 
            
            
               ◻
                     Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD.MM.]AAAA hasta [el] [DD.MM.]AAAA 
            
            
               ◻
                     Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA
            
            
               ✓Duración ilimitada
            
            
               ◻ Ejecución con una fase de puesta en marcha desde 2023 hasta 2025,
            
            
               y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.
            
            
               1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)
                  58
                
            
         
         
            
               ✓ Gestión directa a cargo de la Comisión
            
            
               ◻ a través de agencias ejecutivas 
            
            
               ◻ Gestión compartida con los Estados miembros 
            
            
               ✓ Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:
            
            
               ◻ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);
            
            
               ◻ el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones;
            
            
               ✓ los organismos contemplados en los artículos 70 y 71;
            
            
               ◻ organismos de Derecho público;
            
            
               ◻ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;
            
            
               ◻ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;
            
            
               ◻ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.
            
            
               Observaciones
            
            
               
                  Ninguna 
               
            
            
               2.MEDIDAS DE GESTIÓN 
            
            
               2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes 
            
            
               Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones.
            
            
               
                  De acuerdo con las disposiciones habituales en las agencias existentes, la ALBC elaborará informes periódicos sobre sus actividades (incluidos informes internos a la alta dirección, informes a la Junta General y al Comité Ejecutivo y un informe anual) y la utilización de sus recursos y su actuación serán objeto de auditorías del Tribunal de Cuentas y del servicio de auditoría interna de la Comisión.
               
            
            
               2.2.Sistema(s) de gestión y de control 
            
            
               2.2.1.Justificación del modo o los modos de gestión, el mecanismo o los mecanismos de ejecución de la financiación, las modalidades de pago y la estrategia de control propuestos
            
            
               
                  Los sistemas de gestión y control están previstos en el capítulo IV del proyecto de Reglamento por el que se crea la ALBC. La ALBC velará por que se cumplan las normas adecuadas en todos los ámbitos del marco de control interno. Además, en cada ejercicio, el Parlamento Europeo, previa recomendación del Consejo, aprueba la gestión de cada agencia de la UE en la ejecución de su presupuesto; este procedimiento también se aplicará a la ALBC.
               
            
         
         
            
               2.2.2.Información relativa a los riesgos detectados y al sistema o sistemas de control interno establecidos para mitigarlos
            
            
               
                  Una de las prioridades de la ALBC inmediatamente después de su creación será el establecimiento de un marco de control interno.
               
               
                  Entre los riesgos ya identificados antes de la adopción del proyecto de Reglamento por el que se crea la ALBC se incluyen los siguientes:
               
               
                  -
                        No recaudación a su debido tiempo de las tasas adeudadas a la ALBC por las entidades obligadas.
               
               
                  -
                        Casos de blanqueo de capitales que se produzcan en entidades obligadas supervisadas directamente por la ALBC durante el período de dicha supervisión.
               
            
            
               2.2.3.Estimación y justificación de la eficiencia de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados») y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre) 
            
            
               
                  Las estimaciones aquí realizadas se basan en la experiencia de la DG FISMA con la supervisión de las tres Autoridades Europeas de Supervisión de los servicios financieros (ABE, AESPJ y AEVM), todas ellas agencias reguladoras descentralizadas, como está previsto que sea también la futura ALBC.
               
               
                  Costes de los controles – Supervisión de las agencias
               
               
                  Históricamente, los costes de supervisión global de las Autoridades para la DG FISMA se han estimado en el 0,5 % de las contribuciones anuales que se les abonan. Estos costes incluyen, entre otros, los costes relacionados con la evaluación de la programación anual y el presupuesto, la participación de representantes de la DG FISMA en los Consejos de Administración, las Juntas de Supervisores y los trabajos preparatorios conexos. 
               
               
                  Costes de los controles - Pago de las contribuciones anuales 
               
               
                  Los costes de control estrictamente relacionados con la tramitación de los pagos anuales efectuados a la Autoridad se basan en la metodología utilizada para calcular los costes relacionados con otras operaciones financieras en la DG FISMA. Representan una parte ínfima e irrelevante de los pagos efectuados.
               
            
            
               
            
               2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 
            
            
               Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo, en el marco de la estrategia de lucha contra el fraude.
            
            
               
                  A efectos de la lucha contra el fraude, la corrupción y cualesquiera otras prácticas contrarias a Derecho, se aplicarán a la ALBC sin restricciones las disposiciones del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). 
               
               
                  La ALBC tendrá una estrategia específica de lucha contra el fraude y el consiguiente plan de acción. Sus acciones en el ámbito de la lucha contra el fraude deben ajustarse a las normas y orientaciones previstas por el Reglamento Financiero (medidas de lucha contra el fraude en el marco de una buena gestión financiera), las políticas de prevención del fraude de la OLAF y las disposiciones contenidas en la «Estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión: medidas reforzadas para proteger el presupuesto de la UE» [COM(2019) 196 final], así como en el enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE (julio de 2012) y el correspondiente plan de trabajo. 
               
               
                  Además, la propuesta de Reglamento por el que se crea la ALBC establece las disposiciones relativas a la ejecución y el control de su presupuesto y las normas financieras aplicables, incluidas las destinadas a prevenir el fraude y las irregularidades. Su futuro reglamento financiero interno las expondrá con más detalle.
               
            
            
               3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
            
            
               3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 
            
            
               ·Líneas presupuestarias existentes 
            
         
         
            
               En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
            
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero plurianual
                     
                  
                  
                     
                        Línea presupuestaria
                     
                  
                  
                     
                        Tipo de
                           gasto
                     
                  
                  
                     
                        Contribución 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Número  
                        
                  
                  
                     
                        CD/CND
                           59
                        
                     
                  
                  
                     
                        de países de la AELC
                           60
                        
                     
                  
                  
                     
                        de países candidatos
                           61
                        
                     
                  
                  
                     
                        de terceros países
                     
                  
                  
                     
                        a efectos de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero 
                     
                  
               
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        20.020101.01-C1-PMO(FISMA)
                     
                     
                        20.020601.01-C1-FISMA
                     
                  
                  
                     
                        CND
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
               
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        03.020106-C1-FISMA
                     
                  
                  
                     
                        CD
                     
                  
                  
                     
                        SÍ
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
               
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        03.100200-C1-FISMA
                     
                  
                  
                     
                        CD
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
               
               ·Nuevas líneas presupuestarias solicitadas 
            
            
               En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
            
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero plurianual
                     
                  
                  
                     
                        Línea presupuestaria
                     
                  
                  
                     
                        Tipo de 
                        gasto
                     
                  
                  
                     
                        Contribución 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Número  
                        
                  
                  
                     
                        CD/CND
                     
                  
                  
                     
                        de países de la AELC
                     
                  
                  
                     
                        de países candidatos
                     
                  
                  
                     
                        de terceros países
                     
                  
                  
                     
                        a efectos de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero 
                     
                  
               
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        03.10.YY.YY – Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE
                     
                  
                  
                     
                        CD
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
               
               3.2.Incidencia estimada en los gastos 
            
            
               3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos 
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal): precios corrientes
            
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero
                           plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        Número
                     
                  
                  
                     
                        1 Mercado único, innovación y economía digital
                     
                  
               
            
                     
                        03.10.YY.YY: Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ALBC) de la UE
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        MFP 2021-2027
                     
                  
               
                     
                        Título 1:
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (1)
                     
                  
                  
                     
                        0,809
                     
                  
                  
                     
                        7,489
                     
                  
                  
                     
                        19,148
                     
                  
                  
                     
                        7,094
                     
                  
                  
                     
                        7,236
                     
                  
                  
                     
                        41,776
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (2)
                     
                  
                  
                     
                        0,809
                     
                  
                  
                     
                        7,489
                     
                  
                  
                     
                        19,148
                     
                  
                  
                     
                        7,094
                     
                  
                  
                     
                        7,236
                     
                  
                  
                     
                        41,776
                     
                  
               
                     
                        Título 2:
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (1a)
                     
                  
                  
                     
                        0,252
                     
                  
                  
                     
                        3,974
                     
                  
                  
                     
                        4,742
                     
                  
                  
                     
                        1,726
                     
                  
                  
                     
                        1,761
                     
                  
                  
                     
                        12,455
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (2a)
                     
                  
                  
                     
                        0,252
                     
                  
                  
                     
                        3,974
                     
                  
                  
                     
                        4,742
                     
                  
                  
                     
                        1,726
                     
                  
                  
                     
                        1,761
                     
                  
                  
                     
                        12,455
                     
                  
               
                     
                        Título 3:
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (3a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,245
                     
                  
                  
                     
                        6,522
                     
                  
                  
                     
                        4,030
                     
                  
                  
                     
                        4,110
                     
                  
                  
                     
                        18,907
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (3b)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,245
                     
                  
                  
                     
                        6,522
                     
                  
                  
                     
                        4,030
                     
                  
                  
                     
                        4,110
                     
                  
                  
                     
                        18,907
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de los créditos 
                        para la ALBC
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        =1+1a +3a
                     
                  
                  
                     
                        1,061
                     
                  
                  
                     
                        15,708
                     
                  
                  
                     
                        30,412
                     
                  
                  
                     
                        12,850
                     
                  
                  
                     
                        13,107
                     
                  
                  
                     
                        73,138
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        =2+2a
                     
                     
                        +3b
                     
                  
                  
                     
                        1,061
                     
                  
                  
                     
                        15,708
                     
                  
                  
                     
                        30,412
                     
                  
                  
                     
                        12,850
                     
                  
                  
                     
                        13,107
                     
                  
                  
                     
                        73,138
                     
                  
               
                
               
            
               En millones EUR (al tercer decimal): precios corrientes
            
            
                     
                        Detalles sobre las fuentes de reasignación de los créditos de compromiso
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        MFP 2021-2027
                     
                  
               
                     
                        03.02.01.06 Aplicación y desarrollo del mercado interior en el sector de los servicios financieros (precios corrientes) —  FIU.net
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        1,000
                     
                  
                  
                     
                        2,000
                     
                  
                  
                     
                        2,000
                     
                  
                  
                     
                        5,000
                     
                  
               
                     
                        03.10.02 Autoridad Bancaria Europea (ABE)
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,550
                     
                  
                  
                     
                        0,561
                     
                  
                  
                     
                        0,573
                     
                  
                  
                     
                        0,584
                     
                  
                  
                     
                        2,268
                     
                  
               
                     
                        Margen rúbrica 1
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        6
                     
                  
                  
                     
                        1,061
                     
                  
                  
                     
                        15,158
                     
                  
                  
                     
                        28,851
                     
                  
                  
                     
                        10,277
                     
                  
                  
                     
                        10,523
                     
                  
                  
                     
                        65,870
                     
                  
               
                     
                        TOTAL reasignaciones
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        =4+5+6
                     
                  
                  
                     
                        1,061
                     
                  
                  
                     
                        15,708
                     
                  
                  
                     
                        30,412
                     
                  
                  
                     
                        12,850
                     
                  
                  
                     
                        13,107
                     
                  
                  
                     
                        73,138
                     
                  
               
            
               
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero
                           plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        «Gastos administrativos»
                     
                  
               
               En millones EUR (al tercer decimal): precios constantes de 2021
            
            
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        MFP 2021-2027
                     
                  
               
                     
                        DG: FISMA
                     
                  
               
                     
                        • Funcionarios
                     
                  
                  
                     
                        1,216
                     
                  
                  
                     
                        1,216
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2,432
                     
                  
               
                     
                        • Agentes contractuales
                     
                  
                  
                     
                        0,328
                     
                  
                  
                     
                        0,328
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,656
                     
                  
               
                     
                        • Otros gastos administrativos - Misiones
                     
                  
                  
                     
                        0,040
                     
                  
                  
                     
                        0,090
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,130
                     
                  
               
                     
                        TOTAL para la DG FISMA
                     
                  
                  
                     
                        Créditos 
                     
                  
                  
                     
                        1,584
                     
                  
                  
                     
                        1,634
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        3,218
                     
                  
               
         
         
            
                     
                        TOTAL de los créditos 
                        para la RÚBRICA 7 
                        del marco financiero plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        (Total de los compromisos = total de los pagos)
                     
                  
                  
                     
                        1,584
                     
                  
                  
                     
                        1,634
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        3,218
                     
                  
               
               Las necesidades en materia de créditos administrativos se cubrirán con los créditos ya destinados a la gestión de la acción o reasignados, que se complementarán, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal):
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2023
                           62
                        
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        MFP 2021-2027
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de los créditos  
                        para las RÚBRICAS 1 a 7 
                        del marco financiero plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        2,645
                     
                  
                  
                     
                        17,342
                     
                  
                  
                     
                        30,412
                     
                  
                  
                     
                        12,850
                     
                  
                  
                     
                        13,107
                     
                  
                  
                     
                        76,356
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        2,645
                     
                  
                  
                     
                        17,342
                     
                  
                  
                     
                        30,412
                     
                  
                  
                     
                        12,850
                     
                  
                  
                     
                        13,107
                     
                  
                  
                     
                        76,356
                     
                  
               
               3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de la ALBC 
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones. 
            
            
               ✓
                     La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:
            
            
               Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal): precios corrientes
            
            
                     
                        Indíquense los objetivos y los resultados 
                     
                     
                     
                        ⇩
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        MFP 2021-2027
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        RESULTADOS
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Tipo
                           63
                        
                     
                  
                  
                     
                        Coste medio
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        Coste total
                     
                  
               
                     
                        OBJETIVO ESPECÍFICO N.° 1
                           64
                        …
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        - Bases de datos y sistemas informáticos (incluidos los costes transitorios)
                     
                  
                  
                     
                        Base de datos / Informática
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2,918
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        3,951
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        3,312
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        3,379
                     
                  
                  
                     
                        13,560
                     
                  
               
                     
                        - Traducción
                     
                  
                  
                     
                        Traducción
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,265
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,406
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,110
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,113
                     
                  
                  
                     
                        0,894
                     
                  
               
                     
                        - Misiones
                     
                  
                  
                     
                        Misiones
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        1,062
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        1,624
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,442
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,450
                     
                  
                  
                     
                        3,578
                     
                  
               
                     
                        - Representación legal
                     
                  
                  
                     
                        Asesoría externa
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,541
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,168
                     
                  
                  
                     
                        0,875
                     
                  
               
                     
                        COSTE TOTAL
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,245
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        6,522
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,030
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,110
                     
                  
                  
                     
                        18,907
                     
                  
               
               3.2.3.Incidencia estimada en los recursos humanos de la ALBC 
            
            
               3.2.3.1.Resumen 
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos. 
            
            
               ✓
                     La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal): precios corrientes — Solo la parte financiada por la Unión
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        MFP 2021-2027
                     
                  
               
            
                     
                        Agentes temporales (categoría AD)
                     
                  
                  
                     
                        0,518
                     
                  
                  
                     
                        5,682
                     
                  
                  
                     
                        14,354
                     
                  
                  
                     
                        5,362
                     
                  
                  
                     
                        5,468
                     
                  
                  
                     
                        31,384
                     
                  
               
                     
                        Agentes temporales (categoría AST)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,462
                     
                  
                  
                     
                        2,493
                     
                  
                  
                     
                        0,962
                     
                  
                  
                     
                        0,982
                     
                  
                  
                     
                        4,899
                     
                  
               
                     
                        Agentes contractuales
                     
                  
                  
                     
                        0,291
                     
                  
                  
                     
                        1,186
                     
                  
                  
                     
                        1,815
                     
                  
                  
                     
                        0,308
                     
                  
                  
                     
                        0,315
                     
                  
                  
                     
                        3,915
                     
                  
               
                     
                        Expertos nacionales en comisión de servicio
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,486
                     
                  
                  
                     
                        0,462
                     
                  
                  
                     
                        0,471
                     
                  
                  
                     
                        1,578
                     
                  
               
            
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                        0,809
                     
                  
                  
                     
                        7,489
                     
                  
                  
                     
                        19,148
                     
                  
                  
                     
                        7,094
                     
                  
                  
                     
                        7,236
                     
                  
                  
                     
                        41,776
                     
                  
               
         
         
            
               Necesidades de personal (EJC): total de puestos financiados por la Unión y mediante tasas o cargas
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                           65
                        
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                           66
                        
                     
                  
               
            
                     
                        Agentes temporales (categoría AD)
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        58
                     
                  
                  
                     
                        155
                     
                  
                  
                     
                        180
                     
                  
                  
                     
                        180
                     
                  
                  
                     
                        180
                     
                  
               
                     
                        Agentes temporales (categoría AST)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        7
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
               
                     
                        Agentes contractuales
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
                  
                     
                        30
                     
                  
               
                     
                        Expertos nacionales en comisión de servicio
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
                  
                     
                        10
                     
                  
               
            
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                        18
                     
                  
                  
                     
                        100
                     
                  
                  
                     
                        225
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
                  
                     
                        250
                     
                  
               
               Se parte del supuesto de que todo el personal contratado en 2023 trabaja durante seis meses, habiéndose iniciado el procedimiento de contratación antes de la creación legal de la agencia para que los contratos puedan firmarse en cuanto esta se establezca. Del mismo modo, se supone que 20 agentes temporales que toman posesión del puesto en 2024 trabajan todo el año, al haberse llevado a cabo su contratación en 2023. Se supone que el resto del personal se contrata a lo largo del año, por lo que el coste de los puestos es, en promedio, del 50 %. Así, se supone que la plantilla estará completa hacia mediados de 2026.
            
            
               Detalles sobre la reasignación de puestos procedentes de la Autoridad Bancaria Europea
            
            
               Necesidades de personal (EJC):
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
            
                     
                        Agentes temporales (categoría AD)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
               
                     
                        Agentes temporales (categoría AST)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Agentes contractuales
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
               
                     
                        Expertos nacionales en comisión de servicio
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
               
               La dotación de personal de la Autoridad Bancaria Europea (puestos de plantilla y asignaciones para agentes contractuales) se reducirá en 4 agentes temporales (AD7) y 4 agentes contractuales (GF IV), ya que las funciones de lucha contra el blanqueo de capitales atribuidas a la ABE en el contexto de la revisión de las AES las llevará a cabo la ALBC.
            
            
               3.2.3.2.Necesidades estimadas de recursos humanos para la DG matriz
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos. 
            
            
               ✓
                     La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:
            
            
               Estimación que debe expresarse en valores enteros (o, a lo sumo, con un decimal)
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
               
                     
                        ·Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        20 01 02 01 y 20 01 02 02 (sede y oficinas de Representación de la Comisión)
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                        8
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        20 01 02 03 (Delegaciones)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        01 01 01 01 (investigación indirecta)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        10 01 05 01 (investigación directa)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        • Personal externo (en unidades de equivalente a jornada completa, EJC)
                           67
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        20 02 01 (AC, ENCS, INT de la dotación global)
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                        4
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        20 02 03 (AC, AL, ENCS, INT y JPD en las Delegaciones)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Línea(s) presupuestaria(s) (especifíquese) 
                           68
                        
                     
                  
                  
                     
                        - en la sede
                           69
                         
                        
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        - en las Delegaciones 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        01 01 01 02 (AC, ENCS, INT; investigación indirecta)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        10 01 05 02 (AC, ENCS, INT; investigación directa)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Otras líneas presupuestarias (especifíquense)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                  
                  
                     
                        12
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
         
            
               Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.
            
            
               Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:
            
            
                     
                        Funcionarios y agentes temporales
                     
                  
                  
                     
                        Deberá establecerse en la DG FISMA un grupo de trabajo compuesto por 12 personas (de las cuales 8 funcionarios o agentes temporales y 4 agentes contractuales) para garantizar la rápida creación y puesta en funcionamiento de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE (ALBC). El grupo de trabajo contribuirá a la rápida contratación del personal de la ALBC, así como al establecimiento de los procedimientos administrativos, logísticos, de recursos humanos, presupuestarios y financieros y de los sistemas necesarios para garantizar que la ALBC disponga en los plazos previstos de la financiación necesaria procedente de las tasas/cargas. Sin la creación de este grupo de trabajo, sería imposible que la ALBC estuviera plenamente establecida y lista para llevar a cabo todas sus funciones de supervisión y de coordinación a principios de 2026.
                     
                  
               
                     
                        Personal externo
                     
                  
                  
                     
                        Deberá establecerse en la DG FISMA un grupo de trabajo compuesto por 12 personas (de las cuales 8 funcionarios o agentes temporales y 4 agentes contractuales) para garantizar la rápida creación y puesta en funcionamiento de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la UE (ALBC). El grupo de trabajo contribuirá a la rápida contratación de personal de la ALBC, así como al establecimiento de los procedimientos administrativos, logísticos, de recursos humanos, presupuestarios y financieros y de los sistemas necesarios para garantizar que la ALBC disponga en los plazos previstos de la financiación necesaria procedente de las tasas/cargas. Sin la creación de este grupo de trabajo, sería imposible que la ALBC estuviera plenamente establecida y lista para llevar a cabo todas sus funciones de supervisión y de coordinación a principios de 2026.
                     
                  
               
            
               En el anexo V, sección 3, debe incluirse una descripción del cálculo del coste de las unidades de EJC. 
            
            
               3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente 
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual vigente.
            
            
               ✓
                     La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual.
            
            
               
                  Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.
               
               
                  Será necesario crear una nueva línea presupuestaria que corresponda a la creación de una nueva agencia de la UE. Además, el marco financiero plurianual 2021-2027 deberá programarse de modo que se proporcionen los recursos necesarios para la aplicación de este acto legislativo. En particular, como se ha indicado anteriormente, el presupuesto adicional propuesto se financiará mediante la reasignación de una pequeña parte de la contribución de la Unión (y de los puestos) concedida a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y de una pequeña parte de la dotación destinada al Programa para el Mercado Único (en relación con el coste de alojamiento del sistema informático FIU.net), y, principalmente, a través de la utilización del margen de la rúbrica 1.
               
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual
                  70
               .
            
            
               
                  Explíquese qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.
               
            
            
               3.2.5.Contribución de terceros 
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros. 
            
            
               ✓
                     La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación:
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        Total
                     
                     
                        2021 – 2027 
                     
                  
               
                     
                        Tasas de las entidades supervisadas directamente y tasas/cargas por la supervisión indirecta de entidades financieras
                           71
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        36,179
                     
                  
                  
                     
                        39,302
                     
                  
                  
                     
                        75,481
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de los créditos cofinanciados
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        36,179
                     
                  
                  
                     
                        39,302
                     
                  
                  
                     
                        75,481
                     
                  
               
                
                  Incidencia estimada en los ingresos 
            
            
               ✓
                     La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.
            
            
               ◻
                     La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:
            
         
         
            
               ◻
                     en los recursos propios 
            
            
               ◻
                     en otros ingresos 
            
            
               ◻
                     indíquese si los ingresos se asignan a líneas de gasto 
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                        Línea presupuestaria de ingresos:
                     
                  
                  
                     
                        Créditos disponibles para el ejercicio presupuestario en curso
                     
                  
                  
                     
                        Incidencia de la propuesta/iniciativa
                           72
                        
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Año 
                        N
                     
                  
                  
                     
                        Año 
                        N+1
                     
                  
                  
                     
                        Año 
                        N+2
                     
                  
                  
                     
                        Año 
                        N+3
                     
                  
                  
                     
                        Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6)
                     
                  
               
                     
                        Artículo ….
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
               En el caso de los ingresos diversos «asignados», especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercutan.
            
            
               Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos.
            
            
               
            
               ANEXO – HIPÓTESIS
            
            
               1. Hipótesis generales
            
            
               La ALBC
            
            
               Título I: Gastos de personal
            
            
               Para calcular los gastos de personal se han aplicado las siguientes hipótesis específicas basadas en las necesidades de dotación de personal definidas que se explican a continuación: 
            
            
               ·La creación oficial de la ALBC tendrá lugar inmediatamente una vez entre en vigor el presente Reglamento (probablemente a principios de 2023), pero, en 2023, la ALBC no llevará a cabo ninguna labor operativa, sino únicamente tareas administrativas relacionadas con su establecimiento. El personal contratado en 2023 (18 efectivos) será exclusivamente personal administrativo y de gestión de recursos humanos.
            
            
               ·La supervisión directa de todas las entidades seleccionadas comenzará en 2026, por lo que, a finales de 2025, deberá haberse completado la plantilla de 100 personas para la supervisión directa. 
            
            
               ·A mediados del año 2025 habrá finalizado el proceso de selección de entidades para supervisión directa y de determinación de las tasas/cargas (la lista de entidades sujetas al pago de tasas/cargas será mayor que la de las sujetas a supervisión directa). A partir de 2026, la ALBC se financiaría en su mayor parte mediante tasas/cargas. 
            
            
               ·Por lo que se refiere a las actividades operativas distintas de la supervisión directa, la ALBC empezará a ejercer sus funciones en 2024 y su dotación de personal irá aumentando a lo largo de un período de tres años, hasta alcanzar previsiblemente una plantilla completa a finales de 2026. El personal contratado en 2026 trabajará en la supervisión indirecta del sector no financiero y el apoyo a las UIF. El año 2027 será, pues, el primero en que la ALBC cuente con una plantilla completa durante un año entero.
            
            
               ·El coste imputado al personal nuevo contratado en 2023, 2024, 2025 y 2026 corresponde a 6 meses, habida cuenta del tiempo que se supone será necesario para contratar al personal adicional; sin embargo, el coste imputado a 20 nuevos miembros del personal que tomarán posesión de su puesto a principios de 2024 corresponde a un período completo de 12 meses, ya que el procedimiento de contratación se llevaría a cabo en 2023.
            
            
               ·En 2021, el coste medio anual de un agente temporal es de 152 000 EUR, el de un agente contractual, de 82 000 EUR, y el de un experto nacional en comisión de servicio, de 86 000 EUR (todas estas estimaciones incluyen 25 000 EUR en concepto de costes de «habillage» con cargo al título II [edificios, informática, etc.]); estas cifras se han indexado en un 2 % anual a partir de 2023, de modo que la ficha financiera legislativa pueda presentarse a precios corrientes.
            
            
               ·No se aplica ningún coeficiente corrector positivo o negativo, ya que se desconoce dónde se situará la sede de la Autoridad (las propuestas de la Comisión para la creación de una nueva agencia no suelen mencionar el lugar de ubicación de la sede).
            
         
         
            
               ·Las cotizaciones del empleador al régimen de pensiones por los agentes temporales y contractuales se basan en los sueldos base estándar incluidos en los costes anuales medios estándar en 2021, es decir, 96 724 EUR y 54 200 EUR, respectivamente, también en este caso indexados en un 2 % anual a partir de 2023 para obtener precios corrientes.
            
            
               Título II: Infraestructura y gastos de funcionamiento
            
            
               La estimación de costes se obtiene multiplicando el número de puestos por la proporción del año en que los puestos estarían ocupados y por el coste estándar de «habillage», esto es, 25 000 EUR, más 2 500 EUR por cada miembro del personal
                  73
                para cubrir otros gastos administrativos; ambos importes se expresan a precios de 2021 y se indexan para obtener precios corrientes.
            
            
               Sin embargo, durante el primer año de funcionamiento efectivo (2024) será necesario alquilar un espacio de oficinas suficientemente amplio para albergar a la plantilla completa de la agencia. Por lo tanto, además del coste estándar de «habillage» (25 000 EUR multiplicado por 82,5 EJC), se ha presupuestado un importe adicional de 2 millones EUR (a precios corrientes) para tener en cuenta los costes de alquiler y los posibles costes de acondicionamiento de los locales.
            
            
               La Comisión
            
            
               A la luz de la experiencia reciente de creación de nuevas agencias, en 2023 y 2024 se necesitará un grupo de trabajo de duración determinada compuesto por 12 personas (8 funcionarios AD y 4 agentes contractuales) con vistas a una creación rápida y eficiente de la ALBC, incluido un funcionario de la Comisión en comisión de servicio que haga las veces de director ejecutivo interino y un equipo de especialistas en recursos humanos, informática, finanzas y contratación pública. Estas personas provendrán de una redistribución interna dentro de la Comisión Europea. Al ser el grupo de trabajo de corta duración, parte de su personal (cuatro en esta estimación) tendrá que ser personal contractual. Habrán de preverse misiones, especialmente después de que la ALBC inicie sus actividades en su sede a partir de 2024. El coste medio del personal de este grupo de trabajo se estima en 2021 en 152 000 EUR por persona en el caso de un funcionario (cifra que incluye los costes de «habillage», esto es, edificios e informática) y en 82 000 EUR en el caso de un agente contractual. 
            
            
               2. Información específica
            
            
               Dotación de personal
            
            
               El nivel total previsto de dotación de personal de la ALBC, una vez disponga de todos sus recursos, como se indica en el anexo 5 de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta, es de 250 personas, de las cuales 100 se dedicarán a la supervisión directa de determinadas entidades obligadas. Sin embargo, si la ALBC está situada cerca de otra agencia de la UE con la que pueda compartir funciones de apoyo, el nivel total de dotación de personal podría ser algo inferior a 250; de ser así, esta ficha financiera legislativa debería modificarse durante el proceso legislativo.
            
            
               El número de 100 personas dedicadas a la supervisión directa se basa en un número estimado de entidades bajo supervisión directa de la ALBC comprendido entre 12 y 20 y en un número medio de miembros del personal de la ALBC que se ocupen de cada entidad supervisada directamente comprendido entre 5 y 8. Prácticamente la totalidad de las 100 personas estarán radicadas en los Estados miembros, y no en la sede de la ALBC, ya que dirigirán los equipos conjuntos de supervisión, en los que participarán miembros del personal de los supervisores nacionales de la LBC/LFT. 
            
            
               En cuanto a los 150 miembros del personal no dedicados a la supervisión directa, su número se ha fijado en el nivel mínimo necesario para llevar a cabo toda la gama de tareas de la Autoridad. Es significativamente inferior al nivel medio de dotación de personal en 2020 de las tres AES. Las actividades de los 150 miembros del personal previstos de la ALBC que no se dedicarán a la supervisión directa pueden desglosarse como sigue:
            
            
               ·miembros del Comité Ejecutivo, director ejecutivo y presidente (7 EJC);
            
            
               ·administración central y personal de apoyo (presupuesto, contratación pública, recursos humanos, informática, cuestiones jurídicas, etc.);
            
            
               –supervisión indirecta (coordinación y control de los supervisores nacionales) en el sector financiero;
            
            
               –supervisión indirecta (coordinación y control de los supervisores nacionales) en el sector no financiero;
            
            
               ·coordinación y apoyo de las UIF.
            
            
               El proyecto de Reglamento por el que se crea la ALBC fija el número de miembros del Comité Ejecutivo en 5, más el presidente; no serán miembros del personal permanente de la ALBC, sino titulares de cargos públicos independientes a tiempo completo. A la luz de la experiencia de las AES, el personal necesario para las actividades de administración central y de apoyo puede estimarse en 20 personas (menos, si los servicios de apoyo se comparten con otra agencia). La asignación exacta de los 123 puestos restantes entre las demás actividades se encomendará a la propia ALBC, pero se estima que unos 70 EJC trabajarán en la supervisión indirecta del sector financiero (lo cual es relevante a efectos de las tasas/cargas — véase más adelante).
            
            
               Título III: Gastos de funcionamiento
            
            
               La estimación de costes se ha realizado a partir de las siguientes hipótesis generales: 
            
            
               ·Los costes de traducción en pleno funcionamiento se estiman en algo más de 0,5 millones EUR al año a precios de 2021 y se indexan para obtener precios corrientes. Los porcentajes considerados para 2024 y 2025 son del 50 % y del 75 % de esa cifra, respectivamente.
            
         
         
            
               ·Los costes informáticos transitorios incluyen: los costes informáticos puntuales de transferencia de los sistemas informáticos a la ALBC y otros costes de puesta en marcha de sistemas informáticos para la ALBC, que se estiman en 1 millón EUR en 2023 y 400 000 EUR en 2024 (ambas cifras a precios de 2021). 
            
            
               ·Los costes de supervisión in situ ascienden a 2 500 EUR por persona y visita. El presupuesto de 2 millones EUR (a precios de 2021) asignado a las misiones en régimen de pleno funcionamiento (es decir, a partir de 2027) representa 800 misiones individuales (el presupuesto para misiones de 2024 corresponde al 50 % del presupuesto en régimen de pleno funcionamiento y el de 2025, al 75 %).
            
            
               ·Los gastos de litigios corresponden al recurso a asesores externos en los litigios con entidades supervisadas directamente relativos a las decisiones que les sean dirigidas, los litigios con entidades sujetas al pago de tasas/cargas relativos al importe de las tasas/cargas, y los litigios con supervisores nacionales en los casos en que la ALBC considere deficiente su supervisión de una entidad y propugne que le sea transferida la competencia de supervisión. Los gastos anuales de litigios se estiman en 0,75 millones EUR en régimen de pleno funcionamiento (a precios de 2021). 
            
            
               La ALBC retomará la base de datos sobre blanqueo de capitales de la ABE, que esta debía crear en virtud del Reglamento (UE) 2019/2175 (Reglamento de revisión de las AES) y que se menciona en el artículo 9 bis del Reglamento de la ABE (véase el punto 1.5.5 de la ficha financiera legislativa), el cual atribuía en un principio las competencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales a la ABE; asimismo, recibirá los 8 puestos asignados a la ABE para la lucha contra el blanqueo de capitales en dicho acto legislativo. El importe previsto para la ABE en la ficha financiera legislativa de la propuesta de la Comisión por la que se otorgaban esas competencias adicionales a la ABE [COM(2018) 646 final] era de 0,53 millones EUR al año con cargo al presupuesto de la Unión de forma continua (el 40 % del coste total, debido a la financiación mixta de las AES). Esta financiación (indexada adecuadamente) se transferiría a la ALBC.
            
            
               La ALBC también tomará el relevo de la Comisión en lo tocante al alojamiento del sistema de intercambio de información para las UIF, denominado FIU.net. El alojamiento de esta red se transferirá de Europol a la Comisión en el transcurso de 2021, pero se prevé que el alojamiento en la Comisión sea temporal, hasta que la ALBC pueda hacerse cargo de él de manera permanente. El coste del alojamiento de FIU.net, independientemente de los costes relacionados con la transferencia, consiste esencialmente en costes informáticos (mantenimiento de equipos y programas informáticos seguros para el intercambio transfronterizo de información sensible entre UIF). El coste anual de alojamiento de FIU.net mientras se encuentre en la Comisión es de aproximadamente 2 millones EUR, pero esta cifra representa una estimación prudente del coste que supondrá simplemente mantener un sistema seguro por el momento. La ALBC tendrá que desarrollar funcionalidades adicionales para proporcionar herramientas eficaces con vistas al intercambio de información entre las UIF, por lo que el presupuesto estimado aquí para el sistema FIU.net es de 3 millones EUR (a precios de 2021), de los cuales alrededor de 2 millones EUR (a precios corrientes) corresponderán a un ahorro en el presupuesto de la UE como consecuencia de la transferencia de FIU.net de la Comisión a la ALBC a partir de mediados de 2025 (el primer año en que la transferencia de FIU.net de la Comisión a la ALBC es razonablemente posible). 
            
            
               Ingresos por tasas/cargas
            
            
               Las actividades de la ALBC que se financiarán mediante ingresos por tasas/cargas están relacionadas con la supervisión directa y la supervisión indirecta del sector financiero. En lo que respecta a los títulos I y II, se calcula que el total de EJC en régimen de pleno funcionamiento dedicado a estas dos actividades es de 192. En lo que respecta al título III, los costes que se consideran incluidos en esta categoría son todos los costes del título III, con exclusión del funcionamiento de FIU.net y el 20 % de los costes en concepto de traducción, misiones y litigios. Para un año completo en régimen de pleno funcionamiento, estos costes representan 4,9 millones EUR de los 9 millones EUR del título III (ambos importes a precios corrientes). En conjunto, estas estimaciones arrojan unos ingresos por tasas de aproximadamente 40 millones EUR en un año de pleno funcionamiento, lo que corresponde aproximadamente al 75 % de los gastos de la ALBC y deja algo más de 13,3 millones EUR a cargo del presupuesto de la Unión.
            
            
               En los años 1 y 2 de funcionamiento efectivo (2024 y 2025), está previsto que los ingresos por tasas/cargas sean nulos, ya que la ALBC todavía no estará en condiciones de cobrarlas; la selección de las entidades sujetas al pago de tasas/cargas abarcará el primer año y medio de actividad de la ALBC, puesto que la lista de entidades se publicará en agosto de 2025, y las facturas correspondientes a las contribuciones ex ante para 2026 se enviarán inmediatamente después. Estas hipótesis implican globalmente que el coste de la ALBC para el presupuesto de la Unión (excluido el coste del grupo de trabajo temporal de la Comisión que debería establecerse para crear la ALBC) es de algo más de 1 millón EUR en 2023, algo menos de 16 millones EUR en 2024 y 30 millones EUR en 2025, y descenderá a continuación a 12,8 millones EUR en 2026 y algo más de 13 millones EUR en 2027 y los años siguientes.
            
            
               Las tasas/cargas correspondientes a los gastos subvencionables en el año N se recaudarán en el año N-1 sobre la base del proyecto de presupuesto para el año N. Si los gastos estimados de supervisión directa de un determinado año son superiores o inferiores a los presupuestados, las tasas/cargas cobradas el año siguiente deben adaptarse para corregirlo.
            
            
               En cuanto a las entidades obligadas sujetas al pago de tasas/cargas, el proyecto de Reglamento por el que se crea la ALBC excluye a las entidades obligadas del sector no financiero y limita las tasas/cargas a una selección de entidades del sector financiero, que se determinará en un acto delegado de la Comisión. 
            
            
               El cuadro que figura a continuación resume la evolución prevista de los ingresos por tasas/cargas de la ALBC.
            
            
                     
                        Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (ALBC) de la UE: financiación mediante tasas y cargas
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                     
                        2023 – 2027
                     
                  
               
                     
                        Título 1 (incluidas las cotizaciones al régimen de pensiones del empleador)
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (1)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        26,033
                     
                  
                  
                     
                        28,573
                     
                  
                  
                     
                        54,606
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (2)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        26,033
                     
                  
                  
                     
                        28,573
                     
                  
                  
                     
                        54,606
                     
                  
               
                     
                        Título 2
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (1a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        5,343
                     
                  
                  
                     
                        5,830
                     
                  
                  
                     
                        11,173
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (2a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        5,343
                     
                  
                  
                     
                        5,830
                     
                  
                  
                     
                        11,173
                     
                  
               
                     
                        Título 3
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (3a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,803
                     
                  
                  
                     
                        4,899
                     
                  
                  
                     
                        9,702
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (3b)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        4,803
                     
                  
                  
                     
                        4,899
                     
                  
                  
                     
                        9,702
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de créditos financiados por tasas y cargas 
                        de la ALBC
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        =1+1a +3a
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        36,179
                     
                  
                  
                     
                        39,302
                     
                  
                  
                     
                        75,481
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        =2+2a
                     
                     
                        +3b
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        36,179
                     
                  
                  
                     
                        39,302
                     
                  
                  
                     
                        75,481
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Europol, From suspicion to action: Converting financial intelligence into greater operational impact, 2017.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Comunicación de la Comisión, «Hacia una mejor aplicación del marco de la UE para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo» [COM(2019) 360 final], «Informe de la Comisión sobre la evaluación de los recientes supuestos casos de blanqueo de capitales con la implicación de entidades de crédito de la UE» [COM(2019) 373 final], y otros informes.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        COM(2020) 605 final.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, 2020/C 164/06; C/2020/2800; DO C 164 de 13.5.2020, p. 21, 
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03)
                  . 
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de julio de 2020, sobre la política global de la Unión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo – Plan de acción de la Comisión y evolución reciente [2020/2686(RSP)], P9_TA(2020)0204; 
                  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0204_ES.html
                  . 
               
               
                  
                     (6)
                  
                        
                  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12608-2020-INIT/es/pdf
                  . 
               
               
                  
                     (7)
                  
                        En esta fase, el ámbito de competencia del supervisor de LBC/LFT de la UE debería centrarse, ante todo, en las entidades de crédito, las entidades de pago, las oficinas de cambio, las entidades de dinero electrónico y los proveedores de servicios de activos virtuales a los que se aplican las recomendaciones del GAFI —con la posibilidad de estudiar una eventual extensión de la supervisión a otras entidades obligadas de riesgo en el futuro—, atendiendo asimismo a la mayor homogeneidad del sector financiero y al elevado nivel de armonización de los requisitos prudenciales en comparación con el sector no financiero. La supervisión basada en el riesgo de la UE debe tomar en consideración los siguientes parámetros: el riesgo derivado de la naturaleza de la actividad de la entidad obligada, en particular su base de clientes, productos, canales de distribución y exposición geográfica, teniendo en cuenta también los aspectos transfronterizos; los riesgos emergentes asociados a la evolución de los métodos de distribución, en particular los retos que supone para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo la digitalización de los servicios financieros, y las consecuencias que traería consigo la materialización de estos riesgos. 
               
               
                  
                     (8)
                  
                        Para más detalles, véase la evaluación de impacto adjunta. [OP: insértese el enlace a SWD(2021) 190]
               
               
                  
                     (9)
                  
                        EBA/Rep/2020/06, disponible en 
                  https://eba.europa.eu/file/744071/download?token=Tf9XDqWX
                  . 
               
               
                  
                     (10)
                  
                        No está a disposición del público.
               
               
                  
                     (11)
                  
                        Informe Especial del TCE, «Los esfuerzos de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales en el sector bancario son fragmentarios y su aplicación, insuficiente» 
                  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_13/SR_AML_ES.pdf
                  . 
               
               
                  
                     (12)
                  
                        Para más detalles, véase la evaluación de impacto adjunta [OP: insértese el enlace a SWD(2021) 190].
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, modificada por la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 156 de 19.6.2018, p. 43).
               
               
                  
                     (14)
                  
                        Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1). 
               
               
                  
                     (15)
                  
                        Directivas (UE) 2015/2366, (UE) 2014/92 y (UE) 2009/110. 
               
               
                  
                     (16)
                  
                        Directiva (UE) 2019/1153.
               
               
                  
                     (17)
                  
                        Asunto C-217/04, Reino Unido/Parlamento y Consejo, EU:C:2006:279, apartado 44, y asunto C-270/12, Reino Unido/Parlamento y Consejo, EU:C:2014:18, apartado 104.
               
               
                  
                     (18)
                  
                        
                  https://ec.europa.eu/info/publications/190724-anti-money-laundering-terrorism-financing-communication_en
                  . 
               
               
                  
                     (19)
                  
                        Otorgadas a la ABE por el Reglamento (UE) 2019/2175 (Reglamento de revisión de las AES).
               
               
                  
                     (20)
                  
                        Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
               
               
                  
                     (21)
                  
                        Documento de trabajo de los servicios de la Comisión [SWD (2021) 190] – Informe de evaluación de impacto que acompaña al paquete de propuestas legislativas de la Comisión relativas a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT) y a la ejecución de las normas, que incluye lo siguiente: proyecto de Reglamento sobre la LBC/LFT, que modifica también el actual Reglamento sobre transferencias de fondos (Reglamento 2015/847); proyecto de modificación de la Directiva 2015/849, sobre la LBC/LFT; proyecto de Reglamento por el que se crea una Autoridad de la UE para la LBC/LFT, en forma de organismo regulador; proyecto de modificación de la Directiva 2019/1153, por la que se facilita el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.
               
               
                  
                     (22)
                  
                        Véase la evaluación de impacto adjunta [OP: insértese el enlace a SWD(2021) 190].
               
               
                  
                     (23)
                  
                        Para un examen más detenido del mecanismo de apoyo y coordinación de las UIF, véase la evaluación de impacto adjunta [OP: insértese el enlace a SWD(2021) 190]. 
               
               
                  
                     (24)
                  
                        Reglamento (UE) 2018/1725, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos.
               
               
                  
                     (25)
                  
                        Esta base de datos fue creada por el Reglamento (UE) 2019/2175 (Reglamento de revisión de las AES), que, al mismo tiempo, amplió las competencias de la ABE en el ámbito de la LBC/LFT.
               
               
                  
                     (26)
                  
                        El alojamiento de FIU.net está a cargo de Europol desde 2016, pero está previsto que se transfiera a la Comisión con carácter temporal antes de septiembre de 2021, a la espera de la creación de la Autoridad. Esto se deriva de una decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de diciembre de 2019, con arreglo a la cual el alojamiento de FIU.net por parte de Europol va más allá de su mandato en términos de tratamiento de datos personales.
               
               
                  
                     (27)
                  
                        Esta base de datos fue creada por el Reglamento (UE) 2019/2175 (Reglamento de revisión de las AES), que, al mismo tiempo, amplió las competencias de la ABE en el ámbito de la LBC/LFT.
               
               
                  
                     (28)
                  
                        El alojamiento de FIU.net está a cargo de Europol desde 2016, pero está previsto que se transfiera a la Comisión con carácter temporal antes de septiembre de 2021, a la espera de la creación de la Autoridad. Esto se deriva de una decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de diciembre de 2019, con arreglo a la cual el alojamiento de FIU.net por parte de Europol va más allá de su mandato en términos de tratamiento de datos personales.
               
               
                  
                     (29)
                  
                        https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf. 
               
               
                  
                     (30)
                  
                        DO C […] de […], p. […].
               
               
                  
                     (31)
                  
                        [Añádase la referencia] DO C […] de […], p. […].
               
               
                  
                     (32)
                  
                        
                  https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_es.pdf
                  . 
               
               
                  
                     (33)
                  
                        Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de febrero de 2021, por el que se establece un instrumento de apoyo técnico (DO L 57 de 18.2.2021, p. 1). 
               
               
                  
                     (34)
                  
                        Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, p. 1).
               
               
                  
                     (35)
                  
                        Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo (DO L 248 de 18.9.2013, p. 1).
               
               
                  
                     (36)
                  
                        Reglamento Delegado (UE) 2019/715 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2018, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos creados en virtud del TFUE y el Tratado Euratom y a los que se refiere el artículo 70 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 122 de 10.5.2019, p. 1).
               
               
                  
                     (37)
                  
                        
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001
                  . 
               
               
                  
                     (38)
                  
                        Reglamento n.º 31 (CEE), 11 (CEEA), por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 45 de 14.6.1962, p. 1385). 
               
               
                  
                     (39)
                  
                        Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). 
               
               
                  
                     (40)
                  
                        Reglamento n.º 1 del Consejo por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea (DO 17 de 6.10.1958, p. 385).
               
               
                  
                     (41)
                  
                        Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39). 
               
               
                  
                     (42)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
               
               
                  
                     (43)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito (DO L 287 de 29.10.2013, p. 63). 
               
               
                  
                     (44)
                  
                        Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190). 
               
               
                  
                     (45)
                  
                        Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DO L 173 de 12.6.2014, p. 149). 
               
               
                  
                     (46)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12). 
               
               
                  
                     (47)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 48). 
               
               
                  
                     (48)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84). 
               
               
                  
                     (49)
                  
                        Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006 (DO L 141 de 5.6.2015, p. 1).
               
               
                  
                     (50)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
               
               
                  
                     (51)
                  
                        Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
               
               
                  
                     (52)
                  
                        Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).
               
               
                  
                     (53)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/300 del Consejo, de 29 de febrero de 2016, por el que se establece el régimen pecuniario de los titulares de cargos públicos de alto nivel de la UE (DO L 58 de 4.3.2016, p. 1). 
               
               
                  
                     (54)
                  
                        Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).
               
               
                  
                     (55)
                  
                        Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).
               
               
                  
                     (56)
                  
                        Reglamento (CE) n.º 2965/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, por el que se crea un Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (DO L 314 de 7.12.1994, p. 1).
               
               
                  
                     (57)
                  
                        Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.
               
               
                  
                     (58)
                  
                        Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: 
                  https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
                  .
               
               
                  
                     (59)
                  
                        CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
               
               
                  
                     (60)
                  
                        AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. 
               
               
                  
                     (61)
                  
                        Países candidatos y, en su caso, países candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.
               
               
                  
                     (62)
                  
                        Aproximación para 2023 y 2024 dadas las diferentes bases (antes indicadas) que deben aplicarse a los gastos de la rúbrica 1 y de la rúbrica 7.
               
               
                  
                     (63)
                  
                        Los resultados son los productos y servicios que van a suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).
               
               
                  
                     (64)
                  
                        Tal como se describe en el punto 1.4.2. «Objetivo(s) específico(s)…».
               
               
                  
                     (65)
                  
                        A partir de 2026, 192 del total de 250 puestos (es decir, el 77 %) se financiarán mediante tasas/cargas, de los cuales 164 corresponderán a agentes temporales (141 AD y 23 AST), 25 a agentes contractuales y 3 a expertos nacionales en comisión de servicio. 
               
               
                  
                     (66)
                  
                        Total de la plantilla completa prevista. 
               
               
                  
                     (67)
                  
                        AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicio; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD = joven profesional en delegación. 
               
               
                  
                     (68)
                  
                        Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).
               
               
                  
                     (69)
                  
                        Principalmente para los fondos de la política de cohesión de la UE, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). 
               
               
                  
                     (70)
                  
                        Véanse los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.
               
               
                  
                     (71)
                  
                        Coste total del personal (incluidos los costes asociados del título II y las contribuciones al régimen de pensiones) y costes operativos derivados de las actividades de supervisión directa e indirecta de las entidades financieras. 
               
               
                  
                     (72)
                  
                        Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos tras la deducción del 20 % de los gastos de recaudación.
               
               
                  
                     (73)
                  
                        En sus presupuestos para 2021, los costes del título II de las AES, excluidos los edificios y las TIC, oscilan entre 1 700 EUR y casi 5 000 EUR por empleado.
               
            
      
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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.7.2021
            COM(2021) 421 final
            
            ANEXOS
            de la
            Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            por el que se crea la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 1094/2010 y (UE) n.º 1095/2010
            
               
         
         
            
               ANEXO I
            
            
               Lista de los coeficientes ligados a los factores agravantes o atenuantes en relación con la aplicación del artículo 20
            
            
               Lista de los coeficientes ligados a los factores agravantes o atenuantes en relación con la aplicación del artículo 20
            
            
               Los siguientes coeficientes serán aplicables acumulativamente a las cuantías de base a que se refiere el artículo 20, apartado 6, en función de cada uno de los siguientes factores agravantes o atenuantes: 
            
            
               I. Coeficientes de adaptación ligados a factores agravantes: 
            
            
               1. Si el incumplimiento ha sido reiterado, se aplicará un coeficiente adicional de 1,1 por cada vez en que se haya reiterado. 
            
            
               2. Si el incumplimiento se ha cometido durante más de seis meses, se aplicará un coeficiente de 1,5. 
            
            
               3. Si el incumplimiento ha puesto de manifiesto deficiencias sistémicas en la organización de la entidad obligada seleccionada, en especial en sus procedimientos, sistemas de gestión o controles internos, se aplicará un coeficiente de 2,2. 
            
            
               4. Si el incumplimiento se ha cometido con dolo, se aplicará un coeficiente de 3. 
            
            
               5. Si no se han adoptado medidas correctoras desde que se ha detectado el incumplimiento, se aplicará un coeficiente de 1,7. 
            
            
               6. Si los altos directivos de la entidad obligada seleccionada no han cooperado con la Autoridad en sus investigaciones, se aplicará un coeficiente de 1,5. 
            
            
               II. Coeficientes de adaptación ligados a factores atenuantes: 
            
            
               1. Si los altos directivos de la entidad obligada seleccionada pueden demostrar que han tomado todas las medidas necesarias para evitar el incumplimiento, se aplicará un coeficiente de 0,7. 
            
            
               2. Si la entidad obligada seleccionada ha puesto rápida, efectiva y completamente en conocimiento de la Autoridad el incumplimiento, se aplicará un coeficiente de 0,4. 
            
            
               3. Si la entidad obligada seleccionada ha adoptado voluntariamente medidas para garantizar que no pueda cometerse un incumplimiento similar en el futuro, se aplicará un coeficiente de 0,6.
            
            
               ANEXO II 
            
            
               Lista de requisitos directamente aplicables a que se refiere el artículo 21, apartados 1 y 3 
            
            
               1.Los requisitos relacionados con la diligencia debida con respecto al cliente a que se refiere el artículo 21, apartado 3, letras a) y b), serán los contenidos en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 y 37 del [Reglamento antiblanqueo].
            
            
               2.Los requisitos relacionados con las políticas y procedimientos del grupo a que se refiere el artículo 21, apartado 3, letra a), serán los contenidos en los artículos 13 y 14 del [Reglamento antiblanqueo].
            
         
         
            
               3.Los requisitos relacionados con las obligaciones de presentación de información a que se refiere el artículo 23, apartado 3, letras a) y b), serán los contenidos en los artículos 50, 51 y 52 del [Reglamento antiblanqueo] y los artículos 9, 13 y 18 del [Reglamento sobre transferencias de fondos refundido].
            
            
               4.Los requisitos relacionados con las políticas, controles y procedimientos internos a que se refiere el artículo 23, apartado 3, letra b), serán los contenidos en los artículos 7, 8, 9, 38, 39 y 40 del [Reglamento antiblanqueo].
            
            
               5.Los demás requisitos a que se refiere el artículo 23, apartado 3, letras c) y d), serán los contenidos en los artículos 54, 56, 57 y 58 del [Reglamento antiblanqueo] y los artículos 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 y 21 del [Reglamento sobre transferencias de fondos].