CELEX: 62021CN0746
Language: es
Date: 2021-12-02 00:00:00
Title: Asunto C-746/21 P: Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2021 por Altice Group Lux Sàrl, anteriormente New Altice Europe BV, en liquidación, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 22 de septiembre de 2021 en el asunto T-425/18, Altice Europe / Comisión

14.3.2022   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 119/19
            
         
      Recurso de casación interpuesto el 2 de diciembre de 2021 por Altice Group Lux Sàrl, anteriormente New Altice Europe BV, en liquidación, contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 22 de septiembre de 2021 en el asunto T-425/18, Altice Europe / Comisión
      (Asunto C-746/21 P)
      (2022/C 119/27)
      Lengua de procedimiento: inglés
      
         Partes
      
      
         Recurrente: Altice Group Lux Sàrl, anteriormente New Altice Europe BV, en liquidación (representantes: R. Allendesalazar Corcho, H. Brokelmann, abogados)
      
         Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea y Consejo de la Unión Europea
      
         Pretensiones de la parte recurrente
      
      La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
      
                  —
               
               
                  Anule los artículos 1 a 4 de la Decisión de la Comisión C(2018) 2418 final de 24 de abril de 2018 por la que se impone una multa debido a que ejecutó una concentración infringiendo los artículos 4, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo (1) (asunto M.7993 — Altice/PT Portugal, procedimiento del artículo 14, apartado 2) (en lo sucesivo, «Decisión controvertida»).
               
            
                  —
               
               
                  Con carácter subsidiario, ejerza su competencia jurisdiccional plena para reducir sustancialmente las multas impuestas en los artículos 3 y 4 de la Decisión controvertida tras ser modificadas por la sentencia del Tribunal General.
               
            
                  —
               
               
                  Con carácter subsidiario de segundo grado, que devuelva el asunto al Tribunal General para que este resuelva, vinculado por los fundamentos jurídicos de la resolución del Tribunal de Justicia.
               
            
                  —
               
               
                  Condene a la Comisión a cargar con las costas de la recurrente, tanto las correspondientes al procedimiento de casación como las correspondientes al procedimiento ante el Tribunal General.
               
            
         Motivos y principales alegaciones
      
      Primero: La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al desestimar la alegación de ilegalidad de Altice.
      La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho y vulneró el principio de proporcionalidad y la prohibición de non bis in ídem enraizada en los principios generales comunes a los sistemas jurídicos de los Estados miembros que regulan el concurso de leyes, al desestimar la alegación de ilegalidad (artículo 277 TFUE) de Altice relativa al artículo 14, apartado 2, letra a), en relación con el artículo 4, apartado 1, del Reglamento 139/2004 (Reglamento de concentraciones). No existe una «obligación de notificación» en el artículo 4, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, distinta de la «obligación de suspensión» del artículo 7, apartado 1 del Reglamento de concentraciones, dado que para infringir el artículo 4, apartado 1 se exige necesariamente que se haya «ejecutado» una concentración. El artículo 4, apartado 1 y la primera parte del artículo 7, apartado 1, resultan aplicables al mismo comportamiento y persiguen el mismo interés jurídico. La posibilidad de imponer dos sanciones acumulativas con arreglo a las letras a) y b) del artículo 14, apartado 2, del Reglamento de concentraciones vulnera por tanto los mencionados principios generales del Derecho de la UE.
      Segundo: La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al desestimar que, al imponer dos multas acumulativas por la misma conducta, la Decisión controvertida vulneró los principios de proporcionalidad y de prohibición de non bis in ídem.
      La jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que, cuando el principio de non bis in ídem no impida la imposición a una empresa de dos sanciones en una única decisión por los mismos hechos, la autoridad «debe cerciorarse de que las multas, consideradas conjuntamente, son proporcionadas a la naturaleza de la infracción». La sentencia recurrida no respeta esa obligación. Solo una multa impuesta con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra b), del Reglamento de concentraciones por infringir el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones puede ser compatible con el requisito de proporcionalidad. La segunda multa impuesta con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra a), del Reglamento de concentraciones es, por definición, excesiva y por ello desproporcionada y también contraria a la prohibición de non bis in ídem enraizada en los principios generales comunes a los sistemas jurídicos de los Estados miembros que regulan el concurso de leyes.
      Tercer motivo: La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al interpretar el concepto de «ejecución» recogido en los artículos 4, apartado 1 y 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones.
      Al sostener que la «posibilidad de ejercer una influencia decisiva» corresponde ya a la ejecución de una concentración, la sentencia recurrida incurrió en error de Derecho ya que confunde los conceptos de «concentración» y de «ejecución», y se basa en una interpretación incorrecta de la sentencia de 31 de mayo de 2018 dictada en el asunto C-633/16, Ernst&Young, que clarificó que las operaciones que no son necesarias para llevar a cabo un cambio de control no están comprendidas en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, dado que no presentan una relación funcional con su ejecución.
      Cuarto motivo: La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al interpretar el concepto de «derecho de veto» a efectos de los artículos 3, apartado 2, 4, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones o, subsidiariamente distorsionó el acuerdo de compraventa de acciones al interpretar que confería «derechos de veto».
      Asumiendo, aunque no sea el caso, que la mera «posibilidad de ejercer una influencia decisiva» supone la «ejecución» de una concentración, el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de concentraciones exige un cambio duradero de control como resultado de medios que otorguen «derechos de veto sobre decisiones estratégicas de negocio», es decir, la «facultad de bloquear» el comportamiento estratégico de una empresa. La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al extender el concepto de «derechos de veto» a situaciones que no confieren la facultad de bloquear decisiones estratégicas. Subsidiariamente, la sentencia recurrida distorsionó el contrato de compraventa de acciones al interpretar que sus acuerdos precontractuales otorgaban «derechos de veto» sobre Altice.
      Quinto motivo: El Tribunal General incurrió en error de Derecho al concluir que los intercambios de información equivalen a la «ejecución» de una concentración en el sentido de los artículos 4, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones.
      La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al considerar que los intercambios de información en el contexto de una concentración están comprendidos en los artículos 4, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, cuando el artículo 101 TFUE y el Reglamento (CE) n.o 1/2003 (2) presuponen que se trata de un mecanismo expost. Lo anterior contradice la sentencia dictada en el asunto C-633/16 y reduciría el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1/2003. La sentencia recurrida distorsiona también la Decisión controvertida al declarar que esta interpreta que los intercambios de información no vulneraron por si mismos los artículos 4, apartado 1, y 7, apartado 1, del Reglamento de concentraciones, sino que simplemente «contribuyeron» a demostrar el incumplimiento.
      Sexto: El Tribunal General incurrió en error de Derecho al desestimar las alegaciones de Altice relativas a la ilegalidad y falta de proporcionalidad de las multas.
      La sentencia recurrida incurrió en error de Derecho al considerar que Altice fue negligente. Además, la cuantía de las multas que se deriva de la sentencia recurrida no solo es inadecuada, sino también excesiva hasta el punto de resultar desproporcionada. Por ello, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al no reducir sustancialmente la cuantía de las multas en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena.
      
         (1)  Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (Reglamento comunitario de concentraciones) (DO 2004, L 24, p. 1).
      
         (2)  Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO 2003, L 1, p. 1).