CELEX: C2006/261/08
Language: es
Date: 2006-10-28 00:00:00
Title: Asunto C-125/05: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — VW Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S (Competencia — Acuerdo de distribución de vehículos automóviles — Exención por categoría — Reglamento (CE) n o  1475/95 — Artículo 5, apartado 3 — Resolución por el proveedor — Entrada en vigor del Reglamento (CE) n o  1400/2002 — Necesidad de reorganizar la red de distribución — Plazo de preaviso — Motivación — Carga de la prueba)

28.10.2006   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 261/5
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 7 de septiembre de 2006 (petición de decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret — Dinamarca) — VW Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S/Skandinavisk Motor Co. A/S
   (Asunto C-125/05) (1)
   
   (Competencia - Acuerdo de distribución de vehículos automóviles - Exención por categoría - Reglamento (CE) no 1475/95 - Artículo 5, apartado 3 - Resolución por el proveedor - Entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1400/2002 - Necesidad de reorganizar la red de distribución - Plazo de preaviso - Motivación - Carga de la prueba)
   (2006/C 261/08)
   Lengua de procedimiento: danés
   Órgano jurisdiccional remitente
   Østre Landsret
   Partes en el procedimiento principal
   
      Demandantes: VW-Audi Forhandlerforeningen, en representación de Vulcan Silkeborg A/S
   
      Demandada: Skandinavisk Motor Co. A/S
   Objeto
   Petición de decisión Prejudicial — Østre Landsret — Interpretación del artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de posventa de vehículos automóviles (DO L 145, p. 25) — Resolución del contrato por el proveedor en caso de que resulte necesario reorganizar toda la red o una parte sustancial de la misma — Obligación de motivación y alcance de tal obligación
   Fallo
   El artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y de servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, debe interpretarse en el sentido de que:
   
               —
            
            
               La existencia de la «necesidad de reorganizar una parte sustancial o la totalidad de la red» presupone una modificación significativa, tanto desde una perspectiva material como geográfica, de las estructuras de distribución del proveedor de que se trate, modificación que debe justificarse de modo plausible por motivos de eficacia económica basados en circunstancias objetivas internas o externas a la empresa del proveedor, las cuales, habida cuenta del entorno competitivo en el que opera este último y a falta de una rápida reorganización de la red de distribución del mismo, podrían perjudicar a la eficacia de las estructuras existentes de dicha red. A este respecto, son pertinentes las posibles consecuencias económicas desfavorables que un proveedor podría sufrir en el supuesto de que resolviera el acuerdo de distribución con un preaviso de dos años. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar, en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen, si se cumplen estos requisitos.
            
         
               —
            
            
               Cuando un distribuidor impugna ante los órganos jurisdiccionales nacionales o ante los órganos de arbitraje la legalidad de una resolución con un preaviso de un año, incumbe al proveedor probar que se han cumplido los requisitos establecidos en esta disposición para la aplicación del derecho de resolución con un preaviso de un año. Las modalidades de aportación de esta prueba están reguladas por el Derecho nacional.
            
         
               —
            
            
               No impone al proveedor que resuelve un acuerdo de distribución con arreglo a esta disposición la obligación de motivar formalmente la decisión de resolución ni la de elaborar, con anterioridad a ésta, un plan de reorganización.
            
         
               —
            
            
               La entrada en vigor del Reglamento (CE) no 1400/2002 de la Comisión, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, no hizo necesario, por sí sola, que se reorganizara la red de distribución de un proveedor en el sentido del artículo 5, apartado 3, párrafo primero, primer guión, del Reglamento no 1475/95. Sin embargo, en función de la organización específica de la red de distribución de cada proveedor, esta entrada en vigor pudo hacer necesario que se introdujeran unos cambios de tal importancia que constituyen una verdadera reorganización de esta red en el sentido de la referida disposición. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales y a los órganos de arbitraje apreciar si éste es el caso en función del conjunto de elementos concretos del litigio del que conocen.
            
         
      (1)  DO C 143 de 11.6.2005.