CELEX: 61993CC0317
Language: es
Date: 1995-05-31 00:00:00
Title: Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 31 de mayo de 1995. # Inge Nolte contra Landesversicherungsanstalt Hannover. # Petición de decisión prejudicial: Sozialgericht Hannover - Alemania. # Igualdad de trato entre hombes y mujeres en materia de Seguridad Social- Apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE - Exclusión de los empleos menores del seguro de invalidez y vejez obligatorio. # Asunto C-317/93.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERALSR. PHILIPPE LEGER presentadas el 31 de mayo de 1995  (1)
         Asunto C-317/93Inge NoltecontraLandesversicherungsanstalt Hannover(Petición de decisión prejudicialplanteada por el Sozialgericht Hannover)Asunto C-444/93Ursula Megner y Hildegard ScheffelcontraInnungskrankenkasse Vorderpfalz,actualmente Innungskrankenkasse Rheinhessen-Pfalz(Petición de decisión prejudicialplanteada por el Sozialgericht Speyer)
            «Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social – Apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE – Exclusión de los empleos menores del seguro de invalidez y vejez obligatorio»
            
      
         
       1. Los presentes asuntos prejudiciales se refieren a la interpretación del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE
      del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres
      y mujeres en materia de Seguridad Social  
      
         			(2)
         		 (en lo sucesivo,  
      Directiva). Se pide a este Tribunal esencialmente que se pronuncie sobre la aplicación de dicho principio a una legislación nacional
      (alemana) que excluye del seguro obligatorio de invalidez y vejez, del seguro de enfermedad y de la obligación de cotizar
      al seguro de desempleo los empleos  
      menores (gerinfügige Beschäftigungen) o  
      de corta duración (kurzzeitige Beschäftigung).
      
       2. El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, que es objeto de la presente petición de interpretación, está redactado en los
      términos siguientes:El principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea directa o indirectamente,
      en especial con relación al estado matrimonial o familiar, particularmente en lo relativo a:
      
      
      ─
          el ámbito de aplicación de los regímenes y las condiciones de acceso a los mismos, 
      
      
      
      ─
          la obligación de contribuir y el cálculo de las contribuciones, 
      
      
      
      ─
          el cálculo de las prestaciones, incluidos los aumentos debidos por cónyuge y por persona a cargo, y las condiciones de duración
         y de mantenimiento del derecho a las prestaciones.
      
      
       3. Recordemos antes brevemente las disposiciones nacionales comunes a los dos asuntos que se someten a este Tribunal.
       La legislación nacional
      
      a)
         Seguro obligatorio de invalidez y de vejez y seguro de enfermedad
       4. Según la legislación alemana, se considera que un empleo es  
      menor
         			(3)
         		 cuando la semana laboral es inferior a quince horas y el salario mensual no excede de una séptima parte del salario medio
      mensual de los asegurados del régimen legal del seguro de vejez durante el año civil de referencia.  
      
         			(4)
         		
       5. Dichos empleos no están sujetos ni al seguro obligatorio de invalidez y vejez  
      
         			(5)
         		 ni al seguro de enfermedad.  
      
         			(6)
         		 Por consiguiente, no dan lugar a cotización obligatoria.
      
      b)
         Obligación de cotizar al seguro de desempleo
       6. De igual modo, el derecho a una asignación o a una prestación por desempleo sólo existe si se ha adquirido anteriormente por
      haber ejercido una actividad sujeta a la cotización obligatoria o por haber cubierto un período asimilado.  
      
         			(7)
         		
       7. Los trabajadores que ejercen un empleo  
      menor o una actividad  
      de corta duración están exentos de la obligación de cotizar.  
      
         			(8)
         		
       8. Se considera que una actividad es de  
      corta duración cuando habitualmente se limita, por naturaleza o en virtud de un contrato de trabajo, a dieciocho horas semanales.  
      
         			(9)
         		 Contexto del asunto C-317/93, Nolte
      
       9. La Sra. Nolte, demandante en el litigio principal en el asunto C-317/93, trabajó cotizando al seguro obligatorio hasta la
      edad de treinta y cinco años, es decir, hasta 1965. A partir de dicha fecha, ya no ejerció actividades sujetas al régimen
      legal de Seguridad Social y, por tanto, tampoco abonó las cotizaciones obligatorias. El último que ocupó fue un empleo  
      menor (agente de mantenimiento), de 1977 a marzo de 1987, a razón de diez horas por semana, sin alcanzar nunca el límite máximo
      de retribución previsto para la exención del seguro de vejez.Sufrió una grave enfermedad en junio de 1988 que le impidió ejercer en lo sucesivo cualquier actividad retribuida regular.
      Solicitó la concesión de una pensión de invalidez en noviembre de 1988. Su solicitud fue desestimada por la Landesversicherungsanstalt
      Hannover, demandada en el litigio principal, por no reunir los requisitos de concesión exigidos por el Código de Seguros.
       
      
         			(10)
         		
       10. El Sozialgericht Hannover, al que acudió la Sra. Nolte, estima que la exclusión de los empleos  
      menores del seguro obligatorio constituye una discriminación indirecta, contraria al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, y
      que la demandada en el litigio principal debe ser tratada como si su salario tuviera que dar lugar al pago de cotizaciones
      al seguro de vejez.  
      
         			(11)
         		
       11. Dicho órgano jurisdiccional decidió entonces suspender el procedimiento y plantear a este Tribunal, con carácter prejudicial,
      las cuestiones siguientes:
       1)Una normativa nacional que excluye los empleos cuya semana laboral sea inferior a quince horas y cuya retribución no exceda
      de una séptima parte del salario medio mensual del régimen general del seguro de pensiones (número 1 del apartado 1 del artículo
      8 del SGB IV y número 1 de la primera frase del apartado 2 del artículo 5 del SGB VI), ¿constituye una discriminación por
      razón del sexo contraria al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE, cuando dicha normativa afecta a muchas más
      mujeres que a hombres? 
      
       2)En caso de que se responda afirmativamente a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva
      79/7/CEE en el sentido de que también se cumplen los requisitos para causar el derecho a percibir una pensión de invalidez
      (número 2 del apartado 1 del artículo 44 del SGB VI) aunque no se hayan cubierto períodos de cotización obligatoria, cuando
      en los cinco años inmediatamente anteriores al comienzo de la invalidez se haya desempeñado durante al menos tres años una
      actividad que, de conformidad con el Derecho nacional, no está sujeta a la afiliación obligatoria a la Seguridad Social, cuya
      semana laboral es inferior a quince horas, y que no supera el límite máximo de ingresos, previsto, cuando la exclusión de
      las prestaciones en esta modalidad de trabajo a tiempo parcial afecta a muchas más mujeres que a hombres?
      
       Contexto del asunto C-444/93, Megner y Scheffel
      
       12. Las Sras. Megner y Scheffel, demandantes en el litigio principal en el asunto C-444/93, son limpiadoras empleadas por la sociedad
      G.F Hehl & Co., parte coadyuvante en el litigio principal en el presente asunto. Su horario normal de trabajo es de dos horas
      como máximo por día laborable, cinco días por semana. Su retribución está en función del Convenio Colectivo de los empleados
      de limpieza de edificios y no excede, al mes, de una séptima parte de la base mensual de referencia correspondiente, contemplada
      en el artículo 18 del SGB IV.Solicitaron a la Innungskrankenkasse Vorderpfalz (organismo de recaudación de la cotización global de la Seguridad Social),
      parte demandada en el litigio principal, que reconociera su obligación de afiliarse al régimen legal del seguro de enfermedad
      y del seguro de invalidez y de vejez, así como su obligación de cotizar al régimen legal del seguro de desempleo.Mediante escrito de 6 de marzo de 1992, la demandada en el litigio principal se negó a reconocer que fueran actividades por
      cuenta ajena sujetas al seguro obligatorio.
      
       13. Las demandantes en el litigio principal interpusieron entonces un recurso ante el Sozialgericht Speyer que tenía por objeto
      que se declarara que sus actividades estaban sujetas al seguro obligatorio con arreglo a dichos regímenes. En efecto, estiman
      que las disposiciones nacionales relativas a la exención del seguro o de la cotización infringen el Derecho comunitario en
      la medida en que constituyen una discriminación indirecta de la mujeres.
      
       14. En estas circunstancias, el Sozialgericht Speyer planteó a este Tribunal la cuestión siguiente:¿Procede interpretar el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación
      progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social [...] en el sentido de
      que una normativa nacional que excluye las actividades por cuenta ajena de habitualmente menos de quince horas semanales y
      con una retribución habitual que no excede de la séptima parte de la base mensual de referencia (artículo 18 del Libro IV
      del Sozialgesetzbuch ─ SGB IV) de la afiliación obligatoria a los regímenes generales del seguro de enfermedad y del seguro
      de vejez (artículo 7 del Libro V del Sozialgesetzbuch ─ SGB V; número 1 del apartado 2 del artículo 5 del Libro VI del Sozialgesetzbuch;
      número 1 del apartado 1 del artículo 8 del SGB IV), así como una normativa nacional que excluye las actividades por cuenta
      ajena habitualmente limitadas, por su naturaleza, o en virtud de un contrato laboral anterior, a menos de dieciocho horas
      semanales, de la cotización obligatoria al seguro legal de desempleo (apartado 1 del artículo 169 a y apartado 1 del artículo
      102 de la Arbeitsförderungsgesetz ─ AFG), constituyen una discriminación por razón del sexo, cuando dichas disposiciones afectan
      a un número considerablemente mayor de mujeres que de hombres y dicha discriminación no está justificada por factores objetivos
      ajenos a la discriminación por razón del sexo?.
       Observación preliminar
      
       15. La Comisión señala en sus observaciones  
      
         			(12)
         		 que ya se había preocupado por la compatibilidad de la legislación controvertida con el principio de igualdad de trato entre
      los sexos. El distrito de Baja Sajonia de la Deutscher Gewerkschaftsbund (Confederación alemana de sindicatos) le formuló
      una queja relativa a la exclusión de las personas que ejercen una actividad  
      menor del régimen de Seguridad Social y en 1992 pidió al Gobierno alemán que definiera su postura al respecto, con el fin de apreciar
      la oportunidad de la interposición de un recurso ante este Tribunal sobre la base del artículo 169 del Tratado CEE. El Gobierno
      alemán respondió, pero la Comisión no ha adoptado ninguna decisión concreta hasta el momento.
      
       16. Examinaré en primer lugar la cuestión común a ambos asuntos antes de responder a la segunda cuestión suscitada en el asunto
      Nolte. ¿Constituye la legislación alemana de que se trata una discriminación por razón del sexo, contraria al apartado 1 del artículo
         4 de la Directiva? 
      
       17. Sin perjuicio de limitarse exclusivamente al seguro de invalidez y de vejez en el asunto Nolte, la cuestión central a la que
      se enfrenta este Tribunal es idéntica en los dos asuntos: la legislación alemana que excluye los empleos de prestaciones reducidas
      de la posibilidad de acogerse a los distintos seguros sociales legales, ¿constituye una discriminación por razón del sexo,
      contraria al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva?
      
       18. Recordemos, y ya no volveremos sobre esta cuestión, que a partir de la sentencia de 4 de diciembre de 1986, Federatie Nederlandse
      Vakbeweging, 
      
         			(13)
         		 confirmada en diversas ocasiones, este Tribunal reconoce efecto directo a dicho artículo, que puede invocarse para excluir
      la aplicación de cualquier disposición nacional no conforme a partir del 23 de diciembre de 1984. 
      
         			(14)
         		
       19. La Directiva se aplica tanto a las discriminaciones  
       directas,  como a las discriminaciones  
       indirectas. Una discriminación directa se caracteriza por una situación claramente discriminatoria contra personas de un determinado sexo.
      Si bien no hay la menor duda de que en este caso no nos encontramos en dicho supuesto, no puede, en cambio, excluirse la existencia
      de una discriminación indirecta.En efecto, dicha discriminación se presume  
      [...] cuando una medida, aparentemente neutra, de hecho afecta, de manera preponderante, a los trabajadores de un determinado
      sexo, sin que haya que probar la intención discriminatoria.  
      
         			(15)
         		
       20. Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal que hay discriminación indirecta, contraria al principio de igualdad de trato,
      cuando una situación desventajosa, con arreglo a criterios no basados en el sexo, afecta a un número considerablemente superior
      de mujeres que de hombres, a menos que se demuestre que aquélla se explica por factores objetivamente justificados y ajenos
      a toda discriminación basada en el sexo.Dicha jurisprudencia se aplica tanto en materia de retribución  
      
         			(16)
         		 como en materia de Seguridad Social.  
      
         			(17)
         		 Es igualmente aplicable tanto si la discriminación deriva de un acuerdo de empresa,  
      
         			(18)
         		 como de un convenio colectivo  
      
         			(19)
         		 o de una disposición legislativa.  
      
         			(20)
         		
       21. Con arreglo a esta jurisprudencia, la legislación alemana sólo podrá considerarse discriminatoria si da lugar a  
       desventajas,  si dichas desventajas afectan  
       claramente a más mujeres que a hombres  y si  
       no puede justificarse  por factores objetivos y ajenos a toda discriminación basada en el sexo.
      
       22. Por consiguiente, examinaré estos distintos extremos, no sin comprobar previamente la aplicabilidad de la Directiva al caso
      de autos, ya que  
      de la lógica interna de la Directiva se deduce que el artículo 4, que define el alcance del principio de la igualdad de trato,
      sólo se aplica en los ámbitos de aplicación personal y material de ésta. 
      
         			(21)
         		 Sobre el ámbito de aplicación de la Directiva
      
       23. No hay la menor duda de que, en estos dos asuntos, nos encontramos efectivamente dentro del  
       ámbito de aplicación material  de la Directiva, tal como se define en el apartado 1 del artículo 3. Entre los riesgos enumerados por dicho artículo, a los
      que la Directiva es aplicable, figuran en efecto los de invalidez, vejez, enfermedad y desempleo.Recordemos también que este Tribunal interpreta en sentido amplio los términos de dicha disposición, considerando que se refiere
      a toda prestación que forme parte de uno de los regímenes legales previstos o de una disposición relativa a la ayuda social
      destinada a completar dicho régimen o a suplirlo.  
      
         			(22)
         		
       24. En cambio, la cuestión de si en este caso nos encontramos efectivamente dentro del  
       ámbito de aplicación subjetivo  de la Directiva es más delicada. No obstante, el artículo 2 da de él una definición muy amplia, que incluye prácticamente
      a toda  
      [...] la población activa, incluidos los trabajadores independientes, los trabajadores cuya actividad se vea interrumpida
      por enfermedad, accidente o paro involuntario, a las personas que busquen empleo, así como a los jubilados y a los trabajadores
      inválidos.En definitiva se refiere, como señalan el Abogado General Sr. Darmon y el Sr. Huglo, a:  
      
         			(23)
         		
      
      ─
          los trabajadores; 
      
      
      
      ─
          quienes desean acceder al mercado de trabajo y por tanto están, en su caso, inscritos en los distintos organismos encargados
         de facilitar la búsqueda de un empleo; 
      
      
      
      ─
          quienes han dejado su trabajo por haber sobrevenido uno de los riesgos mencionados (en el texto)
      . 
      
       25. Habida cuenta de la cantidad de personas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, no cabe negar que los trabajadores
      que ejercen una actividad  
      menor o  
      de corta duración en Alemania sí que forman parte de la  
      población activa con arreglo a la Directiva.
      
       26. En primer lugar, creo efectivamente que el mero hecho de que ejerzan su actividad profesional, respectivamente menos de quince
      y dieciocho horas a la semana, no es suficiente para denegarles dicha pertenencia. 
      
         			(24)
         		
       27. Por otra parte, este Tribunal ya ha reconocido la calidad de trabajador que forma parte de la población activa a personas
      que ejercen un empleo de muy pocas horas semanales.
      
       28. Así, este Tribunal ha considerado contraria al artículo 119 del Tratado CEE la legislación alemana que excluye del mantenimiento
      de la retribución, en caso de enfermedad, a los trabajadores que normalmente no trabajan más de  
       diez horas a la semana o cuarenta y cinco horas al mes. 
         			(25)
         		
       29. De igual modo, este Tribunal ha considerado que el artículo 48 del Tratado CEE se aplica a un nacional de un Estado miembro
      que ejerce en territorio de otro Estado miembro una actividad por cuenta ajena de la que obtiene  
       ingresos inferiores al mínimo vital,  tal como este último Estado lo comprende,  
      
         			(26)
         		 o que ejerce una actividad por cuenta ajena de  
       doce horas a la semana. 
         			(27)
         		
       30. Por último, este Tribunal ha considerado contraria al apartado 1 del artículo 4 de la Directiva una disposición de la legislación
      neerlandesa que establecía excepciones que excluían a los asegurados que anteriormente hubieran trabajado a tiempo parcial
      (
       dieciocho horas  a la semana en aquel caso)  
      
         			(28)
         		 de la garantía del mínimo social abonado a los asegurados que sufren una incapacidad laboral,  
      la misma exclusión [...] existe para los  
       ingresos muy bajos,  y [...] se consideran como tales los ingresos  
       inferiores a 48 veces el salario mínimo  . 
         			(29)
         		
       31. Observemos que dichas sentencias, algunas de ellas dictadas en ámbitos distintos al de los regímenes legales de Seguridad
      Social que nos ocupa, no se vinculan al ámbito de que tratan para reconocer la calidad de  
      trabajador o de miembro de la  
      población activa. En efecto, el reconocimiento se lleva a cabo únicamente en relación con el principio de igualdad de sexo entre los trabajadores
      que, aunque  
      [...] no es objeto de una norma general de Tratado, [...] se ha desarrollado en varios instrumentos jurídicos sucesivos:  
      
         			(30)
         		 igualdad de retribución (artículo 119 del Tratado CE y Directiva 75/117/CEE), acceso al empleo, a la formación y a la promoción
      profesionales, y a las condiciones de trabajo (Directiva 76/207/CEE), actividad independiente (Directiva 86/613/CEE), Seguridad
      Social (Directivas 79/7/CEE y 86/378/CEE).
      
       32. Por tanto, poco importan las materias en las que se han dictado las citadas sentencias: son absolutamente extrapolables al
      caso de autos, ya que el ámbito de aplicación  
       ratione personae  de la Directiva debe definirse en relación con el principio de igualdad de trato.Además, es la idea subyacente al razonamiento de este Tribunal cuando declaró, refiriéndose  
      [...] al objetivo del Derecho comunitario y al texto de las demás disposiciones en el marco de las cuales se integra la Directiva
      79/7:[...] el artículo 119 del Tratado CEE, así como la Directiva 75/117 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación
      de las legislaciones de los Estados miembros, que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre
      los trabajadores masculinos y femeninos [...] y la Directiva 76/207 del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación
      del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
      promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo [...],  
       tienden a realizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres, no de un modo general, sino únicamente en su calidad de trabajadores  .  
      
         			(31)
         		
       33. En segundo lugar, el hecho de que en el caso de autos la legislación alemana no reconozca a las personas que ejercen una actividad
       
      menor la calidad de trabajadores, tampoco es pertinente. En efecto, este Tribunal considera que el concepto de  
      trabajador no puede definirse remitiéndose a las legislaciones de los Estados miembros, sino que, por el contrario, tiene un  
       alcance comunitario.  
      
         			(32)
         		
       34. Por tanto, debe considerarse generalmente que las personas que ejercen una actividad  
      menor o de  
      corta duración sí que forman parte de la  
      población activa y, por tanto, están comprendidas dentro del ámbito de aplicación  
       ratione personae  de la Directiva.
      
       35. No obstante, formularé una reserva: en el asunto Nolte, no es seguro que la Directiva sea aplicable a la demandante en el
      litigio principal.
      
       36. En efecto, esta última sí que ejerció una actividad  
      menor, pero la abandonó, sin que se sepa la razón, mucho antes de solicitar la prestación por invalidez y vejez. Ahora bien, de
      la sentencia de este Tribunal Achterberg-te Riele y otros  
      
         			(33)
         		 se desprende que solamente la persona que  
       en el momento del advenimiento de uno de los riesgos mencionados en el artículo 3 de la Directiva  (enfermedad, invalidez, vejez [...]) fuera  
       efectivamente  miembro de la población activa está comprendida en el ámbito de aplicación subjetivo de la Directiva. En otras palabras,
      la Directiva no se aplica ni a  
      [...]  
       personas que nunca fueron demandantes de empleo  (ni a aquellas) que han  
       dejado de serlo, sin que la causa se deba a la aparición de una de las contingencias mencionadas en la Directiva  .  
      
         			(34)
         		
       37. Ahora bien, es precisamente este último supuesto el que este Tribunal debe relacionar con la situación de la Sra. Nolte. En
      efecto, si bien ha sufrido efectivamente uno de los riesgos mencionados (invalidez), no interrumpió su actividad  
       a causa  del advenimiento de dicho riesgo. De hecho, el diagnóstico médico que reveló su invalidez no se realizó hasta más de un año
      después de dicha interrupción.
      
       38. Así pues, la demandante en el litigio principal se encuentra fuera del ámbito de aplicación subjetivo de la Directiva y, por
      tanto, en principio, no puede invocar su artículo 4.  
      
         			(35)
         		
       39. No obstante, hay que matizar esta última afirmación.
      
       40. En efecto, no dispongo de información relativa a la actitud de la demandante después de que dejara su último empleo, en particular,
      sobre la cuestión de si, a partir de dicha fecha, buscaba un nuevo empleo.Sin embargo, esta precisión es importante.En efecto, se desprende de la sentencia Johnson  
      
         			(36)
         		 que, si la demandante hubiera buscado un nuevo empleo, volvería a estar comprendida dentro del ámbito de aplicación de la
      Directiva,  
      [...] sin que proceda hacer distinciones según el motivo por el que esa persona dejó [su] empleo anterior.  
      
         			(37)
         		
       41. Así, para comprobar la aplicabilidad  
       ratione personae,  de la Directiva al caso de autos, corresponde por tanto al Juez nacional tomar en consideración los indicios que permiten
      probar la búsqueda efectiva de un empleo, como  
      [...] la inscripción en un organismo de empleo encargado de buscar las ofertas de empleo o de ayudar a los demandantes de
      empleo en sus gestiones, [las] cartas de candidatura enviadas por el interesado a empresarios, o [los] escritos de empresas
      en los que se certifica que el interesado se presentó a entrevistas para su contratación [...].  
      
         			(38)
         		
       42. Por consiguiente, sólo si la demandante en el litigio principal estaba  
       efectivamente  buscando un empleo en el momento en que solicitó la concesión de la pensión de invalidez y vejez puede invocar el apartado
      1 del artículo 4 de la Directiva. La detección de una situación discriminatoria está, por tanto, subordinada a este último
      requisito. Me limitaré a decir que ningún elemento de los autos me permite suponerlo demostrado. En aras de la claridad del
      razonamiento en el examen de las cuestiones siguientes, silenciaré no obstante mis dudas sobre la existencia de dicho elemento
      fáctico, y remito el examen minucioso al Juez nacional.
      
       43. Examinemos ahora, de conformidad con la jurisprudencia antes citada,  
      
         			(39)
         		 si la legislación controvertida da lugar a una desventaja real en perjuicio de los trabajadores afectados.
       Sobre la existencia de una desventaja
      
       44. Como señala el Gobierno del Reino Unido en sus observaciones,  
      
         			(40)
         		 la participación en un régimen de Seguridad Social contributivo cubre al asegurado contra determinados riesgos, que si se
      materializaran, le privarían de sus ingresos. Por consiguiente, privar a determinados trabajadores de la cobertura contra dichos riesgos sociales, mientras que los demás
      trabajadores se benefician de ella, parece  
       a priori  crear para éstos una desventaja clara.
      
       45. No obstante, hay que señalar que, al parecer, una buena parte de esta categoría de trabajadores tiene acceso  
       indirectamente  a un determinado número de prestaciones sociales, sin cotización previa por su parte, gracias a que miembros de su familia
      están sujetos al régimen obligatorio (éste es el caso del seguro de enfermedad y del seguro de vejez). Pero es preciso constatar
      que no  
       todos  los trabajadores  
      menores se benefician de ello: este es el caso de las personas divorciadas o solteras.De igual modo, si una persona ocupa varios empleos  
      menores, éstos se suman con el fin de comprobar si los límites relativos a la duración del trabajo semanal y a la retribución se
      sobrepasan. Si es así, todos los empleos  
      menores ocupados por dicha persona se sujetan al seguro obligatorio de invalidez y vejez y al seguro de enfermedad. Por el contrario,
      una persona que ejerza varias actividades  
      de corta duración sólo podrá solicitar la acumulación a efectos de acogerse al seguro obligatorio en el marco del seguro de desempleo.Por último, determinadas categorías de personas que necesitan una protección particular se acogen al seguro aunque ocupen
      un empleo  
      menor (aprendices, minusválidos, etc.).
      
       46. Como vemos, no todos los trabajadores  
      menores están excluidos de las prestaciones sociales controvertidas. Pero, incluso para aquellos que pueden acogerse a dichas medidas,
      el acceso es más difícil, o al menos, menos directo que para los demás trabajadores. En cambio, el acceso generalizado a estos
      distintos seguros sociales permitiría al  
       conjunto  de estos trabajadores poder invocar derechos  
       generales  a prestaciones sociales.
      
       47. ¿Pero pondría esto fin a las desventajas? Acogerse a estas distintas coberturas sociales tendría como contrapartida el pago
      de cotizaciones.  
      
         			(41)
         		 Ahora bien, cabe preguntarse si beneficiarse de dichas prestaciones perdería todo interés habida cuenta del importe de dichas
      cotizaciones. En efecto, las personas afectadas, aunque ya perciben ingresos bajos porque trabajan pocas horas, verían su
      retribución reducida aún más por las retenciones efectuadas. La situación no sería distinta si las retenciones estuvieran
      a cargo del empresario (como suele ser el caso en Alemania): en efecto, podría entonces temerse que este último repercutiera
      dicho  
      coste adicional en los salarios disminuyéndolos, o que el resultado fuese la desaparición de las ofertas de empleo de este tipo.
      
       48. En cambio, la alegación formulada por el Gobierno alemán, según la cual no existe desventaja en la medida en que las personas
      afectadas están aseguradas por otros medios y, por tanto, no necesitan una protección directa, no puede admitirse. En efecto,
      aunque la mayoría de las personas afectadas gocen indirectamente de una cobertura social, ¿qué ocurre con la minoría restante?
      Una disposición conserva en todo caso su carácter desventajoso aunque sólo afecte a una proporción mínima de personas.
      
       49. Estos múltiples interrogantes acentúan la complejidad de este extremo. No obstante, hay un argumento que me parece determinante.
      La legislación alemana prevé efectivamente la obligación de una categoría de personas que ejercen un empleo  
      menor de asegurarse contra la invalidez y la vejez: se trata de las personas que necesitan una  
      protección particular, como los aprendices, los minusválidos, etc. Al hacer esto, el legislador nacional admite que no estar asegurado constituye
      una desventaja. Ahora bien, no veo por qué dicha legislación sería desventajosa sólo para dichas personas.
      
       50. Por último, señalemos que se restablecería un cierto equilibrio si las personas excluidas de los seguros sociales pudieran
      optar por una afiliación  
       voluntaria  a un régimen legal. Ahora bien, según el representante del Gobierno alemán en la vista, esta posibilidad de seguro voluntario
      sólo existe en el marco de seguro de vejez y está excluida en el seguro de enfermedad o de desempleo.
      
       51. Por consiguiente, hay que concluir con carácter general que dicha legislación es desventajosa para el conjunto de los trabajadores
       
      menores o que ejercen una actividad  
      de corta duración.
      
       52. Dicha desventaja, ¿afecta más a las mujeres que a los hombres?
       Sobre la existencia de una desventaja que afecta a muchas más mujeres que a hombres
      
       53. El examen de  
      estadísticas significativas
         			(42)
         		 debe permitir determinar si los empleos de que se trata son mayoritariamente ocupados por mujeres. La  
      batalla de cifras a la que se dedicaron las partes durante la vista impide, por desgracia, extraer una conclusión definitiva. Se presentaron
      en particular dos estudios estadísticos: según uno, la proporción de mujeres entre las personas que ejercen tal actividad
      alcanza casi el 75 %, mientras que, según el otro, dicha proporción sólo sería del 60 %.  
      
         			(43)
         		
       54. Por tanto, hay que remitir al órgano jurisdiccional nacional la tarea de demostrar la realidad de dicho elemento fáctico.
      
       55. No obstante, formularé algunas observaciones.
      
       56. En primer lugar, las estadísticas que la Comisión presentó ante este Tribunal en el asunto Rinner-Kühn  
      
         			(44)
         		 no son pertinentes en el caso de autos. En efecto, son el resultado de un estudio relativo al trabajo  
       a tiempo parcial.  Pero no cabe asimilar el trabajo  
      menor al trabajo a tiempo parcial, ya que el primero sólo es una parte del segundo, que cubre supuestos muchos más amplios. Como
      máximo dicho estudio podrá servir de  
      indicio al órgano jurisdiccional nacional para detectar una situación que es más desventajosa particularmente para las mujeres.
      
       57. En segundo lugar, recordemos que para presumirse discriminatoria, la medida debe afectar  
      [...] a un número mucho más elevado de mujeres que de hombres [...],  
      
         			(45)
         		 o a un  
      [...] porcentaje considerablemente inferior de hombres que de mujeres [...],  
      
         			(46)
         		 o a  
      [...] un porcentaje muy superior de mujeres que de hombres [...].  
      
         			(47)
         		
       58. La proporción de mujeres afectadas por dicha medida debe, por tanto, ser particularmente notoria. Así, en la citada sentencia
      Rinner-Kühn, este Tribunal presumió la existencia de una situación discriminatoria cuando el porcentaje de mujeres alcanzaba
      el  
       89 %. Por tanto, en el caso de autos, en sí mismo, el porcentaje del 60 % que arroja uno de los estudios parecería, con toda probabilidad
      absolutamente insuficiente para hacer presumir una discriminación.
      
       59. Pero, ¿no sería preciso que el Juez nacional tomara en consideración las  
       perspectivas de evolución futura?  Así, si en 1992, el porcentaje era del 60 %, ya señala una clara evolución en relación con la situación anterior: un estudio
      del mismo instituto de sondeos reveló que dicho porcentaje sólo era del 55 % en 1987. Por tanto, cabe pensar que la situación
      afecta cada vez a más mujeres que a hombres, lo que, por otra parte, confirmó en la vista el representante del Gobierno alemán.
      El órgano jurisdiccional nacional podría pues considerar que, si la evolución iniciada prosigue, pronto será un  
      número mucho más elevado de mujeres que de hombres el que se verá desfavorecido por la legislación controvertida.
      
       60. Por último señalemos que, al margen de los datos estadísticos, es probable,  
       desde un punto de vista sociológico,  que un número considerablemente superior de mujeres que de hombres se vea particularmente afectado por actividades de prestaciones
      reducidas.
      
       61. En todo caso, y señalando una vez más que corresponde al órgano jurisdiccional nacional resolver dicha cuestión, me limitaré
      a destacar que las cuestiones se plantean a este Tribunal en un supuesto en que la normativa controvertida  
      [...] afecta a muchas más mujeres que a hombres o  
      [...] afecta claramente a más mujeres que a hombres. Mi razonamiento partirá de esta hipótesis, presumiendo, por tanto, que la legislación controvertida se aplica mucho más
      a las mujeres que a los hombres.
      
       62. El resultado de estas primeras evoluciones, que revelan una situación desfavorable que afecta a un número considerablemente
      mayor de mujeres que de hombres, deja presumir la existencia de una discriminación basada en el sexo, contraria al apartado
      1 del artículo 4 de la Directiva. Pero, para confirmar esta presunción, de nuevo corresponderá al Juez nacional verificar
      que dicha diferencia de trato no se explica por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón del sexo.
       
      
         			(48)
         		
       63. Por tanto, pasemos a buscar tales factores.
       Sobre la existencia de una justificación objetiva
      
       64. Este Tribunal opera una inversión de la carga de la prueba en este ámbito. En efecto, corresponde al autor de la medida presuntamente
      discriminatoria aportar los elementos de apreciación que demuestren que ésta se inspira en razones objetivamente justificadas,
      ajenas a cualquier idea discriminatoria.  
      
         			(49)
         		 Dado que la medida controvertida en el caso de autos es de origen legislativo, la carga de la prueba, recae sobre el Gobierno
      alemán.
      
       65. La tarea de apreciar si los motivos expuestos son suficientes para privar de carácter discriminatorio a la disposición controvertida
      corresponde al órgano jurisdiccional nacional  
      [...] que es el único competente para apreciar los hechos e interpretar la legislación nacional [...].  
      
         			(50)
         		
       66. No obstante, este Tribunal da a dicho Juez algunas indicaciones: los medios elegidos deben responder a una  
       verdadera necesidad,  y ser  
       aptos para alcanzar el objetivo perseguido  y  
       necesarios  para tal fin.  
      
         			(51)
         		
       67. En materia de regímenes legales de Seguridad Social, la prueba de tales justificaciones se aporta si:[el Estado miembro] pudiera demostrar que los medios elegidos responden a una exigencia de su  
       política social,  son aptos para alcanzar el objetivo perseguido por ésta y son necesarios a tal fin, el mero hecho de que el sistema de prestaciones
      favorezca a un número muy superior de trabajadores masculinos no puede reputarse como una violación del principio de igualdad
      de trato.  
      
         			(52)
         		
       68. Precisamente basándose en su política social pretende el Gobierno alemán justificar la legislación controvertida.  
      
         			(53)
         		
       69. Con carácter preliminar, hay que aclarar cierta ambigüedad causada por el Gobierno alemán y los representantes de otros Gobiernos
      durante la vista. Mediante los asuntos que se plantean hoy a este Tribunal, se le solicita que se pronuncie sobre la compatibilidad
      de una legislación social nacional con el principio de igualdad de trato. En ningún caso se trata aquí de competencia en materia
      de Seguridad Social. Ahora bien, para intentar justificar la legislación controvertida, el Gobierno alemán subraya que en
      todo caso el principio de  
       subsidiariedad  aboga por el mantenimiento de los regímenes de Seguridad Social  
      [...] que se han probado satisfactorios [...] y que se han desarrollado en el marco del orden social nacional.  
      
         			(54)
         		 No se discute que, con arreglo a los artículo 117 y ss. del Tratado CE, los Estados miembros conservan sus competencias en
      materia de Seguridad Social y, en particular, son libres de regular las condiciones de afiliación a los distintos regímenes
      de Seguridad Social. Por otra parte, este Tribunal ya ha tenido ocasión de señalarlo:Estos principios y objetivos se inscriben en el marco de una política social que, en el estado actual del Derecho comunitario,
      forma parte de las atribuciones de los Estados miembros, los cuales disponen de un margen de apreciación razonable en cuanto
      al tipo de medidas de protección social y a sus modalidades de aplicación concretas.
         			(55)
         		 Pero también ha precisado:[...] que, al fijar las condiciones de la existencia del derecho a afiliarse a un régimen de Seguridad Social,  
       los Estados miembros están obligados a respetar las disposiciones del Derecho comunitario vigentes  . 
         			(56)
         		 Ahora bien, el principio de igualdad de trato de ambos sexos, formulado en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, forma
      efectivamente parte de dichas  
      disposiciones del Derecho comunitario vigentes a las que este Tribunal se refiere.
      
       70. Por consiguiente, la competencia de que los Estados miembros disponen en materia de Seguridad Social, en virtud del Tratado
      CE, no puede en ningún caso dispensarles de la obligación de respetar dicho principio, formulado en la Directiva, al que permanecen
      sujetos:  
      [...] el Derecho comunitario no se opone a que un Estado miembro, para controlar sus gastos sociales, adopte medidas que producen
      el efecto de privar a determinados grupos de personas de prestaciones de Seguridad Social  
       siempre y cuando estas medidas respeten el principio de igualdad de trato  entre hombres y mujeres, tal y como se define en el apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7.  
      
         			(57)
         		
       71. Pasemos a las otras justificaciones expuestas por el Gobierno alemán.
      
       72. En primer lugar, la exclusión de los trabajadores  
      menores de los regímenes de Seguridad Social corresponde a un principio estructural del régimen alemán de Seguridad Social.No se discute que cada Estado miembro es libre de  
      articular su legislación social con el fin de garantizar su  
       coherencia. 
         			(58)
         		 La exclusión de una categoría de trabajadores, a partir de un determinado mínimo, del régimen social, puede insertarse en
      dicha óptica. Por otra parte, otros Estados miembros han establecido medidas similares: es el caso de Irlanda y del Reino
      Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Queda por comprobar que dicha exclusión constituye efectivamente un principio estructural
      del régimen alemán de Seguridad Social, apropiado e indispensable para garantizar la coherencia de dicho sistema.La legislación alemana también podría justificarse ─como indica la Comisión─  
      
         			(59)
         		 por la necesidad de adaptar el sistema social a la mutación de la pirámide de población, que revela un envejecimiento de
      ésta. La mayoría de los Estados miembros se enfrenta hoy a dicha evolución y cada uno de ellos busca adaptar su sistema contributivo
      en consecuencia. La exclusión del sistema social de la parte  
      menos activa de los trabajadores puede ser una de las soluciones propuestas. No obstante, se observa que no constituye un principio habitual
      en los demás Estados miembros.
      
       73. El Gobierno alemán también mantiene que incluir los trabajadores  
      menores en los regímenes sociales implicaría un desequilibrio financiero que amenazaría al conjunto del sistema.Ahora bien, este Tribunal se ha negado formalmente a reconocer que las consideraciones de orden presupuestario puedan constituir
      una justificación:[...] aunque consideraciones de índole presupuestaria puedan ser el motivo de las opciones de política social de un Estado
      miembro e influir sobre la naturaleza o el alcance de las medidas de protección social que desea adoptar, no constituyen por
      sí solas un objetivo perseguido por esta política y, por tanto,  
       no pueden justificar  una decisión en detrimento de uno de los sexos,
       y, a la inversa, ha añadido que
      [...] admitir que consideraciones de índole presupuestaria puedan justificar una diferencia de trato entre hombres y mujeres
      que, de no existir aquéllas, constituiría una discriminación indirecta por razón del sexo, prohibida por el apartado 1 del
      artículo 4 de la Directiva 79/7,  
       implicaría que la aplicación y el alcance de una norma tan fundamental del Derecho comunitario como la de igualdad entre hombres
         y mujeres podrían variar, en el tiempo y en el espacio, según la situación de las finanzas públicas de los Estados miembros. 
         			(60)
         		 Por consiguiente, dicho argumento no puede constituir una justificación objetiva.
       74. Por otra parte, el Gobierno alemán estima que las nefastas repercusiones que acarrearía la supresión de la exclusión de la
      Seguridad Social de los empleos  
      menores sobre la  
       política de empleo  justifican tales medidas.En mi opinión, este extremo merece un examen muy particular por parte del Juez nacional. No hay duda de que el sistema existente
      es muy  
      atractivo para los empresarios, dispensados de soportar las cargas sociales cuando emplean a trabajadores  
      menores. Por otra parte, este tipo de actividad atrae del 8 al 10 % (según las estimaciones de los distintos participantes en la
      vista) de los empleados alemanes. Esta proporción está lejos de ser despreciable. Por ello cabe temer que la supresión de
      la exclusión de los empleos  
      menores de la Seguridad Social surta una serie de efectos nefastos en el mercado de trabajo.Así, ¿mantendrían los empresarios tales ofertas si significaran una carga superior causada por el  
      coste de las cotizaciones a la Seguridad Social? Es poco probable. Ciertamente, podrían sustituirse por empleos a tiempo parcial,
      e incluso a tiempo completo. Pero entonces la capacidad de contratación sería muy reducida y muchas personas, hasta entonces
      parte de la población activa gracias a la ocupación de empleos  
      menores, se encontrarían excluidas de ella. En definitiva, dichas personas correrían el riesgo de encontrarse en  
       paro. También cabría temer otra consecuencia nefasta: el aumento del  
       trabajo en negro.  En efecto, una determinada parte de la población, por razones familiares principalmente, sólo está disponible en el mercado
      de trabajo muy pocas horas a la semana. Si en lo sucesivo las empresas se negaran a contratarlas por el  
      coste adicional que ello representaría, dichas personas se verían probablemente obligadas a aceptar trabajar en negro.En definitiva, el sistema actual tiene la ventaja de integrar a una determinada parte de la población en la población activa,
      que de otro modo se encontraría probablemente excluida.Este Tribunal ya ha sido sensible a este tipo de argumentos en la sentencia Kirsammer-Hack,  
      
         			(61)
         		 al considerar que está justificada objetivamente  
      [...] una legislación que [...] forma parte de un conjunto de medidas cuyo objeto es mitigar las trabas que afectan a las
      pequeñas empresas, que desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y la  
       creación de empleo   en la Comunidad.  
      
         			(62)
         		
       75. El Gobierno alemán cree poder basarse asimismo en el hecho de que otros Estados miembros también establecen un valor mínimo
      para la afiliación obligatoria a los regímenes sociales. La propia Comisión estableció dicho valor mínimo en una Propuesta
      de Directiva.  
      
         			(63)
         		 Es cierto que únicamente cuatro Derechos nacionales no establecen, en principio, ninguna exclusión de un trabajo por cuenta
      ajena de la Seguridad Social (Derechos francés, helénico, italiano y portugués). En los demás Derechos nacionales, existen
      efectivamente normas que excluyen determinados empleos de la Seguridad Social, en función de diversos criterios (duración,
      retribución percibida...).En cambio, únicamente la República Federal de Alemania, Irlanda y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte han previsto
      normas que permiten excluir de la Seguridad Social un trabajo por cuenta ajena, ejercido regularmente, pero de poca entidad.
      Por otra parte, constato que la República Federal de Alemania tiene el valor mínimo más elevado.Por tanto, no podemos generalizar y considerar que la exclusión de las personas que ejercen una actividad  
      menor del régimen de Seguridad Social constituye un principio habitual del conjunto de los regímenes de Seguridad Social de los
      Estados miembros. En todo caso, dicha constatación no puede constituir una justificación.
      
       76. Por último, y con carácter más general, el Gobierno alemán estima que  
      [...] Abolir la exención de la Seguridad Social de los pequeños empleos implicaría  
       graves problemas   en el régimen legal del seguro de vejez.  
      
         			(64)
         		 A este respecto, recordemos simplemente
       que la complejidad de ciertas situaciones en un Estado no puede alterar la naturaleza jurídica de una disposición comunitaria
      directamente aplicable y menos aún cuando el Derecho comunitario pretende tener la misma fuerza en todos los Estados miembros.  
      
         			(65)
         		 Más concretamente,No se puede invocar la pretendida complejidad de los sistemas de Seguridad Social para paralizar la aplicación del principio
      de igualdad de trato. Precisamente, la complejidad de los regímenes legales es la causa por la que la Directiva previó un
      plazo de ejecución suficientemente largo (seis años), por lo que no es legítimo que los Estados miembros invoquen tales dificultades
      para justificar la no incorporación completa y correcta del Derecho comunitario [...].  
      
         			(66)
         		 Por tanto, parece discutible que cualquier inconveniente que pueda derivar de la supresión de la norma de la exclusión de
      los empleos  
      menores del seguro de invalidez y vejez pueda considerarse como una razón objetiva que justifique la desigualdad de trato.
       77. Para terminar esta cuestión, señalemos que en todo caso corresponderá a los órganos jurisdiccionales nacionales tomar en consideración
      las alegaciones expuestas anteriormente con el fin de determinar si puede justificarse la legislación controvertida por factores
      objetivos ajenos a una discriminación por razón del sexo.
      
       78. A raíz de lo expuesto y habida cuenta de los diversos extremos que han permanecido en suspenso y de que los jueces nacionales
      deberán resolver, propongo que este Tribunal responda afirmativamente a la cuestión común a ambos asuntos, sin perjuicio de
      la aplicabilidad de la Directiva a la demandante en el litigio principal del asunto Nolte, pero siempre y cuando las disposiciones
      nacionales afecten a muchas más mujeres que a hombres, a menos que la República Federal de Alemania pueda aportar la prueba
      de que dicha legislación se justifica por factores objetivos, ajenos a cualquier discriminación por razón del sexo.
      
       79. Pasemos a la segunda cuestión suscitada en el asunto Nolte. En el caso de que la legislación controvertida se declare discriminatoria y contraria por ello al apartado 1 del artículo
         4 de la Directiva, ¿se causa derecho a percibir una pensión de invalidez, aunque no se hayan cubierto períodos de cotización
         obligatoria? 
      
       80. Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente solicita a este Tribunal que precise las consecuencias que
      una respuesta afirmativa a la primera cuestión acarrearía para las personas afectadas.
      
       81. Sólo presento mis observaciones al respecto con carácter subsidiario, en la medida en que la Sra. Nolte parece excluida del
      ámbito de aplicación de la Directiva.  
      
         			(67)
         		
       82. Además, me limitaré a recordar que, a falta de justificaciones objetivas, la demandante en el litigio principal tiene derecho
      a que se aplique el mismo régimen que a los demás trabajadores que se encuentran en la misma situación,  
      [...] régimen que, a falta de aplicación de [la] Directiva, sigue siendo el único sistema válido de referencia.  
      
         			(68)
         		
       83. Por consiguiente, hay que concluir que, en caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, la demandante en el litigio
      principal, al igual que los demás trabajadores  
      menores, debe ser colocada en la misma situación que si cumpliera los requisitos para acceder a las prestaciones sociales.
      
       84. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo, consiguientemente, que este Tribunal responda a las cuestiones
      del modo siguiente: En el asunto C-317/93: 
      
      
      ─
          El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva
         del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido
         de que se opone a una normativa nacional que excluye del régimen legal del seguro de vejez los empleos que normalmente ocupan
         menos de quince horas semanales y con un salario que no excede de una séptima parte del salario medio mensual, cuando dicha
         medida constituya una desventaja que afecte a muchas más mujeres que a hombres, a menos que la normativa de que se trata se
         justifique por factores objetivos ajenos a toda discriminación por razón del sexo. 
      
      
      
      ─
          Una persona a la que no se aplique el artículo 2 de la Directiva 79/7/CE no puede invocar el artículo 4 de ésta. 
      
      
      
      ─
          El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE debe interpretarse en el sentido de que, a falta de aplicación correcta
         de la Directiva, las personas mayoritariamente desfavorecidas por la persistencia de la discriminación tienen derecho a ser
         tratadas de la misma manera y a que se les aplique el mismo régimen de cobertura social que a los demás miembros de la población
         activa.
       En el asunto C-444/93: El apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva
      del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social, debe interpretarse en el sentido
      de que se opone a una normativa nacional que excluye del seguro obligatorio, en el marco de los regímenes legales del seguro
      de enfermedad y del seguro de vejez, los empleos que normalmente ocupan menos de quince horas semanales y con un salario que
      no excede de una séptima parte de la base mensual de referencia, así como a una normativa nacional que excluye las actividades
      por cuenta ajena habitualmente limitadas por naturaleza a un horario normal inferior a dieciocho horas semanales, o que son
      objeto de tal limitación en virtud de un contrato de trabajo anterior, de la obligación de cotizar en el marco del régimen
      legal del seguro de desempleo, cuando dicha medida constituya una desventaja que afecte a muchas más mujeres que a hombres,
      a menos que la normativa de que se trata se justifique por factores objetivos ajenos a toda discriminación por razón del sexo.
      
       1 –
         
            Lengua original: francés.
      
      2 –
         
         DO 1979, L 6, p. 24; EE 05/02, p. 174.
      
      3 –
         
         Número 1 del apartado 1 del artículo 8 del Libro IV del Sozialgesetzbuch, Código de Seguridad Social (en lo sucesivo,  
            SGB IV), y número 1 de la primera frase del apartado 2 del artículo 5 del Libro VI del Sozialgesetzbuch (en lo sucesivo,  
            SGB VI).
         
      
      4 –
         
         Dicho límite máximo de retribución se adapta anualmente: era en 1993 de 530 DM al mes en los antiguos Länder y de 390 DM en
            los nuevos.
         
      
      5 –
         
         Apartado 1 del artículo 8 del SGB IV, y apartado 2 del artículo 5 del SGB VI.
      
      6 –
         
         Artículo 7 del SGB V, en relación con el apartado 1 del artículo 8 del SGB IV.
      
      7 –
         
         Artículos 100, 134, 104 y 168 de la Arbeitsförderungsgesetz (Ley relativa a la promoción del trabajo, en lo sucesivo,  
            AFG).
         
      
      8 –
         
         Artículo 169 a de la AFG.
      
      9 –
         
         Artículo 102 de la AFG.
      
      10 –
         
         Apartado 2 a del artículo 1247, en relación con el número 1 de la primera frase del apartado 2 a del artículo 1246 del Libro IV
            de la Reichsversicherungsordnung (antiguo Código de Seguros Sociales; en lo sucesivo,  
            RVO), correspondiente al número 2 del apartado 1 del nuevo artículo 44 del SGB VI: para poder percibir una pensión de invalidez,
            hay que poder acreditar al menos tres años de cotización de los cinco últimos años anteriores al advenimiento de la invalidez
            por un empleo o una actividad sujetos al seguro obligatorio.
         
      
      11 –
         
         En este sentido, véase la sentencia de 24 de junio de 1987, Borrie Clarke (384/85, Rec. p. 2865), apartado 12.
      
      12 –
         
         Punto 12 en el asunto Nolte; punto 9 en el asunto Megner y Scheffel.
      
      13 –
         
         Asunto 71/85, Rec. p. 3855.
      
      14 –
         
         Véanse, por ejemplo, las sentencias de 24 de marzo de 1987, McDermott y Cotter (286/85, p. 1453), apartado 17; Borrie Clarke,
            citada en la nota 10  
             supra,  apartado 12; de 8 de marzo de 1988, Dik y otros (80/87, Rec. p. 1601), apartado 11, y de 11 de julio de 1991, Johnson (C-31/90,
            Rec. p. I-3723), apartado 36.
         
      
      15 –
         
         Comisión de las Comunidades Europeas, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales (DG V):  
            La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,  
             Europa Social,  3/91, pp. 77 y 79.
         
      
      16 –
         
         Véanse, por ejemplo, las sentencias de 13 de julio de 1989, Rinner-Kühn (171/88, Rec. p. 2743), apartado 16, y de 7 de febrero
            de 1991, Nimz (C-184/89, Rec. p. I-297), apartado 15.
         
      
      17 –
         
         Véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de diciembre de 1989, Ruzius-Wilbrink (C-102/88, Rec.p. 4311), apartado 17.
      
      18 –
         
         Véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de mayo de 1986, Bilka (170/84, Rec. p. 1607), apartado 31.
      
      19 –
         
         Véanse, por ejemplo, las sentencias de 27 de junio de 1990, Kowalska (C-33/89, Rec. p. I-2591), apartado 16, y Nimz, citada
            en la nota 15  
             supra,  apartado 15.
         
      
      20 –
         
         Véase, por ejemplo, la sentencia Rinner-Kühn, citada en la nota 15  
             supra,  apartado 16.
         
      
      21 –
         
         Sentencia de 27 de junio de 1989, Achterberg-te Riele y otros (asuntos acumulados 48/88, 106/88 y 107/88, Rec. p. 1963), apartado 16.
      
      22 –
         
         Sentencia de 24 de junio de 1986, Drake (150/85, Rec. p. 1995), apartado 23.
      
      23 –
         
         L'égalité des traitements entre les hommes et les femmes dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes:
            un univers en expansion,  
             RTDE,  enero-marzo 1992, p. 9.
         
      
      24 –
         
         En sentido contrario, véanse las observaciones del Gobierno alemán, punto 11, en el asunto Nolte; punto 6, en el asunto Megner
            y Scheffel.
         
      
      25 –
         
         Sentencia Rinner-Kühn, citada en la nota 15  
             supra,  apartado 16.
         
      
      26 –
         
         Sentencia de 23 de marzo de 1982, Levin (53/81, Rec. p. 1035), apartado 18.
      
      27 –
         
         Sentencia de 3 de junio de 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741), apartados 2 y 16.
      
      28 –
         
         Sentencia Ruzius-Wilbrink, citada en la nota 16  
             supra,  apartados 7 y 17.
         
      
      29 –
         
         . Ibidem,    punto 4 de las conclusiones del Abogado General Sr. Darmon presentadas en el asunto Ruzius-Wilbrink, citado en la nota 16
             
             supra;  el subrayado es mío.
         
      
      30 –
         
         Garrone, P.:  
            La discrimination indirecte en droit communautaire: vers une théorie générale,  
             RTDE,  nº 30, julio-septiembre 1994, pp. 425 y 441.
         
      
      31 –
         
         Sentencia Achterberg-te Riele y otros, citada en la nota 20  
             supra,  apartado 12; el subrayado es mío.
         
      
      32 –
         
         Véanse, por ejemplo, las sentencias de 19 de marzo de 1964, Unger (75/63, Rec. p.347); Levin, citada en la nota 25  
             supra,  apartado 11, y Kempf, citada en la nota 26  
             supra,  apartado 15.
         
      
      33 –
         
         Citada en la nota 20  
             supra. 
         
      
      34 –
         
         Apartado 11 de la sentencia; el subrayado es mío.
      
      35 –
         
         . Ibidem,  apartado 17.
         
      
      36 –
         
         Citada en la nota 13  
             supra,  apartado 20.
         
      
      37 –
         
         . Ibidem,  apartado 27.
         
      
      38 –
         
         . Ibidem,  apartado 22.
         
      
      39 –
         
         Puntos 20 y 21 de mis conclusiones.
      
      40 –
         
         Observaciones en el asunto Nolte, punto 3.2.
      
      41 –
         
         Aunque es cierto que no siempre es éste el caso en todos los Estados miembros. Así, en el Reino de Suecia está previsto que
            quienes perciban ingresos inferiores a un determinado mínimo, están exentos de cotizar, pero tienen derecho a prestaciones
            sociales.
         
      
      42 –
         
         Sentencia de 27 de octubre de 1993, Enderby (C-127/92, Rec. p. I-5535), apartado 19. 
      
      43 –
         
         Según el primer estudio, de 1990, presentado por el órgano jurisdiccional de remisión en el asunto Nolte (punto III.4, párrafo
            tercero), aproximadamente tres cuartas partes de los empleos  
            menores son ocupado por mujeres. Según el otro estudio, de abril de 1993 y relativo al año 1992, presentado en el mismo asunto por
            la parte demandada (punto 3.2.1.1 de sus observaciones) y el Gobierno alemán (punto 20 de sus observaciones): estudio del
            Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik de Colonia, en lo sucesivo,  
            ISG, dicha proporción sólo alcanza el 60 % (un estudio anterior del ISG, relativo al año 1987, daba un porcentaje del orden del
            55 %).
         
      
      44 –
         
         Sentencia Rinner-Kühn, citada en la nota 15  
             supra.  Las estadísticas se reproducen en el apartado 23 de las conclusiones del Abogado General Sr. Darmon. Demuestran que, en 1987,
            el 89 % de los empleos a tiempo parcial en la República General de Alemania era ocupado por mujeres.
         
      
      45 –
         
         . Ibidem,  fallo.
         
      
      46 –
         
         Sentencias citadas en la nota 18  
             supra,  Nimz, apartado 15, y Kowalska, apartado 16.
         
      
      47 –
         
         Sentencia de 24 de febrero de 1994, Roks y otros (C-343/92, Rec. p. I-571) apartado 33.
      
      48 –
         
         Véanse, por ejemplo, las sentencias Ruzius-Wilbrink, citada en la nota 16  
             supra,  apartado 15, y de 7 de mayo de 1991, Comisión/Bélgica (C-229/89, Rec. p. I-2205), apartado 13.
         
      
      49 –
         
         La Comisión presentó, el 27 de mayo de 1988, una Propuesta de Directiva COM(88) 269 final, relativa a la carga de la prueba
            en el ámbito de la igualdad de retribución y trato entre hombres y mujeres, que recoge esencialmente los principios elaborados
            por la jurisprudencia de ese Tribunal (DO C 176, p. 5).
         
      
      50 –
         
         Sentencia Rinner-Kühn, citada en la nota 15  
             supra,   apartado 15.
         
      
      51 –
         
         Sentencia Bilka, citada en la nota 17  
             supra,  apartado 37.
         
      
      52 –
         
         Sentencia Comisión/Bélgica, citada en la nota 47  
             supra,  apartado 19; el subrayado el mío. Véanse igualmente, en este sentido, las sentencias de 19 de noviembre de 1992, Molenbroek
            (C-226/91, Rec. p. I-5943), apartado 13, y Roks y otros, citada en la nota 46  
             supra,   apartado 34.
         
      
      53 –
         
         Véanse las observaciones del Gobierno alemán en el asunto Nolte, puntos 30 y ss.
      
      54 –
         
         
      
      55 –
         
         Sentencia Comisión/Bélgica, citada en la nota 47  
             supra,  apartado 22.
         
      
      56 –
         
         Sentencia de 3 de mayo de 1990, Kits van Heijningen (C-2/89, Rec. p. I-1755), apartado 20; el subrayado es mío.
      
      57 –
         
         Sentencia Roks y otros, citada en la nota 46  
             supra,  apartado 29; el subrayado es mío.
         
      
      58 –
         
         Véase, en materia de política fiscal, la sentencia Comisión/Bélgica, citada en la nota 47  
             supra,  apartado 21.
         
      
      59 –
         
         Véanse sus observaciones, en el asunto Nolte, punto 65, y en el asunto Megner y Scheffel, punto 35  
             in fine. 
         
      
      60 –
         
         Sentencia Roks y otros, citada en la nota 46  
             supra,  apartados 35 y 36; el subrayado es mío.
         
      
      61 –
         
         Sentencia de 30 de noviembre de 1993 (C-189/91, Rec. p. I-6185).
      
      62 –
         
         Apartado 33; el subrayado es mío.
      
      63 –
         
         Propuesta de Directiva COM(90) 228 final, de 29 de junio de 1990, relativa a determinadas relaciones laborales en lo que respecta
            a las distorsiones de la competencia (DO C 224, p. 6; versión modificada de 7 de noviembre de 1990, DO C 305, p. 8).
         
      
      64 –
         
         Punto 49 de sus observaciones en el asunto Nolte; el subrayado es mío.
      
      65 –
         
         Sentencia de 3 de abril de 1968, Molkerei-Zentrale (28/67, Rec. pp. 221 y ss., especialmente p. 228).
      
      66 –
         
         Conclusiones del Abogado General Sr. Cruz Vilaça, en la sentencia Borrie Clarke, citada en la nota 10  
             supra,  punto 31.
         
      
      67 –
         
         Véanse mis observaciones al respecto, puntos 36 a 43  
             supra. 
         
      
      68 –
         
         Sentencias Borrie Clarke, citada en la nota 10,  
             supra,  fallo; Federatie Nederlandse Vakbeweging, antes citada, fallo, y McDermott y Cotter, citada en la nota 13,  
             supra,  número 2 del fallo. Véase igualmente la sentencia Ruzius-Wilbrink, citada en la nota 16  
             supra,  apartado 21.