CELEX: 62018CN0830
Language: es
Date: 2018-12-28 00:00:00
Title: Asunto C-830/18: Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Alemania) el 28 de diciembre de 2018 — Landkreis Südliche Weinstraße/PF y otros

8.4.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 131/21
            
         
      Petición de decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Alemania) el 28 de diciembre de 2018 — Landkreis Südliche Weinstraße/PF y otros
      (Asunto C-830/18)
      (2019/C 131/26)
      Lengua de procedimiento: alemán
      
         Órgano jurisdiccional remitente
      
      Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
      
         Partes en el procedimiento principal
      
      
         Recurrente en apelación: Landkreis Südliche Weinstraße
      
         Recurridas en apelación: PF y otros
      
         con intervención de: Vertreter des öffentlichen Interesses
      
         Cuestiones prejudiciales
      
      
                  1)
               
               
                  ¿Debe interpretarse el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión, (1) en el sentido de que una disposición de Derecho nacional que limita la obligación de las entidades locales (Landkreis) de un Estado miembro de proporcionar transporte escolar a los habitantes del correspondiente estado federado (Bundesland) produce indirectamente un efecto discriminatorio aun cuando, sobre la base de las circunstancias de hecho, resulte acreditado que el requisito de domicilio excluirá de la prestación a una gran parte de los habitantes del resto del territorio nacional del Estado miembro?
                  En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión:
               
            
                  2)
               
               
                  ¿Constituye la eficaz organización del sistema educativo una razón imperiosa de interés general que pueda justificar una discriminación indirecta?
               
            
         (1)  DO 2011, L 141, p. 1.