CELEX: 52012PC0631
Language: es
Date: 2012-10-25
Title: Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras

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		52012PC0631
		
			Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras /* COM/2012/0631 final - 2012/0298 (APP) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           INTRODUCCIÓN
El 28 de septiembre de 2011, la Comisión
adoptó una propuesta de Directiva del Consejo[1]
relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras
(en lo sucesivo, «ITF») y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE[2]. 
La base jurídica de la propuesta de
Directiva del Consejo era el artículo 113 del TFUE, ya que la Comisión proponía
disposiciones para la armonización de la legislación relativa a la imposición
de las transacciones financieras en la medida necesaria para garantizar el
correcto funcionamiento del mercado interior de las operaciones en instrumentos
financieros y evitar el falseamiento de la competencia. Esta base jurídica
exige que el Consejo actúe por unanimidad, con arreglo a un procedimiento
legislativo especial y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social 
La propuesta tenía por objeto: 
–                        
armonizar la legislación relativa a la
fiscalidad indirecta sobre las transacciones financieras, lo cual es necesario
para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de las
transacciones en instrumentos financieros y evitar un falseamiento de la
competencia entre estos últimos, los operadores y los mercados en la Unión
Europea en su conjunto, y, al mismo tiempo,
–                        
garantizar que las entidades financieras
contribuyan equitativa y sustancialmente a la financiación de los costes
generados por la reciente crisis y crear unas condiciones de igualdad con los
demás sectores desde una perspectiva fiscal[3],
y 
–                        
establecer medidas adecuadas para
desincentivar las transacciones que no refuercen la eficiencia de los mercados
financieros, complementando así las medidas reglamentarias encaminadas a evitar
crisis futuras.
Ya antes de que se declarara la crisis
económica y financiera, algunos Estados miembros aplicaban impuestos únicamente
sobre determinadas transacciones financieras, otros, en cambio, han decidido o
declarado su intención de introducir un impuesto de este tipo, de ampliar el
alcance de sus ITF y/o de incrementar sus tipos impositivos a fin de garantizar
que las entidades financieras contribuyan de forma equitativa y sustancial a
sufragar los costes de dicha crisis y de sanear los presupuestos públicos.
En este contexto, el funcionamiento
eficaz del mercado interior (fundamentalmente de los servicios financieros)
exigía la adopción de medidas encaminadas a evitar el falseamiento de la
competencia a escala transfronteriza y entre los productos y operadores
afectados. La consecución de unos efectos positivos de este tipo, así como de
la neutralidad fiscal, requería una armonización a gran escala que abarcara
también productos tales como los derivados, caracterizados por su extrema
movilidad, u operadores y mercados igualmente móviles.
Así pues, en 2011, la Comisión presentó
la mencionada propuesta de Directiva sobre un sistema común del ITF. Esta
propuesta establecía las características esenciales de un sistema común del ITF
en la UE con una amplia base imponible, destinado al logro de dichos objetivos.
El sistema fue ideado con vistas a minimizar los riesgos de deslocalización.
El Parlamento Europeo emitió un dictamen
favorable el 23 de mayo de 2012[4],
y el Comité Económico y Social el 29 de marzo de 2012[5]. Por su parte, el
Comité de las Regiones emitió asimismo un dictamen favorable el 15 de febrero
de 2012[6].
La propuesta, con sus variantes, fue
ampliamente debatida en las reuniones del Consejo que se iniciaron bajo la
Presidencia polaca[7]
y se sucedieron a un ritmo acelerado bajo la Presidencia danesa, si bien no
logró el respaldo unánime que precisaba debido a divergencias fundamentales e
insalvables entre los Estados miembros.
Con motivo de las reuniones del Consejo
de 22 de junio y 10 de julio de 2012 se constató que persistían divergencias
fundamentales respecto de la necesidad de instaurar un sistema común del ITF a
escala de la UE y que el principio de implantar un impuesto armonizado sobre
las transacciones financieras no obtendría un respaldo unánime en el seno del
Consejo en un futuro previsible.
De todo lo expuesto anteriormente se
desprende que los objetivos de un sistema común del ITF, debatido en el Consejo
de acuerdo con la propuesta formulada inicialmente por la Comisión, no podrán
ser alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto.
En tales circunstancias, once Estados
miembros (Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria,
Portugal, Eslovenia y Eslovaquia) remitieron a la Comisión, por cartas
recibidas entre el 28 de septiembre y el 23 de octubre de 2012, solicitudes oficiales
en las que expresaban su deseo de establecer entre sí una cooperación reforzada
en el ámbito de la implantación de un sistema común del ITF e invitaban a la
Comisión a presentar una propuesta al Consejo en este sentido. En dichas
solicitudes se especificaba que el ámbito de aplicación y los objetivos de la
propuesta debían basarse en la propuesta de Directiva del Consejo relativa a un
sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras, presentada por
la Comisión en septiembre de 2011. Asimismo, aludían expresamente a la
necesidad de evitar las prácticas de evasión fiscal, el falseamiento de la
competencia y las transferencias a otros territorios.
La presente propuesta de Decisión del
Consejo, por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito del ITF,
constituye la respuesta de la Comisión a las mencionadas solicitudes de
cooperación reforzada. 
2.           BASE JURÍDICA DE L A COOPERACIÓN
REFORZADA
La cooperación reforzada está regulada
por el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 326 a
334 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La presente propuesta de Decisión del
Consejo por la que se autoriza la cooperación reforzada en el ámbito del ITF,
presentada por la Comisión, se basa en el artículo 329, apartado 1, del TFUE. 
3.           MEDIDAS PREVISTAS PARA LA APLICACIÓN DE
LA COOPERACIÓN REFORZADA
La presente propuesta de Decisión del
Consejo se refiere a la autorización de una cooperación reforzada en el ámbito
del ITF. A su debido tiempo, se presentará una propuesta con medidas
específicas para la aplicación de dicha cooperación, es decir, en esencia, una
Directiva sobre el sistema común del ITF. Esa propuesta se basará en gran
medida en la propuesta inicial de la Comisión, en lo que al ámbito de aplicación
y los objetivos se refiere. 
4.           EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES JURÍDICAS
DE UNA COOPERACIÓN REFORZADA
4.1.        Ámbito cubierto por el
Tratado
El artículo 329, apartado 1, del TFUE
dispone que la cooperación reforzada puede establecerse «en cualquiera de los
ámbitos contemplados en los Tratados». Este requisito se cumple.
Cabe señalar, en primer lugar, que un
sistema común del ITF tal como el contemplado en la propuesta de la Comisión y
debatido en el seno del Consejo se inscribe en el ámbito de aplicación de los
Tratados, pues constituye un ejemplo de armonización en el ámbito de la
fiscalidad indirecta en el sentido del artículo 113 del TFUE. Con arreglo a
este artículo, el Consejo puede adoptar disposiciones que, al igual que el
sistema común propuesto y posteriormente examinado, sean necesarias para
garantizar el funcionamiento del mercado común y evitar un falseamiento de la
competencia. 
En segundo lugar, un sistema común del
ITF como el aquí tratado es lo suficientemente amplio para considerarse un «ámbito»
cubierto por los Tratados, en el que puede emprenderse una cooperación
reforzada. Su marco fundamental permitirá armonizar la estructura del impuesto
y establecer tipos impositivos mínimos. Asimismo, asignará a cada Estado
miembro la potestad tributaria que le corresponde, en concreto, con el fin de
evitar la doble imposición o la doble no imposición, armonizar la exigibilidad
del impuesto y designar al deudor del mismo. Por último, incluirá diversos
elementos destinados a garantizar la efectiva percepción del impuesto en todos
los Estados miembros.
De conformidad con el artículo 20,
apartado 1, del TUE, la cooperación reforzada solo puede establecerse «en el
marco de las competencias no exclusivas de la Unión». Las competencias
conferidas por el artículo 113 del TFUE se ejercen en relación con el
establecimiento y correcto funcionamiento del mercado interior, que constituye
una competencia compartida y, por tanto, no exclusiva (artículo 3 y artículo 4,
apartado 2, del TFUE).
4.2.        Decisión de autorización
como último recurso y participación de al menos nueve Estados miembros
De conformidad con el artículo 20,
apartado 2, del TUE, la decisión de autorizar una cooperación reforzada podrá
ser adoptada por el Consejo como último recurso, cuando haya llegado a la
conclusión de que los objetivos perseguidos por dicha cooperación no pueden ser
alcanzados en un plazo razonable por la Unión en su conjunto, y a condición de
que participen en ella al menos nueve Estados miembros.
Ya desde la primera reunión del Consejo
de Asuntos Económicos y Financieros a propósito de esta cuestión, celebrada el
8 de noviembre de 2011, algunos Estados miembros manifestaron su oposición al
establecimiento de cualquier sistema común del impuesto sobre transacciones
financieras a escala de la Unión Europea, a menos que se introdujera un
impuesto de características similares a nivel mundial. En aquel momento, un
Estado miembro propuso someter la propuesta a votación con el fin de evitar
cualquier discusión ulterior acerca de un ITF armonizado a escala europea.
Durante las siete reuniones del Grupo de
Trabajo del Consejo «Cuestiones Fiscales -Fiscalidad Indirecta (ITF)»
celebradas inicialmente bajo la Presidencia Polaca y, a continuación, bajo la
Presidencia danesa, en las que se presentaron, analizaron y debatieron
numerosas configuraciones alternativas de dicho impuesto basadas en la
propuesta de la Comisión, quedó patente la imposibilidad de lograr un respaldo
unánime de los Estados miembros en su conjunto a un sistema común del ITF, ya fuera
en los términos de la propuesta de la Comisión o con arreglo a una variante de
la misma. 
Durante la reunión del Consejo de 22 de
junio de 2012, aquellos Estados miembros que habían manifestado ya su oposición
al sistema común del ITF en las etapas precedentes reiteraron su postura. Ante
esta situación, algunos otros Estados miembros expresaron su intención de
solicitar una autorización para iniciar una cooperación reforzada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del TUE y el artículo 329 del
TFUE. Algunos de los Estados miembros contrarios a un sistema común del ITF (de
cualquier tipo) declararon entonces que no se opondrían a un procedimiento de
cooperación reforzada al respecto, siempre que se cumplieran todas las
condiciones necesarias. 
En esa misma reunión, la Presidencia
danesa, atendiendo a las opiniones expresadas, concluyó que el apoyo al
establecimiento de un ITF, tal como proponía la Comisión, no concitaba la
unanimidad. La Presidencia constató asimismo que era posible considerar el
establecimiento de una cooperación reforzada, habida cuenta del significativo
número de delegaciones que la apoyaba. 
El Consejo Europeo, por su parte, en su
reunión de 28 de junio de 2012 declaró lo siguiente: «Según se observó en el
Consejo de 22 de junio de 2012, la propuesta de impuesto sobre las
transacciones financieras no será adoptada por el Consejo dentro de un plazo
razonable. Varios
Estados miembros presentarán por lo tanto una solicitud de cooperación
reforzada en este ámbito, con vistas a su adopción antes del final de diciembre
de 2012».
En la reunión del Consejo de 10 de julio
de 2012, la Presidencia, chipriota a la sazón, aludió a los debates mantenidos
en la reunión del Consejo de 22 de junio de 2012 y a las conclusiones del
Consejo Europeo anteriormente citadas. Destacó la falta de unanimidad en el
apoyo de la propuesta de ITF debatida bajo la Presidencia danesa, concluyendo
que persistían divergencias esenciales respecto de la necesidad de establecer
un sistema común del ITF a escala de la UE, y que el principio de implantar un
impuesto armonizado sobre las transacciones financieras no obtendría un
respaldo unánime en el seno del Consejo en un futuro previsible. Por último,
indicó que existía suficiente apoyo por parte de un número significativo de
Estados miembros como para considerar una cooperación reforzada que permitiría
a un número limitado de Estados miembros avanzar de forma conjunta en una
primera fase.
De todo lo expuesto anteriormente se
desprende que el objetivo de instaurar un sistema común del ITF de acuerdo con
la propuesta de la Comisión debatida ulteriormente en el Consejo no podrá
alcanzarse en un plazo razonable por la Unión en su conjunto. Por lo tanto,
como último recurso para progresar en esta cuestión en el marco del Tratado,
solo cabe iniciar el proceso de cooperación reforzada con arreglo al artículo
20 del TEU y al artículo 329 del TFUE. 
En tales circunstancias, once Estados
miembros (Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España, Francia, Italia, Austria,
Portugal, Eslovenia y Eslovaquia) han dirigido solicitudes oficiales a la
Comisión en las que expresan su deseo de establecer entre sí una cooperación
reforzada en el ámbito del establecimiento de un sistema común del ITF e
invitan a la Comisión a presentar una propuesta al Consejo a tal efecto.
4.3.        Fomentar los objetivos
de la Unión, proteger sus intereses y reforzar su proceso de integración
El establecimiento de un mercado interior
constituye uno de los objetivos fundamentales de la Unión, según dispone el
artículo 3, apartado 3, del TUE. Dicho objetivo se vería reforzado mediante un
sistema común del ITF, dado que, en la actualidad, los mercados de capitales se
caracterizan por su importante dimensión internacional, y que la existencia de
grandes diferencias de carácter impositivo en este ámbito provocaría un
falseamiento significativo de la competencia y obstaculizaría el
establecimiento de un auténtico mercado interior para los productos afectados.
La
armonización de las legislaciones que regulan las distintas formas de
fiscalidad indirecta de conformidad con el artículo 113 del TFUE favorece «el
establecimiento y funcionamiento del mercado interior» y «evita las
distorsiones de la competencia».
La coexistencia de las diversas formas de
ITF vigentes actualmente a escala nacional o de las que se aplicarán, con toda
probabilidad, en una serie de Estados miembros en un futuro previsible da lugar
a una fragmentación del mercado. Dicha fragmentación provoca, a su vez, un
falseamiento de la competencia debido al arbitraje fiscal, al desvío de los
flujos comerciales, tanto entre productos como entre zonas geográficas, a los
incentivos que llevan a los operadores a evadir el impuesto a través de
operaciones con escaso valor económico y a la imposición de cargas suplementarias
a los mismos debido a la complejidad inherente a la situación. Este escenario
es ya una realidad que no hará sino agravarse si no se procede a una
armonización. La situación descrita es pues contraria al objetivo de la Unión
de garantizar un funcionamiento adecuado del mercado interior, dejando al
margen sus efectos negativos sobre la percepción de impuestos. 
El problema reviste una importancia
particular en el sector financiero, en el que las bases imponibles presentan,
por naturaleza, una movilidad extrema y las decisiones dependen a menudo de los
costes de las transacciones (que incluyen los impuestos), y en el que el riesgo
de deslocalización motivada por los costes es muy elevado.
La propuesta inicial de la Comisión,
basada en el artículo 113 del TFUE, tenía por objeto dar respuesta a las
cuestiones arriba mencionadas. En sí mismo, el objetivo de establecer un
auténtico mercado interior y mejorar su funcionamiento también resulta
pertinente si se inscribe en la cooperación reforzada solicitada, es decir, si
es perseguido por un número de Estados miembros más restringido. 
En un principio, las ventajas inmediatas
de esta cooperación reforzada para el mercado interior solo se pondrán de
manifiesto, lógicamente, en el ámbito geográfico en el que se desarrolle dicha
cooperación, dado que no todos los Estados miembros participarán en ella. No
obstante, habida cuenta de que dicha cooperación debe estar «abierta
permanentemente a todos los Estados miembros» (artículo 20, apartado 1, párrafo
segundo, segunda frase, del TUE), su alcance geográfico se irá ampliando a
medida que otros Estados miembros se adhieran a ella.
Por otro lado, también las entidades de
los Estados miembros que no participen inicialmente en la cooperación reforzada
se beneficiarán de las ventajas que esta entraña para el mercado interior en
términos de reducción de los costes vinculados a la complejidad. Las
transacciones financieras que se efectúen en el marco de la cooperación
reforzada estarán sujetas a un único sistema común y no a una plétora de
normativas nacionales dispares. 
En resumen, la cooperación reforzada
solicitada favorecerá los objetivos de la Unión, protegerá sus intereses y
reforzará su proceso de integración.
4.4.        Observancia de los
Tratados y del Derecho de la Unión
De conformidad con el artículo 326,
párrafo primero, del TFUE, la cooperación reforzada debe respetar los Tratados
y el Derecho de la Unión. Así pues, en el establecimiento de un sistema común
armonizado del ITF, la cooperación reforzada debe respetar el acervo existente
en este ámbito. 
En la actualidad, solo existe un acto
legislativo de la Unión relacionado con la fiscalidad de las transacciones
financieras: la Directiva 2008/7/CE del Consejo[8].
Su artículo 5, apartado 2, excluye cualquier tipo de impuesto indirecto sobre
la emisión de determinados valores (las operaciones con dichos valores en el
mercado primario). Por otro lado, pese a esta exclusión, el artículo 6,
apartado 1, letra a), de la misma Directiva brinda a los Estados miembros de la
UE la posibilidad de gravar la transmisión de valores (operaciones del mercado
secundario). En definitiva, si bien puede aplicarse un impuesto sobre la
transmisión de valores, no es posible gravar la emisión y adquisición por el
primer titular de instrumentos financieros cubiertos por el artículo 5,
apartado 2, de la Directiva 2008/7/CE[9].

Toda directiva del Consejo mediante la
que eventualmente se aplique la cooperación reforzada en el ámbito del ITF
deberá respetar las disposiciones de la Directiva 2008/7/CE a fin de evitar
cualquier posible conflicto entre ambas. 
4.5.        Ausencia de perjuicio
para el mercado interior o la cohesión económica, social y territorial;
inexistencia de obstáculos o de discriminación en los intercambios comerciales;
inexistencia de distorsiones de competencia
4.5.1.     La cooperación reforzada
no deberá perjudicar al mercado interior ni a la cohesión económica, social y
territorial
De conformidad con el artículo 326,
párrafo segundo, del TFUE, las cooperaciones reforzadas no deben perjudicar al
mercado interior ni a la cohesión económica, social y territorial. 
La cooperación reforzada en el presente
contexto no incumpliría la obligación de no perjudicar al mercado interior. La
armonización del ITF en el territorio de un grupo de Estados miembros (jurisdicción
ITF) contribuiría a la mejora del funcionamiento del mercado interior, aunque
esta ventaja no se plasmaría a escala de los 27 Estados miembros ni plena ni
inmediatamente[10].
En primer lugar, se reducirían o evitarían los riesgos de fragmentación del
mercado interior y de falseamiento de la competencia en la jurisdicción ITF en
la que se lleve a cabo la cooperación reforzada. En comparación con una
situación en la que no existiera tal cooperación, el funcionamiento del mercado
interior a escala de los 27 Estados miembros no sufriría un deterioro, sino
que, más bien, mejoraría. 
Además, los operadores financieros que no
estuvieran integrados en la jurisdicción ITF también se beneficiarían de la
simplificación inherente al régimen armonizado aplicable por todos los Estados
miembros participantes, lo que no ocurriría en caso de que los regímenes del
ITF no estuvieran armonizados.
Por razones similares, la cohesión
económica, social y territorial no se vería perjudicada por la cooperación
reforzada que se pretende implantar. Nada parece indicar que la cooperación
reforzada con vistas a adoptar disposiciones armonizadas en relación con el ITF
vaya a provocar diferencias apreciables en materia de desarrollo económico o
social entre países participantes y no participantes. Más específicamente,
tampoco parece que vaya a perjudicar en modo alguno al desarrollo económico y
social de las regiones más pobres o más remotas de la Unión Europea. A este
respecto, cabe señalar asimismo que los Estados miembros que han solicitado
emprender una cooperación reforzada presentan importantes diferencias entre sí,
tanto en lo relativo a sus resultados económicos como a su situación geográfica
dentro de la Unión. 
4.5.2.     La cooperación reforzada
no deberá constituir un obstáculo ni una discriminación para los intercambios
entre Estados miembros, ni provocar distorsiones de competencia entre ellos
De conformidad con el artículo 326,
párrafo segundo, del TFUE, las cooperaciones reforzadas tampoco deberán
constituir un obstáculo ni una discriminación para los intercambios entre
Estados miembros, ni provocar distorsiones de competencia entre ellos.
La Comisión considera que se cumple este
requisito por las razones que se exponen a continuación. 
Las modalidades de un régimen armonizado
del ITF en el marco de la cooperación reforzada se aplicarían de forma
coherente a todas las transacciones y entidades financieras que se inscribieran
en su ámbito de aplicación, de conformidad con criterios objetivos y, en
particular con los factores de vinculación geográfica mencionados.
Es preciso señalar, además, que la mera
coexistencia de un sistema jurídico de ITF armonizado aplicable en los Estados
miembros participantes, por un lado, con los sistemas jurídicos nacionales de
los Estados miembros no participantes, por otro, no puede considerarse, en sí
misma, ni un obstáculo, ni una discriminación, ni una distorsión de la
competencia De no existir la cooperación reforzada, coexistirían un número aún
mayor de sistemas jurídicos. Analizada desde esta perspectiva, la cooperación
reforzada que se solicita reduce más bien el riesgo de que se produzcan
distorsiones de la competencia, en particular, cuando este último está
relacionado con la no imposición o la doble imposición. 
4.6.        Respeto de los derechos,
competencias y obligaciones de los Estados miembros no participantes
De conformidad con el artículo 327 del
TFUE, la cooperación reforzada debe respetar las competencias, los derechos y
las obligaciones de los Estados miembros que no participan en ella.
La cooperación reforzada en el ámbito del
sistema común del IFT también cumpliría este requisito.
En concreto, el sistema no impediría en
modo alguno que los Estados miembros no participantes mantuvieran o
introdujeran un ITF basado en normas nacionales no armonizadas, siempre y
cuando cumplieran las obligaciones impuestas por el Derecho de la Unión, que en
cualquier caso, seguiría en vigor.
Por otro lado, el sistema común del ITF
conferiría a los Estados miembros participantes potestad fiscal únicamente en función
de factores de vinculación apropiados. 
5.           Conclusiones generales
Habida cuenta de cuanto se ha expuesto,
la Comisión concluye que se cumplen todas las condiciones jurídicas
contempladas por los Tratados para el establecimiento de una cooperación reforzada,
siempre que el acto de ejecución de dicha cooperación respete plenamente las
disposiciones pertinentes de la Directiva 2008/7/CE del Consejo.
La Comisión considera asimismo que
resulta apropiado y oportuno autorizar la cooperación reforzada.
La reciente crisis económica y financiera
mundial ha tenido graves repercusiones sobre las economías y finanzas públicas
de la UE. El sector financiero ha desempeñado un papel fundamental en el
desencadenamiento de la crisis, pero han sido los poderes públicos y los
ciudadanos europeos en su conjunto quienes han tenido que soportar los costes
de la misma. En los dos últimos decenios, el sector financiero ha registrado un
elevado nivel de rentabilidad que podría deberse en parte a la red de seguridad
(implícita o explícita) aportada por los Gobiernos, combinada con la regulación
bancaria y la exención del IVA. 
En tales circunstancias, algunos Estados
miembros han empezado a aplicar modalidades adicionales de imposición del
sector financiero, mientras que otros disponían ya de regímenes fiscales
específicos para las transacciones en dicho sector.
La situación actual provoca los
siguientes efectos perjudiciales:
- un tratamiento fiscal fragmentado en el
mercado interior de servicios financieros –habida cuenta del creciente
número de medidas fiscales que se están adoptando de forma descoordinada a
nivel nacional– con el consiguiente riesgo de que se produzca un falseamiento
de la competencia entre instrumentos financieros, operadores y mercados en toda
la Unión Europea, así como de que surjan casos de doble imposición o de doble
no imposición;
- la imposibilidad de garantizar una
contribución equitativa y sustancial por parte de las entidades financieras a
la financiación de los costes generados por la reciente crisis, y la
inexistencia de unas condiciones de igualdad frente a los demás sectores desde
una perspectiva fiscal; y
- una política fiscal que no contribuye a
desincentivar las transacciones que merman la eficiencia de los mercados
financieros, ni a completar las medidas de regulación destinadas a evitar
crisis futuras, pero que puede desviar las rentas del sector no financiero de
la economía hacia las entidades financieras, dando así lugar a una inversión
excesiva en actividades que no contribuyen a incrementar el bienestar. 
La aplicación de un sistema común del
impuesto sobre las transacciones financieras por un número suficiente de
Estados miembros permitiría obtener de manera inmediata mejoras tangibles en
relación con los tres puntos citados más arriba, respecto de las operaciones
financieras cubiertas por la cooperación reforzada. En relación con esos tres
puntos, la situación de los Estados miembros participantes mejoraría desde la
perspectiva de los riesgos de deslocalización, los ingresos fiscales, así como
de la eficiencia de los mercados financieros y la prevención de la doble
imposición o de la doble no imposición. La legislación y las políticas de los
demás Estados miembros en este ámbito no se verían afectadas, y paralelamente,
los operadores de esos otros Estados miembros podrían beneficiarse asimismo de
una menor fragmentación del mercado interior (véase más arriba). La adopción de
un régimen inspirado en la propuesta inicial de la Comisión permitiría hacer
frente a las prácticas de evasión fiscal, al falseamiento de la competencia y
las transferencias a otros territorios. 
2012/0298 (APP)
Propuesta de
DECISIÓN DEL CONSEJO
por la que se autoriza una cooperación
reforzada en el ámbito del impuesto sobre las transacciones financieras
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, y, en particular, su artículo 329, apartado 1,
Vistas las solicitudes efectuadas por
Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia España, Francia, Italia, Austria, Portugal,
Eslovenia y Eslovaquia,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Visto el dictamen conforme del Parlamento
Europeo[11],
Considerando lo siguiente:
(1)       De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (en lo
sucesivo, «el TUE») la Unión establecerá un mercado interior.
(2)       En virtud del artículo
113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el
TFUE»), el Consejo adoptará disposiciones referentes a la armonización de las
legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, los
impuestos sobre consumos específicos y otros tipos de impuestos indirectos en
la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el
establecimiento y funcionamiento del mercado interior y evitar las distorsiones
de la competencia.
(3)       En 2011, la Comisión
observó que se estaba produciendo un debate a todos los niveles sobre la
conveniencia de aplicar un gravamen suplementario al sector financiero. Dicho
debate venía motivado por el deseo de garantizar que el sector financiero
contribuya equitativa y sustancialmente a financiar los costes generados por la
crisis y, de que, en el futuro, resulte gravado de forma justa frente a otros
sectores; de disuadir a las entidades financieras de emprender actividades que conlleven
un riesgo excesivo; y de completar las medidas reglamentarias destinadas a
evitar crisis futuras y generar ingresos suplementarios para financiar los
presupuestos generales o políticas específicas.
(4)       En este contexto, la
Comisión adoptó una propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema
común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica
la Directiva 2008/7/CE[12].
El principal objetivo de dicha propuesta era garantizar el correcto
funcionamiento del mercado interior y evitar un falseamiento de la competencia.
(5)       Durante la reunión del
Consejo celebrada el 22 de junio de 2012, se constató que el establecimiento de
un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras (en lo
sucesivo «ITF») en los términos propuestos por la Comisión no gozaba de un
respaldo unánime. El 29 de junio de 2012, el Consejo Europeo concluyó que la
Directiva propuesta no podría ser adoptada por el Consejo en un plazo
razonable. En la reunión del Consejo de 10 de julio de 2012, se aludió a las
divergencias esenciales que persistían respecto de la necesidad de establecer
un sistema común del ITF a escala de la Unión, y quedó patente que el principio
de introducir un impuesto armonizado sobre las transacciones financieras no obtendría
un respaldo unánime en el seno del Consejo en un futuro previsible. 
(6)       En tales circunstancias,
once Estados miembros, a saber, Bélgica, Alemania, Estonia, Grecia, España,
Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia remitieron a la Comisión,
por cartas recibidas entre el 28 de septiembre y el 23 de octubre de 2012,
solicitudes en las que manifestaban su deseo de establecer entre sí una
cooperación reforzada en el ámbito del ITF. Dichos Estados miembros pedían que
el ámbito de aplicación y los objetivos de la cooperación reforzada se basaran
en la propuesta presentada por la Comisión el 28 de septiembre de 2011.
Asimismo, aludían expresamente a la necesidad de evitar las prácticas de
evasión fiscal, el falseamiento de la competencia y las transferencias a otros
territorios.
(7)       La cooperación reforzada
debe brindar el marco jurídico necesario para el establecimiento de un sistema
común del ITF en los Estados miembros que participen en ella y garantizar la
armonización de las características fundamentales del impuesto. En la medida de
lo posible, debe contribuir a evitar los incentivos al arbitraje fiscal y las
distorsiones entre los distintos mercados financieros, así como las
posibilidades de doble imposición o de no imposición y las prácticas de evasión
fiscal.
(8)       Se cumplen las
condiciones fijadas en el artículo 20 del TUE y en los artículos 326 y 329 del
TFUE.
(9)       Durante la reuniones del
Consejo de 29 de junio y de 10 de julio de 2012 se constató y confirmó,
respectivamente, que la Unión en su conjunto no podría lograr el objetivo de
adoptar un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras en un
plazo razonable. Por tanto, se cumple el requisito contemplado en el artículo
20, apartado 2, del TUE, según el cual, la cooperación reforzada solo puede
adoptarse como último recurso.
(10)     La vertiente concreta en
la que se desarrollaría la cooperación reforzada, es decir, el establecimiento
de un sistema común del ITF dentro de la Unión, se inscribe en el ámbito de
aplicación del artículo 113 del TFUE y, por tanto, en el de los Tratados. 
(11)     La cooperación reforzada
con vistas al establecimiento de un sistema común del ITF tiene por objeto
garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. A la escala a la
que se aplique, dicha cooperación evitará la coexistencia de regímenes
nacionales divergentes y, por ende, una fragmentación indebida del mercado, así
como los problemas derivados de esta última, tales como el falseamiento de la
competencia, el desvío de los flujos comerciales, tanto en lo que atañe a los
productos como a los operadores y a las zonas geográficas, y eliminará los
incentivos que llevan a los operadores a evadir impuestos a través de
operaciones de escaso valor económico. Todos los aspectos mencionados adquieren
una importancia particular en este ámbito en concreto, caracterizado por la
extrema movilidad de las bases imponibles. Así pues, la cooperación reforzada
fomenta los objetivos de la Unión, protege sus intereses y refuerza su proceso
de integración, de conformidad con el artículo 20, apartado 1, del TUE.
(12)     El establecimiento de un
sistema común armonizado del ITF no figura entre los ámbitos de competencia
exclusiva de la Unión que se enumeran en el artículo 3, apartado 1, del TFUE.
En la medida en que resulta necesario para garantizar el funcionamiento del
mercado interior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 del TFUE,
se inscribe entre las competencias compartidas de la Unión en el sentido del
artículo 4 del TFUE, es decir, entre sus competencias no exclusivas.
(13)     La cooperación reforzada
en el ámbito mencionado respeta los Tratados y el Derecho de la Unión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 326, párrafo primero, del TFUE. En
consonancia con lo dispuesto en el artículo 326, párrafo segundo, del TFUE, no
perjudica al mercado interior ni a la cohesión económica, social y territorial,
no constituye un obstáculo ni una discriminación para los intercambios entre
Estados miembros, ni provoca distorsiones de competencia entre ellos.
(14)     La cooperación reforzada
en este ámbito respeta las competencias, derechos y obligaciones de los Estados
miembros no participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 327 del TFUE.
Este sistema no afectará a la posibilidad de los Estados miembros no
participantes de mantener o introducir un ITF basado en las normas nacionales
no armonizadas. El sistema común del ITF conferirá a los Estados miembros
participantes potestad fiscal únicamente en función de factores de vinculación
apropiados. 
(15)     Siempre y cuando se
respeten las condiciones de participación establecidas en la presente Decisión,
la cooperación reforzada en el ámbito mencionado está abierta en todo momento a
todos los Estados miembros dispuestos a respetar los actos ya adoptados en este
marco, de conformidad con el artículo 328 del TFUE.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 
Artículo 1
Se autoriza a Bélgica, Alemania, Estonia,
Grecia, España, Francia, Italia, Austria, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia a
instaurar entre sí una cooperación reforzada en el ámbito del establecimiento
de un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras mediante
la aplicación de las disposiciones pertinentes de los Tratados.
Artículo 2
La
presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo
                                                                       El
Presidente
[1]               COM(2011) 594.
[2]               Directiva 2008/7/CE del Consejo, de 12 de febrero
de 2008, relativa a los impuestos indirectos que gravan la concentración de
capitales.
[3]               Las entidades financieras se han beneficiado
ampliamente, de forma directa o indirecta, de las operaciones de rescate y de
garantía (pre)financiadas por los contribuyentes europeos a lo largo del
periodo comprendido entre 2008 y 2012. Dichas operaciones, unidas al descenso
de la actividad económica como consecuencia de la propagación de la
incertidumbre respecto de la estabilidad del sistema económico y financiero en
su conjunto, han provocado un deterioro del equilibrio de las finanzas públicas
en toda Europa. Hay que señalar asimismo que la mayoría de los servicios
financieros y de seguros están exentos del IVA.
[4]               P6_TA(2012)0217.
[5]               ECO/321 – CESE 818/2012 (DO C 181 de 21.6.2012, p.
55.).
[6]               CDR 332/2011 (DO C 113 de 18.4.2012, p. 7).
[7]               El ITF fue el primer punto del orden del día del
Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de 8 de noviembre de 2011 y,
ulteriormente, de las tres reuniones sucesivas de marzo, junio y julio de 2012.
Entre diciembre de 2011 y junio de 2012 se dedicaron a tratar esta cuestión
siete reuniones del Grupo de Trabajo del Consejo «Cuestiones Fiscales -
Fiscalidad Indirecta».
[8]               Directiva 2008/7/CEE del Consejo relativa a los
impuestos indirectos que gravan la concentración de capitales (DO L 46 de
21.2.2008, p. 11.).
[9]               Véase a este respecto la sentencia del Tribunal de
Justicia de 1 de octubre de 2009 en el asunto C-569/07, apartados 32 a 35, en
la que se hace referencia al asunto C-415/02 (DO C 282 de 21.11.2009, p.6).
[10]             Véase la sección 4.3
[11]             DO C... de ..., p..
[12]             COM(2011) 594 final, de 28 de septiembre de 2011.