CELEX: 62007CJ0312
Language: es
Date: 2008-06-05
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Séptima) de 5 de junio de 2008. # JVC France SAS contra Administration des douanes - Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. # Petición de decisión prejudicial: Tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris - Francia. # Arancel Aduanero Común - Clasificación arancelaria - Nomenclatura Combinada - Videocámaras - Notas Explicativas - Régimen jurídico. # Asunto C-312/07.

Asunto C‑312/07
      JVC France SAS
      contra
      Administration des douanes — Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal d’instance du XIe arrondissement de Paris)
      
      «Arancel Aduanero Común — Clasificación arancelaria — Nomenclatura Combinada — Videocámaras — Notas Explicativas — Régimen jurídico»
      Sumario de la sentencia
      1.        Cuestiones prejudiciales — Competencia del Tribunal de Justicia — Límites — Cuestiones que carecen manifiestamente de pertinencia
            
      [Art. 234 CE; Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, anexo I]
      2.        Arancel Aduanero Común — Partidas arancelarias — Videocámaras cuya función DV-in puede activarse con posterioridad al despacho
            aduanero 
      3.        Arancel Aduanero Común — Interpretación
      1.        Cuando el tribunal remitente conoce de una petición de condonación de derechos de aduana basada en el artículo 239, apartado
         1, del Código aduanero, y con ese objeto tiene que averiguar los elementos que puedan constituir una situación especial resultante
         de circunstancias que no impliquen intento de fraude ni manifiesta negligencia por parte del importador, resulta pertinente
         la cuestión del régimen jurídico de las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada, que figuran en el anexo I del Reglamento
         nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común. De lo anterior se deduce la
         admisibilidad de la cuestión prejudicial que versa sobre los efectos jurídicos de las modificaciones de las mencionadas Notas
         de la Nomenclatura Combinada. 
      
      (véanse los apartados 28 y 32)
      2.        Una videocámara sólo puede ser clasificada en la subpartida 8525 40 99 de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I
         del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común, si la función
         de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados (función DV-in) es operativa
         en el momento del despacho aduanero o si esta función puede ser activada en un momento posterior, aunque el fabricante no
         haya querido destacar esta característica, a través de una simple manipulación del aparato por un usuario que carezca de conocimientos
         específicos, sin que la videocámara sufra modificación material alguna. En caso de que la citada función sea activada en un
         momento posterior, es también necesario, por una parte, que, realizada la manipulación correspondiente, la videocámara opere
         de forma análoga a otra videocámara cuya función DV-in es operativa en el momento del despacho aduanero y, por otra, que funcione
         de forma autónoma. La existencia de estas características debe poder ser comprobada en el momento de efectuar el despacho
         aduanero. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si se dan estas características. De no ser así, la videocámara
         de que se trata deberá clasificarse en la subpartida 8525 40 91 de la Nomenclatura Combinada. 
      
      (véanse los apartados 25 a 27 y el punto 1 del fallo)
      3.        Las Notas Explicativas relativas a la subpartida 8525 40 99, publicadas el 6 de julio de 2001 y el 23 de octubre de 2002,
         de la Nomenclatura Combinada, que figura en el anexo I del Reglamento nº 2658/87, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y
         Estadística y al Arancel Aduanero Común, tienen carácter interpretativo y carecen de fuerza vinculante en Derecho. Dichas
         Notas son conformes con el tenor de la Nomenclatura Combinada y no modifican su alcance. De ello se deduce que no era necesaria
         la adopción de un nuevo Reglamento de clasificación con carácter preferente a la interpretación del Reglamento existente.
         
      
      (véanse los apartados 28 y 37 y el punto 2 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)
      de 5 de junio de 2008 (*)
      
      «Arancel Aduanero Común – Clasificación arancelaria – Nomenclatura Combinada – Videocámaras – Notas Explicativas – Régimen jurídico»
      En el asunto C‑312/07,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el tribunal d’instance
         du XIe arrondissement de París, mediante resolución de 23 de enero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de julio de
         2007, en el procedimiento entre
      
      JVC France SAS
      y
      Administration des douanes – Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),
      integrado por el Sr. U. Lõhmus, Presidente de Sala, y el Sr. J. Klučka y la Sra. P. Lindh (Ponente), Jueces;
      Abogado General: Sra. V. Trstenjak;
      Secretario: Sr. H. von Holstein, Secretario adjunto;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de marzo de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de JVC Francia SAS, por Mes F. Goguel y F. Foucault, avocats;
      
      –        en nombre del Gobierno francés, por el Sr. G. de Bergues y la Sra. A.-L. During, en calidad de agentes;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas por los Sres. J.-P. Keppenne y S. Schønberg, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de las subpartidas 8525 40 91 y 8525 40 99 de la Nomenclatura
         Combinada que figura en el anexo I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura
         Arancelaria y Estadística y al Arancel Aduanero Común (DO L 256, p. 1), en su versión modificada por los Reglamentos (CE)
         nº 2261/98 de la Comisión, de 26 de octubre de 1998 (DO L 292, p. 1), (CE) nº 2204/1999 de la Comisión, de 12 de octubre de
         1999 (DO L 278, p. 1), (CE) nº 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de 2000 (DO L 264, p. 1, y –corrección de errores–
         DO L 276, p. 92), y (CE) nº 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001 (DO L 279, p. 1) (en lo sucesivo, «NC»), así
         como el régimen jurídico de las Notas Explicativas de la Nomenclatura Combinada de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo,
         «Notas Explicativas»), publicadas de conformidad con el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 2658/87.
      
      2        Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre la sociedad JVC France SAS (en lo sucesivo, «JVC») y la administración
         francesa de aduanas acerca de los derechos de aduana que esta última reclama a JVC, relativos a la importación de videocámaras
         digitales procedentes de Japón y de Singapur.
      
       Marco jurídico
       El Código aduanero 
      3        El artículo 220, apartado 1, del Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba
         el Código aduanero comunitario (DO L 302, p. 1; en lo sucesivo, «Código aduanero»), está redactado como sigue:
      
      «Cuando el importe de derechos que resulten de una deuda aduanera no haya sido objeto de contracción con arreglo a los artículos
         218 y 219 o la contracción se haya efectuado a un nivel inferior al importe legalmente adeudado, la contracción del importe
         de derechos que se hayan de recaudar o que queden por recaudar deberá tener lugar en un plazo de dos días a partir de la fecha
         en que las autoridades aduaneras se hayan percatado de esta situación y estén en condiciones de calcular el importe legalmente
         adeudado y de determinar el deudor (contracción a posteriori). El plazo citado podrá ampliarse de conformidad con el artículo 219.»
      
      4        El artículo 239 del mismo Código precisa:
      
      «1.      Se podrá proceder a la devolución o a la condonación de los derechos de importación o de los derechos de exportación en situaciones
         especiales, distintas de las contempladas en los artículos 236, 237 y 238: 
      
      –        que se determinarán según el procedimiento del Comité; 
      –        que resulten de circunstancias que no impliquen ni maniobra ni manifiesta negligencia por parte del interesado. Las situaciones
         en las que se podrá aplicar esta disposición y las modalidades de procedimiento que se seguirán a tal fin se definirán según
         el procedimiento del Comité. La devolución o la condonación podrán supeditarse a condiciones especiales.
      
      2.      La devolución o la condonación de los derechos por los motivos indicados en el apartado 1 se concederá previa petición presentada
         ante la aduana correspondiente antes de la expiración de un plazo de doce meses contados a partir de la fecha de comunicación
         de dichos derechos al deudor. 
      
      Sin embargo, las autoridades aduaneras podrán autorizar una prórroga de este plazo en casos excepcionales debidamente justificados.»
       La NC
      5        La NC, establecida por el Reglamento nº 2658/87, se basa en el sistema armonizado mundial de designación y codificación de
         mercancías (en lo sucesivo, «SA»), elaborado por el Consejo de Cooperación Aduanera, actualmente Organización Mundial de Aduanas,
         e instaurado por el Convenio internacional firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983 y aprobado en nombre de la Comunidad
         mediante la Decisión 87/369/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987 (DO L 198, p. 1). La NC recoge las partidas y subpartidas
         de seis cifras del SA. Sólo las cifras séptima y octava constituyen subdivisiones propias de la NC.
      
      6        La segunda parte de la NC comprende una sección XVI, que contiene un capítulo 85, que lleva por título «Máquinas, aparatos
         y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de
         imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos».
      
      7        La partida 8525 40, denominada «Videocámaras, incluidas las de imagen fija; cámaras digitales», contiene una subpartida 8525 40 91,
         que lleva por título «Las demás: Que permitan la grabación de sonido e imágenes tomadas únicamente con la cámara», y una subpartida
         8525 40 99, con el encabezamiento «Las demás: Las demás». 
      
      8        Resulta necesario precisar que la redacción de las subpartidas 8525 40 91 y 8525 40 99 es idéntica en los Reglamentos nos 2261/98, 2204/1999, 2388/2000 y 2031/2001.
      
      9        Las videocámaras clasificadas en la subpartida 8525 40 91 son gravadas con un derecho de aduana del 4,9 %, mientras que se
         aplica un tipo del 14 % a las pertenecientes a la subpartida 8525 40 99.
      
       Las Notas Explicativas 
      10      La Comisión de las Comunidades Europeas publica regularmente en el Diario Oficial de la Unión Europea las Notas Explicativas de la NC.
      
      11      Las Notas Explicativas adoptadas el 15 de septiembre de 1998 (DO C 287, p. 1) y el 13 de julio de 2000 (DO C 199, p. 1) puntualizaban,
         respecto a la subpartida 8525 40 99:
      
      «Las demás
      Se clasifican en esta subpartida las combinaciones de aparatos, llamados videocámaras o “camescopios”, que consisten en una
         cámara de vídeo y en un aparato de registro o de reproducción de imagen y sonido, que pueden registrar no sólo las imágenes
         tomadas por la cámara sino también programas de televisión. Las imágenes registradas pueden reproducirse por medio de un receptor
         de televisión externo.
      
      Por el contrario, las videocámaras o “camescopios” que únicamente permitan registrar y reproducir las imágenes tomadas por
         la cámara en un aparato receptor de televisión externo, se clasifican en la subpartida 8525 40 91.»
      
      12      Las Notas Explicativas fueron modificadas a raíz de una Comunicación de la Comisión de 6 de julio de 2001 (DO C 190, p. 10).
         En la subpartida 8525 40 99 se reprodujo el texto anterior y se intercaló un segundo párrafo:
      
      «Se clasifican igualmente en esta subpartida las videocámaras, en las que la entrada de video está tapada por una placa o
         por otro medio, y en las que el interfaz vídeo se puede activar posteriormente mediante un programa informático. Estos aparatos
         están diseñados para grabar programas de televisión u otras señales de vídeo externas.»
      
      13      Como consecuencia de una Comunicación de la Comisión de 23 de octubre de 2002 (DO C 256, p. 1), la última frase de dicho texto
         fue levemente modificada:
      
      «[...] programas de televisión u otras señales de vídeo externas.»
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      14      A raíz de una investigación la administración de aduanas refutó la clasificación arancelaria designada por la sociedad JVC
         con ocasión de la importación de videocámaras digitales de dos categorías procedentes de Japón y de Singapur.
      
      15      Mediante una primera acta de 11 de octubre de 2002, los agentes de aduanas hicieron constar que la sociedad JVC había importado
         entre el 29 de junio de 1999 y el 23 de julio de 2001 videocámaras provistas de una conexión de entrada-salida denominada
         «DV in-out» activada Este tipo de videocámara permite grabar imágenes y sonido, pero también una señal externa gracias a una
         conexión específica. La videocámara puede conectarse directamente a un ordenador o a un televisor para transmitir a éste imágenes
         de video digitales que ha filmado (función DV-out) y, a su vez, la videocámara puede grabar las secuencias digitales de cualquier
         origen tratadas por el ordenador (función DV-in).
      
      16      Los agentes de aduanas consideraron que la clasificación arancelaria adecuada era la subpartida 8525 40 99, y no la clasificación
         designada por JVC, a saber, la subpartida 8525 40 91.
      
      17      JVC no impugnó esa clasificación y pagó el importe de los derechos eludidos. No obstante, solicitó la condonación de los derechos
         al amparo del artículo 239 del Código aduanero, alegando que el error nacía de una modificación de la práctica comunitaria.
         Esa petición fue denegada mediante una primera resolución de 16 de diciembre de 2004.
      
      18      Mediante una segunda acta de 11 de octubre de 2002, los agentes de aduanas hicieron constar que la sociedad JVC había importado
         entre el 22 de junio de 1999 y el 28 de agosto de 2002 videocámaras digitales en las que sólo estaba activada la función DV-out,
         pudiendo activarse la función DV-in tras el despacho aduanero.
      
      19      Los agentes de aduanas consideraron también que la clasificación arancelaria adecuada era la subpartida 8525 40 99, y no la
         clasificación designada por JVC, a saber, la subpartida 8525 40 91, y emitieron una certificación de descubierto de fecha
         6 de enero de 2004. JVC impugnó dicha certificación, por un lado, y solicitó la condonación de los derechos, por otro. Esta
         última petición fue denegada mediante una segunda resolución de 16 de diciembre de 2004. 
      
      20      JVC interpuso a continuación dos demandas ante el tribunal d’instance du XIe arrondissement de París.
      
      21      Mediante la primera de ellas, interpuesta el 7 de marzo de 2005, JVC solicitó la anulación de la certificación de descubierto
         de 6 de enero de 2004, alegando que las videocámaras en cuestión debían ser clasificadas en la subpartida 8525 40 91.
      
      22      Mediante la segunda demanda, interpuesta el 2 de febrero de 2006, JVC solicitó la anulación de las dos resoluciones de 16
         de diciembre de 2004 que habían denegado las peticiones de condonación de los derechos. JVC alegó que las certificaciones
         de descubierto son la consecuencia de una modificación de la práctica comunitaria, debida a la publicación de versiones modificativas
         de las Notas Explicativas de la NC. Esa modificación constituye, según alega, una circunstancia especial en el sentido del
         artículo 239 del Código aduanero.
      
      23      Ante el tribunal, JVC sostuvo que con anterioridad a 2001 los importadores y los servicios de aduanas clasificaban en la subpartida
         8525 40 91 las videocámaras que en el momento de su importación sólo disponían de la función «DV-out» activada. La práctica
         cambió a raíz de la modificación de las Notas Explicativas mediante la Comunicación de la Comisión de 6 de julio de 2001.
         Según JVC, en tanto que las autoridades aduaneras alemanas y británicas decidieron aplicar esa nueva interpretación sólo a
         las importaciones posteriores al 6 de julio de 2001, la administración aduanera francesa decidió aplicar retroactivamente
         dicha interpretación, lo que es contrario al Código aduanero.
      
      24      En estas circunstancias, el tribunal d’instance du XIe arrondissement de París, tras haber acumulado ambas demandas, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de
         Justicia las dos cuestiones prejudiciales siguientes:
      
      «1)      ¿Debe clasificarse en la subpartida 8525 40 99 una videocámara que en el momento de su importación no está en condiciones
         de grabar señales de imagen y sonido externas, si es posible adaptar posteriormente la interfaz de vídeo como entrada de vídeo
         mediante un software o un aparato activador (widget), al estar provista dicha videocámara de circuitos electrónicos que le
         permiten grabar una señal de imagen y sonido externa, aunque el fabricante y el vendedor nunca hayan indicado ni garantizado
         esa posibilidad?
      
      2)      En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, en la medida en que las modificaciones sucesivas de las Notas Explicativas
         llevan consigo un cambio en la práctica comunitaria de clasificación de videocámaras y una excepción al principio según el
         cual la clasificación de mercancías debe efectuarse en función de las características efectivas de éstas en el momento de
         su despacho aduanero, ¿podía la Comisión […] proceder lícitamente a ese cambio mediante una modificación de las Notas Explicativas,
         por tanto de aplicación retroactiva, en lugar de hacerlo mediante la adopción de un reglamento de clasificación aplicable
         únicamente a situaciones futuras?»
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la primera cuestión
      25      Mediante su primera cuestión, el tribunal remitente pregunta en sustancia si para la clasificación de las videocámaras puede
         o debe tenerse en cuenta la posibilidad de activar la función DV‑in si ello no se hizo en el momento del despacho aduanero,
         pero puede activarse en un momento posterior a través de una manipulación o añadiendo un programa de software. Además, dicho
         tribunal se pregunta sobre la importancia que pueda tener el hecho de que el fabricante no haya indicado ni garantizado esta
         posibilidad en el momento del despacho aduanero.
      
      26      En la sentencia de 27 de septiembre de 2007, Medion y Canon Deutschland (C‑208/06 y C‑209/06, Rec. p. I‑7963), el Tribunal
         de Justicia ha respondido a una cuestión prejudicial idéntica a la que formula el tribunal remitente. Por consiguiente se
         debe ofrecer idéntica respuesta a esta última.
      
      27      En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que una videocámara sólo puede ser clasificada en la subpartida 8525 40 99
         de la NC si la función de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados es
         operativa en el momento del despacho aduanero o si esta función puede ser activada en un momento posterior, aunque el fabricante
         no haya querido destacar esta característica, a través de una simple manipulación del aparato por un usuario que carezca de
         conocimientos específicos, sin que la videocámara sufra modificación material alguna. En caso de que la citada función sea
         activada en un momento posterior, es también necesario, por una parte, que, realizada la manipulación correspondiente, la
         videocámara opere de forma análoga a otra videocámara cuya función de grabar imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas
         de la cámara o micrófono integrados es operativa en el momento del despacho aduanero y, por otra, que funcione de forma autónoma.
         La existencia de estas características debe poder ser comprobada en el momento de efectuar el despacho aduanero. Corresponde
         al órgano jurisdiccional nacional determinar si se dan estas características. De no ser así, la videocámara de que se trata
         deberá clasificarse en la subpartida 8525 40 91 de la NC.
      
       Sobre la segunda cuestión
      28      Mediante su segunda cuestión, el tribunal remitente trata de conocer, en esencia, los efectos jurídicos de las modificaciones
         de las Notas Explicativas de la NC, en especial respecto a la clasificación de las mercancías objeto del litigio principal,
         y se pregunta si la Comisión habría debido adoptar un nuevo Reglamento de clasificación en lugar de interpretar el Reglamento
         vigente.
      
       Sobre la admisibilidad de la cuestión
      29      La Comisión considera inadmisible la cuestión por ser hipotética e inútil para la solución del litigio. Según ella, las modificaciones
         de las Notas Explicativas de la NC no constituyen una modificación que afecte a una situación jurídica anterior. En efecto,
         esas Notas carecen de efecto jurídico como tal. Su modificación, alega, no produce efectos en los derechos de los operadores
         económicos. Por último, afirma que la resolución de remisión contiene informaciones de hecho demasiado escasas para que el
         Tribunal de Justicia pueda ampliar la cuestión y, en su caso, reformularla.
      
      30      A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional
         nacional, que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar,
         a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como
         la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia (véanse, en particular, las sentencias de 15 de diciembre
         de 1995, Bosman, C‑415/93, Rec. p. I‑4921, apartado 59, y de 15 de junio de 2006, Acereda Herrera, C‑466/04, Rec. p. I‑5341,
         apartado 47).
      
      31      El Tribunal de Justicia sólo puede denegar la petición de un tribunal nacional cuando resulta evidente que la interpretación
         o la apreciación de la validez de una norma comunitaria, solicitadas por el órgano jurisdiccional nacional, no tienen relación
         alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, o cuando el problema es de naturaleza hipotética (véanse las
         sentencias antes citadas Bosman, apartado 61, y Acereda Herrera, apartado 48). 
      
      32      En el asunto principal el tribunal remitente conoce de una petición de condonación de derechos de aduana basada en el artículo
         239, apartado 1, del Código aduanero, y con ese objeto tiene que averiguar los elementos que puedan constituir una situación
         especial resultante de circunstancias que no impliquen intento de fraude ni manifiesta negligencia por parte de JVC. En este
         contexto, la cuestión del régimen jurídico de las Notas Explicativas de la NC resulta pertinente. La cuestión es por tanto
         admisible.
      
       Sobre el fondo
      33      Procede recordar en primer lugar que, según reiterada jurisprudencia, en aras de la seguridad jurídica y de la facilidad de
         los controles, el criterio decisivo para la clasificación arancelaria de mercancías debe buscarse, por lo general, en sus
         características y propiedades objetivas, tal como están definidas en el texto de las partidas de la NC y de las notas de las
         secciones o capítulos (véanse, en particular, las sentencias de 26 de septiembre de 2000, Eru Portuguesa, C‑42/99, Rec. p. I‑7691,
         apartado 13; de 15 de septiembre de 2005, Intermodal Transports, C‑495/03, Rec. p. I‑8151, apartado 47; de 8 de diciembre
         de 2005, Possehl Erzkontor, C‑445/04, Rec. p. I‑10721, apartado 19, y de 16 de febrero de 2006, Proxxon, C‑500/04, Rec. p. I‑1545,
         apartado 21).
      
      34      El Tribunal de Justicia también ha declarado que las Notas Explicativas de la NC, así como las del SA, contribuyen de manera
         significativa a la interpretación del alcance de las diferentes partidas arancelarias, sin tener, no obstante, fuerza vinculante
         en Derecho. Por lo tanto, el tenor de dichas Notas debe ser conforme con las disposiciones de la NC y no puede modificar su
         alcance (véanse las sentencias antes citadas Intermodal Transports, apartado 48; Possehl Erzkontor, apartado 20, y Proxxon,
         apartado 22). Si se pone de manifiesto que son contrarias al texto de las partidas de la NC y de las notas de sección o de
         capítulo, las Notas Explicativas de la NC no deben aplicarse (véase la sentencia de 19 de abril de 2007, Sunshine Deutschland
         Handelsgesellschaft, C‑229/06, Rec. p. I‑3251, apartado 31).
      
      35      En lo que atañe a las subpartidas de la NC pertinentes para los asuntos principales, hay que destacar que el texto de la subpartida
         8525 40 99 sólo contiene el término «las demás». Por lo tanto, esa subpartida abarca todas la videocámaras distintas de las
         que «permitan la grabación de sonido e imágenes tomadas únicamente con la cámara» (función DV‑out), las cuales corresponden
         a la subpartida 8525 40 91. En consecuencia, la Comisión tuvo que interpretar el contenido de la subpartida 8525 40 99 en
         las Notas Explicativas de la NC. Dichas Notas Explicativas indicaron a partir del 15 de septiembre de 1998 que las videocámaras
         previstas en la subpartida 8525 40 99 eran las que disponían de la función DV‑in y de la función DV‑out. El 6 de julio de
         2001 la Comisión modificó de nuevo las Notas Explicativas de la NC, precisando que la subpartida 8525 40 99 comprende también
         las videocámaras diseñadas con la función DV‑in sin que esa función esté activada en el momento del despacho aduanero.
      
      36      Es preciso estimar que, habida cuenta de la redacción respectiva de las subpartidas 8525 40 91 y 8525 40 99, las Notas Explicativas
         de la NC relativas a la última subpartida son conformes con las disposiciones de la NC y no modifican su alcance.
      
      37      De las consideraciones anteriores resulta que procede responder a la segunda cuestión que las Notas Explicativas de la NC
         relativas a la subpartida 8525 40 99, publicadas el 6 de julio de 2001 y el 23 de octubre de 2002, tienen carácter interpretativo
         y carecen de fuerza vinculante en Derecho. Dichas Notas son conformes con el tenor de la NC y no modifican su alcance. De
         ello se deduce que no era necesaria la adopción de un nuevo Reglamento de clasificación.
      
       Costas
      38      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) declara:
      1)      Una videocámara sólo puede ser clasificada en la subpartida 8525 40 99 de la Nomenclatura Combinada que figura en el anexo
            I del Reglamento (CEE) nº 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la Nomenclatura Arancelaria y Estadística
            y al Arancel Aduanero Común, en su versión modificada por los Reglamentos (CE) nº 2261/98 de la Comisión, de 26 de octubre
            de 1998, (CE) nº 2204/1999 de la Comisión, de 12 de octubre de 1999, (CE) nº 2388/2000 de la Comisión, de 13 de octubre de
            2000, y (CE) nº 2031/2001 de la Comisión, de 6 de agosto de 2001, si la función de grabar imágenes y sonidos procedentes de
            fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados es operativa en el momento del despacho aduanero o si esta función puede
            ser activada en un momento posterior, aunque el fabricante no haya querido destacar esta característica, a través de una simple
            manipulación del aparato por un usuario que carezca de conocimientos específicos, sin que la videocámara sufra modificación
            material alguna. En caso de que la citada función sea activada en un momento posterior, es también necesario, por una parte,
            que, realizada la manipulación correspondiente, la videocámara opere de forma análoga a otra videocámara cuya función de grabar
            imágenes y sonidos procedentes de fuentes distintas de la cámara o micrófono integrados es operativa en el momento del despacho
            aduanero y, por otra, que funcione de forma autónoma. La existencia de estas características debe poder ser comprobada en
            el momento de efectuar el despacho aduanero. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si se dan estas características.
            De no ser así, la videocámara de que se trata deberá clasificarse en la subpartida 8525 40 91 de esta Nomenclatura Combinada.
      2)      Las Notas Explicativas de dicha Nomenclatura Combinada relativas a la subpartida 8525 40 99, publicadas el 6 de julio de 2001
            y el 23 de octubre de 2002, tienen carácter interpretativo y carecen de fuerza vinculante en Derecho. Dichas Notas son conformes
            con el tenor de la Nomenclatura Combinada y no modifican su alcance. De ello se deduce que no era necesaria la adopción de
            un nuevo Reglamento de clasificación.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.