CELEX: 62008CC0413
Language: es
Date: 2010-02-11
Title: Conclusiones del Abogado General Mazák presentadas el 11 de febrero de 2010. # Lafarge SA contra Comisión Europea. # Recurso de casación - Práctica colusoria - Paneles de yeso - Desnaturalización de las pruebas - Carga de la prueba - Falta de motivación - Reglamento nº 17 - Artículo 15, apartado 2 - Sanción - Reincidencia - Momento en que se toma en consideración el efecto disuasorio de la multa. # Asunto C-413/08 P.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. JÁN MAZÁK
      presentadas el 11 de febrero de 2010 1(1)
      
      Asunto C‑413/08 P
      Lafarge SA
      contra
      Comisión Europea
      «Recurso de casación – Competencia – Práctica colusoria – Mercado de los paneles de yeso – Infracción del artículo 81 CE – Desnaturalización de los hechos – Carga de la prueba – Obligación de motivación – Principio de igualdad de trato – Principio de proporcionalidad – Cálculo del importe de partida de la multa – Reincidencia – Incremento de la multa – Efecto disuasorio»I.      Introducción
      1.        Mediante su recurso de casación, Lafarge SA (en lo sucesivo, «recurrente» o «Lafarge») solicita al Tribunal de Justicia, en
         particular, que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 8 de julio
         de 2008 en el asunto T‑54/03, Lafarge/Comisión (en lo sucesivo, «sentencia recurrida») y la Decisión 2005/471/CE, de 27 de
         noviembre de 2002, (2) (en lo sucesivo, «Decisión impugnada») en la medida en que impuso una multa a la recurrente o, con carácter subsidiario,
         anule parcialmente la sentencia recurrida y reduzca el importe de la multa impuesta por la Comisión a la recurrente en la
         Decisión impugnada.
      
      II.    Antecedentes del recurso de casación
      A.      Marco jurídico
      2.        El artículo 15 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos
         [81] y [82] del Tratado, (3) establece:
      
      «[…]
      2.      La Comisión podrá, mediante decisión, imponer a las empresas y asociaciones de empresas multas que vayan de un mínimo de mil
         unidades de cuenta a un máximo de un millón de unidades de cuenta, pudiéndose elevar ese límite máximo hasta el diez por ciento
         del volumen de negocios alcanzado durante el ejercicio económico precedente por cada empresa que hubiere tomado parte en la infracción
         cuando, deliberadamente o por negligencia:
      
      a)      cometan una infracción a las disposiciones del [artículo 81 CE, apartado 1], o del artículo [82 CE], […]
      […]
      Para establecer la cuantía de la multa, se tomará en consideración, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta.
      […]»
      B.      Decisión impugnada
      3.        El 27 de noviembre de 2002, la Comisión adoptó la Decisión impugnada, en la que declaró que BPB plc (en lo sucesivo, «BPB»),
         Knauf Group (en lo sucesivo, «Knauf»), Lafarge y Gyproc Benelux NV (en lo sucesivo, «Gyproc») habían infringido el artículo
         81 CE, apartado 1, al haber participado en una serie de acuerdos y prácticas concertadas en el mercado de los paneles de yeso. (4) La Comisión consideró que BPB, Knauf, Lafarge y Gyproc celebraron y participaron sin interrupción en un acuerdo complejo
         y continuo contrario al artículo 81 CE, apartado 1, y que se manifestó por los comportamiento siguientes, constitutivos de
         acuerdos o prácticas concertadas:
      
      –        los representantes de BPB y Knauf se reunieron en Londres en 1992 y expresaron su voluntad común de estabilizar los mercados
         del territorio de Alemania (en lo sucesivo, «mercado alemán»), del territorio del Reino Unido (en lo sucesivo, «mercado británico»)
         y de los territorios de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (en lo sucesivo, «mercado del Benelux»),
      
      –        a partir de 1992, los representantes de BPB y Knauf establecieron sistemas de intercambio de información a los que se adhirieron
         Lafarge y posteriormente Gyproc, relativos a sus volúmenes de ventas en los mercados alemán, francés, británico y del Benelux
         de los paneles de yeso,
      
      –        los representantes de BPB, Knauf y Lafarge, en varias ocasiones, se informaron recíprocamente de antemano acerca de las subidas
         de precios en el mercado británico,
      
      –        frente a la evolución particular del mercado alemán, los representantes de BPB, Knauf, Lafarge y Gyproc se reunieron en Versalles
         en 1996, en Bruselas en 1997 y en La Haya en 1998 con el fin de repartirse, o al menos estabilizar, el mercado alemán,
      
      –        los representantes de BPB, Knauf, Lafarge y Gyproc se informaron recíprocamente en varias ocasiones y se pusieron de acuerdo
         sobre la aplicación de subidas de precios en el mercado alemán entre 1996 y 1998. 
      
      4.        La duración de la infracción fue la siguiente:
      
      –        «BPB [PLC]: desde el 31 de marzo de 1992, como mínimo, hasta el 25 de noviembre de 1998,
      –        Knauf: desde el 31 de marzo de 1992, como mínimo, hasta el 25 de noviembre de 1998,
      –        [Société] Lafarge [SA]: desde el 31 de agosto de 1992, como mínimo, hasta el 25 de noviembre de 1998,
      –        Gyproc [Benelux N.V.]: desde el 6 de junio de 1996, como mínimo, hasta el 25 de noviembre de 1998.» (5)
      
      5.        La Comisión consideró que, habida cuenta del comportamiento de que se trata, sus repercusiones prácticas en el mercado de
         los paneles de yeso, que estaba altamente concentrado y tenía un carácter muy oligopolístico y del hecho de que cubría los
         cuatro principales mercados que constituían el núcleo central de la Comunidad Europea, los destinatarios de la Decisión impugnada
         habían cometido una infracción muy grave del artículo 81 CE, apartado 1. La Comisión aplicó a las empresas un tratamiento
         diferenciado con el fin de tener en cuenta su capacidad económica real para dañar en una medida significativa la competencia
         y de fijar la multa en un nivel que garantice un efecto disuasorio suficiente. En vista de la disparidad considerable en cuanto
         al tamaño de las empresas participantes en la infracción, la Comisión estableció los importes de base de las multas en atención
         a la gravedad:
      
      «–      BPB: 80 millones de euros,
      –      Knauf Westdeutsche Gipswerke: 52 millones de euros,
      –      Lafarge: 52 millones de euros,
      –      Gyproc: 8 millones de euros.» (6)
      
      6.        Para asegurar que las multas tuvieran un carácter suficientemente disuasorio, y habida cuenta de su gran tamaño y sus recursos
         globales, se incrementó en un 100 % el importe de partida de la multa impuesta a Lafarge, lo que elevó ésta a 104 millones
         de euros. La Comisión consideró que la infracción fue de larga duración (más de cinco años) en el caso de Knauf, BPB y Lafarge,
         y de duración media (de uno a cinco años) en el caso de Gyproc; en consecuencia, incrementó en un 65 % el importe de base
         de la multa a BPB y Knauf Westdeutsche Gipswerke, en un 60 % el de la multa a Lafarge y en un 20 % el de la multa a Gyproc.
         En cuanto a las circunstancias agravantes, la Comisión señaló que ya había adoptado anteriormente medidas contra BPB y Lafarge
         en casos de prácticas colusorias en la Decisión 94/601/CE de la Comisión (7) y la Decisión 94/815/CE de la Comisión, (8) respectivamente.
      
      7.        La Comisión señaló, en particular, que había adoptado previamente una decisión en la que imponía multas a Lafarge (denominada
         entonces Lafarge Coppée SA) por haber participado en un acuerdo ilícito en el sector del cemento. Lafarge continuó participando
         activamente en una práctica colusoria en el sector de los paneles de yeso después de que se le notificara la decisión antes
         mencionada. El hecho de que Lafarge repitiera el mismo tipo de comportamiento en un sector diferente del que era objeto de
         la primera decisión, demostraba, según la Comisión, que las sanciones impuestas en el primer caso no consiguieron que la empresa
         modificara su comportamiento y, por lo tanto, constituía una circunstancia agravante.
      
      8.        Como consecuencia, la Comisión aumentó en un 50 % el importe de base de la multa impuesto a BPB y Lafarge.
      
      9.        En concepto de circunstancia atenuante, se concedió a Gyproc una reducción del 25 % sobre el importe de base de la multa.
         La Comisión concedió una reducción del importe de las multas del 30 % a BPB y del 40 % a Gyproc de conformidad con la Comunicación
         de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos
         entre empresas (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»). (9) Se impusieron a las siguientes empresas las multas siguientes: 
      
      «–      BPB PLC: 138,6 millones de euros,
      –        Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG: 85,8 millones de euros,
      –      Société Lafarge SA: 249,6 millones de euros,
      –      Gyproc Benelux NV: 4,32 millones de euros.» (10)
      
      C.      Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia
      10.      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de febrero de 2003, Lafarge solicitó
         la anulación de la Decisión impugnada y con carácter subsidiario, la anulación o la reducción del importe de la multa impuesta
         por la Decisión. En apoyo de su recurso, Lafarge invocó seis motivos: en primer lugar, la violación del derecho de defensa;
         en segundo lugar, por un lado, la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, y, por otro, errores manifiestos de apreciación;
         en tercer lugar, la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, en la medida en que la Decisión impugnada calificó la infracción
         de única y continua y consideró que Lafarge había participado en ella; en cuarto lugar, la infracción del artículo 15, apartado
         2, del Reglamento nº 17 por el uso del volumen de negocios para calcular el importe de la multa; en quinto lugar, la ilegalidad
         de la Decisión impugnada por imponer a Lafarge una multa global por distintas infracciones y, en sexto lugar, la infracción
         del artículo 15, apartado 2, del Reglamento 17 y de los principios generales en su cálculo de la multa.
      
      11.      El Tribunal de Primera Instancia dictó su sentencia el 8 de julio de 2008, en la que desestimaba la demanda presentada por
         Lafarge. Se condenó a dicha empresa al pago de sus propias costas y de las que incurrió la Comisión. En su recurso de casación,
         Lafarge impugna las partes de la Decisión impugnada que se refieren a sus motivos segundo, tercero y sexto invocados ante
         el Tribunal de Primera Instancia. 
      
      III. Procedimiento de casación
      12.      El 22 de septiembre de 2008, Lafarge interpuso un recurso de casación contra la sentencia recurrida. Lafarge solicita al Tribunal
         de Justicia que:
      
      –      Anule la sentencia recurrida.
      –      Estime las pretensiones formuladas por Lafarge en primera instancia y, por lo tanto, anule la Decisión impugnada, en la medida
         en que imponía una multa a Lafarge.
      
      Con carácter subsidiario:
      –      anule parcialmente la sentencia recurrida, y
      –      estime las pretensiones formuladas por Lafarge en primera instancia y, por lo tanto, reduzca el importe de la multa impuesta
         por la Comisión a Lafarge en la Decisión impugnada.
      
      –        Condene en costas a la Comisión.
      13.      La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Desestime el recurso de casación. 
      –        Condene en costas a la recurrente.
      14.      La vista se celebró el 22 de octubre de 2009.
      
      15.      El recurrente se basa en seis motivos de casación. Mediante su primer motivo de casación, la recurrente alega, con carácter
         principal, que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos al considerar que la Comisión podía basar válidamente
         la propia existencia de las infracciones refiriéndose sistemáticamente a un contexto global caracterizado por una serie de infracciones.
         Mediante su segundo motivo de casación la recurrente alega, con carácter accesorio, la vulneración de las normas en materia
         de carga de la prueba, del principio de presunción de inocencia y su corolario, el principio in dubio pro reo, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia estimó que la Comisión había acreditado la participación de la recurrente
         en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992. Mediante su tercer motivo de casación, la recurrente
         invoca, con carácter accesorio, el incumplimiento por el Tribunal de Primera Instancia de la obligación de motivación así
         como la vulneración del principio de igualdad de trato, al considerar que la Comisión demostró válidamente que la recurrente
         había cometido una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992. En su cuarto motivo de casación, la
         recurrente sostiene, con carácter accesorio, que el Tribunal de Primera Instancia vulneró los principios de proporcionalidad
         y de igualdad de trato al fijar el importe de partida de la multa. Mediante su quinto motivo, la recurrente, con carácter
         accesorio, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en varios errores de Derecho e incumplió su obligación de
         motivación en la medida en que consideró que la Comisión podía legítimamente incrementar la multa impuesta a la recurrente
         por reincidencia. Por último, en su sexto motivo de casación, la recurrente alega, con carácter accesorio, que el Tribunal
         de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al declarar que la Comisión podía legítimamente incrementar el importe de
         partida de la multa con una finalidad disuasoria.
      
      IV.    Primer motivo de casación: desnaturalización de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia
      A.      Sentencia recurrida
      16.      Mediante su segundo motivo invocado ante el Tribunal de Primera Instancia, titulado «infracción del artículo 81 CE, apartado
         1, y errores manifiestos de apreciación», Lafarge alegó que la reunión de Londres de 1992, el intercambio de información,
         el intercambio de información específica al Reino Unido, los aumentos de precios en el Reino Unido, la estabilización del
         mercado alemán y los aumentos de precios en Alemania no constituyen una infracción a efectos del artículo 81 CE, apartado
         1. En el presente recurso de casación, la recurrente no impugna las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia relativas
         a la reunión de Londres. A este respecto, basta con señalar, como se desprende del apartado 212 de la sentencia recurrida,
         que el Tribunal de Primera Instancia consideró que Lafarge no había participado en dicha reunión.
      
      17.      Por lo que se refiere al intercambio de información, el Tribunal de Primera Instancia consideró que el hecho de que Lafarge
         supiera o debiera haber sabido que la finalidad del intercambio de información relativa a los volúmenes de ventas era controlar
         el mercado para estar informada de si había acabado la guerra de precios y si las cuotas de mercado se mantenían relativamente
         estables, quedó demostrado de modo suficiente con arreglo a Derecho a partir de un conjunto de indicios objetivos y concordantes. (11)
      
      18.      En cuanto al intercambio de información específica del Reino Unido, el Tribunal de Primera Instancia estimó que la Comisión
         había probado de modo suficiente con arreglo a Derecho la participación de Lafarge en un intercambio de información sobre
         volúmenes de ventas en el mercado británico. (12) Además, en lo que atañe a los aumentos de precios en el Reino Unido, para el período anterior al 7 de septiembre de 1996,
         el Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 316 de la sentencia recurrida, que la Comisión no había encontrado
         ninguna prueba documental de contactos entre las empresas de que se trata. Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia
         señaló, en los apartados 319 a 323 de la sentencia recurrida, que, por lo que se refiere a dicho período, los anuncios de
         aumento de precios fueron prácticamente simultáneos en los cuatro casos. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia declaró,
         en particular, que «en el presente caso, aun cuando los intervalos entre los distintos anuncios de aumento de precios podrían
         haber permitido a las empresas determinar éstos gracias a información sobre el mercado y aun cuando tales aumentos no eran
         siempre exactamente del mismo nivel, la casi simultaneidad de los anuncios de aumento de precios y el paralelismo de los precios
         anunciados vienen a ser pruebas inequívocas de una concertación previa a dichos anuncios, ya que los citados aumentos fueron
         efectuados en un contexto caracterizado por el hecho de que, como indicó la Comisión en la Decisión impugnada, Knauf y BPB
         acordaron en la reunión de Londres a principios de 1992 acabar con la guerra de precios en los cuatro mercados europeos y
         que el acceso de Lafarge a ese sistema se produjera, como muy tarde, a finales de agosto de 1992». (13) El Tribunal de Primera Instancia declaró, con respecto al período posterior al 7 de septiembre de 1996, que la existencia
         de contactos entre competidores en relación con los aumentos de precios en el Reino Unido quedó demostrada mediante pruebas
         documentales. (14)
      
      19.      En cuanto a la estabilización del mercado alemán, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 402 de la sentencia
         recurrida, que «habida cuenta del contexto general del asunto», y sobre la base de hechos no discutidos, la Comisión ha demostrado
         de modo suficiente con arreglo a Derecho que aun cuando las empresas de que se trata no llegaran a celebrar un acuerdo específico
         para repartirse el mercado alemán entre ellas, expresaron su intención común de comportarse en ese mercado de determinada
         manera, en concreto restringiendo la competencia mediante una estabilización de dicho mercado.
      
      20.      Por lo que se refiere al aumento de precios en Alemania, el Tribunal de Primera Instancia examinó las pruebas relativas a
         la existencia de contactos y concertación entre competidores. Dicho Tribunal declaró en el apartado 426 de la sentencia recurrida,
         que los contactos entre las empresas de que se trata deben considerarse en el contexto de un período caracterizado por un
         conjunto de manifestaciones contrarias a la competencia que ponían de manifiesto un deseo común de los competidores de estabilizar
         el mercado de los paneles de yeso en los cuatro principales mercados europeos, incluido el mercado alemán. El Tribunal de
         Primera Instancia señaló asimismo que, aunque el contenido de un documento aislado encontrado por la Comisión no puede revelar
         de manera inequívoca la existencia de un comportamiento contrario a la competencia, ese hecho no excluye que se interprete
         que el documento corrobora la existencia de tal deseo si dicho documento forma parte de un conjunto de documentos que ofrecen
         datos fiables de la existencia de comportamientos contrarios a la competencia contemporáneos y similares. A este respecto,
         el Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración un conjunto de documentos para declarar que Lafarge tuvo contactos
         directos con sus competidores en relación con los aumentos de precios en el mercado alemán y que existía una concertación
         para aplicar tales aumentos.
      
      B.      Alegaciones y apreciación
      21.      La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos al considerar que la Comisión pudo basar
         válidamente la propia existencia de las infracciones por referencia sistemática a un contexto global caracterizado por un
         conjunto de infracciones. Por consiguiente, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia recurrida,
         adoptó un razonamiento circular al referirse a un contexto global de infracción para demostrar la propia existencia de las infracciones
         en las que se basa el supuesto contexto global de infracción. Además, el Tribunal de Primera Instancia consideró sistemáticamente
         que una interpretación contraria a la competencia de los hechos era más plausible que las explicaciones alternativas ofrecidas
         por Lafarge. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia estimó que el objeto contrario a la competencia del intercambio
         de información (apartados 270 y 271 de la sentencia recurrida), junto al intercambio de información específica al Reino Unido
         (apartado 303 de la sentencia recurrida), la existencia de una concertación en relación con los aumentos de precios en el
         Reino Unido (apartado 324 de la sentencia recurrida) y Alemania (apartado 402 de la sentencia recurrida) y la existencia de
         un acuerdo para estabilizar el mercado alemán (apartado 430 de la sentencia recurrida) se establecieron teniendo en cuenta
         el contexto global de infracción cuando la existencia de ese contexto no se estableció sobre la base de pruebas sino sobre
         la base de una conducta infractora que se calificó de tal únicamente en relación con ese contexto global. Al proceder de este
         modo, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos que se habían aportado ante él.
      
      22.      Debe recordarse que el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar
         las pruebas que el Tribunal General haya admitido en apoyo de éstos. Siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo
         regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y
         de valoración de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal General apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos
         que le hayan sido presentados. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichos elementos,
         una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia. (15)
      
      23.      La desnaturalización de los hechos y de las pruebas presentados ante el Tribunal General debe deducirse manifiestamente de
         los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de estos elementos. (16) Además, si la recurrente alega la desnaturalización de los elementos de prueba por parte del Tribunal General está obligada
         a indicar de manera precisa los elementos que en su opinión han sido desnaturalizados por éste y a demostrar los errores de
         análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal de Primera Instancia a dicha desnaturalización. (17)
      
      24.      En mi opinión, la recurrente, mediante el presente motivo de casación, alegó en términos generales que el Tribunal de Primera
         Instancia había desnaturalizado los hechos e indicó detalladamente las pruebas que, según ella, habían sido desnaturalizadas.
      
      25.      Sin embargo, la recurrente no indicó de manera precisa, salvo en relación con la nota interna de octubre de 1994 hallada en
         los locales de Rigips y a la que se hace referencia en el apartado 430 de la sentencia recurrida en el contexto de la constatación
         del Tribunal de Primera Instancia respecto a los aumentos de precios en Alemania, los errores de apreciación que, a su entender,
         llevaron a la desnaturalización de las pruebas. Así pues, la recurrente no señaló, salvo en lo que atañe a una parte del contenido
         del apartado 430 de la sentencia recurrida, ninguna inexactitud material en la interpretación que el Tribunal Primera Instancia
         hizo de los documentos que le fueron presentados. Por lo tanto, en mi opinión, aun cuando la recurrente alegó la desnaturalización
         de los hechos, en realidad lo que pretendía era una nueva apreciación de las pruebas presentadas ante el Tribunal de Primera
         Instancia. Dicha finalidad excede claramente del ámbito de aplicación del procedimiento de casación ante el Tribunal de Justicia.
      
      26.      En cuanto a la nota de octubre de 1994, la recurrente alega que ningún elemento de dicha nota apoya la conclusión de que los
         competidores tuvieron contacto entre ellos. En primera instancia, Lafarge sostuvo que la nota subrayaba la existencia de intercambios
         entre productores en relación con el aumento de precios de febrero de 1995. Según Lafarge, el autor de la nota fue informado
         por el mercado en relación con del aumento de precios proyectado por Knauf. (18)
      
      27.      El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 430 de la sentencia recurrida, declaró que, a pesar de la alegación de Lafarge
         según la cual el autor de la nota fue informado por el mercado en relación con el aumento de precios proyectado por Knauf,
         «convence más la interpretación que hace la Comisión de esta nota, habida cuenta de los demás elementos del expediente que
         demuestran la existencia, en aquella época, de una concertación entre las empresas en cuestión. La Comisión estima, con razón,
         que esta nota revela un conocimiento de la estrategia de los competidores y demuestra que se produjeron contactos entre éstos.
         En efecto, tras resumir la situación del mercado, el autor de la nota explica que el Director de ventas de Gyproc se había
         quejado de que su empresa había perdido cuota de mercado y que debía recuperarla. Además, en la nota se preveía congelar los
         precios al nivel mencionado en ésta y que, a partir del 1 de febrero de 1995, tendría lugar una subida de precios. Este comentario
         es particularmente revelador. En efecto, si el envío de los anuncios de subidas de precios por Knauf fue unilateral y los
         otros productores se limitaron a seguir tal subida de precios, BPB no podía saber en octubre de 1994 que estaba prevista una
         subida de precios para el 1 de febrero de 1995, habida cuenta de que Knauf no anunció esta subida de precios hasta noviembre
         de 1994».
      
      28.      De la sentencia recurrida se desprende claramente que la nota en cuestión no fue examinada separadamente por el Tribunal de
         Primera Instancia. Más bien, el examen de la nota se efectuó conjuntamente con otros elementos del expediente. Por lo tanto,
         de la sentencia recurrida resulta claramente que la verdadera importancia de la nota de octubre de 1994 fue aclarada por otros
         elementos que obraban en autos. A este respecto, los otros elementos considerados para demostrar que existía concertación
         entre las empresas de que se trata en aquella época fueron, en primer lugar, una declaración de Knauf según la cual se había
         establecido, desde hacía tiempo, la práctica de enviar los anuncios de aumentos de precios con listas de precios directamente
         a los competidores al mismo tiempo que a los clientes (apartado 430 de la sentencia recurrida), en segundo lugar, varias copias
         de anuncios de aumentos de precios de los competidores halladas durante la investigación de la Comisión en los locales de
         BPB y Lafarge (apartado 430 de la sentencia recurrida) y, en tercer lugar, el hecho de que se produjera un aumento de los
         precios el 1 de febrero de 1995 (apartado 430 de la sentencia recurrida).
      
      29.      Estos elementos adicionales no han sido impugnados por la recurrente.
      
      30.      En mi opinión, a la luz de tales elementos adicionales no discutidos y de las constataciones del Tribunal de Justicia en la
         sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, (19) la recurrente no demostró que el Tribunal de Primera Instancia interpretara erróneamente la nota de octubre de 1994.
      
      31.      Por consiguiente, considero que el primer motivo debe desestimarse por ser parcialmente inadmisible y parcialmente infundado.
      
      V.      Segundo motivo de casación: vulneración de las normas en materia de carga de la prueba, del principio de presunción de inocencia
            y su corolario, el principio in dubio pro reo, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia estimó que la Comisión había acreditado la participación de la recurrente
            en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992
      A.      Sentencia recurrida
      32.      En la Decisión impugnada, la Comisión declaró que Lafarge había participado en la infracción de que se trata desde el 31 de
         agosto de 1992 al 25 de noviembre de 1998. En primera instancia, Lafarge alegó que su participación en las decisiones de intercambio
         de información se produjo necesariamente después de junio de 1993, y probablemente incluso a partir de principios de 1994. (20) Al confirmar la duración de la participación de Lafarge en la infracción, como se indica en la Decisión impugnada, el Tribunal
         de Primera Instancia tomó en consideración un conjunto de declaraciones de BPB. A este respecto, BPB señaló que, tras la reunión,
         el procedimiento de intercambio de información se extendió a Lafarge. (21) El Tribunal de Primera Instancia consideró que los términos «tras la reunión» utilizados por BPB significaban que el inicio
         de la participación de Lafarge no pudo producirse mucho después de la reunión de Londres. (22) Además, en su respuesta al pliego de cargos, BPB indicó que había acordado intercambiar datos con Lafarge a mediados de 1992. (23) El Tribunal de Primera Instancia estimó que las declaraciones de BPB eran más precisas que las de Lafarge. Esta última se
         basó en una declaración del Sr. N de Lafarge según la cual, ante la grave falta de datos en los mercados de referencia de
         Europa, los competidores de Lafarge le habían sugerido que intercambiara información general sobre volúmenes de venta. (24) El Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 508 de la sentencia recurrida, que Lafarge no había facilitado la
         fecha exacta ni detalles de las circunstancias que le llevaron a tomar parte en el intercambio ni, en particular, de los contactos
         que pueden haberse producido antes del intercambio con miras a determinar sus características básicas, a saber, su finalidad,
         los participantes y la frecuencia de los intercambios. (25) Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia estimó que la veracidad de las declaraciones de BPB quedaba corroborada por el
         hecho de que la cuota de mercado de Lafarge en los principales mercados europeos aparezca indicada en los cuadros del Sr. [D
         de BPB] en términos y porcentajes absolutos a partir de 1991. (26)
      
      B.      Alegaciones
      33.      La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia vulneró las normas en materia de carga de la prueba, el principio
         de presunción de inocencia y su corolario, el principio in dubio pro reo, en la medida en que dicho Tribunal estimó que la Comisión había acreditado la participación de la recurrente en una infracción
         única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992. La recurrente recuerda que es jurisprudencia reiterada que el Tribunal
         de Justicia es competente para controlar si se han cometido ante el Tribunal de Primera Instancia irregularidades de procedimiento
         que lesionen los intereses de la parte recurrente y debe asegurarse de que se han observado los principios generales del Derecho
         comunitario y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba. (27) Asimismo, la recurrente señaló que, según jurisprudencia reiterada, corresponde a la Comisión probar una infracción de las
         normas en materia de competencia y la duración de la infracción. (28) Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión había establecido válidamente la participación
         de la recurrente en la infracción desde el 31 de agosto de 1992, a pesar de las declaraciones contradictorias e imprecisas
         de BPB, ya que la recurrente no indicó la fecha exacta en que se inició su participación o las circunstancias que le llevaron
         a participar en los intercambios de información contrarios a la competencia.
      
      34.      La Comisión considera que el presente motivo debe desestimarse.
      
      C.      Apreciación
      35.      Con arreglo a lo declarado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Aalborg Portland y otros, incumbe a la parte o autoridad
         que alegue una infracción de las normas sobre competencia probar su existencia e incumbe a la empresa o asociación de empresas
         que invoque una excepción frente a la constatación de una infracción probar que se reúnen los requisitos necesarios para acogerse
         a dicha defensa, de modo que la citada autoridad deba recurrir entonces a otros elementos de prueba. Aun cuando la carga legal
         de la prueba recae, según estos principios, bien en la Comisión, bien en la empresa o en la asociación afectada, los elementos
         de hecho que invoca una parte pueden obligar a la otra a dar una explicación o una justificación sin la cual es posible concluir
         que se ha satisfecho la carga de la prueba. (29)
      
      36.      De la sentencia recurrida se desprende claramente que el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Comisión había establecido
         válidamente que BPB había informado a Lafarge, como muy tarde a finales de agosto de 1992, del acuerdo entre BPB y Knauf sobre
         el intercambio de información y que, a raíz de esa comunicación, Lafarge se incorporó a dicho intercambio. (30) Para llegar a tal conclusión el Tribunal de Primera Instancia se basó, en particular, en varias declaraciones de BPB y en
         el hecho de que la cuota de mercado de Lafarge en los principales mercados europeos figurara en los cuadros en poder de BPB.
         Dicho Tribunal consideró asimismo que las explicaciones de Lafarge al respecto no resultaron convincentes. 
      
      37.      Al señalar que Lafarge no había facilitado, entre otros datos, la fecha exacta en la que se inició su participación y que
         era efectivamente quien se hallaba en mejor posición para hacerlo, (31) el Tribunal de Primera Instancia no vulneró las normas en materia de carga de la prueba, el principio de presunción de inocencia
         y su corolario, el principio in dubio pro reo. El Tribunal de Primera Instancia se limitó a señalar que, a pesar de la alegación formulada por Lafarge en el apartado 494
         de la sentencia recurrida de que su adhesión al intercambio fue necesariamente posterior a junio de 1993 y se produjo probablemente
         a principios de 1994, no aportó ninguna prueba para apoyar dicha alegación.
      
      38.      En mi opinión, de lo antedicho resulta que el segundo motivo debe desestimarse por infundado.
      
      VI.    Tercer motivo de casación: incumplimiento de la obligación de motivación y vulneración del principio de igualdad de trato
            por el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que éste consideró que la Comisión acreditó válidamente que la recurrente
            había cometido una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992
      A.      Alegaciones
      39.      La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia no abordó, ni siquiera implícitamente, la alegación formulada por
         ella en primera instancia relativa a la diferencia de trato de Lafarge en comparación con Gyproc. Por lo tanto, la recurrente
         considera que la sentencia recurrida no está suficientemente fundamentada. En su opinión, dicha alegación obedecía a un interés
         en demostrar que no había participado en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992.
      
      40.      En los apartados 500 a 518 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que las pruebas invocadas
         por la Comisión, a saber, la referencia a la cuota de mercado de Lafarge en los cuadros del Sr. [D] y determinadas declaraciones
         realizadas por BPB, demostraban válidamente la participación de Lafarge en una infracción única, compleja y continua desde
         el 31 de agosto de 1992. Según la recurrente, la propia Comisión estimó que esos elementos probatorios resultaban insuficientes
         con respecto a Gyproc. Por lo tanto, la recurrente considera que el Tribunal de Primera Instancia violó el principio de igualdad
         de trato al estimar que los elementos de prueba invocados por la Comisión acreditaban válidamente la participación de Lafarge
         en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992 mientras que esos mismos elementos se consideraron
         insuficientes en el caso de Gyproc.
      
      41.      La recurrente, en su contestación, sostiene que el presente motivo es admisible ya que, en su demanda en primera instancia,
         mencionó en varias ocasiones la violación del principio de igualdad de trato por la Comisión. 
      
      42.      La Comisión afirma que Lafarge no alegó la violación del principio de igualdad de trato ante el Tribunal de Primera Instancia.
         En la parte correspondiente de su demanda en primera instancia, Lafarge simplemente alegó que «la Comisión consideró que la
         participación de Gyproc en esas mismas “manifestaciones” era insuficiente para establecer la adhesión a infracción única,
         compleja y continua». Por lo tanto, la Comisión sostiene que la sentencia recurrida está suficientemente fundamentada. Además,
         según la Comisión, Gyproc no está en la misma situación que Lafarge. 
      
      43.      Asimismo, la Comisión alega que la recurrente no puede invocar en casación un motivo basado en la violación del principio
         de no discriminación, que no se invocó en primera instancia. Por lo tanto, ese motivo es inadmisible.
      
      44.      Por lo que se refiere a la alegación de la recurrente contenida en su contestación de que se había referido en varias ocasiones,
         en su escrito de demanda en primera instancia, a la vulneración del principio de igualdad de trato, la Comisión considera
         que dichas referencias figuraban en partes muy distintas de su demanda para apoyar otros motivos, con respecto a los cuales
         la recurrente no ha alegado que la sentencia recurrida no les hubiera dado respuesta. Por lo tanto, las alegaciones de la
         recurrente en su contestación constituyen un nuevo motivo que es inadmisible, ya que la recurrente no alegó en su recurso
         de casación que no se hubiera dado respuesta a otras partes de su demanda en primera instancia.
      
      B.      Apreciación
      45.      En su recurso, la recurrente indicó que la sección de la sentencia recurrida (32) controvertida en el presente motivo hace referencia al tercer motivo examinado en primera instancia en el que la recurrente
         alegaba la infracción del artículo 81 CE, apartado 1, en la medida en que la Decisión impugnada estableció una infracción
         única, compleja y continua y consideró que Lafarge había participado en ella. Esa parte del motivo se refiere específicamente
         a la duración de la participación de Lafarge en la infracción. 
      
      46.      En mi opinión, ese motivo de casación puede dividirse en dos partes. En primer lugar, la recurrente invoca que el Tribunal
         de Primera Instancia incumplió la obligación de motivación. En segundo lugar, la recurrente alega que el Tribunal de Primera
         Instancia vulneró el principio de igualdad de trato, al declarar que la Comisión acreditó válidamente que la recurrente había
         participado en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992.
      
      47.      En cuanto a la alegación de que el Tribunal de Primera Instancia incumplió su obligación de motivación, la cuestión de si
         la motivación de una sentencia es insuficiente o contradictoria es una cuestión de Derecho que, como tal, puede plantearse
         en casación. (33)
      
      48.      Además, es jurisprudencia reiterada que la obligación del Tribunal de Primera Instancia de motivar sus resoluciones no supone
         que deba responder con detalle a cada uno de los argumentos presentados por la demandante, sobre todo si no son suficientemente
         claros y precisos. (34)
      
      49.      También debe recordarse que la obligación de motivación no exige al Tribunal General que elabore una exposición que siga exhaustivamente
         y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes en el litigio, y que la motivación puede ser, pues, implícita
         siempre que permita a los interesados conocer las razones por la que el Tribunal General no acogió sus argumentos, y al Tribunal
         de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control. (35)
      
      50.      En mi opinión, la recurrente, al alegar en su recurso en primera instancia que «la Comisión consideró que la participación
         de Gyproc en esas mismas “manifestaciones” [ (36)] era insuficiente para establecer la adhesión a una infracción única, compleja y continua», (37) hizo una clara referencia a la discriminación con respecto a la cual se pedía una respuesta al Tribunal de Primera Instancia.
         Aun cuando las palabras «discriminación» o «trato poco equitativo» no fueran empleadas por Lafarge en primera instancia en
         el marco del tercer motivo, estimo que la redacción del recurso de Lafarge en relación con ese motivo era suficientemente
         clara y precisa como para que el Tribunal de Primera Instancia comprendiera la importancia de ese motivo.
      
      51.      Considero que no hay duda de que, en el marco del tercer motivo examinado en primera instancia, se alegó la discriminación.
         Por lo tanto, estimo que no puede admitirse la alegación de la Comisión según la cual Lafarge no invocó un motivo basado en
         la infracción del principio de igualdad de trato ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      52.      En mi opinión, el Tribunal de Primera Instancia no abordó, ni siquiera implícitamente, la cuestión de la discriminación en
         el marco del tercer motivo en primera instancia, a pesar de que del apartado 496 de la sentencia recurrida se desprende claramente
         que el propio Tribunal de Primera Instancia consideraba que dicha cuestión formaba parte de las alegaciones formuladas por
         Lafarge en primera instancia. A mi entender, la cuestión de la discriminación fue invocada por Lafarge con el fin de desvirtuar
         el valor probatorio de las pruebas en las que se apoyó la Comisión en la Decisión impugnada para concluir que Lafarge había
         participado en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992 ya que, presuntamente, la Comisión
         consideró que esas mismas pruebas eran insuficientes para llegar a dicha conclusión con respecto a Gyproc. Además, el principio
         de no discriminación es un principio general del Derecho comunitario y, por lo tanto, el motivo formulado por Lafarge al respecto,
         en relación con las pruebas invocadas por la Comisión en la Decisión impugnada para establecer que Lafarge había participado
         en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992, debió ser abordado, en mi opinión, por el Tribunal
         de Primera Instancia. (38)
      
      53.      De las consideraciones anteriores se desprende que la sentencia recurrida no da una respuesta adecuada a la alegación formulada
         por la recurrente en primera instancia en relación con la discriminación y la duración de la infracción. En particular, la
         sentencia recurrida no autoriza al Tribunal de Justicia a ejercer su potestad de control judicial, por lo que la primera parte
         de ese motivo debe, en mi opinión, declararse fundada.
      
      54.      Por lo que atañe a la segunda parte de este motivo de casación basada en la violación del principio de igualdad de trato,
         considero que, para que el Tribunal de Justicia pueda controlar la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, esa sentencia
         debe estar suficientemente motivada. En el caso de autos, la falta total de fundamentación por parte del Tribunal de Primera
         Instancia en relación con la cuestión de la discriminación, en el marco del tercer motivo examinado por dicho Tribunal, excluye
         que el Tribunal de Justicia pueda pronunciarse acerca de si la sentencia recurrida vulnera el principio de igualdad de trato
         a ese respecto. 
      
      55.      Por consiguiente, considero que, a la luz de circunstancias precedentes, la sentencia recurrida debe ser anulada por lo que
         se refiere a sus constataciones relativas a la duración de la participación en una infracción única, compleja y continua desde
         el 31 de agosto de 1992. Ante la ausencia de un pronunciamiento en primera instancia en relación con la discriminación y la
         duración de la participación de Lafarge en una infracción única, compleja y continua, considero que, en virtud del artículo
         61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el Tribunal de Justicia no puede resolver él mismo definitivamente sobre el asunto
         y debe devolverlo al Tribunal General. (39)
      
      VII. Cuarto motivo de casación: vulneración por el Tribunal de Primera Instancia de los principios de proporcionalidad y de igualdad
            de trato al fijar el importe inicial de la multa
      A.      Alegaciones
      56.      La recurrente considera que la sentencia recurrida vulnera los principios de proporcionalidad y de igualdad de trato, ya que
         confirmó el importe inicial de la multa establecido por la Comisión, que es desproporcionado en comparación con el importe
         de partida fijado para los otros destinatarios de la Decisión impugnada. La recurrente impugna lo declarado por el Tribunal
         de Primera Instancia en el apartado 634 de la sentencia recurrida, con arreglo al cual el importe de la multa puede calcularse
         con independencia del volumen de negocios de las empresas. Pese a que esta afirmación es correcta, la propia Comisión en la
         Decisión impugnada optó por dividir las empresas afectadas en categorías basadas en sus cuotas de mercado. Por consiguiente,
         de conformidad con la sentencia recaída en el asunto Tokai Carbon y otros/Comisión, (40) una vez que la Comisión ha decidido establecer categorías basadas en cuotas de mercado, la Comisión y, por lo tanto, el Tribunal
         de Primera Instancia, en el ejercicio del control jurisdiccional, deben garantizar una relación proporcionada entre, por un
         lado, los umbrales de las distintas categorías y, por otro, la cuota de mercado de una empresa y su clasificación en una u
         otra categoría.
      
      57.      Así pues, el importe inicial fijado para Lafarge era 6,5 veces superior al de Gyproc, a pesar de que la cuota de mercado de
         Lafarge (24 %, clasificada en la segunda categoría), era sólo 3,4 veces superior a la de Gyproc (7 %, clasificada en la tercera
         categoría). Además, mientras que la cuota de mercado de Lafarge en 1997 era menos del 81 % de la que disfrutaba Knauf, se
         clasificó a esas empresas en la misma categoría y el importe inicial de la multa se fijó en 52 millones de euros.
      
      58.      En su contestación, la recurrente alega que el presente motivo es admisible ya que las alegaciones en cuestión se formularon
         en primera instancia.
      
      59.      La Comisión sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no señaló, en el apartado 634 de la sentencia recurrida, que el
         importe de la multa pudiera calcularse independientemente del volumen de negocios de las empresas. La Comisión considera que
         la alegación de la recurrente que impugna la posibilidad o, al menos, el método seguido por la Comisión para clasificar empresas
         es inadmisible, dado que no fue formulada en primera instancia.
      
      60.      La Comisión afirma que, en cualquier caso, esa alegación es manifiestamente infundada. En el asunto SGL Carbon/Comisión, (41) el Tribunal de Justicia confirmó que los participantes en un cártel pueden ser divididos en diferentes categorías al establecer
         el importe inicial de la multa. Contrariamente a lo que Lafarge alegó, cuando la Comisión decide dividir las empresas en categorías
         sobre la base de sus cuotas de mercado, no se exige que se garantice que el importe inicial de la multa de cada empresa sea
         estrictamente proporcional a su cuota de mercado. Habida cuenta de que las cuotas de mercado de las empresas son necesariamente
         diferentes, ello obligaría a la Comisión a crear el mismo número de categorías que de empresas sujetas a una multa y, por
         lo tanto, dejaría de tener sentido la finalidad de la división en categorías. Asimismo, la Comisión señala que decidió dividir
         las empresas afectadas en tres categorías atendiendo a sus correspondientes cuotas de mercado para 1997. Por lo tanto, BPB,
         en función de su cuota de mercado del 42 % y de su posición como gran productor, fue clasificada en la primera categoría.
         Knauf y Lafarge, cuyas cuotas de mercado eran respectivamente del 28 % y 24 %, fueron clasificadas en la segunda categoría.
         Gyproc, con una cuota de mercado del 7 % y dada su condición de operador menor, fue situada en la tercera categoría.
      
      B.      Apreciación
      61.      En mi opinión, el presente motivo es indamisible y debe desestimarse. Si bien es cierto que la recurrente en primera instancia
         cuestionó el hecho de que el importe inicial de la multa que se le impuso se fijara en 52 millones de euros, Lafarge alegó
         que no tenía capacidad económica para influir en los mercados británico y alemán. Lafarge no impugnó en primera instancia,
         aunque sí lo ha hecho en el presente recurso de casación, la posibilidad de clasificar a las empresas, o al menos el método
         seguido por la Comisión para ello. Además, en primera instancia, la recurrente no alegó que, una vez que la Comisión decidió
         dividir las empresas en categorías basadas en su cuota de mercado para establecer el importe inicial de la multa, la Comisión
         estaba obligada a garantizar que el importe inicial de la multa aplicable a cada empresa fuera estrictamente proporcional
         a su cuota de mercado.
      
      62.      En cualquier caso, considero, a la luz de la decisión del Tribunal de Justicia en el asunto SGL Carbon/Comisión (42) que el presente motivo debe desestimarse. De la sentencia antes mencionada resulta claramente que cualquier diferencia entre
         las empresas en el volumen de negocios o en la cuota de mercado no tiene que ser tenida en cuenta al dividir las empresas
         participantes en un cártel en categorías a efectos de fijar el importe inicial.
      
      63.      Además, según reiterada jurisprudencia, la Comisión disfruta de una amplia facultad de apreciación por lo que respecta al
         método de cálculo de las multas y puede, en dicho contexto, tener en cuenta múltiples factores, siempre que se respete el
         límite máximo relativo al volumen de negocios mencionado en el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17. El Tribunal
         de Justicia también señaló que el método de cálculo delimitado por las Directrices de 1998 (43) contiene varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad de apreciación respetando las disposiciones
         del artículo 15 del Reglamento nº 17, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia. (44)
      
      64.      En mi opinión, si bien es evidente que no hay una proporcionalidad estricta entre las cuotas de mercado de Lafarge y las de
         las demás empresas participantes en la infracción y el importe inicial de la multa fijado con respecto a ellas, a la luz de
         las alegaciones de la Comisión expuestas sucintamente en el apartado 60 anterior, no considero que la recurrente haya demostrado
         que el método de clasificación establecido por la Comisión a efectos de fijar el importe de base de la multa infrinja los
         principios de proporcionalidad e igualdad de trato.
      
      VIII. Quinto motivo de casación: errores de Derecho e incumplimiento de la obligación de motivación en relación con el incremento
            de la multa por reincidencia
      65.      Este motivo se dividió en dos partes.
      
      A.      Primera parte
      1.      Sentencia recurrida
      66.      En primera instancia, Lafarge alegó, en particular, que, dado que no existe una base jurídica que establezca los requisitos
         para aumentar la multa por reincidencia y dado que no se ha establecido un plazo de prescripción en relación con el tiempo
         transcurrido entre dos infracciones, aumentar la multa en tales circunstancias vulnera los principios de legalidad de la sanción
         y de seguridad jurídica. (45)
      
      67.      El Tribunal de Primera Instancia declaró que, a la luz de la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, (46) la reincidencia es uno de los factores que puede ser considerado al apreciar la gravedad de una infracción. (47) Por lo que se refiere a la cuestión del plazo de prescripción, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 724
         de la sentencia recurrida, que la Comisión tiene una facultad discrecional en cuanto a la elección de los factores que deben
         tenerse en cuenta a efectos de determinar el importe de la multa, como son las circunstancias particulares del caso, su contexto
         y los efectos disuasorios de las multas, sin necesidad de acudir a una lista vinculante o exhaustiva de criterios que deban
         ser considerados. Asimismo, en el apartado 725 de la sentencia recurrida, declaró que la Comisión no pueda estar sujeta a
         ningún plazo de prescripción al considerar la reincidencia. El Tribunal de Primera Instancia estimó que la reincidencia es
         un factor importante que la Comisión debe apreciar y que puede, en cada caso individual, tener en cuenta los indicios que
         confirman una tendencia a infringir las normas en materia de competencia, incluido el tiempo transcurrido entre las infracciones
         de que se trata. El Tribunal de Primera Instancia consideró que si ha transcurrido un período de menos de diez años entre
         las dos declaraciones de infracción, ello demuestra que existe una propensión por parte de la empresa afectada a no extraer
         las consecuencias adecuadas de una decisión que determina que ha infringido las normas comunitarias sobre la competencia. (48) El Tribunal de Primera Instancia señaló que Lafarge demostró una propensión tal que, tras ser la destinataria de la Decisión
         94/185, una filial suya continuó, durante cuatro años después de que se le notificara tal Decisión a ésta, participando activamente
         en el cártel de que se trata. (49)
      
      2.      Alegaciones
      68.      La recurrente alega que la sentencia recurrida vulnera el principio general del Derecho nulla poena sine lege y los principios generales del Derecho comunes a los Estados miembros al haber declarado el Tribunal de Primera Instancia
         que la Comisión tenía base jurídica para aumentar el importe de la multa por reincidencia. El Reglamento nº 17 no autoriza
         a la Comisión a aumentar la multa por reincidencia.
      
      69.      Asimismo, la recurrente considera que la sentencia recurrida vulnera el principio general de seguridad jurídica común a los
         Estados miembros por cuanto en ella se sostuvo que la Comisión podía considerar que existía reincidencia sin sujetarse a ningún
         plazo de prescripción. Las personas no pueden ser castigadas indefinidamente por actos que cometieron en el pasado. En muchos
         Estados miembros la ley fija, en relación con la reincidencia, un plazo de prescripción máximo entre la infracción que es
         objeto de examen y una posible declaración previa de una infracción, más allá del cual esta última no puede ser tenida en
         cuenta. Por lo tanto, la recurrente invita al Tribunal de Justicia a que reconsidere la posición que adoptó en la sentencia
         Groupe Danone/Comisión. (50)
      
      70.      La Comisión considera que el Tribunal de Justicia, en el asunto Groupe Danone/Comisión desestimó alegaciones similares. Puede
         aumentarse el importe de una multa por reincidencia sobre la base del Reglamento nº 17. Por lo que atañe al plazo de prescripción,
         en el presente asunto no es necesario entrar a valorar si las apreciaciones del Tribunal de Primera Instancia llevarían a
         la posibilidad de imponer sanciones perpetuamente por reincidencia, al sostener el Tribunal de Primera Instancia que una filial
         de la recurrente había continuado participando activamente en el cártel durante los cuatro años posteriores a la notificación
         de la Decisión 94/185, mientras que el Tribunal de Justicia, en la sentencia Groupe Danone/Comisión, consideró que un período
         inferior a diez años entre infracciones ponía de manifiesto una propensión a no extraer las consecuencias adecuadas de la
         decisión que declaraba que se habían infringido las normas en materia competencia.
      
      3.      Apreciación
      71.      Resulta claro que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 no se refiere específicamente a la reincidencia. (51) Sin embargo, el Tribunal de Justicia en la sentencia Groupe Danone/Comisión confirmó que esa disposición es la base jurídica
         con arreglo a la cual la Comisión puede imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas por infracciones de los artículos
         81 CE y 82 CE. Según el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, para determinar el importe de la multa, deberán tenerse
         en cuenta la duración y la gravedad de la infracción de que se trata. (52) El Tribunal de Justicia confirmó entonces su jurisprudencia, según la cual si bien el importe de base de la multa se fija
         en función de la infracción, su gravedad se determina atendiendo a otros factores distintos, con respecto a los cuales la
         Comisión tiene una amplia facultad discrecional. Según el Tribunal de Justicia, la consideración de las circunstancias agravantes
         al fijar la multa es coherente con la misión de la Comisión de garantizar el respeto a las normas en materia de competencia.
         La reincidencia figura entre los factores que deben tenerse en cuenta al analizar la gravedad de la infracción de que se trata.
         Por lo tanto, según la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Groupe Danone/Comisión, la calificación de la reincidencia
         como circunstancia agravante no vulnera el principio nulla poena sine lege. (53)
      
      72.      Además, en la sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, el Tribunal de Justicia declaró que la reincidencia es uno de los
         factores que puede tenerse en cuenta al apreciar la gravedad de la infracción. (54)
      
      73.      Al margen de las apreciaciones del Tribunal de Justicia en las sentencias recaídas en los asuntos Groupe Danone/Comisión y
         Aalborg Portland y otros/Comisión, quiero señalar que, según jurisprudencia reiterada, la Comisión tiene la obligación de
         investigar y castigar las infracciones individuales y de promover una política general diseñada para aplicar, en los cuestiones
         de competencia, los principios establecidos en el Tratado y de orientar la conducta de las empresas a la luz de dichos principios.
         Al apreciar la gravedad de una infracción a efectos de fijar el importe de la multa, la Comisión no sólo debe tener en cuenta
         las circunstancias particulares del caso, sino también el contexto en el que se produce la infracción y debe garantizar que
         su acción tenga el efecto disuasorio necesario. (55)
      
      74.      En mi opinión, si la Comisión estuviera limitada, al apreciar la gravedad de una infracción particular, a las circunstancias
         de esa infracción, excluyendo todas las demás circunstancias concomitantes, incluida, en particular, la reincidencia, la verdadera
         gravedad de la infracción en cuestión no podría apreciarse correctamente y se menoscabaría la misión de la Comisión de garantizar
         el respeto de las normas en materia de competencia. Estimo que ese enfoque sería contrario a la necesidad de garantizar el
         efecto disuasorio de las sanciones impuestas con respecto a las infracciones de las normas comunitarias en materia de competencia. (56)
      
      75.      Por consiguiente, en mi opinión, la recurrente no ha aportado ninguna razón convincente por la que el Tribunal de Justicia
         debiera apartarse de sus constataciones en el asunto Groupe Danone/Comisión, según las cuales la cuestión de la reincidencia
         debe ser considerada una circunstancia agravante en relación con la gravedad de una infracción con arreglo al artículo 15,
         apartado 2, del Reglamento nº 17. Por lo tanto, la sentencia recurrida, no vulneró, a mi entender, el principio general del
         Derecho nulla poena sine lege y los principios generales del Derecho comunes a los Estados miembros al declarar el Tribunal de Primera Instancia que la
         Comisión tenía base jurídica para aumentar el importe de la multa por reincidencia.
      
      76.      En cuanto a la cuestión de la falta de un plazo de prescripción en relación con la constatación de la reincidencia, el Tribunal
         de Justicia confirmó en la sentencia Groupe Danone/Comisión que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 no estableció
         un plazo de prescripción, como tampoco hicieron las Directrices, (57) con respecto a la declaración de que existe reincidencia. (58) Además, el Tribunal de Justicia subrayó, en el apartado 38 de la sentencia, que la constatación y la apreciación de las características
         específicas de una reincidencia forman parte de dicha facultad de la Comisión y que ésta no puede quedar vinculada por un
         eventual plazo de prescripción para tal constatación. No obstante, la recurrente ha pedido al Tribunal de Justicia que reconsidere
         su conclusión en el asunto Groupe Danone/Comisión al respecto.
      
      77.      El Tribunal de Justicia en la sentencia Groupe Danone/Comisión consideró que la reincidencia constituye un elemento importante
         que la Comisión debe apreciar, ya que la finalidad de tenerla en cuenta es inducir a las empresas que hayan demostrado tendencia
         a infringir las reglas sobre la competencia a rectificar su conducta. Así pues, la Comisión puede considerar en cada caso
         concreto los factores que confirmen tal tendencia, incluido, por ejemplo, el tiempo transcurrido entre las infracciones en
         cuestión. (59)
      
      78.      En mi opinión, el apartado 38 de la sentencia Groupe Danone/Comisión pretende indicar que el Tribunal de Justicia consideró
         que un plazo de prescripción máximo fijo e inflexible menoscabaría la facultad de apreciación de la Comisión para determinar
         el importe de las multas. A este respecto, estimo que una infracción anterior muy grave puede formar parte de la apreciación
         de la gravedad de la infracción posterior, aunque haya transcurrido un período de tiempo considerable, mientras que una infracción
         anterior menor puede no ser merecedora de tal consideración después del transcurso de un período de tiempo mucho más breve.
      
      79.      Sin embargo, no considero que la sentencia Groupe Danone/Comisión apoye la tesis de que puede castigarse a las personas indefinidamente
         por infracciones de las normas sobre la competencia declaradas en el pasado.
      
      80.      Por el contrario, en la sentencia mencionada el Tribunal de Justicia señala, en mi opinión acertadamente, que a la luz de
         los hechos del asunto en cuestión, con arreglo a los cuales había transcurrido un lapso de tiempo relativamente breve –menos
         de diez años– entre cada una de estas infracciones, la reiteración por parte de Groupe Danone de un comportamiento ilícito
         demuestra una propensión de ésta a no extraer las consecuencias adecuadas de una declaración de infracción de dichas normas
         emitida en su contra. (60)
      
      81.      Por lo tanto, resulta claro que aunque no se haya establecido un plazo de prescripción específico en relación con la constatación
         de reincidencia, el Tribunal de Justicia puede controlar, cuando se le solicite, si la Comisión ha sobrepasado su facultad
         de apreciación al tomar en consideración una infracción previa de las normas sobre competencia. Por consiguiente, creo que
         la recurrente no ha demostrado las razones por las que el Tribunal de Justicia debería reconsiderar sus constataciones en
         la sentencia Groupe Danone/Comisión sobre la falta de un plazo de prescripción fijo con respecto a la reincidencia.
      
      82.      Además, a mayor abundamiento, he de señalar que, en el caso de autos, la recurrente no impugnó la apreciación del Tribunal
         de Primera Instancia de que, a pesar de la notificación de la Decisión 94/815, la filial de Lafarge continuó participando
         activamente en la infracción en cuestión durante cuatro años. En mi opinión, ese breve período de tiempo no puede considerarse
         excesivo y, por lo tanto, la Comisión no se extralimitó en su facultad de apreciación.
      
      83.      A mi juicio, la sentencia recurrida no vulneró el principio general de seguridad jurídica común a los Estados miembros al
         sostener que la Comisión podía declarar que había reincidencia sin sujetarse a ningún plazo de prescripción preestablecido.
      
      84.      Por lo tanto, considero que el Tribunal de Justicia debe desestimar por infundada la primera parte del quinto motivo.
      
      B.      Segunda parte
      1.      Sentencia recurrida
      85.      Lafarge alegó en primera instancia que en la mayor parte de Estados miembros la cuestión de la reincidencia no podía tomarse
         en consideración, salvo si la segunda infracción se comete después de que la sentencia que declara la primera infracción haya
         adquirido firmeza. (61)
      
      86.      El Tribunal de Primera Instancia sostuvo, en el apartado 734 de la sentencia recurrida, que basta con que la empresa haya
         sido considerada previamente autora de una infracción del mismo tipo, aun cuando la decisión esté aún en vía de recurso. El
         Tribunal de Primera Instancia declaró que las decisiones de la Comisión gozan de presunción de validez, en tanto no hayan
         sido anuladas o revocadas y los recursos no tienen efectos suspensivos. Dicho Tribunal, en el apartado 737 de la sentencia
         recurrida, sostuvo que «ciertamente, puede plantearse un problema si una decisión anterior que sirve como base para el incremento
         de una multa en una decisión posterior fuera anulada después de adoptarse definitivamente esa decisión posterior. En ese supuesto,
         en realidad no existiría reincidencia. Sin embargo, si se declarara que la primera decisión que sanciona la infracción es
         infundada, ello constituiría un hecho nuevo que haría que se iniciase de nuevo el plazo para interponer un recurso.»
      
      2.      Alegaciones
      87.      La recurrente sostiene que el Tribunal de Primea Instancia incurrió en error de Derecho e incumplió su obligación de motivación
         al considerar que la Comisión podía aumentar la multa que se le impuso por reincidencia, a pesar de que la decisión que sancionó
         la primera infracción no era firme en el momento de los hechos controvertidos en la Decisión impugnada.
      
      88.      Con arreglo al sistema penal de los Estados miembros, sólo se considera que una persona es reincidente, si, después de haber
         sido condenada por sentencia firme por la primera infracción, comete otra infracción. Uno de los elementos esenciales de la
         reincidencia es una decisión definitiva de infracción que exige que, en el momento en que se comete la segunda infracción,
         se hayan agotado las vías de recurso. En el presente asunto, la Comisión se basó en la Decisión 94/815 para declarar que Lafarge
         era reincidente. Sin embargo, Lafarge interpuso un recurso de anulación contra esa Decisión y el Tribunal de Primera Instancia
         dictó sentencia el 15 de mayo de 2000. (62) Dicha sentencia no adquirió firmeza hasta dos meses después de su notificación a Lafarge, ya que esta no interpuso recurso.
         Las prácticas controvertidas en la Decisión impugnada finalizaron, según la Comisión, en noviembre de 1998. Sin embargo, en
         esa fecha Lafarge no había sido condenada definitivamente por haber participado en ninguna práctica colusoria, ya que el Tribunal
         de Primera Instancia todavía no se había pronunciado en el asunto Cimenteries CBR y otros/Comisión.
      
      89.      Por lo tanto, según la recurrente, al permitir que la Comisión aumentara arbitrariamente el importe de la multa, el Tribunal
         de Primera Instancia vulneró el principio nulla poena sine lege.
      
      90.      El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al afirmar que el cómputo del plazo para interponer un recurso
         volvería a iniciarse en el supuesto de que, tras la adopción de la segunda decisión, la primera fuera definitivamente anulada.
         El Tratado y otras disposiciones de Derecho comunitario no prevén un plazo para volver a interponer un recurso de anulación
         contra una decisión de la Comisión. Al remitirse a un procedimiento inexistente para justificar una primera decisión definitiva
         de reincidencia, el Tribunal de Primera Instancia incumplió también su obligación de motivación.
      
      91.      Si se considerase que una sentencia que anula una decisión de la Comisión es un nuevo hecho que reabre los plazos para interponer
         recurso de anulación contra una segunda decisión de la Comisión que sancionaba incorrectamente a la empresa por reincidencia,
         esa solución impondría una carga extraordinaria e injusta a la empresa afectada y, por lo tanto, vulneraría los principios
         de buena administración de justicia y de economía procesal.
      
      92.      En su contestación, la recurrente alega que contrariamente a las afirmaciones de la Comisión, la naturaleza y la severidad
         de las sanciones en materia de competencia exigen que las mismas garantías aplicables a la reincidencia en el marco del Derecho
         penal se apliquen a la reincidencia en los casos de competencia. El Tribunal de Justicia ha declarado que, en atención a la
         naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y grado de severidad de las sanciones correspondientes,
         el principio de presunción de inocencia se aplica a los procedimientos relativos a violaciones de las normas de competencia
         aplicables a las empresas que pueden conducir a la imposición de multas o multas coercitivas (véanse en este sentido, las
         sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Öztürk, de 21 de febrero de 1984, serie A nº 73, y Lutz, de 25 de agosto
         de 1987, serie A nº 123-A). (63) Así pues, la recurrente considera que el Tribunal de Justicia aceptó implícitamente que, por su naturaleza y severidad, las
         sanciones en materia de competencia son sanciones penales.
      
      93.      En cuanto a las alegaciones de la Comisión (64) relativas a la sentencia Queenborough Rolling Mill Company/Comisión, (65) la recurrente señala que la sentencia del Tribunal de Justicia se refiere a la aplicación específica de la Decisión nº 1831/81/ECSC
         de la Comisión, de 24 de junio de1981, por la que se establece un sistema de control para las empresas en los sectores del
         hierro y del acero y un nuevo sistema de cuotas de producción con respecto a determinados productos. (66) La Decisión nº 1831/81, que definió expresamente los requisitos necesarios para que pueda aumentarse por reincidencia el
         importe de una multa por sobrepasar las cuotas, no puede ser invocada en el caso de infracciones a las normas sobre la competencia.
      
      94.      La Comisión señala que sus decisiones gozan de presunción de validez, en tanto no hayan sido anuladas o revocadas y que los
         recursos ante el Tribunal de Justicia no tienen efecto suspensivo. La Comisión considera que en el presente asunto debe evitarse
         toda analogía con el Derecho penal. El Tribunal de Justicia ha confirmado la naturaleza administrativa del procedimiento en
         materia de competencia. (67) Además, como la propia Lafarge reconoce, la Decisión 94/815 era firme cuando se adoptó la Decisión impugnada. 
      
      95.      La Comisión considera que el hecho de que los tribunales comunitarios apliquen determinados principios generales de Derecho
         penal comunes a los Estados miembros no significa que todos los principios aplicables en cada Estado miembro sean aplicables
         o trasladables. Los Estados miembros han decidido, con arreglo al artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 que «las decisiones
         tomadas en virtud de los apartados 1 y 2 no tendrán carácter penal». Esa elección legislativa fue confirmada por el Consejo
         mediante el artículo 23, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la
         aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado. (68) La Comisión indica que el único órgano jurisdiccional que se ha pronunciado sobre una cuestión similar es el Tribunal Supremo
         español en 2005 y mantuvo la misma posición que ella al respecto.
      
      96.      La Comisión sostiene que la firmeza de la decisión anterior no es inherente a la esencia de la reincidencia. La sentencia
         del Tribunal de Justicia Queenborough Rolling Mill Company/Comisión (69) confirma que un incremento de la multa por reincidencia no exige que se agoten todas las vías de recurso. La Comisión considera
         que la política de competencia y los objetivos perseguidos por dicha institución se verían perjudicados si un recurso interpuesto
         contra la primera decisión de la Comisión le impidiera, en una segunda decisión, tener en cuenta la reincidencia.
      
      97.      Sin embargo, la Comisión coincide con la recurrente en que, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal de Primera Instancia
         en el apartado 737 de la sentencia recurrida, ninguna disposición comunitaria contempla la posibilidad de reabrir los plazos
         para interponer un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión. Habida cuenta de la importancia de la cuestión
         controvertida, la Comisión sostiene que el Tribunal de Justicia debe sustituir la motivación del Tribunal de Primera Instancia
         por su propio razonamiento. La Comisión afirma que si se anula la primera decisión que declara la existencia de una infracción
         de las normas sobre la competencia, la empresa afectada puede pedir a la Comisión que reconsidere la segunda decisión. La
         negativa de la Comisión a reconsiderar esta podría ser objeto de un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia.
         Esta solución es conforme con la lógica del sistema creado por el Tratado y validada por su jurisprudencia. Asimismo, es conforme
         con los principios de buena administración y seguridad jurídica, puesto que evita el riesgo de recursos inútiles. El artículo
         233 CE establece que la institución estará obligada a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del
         Tribunal de Justicia. Además, según jurisprudencia reiterada, la existencia de hechos nuevos y sustanciales puede justificar
         la presentación de un recurso contra una resolución anterior que haya adquirido firmeza. El Tribunal de Primera Instancia
         podría ajustar la multa en ejercicio de su competencia de plena jurisdicción. Esta solución fue adoptada en la sentencia Usinor/Comisión. (70) La Comisión alega que la solución propuesta por la recurrente atentaría contra el principio de que los actos de las instituciones
         comunitarias se presumen válidos y los recursos no tienen efectos suspensivos.
      
      C.      Apreciación
      98.      La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia violó los principios generales del Derecho comunes a los Estados
         miembros, el principio nulla poena sine lege, el principio de buena administración de justicia, incurrió en error de Derecho al remitirse a un procedimiento inexistente
         e incumplió su obligación de motivación al concluir que la Comisión podía declarar la reincidencia aunque la decisión relativa
         a la primera infracción no fuera aún firme. 
      
      99.      En mi opinión, el Tribunal de Primera Instancia incurrió claramente en error de Derecho en el apartado 737 de la sentencia
         recurrida al concluir que, si se declarara que la primera decisión que sanciona la infracción no es fundada, ello constituiría
         un hecho nuevo que haría que se iniciase de nuevo el plazo para interponer un recurso. Coincido plenamente tanto con la recurrente
         como con la Comisión en que el plazo para interponer un recurso de anulación contra una decisión de la Comisión que establece
         el artículo 230 CE no puede reabrirse. (71)
      
      100. Habida cuenta de que ese razonamiento erróneo forma parte del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia procede, en mi
         opinión, anular la sentencia recurrida en la medida en que desestimó la alegación de Lafarge según la cual la Comisión se
         equivocó al considerar que existía reincidencia a pesar de que la decisión relativa a la primera infracción no era firme. (72)
      
      101. En virtud del artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia
         anulará la resolución del Tribunal General. En tal caso, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente
         el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva.
         
      
      102. En el caso de autos, estimo que el estado del asunto permite que el Tribunal de Justicia resuelva definitivamente el litigio.
         
      
      103. Es pacífico en el caso de autos que cuando se adoptó la Decisión impugnada, el 27 de noviembre de 2002, la validez de la Decisión
         94/815, en la que se basó la Comisión para apreciar que existía reincidencia, no podía ser impugnada por Lafarge mediante
         un recurso de anulación con arreglo al artículo 230 CE debido a que la sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión (73) había sido notificada en 2000 y no se había interpuesto recurso dentro de los plazos necesarios. 
      
      104. Sin embargo, la recurrente sostiene que la Comisión no debería aumentar la multa por reincidencia si, en el momento de los
         hechos controvertidos en la Decisión impugnada, la decisión que sancionó la primera infracción no era aún firme. (74)
      
      105. Cabe recordar que la infracción cometida por Lafarge identificada en la Decisión impugnada continuó hasta el 25 de noviembre
         de 1998. En sus alegaciones en primera instancia y ante el Tribunal de Justicia, Lafarge invocó que no podía, por lo tanto,
         ser considerado reincidente por actos cometidos antes del mes de julio de 2000. (75)
      
      106. En sus alegaciones ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia Lafarge hizo constantes referencias a los
         códigos penales y la jurisprudencia de varios Estados miembros con arreglo a los cuales el concepto de reincidencia no puede
         ser aplicado hasta que la primera condena adquiera firmeza. En mi opinión, debe rechazarse la alegación de la recurrente de
         que la naturaleza y la severidad de las sanciones en materia de competencia exigen que las mismas garantías aplicables a la
         reincidencia en el marco del Derecho penal deban aplicarse a la reincidencia en los casos de competencia.
      
      107. Del tenor del artículo 15, apartado 4, del Reglamento nº 17 se desprende claramente que una decisión de la Comisión que imponga
         multas por prácticas contrarias a la competencia no tiene carácter penal. (76) Por consiguiente, a la luz de la clara y expresa voluntad del legislador comunitario, considero que debe evitarse toda analogía
         estrecha entre las sanciones penales y las sanciones impuestas por la Comisión por infracción de las normas en materia de
         competencia.
      
      108. Sin embargo, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que durante el procedimiento administrativo ante la Comisión
         en asuntos de competencia, la Comisión está obligada a respetar los principios fundamentales del Derecho comunitario. (77) Por lo tanto, es necesario examinar la cuestión de la reincidencia desde esa perspectiva.
      
      109. Si bien es cierto que la recurrente se remite constantemente en sus alegaciones a los principios de buena administración de
         justicia, economía procesal y seguridad jurídica, considero que no ha demostrado completamente en qué modo dicho principios,
         que a mi entender forman parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario, fueron vulnerados en las circunstancias
         particulares de la recurrente. 
      
      110. Consta que la recurrente nunca se encontró, de hecho, en una situación en la que una segunda decisión le impusiera un incremento
         de la multa por reincidencia, cuando la decisión relativa a la primera infracción, es decir, la Decisión 94/815, era todavía
         susceptible de recurso de anulación y de ulterior recurso de casación. Por consiguiente, la recurrente, en realidad, no tuvo
         que hacer frente, según sus propias palabras, a una «carga injusta» o «extraordinaria». (78) La recurrente no se encontró nunca en una situación en la que, por ejemplo, tuviera que solicitar a la Comisión que reconsiderara
         la Decisión impugnada debido a una multa excesiva o interponer un recurso ante los tribunales de la Unión contra una eventual
         negativa de la Comisión a hacerlo. Las alegaciones de la recurrente a ese respecto son, por lo tanto, abstractas e hipotéticas
         porque no inciden en sus circunstancias particulares. 
      
      111. Por consiguiente, considero que la cuestión de que conoce el Tribunal de Justicia es bastante restringida por su propia naturaleza
         y que el Tribunal debería limitar su apreciación a los hechos no discutidos de los que dispone. 
      
      112. En mi opinión, el enfoque restrictivo de la cuestión de la reincidencia que defiende la recurrente, es decir, que no puede
         aumentarse una multa por reincidencia salvo que la decisión que sancionó la primera infracción sea firme en el momento de
         los hechos controvertidos en la decisión impugnada, es excesivamente restrictivo en el marco de las sanciones en materia de
         competencia, que no tienen carácter penal.
      
      113. Ese enfoque restringiría innecesaria y artificialmente la posibilidad de que la Comisión invoque la reincidencia como forma
         de reprimir las conductas ilícitas y de impedir su repetición, y podría llevar a que se infravalorara la verdadera gravedad
         de algunas infracciones y se aplicara a éstas una sanción menor de la que les debería corresponder. Además, no puede llevarse
         demasiado lejos la presunción de que los actos de las instituciones de la Unión son válidos y producen efectos jurídicos mientras
         no hayan sido revocados, anulados en el marco de un recurso de anulación o declarados inválidos a raíz de, en particular,
         una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad. En mi opinión, esa presunción es una piedra angular del Derecho
         de la Unión Europea y existe para garantizar la seguridad jurídica. Habida cuenta de que dicha presunción puede ser desvirtuada
         en los procedimientos que se sustancian ante el Tribunal General y ante el Tribunal de Justicia, no parece que haya ninguna
         razón, en el contexto del presente procedimiento, que justifique que se extraigan otras consecuencias de ella.
      
      114. Por consiguiente, considero que, a la luz de los hechos del caso de autos, el enfoque defendido por la recurrente no sólo
         menoscaba injustificadamente la facultad de apreciación de la Comisión para imponer multas encaminadas a combatir las conductas
         contrarias a la competencia sino que también compromete la presunción de legalidad de los actos de las instituciones comunitarias
         cuando no se dé una finalidad probada y justificada.
      
      115. Además, es preciso señalar, a mayor abundamiento, que, aun cuando fuera pertinente en el presente asunto, el enfoque defendido
         por la recurrente llevaría a una situación en la que el infractor, debido a la duración del procedimiento ante el Tribunal
         General y el Tribunal de Justicia, (79) podría evitar las consecuencias de la reincidencia, obstaculizando de ese modo el papel asignado a la Comisión en la aplicación
         del Derecho de la competencia. En cambio, un infractor puede siempre solicitar a la Comisión, en el caso, entre otros, de
         anulación de la decisión que declara la primera infracción, que reconsidere su última decisión que declara la reincidencia
         e interponer un recurso de anulación contra una eventual negativa de la Comisión a ello.
      
      116. De las consideraciones anteriores resulta que la alegación formulada por Lafarge relativa a la violación del principio, reconocido
         por los Estados miembros, de que sólo puede considerarse reincidente a una persona si la nueva infracción es posterior al
         momento en que la decisión que sanciona la primera infracción ha adquirido firmeza, es, en mi opinión, infundada y, por lo
         tanto, debe rechazarse.
      
      IX.    Sexto motivo de casación: error de Derecho en relación con el incremento del importe de partida de la multa como método disuasorio
      A.      Sentencia recurrida
      117. Lafarge alegó en primera instancia que la necesidad de garantizar que la multa tenga un efecto disuasorio debería haberse
         examinado al final del cálculo de la multa, y, si la Comisión hubiera procedido de ese modo, habría llegado forzosamente a
         la conclusión de que no era apropiado aumentar la multa para garantizar que ésta tuviera un efecto disuasorio suficiente.
         El Tribunal de Primera Instancia sostuvo, en el apartado 683 de la sentencia recurrida, que «la decisión relativa a la necesidad
         de aplicar un factor disuasorio en proporción al tamaño y a los recursos globales, en la medida en que no versa sobre la adecuación
         de un importe dado, no se ve influida por el momento del cálculo de la multa en la que se produce». El Tribunal de Primera
         Instancia añadió, en el apartado 684, que «el incremento de la multa para lograr un efecto disuasorio no se basa en un juicio
         de adecuación del importe de partida de una multa a la finalidad disuasoria de esta última, de suerte que incluso el importe
         de la multa carece de pertinencia en el presente contexto.»
      
      B.      Alegaciones
      118. La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió, en los apartados 680 a 684 de la sentencia recurrida,
         el artículo 81 CE y el Reglamento nº 17 al declarar que la Comisión podía considerar necesario aumentar el importe de la multa
         con una finalidad disuasoria en la fase de cálculo del importe de base de la multa y no al final del cálculo de la multa.
         La recurrente considera que la disuasión consiste en aumentar el importe de la multa, calculado en función de la gravedad
         y duración de la infracción y cualquier otra circunstancia agravante o atenuante, en el caso de que el importe final resulte
         insuficiente para convencer a la empresa afectada y a otros operadores de la gravedad de la infracción y la necesidad de no
         repetirla. Por definición, para valorar si el importe final de la multa es suficiente para tener efecto disuasorio, debe conocerse
         ese importe.
      
      119. La recurrente señala que en las Directrices de 2006 para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23,
         apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) nº 1/2003 (80) (en lo sucesivo, «Directrices de 2006»), la decisión de aplicar un incremento específico de la multa con una finalidad disuasoria
         se aprecia con respecto al importe final de la multa y, por lo tanto, después de la apreciación del importe de base de la
         multa y tras ajustar dicho importe mediante las circunstancias agravantes y atenuantes.
      
      120. La Comisión considera que, contrariamente a las alegaciones de la recurrente, la cuestión de la disuasión no garantiza que
         se aumente el importe de la multa únicamente en el supuesto de que el importe final resulte insuficiente para convencer a
         la empresa afectada y otros operadores económicos de que no reincidan. La disuasión forma parte de la política de competencia
         y aspira a orientar el comportamiento de las empresas. La Comisión señala, asimismo, que la Decisión impugnada fue adoptada
         con arreglo a las Directrices de 1998 y no a las Directrices de 2006. Las Directrices de 1998 establecen que el tamaño y los
         recursos globales de la empresa pueden ser tomados en consideración al apreciar la gravedad de la infracción (punto 1.A) antes
         de tener en cuenta la duración (punto 1.B) y, finalmente, cualquier circunstancia agravante o atenuante. A este respecto,
         la Comisión puede modificar su política relativa a las multas en el ámbito de la competencia. El tenor de las Directrices
         de 1998 y 2006 es similar, ya que ambas dotan a la Comisión de la posibilidad de tener en cuenta el tamaño y los recursos
         globales al efectuar el cálculo de las multas. Además, el momento en que se toma en consideración el tamaño de la empresa
         es irrelevante, ya que el incremento de la multa sobre esa base es independiente del importe final de la multa. La Comisión
         considera también que en la fase de casación el Tribunal de Justicia puede no sustituir, por razones de equidad, la apreciación
         del Tribunal General por la suya propia cuando este último se haya pronunciado, en el ejercicio de su competencia de plena
         jurisdicción, sobre el importe de las multas.
      
      C.      Apreciación
      121. El presente motivo de casación hace referencia a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia relativa a la aplicación
         por la Comisión de un multiplicador con una finalidad disuasoria al calcular la multa impuesta a la recurrente a la luz del
         tamaño y de los recursos globales de la empresa y, en particular, a la fase del cálculo en que se aplicó dicho multiplicador.
         
      
      122. Según jurisprudencia reiterada, la Comisión dispone de una facultad de apreciación por lo que respecta a la elección de los
         factores que se han de tomar en consideración para determinar el importe de las multas, como las circunstancias específicas
         del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, y ello sin que sea necesario remitirse a una lista taxativa
         o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta de modo obligatorio. (81)
      
      123. El Tribunal de Justicia señaló en la sentencia Showa Denko/Comisión que la «disuasión» constituye uno de los elementos que
         ha de tomarse en consideración a la hora de calcular el importe de la multa. (82) Según reiterada jurisprudencia, las multas impuestas por infracciones del artículo 81 CE conforme a lo previsto en el artículo
         15, apartado 2, del Reglamento nº 17 tienen por objeto castigar los comportamientos ilícitos de las empresas incriminadas
         y disuadir tanto a éstas como a otros operadores económicos de infringir, en el futuro, las normas comunitarias sobre competencia.
         Por lo tanto, la Comisión, al calcular el importe de la multa, puede tomar en consideración, en concreto, el tamaño y el poder
         económico de la empresa de que se trata. (83) En ese asunto, el Tribunal de Justicia sostuvo que la recurrente, por su «enorme» volumen de negocios global en comparación
         con el de los demás miembros del cartel, movilizaría más fácilmente los fondos necesarios para el pago de la multa, lo que
         justificaba, para lograr un efecto disuasorio suficiente de ésta, la aplicación de un elemento multiplicador. (84) El Tribunal de Justicia se refirió a ello como el «multiplicador de disuasión».
      
      124. Del asunto Showa Denko/Comisión se desprende claramente que el Tribunal de Justicia consideró que podía aplicarse un multiplicador
         de disuasión para tener en cuenta las repercusiones relativas que una multa puede tener sobre las participantes en una práctica
         colusoria.
      
      125. Habida cuenta de que, en tales circunstancias, el multiplicador de disuasión se refiere al tamaño y al poder económico de
         las empresas afectadas, considero que la Comisión puede, a la luz de la amplia facultad de apreciación que se le confiere
         en ese ámbito, establecer un multiplicador de disuasión que tome en consideración esa particular diferencia. 
      
      126. En tal supuesto, dado que el multiplicador de disuasión se basa en el tamaño relativo y el poder económico de los participantes
         en un cártel más que en la apreciación del verdadero importe concreto de una multa, estimo que el momento del cálculo de la
         multa en que se aplica dicho multiplicador de disuasión puede considerarse irrelevante. Además, en mi opinión, la cuestión
         de si la Comisión, al adoptar las Directrices de 2006, (85) alteró el momento del cálculo de la multa en que se aplica ese multiplicador de disuasión, puede, por lo tanto, considerarse
         irrelevante, siempre que el multiplicador guarde relación con el tamaño relativo y la capacidad económica de las empresas
         afectadas. (86)
      
      127. Así pues, considero que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al declarar que no es relevante el
         momento del cálculo de una multa por la Comisión en que se aplica un multiplicador de disuasión para tomar en consideración
         el tamaño y los recursos globales de una empresa y, por lo tanto, reflejar el modo en que la multa afectó a los participantes
         en una práctica colusoria.
      
      128. Por consiguiente, el sexto motivo de la recurrente debe ser, en mi opinión, desestimado por infundado.
      
      X.      Costas
      129. Habida cuenta de que, en mi opinión, una parte del asunto debe ser devuelta al Tribunal General de la Unión Europea, las costas
         del presente recurso de casación deben reservarse.
      
      XI.    Conclusión
      130. Propongo, en consecuencia, al Tribunal de Justicia que:
      
      –        Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Tercera) de 8 de julio de 2008 en el
         asunto T‑54/03, Lafarge/Comisión, en la medida en que dicho Tribunal desestimó la alegación de Lafarge según la cual la Comisión
         vulneró el principio de igualdad de trato en relación con la participación de Lafarge en una infracción única, compleja y
         continua desde el 31 de agosto de 1992.
      
      –        Devuelva el asunto al Tribunal General de la Unión Europea para que dilucide si la Comisión vulneró el principio de igualdad
         de trato en relación con la participación de Lafarge en una infracción única, compleja y continua desde el 31 de agosto de 1992.
      
      –        Desestime el recurso de casación en todo lo demás.
      –        Reserve las costas.
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Decisión de la Comisión relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE contra las empresas BPB
         PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA y Gyproc Benelux NV (Asunto COMP/E-1/37.152 – Paneles de
         yeso) [notificada con el número C(2005) 4570] (DO 2005, L 166, p. 8).
      
      3 –	 DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22.
      
      4 –	Véase el artículo 1 de la Decisión impugnada.
      
      5 –	Artículo 1 de la Decisión impugnada.
      
      6 –      Véase el apartado 549 de la Decisión impugnada. La Comisión adoptó como punto de partida las cuotas de mercado de las empresas
         basándose en el volumen de ventas del producto en los cuatro principales mercados de la Comunidad.
      
      7 –	Decisión de 13 de julio de 1994 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado CE (IV/C/33.833
         – Cartoncillo) (DO 1994, L 243, p. 1), impuso una multa de 1.750.000 ECU. En la sentencia de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión
         (T‑311/94 Rec. p. II‑1129), el Tribunal de Primera Instancia redujo la multa a 750.000 ECU.
      
      8 –	Decisión de 30 de noviembre de 1994 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo [81] del Tratado CE (Asuntos
         IV/33.126 y 33.322 – Cemento) (DO 1994, L 343, p. 1), impuso una multa de 22.872.000 ECU. En la sentencia de 15 de marzo de
         2000, Cimenteries CBR y otros/Comisión (T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95,
         T‑50/95 a T‑65/95, T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491), el Tribunal de Primera Instancia
         redujo la multa a 14.248.000 EUR (véase el asunto T‑43/95).
      
      9 –	DO 1996, C 207, p. 4.
      
      10 –      Véase el artículo 3 de la Decisión impugnada.
      
      11 –	Véase el apartado 282 de la sentencia recurrida.
      
      12 –	Véase el apartado 301 de la sentencia recurrida.
      
      13 –	Apartado 324 de la sentencia recurrida. Véase también el razonamiento desarrollado en el apartado 325 de la sentencia recurrida.
      
      14 –	Véase el apartado 326 de la sentencia recurrida. 
      
      15 –	Véanse, entre otras, las sentencias de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión (C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173), apartado
         52; de 22 de mayo de 2008, Evonik Degussa/Comisión (C‑266/06 P), apartado 73, y de 18 de diciembre de 2008, Coop de France
         bétail et viande y otros/Comisión (C‑101/07 P y C‑110/07 P, Rec. p. I‑0000), apartado 59.
      
      16 –	Véanse, entre otras, las sentencias Evonik Degussa/Comisión, citada en la nota 15, apartado 74, y Coop de France bétail
         et viande y otros/Comisión, citada en la nota 15, apartado 60.
      
      17 –	Sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión (C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
         y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123), apartado 50.
      
      18 –	Apartado 429 de la sentencia recurrida.
      
      19 –	Citada en la nota 17. En los apartados 55 a 57, el Tribunal de Justicia declaró que, al ser notorias tanto la prohibición
         de participar en estos acuerdos y prácticas contrarios a la competencia como las sanciones a las que pueden exponerse los
         infractores, es habitual que dichos acuerdos y prácticas se desarrollen clandestinamente, que las reuniones se celebren en
         secreto, a menudo en un país tercero, y que la documentación al respecto se reduzca al mínimo. Aunque la Comisión descubra
         documentos que acrediten explícitamente un contacto ilícito entre los operadores, como las actas de una reunión, dichos documentos
         sólo tendrán carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por
         deducción. En la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia se infiere
         de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente,
         la prueba de una infracción a las normas sobre competencia.
      
      20 –	Véase el apartado 494 de la sentencia recurrida.
      
      21 –	Véanse el apartado 127 de la Decisión impugnada y el apartado 503 de la sentencia recurrida.
      
      22 –	Véanse los apartados 503 y 504 de la sentencia recurrida.
      
      23 –	Véase el apartado 506 de la sentencia recurrida.
      
      24 –	Véase el apartado 507 de la sentencia recurrida.
      
      25 –	Véase el apartado 510 de la sentencia recurrida.
      
      26 –	Véase el apartado 512 de la sentencia recurrida.
      
      27 –	Auto de 17 de septiembre de 1996, San Marco/Comisión (C‑19/95 P, Rec. p. I‑4435), apartado 40, y sentencia de 17 de diciembre
         de 1998, Baustahlgewebe/Comisión (C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417), apartado 19.
      
      28 –	Sentencias de 7 de julio de 1994, Dunlop Slazenger/Comisión (T‑43/92, Rec. p. II‑441), apartado 79, y de 8 de julio de
         1999, Comisión/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125), apartado 86.
      
      29 –	Sentencia citada en la nota 17, apartados 78 y 79.
      
      30 –	Véase el apartado 515 de la sentencia recurrida.
      
      31 –	Véase el apartado 510 de la sentencia recurrida.
      
      32 –	La recurrente se refirió específicamente al apartado 496 de la sentencia recurrida.
      
      33 –	Véanse, a este respecto, en particular, las sentencias de 7 de mayo de 1988, Sobaco/Comisión (C‑401/96 P, Rec. p. I‑2587),
         apartado 53, y de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión (C‑404/04 P), apartado 90.
      
      34 –	Sentencia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión (C‑274/99 P, Rec. p. I‑1611), apartado 121, y de 11 de septiembre de
         2003, Bélgica/Comisión (197/99 P, Rec. p. I‑8461), apartado 81.
      
      35 –	Véanse, en particular, las sentencias Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en la nota 17, apartado 372, y de 25 de
         octubre de 2007, Komninou y otros/Comisión (C‑167/06 P), apartado 22.
      
      36 –	En particular, la referencia a la cuota de mercado de Lafarge en los cuadros del Sr. C y determinadas declaraciones realizadas
         por BPB.
      
      37 –	En su recurso en primera instancia, Lafarge también citó la nota 413 de la Decisión impugnada, que establece que «la Comisión
         destaca que hay determinados elementos fácticos que indican que Gyproc participó en una conducta que puede ser calificada
         de contraria a la competencia antes de que se produjera la reunión de Versalles [...]. Sin embargo, en relación con dicha
         conducta, la Comisión no puede aportar las pruebas necesarias de que Gyproc sabía o debería haber sabido que se estaba adhiriendo
         al acuerdo de Londres sobre intercambio de información entre [los máximos representantes] en los cuatro mercados principales.»
      
      38 –	En mi opinión, Lafarge invocó válidamente en primera instancia el principio de igualdad procesal, con arreglo al cual las
         mismas pruebas deberían valorarse del mismo modo en relación con distintas partes que se encuentran en la misma posición procesal.
      
      39 –	Véanse, por analogía, las sentencias de 2 de diciembre de 2009, Comisión/Irlanda y otros (C‑89/08 P, Rec. p. I‑0000), apartado
         89; de 17 de septiembre de 2009, Comisión/Koninklijke FrieslandCampina (C‑519/07 P, Rec. p. I‑0000), apartados 106 a 109;
         de 3 de julio de 2003, Chronopost y otros/UFEX y otros (C‑83/01 P, C‑93/01 P y C‑94/01 P, Rec. p. I‑6993), apartado 45, y
         de de 11 de noviembre de 1997, Comisión y Francia/Ladbroke Racing (C‑359/95 P y C‑379/95 P, Rec. p. I‑6265), apartado 39.
      
      40 –	Sentencia de 9 de septiembre de 2003, Tokai Carbon y otros/Comisión (T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01
         y T‑252/01, Rec. p. II‑1181).
      
      41 –	Sentencia de 29 de junio de 2006 (C‑308/04 P, Rec. p. I‑5977), apartados 52 y 53.
      
      42 –      Sentencia citada en la nota 41, apartados 52 y 53.
      
      43 –	Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y
         del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo, «Directrices de 1998»).
      
      44 –	Sentencia SGL Carbon/Comisión, citada en la nota 41, apartados 46 y 47.
      
      45 –	Véase el apartado 701 de la sentencia recurrida.
      
      46 –	Citada en la nota 17; véase el apartado 91.
      
      47 –	Véanse los apartados 721 y 722 de la sentencia recurrida.
      
      48 –	Véanse los apartados 725 y 726 de la sentencia recurrida.
      
      49 –	Véase el apartado 727 de la sentencia recurrida.
      
      50 –      Sentencia de 8 de febrero de 2007 (C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331).
      
      51 –	En sus conclusiones en el asunto Groupe Danone/Comisión, el Abogado General Poiares Maduro sostuvo que «ciertamente, el
         artículo 15, apartado 2, aun cuando establece un límite máximo claro, está redactado en términos amplios respecto a los elementos
         que determinan el importe preciso de la multa. Sin embargo, en el contexto del Derecho de la competencia, considero que, como
         regla, es razonable y previsible que la Comisión, en el ejercicio de su facultad de apreciación, ponderará la circunstancia
         de reincidencia en la infracción al apreciar la gravedad de la infracción. Ese también parece ser el criterio del Tribunal
         de Justicia derivado de su jurisprudencia». Asunto citado en la nota 50; véase el punto 21.
      
      52 –	Idem. Véase el apartado 24.
      
      53 –	Idem. Véanse los apartados 25, 26 y 30.
      
      54 –	Citada en la nota 17; véase el apartado 91.
      
      55 –	Sentencia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión (100/80 a 103/80, Rec. p. 1825), apartado 106.
      
      56 –	El Tribunal de Justicia destacó la necesidad de garantizar el efecto disuasorio de las sanciones en materia de competencia
         en las sentencias de 7 de junio de 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405), y Coop de France
         bétail et viande y otros /Comisión, citada en la nota 15.
      
      57 –	En este caso, las Directrices de 1998.
      
      58 –	Sentencia citada en la nota 50, véanse los apartados 36 y 37.
      
      59 –      Idem. Véase el apartado 39.
      
      60 –	Idem. Véase el apartado 40.
      
      61 –	Véase el apartado 704 de la sentencia recurrida.
      
      62 –      Sentencia Cimenteries CBR y otros/Comisión, citada en la nota 8.
      
      63 –	Sentencia de 8 de julio de 1999, Montecatini/Comisión (C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539), apartado 176.
      
      64 –	Véase el punto 96 infra.
      
      65 –	Sentencia de 20 de junio de 1985 (64/84, Rec. p. 1829).
      
      66 –	DO 1981, L 180, p. 1. 
      
      67 –	Sentencia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en la nota 17, apartado 200.
      
      68 –	DO 2003, L 1, p. 1.
      
      69 –	Citada en la nota 65.
      
      70 –	Sentencia de 13 de diciembre de 1984 (78/83, Rec. p. 4177), apartados 7 a 11.
      
      71 –	Sin embargo, cabe señalar que, con arreglo al artículo 44 del Estatuto del Tribunal de Justicia, podrá pedirse a éste la
         revisión de la sentencia sólo con motivo del descubrimiento de un hecho que pueda tener una influencia decisiva y que, antes
         de pronunciarse la sentencia, era desconocido por el Tribunal de Justicia y por la parte que solicita la revisión. Según jurisprudencia
         reiterada, la revisión no es un recurso que permita cuestionar la autoridad de la fuerza de cosa juzgada de una sentencia
         firme, sobre la base de las apreciaciones de hecho en las que se apoyó el Tribunal de Justicia. La revisión presupone el descubrimiento
         de hechos que existían antes de la sentencia o el auto y que el Tribunal de Justicia desconocía cuando dictó la sentencia
         o el auto y que también desconocía la parte que solicita la revisión y que, de haber sido tenidos en cuenta por el Tribunal
         de Justicia, podrían haber llevado a que el litigio se hubiera resuelto de modo diferente. Véase la sentencia de 2 de abril
         de 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Consejo y Comisión (C‑255/06 P REV, Rec. p. I‑0000), apartados 14 a 16.
         El Tribunal de Primera Instancia, en la parte correspondiente de la sentencia recurrida, no hizo referencia al procedimiento
         de revisión.
      
      72 –	En mi opinión, el uso del término «definitiva» por el Tribunal de Primera Instancia y las alegaciones de las partes en
         relación con una decisión de la Comisión pueden, de algún modo, inducir a error, ya que parecen aludir a que la destinataria
         de la decisión agote la posibilidad de interponer un recurso de anulación y la posibilidad de un ulterior recurso de casación.
         Sin embargo, según jurisprudencia reiterada, se presume la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias, lo que
         implica que éstos producen efectos jurídicos mientras no hayan sido revocados, anulados en el marco de un recurso de anulación
         o declarados inválidos a raíz de una cuestión prejudicial o de una excepción de ilegalidad. Véanse las sentencias de 5 de
         octubre de 2004, Comisión/Grecia (C‑475/01, Rec. p. I‑8923), apartado 18, y de 12 de febrero de 2008, CELF y Ministre de la
         Culture et de la Communication (C‑199/06, Rec. p. I‑469), apartado 60. Por lo tanto, los actos de las instituciones comunitarias
         pueden, en mi opinión, ser calificados de definitivos una vez son adoptados, pero quedan sujetos, no obstante, a la posibilidad
         de ser impugnados a través de una serie de recursos judiciales distintos, entre los que se incluyen los recursos de anulación
         y los ulteriores recursos de casación, pero sin limitarse a éstos.
      
      73 –	Citada en la nota 8.
      
      74 –	Interpreto que ello implica que no se ha agotado la posibilidad de interponer un recurso de anulación con arreglo al artículo
         230 CE y un ulterior recurso de casación.
      
      75 –	Véase el apartado 706 de la sentencia recurrida.
      
      76 –	Véase el artículo 23, apartado 5, del Reglamento nº 1/2003.
      
      77 –	Sentencia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión (322/81, Rec. p. 3461), apartado 7; véase también la sentencia Musique
         Diffusion française y otros/Comisión, citada en la nota 55, apartado 8.
      
      78 –	Véase el apartado 91 supra.
      
      79 –	Que no puede predecirse ni determinarse por adelantado.
      
      80 –	DO 2006, C 210, p. 2.
      
      81 –	Véanse, en particular, la sentencia de 29 de junio de 2006, Showa Denko/Comisión (C‑289/04 P, Rec. p. I‑5859), apartado
         36; el auto de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión (C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611), apartado 54, y la sentencia de 17 de
         julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión (C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411), apartado 33. Sin embargo, la facultad de apreciación de
         la Comisión no es completamente ilimitada, ya que debe respetar los principios generales del Derecho comunitario al fijar
         las multas, como los principios de igualdad de trato y proporcionalidad.
      
      82 –	En el apartado 15 de la sentencia Showa Denko/Comisión, citada en la nota 81, el Tribunal de Justicia declaró que la Comisión
         tomó en consideración el volumen de negocios global sólo a efectos de fijar el «multiplicador de disuasión». Por otro lado,
         para determinar el importe de base de la multa, la Comisión tuvo en cuenta sólo el volumen global con respecto a los productos
         a los que afectaba el cártel. En relación con el presente procedimiento, véanse los puntos 5 y 6 supra, así como la nota 6.
      
      83 –	Véase la sentencia Showa Denko/Comisión, citada en la nota 81, apartado 16, y Musique Diffusion française y otros/Comisión,
         citada en la nota 55, apartados 119 a 121. En sus conclusiones en el asunto Britannia Alloys & Chemicals/Comisión (citado
         en la nota 56), el Abogado General Bot señaló en la nota 21, que «el Tribunal de Justicia reconoció, muy pronto, en una sentencia
         de 15 de julio de 1970, ACF Chemiefarma/Comisión (41/69, Rec. p. 661), que las sanciones previstas en el artículo 15 del Reglamento
         nº 17 “tienen por finalidad tanto reprimir las conductas ilícitas como impedir su repetición” (apartado 173)».
      
      84 –	Véase la sentencia Showa Denko/Comisión, citada en la nota 81, apartado 18.
      
      85 –	Consta que, cuando se impuso la multa a Lafarge en virtud de la Decisión impugnada, estaban vigentes las Directrices de
         1998. El título 1.A de las Directrices de 1998, que regula la gravedad, establece, en particular: «por otro lado, será necesario
         tomar en consideración la capacidad económica efectiva de los autores de la infracción para infligir un daño importante a
         los demás operadores, sobre todo a los consumidores, y fijar un importe que dote a la multa de un carácter lo suficientemente
         disuasorio». Por lo tanto, el contenido de las Directrices de 2006 no es relevante temporalmente a efectos de las circunstancias
         del presente caso. Además, es jurisprudencia reiterada que la aplicación eficaz de las normas comunitarias de la competencia
         exige que la Comisión pueda en todo momento adaptar el nivel de las multas a las necesidades de dicha política. Véanse las
         sentencias Musique Diffusion française y otros/Comisión, citada en la nota 55, apartado 109, y de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión
         (C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005), apartado 81. Por lo tanto, la Comisión puede cambiar sus Directrices en materia de multas sin
         por ello cuestionar su posición previa sobre el tema.
      
      86 –	Sin embargo, cabe señalar que, en la sentencia Showa Denko/Comisión (citada en la nota 81), el Tribunal de Justicia declaró
         que la multa impuesta a una empresa puede calcularse incluyendo un factor de disuasión y que este factor se valora tomando
         en consideración una multitud de elementos y no sólo la situación particular de la empresa de que se trata (véase el apartado
         23). Por lo tanto, resulta claro que el tamaño y la capacidad económica de las empresas afectadas puede ser sólo uno de los
         factores incluidos en la fijación del multiplicador de disuasión. A este respecto, las Directrices de 2006 establecen, bajo
         el epígrafe «Incremento específico para garantizar un efecto disuasorio», que, además del volumen de negocios de las empresas,
         en determinadas circunstancias «la Comisión tendrá en cuenta la necesidad de incrementar la sanción para superar el importe
         de las ganancias ilícitas obtenidas gracias a la infracción, cuando sea posible proceder a este cálculo» (véanse los apartados
         30 y 31 de las Directrices de 2006, citadas en la nota 80). Si el multiplicador de disuasión se fija en particular, en función
         del importe de las ganancias obtenidas gracias a la infracción, estimo que puede ser relevante el momento del cálculo de la
         multa en que se aplica el multiplicador de disuasión. No obstante, la cuestión de la existencia e importe de las ganancias
         obtenidas ilícitamente gracias a la infracción no es relevante a efectos del presente procedimiento.