CELEX: 62008CJ0254
Language: es
Date: 2009-07-16 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 16 de julio de 2009.#Futura Immobiliare srl Hotel Futura y otros contra Comune di Casoria.#Petición de decisión prejudicial: Tribunale amministrativo regionale della Campania - Italia.#Petición de decisión prejudicial - Directiva 2006/12/CE - Artículo 15, letra a) - Reparto de los costes de eliminación de residuos que no está en función de la producción efectiva de éstos - Compatibilidad con el principio "quien contamina paga".#Asunto C-254/08.

Asunto C‑254/08
      Futura Immobiliare srl Hotel Futura y otros
      contra
      Comune di Casoria
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale amministrativo regionale della Campania)
      «Petición de decisión prejudicial — Directiva 2006/12/CE — Artículo 15, letra a) — Reparto de los costes de eliminación de residuos que no está en función de la producción efectiva de éstos — Compatibilidad con el principio “quien contamina paga”»
      Sumario de la sentencia
      Medio ambiente — Residuos — Directiva 2006/12/CE
      [Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 15, letra a)]
      El artículo 15, letra a), de la Directiva 2006/12, relativa a los residuos, debe interpretarse en el sentido de que, en el
         estado actual del Derecho comunitario, no se opone a una normativa nacional que establece, a efectos de la financiación de
         un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, una tasa calculada sobre la base de una evaluación del volumen de
         residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la base de la cantidad de residuos que realmente han generado
         y entregado para su recogida.
      
      En efecto, en una situación en la que los poseedores de residuos los remiten a un recolector, el citado artículo 15, letra a),
         establece que, de conformidad con el principio «quien contamina, paga», el coste de la eliminación de los residuos deberá
         recaer sobre tales poseedores. Ahora bien, a menudo resulta difícil, incluso oneroso, determinar el volumen exacto de residuos
         urbanos entregados para su recogida por cada poseedor. En estas condiciones, recurrir a criterios basados, por un lado, en
         la capacidad productiva de los poseedores, calculada en función de la superficie de los bienes inmuebles que ocupan y de su
         afectación, y/o, por otro, en la naturaleza de los residuos producidos, puede permitir calcular los costes de la eliminación
         de dichos residuos y repartirlos entre los distintos poseedores, en la medida en que estos dos parámetros pueden influir directamente
         en el importe de tales costes.
      
      No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se
         le han presentado, si la tasa para la eliminación de los residuos sólidos urbanos internos lleva a imputar a determinados
         poseedores, en el caso de autos los establecimientos hoteleros, unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de
         los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que pueden generar.
      
      (véanse los apartados 44, 49 a 51, 56 y 57 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 16 de julio de 2009 (*)
      
      «Petición de decisión prejudicial – Directiva 2006/12/CE – Artículo 15, letra a) – Reparto de los costes de eliminación de residuos que no está en función de la producción efectiva de éstos – Compatibilidad con el principio “quien contamina paga”»
      En el asunto C‑254/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale amministrativo
         regionale della Campania (Italia), mediante resolución de 19 de marzo de 2008, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de
         junio de 2008, en el procedimiento entre
      
      Futura Immobiliare srl Hotel Futura,
      Meeting Hotel,
      Hotel Blanc,
      Hotel Clyton,
      Business srl
      y
      Comune di Casoria,
      en el que participa:
      Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. J.‑C. Bonichot, K. Schiemann, y P. Kūris y la Sra.
         C. Toader (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Comune di Casoria, por el Sr. M. Spagna, avvocato;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. I. Bruni, en calidad de agente, asistida por la Sra. M. Russo, avvocatessa dello
         Stato;
      
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por la Sra. D. Recchia y el Sr. J.-B. Laignelot, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de abril de 2009;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15, letra a), de la Directiva 2006/12/CE
         del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (DO L 114, p. 9), y, en particular, del
         principio «quien contamina paga».
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre las sociedades hoteleras Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting
         Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton y Business srl (en lo sucesivo, conjuntamente, «Futura Immobiliare y otros») y el Comune
         di Casoria sobre la determinación de las tarifas de la tasa para la eliminación de los residuos sólidos urbanos internos (en
         lo sucesivo, «tasa sobre los residuos») adeudada por dichas sociedades en relación con los ejercicios 2006 y 2007.
      
       Marco jurídico
       Derecho comunitario
      3        Los considerandos primero, sexto y decimocuarto de la Directiva 2006/12 están redactados como sigue:
      
      «(1)      La Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos [(DO L 194, p. 39),] ha sido modificada
         en diversas ocasiones y de forma sustancial […]. Conviene, en aras de una mayor racionalidad y claridad, proceder a la codificación
         de dicha Directiva.
      
      […]
      (6)      Para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, es necesario que los Estados miembros, además de garantizar
         la eliminación y la valorización responsables de los residuos, adopten medidas encaminadas a limitar la producción de residuos,
         en particular promoviendo las tecnologías limpias y los productos reciclables y reutilizables, tomando en consideración las
         oportunidades de comercialización actuales o potenciales de los residuos valorizados.
      
      […]
      (14)      La parte de los costes no cubierta por la explotación de los residuos debe costearse de acuerdo con el principio “quien contamina
         paga”.»
      
      4        El artículo 1, apartado 1, letra c), de la Directiva 2006/12 dispone:
      
      «Con arreglo a la presente Directiva, se entenderá por:
      […]
      c)      “poseedor”: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en su posesión».
      5        El artículo 8 de la citada Directiva establece:
      
      «Los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para que todo poseedor de residuos:
      a)      los remita a un recolector privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones previstas en los anexos II A o II B, o
      b)      se ocupe él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de la presente Directiva.»
      6        El artículo 15 de la misma Directiva está redactado como sigue:
      
      «De conformidad con el principio “quien contamina paga”, el coste de la eliminación de los residuos deberá recaer sobre:
      a)      el poseedor que remitiere los residuos a un recolector o a una empresa de las mencionadas en el artículo 9, y/o
      b)      los poseedores anteriores o el productor del producto generador de los residuos.»
      7        A tenor del artículo 20 de la Directiva 2006/12:
      
      «Queda derogada la Directiva 75/442/CEE, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos
         de transposición al Derecho interno de la Directiva, que figuran en el anexo III, parte B.
      
      Las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva con arreglo a la tabla de correspondencias
         que figura en el anexo IV.»
      
      8        El anexo III, parte B, de la Directiva 2006/12 señala el 17 de julio de 1977 como fecha límite para adaptar el Derecho interno
         a la Directiva 75/442.
      
       Derecho nacional
      9        El Decreto Legislativo nº 507, de 15 de noviembre de 1993, relativo a la revisión y armonización de los impuestos locales
         sobre la publicidad y de los derechos sobre la colocación de anuncios en lugares públicos, del canon por ocupar espacios y
         zonas públicas de los ayuntamientos y provincias, así como de la tasa para la eliminación de los residuos sólidos urbanos
         en virtud del artículo 4 de la Ley nº 421 de 23 de octubre de 1992, sobre reorganización de las Haciendas Locales (suplemento
         ordinario de la GURI nº 108, de 9 de diciembre de 1993; en lo sucesivo, «Decreto nº 507/1993»), creó la tasa sobre los residuos
         en su capítulo III.
      
      10      A este respecto, el artículo 58, apartado 1, del Decreto nº 507/1993 dispone:
      
      «Para el servicio de eliminación de residuos sólidos urbanos internos, prestado en régimen de monopolio en el marco de la
         aglomeración urbana, de los distritos municipales, de los núcleos residenciales y eventualmente extendido a las zonas del
         territorio municipal con población dispersa, los ayuntamientos deberán establecer una tasa [sobre los residuos] anual, que
         será objeto de un reglamento apropiado y aplicable con arreglo a una tarifa de conformidad con las normas y criterios establecidos
         en las disposiciones siguientes.»
      
      11      El artículo 62, apartados 1 y 4, del Decreto nº 507/1993, titulado «Requisito de sujeción a la tasa [sobre los residuos] y
         exenciones», establece:
      
      «1.      Estarán obligados a pagar esta tasa [sobre los residuos] los ocupantes o los poseedores de locales y de zonas al aire libre,
         cualquiera que sea su afectación, a excepción de las zonas al aire libre correspondientes o accesorias a inmuebles civiles
         que no sean zonas verdes, existentes en las zonas del territorio municipal donde se cree y ponga en práctica dicho servicio
         o, al menos, se preste de forma continua […].
      
      […]
      4.      En los complejos inmobiliarios destinados a vivienda en los que se ejerza una actividad económica y profesional, el reglamento
         podrá establecer que la tasa [sobre los residuos] se devengará conforme al baremo previsto para la actividad específica de
         que se trate y que será proporcional a la superficie afectada a dicha actividad.»
      
      12      Según el artículo 65 del Decreto nº 507/1993, titulado «Proporcionalidad y tarifas», la tasa sobre los residuos podrá ser
         proporcional o calcularse en función de la cantidad y de la calidad medias habituales, por unidad de superficie gravable,
         de los residuos sólidos urbanos internos y asimilados que pueden generarse en los locales y las superficies por el tipo de
         uso al que se destinan y del coste de la eliminación. Además, a tenor del apartado 2 de este artículo, corresponde a los ayuntamientos
         establecer las tarifas para cada categoría o subcategoría homogénea, en función de la tasa de cobertura del coste considerada
         dentro de los límites de la Ley, multiplicando el coste de la eliminación por unidad de superficie gravable comprobada, previsto
         para el año siguiente, por uno o varios coeficientes de producción cuantitativa y cualitativa de residuos.
      
      13      El artículo 68 del Decreto nº 507/1993, titulado «Regulación», está redactado como sigue:
      
      «1.      Para aplicar la tasa [sobre los residuos], los ayuntamientos deberán adoptar un reglamento apropiado, que contendrá:
      a)      la clasificación de las categorías y eventuales subcategorías de locales y de zonas que presentan el mismo potencial de producción
         de residuos y que están sujetos a imposición según la misma tarifa;
      
      […]
      2.      Para proceder a la determinación comparativa de las tarifas, las categorías y eventuales subcategorías deberán organizarse
         teniendo en cuenta, en lo posible, los grupos de actividad o de uso siguientes:
      
      […]
      c)      locales y zonas destinadas a vivienda para hogares, colectividades y personas que vivan en comunidad, establecimientos hoteleros;
      […]»
      14      A tenor del artículo 69, apartados 1 y 2, del Decreto nº 507/1993:
      
      «1.      Los ayuntamientos decidirán, a más tardar el 31 de octubre, sobre la base de la clasificación y de los criterios de progresividad
         recogidos en el Reglamento, las tarifas por unidad de superficie de los locales y zonas comprendidos en las diversas categorías
         o subcategorías, que se deberán aplicar al año siguiente. En el supuesto de que no exista decisión en el plazo anteriormente
         mencionado, las tarifas aprobadas para el año en curso se considerarán prorrogadas para el año siguiente.
      
      2.      A efectos del control de legalidad, la decisión deberá indicar los motivos de las relaciones existentes entre las tarifas,
         los datos finales y previstos relativos a los costes del servicio desglosados según su clasificación económica, así como los
         datos y circunstancias que determinaron el aumento de la cobertura mínima obligatoria del coste […]»
      
      15      El Decreto Legislativo nº 22, de 5 de febrero de 1997, relativo a la adaptación del Derecho interno a las Directivas 91/156/CEE,
         relativa a los residuos, 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos, y 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de
         envases (suplemento ordinario de la GURI nº 33, de 15 de febrero de 1997; en lo sucesivo, «Decreto Legislativo nº 22/1997»),
         establece la supresión de la tasa sobre los residuos y la introducción de un régimen de tarifas.
      
      16      Según señala el órgano jurisdiccional remitente, dicha tarifa se compone de una parte fija, destinada a cubrir los costes
         esenciales del servicio de gestión de residuos y que es determinada en función de la superficie de los inmuebles ocupados
         o poseídos. Asimismo, se compone de una cuota variable, calculada en función de la cantidad de residuos realmente entregados
         para su recogida.
      
      17      El Decreto Legislativo nº 22/1997 fue derogado por el artículo 264 del Decreto Legislativo nº 152, de 3 de abril de 2006,
         sobre normas en materia de medio ambiente (suplemento ordinario de la GURI nº 96, de 14 de abril de 2006). El sistema instaurado
         por este último Decreto se inspira en gran medida en el previsto en el Decreto Legislativo nº 22/1997.
      
      18      No obstante, según señala el órgano jurisdiccional remitente, la aplicación completa del régimen de tarifas establecido en
         el Decreto Legislativo nº 152, de 3 de abril de 2006, aún no se ha realizado, de modo que, en el Comune di Casoria y en relación
         con los ejercicios 2006 y 2007, sigue siendo aplicable la tasa sobre los residuos tal y como se establece en el Decreto nº 507/1993.
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      19      Futura Immobiliare y otros son sociedades hoteleras establecidas en el territorio del Comune de Casoria. Como tales, deben
         abonar la tasa sobre los residuos. Sin embargo, con arreglo a dicha tasa, los hoteleros soportan un mayor gravamen que los
         particulares que ocupen locales destinados a vivienda.
      
      20      Por estimar que dicha diferencia de trato es ilegal, Futura Immobiliare srl Hotel Futura interpuso un recurso dirigido a la
         anulación, por un lado, de una resolución de 25 de mayo de 2006 de la Commissione straordinaria relativa a la determinación
         de la tasa sobre los residuos correspondiente al ejercicio 2006 y, por otro lado, de una resolución de la Giunta municipale
         (Consejo municipal) de Casoria de 15 de marzo de 2005, así como de otros actos relacionados con estas resoluciones.
      
      21      Futura Immobiliare y otros interpusieron también un recurso dirigido a la anulación de otras dos resoluciones de la Commissione
         straordinaria, de 4 de abril de 2007, relativas a la adopción del Reglamento para la aplicación de la tasa sobre los residuos
         y al establecimiento del baremo de los costes y tarifas de ésta correspondientes al ejercicio económico 2007, respectivamente,
         así como de otros actos relacionados con estas resoluciones.
      
      22      El Tribunale amministrativo regionale della Campania, ante el que se interpusieron los citados recursos, decidió acumular
         dichos asuntos.
      
      23      En el marco de sus recursos contra los mencionados actos y resoluciones, Futura Immobiliare y otros alegan, en concreto, que
         la tarifa de la tasa sobre los residuos establecida para los hoteles es desproporcionada respecto de la prevista para las
         viviendas y que, en realidad, dicha tarifa se basa en su capacidad para generar ingresos y no en su capacidad de generación
         de residuos. Según dichas sociedades hoteleras, la citada tasa no tiene en cuenta la tasa de ocupación de las habitaciones
         ni la existencia o no de servicios de restauración, que pueden generar más residuos, ni tampoco el carácter estacional de
         la actividad hotelera ni la incidencia de las superficies de explotación destinadas a servicios y, en consecuencia, no habitadas.
      
      24      Pues bien, a su juicio, mientras que las tarifas para los hoteles y las viviendas particulares se consideran equiparables,
         dado su respectivo nivel de generación de residuos, los actos y resoluciones impugnados establecieron una tarifa de ocho a
         nueve veces superior para las estructuras hoteleras. Además, la tarifa considerada no indica en absoluto el método aplicado
         ni los datos relativos a las cantidades y calidades medias habituales de los residuos que pueden generarse por unidad de superficie
         según el destino de los locales.
      
      25      Por considerar que las disposiciones aplicables del Derecho nacional no parecen ser conformes con el Derecho comunitario,
         el Tribunale amministrativo regionale della Campania decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «¿Es compatible con el citado artículo 15 de la Directiva [2006/12] y con el principio «quien contamina paga» la normativa
         nacional establecida en los artículos 58 y siguientes del Decreto Legislativo [nº 507/1993] y en las disposiciones transitorias
         que han prolongado su vigencia […], dando lugar así al mantenimiento de un régimen de carácter fiscal para la cobertura de
         los costes del servicio de eliminación de residuos y demorando la introducción de un régimen tarifario en el que el coste
         del servicio sea soportado por quienes producen y entregan los residuos?»
      
       Sobre la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial
       Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
      26      El Comune di Casoria alega, en esencia, que la petición de decisión prejudicial es inadmisible en la medida en que tiene por
         objeto la Directiva 2006/12, a la que el Derecho interno debía adaptarse dentro de un plazo que aún no había expirado, y que,
         en tanto que Directiva, este acto comunitario no es directamente aplicable en el ordenamiento jurídico italiano.
      
      27      Por su parte, el Gobierno italiano considera que dicha petición es inadmisible en la medida en que, para responderla, el Tribunal
         de Justicia debería pronunciarse sobre la compatibilidad de la normativa nacional con el Derecho comunitario. Además, dicho
         Gobierno considera que el órgano jurisdiccional remitente no expone suficientemente los elementos de hecho y de Derecho que
         permitan al Tribunal de Justicia proporcionarle una respuesta útil.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      28      En primer lugar, por lo respecta a la alegación del Gobierno italiano, es preciso recordar que, en el marco de un recurso
         prejudicial, si bien el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre la compatibilidad de una disposición
         nacional con el Derecho comunitario, sin embargo, sí que lo es para proporcionar al órgano jurisdiccional nacional todos los
         elementos de interpretación de Derecho comunitario que puedan permitirle apreciar dicha compatibilidad para dirimir el asunto
         del que esté conociendo (sentencia de 22 de mayo de 2008, citiworks, C‑439/06, Rec. p. I‑3913, apartado 21 y jurisprudencia
         citada).
      
      29      Por otra parte, es cierto que de reiterada jurisprudencia se desprende que la necesidad de llegar a una interpretación del
         Derecho comunitario que sea eficaz para el juez nacional exige que éste defina el contexto fáctico y el régimen normativo
         en el que se inscriben las cuestiones que plantea o que, al menos, explique los presupuestos fácticos sobre los que se basan
         tales cuestiones (sentencia de 10 de marzo de 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec. p. I‑0000, apartado 30 y jurisprudencia citada).
      
      30      Sin embargo, en el presente caso, el Tribunal de Justicia se considera suficientemente informado por las indicaciones del
         órgano jurisdiccional remitente tanto sobre los elementos de hecho como sobre los de Derecho que caracterizan el litigio principal.
      
      31      En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación del Comune di Casoria, hay que señalar que, como se desprende de su primer
         considerando, la Directiva 2006/12 procedió, en aras de una mayor racionalidad y claridad, a la codificación de la Directiva
         75/442, a la que el Derecho interno debía adaptarse dentro de un plazo que expiró el 17 de julio de 1977.
      
      32      Pues bien, como señaló la Abogado General en el punto 22 de sus conclusiones, del artículo 20 de la Directiva 2006/12, en
         relación con su anexo III, parte B, resulta con claridad que la derogación de la Directiva 75/442 en la fecha de entrada en
         vigor de la Directiva 2006/12 se produce sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de adaptación
         del Derecho interno a la Directiva así derogada.
      
      33      Por consiguiente, en la medida en que el artículo 15 de la Directiva 2006/12 está redactado en términos sustancialmente idénticos
         a los del artículo 11 de la Directiva 75/442, la entrada en vigor de la Directiva 2006/12 no tuvo como efecto la concesión
         de un nuevo plazo a los Estados miembros para que adaptasen sus Derechos internos a dicho artículo 15.
      
      34      Además, contrariamente a lo que sostiene el Comune di Casoria, a tenor del artículo 234 CE, el Tribunal de Justicia es competente
         para pronunciarse con carácter prejudicial sobre la interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad
         Europea, con independencia de que sean directamente aplicables o no (véanse, en este sentido, las sentencias de 20 de mayo
         de 1976, Mazzalai, 111/75, Rec. p. 657, apartado 7, y de 10 de julio de 1997, Palmisani, C‑261/95, Rec. p. I‑4025, apartado 21).
      
      35      En estas circunstancias, procede responder a la cuestión planteada por el Tribunale amministrativo regionale della Campania.
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      36      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15, letra a), de la Directiva
         2006/12 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, a efectos de la financiación
         de un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, una tasa que se calcula sobre la base de una evaluación del volumen
         de residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la base de la cantidad de residuos que realmente han generado
         y entregado para su recogida.
      
      37      Dicho órgano jurisdiccional se pregunta, en particular, si la citada disposición debe interpretarse en el sentido de que el
         coste soportado por el «poseedor» de los residuos, que los entrega para su eliminación, debe ser proporcional a la cantidad
         de residuos realmente entregados.
      
       Observaciones presentadas al Tribunal de Justicia
      38      El Comune di Casoria y el Gobierno italiano consideran que los Estados miembros disponen de un importante margen de maniobra
         en la aplicación del principio «quien contamina paga», y tanto más cuando se trata de la adaptación del Derecho interno a
         una disposición de una Directiva, en el caso de autos, al artículo 15 de la Directiva 2006/12. A este respecto, dicho Gobierno
         solicita al Tribunal de Justicia que reconozca a los Estados miembros el mismo margen de maniobra que ha reconocido a las
         instituciones comunitarias en la interpretación del artículo 130 R del Tratado CE (actualmente artículo 174 CE, tras su modificación)
         realizada en la sentencia de 14 de julio de 1998, Safety Hi‑Tech (C‑284/95, Rec. p. I‑4301).
      
      39      En cualquier caso, dicho Gobierno considera que el régimen italiano, basado en una tasa, es plenamente compatible con el principio
         «quien contamina paga», puesto que el coste de la gestión y eliminación de los residuos está a cargo de quienes pueden influir
         en su generación. Además, resultan pertinentes los parámetros utilizados para calcular dicha tasa, tales como la capacidad
         de generación de las distintas categorías de usuarios o la calidad de los residuos generados.
      
      40      La Comisión de las Comunidades Europeas subraya que la Directiva 2006/12 no define las reglas conforme a las cuales los Estados
         miembros deben organizar su régimen de imputación de los costes relacionados con la recogida y la eliminación de los residuos
         urbanos y que, a este respecto, son competentes por lo que respecta a la forma y los medios para alcanzar el objetivo de imputar
         dichos costes a quienes generaron los residuos.
      
      41      Basándose en la Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la imputación de costes y a la intervención de los poderes
         públicos en materia de medio ambiente – Principios y modalidades de aplicación, que figura como anexo a la Recomendación 75/436/Euratom,
         CECA, CEE del Consejo, de 3 de marzo de 1975, relativa a la imputación de costes y a la intervención de los poderes públicos
         en materia de medio ambiente (DO L 194, p. 1), la Comisión considera que las legislaciones de los Estados miembros deben establecer,
         en particular, una correlación entre la cantidad de residuos generada y el importe pagado por el servicio de eliminación de
         éstos.
      
      42      En concreto, las legislaciones nacionales pueden establecer un régimen que identifique determinadas categorías de usuarios,
         generadores de residuos, a fin de imponerles una tasa calculada sobre la base de estimaciones de la cantidad de residuos que
         dichas categorías generan. Por lo tanto, el artículo 15 de la Directiva 2006/12 no exige que dicha tasa se calcule sobre la
         base de la cantidad de residuos realmente generada por cada usuario. No obstante, según la Comisión, tales legislaciones nacionales
         no deben tener como efecto que se excluya del esfuerzo de financiación a determinadas categorías de productores de residuos.
      
       Respuesta del Tribunal de Justicia
      43      En virtud del artículo 8 de la Directiva 2006/12, todo «poseedor de residuos» está obligado, bien a remitirlos a un recolector
         privado o público o a una empresa que efectúe las operaciones previstas en los anexos II A o II B de dicha Directiva, bien
         a ocuparse él mismo de la valorización o la eliminación de acuerdo con las disposiciones de ésta.
      
      44      Por consiguiente, en una situación como la del litigio principal, en la que los poseedores de residuos los remiten a un recolector,
         el artículo 15, letra a), de la Directiva 2006/12 establece que, de conformidad con el principio «quien contamina paga», el
         coste de la eliminación de los residuos deberá recaer sobre tales poseedores.
      
      45      Esta obligación económica incumbe a dichos poseedores por el hecho de haber contribuido a la generación de tales residuos
         (véase la sentencia de 24 de junio de 2008, Commune de Mesquer, C‑188/07, Rec. p. I‑4501, apartado 77).
      
      46      Por lo que respecta a la financiación del coste de gestión y de eliminación de los residuos urbanos, en la medida en que se
         trata de un servicio que se presta colectivamente a un conjunto de «poseedores», los Estados miembros están obligados, en
         virtud del artículo 15, letra a), de la Directiva 2006/12, a cerciorarse de que, en principio, todos los usuarios de dicho
         servicio, en su condición de «poseedores» en el sentido del artículo 1 de esta misma Directiva, soportan colectivamente el
         coste global de la eliminación de dichos residuos.
      
      47      Si bien los Estados miembros destinatarios de la Directiva 2006/12 están obligados en cuanto al resultado que debe alcanzarse
         en lo que atañe a la asunción de los costes de eliminación de los residuos, con arreglo al artículo 249 CE son competentes,
         sin embargo, por lo que respecta a la forma y los medios que se han de aplicar para alcanzar dicho resultado (véase la sentencia
         Commune de Mesquer, antes citada, apartado 80).
      
      48      Como señaló acertadamente la Comisión, en el estado actual del Derecho comunitario, no existe ninguna normativa adoptada sobre
         la base del artículo 175 CE que imponga a los Estados miembros un método concreto en cuanto a la financiación del coste de
         la eliminación de los residuos urbanos, de modo que dicha financiación puede garantizarse, a elección del Estado miembro de
         que se trate, indistintamente mediante una tasa, un canon o cualquier otra modalidad.
      
      49      No obstante, es preciso señalar, en primer lugar, que, como señaló la Abogado General en el punto 40 de sus conclusiones,
         a menudo resulta difícil, incluso oneroso, determinar el volumen exacto de residuos urbanos entregados para su recogida por
         cada «poseedor».
      
      50      En estas condiciones, recurrir a criterios basados, por un lado, en la capacidad productiva de los «poseedores», calculada
         en función de la superficie de los bienes inmuebles que ocupan y de su afectación, y/o, por otro, en la naturaleza de los
         residuos producidos, puede permitir calcular los costes de la eliminación de dichos residuos y repartirlos entre los distintos
         «poseedores», en la medida en que estos dos parámetros pueden influir directamente en el importe de tales costes.
      
      51      Desde este punto de vista, en el estado actual del Derecho comunitario, no cabe considerar contraria al artículo 15, letra a),
         de la Directiva 2006/12 una normativa nacional que establece, a efectos de la financiación de la gestión y eliminación de
         los residuos urbanos, una tasa calculada sobre la base de una evaluación del volumen de residuos generado y no sobre la base
         de la cantidad de residuos realmente generada y entregada para su recogida.
      
      52      En segundo lugar, el principio «quien contamina paga» no impide que los Estados miembros, en función de categorías de usuarios
         determinadas según la capacidad respectiva de éstos para generar residuos urbanos, modulen la contribución de cada una de
         dichas categorías al coste global necesario para financiar el régimen de gestión y de eliminación de los residuos urbanos.
      
      53      En el asunto principal, por lo que respecta al cálculo de la tasa sobre los residuos, resulta que los establecimientos hoteleros
         constituyen una categoría de «poseedores» y que, según Futura Immobiliare y otros, son tratados de una manera menos favorable
         que los particulares.
      
      54      A este respecto, es preciso señalar que, a efectos del cálculo de una tasa sobre la eliminación de residuos, para alcanzar
         el objetivo de financiación del referido servicio puede resultar apropiada una diferenciación fiscal entre categorías de usuarios
         del servicio de recogida y de eliminación de residuos urbanos, como la realizada por la normativa nacional de que se trata
         en el litigio principal entre las sociedades hoteleras y los particulares, en función de criterios objetivos directamente
         relacionados con el coste de dicho servicio, tales como su capacidad generadora de residuos o la naturaleza de los residuos
         generados.
      
      55      Si bien la diferenciación fiscal así realizada no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo de financiación,
         es preciso señalar, no obstante, que, en la materia y en el estado actual del Derecho comunitario, las autoridades nacionales
         competentes disponen de un amplio margen de apreciación por lo que se refiere a la determinación de las modalidades de cálculo
         de semejante tasa.
      
      56      Por lo tanto, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se
         le han presentado, si la tasa sobre los residuos de que se trata en el litigio principal lleva a imputar a determinados «poseedores»,
         en el caso de autos los establecimientos hoteleros, unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de los volúmenes
         o de la naturaleza de los residuos que pueden generar.
      
      57      Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 15, letra a), de la Directiva
         2006/12 debe interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho comunitario, no se opone a una normativa
         nacional que establece, a efectos de la financiación de un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, una tasa
         calculada sobre la base de una evaluación del volumen de residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la
         base de la cantidad de residuos que realmente han generado y entregado para su recogida. No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional
         remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se le han presentado, si la tasa sobre los residuos
         de que se trata en el litigio principal lleva a imputar a determinados «poseedores», en el caso de autos los establecimientos
         hoteleros, unos costes manifiestamente desproporcionados respecto de los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que
         pueden generar.
      
       Costas
      58      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:
      El artículo 15, letra a), de la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa
            a los residuos, debe interpretarse en el sentido de que, en el estado actual del Derecho comunitario, no se opone a una normativa
            nacional que establece, a efectos de la financiación de un servicio de gestión y eliminación de residuos urbanos, una tasa
            calculada sobre la base de una evaluación del volumen de residuos generado por los usuarios de dicho servicio y no sobre la
            base de la cantidad de residuos que realmente han generado y entregado para su recogida.
      No obstante, incumbe al órgano jurisdiccional remitente comprobar, basándose en los elementos de hecho y de Derecho que se
            le han presentado, si la tasa para la eliminación de los residuos sólidos urbanos internos de que se trata en el litigio principal
            lleva a imputar a determinados «poseedores», en el caso de autos los establecimientos hoteleros, unos costes manifiestamente
            desproporcionados respecto de los volúmenes o de la naturaleza de los residuos que pueden generar.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: italiano.