CELEX: 62007TO0411
Language: es
Date: 2008-03-18 00:00:00
Title: Auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 18 de marzo de 2008.#Aer Lingus Group plc contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Procedimiento sobre medidas provisionales - Control de las concentraciones - Prohibición de una operación notificada - Artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) nº 139/2004 - Demanda de medidas provisionales por la que se solicita que la Comisión adopte medidas contra la otra parte de la concentración prohibida - Medida incompatible con el reparto de competencias entre instituciones - Competencias de la Comisión - Medidas provisionales contra un coadyuvante - Demanda de suspensión de la ejecución - Admisibilidad - Fumus boni iuris - Urgencia - Perjuicio grave e irreparable - Realización del perjuicio que depende de acontecimientos futuros e inciertos - Motivación insuficiente - Ponderación de todos los intereses en conflicto.#Asunto T-411/07 R.

Asunto T‑411/07 R
      Aer Lingus Group plc
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Procedimiento sobre medidas provisionales — Control de las concentraciones —Decisión por la que se declara incompatible con el mercado común una concentración — Artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) nº 139/2004 — Demanda de suspensión de la ejecución y de medidas provisionales — Medida contraria al reparto de competencias entre instituciones — Competencia de la Comisión — Medidas provisionales contra un coadyuvante — Demanda de suspensión de la ejecución — Admisibilidad — Falta de fumus boni iuris — Falta de Urgencia — Inexistencia de perjuicio grave e irreparable — Realización del perjuicio que depende de acontecimientos futuros e inciertos — Motivación insuficiente — Ponderación de todos los intereses»
      Sumario del auto
      1.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión
            — Carácter provisional de la medida
      (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      2.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Requisitos para su concesión — Interés del demandante
            en obtener la suspensión solicitada
      (Art. 242 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      3.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Medidas provisionales — Medidas incompatibles con el reparto de competencias entre
            instituciones
      [Arts. 233 CE y 243 CE; Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, art. 8, aps. 4 y 5]
      4.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Requisitos de admisibilidad — Escrito de demanda — Requisitos de forma
      (Art. 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      5.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Competencia del juez de medidas provisionales — Adopción de medidas provisionales
            contra terceros — Límites 
      (Art. 243 CE)
      6.      Competencia — Concentraciones — Competencia de la Comisión — Adopción de medidas contra los participantes en una concentración
            prohibida — Requisitos — Concreción de la concentración
      [Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos (CE) del Consejo nº 1/2003, art. 7, ap. 1, y nº 139/2004, arts. 3, 7 y 8, aps. 4 y 5]
      7.      Procedimiento sobre medidas provisionales — Suspensión de la ejecución — Medidas provisionales — Requisitos para su concesión
            — Urgencia — Perjuicio grave e irreparable
      (Arts. 242 CE y 243 CE; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 104, ap. 2)
      1.      Con arreglo al artículo 107, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, un auto de medidas
         provisionales no puede sino tener carácter meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal de
         Primera Instancia sobre el asunto principal. Se deduce de lo anterior que, en principio, la extensión temporal de los efectos
         de tal auto no puede ser más amplia que la del procedimiento principal. 
      
      (véase el apartado 45)
      2.      No es concebible una demanda de suspensión de la ejecución de una decisión negativa, dado que la concesión de tal suspensión
         no puede tener como efecto la modificación de la situación de la parte demandante. Una demanda de ese tipo carece de interés
         para el demandante, razón por la que debe rechazarse salvo en la medida en que tal suspensión pueda ser necesaria para la
         adopción de alguna otra de las medidas provisionales solicitadas por el demandante, siempre y cuando el juez de medidas provisionales
         las estime admisibles y fundadas.
      
      (véanse los apartados 46 a 48)
      3.      En principio, el juez de medidas provisionales no puede acordar una medida provisional que, de adoptarse, constituyera una
         injerencia en el ejercicio de las facultades de otra institución, incompatible con el reparto de competencias entre las diferentes
         instituciones deseado por los autores del Tratado.
      
      Así sucede cuando se trata de una demanda de medidas provisionales destinada a que se ordene a la Comisión aplicar de una
         manera particular el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 139/2004, sobre el control de las concentraciones entre
         empresas, mediante la adopción de medidas contra otro participante en una concentración prohibida; por consiguiente, debe
         declararse la inadmisibilidad de tal medida. En efecto, si se resolviese en la sentencia de la demanda principal que la Comisión
         está facultada para adoptar las medidas establecidas en el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento, correspondería a la
         Comisión, en el caso de que lo estimara necesario en el marco de las facultades de control que tiene atribuidas en materia
         de concentraciones, adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con lo dispuesto en el
         artículo 233 CE. Por consiguiente, si el juez de medidas provisionales estimara tal pretensión, estaría obligando a la Comisión
         a extraer determinadas consecuencias concretas de la sentencia de anulación y, por consiguiente, ordenando una medida que
         excede de las competencias del juez que conoce del fondo del asunto. No obstante, según el sistema de reparto de competencias
         establecido en el Tratado y en el Reglamento, corresponde a la Comisión, si lo estima necesario en el marco de las facultades
         de control que tiene atribuidas en materia de concentraciones, y en particular en virtud del artículo 8, apartados 4 y 5,
         del Reglamento, adoptar las medidas reparadoras que considere apropiadas. 
      
      (véanse los apartados 49 a 51)
      4.      Una demanda de medidas provisionales formulada con arreglo al artículo 243 CE no puede ser vaga e imprecisa. No obstante,
         en los casos en que el contenido de las medidas solicitadas por la parte demandante pueda deducirse de manera suficientemente
         clara del resto de la demanda, el juez que conozca de la misma puede concluir que la solicitud no es de carácter vago e impreciso
         y, en consecuencia, puede declararla admisible. 
      
      (véanse los apartados 52 y 53)
      5.      En materia de medidas provisionales, el artículo 243 CE establece claramente que «el Tribunal de Justicia podrá ordenar las
         medidas provisionales necesarias en los asuntos de que esté conociendo». La manera amplia en que está redactada esta disposición
         tiene obviamente por finalidad otorgar poderes suficientes al juez de medidas provisionales para adoptar cualquier medida
         que considere necesaria para garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva, al objeto de evitar una laguna
         en la protección jurisdiccional que depara el Tribunal de Justicia. 
      
      Para garantizar la plena eficacia del artículo 243 CE no puede excluirse la posibilidad de que, cuando sea necesario, el juez
         que conozca de la demanda dicte autos cuyos destinatarios directos sean terceros, ya que las amplias facultades de este juez
         sólo están limitadas, cuando puedan afectar a los derechos e intereses de terceros, en aquellos supuestos en que puedan tener
         una grave repercusión sobre tales derechos e intereses. A este respecto, tal amplia discrecionalidad debe ejercitarse con
         el debido respeto de los derechos procedimentales, y en particular del derecho a ser oído de los destinatarios de las medidas
         provisionales y de las partes directamente afectadas por tales medidas. Por supuesto, al decidir si adopta o no las medidas
         provisionales solicitadas en este tipo de casos, el juez que conozca de la demanda habrá de tener debidamente en cuenta, además,
         tanto la suficiencia del fumus boni iuris como la inminencia de un perjuicio grave e irreparable en el caso específico de que se trate. Ni siquiera en el caso de que
         un tercero no haya tenido la oportunidad de ser oído en el marco de un procedimiento de medidas provisionales cabe excluir
         la posibilidad de que se le impongan tales medidas, en circunstancias excepcionales y en atención al carácter temporal de
         las medidas provisionales, cuando se aprecie que, de no adoptarse tales medidas, la parte demandante se vería confrontada
         a una situación capaz de poner en peligro su existencia misma. El juez de medidas provisionales debe hacer tales valoraciones
         al ponderar los diferentes intereses en juego.
      
      (véanse los apartados 56 y 59)
      6.      La Comisión no aplica de modo incorrecto las disposiciones del artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 139/2004, sobre
         el control de las concentraciones entre empresas, que le permite adoptar medidas contra los participantes en una concentración
         prohibida ya efectiva, cuando, tras haber declarado incompatible con el mercado común un proyecto de concentración en el que
         se planea adquirir la totalidad del capital de una empresa, considera que no es competente para impedir a la empresa adquirente
         ejercer los derechos de voto ligados a la participación minoritaria que al final se adquiere, en la medida en que no se encuentra
         en posición de ejercer de iure o de facto, a través de dicha participación, un control sobre la empresa participada.
      
      En efecto, aunque es cierto que el término «implemented» («ejecutado») que figura en la versión inglesa puede, en principio,
         dar lugar a confusiones acerca del alcance exacto de estas disposiciones, porque la definición del término «implementation»
         («ejecución») puede comprender tanto «la consecución de algún objetivo» como «el hecho de llevar a efecto», la manera en que
         se traduce esta expresión en las versiones francesa, alemana e italiana, la comparación con la versión francesa de otros textos
         comunitarios en los que el término «implementation» significa claramente «el hecho de llevar a efecto» más que «la consecución
         de algún objetivo», y el hecho de que la Comisión pueda requerir, en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento, a
         las empresas afectadas que «disuelvan la concentración», indican sin embargo, a primera vista, que la definición de «implementation»
         a que se refieren estas disposiciones implica que se haya operado totalmente la concentración, tal como se define en el artículo
         3 del Reglamento, y, por tanto, la adquisición del control.
      
      No obsta a esta conclusión una supuesta práctica de la Comisión según la cual ésta considera que una ejecución parcial, incluso
         respecto de medidas que no llegan a constituir una transferencia del control, se ve impedida por el artículo 7, apartado 1,
         del Reglamento, en virtud del cual una concentración de dimensión comunitaria no puede ejecutarse antes de que haya sido declarada
         compatible con el mercado común e indica a las partes que deben abstenerse de adoptar tales medidas. En efecto, en primer
         lugar, aunque la práctica de la Comisión tenga influencia e importancia en la apreciación de si están justificadas las expectativas
         legítimas, no es concluyente a este respecto, ya que la interpretación del Derecho comunitario es una prerrogativa del Tribunal
         de Justicia, no de la Comisión. En segundo lugar, incluso en el supuesto de que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento
         fuera interpretado en el sentido de que prohíbe únicamente el cambio del control durante el examen de la Comisión, y no la
         adopción de medidas que no llegan a constituir un cambio de control, como el ejercicio de derechos de voto asociados a participaciones
         minoritarias, teniendo en cuenta los estrictos plazos en los que la Comisión debe examinar una concentración notificada y
         la combinación de factores de los que puede derivarse la adquisición del control en cada caso concreto, la Comisión está legitimada
         para requerir a las partes que no adopten ninguna medida que pueda traducirse en un cambio del control. 
      
      Por último, esta interpretación del artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 139/2004, junto con la prohibición, establecida
         en el artículo 21, apartado 3, de que los Estados miembros apliquen su normativa nacional en materia de competencia a las
         concentraciones de dimensión comunitaria no da lugar, a primera vista, a una laguna incompatible con los objetivos del Reglamento.
         En efecto, en la medida en que la participación minoritaria ya no está asociada a una adquisición del control, no forma parte
         de una «concentración» y queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento nº 139/2004, su artículo 21 no impide, en principio
         y en estas circunstancias, la aplicación de la normativa nacional en materia de competencia por parte de las autoridades nacionales
         de competencia y de los tribunales nacionales. Además, si bien una participación minoritaria del tipo en cuestión no puede,
         aparentemente, quedar regulada por el Reglamento, cabe considerar la posibilidad de que la Comisión aplique las disposiciones
         en materia de competencia del Tratado, y en particular los artículos 81 CE y 82 CE, al comportamiento de las empresas implicadas.
         
      
      (véanse los apartados 89 a 92, 94, 98, 100, 101 y 103)
      7.      El carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con la necesidad que haya de resolver
         provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un perjuicio grave e irreparable. Corresponde
         a ésta aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento principal sin sufrir un perjuicio de tal
         naturaleza.
      
      Cuando el perjuicio depende de la coincidencia de varios factores, basta que pueda considerarse previsible con un grado de
         probabilidad suficiente. Sin embargo, la parte que solicita las medidas provisionales sigue estando obligada a probar los
         hechos sobre los que se basa la creencia de que se producirá el mencionado daño grave e irreparable. Para poder apreciar si
         el perjuicio que se teme presenta carácter grave e irreparable y justifica, por consiguiente, la adopción de medidas provisionales,
         el juez de medidas provisionales debe disponer de indicios concretos que permitan apreciar las consecuencias precisas que
         con toda probabilidad se derivarían para cada uno de los sujetos afectados en caso de no adoptarse las medidas solicitadas.
      
      Por lo tanto, no puede ser aceptada la afirmación de la parte que solicita las medidas provisionales en el sentido de que
         el juez de medidas provisionales debería aplicar el «principio de cautela» y de que está facultado para adoptar «medidas de
         protección» sin necesidad de esperar a que se aporten pruebas del carácter real del riesgo alegado.
      
      (véanse los apartados 116 a 119)
AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      de 18 de marzo de 2008 (*)
      
      «Procedimiento sobre medidas provisionales – Control de las concentraciones – Prohibición de una operación notificada – Artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento (CE) nº 139/2004 – Demanda de medidas provisionales por la que se solicita que la Comisión adopte medidas contra la otra parte de la concentración
         prohibida – Medida incompatible con el reparto de competencias entre instituciones – Competencias de la Comisión – Medidas provisionales contra un coadyuvante – Demanda de suspensión de la ejecución – Admisibilidad – Fumus boni iuris – Urgencia – Perjuicio grave e irreparable – Realización del perjuicio que depende de acontecimientos futuros e inciertos – Motivación insuficiente – Ponderación de todos los intereses en conflicto»
      
      En el asunto T‑411/07 R,
      Aer Lingus Group plc, con domicilio social en Dublín, representada por el Sr. A. Burnside, Solicitor, y los Sres. B. van de Walle de Ghelcke y
         T. Snels, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. X. Lewis, E. Gippini Fournier y S. Noë, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      apoyada por
      Ryanair Holdings plc, con domicilio social en Dublín, representada por el Sr. J. Swift, QC, los Sres. V. Power, A. McCarthy y D.W. Hull, Solicitors,
         y el Sr. G.M. Berrisch, abogado,
      
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto, en primer lugar, la adopción de un auto mediante el que se obligue a la Comisión a adoptar determinadas
         medidas en relación con la participación de Ryanair Holdings plc en la demandante; en segundo lugar y con carácter subsidiario,
         la adopción de un auto de efecto análogo contra la Comisión o Ryanair Holdings plc, y, en tercer lugar, la suspensión de la
         ejecución de la Decisión C(2007) 4600 de la Comisión, de 11 de octubre de 2007, por la que la Comisión deniega la solicitud
         de la demandante para que incoe el procedimiento del artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo,
         de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas (DO L 24, p. 1), y la adopción de medidas provisionales
         con arreglo al artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento,
      
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
      dicta el presente
      Auto
       Marco normativo
      1        Con arreglo al artículo 3 del Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones
         entre empresas (DO L 24, p. 1): 
      
      «1.      Se entenderá que se produce una concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control como consecuencia de:
      a)      la fusión de dos o más empresas o partes de empresas anteriormente independientes, o
      b)      la adquisición, por una o varias personas que ya controlen al menos una empresa, o por una o varias empresas, mediante la
         toma de participaciones en el capital o la compra de elementos del activo, mediante contrato o por cualquier otro medio, del
         control directo o indirecto sobre la totalidad o partes de una o varias otras empresas.
      
      2.      El control resultará de los derechos, contratos u otros medios que, por sí mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las
         circunstancias de hecho y de derecho, confieren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa; en particular
         mediante:
      
      a)      derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de los activos de una empresa;
      b)      derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos
         de una empresa.
      
      3.      Se entenderá que han adquirido el control las personas o empresas:
      a)      que sean titulares de esos derechos o beneficiarios de esos contratos, o
      b)      que sin ser titulares de dichos derechos ni beneficiarios de dichos contratos, puedan ejercer los derechos inherentes a los
         mismos.
      
      […]»
      2        El artículo 8 del Reglamento nº 139/2004 dispone lo siguiente:
      
      «[…]
      4.      Cuando la Comisión compruebe que una concentración:
      a)      ya ha sido ejecutada y dicha concentración ha sido declarada incompatible con el mercado común, o
      b)      ha sido ejecutada contraviniendo una de las condiciones vinculadas a una decisión adoptada con arreglo al apartado 2 en ausencia
         de la cual la concentración se ajustaría al criterio del apartado 3 del artículo 2 o que, en los casos indicados en el apartado
         4 del artículo 2, no cumpliría los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 81 del Tratado,
      
      la Comisión podrá:
      –        exigir a las empresas afectadas, que disuelvan la concentración, en particular mediante la disolución de la fusión o la enajenación
         de todas las acciones o activos adquiridos, de tal manera que quede restablecida la situación previa a la ejecución de la
         concentración. Si las circunstancias no permiten el restablecimiento de la situación previa a la ejecución de la concentración,
         mediante la disolución de la misma, la Comisión podrá adoptar cualquier otra medida apropiada para lograr tal restablecimiento
         en la medida de lo posible,
      
      –        ordenar cualquier otra medida apropiada para garantizar que las empresas afectadas disuelvan la concentración o adopten cualesquiera
         otras medidas encaminadas a restablecer la situación previa, conforme a lo dispuesto en su decisión.
      
      En los casos correspondientes a la letra a) del primer párrafo, las medidas a que se refiere dicho párrafo podrán establecerse
         por medio de una decisión con arreglo al apartado 3 o mediante una decisión aparte.
      
      5.      La Comisión podrá tomar medidas provisionales adecuadas para restablecer o mantener las condiciones de una competencia efectiva
         cuando una concentración:
      
      a)      se ha ejecutado contraviniendo el artículo 7 y no se ha tomado aún una decisión sobre la compatibilidad de la concentración
         con el mercado común;
      
      b)      se ha ejecutado contraviniendo una de las condiciones vinculadas a una decisión adoptada con arreglo a la letra b) del apartado
         1 del artículo 6 o al apartado 2 del presente artículo;
      
      c)      ya se ha ejecutado y es declarada incompatible con el mercado común.»
       Hechos
      3        La demandante, Aer Lingus Group plc (en lo sucesivo, «demandante» o «Aer Lingus»), es una sociedad anónima y la sociedad matriz
         sin actividad comercial de Aer Lingus Limited, una compañía aérea internacional de bajo coste o vuelos baratos con sede en
         Irlanda y que presta servicios regulares de transporte aéreo con destino a los aeropuertos de Dublín, Cork y Shannon y salida
         desde los mismos. Tras su privatización en 2006 por el Gobierno irlandés, el cual conservó una participación del 25,35 %,
         las acciones de Aer Lingus fueron admitidas a cotización el 2 de octubre de 2006.
      
      4        El 23 de octubre de 2006, Ryanair Holdings plc (en lo sucesivo, «Ryanair»), que había adquirido previamente (entre el 27 de
         septiembre y el 5 de octubre de 2006), a través de su filial totalmente participada Coinside Limited, una participación del
         19,21 % en Aer Lingus, presentó una oferta pública de adquisición de la totalidad del capital social de Aer Lingus.
      
      5        El 30 de octubre de 2006, Ryanair remitió a la Comisión una notificación de propuesta de concentración conforme a lo dispuesto
         en el artículo 4 del Reglamento nº 139/2004 en relación con su proyecto de adquisición de Aer Lingus.
      
      6        Durante el período de la oferta de adquisición, Ryanair adquirió más acciones de Aer Lingus y, a fecha de 28 de noviembre
         de 2006, su participación en el capital social de Aer Lingus se elevaba al 25,17 %.
      
      7        El 20 de diciembre de 2006, la Comisión adoptó una decisión con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c), del Reglamento
         nº 139/2004 (en lo sucesivo, «Reglamento»), iniciando la segunda fase del procedimiento. En esta decisión, la Comisión consideraba
         que las diferentes adquisiciones de acciones antes mencionadas y la presentación de la oferta pública de adquisición por parte
         de Ryanair constituían una única concentración a efectos del artículo 3 del Reglamento.
      
      8        El 27 de junio, la Comisión adoptó, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento, la Decisión C(2007) 3104, por la
         que se declaraba la incompatibilidad de la concentración notificada con el mercado común (en lo sucesivo, «Decisión de incompatibilidad»).
         La Comisión concluía que la concentración notificada obstaculizaría de forma significativa la competencia efectiva en el mercado
         común o en una parte sustancial del mismo, en el sentido del artículo 2, apartado 3, del Reglamento, en particular al crear
         una posición dominante de Ryanair y Aer Lingus en 35 rutas con origen y destino en Dublín, Shannon y Cork, y al crear o reforzar
         una posición dominante en otras 15 rutas con origen y destino en Dublín y Cork.
      
      9        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de septiembre de 2007, registrada con
         el número T‑342/07, Ryanair interpuso un recurso de anulación contra la Decisión de incompatibilidad. 
      
      10      Con posterioridad a la Decisión de incompatibilidad, Ryanair adquirió otro 4,3 % del capital social de Aer Lingus, elevando
         su participación total al 29,4 %.
      
      11      Durante el procedimiento sustanciado ante la Comisión con anterioridad a la adopción de la Decisión de incompatibilidad, Aer
         Lingus alegó que la Comisión debía adoptar una decisión con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento por la que exigiera
         a Ryanair la venta de su participación minoritaria en Aer Lingus en el supuesto de que la Comisión prohibiera la concentración.
      
      12      El 27 de junio de 2007, el Director General Adjunto de la Dirección General de Competencia remitió una carta a la demandante
         indicándole que, en opinión de los servicios encargados del control de las concentraciones, la Comisión no estaba facultada
         en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento para exigir a Ryanair la venta de su participación minoritaria en la
         medida en que no había indicios de que, ostentando una participación del 25,22 % en Aer Lingus, Ryanair estuviera en condiciones
         de ejercer de iure o de facto el control sobre Aer Lingus en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento. Por las mismas razones, la carta indicaba
         que la Comisión no tenía competencia para adoptar medidas provisionales con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento.
      
      13      El 17 de agosto de 2007, Aer Lingus solicitó a la Comisión que iniciara un procedimiento contra Ryanair conforme al artículo
         8, apartado 4, del Reglamento y que adoptara medidas provisionales conforme al artículo 8, apartado 5, del mismo para impedir
         que Ryanair ejerciera sus derechos de voto sobre Aer Lingus o, subsidiariamente, que declarara formalmente que la Comisión
         no estaba facultada para adoptar tales medidas. Igualmente, Aer Lingus solicitó a la Comisión que definiera expresamente cuál
         era su interpretación del artículo 21 del Reglamento.
      
      14      El 11 de octubre de 2007, la Comisión adoptó la Decisión C(2007) 4600 final por la que se denegaba la solicitud de Aer Lingus
         (en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
      
       Decisión impugnada
      15      En la Decisión impugnada, la Comisión siguió el criterio de que, conforme al artículo 3 del Reglamento, sólo se produce una
         concentración cuando una empresa asume el control, quedando éste definido como la posibilidad de ejercer una influencia decisiva.
         Respecto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento, la Comisión señaló que esta disposición permite, cuando la concentración
         ya se haya ejecutado, exigir a las empresas afectadas que disuelvan la concentración, en particular mediante la enajenación
         de todas las acciones o activos adquiridos, de manera que quede restablecida la situación previa a la ejecución de la concentración.
      
      16      No obstante, la Comisión estimó que la concentración analizada en el presente asunto no se había ejecutado, ya que Ryanair
         no había adquirido el control de Aer Lingus. En consecuencia, no cabía considerar que las operaciones realizadas mientras
         se sustanciaba el procedimiento ante la Comisión constituyeran la ejecución de una concentración notificada.
      
      17      En particular, la Comisión destacó que la participación minoritaria de Ryanair no le confería, de iure o de facto, el control sobre Aer Lingus en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento. La Comisión añadió que, si bien las
         participaciones minoritarias pueden, en determinadas circunstancias, justificar que se aprecie la existencia de una situación
         de control, en este asunto no había indicios de que concurrieran tales circunstancias. De hecho, según la información de que
         disponía la Comisión, los derechos de Ryanair como accionista minoritario (en particular, el derecho de bloquear lo que en
         el Derecho de sociedades irlandés se conoce como «acuerdos extraordinarios») estaban exclusivamente vinculados a derechos
         relacionados con la protección de los accionistas minoritarios y no conferían control sobre Aer Lingus. La Comisión señaló,
         además, que ni siquiera la propia Aer Lingus sostenía que la participación minoritaria adquirida pudiera llevar a que Ryanair
         controlara a Aer Lingus.
      
      18      Por último, la Comisión afirmó que el presente asunto difería de la situación existente en anteriores asuntos en los que se
         había aplicado el artículo 8, apartado 4, como en el caso de la Decisión 2004/103/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002,
         por la que se adoptan medidas para restablecer una competencia efectiva de conformidad con el apartado 4 del artículo 8 del
         Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (Asunto COMP/M.2416 — Tetra Laval/Sidel) (DO L 38, p. 1; en lo sucesivo, «asunto Tetra
         Laval/Sidel»), y de la Decisión 2004/276/CE de la Comisión, de 30 de enero de 2002, por la que se ordena una separación de
         empresas con arreglo al apartado 4 del artículo 8 del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (Asunto COMP/M.2283 — Schneider/Legrand)
         (DO L 101, p. 134; en lo sucesivo, «asunto Schneider/Legrand»). De hecho, en ambos casos y a diferencia de la situación que
         ahora se analiza, la adquisición ya había culminado con éxito y el adquirente había logrado el control de la empresa adquirida.
      
      19      En relación con la petición formulada por Aer Lingus a la Comisión para que ésta adoptase medidas provisionales con arreglo
         al artículo 8, apartado 5, del Reglamento, la Comisión señaló que la redacción de esta disposición aludía, del mismo modo,
         a una situación en la que la concentración «ya se ha ejecutado y es declarada incompatible con el mercado común» y concluyó,
         en consecuencia, que no estaba facultada para adoptar medidas provisionales en ese caso.
      
      20      Respecto de la solicitud de Aer Lingus para que la Comisión definiera su interpretación del artículo 21 del Reglamento, la
         Comisión señaló que esta solicitud equivalía en la práctica a la petición de una interpretación jurídicamente vinculante de
         una disposición de Derecho comunitario cuyos destinatarios serían los Estados miembros, y que la Comisión carecía manifiestamente
         de competencia para adoptar un acto de esta naturaleza. 
      
       Procedimiento
      21      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de noviembre de 2007, registrada con
         el número T‑411/07, la demandante interpuso un recurso solicitando la anulación de la Decisión impugnada con arreglo al artículo
         230 CE, párrafo cuarto.
      
      22      Mediante escrito separado presentado en la Secretaría ese mismo día y registrado con el número T‑411/07 R, la demandante solicitó
         la adopción de medidas provisionales y la suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada al amparo de los artículos 242 CE
         y 243 CE, y del artículo 104 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
      
      23      El 12 de diciembre de 2007, la Comisión formuló sus observaciones escritas en relación con esta solicitud de medidas provisionales.
      
      24      Mediante escrito presentado en la Secretaría el 27 de noviembre de 2007, Ryanair solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones
         de la Comisión.
      
      25      Mediante escrito presentado en la Secretaría el 4 de diciembre de 2007, Aer Lingus manifestó que no formulaba objeciones a
         la demanda de intervención de Ryanair y que no solicitaba la confidencialidad en relación con ninguno de los documentos aportados
         al Tribunal de Primera Instancia en el asunto T‑411/07 R.
      
      26      Mediante escrito presentado en la Secretaría el 5 de diciembre de 2007, la Comisión manifestó que no formulaba objeciones
         a la demanda de intervención de Ryanair. 
      
      27      Mediante auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 7 de diciembre de 2007, se admitió la intervención de Ryanair
         en apoyo de las pretensiones de la Comisión y se le instó a que presentara un escrito de formalización de la intervención,
         lo que hizo el 19 de diciembre de 2007.
      
      28      La vista oral se celebró el 24 de enero de 2008.
      
       Pretensiones
      29      La demandante solicita al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Ordene a la Comisión que exija a Ryanair, hasta que se pronuncie sentencia respecto de la demanda principal o en el asunto
         T‑342/07, si ésta se produce en un momento posterior:
      
      –        abstenerse de ejercer los derechos de voto o cualesquiera otros derechos asociados a la participación de Ryanair en Aer Lingus
         o derivados de la misma (incluidos, entre otros, la asistencia o la votación en la junta, o la solicitud de convocatoria de
         juntas generales) a salvo de las excepciones que pueda reconocer la Comisión;
      
      –        conferir las acciones en cuestión a un administrador fiduciario y abstenerse de transmitirlas a persona distinta de un comprador
         y con arreglo a un procedimiento aprobado por la Comisión; 
      
      –        abstenerse de aumentar su participación en Aer Lingus.
      –        Subsidiariamente, adopte otro auto de efecto análogo contra la Comisión o Ryanair según el Presidente estime oportuno.
      –        Suspenda la Decisión de la Comisión de 11 de octubre de 2007 C(2007) 4600 final, por la que la Comisión deniega la solicitud
         de la demandante para que inicie un procedimiento conforme al artículo 8, apartado 4, del Reglamento, en la medida en que
         resulte necesario. 
      
      –        Condene en costas a la Comisión. 
      30      La Comisión solicita al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime la solicitud de suspensión.
      –        Desestime la demanda de medidas provisionales.
      –        Condene en costas a la demandante.
      31      Ryanair solicita al Presidente del Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime la demanda.
      –        Condene a la demandante al pago de las costas relativas a la intervención.
       Marco jurídico
      32      En virtud de lo dispuesto en los artículos 242 CE y 243 CE en relación con el artículo 225 CE, apartado 1, el Tribunal de
         Primera Instancia, si considera que las circunstancias lo requieren, puede ordenar la suspensión del acto impugnado o adoptar
         las medidas provisionales necesarias.
      
      33      El artículo 104, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las demandas de
         medidas provisionales deberán especificar el objeto del litigio, las circunstancias que den lugar a la urgencia, así como
         los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho que justifiquen a primera vista la concesión de las medidas provisionales
         solicitadas. Así pues, el juez que conoce de la demanda puede decretar la suspensión de la ejecución de un acto y adoptar
         medidas provisionales si se demuestra que tal resolución está justificada, a primera vista, desde el punto de vista fáctico
         y jurídico (fumus boni iuris), así como por razones de urgencia, es decir, por la necesidad de que se adopten y surtan sus efectos antes de que recaiga
         resolución en el procedimiento principal a fin de evitar un perjuicio grave e irreparable a los intereses del demandante.
         Estos requisitos son acumulativos, de manera que las medidas provisionales deben ser desestimadas cuando no se dé alguno de
         ellos [auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 1996, SCK y FNK/Comisión, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971,
         apartado 30]. El juez que conoce de las medidas provisionales procederá asimismo, en su caso, a la ponderación de los intereses
         en juego (véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2001, Austria/Consejo, C‑445/00 R, Rec.
         p. I‑1461, apartado 73 y la jurisprudencia citada).
      
      34      Igualmente, en el marco de este examen de conjunto, el juez que conozca de la demanda dispone de una amplia facultad de apreciación
         y puede determinar libremente, a la vista de las particularidades del asunto, de qué manera debe verificarse la existencia
         de los diferentes requisitos y el orden que debe seguirse en este examen, puesto que ninguna norma de Derecho comunitario
         le impone un esquema de análisis preestablecido para apreciar si es necesario pronunciarse con carácter provisional [autos
         del Presidente del Tribunal de Justicia de 19 de julio de 1995, Comisión/Atlantic Container Line y otros, C‑149/95 P(R), Rec.
         p. I‑2165, apartado 23, y de 3 de abril de 2007, Vischim/Comisión, C‑459/06 P(R), no publicado en la Recopilación, apartado 25].
      
       Admisibilidad
       Alegaciones de las partes
      35      La Comisión alega que debe desestimarse la demanda de medidas provisionales ya que ninguna de las medidas solicitadas se ajusta
         al tipo de medidas que pueden adoptarse en el marco de un procedimiento de esta naturaleza.
      
      36      En primer lugar, la Comisión sostiene que las medidas provisionales solicitadas exceden de lo que la demandante podría obtener
         en el procedimiento principal, cuya resolución no podrá implicar la venta automática de la participación minoritaria de Ryanair.
         En el supuesto de que Aer Lingus viera estimada su pretensión en el procedimiento principal, la Comisión estaría obligada
         a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 CE.
         
      
      37      Además, la Comisión señala que la demandante solicita la adopción de medidas cuyos efectos se extenderían hasta que se pronunciara
         sentencia en la demanda principal o en el asunto T‑342/07, si ésta fuera posterior. En opinión de la Comisión, la extensión
         de la vigencia de las medidas solicitadas más allá de la conclusión del procedimiento principal desvirtuaría la naturaleza
         temporal del procedimiento de medidas provisionales. Sostiene igualmente que la presente demanda de medidas provisionales
         no puede referirse a procedimientos diferentes e independientes en los que la demandante no tiene la condición de parte.
      
      38      En segundo lugar y en relación con la solicitud de suspensión de la Decisión impugnada, la Comisión sostiene que, según reiterada
         jurisprudencia, una solicitud de suspensión de ejecución no puede, en principio, dirigirse contra una decisión administrativa
         negativa. 
      
      39      En tercer lugar y en relación con la solicitud de que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia inste a la Comisión
         a que exija a Ryanair abstenerse de ejercitar sus derechos minoritarios de voto o realizar determinadas actuaciones, la Comisión
         señala que, de esta forma, la demandante intenta eludir la aplicación de los pronunciamientos jurisprudenciales según los
         cuales, el juez de medidas provisionales no puede dirigir órdenes conminatorias a particulares que no sean parte en el litigio.
      
      40      En opinión de la Comisión, el hecho de que se haya autorizado la intervención de Ryanair no le confiere la condición de parte.
      
      41      En cuarto lugar, en relación con la solicitud de que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia dicte un auto de efecto
         análogo contra la Comisión o Ryanair según el Presidente estime oportuno, la Comisión considera que tal pretensión es vaga
         e imprecisa y que, en consecuencia, no cumple los criterios establecidos en el Reglamento de Procedimiento. Por consiguiente,
         debe ser rechazada por inadmisible.
      
      42      En su escrito de formalización de la intervención, Ryanair apoya las alegaciones de la Comisión y considera que debe declararse
         la inadmisibilidad de la demanda. En particular, Ryanair destaca que el auto solicitado, por una parte, excede de lo que se
         podría obtener en el procedimiento principal y, por otra, invita al juez que conoce de la demanda a alterar el equilibrio
         constitucional entre las instituciones comunitarias y a asumir las funciones de la Comisión. Ryanair alega igualmente que
         las medidas provisionales se solicitan, en esencia, no respecto de la Comisión sino de la propia Ryanair, que no es parte
         en el proceso. Al carecer de esta condición, tanto Ryanair como otros sujetos afectados se verían privados de las garantías
         procedimentales que les reconocen el Reglamento y los principios generales de Derecho comunitario, quedando privados, en particular,
         de su derecho de defensa.
      
       Apreciación del Presidente
      43      Sin sostener abiertamente que procede declarar la inadmisibilidad de la presente demanda en su integridad, la Comisión afirma
         que no es posible estimar ninguna de las pretensiones formuladas por la demandante en el marco de un procedimiento de medidas
         provisionales.
      
      44      Cada una de estas pretensiones debe ser analizada por separado.
      
      45      En primer lugar, en relación con la extensión temporal de las medidas solicitadas, debe señalarse que, con arreglo al artículo
         107, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, el auto del tipo que solicita la demandante no puede sino tener carácter
         meramente provisional y no prejuzgará en modo alguno la decisión del Tribunal de Primera Instancia sobre el asunto principal.
         Se deduce de lo anterior que, en principio, la extensión temporal de tal auto no puede ser más amplia que la del procedimiento
         principal con el que guarda relación. En consecuencia, en la medida en que la solicitud de la demandante de medidas «hasta
         que se pronuncie sentencia en la demanda principal o en el asunto T‑342/07, si ésta se produce en un momento posterior» implica
         la aplicación de tales medidas provisionales más allá de la fecha en que se pronuncie sentencia en la demanda principal, tal
         solicitud debe ser rechazada. En el supuesto de que en el presente procedimiento se acuerde la adopción de medidas provisionales,
         estas medidas únicamente se aplicarán hasta que se pronuncie la sentencia que resuelva la demanda principal. 
      
      46      En segundo lugar y en relación con la solicitud de suspensión de la ejecución de la Decisión impugnada, procede recordar que,
         en principio, no está prevista la formulación de solicitudes de suspensión de la ejecución contra decisiones administrativas
         negativas, dado que la concesión de una suspensión no puede tener como efecto la modificación de la situación de la parte
         demandante [véanse, en particular, el auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Justicia de 31 de julio de 1989,
         S./Comisión, C‑206/89 R, Rec. p. 2841, apartado 14, y los autos del Presidente del Tribunal de Justicia de 30 de abril de
         1997, Moccia Irme/Comisión, C‑89/97 P(R), Rec. p. I‑2327, apartado 45, y de 21 de febrero de 2002, Front National y Martinez/Parlamento,
         C‑486/01 P(R) y C‑488/01 P(R), Rec. p. I‑1843, apartado 73].
      
      47      Mediante la Decisión impugnada, la Comisión denegó la solicitud de la demandante para que iniciara el procedimiento al que
         se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento y adoptara medidas provisionales con arreglo al artículo 8, apartado
         5, del mismo Reglamento, con el fin de impedir que Ryanair ejerciera sus derechos de voto en Aer Lingus, o para que la Comisión
         declarara formalmente que no estaba facultada para adoptar tales medidas. La suspensión de la ejecución de esta decisión administrativa
         negativa no surtiría, por sí misma, ningún efecto en las condiciones que rigen el ejercicio de la participación minoritaria
         de Ryanair en Aer Lingus, y por lo tanto no tendría ninguna consecuencia para la demandante.
      
      48      Puesto que la demandante carece de interés en que se pronuncie un auto de suspensión de la Decisión impugnada, esta solicitud
         debe rechazarse, salvo en la medida en que tal suspensión pueda ser necesaria para la adopción de alguna otra de las medidas
         provisionales solicitadas por Aer Lingus, siempre y cuando el Presidente las estime admisibles y fundadas.
      
      49      En tercer lugar y en relación con la solicitud de la demandante de que se dicte un auto por el que se ordene a la Comisión
         que exija a Ryanair abstenerse de ejercer cualquier derecho asociado o derivado de la participación de Ryanair en Aer Lingus,
         conferir las acciones en cuestión a un administrador fiduciario y abstenerse de transmitirlas a toda persona distinta de un
         comprador, y no aumentar su participación en Aer Lingus, procede señalar que, en principio, la adopción de medidas provisionales
         constituiría una injerencia en el ejercicio de las facultades de la Comisión incompatible con el reparto de competencias entre
         las diferentes instituciones de la Comunidad deseado por los autores del Tratado CE y no puede, por tanto, considerarse (véanse,
         en este sentido, los autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 2 de octubre de 1997, Eurocoton y otros/Consejo,
         T‑213/97 R, Rec. p. II‑1609, apartado 40, y de 11 de julio de 2002, Lormines/Comisión, T‑107/01 R y T‑175/01 R, Rec. p. II‑3193,
         apartados 52 y 53).
      
      50      En el presente asunto, si se resolviese en la sentencia de la demanda principal que, tal como sostiene la demandante, la Comisión
         está facultada para adoptar las medidas establecidas en el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento, correspondería a la
         Comisión, en el caso de que lo estimara necesario en el marco de las facultades de control que tiene atribuidas en materia
         de concentraciones, adoptar las medidas reparadoras que considerara apropiadas y adoptar las medidas necesarias para la ejecución
         de la sentencia del Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 CE. Por consiguiente, si el juez
         de medidas provisionales estimara tal pretensión, estaría obligando a la Comisión a extraer determinadas consecuencias concretas
         de la sentencia de anulación y, por consiguiente, ordenando una medida que excede de las competencias del juez que conoce
         del fondo del asunto (auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 16 de enero de 2004, Arizona Chemical y otros/Comisión,
         T‑369/03 R, Rec. p. II‑205, apartado 67).
      
      51      Según el sistema de reparto de competencias establecido en el Tratado CE y el Reglamento, corresponde sin embargo a la Comisión,
         si lo estima necesario en el marco de las facultades de control que tiene atribuidas en materia de concentraciones, y en particular
         en virtud del artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento, adoptar las medidas reparadoras que considere apropiadas. Se deduce
         de lo anterior que, puesto que la primera pretensión de la demandante consiste en que el Presidente dicte un auto por el que
         requiera a la Comisión que aplique de una forma determinada el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento, tal solicitud
         debe ser rechazada por inadmisible.
      
      52      En relación con la pretensión de la demandante de que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia adopte el auto o los
         autos de efecto análogo que estime oportunos contra la Comisión o Ryanair, la Comisión alega que este tipo de pretensión es
         demasiado vaga y, en consecuencia, inadmisible. La Comisión basa esta alegación en la reiterada jurisprudencia del Tribunal
         de Justicia en el sentido de que las demandas de medidas provisionales formuladas con arreglo al artículo 243 CE no pueden
         ser de carácter vago e impreciso (véanse, en este sentido los autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 12
         de febrero de 1996, Lehrfreund/Consejo y Comisión, T‑228/95 R, Rec. p. II‑111, apartado 58, y de 2 de julio de 2004, Sumitomo
         Chemical/Comisión, T‑78/04 R, Rec. p. II‑2049, confirmado en este punto en vía de casación por el auto del Presidente del
         Tribunal de Justicia de 13 de diciembre de 2004, C‑381/04 P, no publicado en la Recopilación).
      
      53      No obstante, en los casos en que el contenido de las medidas solicitadas por la parte demandante pueda deducirse de manera
         suficientemente clara del resto de la demanda, el juez que conozca de la misma puede concluir que la solicitud no es de carácter
         vago e impreciso y, en consecuencia, declararla admisible. En el presente asunto, se deduce claramente de la primera pretensión
         que la demandante solicita la adopción de medidas provisionales para garantizar, entre otras cosas, que no se ejerzan los
         derechos de Ryanair como accionista hasta que no se dicte una resolución final en relación con el asunto. Como la Comisión
         señala en el apartado 25 de sus observaciones, «lo que la demandante realmente desea es impedir que Ryanair ejerza sus derechos
         de voto minoritarios». El alcance de las medidas solicitadas a estos efectos se deduce claramente de la primera pretensión
         de la demandante. Por consiguiente, la solicitud de adopción de «cualquier auto o autos de efecto análogo contra la Comisión
         o Ryanair que el Presidente estime oportunos» es, en este caso, lo bastante clara para cumplir los requisitos establecidos
         en el Reglamento de Procedimiento.
      
      54      Sin embargo, en la medida en que tal pretensión consiste, en la práctica, en que el Presidente del Tribunal de Primera Instancia
         dicte un auto por el que requiera a la Comisión que ejerza en una forma determinada las facultades discrecionales que le atribuye
         el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento, tal solicitud es inadmisible por los motivos antes mencionados. 
      
      55      Por otra parte, en la medida en que la demanda solicita que el Presidente dicte un auto dirigido al coadyuvante, la Comisión
         afirma que el juez de medidas provisionales no puede dirigir órdenes conminatorias a particulares que no sean parte en el
         litigio; que Ryanair no debe ser considerada parte en el litigio, y que, en consecuencia, las medidas provisionales no pueden
         tener como destinataria a esta compañía. Además, aun en el caso de que Ryanair fuera considerada parte en el proceso en virtud
         de su condición de «coadyuvante», la Comisión afirma, basándose en reiterada jurisprudencia del Tribunal, que cuando las medidas
         provisionales solicitadas pueden tener una grave repercusión sobre los derechos e intereses de terceros –entre los cuales
         se cuentan, en este asunto, otros accionistas de Aer Lingus– que no son parte en el litigio y por lo tanto no han podido ser
         oídos, sólo podrían resultar justificadas unas medidas de este tipo si quedara de manifiesto que, de no adoptarse tales medidas,
         la demandante se vería confrontada a una situación capaz de poner en peligro su existencia misma (auto del Presidente del
         Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 1993, CCE Vittel y CE Pierval/Comisión, T‑12/93 R, Rec. p. II‑785, apartado 20).
         
      
      56      Procede recordar que el artículo 243 CE establece claramente que «el Tribunal de Justicia podrá ordenar las medidas provisionales
         necesarias en los asuntos de que esté conociendo». La manera amplia en que está redactada esta disposición tiene obviamente
         por finalidad otorgar poderes suficientes al juez de medidas provisionales para adoptar cualquier medida que considere necesaria
         para garantizar la plena eficacia de la futura decisión definitiva, al objeto de evitar una laguna en la protección jurisdiccional
         que deparan los Tribunales de las Comunidades [véase el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2001,
         Comisión/NALOO, C‑180/01 P(R), Rec. p. I‑5737, apartado 52 y la jurisprudencia citada]. Así pues, para garantizar la plena
         eficacia del artículo 243 CE no puede excluirse la posibilidad de que, cuando sea necesario, el juez que conozca de la demanda
         dicte autos cuyos destinatarios directos sean terceros. Tal amplia discrecionalidad debe, a este respecto, ejercitarse con
         el debido respeto de los derechos procedimentales, y en particular del derecho a ser oído de los destinatarios de las medidas
         provisionales y de las partes directamente afectadas por tales medidas. Por supuesto, al decidir si adopta o no las medidas
         provisionales solicitadas en este tipo de casos, el juez que conozca de la demanda habrá de tener debidamente en cuenta, además,
         tanto la suficiencia del fumus boni iuris como la inminencia de un perjuicio grave e irreparable en el caso específico de que se trate. Ni siquiera en el caso de que
         un tercero no haya tenido la oportunidad de ser oído en el marco de un procedimiento de medidas provisionales cabe excluir
         la posibilidad de que se le impongan tales medidas, en circunstancias excepcionales y en atención al carácter temporal de
         las medidas provisionales, cuando se aprecie que, de no adoptarse tales medidas, el demandante se vería confrontado a una
         situación capaz de poner en peligro su existencia misma.
      
      57      La intervención de Ryanair en el presente proceso fue admitida mediante auto del Presidente de 7 de diciembre de 2007 y Ryanair
         presentó sus observaciones el 19 de diciembre de 2007. Además, Ryanair, al igual que las demás partes del presente proceso,
         ha tenido la oportunidad de exponer con detalle sus opiniones durante la vista. En consecuencia, las opiniones de Ryanair
         han sido tenidas en cuenta en el presente proceso.
      
      58      Se deduce de lo anterior que procede declarar la admisibilidad de la solicitud en la que se pide la adopción de un auto o
         autos de efecto análogo que el Presidente estime oportunos contra Ryanair. 
      
      59      No obsta a esta conclusión la alegación de la Comisión en el sentido de que las medidas provisionales que tengan el efecto
         de dejar en suspenso los derechos de Ryanair vinculados a su participación en Aer Lingus afectarían a terceros, en particular
         a otros accionistas de Aer Lingus, y que, puesto que esas partes no han sido oídas en el presente procedimiento, no pueden
         adoptarse autos que les afecten. A este respecto debe recordarse que, por lo anteriormente expuesto, las amplias facultades
         del juez competente para adoptar las medidas provisionales sólo están limitadas, cuando puedan afectar a los derechos e intereses
         de terceros, en aquellos supuestos en que puedan tener una grave repercusión sobre tales derechos e intereses (auto CCE Vittel
         y CE Pierval/Comisión, citado en el apartado 55 supra, apartado 20). Por otra parte, aunque las medidas provisionales solicitadas puedan tener una grave repercusión sobre los derechos
         e intereses de terceros, tales medidas deberán, no obstante, adoptarse «si quedara de manifiesto que, de no adoptarse tales
         medidas, los demandantes se verían confrontados a una situación capaz de poner en peligro su existencia misma» (véase el auto
         CCE Vittel y CE Pierval/Comisión, citado en el apartado 55 supra, apartado 20 y jurisprudencia allí citada). El juez de medidas provisionales debe hacer tales valoraciones al ponderar los
         diferentes intereses en juego. Por consiguiente, no cabe excluir la posibilidad, cuando concurran todas las condiciones aplicables,
         de adoptar medidas provisionales en el presente procedimiento a pesar de que puedan tener repercusiones sobre los derechos
         e intereses de otros accionistas de Aer Lingus. 
      
       Fundamentos
       Sobre el fumus boni iuris
      –       Alegaciones de las partes
      60      La demandante alega que los elementos de hecho y de Derecho expuestos anteriormente ponen de manifiesto la existencia de una
         controversia grave acerca de si es correcta la interpretación que la Comisión hace del artículo 8, apartados 4 y 5, en la
         Decisión impugnada.
      
      61      En primer lugar, la demandante discrepa de lo afirmado en el apartado 12 de la Decisión impugnada, según el cual «no pueden
         producirse efectos negativos ya que Ryanair no ha adquirido, y puede que no llegue a adquirir, el control de Aer Lingus».
         En opinión de la demandante, esta afirmación es contraria a los hechos, a sólida teoría económica y a decisiones anteriores
         de la Comisión.
      
      62      En relación con la primera alegación, la demandante destaca que Ryanair se ha valido de su participación para intentar acceder
         a los planes estratégicos confidenciales de Aer Lingus, ha bloqueado acuerdos extraordinarios que habrían facilitado que Aer
         Lingus aumentara su capital o realizara adquisiciones, ha solicitado la celebración de dos juntas generales extraordinarias
         para revocar acuerdos estratégicos de Aer Lingus, y ha amenazado a sus consejeros con emprender acciones legales por incumplimiento
         de obligaciones legales para con Ryanair en su calidad de accionista. 
      
      63      Estos hechos, en opinión de la demandante, han producido el efecto de trastocar la gestión de Aer Lingus, hacer que la sociedad
         se vea envuelta en enfrentamientos y litigios con Ryanair e, inevitablemente, debilitar la posición de Aer Lingus como competidor
         efectivo de Ryanair.
      
      64      En relación con la segunda alegación, la demandante sostiene que principios económicos sólidos indican que participaciones
         minoritarias como la de Ryanair en Aer Lingus distorsionan la competencia entre las empresas implicadas. En particular, como
         accionista de Aer Lingus con derecho a percibir un porcentaje de los beneficios de esta compañía, Ryanair carece de incentivos
         para competir con Aer Lingus en vista de sus intereses contrapuestos por maximizar el valor de su participación y garantizar
         la rentabilidad de Aer Lingus. En opinión de Aer Lingus, participaciones como las de Ryanair contribuyen de forma significativa
         a que se produzcan resultados contrarios a la competencia. 
      
      65      En relación con la tercera alegación, la demandante basa su pretensión en las decisiones de la Comisión en los asuntos Tetra
         Laval/Sidel y Schneider/Legrand. 
      
      66      En ambas decisiones, la Comisión consideró que, en circunstancias particulares, la retención de una participación minoritaria
         impediría restablecer las condiciones de competencia efectiva y tendría efectos desproporcionados en la empresa objetivo.
         
      
      67      En segundo lugar, la demandante sostiene que la interpretación que la Comisión hace del artículo 8, apartados 4 y 5, es incorrecta.
         En opinión de la demandante, la Comisión ha adoptado un enfoque meramente literal a pesar de que una interpretación en un
         sentido más amplio sería más coherente con los objetivos del Reglamento. 
      
      68      Según manifiesta la demandante en sus alegaciones, el Tribunal de Justicia (sentencia de 31 de marzo de 1998, Francia y otros/Comisión,
         denominada «Kali und Salz», C‑68/94 y C‑30/95, Rec. p. I‑1375) y el Tribunal de Primera instancia (sentencia de 25 de marzo
         de 1999, Gencor/Comisión, T‑102/96, Rec. p. II‑753), hallándose ante la disyuntiva de interpretar de dos maneras posibles
         varias disposiciones del Reglamento similares a las ahora analizadas, afirmaron que la interpretación más restrictiva privaría
         parcialmente al Reglamento de su eficacia, mientras que una interpretación en sentido más amplio era más coherente con su
         redacción, aunque no se contemplara expresamente en el mismo.
      
      69      En la misma línea, la demandante sostiene que el sentido natural del artículo 8, apartados 4 y 5, es coherente con el ejercicio
         de las facultades establecidas en estas disposiciones para abordar una participación minoritaria como la de Ryanair, mientras
         que la interpretación de la Comisión deja indefensa a la Comunidad frente a distorsiones en la competencia provocadas por
         la participación minoritaria de Ryanair, que fue adquirida como parte de una concentración prohibida, resultando por tanto
         incoherente con los objetivos del Reglamento.
      
      70      En particular, la demandante alega que la interpretación de la Comisión no tiene en cuenta los siguientes considerandos de
         la exposición de motivos del Reglamento: 2, 5, 7, 8, 14, 20 y 23.
      
      71      Respecto del artículo 8, apartado 4, en lugar de orientarse por los considerandos de la exposición de motivos del Reglamento,
         la Comisión adopta un enfoque meramente literal en el apartado 10 de la Decisión impugnada y considera que «la concentración
         analizada en el presente asunto no ha sido ejecutada» y que «las operaciones realizadas durante el procedimiento sustanciado
         ante la Comisión no pueden, pues, considerarse como parte de una concentración ejecutada».
      
      72      El primer error cometido por la Comisión, según la demandante, fue considerar las «operaciones» que debía analizar como algo
         distinto de la concentración examinada en la Decisión de incompatibilidad. Según la demandante, se desprende claramente del
         apartado 12 de la Decisión de incompatibilidad que las diferentes «operaciones» a las que se alude en este acto forman parte
         integrante de la concentración prohibida. Por lo tanto, en opinión de la demandante, la Comisión, habiendo reconocido en su
         Decisión de 20 de diciembre de 2006 que tales operaciones y la oferta pública de adquisición formaban parte de una única concentración
         a efectos del artículo 3 del Reglamento, ha identificado erróneamente la concentración a la que el artículo 8, apartado 4,
         es aplicable. La aplicación del artículo 8, apartado 4, requiere que se cumplan dos condiciones: que se haya producido una
         concentración y que haya sido declarada incompatible con el mercado común.
      
      73      Puesto que, según la demandante, la segunda condición se cumple, la cuestión principal consiste en determinar si la concentración
         así definida ha sido ejecutada. A este respecto, la demandante alega que la Comisión equipara indebidamente el significado
         de «ejecutar» del artículo 8, apartado 4, letra a), con el de «adquirir el control» en el sentido del artículo 3, apartado
         2, del Reglamento. A juicio de la demandante, el artículo 8, apartado 4, letra a), no se refiere a la «adquisición del control»
         y sólo emplea el término «ejecutada». En opinión de la demandante, el hecho de que la concentración no se haya completado
         totalmente, al haberlo impedido la Comisión, no significa que la concentración no se haya ejecutado, si bien es cierto que
         parcialmente, mediante las operaciones a las que se refiere el apartado 12 de la Decisión de incompatibilidad.
      
      74      Para demostrar esta afirmación, en la vista la demandante solicitó presentar como nueva prueba notas de prensa de la Comisión
         que, en opinión de la demandante, demuestran que es una práctica común de la Comisión considerar como «ejecución» medidas
         que no llegan a constituir una adquisición del control. La demandante sostiene que los documentos mencionados demuestran que
         la Comisión ha realizado anteriormente inspecciones por sorpresa para comprobar si las partes de una concentración habían
         ejecutado una adquisición sometida a examen de la Comisión infringiendo el artículo 7, apartado 1, del Reglamento.
      
      75      En tercer lugar, la demandante expone un fundamento jurídico basado en el artículo 7 del Reglamento. Según el artículo 7,
         apartado 1, una concentración de dimensión comunitaria no podrá ejecutarse antes de que haya sido declarada compatible con
         el mercado común. El artículo 7, apartado 2, establece que el apartado 1 de ese mismo artículo no impedirá realizar una oferta
         pública de adquisición o una serie de transacciones de títulos siempre y cuando la concentración sea notificada a la Comisión
         y el comprador no ejerza los derechos de voto inherentes a los títulos adquiridos o sólo los ejerza en virtud de una dispensa
         concedida por la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7.
      
      76      La demandante sostiene que los apartados 1 y 2 del artículo 7, interpretados conjuntamente, impiden que Ryanair ejerza sus
         derechos de voto, salvo cuando lo haga en virtud de una dispensa concedida por la Comisión conforme a lo dispuesto en el apartado 3.
      
      77      La Comisión alega que la demandante no ha podido demostrar la existencia del fumus boni iuris que justificaría la adopción de las medidas provisionales solicitadas. En primer lugar y como punto de partida, la Comisión
         señala que el Reglamento únicamente se aplica a las concentraciones en el sentido del artículo 3 y no a la adquisición de
         una participación minoritaria que no confiere el control a efectos del artículo 3, apartado 2, esto es, una influencia decisiva,
         y que no se discute que la participación de Ryanair en Aer Lingus no le confiere el control de esta compañía.
      
      78      En segundo lugar, la Comisión sostiene que el hecho de definir diferentes operaciones como parte de una única concentración
         permite que todas las operaciones se notifiquen conjuntamente a la Comisión y se ajusta al procedimiento de «ventanilla única».
         No obstante, según la Comisión, esta circunstancia no atribuye a la Comisión competencia para controlar las participaciones
         minoritarias como tales. 
      
      79      En tercer lugar, la Comisión alega que, una vez se ha disuelto la única concentración definida durante el procedimiento administrativo,
         el artículo 21, apartado 3, del Reglamento no representa ya un obstáculo para que los Estados miembros apliquen su normativa
         nacional en materia de competencia a una participación minoritaria de ese tipo.
      
      80      En cuarto lugar y en relación con la interpretación teleológica de las disposiciones en cuestión, la Comisión señala que la
         interpretación que Aer Lingus hace de tales disposiciones es contraria al objetivo general del Reglamento, que es controlar
         las concentraciones en el sentido del artículo 3.
      
      81      Por último, la Comisión alega que sus decisiones anteriores adoptadas en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento
         no respaldan la tesis de Aer Lingus en el sentido de que se puede haber ejecutado una concentración aunque no se haya adquirido
         el control puesto que, en todos los casos anteriores, el control se había adquirido efectivamente. 
      
      –       Apreciación del Presidente
      82      La demandante alega, fundamentalmente, que la Comisión se ha negado indebidamente a adoptar medidas con arreglo a lo dispuesto
         en el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento contra la participación minoritaria de Ryanair en Aer Lingus. A este respecto,
         Aer Lingus sostiene que la participación minoritaria en cuestión produce graves efectos negativos sobre la libre competencia
         y alega que la Comisión se equivoca al concluir que no está facultada en este caso para adoptar medidas con arreglo al artículo
         8, apartados 4 y 5.
      
      83      En relación con la primera alegación de la demandante, relativa a la afirmación en el apartado 12 de la Decisión impugnada
         de que «no pueden producirse efectos negativos ya que Ryanair no ha adquirido, y puede que no llegue a adquirir, el control
         de Aer Lingus», de una lectura más detenida de la Decisión impugnada se deduce claramente que se ha sacado de contexto tal
         afirmación, ya que no sirve como fundamento de la decisión de la Comisión de no adoptar las medidas previstas en el artículo
         8, apartados 4 y 5, que solicitó la demandante y es, en consecuencia, irrelevante a los efectos del presente procedimiento.
         Por el contrario, resulta evidente que la motivación de la Decisión impugnada se basa en que, según la Comisión, no se ha
         ejecutado ninguna concentración en las circunstancias concurrentes y que, en consecuencia, la Comisión no está facultada para
         adoptar medidas en virtud del artículo 8, apartados 4 y 5, en relación con la participación minoritaria en cuestión, con independencia
         de que se considere que tal participación minoritaria pueda incidir o no en la libre competencia.
      
      84      Se deduce de lo anterior que no procede analizar con mayor detenimiento las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo
         de su solicitud, en concreto las alegaciones tendentes a demostrar que su solicitud es coherente con los hechos, con una «sólida
         teoría económica», y con anteriores decisiones de la Comisión. 
      
      85      En atención a las alegaciones de las partes, tal como han sido expuestas anteriormente y según se debatieron en la vista,
         la cuestión principal que debe dilucidar el Presidente en el presente procedimiento de medidas provisionales, en lo que al
         requisito del fumus boni iuris se refiere, es si la demandante ha demostrado suficientemente que, a primera vista (fumus boni iuris), la Comisión ha interpretado erróneamente que la expresión «ejecutada» del artículo 8 implica la adquisición del control y
         que, por otra parte, debe interpretarse que concurre el requisito de la «ejecución» cuando la parte notificante adopte cualquier
         medida o realice cualquier paso con el fin de consumar la concentración. En otras palabras, la cuestión que se plantea es
         si una «ejecución parcial» o la ejecución de cualquiera de los elementos que conjuntamente constituyen la concentración única
         notificada pueden constituir la «ejecución» de esa concentración y habilitar a la Comisión para que ejerza las facultades
         previstas en el artículo 8, apartados 4 y 5. 
      
      86      Para respaldar su interpretación del artículo 8, apartados 4 y 5, Aer Lingus cita los pronunciamientos jurisprudenciales de
         los Tribunales de las Comunidades Europeas (apartado 68 supra) en los que el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia concluían que, ante dos interpretaciones posibles del
         Reglamento, debe seguirse la interpretación que mejor se adapte a los objetivos de ese Reglamento. 
      
      87      En relación con la jurisprudencia invocada por la demandante, procede señalar que el Tribunal de Justicia en el asunto Kali
         und Salz y el Tribunal de Primera Instancia en el asunto Gencor/Comisión estimaron que las disposiciones del Reglamento en
         cuestión debían ser interpretadas en relación con la finalidad del Reglamento ya que no podía apreciarse de forma concluyente
         el alcance exacto de tales disposiciones a partir únicamente de una interpretación literal (sentencias Kali und Salz, apartado
         168, y Gencor/Comisión, apartado 148).
      
      88      Por consiguiente, antes de analizar el artículo 8, apartados 4 y 5, en relación con la finalidad del Reglamento es necesario,
         en primer lugar, determinar si la redacción de las disposiciones en cuestión no es suficientemente clara y si admite las dos
         diferentes interpretaciones apuntadas por la demandante.
      
      89      A este respecto, se debe destacar a título preliminar que la definición del término inglés «implementation» («ejecución») puede comprender tanto «la consecución de algún objetivo» como «el hecho de llevar a efecto» y que puede, en
         principio, dar lugar a confusiones acerca del alcance exacto de las disposiciones establecidas en el artículo 8, apartados
         4 y 5. Si bien el uso del pretérito perfecto de la voz pasiva en la expresión «ya ha sido ejecutada» del artículo 8, apartado
         4, letra a), y el uso del pretérito perfecto en forma impersonal en la expresión «se ha ejecutado» del artículo 8, apartado
         5, letra c), del Reglamento pueden sugerir que esta expresión se refiere a «la consecución de algún objetivo», no es posible
         apreciar que esta consideración por sí sola baste para determinar, ni siquiera según el criterio del fumus boni iuris, el alcance de las facultades de la Comisión en virtud del artículo 8 del Reglamento. 
      
      90      No obstante, según reiterada jurisprudencia, la exigencia de interpretación uniforme de los Reglamentos comunitarios impide
         considerar un texto determinado de forma aislada, y obliga, en caso de duda, a interpretarlo y aplicarlo a la luz de las versiones
         existentes en las otras lenguas oficiales (véase la sentencia de 17 de octubre de 1996, Lubella, C‑64/95, Rec. p. I‑5105,
         apartado 17 y la jurisprudencia allí citada). En consecuencia, es necesario comprobar que la versión inglesa del artículo
         8, apartados 4 y 5, del Reglamento no atribuye a la expresión en cuestión un significado diferente del que tiene en otras
         versiones lingüísticas, puesto que la expresión deberá interpretarse y aplicarse a la luz de las versiones existentes en las
         otras lenguas oficiales (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 1997, Ebony Maritime
         y Loten Navigation, C‑177/95, Rec. p. I‑1111, apartados 29 a 31). A este respecto, procede señalar que el equivalente de la
         expresión inglesa «has already been implemented» («ya ha sido ejecutada», en español) del artículo 8, apartado 4, es, en la
         versión francesa, «a déjà été réalisée»; en la italiana, «è già stata realizzata», y en la alemana «vollzogen wurde». La forma
         en que la expresión «implemented» («ejecutada», en español) se formula en la muestra de algunas de las otras lenguas oficiales
         analizada revela que, según el criterio del fumus boni iuris, la definición de «implementation» («ejecución») contemplada en el artículo 8, apartados 4 y 5, comprende la plena consumación
         de la concentración. 
      
      91      En segundo lugar, esta conclusión puede quedar confirmada, a efectos del análisis del fumus boni iuris, mediante la comparación de la versión francesa del artículo 8, apartados 4 y 5, con la versión francesa de otras normas de
         Derecho comunitario en las que el término «implementation» («ejecución») pretende claramente designar «el hecho de llevar
         a efecto» más que «la consecución de algún objetivo». Puede encontrarse un ejemplo de este uso del término «implementation»
         («ejecución») en el tercer considerando del Reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que
         se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones
         de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140, p. 1), el cual afirma que «[…] este régimen simplificado sólo debe
         admitirse si la Comisión es informada regularmente de la ejecución de la ayuda existente de que se trate». El término «implementation»
         («ejecución») en este caso aparece en la versión francesa del tercer considerando como «mise en oeuvre», y no como «réalisation».
         
      
      92      En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que, cuando concurren las circunstancias que permiten el ejercicio de las facultades
         que el artículo 8, apartado 4, reconoce a la Comisión, ésta puede requerir a las empresas afectadas que «disuelvan la concentración»;
         expresión que, en el marco de un análisis del fumus boni iuris, implica la existencia de una concentración en el sentido del artículo 3 del Reglamento y, en consecuencia, una adquisición
         del control. En este contexto, procede señalar que, en el asunto que nos ocupa, no resulta controvertido que, mediante su
         participación minoritaria en Aer Lingus, Ryanair no se encuentra en posición de ejercer de iure o de facto control sobre la demandante. 
      
      93      Se deduce de lo anterior que, sin que sea necesario analizar las alegaciones de la demandante en relación con el objetivo
         del Reglamento, debe concluirse que la demandante no ha logrado demostrar la existencia del fumus boni iuris.
      
      94      No obsta a esta conclusión la alegación de la demandante en el sentido de que la Comisión considera que el artículo 7, apartado
         1, impide apreciar una ejecución parcial, incluso respecto de medidas que no llegan a constituir una transferencia del control,
         e indica a las partes que deben abstenerse de adoptar tales medidas. En la vista la Comisión confirmó que, si bien nunca se
         había pronunciado formalmente acerca de la cuestión de si el artículo 7 impide la adquisición de participaciones minoritarias,
         en el marco de los debates con las partes notificantes la Comisión ha adoptado la política de requerir al adquirente que se
         abstenga de ejercer cualesquiera derechos de voto, con independencia de que estén asociados a una participación de control
         o a una participación minoritaria, hasta la conclusión del procedimiento. A este respecto, procede señalar en primer lugar
         que, según el reparto de competencias comentado en el anterior apartado 42, la interpretación del Derecho comunitario es una
         prerrogativa del Tribunal de Justicia, no de la Comisión, y que, por consiguiente, la práctica de la Comisión, sin que se
         deje de reconocer su influencia general y su importancia en la apreciación de si están o no justificadas las expectativas
         legítimas, no es concluyente a los efectos del presente asunto. En segundo lugar, como señaló la Comisión durante la vista,
         incluso en el supuesto de que el artículo 7, apartado 1, del Reglamento fuera interpretado en el sentido de que prohíbe únicamente
         el cambio del control durante el examen de la Comisión, y no la adopción de medidas que no llegan a constituir un cambio de
         control, como el ejercicio de derechos de voto asociados a participaciones minoritarias, teniendo en cuenta los estrictos
         plazos en los que la Comisión debe examinar una concentración notificada y la combinación de factores de los que puede derivarse
         la adquisición del control en cada caso concreto, la Comisión está legitimada para requerir a las partes que no adopten ninguna
         medida que pueda traducirse en un cambio del control. Por otra parte, y aunque no se trate aparentemente de un requisito impuesto
         por el Reglamento, las partes notificantes pueden considerar ventajoso colaborar en el procedimiento administrativo de la
         Comisión dando curso a una solicitud de este tipo y evitando, de este modo, el riesgo de que la Comisión considere necesario
         realizar inspecciones en las dependencias de las partes para comprobar si las medidas adoptadas por las partes notificantes
         producen de hecho un cambio del control. 
      
      95      En relación con las notas de prensa, que en opinión de la demandante demuestran que es una práctica común de la Comisión el
         considerar como «ejecución» medidas que no llegan a constituir una adquisición del control, procede observar con carácter
         preliminar que la demandante no ha explicado por qué no tenía acceso a tales notas, una de las cuales se remonta a 1997, en
         el momento en que presentó su demanda, ni tampoco por qué fueron presentadas en una fase tan avanzada del procedimiento. No
         obstante, con independencia de la admisibilidad de esta prueba presentada tardíamente, baste señalar que no es concluyente
         a efectos de precisar el significado de la expresión «ejecución». En concreto, no cabe apreciar que la información contenida
         en tales notas de prensa tenga incidencia en las consideraciones antes expuestas. 
      
      96      Durante la vista, el letrado de la parte coadyuvante calificó como una actitud rayana en desacato al Tribunal el hecho de
         que la parte demandante hiciera uso del tiempo de este Tribunal presentando tardíamente pruebas de este tipo. Sin que sea
         necesario pronunciarse acerca de esta grave acusación, el Presidente estima que tales pruebas no son en ningún caso concluyentes
         y que, también a este respecto, cabe concluir que la demandante no ha podido demostrar la existencia del fumus boni iuris.
      
      97      Conforme a la primera alegación de la demandante, en concreto que la participación de Ryanair en Aer Lingus afectaba gravemente
         a la libre competencia, la demandante sostuvo que la negativa de la Comisión a adoptar medidas en virtud del artículo 8, apartado
         4, para exigir la venta de la participación minoritaria de Ryanair era contraria a anteriores decisiones de la Comisión aludiendo,
         en particular, a las decisiones de la Comisión en los asuntos Tetra Laval/Sidel y Schneider/Legrand. A este respecto y a mayor
         abundamiento, procede indicar que esta prueba tampoco obsta a las conclusiones alcanzadas anteriormente. En particular, el
         hecho de que en los asuntos Tetra Laval/Sidel y Schneider/Legrand la Comisión considerara que la retención de una participación
         minoritaria en la empresa objetivo en el marco de la operación notificada, que había sido prohibida en virtud del Reglamento,
         impediría restablecer las condiciones de competencia efectiva, y, en consecuencia, ordenara la venta de todas las acciones
         adquiridas, es irrelevante a efectos del presente proceso. Más bien, este hecho es coherente con las conclusiones anteriormente
         expuestas en el sentido de que, en esos casos, la circunstancia que permite el ejercicio de las facultades de la Comisión
         consiste en la «ejecución» de la operación o, dicho de otro modo, en un cambio del control. Cuando concurren las circunstancias
         que permiten el ejercicio de sus facultades, la Comisión puede, tal como dispone expresamente el artículo 8, apartado 4, «exigir
         a las empresas afectadas, que disuelvan la concentración, en particular mediante la disolución de la fusión o la enajenación
         de todas las acciones o activos adquiridos, de tal manera que quede restablecida la situación previa a la ejecución de la
         concentración».
      
      98      En lo referente a la alegación de la demandante basada en el artículo 7, en concreto que, hasta que la adquisición propuesta
         no sea declarada compatible con el mercado común, Ryanair puede adquirir títulos o realizar una oferta pública de adquisición
         en el marco de la operación notificada únicamente en la medida en que no ejerza los derechos de voto inherentes a los títulos
         adquiridos, salvo en caso de que tenga dispensa de la Comisión, baste afirmar que procede aplicar, mutatis mutandis, la misma interpretación del término «ejecución» expuesta anteriormente a las alegaciones de la demandante relativas al artículo 7.
      
      99      En consecuencia, Aer Lingus tampoco ha demostrado en relación con este fundamento jurídico la existencia del fumus boni iuris.
      
      100    Por último, la demandante sostiene que la interpretación del artículo 8, apartados 4 y 5, seguida por la Comisión, junto con
         la prohibición, establecida en el artículo 21, apartado 3, de que los Estados miembros apliquen su normativa nacional en materia
         de competencia a las concentraciones de dimensión comunitaria da lugar a una laguna incompatible con los objetivos del Reglamento.
         A este respecto procede señalar en primer lugar que la misma situación de hecho, en la cual una empresa ostenta una participación
         minoritaria en un competidor sin que esta participación le permita ejercer el control, y este competidor considere que la
         participación minoritaria perjudica la libre competencia, podría perfectamente darse en los casos en que no se adquiera esta
         participación minoritaria en el marco de una concentración. En esta situación, resulta evidente que el Reglamento no se aplicaría
         y que la imposibilidad de que la Comisión fiscalizara la participación minoritaria en cuestión con arreglo al artículo 8,
         apartados 4 y 5, no se consideraría una laguna en la capacidad de la Comunidad para garantizar que no se producen distorsiones
         en la competencia. 
      
      101    En lo referente a la aplicación del artículo 21, procede señalar en primer lugar que el artículo 21, apartado 3, debe interpretarse
         conjuntamente con el apartado 1 de ese mismo artículo. El artículo 21, apartado 1, dispone que el Reglamento sólo será aplicable
         a las concentraciones de dimensión comunitaria, tal como se definen en el artículo 3 del Reglamento. Desde esta perspectiva,
         en circunstancias como las que concurren en el presente caso, en el que una concentración ha sido notificada, ha sido declarada
         por la Comisión incompatible con el mercado común y, sobre esta base, se ha abandonado la oferta pública de adquisición, no
         hay una concentración de dimensión comunitaria en el sentido del artículo 3. Tampoco cabe que las partes aprecien la existencia
         de una concentración de dimensión comunitaria en estas circunstancias, ya que tal concentración infringiría una decisión vigente
         de la Comisión. Sobre esta base, como señala la Comisión en sus observaciones escritas, no cabe afirmar que, prima facie, resulte de aplicación el artículo 21, apartado 3, ya que no existe ni se contempla ninguna concentración a la que únicamente
         el Reglamento sea aplicable. A primera vista, la participación minoritaria así definida ya no está asociada a una adquisición
         del control, no forma parte de una «concentración» y queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento. En consecuencia,
         el artículo 21, que, según el octavo considerando del Reglamento, tiene por objeto asegurar que las concentraciones que provoquen
         modificaciones estructurales importantes sean examinadas exclusivamente por la Comisión en aplicación de un «procedimiento
         de ventanilla única», no impide, en principio y en estas circunstancias, la aplicación de la normativa nacional en materia
         de competencia por parte de las autoridades nacionales de competencia y de los tribunales nacionales. 
      
      102    A este respecto, el hecho de que la decisión de la Comisión en la que se declaraba la incompatibilidad de la concentración
         con el mercado común haya sido impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia no constituye una circunstancia relevante ya
         que, según el artículo 242 CE, los recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia no tienen efecto suspensivo. Por otra
         parte, si se impidiera a las autoridades nacionales competentes en materia de competencia adoptar medidas definitivas en atención
         a consideraciones de economía procesal, estas autoridades tendrían la posibilidad de adoptar medidas provisionales con las
         que dar respuesta a las incidencias que pudieran detectar hasta el momento en que este Tribunal dicte sentencia. 
      
      103    Además, en lo referente a la existencia de una laguna legal, procede señalar que, si bien una participación minoritaria del
         tipo en cuestión no puede, aparentemente, quedar regulada por el Reglamento, cabe considerar la posibilidad de que la Comisión
         aplique las disposiciones en materia de competencia del Tratado CE, y en particular los artículos 81 CE y 82 CE, al comportamiento
         de las empresas implicadas tras la adquisición de la participación minoritaria. En este sentido procede recordar que, con
         arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación
         de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1, p. 1), cuando la Comisión constate
         la existencia de una infracción de los artículos 81 CE u 82 CE, estará facultada para imponer «cualquier remedio estructural
         o de comportamiento que sea proporcionado y sea necesario para producir el cese efectivo de la misma».
      
      104    Si bien el artículo 81 CE puede, a primera vista, ser difícil de aplicar en casos en los que, como el presente, la infracción
         en cuestión se deriva de la adquisición de acciones en el mercado y, en consecuencia, resulta difícil probar la existencia
         de la concordancia de voluntades, la demandante puede solicitar a la Comisión que inicie un procedimiento con arreglo al artículo
         82 CE si estima que Ryanair ostenta una posición dominante en uno o más mercados y está abusando de esa posición dominante
         al interferir en la estrategia comercial de un competidor directo o al explotar su participación minoritaria en un competidor
         directo para debilitar su posición.
      
      105    Procede igualmente señalar que ésta es la situación que se produce en aquellos casos en los que, como en éste, todas las partes
         están de acuerdo en que no se ha producido un cambio del control a efectos del Reglamento. No obstante, si posteriormente
         se estimara que Ryanair ha disfrutado o ha adquirido el control sobre Aer Lingus en virtud de su participación minoritaria,
         resultaría entonces de aplicación el artículo 8, apartados 4 y 5.
      
      106    En consecuencia, también respecto de este fundamento jurídico, relativo a la existencia de una laguna incompatible con los
         objetivos del Reglamento, cabe apreciar que la demandante no ha demostrado la existencia del fumus boni iuris. 
      
      107    De todo lo anterior se deduce que la demandante no ha demostrado la existencia del fumus boni iuris.
      
       Sobre el carácter urgente
      –       Alegaciones de las partes
      108    La demandante estima que en el presente asunto se cumple la condición del carácter urgente, en particular por cuanto existe
         el riesgo de que Ryanair pueda imponer su voluntad sobre Aer Lingus en cualquier momento.
      
      109    La demandante alega, en primer lugar, que según la actual estructura accionarial de Aer Lingus, Ryanair ya ostenta la facultad
         de bloquear los acuerdos extraordinarios, que requieren una mayoría del 75 %. La demandante alega, igualmente, que Ryanair
         ha hecho ya uso de su participación minoritaria en Aer Lingus para bloquear una propuesta de acuerdo extraordinario, en virtud
         del cual se habría autorizado a Aer Lingus a realizar una nueva emisión de acciones equivalente al 5 % del capital social
         emitido sin necesidad de ofrecer estas acciones en primer lugar a los accionistas existentes.
      
      110    En segundo lugar, el peso de Ryanair en las votaciones de los acuerdos ordinarios resulta en la práctica, por diferentes motivos,
         mayor que el peso que le confiere su participación. En particular, suponiendo que únicamente acuda a la votación en junta
         general el 80 %, aproximadamente, de las acciones de Aer Lingus –cifra ésta que, según la demandante, constituye el porcentaje
         probable de votantes teniendo en cuenta la asistencia en la primera, y hasta el momento única, junta general de Aer Lingus–,
         el peso real de Ryanair en las votaciones tiende a situarse cerca del 40 %. Este peso se ve incrementado además por el hecho
         de que Ryanair es el mayor accionista de Aer Lingus y posee una experiencia muy amplia en materia de aviación, pudiendo, según
         la demandante, ejercer una influencia potencialmente muy significativa sobre otros accionistas.
      
      111    En tercer lugar, la demandante alega que existe la posibilidad de que el Gobierno irlandés, el segundo mayor accionista, pueda
         abstenerse de tomar parte en acuerdos sociales que afecten a la dirección estratégica de la empresa. Además, pueden darse
         circunstancias que requieran que el Gobierno irlandés se abstenga de votar, por ejemplo cuando tenga la condición de parte
         vinculada de una operación. Según la demandante, así puede ocurrir en caso de que Aer Lingus pretenda celebrar acuerdos con
         la autoridad aeroportuaria pública de Dublín, por ejemplo, para ampliar la sede central de Aer Lingus. En tales circunstancias,
         la participación de Ryanair puede representar de hecho más del 50 % de los votos que probablemente se emitan.
      
      112    Además, Aer Lingus presenta diferentes ejemplos de circunstancias en las que Ryanair puede interferir en la actividad empresarial
         de Aer Lingus aprovechando las situaciones anteriormente expuestas. En particular, Ryanair puede valerse de su participación
         en Aer Lingus para apoyar su campaña contra la terminal 2 del aeropuerto de Dublín que, según la demandante, es crucial para
         los planes de expansión de Aer Lingus. Igualmente, Ryanair, debido a su preferencia por los aviones de Boeing, puede interferir
         en los planes de Aer Lingus para adquirir los modelos de Airbus. En sus alegaciones escritas, Aer Lingus informó que Ryanair
         tenía la intención de interferir en la decisión del consejo de administración de Aer Lingus de abandonar determinadas rutas
         y abrir otras nuevas. No obstante, en la vista se confirmó que estos intentos no han tenido éxito. A juicio de la demandante,
         el perjuicio que se derivaría del ejercicio de los derechos de voto de Ryanair como accionista minoritario, en caso de que
         este ejercicio supusiera no aprobar una propuesta de política comercial planteada por el consejo de administración, sería
         grave e irreparable, y la consiguiente perturbación de la actividad comercial de Aer Lingus no podría quedar corregida por
         la sentencia del Tribunal de Primera Instancia que resolviera la demanda principal, ni de ninguna otra forma.
      
      113    En la vista, la demandante solicitó poder aportar como nueva prueba información relativa, inter alia, a un contrato con Airbus para la entrega de aviones de fuselaje ancho que, según la demandante, debería someterse a la aprobación
         de los accionistas poco después de la celebración de la vista y que constituía un elemento esencial de la estrategia comercial
         de Aer Lingus para aprovechar las oportunidades que ofrece el régimen de cielo abierto. En el supuesto de que los accionistas
         de Aer Lingus no aprobaran en breve plazo las iniciativas del consejo de administración relativas a estas oportunidades, Aer
         Lingus sufriría un perjuicio grave e irreparable ya que no podría aprovecharlas después de que se dictara sentencia en el
         procedimiento principal.
      
      114    Por último, la demandante alega que el Tribunal de Primera Instancia debería aplicar en el presente asunto el «principio de
         cautela» ya que, a juicio de la demandante, puesto que se ha demostrado la existencia de un riesgo considerable de que Ryanair
         pueda provocar o contribuir a que Aer Lingus sufra un perjuicio grave e irreparable, el Tribunal de Primera Instancia está
         facultado para adoptar medidas de protección sin necesidad de esperar a que se aporten pruebas adicionales del carácter real
         de este riesgo.
      
      115    La Comisión, por su parte, alega fundamentalmente que no se cumple el requisito del carácter urgente.
      
      –       Apreciación del Presidente
      116    Según reiterada jurisprudencia, el carácter urgente de una demanda de medidas provisionales debe apreciarse en relación con
         la necesidad que haya de resolver provisionalmente a fin de evitar que la parte que solicita la medida provisional sufra un
         perjuicio grave e irreparable. Corresponde a ésta aportar la prueba de que no puede esperar a la resolución del procedimiento
         principal sin sufrir un perjuicio de tal naturaleza (véase el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 15
         de noviembre de 2001, Duales System Deutschland/Comisión, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, apartado 187 y la jurisprudencia citada).
      
      117    Cuando el perjuicio depende de la coincidencia de varios factores, basta que pueda considerarse previsible con un grado de
         probabilidad suficiente [auto Arizona Chemical y otros/Comisión, citado en el apartado 50, apartado 71; véanse igualmente,
         en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 1993, Alemania/Consejo, C‑280/93 R, Rec. p. I‑3667, apartados
         32 a 34, y el auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 1999, HFB y otros/Comisión, C‑335/99 P(R),
         Rec. p. I‑8705, apartado 67]. Sin embargo, la parte demandante sigue estando obligada a probar los hechos sobre los que se
         basa la creencia de que se producirá el mencionado daño grave e irreparable (auto Arizona Chemical y otros/Comisión, antes
         citado, apartado 72; véase igualmente, en este sentido, el auto HFB y otros/Comisión, antes citado, apartado 67).
      
      118    A este respecto, procede observar que, para poder apreciar si el perjuicio que teme la parte demandante presenta carácter
         grave e irreparable y justifica, por consiguiente, la adopción de medidas provisionales, el juez de medidas provisionales
         debe disponer de indicios concretos que permitan apreciar las consecuencias precisas que con toda probabilidad se derivarían
         para cada una de las empresas afectadas en caso de no adoptarse las medidas solicitadas.
      
      119    Así pues, a título preliminar, procede destacar que la afirmación de la demandante en el sentido de que el Presidente debería
         aplicar el «principio de cautela» y de que el Tribunal de Primera Instancia está facultado para adoptar «medidas de protección»
         sin necesidad de esperar a que se aporten pruebas del carácter real del riesgo alegado por la demandante es manifiestamente
         incoherente con los principios y la jurisprudencia aplicables a la adopción de medidas provisionales y no puede ser aceptada.
      
      120    En el presente asunto, la demandante alega que la interferencia de Ryanair, su accionista y principal competidor, en sus actividades
         comerciales situaría a la demandante en una posición extremadamente difícil y que, como consecuencia de ello, sufriría perjuicios
         de carácter grave e irreparable. La demandante, en particular, ha señalado distintas situaciones en las que Ryanair estaría
         en disposición de influir en el resultado de las votaciones sobre diferentes cuestiones que, en opinión de la demandante,
         son cruciales para los planes establecidos por el consejo de administración de Aer Lingus para el crecimiento de la compañía.
      
      121    A este respecto, y con carácter previo, debe hacerse hincapié en que la demandante no afirma que Ryanair se encuentre en una
         situación que le permita ejercer el control sobre Aer Lingus. Partiendo de la definición de control contenida en el artículo
         3, apartado 2, se deduce que no cabe considerar que Ryanair se encuentre en situación de «ejercer una influencia decisiva»
         sobre Aer Lingus.
      
      122    Por otra parte, ni en sus alegaciones escritas ni durante la vista, momento en que dispuso de amplias posibilidades para exponer
         sus argumentos, la demandante aportó pruebas suficientes y concretas sobre el tipo de perjuicio que podía sufrir Aer Lingus,
         la probabilidad de que se produjera tal perjuicio y el carácter realmente grave e irreparable de tal perjuicio. Por ejemplo,
         la demandante no ha aportado pruebas suficientes y concretas que demuestren, en relación con cada uno de los ejemplos expuestos,
         entre otros extremos, si debía celebrarse una votación y cuándo debía celebrarse; por qué debía celebrarse una votación antes
         de que se dictara una resolución en el procedimiento principal, o por qué Ryanair, por sí sola, estaría en disposición, en
         esas circunstancias concretas, de hacer que se rechazara una propuesta del consejo de administración o que se aprobara la
         decisión que ella misma propusiera. Además, Aer Lingus no ha aportado pruebas suficientes y concretas que sustenten su afirmación
         de que el perjuicio resultante revestiría carácter grave e irreparable. 
      
      123    Se deduce de lo anterior que las afirmaciones realizadas por la demandante no son sino declaraciones hipotéticas y no probadas
         que no cumplen el requisito de previsibilidad del perjuicio con el necesario grado de probabilidad.
      
      124    Más concretamente, en relación, en primer lugar, con la alegación de que, según la actual estructura accionarial de Aer Lingus,
         Ryanair ya ostenta la facultad de bloquear acuerdos extraordinarios que requieren una mayoría del 75 % y de que así lo ha
         hecho en una ocasión, Aer Lingus no ha aportado pruebas concretas que demuestren la necesidad de aprobar este tipo de acuerdos
         antes de que este Tribunal dicte resolución en el procedimiento principal. Por otra parte, Aer Lingus no ha aportado pruebas
         concretas que demuestren con el necesario grado de probabilidad que Ryanair se opondría a este hipotético acuerdo de carácter
         extraordinario, ni ha aportado pruebas concretas que sustenten la afirmación de que esta oposición causaría probablemente
         perjuicios de carácter grave e irreparable a Aer Lingus. En relación con el ejemplo ofrecido por el único acuerdo de carácter
         extraordinario al que Ryanair se ha opuesto con éxito hasta el momento, Aer Lingus no ha aportado pruebas concretas que sustenten
         su afirmación de que el fracaso del consejo de administración al eliminar el derecho de suscripción preferente de los accionistas
         vaya a causar perjuicios de carácter grave e irreparable a Aer Lingus.
      
      125    En segundo lugar, sobre la alegación de Aer Lingus en el sentido de que el peso de Ryanair en las votaciones de los acuerdos
         ordinarios es, en la práctica, mayor que el peso que le confiere su participación, procede nuevamente señalar que, mediante
         esta alegación, la demandante no sostiene que Ryanair se encuentre en posición de ejercer el control de iure o de facto. Por otra parte, Aer Lingus no ha aportado pruebas concretas que demuestren la necesidad de aprobar estos acuerdos ordinarios
         antes de que este Tribunal dicte resolución en el procedimiento principal. Y tampoco ha aportado pruebas concretas que sustenten
         la afirmación de que esta oposición probablemente causaría perjuicios de carácter grave e irreparable a Aer Lingus. 
      
      126    En este contexto, Aer Lingus sostenía que la participación de Ryanair podría afectar muy negativamente a la libre competencia,
         fundamentalmente en relación con los dos aspectos siguientes: la propuesta del consejo de administración de Aer Lingus de
         adquirir aviones de Airbus y los planes del consejo de administración en relación con la terminal 2 del aeropuerto de Dublín.
      
      127    En lo referente a la propuesta del consejo de administración de adquirir aviones de Airbus, cabe destacar en primer lugar
         que la conclusión de Aer Lingus de que Ryanair se opondría a tal adquisición se basa en la suposición general de que, puesto
         que la flota de Ryanair está integrada exclusivamente por aparatos de Boeing, Ryanair intentaría imponer a Aer Lingus la adquisición
         de aviones de Boeing, y en una nota de prensa en la que Ryanair declaraba que se aseguraría de que la flota de Aer Lingus
         terminara estando compuesta exclusivamente de aviones de Boeing. A este respecto Ryanair señaló en la vista, sin ser rebatida
         por Aer Lingus, que este propósito se expresó en un momento en el que se estaba contemplando la adquisición y que la idea
         de hacer que la flota de Aer Lingus estuviera integrada únicamente por aviones de Boeing tenía por finalidad facilitar la
         integración de Aer Lingus en Ryanair. Si bien Ryanair ha recurrido la Decisión de la Comisión por la que se declara su adquisición
         de Aer Lingus incompatible con el mercado común y, en atención a esta circunstancia, puede afirmarse que aún contempla, en
         última instancia, la posibilidad de integrar a Aer Lingus en Ryanair, no se puede deducir de las pruebas aportadas que exista
         una probabilidad suficiente de que Ryanair se oponga a la propuesta del consejo de administración de Aer Lingus de adquirir
         aviones de Airbus. 
      
      128    Por otra parte, si bien en la vista Aer Lingus alegó que estaba prevista una adquisición de aviones de fuselaje ancho de Airbus,
         que debería someterse a la aprobación de los accionistas poco después de la celebración de la vista, Aer Lingus no ha demostrado
         que, de requerirse esta aprobación, existiera probabilidad suficiente de que el porcentaje de votantes en la junta de accionistas
         fuera tan reducido que confiriera a Ryanair el suficiente peso en la votación para impedir la aprobación de tal adquisición,
         y aún menos para imponer la adquisición de aviones de Boeing. Por último, aun suponiendo que Ryanair se encontrara en posición
         de oponerse a la adquisición de aviones de Airbus, Aer Lingus no ha alegado que, de no ratificarse el contrato dentro de un
         plazo determinado, su opción expiraría necesariamente.
      
      129    Igualmente, en relación con la alegación de Aer Lingus en el sentido de que el Gobierno irlandés podría optar por abstenerse
         de tomar parte en determinados acuerdos sociales, o bien quedar obligado a ello por el Derecho irlandés, no se han aportado
         pruebas concretas que demuestren que es necesario someter a la aprobación de los accionistas, antes de que este Tribunal dicte
         resolución en el procedimiento principal, alguna cuestión particular en relación con la cual el Gobierno irlandés no ejercería
         sus derechos de voto. Además, Aer Lingus no ha aportado pruebas concretas que demuestren con el suficiente grado de probabilidad
         que tal abstención provocaría que se rechazara la propuesta del consejo de administración, y que este rechazo causaría un
         perjuicio grave e irreparable a Aer Lingus. En relación con el ejemplo concreto de la terminal 2, Aer Lingus no ha aportado
         pruebas concretas que respalden su afirmación de que se necesita el acuerdo de los socios para aprobar los planes del consejo
         de administración al respecto, y tampoco se han presentado pruebas concretas que demuestren que la normativa irlandesa exigiría
         al Gobierno irlandés abstenerse de ejercer sus derechos de voto. Por último, no se han aportado pruebas que sustenten la afirmación
         de que el hecho de que el proyecto del consejo de administración sobre el uso de la terminal 2 no obtenga la aprobación de
         los socios causaría probablemente perjuicios graves e irreparables a Aer Lingus. 
      
      130    Igualmente, en sus alegaciones relativas a las cuestiones mencionadas, la demandante no ha demostrado que el perjuicio que
         Aer Lingus supuestamente sufriría no sería meramente económico. 
      
      131    En relación con los perjuicios económicos, procede en este momento recordar que, según reiterada jurisprudencia, los perjuicios
         de esta naturaleza no pueden, salvo circunstancias excepcionales, ser considerados como irreparables porque pueden ser objeto
         de compensación económica posterior. Los perjuicios económicos solo pueden justificar la adopción de medidas provisionales
         si resultara que, a falta de las medidas solicitadas, la parte demandante se hallaría en una situación que pudiera poner en
         peligro su propia existencia antes de que se dictara sentencia en el procedimiento principal o modificar irremediablemente
         su situación en el mercado (autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2002, Neue Erba Lautex/Comisión,
         T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, apartado 84; de 20 de julio de 2000, Esedra/Comisión, T‑169/00 R, Rec. p. II‑2951, apartado 45;
         de 27 de julio de 2004, TQ3 Travel Solutions Belgium/Comisión, T‑148/04 R, Rec. p. II‑3027, apartado 46, y de 10 de noviembre
         de 2004, Wam/Comisión, T‑316/04 R, Rec. p. II‑3917, apartado 29). Baste afirmar a este respecto que en ningún momento la demandante
         ha alegado que, de no adoptarse las medidas provisionales solicitadas, se pondría en peligro su propia existencia o se modificaría
         irremediablemente su situación en el mercado antes de que se dictara sentencia en el procedimiento principal.
      
      132    En la vista la demandante se ofreció a aportar, a puerta cerrada y sin la presencia del coadyuvante, información nueva y más
         específica en relación con los ejemplos de perjuicios expuestos anteriormente. Como ejemplo del tipo de información que podría
         aportar en una sesión a puerta cerrada, la demandante explicó que pronto sería necesario someter a votación de los accionistas
         la aprobación de un contrato de compra de aviones de Airbus, y que la información detallada relativa al mismo era altamente
         confidencial. No obstante, la demandante no explicó cómo esta información adicional podía servir para que se cumpliera el
         requisito del carácter urgente, necesario para la adopción de medidas provisionales. Además, la demandante tampoco ha explicado
         por qué esta información adicional no había sido facilitada en su demanda escrita, con solicitud de confidencialidad, y se
         ha presentado en una fase tan avanzada del procedimiento. Por último, se deduce de las consideraciones expuestas anteriormente
         en relación con la admisibilidad de la petición de medidas provisionales dirigidas a Ryanair o que la afecten, que las pruebas
         aportadas sin la presencia de Ryanair no pueden servir de fundamento para la adopción de medidas provisionales, ya que se
         lesionaría así el derecho de defensa de Ryanair. La única excepción a este principio, justificada por el carácter temporal
         de las medidas provisionales, se refiere a aquellos supuestos en los que la no adopción de las medidas provisionales solicitadas
         pondría en peligro la propia existencia de la parte demandante. Como se ha precisado anteriormente, en ningún momento del
         procedimiento Aer Lingus ha alegado que se pondría en peligro su propia existencia si no se adoptaran medidas provisionales.
         
      
      133    En cualquier caso y con independencia de que sean o no admisibles estas nuevas pruebas, no ha quedado demostrado que esta
         información adicional sea de tal naturaleza que podría alterar el resultado del análisis del Presidente expuesto en los apartados
         precedentes. 
      
      134    A la luz de todo lo anterior, debe concluirse que la demandante no ha demostrado que, de no adoptarse las medidas provisionales
         solicitadas, vaya a sufrir un perjuicio grave e irreparable.
      
      135    De todas las consideraciones anteriores se deduce que la demandante no ha justificado ni la existencia del fumus boni iuris ni la necesidad de adoptar medidas provisionales para evitar un riesgo inminente de sufrir perjuicios graves e irreparables.
         En consecuencia, debe desestimarse la demanda de medidas provisionales. Procede llegar a esta conclusión teniendo en cuenta
         en particular que, según el razonamiento expuesto en el apartado 56, resultaba necesario probar un fumus boni iuris especialmente caracterizado y la existencia de perjuicios particularmente graves e irreparables para poder imponer a Ryanair
         las medidas solicitadas, ya que estas medidas afectarían profundamente a los derechos e intereses de Ryanair como accionista
         de Aer Lingus. 
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      resuelve:
      1)      Desestimar la demanda de medidas provisionales.
      2)      Reservar la decisión sobre las costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 18 de marzo de 2008.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      M. Jaeger
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.