CELEX: 62008CJ0001
Language: es
Date: 2009-02-19
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 19 de febrero de 2009.#Athesia Druck Srl contra Ministero dell'economia e delle finanze y Agenzia delle entrate.#Petición de decisión prejudicial: Corte suprema di cassazione - Italia.#Sexta Directiva IVA - Artículo 9, apartado 2, letra e) - Artículo 9, apartado 3, letra b) - Decimotercera Directiva IVA - Artículo 2 - Lugar de la prestación - Prestaciones de publicidad - Devolución del IVA - Representante fiscal.#Asunto C-1/08.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 19 de febrero de 2009 (*)
      
      «Sexta Directiva IVA – Artículo 9, apartado 2, letra e) – Artículo 9, apartado 3, letra b) – Decimotercera Directiva IVA – Artículo 2 – Lugar de la prestación – Prestaciones de publicidad – Devolución del IVA – Representante fiscal»
      En el asunto C‑1/08,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por la Corte suprema
         di cassazione (Italia), mediante resolución de 20 de septiembre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 2 de enero
         de 2008, en el procedimiento entre
      
      Athesia Druck Srl
      y
      Ministero dell’Economia e delle Finanze,
      Agenzia delle Entrate,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues y J. Klučka, la Sra. P. Lindh y el Sr.
         A. Arabadjiev (Ponente), Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretario: Sra. L. Hewlett, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de noviembre de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre del Athesia Druck Srl, por los Srs. B. Migliucci y T. Kofler, avvocati;
      –        en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. R. Adam, en calidad de agente, asistido por Sr. S. Fiorentino, avvocato dello
         Stato;
      
      –        en nombre del la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. A. Aresu y la Sra. M. Afonso, en calidad de agentes;
      vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Directiva
         77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados
         miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto sobre el valor añadido: base
         imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54), en su versión modificada por la Décima Directiva 84/386/CEE del Consejo,
         de 31 de julio de 1984 (DO L 208, p. 58; EE 09/01, p. 170) (en lo sucesivo, «Sexta Directiva»).
      
      2        Dicha petición se formuló en el marco de un litigio entre, por una parte, Athesia Druck Srl (en lo sucesivo, «Athesia Druck»)
         y, por otra parte, el Ministero dell’Economia e delle Finanze y la Agenzia delle Entrate, relativo a una liquidación tributaria
         del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») que le fue girada, correspondiente a los años 1993 y 1994.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El séptimo considerando de la Sexta Directiva tiene el siguiente tenor:
      
      «Considerando que la determinación del lugar de las operaciones imponibles ha provocado conflictos de competencia entre los
         Estados miembros, en especial por lo que se refiere a […] las prestaciones de servicios; que si bien el lugar de las prestaciones
         de servicios debe fijarse en principio donde la persona que los preste tenga establecida la sede de su actividad profesional,
         conviene, no obstante, que dicho lugar sea fijado en el país del destinatario de la prestación, especialmente en lo relativo
         a ciertas prestaciones de servicios efectuadas entre sujetos pasivos y cuyo costo entre en el precio de los bienes».
      
      4        En virtud del artículo 6, apartado 4, de la Sexta Directiva, cuando un sujeto pasivo que actúe en nombre propio, pero por
         cuenta ajena, medie en una prestación de servicios se presumirá que ha recibido y suministrado personalmente los servicios
         de que se trate.
      
      5        El artículo 9 de la Sexta Directiva establece:
      
      «1.      Los servicios se considerarán prestados en el lugar donde esté situada la sede de la actividad económica de quien los preste
         o en el lugar donde este último posea un establecimiento permanente desde el que se haga la prestación de servicios o, en
         defecto de la sede o el establecimiento mencionados, el lugar de su domicilio o residencia habitual.
      
      2.      Sin embargo:
      […]
      «e)      el lugar de las siguientes prestaciones de servicios, hechas a personas establecidas fuera de la Comunidad, o a sujetos pasivos
         establecidos en la Comunidad, pero fuera del país de quien los preste, será el lugar en que el destinatario de dichos servicios
         tenga establecida la sede de su actividad económica o posea un establecimiento permanente al que vaya dirigida la prestación
         o, en defecto de una u otro, el lugar de su domicilio o de su residencia habitual:
      
      […]
      –        las prestaciones de publicidad,
      –        […]
      3.      A fin de evitar los casos de doble imposición, de no imposición o de distorsiones de la competencia, los Estados miembros
         podrán considerar, en lo que concierne a las prestaciones de servicios enunciadas en la letra e) del apartado 2 […], que:
      
      a)      el lugar de las prestaciones de servicios, que en virtud del presente artículo se halla en el interior del país, está situado
         fuera de la Comunidad, siempre que la utilización y la explotación efectiva se lleven a cabo fuera de la Comunidad;
      
      b)      el lugar de las prestaciones de servicios, que en virtud del presente artículo se halla fuera de la Comunidad, está situado
         en el interior del país, siempre que la utilización y la explotación efectivas se lleven a cabo en el interior del país.
      
      […]»
      6        El artículo 2 de la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización
         de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Modalidades de devolución
         del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad (DO L 326, p. 40;
         en lo sucesivo, «Decimotercera Directiva»), tiene el siguiente tenor:
      
      «1.      Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 3 y 4, cada Estado miembro devolverá, en las condiciones que se fijan
         a continuación, a todo sujeto pasivo que no esté establecido en el territorio de la Comunidad el [IVA] que haya gravado los
         servicios que se le hayan prestado […] en el interior del país por otros sujetos pasivos, […] en la medida en que tales […]
         servicios se utilicen […] para las necesidades de las prestaciones de servicios enunciadas en el punto 1 b) del artículo 1,
      
      2.      Los Estados miembros podrán supeditar la devolución contemplada en el apartado 1 a la concesión por parte de los Estados terceros
         de beneficios comparables en el ámbito de los impuestos sobre el volumen de negocios.
      
      3.      Los Estados miembros podrán exigir la designación de un representante fiscal.»
       Normativa nacional
      7        El Decreto nº 633 del Presidente de la República, de 26 de octubre de 1972, por el que se creó y se reguló el impuesto sobre
         el valor añadido (suplemento ordinario de la GURI nº 292, de 11 de noviembre de 1972), en su versión aplicable en el momento
         de producirse los hechos del litigio principal (en lo sucesivo, «Decreto del IVA»), adapta el Derecho italiano a las disposiciones
         de la Sexta Directiva antes citadas.
      
      8        El artículo 7 del Decreto del IVA establece:
      
      «[…]
      Las prestaciones de servicios se considerarán efectuadas en el territorio del Estado cuando sean realizadas por sujetos domiciliados
         en dicho territorio o por sujetos residentes en el mismo que no hayan establecido su domicilio en el extranjero y cuando sean
         realizadas por establecimientos permanentes en Italia de entidades domiciliadas o residentes en el extranjero; no se considerarán
         efectuadas en el territorio del Estado cuando sean realizadas por establecimientos permanentes en el extranjero de personas
         domiciliadas o residentes en Italia. A efectos del presente artículo, se entenderá por domicilio, para quienes no sean personas
         físicas, el lugar donde se encuentre el domicilio social, y por residencia, el lugar donde se encuentre la sede efectiva.
      
      No obstante lo dispuesto en el apartado anterior:
      […]
      d)      […] los servicios de publicidad […] y los servicios de intermediación inherentes a los servicios antes mencionados y los inherentes
         a la obligación de abstenerse de realizarlos, se considerarán efectuados en el territorio del Estado cuando sean prestados
         a personas que tengan su domicilio en dicho territorio o a personas que residan allí y no hayan establecido su domicilio en
         el extranjero, así como cuando sean prestados a establecimientos permanentes en Italia de personas domiciliadas o residentes
         en el extranjero, a menos que sean utilizados fuera de la Comunidad Económica Europea;
      
      e)      los servicios mencionados en la letra anterior prestados a sujetos domiciliados o residentes en otros Estados miembros de
         la Comunidad Económica Europea se considerarán realizados en el territorio del Estado cuando el destinatario no sea sujeto
         pasivo del impuesto en el Estado en que tenga su domicilio o residencia;
      
      f)      los servicios mencionados en [la letra] e), […] prestados a sujetos domiciliados y residentes fuera de la Comunidad Económica
         Europea […] se considerarán realizados en el territorio del Estado cuando sean utilizados en éste; si personas domiciliadas
         o residentes en Italia prestan estos últimos servicios a personas domiciliadas o residentes fuera de la Comunidad Económica
         Europea se considerarán realizados en el territorio del Estado cuando se utilicen en Italia o en otro Estado miembro de la
         Comunidad.»
      
      9        A tenor del artículo 17 del Decreto del IVA:
      
      «Serán sujetos pasivos del impuesto quienes realicen las entregas de bienes y las prestaciones de servicios gravadas; éstos
         deberán abonar el impuesto al Tesoro […].
      
      Las obligaciones y derechos derivados de la aplicación del presente Decreto respecto de las operaciones realizadas en el territorio
         del Estado por o para quienes no estén establecidos en Italia y no dispongan allí de un establecimiento permanente podrán
         cumplirse o ejercitarse, según las modalidades ordinarias, por un representante establecido en el territorio del Estado […],
         que responderá solidariamente con el representado de las obligaciones que se derivan de la aplicación del presente Decreto.
         […]
      
      Si no se ha designado un representante de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, las obligaciones relativas
         […] a las prestaciones de servicios realizadas en el territorio del Estado por personas domiciliadas en el extranjero, así
         como las obligaciones relativas a los servicios contemplados en el artículo 3, apartado 2, prestados por personas domiciliadas
         en el extranjero a personas domiciliadas en el Estado deberán ser cumplidas por los proveedores o adquirentes que […] utilicen
         los servicios en el marco de la explotación de una empresa o del ejercicio de un arte o profesión. […]
      
      Lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero no se aplicará a las operaciones realizadas por o para los establecimientos
         permanentes en Italia de personas residentes en el extranjero.»
      
      10      El artículo 38 ter del Decreto del IVA, por su parte, reproduce en sustancia lo dispuesto por la Decimotercera Directiva.
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      11      Durante 1993 y 1994, la sociedad austriaca Athesia Advertising GmbH (en lo sucesivo, «Athesia Advertising»), con domicilio
         social en Innsbruck (Austria) y cuyo objeto social era la explotación de una agencia publicitaria, adquirió en nombre propio
         y por cuenta de clientes austriacos y alemanes espacios publicitarios en medios de comunicación italianos (periódicos, revistas,
         radio y televisión), operando directamente desde Austria, sin contar con un establecimiento permanente en Italia. No obstante,
         Athesia Advertising tenía una filial italiana, Athesia Druck, domiciliada en Bressanone (Italia), a la que designó como su
         representante fiscal en aplicación del artículo 17 del Decreto del IVA.
      
      12      Las prestaciones de publicidad controvertidas en el asunto principal daban lugar a facturas con IVA. Las facturas se extendían
         a nombre de las dos sociedades Athesia Advertising y Athesia Druck. Athesia Advertising realizaba a su vez, en su caso, sus
         propias prestaciones para sus clientes. Al haberse pagado el IVA en Italia, Athesia Druck, en aplicación de la Decimotercera
         Directiva, solicitó la devolución a las autoridades tributarias italianas.
      
      13      En 1999, el Ufficio IVA de Bolzano [Oficina del IVA de Bolzano (Italia)] notificó a Athesia Druck una liquidación complementaria
         del IVA por las declaraciones presentadas por esta sociedad por los años 1993 y 1994 como representante fiscal de Athesia
         Advertising, porque, según se desprende de la resolución de remisión, no había facturado los servicios de publicidad prestados
         a los clientes austriacos y alemanes de Athesia Advertising. Así pues, la cuestión de la localización de dichas prestaciones
         se planteó indirectamente.
      
      14      La liquidación complementaria del IVA se acompañó de una multa.
      
      15      Athesia Druck impugnó las liquidaciones controvertidas ante la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano que, mediante
         resoluciones de 11 de abril y de 11 de octubre de 2000, desestimó los recursos interpuestos por esta sociedad en cuanto al
         IVA, pero los estimó en lo relativo a la multa, de modo que quedó revocada la multa impuesta a Athesia Druck.
      
      16      En apelación, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, mediante resolución de 17 de diciembre de 2004, desestimó
         tanto los recursos principales de Athesia Druck relativos a los importes del IVA que se le reclamaban, como los recursos incidentales
         interpuestos por el Ufficio IVA de Bolzano.
      
      17      Athesia Druck interpuso un recurso de casación contra esta resolución ante la Corte suprema di cassazione, órgano jurisdiccional
         a quo.
      18      La Corte suprema di cassazione decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial
         siguiente:
      
      «¿Cuál es, a efectos del IVA, en el sentido del artículo 9, apartado 2, letra e), de la […] Sexta Directiva […] el lugar de
         la prestación de publicidad efectuada por un sujeto domiciliado en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad Europea
         para un destinatario establecido fuera de la Comunidad, pero con un representante fiscal en el territorio del Estado miembro?
         En particular, ¿es dicho lugar el lugar del destinatario del mensaje publicitario, el lugar donde tiene su domicilio la sociedad
         representante fiscal en Italia de la sociedad no comunitaria, el lugar donde tiene su domicilio la sociedad no comunitaria
         que solicita la prestación de publicidad, o bien el lugar de quien encarga los servicios a la sociedad no comunitaria?»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      19      Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en sustancia, cómo debe determinarse el lugar de las prestaciones
         de publicidad, en el sentido del artículo 9 de la Sexta Directiva, en una situación como la del asunto principal, en que el
         proveedor de los servicios está establecido en un Estado miembro, mientras que el destinatario de la prestación, establecido
         en un tercer Estado aunque con un representante fiscal en dicho Estado miembro, es el destinatario final, es decir, el anunciante,
         o bien un destinatario intermedio, que a su vez realiza una prestación para sus propios clientes, los anunciantes.
      
       Observaciones preliminares
      20      Procede recordar que el artículo 9 de la Sexta Directiva contiene normas para la determinación del lugar de conexión a efectos
         fiscales de las prestaciones de servicios. Mientras que el apartado 1 de dicha disposición establece a este respecto una regla
         de carácter general, el apartado 2 de ese mismo artículo regula una serie de conexiones específicas. El objetivo de estas
         disposiciones es evitar, por una parte, los conflictos de competencia que pueden dar lugar a casos de doble imposición y,
         por otra, la no imposición de ingresos (sentencias de 4 de julio de 1985, Berkholz, 168/84, Rec. p. 2251, apartado 14; de
         26 de septiembre de 1996, Dudda, C‑327/94, Rec. p. I‑4595, apartado 20, y de 6 de noviembre de 2008, Kollektivavtalsstiftelsen
         TRR Trygghetsrådet, C‑291/07, Rec. p. II‑0000, apartado 24).
      
      21      Las prestaciones de publicidad, contempladas en el artículo 9, apartado 2, letra e), segundo guión, de la Sexta Directiva,
         entran en el ámbito de aplicación de estas conexiones específicas.
      
       Sobre la determinación del lugar de las prestaciones de publicidad con arreglo al artículo 9, apartado 2, letra e), de la
            Sexta Directiva
      22      Del propio tenor del artículo 9, apartado 2, letra e), segundo guión de la Sexta Directiva resulta que el lugar de las prestaciones
         de publicidad hechas a personas establecidas fuera de la Comunidad o a sujetos pasivos establecidos en la Comunidad pero fuera
         del país de quien los preste será el lugar en que el destinatario de dichos servicios tenga establecida la sede de su actividad
         económica o posea un establecimiento permanente al que vaya dirigida la prestación o, en defecto de una u otro, el lugar de
         su domicilio o de su residencia habitual.
      
      23      Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 9, apartado 2, letra e), segundo guión, de la Sexta
         Directiva debe interpretarse en el sentido de que se aplica no sólo a los servicios de publicidad prestados directamente y
         facturados por el prestador de servicios a un anunciante sujeto pasivo, sino también a los servicios prestados indirectamente
         al anunciante, facturados a un tercero que los factura nuevamente al anunciante (sentencia de 15 de marzo de 2001, SPI, C‑108/00,
         Rec. p. I‑2361, apartado 22, y de 5 de junio de 2003, Design Concept, C‑438/01, Rec. p. I‑5617, apartado 17).
      
      24      De ello se deduce que el carácter indirecto de las prestaciones, consecuencia del hecho de que fueron efectuadas y facturadas
         por un primer prestador de servicios a una empresa, encargada a su vez de prestar servicios de publicidad, antes de que esta
         última las facturara al anunciante, no impide la aplicación del artículo 9, apartado 2, letra e), de la Sexta Directiva (sentencia
         Design Concept, antes citada, apartado 18).
      
      25      El Tribunal de Justicia declaró expresamente que, con arreglo a los apartados 1 y 2 de dicho artículo 9, la determinación
         del lugar de realización de una prestación de servicios depende únicamente del lugar en el que estén establecidos el prestador
         de servicios y el destinatario de la prestación de que se trate y que dicho artículo no obliga, en absoluto, a tener en cuenta
         las operaciones posteriores a esta primera prestación de servicios (véase, en este sentido, la sentencia Design Concept, antes
         citada, apartado 26).
      
      26      De este modo, en los casos de prestaciones de servicios indirectas en los que intervengan un primer prestador de servicios,
         un destinatario intermedio de los mismos y un anunciante que recibe prestaciones de servicios del destinatario intermedio,
         como es el caso que se plantea en el litigio principal, es necesario examinar por separado la operación de prestación de servicios
         efectuada entre el primer prestador de servicios y el destinatario intermedio, a fin de determinar el lugar en que se somete
         a gravamen dicha operación (véase, en este sentido, la sentencia Design Concept, antes citada, apartado 28).
      
      27      Por tanto, en materia de prestaciones de publicidad, cuando el destinatario de la prestación está establecido fuera del territorio
         de la Comunidad, procede considerar que, según el artículo 9, apartado 2, letra e), de la Sexta Directiva, el lugar de la
         prestación se fija, en principio, en el domicilio social de dicho destinatario, y no procede tener en cuenta que este destinatario
         no es necesariamente el anunciante final.
      
       Sobre la determinación del lugar de las prestaciones de publicidad con arreglo al artículo 9, apartado 3, letra b), de la
            Sexta Directiva
      28      Como excepción a la regla contemplada en el apartado anterior de la presente sentencia, el artículo 9, apartado 3, letra b),
         de la Sexta Directiva, para evitar los casos de no imposición respecto de las prestaciones de servicios contempladas en el
         artículo 9, apartado 2, letra e), de dicha Directiva, permite que un Estado miembro considere situado en el interior del país
         el lugar de prestaciones de servicios que, conforme a este artículo, está situado fuera de la Comunidad, cuando la utilización
         y la explotación efectivas se lleven a cabo en el interior del país.
      
      29      Procede puntualizar que, en materia de prestaciones de publicidad, el país en que se llevan a cabo la utilización y la explotación
         efectivas, en el sentido del artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, se considera aquel desde el que se difunden
         los mensajes publicitarios.
      
      30      En efecto, es cierto que los medios de comunicación italianos tienen difusión, sobre todo, en Italia, sin perjuicio de que
         los destinatarios de dichas prestaciones pueden estar en cualquier lugar del mundo.
      
      31      Por tanto, en las circunstancias del asunto principal, la utilización y la explotación efectiva de los mensajes publicitarios
         debe considerarse efectuada en Italia.
      
      32      De ello se deduce que, en caso de hacer uso de la facultad establecida por esta disposición y en una situación como la controvertida
         en el asunto principal, el apartado 2, en relación con el apartado 3 del artículo 9 de la Sexta Directiva legitima a las autoridades
         tributarias del Estado miembro de que se trata para considerar realizados en el territorio del Estado y, como tales, sujetos
         a gravamen, los servicios de publicidad prestados por el proveedor al destinatario, final o intermedio, pero no para considerar
         sujetos a gravamen los prestados por el destinatario intermedio, establecido fuera de la Comunidad, a sus propios clientes.
      
      33      La excepción prevista en el artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva no puede aplicarse a una prestación de
         servicios que es ajena a la Comunidad según los criterios establecidos en el artículo 9, apartado 1, de la Sexta Directiva
         (domicilio social en un tercer Estado y falta de establecimiento permanente en un Estado miembro) y que no está contemplada
         en el apartado 2, letra e), de este mismo artículo.
      
       Sobre la incidencia del concepto de representante fiscal en la determinación del lugar de las prestaciones de publicidad
      34      Procede señalar que la designación de un representante fiscal, tal como se menciona, en particular, en el artículo 2, apartado
         3, de la Decimotercera Directiva y en el artículo 17 del Decreto del IVA, en sí misma, carece de incidencia sobre el carácter
         imponible o no de las prestaciones recibidas o efectuadas por la persona representada, ya que el único objeto del mecanismo
         de la representación es permitir que el fisco tenga un interlocutor nacional cuando el sujeto pasivo está establecido en el
         extranjero.
      
      35      Sin embargo, la situación es otra cuando el representante fiscal desempeña un papel económico en las prestaciones de que se
         trata, en cuyo caso las operaciones que efectúa están sujetas a gravamen por este papel, y no por su condición de representante
         fiscal.
      
      36      Sin embargo, tanto de los autos como de las declaraciones del Gobierno italiano en la vista se desprende que Athesia Druck
         no desempeñó ningún papel económico en las prestaciones controvertidas en el procedimiento principal y, consiguientemente,
         no puede ser considerada intermediario en el sentido del artículo 6, apartado 4, de la Sexta Directiva.
      
       Sobre la incidencia de la determinación del lugar de las prestaciones de publicidad en el derecho a la devolución del IVA
      37      Es importante precisar que el carácter imponible de la prestación en el sentido del artículo 9, apartado 3, letra b), de la
         Sexta Directiva no se opone al derecho del sujeto pasivo a la devolución del IVA cuando cumple los requisitos establecidos
         en el artículo 2 de la Decimotercera Directiva.
      
      38      Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a la cuestión prejudicial planteada lo siguiente:
      
      –        En materia de prestaciones de publicidad, cuando el destinatario de la prestación está establecido fuera del territorio de
         la Comunidad, el lugar de la prestación se fija, en principio, conforme al artículo 9, apartado 2, letra e), de la Sexta Directiva,
         en el domicilio del destinatario. Sin embargo, los Estados miembros pueden hacer uso de la facultad prevista en el artículo
         9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva y, como excepción a dicho principio, fijar el lugar de la prestación de servicios
         de que se trata en el interior del Estado miembro.
      
      –        Si se recurre a la facultad prevista en el artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, una prestación de publicidad
         realizada por un proveedor establecido en la Comunidad en favor de un destinatario, final o intermedio, situado en un tercer
         Estado, se considera efectuada en la Comunidad, siempre y cuando la utilización y la explotación efectivas, en el sentido
         del artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, se lleven a cabo en el interior del Estado miembro de que se
         trata; esto sucede, en materia de prestaciones de publicidad, cuando los mensajes publicitarios objeto de la prestación se
         difunden desde el Estado miembro de que se trata.
      
      –        El artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva no permite gravar prestaciones de publicidad realizadas por un
         proveedor de servicios establecido fuera de la Comunidad para sus propios clientes, aun cuando este proveedor de servicios
         tenga la condición de destinatario intermedio como consecuencia de una prestación de servicios anterior, ya que tal prestación
         no entra en el ámbito del artículo 9, apartado 2, letra e), de dicha Directiva ni, más en general, de su artículo 9 globalmente
         considerado, a los que remite expresamente el artículo 9, apartado 3, letra b), de esta misma Directiva.
      
      –        El carácter imponible de la prestación en el sentido del artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva no se opone
         al derecho del sujeto pasivo a la devolución del IVA cuando cumple los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Decimotercera
         Directiva.
      
      –        La designación de un representante fiscal, en sí misma, carece de incidencia sobre el carácter imponible o no de las prestaciones
         recibidas o realizadas por la persona representada.
      
       Costas
      39      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      En materia de prestaciones de publicidad, cuando el destinatario de la prestación está establecido fuera del territorio de
            la Comunidad Europea, el lugar de la prestación se fija, en principio, en el domicilio del destinatario, conforme al artículo
            9, apartado 2, letra e), de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización
            de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Sistema común del impuesto
            sobre el valor añadido: base imponible uniforme, en su versión modificada por la Décima Directiva 84/386/CEE del Consejo,
            de 31 de julio de 1984. Sin embargo, los Estados miembros pueden hacer uso de la facultad prevista en el artículo 9, apartado 3,
            letra b), de la Sexta Directiva, en su versión modificada y, como excepción a dicho principio, fijar el lugar de la prestación
            de servicios de que se trate en el interior del Estado miembro.
      Si se recurre a la facultad prevista en el artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, en su versión modificada,
            una prestación de publicidad realizada por un proveedor establecido en la Comunidad Europea en favor de un destinatario, final
            o intermedio, situado en un tercer Estado, se considera efectuada en la Comunidad Europea, siempre y cuando la utilización
            y la explotación efectivas, en el sentido del artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, en su versión modificada,
            se lleven a cabo en el interior del Estado miembro de que se trata. Esto sucede, en materia de prestaciones de publicidad,
            cuando los mensajes publicitarios objeto de la prestación se difunden desde el Estado miembro de que se trata.
      El artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva no permite gravar prestaciones de publicidad realizadas por un
            proveedor de servicios establecido fuera de la Comunidad Europea para sus propios clientes, aun cuando este proveedor de servicios
            tenga la condición de destinatario intermedio como consecuencia de una prestación de servicios anterior, ya que tal prestación
            no entra en el ámbito del artículo 9, apartado 2, letra e), de dicha Directiva ni, más en general, de su artículo 9 globalmente
            considerado, a los que remite expresamente el artículo 9, apartado 3, letra b), de esta misma Directiva.
      El carácter imponible de la prestación en el sentido del artículo 9, apartado 3, letra b), de la Sexta Directiva, en su versión
            modificada, no se opone al derecho del sujeto pasivo a la devolución del IVA cuando cumple los requisitos establecidos en
            el artículo 2 de la Directiva 86/560/CEE del Consejo, de 17 de noviembre de 1986, Decimotercera Directiva en materia de armonización
            de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios – Modalidades de devolución
            del impuesto sobre el valor añadido a los sujetos pasivos no establecidos en el territorio de la Comunidad.
      La designación de un representante fiscal, en sí misma, carece de incidencia sobre el carácter imponible o no de las prestaciones
            recibidas o realizadas por la persona representada.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: italiano.