CELEX: 62005CC0316
Language: es
Date: 2006-07-13
Title: Conclusiones del Abogado General Sharpston presentadas el 13 de julio de 2006. # Nokia Corp. contra Joacim Wärdell. # Petición de decisión prejudicial: Högsta domstolen - Suecia. # Marca comunitaria - Artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 - Actos de violación o de intento de violación - Obligación de un tribunal de marcas comunitarias de dictar providencia para prohibir a un tercero que continúe tales actos - Concepto de "razones especiales" para no pronunciar tal prohibición - Obligación de un tribunal de marcas comunitarias de adoptar medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de dicha prohibición - Normativa nacional que establece una prohibición general de actos de violación o de intento de violación acompañada de sanciones penales. # Asunto C-316/05.

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
      SRA. ELEANOR SHARPSTON
      presentadas el 13 de julio de 2006 1(1)
      
      Asunto C‑316/05
      Nokia Corp.
      contra
      Joacim Wärdell
      1.     La presente petición de decisión prejudicial planteada por el Högsta Domstolen (Tribunal Supremo) de Suecia se refiere a la
         interpretación del artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 (2) (en lo sucesivo, «Reglamento»).
      
       El Reglamento
      2.     El artículo 1 del Reglamento dispone:
      «1.   Las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones y según las disposiciones establecidas en el presente
         Reglamento se denominarán marcas comunitarias.
      
      2.     La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Salvo disposición contraria del presente Reglamento, producirá los mismos efectos
         en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de
         nulidad, y prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.»
      
      3.     El artículo 9 del Reglamento dispone, por cuanto aquí interesa:
      «1.   La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular [estará] habilitado para prohibir a cualquier
         tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:
      
      a)      de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca
         esté registrada […]
      
      […]
      2.     Cuando se reúnan las condiciones enunciadas en el apartado 1, podrá prohibirse en particular:
      a)      poner el signo en los productos […]»
      4.     El artículo 91, apartado 1, del Reglamento exige a los Estados miembros que designen en sus territorios un número limitado
         de «tribunales de marcas comunitarias» de primera y de segunda instancia. El artículo 92 dispone que dichos tribunales de
         marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva para cualquier acción por violación de una marca comunitaria.
      
      5.     El artículo 98, apartado 1, del Reglamento dispone:
      «No habiendo razones especiales que lo desaconsejen, el tribunal de marcas comunitarias que compruebe que el demandado ha
         violado o intentado violar una marca comunitaria dictará providencia para prohibirle que continúe sus actos de violación,
         o de intento de violación. Asimismo, con arreglo a la ley nacional, adoptará las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento
         de esta prohibición.»
      
       El Acuerdo ADPIC
      6.     El artículo 41, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
         (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC») (3) dispone:
      
      «Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos
         de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier
         acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos
         ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. […]»
      
      7.     El artículo 44, apartado 1, del Acuerdo ADPIC dispone:
      «Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte que desista de una infracción, entre otras cosas para
         impedir que los productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual entren en los circuitos comerciales
         de su jurisdicción, inmediatamente después del despacho de aduana de los mismos. Los Miembros no tienen la obligación de conceder
         esa facultad en relación con una materia protegida que haya sido adquirida o pedida por una persona antes de saber o tener
         motivos razonables para saber que operar con esa materia comportaría infracción de un derecho de propiedad intelectual.»
      
      8.     El artículo 61 del Acuerdo ADPIC dispone:
      «Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de
         fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán
         la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel
         de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará
         también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios
         utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones
         penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala
         comercial.»
      
      9.     De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que, cuando han de aplicar sus normas nacionales para ordenar medidas
         con objeto de proteger los derechos comprendidos en un ámbito en el que es aplicable el Acuerdo ADPIC y en el que la Comunidad
         ya ha legislado, como es el caso de las marcas, los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Derecho comunitario,
         están obligados a aplicarlas, en la medida de lo posible, a la luz del tenor y de la finalidad de las disposiciones pertinentes
         del Acuerdo ADPIC. (4)
      
       Derecho nacional pertinente
      10.   El artículo 37 de la Ley de marcas sueca (5) dispone que la violación de un derecho de marca mediando dolo o negligencia grave es sancionable con multa o pena privativa
         de libertad.
      
      11.   El artículo 37 a de dicha Ley prevé que el órgano jurisdiccional podrá, a petición del titular de la marca, prohibir al infractor,
         bajo pena de multa, que prosiga la violación.
      
       Procedimiento principal y cuestiones planteadas
      12.   Nokia Corporation (en lo sucesivo, «Nokia») demandó al Sr. Wärdell ante el Stockholms tingsrätt (tribunal de distrito de Estocolmo)
         alegando la violación de su marca comunitaria NOKIA. Nokia afirmó que el Sr. Wärdell había importado en Suecia adhesivos para
         teléfonos móviles en los que figuraba la marca NOKIA. (6)
      
      13.   El Stockholms tingsrätt declaró que el Sr. Wärdell había organizado la importación de los adhesivos a Suecia y que sus actividades
         con dichos adhesivos constituían una violación del derecho de marca en sentido objetivo. Ese órgano jurisdiccional consideró
         que existía un riesgo de que el Sr. Wärdell pudiera infringir de nuevo el derecho de marca. Por tanto, prohibió que continuase
         la infracción bajo pena de multa.
      
      14.   El Sr. Wärdell recurrió dicha sentencia ante el Svea hovrätt (Tribunal de Apelación de Svea). Alegó, entre otras cosas, que
         no existía ningún motivo para temer que pudiera repetirse la infracción porque el uso de la marca Nokia no se había producido
         por dolo ni por negligencia.
      
      15.   El Svea hovrätt confirmó las conclusiones del Tingsrätten de que el Sr. Wärdell había violado objetivamente el derecho de
         marca y de que existía cierto riesgo de que pudiera hacerlo de nuevo. No obstante, dado que el Sr. Wärdell no había cometido
         previamente ninguna infracción del derecho de marca y sólo se le podía imputar negligencia, no existía, según el Svea hovrätt,
         ningún motivo para calificar la importación de los adhesivos como un elemento de una infracción continuada de marca. El hecho
         de no poderse excluir totalmente que el Sr. Wärdell pudiera cometer en el futuro nuevas infracciones de los derechos de marca
         de Nokia no podía justificar por sí solo una prohibición bajo pena de multa. En consecuencia, el Svea hovrätt modificó la
         sentencia del Stockholms tingsrätt y desestimó la demanda de Nokia.
      
      16.   Nokia interpuso recurso ante el órgano jurisdiccional remitente. Alegó que el mero hecho de que el Sr. Wärdell infringiese
         objetivamente la marca es suficiente para dictar la prohibición solicitada y sostiene que existe, en cualquier caso, un riesgo
         de que el Sr. Wärdell cometa una nueva infracción.
      
      17.   El órgano jurisdiccional remitente considera que la controversia entre las partes gira en torno a si el artículo 98 del Reglamento
         contiene la obligación, que va más allá del artículo 37 a de la Ley de marcas, de dictar una prohibición y acompañarla de
         una sanción. En consecuencia, ha planteado las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      El elemento “razones especiales” previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo,
         de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe
         que el demandado ha violado una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, no dictar una resolución
         por la que se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de infracción continuada
         no es evidente o sólo tiene, por algún otro motivo, un carácter limitado?
      
      2)      El elemento “razones especiales” previsto en el artículo 98, apartado 1, primera frase, del Reglamento sobre la marca comunitaria,
         ¿debe interpretarse en el sentido de que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria puede,
         aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera cuestión, no dictar tal
         resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la infracción continuada está
         comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción penal
         al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?
      
      3)      Si se responde de modo negativo a la segunda cuestión, ¿deben adoptarse en tal caso medidas especiales, como por ejemplo unir
         a la prohibición la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque esté claro que la infracción continuada
         está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida por ley, y además puede imponerse una sanción
         penal al demandado en caso de que se produzca una infracción continuada con dolo o negligencia grave?
      
      4)      Si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, ¿esto también es aplicable cuando se considere que, si se tratara
         de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplen los requisitos para adoptar tal medida especial?»
      
      18.   Han presentado observaciones escritas Nokia, el Sr. Wärdell, el Gobierno francés y la Comisión. No se solicitó la celebración
         de una vista, por lo que ésta no tuvo lugar.
      
       Primera cuestión prejudicial
      19.   Mediante su primera cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el requisito relativo a las razones especiales,
         previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento significa que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado
         una marca comunitaria puede, con independencia de las demás circunstancias, abstenerse de dictar una resolución por la que
         se le prohíba seguir vulnerando el derecho de marca, cuando dicho tribunal estime que el riesgo de nuevas infracciones no
         es evidente o es, por algún motivo, limitado.
      
      20.   Nokia, el Gobierno francés y la Comisión consideran que la cuestión debe responderse negativamente. Estoy de acuerdo con ellos.
      21.   El Sr. Wärdell opina lo contrario. Alega que tanto el tenor literal como la sistemática del Reglamento respaldan una respuesta
         afirmativa a la primera cuestión. Añade que el objetivo del Reglamento es promover la libre circulación de mercancías. En
         consecuencia, las transacciones comerciales no deben restringirse innecesariamente.
      
      22.   A mi entender, el tenor literal y la sistemática del Reglamento respaldan, en cambio, una respuesta negativa.
      23.   En primer lugar, el artículo 98, apartado 1, del Reglamento está redactado en términos imperativos. Dispone que cuando el
         demandado ha violado  una marca comunitaria, el tribunal dictará  una providencia de prohibición. Dicha formulación refleja el derecho fundamental del titular de una marca de prohibir la infracción,
         consagrado en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento. Si un tribunal comprueba que el demandado ha violado una marca comunitaria,
         debe, por tanto, como norma general, prohibir que la infracción continúe. De ello se desprende que sólo como excepción a dicha
         norma general un tribunal puede, cuando existen «razones especiales», no dictar una resolución prohibitoria. El concepto de
         «razones especiales» debe interpretarse, pues, en sentido estricto.
      
      24.   En segundo lugar, la exposición de motivos del Reglamento dispone que «es indispensable que las resoluciones sobre validez
         y violación de marcas comunitarias produzcan efecto y se extiendan al conjunto de la Comunidad, único medio de evitar resoluciones
         contradictorias de los tribunales y de la Oficina y perjuicios al carácter unitario de las marcas comunitarias». (7) Al igual que Nokia, el Gobierno francés y la Comisión alegan que una interpretación uniforme del artículo 98, apartado 1,
         es el único modo de conseguir tales objetivos. Una apreciación del riesgo de que la infracción continúe, como ha sugerido
         el Högsta domstolen, dará lugar necesariamente a resultados diferentes en distintos Estados miembros. Puesto que es un principio
         fundamental que una marca comunitaria debe gozar de la misma protección en toda la Comunidad, la mera apreciación del riesgo
         no puede constituir nunca una «razón especial» que faculte a un tribunal nacional para no ordenar la prohibición. Además,
         existen obvias dificultades prácticas para probar el riesgo de actos futuros. Si la probabilidad de una nueva infracción fuera
         una condición suspensiva para ordenar la prohibición, ello colocaría a los titulares de marcas en una situación de desventaja
         y riesgo que menoscabaría su derecho exclusivo sobre su marca comunitaria.
      
      25.   Es posible que, en supuestos excepcionales, la gravedad del riesgo de nueva infracción sea una entre una serie de circunstancias
         que, consideradas en su conjunto, pueden, en efecto, constituir «razones especiales» en el sentido del artículo 98, apartado
         1. Sin embargo, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional se refiere expresamente al riesgo de infracción
         continuada por sí solo, «con independencia de las demás circunstancias». (8)
      
      26.   Naturalmente, es cierto que, como el Sr. Wärdell alega, uno de los objetivos principales del Reglamento es promover la libre
         circulación de mercancías. (9) Sin embargo, difícilmente puede entenderse cómo resultaría perjudicada la libre circulación de mercancías por una protección
         fuerte y uniforme de las marcas comunitarias contra su vulneración. (10) Por el contrario, dicha protección exige que la infracción se prohíba como norma general. Además, el Reglamento vincula expresamente
         el objetivo de promover la libre circulación de mercancías con la creación de «marcas comunitarias que gocen de una protección
         uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad». (11)
      
      27.   Por último, debe tenerse también presente que cuando, como en el presente asunto, la supuesta infracción consiste en colocar
         un signo que es idéntico a la marca comunitaria a bienes que son idénticos a aquellos respecto de los que ésta está registrada,
         la protección de la marca comunitaria es absoluta. (12) En tales circunstancias, en principio, no procede en absoluto aplicar la excepción. A lo sumo, cabría aplicarla quizás cuando
         resulta materialmente imposible para el demandado repetir la infracción, por ejemplo (utilizando los ejemplos proporcionados
         por Nokia) si el demandado es una sociedad que ha sido disuelta o si la marca de que se trata ha expirado.
      
      28.   En consecuencia, considero que el requisito relativo a las «razones especiales» a que se refiere el artículo 98, apartado
         1, del Reglamento no se cumple si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado un derecho de marca comunitaria no
         dicta una resolución específica por la que se le prohíba seguir vulnerando dicho derecho basándose exclusivamente en que el
         riesgo de que prosiga la infracción no es evidente o es, por algún otro motivo, limitado.
      
       Segunda cuestión prejudicial
      29.   Mediante su segunda cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el requisito relativo a las «razones especiales»
         previsto en el artículo 98, apartado 1, del Reglamento significa que un tribunal que compruebe que el demandado ha violado
         una marca comunitaria puede, aunque no concurra un motivo para no adoptar la resolución prohibitoria a que se refiere la primera
         cuestión, no dictar tal resolución prohibitoria por considerar que está claro que, con arreglo al Derecho nacional, la continuación
         de la infracción está comprendida en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y además
         puede imponerse una sanción penal al demandado en caso de que se produzca una nueva infracción con dolo o negligencia grave.
      
      30.   Nokia, el Gobierno francés y la Comisión sostienen que dicha cuestión debe responderse negativamente. El Sr. Wärdell afirma
         lo contrario, pese a que no formula observaciones y se limita a remitirse a lo alegado en relación con la primera cuestión
         prejudicial.
      
      31.   De nuevo, comparto la primera opinión.
      32.   Como señala acertadamente el Gobierno francés, una disposición general de la legislación nacional no puede, por definición,
         constituir una razón «especial». En sentido literal, dicha expresión implica que la razón debe ser especial para un supuesto
         concreto, lo que a su vez sugiere que debe referirse normalmente a hechos y no a leyes. En cualquier caso, los artículos 44,
         apartado 1, y 61 del Acuerdo ADPIC exigen a los Estados miembros que establezcan sanciones civiles y penales, incluida la
         prohibición, por la violación de derechos de propiedad intelectual. La existencia de sanciones de Derecho nacional no puede,
         por tanto, constituir una razón especial para no ordenar la prohibición con arreglo al artículo 98, apartado 1. Negarse a
         ordenar la prohibición con arreglo al artículo 98, apartado 1, basándose en que la ley nacional prevé una sanción daría lugar
         a que la aplicación de las normas de Derecho comunitario dependiera del Derecho nacional. Ello, a su vez, iría en contra tanto
         de la primacía del Derecho comunitario como del carácter unitario del Reglamento. Además, en la práctica, vaciaría por completo
         de contenido el artículo 98, apartado 1.
      
      33.   Por otra parte, una medida que prohíbe una violación, como la exigida en el artículo 98, apartado 1, puede, en determinadas
         circunstancias, ser más efectiva para el titular de la marca que una prohibición general de violación, incluso cuando ésta
         está sujeta a una sanción. El Gobierno francés aduce a modo de ejemplo que, con arreglo al Derecho francés, una resolución
         específica que prohíbe una violación faculta al titular de la marca a solicitar a las autoridades aduaneras y a la policía
         que impidan la comisión de los actos prohibidos sin necesidad de interponer un nuevo procedimiento (que lleva tiempo y cuesta
         dinero) respecto de la nueva violación.
      
      34.   En este contexto, cabe señalar que, según Nokia, la sanción prevista en el artículo 37 a de la Ley de marcas sueca no es una
         consecuencia necesaria de la violación. Antes bien, exige que el titular de la marca lo solicite específicamente y pruebe
         que la violación es deliberada o consecuencia de negligencia grave. Si ello es efectivamente así, resulta evidente que la
         protección dispensada por dicha legislación no es comparable a la protección prevista en el artículo 98, apartado 1, que,
         repito, exige expresamente que la respuesta judicial normal a la comprobación de una violación sea una providencia por la
         que se prohíba seguir vulnerando el derecho de marca.
      
      35.   Por consiguiente, considero que no se cumple el requisito relativo a las razones especiales previsto en el artículo 98, apartado
         1, del Reglamento si un tribunal que compruebe que el demandado ha violado una marca comunitaria no dicta una prohibición
         de continuar la infracción basándose exclusivamente en que la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición
         general de cometer infracciones establecida en la ley nacional y en que puede imponerse una sanción penal al demandado en
         el caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave.
      
       Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
      36.   Procede examinar estas cuestiones conjuntamente.
      37.   Mediante su tercera cuestión, que se plantea únicamente si la segunda cuestión se responde, como propongo, negativamente,
         el órgano jurisdiccional remitente pregunta si deben adoptarse medidas específicas, como por ejemplo unir a la prohibición
         la amenaza de multa, para garantizar que se cumpla la prohibición, aunque i) la continuación de la infracción esté comprendida
         en la prohibición general de cometer infracciones establecida en la ley nacional, y ii) pueda imponerse una sanción penal
         al demandado en caso de que siga cometiendo la infracción mediando dolo o negligencia grave.
      
      38.   Mediante su cuarta cuestión, que plantea si se responde de modo afirmativo a la tercera cuestión, el órgano jurisdiccional
         remitente pregunta si así sucede también aun cuando, de tratarse de una infracción similar de un derecho de marca nacional,
         no se considerarían satisfechos los requisitos para adoptar tal medida específica.
      
      39.   Nokia, el Gobierno francés y la Comisión alegan que las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta deben responderse afirmativamente.
         Estoy de acuerdo.
      
      40.   El Sr. Wärdell opina lo contrario. Hace referencia al artículo 14, apartado 1, del Reglamento, que dispone que «las infracciones
         contra las marcas comunitarias se regirán por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales», y alega que
         si la legislación nacional establece una prohibición general de infracción que puede llevar aparejada una sanción penal, existen
         medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de la prohibición de continuar la infracción.
      
      41.   Sin embargo, el artículo 14, apartado 1, concluye con la frase «con arreglo a las disposiciones del título X». El título X
         incluye el artículo 98, apartado 1. Como ya he señalado, dicha disposición es imperativa. Exige a un tribunal que ha comprobado
         una violación de una marca comunitaria no sólo que dicte providencia para prohibir al demandado que continúe la violación,
         sino también «con arreglo a la ley nacional, [que adopte] las medidas idóneas para garantizar el cumplimiento de esta prohibición».
         Esta formulación exige claramente que la ley nacional establezca medidas específicas para respaldar dicha prohibición y, en
         consecuencia, garantizar que ésta se cumpla. (13) Por consiguiente, una prohibición legal general de infracción con arreglo a la ley nacional no sería, a mi juicio, suficiente.
         Asimismo, una sanción que sólo puede aplicarse i) a discreción del órgano jurisdiccional nacional; ii) a instancias del titular
         de la marca, y iii) a un demandado que continúe cometiendo la infracción con dolo o negligencia grave, es insuficiente para
         satisfacer tal requisito.
      
      42.   Pese a que los pormenores de las medidas constituyen una cuestión de Derecho nacional, éstas deben ser no sólo específicas,
         sino también efectivas para lograr el objetivo perseguido. Ello se desprende del principio de que si bien, a falta de normativa
         comunitaria en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro configurar la regulación procesal
         de los recursos judiciales destinados a garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho comunitario confiere a los
         justiciables, dicha regulación procesal no puede ser menos favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza
         interna (principio de equivalencia), ni hacer prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos
         conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad). (14) Ciertamente no es probable que una prohibición que no sea disuasoria cumpla este último principio. Sin embargo, a mi juicio,
         ello no exige necesariamente que la prohibición de cometer la infracción deba combinarse directamente con alguna otra sanción.
         En cambio, las consecuencias de incumplir la prohibición deben estar claramente establecidas, ya sea de manera específica
         por el órgano jurisdiccional nacional de que se trate o con carácter general por la ley nacional.
      
      43.   En lo que respecta a la cuarta cuestión, en mi opinión, no afecta al análisis anterior el hecho de que, en un supuesto determinado,
         se considere que, si se tratara de una infracción similar de un derecho de marca nacional, no se cumplirían los requisitos
         para adoptar una medida específica como la prevista en el artículo 98, apartado 1. Éste impone una exigencia concreta, cuyos
         pormenores deben ser desarrollados por la ley nacional, que se aplica cuando se ha producido una infracción de una marca comunitaria.
         El principio de equivalencia no exige que cuando el Derecho comunitario confiera un alto nivel de protección a un derecho
         dimanante del Derecho comunitario, los derechos equivalentes que tengan su origen en el Derecho nacional (incluso el Derecho
         nacional armonizado) disfruten necesariamente del mismo nivel de protección.
      
       Conclusión
      44.   Por los motivos expuestos, considero que las cuestiones planteadas por el Högsta Domstolen (Tribunal Supremo) de Suecia, deben
         responderse del siguiente modo:
      
      «Cuestiones prejudiciales primera y segunda
      –       El requisito relativo a las «razones especiales» a que se refiere el artículo 98, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94
         del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria no se cumple si un tribunal que compruebe que el demandado
         ha violado un derecho de marca comunitaria no dicta una resolución específica por la que se le prohíba seguir vulnerando dicho
         derecho 1) basándose exclusivamente en que el riesgo de que prosiga la infracción no es evidente o es, por algún otro motivo,
         limitado, o 2) basándose exclusivamente en que la continuación de la infracción está comprendida en la prohibición general
         de cometer infracciones establecida en la ley nacional y en que puede imponerse una sanción penal al demandado en el caso
         de que se siga cometiendo la infracción con dolo o negligencia grave.
      
      Cuestiones prejudiciales tercera y cuarta
      –       Corresponde al Derecho nacional determinar los pormenores de las medidas específicas que el artículo 98, apartado 1, del Reglamento
         nº 40/94 exige adoptar a un tribunal que prohíbe a un demandado seguir vulnerando una marca comunitaria para garantizar que
         se cumple dicha prohibición. Tales medidas deben ser efectivas. La exigencia contenida en el artículo 98, apartado 1, no se
         satisface por el mero hecho de que i) la continuación de la infracción esté comprendida en la prohibición general de cometer
         infracciones establecida en la ley nacional, y ii) pueda imponerse una sanción penal al demandado en el caso de que siga cometiendo
         la infracción mediando dolo o negligencia grave. Deben adoptarse medidas específicas para garantizar que se cumple la prohibición,
         aun cuando, en el caso de una infracción similar de un derecho de marca nacional, se considere que no se cumplen los requisitos
         para adoptar tal medida específica.»
      
      1 –	Lengua original: inglés.
      
      2 –	Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
      
      3 –	Anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio; aprobado en nombre de la Comunidad, por
         lo que respecta a los temas de su competencia, por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336,
         p. 1). El Acuerdo ADPIC se encuentra en el DO 1994, L 336, p. 213.
      
      4 –	Sentencia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch (C‑245/02, Rec. p. I‑10989), apartado 55. El artículo 11 de la Directiva
         2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad
         intelectual (DO L 157, p. 45) exige ahora a los Estados miembros que «[garanticen] que, cuando se haya adoptado una decisión
         judicial al constatar una infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan dictar contra
         el infractor un mandamiento judicial destinado a impedir la continuación de dicha infracción». Los Derechos internos debían
         adaptarse a la Directiva 2004/48 a más tardar el 29 de abril de 2006.
      
      5 –	Varumärkeslagen (1960: 644).
      
      6 –	Este apartado y los siguientes están tomados de la resolución de remisión, que no ofrece más datos pertinentes sobre los
         hechos.
      
      7 –	Decimoquinto considerando.
      
      8 –	Del mismo modo, puesto que el órgano jurisdiccional nacional no solicita ejemplos de lo que pueden constituir «razones
         especiales», y dado que no se ha profundizado en dicha cuestión en las alegaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia,
         no considero que, en el presente asunto, el primero en el que se ha solicitado al Tribunal de Justicia una interpretación
         del artículo 98, apartado 1, proceda dar tales ejemplos.
      
      9 –	Primer considerando de la exposición de motivos.
      
      10 –	Véase el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2004/48, citada en la nota 4 supra,  que dispone que las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad
         intelectual objeto de la Directiva «serán asimismo efectivos, proporcionados y disuasorios, y se aplicarán de tal modo que
         se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo  y se ofrezcan salvaguardias contra su abuso» (el subrayado es mío). La segunda frase del artículo 41, apartado 1, del Acuerdo
         ADPIC tiene un tenor similar.
      
      11 –	Segundo considerando de la exposición de motivos.
      
      12 –	Séptimo considerando de la exposición de motivos y artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento.
      
      13 –	La versión francesa es todavía más clara: «Il prend également, conformément à la loi nationale, les mesures propres à garantir
         le respect de cette interdiction».
      
      14 –	Véase, por ejemplo, la sentencia de 6 de diciembre de 2001, Clean Car Autoservice (II) (C‑472/99, Rec. p. I‑9687), apartado 28.