CELEX: 62011FJ0127
Language: es
Date: 2014-02-12 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Pleno) de 12 de febrero de 2014. # Gonzalo De Mendoza Asensi contra Comisión Europea. # Asunto F-127/11.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LA UNIÓN EUROPEA (Pleno)
      
      de 12 de febrero de 2014 (*)
      
      «Función pública — Oposición general — Convocatoria de oposición EPSO/AD/177/10 — No inclusión en la lista de reserva — Motivación de la decisión del tribunal calificador — Comunicación de los temas de una prueba — Estabilidad del tribunal calificador»
      En el asunto F‑127/11,
      que tiene por objeto un recurso interpuesto con arreglo al artículo 270 TFUE, aplicable al Tratado CEEA en virtud de su artículo
         106 bis, 
      
      Gonzalo de Mendoza Asensi, agente temporal del Parlamento Europeo, con domicilio en Strassen (Luxemburgo), representado por los Sres. P. Nelissen Grade
         y G. Leblanc, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión Europea, representada por el Sr. J. Currall y la Sra. B. Eggers, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pleno),
      integrado por el Sr. S. Van Raepenbusch, Presidente, la Sra. M.I. Rofes i Pujol, Presidenta de Sala, y los Sres. E. Perillo,
         R. Barents y K. Bradley (Ponente), Jueces;
      
      Secretario: Sra. W. Hakenberg;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 26 de junio de 2013;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 29 de noviembre de 2011, el Sr. De Mendoza Asensi interpuso el
         presente recurso, que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la decisión del tribunal calificador de la
         oposición general EPSO/AD/177/10 de no incluir su nombre en la lista de reserva de dicha oposición.
      
       Antecedentes del litigio
      2        El 16 de marzo de 2010, la Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la convocatoria de oposición general EPSO/AD/177/10, para la constitución de una lista de reserva para la contratación de
         administradores de grado AD 5 en los ámbitos de la Administración pública europea, del Derecho, de la Economía, de la auditoría
         y de las tecnologías de la información y la comunicación (DO C 64 A, p. 1; en lo sucesivo, «convocatoria de oposición»).
      
      3        La convocatoria de oposición establecía en su título IV la celebración de test de acceso y en su título V de pruebas realizadas
         en un centro de evaluación.
      
      4        En el apartado 2 del título V de la convocatoria de oposición se indicaba que se evaluarían las competencias específicas de
         los candidatos invitados al centro de evaluación con respecto al ámbito que hubieran elegido y las siguientes competencias
         generales:
      
      «–      análisis y resolución de problemas[;]
      –        comunicación[;] 
      –        calidad y resultados[;] 
      –        aprendizaje y desarrollo[;] 
      –        determinación de prioridades y organización[;] 
      –        perseverancia[;] 
      –        trabajo en equipo[;] 
      –        capacidad de dirección».
      5        Por otro lado, el apartado 2 del título V de la convocatoria de oposición precisaba que dichas competencias se evaluarían
         a través de un estudio de caso en el ámbito elegido, un ejercicio en grupo, una presentación oral y una entrevista estructurada.
      
      6        El apartado 4 del título V de la convocatoria de oposición establecía que las competencias específicas en el ámbito elegido
         se calificarían de 0 a 20 puntos, con un mínimo requerido de 10 puntos. Además, se desprende de los autos que las competencias
         específicas se evaluarían únicamente durante la prueba del estudio de caso. La misma disposición indicaba que las competencias
         generales se calificarían de 0 a 10 puntos cada una, con un mínimo requerido de 3 puntos por cada competencia y de 50 puntos
         sobre 80 para el conjunto de las 8 competencias generales.
      
      7        El demandante presentó su candidatura a la oposición EPSO/AD/177/10 en el ámbito del Derecho (en lo sucesivo, «oposición»).
         Tras haber superado los test de acceso por ordenador, participó en las pruebas que se desarrollaron en el centro de evaluación
         de Bruselas (Bélgica) el 29 de septiembre de 2010.
      
      8        Mediante escrito de 3 de febrero de 2011, dirigido al demandante a través de su cuenta EPSO, la EPSO le informó de que el
         tribunal calificador había considerado que sus resultados no eran suficientes para incluir su nombre en la lista de reserva
         y que, en particular, había obtenido, en el apartado de las competencias específicas, una calificación de 8 puntos sobre 20,
         siendo así que el mínimo requerido era de 10 puntos sobre 20 (en lo sucesivo, «decisión de no inclusión»). Anexa a dicho escrito
         se adjuntaba un documento titulado «pasaporte de competencias», en el que aparecían los resultados del demandante en las pruebas
         relativas a las competencias generales y a las competencias específicas, así como los comentarios del tribunal calificador
         relativos a cada una de las competencias generales evaluadas.
      
      9        Mediante fax de 8 de febrero de 2011, el demandante solicitó la revisión de la decisión de no inclusión y el acceso a «todos
         [sus] ejercicios corregidos, escritos y orales, preguntas y respuestas y [a] la tabla de evaluación aplicada por el tribunal
         calificador para el ejercicio escrito/estudio de caso».
      
      10      Mediante correo electrónico de 10 de febrero de 2011, el demandante recibió copia del ejercicio que realizó en la prueba de
         estudio de caso, sin corregir, y del test de idiomas, acompañado de la ficha de evaluación utilizada en él.
      
      11      Mediante escrito de 4 de abril de 2011, remitido al demandante a través de su cuenta EPSO, la EPSO le informó de que el tribunal
         calificador, tras haber señalado la existencia de algunas incongruencias en la calificación de su estudio de caso, había decidido
         revisar al alza la calificación obtenida en las competencias generales «comunicación» y «determinación de prioridades y organización»
         y la obtenida en las competencias específicas, que pasaba de 8 puntos sobre 20 a 9 sobre 20. En dicho escrito, la EPSO informaba
         al demandante de que, tras estas modificaciones, había obtenido una calificación global de 71,2 puntos sobre 100, lo que seguía
         estando por debajo de la calificación global más baja obtenida por los candidatos incluidos en la lista de reserva, a saber,
         76,1 puntos, y que, en consecuencia, el tribunal calificador confirmaba su decisión de no incluirle en la lista de reserva.
         También se le remitió una versión corregida del documento titulado «pasaporte de competencias».
      
      12      Mediante correo electrónico de 5 de mayo de 2011, el demandante presentó una reclamación sobre la base del artículo 90, apartado
         2, del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Estatuto») contra la decisión del tribunal calificador
         de no incluir su nombre en la lista de reserva. En la misma reclamación solicitaba acceder a «la evaluación del texto del
         estudio de caso, la tabla de evaluación y a las correcciones».
      
      13      Mediante decisión de 29 de agosto de 2011, la EPSO, en su calidad de autoridad facultada para proceder a los nombramientos
         (en lo sucesivo, «AFPN»), desestimó la reclamación (en lo sucesivo, «decisión desestimatoria de la reclamación»).
      
       Pretensiones de las partes y procedimiento
      14      El demandante solicita al Tribunal que:
      
      –        Antes de pronunciarse sobre el recurso, y como diligencia de ordenación del procedimiento, ordene a la Comisión Europea que
         presente los documentos pertinentes que le permitan observar la existencia de un error manifiesto de apreciación de hecho
         y/o de Derecho en el marco de la evaluación de sus capacidades y, especialmente, que presente copia del estudio de caso que
         realizó en la prueba escrita en el centro de evaluación, con sus respuestas corregidas.
      
      –        Anule la decisión de no inclusión.
      –        Anule la decisión del tribunal calificador, notificada mediante escrito de 4 de abril de 2011, confirmando la decisión de
         no inclusión.
      
      –        Anule la decisión desestimatoria de la reclamación.
      –        Condene en costas a la parte demandada.
      15      En su escrito de contestación la Comisión solicita al Tribunal que:
      
      –        Desestime el recurso.
      –        Condene en costas al demandante.
      16      Mediante escrito de 29 de junio de 2012, el Tribunal solicitó a las partes, como diligencia de ordenación del procedimiento,
         que contestaran a algunas cuestiones y presentaran determinados documentos. En particular, instó a la Comisión a que le remitiera
         la variante del tema utilizada en el estudio de caso del demandante y al menos otras dos variantes utilizadas en la oposición.
      
      17      El demandante dio cumplimiento a las diligencias de ordenación del procedimiento adoptadas por el Tribunal en los plazos impartidos.
         En cambio, en su respuesta de 10 de agosto de 2012, la Comisión envió al Tribunal sólo una parte de los documentos solicitados,
         debido a que los textos de las diferentes variantes de los temas de la oposición utilizados presentaban un alto grado de sensibilidad
         y a que era esencial que se garantizara la confidencialidad del método utilizado en el marco de los procedimientos de selección
         de la EPSO para redactar y aplicar las variantes.
      
      18      Mediante auto de 19 de octubre de 2012, adoptado con arreglo al artículo 44, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento,
         el Tribunal instó a la Comisión a presentar la variante del tema utilizado en la prueba de caso de estudio realizada por el
         demandante y otras dos variantes utilizadas en la oposición, a saber, aquella en la que la calificación media obtenida por
         los candidatos era la más alta y aquella en la que la calificación media obtenida por los candidatos era la más baja. Con
         el mismo auto, el Tribunal aplicó a la remisión al demandante de los documentos solicitados un tratamiento confidencial que
         entrañaba varios requisitos, entre los cuales figuraba el compromiso escrito de los representantes del demandante de no divulgar
         a terceros el contenido de los documentos aportados por la Comisión y, en particular, de no transmitir sus observaciones sobre
         los mencionados documentos a su cliente o a terceros.
      
      19      La Comisión remitió al Tribunal los documentos sobre los que versaba el auto de 19 de octubre de 2012 en el plazo establecido.
         Mediante escrito de 20 de noviembre de 2012, los representantes del demandante se comprometieron a no divulgar a su cliente
         ni a terceros los documentos aportados por la Comisión ni sus observaciones sobre dichos documentos.
      
      20      Mediante decisión del Tribunal adoptada en formación plenaria el 31 de enero de 2013, el asunto, atribuido inicialmente a
         la Sala Segunda del Tribunal, se remitió al Pleno.
      
      21      Mediante auto de 5 de febrero de 2013, el Tribunal ordenó a la Comisión que le remitiera «copia de cualquier guía o tabla
         de evaluación empleadas por los miembros del tribunal calificador para evaluar las copias de los candidatos en la prueba del
         estudio de caso de la oposición».
      
      22      Mediante escrito recibido en la Secretaría del Tribunal el 19 de febrero de 2013, la Comisión remitió al Tribunal una guía
         general que contenía las instrucciones para los correctores, una guía detallada que incluía instrucciones en relación con
         la parte esencial del estudio de caso según las diferentes variantes, titulado «manual jurídico», y la descripción del sistema
         de calificación utilizado por el programa informático puesto a disposición de los correctores/miembros del tribunal calificador
         para evaluar las competencias de los candidatos en el estudio de caso. No obstante, en su escrito de remisión la Comisión
         señaló que la guía detallada contenía los criterios de corrección relativos a la prueba del estudio de caso y sostuvo que,
         en consecuencia, este documento estaba cubierto en su integridad por el secreto de las actuaciones del tribunal calificador.
         También afirmó que la descripción del sistema de calificación debía considerarse confidencial y que, por lo tanto, sólo debía
         adjuntarse a los autos una versión no confidencial de ésta.
      
      23      Tras haber examinado los documentos aportados por la Comisión, el Tribunal decidió, por auto de 18 de abril de 2013, añadir
         a los autos la guía general, devolver a la Comisión la guía detallada, debido a que, después de su lectura, no le pareció
         necesaria para pronunciarse sobre el fundamento de los motivos formulados por el demandante en el presente asunto, aceptar
         la solicitud de confidencialidad de la Comisión en lo que atañe al perfil de corrección y aplicar a la remisión al demandante
         de la guía general y de la versión no confidencial la descripción del sistema de calificación un tratamiento confidencial
         sujeto a ciertos requisitos.
      
       Consideraciones previas
      24      Con carácter previo, el Tribunal señala que se desprende de los autos que el 3 de julio de 2008 la EPSO aprobó un informe
         titulado «Programa de desarrollo». Este programa de desarrollo prevé, para todas las oposiciones generales organizadas a partir
         de 2010, el paso de un método de selección basado en la evaluación de los conocimientos de los candidatos a un método de selección
         basado en la evaluación de las competencias de los candidatos (en lo sucesivo, «nuevo método»). En particular, el programa
         de desarrollo señala como elemento principal de la selección del personal de grupo de funciones de Administradores (AD) el
         recurso a centros de evaluación, en los que los candidatos deben realizar varias pruebas, entre ellas un estudio de caso,
         una entrevista estructurada, una presentación oral y un ejercicio en grupo.
      
      25      En lo que atañe a las pruebas orales que se desarrollan en el centro de evaluación, el nuevo método recoge varias medidas
         que tienen por objeto poner remedio a distintos sesgos cognitivos constatados generalmente en los evaluadores y garantizar
         de este modo la congruencia de la calificación.
      
      26      En particular, se desprende de los escritos de la demandada lo siguiente:
      
      –        Durante una misma prueba al menos dos miembros del tribunal calificador observan a los candidatos y, por lo tanto, cada competencia
         general se evalúa en dos ejercicios diferentes por varios miembros del tribunal calificador.
      
      –        Las pruebas están estructuradas de antemano y siguen una metodología preestablecida que utiliza indicadores de comportamientos
         predefinidos para paliar el «efecto halo», sesgo cognitivo que afecta a la percepción que un evaluador puede tener de las
         personas y que es la tendencia que tiene todo evaluador de sobreestimar o subestimar a un candidato sobre la mera base de
         los primeros indicios de percepción.
      
      –        Al menos la mitad de los miembros del tribunal calificador son funcionarios de las instituciones especialmente destinados
         a tal fin en la EPSO, que ejercen sus funciones de miembros de tribunal calificador a tiempo completo y que han cursado con
         aprovechamiento una formación de cinco días sobre las técnicas de evaluación; los otros miembros del tribunal calificador
         reciben igualmente una formación específica.
      
      –        Se aplican a cada candidato los mismos criterios de evaluación y la misma metodología.
      –        El presidente del tribunal calificador está presente durante los primeros minutos de cada prueba para velar por la buena aplicación
         de la metodología.
      
      –        El tribunal calificador en su conjunto aprueba las decisiones finales sobre la base de los resultados de todas las pruebas.
      –        Se realizan estudios y análisis para comprobar la congruencia de la calificación.
      27      La oposición EPSO/AD/177/10 se organizó sobre la base del nuevo método.
      
       Fundamentos jurídicos
      1.      Sobre el objeto del recurso
      28      Mediante sus pretensiones segunda y tercera, el demandante solicita la anulación de la decisión de no inclusión y la anulación
         de la decisión del tribunal calificador que le fue notificada mediante escrito de 4 de abril de 2011, adoptada tras su revisión,
         que confirma la decisión de no inclusión.
      
      29      Sin embargo, según la jurisprudencia, cuando un candidato a una oposición solicita la revisión de una decisión adoptada por
         el tribunal calificador, la decisión que éste adopte tras reconsiderar la situación del candidato constituirá el acto que
         le es lesivo (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2006, Heus/Comisión, T‑173/05, apartado 19).
         De ello se deduce que la decisión del tribunal calificador, notificada al demandante mediante escrito de 4 de abril de 2011,
         sustituye a la decisión de no inclusión; en consecuencia, sólo deben examinarse las pretensiones de anulación dirigidas contra
         la decisión notificada al demandante por escrito de 4 de abril de 2011.
      
      30      En relación con la cuarta pretensión, relativa a la anulación de la decisión desestimatoria de la reclamación, debe recordarse
         que un recurso interpuesto formalmente contra la desestimación de una reclamación tiene por efecto que el Tribunal conozca
         del acto contra el que se presentó la reclamación cuando la desestimación de la reclamación carece, en tanto que tal, de contenido
         autónomo (sentencia del Tribunal de 15 de septiembre de 2011, Munch/OAMI, F‑6/10, apartado 24, y la jurisprudencia citada).
      
      31      En el caso de autos, la decisión desestimatoria de la reclamación carece de contenido autónomo, porque se limita a confirmar
         la decisión de no inclusión, que sustituye a la decisión del tribunal calificador notificada al demandante mediante escrito
         de 4 de abril de 2011 sin llevar a cabo un nuevo examen de la situación del demandante a la luz de alegaciones o hechos nuevos,
         de modo que no procede pronunciarse de manera autónoma sobre las pretensiones que tienen por objeto su anulación.
      
      32      De todo lo anterior se desprende que únicamente ha lugar a pronunciarse sobre la solicitud de diligencias de ordenación del
         procedimiento y sobre las pretensiones que tienen por objeto la anulación de la decisión del tribunal calificador, notificada
         al demandante por escrito de 4 de abril de 2011, que confirma la decisión de no inclusión (en lo sucesivo, «decisión impugnada»).
      
      2.      Sobre solicitud de diligencias de ordenación del procedimiento
      33      En su demanda, el demandante solicita al Tribunal que, antes de pronunciarse sobre el recurso, y como diligencia de ordenación
         del procedimiento, ordene a la parte demandada que presente todos los documentos pertinentes que le permitan observar la existencia
         de un error manifiesto de apreciación de hecho y/o de Derecho en el marco de la evaluación de sus capacidades y, especialmente,
         que presente copia del estudio de caso que realizó en la prueba escrita en el centro de evaluación, con sus respuestas corregidas.
      
      34      No obstante, habida cuenta de los documentos anexos por las partes a sus escritos y de los documentos presentados en el marco
         de las diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal se considera suficientemente informado para resolver el recurso
         y declara que no procede estimar la pretensión de que se adopten diligencias de ordenación del procedimiento distintas de
         las ya adoptadas.
      
      3.      Sobre las pretensiones de anulación
      35      En apoyo de sus pretensiones de anulación, el demandante formula tres motivos, basados, respectivamente:
      
      –        En la vulneración del principio de igualdad de trato.
      –        En la vulneración del principio de independencia del tribunal calificador.
      –        En el incumplimiento de la obligación de motivación.
       Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del principio de igualdad de trato
      36      El demandante divide el presente motivo en dos partes, basadas, la primera, en el hecho de que los candidatos examinados en
         último lugar estaban en una posición más ventajosa y, la segunda, en la excesiva fluctuación del tribunal calificador de la
         oposición en las pruebas orales.
      
       Sobre la primera parte del primer motivo
      –             Alegaciones de las partes
      37      El demandante observa que las pruebas del estudio de caso se desarrollaron en un período de tres meses y que los temas que
         se ofrecieron a los candidatos no variaron de manera sustancial de una prueba a otra. A su juicio, estas circunstancias colocaron
         a los candidatos en situaciones fácticas distintas según el orden en que realizaron las pruebas. En efecto, por un lado, los
         candidatos que fueron evaluados en último lugar tuvieron más tiempo para prepararse y, por otro, pudieron obtener información
         relativa a determinadas variantes elegidas. A este respecto, el demandante sostiene que había circulado información relativa
         a los estudios de caso entre los candidatos que habían realizado las pruebas y los que aún no las habían realizado, de modo
         que éstos pudieron enfocar su preparación teniendo en cuenta esta información.
      
      38      Según el demandante, para evitar esto, la EPSO habría debido organizar todas las pruebas de estudio de caso el mismo día,
         lo que, por otro lado, impone la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de octubre de 1976,
         Prais/Consejo (130/75), y que fue lo que hizo la EPSO en las oposiciones organizadas en 2011.
      
      39      Durante la vista, tras recordar que los candidatos podían realizar la prueba del estudio de caso en alemán, inglés o francés,
         el demandante puso de manifiesto que se desprendía de los documentos presentados por la Comisión en el marco de las diligencias
         de ordenación del procedimiento que todos los candidatos que habían realizado dicha prueba en alemán o en francés tenían la
         misma variante del tema. En consecuencia, estos candidatos tuvieron mayor ocasión de obtener información de otros candidatos
         sobre el contenido de la variante del tema de la cual iban a ser examinados.
      
      40      La Comisión considera que, visto el nuevo método y, en particular, el estudio de caso que prevé, cuyo objetivo no es examinar
         los conocimientos, sino las competencias, de los candidatos, no se requiere ningún conocimiento de una materia específica
         del Derecho de la Unión o de la jurisprudencia, sino que sólo son necesarios conocimientos muy generales combinados con competencias
         jurídicas. Por otro lado, según la Comisión, el haber obtenido información relativa al estudio de caso de otros candidatos
         puede ser incluso una desventaja, ya que dicha prueba está concebida de manera que neutraliza cualquier conocimiento previo
         de la materia de la prueba por parte del candidato. Al menos, los candidatos que pudieron beneficiarse de información sobre
         la prueba de estudio de caso y que intentaron explotar esta información para prepararse debieron darse cuenta de que la prueba
         no se correspondía con su preparación.
      
      41      Además, la Comisión señala que el demandante no ha aportado ningún elemento de prueba en relación con los supuestos intercambios
         de información entre candidatos sobre el estudio de caso. En la vista, la Comisión informó al Tribunal de que la EPSO controla
         los intercambios de información en las redes sociales y en el resto de medios de comunicación electrónica, lo que permite
         detectar posibles filtraciones sobre los temas y actuar en consecuencia si circula información demasiado precisa. La Comisión
         afirma que, en el caso de autos, no se señaló la existencia de indicio alguno de filtración de información.
      
      –             Apreciación del Tribunal
      42      Debe recordarse que, en el marco del control jurisdiccional de la decisión mediante la que un tribunal calificador de una
         oposición deniega la inclusión de un candidato en la lista de reserva, el Tribunal comprueba la observancia de las normas
         jurídicas aplicables, que son las normas, fundamentalmente procedimentales, que se definen en el Estatuto y en la convocatoria
         de oposición, y las que presiden la actuación del tribunal calificador, en particular, el deber de imparcialidad, el respeto
         de la igualdad de trato entre los candidatos y la inexistencia de desviación de poder (sentencia del Tribunal de 13 de diciembre
         de 2012, Mileva/Comisión, F‑101/11, apartado 40, y la jurisprudencia citada).
      
      43      En lo que atañe, en particular, a la igualdad de trato de los candidatos, la jurisprudencia ha precisado que incumbe al tribunal
         calificador velar rigurosamente por que dicho principio rija entre los candidatos a lo largo del desarrollo de la oposición.
         Aunque el tribunal calificador disfruta de una amplia facultad de apreciación en lo relativo a las modalidades y al contenido
         de las pruebas, corresponde no obstante al juez de la Unión ejercer su control en la medida necesaria para garantizar la igualdad
         de trato entre los candidatos y la objetividad de la elección que el tribunal calificador lleve a cabo entre ellos (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2008, Giannini/Comisión, T‑100/04, apartado 132).
      
      44      En este marco, corresponde igualmente a la AFPN, como organizadora de la oposición, y al tribunal calificador actuar para
         que todos los candidatos a la misma oposición realicen, en lo que respecta a las pruebas escritas, la misma prueba en las
         mismas condiciones (sentencia Prais/Consejo, apartado 13). De este modo, corresponde al tribunal calificador velar por que
         las pruebas presenten en la medida de lo posible el mismo grado de dificultad para todos los candidatos (sentencia del Tribunal
         de 15 de abril de 2010, Matos Martins/Comisión, F‑2/07, apartado 171, y la jurisprudencia citada).
      
      45      Ahora bien, toda oposición entraña, con carácter general y de manera inherente, un riesgo de desigualdad de trato, habida
         cuenta del carácter necesariamente limitado del número de preguntas que pueden formularse sobre un determinado tema en el
         marco de un examen. Por lo tanto, se ha admitido que tan sólo podrá considerarse que existe violación del principio de igualdad
         de trato cuando, al elegir las pruebas, el tribunal calificador no haya circunscrito el riesgo de desigualdad de oportunidades
         al riesgo inherente, con carácter general, a todo examen (sentencia Giannini/Comisión, antes citada, apartado 133).
      
      46      A la luz de la jurisprudencia recordada en los apartados 43 a 45 de la presente sentencia, el Tribunal considera que, habida
         cuenta de las obligaciones que incumben a un tribunal calificador, la decisión de no incluir a un candidato en una lista de
         reserva debe anularse si se demuestra que la oposición se organizó de modo que generara un riesgo de desigualdad de trato
         superior al inherente a toda oposición, sin que el candidato de que se trate deba aportar la prueba de que determinados candidatos
         hayan obtenido efectivamente una ventaja.
      
      47      En el presente asunto, se desprende de los autos que el estudio de caso es una prueba que tiene por objeto comprobar las competencias
         de los candidatos en una situación ficticia, pero cercana a la realidad, y en el que las competencias adquiridas anteriormente
         desempeñan sólo un papel muy limitado. A este respecto, el Tribunal observa que el apartado 4.1 («estudio de caso») del folleto
         «Centro de evaluación», remitido a todos los candidatos invitados al centro de evaluación, apartado citado por el demandante
         en su solicitud de revisión, precisa que los candidatos deben redactar su respuesta escrita al estudio de caso basándose sólo
         en los documentos puestos a su disposición.
      
      48      Además, se desprende de los escritos de la Comisión que el estudio de caso de la oposición tenía dieciséis variantes, concebidas
         de modo que, aun presentando el mismo nivel de dificultad, contuvieran diferencias suficientemente caracterizadas para que
         los candidatos no pudieran obtener ventaja de un posible conocimiento previo de otra variante. A este respecto, el Tribunal
         ha podido constatar, al analizar tres de las dieciséis variantes del estudio de caso de la oposición, que éste, lejos de ser
         un mero enunciado de varias líneas que pueda ser memorizado por un candidato y fácilmente explicado a otro, tenía forma de
         expediente de más de una veintena de páginas, que contenía una serie de documentos de carácter muy distinto.
      
      49      A la luz de los elementos antes mencionados, es preciso declarar que el demandante no demostró suficientemente en Derecho
         que el que los candidatos examinados en último lugar tuvieran más tiempo para prepararse para la prueba de estudio de caso
         y que algunos candidatos hubieran podido obtener información de otros candidatos sobre el contenido de la variante sobre la
         que iban a ser examinados pudiera haber conferido a los candidatos que hubieran realizado la prueba del estudio de caso en
         último lugar una ventaja real sobre los otros candidatos.
      
      50      Además, el demandante ni siquiera ha intentado contradecir la alegación de la Comisión según la cual el nuevo método tiene
         precisamente por objeto garantizar que, en el momento en que se desarrollan las pruebas en el centro de evaluación, se trate
         a todos los candidatos de igual modo y que los resultados de dichas pruebas no estén falseados por los sesgos cognitivos de
         los evaluadores, cuya existencia está científicamente demostrada y de los que una administración responsable no puede hacer
         abstracción.
      
      51      En particular, en lo que atañe a las supuestas filtraciones de información relativas al estudio de caso, debe declararse que
         el demandante se limita a realizar conjeturas sin aportar el menor elemento probatorio o indicio acerca de la realidad de
         sus afirmaciones. Tras ser preguntado por el Tribunal sobre este particular durante la vista, el demandante admitió no tener
         ninguna prueba objetiva de la existencia de tales filtraciones. Además, aun suponiendo que se hubieran producido tales filtraciones,
         el demandante tampoco ha presentado al Tribunal ningún elemento que pueda poner en duda la argumentación hilvanada por la
         Comisión, en virtud de la cual, con el nuevo método, el tener información sobre un estudio de caso es cuando menos inútil,
         si no desventajoso, para los candidatos.
      
      52      En consecuencia, debe considerarse que, vistas las circunstancias anteriormente mencionadas, el que todas las pruebas de estudio
         de caso no hayan tenido lugar el mismo día no ha supuesto, en el caso de autos, que se haya producido un trato diferenciado
         de los candidatos que pudiera conceder una ventaja a unos respecto a otros, ni tampoco un riesgo de desigualdad de trato superior
         al inherente a toda oposición.
      
      53      No desvirtúa esta conclusión la alegación que fundamenta el demandante en el hecho de que los candidatos que eligieron realizar
         la prueba de estudio de caso en alemán o en francés la hubieran realizado con la misma variante y durante varios días. En
         efecto, vistas las circunstancias indicadas en los apartados 47 y 48 de la presente sentencia, el demandante no ha podido
         demostrar que los candidatos examinados en último lugar hayan podido obtener ventaja alguna.
      
      54      Por último, el demandante no puede prevalerse eficazmente del apartado 14 de la sentencia Prais/Consejo, antes citada, en
         la que el Tribunal de Justicia afirmó «que es […] muy importante que la fecha de las pruebas escritas sea la misma para todos
         los candidatos». Efectivamente, basta con señalar que esta conclusión debe apreciarse en su contexto fáctico de origen, a
         saber, el de una prueba escrita, idéntica para todos los candidatos, organizada en el marco de una oposición que tiene por
         objeto evaluar los conocimientos de los candidatos. En cambio, en el caso de autos, la prueba cuyo desarrollo impugna el demandante
         es un estudio de caso con dieciséis variantes, que tiene por objeto evaluar las competencias de los candidatos, no los conocimientos.
      
      55      De lo anterior se desprende que procede desestimar la primera parte del primer motivo.
      
       Sobre la segunda parte del primer motivo
      –             Alegaciones de las partes
      56      En la segunda parte del primer motivo, el demandante afirma que se vulneró el principio de igualdad de trato, ya que la composición
         del tribunal calificador fluctuó excesivamente de un candidato a otro.
      
      57      A este respecto, el demandante observa que, durante las diferentes pruebas que realizó en la fase oral de la oposición, nunca
         fue evaluado por los mismos miembros del tribunal calificador y que, en consecuencia, ningún miembro del tribunal calificador
         asistió a la totalidad de las pruebas. Por tanto, en su opinión el tribunal calificador vulneró su derecho a ser evaluado
         por un número significativo de miembros del tribunal calificador. Además, el demandante pone de manifiesto que, durante las
         pruebas orales, los miembros del tribunal calificador eran diferentes para casi todos los candidatos y que por ello el tribunal
         calificador había llevado a cabo una apreciación comparativa muy parcial de todos los candidatos. Por otro lado, según el
         demandante el número insuficiente de miembros permanentes del tribunal calificador y la importante fluctuación de la composición
         del tribunal calificador no se vieron compensados por una presencia permanente de su presidente o de su vicepresidente.
      
      58      Por último, el demandante afirma que las personas encargadas de corregir el estudio de caso no eran miembros del tribunal
         calificador, sino evaluadores designados por la EPSO y que, cada semana, estas personas eran sustituidas por otras. Ahora
         bien, habida cuenta de los breves plazos impuestos por la EPSO, el tribunal calificador no tuvo tiempo de comprobar las correcciones
         llevadas a cabo por estos examinadores. En consecuencia, sostiene que no se pudo garantizar la congruencia de la calificación.
      
      59      La Comisión arguye que, mediante la presente parte del primer motivo, el demandante pone en entredicho exclusivamente las
         pruebas orales, siendo así que, en las competencias específicas, que se evaluaron únicamente en el estudio de caso, obtuvo
         una calificación inferior a la mínima requerida. Por tanto, la Comisión afirma, con carácter principal, que el demandante
         no tiene interés en formular la presente parte del primer motivo, porque, aun cuando se anulara la calificación obtenida en
         las competencias generales, no podría obtener beneficio alguno.
      
      60      En todo caso, la Comisión considera que la presente parte del primer motivo carece igualmente de fundamento jurídico. En efecto,
         según la Comisión, el mantenimiento de la estabilidad en la composición del tribunal calificador no es un objetivo que se
         haya de alcanzar en sí mismo, sino una solución desarrollada por la jurisprudencia para compensar determinadas imperfecciones
         en el modo en que se organizaban las pruebas orales antes de 2010. Como se sabe que el nuevo método ya no presenta estas imperfecciones,
         ya no es necesario que el tribunal calificador vele por su estabilidad durante todo el procedimiento de oposición para que
         se respeten los principios de igualdad de trato y de objetividad de la calificación. Durante la vista, la Comisión precisó
         su alegación declarando que no solicitaba que se abandonara completamente el principio de la estabilidad del jurado, sino
         que se redefiniera teniendo en cuenta el nuevo método.
      
      –             Apreciación del Tribunal
      61      El juez de la Unión tiene la facultad de apreciar, en función de las circunstancias de cada caso, si una buena administración
         de la justicia justifica desestimar en cuanto al fondo un recurso manifiestamente infundado, sin pronunciarse previamente
         sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por la parte demandada (sentencia del Tribunal de 28 de septiembre de 2011,
         AZ/Comisión, F‑26/10, apartado 34).
      
      62      En las circunstancias del caso de autos, y en interés de la economía procesal, ha lugar a examinar antes de nada la alegación
         relativa al fondo formulada por el demandante, sin pronunciarse sobre la admisibilidad con carácter previo.
      
      63      Cabe recordar que la instituciones disponen de una amplia facultad de apreciación para determinar las modalidades de organización
         de una oposición y que corresponde al juez de la Unión censurar estas modalidades únicamente en la medida necesaria para garantizar
         la igualdad de trato de los candidatos y la objetividad de la elección realizada entre ellos (véase la sentencia del Tribunal
         de 16 de septiembre de 2013, Höpcke/Comisión, F‑46/12, apartado 63).
      
      64      La obligación de seleccionar a los funcionarios que posean las más altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad,
         impuesta por el artículo 27 del Estatuto a las instituciones, implica que la AFPN y el tribunal calificador deben velar, cada
         uno en el ejercicio de sus competencias, por que las oposiciones se desarrollen respetando los principios de igualdad de trato
         entre candidatos y de objetividad de la calificación. 
      
      65      De este modo, se ha declarado que la amplia facultad de apreciación de que dispone un tribunal calificador en cuanto a la
         determinación de las modalidades y del contenido detallado de las pruebas a las que deben someterse los candidatos debe estar
         compensada por una observancia escrupulosa de las reglas que regulan la organización de estas pruebas. En consecuencia, incumbe
         al tribunal calificador velar por el estricto respeto del principio de igualdad de trato de los candidatos durante el desarrollo
         de las pruebas y la objetividad de la elección realizada entre los interesados (sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 25 de mayo de 2000, Elkaïm y Mazuel/Comisión, T‑173/99, apartado 87). A tal fin, el tribunal calificador está obligado
         a garantizar la aplicación congruente de los criterios de evaluación a todos los candidatos de que se trate, garantizando,
         en particular, la estabilidad de su composición (véase, en relación con un proceso selectivo que tenía por objeto la creación
         de una lista de reserva de agentes temporales, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de septiembre de 2002,
         Girardot/Comisión, T‑92/01, apartados 24 a 26; véase, además, la sentencia del Tribunal de la Función Pública de 29 de septiembre
         de 2010, Honnefelder/Comisión, F‑41/08, apartado 35).
      
      66      La jurisprudencia ha aclarado que el respeto de los principios de igualdad de trato y de objetividad de las calificaciones
         entraña el mantenimiento, en la medida de lo posible, de la estabilidad de la composición del tribunal calificador durante
         todas las pruebas (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de noviembre de 2004, Vonier/Comisión, T‑165/03, apartado 39).
      
      67      Sin embargo, no puede excluirse que la congruencia de la calificación pueda estar garantizada por métodos distintos del mantenimiento
         de la estabilidad del tribunal calificador durante todas las pruebas. Por ello, el Tribunal de Primera Instancia admitió que,
         cuando, por verse impedidos de participar, los miembros titulares de un tribunal calificador han sido sustituidos por miembros
         suplentes en las pruebas realizadas por algunos candidatos, a fin de permitir al tribunal calificador llevar a cabo sus actuaciones
         en un plazo razonable, la composición del tribunal calificador puede, no obstante, continuar siendo razonablemente estable
         si el tribunal calificador establece la coordinación necesaria para garantizar la aplicación congruente de los criterios de
         calificación (véase, en este sentido, la sentencia Giannini/Comisión, antes citada, apartados 208 a 216).
      
      68      En el mismo sentido, ha lugar a señalar que las medidas adoptadas por un tribunal calificador para cumplir su obligación de
         garantizar la estabilidad de su composición deben, en su caso, apreciarse a la luz de las características particulares de
         la oposición, sin que el tribunal calificador pueda, sin embargo, eludir el respeto de las garantías fundamentales de la igualdad
         de trato de los candidatos y de la objetividad de la elección realizada entre ellos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 5 de abril de 2005, Christensen/Comisión, T‑336/02, apartado 44).
      
      69      Es cierto que la naturaleza de las apreciaciones que realiza un tribunal calificador cuando evalúa las competencias o los
         conocimientos y las aptitudes de los candidatos es comparativa (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19
         de febrero de 2004, Konstantopoulou/Tribunal de Justicia, T‑19/03, apartado 43). No obstante, no puede excluirse que, vista
         la organización de las pruebas de una oposición y la de las actuaciones del tribunal calificador, baste, para garantizar la
         naturaleza comparativa de la apreciación del jurado, que su estabilidad se mantenga únicamente en determinadas fases de la
         oposición.
      
      70      Dado que el mantenimiento de una cierta estabilidad del tribunal calificador no es un imperativo en sí mismo, sino un método
         para garantizar el respeto de los principios de igualdad de trato y de objetividad de la calificación, debe examinarse si,
         en el caso de autos, el modo en que se organizó la oposición permitía garantizar el respeto de estos principios.
      
      71      En el presente asunto, es necesario poner de manifiesto que la Comisión indicó en su respuesta a las diligencias de ordenación
         del procedimiento y en la vista, sin que el demandante la contradijera, que, aunque el tribunal calificador no permaneció
         estable durante todas las pruebas, al menos se reunió, en primer lugar, cuando decidió el modo en que debían desarrollarse
         las pruebas; seguidamente, cada dos o tres días, cada vez que las calificaciones concedidas a los candidatos se ponían en
         común para llevar a cabo la apreciación de las competencias de los candidatos que habían sido examinados durante ese lapso
         de tiempo, y, por último, cuando comprobó la congruencia de las apreciaciones realizadas sobre los candidatos en el conjunto
         de las pruebas.
      
      72      Además, deben también tenerse en cuenta las medidas adoptadas por la EPSO en el marco del nuevo método, que tienen por objeto
         paliar diferentes sesgos cognitivos cuya existencia se ha apreciado generalmente en los evaluadores, y garantizar de este
         modo la congruencia de la calificación. En particular, el Tribunal recuerda que dichas medidas incluyen el uso de pruebas
         estructuradas de antemano que siguen una metodología preestablecida que emplea indicadores de comportamientos predefinidos,
         la participación del presidente del tribunal calificador en los primeros minutos de todas las pruebas y la realización de
         estudios y análisis para comprobar la congruencia de las calificaciones (véase el apartado 26 de la presente sentencia).
      
      73      En consecuencia, el nuevo método sustituye al antiguo método de selección, basado en la identidad de los miembros del tribunal
         calificador durante todo el procedimiento de oposición, por un sistema de selección en el que la estabilidad del tribunal
         calificador sólo se garantiza en determinadas fases clave del procedimiento, pero en el que la igualdad de trato de los candidatos
         se garantiza por la identidad de los métodos de trabajo y la aplicación de criterios de apreciación idénticos de las actuaciones
         de los candidatos.
      
      74      En estas circunstancias, habida cuenta de la estabilidad del tribunal calificador en las fases mencionadas en el apartado
         71 de la presente sentencia y de las medidas de organización y de coordinación de las actuaciones del tribunal calificador
         enumeradas en los apartados 72 y 73, el Tribunal considera que los principios de igualdad de trato y de objetividad de la
         calificación se respetaron en el caso de autos.
      
      75      A continuación, procede desestimar por infundadas las alegaciones que el demandante vincula a la supuesta falta de estabilidad
         del jurado, a saber, la alegación basada en que el tribunal calificador vulneró el presunto derecho del demandante a ser evaluado
         por un número significativo de miembros del tribunal calificador, la alegación basada en que el tribunal calificador realizó
         una apreciación comparativa muy parcial del conjunto de los candidatos y la alegación fundada en que la fluctuación de la
         composición del tribunal calificador no se vio compensada por una presencia permanente del presidente o del vicepresidente
         del tribunal calificador.
      
      76      En lo que atañe a la alegación relativa al recurso a correctores externos por parte de la EPSO y a su sustitución cada semana,
         debe recordarse que según reiterada jurisprudencia el tribunal calificador puede recurrir a la ayuda de correctores en todos
         los casos que considere necesario. En este supuesto, la regularidad de las operaciones se respeta siempre que los métodos
         de corrección no difieran según los candidatos y el tribunal calificador conserve la facultad de apreciación final (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 26 de enero de 2005, Roccato/Comisión, T‑267/03, apartado 67). En el caso de autos, el
         demandante ni siquiera alega que los métodos de corrección hayan diferido según los candidatos y que el tribunal calificador
         no haya conservado su facultad de apreciación final, y ningún elemento obrante en autos indica que tal haya sido el caso.
      
      77      Por último, debe señalarse que el demandante no aporta prueba alguna en apoyo de su alegación según la cual el tribunal calificador
         no pudo garantizar la congruencia de la calificación, ya que la AFPN no le había dejado tiempo para ello. En todo caso, se
         desprende de los autos que el tribunal calificador de la oposición controló la congruencia de la calificación, porque, tras
         la solicitud de revisión presentada por el demandante, apreció la existencia de cierta incongruencia en la calificación de
         su estudio de caso, y, como consecuencia, revisó al alza las calificaciones que se le habían atribuido inicialmente en las
         competencias generales «comunicación» y «determinación de prioridades y organización» y en las competencias específicas.
      
      78      Visto todo lo que antecede, debe desestimarse la segunda parte del primer motivo, basada en la falta de estabilidad del tribunal
         calificador, por ser infundada, sin que sea necesario determinar si esta segunda parte era admisible o pertinente.
      
      79      Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo en su totalidad.
      
       Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración del principio de independencia del tribunal calificador
       Alegaciones de las partes
      80      El demandante señala que la mayoría de los miembros del tribunal calificador, incluido su presidente, eran funcionarios destinados
         en la EPSO, y, por tanto, dependientes de ésta, lo que a su juicio es contrario al principio de independencia del tribunal
         calificador.
      
      81      La Comisión solicita al Tribunal que desestime el presente motivo.
      
       Apreciación del Tribunal
      82      Debe recordarse que, visto el papel crucial confiado al tribunal calificador de la oposición, el legislador ha establecido
         un cierto número de garantías. De este modo, el artículo 30 del Estatuto y el artículo 3 de su anexo III prevén, en primer
         lugar, que la AFPN designará un tribunal calificador para cada concurso, en segundo lugar, que salvo el presidente del tribunal
         calificador, el resto de miembros son designados a partes iguales por la administración y por el Comité de personal, en tercer
         lugar, que los miembros del tribunal calificador, elegidos entre los funcionarios, deberán ser de un grupo de funciones y
         un grado al menos igual al de los puestos de trabajo a proveer y, en cuarto lugar, que, si un tribunal calificador se compone
         de más de cuatro miembros, comprenderá al menos dos miembros de cada sexo (sentencia del Tribunal de 15 de junio de 2010,
         Pachtitis/Comisión, F‑35/08, apartados 53 y 54).
      
      83      En cambio, ninguna disposición del Estatuto prohíbe que los miembros del tribunal calificador sean funcionarios destinados
         en la EPSO específicamente para ejercer las funciones de miembros de tribunal calificador de oposición.
      
      84      Además, no se puede deducir del mero hecho de que los miembros del tribunal calificador eran funcionarios destinados en la
         EPSO para ejercer las funciones de miembros de tribunal calificador de oposición por un período limitado que la EPSO ejerciera
         influencia alguna sobre los trabajos del tribunal calificador a través de estos funcionarios.
      
      85      Debe declararse que, lejos de aportar al Tribunal elementos probatorios de que la EPSO hubiera ejercido cualquier influencia
         sobre el tribunal calificador, o, al menos, indicios precisos y concordantes de ello, el demandante se limitó en la demanda
         a formular meras especulaciones.
      
      86      Sin embargo, en la vista el demandante desarrolló el presente motivo, afirmando que, con el nuevo método, es posible observar
         una especie de inversión de papeles entre el tribunal calificador de la oposición y la EPSO, ya que ésta tiene cada vez más
         la facultad de definir la naturaleza de las pruebas y el modo en que deben desarrollarse, a pesar del papel del tribunal calificador.
         En particular, el demandante puso de manifiesto que, como reconoció la propia Comisión en su escrito de contestación a la
         demanda, con la metodología del centro de evaluación el tribunal calificador dispone de un margen de maniobra más reducido
         que antes y las medidas adoptadas por la AFPN a fin de garantizar la congruencia de las calificaciones son tales que tienen
         por efecto despojar al tribunal calificador de sus competencias.
      
      87      Sin embargo, las alegaciones formuladas por el demandante no pueden demostrar suficientemente en Derecho que la EPSO haya
         excedido las funciones confiadas a la AFPN por el artículo 1, apartado 1, letras a) y b), del anexo III del Estatuto, a saber,
         establecer la naturaleza de la oposición y sus modalidades. En particular, ningún elemento obrante en autos demuestra la existencia
         de injerencia alguna de la EPSO en la evaluación de las actuaciones de los candidatos por el tribunal calificador, ni en la
         evaluación de los candidatos o en la elaboración de la lista de reserva. A este respecto, debe señalarse que, con independencia
         de las medidas adoptadas por la AFPN para garantizar la congruencia de la calificación, con arreglo al artículo 5 del anexo III
         del Estatuto, fue el tribunal calificador de la oposición, y no la EPSO, quien supervisó las pruebas y elaboró la lista de
         aptitud de los candidatos.
      
      88      Por consiguiente, procede desestimar el motivo basado en la vulneración del principio de independencia del tribunal calificador.
      
       Sobre el tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación
       Alegaciones de las partes
      89      El demandante alega, en esencia, que la EPSO vulneró la obligación de motivación recogida en el artículo 25 del Estatuto,
         en la medida en que denegó remitirle varios documentos e información, y, concretamente, las preguntas que no superó, las razones
         por las que sus respuestas eran incorrectas y las tablas de evaluación utilizadas para las pruebas escritas y orales. Además,
         solicitó una copia de la variante del tema que debió abordar en la prueba de estudio de caso, con sus respuestas corregidas.
         Considera que la remisión de estos elementos era necesaria para permitirle poder comprender sus errores y el modo en que su
         prueba fue corregida y apreciar si se había cometido alguna infracción de las normas aplicables al tribunal calificador.
      
      90      Además, el demandante sostiene que, en virtud del artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
         y del artículo 13 del Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo
         a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los
         organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO 2001, L 8, p. 1), la EPSO estaba obligada a remitirle
         los documentos mencionados en el apartado anterior.
      
      91      La Comisión solicita que se desestime el presente motivo.
      
       Apreciación del Tribunal
      92      Con carácter previo, debe recordarse que, aunque, en virtud del artículo 25, párrafo segundo, del Estatuto, toda decisión
         adoptada con arreglo al Estatuto y que pueda ser lesiva para su destinatario debe estar motivada, esta obligación de motivación
         debe conciliarse, en relación con la decisión adoptada por un tribunal calificador, con el respeto del secreto que ampara
         las actuaciones del tribunal calificador en virtud del artículo 6 del anexo III del Estatuto (sentencia del Tribunal de Justicia
         de 4 de julio de 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, apartado 24).
      
      93      El secreto de las actuaciones del tribunal calificador se ha establecido para garantizar la independencia de los tribunales
         calificadores y la objetividad de sus actuaciones, protegiéndolos de cualquier injerencia o presión externa, procedente de
         la propia administración, de los candidatos interesados o de terceros. Por tanto, la observancia de dicho secreto se opone
         tanto a la divulgación de las actitudes adoptadas por los miembros individuales de los tribunales calificadores como a la
         revelación de cualquier elemento relacionado con apreciaciones de carácter personal o comparativo referentes a los candidatos
         (véase, en particular, la sentencia Konstantopoulou/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 27).
      
      94      Habida cuenta de este secreto, la comunicación de las calificaciones obtenidas en las distintas pruebas de una oposición constituye
         una motivación suficiente de las decisiones del tribunal calificador (sentencias, antes citadas, Parlamento/Innamorati, apartado
         31, y Konstantopoulou/Tribunal de Justicia, apartado 32; sentencia del Tribunal de la Función Pública de 28 de marzo de 2012,
         Marsili/Comisión, F‑19/10, apartado 51).
      
      95      Tal motivación no lesiona los derechos de los candidatos. En efecto, les permite conocer el juicio de valor realizado acerca
         de sus capacidades y comprobar, en su caso, que efectivamente no han obtenido el número de puntos exigido por la convocatoria
         del concurso para ser admitidos a determinadas pruebas o a la totalidad de las mismas y permite al Tribunal llevar a cabo
         un control judicial apropiado para este tipo de litigio (sentencia Konstantopoulou/Tribunal de Justicia, antes citada, apartado 33).
      
      96      Además, un tribunal calificador no está obligado, al motivar una decisión de no admitir a un candidato a una prueba, a precisar
         qué respuestas del candidato se consideraron insuficientes, o explicar por qué estas respuestas se consideraron insuficientes,
         ya que tal grado de motivación no es necesario para permitir al candidato apreciar la oportunidad de presentar una reclamación,
         o, en su caso, un recurso, o para permitir al juez ejercer su control judicial (sentencias del Tribunal de Primera Instancia
         de 14 de julio de 1995, Pimley-Smith/Comisión, T‑291/94, apartados 63 y 64, y Konstantopoulou/Tribunal de Justicia, antes
         citada, apartado 34).
      
      97      En el presente asunto, se desprende de los autos que, tras su solicitud, el demandante obtuvo el 10 de febrero de 2011 copia
         del ejercicio que realizó en la prueba de estudio de caso, sin corregir, y del test de idiomas y de la ficha de evaluación
         empleada en su corrección. Además, la decisión impugnada le informó de que la decisión del tribunal calificador de confirmar
         la decisión de no inclusión estaba motivada por el hecho de que había obtenido una calificación global inferior a la calificación
         más baja de los candidatos que habían sido incluidos en la lista de reserva. Por último, recibió su «pasaporte de competencias»,
         que recogía no sólo las calificaciones obtenidas en cada una de las competencias evaluadas, sino también las apreciaciones
         analíticas que se realizaron de cada una de las competencias evaluadas.
      
      98      Por consiguiente, debe destacarse que, a la luz de la jurisprudencia recordada más arriba, la decisión impugnada estaba suficiente
         motivada, sin que fuera necesario que la EPSO remitiera al demandante los documentos que solicitaba.
      
      99      A mayor abundamiento, el Tribunal considera que la EPSO no estaba obligada, para cumplir su obligación de motivación, a remitir
         al demandante la versión corregida de su copia, las razones por las que sus respuestas eran incorrectas, ni las tablas de
         evaluación empleadas para las pruebas escritas y orales, ya que tales documentos forman parte íntegra de las apreciaciones
         de naturaleza comparativa que realiza el tribunal calificador y están cubiertas por el secreto de sus actuaciones.
      
      100    Además, en lo que atañe a la copia de la variante del tema que el demandante debió tratar en el estudio de caso, el Tribunal
         señala que, aunque, según la jurisprudencia, un documento está cubierto por el secreto de las actuaciones del tribunal calificador
         cuando su remisión pueda revelar las actitudes individuales de los miembros del tribunal calificador o las apreciaciones formuladas,
         con carácter personal o comparativo, en relación con los candidatos (sentencia Konstantopoulou/Tribunal de Justicia, antes
         citada, apartado 27), la confidencialidad que rodea a las actuaciones del tribunal calificador no excluye que la confidencialidad
         de un documento de un procedimiento selectivo esté justificada por otros motivos. Pues bien, en el caso de autos, el Tribunal
         estima que la negativa de la EPSO a comunicar al demandante la variante del tema sobre la que se ha examinado está justificada
         por la necesidad de evitar, en el caso de que otros candidatos soliciten igualmente recibir la variante del tema del que se
         examinaron, que les sea posible, al poner en común diferentes variantes, determinar, y posteriormente, publicar, la metodología
         utilizada para realizar las variantes de un mismo tema y los indicadores que sirven para evaluar a los candidatos.
      
      101    Por último, ni el artículo 8 de la Carta ni el Reglamento nº 45/2001 ponen en entredicho estas afirmaciones, En efecto, debe
         subrayarse que, como precisa el artículo 2 del Reglamento nº 45/2001, por datos personales se entiende únicamente la información
         que puede permitir identificar a una persona. De ello se deduce que, en virtud de las disposiciones antes citadas, el demandante
         tiene derecho a obtener acceso a los datos en poder de la EPSO que permiten identificarle, y no a su copia corregida, a las
         preguntas que no superó, a las razones por las que sus respuestas eran incorrectas o a la tabla de evaluación empleada. Ello
         es así máxime porque, si se debiera considerar que la copia corregida de un candidato es un dato personal, aquél podría, con
         arreglo al artículo 14 del Reglamento nº 45/2001, solicitar que se rectificara, lo que sería absurdo.
      
      102    Por consiguiente, procede desestimar el presente motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación. 
      
      103    Toda vez que ningún motivo está fundado, deben desestimarse las pretensiones de anulación, y, en consecuencia, el recurso
         en su integridad.
      
       Costas
      104    A tenor del artículo 87, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, sin perjuicio de las demás disposiciones del capítulo
         octavo del título segundo de dicho Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera
         solicitado la otra parte. Conforme al apartado 2 del mismo artículo, el Tribunal, si así lo exige la equidad, podrá limitarse
         a imponer una condena parcial en costas a la parte que pierda el proceso o incluso no condenarla en costas. 
      
      105    De los fundamentos de Derecho expuestos anteriormente se desprende que es el demandante la parte que ha perdido el proceso.
         Además, en sus pretensiones la Comisión ha solicitado expresamente la condena en costas del demandante. Dado que las circunstancias
         del presente asunto no justifican la aplicación de las disposiciones del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento,
         procede pues condenar al demandante a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la Comisión. 
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (Pleno)
      decide:
      1)      Desestimar el recurso.
      2)      Condenar al Sr. De Mendoza Asensi a cargar con sus propias costas y con las de la Comisión Europea.
      
               Van Raepenbusch 
            
            
               Rofes i Pujol
            
            
               Perillo
            
         
               Barents
            
             
            
                     Bradley
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2014.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               W. Hakenberg 
            
             
            
                     S. Van Raepenbusch
            
         * Lengua de procedimiento: francés.