CELEX: 52017PC0791
Language: es
Date: 2017-12-20
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 20.12.2017
            COM(2017) 791 final
            2017/0358(COD)
            Propuesta de
            DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE
            (Texto pertinente a efectos del EEE)
            {SWD(2017) 481 final}
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
            
               1.
                     CONTEXTO DE LA PROPUESTA
            
            
               •
                     Razones y objetivos de la propuesta
            
            
               La UE necesita unos mercados de capitales más fuertes para promover la inversión, abrir nuevas fuentes de financiación para las empresas, ofrecer mejores oportunidades a los hogares y reforzar la unión económica y monetaria. La Comisión se ha comprometido a poner en marcha todos los elementos restantes para completar la unión de los mercados de capitales (UMC) de aquí a 2019
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               .
            
            
               Las empresas de servicios de inversión prestan una gama de servicios que permiten a los inversores acceder a los mercados de valores y derivados (asesoramiento en materia de inversión, gestión de carteras, intermediación, ejecución de órdenes, etc.). Las empresas de servicios de inversión y los servicios que prestan constituyen una pieza fundamental en una UMC que funcione correctamente. Desempeñan un importante papel a la hora de facilitar el ahorro y el flujo de la inversión en toda la UE, gracias a los distintos servicios que se utilizan para apoyar la eficacia de la asignación de capital y la gestión de riesgos. 
            
            
               Existen empresas de servicios de inversión en todos los Estados miembros. Según la información recopilada por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), al final de 2015 había 6 051 empresas de servicios de inversión en el Espacio Económico Europeo (EEE)
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               , que van desde empresas que prestan un conjunto limitado de servicios a clientes esencialmente minoristas hasta otras que ofrecen una serie de servicios a una amplia gama de clientes minoristas, profesionales y empresariales. 
            
            
               Según la información de la ABE, en torno al 85 % de las empresas de servicios de inversión del EEE mantienen una actividad limitada a:
            
            
               ·ofrecer asesoramiento en materia de inversión;
            
            
               ·recibir y transmitir órdenes;
            
            
               ·gestionar carteras; y
            
            
               ·ejecutar órdenes. 
            
            
               El Reino Unido, importante eje de los mercados de capitales y las actividades de inversión, posee el mayor número de empresas de servicios de inversión del EEE con aproximadamente la mitad del total, seguido por Alemania, Francia, los Países Bajos y España. La mayoría de las empresas de servicios de inversión del EEE son pequeñas o medianas. La ABE calcula que ocho empresas de servicios de inversión, concentradas fundamentalmente en el Reino Unido, controlan aproximadamente el 80 % del total de activos de todas las empresas de servicios de inversión presentes en el EEE.
            
            
               Como una de las nuevas acciones prioritarias para fortalecer los mercados de capitales y construir una UMC, la Comisión anunció, por tanto, en su revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de capitales
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                su intención de proponer un marco prudencial y de supervisión para las empresas de servicios de inversión más eficaz y ajustado al tamaño y la naturaleza de dichas empresas, con objeto de dar un impulso a la competencia y mejorar el acceso de los inversores a nuevas oportunidades y formas más apropiadas de gestionar sus riesgos. Teniendo en cuenta el papel central que las empresas de servicios de inversión del Reino Unido han desempeñado en este ámbito hasta la fecha, la decisión del Reino Unido de retirarse de la UE pone aún más de relieve la necesidad de actualizar la arquitectura normativa de la Unión para dar respuesta a la nueva situación. 
            
            
               Las propuestas contenidas en la presente Directiva y el Reglamento que la acompaña (en lo sucesivo, «las propuestas») se incluyeron en el programa de trabajo de la Comisión para 2017 como parte del REFIT. Su objetivo es garantizar que las empresas de servicios de inversión quedan sujetas a requisitos en materia de capital y liquidez y otros requisitos esenciales desde el punto de vista prudencial, además de a las correspondientes disposiciones en materia de supervisión, que se adapten a su actividad pero sean lo suficientemente robustos para dar respuesta a los riesgos de las empresas de servicios de inversión de un modo sólido desde el punto de vista prudencial, con el fin de proteger la estabilidad de los mercados financieros de la UE. Las propuestas son el resultado de una revisión exigida por el artículo 493, apartado 2, el artículo 498, apartado 2, y el artículo 508, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 (Reglamento sobre requisitos de capital o RRC)
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               , que junto con la Directiva 2013/36/UE (Directiva sobre requisitos de capital IV o DRC IV)
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                constituye el actual marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión. Al acordar dichos textos, los colegisladores decidieron que el marco de las empresas de servicios de inversión debía revisarse, habida cuenta de que sus normas se dirigen en gran medida a las entidades de crédito.
            
            
               A diferencia de las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión no aceptan depósitos ni conceden préstamos. Esto supone que están mucho menos expuestas al riesgo de crédito y al riesgo de que los depositantes retiren sus fondos en un plazo breve. Sus servicios se centran en los instrumentos financieros, que, contrariamente a los depósitos, no son pagaderos a la par sino que fluctúan en función de los movimientos del mercado. No obstante, estas empresas compiten con las entidades de crédito en la prestación de servicios de inversión, que las entidades de crédito pueden ofrecer a sus clientes con arreglo a su autorización bancaria. Las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión son, por lo tanto, dos tipos de entidad cualitativamente diferentes y con distintos modelos de negocio principal pero que pueden prestar en parte los mismos servicios.
            
            
               Desde 1993, año en que entró en vigor el primer marco regulador de las actividades de las empresas de servicios de inversión a escala de la UE, las empresas de servicios de inversión han estado sujetas a normas prudenciales europeas junto con las entidades de crédito. Ese marco, actualmente sustituido por la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID)
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                y, a partir de enero de 2018, por la MiFID II y el MiFIR
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               , establece las condiciones para la autorización y los requisitos de organización y de conducta con arreglo a los que pueden prestarse servicios de inversión a los inversores, así como otros requisitos que regulan el funcionamiento ordenado de los mercados financieros.
            
            
               El marco prudencial de las empresas de servicios de inversión con arreglo al RRC y la DRC IV va en conjunción con la MiFID. Por lo general, los requisitos prudenciales aplicables a las entidades financieras están destinados a: i) garantizar que dispongan de recursos suficientes para seguir siendo económicamente viables y prestar sus servicios a lo largo de los ciclos económicos; o ii) posibilitar una liquidación ordenada sin causar un perjuicio económico indebido a sus clientes o a la estabilidad de los mercados en los que las entidades operan. Como resultado, deben tratar de responder a los riesgos que las diferentes entidades financieras afrontan y entrañan, ser proporcionados a la probabilidad de que los riesgos devengan reales y, en sentido amplio, lograr un equilibrio entre garantizar la seguridad y la solidez de las diferentes entidades financieras y evitar unos costes excesivos que puedan impedirles llevar a cabo su actividad de forma viable. 
            
            
               Las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica, algunas de las cuales se han identificado como de importancia sistémica mundial, u otras entidades de importancia sistémica con arreglo al artículo 131 de la DRC IV deben seguir estando sujetas al marco constituido por el RRC y la DRC IV, incluidas las modificaciones propuestas por la Comisión el 23 de noviembre de 2016
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               , de acuerdo con el enfoque revisado para identificarlas contenido en las propuestas. Esto se debe a que estas empresas suelen incurrir en riesgos y suscribirlos a una escala importante en todo el mercado único. Sus actividades las exponen al riesgo de crédito, sobre todo en forma de riesgo de crédito de contraparte, y al riesgo de mercado por las posiciones que adoptan por cuenta propia, ya sea para sus clientes o para ellas mismas. Constituyen, por lo tanto, un mayor riesgo para la estabilidad financiera, habida cuenta de su tamaño y su interconexión. En vista de estos riesgos y para garantizar condiciones equitativas de competencia, dichas empresas de servicios de inversión de importancia sistémica deben ser tratadas como entidades de crédito.
            
         
         
            
               Como se anunció en la Comunicación de la Comisión de septiembre de 2017 sobre la revisión de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES)
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               , esta opción implicaría, entre otras cosas, que las operaciones de estas empresas en los Estados miembros que participen en la unión bancaria estén sujetas a la supervisión directa del BCE en el Mecanismo Único de Supervisión. En la actualidad, estas empresas están concentradas fundamentalmente en el Reino Unido, pero están estudiando planes para relocalizar parte de sus operaciones en los otros veintisiete Estados miembros, en particular en aquellos que participan en la unión bancaria. Si bien este hecho solo afecta a un reducido número de empresas, estas representan una parte considerable del total de los activos y el volumen de actividad de todas las empresas de servicios de inversión de la UE.
            
            
               Para otras empresas de servicios de inversión, el hecho de que el marco prudencial actual se centre en las entidades de crédito y los riesgos que estas afrontan y entrañan, más que en las empresas de servicios de inversión, es más problemático. Los servicios prestados por estas empresas y los riesgos que esos servicios pueden crear quedan, en gran medida, sin tratamiento explícito en las normas vigentes. De los ocho servicios de inversión que las empresas de servicios de inversión están autorizadas a prestar con arreglo a la MiFID
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               , únicamente existen requisitos claros con arreglo al RCC en lo que respecta a: i) la negociación por cuenta propia; y ii) el aseguramiento o la colocación de instrumentos sobre la base de un compromiso firme. Para el resto de servicios de inversión (recepción y transmisión de órdenes, ejecución de órdenes, gestión de carteras, asesoramiento en materia de inversión, colocación de instrumentos sin base en un compromiso firme y gestión de sistemas de negociación multilateral) faltan esos requisitos, lo que deriva en una cobertura aproximada de los riesgos conexos. Aunque en algunos casos son limitados, los riesgos inherentes a esas actividades para la empresa y, en consecuencia, para sus clientes y los mercados en general en que la empresa opera no se tratan, por lo tanto, de manera específica.
            
            
               Esta situación plantea tres problemas principales, evaluados en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a las propuestas. 
            
            
               En primer lugar, si bien el marco responde, en cierta medida, a los diferentes tipos de perfiles de actividad de las empresas de servicios de inversión a través de exenciones, constituye una fuente de notable complejidad normativa para muchas empresas en general. En segundo lugar, sus requisitos detallados y exenciones constituyen una aproximación rudimentaria e insensible al riesgo de los riesgos en que realmente incurren y que realmente entrañan las empresas de servicios de inversión, que difieren de los propios de los bancos. En tercer lugar, debido a su complejidad intrínseca y a la falta de sensibilidad al riesgo, su aplicación por parte de los Estados miembros da lugar a fragmentación en el panorama normativo general para las empresas de servicios de inversión, con margen para un arbitraje regulador perjudicial. Esto podría suponer una amenaza para la integridad y el funcionamiento del mercado único.   
            
            
               Los objetivos de las propuestas son abordar los problemas del marco vigente y, al mismo tiempo, facilitar cuando sea posible el acceso a la actividad y su ejercicio por las empresas de servicios de inversión. En concreto, establecen un marco prudencial mejor adaptado a los modelos de negocio de estas empresas, que consiste en requisitos más adecuados y sensibles al riesgo para las empresas de servicios de inversión, los cuales enfocan mejor los riesgos que estas realmente entrañan y en los que incurren en sus diferentes tipos de modelos de negocio. En última instancia, constituyen un conjunto más racional de instrumentos normativos, que permiten a los supervisores prudenciales llevar a cabo su vigilancia de manera eficaz.
            
            
               Por último, la adopción de la MiFID II y el MiFIR se produjo a raíz de la crisis financiera para regular los mercados de valores, los intermediarios de inversiones y los centros de negociación. El nuevo marco sustituye al actual marco de la MiFID I y lo refuerza. En el contexto de la revisión del marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión de la UE, la falta de un requisito de información obligatoria para las empresas de terceros países que operan en los Estados miembros a través de sucursales se ha identificado como una deficiencia. Las autoridades nacionales competentes no pueden evaluar con regularidad el volumen de las actividades de servicios financieros realizadas por las sucursales de empresas de terceros países en sus territorios. La presente propuesta pretende, por lo tanto, facilitar a las autoridades competentes los instrumentos adecuados para efectuar un seguimiento de esas actividades. 
            
            
               Según lo dispuesto en los artículos del RRC, la revisión del marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión se ha realizado en consulta con la ABE, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) y las autoridades nacionales competentes representadas en dichas AES. Tras una primera solicitud de asesoramiento presentada por la Comisión en diciembre de 2014, la ABE publicó en diciembre de 2015
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                su primer informe sobre el actual marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión, en el que instaba a llevar a efecto cambios en el planteamiento actual para todas las empresas de servicios de inversión, excepto las de mayor tamaño y mayor importancia sistémica. Tras una segunda solicitud de asesoramiento presentada por la Comisión en junio de 2016, la ABE publicó un documento de debate para consulta en noviembre de 2016
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               , en el que planteaba la posibilidad de un nuevo régimen prudencial para la gran mayoría de las empresas de servicios de inversión. Teniendo en cuenta las observaciones y la información adicional recabada de las empresas de servicios de inversión y de las autoridades nacionales competentes, la ABE publicó sus recomendaciones finales en septiembre de 2017
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               . Las propuestas se basan en estas recomendaciones en todos los aspectos esenciales excepto la identificación de las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica, por las razones que se exponen en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto y que se resumen en la sección relativa a la «evaluación de impacto» que figura más abajo.
            
            
            
               •
                     Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
            
            
               La presente propuesta complementa la revisión en curso del régimen constituido por el RRC  y la DRC IV para las entidades de crédito, siguiendo las propuestas presentadas por la Comisión el 23 de noviembre de 2016, que permitían a todas las empresas de servicios de inversión que no revisten importancia sistémica optar por no acogerse a sus disposiciones revisadas
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               . Esta opción se introdujo en reconocimiento a que las disposiciones revisadas no se habían formulado teniendo en mente a la mayor parte de las empresas de servicios de inversión y a que habrían aumentado la complejidad de la normativa vigente. La revisión del régimen prudencial para la mayoría de las empresas de servicios de inversión, también recogida en la presente propuesta, ya estaba muy avanzada en aquel momento, y se consideró desproporcionado someter a las empresas a un régimen aún más complejo durante un corto periodo, en espera de que comenzase a aplicarse el nuevo régimen. Por tanto, la presente propuesta establece un nuevo régimen para la mayoría de las empresas de servicios de inversión extrayéndolas totalmente del marco constituido por el RRC y la DRC IV y dejando integradas en ese marco, incluidas sus disposiciones revisadas, únicamente a las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica, con arreglo al enfoque revisado para identificarlas que contiene la presente propuesta.  
            
            
               La propuesta es asimismo coherente con la MiFID, la MiFID II y el MiFIR. Al establecer requisitos prudenciales adaptados a la actividad y a los riesgos de las empresas de servicios de inversión, aclara cuándo y por qué se aplican esos requisitos. De ese modo, permite superar algunos casos de aplicación arbitraria de los requisitos prudenciales propios del marco actual, que se plantean porque los requisitos se fijan en primer lugar y ante todo en relación con los servicios de inversión enumerados en la MiFID, y no con la acumulación real de riesgos ligada al tipo y los volúmenes de la actividad que realizan las empresas de servicios de inversión.  
            
            
               •
                     Coherencia con otras políticas de la Unión
            
            
               Las empresas de servicios de inversión desempeñan un importante papel a la hora de facilitar el flujo de la inversión en toda la UE. En consecuencia, la revisión también forma parte de las iniciativas de la Comisión para garantizar un mercado único fuerte y justo en el que el sistema financiero y la unión de los mercados de capitales funcionen correctamente, a fin de movilizar las inversiones y estimular el crecimiento y el empleo
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               . Un marco prudencial y de supervisión más adecuado y con unos costes de conformidad menores para las empresas de servicios de inversión debería contribuir a: i) mejorar las condiciones generales para las empresas; ii) impulsar la entrada en el mercado y la competencia en el proceso; y iii) mejorar el acceso de los inversores a nuevas oportunidades y formas más apropiadas de gestionar sus riesgos.
            
            
               El enfoque revisado para identificar a las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica que deben permanecer en el marco constituido por el RRC y la DRC IV es también coherente con el objetivo de evitar resquicios jurídicos en el funcionamiento de la unión bancaria. La reciente evolución estructural del mercado indica que los grupos bancarios de terceros países cuentan con estructuras cada vez más complejas en la UE, que operan a través de entes que escapan a la supervisión por parte del BCE en el marco del Mecanismo Único de Supervisión. Como se indica en la Comunicación de la Comisión de octubre de 2017 sobre la culminación de la unión bancaria
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               , velar por que las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica permanezcan en el marco constituido por el RRC y la DRC IV, de acuerdo con el enfoque para su identificación adoptado en la presente propuesta, garantiza también que esas empresas estén sometidas a la supervisión prudencial de los supervisores bancarios y, en lo que respecta a sus operaciones en los Estados miembros que participan en la unión bancaria, a la vigilancia prudencial del BCE.
            
            
               2.
                     BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
            
            
               •
                     Base jurídica
            
            
               El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea confiere a las instituciones europeas la competencia para establecer las disposiciones adecuadas, mediante directivas, a fin de facilitar a las personas el acceso a actividades comerciales y su ejercicio en toda la UE (artículo 53 del TFUE). Esto se extiende a la legislación relativa a la supervisión prudencial de los proveedores de servicios financieros, en este caso las empresas de servicios de inversión. Las disposiciones de la Directiva propuesta sustituyen a las de la DRC IV, también basadas en el artículo 53 del TFUE, en la medida en que se refieren a las empresas de servicios de inversión.
            
            
               •
                     Subsidiariedad
            
            
               En la propuesta se revisan y simplifican las normas vigentes de la UE que regulan el tratamiento prudencial de las empresas de servicios de inversión con el fin de: i) adaptarse y responder mejor a los riesgos en sus modelos de negocio; ii) hacer más equitativas las condiciones de competencia entre las empresas; y iii) reforzar la convergencia en materia de supervisión. Para alcanzar esos fines, un nuevo marco de la UE debe sustituir al vigente, en lugar de transferir esas decisiones a los marcos normativos de los Estados miembros. Esto se debe a que las empresas de servicios de inversión autorizadas en virtud de la MiFID acostumbran actualmente a prestar sus servicios a clientes dentro de todo el territorio de la Unión. Modificar las normas de forma separada y desarticulada en cada Estado miembro podría implicar distorsiones de la competencia y trato discriminatorio, lo cual fragmentaría el mercado único y podría aumentar los casos de arbitraje regulador perjudicial, con posibles repercusiones para la estabilidad financiera y la protección de los inversores de otros Estados miembros en caso de que surgieran problemas. También podría distorsionar la gama y el tipo de servicios de inversión disponibles en un Estado miembro determinado, en posible detrimento de la eficiencia global del mercado y de la capacidad de elección de los inversores. Es preciso que las normas revisadas eviten las disparidades normativas indebidas y garanticen unas condiciones de competencia equitativas para todas las empresas autorizadas en todo el mercado único.
            
            
               •
                     Proporcionalidad
            
         
         
            
               Por su naturaleza de ejercicio perteneciente al REFIT, el objetivo fundamental es hacer que el nuevo marco sea más adecuado, pertinente y proporcionado que el marco vigente para las empresas de servicios de inversión. En consecuencia, la presente propuesta establece un equilibrio al garantizar que los requisitos sean a la vez:
            
            
               ·exhaustivos y suficientemente robustos para dar respuesta a los riesgos de las empresas de servicios de inversión de un modo sólido desde un punto de vista prudencial; y
            
            
               ·suficientemente flexibles para atender a los distintos tipos de modelos de negocio sin entorpecer su capacidad para actuar de manera comercialmente viable. 
            
            
               Al presentar la propuesta se ha procurado velar por que los costes del régimen en términos tanto de requisitos de capital como de costes administrativos y de conformidad conexos, que se generan por la necesidad de gestionar el personal y los sistemas para operar conforme a los nuevos requisitos y para informar a los supervisores acerca de su cumplimiento, sean los mínimos que permitan alcanzar ese equilibrio.
            
            
               Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto, se espera que estos costes conexos disminuyan de forma constante, registrándose, no obstante, algunos costes puntuales nuevos en la fase inicial. En términos de capital, el objetivo de garantizar que, considerados globalmente, los requisitos de capital a escala de la UE de las empresas de servicios de inversión no aumenten demasiado es una elección estratégica general que ha presidido los trabajos sobre la revisión y que repercute en lo expuesto anteriormente. Esto se traduce en diferentes efectos de distribución para algunos tipos de empresas, atenuados por las disposiciones de la propuesta de modo que las mayores repercusiones sean paulatinas y limitadas. 
            
            
               •
                     Elección del instrumento
            
            
               El instrumento elegido es una directiva, ya que sus disposiciones sustituyen a las de la DRC IV en lo que respecta a las empresas de servicios de inversión. De esta manera se garantiza que los Estados miembros transpongan sus disposiciones de conformidad con las disposiciones administrativas nacionales pertinentes y coherentes con la práctica vigente. 
            
            
               3.
                     RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
            
            
               •
                     Evaluación ex post de la legislación vigente
            
            
               La evaluación del actual marco constituido por el RRC y la DRC IV, que se basa en el análisis realizado por la ABE y la AEVM en su informe de 2015
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               , en particular, y en los trabajos y análisis paralelos de los servicios de la Comisión, se resume en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto. 
            
            
               Su conclusión es que las normas vigentes, que se basan en las normas reguladoras internacionales para los grandes grupos bancarios y están dirigidas específicamente a los riesgos de los bancos, solo alcanzan parcialmente sus objetivos en lo que respecta a: i) garantizar niveles suficientes de capital para los riesgos de la mayor parte de las empresas de servicios de inversión; ii) mantener bajo control los costes de conformidad; iii), garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda la UE; y iv) velar por una vigilancia prudencial eficaz. Muchas de sus disposiciones se consideran ineficaces e ineficientes a este respecto. La excepción la constituyen las empresas de servicios de inversión de gran tamaño e importancia sistémica cuyo tamaño, perfil de riesgo y grado de interconexión con otros participantes en los mercados financieros las dotan de un carácter «cuasibancario». 
            
            
               Por lo demás, se ha estimado que la situación actual crea: i) una complejidad excesiva y cargas de conformidad desproporcionadas, especialmente para muchas empresas pequeñas y medianas; ii) una escasa adaptación y poca sensibilidad al riesgo de los parámetros y los requisitos prudenciales para dar una adecuada respuesta a los riesgos de las empresas de servicios de inversión; y iii) casos de divergencias en la aplicación nacional de las normas y un panorama normativo fragmentado en toda la UE.
            
            
               •
                     Consultas con las partes interesadas
            
            
               Durante la revisión, se consultó a las partes interesadas en varias ocasiones. En lo relativo a los aspectos principales, tras una primera solicitud de asesoramiento presentada por la Comisión en diciembre de 2014, la ABE publicó en diciembre de 2015 un informe sobre el marco prudencial vigente aplicable a las empresas de servicios de inversión, junto con propuestas de modificación. El informe constituye un análisis exhaustivo y accesible al público de la situación actual, con datos sobre el número y los tipos de empresas de servicios de inversión en los Estados miembros. Este análisis ha contribuido a ampliar la revisión a las partes interesadas que pueden no experimentar el efecto de las normas de forma directa y las ha alentado a participar en el debate posterior.
            
            
               El 4 de noviembre de 2016, la ABE publicó un documento de debate para consulta, en el que se centraba en un posible nuevo régimen prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión. El documento estuvo abierto a posibles observaciones durante tres meses. La ABE publicó su proyecto de recomendaciones el 3 de julio de 2017, invitando a las partes interesadas a enviar comentarios al respecto. Su labor fue respaldada también por un detallado ejercicio de recopilación de datos relativos a las empresas de servicios de inversión, llevado a cabo en nombre de la ABE por las autoridades nacionales competentes, en dos etapas en 2016 y 2017. 
            
            
               Habida cuenta de la consulta pública detallada y la recopilación de datos llevadas a cabo por la ABE, la Comisión no consideró necesario realizar una consulta pública general en paralelo. En su lugar, los servicios de la Comisión consultaron a las partes interesadas de manera específica, para recabar más opiniones sobre los principales elementos de la revisión. Estas consultas incluyeron:
            
            
               ·una mesa redonda con las partes interesadas del sector (empresas de servicios de inversión, inversores, bufetes de abogados, consultores) el 27 de enero de 2017, sobre el proyecto de propuestas elaborado por la ABE en relación con un nuevo régimen;
            
            
               ·un taller sobre los costes del régimen actual el 30 de mayo de 2017; y
            
            
               ·un taller sobre el proyecto de recomendaciones finales de la ABE el 17 de julio de 2017. 
            
            
               La revisión fue debatida con los Estados miembros en el Comité de Servicios Financieros en marzo y octubre de 2017, y en el seno del Grupo de Expertos en Banca, Pagos y Seguros en junio y septiembre de 2017. También se tuvo en cuenta la información recibida de las partes interesadas sobre la evaluación de impacto preliminar de la Comisión, publicada en marzo de 2017
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               . Por último, la Comisión también tomó en consideración la información recibida previamente en la convocatoria de datos sobre la eficiencia, la congruencia y la coherencia globales del marco normativo general de la UE para los servicios financieros, que tuvo un amplio alcance y en la que varios de los participantes señalaron diversas cuestiones pertinentes para la revisión
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               .
            
         
         
            
               Las empresas de servicios de inversión representan modelos de negocio diversos, y sus opiniones tienden a centrarse en aspectos de las propuestas que afectan específicamente a su modelo correspondiente. Esto complica las comparaciones transversales del peso relativo de las posiciones de las partes interesadas. Sin embargo, en general la gran mayoría de partes interesadas acogen favorablemente un marco prudencial específico más ajustado a sus modelos de negocio. Subrayan que su importancia sistémica es limitada y que los requisitos de capital deben centrarse en garantizar que puedan ser objeto de liquidación de una forma ordenada. En lo relativo a los requisitos específicos que se aplican a su modelo de negocio particular, las empresas de servicios de inversión que prestan solamente servicios de agencia y no realizan operaciones con instrumentos financieros utilizando su propio balance critican, por lo general, las propuestas tendentes a vincular de manera lineal los requisitos de capital con el tamaño de las carteras de clientes que gestionan. Mientras que muchas empresas que negocian por cuenta propia están de acuerdo en que el marco vigente para tener en cuenta el riesgo de mercado es hasta cierto punto acertado en lo que respecta a los riesgos en que incurren y que entrañan, otras empresas dedicadas a la negociación apuntan que dicho marco exagera los riesgos de los métodos que emplean y de los productos con los que negocian. Todos estos puntos de vista se han tenido en cuenta al calibrar los nuevos parámetros de riesgo propuestos (factores K; ver más abajo) y la posibilidad de introducir paulatinamente requisitos más elevados y de limitarlos.  
            
            
               •
                     Obtención y uso de asesoramiento especializado
            
            
               La revisión se ha llevado a cabo sobre la base del exhaustivo asesoramiento proporcionado por la ABE, en consulta con la AEVM, con arreglo a los artículos pertinentes del RRC, que constituyen la base jurídica para la revisión (en particular el artículo 508, apartados 2 y 3). Las principales aportaciones públicas de la ABE han sido las siguientes: 
            
            
               ·el informe de diciembre de 2015, que contiene una evaluación exhaustiva de la situación actual y recomendaciones iniciales de modificación;
            
            
               ·el documento de debate de noviembre de 2016 publicado para consulta, en torno a un posible nuevo régimen; y
            
            
               ·el informe final de septiembre de 2017 con recomendaciones detalladas. 
            
            
               La calibración precisa de las recomendaciones de nuevos requisitos de capital se apoya en un detallado ejercicio de recopilación de datos llevado a cabo en nombre de la ABE por las autoridades nacionales competentes, en dos etapas en 2016 y 2017, y en el que han participado las empresas de servicios de inversión. La Comisión se ha implicado en todo el proceso y ha podido beneficiarse de los debates realizados para evaluar las ventajas y los inconvenientes de las recomendaciones detalladas, a medida que dichos debates se han ido desarrollando.  
            
            
               •
                     Evaluación de impacto
            
            
               Según la caja de herramientas para la mejora de la legislación (herramienta n.º 9), la evaluación de impacto de la Comisión no es necesaria si se ha encomendado a una agencia de la UE la labor de formulación de una determinada política y los análisis conexos, en la medida en que la propuesta de la Comisión no se aparte mucho de las recomendaciones de la agencia y los servicios de la Comisión estimen que su evaluación es de calidad suficiente. 
            
            
               Si bien el Comité de Control Reglamentario estudió la posible elaboración de un proyecto de evaluación de impacto de esta iniciativa, en vista de que el mandato específico de la revisión se basa en el asesoramiento de las AES, sus consultas con las partes interesadas y sus trabajos técnicos se consideró más apropiado un documento de trabajo de los servicios de la Comisión. El objetivo del documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a las propuestas es, por lo tanto, explicar el asesoramiento proporcionado por las AES, incluidos los resultados de su análisis y su consulta, y enunciar al mismo tiempo los puntos de vista de los servicios de la Comisión sobre sus conclusiones, con vistas a orientar a la Comisión en la toma de decisiones. 
            
            
               En lo relativo a los requisitos de capital, la ABE considera que, siguiendo su asesoramiento, aumentarían, de manera agregada para todas las empresas de servicios de inversión de la UE sin importancia sistémica, en un 10 % en comparación con los requisitos del pilar 1 actuales, y se reducirían en un 16 % en comparación con los requisitos totales aplicados como resultado de las adiciones del pilar 2. La manera en que esos efectos se distribuirían entre las empresas de servicios de inversión depende de su tamaño, de los servicios de inversión que presten y de la manera en que les resulten de aplicación los nuevos requisitos de capital. Como se detalla en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a las propuestas, incluido su anexo II, el crecimiento agregado del 10 % en los requisitos del pilar 1 es la combinación de unos requisitos considerablemente más bajos en algunos casos y de incrementos que exceden del 10 % en otros casos. En lo que respecta a los fondos propios disponibles, la ABE opina que solo unas pocas empresas dejarían de disponer del capital suficiente para cumplir cómodamente los nuevos requisitos: únicamente un pequeño número de asesores en materia de inversión, empresas dedicadas a la negociación y empresas multiservicios. No obstante, podría aplicarse un límite durante una serie de años a las empresas de este grupo cuyos incrementos supusieran más del doble de los requisitos actuales.
            
            
               El documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto considera, como conclusión, que en general las recomendaciones de la ABE son un medio adecuado y proporcionado para alcanzar los objetivos de la revisión de manera eficiente y eficaz, en comparación con la situación actual. De manera más general, el asesoramiento de la ABE es un claro paso positivo hacia un marco prudencial aplicable a las empresas de servicios de inversión que pueda asegurar que funcionan sobre una base financiera sólida al tiempo que no obstaculiza sus expectativas comerciales. Como tal, dicho régimen debe respaldar equilibradamente los objetivos de la revisión. Por una parte, debe contribuir a garantizar que los riesgos de las empresas de servicios de inversión para los clientes y mercados se aborden de forma más específica, tanto en las operaciones que realizan en condiciones de viabilidad como en caso de que sea necesaria una liquidación. Por otra parte, debe contribuir a garantizar que las empresas de servicios de inversión puedan desempeñar plenamente su papel de facilitar el flujo de la inversión en toda la UE, que está en consonancia con los objetivos de la UMC de movilizar el ahorro y la inversión con el fin de impulsar el crecimiento y el empleo.
            
            
               Solo se aparta de las recomendaciones de la ABE en la identificación de las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica. En lugar de aplazarla de forma que se aclare mediante criterios que se desarrollen en normas técnicas de ejecución de las propuestas, como recomienda la ABE, se considera más apropiado establecer esa identificación en las propias propuestas para garantizar unas condiciones de competencia equitativas desde el punto de vista normativo entre las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica. En este punto, las propuestas van más allá de lo recomendado por la ABE en su dictamen sobre la revisión de las empresas de servicios de inversión. No obstante, las propuestas se ajustan, de ese modo, al dictamen de la ABE en los aspectos relacionados con la decisión del Reino Unido de abandonar la UE
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               .
            
            
               •
                     Adecuación y simplificación normativas
            
            
               Como se indica en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto, se espera que la simplificación de las normas prudenciales para la inmensa mayoría de las empresas de servicios de inversión reduzca considerablemente sus cargas administrativas y de conformidad. Han podido eliminarse varios requisitos normativos y de información que resultaban redundantes, permitiendo así que el capital dedicado a su cumplimiento se dirija a usos más productivos. Las propuestas, mediante la fijación de requisitos de capital y de otro tipo de requisitos prudenciales, incluidos requisitos en materia de remuneraciones y  gobernanza, que sean proporcionados para las empresas de servicios de inversión, las liberan por primera vez de los importantes costes en que esas empresas incurren como consecuencia de los requisitos, enfocados en los bancos, del régimen actual. Esto permitiría poner fin a la complicada tarea de hacer corresponder y conciliar los datos comerciales con un marco normativo y un régimen de información inadecuados.
            
            
               Se espera que las empresas de servicios de inversión que sean pymes
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                estén entre los principales beneficiarios. Un marco prudencial más proporcionado y apropiado para ellas debería ayudarlas a mejorar las condiciones para su actividad empresarial y reducir las barreras de entrada. Por ejemplo, la racionalización del oneroso marco de información debería reducir las cargas administrativas y los costes de conformidad para las pymes, incluidas las empresas innovadoras que deseen crecer a través de medios digitales. Del mismo modo, al eximir a las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas de las actuales normas en materia de gobernanza y remuneraciones fijadas en la DRC IV y el RRC vigentes, las propuestas deberían reducir los costes administrativos y de conformidad para estas empresas. Se prevén algunos costes excepcionales motivados por la transición al nuevo régimen, dado que las empresas deben reformar sus sistemas de gestión de riesgos, actualizar sus departamentos de cumplimiento normativo y revisar sus contratos con empresas de servicios jurídicos y otros proveedores de servicios que utilizan actualmente para facilitar la conformidad con las normas. Sin embargo, el ahorro de costes de conformidad debe ser positivo, en general, para los objetivos de la UMC, al ayudar a las empresas de servicios de inversión a desempeñar su papel en la movilización del ahorro de los inversores hacia usos productivos.
            
            
               En términos de costes de conformidad, las empresas podrían ahorrar entre decenas de miles y centenares de miles de euros en función del tipo y el tamaño de cada empresa. En esta fase aún no se conoce la vinculación y correlación entre estas reducciones en los costes de conformidad y los cambios en los requisitos de capital para los diferentes tipos de empresas, pero el seguimiento y la evaluación futuros del marco deberían aclararla.
            
            
               •
                     Derechos fundamentales
            
            
               La presente propuesta refuerza el ejercicio del derecho de las diversas empresas de servicios de inversión a llevar a cabo su actividad empresarial sin las cargas que suponen normas diseñadas en principio para otros tipos de participantes en los mercados financieros. Las medidas legislativas contenidas en las propuestas que establecen normas en materia de remuneraciones en las empresas de servicios de inversión observan los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la libertad de empresa y el derecho de negociación y de acción colectiva.
            
            
               4.
                     REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
            
         
         
            
               La propuesta no tiene repercusiones financieras en el presupuesto de la UE.
            
            
               5.
                     OTROS ELEMENTOS
            
            
               •
                     Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
            
            
               Los cambios contemplados en las propuestas deben evaluarse para determinar el grado en que se han alcanzado los objetivos siguientes:
            
            
               ·una categorización más simple de las empresas de servicios de inversión de manera que refleje sus distintos perfiles de riesgo; 
            
            
               ·un conjunto de normas prudenciales, especialmente requisitos sobre el capital, la liquidez, las remuneraciones y la gobernanza, que sean apropiadas, proporcionadas y sensibles a los riesgos específicos a los que las empresas de servicios de inversión están expuestas y que garanticen que el capital se asigna en función de lo realmente necesario; 
            
            
               ·un marco que responda de un modo directo y discernible a los riesgos inherentes a la naturaleza y gama de las actividades realizadas por las empresas de servicios de inversión y que, por lo tanto, apoye el acceso a la actividad; y
            
            
               ·un conjunto racionalizado de instrumentos de supervisión que permita una vigilancia plena y apropiada de las prácticas comerciales y los riesgos asociados. 
            
            
               Con este fin, podrían recopilarse algunos de los elementos informativos siguientes, como parte de una futura revisión, para servir de indicadores en la evaluación del impacto de los cambios propuestos: i) los costes de conformidad en términos de personal, asesoramiento jurídico y comunicación de información reglamentaria; ii) los niveles de los requisitos de capital; iii) otros nuevos costes, derivados por ejemplo de las normas de liquidez; iv) la evolución en el número de empresas entre las distintas categorías; v) los cambios en el recurso a las adiciones del pilar 2 por parte de las autoridades competentes; vi) los casos de inviabilidad de empresas de servicios de inversión bajo el nuevo régimen y las repercusiones de esos casos; y vii) la evolución del tamaño de las empresas de servicios de inversión en términos de activos y volúmenes de órdenes de clientes.
            
            
               •
                     Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
            
            
               Objeto y ámbito de aplicación
            
            
               La propuesta establece los requisitos para la designación de las autoridades de supervisión prudencial, el capital inicial de las empresas de servicios de inversión, los poderes e instrumentos para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes y los requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudenciales. La Directiva es aplicable a todas las empresas de servicios de inversión reguladas por la MiFID II, cuya aplicación debe iniciarse en enero de 2018.
            
            
               Designación y poderes de las autoridades de supervisión
            
            
               La propuesta obliga a los Estados miembros a designar una autoridad encargada de ejercer los poderes de supervisión prudencial en virtud de la presente Directiva, trasladando a esta las disposiciones aplicables de la DRC IV. Los Estados miembros pueden o bien conceder dichos poderes a una autoridad existente con las funciones y poderes otorgados en virtud de la DRC IV o conferirlos a una autoridad de nueva creación.  
            
            
               Capital inicial
            
            
               Los niveles de capital inicial, basados en los servicios y actividades que las empresas de servicios de inversión están autorizadas a prestar y realizar de conformidad con la MiFID, se revisan y armonizan para toda la UE a partir de los niveles previstos en la DRC IV, a fin de tener en cuenta la inflación desde que se fijaron esos niveles. Se incluyen disposiciones transitorias para permitir en particular a las empresas más pequeñas alcanzar los nuevos importes de capital inicial en caso necesario.
            
            
               Poderes de las autoridades de origen y de acogida
            
            
               Se otorgan las competencias recogidas en la DRC IV a las autoridades de origen y de acogida para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión. Deben establecerse los acuerdos de cooperación pertinentes entre las autoridades.
            
            
               Intercambio de información y secreto profesional
            
            
               Se introducen disposiciones sobre el intercambio de información relativa a la supervisión prudencial entre las autoridades competentes y sobre el secreto profesional, con base en la DRC IV y como complemento de la MiFID II.
            
         
         
            
               Sanciones
            
            
               En consonancia con la DRC IV, los Estados miembros están obligados a establecer sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias para sancionar las violaciones de lo dispuesto en la presente Directiva y el Reglamento (UE) ----/--].
            
            
               Adecuación del capital interno y revisión y evaluación supervisoras
            
            
               Se introducen requisitos simplificados, basados en la DRC IV, para que las empresas de servicios de inversión y las autoridades competentes evalúen la adecuación de las disposiciones y procedimientos con objeto de garantizar que las empresas cumplan lo dispuesto en la presente Directiva y el [Reglamento (UE)  ----/--].
            
            
               Las autoridades competentes deben tener poderes para revisar y evaluar la situación prudencial de las empresas de servicios de inversión y exigir, en su caso, cambios en ámbitos tales como la gobernanza y los controles internos o los procesos y procedimientos de gestión de riesgos y, en su caso, fijar requisitos adicionales, en particular en materia de capital y liquidez.
            
            
               Gobernanza y remuneraciones
            
            
               De acuerdo con la evaluación realizada por la ABE en su dictamen
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                y la valoración de esa evaluación de la ABE llevada a cabo en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a las propuestas, las normas sobre gobernanza empresarial y remuneraciones son objeto de revisión con el fin de garantizar el funcionamiento ordenado de las empresas de servicios de inversión y de evitar que su personal asuma riesgos excesivos. 
            
            
               Al mismo tiempo, estas normas tienen por objeto reflejar las diferencias entre los riesgos que entrañan las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. No se considera proporcionado aplicar las exigencias de la presente Directiva a las disposiciones de gobernanza, y las políticas y prácticas en materia de remuneraciones de las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas. La propuesta tiene por objeto garantizar la coherencia de las normas en materia de gobernanza y de remuneraciones entre los diferentes actos legislativos, incluidas la DRC IV y las Directivas 2009/65/CE (OICVM) y 2011/61/UE (Directiva GFIA).
            
            
               Si bien la propuesta no establece un límite específico al coeficiente entre los componentes fijo y variable de la remuneración variable, requiere que las empresas de servicios de inversión establezcan por sí mismas coeficientes adecuados. De este modo se tiene en cuenta el impacto potencial que la fijación de un coeficiente único podría tener sobre la flexibilidad de costes y la rentabilidad de algunas empresas de servicios de inversión.
            
            
               Las conclusiones del informe de la Comisión COM(2016) 510 pusieron de manifiesto que los requisitos relativos al diferimiento y el pago en instrumentos no son eficaces en el caso de las empresas de servicios de inversión pequeñas y no complejas ni para el personal con niveles bajos de remuneración variable. Por consiguiente, la Comisión propone fijar un umbral por empresa y niveles de personal, por debajo del cual las empresas de servicios de inversión y/o los miembros del personal se beneficien de las excepciones a la aplicación de las normas sobre diferimiento y pago en instrumentos.
            
            
               Terceros países
            
            
               La Unión puede celebrar acuerdos con terceros países en relación con las modalidades de supervisión de la conformidad con la prueba de capital del grupo. Los Estados miembros y la ABE pueden celebrar acuerdos de cooperación administrativa con las autoridades de supervisión de terceros países para facilitar el intercambio de información. 
            
            
               Empresas de servicios de inversión de importancia sistémica
            
            
               La propuesta de Reglamento que acompaña a la presente propuesta de Directiva contiene una disposición que modifica la definición de entidades de crédito para incluir a las empresas cuya actividad incluya la negociación por cuenta propia o el aseguramiento o colocación de instrumentos financieros sobre la base de un compromiso firme, cuando el valor total de los activos de la empresa sea de 30 000 millones EUR o más. La presente propuesta de Directiva contiene disposiciones complementarias sobre el proceso para solicitar autorización como entidad de crédito. 
            
            
               2017/0358 (COD)
            
            
               Propuesta de
            
            
               DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            
            
               relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE
            
            
               (Texto pertinente a efectos del EEE)
            
            
               EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
         
         
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1,
            
            
               Vista la propuesta de la Comisión Europea, 
            
            
               Visto el dictamen del Banco Central Europeo
                  23
               ,
            
            
               Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo
                  24
               ,
            
            
               Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
            
            
               De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)Una supervisión prudencial robusta es parte integrante de las condiciones reglamentarias en las que las entidades financieras pueden prestar servicios dentro de la Unión. Las empresas de servicios de inversión están, junto con las entidades de crédito, sujetas a lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  25
                y en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  26
                en lo que respecta a su tratamiento y supervisión prudenciales, mientras que su autorización y otros requisitos organizativos y de conducta se recogen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  27
               .
            
            
               (2)Los actuales regímenes prudenciales en virtud del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE se basan en gran medida en las iteraciones sucesivas de las normas reguladoras internacionales, fijadas para los grandes grupos bancarios por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, y solo abordan parcialmente los riesgos específicos inherentes a las diversas actividades de las empresas de servicios de inversión. Las vulnerabilidades y riesgos específicos inherentes a las empresas de servicios de inversión deben, por tanto, tratarse con mayor atención por medio de disposiciones prudenciales apropiadas y proporcionadas a nivel de la Unión.
            
            
               (3)Una supervisión prudencial sólida debe garantizar que las empresas de servicios de inversión sean gestionadas de manera ordenada y en el mejor interés de sus clientes. Debe tener en cuenta la posibilidad de que las empresas de servicios de inversión y sus clientes asuman riesgos excesivos y los diferentes grados de riesgo asumido y entrañado por las empresas de servicios de inversión. Del mismo modo, dicha supervisión prudencial debe procurar evitar que se impongan cargas administrativas indebidas a las empresas de servicios de inversión. 
            
            
               (4)Muchos de los requisitos que se derivan del marco constituido por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE fueron concebidos para abordar los riesgos comunes que afrontan las entidades de crédito. Como consecuencia de ello, los actuales requisitos se han calibrado, en gran medida, para preservar la capacidad de préstamo de las entidades de crédito a lo largo de los ciclos económicos y proteger a los depositantes y los contribuyentes de su posible inviabilidad, y no para abordar los diferentes perfiles de riesgo de las empresas de servicios de inversión. Las empresas de servicios de inversión no tienen grandes carteras de préstamos minoristas y a empresas y no aceptan depósitos. La probabilidad de que su inviabilidad pueda tener efectos perjudiciales para la estabilidad financiera general es más baja que en el caso de las entidades de crédito. Los riesgos a los que se enfrentan y que entrañan las empresas de servicios de inversión son, pues, sustancialmente diferentes de aquellos a los que se enfrentan y que entrañan las entidades de crédito, y esa diferencia debe reflejarse claramente en el marco prudencial de la Unión.
            
            
               (5)Las diferencias en la aplicación del marco vigente en los distintos Estados miembros ponen en peligro la igualdad de las condiciones de competencia para las empresas de servicios de inversión dentro de la Unión. Estas diferencias se derivan de la complejidad general de la aplicación del marco a las distintas empresas de servicios de inversión en función de los servicios que prestan, cuando algunas autoridades nacionales ajustan o racionalizan esa aplicación en la legislación o la práctica nacionales. Dado que el marco prudencial vigente no aborda todos los riesgos a los que se enfrentan y que entrañan algunos tipos de empresas de servicios de inversión, se han aplicado grandes adiciones de capital a determinadas empresas de servicios de inversión en algunos Estados miembros. Deben establecerse disposiciones uniformes para abordar esos riesgos, de forma que se asegure una supervisión prudencial armonizada de las empresas de servicios de inversión en toda la Unión.
            
            
               (6)Por lo tanto, se requiere un régimen prudencial específico para las empresas de servicios de inversión que no sean de importancia sistémica por su tamaño y grado de interconexión con otros agentes financieros y económicos. Las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica deben, no obstante, seguir sujetas al marco prudencial existente en virtud de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013. Esas empresas de servicios de inversión son un subconjunto de las empresas de servicios de inversión a las que se aplica actualmente el marco constituido por la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y que no se benefician de exenciones específicas de ninguno de sus principales requisitos. Las empresas con mayor tamaño y mayores niveles de interconexión tienen modelos de negocio y perfiles de riesgo similares a los de las entidades de crédito importantes. Ofrecen servicios «de tipo bancario» y asumen riesgos a una escala significativa. Por otra parte, las empresas de servicios de inversión de importancia sistémica poseen el tamaño suficiente y modelos de negocio y perfiles de riesgo tales como para representar una amenaza para el funcionamiento ordenado y estable de los mercados financieros en la misma medida que las entidades de crédito de gran tamaño. Por lo tanto, procede que dichas empresas de servicios de inversión continúen estando sujetas a lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               (7)Es posible que en algunos Estados miembros las autoridades competentes para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión sean distintas de las autoridades que son competentes para la supervisión de la conducta en el mercado. Es necesario, por tanto, crear un mecanismo de cooperación y de intercambio de información entre esas autoridades.
            
            
               (8)Con el fin de impulsar la armonización de las normas y prácticas de supervisión dentro de la Unión, resulta oportuno que la Autoridad Bancaria Europea (ABE), en estrecha colaboración con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), conserve la responsabilidad principal en materia de coordinación y convergencia de las prácticas en el ámbito de la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF).
            
            
               (9)El nivel exigido de capital inicial de una empresa de servicios de inversión debe basarse en los servicios y actividades que la empresa de servicios de inversión está autorizada a, respectivamente, prestar y realizar con arreglo a la Directiva 2004/39/CE. La posibilidad de que los Estados miembros reduzcan el nivel exigido de capital inicial en situaciones específicas, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2013/36/UE, por un lado, y la instrumentación desigual de esta Directiva, por otro lado, han dado lugar a una situación en la que el nivel exigido de capital inicial es divergente en la Unión. Para poner fin a esta fragmentación, debe armonizarse el nivel exigido de capital inicial.
            
            
               (10)Si bien se excluye a las empresas de servicios de inversión del ámbito de aplicación de la Directiva 2013/36/UE y del Reglamento (UE) n.º 575/2013, ciertos conceptos utilizados en el marco de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 deben mantener su significado ya asentado. Para posibilitar y facilitar una lectura coherente de esos conceptos cuando actos legales de la Unión los usen en relación con las empresas de servicios de inversión, las referencias en dichos actos de la Unión al capital inicial de las empresas de servicios de inversión, a las facultades de supervisión de las autoridades competentes en relación con las empresas de servicios de inversión, al proceso de evaluación de la adecuación del capital interno de las empresas de servicios de inversión, al proceso de revisión y evaluación supervisoras de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes y a las disposiciones sobre gobernanza y sobre remuneraciones aplicables a las empresas de servicios de inversión deben entenderse hechas a las disposiciones correspondientes de la presente Directiva. 
            
            
               En lo que respecta a las referencias al importe del capital inicial, deben aplicarse las siguientes correspondencias. Debe entenderse que, a partir de la fecha de aplicación de la presente Directiva, los niveles de capital inicial establecidos en su artículo 8 sustituyen a las referencias a los niveles de capital inicial fijados en la Directiva 2013/36/UE de la manera siguiente: debe interpretarse que el capital inicial de las empresas de servicios de inversión a que se refiere el artículo 28 de la Directiva 2013/36/UE remite al artículo 8, apartado 1; debe interpretarse que el capital inicial de las empresas de servicios de inversión a que se refieren el artículo 29 o el artículo 31 de la Directiva 2013/36/UE remite al artículo 8, apartado 2, o al artículo 8, apartado 3, dependiendo del tipo de servicios y actividades de inversión de la empresa de servicios de inversión; debe interpretarse que el capital inicial a que se refiere el artículo 30 de la Directiva 2013/36/UE remite al artículo 8, apartado 1. 
            
            
               (11)El buen funcionamiento del mercado interior exige que la responsabilidad de supervisar la solidez financiera de una empresa de servicios de inversión, y en particular su solvencia, corresponda a la autoridad competente de su Estado miembro de origen. Para lograr una supervisión eficaz de las empresas de servicios de inversión también en otros Estados miembros donde presten servicios o tengan una sucursal, debe garantizarse una cooperación estrecha con las autoridades competentes de dichos Estados miembros.
            
         
         
            
               (12)A efectos de información y de supervisión, y en particular para garantizar la estabilidad del sistema financiero, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida deben tener la posibilidad de llevar a cabo, a la luz de las circunstancias de cada caso, comprobaciones sobre el terreno, de inspeccionar las actividades de las sucursales de las empresas de servicios de inversión en su territorio y de exigir información sobre las actividades de esas sucursales. Las medidas de supervisión de dichas sucursales han de seguir siendo, no obstante, competencia del Estado miembro de origen.
            
            
               (13)Para proteger la información comercialmente sensible, las autoridades competentes deben estar vinculadas por las normas de secreto profesional al llevar a cabo sus tareas de supervisión y al intercambiar información confidencial.
            
            
               (14)Con el fin de reforzar la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión y la protección de sus clientes, los auditores deben informar con celeridad a las autoridades competentes de los hechos que puedan tener un efecto grave en la situación financiera de una empresa de servicios de inversión o en su organización administrativa y contable.
            
            
               (15)El tratamiento de datos personales para los fines de la presente Directiva deberá llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  28
                y el Reglamento (UE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  29
               . En particular, cuando la presente Directiva permita los intercambios de datos personales con terceros países, deben aplicarse las disposiciones pertinentes del capítulo V del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 9 del Reglamento (UE) n.º 45/2001. 
            
            
               (16)Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Directiva y en [el Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], los Estados miembros deben establecer sanciones administrativas y otras medidas administrativas que sean eficaces, proporcionadas y disuasorias. A fin de que las sanciones administrativas tengan un efecto disuasorio, deben publicarse, excepto en determinadas circunstancias bien definidas. Para que los clientes e inversores puedan tomar una decisión informada sobre sus opciones de inversión, deben tener acceso a la información sobre las sanciones y medidas administrativas impuestas a las empresas de servicios de inversión. 
            
            
               (17)A fin de detectar posibles infracciones tanto de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva  como del [Reglamento (UE)  ---/---- (IFR)], conviene que los Estados miembros posean las facultades de investigación necesarias y establezcan mecanismos eficaces de información acerca de infracciones reales o potenciales.
            
            
               (18)Las empresas de servicios de inversión deben tener un capital interno que resulte adecuado en cantidad, calidad y distribución, para cubrir los riesgos específicos a los que estén o puedan estar expuestas. Las autoridades competentes deben asegurarse de que las empresas de servicios de inversión disponen de estrategias y procedimientos adecuados para evaluar y mantener la adecuación de su capital interno.
            
            
               (19)Las facultades de revisión y evaluación supervisoras deben seguir siendo un importante instrumento regulador que permita a las autoridades competentes evaluar elementos cualitativos, tales como los controles y la gobernanza internos o los procesos y procedimientos de gestión de riesgos, y en caso necesario establecer requisitos adicionales, en particular en relación con los requisitos de capital y liquidez.
            
            
               (20)Para aproximar las remuneraciones al perfil de riesgo de las empresas de servicios de inversión y garantizar condiciones de competencia equitativas, las empresas de servicios de inversión han de estar sujetas a disposiciones claras en materia de gobernanza empresarial y a normas claras en materia de remuneraciones que tengan en cuenta las diferencias entre las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión. Las empresas de servicios de inversión pequeñas y no interconectadas deben, no obstante, quedar exentas de esas normas, ya que las disposiciones en materia de remuneraciones y gobernanza empresarial con arreglo a la Directiva 2014/65/UE son lo suficientemente exhaustivas para esos tipos de empresas.
            
            
               (21)De modo similar, el informe de la Comisión COM(2016) 510
                  30
                puso de manifiesto que los requisitos de diferimiento y pago en instrumentos contemplados en la Directiva 2013/36/UE no son apropiados para las empresas de servicios de inversión pequeñas y no complejas ni para el personal con niveles bajos de remuneración variable. Son necesarios criterios claros, coherentes y armonizados para la identificación de las empresas de servicios de inversión y las personas exentas de estos requisitos, de modo que se garanticen la convergencia de las prácticas de supervisión y unas condiciones de competencia equitativas. Al mismo tiempo, resulta conveniente, no obstante, ofrecer a las autoridades competentes cierta flexibilidad para adoptar un enfoque más estricto cuando lo consideren necesario.
            
            
               (22)Es asimismo conveniente ofrecer a las empresas de servicios de inversión cierta flexibilidad en el modo en que utilizan los instrumentos distintos del efectivo cuando abonan una remuneración variable, en la medida en que dichos instrumentos sean eficaces para alcanzar el objetivo de aproximar los intereses del personal a los de las distintas partes interesadas, como los accionistas y acreedores, y contribuir a la adaptación de la remuneración variable al perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión.
            
            
               (23)Los ingresos de las empresas de servicios de inversión en forma de comisiones y otros ingresos relacionados con la prestación de diferentes servicios de inversión son muy volátiles. Limitar el componente variable de las remuneraciones a una parte de su componente fijo afectaría a la capacidad de la empresa para reducir las remuneraciones en momentos de reducción de los ingresos y podría dar lugar a un incremento de la base de costes fijos de la empresa, entrañando a su vez riesgos para la capacidad de aquella de resistir periodos de recesión económica o de reducción de los ingresos. Para evitar esos riesgos, no debe imponerse a las empresas de servicios de inversión sin importancia sistémica una ratio máxima única entre el componente fijo y el variable de las remuneraciones. En su lugar, dichas empresas de servicios de inversión han de establecer por sí mismas las ratios apropiadas.
            
            
               (24)En respuesta a la creciente demanda de transparencia fiscal por parte de la opinión pública y para promover la responsabilidad corporativa de las empresas de servicios de inversión, es conveniente exigir a estas que divulguen determinada información, incluida información sobre los beneficios obtenidos, los impuestos pagados y las posibles subvenciones públicas recibidas.
            
            
               (25)Con el fin de abordar los riesgos a nivel de los grupos exclusivos de empresa de servicios de inversión, el método de consolidación prudencial exigido por el Reglamento (UE) n.º 575/2013 debe, en el caso de tales grupos, ser sustituido por una prueba de capital del grupo. La determinación del supervisor de grupo, sin embargo, debe basarse en los mismos principios que se aplican en el caso de la supervisión en base consolidada. Para garantizar una cooperación adecuada, los elementos básicos de las medidas de coordinación, y en particular los requisitos de información en situaciones de urgencia o los mecanismos de cooperación y coordinación, deben ser similares a los elementos básicos de coordinación aplicables en el marco del código normativo único de las entidades de crédito.
            
            
               (26)Por una parte, la Comisión debe estar facultada para presentar al Consejo recomendaciones para la negociación de acuerdos entre la Unión y terceros países destinados al ejercicio práctico de la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por parte de las empresas de servicios de inversión cuyas empresas matrices tengan su sede en terceros países y de las empresas de servicios de inversión que operen en terceros países y cuyas empresas matrices tengan su sede en la Unión. Por otra parte, los Estados miembros y la ABE también deben poder celebrar acuerdos administrativos con terceros países para el desempeño de sus funciones de supervisión.
            
            
               (27)A fin de garantizar la seguridad jurídica y de evitar solapamientos entre el marco prudencial actualmente aplicable a las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión y la presente Directiva, el Reglamento (UE) n.º 575/2013 y la Directiva 2013/36/UE se modifican a fin de excluir a las empresas de servicios de inversión de su ámbito de aplicación. No obstante, las empresas de servicios de inversión que formen parte de un grupo bancario deben seguir estando sujetas a las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE que sean pertinentes para el grupo bancario, tales como las disposiciones sobre la empresa matriz intermedia de la UE previstas en [el artículo 21 ter] de la Directiva 2013/36/UE, y a las normas de consolidación prudencial previstas en la parte primera, título I, capítulo 2, del Reglamento (UE) n.º 575/2013. 
            
            
               (28)Es necesario especificar las medidas que las empresas deben adoptar para verificar si están incluidas en la definición de entidad de crédito que establece el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y si por lo tanto deben obtener autorización como entidad de crédito. Dado que determinadas empresas de servicios de inversión ya llevan a cabo las actividades a que se refiere el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, de la Directiva 2014/65/UE, también es necesario garantizar la claridad acerca de la continuidad de la autorización relativa a esas actividades.
            
            
               (29)A fin de garantizar una supervisión eficaz, es importante que las empresas que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 soliciten autorización como entidad de crédito. Por consiguiente, las autoridades competentes deben tener la posibilidad de imponer sanciones a las empresas que no soliciten dicha autorización.
            
            
               (30)La modificación de la definición de «entidad de crédito» en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 por el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] puede, a partir de su entrada en vigor, incluir a las empresas de servicios de inversión que ya operan sobre la base de una autorización expedida con arreglo a la Directiva 2014/65/UE. Esas empresas deben estar facultadas para seguir operando con su autorización como empresas de servicios de inversión hasta que se les conceda la autorización como entidad de crédito. Deben presentar una solicitud de autorización como entidad de crédito a más tardar cuando la media de sus activos totales mensuales supere cualquiera de los umbrales señalados en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a lo largo de un periodo de doce meses consecutivos. Cuando una empresa de servicios de inversión supere cualquiera de los umbrales señalados en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, la media de sus activos totales mensuales debe calcularse teniendo en cuenta los doce meses consecutivos anteriores a esa fecha. Esas empresas de servicios de inversión deben solicitar la autorización como entidad de crédito en el plazo de un año y un día tras la entrada en vigor de la presente Directiva. 
            
            
               (31)La modificación de la definición de «entidad de crédito» en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 por el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] puede afectar también a las empresas que ya hayan solicitado su autorización como empresas de servicios de inversión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE y cuya solicitud aún esté pendiente. En caso de que el total previsto de activos pertenecientes a la empresa alcance alguno de los umbrales establecidos en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013, esas solicitudes deben transferirse a las autoridades competentes con arreglo a la Directiva 2013/36/UE y tratarse de conformidad con lo que dicha Directiva dispone en relación con la autorización.
            
         
         
            
               (32)Las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 también deben estar sujetas a todos los requisitos de acceso a la actividad de las entidades de crédito establecidos en el título III de la Directiva 2013/36/UE, incluidas las disposiciones relativas a la revocación de la autorización de conformidad con el artículo 18 de dicha Directiva. El artículo 18 de dicha Directiva debe, no obstante, modificarse con el fin de garantizar que las autoridades competentes también puedan revocar la autorización concedida a una entidad de crédito cuando esta la utilice exclusivamente para llevar a cabo las actividades mencionadas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 575/2013 y su media de activos totales se sitúe durante cinco años consecutivos por debajo de los umbrales establecidos en dicho artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b). 
            
            
               (33)De conformidad con el artículo 39 de la Directiva 2014/65/UE, las empresas de terceros países que presten servicios financieros en la UE están sujetas a regímenes nacionales que pueden requerir el establecimiento de una sucursal en un Estado miembro. Para facilitar el seguimiento y la evaluación periódicos de las actividades llevadas a cabo por parte de empresas de terceros países a través de sucursales en la Unión, las autoridades competentes deben ser informadas sobre la magnitud y el alcance de los servicios prestados y de las actividades realizadas a través de sucursales sitas en su territorio.  
            
            
               (34)La ABE, en cooperación con la AEVM, ha publicado un informe que se sustenta en un profundo análisis del contexto, la recogida de datos y la realización de consultas acerca de un régimen prudencial específico para todas las empresas de servicios de inversión sin importancia sistémica, el cual sirve de base para el marco prudencial revisado de las empresas de servicios de inversión. 
            
            
               (35)A fin de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva, la ABE debe encargarse de elaborar normas técnicas para especificar la información que las autoridades de origen y de acogida deben intercambiar en el contexto de la supervisión, para establecer la forma en que las empresas de servicios de inversión deben evaluar el volumen de sus actividades a efectos de los requisitos de gobernanza interna y, en particular, para evaluar si constituyen una empresa pequeña y no interconectada. Las normas técnicas deben asimismo indicar qué miembros del personal inciden de manera importante en el perfil de riesgo de las empresas a los efectos de las disposiciones sobre remuneraciones, y especificar los instrumentos de capital de nivel 1 adicional y de nivel 2 que puedan considerarse remuneración variable. Por último, las normas técnicas deben especificar los elementos para la evaluación del ámbito de aplicación de los requisitos sobre gobernanza interna, transparencia, tratamiento de los riesgos y remuneraciones, la aplicación de requisitos de capital adicionales por parte de las autoridades competentes y el funcionamiento de los colegios de supervisores.  
            
            
               (36)Con objeto de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva y de tener en cuenta la evolución de los mercados financieros, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los que se especifiquen con mayor detalle las definiciones contenidas en la presente Directiva, las evaluaciones del capital interno y de los riesgos de las empresas de servicios de inversión, y las facultades de revisión y evaluación supervisoras de las autoridades competentes. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
            
            
               (37)A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación de la presente Directiva, en particular con respecto a la adopción de los proyectos de normas técnicas de ejecución elaborados por la ABE en relación con los requisitos de intercambio de información entre las autoridades competentes, y a fin de tener en cuenta la evolución de la situación en el ámbito económico y monetario en lo que respecta a los niveles de los requisitos de capital inicial para las empresas de servicios de inversión, deben otorgarse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  31
               .
            
            
               (38)Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer un marco prudencial eficaz y proporcionado para asegurarse de que las empresas de servicios de inversión autorizadas a operar en la Unión lo hacen sobre una base financiera sólida y se gestionan de manera ordenada, actuando también en el mejor interés de sus clientes, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su magnitud y sus efectos, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. 
            
            
               (39)De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y la Comisión sobre los documentos explicativos
                  32
               , los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.
            
            
            
               HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
            
            
            
               TÍTULO I
            
            
               OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
            
            
               Artículo 1
            
            
               Objeto
            
            
               La presente Directiva establece normas sobre:
            
            
               (a)el capital inicial de las empresas de servicios de inversión; 
            
            
               (b)las facultades y los instrumentos para la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes;
            
            
               (c)la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión por parte de las autoridades competentes de manera coherente con las normas que establece el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];
            
            
               (d)los requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión.
            
         
         
            
               Artículo 2
            
            
               Ámbito de aplicación
            
            
               1.La presente Directiva se aplicará a las empresas de servicios de inversión autorizadas y supervisadas con arreglo a la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  33
               .
            
            
               Artículo 3
            
            
               Definiciones
            
            
               1.
                     A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
            
            
            
               (1)«Empresa de servicios auxiliares»: una empresa de servicios auxiliares tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 18, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               (2)«Autorización»: la autorización de una empresa de servicios de inversión, de conformidad con el título II de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (3)«Sucursal»: una sucursal tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 30, de la Directiva 2014/65/UE. 
            
            
               (4)«Vínculos estrechos»: los vínculos estrechos tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 35, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (5)«Autoridad competente»: una autoridad o un organismo público de un Estado miembro que esté oficialmente reconocido y facultado por la legislación nacional para supervisar a las empresas de servicios de inversión con arreglo a la presente Directiva, en el marco del sistema de supervisión vigente en dicho Estado miembro.
            
            
               (6)«Operadores en materias primas»: los operadores en materias primas tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               (7)«Control»: la relación existente entre una empresa matriz y una filial, tal y como se describe en el artículo 22 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  34
                o en las normas de contabilidad a que una empresa de servicios de inversión está sujeta en virtud del Reglamento (CE) n.º 1606/2002
                  35
               , o una relación similar entre cualquier persona física o jurídica y una empresa. 
            
            
               (8)«Cumplimiento de la prueba de capital del grupo»: el cumplimiento, por la empresa matriz de un grupo de empresa de servicios de inversión, de las exigencias previstas en el artículo 7 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
               (9)«Entidad de crédito»: una entidad de crédito tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.
            
            
               (10)«Derivados»: los derivados tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 29, del Reglamento (UE) n.º 600/2014
                  36
               .
            
            
               (11)«Entidad financiera»: una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 13, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. 
            
            
               (12)«Grupo»: un grupo tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 2013/34/UE. 
            
            
               (13)«Supervisor de grupo»: una autoridad competente responsable de la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por las empresas de servicios de inversión matrices de la Unión y las empresas de servicios de inversión controladas por sociedades de cartera de inversión matrices de la Unión o por sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la Unión.
            
         
         
            
               (14)«Estado miembro de origen»: el Estado miembro de origen tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 55, letra a), de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (15)«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro de acogida tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 56, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (16)«Capital inicial»: el capital exigido a efectos de la autorización como empresa de servicios de inversión.
            
            
               (17)«Empresa de servicios de inversión»: una empresa de servicios de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, de la Directiva 2014/65/UE. 
            
            
               (18)«Grupo de empresa de servicios de inversión»: un grupo de empresa de servicios de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 23, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. 
            
            
               (19)«Sociedad de cartera de inversión»: una sociedad de cartera de inversión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 21, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
               (20)«Servicios y actividades de inversión»: los servicios y actividades de inversión tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 2, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (21)«Órgano de dirección»: un órgano de dirección tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 36, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (22)«Órgano de dirección en su función supervisora»: el órgano de dirección cuando desempeñe funciones de vigilancia y supervisión del proceso de adopción de decisiones de dirección.
            
            
               (23)«Sociedad financiera mixta de cartera»: una sociedad financiera mixta de cartera tal como se define en el artículo 2, punto 15, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  37
               .
            
            
               (24)«Alta dirección»: la alta dirección tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 37, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (25)«Empresa matriz»: una empresa matriz tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 32, de la Directiva 2014/65/UE. 
            
            
               (26)«Filial»: una filial tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 33, de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               (27)«Riesgo sistémico»: un riesgo sistémico tal como se define en el artículo 3, apartado 1, punto 10, de la Directiva 2013/36/UE.
            
            
               (28)«Empresa de servicios de inversión matriz de la Unión»: una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 49, del [Reglamento (UE) ---/--- (IFR)]. 
            
            
               (29)«Sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión»: una sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 50, del [Reglamento (UE) ---/--- (IFR)]. 
            
            
               (30)«Sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión»: una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 51, del [Reglamento (UE) ---/--- (IFR)]. 
            
            
               2.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 54 a fin de aclarar: 
            
            
               (a)las definiciones establecidas en el apartado 1 para garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva;
            
            
               (b)las definiciones establecidas en el artículo 1 para tener en cuenta, en la aplicación de la presente Directiva, la evolución de los mercados financieros. 
            
         
         
            
            
               TÍTULO II
            
            
               AUTORIDADES COMPETENTES
            
            
               Artículo 4
            
            
               Designación y facultades de las autoridades competentes
            
            
               1.Los Estados miembros designarán a una o más autoridades competentes para desempeñar las funciones y cometidos previstos en la presente Directiva. Los Estados miembros informarán a la Comisión y a la ABE de esa designación y, cuando exista más de una autoridad competente, de las funciones y cometidos de cada una.
            
            
               2.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes supervisen las actividades de las empresas de servicios de inversión y, en su caso, de las sociedades de cartera de inversión y las sociedades financieras mixtas de cartera, a fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].  
            
            
               3.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de las facultades necesarias, incluida la de llevar a cabo comprobaciones in situ de conformidad con el artículo 12, para obtener la información precisa con objeto de evaluar el cumplimiento, por las empresas de servicios de inversión y, en su caso, las sociedades de cartera de inversión y las sociedades financieras mixtas de cartera, de los requisitos de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], y para investigar posibles incumplimientos de esos requisitos.
            
            
               4.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes posean la experiencia, los recursos, la capacidad operativa, las facultades y la independencia necesarios para ejercer las funciones relativas a la supervisión prudencial, investigación y sanción previstas en la presente Directiva.
            
            
               5.Los Estados miembros exigirán que las empresas de servicios de inversión proporcionen a sus autoridades competentes toda la información necesaria para evaluar si las empresas de servicios de inversión cumplen las normas nacionales de transposición de la presente Directiva y el [Reglamento (UE) ---/--- (IFR)]. Los mecanismos de control interno y los procedimientos administrativos y contables de las empresas de servicios de inversión harán posible que las autoridades competentes comprueben el cumplimiento de esas normas en todo momento.
            
            
               6.Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión registren todas sus operaciones y documenten todos los sistemas y procesos sujetos a la presente Directiva y al [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], de tal manera que las autoridades competentes puedan comprobar el cumplimiento de las normas nacionales de transposición de la presente Directiva y el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] en todo momento. 
            
            
               Artículo 5
                  Cooperación dentro de un Estado miembro
            
            
            
               1.Las autoridades competentes cooperarán estrechamente con las autoridades u organismos públicos responsables de la supervisión de las entidades de crédito y las entidades financieras en su Estado miembro. Los Estados miembros exigirán a esas autoridades competentes y a esas autoridades u organismos públicos que intercambien toda la información esencial o pertinente para el ejercicio de sus funciones y cometidos.
            
            
               2.Las autoridades competentes diferentes de las designadas de conformidad con el artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE establecerán un mecanismo para cooperar con estas e intercambiar toda la información pertinente para el ejercicio de sus respectivas funciones y cometidos.
            
            
               Artículo 6
            
            
               Cooperación dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera 
            
            
               En el ejercicio de sus cometidos, las autoridades competentes tendrán en cuenta la convergencia de los instrumentos y las prácticas de supervisión en la aplicación de las disposiciones legales adoptadas con arreglo a la presente Directiva y al [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. 
            
            
               Los Estados miembros velarán por que:
            
            
               (a)las autoridades competentes, como partes en el SESF, cooperen con confianza y pleno respeto mutuo, en particular para garantizar el flujo de información apropiada y fiable entre ellas y otras partes del SESF;
            
         
         
            
               (b)las autoridades competentes participen en las actividades de la ABE y, cuando corresponda, en los colegios de supervisores contemplados en el artículo 44 y en el artículo 116 de la Directiva 2013/36/UE; 
            
            
               (c)las autoridades competentes hagan lo posible para cumplir las directrices y recomendaciones que formule la ABE de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  38
                y atenerse a las advertencias y recomendaciones que formule la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) con arreglo al artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  39
               ;
            
            
               (d)las autoridades competentes cooperen estrechamente con la JERS;
            
            
               (e)las tareas encomendadas y las facultades conferidas a las autoridades competentes no impidan a estas ejercer sus cometidos en cuanto miembros de la ABE o de la JERS o de conformidad con la presente Directiva y con el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
               Artículo 7
                  Dimensión de la supervisión a escala de la Unión 
            
            
            
               Las autoridades competentes de cada Estado miembro, en el ejercicio de su cometido general, tomarán debidamente en consideración la posible incidencia de sus decisiones en la estabilidad del sistema financiero de todos los demás Estados miembros afectados, en particular en situaciones de urgencia, basándose en la información disponible en el momento de que se trate. 
            
            
            
               TÍTULO III
               CAPITAL INICIAL
            
            
               Artículo 8
                  Capital inicial
            
            
            
               1.El capital inicial exigido a las empresas de servicios de inversión con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE para autorizar la prestación de los servicios o la realización de las actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección A, puntos 3, 6, 8 o 9, de la Directiva 2014/65/UE será de 750 000 EUR.
            
            
               2.El capital inicial exigido a las empresas de servicios de inversión con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE para autorizar la prestación de los servicios o la realización de las actividades de inversión enumerados en el anexo I, sección A, puntos 1, 2, 4, 5 o 7, de la Directiva 2014/65/UE, siempre que no les esté permitido tener en depósito dinero de clientes o valores pertenecientes a clientes, será de 75 000 EUR.
            
            
               3.El capital inicial exigido con arreglo al artículo 15 de la Directiva 2014/65/UE a las empresas de servicios de inversión distintas de las contempladas en los apartados 1 y 2 será de 150 000 EUR.
            
            
               4.La Comisión actualizará, mediante actos de ejecución, el importe del capital inicial a que se refieren los apartados 1 a 3 del presente artículo, a fin de tener en cuenta la evolución en los ámbitos económico y monetario. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 56, apartado 2.
            
            
               Artículo 9
                  Composición del capital inicial
            
            
            
               El capital inicial de las empresas de servicios de inversión consistirá en uno o más de los elementos a que se refiere el artículo 9 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
            
               TÍTULO IV
                  SUPERVISIÓN PRUDENCIAL 
            
         
         
            
               CAPÍTULO 1
               Principios de la supervisión prudencial
            
            
               Sección 1
                  Competencias y deberes de los Estados miembros de origen y de acogida
            
            
               Artículo 10
                  Competencias de las autoridades competentes del Estado miembro de origen
            
            
               La supervisión prudencial de una empresa de servicios de inversión será responsabilidad de las autoridades competentes del Estado miembro de origen, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva que establezcan la responsabilidad de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida. 
            
            
               Artículo 11
                  Cooperación entre las autoridades competentes de distintos Estados miembros
            
            
            
               1.Las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros colaborarán estrechamente en el cumplimiento de sus deberes con arreglo a la presente Directiva y al [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], en especial mediante el intercambio, sin demora, de información sobre las empresas de servicios de inversión, incluidos los elementos siguientes:
            
            
               (a)información sobre la gestión y la estructura de propiedad de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (b)información sobre el cumplimiento de los requisitos de capital por parte de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (c)información sobre el riesgo de concentración y la liquidez de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (d)información sobre los procedimientos administrativos y contables y los mecanismos de control interno de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (e)
                     cualquier otro factor pertinente que pueda influir en el riesgo que entrañe la empresa de servicios de inversión.
            
            
               2.Las autoridades competentes del Estado miembro de origen comunicarán inmediatamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida toda la información y las constataciones en relación con cualquier problema y riesgo que una empresa de servicios de inversión pueda presentar para la protección de los clientes o la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro de acogida y que hayan descubierto durante la supervisión de las actividades de la empresa de servicios de inversión.  
            
            
               3.A raíz de la información facilitada por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de origen procederán a adoptar todas las medidas necesarias para resolver o evitar los posibles problemas y riesgos mencionados en el apartado 2. Previa solicitud, las autoridades competentes del Estado miembro de origen explicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la manera en que hayan tenido en cuenta la información y las constataciones transmitidas por las autoridades competentes del Estado miembro de acogida.
            
            
               4.Cuando, tras la comunicación de la información y las constataciones a que se refiere el apartado 2, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida consideren que las autoridades competentes del Estado miembro de origen no han tomado las medidas necesarias contempladas en el apartado 3, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, tras informar a las autoridades competentes del Estado miembro de origen y a la ABE, podrán tomar las medidas adecuadas para proteger a los clientes destinatarios de los servicios y preservar la estabilidad del sistema financiero. 
            
            
               5.Las autoridades competentes del Estado miembro de origen que estén en desacuerdo con las medidas de las autoridades competentes del Estado miembro de acogida podrán remitir el asunto a la ABE, que actuará de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Cuando la ABE actúe de conformidad con el artículo citado, adoptará una decisión en el plazo de un mes.
            
            
               6.La ABE, tras consultar a la AEMV, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los requisitos de tipo y naturaleza de la información a la que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo.
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 
            
            
               7.La ABE, tras consultar a la AEMV, elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para establecer formularios, plantillas y procedimientos normalizados referentes a los requisitos en materia de intercambio de información, que puedan facilitar la supervisión de las empresas de servicios de inversión.
            
            
               Se otorgan a la Comisión competencias para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 
            
         
         
            
               8.La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas mencionados en los apartados 6 y 7 a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 
            
            
               Artículo 12
                  Comprobación e inspección in situ de las sucursales establecidas en otro Estado miembro 
            
            
            
               1.Los Estados miembros de acogida dispondrán que, cuando una empresa de servicios de inversión autorizada en otro Estado miembro ejerza su actividad a través de una sucursal, las autoridades competentes del Estado miembro de origen, tras haber informado previamente a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida, pueden llevar a cabo la comprobación in situ de la información contemplada en el artículo 11, apartado 1, e inspeccionar esa sucursal.
            
            
               2.Con fines de supervisión y cuando lo consideren pertinente por motivos de estabilidad del sistema financiero en el Estado miembro de acogida, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida tendrán la facultad de llevar a cabo, atendiendo a las circunstancias de cada caso, comprobaciones e inspecciones in situ de las actividades realizadas por las sucursales de las empresas de servicios de inversión en su territorio, así como de exigir información a una sucursal sobre sus actividades. 
            
            
               Antes de proceder a esas comprobaciones e inspecciones, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida consultarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen. 
            
            
               Tras la realización de esas comprobaciones e inspecciones, las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comunicarán a las autoridades competentes del Estado miembro de origen la información que sea pertinente para la evaluación del riesgo de la empresa de servicios de inversión correspondiente. 
            
            
               
            
               Sección 2
            
            
               Secreto profesional y deber de información 
            
            
               Artículo 13
                  Secreto profesional e intercambio de información confidencial
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y todas las personas asociadas con dichas autoridades, incluidas las personas a que se refiere el artículo 76, apartado 1, de la Directiva 2014/65/UE, estén sujetas a la obligación de secreto profesional a efectos de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
               La información confidencial que las mencionadas autoridades y personas reciban en el ejercicio de sus cometidos solamente podrá ser revelada en forma resumida o agregada, siempre que no pueda identificarse a empresas de servicios de inversión ni a personas concretas, sin perjuicio de los supuestos regulados por el Derecho penal.
            
            
               Cuando una empresa de servicios de inversión haya sido declarada en quiebra o esté en proceso de liquidación forzosa, toda aquella información confidencial que no ataña a terceros podrá ser revelada en el curso de procedimientos civiles o mercantiles si fuera necesario para el desarrollo de estos. 
            
            
               2.Las autoridades competentes solamente utilizarán la información confidencial recopilada, intercambiada o transmitida en virtud de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] para desempeñar sus cometidos y, en particular, para los fines siguientes:
            
            
               (a)el seguimiento de las normas prudenciales establecidas en la presente Directiva y en el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];
            
            
               (b)la imposición de sanciones;
            
            
               (c)en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de la autoridad competente, o
            
            
               (d)en el marco de un procedimiento judicial iniciado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21.
            
         
         
            
               3.Las personas físicas o jurídicas o los organismos distintos de las autoridades competentes que reciban información confidencial con arreglo a la presente Directiva y al [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] harán uso de ella exclusivamente para los fines dispuestos expresamente por la autoridad competente o de conformidad con la legislación nacional.
            
            
               4.Las autoridades competentes podrán intercambiar información confidencial a efectos del apartado 2, indicar expresamente el modo en que dicha información debe tratarse y restringir expresamente cualquier otra transmisión de esa información.
            
            
               5.La obligación contemplada en el apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes transmitan información confidencial a la Comisión Europea cuando dicha información sea necesaria para el ejercicio de las facultades de la Comisión.
            
            
               6.Las autoridades competentes podrán facilitar información confidencial a la ABE, a la AEVM, a la JERS, a los bancos centrales de los Estados miembros, al SEBC y al BCE en su calidad de autoridades monetarias y, en su caso, a las autoridades públicas responsables de la vigilancia de los sistemas de pago y liquidación, cuando dicha información sea necesaria para el desempeño de sus tareas.
            
            
               Artículo 14
                  Acuerdos administrativos con terceros países para el intercambio de información
            
            
            
               Los Estados miembros y la ABE, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, podrán, a efectos del desempeño de sus tareas de supervisión en virtud de la presente Directiva o del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], celebrar acuerdos administrativos con las autoridades supervisoras de terceros países para el intercambio de información, en particular en relación con lo siguiente:
            
            
               (a)la supervisión de las entidades financieras y los mercados financieros;
            
            
               (b)la liquidación y la quiebra de las empresas de servicios de inversión y otros procedimientos similares;
            
            
               (c)la vigilancia de los órganos que intervienen en la liquidación y la quiebra de las empresas de servicios de inversión y otros procedimientos similares;
            
            
               (d)la realización de auditorías legales de entidades financieras o entidades que administran sistemas de indemnización;
            
            
               (e)la vigilancia de las personas encargadas de la realización de las auditorías legales de las cuentas de las entidades financieras;
            
            
               (f)la vigilancia de las personas que operan en los mercados de derechos de emisión, a fin de garantizar una visión de conjunto consolidada de los mercados financieros y al contado;
            
            
               (g)la vigilancia de las personas que operan en los mercados de derivados sobre materias primas agrícolas, a fin de garantizar una visión de conjunto consolidada de los mercados financieros y al contado.
            
            
               Estos acuerdos incluirán disposiciones en materia de secreto profesional equivalentes a las establecidas en el artículo 13 de la presente Directiva.
            
            
               Artículo 15
                  Obligaciones de las personas responsables del control de las cuentas anuales y consolidadas
            
            
            
               
                     40
                  
                     41
                  Los Estados miembros dispondrán que toda persona autorizada con arreglo a la Directiva 2006/43/CE y que realice en una empresa de servicios de inversión las tareas descritas en el artículo 73 de la Directiva 2009/65/CE o en el artículo 34 de la Directiva 2013/34/UE, o cualquier otra tarea a la que esté obligada legalmente, tenga el deber de informar con celeridad a las autoridades competentes sobre cualquier hecho o decisión referente a esa empresa de servicios de inversión, o referente a una empresa que tenga vínculos estrechos con esa empresa de servicios de inversión, que:
            
            
               (a)constituya una infracción importante de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas establecidas con arreglo a la presente Directiva;
            
            
               (b)pueda afectar a la continuidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión; o 
            
         
         
            
               (c)pueda implicar la denegación de la certificación de cuentas o la formulación de reservas.
            
            
            
               Sección 3
                  Sanciones, poderes de investigación y derecho de recurso  
            
            
               Artículo 16
                  Sanciones administrativas y otras medidas administrativas
            
            
            
               1.Los Estados miembros establecerán normas sobre las sanciones administrativas y otras medidas administrativas relativas a la infracción de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], en particular en los casos siguientes:
            
            
               (a)cuando una empresa de servicios de inversión no haya establecido los sistemas de gobernanza interna previstos en el artículo 24;
            
            
               (b)cuando una empresa de servicios de inversión no comunique a las autoridades competentes, en contra de lo dispuesto en el artículo 52, apartado 1, letra b), del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], información sobre el cumplimiento de la obligación de satisfacer los requisitos de capital establecidos en el artículo 11 de dicho Reglamento, o transmita información incompleta o inexacta;
            
            
               (c)cuando una empresa de servicios de inversión no comunique a las autoridades competentes, en contra de lo dispuesto en el artículo 34 del [Reglamento (UE) ---/----], información sobre el riesgo de concentración o transmita información incompleta o inexacta; 
            
            
               (d)cuando una empresa de servicios de inversión incurra en un riesgo de concentración que exceda de los límites establecidos en el artículo 36 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de dicho Reglamento;
            
            
               (e)cuando una empresa de servicios de inversión incumpla de manera reiterada o continuada, en contra de lo dispuesto en el artículo 42 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], la obligación de mantener activos líquidos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 43 de dicho Reglamento;
            
            
               (f)cuando una empresa de servicios de inversión no revele información o transmita información incompleta o inexacta, en contra de lo dispuesto en la parte sexta del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];
            
            
               (g)cuando una empresa de servicios de inversión efectúe pagos a titulares de instrumentos incluidos en los fondos propios de la empresa, en supuestos en que los artículos 28, 52 o 63 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 prohíban tales pagos a titulares de instrumentos incluidos en los fondos propios;
            
            
               (h)cuando una empresa de servicios de inversión haya sido declarada culpable de una infracción grave de las disposiciones nacionales adoptadas en cumplimiento de la Directiva (UE) 2015/849
                  42
               ;
            
            
               (i)cuando una empresa de servicios de inversión permita que una o más personas que no cumplan los requisitos del artículo 91 de la Directiva 2013/36/UE sean nombradas miembros del órgano de dirección o continúen como tales.
            
            
               Los Estados miembros que no establezcan normas sobre sanciones administrativas para las infracciones que entren en el ámbito de aplicación del Derecho penal nacional comunicarán a la Comisión las disposiciones de Derecho penal pertinentes.
            
            
               Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas serán eficaces, proporcionadas y disuasorias.
            
            
               2.
                     Las sanciones administrativas y otras medidas administrativas a que se refiere el párrafo primero del apartado 1 incluirán lo siguiente:
            
            
               (a)la publicidad de la identidad de la persona física o jurídica, empresa de servicios de inversión, sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera mixta de cartera responsable, y la naturaleza de la infracción;
            
            
               (b)un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que ponga fin a su conducta y se abstenga de repetirla;
            
         
         
            
               (c)una prohibición temporal de que los miembros del órgano de dirección de la empresa de servicios de inversión o cualesquiera otras personas físicas ejerzan funciones en empresas de servicios de inversión;
            
            
               (d)si se trata de personas jurídicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el 10 % del volumen de negocio neto anual total, incluidos los ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable, y las comisiones de la empresa en el ejercicio anterior;
            
            
               (e)si se trata de personas jurídicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble del importe de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas gracias a la infracción, en caso de que puedan determinarse; 
            
            
               (f)si se trata de personas físicas, sanciones pecuniarias administrativas de hasta 5 000 000 EUR o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a fecha de [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
            
            
               Si la empresa a que se refiere la letra d) es una filial, los ingresos brutos pertinentes serán los ingresos brutos resultantes de las cuentas consolidadas de la empresa matriz última en el ejercicio anterior.
            
            
               Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de inversión infrinja las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva o el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], se puedan aplicar sanciones a los miembros del órgano de dirección y a otras personas físicas que, con arreglo al Derecho nacional, sean responsables de la infracción.
            
            
               3.Los Estados miembros velarán por que, a la hora de determinar el tipo de sanciones administrativas u otras medidas administrativas a que se refiere el apartado 1 y el nivel de las sanciones pecuniarias administrativas, las autoridades competentes tengan en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, en su caso, las siguientes:
            
            
               (a)la gravedad y la duración de la infracción;
            
            
               (b)el grado de responsabilidad de las personas físicas o jurídicas responsables de la infracción;
            
            
               (c)la solidez financiera de las personas físicas o jurídicas responsables de la infracción, incluido el volumen de negocios total en el caso de las personas jurídicas o los ingresos anuales en el caso de las personas físicas;
            
            
               (d)la importancia de los beneficios obtenidos o las pérdidas evitadas por las personas jurídicas responsables de la infracción;
            
            
               (e)cualquier pérdida sufrida por terceros como consecuencia de la infracción;
            
            
               (f)el grado de cooperación con las autoridades competentes correspondientes;
            
            
               (g)las infracciones anteriores de las personas físicas o jurídicas responsables de la infracción;
            
            
               (h)toda posible consecuencia sistémica de la infracción.
            
            
               Artículo 17
                  Facultades de investigación
            
            
            
               Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades de recopilación de información y de investigación necesarias para el ejercicio de sus funciones, incluidas:
            
            
               (a)la facultad de solicitar información a las siguientes personas físicas o jurídicas:
            
            
               i)empresas de servicios de inversión establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
         
         
            
               ii)sociedades de cartera de inversión establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               iii)sociedades financieras mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               iv)sociedades mixtas de cartera establecidas en el Estado miembro de que se trate;
            
            
               v)personas pertenecientes a los entes contemplados en los incisos i) a iv);
            
            
               vi)terceros a los que los entes contemplados en los incisos i) a iv) hayan subcontratado funciones o actividades operativas; 
            
            
               (b)la facultad de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias en relación con cualquier persona contemplada en la letra a) establecida o situada en el Estado miembro de que se trate, lo que incluirá el derecho a:  
            
            
               i)exigir a las personas mencionadas en la letra a) que presenten documentos;
            
            
               ii)examinar los libros y registros de las personas mencionadas en la letra a) y obtener copias o extractos de dichos libros y registros;
            
            
               iii)obtener explicaciones escritas o verbales de las personas mencionadas en la letra a) o de sus representantes o personal;
            
            
               iv)entrevistar a cualquier otra persona que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación; 
            
            
               (c)la facultad de proceder a cuantas inspecciones sean necesarias en los locales de uso profesional de las personas jurídicas contempladas en la letra a) y de cualesquiera otras empresas incluidas en la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo, cuando la autoridad competente sea el supervisor de grupo, siempre que se notifique previamente a las otras autoridades competentes afectadas. 
            
            
            
               Artículo 18
                  Publicación de las sanciones y medidas administrativas
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes publiquen en sus sitios web oficiales, sin demora indebida, todas las medidas y sanciones administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16 y contra las que no se haya interpuesto recurso o no sea ya posible interponerlo. Dicha publicación incluirá información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción o contra la que se adopte la medida. La información solamente se publicará una vez que la persona haya sido informada de dichas sanciones o medidas y en la medida en que la publicación sea necesaria y proporcionada. 
            
            
               2.Cuando los Estados miembros permitan la publicación de las sanciones o medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16 contra las que se haya interpuesto un recurso, las autoridades competentes publicarán también en su sitio web oficial información sobre el estado en que se encuentre el recurso y sobre su resultado.
            
            
               3.Las autoridades competentes publicarán las sanciones o medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16 de manera anónima en cualquiera de los siguientes casos:
            
            
               (a)cuando la sanción se haya impuesto a una persona física y la publicación de los datos personales se considere desproporcionada;
            
            
               (b)cuando la publicación pueda comprometer una investigación penal en curso o la estabilidad de los mercados financieros;
            
            
               (c)cuando la publicación pueda causar un perjuicio desproporcionado a las empresas de servicios de inversión o a las personas físicas implicadas.
            
         
         
            
               4.Las autoridades competentes garantizarán que la información publicada en virtud del presente artículo permanezca en sus sitios web oficiales durante cinco años como mínimo. Los datos de carácter personal solo podrán mantenerse en el sitio web oficial de la autoridad competente cuando lo permitan las normas aplicables en materia de protección de datos.
            
            
               Artículo 19
                  Notificación de las sanciones a la ABE
            
            
            
               Las autoridades competentes informarán a la ABE de las sanciones y medidas administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16, de cualquier recurso contra dichas sanciones y medidas y del resultado de dichos recursos. La ABE mantendrá una base de datos central en la que constarán las sanciones y medidas administrativas que se le hayan comunicado, exclusivamente a fines de intercambio de información entre autoridades competentes. Dicha base de datos solo será accesible a las autoridades competentes y se actualizará periódicamente.
            
            
               La ABE mantendrá un sitio web con enlaces a la publicación por cada autoridad competente de las sanciones y medidas administrativas contempladas en el artículo 16, e indicará el periodo durante el cual cada Estado miembro publica las sanciones y medidas administrativas.
            
            
               Artículo 20
                  Notificación de infracciones
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan mecanismos eficaces y fiables para la notificación de las infracciones reales o potenciales de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva y del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], incluidos los siguientes:
            
            
               (a)procedimientos específicos para el tratamiento de las notificaciones de infracciones;
            
            
               (b)protección adecuada frente a represalias, discriminaciones y otros tipos de trato injusto por parte de la empresa de servicios de inversión para los empleados de las empresas de servicios de inversión que informen de infracciones cometidas en ellas;
            
            
               (c)protección de los datos personales relativos tanto a las personas que informen de la infracción como a la persona física presuntamente responsable de dicha infracción, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679;
            
            
               (d)normas precisas que garanticen en todos los casos la confidencialidad en relación con la persona que informe de las infracciones cometidas dentro de la empresa de servicios de inversión, a menos que la legislación nacional requiera su divulgación en el contexto de ulteriores investigaciones o de procedimientos judiciales subsiguientes.
            
            
               2.Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que dispongan de procedimientos adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de un canal específico e independiente. Los interlocutores sociales podrán facilitar estos procedimientos siempre que estos ofrezcan la misma protección que la mencionada en el apartado 1, letras b), c) y d).
            
            
               Artículo 21
                  Derecho de recurso
            
            
            
               Los Estados miembros velarán por que las decisiones y medidas que se tomen de conformidad con el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] o con arreglo a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas adoptadas de conformidad con la presente Directiva puedan ser objeto de recurso.
            
            
            
               CAPÍTULO 2
               Proceso de revisión 
            
            
               Sección 1
                  Proceso de evaluación de la adecuación del capital interno
            
            
               Artículo 22
                  Capital interno
            
         
         
            
            
               1.Las empresas de servicios de inversión dispondrán de estrategias y procedimientos sólidos, eficaces y exhaustivos a fin de evaluar y mantener de forma permanente los importes, los tipos y la distribución del capital interno que consideren adecuados para cubrir la naturaleza y el nivel de los riesgos a los cuales estén o puedan estar expuestas.
            
            
               2.Las estrategias y procedimientos a que se refiere el apartado 1 serán objeto de revisión interna periódica a fin de garantizar que sigan siendo exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de la empresa de servicios de inversión correspondiente.
            
            
               Sección 2
            
            
               Gobernanza interna, transparencia, tratamiento de los riesgos y remuneraciones
            
            
               Artículo 23
               Evaluación a efectos de la aplicación de la presente sección
            
            
            
               1.A efectos de la presente sección, los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión evalúen, anualmente y de conformidad con las letras a) y b), su cumplimiento de las condiciones que establece el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]: 
            
            
               (a)cada empresa de servicios de inversión determinará si, sobre la base de las cifras del periodo de dos años inmediatamente anterior a un ejercicio financiero determinado, satisface las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, letras c) a g), del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];
            
            
               (b)cada empresa de servicios de inversión determinará si, sobre la base de las cifras de ese mismo periodo, supera en promedio los límites previstos en el artículo 12, apartado 1, letras a), b), h) e i), del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
               2.No será de aplicación la presente sección cuando, sobre la base de la evaluación mencionada en el apartado 1, una empresa de servicios de inversión determine que cumple todas las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. 
            
            
               3.Cuando una empresa de servicios de inversión determine, sobre la base de la evaluación mencionada en el apartado 1, que no satisface todas las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], deberá cumplir lo dispuesto en la presente sección a partir del ejercicio siguiente a aquel en que haya tenido lugar la evaluación.  
            
            
               4.Los Estados miembros se asegurarán de que el presente artículo se aplique a las empresas de servicios de inversión individualmente y a nivel de grupo. 
            
            
               Los Estados miembros garantizarán que las empresas de servicios de inversión sujetas a lo dispuesto en la presente sección implementen los requisitos contemplados en ella en sus filiales que sean entidades financieras tal como se definen en el artículo 4, punto 13, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], incluidas las establecidas en terceros países, a menos que la empresa matriz de la Unión pueda demostrar a las autoridades competentes que la aplicación de la presente sección es ilegal con arreglo a la legislación de los terceros países en que estén establecidas las filiales. 
            
            
               5.Las autoridades competentes podrán fijar un periodo más corto que el de dos años a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, cuando concurran las dos condiciones siguientes:
            
            
               (a)que la actividad de la empresa de servicios de inversión haya sido objeto de una modificación importante; y
            
            
               (b)que, como consecuencia de la letra a), la empresa de servicios de inversión cumpla las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
            
               6.La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el método de cálculo del promedio a que se refiere el apartado 1, letra b), del presente artículo. La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 
            
            
         
         
            
               Artículo 24
               Gobernanza interna
            
            
            
               1.Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de servicios de inversión cuenten con sistemas de gobernanza sólidos, que incluyan todo lo siguiente:
            
            
               (a)una estructura organizativa clara con líneas de responsabilidad bien definidas, transparentes y coherentes;
            
            
               (b)procedimientos eficaces de identificación, gestión, seguimiento y comunicación de los riesgos a los que estén o puedan estar expuestas las empresas de servicios de inversión;
            
            
               (c)mecanismos adecuados de control interno, incluidos procedimientos administrativos y contables sólidos;
            
            
               (d)políticas y prácticas en materia de remuneraciones que sean coherentes con una gestión de riesgos sólida y eficaz y la promuevan.
            
            
               2.Al establecer los sistemas a que se refiere el apartado 1, se tendrán en cuenta los criterios fijados en los artículos 26 a 31 de la presente Directiva, así como en el artículo 9 de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               3.Los sistemas contemplados en el apartado 1 serán exhaustivos y proporcionados a la naturaleza, escala y complejidad de los riesgos inherentes al modelo de negocio y las actividades de la empresa de servicios de inversión.
            
            
               4.La ABE, tras consultar a la AEMV, emitirá directrices sobre la aplicación de los sistemas de gobernanza a que se refiere el apartado 1.
            
            
            
               Artículo 25
               Comunicación de información por país
            
            
            
               1.Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que revelen anualmente, desglosada por Estado miembro y por tercer país en el que la empresa de servicios de inversión tenga una sucursal o una filial que sea una entidad financiera tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n.º 575/2013, la información siguiente: 
            
            
               (a)
                     el nombre, la naturaleza de las actividades y la ubicación de todas las filiales y sucursales;
            
            
               (b)
                     el volumen de negocios;
            
            
               (c)
                     el número de empleados en cifras equivalentes a tiempo completo;
            
            
               (d)
                     el resultado bruto antes de impuestos;
            
            
               (e)
                     los impuestos sobre el resultado;
            
            
               (f)
                     las subvenciones públicas recibidas.
            
         
         
            
               2.La información a que se refiere el apartado 1 será auditada de conformidad con la Directiva 2006/43/CE y, cuando sea posible, publicada como anexo de los estados financieros anuales o, en su caso, de los estados financieros consolidados de la empresa de servicios de inversión de que se trate.
            
            
            
               Artículo 26
               Tratamiento de los riesgos 
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección de la empresa de servicios de inversión apruebe y revise periódicamente las estrategias y políticas sobre la propensión al riesgo de la empresa de servicios de inversión, y en materia de gestión, seguimiento y mitigación de los riesgos a los que la empresa esté o pueda estar expuesta, teniendo en cuenta el entorno macroeconómico y el ciclo económico de la empresa de servicios de inversión. 
            
            
               2.Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección dedique tiempo suficiente a considerar adecuadamente los riesgos a que se hace referencia en el apartado 1 y asigne los recursos adecuados a la gestión de todos los riesgos importantes a los que esté expuesta la empresa de servicios de inversión.
            
            
               3.Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión establezcan líneas jerárquicas de rendición de cuentas al órgano de dirección para todos los riesgos importantes y todas las políticas de gestión de riesgos y sus modificaciones. 
            
            
               4.Los Estados miembros determinarán las empresas de servicios de inversión que se consideren significativas en función de su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades. Los Estados miembros exigirán a esas empresas que establezcan un comité de riesgos compuesto por miembros del órgano de dirección que no desempeñen función ejecutiva alguna en la empresa de servicios de inversión de que se trate.  
            
            
               Los miembros del comité de riesgos a que se refiere el párrafo primero poseerán los oportunos conocimientos, competencias y experiencia para entender plenamente, gestionar y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la empresa de servicios de inversión. Garantizarán que el comité de riesgos asesore al órgano de dirección sobre la propensión global al riesgo, actual y futura, de la empresa de servicios de inversión y su estrategia en este ámbito, y asista a dicho órgano en la vigilancia de la aplicación de esa estrategia por la alta dirección. La responsabilidad global sobre las estrategias y políticas de riesgos de la empresa seguirá correspondiendo al órgano de dirección.
            
            
               Las autoridades competentes podrán permitir a una empresa de servicios de inversión que no se considere significativa con arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero que autorice al comité de auditoría a que se refiere el artículo 39 de la Directiva 2006/43/CE, cuando se haya instituido uno, a desempeñar las funciones del comité de riesgos a que se refiere el párrafo primero. Los miembros de dicho comité deberán tener los conocimientos, competencias y experiencia contemplados en el párrafo segundo.
            
            
               5.Los Estados miembros velarán por que el órgano de dirección en su función supervisora y, cuando se haya instituido uno, el comité de riesgos de dicho órgano de dirección, tengan acceso a la información sobre los riesgos a los que la empresa esté o pueda estar expuesta. 
            
            
               Artículo 27
                  Riesgos para los clientes, riesgos para el mercado y riesgos para la empresa
            
            
            
               1.Las autoridades competentes se asegurarán de que las empresas de servicios de inversión dispongan de estrategias, políticas, procedimientos y sistemas sólidos para la identificación, la valoración, la gestión y el seguimiento de los elementos siguientes: 
            
            
               (a)las fuentes importantes de riesgos para los clientes y sus efectos;  
            
            
               (b)las fuentes importantes de riesgos para el mercado y sus efectos; 
            
            
               (c)los riesgos para la empresa de servicios de inversión, en particular los que se deriven de sus actividades de negociación por cuenta propia y los relacionados con el riesgo de concentración derivado de las exposiciones frente a clientes individuales y grupos de clientes vinculados entre sí; 
            
            
               (d)el riesgo de liquidez en un conjunto apropiado de horizontes temporales, incluido el intradía, con objeto de garantizar que la empresa de servicios de inversión mantenga niveles adecuados de liquidez.
            
            
               Las estrategias, políticas, procedimientos y sistemas contemplados serán proporcionados a la complejidad, el perfil de riesgo y el ámbito de actividad de las empresas de servicios de inversión y la tolerancia al riesgo fijada por su órgano de dirección, y reflejarán la importancia de la empresa de servicios de inversión en cada uno de los Estados miembros en los que ejerza su actividad. 
            
            
               2.No obstante lo dispuesto en el artículo 23, letras a), c), en relación con el riesgo de concentración, y d) del apartado 1 serán de aplicación a las empresas de servicios de inversión que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 12, apartado 1, del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
         
         
            
               3.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 54 a fin de especificar con mayor detalle las condiciones que garanticen que las estrategias, las políticas, los procedimientos y los sistemas de las empresas de servicios de inversión sean sólidos. La Comisión tendrá en cuenta, para ello, la evolución de los mercados financieros y, en particular, la aparición de nuevos productos financieros, la evolución de las normas contables y los avances que faciliten la convergencia de las prácticas de supervisión.
            
            
            
               Artículo 28
               Políticas de remuneración 
            
            
            
               1.Las autoridades competentes velarán por que las empresas de servicios de inversión, a la hora de establecer y aplicar las políticas de remuneración de los altos directivos, los empleados que asumen riesgos, el personal encargado de funciones de control y cualquier otro empleado que reciba una remuneración global al menos igual a la remuneración más baja percibida por los altos directivos y los empleados que asumen riesgos, y cuyas actividades profesionales incidan de manera importante en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión, cumplan los principios siguientes:
            
            
               (a)que la política de remuneración sea clara y esté documentada;
            
            
               (b)que la política de remuneración fomente una gestión de riesgos sólida y eficaz y sea coherente con ella;
            
            
               (c)que la política de remuneración contenga medidas destinadas a evitar los conflictos de intereses, impulse el comportamiento responsable de la empresa y promueva la sensibilización sobre los riesgos y una asunción de riesgos prudente;
            
            
               (d)que el órgano de dirección en su función supervisora adopte y revise periódicamente la política de remuneración y tenga la responsabilidad global de su aplicación;
            
            
               (e)que la aplicación de la política de remuneración esté sujeta a una revisión interna central e independiente por funciones de control;
            
            
               (f)que el personal que ejerza funciones de control sea independiente de las unidades de negocio que vigile, tenga la autoridad apropiada y sea remunerado en función de la consecución de los objetivos relacionados con sus funciones, con independencia de los resultados de las áreas de negocio que controle;
            
            
               (g)que la remuneración de los altos directivos en las funciones de gestión de riesgos y verificación del cumplimiento sea supervisada directamente por el comité de remuneraciones a que se refiere el artículo 31 o, cuando no se haya instituido dicho comité, por el órgano de dirección en su función supervisora;
            
            
               (h)que la política de remuneración, teniendo en cuenta las normas nacionales sobre fijación de salarios, establezca una distinción clara entre los criterios aplicados para determinar lo siguiente:
            
            
               i) la remuneración básica fija, que reflejará principalmente la experiencia profesional pertinente y la responsabilidad en la organización según lo estipulado en la descripción de tareas del empleado como parte de sus condiciones de trabajo;
            
            
               ii) la remuneración variable, que reflejará un desempeño sostenible y adaptado al riesgo del empleado, así como un desempeño superior al requerido por la descripción de tareas del empleado;
            
            
               (i)que el componente fijo represente una proporción de la remuneración total suficientemente elevada para posibilitar la aplicación de una política plenamente flexible en lo que se refiere a los componentes variables de la remuneración, a tal punto que sea posible no abonar ningún componente variable.
            
            
               2.A efectos de la letra i) del apartado 1, los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión establezcan en sus políticas de remuneración las ratios apropiadas entre el componente variable y el componente fijo de la remuneración total, teniendo en cuenta las actividades de la empresa de servicios de inversión y los riesgos conexos, así como la incidencia que las diferentes categorías de personas contempladas en el apartado 1 tienen en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión.
            
            
               3.Los Estados miembros se asegurarán de que las empresas de servicios de inversión apliquen los principios a los que se refiere el apartado 1 de una manera adecuada a su tamaño y organización interna y a la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades.
            
            
               4.La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación con objeto de especificar los criterios apropiados para determinar las categorías de personas cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de la empresa de servicios de inversión, tal como se contempla en el apartado 1.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 
            
         
         
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 29
            
            
               Empresas de servicios de inversión que se benefician de ayudas financieras públicas extraordinarias 
            
            
               Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de inversión se beneficie de ayudas financieras públicas extraordinarias, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 28, de la Directiva 2014/59/UE, se apliquen los requisitos siguientes:
            
            
               (a)que, cuando la remuneración variable sea incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital para una empresa de servicios de inversión y con su salida oportuna del programa de ayuda financiera pública extraordinaria, la remuneración variable de todo el personal se limite a una parte de los ingresos netos;
            
            
               (b)que la empresa de servicios de inversión establezca límites a la remuneración de los miembros de su órgano de dirección; 
            
            
               (c)que la empresa de servicios de inversión solamente abone una remuneración variable a los miembros de su órgano de dirección cuando la autoridad competente haya aprobado esa remuneración.
            
            
               A efectos de la letra c), las autoridades competentes solamente aprobarán el abono de una remuneración variable a los miembros del órgano de dirección de la empresa de servicios de inversión en circunstancias excepcionales.  
            
            
            
               Artículo 30
               Remuneración variable 
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que toda remuneración variable concedida y abonada por una empresa de servicios de inversión cumpla todos los requisitos siguientes: 
            
            
               (a)que, cuando la remuneración variable se vincule al desempeño, su importe total se base en una evaluación combinada del desempeño de la persona, de los resultados de la unidad de negocio afectada y de los resultados globales de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (b)que, a la hora de evaluar el desempeño de la persona, se tengan en cuenta criterios tanto financieros como no financieros;
            
            
               (c)que la evaluación del desempeño a que se refiere la letra a) se base en un periodo plurianual, teniendo en cuenta el ciclo económico de la empresa de servicios de inversión y sus riesgos empresariales;
            
            
               (d)que la remuneración variable no afecte a la capacidad de la empresa de servicios de inversión para garantizar una base sólida de capital;
            
            
               (e)que no exista remuneración variable garantizada salvo para el personal de nueva contratación y únicamente en su primer año de empleo;
            
            
               (f)que los pagos por rescisión anticipada de un contrato laboral reflejen el desempeño de la persona a lo largo del tiempo y no recompensen malos resultados o conductas indebidas;
            
            
               (g)que los paquetes de remuneración relativos a compensaciones o pagos por abandono de un contrato laboral anterior se ajusten a los intereses a largo plazo de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (h)que la valoración del desempeño utilizada como base para el cálculo de los grupos de componentes de remuneración variable tenga en cuenta todos los tipos de riesgos actuales y futuros y el coste del capital y la liquidez requeridos con arreglo al Reglamento (UE) ---/---- [IFR];
            
         
         
            
               (i)que la asignación de los componentes variables de la remuneración dentro de la empresa de servicios de inversión tenga en cuenta todos los tipos de riesgo actuales y futuros;
            
            
               (j)que al menos el 50 % de la remuneración variable consista en cualquiera de los instrumentos siguientes:
            
            
               (1)acciones o, en función de la estructura jurídica de la empresa de servicios de inversión de que se trate, participaciones equivalentes en la propiedad;
            
            
               (2)instrumentos vinculados a acciones o, en función de la estructura jurídica de la empresa de servicios de inversión de que se trate, instrumentos no pecuniarios equivalentes;
            
            
               (3)instrumentos de capital de nivel 1 adicional o de nivel 2 u otros instrumentos que puedan ser convertidos en su totalidad en instrumentos de capital de nivel 1 ordinario o bien depreciados y que reflejen de manera adecuada la calidad crediticia de la empresa de servicios de inversión como empresa en funcionamiento;
            
            
               (k)que al menos el 40 % de la remuneración variable se difiera durante un periodo de tres a cinco años, según proceda, en función del ciclo económico de la empresa, la naturaleza de su actividad, sus riesgos y las actividades de la persona en cuestión, excepto en el caso de remuneración variable de una cuantía especialmente elevada, en el que el porcentaje diferido de la remuneración variable será como mínimo del 60 %;
            
            
               (l)que la remuneración variable se contraiga hasta en un 100 % cuando los resultados financieros de la empresa de servicios de inversión sean mediocres o negativos, en su caso a través de cláusulas de penalización o de recuperación de las remuneraciones ya satisfechas, con sujeción a criterios establecidos por las empresas de servicios de inversión que abordarán, en particular, las situaciones en las que la persona en cuestión:
            
            
               i) haya participado en conductas que hayan generado pérdidas significativas para la empresa de servicios de inversión o haya sido responsable de esas conductas;
            
            
               ii) ya no se considere apta e idónea;
            
            
               (m)que los beneficios discrecionales de pensión se ajusten a la estrategia de negocio, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la empresa de servicios de inversión.
            
            
               2.A efectos del apartado 1, las autoridades competentes garantizarán que:
            
            
               (a)las personas contempladas en el artículo 28, apartado 1, no utilicen estrategias personales de cobertura o seguros relacionados con la remuneración y la responsabilidad con el fin de socavar los principios contemplados en el apartado 1;
            
            
               (b)la remuneración variable no se abone mediante canales financieros o métodos que faciliten el incumplimiento de la presente Directiva o del Reglamento (UE) ---/---- [IFR].
            
            
               3.A efectos de la letra j) del apartado 1, los instrumentos en ella contemplados estarán sujetos a una política de retención apropiada, destinada a ajustar los incentivos de la persona con los intereses a largo plazo de la empresa de servicios de inversión, sus acreedores y sus clientes. Los Estados miembros o sus autoridades competentes podrán imponer restricciones a los tipos y los diseños de esos instrumentos o prohibir el uso de determinados instrumentos en la remuneración variable.
            
            
               A efectos de la letra k) del apartado 1, el diferimiento de la remuneración variable no se consolidará más rápidamente que de manera proporcional.
            
            
               A efectos de la letra m) del apartado 1, cuando un empleado abandone la empresa de servicios de inversión antes de su edad de jubilación, la empresa conservará en su poder los beneficios discrecionales de pensión por un periodo de cinco años en forma de instrumentos de los contemplados en la letra j). Cuando un empleado alcance la edad de jubilación, se le abonarán los beneficios discrecionales de pensión en forma de instrumentos de los contemplados en la letra j), con sujeción a un periodo de retención de cinco años por parte del empleado.
            
            
               4.Las letras j) y k) del apartado 1 y el párrafo tercero del apartado 3 no serán de aplicación a: 
            
            
               (a)las empresas de servicios de inversión cuyos activos tengan un valor medio igual o inferior a 100 millones EUR durante el periodo de cuatro años inmediatamente anterior al ejercicio dado;
            
            
               (b)las personas cuya remuneración variable anual no exceda de 50 000 EUR y no represente más de la cuarta parte de su remuneración anual total.
            
            
               No obstante lo dispuesto en la letra a), las autoridades competentes podrán decidir que no se aplique la excepción a empresas de servicios de inversión cuyos activos tengan un valor inferior al umbral contemplado en la letra a) por razón de la naturaleza y el alcance de sus actividades, su organización interna o, en su caso, las características del grupo al que pertenezcan.
            
         
         
            
               No obstante lo dispuesto en la letra b), las autoridades competentes podrán decidir que no se aplique la excepción a personas cuya remuneración variable anual sea inferior a los umbrales contemplados en la letra b) por razón de las especificidades del mercado nacional en términos de prácticas de remuneración o a la naturaleza de las responsabilidades y el perfil profesional de esas personas.
            
            
               5.Los Estados miembros exigirán a las empresas de servicios de inversión que apliquen las disposiciones del presente artículo a las remuneraciones concedidas por los servicios prestados o el desempeño después del ejercicio en que se haya llevado a cabo la evaluación a que se refiere el artículo 23, apartado 1.
            
            
               6.La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar las clases de instrumentos que satisfacen las condiciones establecidas en el apartado 1, letra j), punto 3.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar los proyectos de normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               7.La ABE, tras consultar a la AEVM, adoptará directrices para facilitar la aplicación del apartado 4 y garantizar su aplicación coherente.
            
            
            
               Artículo 31
               Comité de remuneraciones
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de las facultades necesarias para garantizar que las empresas de servicios de inversión que se determinen como significativas de conformidad con el artículo 26, apartado 4, instituyan un comité de remuneraciones. El comité de remuneraciones formará un juicio competente e independiente sobre las políticas y prácticas de remuneración y sobre los incentivos creados para gestionar los riesgos, el capital y la liquidez.
            
            
               2.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes cuenten con las facultades necesarias para garantizar que el comité de remuneraciones sea responsable de la preparación de las decisiones relativas a las remuneraciones, incluidas las que tengan repercusiones para los riesgos y la gestión de riesgos de la empresa de servicios de inversión de que se trate y que deba adoptar el órgano de dirección. El presidente y los miembros del comité de remuneraciones serán miembros del órgano de dirección que no desempeñen ninguna función ejecutiva en la empresa de servicios de inversión de que se trate. Cuando la normativa nacional prevea la representación del personal en el órgano de dirección, el comité de remuneraciones incluirá uno o más representantes del personal.
            
            
               3.Al preparar las decisiones a que se refiere el apartado 2, el comité de remuneraciones tendrá en cuenta el interés público y los intereses a largo plazo de los accionistas, los inversores y otras partes interesadas en la empresa de servicios de inversión.
            
            
            
               Artículo 32
               Vigilancia de las políticas de remuneración 
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes recopilen la información publicada de conformidad con el artículo 51, letras c), d) y f), del [Reglamento (UE) .../...(IFR)] y la utilicen para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneraciones. Las autoridades competentes facilitarán dicha información a la ABE.
            
            
               2.La ABE utilizará la información recibida de las autoridades competentes en virtud del apartado 1 para comparar las tendencias y prácticas en materia de remuneraciones a escala de la Unión.
            
            
               3.La ABE, tras consultar a la AEVM, emitirá directrices sobre la aplicación de políticas sólidas de remuneración. Dichas directrices tendrán en cuenta, como mínimo, los requisitos establecidos en los artículos 28 a 31 y los principios en materia de políticas de remuneración sólidas establecidos en la Recomendación 2009/384/CE de la Comisión
                  43
               .
            
            
               4.Los Estados miembros garantizarán que las empresas de servicios de inversión faciliten a las autoridades competentes, cuando se les solicite, información sobre el número de personas físicas en cada empresa de servicios de inversión que reciben remuneraciones de 1 millón EUR o más por ejercicio, desglosado en segmentos salariales de 1 millón EUR, así como sobre sus responsabilidades laborales, el área de negocio correspondiente y los principales elementos de salario, incentivos, primas a largo plazo y contribución a la pensión. Las autoridades competentes transmitirán esa información a la ABE, la cual la publicará de manera agregada por Estado miembro de origen, en un formato de comunicación común. La ABE, tras consultar a la AEVM, podrá elaborar directrices para facilitar la aplicación del presente apartado y asegurar la coherencia de la información recabada. 
            
            
               Sección 3
            
            
               Proceso de revisión y evaluación supervisoras
            
            
               Artículo 33 
                  Revisión y evaluación supervisoras
            
         
         
            
               1.Las autoridades competentes revisarán los sistemas, estrategias, procedimientos y mecanismos aplicados por las empresas de servicios de inversión para cumplir lo dispuesto en la presente Directiva y en el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] y evaluarán todos los elementos siguientes con el fin de garantizar una gestión y cobertura sólidas de sus riesgos:
            
            
               (a)los riesgos mencionados en el artículo 27;
            
            
               (b)la ubicación geográfica de las exposiciones de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (c)el modelo de negocio de la empresa de servicios de inversión; 
            
            
               (d)la evaluación del riesgo sistémico, teniendo en cuenta la determinación y medición del riesgo sistémico con arreglo al artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 o a las recomendaciones de la JERS;
            
            
               (e)
                     la exposición de las empresas de servicios de inversión al riesgo de tipo de interés derivado de actividades de la cartera de inversión;
            
            
               (f)
                     los sistemas de gobernanza de las empresas de servicios de inversión y la capacidad de los miembros del órgano de dirección para desempeñar sus cometidos.
            
            
               2.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes establezcan la frecuencia e intensidad de la revisión y la evaluación contempladas en el apartado 1 tomando en consideración el tamaño, la importancia sistémica, la naturaleza, la escala y la complejidad de las actividades de las empresas de servicios de inversión en cuestión y teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad. 
            
            
               3.Los Estados miembros velarán por que, cuando una revisión muestre que una empresa de servicios de inversión puede plantear un riesgo sistémico de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, las autoridades competentes informen sin demora a la ABE acerca de los resultados de dicha revisión.
            
            
               4.Las autoridades competentes adoptarán las medidas apropiadas cuando la revisión y la evaluación a que se refiere la letra e) del apartado 1 muestren que el valor económico del patrimonio neto de una empresa de servicios de inversión ha disminuido en más de un 15 % de su capital de nivel 1 como consecuencia de una variación súbita e inesperada de los tipos de interés según lo establecido en alguno de los seis escenarios de shock a efectos de supervisión aplicables a los tipos de interés, según se especifica en el [Reglamento Delegado de la Comisión adoptado con arreglo al artículo 98, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE]. 
            
            
               5.Al llevar a cabo la revisión y la evaluación a que se refiere la letra f) del apartado 1, las autoridades competentes tendrán acceso a los órdenes del día, las actas y la documentación de apoyo de las reuniones del órgano de dirección y sus comités, así como a los resultados de la evaluación interna o externa de la actuación del órgano de dirección.
            
            
               6.La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 54 a fin de especificar más las condiciones que garanticen que los sistemas, las estrategias, los procedimientos y los mecanismos de las empresas de servicios de inversión aseguran una gestión y una cobertura sólidas de los riesgos. La Comisión tendrá en cuenta, para ello, la evolución de los mercados financieros y, en particular, la aparición de nuevos productos financieros, la evolución de las normas contables y los avances que faciliten la convergencia de las prácticas de supervisión.
            
            
               Artículo 34
                  Revisión permanente de la autorización de utilizar modelos internos 
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revisen periódicamente, y como mínimo cada tres años, la observancia por las empresas de servicios de inversión de los requisitos para la autorización de utilizar modelos internos a que se refiere el artículo 22 del [Reglamento (UE) ---/----]. En particular, las autoridades competentes tomarán en consideración los cambios en la actividad de la empresa de servicios de inversión y la aplicación de dichos modelos a nuevos productos, y revisarán y evaluarán si la empresa de servicios de inversión hace uso de técnicas y prácticas bien desarrolladas y actualizadas para esos modelos. Las autoridades competentes se asegurarán de que las deficiencias importantes en la cobertura de riesgos detectadas por los modelos internos de una empresa de servicios de inversión se rectifiquen, o adoptarán medidas para mitigar sus consecuencias, en su caso imponiendo adiciones de capital o factores de multiplicación más altos. 
            
            
               2.Cuando, en el caso de modelos internos de riesgo para el mercado, un número elevado de excesos, con arreglo al artículo 366 del Reglamento (UE) n.º 575/2013, indique que los modelos no son o han dejado de ser exactos, las autoridades competentes revocarán la autorización para utilizarlos o impondrán las medidas apropiadas para que se perfeccionen con celeridad.
            
            
               3.Cuando una empresa de servicios de inversión a la que se haya concedido autorización para utilizar modelos internos ya no cumpla los requisitos para aplicar dichos modelos, las autoridades competentes exigirán bien la demostración de que los efectos del incumplimiento carecen de importancia o bien la presentación de un plan y un plazo para cumplir dichos requisitos. Las autoridades competentes exigirán que se perfeccione el plan presentado cuando sea poco probable que dicho plan desemboque en un total cumplimiento de los requisitos o cuando el plazo resulte inadecuado. 
            
            
               Cuando sea poco probable que la empresa de servicios de inversión cumpla los requisitos en el plazo prescrito o no haya demostrado satisfactoriamente que los efectos de tal incumplimiento carecen de importancia, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes revoquen la autorización para utilizar modelos internos o la limiten a aquellas áreas en las que no exista incumplimiento o en las que pueda alcanzarse una situación de cumplimiento en un plazo adecuado.
            
            
               4.La ABE analizará los modelos internos de todas las empresas de servicios de inversión y el modo en que las empresas de servicios de inversión que utilizan modelos internos tratan los riesgos o exposiciones similares.
            
            
               A fin de promover prácticas de supervisión coherentes, eficientes y eficaces, la ABE, sobre la base de ese análisis y de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, elaborará directrices con parámetros de referencia sobre la manera en que las empresas de servicios de inversión deben utilizar los modelos internos y sobre la manera en que esos modelos internos deben tratan los riesgos o exposiciones similares. 
            
         
         
            
               Los Estados miembros alentarán a las autoridades competentes a tener en cuenta ese análisis y esas directrices para la revisión a que se refiere el apartado 1.
            
            
            
               Sección 4
            
            
               Medidas y facultades de supervisión
            
            
               Artículo 35
                  Medidas de supervisión
            
            
            
               Las autoridades competentes exigirán que las empresas de servicios de inversión adopten, en una fase temprana, las medidas necesarias para hacer frente a los siguientes problemas:
            
            
               (a)que la empresa de servicios de inversión no cumpla los requisitos impuestos por la presente Directiva o por el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];
            
            
               (b)que las autoridades competentes tengan datos que indiquen una probable infracción por parte de la empresa de servicios de inversión del [Reglamento (UE) ---/--- (IFR)] o de las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva en los siguientes doce meses.
            
            
               Artículo 36
                  Facultades de supervisión 
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes dispongan de las facultades de supervisión necesarias para intervenir, en el ejercicio de sus funciones, en la actividad de las empresas de servicios de inversión. 
            
            
               2.A efectos de lo dispuesto en el artículo 33, el artículo 34, apartado 3, y el artículo 35 y de la aplicación del [Reglamento (UE)  ---/---- (IFR)], las autoridades competentes dispondrán de las siguientes facultades:
            
            
               (a)exigir a las empresas de servicios de inversión que dispongan de capital adicional que exceda del exigido por el artículo 11 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)], en las condiciones establecidas en el artículo 37 de la presente Directiva, o que ajusten el capital exigido en caso de modificaciones importantes en la actividad de dichas empresas de servicios de inversión;
            
            
               (b)exigir que se refuercen los sistemas, los procedimientos, los mecanismos y las estrategias aplicados de conformidad con los artículos 22 y 24;
            
            
               (c)exigir a las empresas de servicios de inversión que presenten un plan para cumplir los requisitos de supervisión establecidos en la presente Directiva y el [Reglamento (UE)  ---/---- (IFR)] y fijen un plazo para su aplicación, y exigir las mejoras necesarias en el plan en lo que atañe a su alcance y plazo;
            
            
               (d)exigir que las empresas de servicios de inversión apliquen una política específica de dotación de provisiones o un determinado tratamiento de los activos en cuanto a requisitos de capital;
            
            
               (e)restringir o limitar la actividad, las operaciones o la red de las empresas de servicios de inversión o exigir el abandono de las actividades que entrañen riesgos excesivos para la solidez financiera de una empresa de servicios de inversión;
            
            
               (f)exigir la reducción del riesgo inherente a las actividades, productos y sistemas de las empresas de servicios de inversión, incluidas las actividades externalizadas;
            
            
               (g)exigir a las empresas de servicios de inversión que limiten la remuneración variable como porcentaje de los ingresos netos, cuando esa remuneración resulte incompatible con el mantenimiento de una base sólida de capital;
            
         
         
            
               (h)exigir a las empresas de servicios de inversión que utilicen los beneficios netos para reforzar los fondos propios;
            
            
               (i)prohibir o restringir las distribuciones de dividendos o los pagos de intereses por parte de la empresa de servicios de inversión a accionistas, socios o titulares de instrumentos de capital de nivel 1 adicional, cuando la prohibición no constituya un evento de impago de la empresa de servicios de inversión;
            
            
               (j)imponer requisitos de información adicionales a los establecidos en la presente Directiva y en el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] o más frecuentes que estos, incluida información sobre la situación de capital y liquidez;
            
            
               (k)imponer requisitos específicos de liquidez;
            
            
               (l)exigir la comunicación de información adicional ad hoc.
            
            
               A efectos de la letra j), las autoridades competentes solo podrán imponer requisitos de información adicionales o más frecuentes a las empresas de servicios de inversión cuando la información que deba comunicarse no sea reiterativa y se cumpla una de las siguientes condiciones:
            
            
               (a)que se cumpla cualquiera de las condiciones a que se refiere el artículo 35, letras a) y b);
            
            
               (b)que la autoridad competente lo considere necesario para obtener los datos a que se refiere el artículo 35, letra b).
            
            
               La información se considerará reiterativa cuando la autoridad competente ya disponga de la misma o esencialmente la misma información o cuando dicha información pueda ser elaborada por la autoridad competente u obtenida por la misma autoridad competente a través de medios distintos de la exigencia a la empresa de servicios de inversión de comunicarla. Una autoridad competente no exigirá información adicional cuando disponga ya de esa información en un formato o nivel de detalle distinto del de la información adicional que haya de comunicarse y ese formato o nivel de detalle distinto no le impida obtener información esencialmente similar.
            
            
               Artículo 37
                  Requisito de capital adicional
            
            
            
               1.Las autoridades competentes impondrán el requisito de capital adicional a que se refiere el artículo 36, apartado 2, letra a), solo cuando, a la luz de las revisiones efectuadas de conformidad con los artículos 35 y 36, constaten que una determinada empresa de servicios de inversión se encuentra en una de las situaciones siguientes:
            
            
               (a)está expuesta a riesgos o elementos de riesgo no cubiertos o no suficientemente cubiertos por el requisito de capital establecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];
            
            
               (b)no cumple los requisitos establecidos en los artículos 22 y 24 y es improbable que otras medidas administrativas mejoren suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias en un plazo adecuado;
            
            
               (c)la evaluación prudencial de la cartera de negociación es insuficiente para permitir a la empresa de servicios de inversión vender o cubrir sus posiciones a corto plazo sin incurrir en pérdidas importantes en condiciones de mercado normales;
            
            
               (d)la evaluación realizada de conformidad con el artículo 34 pone de manifiesto que es probable que el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de los modelos internos autorizados dé lugar a niveles insuficientes de capital;
            
            
               (e)la empresa de servicios de inversión incumple reiteradamente la obligación de constituir o mantener un nivel suficiente de capital adicional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1.
            
            
               2.A efectos del apartado 1, letra a), los riesgos o elementos de riesgo solo se considerarán no cubiertos o no suficientemente cubiertos por el requisito de capital establecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] cuando los importes, los tipos y la distribución del capital considerado adecuado por la autoridad competente a raíz de la revisión supervisora de la evaluación realizada por las empresas de servicios de inversión de conformidad con el artículo 22, apartado 1, superen el requisito de capital de las empresas de servicios de inversión establecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) ---/--- (IFR)]. 
            
            
               A efectos del párrafo primero, el capital considerado adecuado deberá cubrir todos los riesgos importantes o elementos de dichos riesgos que no estén sujetos a un requisito de capital específico. Podrán incluirse en ellos riesgos o elementos de riesgo explícitamente excluidos del requisito de capital establecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. 
            
            
               3.Las autoridades competentes determinarán el nivel del capital adicional exigido en virtud del artículo 36, apartado 2, letra a), como la diferencia entre el capital considerado adecuado con arreglo al apartado 2 del presente artículo y el requisito de capital establecido en la parte tercera del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)].
            
         
         
            
               4.Las autoridades competentes exigirán que las empresas de servicios de inversión cumplan el requisito de capital adicional a que se refiere el artículo 36, apartado 2, letra a), con fondos propios, con sujeción a las siguientes condiciones:
            
            
               (a)que al menos las tres cuartas partes del requisito de capital adicional se satisfagan con capital de nivel 1;
            
            
               (b)que al menos las tres cuartas partes del capital de nivel 1 se compongan de capital de nivel 1 ordinario;
            
            
               (c)que esos fondos propios no se utilicen para cumplir ninguno de los requisitos de capital establecidos en el artículo 11, letras a), b) y c), del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. 
            
            
               5.Las autoridades competentes deberán justificar por escrito su decisión de imponer un requisito de capital adicional con arreglo al artículo 36, apartado 2, letra a), mediante una exposición clara de la evaluación completa de los elementos mencionados en los apartados 1 a 4 del presente artículo. Esto incluirá, en el caso mencionado en el apartado 1, letra d), del presente artículo, una indicación específica de las razones por las cuales el nivel de capital fijado de conformidad con el artículo 38, apartado 1, ya no se considera suficiente. 
            
            
               6.La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar cómo deben medirse los riesgos y elementos de riesgo a que se refiere el apartado 2. La ABE garantizará que los proyectos de normas técnicas de regulación sean proporcionados a la luz de: 
            
            
               (a)la carga que su aplicación represente para las empresas de servicios de inversión y las autoridades competentes;
            
            
               (b)la posibilidad de que el mayor nivel de los requisitos de capital que se aplican cuando las empresas de servicios de inversión no utilizan modelos internos pueda justificar la imposición de requisitos de capital inferiores cuando se evalúen los riesgos y los elementos de riesgo conforme al apartado 2.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
            
            
               Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar dichas normas técnicas de regulación de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               Artículo 38
                  Directrices sobre la adecuación del capital
            
            
            
               1.Las autoridades competentes se asegurarán de que las empresas de servicios de inversión tengan un nivel de capital que, sobre la base del artículo 22, esté suficientemente por encima de los requisitos establecidos en la parte tercera del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] y en la presente Directiva, incluidos los requisitos de capital adicional a que se refiere el artículo 36, apartado 2, letra a), para garantizar que:
            
            
               (a)las fluctuaciones económicas cíclicas no den lugar al incumplimiento de dichos requisitos;
            
            
               (b)el capital de la empresa de servicios de inversión pueda absorber las pérdidas potenciales y los riesgos identificados con arreglo al proceso de revisión supervisora.
            
            
               2.Las autoridades competentes revisarán periódicamente el nivel de capital que haya fijado cada empresa de servicios de inversión de conformidad con el apartado 1 y, en su caso, comunicarán las conclusiones de esta revisión a la empresa de servicios de inversión de que se trate, incluida cualquier expectativa de ajuste del nivel de capital establecido de conformidad con el apartado 1. 
            
            
               Artículo 39 
                  Cooperación con las autoridades de resolución
            
            
            
               1.Las autoridades competentes consultarán a las autoridades de resolución antes de determinar cualquier requisito de capital adicional con arreglo al artículo 36, apartado 2, letra a), y antes de comunicar a las empresas de servicios de inversión cualquier expectativa de ajuste del nivel de capital según lo contemplado en el artículo 38, apartado 2. A tal fin, las autoridades competentes facilitarán a las autoridades de resolución toda la información disponible.
            
            
               2.Las autoridades competentes informarán a las autoridades de resolución pertinentes del capital adicional exigido con arreglo al artículo 36, apartado 2, letra a), y de cualquier expectativa de ajuste según lo contemplado en el artículo 38, apartado 2.
            
         
         
            
            
               Artículo 40
                  Requisitos de publicación
            
            
               Los Estados miembros facultarán a las autoridades competentes para:
            
            
               (a)exigir a las empresas de servicios de inversión que publiquen la información a que se refiere el artículo 45 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] más de una vez al año y fijen plazos para esa publicación;
            
            
               (b)exigir a las empresas de servicios de inversión el uso de soportes y lugares específicos para las publicaciones que no sean los estados financieros;
            
            
               (c)exigir a las empresas matrices que publiquen anualmente, ya sea íntegramente o mediante referencias a información equivalente, una descripción de su estructura jurídica y la estructura organizativa y de gobernanza del grupo de empresas de servicios de inversión de conformidad con el artículo 24, apartado 1, de la presente Directiva y el artículo 10 de la Directiva 2014/65/UE.
            
            
               Artículo 41
                  Obligación de informar a la ABE
            
            
            
               1.Las autoridades competentes informarán a la ABE de lo siguiente:
            
            
               (a)su proceso de revisión y evaluación a tenor del artículo 33;
            
            
               (b)la metodología utilizada para las decisiones a que se hace referencia en los artículos 36 a 38. 
            
            
               2.La ABE evaluará la información facilitada por las autoridades competentes con el fin de aumentar la coherencia del proceso de revisión y evaluación supervisoras. Con el fin de completar su evaluación, podrá solicitar a las autoridades competentes información adicional, respetando el principio de proporcionalidad y con arreglo al artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010.
            
            
               La ABE presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el grado de convergencia logrado entre los Estados miembros en la aplicación de lo dispuesto en el presente capítulo. La ABE realizará evaluaciones inter pares de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, en su caso.
            
            
               La ABE emitirá, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, directrices dirigidas a las autoridades competentes a fin de especificar con más detalle, en consonancia con el tamaño, la estructura y la organización interna de las empresas de servicios de inversión y con la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades, el procedimiento y la metodología comunes del proceso de revisión y evaluación supervisoras a que se refiere el apartado 1 y de la evaluación del tratamiento de los riesgos a que se refiere el artículo 27.
            
            
            
               CAPÍTULO 3
            
            
               Supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo
            
            
            
               Sección 1
                  Supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo 
            
            
               Artículo 42
                  Determinación del supervisor de grupo
            
         
         
            
               1.Los Estados miembros garantizarán que, cuando un grupo de empresa de servicios de inversión esté encabezado por una empresa de servicios de inversión matriz de la Unión, la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente que haya autorizado a esa empresa de servicios de inversión matriz de la Unión. 
            
            
               2.Los Estados miembros garantizarán que, cuando la empresa matriz de una empresa de servicios de inversión sea una sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión, la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente que haya autorizado a esa empresa de servicios de inversión. 
            
            
               3.Los Estados miembros garantizarán que, cuando dos o más empresas de servicios de inversión autorizadas en dos o más Estados miembros tengan por empresa matriz a la misma sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión o la misma sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión, la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente de la empresa de servicios de inversión autorizada en el Estado miembro en el que la sociedad de cartera de inversión o la sociedad financiera mixta de cartera haya sido constituida.
            
            
               4.Los Estados miembros garantizarán que, cuando las empresas matrices de dos o más empresas de servicios de inversión autorizadas en dos o más Estados miembros comprendan más de una sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera mixta de cartera con domicilio social en diferentes Estados miembros y exista una empresa de servicios de inversión en cada uno de esos Estados, la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente de la empresa de servicios de inversión con el balance total más elevado. 
            
            
               5.Los Estados miembros garantizarán que, cuando dos o más empresas de servicios de inversión autorizadas en la Unión tengan por empresa matriz a la misma sociedad de cartera de inversión de la Unión o sociedad financiera mixta de cartera de la Unión y ninguna de esas empresas de servicios de inversión haya sido autorizada en el Estado miembro en el que la sociedad de cartera de inversión o la sociedad financiera mixta de cartera haya sido constituida, la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo sea ejercida por la autoridad competente que haya autorizado a la empresa de servicios de inversión con el balance total más elevado. 
            
            
               6.Las autoridades competentes podrán, de común acuerdo, no aplicar los criterios contemplados en los apartados 3 a 5 cuando su aplicación, teniendo en cuenta las empresas de servicios de inversión de que se trate y la importancia de sus actividades en los Estados miembros correspondientes, no sea apropiada para la supervisión efectiva del cumplimiento de la prueba de capital del grupo, y designar a otra autoridad competente para supervisar el cumplimiento de la prueba de capital del grupo. En esos casos, antes de adoptar tal decisión, las autoridades competentes ofrecerán la oportunidad de manifestar su opinión al respecto, según proceda, a la sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión, la sociedad financiera mixta de cartera de la Unión o la empresa de servicios de inversión con el balance total más elevado. Las autoridades competentes notificarán a la Comisión y a la ABE cualquier decisión al respecto. 
            
            
            
               Artículo 43
                  Requisitos de información en situaciones de urgencia
            
            
            
               Cuando surja una situación de urgencia, incluida la situación descrita en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 o una situación de evolución adversa de los mercados, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la estabilidad del sistema financiero de cualquier Estado miembro en el que hayan sido autorizados entes de un grupo de empresa de servicios de inversión, el supervisor de grupo determinado con arreglo al artículo 42, sin perjuicio de lo dispuesto en la sección 2 del capítulo 1 del presente título, alertará tan pronto como sea posible a la ABE, la JERS y todas las autoridades competentes pertinentes y les comunicará toda la información esencial para el desempeño de sus funciones. 
            
            
               Artículo 44
                  Colegios de supervisores 
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que el supervisor de grupo determinado con arreglo al artículo 42 establezca colegios de supervisores con el objeto de facilitar el desempeño de las tareas a que se refiere el presente artículo y de garantizar la coordinación y la cooperación con las autoridades de supervisión pertinentes de terceros países.
            
            
               2.Los colegios de supervisores proporcionarán un marco para que el supervisor de grupo, la ABE y las demás autoridades competentes lleven a cabo las siguientes tareas:
            
            
               (a)las tareas a que se refiere el artículo 43;
            
            
               (b)el intercambio de información entre todas las autoridades competentes, con la ABE, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, y con la AEVM, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010;
            
            
               (c)el cierre de un acuerdo entre las autoridades competentes sobre la delegación voluntaria de tareas y responsabilidades, cuando proceda; 
            
            
               (d)el aumento de la eficiencia de la supervisión, tratando de evitar toda duplicación innecesaria de requisitos de supervisión.
            
            
               3.Deberán establecerse también colegios de supervisores cuando todas las filiales de un grupo de empresa de servicios de inversión encabezado por una empresa de servicios de inversión de la Unión, una sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión estén situadas en un tercer país.
            
            
               4.La ABE, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, participará en las reuniones de los colegios de supervisores. 
            
         
         
            
               5.Las autoridades siguientes serán miembros del colegio de supervisores:
            
            
               (a)
                     las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de un grupo de empresa de servicios de inversión encabezado por una empresa de servicios de inversión de la Unión, una sociedad de cartera de inversión matriz de la Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión; 
            
            
               (b)en su caso, las autoridades de supervisión de terceros países, con sujeción a requisitos de confidencialidad que sean equivalentes, a juicio de todas las autoridades competentes, a los requisitos establecidos en la sección 2 del capítulo 1 del presente título.
            
            
               6.El supervisor de grupo determinado de conformidad con el artículo 42 presidirá las reuniones del colegio y adoptará las decisiones. Mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados, por anticipado, de la organización de las reuniones, de las principales cuestiones que se vayan a tratar y de las actividades que se vayan a examinar. El supervisor de grupo también mantendrá a todos los miembros del colegio plenamente informados, de manera oportuna, de las decisiones adoptadas en las reuniones o de las medidas ejecutadas.  
            
            
               El supervisor de grupo tendrá en cuenta, al adoptar decisiones, la pertinencia de la actividad de supervisión que vayan a planificar o coordinar las autoridades a que se refiere el apartado 5.
            
            
               El establecimiento y el funcionamiento de los colegios se formalizará mediante acuerdos por escrito. 
            
            
               7.En caso de desacuerdo con una decisión adoptada por el supervisor de grupo que ataña al funcionamiento de los colegios de supervisores, cualquiera de las autoridades competentes de que se trate podrá plantear el asunto a la ABE y solicitar su asistencia de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 
            
            
               La ABE podrá también asistir a las autoridades competentes en caso de desacuerdo sobre el funcionamiento de los colegios de supervisores en virtud del presente artículo por iniciativa propia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del citado Reglamento. 
            
            
               8.La ABE, tras consultar a la AEVM, elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar con mayor detalle las condiciones en que los colegios de supervisores ejercerán las funciones contempladas en el apartado 1. 
            
            
               La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [nueve meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva]. 
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. 
            
            
               Artículo 45
                  Requisitos de cooperación 
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que el supervisor de grupo y las autoridades competentes a que se refiere el artículo 44, apartado 5, se faciliten mutuamente toda la información pertinente que requieran, incluida la siguiente: 
            
            
               (a)la identificación de la estructura jurídica y de gobernanza del grupo de empresa de servicios de inversión, incluida su estructura organizativa, que abarque todos los entes regulados y no regulados, las filiales no reguladas y las empresas matrices, así como de las autoridades competentes de los entes regulados del grupo de empresa de servicios de inversión; 
            
            
               (b)los procedimientos para la recogida de información de las empresas de servicios de inversión en un grupo de empresa de servicios de inversión, y los procedimientos para la verificación de dicha información;
            
            
               (c)cualquier evolución adversa, en las empresas de servicios de inversión o en otros entes de un grupo de empresa de servicios de inversión, que pueda afectar gravemente a dichas empresas de servicios de inversión; 
            
            
               (d)cualquier sanción importante o medida excepcional adoptada por las autoridades competentes con arreglo a las disposiciones nacionales de transposición de la presente Directiva;
            
            
               (e)la imposición de un requisito de capital específico con arreglo al artículo 36 de la presente Directiva.
            
            
               2.Las autoridades competentes y el supervisor de grupo podrán recurrir a la ABE, de conformidad con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, cuando la información pertinente no se haya comunicado de conformidad con el apartado 1 sin demoras indebidas o cuando una solicitud de cooperación, en particular para intercambiar información pertinente, se haya rechazado o no haya sido atendida en un plazo razonable. 
            
         
         
            
               La ABE podrá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento (UE) n.º 1093/2010 y por propia iniciativa, ayudar a las autoridades competentes en el desarrollo de prácticas coherentes de cooperación.
            
            
               3.Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes, antes de la adopción de una decisión que pueda ser importante para las tareas de supervisión de otras autoridades competentes, se consulten sobre los puntos siguientes:
            
            
               (a)cambios en la estructura accionarial, organizativa o de gestión de las empresas de servicios de inversión pertenecientes a un grupo de empresa de servicios de inversión que requieran la aprobación o la autorización de las autoridades competentes; 
            
            
               (b)sanciones importantes impuestas a las empresas de servicios de inversión por las autoridades competentes o cualquier otra medida excepcional adoptada por dichas autoridades;
            
            
               (c)requisitos de capital específicos impuestos de conformidad con el artículo 36.
            
            
               4.Se consultará al supervisor de grupo cuando las autoridades competentes deban imponer sanciones importantes o adoptar cualquier otra medida excepcional con arreglo al apartado 3, letra b).
            
            
               5.No obstante lo dispuesto en el apartado 3, una autoridad competente no estará obligada a consultar a otras autoridades competentes en casos de urgencia o cuando dicha consulta pueda comprometer la eficacia de su decisión, caso en el que la autoridad competente informará sin demora a las demás autoridades competentes afectadas de la decisión de no consultarlas. 
            
            
               Artículo 46
                  Verificación de la información relativa a entes situados en otros Estados miembros
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que, cuando las autoridades competentes de un Estado miembro necesiten verificar cierta información sobre empresas de servicios de inversión, sociedades de cartera de inversión, sociedades financieras mixtas de cartera, entidades financieras, empresas de servicios auxiliares, sociedades mixtas de cartera o filiales situadas en otro Estado miembro, incluidas las filiales que sean compañías de seguros, las autoridades competentes de ese otro Estado miembro lleven a cabo dicha verificación de conformidad con el apartado 2.
            
            
               2.Las autoridades competentes que hayan recibido una solicitud de conformidad con el apartado 1 deberán proceder de alguna de las siguientes maneras:
            
            
               (a)
                     realizarán por sí mismas la verificación, en el marco de sus competencias;
            
            
               (b)
                     permitirán a las autoridades competentes que lo hayan solicitado llevar a cabo la verificación;  
            
            
               (c)solicitarán que un auditor o experto lleve a cabo la verificación. 
            
            
               A efectos de las letras a) y c), las autoridades competentes que hayan realizado la solicitud podrán participar en la verificación.
            
            
            
               Sección 2
                  Sociedades de cartera de inversión, sociedades financieras mixtas de cartera y sociedades mixtas de cartera
            
            
               Artículo 47
                  Inclusión de las sociedades de cartera en la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo
            
            
            
               Los Estados miembros velarán por que las sociedades de cartera de inversión y las sociedades financieras mixtas de cartera se incluyan en la supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo.
            
         
         
            
               Artículo 48
                  Cualificaciones de los administradores
            
            
            
               Los Estados miembros exigirán que los miembros del órgano de dirección de una sociedad de cartera de inversión o de una sociedad financiera mixta de cartera tengan la honorabilidad suficiente y posean los conocimientos, competencias y experiencia suficientes para desempeñar sus cometidos de manera eficaz.  
            
            
            
               Artículo 49
                  Sociedades mixtas de cartera 
            
            
            
               1.Los Estados miembros dispondrán que, cuando un grupo de empresa de servicios de inversión esté encabezado por una sociedad mixta de cartera, las autoridades competentes responsables de la supervisión de la empresa de servicios de inversión puedan:
            
            
               (a)
                     exigir que la sociedad mixta de cartera les proporcione toda la información que pueda ser pertinente para la supervisión de dicha empresa de servicios de inversión;
            
            
               (b)
                     supervisar las operaciones entre la empresa de servicios de inversión y la sociedad mixta de cartera y sus filiales, y exigir a la empresa de servicios de inversión que cuente con procedimientos de gestión de riesgos y mecanismos de control internos adecuados, incluidos procedimientos sólidos de información y de contabilidad con el fin de identificar, medir, seguir y controlar dichas operaciones.
            
            
               2.Los Estados miembros preverán que sus autoridades competentes puedan realizar, o encomendar a inspectores externos, inspecciones in situ para verificar la información facilitada por las sociedades mixtas de cartera y sus filiales. 
            
            
               Artículo 50
                  Sanciones 
            
            
            
               De conformidad con el capítulo 2, sección 3, del presente título, los Estados miembros velarán por que puedan dictarse, contra las sociedades de cartera de inversión, las sociedades financieras mixtas de cartera y las sociedades mixtas de cartera, o sus directivos efectivos, que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de transposición del presente capítulo, sanciones administrativas u otras medidas administrativas destinadas a poner fin a las infracciones o mitigarlas o a subsanar sus causas. 
            
            
               Artículo 51
                  Evaluación de la supervisión de terceros países y otras técnicas de supervisión
            
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que, cuando una empresa de servicios de inversión cuya empresa matriz tenga su administración central en un tercer país no esté sujeta a una supervisión eficaz a nivel de grupo, las autoridades competentes evalúen si la empresa de servicios de inversión está sujeta a una supervisión por parte de la autoridad de supervisión del tercer país que sea equivalente a la supervisión establecida en la presente Directiva y en la parte primera del [Reglamento (UE)  ---/---- (IFR)]. 
            
            
               2.Cuando a raíz de la evaluación a que se refiere el apartado 1 se llegue a la conclusión de que no se aplica dicha supervisión equivalente, los Estados miembros aplicarán las disposiciones recogidas en la presente Directiva y en [el Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] a la empresa de servicios de inversión o permitirán recurrir a técnicas de supervisión apropiadas que logren los objetivos de la supervisión en relación con el cumplimiento de la prueba de capital del grupo establecida en el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]. Dichas técnicas de supervisión deberán ser decididas por la autoridad competente a la que correspondería ser supervisor de grupo si la empresa matriz estuviera establecida en la Unión, tras consultar a las demás autoridades competentes implicadas. Toda medida adoptada con arreglo al presente apartado se notificará a las demás autoridades competentes implicadas, a la ABE y a la Comisión.
            
            
               3.La autoridad competente a la que correspondería ser supervisor de grupo si la empresa matriz estuviera establecida en la Unión podrá exigir, en particular, la constitución de una sociedad de cartera de inversión o de una sociedad financiera mixta de cartera en la Unión y aplicar el artículo 7 del [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)] a dicha sociedad de cartera de inversión o sociedad financiera mixta de cartera.
            
            
               Artículo 52
                  Cooperación con las autoridades supervisoras de terceros países 
            
            
         
         
            
               La Comisión podrá presentar al Consejo recomendaciones para la negociación de acuerdos con uno o más terceros países en relación con las modalidades de supervisión del cumplimiento de la prueba de capital del grupo por parte de las empresas de servicios de inversión siguientes:
            
            
               (a)empresas de servicios de inversión cuya empresa matriz tenga su administración central en un tercer país;
            
            
               (b)empresas de servicios de inversión situadas en un tercer país cuya empresa matriz tenga su administración central en la Unión. 
            
            
            
               TÍTULO V
               PUBLICACIÓN POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES 
            
            
               Artículo 53 
                  Requisitos de publicación 
            
            
            
               1.Las autoridades competentes harán pública toda la información siguiente: 
            
            
               (a)el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, así como las orientaciones generales adoptadas en sus Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en la presente Directiva; 
            
            
               (b)el modo de ejercer las opciones y facultades discrecionales que ofrecen la presente Directiva y [el Reglamento (UE) ---/---- (IFR)]; 
            
            
               (c)los criterios y métodos generales empleados para la revisión y la evaluación supervisoras contempladas en el artículo 33; 
            
            
               (d)los datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la aplicación de la presente Directiva y el [Reglamento (UE) .../...(IFR)] en sus Estados miembros, incluidos el número y la naturaleza de las medidas de supervisión adoptadas de conformidad con el artículo 36, apartado 2, letra a), y de las sanciones administrativas impuestas de conformidad con el artículo 16. 
            
            
               2.La información publicada con arreglo al apartado 1 será lo suficientemente completa y exacta para permitir una comparación significativa de la aplicación de las letras b), c) y d) del apartado 1 por parte de las autoridades competentes de los diferentes Estados miembros. 
            
            
               3.La información se publicará en un formato común y se actualizará periódicamente. Será accesible en una única dirección electrónica.
            
            
            
               TÍTULO VI
               ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN
            
            
               Artículo 54 
                  Ejercicio de la delegación
            
            
            
               1.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
            
            
               2.Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículo 3, apartado 2, el artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, se otorgan a la Comisión por un periodo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
            
         
         
            
               3.La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 2, el artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
            
            
               4.Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.
            
            
               5.Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               6.Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 2, el artículo 27, apartado 3, y el artículo 33, apartado 6, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de [dos meses] desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo. 
            
            
            
               Artículo 55 
                  Actos de ejecución
            
            
            
               La modificación del importe de capital inicial previsto en el artículo 8 y el artículo 11, apartado 7, a fin de tener en cuenta la evolución en los ámbitos económico y monetario, se adoptará en forma de actos de ejecución de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 56, apartado 2.
            
            
               Artículo 56
                  Procedimiento de comité
            
            
            
               1.La Comisión estará asistida por el Comité Bancario Europeo establecido por la Decisión 2004/10/CE de la Comisión
                  44
               . Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
            
            
               2.Cuando se haga referencia al presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
            
            
            
               TÍTULO VIIMODIFICACIONES DE OTRAS DIRECTIVAS
            
            
               Artículo 57
                  Modificaciones de la Directiva 2013/36/UE 
            
            
               La Directiva 2013/36/UE se modifica como sigue:
            
            
            
               1)En el título, se suprimen las palabras «y las empresas de inversión».
            
            
               2)El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Artículo 1
            
         
         
            
               Objeto
            
            
               La presente Directiva establece normas sobre:
            
            
               (a)el acceso a la actividad de las entidades de crédito;
            
            
               (b)las facultades e instrumentos de supervisión para la supervisión prudencial de las entidades de crédito por parte de las autoridades competentes;
            
            
               (c)la supervisión prudencial de las entidades de crédito por parte de las autoridades competentes de manera compatible con las normas que establece el Reglamento (UE) nº 575/2013;
            
            
               (d)los requisitos de publicación para las autoridades competentes en el ámbito de la regulación y la supervisión prudencial de las entidades de crédito.».
            
            
               3) El artículo 2 se modifica como sigue:
            
            
               (a)El apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1.La presente Directiva se aplicará a las entidades de crédito.».
            
            
               (b)Se suprimen los apartados 2 y 3.
            
            
               (c)En el apartado 5, se suprime el punto 1).
            
            
               (d)El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «6.Los entes a los que se hace referencia en los puntos 3 a 24 del apartado 5 y en los actos delegados adoptados conforme a los apartados 5 bis y 5 ter del presente artículo se considerarán entidades financieras a efectos del artículo 34 y del título VII, capítulo 3.».
            
            
               4)El artículo 3, apartado 1, se modifica como sigue:
            
            
               (a)El punto 3 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «3)«Entidad»: una entidad tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 3, del [Reglamento (UE) ---/----*(IFR)].».
            
            
               (b)Se suprime el punto 4.
            
            
               5)El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: 
            
            
               «Artículo 5
                  Coordinación en los Estados miembros
            
            
               Cuando en los Estados miembros exista más de una autoridad competente para llevar a cabo la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las entidades financieras, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias a fin de organizar la coordinación entre dichas autoridades.».
            
         
         
            
               6) Se inserta el artículo 8 bis siguiente:
            
            
               «Artículo 8 bis
            
            
               Requisitos específicos para la autorización de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013
            
            
               1.
                     Los Estados miembros exigirán a las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 que ya hayan obtenido una autorización con arreglo al título II de la Directiva 2014/65/UE, que presenten una solicitud de autorización de conformidad con el artículo 8, a más tardar en las fechas siguientes: 
            
            
               a)
                     cuando la media del valor total mensual de los activos, calculada a lo largo de un período de doce meses consecutivos, supere los 30 000 millones EUR; o
            
            
               b)
                     cuando la media del valor total mensual de los activos, calculada a lo largo de un período de doce meses consecutivos, sea inferior a 30 000 millones EUR y la empresa forme parte de un grupo en el que el valor total combinado de los activos de todas las empresas del grupo que realicen alguna de las actividades mencionadas en los puntos 3 y 6 de la sección A del anexo I de la Directiva 2014/65/UE y el total de cuyos activos sea inferior a 30 000 millones EUR, sea superior a 30 000 millones EUR.
            
            
               2.
                     Las empresas a que se refiere el apartado 1 podrán seguir llevando a cabo las actividades a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 hasta que obtengan la autorización a que se hace referencia en dicho apartado.
            
            
               3. 
                     No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las empresas a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 que a fecha de [fecha de entrada en vigor de la Directiva (UE) ---/---- (IFD) - 1 día] lleven a cabo actividades como empresas de servicios de inversión autorizadas con arreglo a la Directiva 2014/65/UE, deberán solicitar la autorización de conformidad con el artículo 8 en el plazo de [1 año + 1 día después de la fecha de entrada en vigor de la Directiva (UE) ---/---- (IFD)]. 
            
            
               4.
                      Cuando la autoridad competente, tras haber recibido la información contemplada en el artículo [95 bis] de la Directiva 2014/65/UE, determine que una empresa debe recibir autorización como entidad de crédito con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Directiva, lo notificará a la empresa y a la autoridad competente tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 26, de la Directiva 2014/65/UE y se hará cargo del procedimiento de autorización a partir de la fecha de dicha notificación.
            
            
               5.
                     La ABE elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar: 
            
            
               a)
                     la información que debe proporcionar la empresa a las autoridades competentes en la solicitud de autorización, incluido el programa de actividades contemplado en el artículo 10;
            
            
               b)
                     el método de cálculo de los umbrales a que se refiere el apartado 1.  
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refieren las letras a) y b) de conformidad con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1093/2010.
            
            
               La ABE presentará a la Comisión los proyectos de normas técnicas a más tardar el [1 de enero de 2019].».
            
            
               7)
                     En el artículo 18, se inserta la letra a bis) siguiente:
            
            
               «a bis) haga uso de la autorización exclusivamente para llevar a cabo las actividades contempladas en el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 y, durante un período de cinco años consecutivos, el valor medio total de sus activos sea inferior a los umbrales establecidos en dicho artículo;».
            
            
               8)Se suprime el título IV.
            
            
               9)En el artículo 51, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida podrán presentar una solicitud al supervisor en base consolidada cuando sea de aplicación el artículo 112, apartado 1, o a las autoridades competentes del Estado miembro de origen, con el fin de que una sucursal de una entidad de crédito se considere significativa.».
            
            
               10)En el artículo 53, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
            
         
         
            
               «2.
                     El apartado 1 no será obstáculo para que las autoridades competentes intercambien información o la transmitan a la JERS, la ABE o la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (AEVM) prevista por el Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo*, con arreglo a la presente Directiva, al Reglamento (UE) nº 575/2013, a la [Directiva (UE) ---/---- (IFD) relativa a la supervisión prudencial de las empresas de servicios de inversión], a otras directivas aplicables a las entidades de crédito, al artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1092/2010, a los artículos 31, 35 y 36 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 y a los artículos 31 y 36 del Reglamento (UE) nº 1095/2010. Dicha información estará sujeta al apartado 1.».
            
            
               ______________________________________________________________
            
            
               * 
                     Reglamento (UE) nº 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión nº 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
            
            
               11) En el artículo 66, apartado 1, se inserta la letra a bis) siguiente:
            
            
               «a bis)cuando se realice al menos una de las actividades a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013 y se supere el umbral indicado en el citado artículo sin disponer de autorización como entidad de crédito;».
            
            
               12) En el artículo 76, apartado 5, se suprime la última frase. 
            
            
               13) En el artículo 86, el apartado 11 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «11.
                     Las autoridades competentes velarán por que las entidades se doten de planes de recuperación de liquidez en los que se definan estrategias adecuadas, junto a las oportunas medidas de aplicación, con objeto de subsanar posibles déficits de liquidez, en su caso en relación con sucursales establecidas en otro Estado miembro. Las autoridades competentes velarán por que las entidades pongan a prueba estos planes como mínimo una vez al año, los actualicen en función de los resultados de los escenarios alternativos previstos en el apartado 8, los comuniquen a la alta dirección y los sometan a su aprobación, de modo que las políticas y procedimientos internos puedan adaptarse según corresponda. Las entidades tomarán por anticipado las medidas operativas necesarias para asegurar que los planes de recuperación de liquidez puedan aplicarse de forma inmediata. Entre dichas medidas operativas se incluirá la de mantener garantías reales inmediatamente disponibles con vistas a la financiación del banco central. Ello supondrá que, en caso de necesidad, la entidad de crédito mantenga garantías en la moneda de otro Estado miembro o en la moneda de un tercer país frente a la que esté expuesta, y, cuando resulte imprescindible por motivos operativos, dentro del territorio de un Estado miembro de acogida o de un tercer país frente a cuya moneda esté expuesta.».
            
            
               14)En el artículo 110, se suprime el apartado 2.
            
            
               15)En el artículo 114, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «1.
                     Cuando surja una situación de urgencia, incluida la situación descrita en el artículo 18 del Reglamento (UE) nº 1093/2010 o una situación de evolución adversa de los mercados, que pueda comprometer la liquidez en el mercado y la estabilidad del sistema financiero de cualquier Estado miembro en el que hayan sido autorizados entes de un grupo o en el que estén establecidas sucursales significativas según se contemplan en el artículo 51, el supervisor en base consolidada, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo 1, sección 2, y, cuando proceda, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD) del Parlamento Europeo y del Consejo]*, alertará tan pronto como sea posible a la ABE y a las autoridades contempladas en el artículo 58, apartado 4, y el artículo 59, y les comunicará toda la información que resulte esencial para el desempeño de sus funciones. Estas obligaciones se aplicarán a todas las autoridades competentes.
            
            
               __________________________________________________________________
            
            
               *
                     [Directiva (UE) ---/---- del Parlamento Europeo y del Consejo, de ....., relativa a ........].».
            
            
               16)El artículo 116 se modifica como sigue:
            
            
               a)El apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «2.
                     Las autoridades competentes que formen parte de los colegios de supervisores y la ABE colaborarán estrechamente entre sí. Las exigencias en materia de confidencialidad previstas en el título VII, capítulo 1, sección II, de la presente Directiva y, cuando proceda, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD)] no impedirán el intercambio de información confidencial entre las autoridades competentes en el seno de los colegios de supervisores. El establecimiento y el funcionamiento de los colegios de supervisores no afectarán a los derechos y deberes de las autoridades competentes en virtud de la presente Directiva y del Reglamento (UE) nº 575/2013.».
            
            
               b)
                     El apartado 6 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «6.
                     En los colegios de supervisores podrán participar las autoridades competentes responsables de la supervisión de las filiales de una entidad matriz de la UE, de una sociedad financiera de cartera matriz de la UE o de una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE, y las autoridades competentes de un Estado miembro de acogida en el que estén establecidas sucursales significativas, según se contemplan en el artículo 51, bancos centrales del SEBC, cuando corresponda, así como, si procede, autoridades de supervisión de terceros países, con sujeción a requisitos de confidencialidad que sean equivalentes, a juicio de todas las autoridades competentes, a los requisitos estipulados en el título VII, capítulo 1, sección II, de la presente Directiva y, en su caso, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD)].».
            
            
               c)
                     El apartado 9 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «9.
                     El supervisor en base consolidada informará a la ABE, sin perjuicio de los requisitos de confidencialidad establecidos en el título VII, capítulo 1, sección II, de la presente Directiva y, en su caso, en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD)], de las actividades del colegio de supervisores, incluidas las realizadas en situaciones de urgencia, y comunicará a la ABE toda información que resulte de particular interés a efectos de la convergencia de la actividad supervisora.».
            
         
         
            
               17)En el artículo 125, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «2.Toda información recibida en el marco de la supervisión en base consolidada, y en particular los intercambios de información entre autoridades competentes previstos por la presente Directiva, quedarán sujetos a requisitos de secreto profesional equivalentes como mínimo a los contemplados en el artículo 53, apartado 1, de la presente Directiva cuando se trate de entidades de crédito, o en el artículo 13 de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD)].».
            
            
               18)En el artículo 128, se suprime el párrafo segundo.
            
            
               19)En el artículo 129, se suprimen los apartados 2, 3 y 4.
            
            
               20)En el artículo 130, se suprimen los apartados 2, 3 y 4.
            
            
               21)En el artículo 143, apartado 1, la letra d) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «d)
                     sin perjuicio de lo dispuesto en el título VII, capítulo 1, sección II, de la presente Directiva y, en su caso, de lo dispuesto en el título IV, capítulo 1, sección 2, de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD)], datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la aplicación del marco prudencial en cada Estado miembro, incluidos el número y la naturaleza de las medidas de supervisión adoptadas de conformidad con el artículo 102, apartado 1, letra a), y de las sanciones administrativas adoptadas de conformidad con el artículo 65.».
            
            
            
               Artículo 58
                  Modificaciones de la Directiva 2014/65/UE 
            
            
            
               La Directiva 2014/65/UE se modifica como sigue:
            
            
            
               1)En el artículo 8, la letra a) se sustituye por el texto siguiente: 
            
            
               «a)deje de cumplir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de la autorización, como la conformidad con las condiciones establecidas en el [Reglamento (UE) ---/---- (IFR)];». 
            
            
               2) El artículo 15 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «Artículo 15
                  Dotación de capital inicial 
            
            
               Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades competentes no concedan la autorización a menos que la empresa de servicios de inversión tenga suficiente capital inicial de conformidad con los requisitos del artículo 8 de la [Directiva (UE) ---/---- (IFD)], teniendo en cuenta la naturaleza del servicio o actividad de inversión en cuestión.».
            
            
               3)El artículo 41 se sustituye por el texto siguiente: 
            
            
               «Artículo 41 
            
            
               Concesión de la autorización
            
         
         
            
            
               1.  La autoridad competente del Estado miembro en el que la empresa del tercer país haya establecido o se proponga establecer su sucursal solo concederá la autorización cuando la autoridad competente esté convencida de que:
            
            
               (a)se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 39; y
            
            
               (b)la sucursal de la empresa del tercer país estará en condiciones de cumplir las disposiciones contempladas en los apartados 2 y 3.
            
            
               Dentro de los seis meses siguientes a la presentación de una solicitud completa, la autoridad competente comunicará a la empresa del tercer país si se ha concedido o no la autorización.
            
            
               2.  La sucursal de la empresa del tercer país autorizada de conformidad con el apartado 1 cumplirá las obligaciones establecidas en los artículos 16 a 20, 23, 24, 25 y 27, el artículo 28, apartado 1, y los artículos 30, 31 y 32 de la presente Directiva, así como en los artículos 3 a 26 del Reglamento (UE) nº 600/2014, y las medidas adoptadas con arreglo a dichas disposiciones, y estará sujeta a la supervisión de la autoridad competente del Estado miembro en el que se haya concedido la autorización.
            
            
               Los Estados miembros no impondrán requisito adicional alguno en materia de organización y funcionamiento de la sucursal respecto a las cuestiones reguladas por la presente Directiva ni aplicarán a ninguna sucursal de empresas de terceros países un trato más favorable que a las empresas de la Unión.
            
            
               Los Estados miembros garantizarán que las autoridades competentes notifiquen anualmente a la AEVM el número de sucursales de empresas de terceros países que operan en su territorio. 
            
            
               3. La sucursal de la empresa del tercer país autorizada de conformidad con el apartado 1 del presente artículo comunicará anualmente a la autoridad competente a que se refiere el apartado 2 la siguiente información:
            
            
               (a)la escala y al alcance de los servicios prestados y de las actividades realizadas por la sucursal en ese Estado miembro;
            
            
               (b)el volumen de negocios y el valor agregado de los activos correspondientes a los servicios y las actividades a que se refiere la letra a);
            
            
               (c)una descripción detallada de los mecanismos de protección de los inversores disponibles para los clientes de la sucursal, incluidos los derechos de los clientes que se deriven del sistema de indemnización de los inversores a que se refiere el artículo 39, apartado 2, letra f); 
            
            
               (d)su política de gestión de riesgos y las medidas aplicadas por la sucursal en relación con los servicios y actividades a que se refiere la letra a).
            
            
                 
                     4. La autoridad competente a que se refiere el apartado 2, las autoridades competentes de los entes que formen parte del mismo grupo al que pertenezcan las sucursales de empresas de terceros países autorizadas de conformidad con el apartado 1, la AEVM y la ABE cooperarán estrechamente a fin de garantizar que todas las actividades de dicho grupo en la Unión estén sujetas a una supervisión exhaustiva, coherente y eficaz de conformidad con la presente Directiva, el Reglamento nº 600/2014, la Directiva 2013/36/UE, el Reglamento (UE) nº 575/2013, la Directiva [Directiva (UE) .../... * (IFD)] y el Reglamento [Reglamento (UE) .../... * (IFR)]. 
            
            
               5. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación a fin de especificar con mayor detalle la información a que se refiere el apartado 3. 
            
            
               La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de regulación a más tardar el [insertar fecha]. 
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
            
            
               6. La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para especificar el formato en el que debe comunicarse a la autoridad nacional competente la información a que se refiere el apartado 3. 
            
            
               La AEVM presentará a la Comisión estos proyectos de normas técnicas de ejecución a más tardar el [insertar fecha]. 
            
            
               Se delegan en la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo primero, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.».
            
         
         
            
               4)En el artículo 81, apartado 3, la letra a) se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «a)
                     para verificar el cumplimiento de las condiciones que regulan el acceso a la actividad de las empresas de servicios de inversión y facilitar la supervisión del ejercicio de dicha actividad, los procedimientos administrativos y contables y los mecanismos de control interno;».
            
            
               5)
                     
                     Se inserta el artículo 95 bis siguiente:
            
            
               «Artículo 95 bis
            
            
               Disposición transitoria relativa a la autorización de las entidades de crédito a que se refiere el artículo 4, apartado 1, punto 1, letra b), del Reglamento (UE) nº 575/2013
            
            
               Las autoridades competentes informarán a la autoridad competente a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2013/36/UE cuando el valor total previsto de los activos de una empresa que haya solicitado autorización con arreglo al título II de la presente Directiva antes del [fecha de entrada en vigor de la Directiva (UE) ---/---- (IFD)], a fin de realizar las actividades a que se refiere el anexo I, sección A, puntos 3 y 6, sea superior a 30 000 millones EUR, y lo notificarán a la solicitante.».
            
            
            
               TÍTULO VIII
               DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
            
            
               Artículo 59
                  Disposiciones transitorias 
            
            
               1.Los Estados miembros velarán por que las empresas de servicios de inversión distintas de las contempladas en el apartado 2, que existieran a más tardar el 1 de enero de 20xx [fecha de entrada en vigor de la presente Directiva] y cuyo capital inicial no alcance los niveles mencionados en el artículo 8, cumplan lo dispuesto en dicho artículo a más tardar el [cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], registrando un incremento anual de 5 000 EUR. 
            
            
               Cuando el incremento anual mencionado en el párrafo primero no sea suficiente para que una empresa de servicios de inversión alcance el nivel de capital inicial exigido al término del periodo de cinco años, los Estados miembros concederán un periodo transitorio adicional de cinco años como máximo. Las autoridades competentes fijarán las cantidades anuales aplicables durante dicho periodo transitorio adicional.
            
            
               2.Los Estados miembros velarán por que los operadores en materias primas cumplan lo dispuesto en el artículo 8 a más tardar el [cinco años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva].
            
            
            
               Artículo 60
                  Revisión 
            
            
            
               A más tardar el [tres años después de la fecha de aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) .../... (IFR)], la Comisión, en estrecha cooperación con la ABE y la AEVM, presentará  al Parlamento Europeo y al Consejo un informe, acompañado de una propuesta legislativa si procede, sobre los siguientes aspectos:
            
            
               (a)las disposiciones en materia de remuneraciones de la presente Directiva y del Reglamento (UE) .../... [IFR]; 
            
            
               (b)la eficacia de los mecanismos de intercambio de información con arreglo a la presente Directiva;
            
            
               (c)la cooperación de la Unión y los Estados miembros con terceros países en la aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) .../... [IFR]; 
            
            
               (d)la aplicación de la presente Directiva y del Reglamento (UE) .../... [IFR] a las empresas de servicios de inversión sobre la base de su estructura jurídica o su modelo de propiedad.
            
         
         
            
               Artículo 61
                  Transposición
            
            
               1.A más tardar el [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva], los Estados miembros adoptarán y publicarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva.
            
            
               2.Los Estados miembros aplicarán dichas disposiciones a partir del [fecha de aplicación del Reglamento (UE) .../...(IFR)].
            
            
               3.Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la ABE el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
            
            
               Cuando los documentos que los Estados miembros adjunten a la notificación de las medidas de transposición que hayan adoptado no basten para comprobar completamente la conformidad de las disposiciones de transposición con determinados artículos de la presente Directiva, la Comisión, cuando la ABE así lo solicite con el objeto de llevar a cabo sus tareas en virtud del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, o por propia iniciativa, podrá exigir a los Estados miembros que presenten información más detallada sobre la transposición y ejecución de dichas disposiciones y de la presente Directiva.
            
            
               4.Las disposiciones mencionadas en el apartado 1 harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
            
            
               Artículo 62
                  Entrada en vigor
            
            
            
               La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
            
            
               A efectos de la supervisión y resolución de las empresas de servicios de inversión, las referencias a la Directiva 2013/36/UE en otros actos de la Unión se entenderán hechas a la presente Directiva.
            
            
            
            
               Artículo 63
                  Destinatarios
            
            
               Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.
            
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
            
               
               
                  Por el Parlamento Europeo
                        Por el Consejo
               
               
                  El Presidente
                        El Presidente
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Véanse la «Comunicación sobre la revisión intermedia del plan de acción para la unión de los mercados de capitales» [COM(2017) 292 final de 8 de junio de 2017] y la Comunicación «Reforzar la supervisión integrada para fortalecer la Unión de los Mercados de Capitales y la integración financiera en un entorno cambiante» [COM(2017) 542 final de 20 de septiembre de 2017].
               
               
                  
                     (2)
                  
                        Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a una solicitud de asesoramiento de la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), cuadro 12: Población de empresas de servicios de inversión, por categoría y por país, p. 96.   
                  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
               
               
                  
                     (3)
                  
                        COM(2017) 292 final.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349), y Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
               
               
                  
                     (8)
                  
                        En consonancia con el segundo dictamen de la ABE de octubre de 2016 (Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre la primera parte de la solicitud de asesoramiento sobre las empresas de servicios de inversión, https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1639033/Opinion+of+the+European+Banking+Authority+on+the+First+Part+of+the+Call+for+Advice+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2016-16%29.pdf ), la Comisión propuso en noviembre de 2016 que las empresas de servicios de inversión identificadas como de importancia sistémica mundial o como otras entidades de importancia sistémica, de conformidad con el artículo 131 de la Directiva sobre requisitos de capital, estuvieran aún sujetas a la revisión del Reglamento sobre requisitos de capital. En marzo de 2017, ese grupo lo formaban ocho empresas de servicios de inversión, todas ellas con sede en el Reino Unido. La Comisión propuso, asimismo, que los cambios no afectaran a otras empresas de servicios de inversión. Véanse: propuestas de la Comisión para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de capital, de 23 de noviembre de 2016, 
                  https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
               
               
                  
                     (9)
                  
                        COM(2017) 542 final.
               
               
                  
                     (10)
                  
                        La MiFID II añadirá a la lista el servicio de inversión consistente en la «gestión de sistemas organizados de contratación».
               
               
                  
                     (11)
                  
                        Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a la solicitud de asesoramiento de la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), 
                  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
               
               
                  
                     (12)
                  
                        Designing a new prudential regime for investment firms[Concepción de un nuevo régimen prudencial para las empresas de servicios de inversión] (EBA/DP/2016/02), 
                  https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1647446/Discussion+Paper+on+a+new+prudential+regime+for+Investment+Firms+%28EBA-DP-2016-02% 29.pdf/cf75b87e-2db3-47a3-b1f3-8a30fa6962da
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Dictamen de la ABE sobre la concepción de un nuevo marco prudencial para las empresas de servicios de inversión (EBA/Op/2017/11), 
                  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2017-11% 29.pdf
               
               
                  
                     (14)
                  
                        Propuestas de la Comisión para revisar el Reglamento y la Directiva sobre requisitos de capital, de 23 de noviembre de 2016, 
                  https://ec.europa.eu/info/law/banking-prudential-requirements-directive-2013-36-eu/upcoming_en
               
               
                  
                     (15)
                  
                        Comunicación sobre la revisión intermedia del plan de acción de la unión de los mercados de capitales, de junio de 2017 [COM(2017) 292], 
                  https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
               
               
                  
                     (16)
                  
                        COM(2017) 592 final.
               
               
                  
                     (17)
                  
                        Informe de la ABE sobre empresas de servicios de inversión, en respuesta a la solicitud de asesoramiento de la Comisión de diciembre de 2014 (EBA/Op/2015/20), 
                  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-20+Report+on+investment+firms.pdf
               
               
                  
                     (18)
                  
                        
                  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-1546878_en
               
               
                  
                     (19)
                  
                        Véanse, por ejemplo, diferentes respuestas enviadas en el contexto de la convocatoria de datos de la Comisión de 2015 
                  http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/financial-regulatory-framework-review/index_en.htm
               
               
                  
                     (20)
                  
                        Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre los aspectos relacionados con la salida del Reino Unido de la Unión Europea (EBA/Op/2017/12) de 12 de octubre de 2017, 
                  http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1756362/EBA+Opinion+on+Brexit+Issues+%28EBA-Op-2017-12% 29.pdf
               
               
                  
                     (21)
                  
                        Según se definen en la Recomendación de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (DO L 124 de 20.5.2003, p. 36), es decir, aquellas empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR.
               
               
                  
                     (22)
                  
                        http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1976637/EBA+Advice+on+New+Prudential+Framework+on+Investment+Firms+%28EBA-Op-2017-11 %29.pdf
               
               
                  
                     (23)
                  
                        DO C […] de […], p. […].
               
               
                  
                     (24)
                  
                        DO C […] de […], p. […].
               
               
                  
                     (25)
                  
                        Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
               
               
                  
                     (26)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
               
               
                  
                     (27)
                  
                        Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
               
               
                  
                     (28)
                  
                        Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
               
               
                  
                     (29)
                  
                        Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
               
               
                  
                     (30)
                  
                        Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo; Evaluación de las normas sobre remuneración de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013 [COM(2016) 510 final].
               
               
                  
                     (31)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
               
               
                  
                     (32)
                  
                        DO C 369 de 17.12.2011, p. 14.
               
               
                  
                     (33)
                  
                        Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (DO L 173 de 12.6.2014, p. 349).
               
               
                  
                     (34)
                  
                        Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
               
               
                  
                     (35)
                  
                        Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad (DO L 243 de 11.9.2002, p. 1).
               
               
                  
                     (36)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
               
               
                  
                     (37)
                  
                        Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero, y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE y 93/22/CEE del Consejo y las Directivas 98/78/CE y 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 35 de 11.2.2003, p. 1).
               
               
                  
                     (38)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/78/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
               
               
                  
                     (39)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (DO L 331 de 15.12.2010, p. 1).
               
               
                  
                     (40)
                  
                        Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo (DO L 157 de 9.6.2006, p. 87).
               
               
                  
                     (41)
                  
                        Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
               
               
                  
                     (42)
                  
                        Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
               
               
                  
                     (43)
                  
                        Recomendación 2009/384/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2009, sobre las políticas de remuneración en el sector de los servicios financieros (DO L 120 de 15.5.2009, p. 22).
               
               
                  
                     (44)
                  
                        Decisión 2004/10/CE de la Comisión, de 5 de noviembre de 2003, por la que se crea el Comité Bancario Europeo (DO L 3 de 7.1.2004, p. 36).