CELEX: 62003TO0253(02)
Language: es
Date: 2007-02-26 00:00:00
Title: Auto del Presidente de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 26 de febrero de 2007. # Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals Ltd contra Comisión de las Comunidades Europeas. # IIntervención - Admisión - Asociación representativa que tiene por objeto la protección de sus miembros. # Asunto T-253/03.

Asunto T‑253/03
      Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals Ltd
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Intervención — Admisión — Asociación representativa que tiene por objeto la protección de sus miembros»
      Sumario del auto
      Procedimiento — Intervención — Personas interesadas
      (Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 40, párr. 2, y 53, párr. 1)
      Con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia
         en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, no sólo los Estados miembros y las instituciones de las Comunidades
         tienen derecho a intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Primera Instancia, sino también cualquier
         persona que demuestre un interés en la solución del litigio.
      
      Se admite la intervención de asociaciones representativas que tengan por objeto la protección de sus miembros en asuntos en
         los que se planteen cuestiones de principio que puedan afectar a estos últimos. Más concretamente, puede admitirse la intervención
         de una asociación en un asunto si es representativa de un número considerable de empresas activas en el sector de que se trate,
         si entre sus objetivos se cuenta el de la protección de los intereses de sus miembros y si el asunto puede suscitar cuestiones
         de principio que afecten al funcionamiento del sector de que se trate y, por lo tanto, la sentencia que deba pronunciarse
         puede afectar considerablemente a los intereses de sus miembros.
      
      Debe admitirse la intervención en un asunto que suscita cuestiones fundamentales relativas a la confidencialidad de las comunicaciones
         entre un abogado y su cliente de una asociación representativa de un importante número de operadores activos en el sector
         de las prestaciones de consejo y asesoramiento jurídico y que tiene concretamente por objetivo ayudar a las asociaciones de
         colegios de abogados y las Law societies y a sus miembros a desarrollar y mejorar la organización y el estatuto legal de la
         profesión, así como ayudar a sus miembros en todo el mundo, en el ámbito de la educación jurídica u otros ámbitos, a desarrollar
         y mejorar los servicios jurídicos prestados al público.
      
      (véanse los apartados 14 a 18)
AUTO DEL PRESIDENTE DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      de 26 de febrero de 2007 (*)
      
      «Intervención – Admisión – Asociación representativa que tiene por objeto la protección de sus miembros»
      En el asunto T‑253/03,
      Akzo Nobel Chemicals Ltd, con domicilio social en Surrey (Reino Unido),
      
      Akcros Chemicals Ltd, con domicilio social en Surrey,
      
      representadas por el Sr. C. Swaak y la Sra. M. Mollica, abogados,
      partes demandantes,
      apoyadas por
      Consejo des barreaux européens (CCBE), con sede en Bruselas, representado por el Sr. J. Flynn, QC,
      
      por
      Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con sede en La Haya (Países Bajos), representado por el Sr. O. Brouwer, abogado,
      
      por
      Association européenne des juristes d’entreprise (AEJE)/(ECLA), con sede en Bruselas, representada por el Sr. M. Dolmans, la Sra. K. Nordlander, abogados, y el Sr. J. Temple Lang, Solicitor,
      
      y por
      American Corporate Counsel Association (ACCA) – European Chapter, con sede en París, representada por el Sr. G. Berrisch, abogado, y el Sr. D. Hull, Solicitor,
      
      partes coadyuvantes,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. R. Wainwright y la Sra. C. Ingen-Housz, y posteriormente por los Sres. Wainwright y
         F. Castillo de la Torre, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto una demanda de intervención presentada por la International Bar Association en apoyo de las pretensiones
         de las demandantes en el presente asunto, relativo a la anulación de la Decisión C(2003) 1533 final, de 8 de mayo de 2003,
         por la que se deniega una solicitud de aplicación del secreto profesional que protege las comunicaciones con abogados (legal
         professional privilege) a ciertos documentos incautados en el marco de una inspección ordenada con arreglo al artículo 14,
         apartado 3, del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81]
         y [82] del Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22),
      
      EL PRESIDENTE DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
      dicta el siguiente
      Auto
       Hechos y procedimiento
      1        El 30 de enero de 2003, la Comisión adoptó la Decisión C(2003) 85/4, con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento
         nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del Tratado (DO 1962,
         13, p. 204; EE 08/01, p. 22), por la que se ordenaba a Akzo Nobel Chemicals Ltd y Akcros Chemicals Ltd (en lo sucesivo, «demandantes»)
         y a sus respectivas filiales que se sometiesen a una inspección con objeto de buscar pruebas de posibles prácticas contrarias
         a la competencia (en lo sucesivo, «Decisión de 30 de enero de 2003»). El 10 de febrero de 2003, la Comisión adoptó la Decisión
         C(2003) 559/4, también con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento nº 17 (en lo sucesivo, «Decisión de 10 de febrero
         de 2003»), por la que se modificaba la Decisión de 30 de enero de 2003.
      
      2        Con arreglo a dichas Decisiones, el 12 y el 13 de febrero de 2003 se llevaron a cabo inspecciones in situ en los locales de las demandantes situados en Eccles, Manchester (Reino Unido). Durante la inspección, los funcionarios de
         la Comisión hicieron copias de un gran número de documentos. Mientras se desarrollaban estas operaciones, los representantes
         de las demandantes indicaron a los funcionarios de la Comisión que determinados documentos podían estar amparados por el secreto
         profesional que protege las comunicaciones con abogados. Durante el examen de los documentos de que se trata, surgió una controversia
         con respecto a cinco de ellos, que fueron tratados de dos formas diferentes. En efecto, los funcionarios de la Comisión no
         lograron llegar en el acto a una conclusión definitiva sobre la protección de que podrían gozar dos documentos. Así pues,
         hicieron copias de ellos y las guardaron en un sobre precintado que se llevaron una vez finalizada su inspección. En cuanto
         a los otros tres documentos controvertidos, el funcionario de la Comisión responsable de la inspección consideró que no estaban
         amparados por el secreto profesional y, en consecuencia, hizo copias de ellos y las adjuntó al resto del expediente, sin aislarlas
         en un sobre precintado.
      
      3        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de abril de 2003, las demandantes interpusieron
         un recurso que tenía por objeto, en esencia, la anulación de la Decisión de 10 de febrero de 2003 y, en lo que fuese necesario,
         de la Decisión de 30 de enero de 2003, por las que se obligaba a dichas sociedades y a sus respectivas filiales a someterse
         a la inspección de que se trata (asunto T‑125/03, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión).
      
      4        El 8 de mayo de 2003, la Comisión adoptó la Decisión C(2003) 1533 final con arreglo al artículo 14, apartado 3, del Reglamento
         nº 17 (en lo sucesivo, «Decisión de 8 de mayo de 2003»), mediante la que denegó la solicitud de las demandantes de tratamiento
         confidencial de los documentos controvertidos.
      
      5        Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de julio de 2003, las demandantes interpusieron
         un recurso solicitando la anulación de la Decisión de 8 de mayo de 2003 con arreglo al artículo 230 CE, párrafo cuarto.
      
      6        Mediante demandas presentadas, respectivamente, el 30 de julio, el 7 y el 18 de agosto y el 25 de noviembre de 2003, el Conseil
         des barreaux européens (Consejo de Colegios de Abogados de la Unión Europea, en lo sucesivo, «CCBE»), el Algemene Raad van
         de Nederlandse Orde van Advocaten (en lo sucesivo, «Consejo General de la Abogacía de los Países Bajos»), la Association européenne
         des juristes d’entreprise (Asociación Europea de juristas de empresa, en lo sucesivo «AEJE») y la American Corporate Counsel
         Association (ACCA) – European Chapter (Asociación Americana de juristas de empresa – Sección Europea, en lo sucesivo «ACCA»)
         solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes. Mediante autos del Presidente de la Sala Quinta,
         de 4 de noviembre de 2003 y de 10 de marzo de 2004, se admitió la intervención del CCBE, del Consejo General de la Abogacía
         de los Países Bajos, de la AEJE y de la ACCA.
      
      7        Mediante demanda presentada el 25 de noviembre de 2003, la Section on Business Law de la International Bar Association (Sección
         de Derecho empresarial de la Asociación Internacional de Abogados y de Colegios y Asociaciones de Abogados) solicitó intervenir
         en apoyo de las pretensiones de las partes demandantes. Mediante auto de 28 de mayo de 2004, el Tribunal de Primera Instancia
         desestimó esa demanda de intervención.
      
      8        El 20 de febrero de 2006, la International Bar Association (en lo sucesivo, «IBA»), representada por el Sr. J. Buhart, abogado,
         presentó una demanda de intervención en apoyo de las pretensiones de las demandantes.
      
      9        En su demanda de intervención, la IBA alega que tiene un interés directo y específico en el presente asunto y que reúne los
         requisitos enunciados por la jurisprudencia sobre las demandas de intervención formuladas por asociaciones. En primer lugar,
         la IBA pone de relieve que es una asociación internacional, dotada de personalidad jurídica y representativa de un importante
         número de operadores que actúan en el sector afectado. Alega que constituye de hecho la asociación representante de la profesión
         de la abogacía más importante del mundo. En segundo lugar, la IBA aduce que sus objetivos comprenden la protección, la defensa
         y la representación de los intereses de sus miembros –entre éstos, el principio del secreto profesional de las comunicaciones
         de los mismos–, de ser preciso ante un órgano jurisdiccional, con vistas en especial a que sus miembros puedan ejercer su
         profesión con libertad y sin trabas. En tercer lugar, la IBA pone de manifiesto que el presente asunto suscita cuestiones
         fundamentales relativas al principio del secreto profesional y señala que el criterio que el Tribunal de Primera Instancia
         adopte sobre dichas cuestiones afectará indudablemente a sus miembros en todos los niveles, a saber, los miembros individuales,
         los colegios de abogados y las asociaciones de juristas de empresa.
      
      10      La demanda de intervención fue notificada a las partes, con arreglo al artículo 116, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
      
      11      Mediante escrito presentado el 11 de abril de 2006, las demandantes consideraron que la IBA había acreditado un interés en
         la solución de este asunto y solicitaron al Tribunal de Primera Instancia que admitiese su demanda de intervención. Mediante
         escrito separado presentado el mismo día, las demandantes formularon una solicitud de tratamiento confidencial con respecto
         a la IBA.
      
      12      Mediante escrito de 27 de marzo de 2006, la Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que desestimara la demanda
         de intervención de la IBA. En particular, la Comisión alega que el objeto de la IBA, según se define por el artículo 1 de
         sus estatutos, no abarca la protección de los intereses de sus miembros ni su representación, dado que el objetivo de esa
         asociación consiste meramente en «ayudar» a sus miembros, y en «promover» el Estado de Derecho y el ejercicio de la justicia.
         Ahora bien, la jurisprudencia atribuye la máxima importancia al hecho de que el objeto de la asociación se enuncie claramente
         en sus estatutos (auto del Tribunal de Primera Instancia de 28 de mayo de 2004, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión,
         T‑253/03, Rec. p. II‑1603, apartado 20, que desestimó la demanda de intervención de la Section on Business Law de la International
         Bar Association). Además, la Comisión pone de relieve que parece que el Tribunal de Primera Instancia diferencia con nitidez
         la «promoción» y la «representación y la protección» de los intereses de sus miembros por una asociación. Una asociación que
         pretende la promoción de los intereses generales y colectivos de una profesión no tiene un interés suficiente para que se
         admita su intervención como coadyuvante (auto del Presidente de la Sala Tercera del Tribunal de Primera Instancia de 25 de
         junio de 1999, Pfizer Animal Health/Consejo, T‑13/99, no publicado en la Recopilación, apartado 28).
      
      13      Mediante escritos de 5 y 10 de abril de 2006, respectivamente, el CCBE y el Consejo General de la Abogacía de los Países Bajos
         se manifestaron a favor de la demanda de intervención de la IBA. Los demás coadyuvantes no formularon objeción contra dicha
         demanda de intervención.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      14      Con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia
         en virtud del artículo 53, párrafo primero, de dicho Estatuto, no sólo los Estados miembros y las instituciones de las Comunidades
         tienen derecho a intervenir como coadyuvantes en los litigios sometidos al Tribunal de Primera Instancia, sino también cualquier
         persona que demuestre un interés en la solución del litigio.
      
      15      Según reiterada jurisprudencia, se admite la intervención de asociaciones representativas que tengan por objeto la protección
         de sus miembros en asuntos en los que se planteen cuestiones de principio que puedan afectar a estos últimos [autos del Presidente
         del Tribunal de Justicia de 17 de junio de 1997, National Power y PowerGen, C‑151/97 P(I) y C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491,
         apartado 66, y de 28 de septiembre de 1998, Pharos/Comisión, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, apartado 6]. Más concretamente, puede
         admitirse la intervención de una asociación en un asunto si es representativa de un número considerable de empresas activas
         en el sector de que se trate, si entre sus objetivos se cuenta el de la protección de los intereses de sus miembros y si el
         asunto puede suscitar cuestiones de principio que afecten al funcionamiento del sector de que se trate y, por lo tanto, la
         sentencia que deba pronunciarse puede afectar considerablemente a los intereses de sus miembros (véase, en este sentido, el
         auto del Tribunal de Primera Instancia de 8 de diciembre de 1993, Kruidvat/Comisión, T‑87/92, Rec. p. II‑1375, apartado 14,
         por el que se desestima la demanda de intervención de Yves Saint Laurent Parfums SA, y el auto Akzo Nobel Chemicals y Akcros
         Chemicals/Comisión, antes citado, apartado 18).
      
      16      En el presente asunto, procede observar, en primer lugar, que la IBA es una organización representativa de un importante número
         de operadores activos en el sector afectado por este litigio. En efecto, sus miembros comprenden más de 20.000 juristas individuales
         –de los cuales unos 3.000 juristas de empresa–, y 195 colegios de abogados y numerosas asociaciones de juristas de empresa
         –entre las cuales el Institut des juristes d’entreprise.
      
      17      En segundo lugar, de los estatutos de la IBA resulta que los objetivos de esta asociación incluyen la protección de los intereses
         de sus miembros. De tal forma, a tenor del artículo 1, apartados 2 y 3, de los estatutos de la IBA, ésta tiene concretamente
         por objetivo ayudar a las asociaciones de colegios de abogados y las Law societies y a sus miembros juristas a desarrollar
         y mejorar la organización y el estatuto legal de la profesión, así como ayudar a sus miembros juristas en todo el mundo, en
         el ámbito de la educación jurídica u otros ámbitos, a desarrollar y mejorar los servicios jurídicos prestados al público.
         Pues bien, en contra de lo que mantiene la Comisión, debe entenderse que esa referencia al objetivo de la IBA, que concretamente
         es «ayudar» a sus miembros, significa que uno de los fines de dicha asociación es la protección de los intereses de sus miembros.
         Por tanto, las previsiones de las disposiciones estatutarias de las que se trata van más allá de la mera promoción de los
         intereses generales y colectivos de una profesión, en el sentido del auto Pfizer Animal Health/Consejo, antes citado. En efecto,
         los estatutos de la IBA contemplan cuestiones que pueden afectar directamente a los intereses concretos de sus miembros, como
         la organización y el estatuto legal de la profesión de abogado y la prestación de los servicios jurídicos.
      
      18      En tercer lugar, por último, habida cuenta del hecho de que el presente asunto suscita cuestiones fundamentales relativas
         a la confidencialidad de las comunicaciones entre un abogado y su cliente, procede considerar que la sentencia que debe pronunciarse
         puede afectar considerablemente tanto al funcionamiento del sector interesado como a los intereses de los miembros de la IBA.
      
      19      De lo expuesto resulta que la IBA ha justificado su interés en la solución del litigio y que, por tanto, debe admitirse su
         intervención, con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia. Dado que su demanda de intervención
         se ha presentado tras expirar el plazo de seis semanas previsto por el artículo 115, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia, la intervención de la IBA deberá limitarse a presentar observaciones durante la fase oral,
         conforme al artículo 116, apartado 6, de dicho Reglamento. Por ello, la IBA sólo recibirá traslado, en su momento, del informe
         para la vista que se redacte en el presente asunto. No procede, por tanto, pronunciarse sobre la solicitud de tratamiento
         confidencial formulada por las demandantes respecto a la IBA.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL PRESIDENTE DE LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
      resuelve:
      1)      Admitir la intervención de la International Bar Association en el asunto T‑253/03 en apoyo de las pretensiones de las partes
            demandantes. Conforme al artículo 116, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el Secretario
            le comunicará con antelación suficiente el informe para la vista, para que eventualmente pueda presentar sus observaciones
            en la fase oral.
      2)      Reservar la decisión sobre las costas.
      Dictado en Luxemburgo, a 26 de febrero de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                      El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                      J.D. Cooke
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.