CELEX: 52011PC0688
Language: es
Date: 2011-10-27
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro

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		52011PC0688
		
			Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro /* COM/2011/0688 final - 2011/0309 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.                      
CONTEXTO DE LA PROPUESTA

Motivación y objetivos de la propuesta
La exploración y producción de petróleo y
de gas se realiza cada vez con mayor frecuencia mar adentro, incluso en
entornos geográficos y geológicos complejos, tales como las aguas profundas. La
escala y las características de los recientes accidentes de petróleo y de gas
en alta mar[1]
y «cuasi accidentes»[2]
notificados en todo el mundo, incluida la Unión, exigen la adopción de medidas.
Estos sucesos reflejan la disparidad entre la complejidad creciente de las
operaciones y las deficiencias de las prácticas actuales de gestión de riesgos.
Entre las propias empresas existen grandes diferencias en términos de seguridad
y de actitudes en la materia. Por otra parte, estos incidentes han
puesto de manifiesto los desafíos a los que se enfrentan los reguladores para
garantizar la supervisión adecuada de las actividades mar adentro, así como una
falta de transparencia y de intercambio de datos en relación con el nivel de
seguridad de la industria de extracción de hidrocarburos mar adentro. 
En Europa, la mayor parte del petróleo y
del gas se produce en alta mar. Un accidente grave que se produjese en
cualquiera de las instalaciones mar adentro de Europa daría lugar a cuantiosas
pérdidas materiales, causaría daños al medio ambiente, a la economía y las
comunidades locales y a la sociedad, y pondría en peligro las vidas y la salud
de los trabajadores. Es necesario reducir la probabilidad de que se produzca un
accidente grave en aguas de la Unión. 
Los estudios, las consultas con los
agentes interesados y los análisis de riesgo realizados desde 2010 han
permitido determinar que los principales problemas de la Unión son los
siguientes:
1. El riesgo de que se produzca un accidente grave de petróleo o
de gas mar adentro en aguas de la Unión es significativo y la fragmentada
legislación actual y las diferentes prácticas regulatorias y de la industria no
permiten reducir los riesgos de la Unión tanto como sería posible. 
2. El marco reglamentario y las normas de funcionamiento
existentes no garantizan la acción de emergencia más efectiva en caso de
accidente en aguas de la Unión y la atribución de responsabilidades en relación
con el saneamiento y los daños convencionales no está totalmente clara.
Por consiguiente, los objetivos
generales de la presente propuesta son i) reducir los riesgos de accidente
grave en aguas de la Unión, y ii) limitar las consecuencias en caso de que, a
pesar de todo, se produjera dicho accidente. 
Contexto general de la iniciativa
reglamentaria
El año pasado, la Comisión ya respondió
al desastre del Golfo de México mediante un análisis de las deficiencias de las
prácticas en alta mar y el marco legislativo de la Unión y la posterior
Comunicación «Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades
relacionadas con el petróleo y el gas alta mar»[3],
adoptada en octubre de 2010. De esta forma, la Comisión proporcionó una primera
indicación de los ámbitos de actuación posibles en la Unión. 
Existen diferencias considerables y una
gran fragmentación en la legislación y en las prácticas de los Estados miembros
en lo que referente a las actividades mar adentro (por ejemplo, en materia de
otorgamiento de concesiones, las disposiciones en materia de responsabilidad,
las normas de seguridad de los equipos, la transparencia en relación con el
público y el intercambio de información). Esta situación refleja la ausencia
casi total de instrumentos de Derecho internacional y las lagunas de la
legislación pertinente de la Unión. 
Incluso si algunos Estados miembros
cuentan con sistemas de regulación de las actividades mar adentro que son
referencia a nivel mundial, todos son susceptibles de mejora. Es importante
reconocer que el control de los riesgos de accidente grave en la industria petrolera
mar adentro debe alcanzar un elevado nivel homogéneo de calidad en todo el
territorio de la Unión. 
 Sobre la base de un análisis de frecuencia de los resultados de la industria en Europa hasta la fecha y de los costes documentados de accidentes pasados, las pérdidas y los daños económicos anuales medios causados por los accidentes de petróleo y de gas mar adentro en la Unión se estiman entre 205 y 915 millones EUR. Esta gama se utiliza como base empírica para el riesgo de referencia en la evaluación de impacto. 
Se estima que los beneficios derivados
para la Unión y los Estados miembros compensarían ampliamente los costes de
establecer normas más rigurosas. La mayor parte de los costes adicionales serán
sufragados por la industria, que será la beneficiaria de la reducción de
riesgos. No obstante, la experiencia muestra la necesidad de contar con una
reglamentación estricta y con criterios claros de responsabilidad a fin de
instaurar un cambio de mentalidad en la industria que contribuya a la reducción
de riesgos que el presente Reglamento desea conseguir. 
Los objetivos generales mencionados se
desarrollan en cuatro objetivos específicos:
1.                      
garantizar la aplicación coherente por la
industria de las mejores prácticas para el control de los riesgos de accidente
grave derivados de las operaciones mar adentro de la industria del petróleo y
del gas que puedan afectar a las aguas y costas de la Unión;
2.                      
aplicar las mejores prácticas reguladoras en
todas las jurisdicciones europeas que lleven a cabo actividades de explotación
de petróleo y de gas mar adentro; 
3.                      
reforzar la preparación y la capacidad de
respuesta de la Unión ante casos de emergencia que puedan afectar a los
ciudadanos, la economía o el medio ambiente de la Unión;
4.                      
mejorar y clarificar las actuales disposiciones
de la Unión en materia de responsabilidad y de indemnización. 
Se han elaborado medidas concretas sobre
la base de las investigaciones y de las consultas con las partes interesadas
efectuadas por la Comisión. Además, se han determinado varias opciones
políticas que reagrupan las medidas en función de distintas combinaciones y
formas de aplicación. Estas opciones políticas se presentan en el capítulo 2.
Disposiciones de la Unión vigentes en
el ámbito de la propuesta
La Unión no tiene una legislación
específica relativa a la explotación del petróleo y el gas mar adentro; no
obstante, existe un acervo más amplio de la Unión que se aplica, con frecuencia
solo parcialmente, al sector de las actividades mar adentro. La presente
propuesta complementa principalmente las siguientes normas de la legislación de
la Unión:
i.             Responsabilidad
medioambiental. La Directiva 2004/35/CE sobre responsabilidad
medioambiental trata de la responsabilidad por daños al medio ambiente también
en lo que respecta al petróleo y al gas mar adentro. El operador cuya actividad
haya causado un daño medioambiental significativo a especies protegidas,
hábitats naturales o aguas es objetivamente responsable de prevenir y reparar
el daño y de sufragar todos los costes resultantes. La presente propuesta tiene
por objeto ampliar el ámbito de aplicación territorial de la Directiva
2004/35/CE, que actualmente cubre la franja costera y el mar territorial, con
el fin de incluir también las aguas marinas bajo la jurisdicción de los Estados
miembros.
ii.            Evaluación del impacto
ambiental: La Directiva 85/337/CEE[4],
modificada por las Directivas 97/11/CE[5],
2003/35/CE[6]
y 2009/31/CE[7],
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos
públicos y privados sobre el medio ambiente, ha armonizado los principios de
las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos estableciendo requisitos
mínimos generales. Además, la Convención de Espoo de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas sobre la evaluación del impacto ambiental en un
contexto transfronterizo, que forma parte del acervo medioambiental, es
pertinente en lo que respecta a la evaluación de proyectos que puedan tener
efectos transfronterizos. No obstante, su aplicación es discrecional en lo que
respecta a ciertas operaciones de perforación. 
iii.           Legislación sobre
residuos: Directiva 2008/98/CE sobre residuos (Directiva marco de
residuos). Esta Directiva se aplica plenamente a los vertidos de petróleo, como
ha afirmado el Tribunal de Justicia de la UE. Así pues, las fugas de petróleo
de una instalación mar adentro están incluidas en la definición de residuos de
la normativa de la UE, que impone al que contamina la obligación de limpieza de
los vertidos.
iv.           Seguridad y salud de los
trabajadores en el lugar de trabajo: - La Directiva 92/91/CEE (como complemento
de la Directiva marco 89/391/CEE) es el principal instrumento legislativo de la
Unión en relación con la protección de los trabajadores mar adentro y sus
condiciones de trabajo. Esta propuesta refuerza el régimen de la Directiva
92/91/CEE para incluir, entre otras cosas, la evaluación medioambiental, la
obligación de presentar al regulador la evaluación del riesgo para su
consentimiento, el establecimiento de un sistema de notificación de las
operaciones en un pozo y la necesidad de una comprobación independiente de los
elementos críticos de control de riesgos. 
v.            Accidentes graves: La
Directiva Seveso (Directiva 96/82/CE) no se aplica al sector de las actividades
mar adentro, pero algunos de sus elementos sirvieron como ejemplo de buenas
prácticas en la elaboración de la presente propuesta. No obstante, la propuesta
va más allá de Seveso, en particular al requerir el consentimiento del
regulador para la evaluación de impacto, reforzar la comprobación de la
capacidad técnica y financiera en las fases del otorgamiento de concesiones o
al establecer disposiciones relativas a la evacuación y salvamento de los
trabajadores. 
v.            Concesión de autorizaciones de
prospección, exploración y producción de hidrocarburos: La Directiva 94/22/CE
constituye el marco jurídico principal para la concesión de autorizaciones de
exploración y producción. Esta propuesta no modifica la Directiva en sí, pero
refuerza las obligaciones de las autoridades competentes durante el proceso de
concesión de autorizaciones con el fin de mejorar la evaluación de la capacidad
técnica y financiera de los solicitantes. 
vi.           Respuesta de emergencia: La
propuesta introduce nuevos requisitos relativos a la respuesta de emergencia,
dirigidos a los Estados miembros y a la industria, que deberán completarse con
las capacidades existentes tanto dentro como fuera de la Unión. El Mecanismo
Comunitario de Protección Civil (Decisión del Consejo 2007/779/CE), el Centro
de Control e Información (MIC)[8]
y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)[9] son los principales
instrumentos de la Unión para la respuesta de emergencia. Ya se han dado
algunos pasos para ampliar la competencia de la AESM con objeto de cubrir
también los accidentes ocurridos en las instalaciones mar adentro (más allá
pues de su objetivo primero, que es la navegación marítima). 
Coherencia con otras políticas y
objetivos de la Unión
El presente Reglamento es coherente con
la Estrategia Energía 2020[10],
en particular con la Prioridad 3, en relación con un abastecimiento energético
sostenible, seguro y competitivo en Europa. 
Además, el presente Reglamento es
coherente con la legislación y política medioambiental de la Unión y sus
intereses fundamentales, tales como la prevención de la contaminación, el
control y los principios de «quien contamina paga» y de «cautela». Asimismo, es
plenamente coherente con la política marítima, en particular con el objetivo de
alcanzar de aquí a 2020 el buen estado ecológico del medio marino (Directiva
marco sobre la estrategia marina 2008/56/CE). 

2.                 
RESULTADOS DE LA CONSULTA DE LAS PARTES INTERESADAS
EN EL REGLAMENTO Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LAS OPCIONES DE POLÍTICA

Consulta de las partes interesadas
Entre el 16 de marzo y el 20 de mayo de
2011 se llevó a cabo una consulta pública en línea con el fin de conocer las
opiniones de las partes interesadas sobre la necesidad de actuación de la Unión
en distintos ámbitos políticos.
La Comisión recibió un total de 64
contribuciones, que representan más de 350 respuestas diferentes de las partes
interesadas. 
Resumen de las respuestas y forma
en que se han tenido en cuenta
Los resultados de la consulta pusieron de
manifiesto un amplio apoyo al refuerzo de las medidas de prevención y de
respuesta en relación con los accidentes graves mar adentro, si bien los medios
propuestos para alcanzar dicho objetivo variaban. Las autoridades nacionales de
la región del Mar del Norte opinaron que los cambios aplicados a nivel de la
Unión no deberían poner en cuestión sus enfoques reglamentarios actuales de
fijación de objetivos, que la propuesta se propone efectivamente promover.
Aunque reconoce la necesidad de mejoras en términos generales, la posición de
la industria en relación con las modificaciones reglamentarias fue muy
conservadora, mostrando una preferencia por los enfoques de fijación de
objetivos y las iniciativas de la industria. Por otra lado, las ONG y las
empresas especializadas (por ejemplo, las sociedades de clasificación) fueron
quienes más insistieron en la necesidad de cambios a nivel de la Unión.
Los aspectos principales derivados de la
consulta son los siguientes:
Autorizaciones
Los concesionarios deben ser considerados
responsables de todos los daños que causen. La mayor parte de las autoridades
de reglamentación nacionales y la industria consideran adecuado el sistema de
otorgamiento de concesiones y de permisos actualmente aplicado en algunos
Estados miembros, pero opinan que la Unión debe colaborar con otros para
mejorar el nivel de exigencia en la materia. Estiman que las decisiones de
atribución de autorizaciones deben seguir siendo exclusivamente competencia del
Estado miembro afectado; no obstante, se podría intercambiar información con
Estados vecinos cuando exista un riesgo potencial de contaminación transfronteriza.
Algunas empresas presentaron, a título individual, diversas recomendaciones
(por ejemplo, armonizar y simplificar los procedimientos de autorización y
separar, a nivel de las autoridades de reglamentación, las funciones de
otorgamiento de concesiones y de la seguridad). Algunas ONG y representantes de
los ciudadanos se manifestaron a favor de la obligación de consultar al Estado
vecino o de obtener su consentimiento en caso de riesgo potencial de
contaminación transfronteriza.
El instrumento legislativo prevé una
evaluación más rigurosa, y basada en el riesgo, de la capacidad técnica y
financiera. Asimismo introduce, además del elemento de seguridad, un aspecto
medioambiental en el control y prevención del riesgo de accidente grave.
Prevención de accidentes
La industria debe responder al desafío de
mejorar en la prevención de accidentes graves, sin correr el riesgo de reducir
el nivel de la prevención de accidentes en los Estados miembros que ya disponen
de una estricta reglamentación de las actividades mar adentro. De manera
general, la industria afirma que puede mejorar la situación mediante la
autorregulación y las propias iniciativas. Las ONG y, en distintos grados,
algunos reguladores opinan que la reglamentación actual debe reforzarse y
ampliarse a fin de incluir todas las operaciones mar adentro en aguas de la
Unión. 
Comprobación del cumplimiento y
responsabilidad por daños
Es esencial alcanzar un elevado nivel de
cumplimiento de requisitos sólidos y razonables. A pesar de que la industria
afirma que el cumplimiento es siempre una de las principales prioridades de las
empresas, muchas partes interesadas señalan la acuciante necesidad de adoptar
una cultura de la seguridad reforzada por parte de toda la industria. El
Reglamento propuesto trata la cuestión del cumplimiento de las normas y del
establecimiento de una cultura de la seguridad fiable y reforzada. 
Las ONG y algunas sociedades de
clasificación propusieron la realización de inspecciones materiales más
rigurosas. Los reguladores nacionales y los representantes de la industria se
mostraron por lo general contrarios a esta sugerencia, alegando la potencial
falta de recursos o el riesgo de desestabilizar los sistemas actuales. La
sugerencia de exigir verificaciones independientes por terceras partes tuvo una
cierta acogida, incluso entre los dos últimos grupos citados. 
La ampliación
del ámbito de la responsabilidad medioambiental gozó de amplia aceptación entre
las ONG, mientras que los reguladores y la industria no adoptaron una posición
definida. Los representantes de la industria y las aseguradoras se manifestaron
más bien en contra de cambios tales como el seguro obligatorio sin limitación
de la responsabilidad a escala internacional, mientras que las ONG lo reclaman
con determinación.
Transparencia, intercambio de
información y prácticas avanzadas
Las ONG en primer lugar, pero también los
representantes de la industria y los reguladores, señalaron que mejorar la
transparencia permitiría a la industria y a las autoridades públicas demostrar
que las actividades relativas a la explotación de petróleo y de gas mar adentro
se gestionan y controlan adecuadamente. Todas las autoridades nacionales
deberían colaborar estrechamente, basándose en el ejemplo del Foro de las
autoridades competentes en materia de instalaciones marinas de los países del
Mar del Norte (NSOAF) y en las reuniones informales del grupo UE-NSOAF.
Respuesta de emergencia 
La respuesta de emergencia es
responsabilidad en primera instancia del operador y del Estado miembro
afectado, pero la efectividad y eficacia de la capacidad de respuesta de Europa
ante los vertidos de petróleo puede reforzarse mediante la cooperación y el
intercambio de experiencia y de otros medios. La AESM tiene un papel que jugar
en materia de operaciones de limpieza si los Estados miembros afectados lo
solicitan a través del Mecanismo Comunitario de Protección Civil.
Actividades internacionales
Las empresas establecidas en la Unión
deberían esforzarse (y se espera que lo hagan) en aplicar las políticas
expuestas en el presente Reglamento y en no bajar los niveles de exigencia
cuando operen fuera de la Unión .
Obtención y utilización de
asesoramiento técnico
El compromiso con las partes interesadas
de la Unión e internacionales (industria de alta mar, ONG) y con los Estados
miembros que representen, regulen o gestionen el sector de las actividades mar
adentro comenzó en abril de 2010 y culminó en la Comunicación de octubre de
2010. 
A partir de esa fecha, se amplió el
número de consultas con los interesados, tanto por escrito como a través de la
celebración de reuniones. Además de la consulta pública, las autoridades
nacionales de regulación/supervisión se han reunido en ocho ocasiones, bajo la
égida conjunta de la Comisión y del NSOAF. La seguridad de las actividades mar
adentro también se abordó en las reuniones del Grupo de trabajo del Foro de
Berlín sobre Combustibles Fósiles Autóctonos[11].
Además, se han celebrado numerosas reuniones con asociaciones industriales
nacionales e internacionales, empresas, ONG, empresas de auditoría
independientes y aseguradoras. Por otra parte la Comisión ha participado con
regularidad en iniciativas nacionales (Oil Spill Prevention and Response
Advisory Group del Reino Unido) e internacionales (Grupo de trabajo GMEP
del G-20). Estas reuniones se han mantenido hasta la actualidad. De forma
similar, se han celebrado consultas regulares con otros servicios de la
Comisión (p.ej, el JRC) con experiencia y conocimientos pertinentes y
transferibles. Además, la Comisión contrató a dos expertos procedentes de
autoridades nacionales de seguridad en alta mar. Las aportaciones de los
expertos se han tenido plenamente en cuenta en la formulación del presente
Reglamento. 
Opciones de actuación y evaluación de
sus efectos
De los objetivos generales y específicos
descritos en el capítulo 1 se derivan distintas opciones políticas. Existen
cuatro opciones políticas además de la opción de referencia consistente en
dejar las cosas tal como están (opción 0). 
La opción
0 mantendría el status quo. 
Esta opción no
tiene ningún coste adicional ni efectos respecto de los costes de referencia
del orden de 205-915 millones EUR.
La opción 1 («nivel de base en el Mar del Norte») corresponde al nivel de
base de intervención significativa de la Unión. Introduce en la legislación de
la Unión el Informe sobre los riesgos de accidente grave (IAG), que se basa en
el documento sobre salud y seguridad exigido en la Directiva 92/91/CE, pero va
más allá al exigir que el regulador lo apruebe antes de comenzar las
operaciones. Con arreglo a esta opción, se establecería un sistema de
inspecciones y sanciones como respaldo de las medidas descritas en el IAG. La
aplicación de la opción 1 necesitaría un nuevo instrumento legislativo. 
Con arreglo a esta opción, los gastos de
funcionamiento adicionales de la industria serían aproximadamente de 36
millones EUR anuales y se lograría una reducción del riesgo, expresada
respecto de los costes de referencia, de aproximadamente entre 7 y 30
millones EUR anuales, lo que representa una reducción del 3 %
de media respecto del riesgo de referencia. 
La opción 1+ («Mar del Norte +») va más allá al introducir directrices no
vinculantes en relación con los siguientes aspectos: realizar un examen más
estricto de la capacidad técnica de los candidatos a obtener concesiones en
materia de petróleo y de gas mar adentro; hacer converger los planes de
respuesta de emergencia nacionales; desarrollar elementos de respuesta
nacionales compatibles a nivel nacional y en el seno de la industria y ponerlos
a disposición de otros países en caso necesario; finalmente, aclarar el ámbito
de aplicación de las disposiciones medioambientales relativas a la
responsabilidad de los operadores (por ejemplo, aplicabilidad de la legislación
sobre residuos) en lo que respecta a los accidentes resultantes de las
actividades de petróleo y de gas mar adentro. La Unión propondría a las
empresas localizadas en su territorio la celebración de acuerdos voluntarios
sobre la utilización de las normas de la UE fuera de las aguas de la UE. 
Con arreglo a la opción 1+, los gastos de
funcionamiento adicionales de los Estados miembros se elevarían aproximadamente
a 3 millones EUR y los costes resultantes del cumplimiento le supondrían
a la industria (acumulados con la opción 1) cerca de 52 millones EUR. El
efecto acumulado de las opciones 1 y 1+ se sitúa entre 25 y 109 millones EUR
anuales, lo que corresponde a una reducción del 12 % de
media respecto del riesgo de referencia. 
La opción 2 («Mejores prácticas de la Unión») profundiza en las reformas de
la opción 1+ a través de un paquete de medidas completo. Sería exigible la
aplicación de las mejores prácticas reconocidas mundialmente en relación con el
control de riesgo de accidentes graves y la evaluación de impacto ambiental se
incluiría en el IAG. Además, las disposiciones destinadas a las autoridades
nacionales competentes incluirían las mejores prácticas reguladoras y las
normas organizativas exigidas. Esta evaluación global del riesgo para la
seguridad y el medio ambiente integraría en la legislación la preparación ante
las situaciones de emergencia y la gestión de los medios de respuesta. Se
crearía a nivel de la Unión un grupo de autoridades de alta mar y se
reforzarían mediante un reglamento las directivas sobre la concesión de
autorizaciones y sobre la responsabilidad medioambiental. 
Con arreglo a la opción 2, los gastos de
funcionamiento acumulados de la industria se situarían en torno a los 122
millones EUR (frente a 52 millones EUR) y entre 12 y 18 millones EUR
(frente a 3 millones EUR) en el caso de los Estados miembros, a lo que hay que
añadir costes administrativos únicos de aproximadamente entre 18 y 44 millones
EUR. Los costes que supondría a la Comisión el establecimiento y funcionamiento
del Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE ascenderían aproximadamente a 1
millón EUR. Las medidas adicionales reducen los costes respecto del riesgo
de referencia entre 103 y 455 millones EUR anuales, lo que representa
una reducción del 50 % del riesgo de referencia. 
La opción 3 («Agencia de la UE») refuerza aún más los efectos de la opción 2, a través de la
creación de una agencia de la Unión encargada de institucionalizar y, por ende,
de consolidar las reformas alcanzadas por la opción 2. La agencia se encargaría
de efectuar inspecciones e investigaciones, de controlar y garantizar la
coherencia de las acciones realizadas, de mejorar la capacidad de intervención
y de contribuir a la creación de capacidades en terceros países vecinos. 
Con arreglo a la opción 3, los costes
operativos anuales acumulados de la Comisión se elevarían a unos 35 millones
EUR anuales (frente a 1 millón EUR) y a unos costes únicos de puesta en
marcha de 18 a 44 millones EUR, más 10 millones EUR para la adquisición de
medios de repuesta esenciales. No habría costes adicionales para la industria. 
En el cuadro 1 se presenta una
comparación de las opciones en función de las distintas medidas.
 Nº || Medida   || Opción 0 || Opción 1 || Opción 1+ || Opción 2 || Opción 3 
 1 || Comprobación detallada de la capacidad técnica del operador potencial || 0 || 0 || D || L || Unión 
 2 || Establecimiento de inspecciones regulares y de un régimen de sanciones || 0 || L || L || L || Unión 
 3 || Presentación de evaluaciones de seguridad oficiales para la aceptación por el regulador || 0 || L || L || L || Unión 
 4 || Ampliación del IAG hasta convertirlo en un modelo completo de gestión de riesgo || 0 || 0 || 0 || L || L 
 5 || Ampliación de las prácticas de la Unión a las operaciones fuera de la Unión || 0 || 0 || D || D || Unión 
 6 || Creación de una autoridad competente || 0 || 0 || 0 || L || Unión 
 7 || Creación de una plataforma para el diálogo sobre cuestiones reglamentarias || 0 || 0 || 0 || L || Unión 
 8 || Intercambio de información y transparencia que englobe todos los aspectos || 0 || 0 || 0 || L || L 
 9 || Preparación para una respuesta de emergencia efectiva ante accidentes graves mar adentro || 0 || 0 || D || L || Unión 
 10 || Garantizar la disponibilidad y la compatibilidad transfronteriza de los medios de intervención || 0 || 0 || D || L || Unión 
 11 || Clarificar el ámbito de aplicación de la responsabilidad medioambiental || 0 || 0 || D || L || L 
Cuadro 1
0 = medida no aplicada por esta opción; D
= directrices/normas no vinculantes; L = legislación; Unión = Agencia de la
Unión responsable
Una medida puede aplicarse por diversos
medios, con frecuencia mediante un compromiso entre la efectividad y la
viabilidad. Así pues, cada una de las opciones políticas se caracteriza a la
vez por el conjunto de medidas elegidas y por los medios de puesta en práctica
preferidos para cada medida en el marco de esta opción.
La opción política preferida es la
opción 2, es decir, una reforma global que, a través de nueva legislación,
eleve el nivel de la gestión de riesgo y mejore la capacidad de preparación
ante emergencias en la industria de las actividades mar adentro. Además de la
coherencia, esta opción garantiza una mayor transparencia de los resultados de
la industria y de las autoridades de reglamentación.
Por otra parte, esta opción puede reducir
el riesgo de referencia en el 50 %, a través de la mejora de la prevención
y las medidas de atenuación en caso de que, a pesar de todo, se produjera un
accidente. La reducción del riesgo en términos monetarios medios
(aproximadamente entre 103 y 455 millones EUR anuales) es favorable en
comparación con los costes estimados de su aplicación (entre 134 y 140 millones
EUR anuales). Es una opción más asequible del punto de vista administrativo y
económico, ya que los costes operativos adicionales de la opción 3
(aproximadamente 34 millones EUR anuales) no traen consigo una reducción
correspondiente del riesgo. La opción 1+ tendría un impacto positivo modesto
(12 %) y posibilidades de control de aplicación limitadas, mientras que
los beneficios de la opción 1 son insuficientes para justificar los costes
correspondientes, incluso si son poco elevados.

3.                 
ELEMENTOS JURÍDICOS DEL REGLAMENTO

El Reglamento propuesto establece
obligaciones para los operadores, los Estados miembros y la Comisión.
Operador 
El operador debe organizar sus
actividades con arreglo a un modelo de mejores prácticas, preparar un Informe
sobre los riesgos de accidente grave (IAG) y presentarlo a la autoridad
competente para evaluación. Además, deberá presentar una notificación para cada
operación de un pozo a la autoridad reguladora. Tanto en el caso de los IAG
como en el de las notificaciones de operaciones de un pozo, se exigirá una
verificación independiente de los elementos de seguridad críticos. Los
operadores prepararán planes de respuesta de emergencia internos, promoverán la
interoperabilidad y la compatibilidad de los medios de respuesta y comunicarán
los incidentes y otra información útil al Estado miembro considerado mediante
un modelo estándar. Las grandes empresas establecidas en la Unión se
comprometerán a hacer una demostración de las normas de seguridad mar adentro
siempre que trabajen fuera de la Unión.
Estados miembros 
Cuando tengan intención de otorgar
concesiones de exploración o de producción, las autoridades competentes de los
Estados miembros evaluarán debidamente el potencial de los solicitantes en
materia de seguridad y comportamiento ambiental (así como su capacidad
financiera para hacer frente a las deficiencias de seguridad). Los Estados
miembros establecerán autoridades competentes para la supervisión de la
seguridad, la protección medioambiental y la capacidad de respuesta ante
emergencias, y adoptarán normas sólidas en materia de inspección e
investigación, que se acompañarán de las sanciones apropiadas en caso de que el
operador infrinja sus obligaciones. Los Estados miembros facilitarán con
regularidad información relativa a sus sectores de actividades mar adentro y
señalarán a la Comisión todos los accidentes graves y las conclusiones
extraídas. Los Estados miembros prepararán planes de emergencia externos en
colaboración con sus Estados miembros vecinos. Se adoptarán medidas para
garantizar la interoperabilidad de los conocimientos y de los medios materiales
destinados a apoyar una intervención a nivel del conjunto de la Unión, en
particular por parte de la AESM. Los Estados miembros y la industria elaborarán
planes de respuesta ante emergencias que someterán a pruebas periódicas.
Comisión 
La Comisión creará un Grupo de Autoridades
de Alta Mar de la UE, formado por representantes de las autoridades competentes
responsables de las actividades de petróleo y de gas mar adentro en los Estados
miembros de la Unión. Mediante el Reglamento, la Comisión modificará la
Directiva sobre responsabilidad medioambiental (2004/35/CE). 
Base jurídica
La propuesta de Reglamento se basa en el
artículo 192 del TFUE (medio ambiente), en lo que respecta a sus objetivos de
protección medioambiental, y en el artículo 194 del TFUE (energía) en lo respecta
a la reducción de los efectos negativos en la seguridad del abastecimiento
energético de la Unión y al funcionamiento del mercado interior de la energía.
Principio de subsidiariedad
La Unión no actuará a no ser que pueda
lograr el objetivo de manera más eficaz que los Estados miembros o cuando la
actuación de los Estados miembros por sí solos no pueda garantizar mejoras
óptimas.
Las empresas que operan en un marco
internacional y las plataformas de perforación como Deepwater Horizon que se
desplazan fuera de las fronteras se enfrentan a regímenes reglamentarios muy
diferentes en función de las distintas jurisdicciones nacionales. Recientes
reacciones de los Estados miembros parecen indicar que, en ausencia de
actuación de la Unión, estas diferencias se agudizarán, ya que prácticamente
solo los países pertenecientes a las regiones más avanzadas planifican
individualmente las mejoras, mientras que las iniciativas internacionales
avanzan muy lentamente. Por otra parte, sin acción de la Unión, seguirán existiendo
las dificultades actuales para comparar los resultados de la industria y el
intercambio de conocimientos y de datos sobre los accidentes. 
La actuación de los Estados miembros por
sí solos sería inadecuada para alcanzar un nivel de protección coherente del
medio ambiente (incluida la responsabilidad por contaminar), el interés común,
un compromiso de la Unión y sus Estados miembros de conformidad con la
Directiva marco sobre la estrategia marina.
La probabilidad y las consecuencias de
los accidentes graves mar adentro siguen siendo significativos en todo el
territorio de la Unión, tal como se señala en informes nacionales y en un
análisis de riesgo elaborado por la Comisión en 2011. La producción mar adentro
se práctica cada vez más igualmente en el Mediterráneo, en el Mar Negro e
incluso en el Mar Báltico y algunos países de estas regiones marítimas tienen
menos experiencia en la regulación de este tipo de operaciones. Por otra parte,
incluso en las regiones avanzadas (principalmente en el Mar del Norte), las
medidas nacionales no han permitido establecer normas comunes ni garantizar la
comparabilidad de los datos. 
Globalmente, a pesar de las medidas ya
previstas en la legislación de la Unión, en particular en materia de salud y
seguridad en el trabajo, la inacción de la Unión podría privar a los Estados
miembros de los medios más adecuados para reducir de forma coherente y oportuna
los riesgos de accidente grave mar adentro. 
Principio de proporcionalidad
El artículo 5 del Tratado dispone que
«ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los
objetivos del presente Tratado». Con objeto de alcanzar el equilibrio requerido
entre los objetivos y los medios propuestos para alcanzarlos, el presente
Reglamento tiene en cuenta los siguientes elementos:
i.             Los costes del accidente de
la plataforma petrolífera Deepwater Horizon fueron estimados por la empresa BP
en más de 40 000 millones USD; los costes de un suceso similar en aguas de la
Unión podrían ser de la misma magnitud.
ii.            Los accidentes de la magnitud
de Deepwater Horizon tienen lugar en la industria de las actividades mar
adentro aproximadamente cada diez años, una frecuencia elevada para el riesgo
de accidentes extremadamente graves.
iii.           El valor del sector de las
actividades mar adentro de la Unión es muy elevado para las economías
nacionales (en términos de ingresos y de empleos) y contribuye de forma
significativa a la seguridad del abastecimiento.
iv.           El sector de actividades mar
adentro genera ingresos relativamente elevados para las empresas interesadas.
v.            Se ha desarrollado un
sentimiento generalizado de rechazo entre la población ante el riesgo de nuevos
accidentes graves. 
El coste de las medidas propuestas en el
presente Reglamento (aproximadamente 134 a 140 millones EUR anuales) es modesto
en comparación con la reducción del riesgo que estas garantizarán
(aproximadamente entre 103 y 455 millones EUR anuales). Por consiguiente, se
proponen como medidas de facilitación. 
Instrumento elegido
Se propone un
Reglamento para la aplicación de la opción 2. Presenta ventajas respecto
de una Directiva debido a su claridad, coherencia y rapidez de aplicación,
debido a su aplicación directa[12].
Al actuar directamente sobre la industria, el Reglamento garantizaría también
condiciones de competencia más homogéneas. Asimismo, estaría bien adaptado a la
preparación de planes de emergencia para luchar contra la contaminación
transfronteriza. 
En lo que
respecta a los acuerdos interinstitucionales relativos a los grupos consultivos
y de expertos de la Comisión, el Grupo de Autoridades de Alta Mar de la UE
debería crearse mediante una decisión separada de la Comisión. 

4.                 
REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS 

La repercusión presupuestaria de la
propuesta es de aproximadamente 2,5 millones EUR en el período 2013-2016,
incluidas las compensaciones por la participación en comités. La ayuda
facilitada por la AESM se refiere en primer lugar a: a) la utilización de su
sistema de vigilancia por satélite, que permanece activo independientemente de
los accidentes mar adentro, y b) el despliegue de buques de intervención
organizado por la AESM. Solo se recurre a los buques de intervención en el caso
de emergencias específicas y los costes operativos corren a cargo del Estado
costero afectado que solicita la intervención. El Reglamento (CE) nº 2038/2006
establece un marco financiero plurianual para la lucha contra la contaminación
para el período 2007-2013. La Comisión no tiene previsto introducir cambios en
este marco. En conclusión: no está previsto un aumento de los costes de la AESM
durante el período 2007-2013. En caso de que la AESM tuviera que hacer frente a
costes adicionales durante el período 2014-2020, estos se cubrirían
esencialmente mediante la redistribución de los recursos ya autorizados. 

5.                 
INFORMACIÓN ADICIONAL

Modificación de la legislación vigente
El Reglamento prevé una modificación de
la Directiva 2004/35/CE (responsabilidad medioambiental).
Delegación
El Reglamento prevé la elaboración de los
detalles técnicos de un modelo de informe común a través de un acto delegado,
así como la posibilidad de actualizar los anexos técnicos mediante un acto de
ejecución.
Espacio Económico Europeo y Comunidad
de la Energía
La presente propuesta presenta un interés
potencial a efectos del EEE y la Comunidad de la Energía.
2011/0309 (COD)
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
sobre la seguridad de las actividades de
prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro
(Texto pertinente a efectos del EEE)
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 192, apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[13],

Visto el dictamen del Comité de las
Regiones[14],

De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)              
El artículo 191 del TFUE establece los
objetivos de conservación, protección y mejora de la calidad del medio ambiente
y la obligación de que la política de la Unión en este ámbito alcance un nivel
de protección elevado basado en los principios de cautela y de acción
preventiva, así como en una utilización prudente y racional de los recursos
naturales
(2)              
El objetivo del presente Reglamento es reducir
la frecuencia de los accidentes graves causados por las actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro y limitar sus consecuencias,
mejorando la protección del medio marino y de las economías costeras frente a
la contaminación, así como establecer condiciones de seguridad mínimas para la
prospección, la exploración y la explotación del petróleo y del gas, limitando
las posibles perturbaciones de la producción energética autóctona de la Unión y
mejorando los mecanismos de respuesta en caso de accidente. 
(3)              
El presente Reglamento debe aplicarse no solo
a las futuras operaciones e instalaciones sino también, mediante un régimen
transitorio, a las instalaciones existentes.
(4)              
Los accidentes producidos en 2010 relativos a
las actividades relacionadas con elpetróleo y el gas mar adentro, en particular
el ocurrido en el Golfo de México, han ocasionado una revisión de las políticas
dirigidas a garantizar la seguridad de estas actividades. La Comisión ha
lanzado esta revisión y presentado sus observaciones iniciales sobre la
seguridad de las operaciones de petróleo y de gas en su Comunicación «Hacer
frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el petróleo
y el gas en alta mar», adoptada el 13 de octubre de 2010. El Parlamento Europeo
adoptó resoluciones sobre la cuestión el 7 de octubre de 2010 y el 13 de
septiembre de 2011. Los ministros de Energía de los Estados miembros formularon
sus observaciones en las conclusiones del Consejo de Energía de 3 de diciembre
de 2010.
(5)              
Los riesgos de accidentes graves por
actividades relacionadas con petróleo o gas son significativos. Mediante la
reducción del riesgo de contaminación de las aguas marinas, la presente iniciativa
debe contribuir a la protección del medio ambiente marino y, en particular, a
la consecución de un buen estado ecológico a más tardar en 2020, tal como
establece el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco
de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre
la estrategia marina)[15].

(6)              
La Directiva marco sobre la estrategia marina,
que impone tomar en consideración los efectos acumulativos de todas las
actividades realizadas en el medio marino, constituye el pilar medioambiental
de la Política Marina Integrada. Esta Política es pertinente en lo que respecta
a las operaciones de petróleo y de gas mar adentro, ya que requiere conciliar
las preocupaciones propias de cada sector económico y el objetivo general de
una concienciación global en torno a los océanos, los mares y las zonas
costeras, con el fin de instaurar un enfoque coherente de los mares que tenga
en cuenta todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales a través
de instrumentos tales como la ordenación del espacio marítimo y el conocimiento
del medio marino. 
(7)              
Las industrias de petróleo y de gas mar
adentro están establecidas en varias regiones de la Unión y las aguas de la
Unión ofrecen perspectivas de desarrollo a nivel regional. La producción de
petróleo y de gas mar adentro representa un elemento importante de la seguridad
de abastecimiento energético.
(8)              
La fragmentación del marco reglamentario que
rige la seguridad operativa de las actividades mar adentro en Europa y las
prácticas de la industria en materia de seguridad operativa no ofrecen en la
actualidad una garantía suficiente de que los riesgos derivados de los
accidentes en el mar sean mínimos en toda la Unión, ni de que se apliquen a
tiempo las medidas más eficaces en caso de accidente en las aguas de la Unión.
En virtud de los regímenes de responsabilidad existentes, la parte responsable
puede no ser siempre claramente identificable y/o puede no ser capaz, o
responsable, de asumir todos los costes necesarios para remediar los daños que
ha causado.
(9)              
De conformidad con la Directiva 1994/22/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994 sobre las condiciones
para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección,
exploración y producción de hidrocarburos, la realización de actividades de
petróleo y de gas mar adentro está sujeta a la obtención de una autorización.
En este contexto, la autoridad competente debe tener debidamente en cuenta los
riesgos técnicos y financieros y, en su caso, toda falta de responsabilidad
demostrada anteriormente por los solicitantes de concesiones de exploración y
de producción exclusivas. Conviene garantizar que, durante el examen de la
capacidad técnica y financiera del concesionario, la autoridad competente
también examine en profundidad su capacidad de llevar a cabo las operaciones de
manera segura y eficaz en todas las circunstancias previsibles. 
(10)          
Conviene precisar que los poseedores de una
autorización para llevar a cabo actividades mar adentro de conformidad con la
Directiva 94/22/CE, son «operadores» responsables potenciales en el sentido de
la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales[16],
y que pueden no estar autorizados a delegar su responsabilidad al respecto en
terceras partes subcontratistas. 
(11)          
Aunque la autorización general prevista por la
Directiva 94/22/CE garantiza al concesionario derechos exclusivos para la
exploración o la producción de petróleo y/o de gas en una zona determinada, las
operaciones concretas realizadas en esta zona deben ser objeto de una
vigilancia normativa especializada constante por parte de los Estados miembros,
a fin de garantizar la presencia de controles efectivos destinados a prevenir
los accidentes graves y a limitar sus efectos sobre la población, el medio
ambiente y la seguridad del abastecimiento energético. 
(12)          
De conformidad con la Directiva 85/337/CEE,
tal como ha sido modificada, que se aplica a las actividades de exploración y
de explotación de petróleo y de gas, los proyectos susceptibles de tener
efectos significativos en el medio ambiente, en particular debido a su
naturaleza, sus dimensiones o su localización, están sujetos a una evaluación
en lo que respecta a sus efectos y a una solicitud de obtención de
consentimiento. De conformidad con la Directiva 85/337/CEE, cuando una
actividad está sujeta a la obtención de consentimiento, conviene prever una
participación efectiva del público en aplicación de la Convención de la
Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE-ONU) sobre el
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
(13)          
Dentro de la Unión ya existen ejemplos de
buenas prácticas reglamentarias nacionales en materia de las actividades de
petróleo y de gas mar adentro. No obstante, estas prácticas no se aplican de manera
coherente en toda la Unión y hasta el momento ningún Estado miembro ha
incorporado en su legislación todo el conjunto de buenas prácticas
reglamentarias destinadas a prevenir los accidentes graves mar adentro o a
limitar sus consecuencias en las poblaciones y el medio ambiente. Las mejores
prácticas reguladoras deben garantizar que la seguridad operativa y el medio
ambiente están reglamentados de manera efectiva, integrando las funciones
relacionadas en una autoridad competente conjunta (en lo sucesivo, la
«autoridad competente»), que podría obtener los recursos necesarios de una o
varias agencias nacionales. 
(14)          
Una vez que el operador concesionario ha
obtenido derechos para explorar o extraer petróleo y gas, la autoridad
competente debe estar jurídicamente facultada y dotada de los recursos
adecuados por el Estado miembro para adoptar medidas de ejecución, incluido el
cese de operaciones a fin de garantizar una protección adecuada de los
trabajadores y del medio ambiente. 
(15)          
La eficacia de la autoridad competente en lo
que respecta a la verificación de la adecuación de los controles de riesgos
graves realizados por el concesionario o el operador está directamente
relacionada con su política reguladora, sus sistemas y sus conocimientos en
materia de riesgos graves. Sin perjuicio de los derechos del operador
concesionario para explorar o extraer petróleo y gas, la autoridad competente
debe estar jurídicamente facultada para adoptar medidas de ejecución, incluido
el cese de operaciones a fin de garantizar una protección adecuada de los
trabajadores y del medio ambiente. Con el fin de llevar a cabo estas funciones,
la autoridad competente debe estar dotada de los recursos adecuados por el
Estado miembro.
(16)          
A fin de mantener una distinción apropiada
entre el desarrollo económico y la reglamentación en materia de medio ambiente
y de seguridad, la autoridad competente debe ser claramente independiente de
los promotores económicos nacionales.
(17)          
Los riesgos graves complejos relativos a las
actividades de petróleo y de gas mar adentro, en particular en lo que respecta
a la seguridad de los procedimientos, el confinamiento seguro de los
hidrocarburos, la integridad estructural, la prevención de incendios y
explosiones, las operaciones de evacuación y de salvamento, y la limitación de
los efectos sobre el medio ambiente tras un accidente grave, requieren una
reglamentación propia y bien adaptada a los riesgos específicos del sector de
las actividades de petróleo y de gas mar adentro.
(18)          
El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio
de cualquier otro requisito impuesto por la legislación de la Unión en materia
de salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo, en particular
la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de
los trabajadores en el trabajo[17]
y la Directiva 92/91/CEE del Consejo, de 3 de noviembre de 1992, relativa a las
disposiciones mínimas destinadas a mejorar la protección en materia de seguridad
y de salud de los trabajadores de las industrias extractivas por sondeos
(undécima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE)[18].

(19)          
Es necesario establecer un régimen específico
aplicable a las actividades realizadas mar adentro en las instalaciones tanto
fijas como móviles durante todo el ciclo de vida de las actividades de
exploración y de producción, desde la concepción al desmantelamiento y el
abandono definitivo. 
(20)          
Las mejores prácticas actualmente disponibles
en materia de prevención de accidentes graves resultantes de operaciones de
petróleo y de gas mar adentro tienen por objetivo la consecución de resultados
satisfactorios a través de una evaluación en profundidad de los riesgos y de
instrumentos de gestión fiables.
(21)          
Las mejores prácticas operativas de la Unión
requieren que los propietarios y/o los operadores de instalaciones, incluidas
las plataformas de perforación móviles, apliquen una política empresarial
eficaz, acompañada de mecanismos adecuados para la prevención de accidentes
graves, y que examinen de manera exhaustiva y sistemática todas las hipótesis
de riesgo en relación con todas las actividades peligrosas que podrían llevarse
a cabo en la instalación. Estas mejores prácticas también imponen evaluar la
probabilidad y las consecuencias de tales hipótesis, así como los controles a
los que debe someterse, en el marco de un sistema global de gestión de la
seguridad. Esta política y estos mecanismos deben describirse claramente en un
documento (denominado «Informe sobre los riesgos de accidente grave» o «IAG»).
El IAG debe ser comparable al documento sobre seguridad y salud contemplado en
la Directiva 92/91/CE y complementarlo; asimismo debe incluir disposiciones
relativas a la evaluación del riesgo para el medio ambiente y a los planes de
emergencia. El IAG deberá presentarse a la autoridad competente en el marco del
procedimiento de consentimiento. 
(22)          
A fin de preservar la eficacia de las medidas
de prevención de los riesgos de accidentes graves en las aguas de la Unión,
debe prepararse un Informe sobre los riesgos de accidente grave en relación con
todas las etapas determinantes del ciclo de vida de una instalación de
producción, incluida la concepción, la explotación, las operaciones cuando
estas están combinadas con otras instalaciones, las modificaciones importantes
y el abandono definitivo. El informe debe presentarse a la autoridad competente
de forma que las operaciones no pueden comenzar hasta que la autoridad
competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente grave
mediante un procedimiento de consentimiento apropiado. 
(23)          
Las operaciones de perforación y de reparación
de pozos de petróleo y de gas solo deben llevarse a cabo por una instalación
técnicamente capaz de controlar todos los riesgos previsibles en la ubicación
del pozo y respecto de la cual se haya aceptado un IAG.
(24)          
Además de utilizar una instalación adecuada,
el operador del pozo debe preparar planes detallados relativos a las
circunstancias particulares y a los riesgos relativos a cada operación y, de
conformidad con las mejores prácticas de la Unión, prever un examen de la
concepción del pozo por un experto independiente. El operador del pozo debe
notificar a la autoridad competente los planes relativos al pozo con la antelación
suficiente para que esta pueda adoptar todas las medidas necesarias relativas a
la operación del pozo prevista.
(25)          
A fin de garantizar la seguridad de la
concepción y la continuidad segura de las operaciones, la industria debe actuar
de acuerdo con las mejores prácticas definidas en las normas y recomendaciones
autorizadas. Estas prácticas deben adaptarse a los conocimientos e invenciones
nuevos y ser objeto de mejora continua, lo que significa que los operadores y
las autoridades competentes deben colaborar para definir prioridades con miras
a formular nuevas normas o recomendaciones o de mejorar las ya existentes, a la
luz de la experiencia extraída del accidente de Deepwater Horizon o de otros
accidentes graves mar adentro, y encargar sin dilación la preparación de
recomendaciones y normas de máxima prioridad. 
(26)          
Dada la complejidad de las operaciones de
petróleo y de gas mar adentro, la aplicación de las mejores prácticas por los
operadores requiere un mecanismo de verificación de los elementos críticos para
la seguridad por un organismo independiente.
(27)          
Las mejores prácticas que deben aplicarse en
la Unión deben cumplir las disposiciones del Reglamento 391/2009/CE sobre
reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento
de buques, y las normas equivalentes adoptadas por la Organización Marítima
Internacional[19].

(28)          
La evaluación de riesgos efectuada en el IAG
debe tener en cuenta los riesgos para el medio ambiente y, en particular, los
efectos de las condiciones meteológicas y el cambio climáticos sobre la
resistencia de las instalaciones. Por otra parte, puesto que las actividades de
petróleo y de gas mar adentro realizadas por un Estado miembro pueden conllevar
efectos negativos para el medio ambiente en otro Estado miembro, conviene
establecer y aplicar disposiciones específicas de conformidad con el Convenio
sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo.
(29)          
A fin de garantizar una respuesta eficaz ante
situaciones de emergencia, los operadores deben elaborar, para cada ubicación
específica, planes de respuesta de emergencia basados en las hipótesis de
riesgos y de peligros que figuran en el IAG, transmitirlos a las autoridades
competentes y tener preparados los recursos necesarios para la rápida ejecución
de dichos planes en caso necesario. 
(30)          
A fin de garantizar que ningún problema de
seguridad sea ignorado o pasado por alto, conviene promover el establecimiento
de medios adecuados para la notificación de estos problemas y la protección de
las personas que los señalen. 
(31)          
El intercambio de datos comparables entre
Estados miembros es difícil y poco fiable debido a la ausencia de un modelo
común de comunicación de datos. La utilización por los operadores de un modelo
común para la comunicación de datos a los Estados miembros contribuiría a la
transparencia de dichos operadores en materia de seguridad y de comportamiento
ambiental y permitiría un acceso público a información útil y comparable a
escala de la Unión referente a las actividades de petróleo y de gas mar adentro,
al tiempo que ayudaría a la divulgación de la experiencia extraída de los
accidentes graves y de los cuasi accidentes. 
(32)          
Con objeto de garantizar unas condiciones
uniformes para el intercambio de información y de promover la transparencia de
los resultados del sector de las actividades de alta mar, conviene conferir a
la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de
conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y
los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de
los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la
Comisión[20].
(33)          
Conviene utilizar el procedimiento consultivo
para la adopción de los actos de ejecución necesarios con miras a garantizar un
intercambio coherente de datos pertinentes en toda la Unión. 
(34)          
A fin de suscitar la confianza del público en
relación con la fiabilidad y la integridad de las actividades en el mar en toda
la Unión, los Estados miembros deben elaborar informes de actividad y de
accidentes e informar sin demora a la Comisión en caso de accidente grave; por
su parte la Comisión debe publicar periódicamente informes sobre los niveles de
actividad y las tendencias en materia de seguridad en la UE y sobre el
comportamiento ambiental del sector de actividades mar adentro. 
(35)          
La experiencia muestra la necesidad de
garantizar la confidencialidad de los datos sensibles a fin de promover un
diálogo abierto entre la autoridad competente y el operador. A tal fin, el
diálogo entre los operadores mar adentro y todos los Estados miembros debe
basarse en los instrumentos internacionales existentes y en el acervo de la UE
sobre el acceso a información pertinente relativa al medio ambiente, a reserva
de las exigencias imperativas en materia de seguridad y de protección del medio
ambiente. 
(36)          
Las actividades del Foro de las autoridades
competentes en materia de instalaciones marinas de los países del Mar del Norte
(NSOAF) y del Foro de los Reguladores Internacionales (IRF) han demostrado
claramente el valor de la colaboración entre las autoridades de alta mar. Debe
establecerse en la Unión una colaboración similar a fin de promover la
cooperación eficaz entre los representantes nacionales y la Comisión a nivel de
los trabajos. 
(37)          
La eficacia de la respuesta de emergencia y de
los planes de contingencias en caso de catástrofe mar adentro se vería
reforzada por una cooperación sistemática y programada entre Estados miembros y
entre estos y la industria, así como mediante el intercambio de experiencia y
otros medios compatibles. En caso necesario, estas disposiciones deben apoyarse
en los recursos y la asistencia disponibles en el seno de la Unión, en
particular en el marco de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y el
Mecanismo de Protección Civil de la Unión. 
(38)          
La ejecución de las obligaciones en virtud del
presente Reglamento debe tener en cuenta que las aguas marinas bajo la
soberanía o jurisdicción de los Estados miembros son parte integrante de las
cuatro regiones marinas contempladas en el artículo 4, apartado 1, de la
Directiva 2008/56/CE: el Mar Báltico, el Océano Atlántico Nororiental, el Mar
Mediterráneo y el Mar Negro. Por esta razón, es necesario reforzar la
cooperación con terceros países que tengan soberanía o jurisdicción sobre aguas
situadas en estas regiones marinas. Los convenios marinos regionales a que se
refiere el artículo 3, apartado 10, de la Directiva 2008/56/CE constituyen en
particular marcos adecuados de cooperación. 
(39)          
En lo que respecta al Mar Mediterráneo, y en
conjunción con el presente Reglamento, se han emprendido las acciones
necesarias con miras a la adhesión de la Unión Europea al Protocolo para la
protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación resultante de la
exploración y explotación de la plataforma continental, del fondo del mar y de
su subsuelo (Protocolo «off-shore») del Convenio para la Protección del Medio
Marino y la Región Costera del Mediterráneo («Convenio de Barcelona»), aprobado
mediante la Decisión 77/585/CEE del Consejo[21].
(40)          
Los graves problemas medioambientales que
afectan a las aguas árticas, medio marino vecino de particular importancia para
la Comunidad, requieren una atención especial a fin de garantizar la protección
medioambiental del Ártico en relación con todas las actividades realizadas mar
adentro, incluida la exploración. 
(41)          
Los planes de emergencia externos nacionales
deben basarse en evaluaciones de riesgo realizadas con miras a la preparación
del IAG. Los planes de emergencia conexos elaborados para cada ubicación
específica con el fin de contener los efectos de accidentes deben tener en
cuenta la actualización más reciente de las orientaciones de la Comisión sobre
evaluación de riesgos y cartografía para la gestión de catástrofes (Documento
de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2010) 1626 final de 21.12.2010).
(42)          
Para hacer frente de forma eficaz a las
situaciones de emergencia, el operador debe actuar inmediatamente y cooperar
estrechamente con las autoridades competentes que coordinan la aportación de
los medios de respuesta en caso de emergencia, en función de la evolución de la
situación. Esto implica igualmente una investigación exhaustiva de la situación
de emergencia, que debe comenzar sin demora a fin de limitar al máximo la
pérdida de información y elementos de prueba pertinentes. Tras el accidente,
las autoridades competentes deben extraer las conclusiones apropiadas y adoptar
las medidas necesarias.
(43)          
Con objeto de garantizar la aplicación
efectiva de los requisitos del presente Reglamento, conviene instaurar
sanciones eficaces y proporcionadas.
(44)          
A fin de adaptar los requisitos mínimos
propuestos a los últimos avances tecnológicos y a las prácticas pertinentes,
conviene facultar a la Comisión para que modifique los requisitos que figuran
en los anexos del presente Reglamento de conformidad con el procedimiento
previsto en el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011. 
(45)          
Por consiguiente, con el fin de evitar
accidentes graves relativos a las actividades relacionadas con el petróleo y el
gas mar adentro y de limitar sus consecuencias, deben delegarse a la Comisión
poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (UE)
nº 182/2011, en lo que respecta a la definición de los requisitos mínimos
básicos aplicables a estas operaciones con arreglo a los principios
establecidos en el presente Reglamento y en sus anexos en particular. Es especialmente importante que la Comisión proceda
a las consultas adecuadas durante sus trabajos preparatorios, incluso a nivel
de expertos.
(46)          
Al preparar y redactar los actos delegados, la
Comisión debe garantizar la transmisión simultánea, oportuna y apropiada de los
documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.
(47)          
Aparte de las medidas establecidas en el presente
Reglamento, la Comisión debe examinar otros medios apropiados de mejorar la
prevención de los accidentes relacionados con la industria del petróleo y del
gas mar adentro y de mitigar sus efectos.
(48)          
Teniendo en cuenta que ninguno de los
instrumentos de garantía financiera existentes, incluidos los dispositivos de
riesgos solidarios, puede cubrir todas las consecuencias posibles de
catástrofes, la Comisión debe realizar análisis y estudios más exhaustivos
sobre las medidas que conviene adoptar a fin de instaurar un régimen de
responsabilidad suficientemente sólido para los daños relativos a las
operaciones de petróleo y de gas mar adentro, requisitos en materia de
responsabilidad financiera, que incluyan la disponibilidad de instrumentos de
seguridad financiera adecuados, u otros acuerdos. 
(49)          
A nivel de la Unión, es necesario completar
las normas técnicas existentes mediante un marco jurídico constituido por la
legislación de seguridad de los productos aplicable a todas las instalaciones
mar adentro en aguas de la Unión, y no únicamente a las instalaciones fijas
destinadas a la producción. Por consiguiente, la Comisión debe realizar un
análisis más exhaustivo de las normas de seguridad de los productos aplicables
a las actividades de petróleo y de gas mar adentro.
HAN ADOPTADO EL PRESENTE
REGLAMENTO:
Capítulo 1
Disposiciones preliminares
Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación
1.                      
El presente Reglamento establece los
requisitos mínimos que deben cumplir la industria y las autoridades nacionales
que lleven a cabo operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro
tras la obtención de una autorización en virtud de la Directiva 94/22/CE. 
2.                      
El presente Reglamento se aplica a todas las
operaciones de petróleo y de gas mar adentro definidas en el artículo 2.
3.                      
El presente Reglamento será aplicable a todas
las instalaciones conexas, instalaciones submarinas e infraestructuras
conectadas situadas en las aguas de los Estados miembros, incluido en sus zonas
económicas exclusivas y en su plataforma continental en el sentido de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).
4.                      
El presente Reglamento tiene por objeto
contribuir a la consecución de los objetivos de la Directiva 2008/56/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008 , por la que se
establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino. 
5.                      
Las disposiciones del presente Reglamento se
aplicarán sin perjuicio de la legislación pertinente de la Unión, en particular
en lo que respecta a la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo,
y, en particular, de las Directivas 89/391/CEE y 92/91/CEE del Consejo. 
6.                      
El presente Reglamento se aplicará sin
perjuicio de las Directivas 85/337/CE, 2008/1/CE y 2003/4/CE. 
Artículo 2
Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se
entenderá por:
1.                      
«aceptable»: que hace un riesgo de accidente
grave tolerable en un límite más allá del cual un aumento del tiempo, de los
recursos o de los costes desplegados no produce una reducción substancial del
riesgo;
2.                      
«aceptación»: la comunicación por escrito de
la autoridad competente al operador de las conclusiones positivas de su examen
del informe sobre los riesgos graves elaborado por el operador de conformidad
con los requisitos del presente Reglamento; 
3.                      
«autorización»: una autorización en el sentido
de la Directiva 94/22/CE;
4.                      
«operación combinada»: una operación realizada
a partir de una instalación no destinada a la producción conjuntamente con una
o varias otras instalaciones con fines relativos a estas otras instalaciones y
que, por tanto, modifique sensiblemente el riesgo para la seguridad de las
personas o la protección del medio ambiente en alguna o en todas las
instalaciones;
5.                      
«inicio de las operaciones»: el momento en que
la instalación participa por primera vez en las operaciones para las que ha
sido concebida; 
6.                      
«autoridad competente»: la autoridad designada
en virtud del presente Reglamento y responsable de las tareas que incumben a su
ámbito de aplicación; 
7.                      
«infraestructura conectada»: un equipo,
conducto o cualquier otra instalación mar adentro situado por encima o por
debajo del nivel de las aguas, destinado al transporte de petróleo y de gas
hacia otra instalación vecina, una instalación de tratamiento o una instalación
de almacenamiento en tierra, o al transporte de petróleo para ser cargado en un
petrolero cisterna;
8.                      
«procedimiento de consentimiento»: un
procedimiento de evaluación en profundidad, por la autoridad competente, de
toda la información pertinente relativa a las actividades de petróleo y de gas
mar adentro previstas, que finaliza con la aceptación por la autoridad
competente del informe sobre los riesgos de accidente grave y la decisión de no
presentar objeciones a las notificaciones de los operadores relativas a
operaciones en los pozos o a operaciones combinadas;
9.                      
«zona de exclusión»: la zona establecida por
el Estado miembro en torno a la instalación y en la que está prohibida toda
actividad no relacionada con dicha instalación;
10.                  
«concesión de exploración»: la autorización
concedida por el Estado miembros para la exploración de petróleo y de gas en
los estratos subterráneos de la zona objeto de la concesión, pero no para la
producción de petróleo y de gas con fines comerciales;
11.                  
«plan de respuesta de emergencia externo»: la
estrategia local, nacional o regional prevista para prevenir el agravamiento o
limitar las consecuencias de un accidente relativo a actividades de petróleo o
de gas mar adentro, movilizando todos los recursos disponibles además de los
descritos en los planes de respuesta de emergencia internos;
12.                  
«verificación por un tercero independiente»:
la evaluación y la confirmación de la validez de una declaración escrita dada,
por una persona física o jurídica que no está sujeta al control o a la
influencia del autor de la declaración;
13.                  
«industria»: las empresas privadas que
participan directamente en las actividades relacionadas con el petróleo y el
gas mar adentro de conformidad con el presente Reglamento o cuyas actividades
están estrechamente ligadas a estas; 
14.                  
«instalación»: una instalación destinada o no
a la producción;
15.                  
«plan de respuesta de emergencia interno»: la
síntesis, preparada por los operadores de conformidad con los requisitos del
presente Reglamento, de las medidas dirigidas a prevenir el agravamiento o a
limitar las consecuencias de un accidente relativo a las actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro en la zona de exclusión en
torno a la instalación; 
16.                  
«zona objeto de la concesión»: la zona
geográfica cubierta por la autorización contemplada en la Directiva 94/22/CE;
17.                  
«concesionario»: el titular de una
autorización para realizar operaciones mar adentro de conformidad con la
Directiva 94/22/CE;
18.                  
«accidente grave»: un hecho, como un incendio
o explosión, una pérdida grave del control de un pozo o un escape importante de
hidrocarburos en el medio ambiente, daños importantes causados a la instalación
o a sus equipos, una pérdida de integridad estructural de la instalación, y
cualquier otro hecho debido al cual al menos cinco personas presentes en la
instalación o que trabajen en relación con esta fallezcan o resulten gravemente
heridas; 
19.                  
«peligro grave»: una situación que pueda
potencialmente dar lugar a un accidente grave;
20.                  
«instalación no destinada a la producción»:
una instalación distinta de una instalación destinada a la producción,
utilizada para perforaciones exploratorias y como instalación de apoyo a la
producción; 
21.                  
«operaciones relacionadas con el petróleo y el
gas mar adentro»: todas las actividades relativas a la exploración, la
producción o el tratamiento del petróleo y del gas mar adentro; estas
actividades incluyen el transporte de petróleo y de gas a través de una
infraestructura mar adentro conectada a una instalación o a una instalación
submarina; 
22.                  
«operador»: el operador de una instalación
destinada a la producción, o el propietario de una instalación no destinada a
la producción, y el operador del pozo, si se trata de una operación en un pozo;
el operador y el concesionario entran ambos en la definición contemplada en el
artículo 2, apartado 6, de la Directiva 2004/35/CE; 
23.                  
«operador de una instalación destinada a la
producción»: la persona designada por el concesionario para gestionar y
controlar las principales funciones de una instalación destinada a la
producción; 
24.                  
«propietario»: la persona jurídicamente habilitada
para controlar la operación de una instalación no destinada a la producción;
25.                  
«producción de petróleo y de gas»: la
extracción con fines comerciales de petróleo y de gas situados en los estratos
subterráneos de la zona objeto de la concesión, lo que comprende el tratamiento
mar adentro del petróleo y del gas y su transporte a través de una
infraestructura conectada, en particular, conductos, estructuras y bocas de
pozos sobre el fondo marino, y/o el almacenamiento del gas en formaciones
subsuperficiales con miras a su recuperación; 
26.                  
«instalación destinada a la producción»: una
instalación destinada a la producción de petróleo y de gas ; 
27.                  
«concesión de producción»: la autorización
concedida por el Estado miembro para la producción de petróleo y de gas; . 
28.                  
«público»: una o varias personas físicas o
jurídicas y, de conformidad con el derecho o las prácticas nacionales, sus
asociaciones, organizaciones o grupos;
29.                  
«autoridad competente» (en el contexto de una
respuesta de emergencia en caso de accidente mar adentro): el principal
organismo de respuesta de emergencia de un Estado miembro, responsable de
iniciar la respuesta de emergencia en caso de accidente grave relativo a
operaciones relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro;
30.                  
«riesgo»: la probabilidad de que se produzca
un efecto específico en un período de tiempo determinado o en circunstancias
determinadas;
31.                  
«adecuado»: lo que responde plenamente a un
requisito o una situación dada y está basado en pruebas objetivas y demostradas
mediante un análisis, una comparación con las referencias pertinentes u otras
soluciones a las que han recurrido otras autoridades o industrias en
situaciones comparables;
32.                  
«operación en un pozo»: la perforación de un
pozo con fines de exploración o de producción, en particular la interrupción de
la operación, la reparación o la modificación del pozo, su abandono definitivo,
o cualquier otra operación en un pozo susceptible de provocar el vertido
accidental de fluidos o comportar un riesgo de accidente grave; 
33.                  
«operador de un pozo»: la persona designada
por el concesionario para planificar y ejecutar una operación en un pozo. 
Capítulo II
Prevención de los peligros graves relativos a las actividades relacionadas con
el petróleo y el gas mar adentro 
Artículo 3
Principios generales de la gestión de riesgos relativos a las actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro
1.                      
Los operadores adoptarán todas las medidas
adecuadas para prevenir los accidentes graves relativos a las operaciones
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro. Las autoridades competentes
velarán por que los operadores cumplan esta obligación.
2.                      
Los operadores garantizarán que todas las
entidades contratadas para la ejecución de tareas específicas en la instalación
considerada actúen igualmente de conformidad con los requisitos del presente
Reglamento y, en particular, con sus anexos IV y V. Los operadores no están
exentos de sus responsabilidades en virtud del presente Reglamento por el hecho
de que las acciones u omisiones que den lugar o contribuyan a accidentes graves
sean imputables a estas entidades o a su personal.
3.                      
En caso de producirse un accidente grave a
pesar de todo, los operadores y las autoridades competentes adoptarán todas las
medidas adecuadas para limitar sus consecuencias para la salud humana y el
medio ambiente y, en la medida de lo posible, para evitar perturbaciones graves
de la producción de petróleo y de gas dentro de la Unión.
4.                      
Las actividades relacionadas con el petróleo y
el gas mar adentro contempladas en el presente Reglamento se llevarán a cabo
sobre la base de una evaluación sistemática de la probabilidad de hechos
fortuitos y de sus consecuencias, y de la adopción de medidas de control de
manera que los riesgos de accidentes graves que afecten a las personas, el
medio ambiente y los medios desplegados en el mar sean considerados aceptables.

Artículo 4
Consideración de la seguridad en la autorización de realizar actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro de conformidad con la
Directiva 94/22/CE
1.                      
Las decisiones relativas a la concesión de una
autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el
gas mar adentro de conformidad con la Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta la
capacidad de los solicitantes para cumplir los requisitos aplicables a las
actividades específicas previstas por dicha autorización, de conformidad con
las disposiciones pertinente del Derecho de la Unión, y en particular con el
presente Reglamento. 
2.                      
En concreto, durante la evaluación de la
capacidad técnica y financiera de las entidades que soliciten una autorización
para llevar a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar
adentro, deberán tenerse debidamente en cuenta los riesgos, peligros y toda
información útil asociadas a la zona considerada y la fase precisa de las
operaciones de exploración y de producción, así como la capacidad de los
solicitantes, en particular sus garantías financieras y su capacidad de asumir
las responsabilidades que podrían derivarse de las actividades relacionadas con
el petróleo y el gas mar adentro en cuestión, y, en especial, la
responsabilidad de los daños al medio ambiente.
3.                      
Las autorizaciones relativas a las operaciones
de exploración y a las operaciones de producción de petróleo y de gas mar
adentro se concederán por separado. 
4.                      
Las autoridades responsables de otorgar las
concesiones de conformidad con la Directiva 94/22/CE tendrán en cuenta, durante
la evaluación de la capacidad técnica y financiera de las entidades que
presenten una solicitud de autorización para llevar a cabo actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro, los riesgos, peligros y toda
información útil referentes a la zona considerada y la fase precisa de las
operaciones de exploración y de producción.
Artículo 5
Participación pública en los procedimientos de concesión
1.                      
Los Estados miembros velarán por que se de al
público la posibilidad efectiva de participar, en una fase temprana, en los
procedimientos de concesión que dependan de su competencia, de conformidad con
los requisitos establecidos en el anexo I del presente Reglamento. Los
procedimientos en cuestión se establecen en el anexo II de la Directiva
2003/35/CE.
2.                      
Los Estados miembros podrán establecer
disposiciones detalladas relativas a la información al público y a la consulta
al público interesado. 
3.                      
La participación del público deberá
organizarse de forma que la difusión de información y la implicación del
público no ocasionen riesgos para la seguridad en materia de seguridad y
protección de las instalaciones de petróleo y de gas mar adentro y de su
operación.
Artículo 6
Consentimiento de las operaciones relacionadas con el petróleo y el gas en las
zonas objeto de la concesión 
1.                      
Únicamente podrán llevarse a cabo las
operaciones en las instalaciones que hayan sido objeto de la concesión, por un
concesionario, o por una entidad que este haya contratado o designado a tal
fin, aprobados por un Estado miembro.
2.                      
Cuando la autoridad competente considere que
la persona designada por el concesionario no es competente para actuar como
operador de una instalación o como operador de un pozo, se le notificará al
concesionario y este deberá asumir todas las responsabilidades que incumban a
dicho operador en virtud del presente Reglamento. 
3.                      
Las instalaciones a que hace referencia el
apartado 1 no podrán comenzar o continuar las operaciones si no se ha
presentado un Informe sobre los riesgos de accidente grave de conformidad con
las condiciones y plazos previstos en los artículos 10 y 11 y ha sido aceptado
por la autoridad competente con arreglo al presente Reglamento. 
4.                      
No podrá realizarse ninguna operación de un
pozo ni operaciones combinadas antes de que el Informe sobre los riesgos de
accidente grave relativo a la instalación haya sido aceptado de conformidad con
el apartado 3 del presente artículo. Además, no podrá comenzar ni llevarse a
cabo ninguna operación sin que se haya presentado a la autoridad competente una
notificación relativa a las operaciones de un pozo o a las operaciones
combinadas de conformidad con las condiciones y los plazos previstos en los
artículos 13 y 14, ni tampoco si la autoridad competente formula objeciones en
cuanto al contenido de la notificación. 
Artículo 7
Responsabilidad de los daños medioambientales
1.                      
El concesionario es responsable de la
prevención y la reparación de los daños medioambientales, en el sentido de la
Directiva 2004/35/CE, ocasionados por las actividades relacionadas con el
petróleo y el gas mar adentro efectuadas por el concesionario o por cualquier
otra entidad que participe en estas operaciones sobre la base de un contrato
celebrado con el concesionario. El procedimiento de consentimiento para las
operaciones contempladas en el presente Reglamento no prejuzgará la
responsabilidad del concesionario. 
Artículo 8
Autoridad nacional competente
1.                      
Los Estados miembros bajo cuya jurisdicción se
lleven a cabo actividades relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro
designarán una autoridad competente responsable de las tareas establecidas en
el presente Reglamento.
2.                      
Las autoridades competentes designadas en virtud
del presente Reglamento serán responsables de las tareas siguientes:
a)      evaluar y aceptar los Informes de
accidente graves, evaluar las notificaciones de concepción y evaluar las
notificaciones de operaciones de los pozos o de operaciones combinadas, y
cualquier otro documento de esta naturaleza que les sea presentado;
b)      realizar inspecciones, llevar a cabo
investigaciones y adoptar medidas de ejecución;
c)      elaborar informes en aplicación del
presente Reglamento.
3.                      
La autoridad competente estará organizada de
conformidad con las disposiciones del artículo 19 con el fin de garantizar su
independencia, la realización de tareas potencialmente contradictorias, su
experiencia y su eficacia general en la regulación de las actividades
relacionadas con el petróleo y el gas mar adentro.
4.                      
Los Estados miembros garantizarán que las
autoridades competentes dispongan de los recursos adecuados para ejecutar sus
tareas en virtud del presente Reglamento. 
5.                      
La autoridad competente se esforzará por
preparar y aplicar los procedimientos coordinados o conjuntos requeridos para
la ejecución de las funciones que le son confiadas en virtud del presente
Reglamento y de satisfacer los requisitos establecidos en cualquier otra
disposición aplicable de la legislación de la Unión. Cuando la autoridad
competente esté compuesta por varias agencias, estas deberán evitar la
duplicación de las funciones de regulación.
Capítulo III
preparación y realización de las actividades relacionadas con el petróleo y el
gas sobre la base de una evaluación del riesgo
Artículo 9
Condiciones relativas a la operación de las instalaciones mar adentro
1.                      
Sin perjuicio de las disposiciones
transitorias previstas en el artículo 39, el operador de una instalación
destinada o no a la producción deberá presentar a la autoridad competente los
documentos siguientes:
a)      en caso de un instalación destinada
a la producción planificada, una notificación de concepción de conformidad con
los requisitos establecidos en el anexo II, parte 1; 
b)      un Informe sobre los riesgos de accidente
grave que incluya la información contemplada en el artículo 10 o en el artículo
11; 
c)      un plan de respuesta de emergencia
interno de conformidad con el artículo 12, integrado en el Informe sobre los
riesgos de accidente grave.
d)      una síntesis de la política del
operador en materia de prevención de accidentes graves de conformidad con el
artículo 18, integrado en el Informe sobre los riesgos de accidente grave.
2.                      
La autoridad competente recibirá la
notificación de concepción a más tardar 24 semanas antes de la fecha prevista
para la presentación del Informe sobre los riesgos de accidente grave relativo
a la operación planificada.
3.                      
El Informe sobre los riesgos de accidente
grave se notificará a la autoridad competente en el plazo fijado por esta
última y a más tardar 12 semanas antes del inicio de las operaciones previsto. 
Artículo 10
Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación destinada a
la producción
1.                      
El Informe sobre los riesgos de accidente
grave para una instalación destinada a la producción incluirá la información
detallada contemplada en el anexo II, partes 2 y 5.
2.                      
Podrá prepararse un Informe sobre los riesgos
de accidente grave para una instalación destinada a la producción para un grupo
de instalaciones, si la autoridad competente lo autoriza. 
3.                      
En caso de realizar modificaciones de
importancia en una instalación destinada a la producción, o si está previsto
desmantelar la instalación, el Informe sobre los riesgos de accidente grave
correspondiente se modificará de conformidad con el anexo II, parte 6, y se
presentará a la autoridad competente. 
4.                      
Si la autoridad competente lo estima necesario
para poder aceptar un Informe sobre los riesgos de accidente grave, solicitará
información adicional o la introducción de cambios en los documentos que le han
sido presentados.
5.                      
El Informe sobre los riesgos de accidente
grave, modificado, para una instalación destinada a la producción contemplado
en el apartado 3 se presentará a la autoridad competente en el plazo que esta
determine y a más tardar 6 meses antes del inicio previsto de los trabajos
planificados. Los trabajos planificados no podrán comenzar hasta que la
autoridad competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente
grave modificado para una instalación destinada a la producción.
6.                      
El Informe sobre los riesgos de accidente
grave para una instalación destinada a la producción será revisado
periódicamente por el operador como mínimo cada 5 años, o con mayor frecuencia
si la autoridad competente lo exige. Los resultados de dicha revisión se
notificarán a la autoridad competente. 
Artículo 11
Informe sobre los riesgos de accidente grave para una instalación no destinada
a la producción
1.                      
El Informe sobre los riesgos de accidente
grave para una instalación no destinada a la producción deberá incluir la
información detallada contemplada en el anexo II, partes 3 y 5.
2.                      
En caso de realizar modificaciones de
importancia en una instalación no destinada a la producción, o si está previsto
desmantelar la instalación, el Informe sobre los riesgos de accidente grave
correspondiente se modificará de conformidad con el anexo II, parte 6,
(exceptuando el apartado 4) y se presentará a la autoridad competente. 
3.                      
Para una instalación fija no destinada a la
producción, el Informe sobre los riesgos de accidente grave, modificado,
contemplado en el apartado 2 se presentará a la autoridad competente en el
plazo que esta determine y, a más tardar, 2 semanas antes del inicio de los
trabajos planificados. Los trabajos planificados no podrán comenzar hasta que
la autoridad competente haya aceptado el Informe sobre los riesgos de accidente
grave, modificado, para una instalación no destinada a la producción.
4.                      
Para una instalación móvil no destinada a la
producción, el Informe sobre los riesgos de accidente grave,
modificado,contemplado en el apartado 2 se presentará a la autoridad competente
en el plazo que esta determine y a más tardar 2 semanas antes de que las
operaciones deban comenzar en la instalación. La instalación no podrá iniciar
las operaciones hasta que la autoridad competente haya aceptado el Informe
sobre los riesgos de accidente grave modificado para una instalación no
destinada a la producción.
5.                      
Si la autoridad competente lo estima necesario
para poder aceptar un Informe sobre los riesgos de accidente grave, solicitará
información adicional o la introducción de cambios en los documentos que le han
sido presentados. 
6.                      
El Informe sobre los riesgos de accidente
grave para una instalación no destinada a la producción será revisado
periódicamente por el operador como mínimo cada 5 años, o con mayor frecuencia
si la autoridad competente lo exige. Los resultados de la revisión se
notificarán a la autoridad competente. 
Artículo 12
Planes de respuesta de emergencia internos
1.                      
Los operadores prepararán planes de respuesta
de emergencia internos que tendrán en cuenta las evaluaciones de los riesgos de
accidente grave realizadas durante la preparación del Informe sobre los riesgos
de accidente grave más reciente. En el caso de perforación de un pozo a partir
de una instalación no destinada a la producción, la evaluación de los riesgos
realizada de conformidad con la notificación del pozo deberá integrarse en el
plan de respuesta de emergencia relativo a la instalación. 
2.                      
Para las instalaciones destinadas o no a la producción,
el plan de respuesta de emergencia interno deberá acompañar al Informe sobre
los riesgos de accidente grave presentado a la autoridad competente. 
3.                      
Cuando instalaciones no destinadas a la
producción inicien operaciones en pozos en las que el plan de respuesta de
emergencia interno se ha modificado en razón de la naturaleza particular de la
localización del pozo, dicha modificación deberá notificarse a la autoridad
competente al mismo tiempo que la notificación del pozo. 
Artículo 13
Notificación de las operaciones de pozos
1.                      
Al menos 21 días antes del comienzo de una
operación de un pozo, el operador del pozo dirigirá a la autoridad competente
una notificación que deberá incluir información detallada relativa a la
concepción del pozo y a su operación de conformidad con los requisitos del
anexo II, parte 4. 
2.                      
La autoridad competente examinará la
notificación y adoptará las medidas que considere necesarias antes de que pueda
comenzar la operación del pozo. 
3.                      
El operador del pozo notificará inmediatamente
a la autoridad competente toda modificación importante de la información
detallada de la notificación relativa al pozo, e informará simultáneamente al
examinador independiente contemplado en el artículo 15, apartado 3, letra b), 
Artículo 14
Notificación de las operaciones combinadas
1.                      
El operador de una instalación que deba
participar en una operación combinada dirigirá a la autoridad competente una
notificación que deberá incluir información detallada relativa a la operación
combinada de conformidad con los requisitos del anexo II, parte 7. Los
operadores de las instalaciones en cuestión podrán acordar que uno de ellos se
encargue en nombre de los demás de preparar la notificación de las operaciones
combinadas. La notificación deberá presentarse a más tardar 21 días antes del
comienzo de las operaciones combinadas.
2.                      
La autoridad competente examinará la
notificación y adoptará las medidas que considere necesarias antes de que pueda
comenzar la operación combinada. 
3.                      
El operador que haya preparado la notificación
informará sin demora a la autoridad competente de toda modificación importante
de la información detallada que esta contiene. 
Artículo 15
Verificación por un tercero independiente 
1.                      
Los operadores establecerán un programa de
verificación y de examen de los pozos por un tercero independiente, e incluirán
una descripción de estos programas en la síntesis de la política en materia de
prevención de accidentes graves integrada en los Informes sobre los riesgos de
accidente grave, de conformidad con el artículo 18. 
2.                      
La selección del verificador tercero
independiente y la concepción de los programas de verificación por terceros
independientes y de examen independiente de los pozos deberá cumplir los
criterios enumerados en el anexo II, parte 5. 
3.                      
El programa de verificación por terceros
independientes relativos a instalaciones destinadas o no a la producción se
establecerá:
a)      en lo que respecta a las
instalaciones, para garantizar de manera independiente que los sistemas
especificados y los elementos críticos para la seguridad identificados en las
evaluaciones de riesgos y el sistema de gestión de la seguridad para la
instalación son adecuados y actualizados, y que el calendario de examen y de
prueba del sistema de control de accidentes graves es adecuado, actualizado y
ejecutado según las previsiones; 
b)      en lo que respecta a los proyectos
de pozos, para garantizar de manera independiente que las medidas de concepción
y de control de pozos son adecuadas respecto de las condiciones de perforación
previstas y que servirán de referencia si la concepción del pozo tuviera que
ser modificada por alguna razón.
4.                      
Los operadores velarán por que los resultados
de la verificación por un tercero independiente de conformidad con el apartado
3, letra a), del presente artículo sean puestos a la disposición de la
autoridad competente cuando esta lo solicite. 
5.                      
Los operadores garantizarán que las
conclusiones y las observaciones del examinador del pozo independiente de
conformidad con el apartado 3, letra b), del presente artículo, sean incluidos
en la notificación del pozo de conformidad con el artículo 13.
6.                      
Para las instalaciones destinadas a la
producción, el programa de verificación se establecerá antes de la presentación
del Informe sobre los riesgos de accidente grave a la autoridad competente.
Para las instalaciones no destinadas a la producción, el programa de
verificación se establecerá antes de que una operación particular haya
comenzado en esta instalación.
7.                      
Las instalaciones no destinadas a la
producción situadas en las aguas de la Unión deberán cumplir los requisitos de
las convenciones internacionales aplicables en el sentido del Reglamento (CE)
nº 391/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009[22], o las normas
equivalentes que figuran en el Código para la construcción y el equipo de
unidades móviles de perforación mar adentro (Código MODU 2009). Asimismo,
deberán ser certificadas por un organismo reconocido por la Unión en aplicación
del Reglamento citado. 
Artículo 16
Facultad de prohibición
1.                      
La autoridad competente podrá prohibir la
operación o el comienzo de operación de toda instalación o parte de la
instalación, si las medidas propuestas por el operador para la prevención y la
limitación de las consecuencias de los accidentes graves de conformidad con los
artículos 10, 11, 13 y 14 se consideran manifiestamente insuficientes.
2.                      
Si el informe sobre los riesgos de accidente
grave contemplado en los artículos 10 y 11, o las notificaciones contempladas
en los artículos 13 y 14 no son presentados a tiempo, la autoridad competente
podrá conceder, en circunstancias excepcionales y si considera que la seguridad
y la protección medioambiental no se ven comprometidas, una prolongación del
plazo de presentación del informe o de la notificación.
3.                      
La autoridad competente pedirá al operador que
adopte todas las medidas adecuadas complementarias que esta considere
necesarias para restablecer el cumplimiento de las disposiciones del artículo
3, apartado 1.
4.                      
La autoridad competente prohibirá la
utilización de toda instalación o parte de la instalación, si los resultados de
una inspección, de una revisión periódica del Informe sobre los riesgos de
accidente grave de conformidad con los artículos 10 y 11 o de las
modificaciones de las notificaciones de conformidad con los artículos 13 y 14
muestran que los requisitos del presente Reglamento no se han cumplido, o que
la seguridad de las instalaciones o de las operaciones suscita inquietudes
razonables.
Artículo 17
Efectos transfronterizos
1.                      
Cuando un Estado miembro considere que una
operación en un pozo o la operación de una instalación puede tener, en caso de
accidente, efectos negativos importantes en las aguas de otro Estado miembro, o
cuando un Estado miembro susceptible de verse afectado de manera importante lo
solicite, el Estado miembro bajo cuya jurisdicción deban realizarse las
operaciones deberá transmitir la información útil al Estado miembro
potencialmente afectado y se esforzará por adoptar medidas preventivas
conjuntas destinadas a evitar daños. 
2.                      
El apartado 1 se aplicará sin perjuicio de
otras disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, en particular la
Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados
sobre el medio ambiente[23]
y el Convenio sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto
transfronterizo. 
Capítulo IV
mejores prácticas para el control de riesgos graves
Artículo 18
Prevención de accidentes graves por los operadores 
1.                      
Los operadores prepararán un documento en el
que describirán su política en materia de prevención de accidentes graves y
velarán por que esta política sea aplicada a través de toda la organización de
sus operaciones mar adentro, en particular mediante el establecimiento de
mecanismos de seguimiento apropiados con miras a garantizar su eficacia.
2.                      
El documento contemplado en el apartado 1
acompañará al Informe sobre los riesgos de accidente grave presentado a la
autoridad competente de conformidad con los artículos 10 y 11 o la notificación
de operaciones de pozos de conformidad con el artículo 13.
3.                      
Los operadores describirán sus disposiciones
organizativas para el control de los riesgos graves en el marco de un sistema
de gestión de la seguridad, en particular las disposiciones adoptadas para la
preparación y la presentación de los informes sobre los riesgos de accidentes
graves y las notificaciones de operaciones de pozos, en su caso, de conformidad
con los artículos 10, 11 y 13, así como sus programas de verificación por un
tercero independiente del control de los riesgos graves, de conformidad con el
artículo 15 y con el anexo II, parte 5. 
4.                      
La política y los sistemas de gestión de la
seguridad se prepararán de conformidad con los requisitos establecidos en el
anexo IV y establecerán claramente la responsabilidad principal de los
operadores en el control de los riesgos relativos a los riesgos graves que
resulten de sus actividades.
5.                      
Los operadores definirán, consultando
regularmente con los representantes de los Estados miembros considerados, de
conformidad con el artículo 27, las prioridades de la industria relativas a la
elaboración y/o la revisión de normas y de recomendaciones relativas a las
mejores prácticas para el control de los riesgos de accidente grave mar adentro
durante todo el ciclo de vida desde la concepción de las operaciones mar
adentro y, como mínimo, respetarán el esquema establecido en el anexo IV.
6.                      
Los concesionarios, los operadores y los
principales contratistas establecidos en la Unión se esforzarán por llevar a
cabo sus operaciones para la explotación de petróleo y de gas en alta mar fuera
de la Unión de conformidad con los principios establecidos en el presente
Reglamento.
Artículo 19
Requisitos para las autoridades competentes
1.                      
La autoridad competente adoptará las disposiciones
necesarias para garantizar su independencia en caso de conflicto de intereses
entre, por un lado, la reglamentación en materia de seguridad y de protección
del medio ambiente y, por otro lado, las funciones relativas al desarrollo
económico de los Estados miembros, en particular la concesión de autorizaciones
para actividades de petróleo y de gas mar adentro, y la política relativa a los
ingresos resultantes de estas actividades y su percepción.
2.                      
La autoridad competente delimitará claramente
el alcance de sus responsabilidades y funciones de manera que no se atribuya a
ella misma la responsabilidad principal en el control de los riesgos
resultantes de accidentes graves, de conformidad con el artículo 18, apartado
3.
3.                      
La autoridad competente establecerá una
política para la evaluación minuciosa de los Informes sobre el riesgo de
accidente grave y las notificaciones de conformidad con los artículos 10, 11,
13 y 14, la inspección, la investigación y ejecución de los aspectos relativos
a los riesgos graves relacionados con las operaciones de explotación de
petróleo y de gas bajo su jurisdicción.
4.                      
La autoridad competente basará sus
procedimientos organizativos y operativos en los principios establecidos en el
anexo III:
Artículo 20
Conformidad con el marco reglamentario para la prevención de accidentes graves
1.                      
Los operadores deberán cumplir las
disposiciones del presente Reglamento y las medidas establecidas en el Informe
sobre los riesgos de accidente grave para las instalaciones, destinadas o no a
la producción, así como en los planes mencionados en las notificaciones de
operaciones de los pozos y de operaciones combinadas, de conformidad con los
artículos 10, 11, 13 y 14. 
2.                      
Cuando el incumplimiento de las disposiciones
del apartado 1 presente un riesgo inmediato para la salud humana o amenace
producir un efecto negativo importante inmediato sobre la salud y/o el medio
ambiente, el operador deberá suspender la operación de la instalación o de la
parte considerada de la instalación hasta que se restablezca el cumplimiento.
3.                      
Cuando se adopten las medidas a que se refiere
el apartado 2, el operador deberá notificarlas sin demora a la autoridad
competente. 
4.                      
La autoridad competente elaborará planes
anuales para una vigilancia efectiva, en particular mediante inspecciones, de
las actividades que impliquen riesgos graves, basándose en la noción de riesgo
y prestando una atención particular a la conformidad, que controlará, con los
documentos que le son presentados en aplicación del artículo 9; llevará a cabo
el seguimiento de su eficacia y adoptará todas las medidas de mejora
necesarias.
Artículo 21
Notificación anónima de problemas de seguridad
1.                      
Las autoridades competentes establecerán
procedimientos que permitan la notificación anónima de problemas que afecten a
la seguridad y/o al medio ambiente en relación con operaciones de petróleo o de
gas mar adentro. Las autoridades competentes establecerán igualmente
procedimientos con miras a investigar estas notificaciones preservando el
anonimato de las personas en cuestión. 
2.                      
Los operadores comunicarán a sus empleados,
así como a los empleados de los subcontratistas considerados, la información
detallada relativa a las disposiciones nacionales de conformidad con el
apartado 1 y velarán por que la notificación anónima se mencione en las
formaciones y comunicaciones que les estén dirigidas. 
Capítulo V
Transparencia e intercambio de información 
Artículo 22
Intercambio de información 
1.                      
Los operadores y las autoridades competentes
compartirán, como mínimo, la información contemplada en el anexo VI.
2.                      
La Comisión definirá, mediante un acto de
ejecución, un modelo común para la comunicación de los datos y el grado de
detalle de la información que debe compartirse. Este acto de ejecución se
adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el
artículo 4 del Reglamento (UE) nº 182/2011. 
3.                      
Los Estados miembros mantendrán registros
actualizados de los recursos destinados por las entidades públicas y privadas a
la respuesta de emergencia de su competencia. Estos registros se pondrán a
disposición de otros Estados miembros o países terceros susceptibles de estar
afectados, y de la Comisión. 
Artículo 23
Transparencia
1.                      
La información requerida en virtud del anexo
VI se pondrá a disposición del público sin que haya necesidad de solicitarlo,
de conformidad con las disposiciones aplicables de la legislación de la Unión
sobre el acceso a la información sobre el medio ambiente. 
2.                      
La Comisión determinará igualmente, mediante
un acto de ejecución, un modelo común de publicación que permita la comparación
de los datos entre países diferentes. Este acto de ejecución se adoptará de
conformidad con el procedimiento consultivo contemplado en el artículo 4
del Reglamento (UE) nº 182/2011. Este modelo, que será accesible al público en
general, se elaborará a fin de permitir una comparación fiable de las
operaciones y prácticas de regulación nacionales de conformidad con el presente
artículo y con el artículo 24. 
3.                      
Cuando publiquen sus planes de respuesta de
emergencia nacionales en aplicación del artículo 30, los Estados miembros
velarán por que la información difundida no ocasione riesgos en materia de
seguridad y protección de las instalaciones de petróleo y de gas mar adentro y
de su operación.
Artículo 24
Elaboración de informes sobre la seguridad y el impacto medioambiental de las
actividades de petróleo y de gas mar adentro 
1.                      
Los Estados miembros prepararán un informe
anual que incluirá:
a)      el número, la antigüedad y la
localización de las instalaciones situadas bajo su jurisdicción; 
b)      el número y tipo de inspecciones e
investigaciones realizadas, las medidas de ejecución adoptadas en su caso y las
actuaciones judiciales decididas;
c)      los datos relativos a los accidentes
en aplicación del sistema común de comunicación de datos requerido en el artículo
22;
d)      toda modificación importante del
marco regulatorio relativo a las actividades mar adentro;
e)      el comportamiento en materia de
seguridad y ambiental de las operaciones de petróleo y de gas mar adentro
realizadas bajo su jurisdicción.
2.                      
Los Estados miembros designarán una autoridad
que será responsable del intercambio de información de conformidad con el
artículo 22 y de la publicación de información de conformidad con el artículo
23, e informarán de ello a la Comisión.
3.                      
Cada dos años, la Comisión publicará informes
relativos a la seguridad de las operaciones mar adentro en la Unión, basándose
en la información que le haya sido facilitada por los Estados miembros y por la
Agencia Europea de Seguridad Marítima. La Comisión estará asistida en esta tarea
por los Estados miembros considerados, de conformidad con el artículo 26.
Artículo 25
Investigación realizada a raíz de un accidente grave
1.                      
Inmediatamente después de ocurrir un accidente
grave, el operador notificará a la autoridad competente toda la información
útil, y en particular las circunstancias del accidente y sus consecuencias. 
2.                      
Los Estados miembros llevarán a cabo una
investigación exhaustiva de los accidentes graves que ocasionen daños
importantes (humanos y medioambientales) o que conlleven pérdidas de medios
materiales considerables. El informe de la investigación incluirá una
evaluación de la eficacia de la manera en que la autoridad competente regulaba
la instalación considerada durante el período anterior al accidente y, en su
caso, recomendaciones con miras a introducir los cambios adecuados en las
prácticas de regulación seguidas. 
3.                      
Se pondrá a disposición de la Comisión una
síntesis del informe de investigación preparado en aplicación del apartado 2 al
término de la investigación o al término de los procedimientos judiciales, si
esta última fecha es posterior. Se pondrá a disposición del público una versión
especial del informe, teniendo en cuenta las posibles limitaciones jurídicas en
relación con los artículos 22 y 23. 
4.                      
Tras la investigación realizada de conformidad
con el apartado 2, la autoridad competente aplicará todas las recomendaciones
del informe de investigación que estén dentro de su competencia de actuación. 
Artículo 26
Confidencialidad 
1.                      
Las autoridades competentes podrán a disposición
de toda persona física o jurídica que lo solicite la información recibida de
conformidad con el presente Reglamento.
2.                      
Las solicitudes de información obtenida por
las autoridades competentes en virtud del presente Reglamento podrán ser
rechazadas cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 4,
apartado 2, de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo[24]. 
3.                      
De conformidad con el apartado 2, o a los
fines de la participación pública en aplicación del artículo 5, el operador
transmitirá a la autoridad competente y pondrá a disposición del público una
versión del documento que excluya la información confidencial. 
Capítulo IV
Coordinación y cooperación
Artículo 27
Cooperación entre los Estados miembros
1.                      
Las autoridades competentes intercambiarán
regularmente entre sí conocimientos, información y experiencia y consultarán
con la industria, otras partes interesadas y la Comisión sobre el marco
jurídico aplicable a nivel nacional y de la Unión. 
2.                      
El intercambio de información contemplado en
el apartado 1 se referirá, en particular, al funcionamiento de las medidas de
evaluación de riesgos, la prevención de accidentes, la verificación de la
conformidad y la respuesta de emergencia en relación con las operaciones de
petróleo y de gas mar adentro realizadas en la Unión y, en su caso, fuera de
sus fronteras. 
3.                      
Deberán establecerse prioridades y
procedimientos claros para la preparación y la actualización de documentos de
orientación a fin de determinar y facilitar la aplicación de las mejores
prácticas en los ámbitos contemplados en el apartado 2.
4.                      
Un Estado miembro podrá requerir la opinión de
otros Estados miembros que participen en el intercambio de información previsto
en el apartado 1, en relación con cualquier decisión de otro Estado miembro que
tenga efectos transfronterizos negativos potenciales.
Artículo 28
Enfoque coordinado para la seguridad de las regiones adyacentes y actividades
internacionales
1.                      
La Comisión, en estrecha cooperación con los
Estados miembros, promoverá la cooperación con los terceros países que
emprendan operaciones de petróleo y de gas mar adentro en las mismas regiones
marinas que los Estados miembros, en particular en el marco de convenios
marítimos regionales, cuando sea apropiado. 
2.                      
La Comisión evaluará la seguridad de las
operaciones relativas al petróleo y al gas en las aguas de terceros países
adyacentes a las aguas de los Estados miembros y prestará su apoyo a un enfoque
coordinado para el intercambio de experiencias y la promoción de las medidas
preventivas y de los planes de respuesta de emergencia regionales. 
3.                      
La Comisión promoverá niveles de seguridad
elevados para las operaciones de petróleo y de gas mar adentro a nivel
internacional, en el seno de los foros mundiales o regionales apropiados, en
particular en lo que respecta a las aguas árticas. 
Capítulo VII
Preparación y respuesta ante emergencias
Artículo 29
Requisitos relativos a los planes de respuesta de emergencia internos
1.                      
El operador deberá preparar planes de
respuesta de emergencia internos que puedan:
a)      ponerse en práctica a fin de
contener un inicio de accidente grave dentro de la instalación, o en la zona de
exclusión establecida por el Estado miembro en torno al perímetro de la
instalación o a la boca del pozo subterráneo;
b)      ejecutarse de conformidad con el
plan de emergencia externo cuando el accidente haya superado el perímetro de la
instalación.
2.                      
El operador tendrá preparados en todo momento
los equipos y la experiencia relevantes para el plan y en caso necesario los
pondrá a disposición de los Estados miembros para la ejecución del plan de
respuesta de emergencia externo.
3.                      
El plan de emergencia interno se preparará de
conformidad con las disposiciones del anexo V, y se actualizará en función de
cualquier modificación de la evaluación de riesgos de accidente grave en el
proyecto de pozo o en el Informe sobre los riesgos de accidente grave. Estas
actualizaciones se aconsejarán a la autoridad responsable de la elaboración de
los planes de respuesta de emergencia externos para la zona considerada.
4.                      
Los planes de respuesta de emergencia internos
se armonizarán con otras disposiciones relativas a la protección y el
salvamento del personal de la instalación afectada, con el fin de garantizar
buenas perspectivas de supervivencia.
5.                      
El operador pondrá a prueba periódicamente la
eficacia de los planes de respuesta de emergencia internos.
Artículo 30
Planes de respuesta de emergencia externos y preparación ante situaciones de
emergencia
1.                      
Los Estados miembros elaborarán planes de
respuesta de emergencia externos que cubrirán el conjunto de todas las
instalaciones de petróleo y de gas mar adentro y de las zonas susceptibles de
verse afectadas dentro de su jurisdicción.
2.                      
Los planes de respuesta de emergencia externos
se elaborarán en cooperación con los operadores y, en su caso, los
concesionarios pertinentes, y se armonizarán con los planes de respuesta de
emergencia internos de las instalaciones implantadas o planificadas en la zona
en cuestión. Se tendrá debidamente en cuenta toda actualización de los planes
internos aconsejada por un operador.
3.                      
Los planes de respuesta de emergencia externos
se elaborarán de conformidad con las disposiciones de los anexos I y V, y se
pondrán a disposición de la Comisión y, en su caso, del público. 
4.                      
Los Estados miembros adoptarán todas las
medidas adecuadas para alcanzar un nivel elevado de compatibilidad y de
interoperabilidad de los equipos de respuesta y de experiencia entre todos los
Estados miembros de una región geográfica, y más allá si fuera necesario. Los
Estados miembros instarán a la industria a crear instrumentos de respuesta
compatibles en el espíritu del presente apartado.
5.                      
Los operadores cooperarán con los Estados
miembros en la aplicación de las disposiciones del apartado 4. 
6.                      
Los Estados miembros mantendrán registros actualizados
de los recursos destinados por las entidades públicas y privadas a la respuesta
de emergencia en su territorio o dentro de su jurisdicción. Estos registros se
pondrán a disposición de los otros Estados miembros y, sobre una base de
reciprocidad, de los terceros países vecinos, así como de la Comisión. 
7.                      
Los Estados miembros y los operadores
someterán a prueba periódicamente su grado de preparación para responder de
forma eficaz en caso de accidente relativo a operaciones de petróleo y de gas
mar adentro. 
Artículo 31
Respuesta de emergencia
1.                      
El operador notificará inmediatamente a las
autoridades pertinentes un accidente grave o una situación que comporte un
riesgo inmediato de accidente grave. En caso necesario, las autoridades pertinentes
asistirán al operador en cuestión a fin de prevenir un agravamiento del riesgo
o del accidente. 
2.                      
En caso de accidente, las autoridades
consideradas, en cooperación con los operadores en cuestión, adoptarán todas
las medidas necesarias para prevenir un agravamiento del accidente o atenuar
sus consecuencias.
3.                      
En el caso de un accidente grave que supere
las capacidades de respuesta nacionales, un Estado miembro afectado puede
solicitar una asistencia suplementaria de los Estados miembros y de la Agencia
Europea de Seguridad Marítima a través del Mecanismo de Protección Civil de la
UE establecido por la Decisión 2007/779/CE del Consejo.
4.                      
En el curso de la respuesta de emergencia, el
Estado miembro recogerá toda la información necesaria para un análisis completo
del accidente.
Artículo 32
Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia transfronterizas
1.                      
Cuando sean previsibles efectos
transfronterizos de un accidente relativo a operaciones de petróleo y de gas
mar adentro, los Estados miembros pondrán la información pertinente a
disposición de la Comisión así como de los Estados miembros o de los terceros
países susceptibles de verse afectados, sobre una base de reciprocidad, y
tendrán en cuenta los riesgos detectados en el momento de preparar el plan de
emergencia externo. Los Estados miembros en cuestión coordinarán sus planes de
emergencia a fin de facilitar una respuesta conjunta en caso de accidente. 
2.                      
Los Estados miembros coordinarán las medidas
relativas a las zonas situadas fuera de las fronteras de la Unión a fin de
prevenir los efectos negativos potenciales de las operaciones de petróleo y de
gas mar adentro. 
3.                      
Los Estados miembros pondrán a prueba
periódicamente su grado de preparación para responder eficazmente en caso de
accidente en cooperación con los Estados miembros susceptibles de verse
afectados, las agencias competentes de la UE y terceros países. La Comisión
podrá participar en ejercicios dirigidos esencialmente a comprobar los
mecanismos de emergencia transfronterizos y de la Unión. 
4.                      
En caso de accidente grave, o de amenaza
inminente de accidente grave, que conlleve o pueda conllevar repercusiones
transfronterizas, el Estado miembro bajo cuya jurisdicción se produzca tal
situación deberá notificarla sin tardanza a la Comisión y a los Estados
miembros que pudieran verse afectados por la situación de emergencia en
cuestión.
Capítulo VIII
Disposiciones finales
Artículo 33
Sanciones
Los Estados miembros determinarán las
sanciones que se impondrán en caso de infracción de las disposiciones del
presente Reglamento por parte de la industria y adoptarán todas las medidas
necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones así establecidas
deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 34
Delegación de poderes a la Comisión 
1.                      
Se darán poderes a la Comisión para adoptar
actos delegados con arreglo al artículo 35 del presente Reglamento a fin de
adaptar los requisitos enunciados en los anexos I a VI a los avances
tecnológicos y a los procedimientos más recientes.
2.                      
La Comisión podrá igualmente adoptar actos
delegados de conformidad con el artículo 35 a fin de precisar las disposiciones
de aplicación de los requisitos del presente Reglamento en lo que respecta a lo
siguiente: 
a)      el grado de detalle de la
información que debe presentarse en una notificación de concepción o en un
Informe sobre los riesgos de accidente grave, descritos en el anexo II, puntos
1, 2 ,3 y 6; 
b)      la notificación de operaciones de un
pozo/operaciones combinadas, descrita en el anexo II, puntos 4 y 7; 
c)      los requisitos relativos a la
verificación por un tercero independiente, descritos en el anexo II, punto 5,
letra d); los requisitos relativos al funcionamiento y a la organización de las
autoridades competentes, descritos en el anexo III, y 
d)      los requisitos relativos a la prevención
de riesgos graves por los operadores, descritos en el anexo IV. 
Artículo 35
Ejercicio de la delegación
1.                      
Se conferirán a la Comisión poderes para
adoptar actos delegados en las condiciones que se establecen en el presente
artículo. 
2.                      
La delegación de poderes a que se refiere el
artículo 34 se conferirá a la Comisión por tiempo indefinido a partir de la
fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
3.                      
La delegación de poderes a que se refiere el
artículo 34 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o
por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los
poderes que en ella se especifiquen. La revocación surtirá efecto el día
siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión
Europea o en una fecha posterior que en ella se especifique. No afectará a la
validez de los actos delegados que ya estén en vigor. 
4.                      
En cuanto la Comisión adopte un acto delegado
lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo. 
5.                      
Un acto delegado adoptado con arreglo al
artículo 34 entrará en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo
hayan formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación
del acto en cuestión a tales instituciones o que, antes de que expire dicho
plazo, ambas comuniquen a la Comisión que no tienen la intención de formular
objeciones. Ese plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del
Parlamento Europeo o del Consejo.
Artículo 36
Procedimiento del Comité
1.                      
La Comisión estará asistida por un Comité.
Dicho Comité se entenderá en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.
2.                      
En los casos en que se haga referencia al
presente apartado, será de aplicación el artículo 5 del Reglamento (UE)
nº 182/2011. 
Artículo 37
Modificación de la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la
prevención y reparación de daños medioambientales[25]
1.                      
El artículo 2, apartado 1, letra b), de la
Directiva se sustituirá por el texto siguiente:
«b) los daños a las aguas, es decir,
cualquier daño que produzca efectos adversos significativos 
i) en el estado ecológico, químico o
cuantitativo, o en el potencial ecológico definidos en la Directiva 2000/60/CE,
de las aguas en cuestión, con excepción de los efectos adversos a los que se
aplica el artículo 4, apartado 7, de dicha Directiva, o;
ii) el estado ecológico de las aguas marinas
en cuestión, tal como se define en la Directiva 2008/56/CE, en la medida en que
diversos aspectos del estado ecológico del medio marino ya no están cubiertos
por la Directiva 2000/60/CE;» 
2.                      
Los Estados miembros pondrán en vigor las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar
cumplimiento a lo establecido en el apartado precedente en el plazo de un año a
partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. Informarán
inmediatamente de ello a la Comisión. 
Artículo 38
Disposiciones transitorias 
Los operadores de instalaciones cumplirán
plenamente las disposiciones del presente Reglamento en un plazo de dos años a
partir de su entrada en vigor, a reserva de las siguientes excepciones: 
a)      Los operadores de instalaciones no
destinadas a la producción que hayan celebrado un contrato, pero que aún no
estén establecidos en el sitio se ajustarán plenamente a las disposiciones del
presente Reglamento en el plazo de un año a partir de su entrada en vigor, o en
una fecha anterior si así se acuerda con la autoridad competente.
b)      Los operadores de instalaciones
planificadas se ajustarán plenamente a las disposiciones del presente
Reglamento salvo acuerdo en contrario con la autoridad competente y, en
cualquier caso, en un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor.
c)      Los operadores de pozos se ajustarán
plenamente a las disposiciones del presente Reglamento en un plazo de tres
meses a partir de su entrada en vigor, o en una fecha anterior si así se
acuerda con la autoridad competente.
Artículo 39
Entrada en vigor
1.                      
El presente Reglamento entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
2.                      
El presente Reglamento será obligatorio en
todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas [...]
Por el Parlamento Europeo                          Por
el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
ANEXO I
Participación del público en lo que respecta a las autorizaciones de
conformidad con la Directiva 94/22/CE
1.                      
Los Estados miembros se asegurarán de que:
a)      el público sea informado, mediante
avisos públicos u otros medios apropiados, tales como soportes electrónicos, en
su caso, acerca de la presentación de solicitudes de concesión ante los Estados
miembros y que la información pertinente relativa a estas solicitudes sea
puesta a su disposición, en particular la información sobre el derecho a
participar o sobre a quién presentar las observaciones o cuestiones;
b)      el público tenga derecho a expresar
observaciones y opiniones, cuando estén abiertas todas las posibilidades, antes
de que se adopten decisiones sobre las solicitudes de concesión;
c)      al adoptar esas decisiones sean
debidamente tenidos en cuenta los resultados de la participación pública;
d)      una vez examinadas las observaciones
y opiniones expresadas por el público, la autoridad competente haga esfuerzos
razonables para informar al público de las decisiones adoptadas y de los
motivos y consideraciones en los que se basen dichas decisiones, incluyendo la
información sobre el proceso de participación del público.
2.                 
Se establecerán calendarios razonables que
permitan plazos suficientes para cada una de las diferentes fases de
participación del público. Los Estados miembros determinarán el público que
tenga derecho a participar a efectos del apartado 1, incluidas las
organizaciones no gubernamentales pertinentes que cumplan los requisitos
impuestos por el Derecho nacional, tales como las que trabajan en favor de la
protección del medio ambiente o la seguridad mar adentro.
ANEXO II
Requisitos relativos a los documentos referentes al procedimiento de
consentimiento

1.                      
Información que deberá incluirse en la notificación
de concepción de una instalación destinada a la producción

La notificación de concepción de una
instalación destinada a la producción, de conformidad con el artículo 9, deberá
contener al menos la siguiente información:
(1)          el nombre y dirección del
operador de la instalación;
(2)          una descripción del proceso
aplicado a la actividad de concepción, las normas pertinentes utilizadas, y las
diferentes opciones de concepción obtenidas por dicho proceso;
(3)          una descripción del concepto de
concepción elegido en relación con las hipótesis de riesgo grave establecidas
para la instalación considerada y su localización, y los elementos de control
de los riesgos principales;
(4)          una prueba de que el concepto
reduce los riesgos relativos de accidente grave en un grado aceptable;
(5)          una descripción de la
instalación y de las condiciones relativas a la localización prevista;
(6)          una descripción de los tipos de
operaciones relativas a los accidentes graves que deben ser efectuadas;
(7)          una descripción general del
sistema de gestión de la seguridad que será utilizado para mantener en un nivel
suficientemente elevado los controles previstos para hacer frente a los riesgos
de accidente grave, en particular el mecanismo que debe elegirse para la
verificación por un tercero independiente. 

2.                      
Información que deberá incluirse en el Informe sobre los
riesgos de accidente grave con miras a la operación de una instalación
destinada a la producción

El Informe sobre los riesgos de accidente
grave para una instalación destinada a la producción de conformidad con el
artículo 10, deberá contener al menos la siguiente información:
(1)          una descripción de cómo se ha
tenido en cuenta la respuesta de la autoridad competente a la notificación de
concepción;
(2)          un resumen de la participación
de todo trabajador en la preparación del informe sobre los riesgos de accidente
grave;
(3)          una descripción de la
instalación y de las infraestructuras conectadas y de cualquier otra
estructura, en particular los pozos conectados a la instalación;
(4)          una prueba de que se han
identificado todos los riesgos graves, que se han evaluado la probabilidad de
que se produzcan y sus eventuales consecuencias, y de que las medidas de
control correspondientes son suficientes para reducir en un grado aceptable los
riesgos de sucesos relacionados con accidentes graves para las personas y el
medio ambiente; 
(5)          información detallada de los
tipos de operaciones susceptibles de generar riesgos graves que van a llevarse
a cabo, y el número máximo de personas que pueden encontrarse en la instalación
en todo momento;
(6)          información detallada de la
planta y las disposiciones destinadas a garantizar el control de los pozos, la
seguridad del proceso, el confinamiento de las substancias peligrosas, la
prevención de incendios y explosiones, la protección de los trabajadores contra
las substancias peligrosas y la protección del medio ambiente ante un inicio de
accidente grave (de conformidad con el plan de emergencia interno contemplado
en el anexo V);
(7)          descripción de las disposiciones
adoptadas para proteger a las personas presentes en la plataforma contra los
riesgos de accidente grave, para garantizar su evacuación y su traslado a un
lugar seguro y para garantizar el mantenimiento de sistemas de control
destinados a evitar daños a la instalación y al medio ambiente en la hipótesis
de que todo el personal haya sido evacuado;
(8)          los códigos, las normas y las
orientaciones pertinentes utilizadas en la construcción y la puesta en
funcionamiento de la instalación;
(9)          información sobre el sistema de
gestión de la seguridad aplicable a las operaciones, el mantenimiento, la
modificación, y la verificación, en particular las principales limitaciones
operacionales de la instalación que deben controlarse a través del sistema de
gestión de la seguridad; 
(10)        información relativa al programa
de verificación de conformidad con la parte 5, punto 2, del presente anexo; 
(11)        cualquier otra información
pertinente, por ejemplo cuando dos o más instalaciones funcionan en combinación
de manera que afecte al potencial de riesgo grave de una o de todas las
instalaciones;
(12)        la información pertinente en
relación con los requisitos del presente Reglamento obtenida de conformidad con
otra normativa aplicable de la Unión, en particular las Directivas 92/91/CE y
85/337/CEE;
(13)        una descripción de los elementos
del medio ambiente susceptibles de verse afectados de manera importante, una
evaluación de los efectos medioambientales potenciales detectados, en
particular las emisiones de contaminantes en el medio ambiente, y una
descripción de las medidas técnicas y de otra naturaleza previstas para
prevenirlos, reducirlos o compensarlos, incluidas las medidas de vigilancia. 

3.                      
Información que deberá incluirse en el informe sobre sogre
los riesgos de accidente grave con miras a la operación de una instalación no
destinada a la producción

El Informe sobre los riesgos de accidente
grave para una instalación no destinada a la producción de conformidad con el
artículo 11, deberá contener al menos la siguiente información:
(1)          el nombre y dirección del
operador de la instalación;
(2)          un resumen de la participación
de todo trabajador en la preparación del informe sobre los riesgos de accidente
grave;
(3)          una descripción de la
instalación y, en el caso de una instalación móvil, información sobre sus
medios de desplazamiento de un lugar a otro, y de su sistema de
estacionamiento;
(4)          información detallada sobre los
tipos de operaciones susceptibles de generar accidentes graves que pueden
efectuarse en la instalación, y el número máximo de personas que pueden estar
presentes en la instalación en todo momento; 
(5)          una prueba de que se han
identificado todos los riesgos graves, que se han evaluado la probabilidad de
que se produzcan y sus eventuales consecuencias, y de que las medidas de
control correspondientes son suficientes para reducir en un grado aceptable los
riesgos de sucesos relacionados con accidentes graves para las personas y el
medio ambiente; 
(6)          información detallada de la
planta y las disposiciones destinadas a garantizar el control de los pozos, la
seguridad del proceso, el confinamiento de las substancias peligrosas, la
prevención de incendios y explosiones, la protección de los trabajadores contra
las substancias peligrosas y la protección del medio ambiente ante un principio
de accidente grave (de conformidad con el plan de emergencia interno
contemplado en el anexo V);
(7)          descripción de las
disposiciones adoptadas para proteger a las personas presentes en la plataforma
contra los riesgos de accidente grave, para garantizar su evacuación y su
traslado a un lugar seguro y para garantizar el mantenimiento de sistemas de
control destinados a evitar daños a la instalación y al medio ambiente en la
hipótesis de que todo el personal haya sido evacuado;
(8)          los códigos, las normas y las
orientaciones pertinentes utilizadas en la construcción y la puesta en
funcionamiento de la instalación;
(9)          una prueba de que se han
identificado todos los riesgos graves en relación con todas las actividades que
pueden llevarse a cabo en instalación y de que los riesgos de sucesos
relacionados con accidentes graves para las personas y el medio ambiente se han
reducido en un grado aceptable;
(10)        información detallada sobre las
limitaciones medioambientales, meteorológicas y relativas al fondo marino que
pesan en la seguridad de las operaciones, y las disposiciones que permitan
identificar los riesgos de accidentes que amenazan los fondos marinos y el
medio marino, tales como los gasoductos y oleoductos y los amarres de instalaciones
adyacentes;
(11)        información sobre el sistema de
gestión de la seguridad aplicable a las operaciones, el mantenimiento y la
modificación; 
(12)        información relativa al programa
de verificación de conformidad con la parte 5, punto 2, del presente anexo;
(13)        cualquier otra información
pertinente, por ejemplo cuando dos o más instalaciones funcionan en combinación
de una manera que afecte al potencial de riesgo grave de una o de todas las
instalaciones;
(14)        una descripción de los elementos
del medio ambiente susceptibles de verse afectados de manera importante, una
evaluación de los efectos medioambientales potenciales, en particular las
emisiones de contaminantes en el medio ambiente, y una descripción de las
medidas técnicas y de otro tipo previstas para prevenirlos, reducirlos o
compensarlos, incluidas las medidas de vigilancia. 

4.                      
Información que deberá incluirse en una notificación
de las operaciones de pozos

La notificación de las operaciones de
pozos de conformidad con el artículo 13 deberá contener al menos al siguiente
información:
(1)          el nombre y dirección del
operador del pozo;
(2)          el nombre de la instalación que
vaya a utilizarse y del propietario;
(3)          información detallada que
permita identificar el pozo y toda asociación con otros pozos o desarrollos;
(4)          información sobre el programa
de trabajo relativo al pozo, en particular su período de operación, la
verificación de las barreras contra las pérdidas del control del pozo, y el
estado previsto del pozo una vez finalizada su operación;
(5)          otros datos relativos a los
equipos de seguridad que serán desplegados y que no se describan en el informe
en curso sobre los riesgos de accidentes graves relativo a la instalación;
(6)          una evaluación de riesgos que
incluya una descripción de los siguientes elementos:
a)      los riesgos específicos asociados a
la operación del pozo;
b)      los riesgos propios al medio
subsuperficial; 
c)      toda actividad de superficie o
submarina que conlleve un potencial simultáneo de riesgo grave; 
d)      medidas de control adaptadas;
(7)          información detallada sobre la
concepción del pozo, en particular las barreras en caso de pérdida del control
del pozo (equipos, fluidos de perforación, cemento, etc.), el control
direccional del trayecto del pozo y las limitaciones de la seguridad de la operación
en función del análisis de riesgos;
(8)          información detallada sobre la
configuración del pozo al final de las operaciones, por ejemplo, si será
abandonado temporalmente o definitivamente; y si está concluido para
utilización futura; 
(9)          en el caso de un pozo
existente, información pertinente sobre su historial y su estado;
(10)        en el caso de una modificación
de una notificación de concepción de un pozo presentada previamente,
información suficiente para permitir la actualización completa de la notificación;
(11)        cuando un pozo se vaya a llevar
a cabo mediante una instalación no destinada a la producción, la información
complementaria siguiente:
a)      información detallada sobre las
condiciones meteorológicas y las características del entorno marino y de los
fondos marinos en la localización del pozo, en particular las obstrucciones
físicas, como gasoductos y oleoductos; 
b)      información detallada sobre las
condiciones medioambientales que se han tenido en cuenta en el plan de
emergencia interno de la instalación;
c)      información detallada de las
disposiciones relativas a la respuesta de emergencia, en particular en el caso
de un accidente grave para el medio ambiente que no se hayan descrito en el
Informe sobre los riesgos de accidente grave, y;
d)      una descripción detallada de la
forma en que se coordinarán los sistemas de gestión del operador del pozo y del
propietario de la instalación a fin de garantizar en todo momento un control
efectivo de los riesgos graves; 
(12)        una declaración relativa al
examen independiente del pozo, de conformidad con la parte 5, punto 1, del
presente anexo;
(2)          la información pertinente en
relación con los requisitos del presente Reglamento obtenida de conformidad con
otra normativa aplicable de la Unión, en particular las Directivas 92/91/CE y
85/337/CEE.

5.                 
Cuestiones relativas al programa de verificación

1.                      
El tercero independiente deberá cumplir los
siguientes requisitos en lo que respecta a su independencia frente al operador
de la instalación o al operador del pozo:
(a)         
que su función no le exija tener en cuenta
cualquier aspecto de un elemento crítico para la seguridad o una planta en
particular en donde ya haya estado implicado o que pudiera comprometer su
objetividad; 
(b)         
que sea suficientemente independiente de un
sistema de gestión que ejerza o haya ejercido una responsabilidad en relación
en cualquier aspecto de un elemento del programa independiente de verificación
o de examen de un pozo, a fin de garantizar su objetividad en el ejercicio de
sus funciones relativas al programa; 
2.                      
El tercero independiente deberá cumplir los
siguientes requisitos en lo que se refiere a sus competencias:
(a)         
competencia técnica, en particular un número
suficiente de personal debidamente cualificado y con experiencia suficiente; 
(b)         
atribución adecuada de las tareas por el
operador al personal cualificado para realizarlas; 
(c)         
disposiciones adecuadas para el intercambio de
información entre el operador y el tercero independiente; 
(d)         
adecuación de las competencias atribuidas por
el operador al tercero independiente para permitirle ejercer sus funciones de
manera apropiada;
3.                      
A efectos de la aplicación del artículo 13,
apartado 3, una modificación importante de una notificación de operación del
pozo incluirá: 
a)      todo cambio susceptible de
contravenir el objetivo de la concepción original del plano del pozo, en
particular en lo que respecta al control del pozo y las otras barreras a los
flujos y su verificación; 
b)      toda modificación substancial de la
planta o de los equipos, o del sistema de gestión o del operador del pozo
notificada de conformidad con el anexo II, parte 4; 
c)      toda modificación de la evaluación
de riesgos, en particular cuando es debida a las condiciones encontradas
durante las operaciones del pozo. 
Toda modificación substancial deberá
comunicarse al examinador independiente del pozo a fin de que sea objeto de una
nueva verificación, cuyos resultados deberán comunicarse a la autoridad
competente. 
4.                      
La notificación de operaciones de un pozo
deberá acompañarse de una declaración del examinador independiente que
certifique que la evaluación de riesgos relativos a la concepción del pozo y a
las barreras contra una eventual pérdida de control son adecuadas en todas las
situaciones y circunstancias previstas. 
5.                      
El informe sobre los riesgos de accidente
grave relativos a la operación de una instalación incluirá los siguientes
elementos:
a)      una declaración realizada por un
verificador tercero independiente según la cual el inventario de los elementos
críticos para la seguridad y el programa de mantenimiento correspondiente
especificados en el Informe sobre los riesgos de accidente grave son o serán
adecuados; 
b)      una descripción del programa de
verificación en el que se indiquen los verificadores terceros independientes
elegidos y los medios de verificar el mantenimiento en buen estado de los
elementos críticos para la seguridad y de toda unidad especificada en el
programa;
c)      los medios contemplados en el
apartado 5, letra b), incluirán el examen y las pruebas necesarias de los
elementos críticos para la seguridad por personas independientes y competentes,
la verificación de la concepción, las normas, la certificación y otros sistemas
destinados a garantizar la conformidad de los elementos críticos para la
seguridad, el examen de los trabajos en curso, la comunicación de los casos de
no conformidad y las acciones correctoras emprendidas por el operador;

6.                      
Información que deberá facilitarse en relación con
las modificaciones importantes de una instalación, incluida la retirada de una
instalación fija

Cuando vayan a realizarse modificaciones
importantes de una instalación, la información que deberá transmitirse a la
autoridad competente de conformidad con los artículos 10 y 11 deberán contener
como mínimo:
1.                      
el nombre y dirección del operador de la
instalación;
2.                      
un resumen de la participación de todo
trabajador en la preparación del Informe revisado sobre los riesgos de
accidente grave;
3.                      
en el caso de una modificación importante,
información suficiente para actualizar completamente el primer Informe sobre
los riesgos de accidente grave relativo a la instalación y el plan de
emergencia interno correspondiente, y para demostrar que los riesgos de
accidente grave se han reducido en un grado aceptable;
4.                      
en el caso de una instalación fija destinada a
la producción que quede fuera de uso:
a)      los medios por los cuales se aíslan
todas las substancias peligrosas y, en el caso de pozos conectados a la
instalación, los medios para garantizar el sellado permanente de los pozos para
proteger la instalación y el medio ambiente;
b)      una descripción de los riesgos
graves asociados al desmantelamiento de la instalación, la población total
expuesta y las medidas de control de los riesgos;
c)      las disposiciones en materia de
respuesta de emergencia adoptadas para garantizar la evacuación del personal de
forma segura y su traslado a un lugar seguro y para prevenir un accidente grave
para el medio ambiente. 

7.                      
Información que deberá incluirse en una notificación
de operaciones combinadas

La notificación de operaciones combinadas
de conformidad con el artículo 14, deberá contener al menos la siguiente
información:
(1)          el nombre y dirección del
operador que prepara la notificación; 
(2)          cuando otros operadores
participan en las operaciones combinadas, sus nombres y direcciones, con la
confirmación de aceptación del contenido de la notificación;
(3)          una descripción de cómo se
coordinarán los sistemas de gestión de las instalaciones utilizadas en la
operación combinada, con el fin de reducir los riesgos de accidente grave; 
(4)          información detallada del
equipo que va a utilizarse en la operación combinada, pero que no se describe
en el Informe en curso sobre los riesgos de accidente grave relativo a todas
las instalaciones utilizadas en las operaciones combinadas;
(5)          un resumen de la evaluación de
riesgos realizada por todos los operadores que intervienen en las operaciones
combinadas, que incluirá:
a)      una descripción de las actividades
realizadas durante la operación combinada que puedan implicar riesgos
susceptibles de provocar un accidente grave en una instalación o en conexión
con una instalación;
b)      una descripción de todas las medidas
de control adoptadas como resultado de la evaluación de riesgos.
(6)          una descripción de las
operaciones combinadas y del programa de trabajo, que incluirá las fechas
previstas de comienzo y de finalización de la operación combinada y una copia
del acuerdo entre los operadores que intervienen en las operaciones combinadas.
ANEXO
III
Disposiciones relativas a la reglamentación por las autoridades competentes de
las operaciones relativas a riesgos graves 
1.                      
A efectos de la designación de una autoridad
competente responsable de las funciones regulatorias contempladas en el
presente Reglamento en materia de seguridad y de protección medioambiental, los
Estados miembros establecerán los siguientes criterios mínimos:
a)      establecimiento de las disposiciones
organizativas para la delegación efectiva y equitativa de todas las tareas
contempladas en el presente Reglamento en materia de regulación de la seguridad
y de la protección del medio ambiente;
b)      una declaración de la línea de
actuación en la que figuren los objetivos en materia de vigilancia y de
ejecución y la forma en que la autoridad competente garantizará la
transparencia, la coherencia, la proporcionalidad y la objetividad de las medidas
adoptadas para regular las actividades de petróleo y de gas mar adentro. La
autoridad competente deberá asimismo comunicar claramente al público el reparto
de responsabilidades entre el regulador y el operador, correspondiendo a este
último la responsabilidad principal de controlar los riesgos y al primero la
responsabilidad de verificar que el operador ha adoptado las medidas adecuadas
que deberían permitir el control de los riesgos de accidente grave; 
c)      una declaración estratégica que
describa las funciones, la organización y las prioridades de actuación de la
autoridad competente (por ejemplo, en términos de concepción y operación de las
instalaciones, de gestión de la integridad, o de preparación y respuesta ante
situaciones de emergencia);
d)      los procedimientos operativos que
describan cómo la autoridad competente tiene previsto inspeccionar y hacer
ejecutar las tareas de los operadores contempladas en el presente Reglamento y,
en particular, la manera en que tratará, evaluará y aceptará los informes sobre
los riesgos de accidente grave, tratará las notificaciones de operaciones de
los pozos y determinará los intervalos entre las inspecciones de las medidas de
control de los riesgos relativos a accidentes graves (en particular para el
medio ambiente) para una instalación o actividad dadas; 
e)      los procedimientos de delegación de
las funciones de la autoridad competente en virtud del presente Reglamento sin
perjuicio de otras responsabilidades, por ejemplo, las operaciones de petróleo
y de gas mar adentro, y las disposiciones adoptadas de conformidad con la
Directiva 92/91/CE; 
f)       cuando la autoridad competente esté
compuesta por dos o más agencias, un acuerdo formal que establezca los
mecanismos necesarios para una gestión conjunta de la autoridad competente, que
incluya las medidas adoptadas en materia de vigilancia, y de seguimiento y de
revisión a nivel de los responsables máximos de la gestión, la planificación y
la inspección conjunta, el reparto de responsabilidades para la gestión de los
informes sobre riesgos graves, la investigación conjunta, las comunicaciones
internas y la preparación de informes externos.
2.                      
Los Estados miembros deberán adoptar las
medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones arriba citadas, que
incluirán:
a)      competencias especializadas
disponibles internamente o mediante un acuerdo con terceros para controlar las
actividades y llevar a cabo investigaciones, adoptar medidas de ejecución y
tratar los informes sobre los riesgos de accidente grave y las notificaciones;
b)      cuando se recurra a competencias
externas, orientaciones escritas y un control suficientes para garantizar la
coherencia del enfoque adoptado y para asegurar que la autoridad competente
legalmente designada mantiene la plena responsabilidad en virtud del presente
Reglamento; 
c)      recursos adecuados para garantizar
la formación, la comunicación, el acceso a las tecnologías, los desplazamientos
y estancias del personal de la autoridad competente necesarios para el
ejercicio de sus funciones regulatorias, de tal forma que permita una
cooperación activa entre las autoridades competentes, de conformidad con el
artículo 27; 
d)      en caso necesario, exigir a los
operadores y/o propietarios de instalaciones que reembolsen a la autoridad
competente los gastos relativos a las funciones que esta ejerce en virtud del
presente Reglamento;
e)      emprender o promover investigaciones
en virtud de las funciones de la autoridad competente contempladas en el
presente Reglamento;
f)       hacer elaborar informes por la
autoridad competente.
3.                      
Los procedimientos de evaluación de los
Informes sobre los riesgos de accidente grave y de las notificaciones, los
planes de emergencia internos y otros documentos pertinentes incluirán:
(e)         
un análisis cuantitativo de la evaluación de
riesgos;
(f)           
una evaluación de la apreciación por el
operador de las características pertinentes de la localización de las
operaciones;
(g)         
una evaluación de las normas técnicas y
organizativas utilizadas;
(h)         
una evaluación de las soluciones de
ingeniería;
(i)           
una evaluación de las disposiciones adoptadas
por el operador para la gestión de las modificaciones de los planes operativos;
(j)           
una comparación de las soluciones utilizadas
en el caso considerado con las utilizadas en otras situaciones comparables;
(k)         
una evaluación de la coherencia de los planes
de emergencia con los riesgos detectados;
(l)           
una evaluación de las disposiciones previstas
por el operador para detener las operaciones en caso de riego inminente;
(m)       
una evaluación de la disponibilidad de equipos
de respuesta de emergencia y de la adecuación de los procedimientos dirigidos a
su utilización eficaz.
4.                      
Las autoridades competentes deberán ser
totalmente independientes de cualquier organismo gubernamental que se ocupe de
cuestiones de patrocinio industrial, concesión de licencias o percepción de
ingresos. La autoridad competente no deberá adoptar ninguna posición política
en relación con el sector del petróleo y del gas. 
ANEXO
IV
Disposiciones aplicables a los operadores para la prevención de accidentes
graves
1.                      
Para la aplicación de la política de
prevención de accidentes graves y del sistema de gestión de la seguridad
elaborados por el operador se tendrán en cuenta los elementos que figuran a
continuación.
a)      la política de prevención de
accidentes graves debería establecerse por escrito e indicar los objetivos
generales y los principios de organización relativos al control de los riesgos
de accidente grave, así como la forma en que estos mecanismos son aplicados por
las empresas;
b)      el sistema de gestión de la
seguridad debería estar integrado en el sistema de gestión general del operador
e incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos y los recursos que permitan definir y aplicar la política de
prevención de accidentes graves;
2.                 
El sistema de gestión de la seguridad deberá
incluir, entre otras cosas: 
a)      la estructura organizativa y las
funciones y responsabilidades del personal;
b)      la identificación y la evaluación de
los riesgos graves, en términos de probabilidad y consecuencias;
c)      la integración del impacto
medioambiental en las evaluaciones de los riesgos graves incluidas en el Informe
sobre los riesgos de accidente grave;
d)      los controles de riesgos graves
durante las operaciones normales;
e)      la gestión de las modificaciones;
f)       la planificación de situaciones de
emergencia y las medidas de respuesta previstas;
g)      la limitación de los daños causados
al medio ambiente;
h)      el seguimiento de los resultados;
i)       los mecanismos de auditoría
y revisión.
3.                      
Los operadores prestarán una atención
particular a la evaluación de los requisitos de fiabilidad e integridad de
todos los sistemas críticos para la seguridad y establecerán sus programas de
inspección y de mantenimiento con vistas a alcanzar este nivel de integridad de
la seguridad.
4.                      
Los operadores velarán por que las substancias
peligrosas estén confinadas en todo momento en los gasoductos y oleoductos, los
buques y los sistemas utilizados para garantizar su confinamiento seguro.
Además, los operadores garantizarán que ningún fallo de una barrera de confinamiento
pueda provocar un accidente relacionado con un riesgo grave. 
5.                      
Los operadores se cerciorarán de disponer de
un marco adecuado para supervisar el cumplimiento de todas las disposiciones
estatutarias pertinentes, integrando sus obligaciones reglamentarias en materia
de seguridad relativa a los riesgos graves y de protección medioambiental en
sus procedimientos operativos normalizados.
6.                      
Los operadores concederán una atención
particular a la instauración y preservación de una sólida cultura de la seguridad
que ofrezca una probabilidad elevada de continuar la operación en condiciones
de seguridad, que incluya, entre otros elementos:
a)      la realización de amplias auditorías
de los procesos;
b)      la recompensa y el reconocimiento de
los comportamientos deseados;
c)      la evaluación periódica de las
competencias y los objetivos de las organizaciones;
d)      el mantenimiento de normas elevadas
como valor central de la empresa;
e)      sistemas formales de mando y de control
que impliquen la participación de los directivos y los trabajadores, y,
f)       disponibilidad de competencias a
todos los niveles operacionales.
7.                      
La industria cooperará con la autoridad
competente para preparar y aplicar un plan de acción prioritario para el
establecimiento de normas, orientaciones y reglas que permitan la utilización
de las mejores prácticas en materia de prevención de riesgos graves y de
limitación de sus consecuencias, en caso de producirse. Entre las cuestiones
que conviene examinar, deberían figurar las siguientes:
a)      mejorar la integridad del pozo, los
equipos de control y las barreras de los pozos y controlar su eficacia;
b)      mejorar los confinamientos primarios
previstos en los sistemas de seguridad de los procesos;
c)      mejorar los confinamientos
secundarios que impiden el agravamiento de un inicio de accidente grave,
incluidas las erupciones procedentes de pozos;
d)      contar con un proceso de toma de
decisiones fiable en un entorno sometido a una presión elevada;
e)      gestionar y supervisar las
actividades relacionadas con riesgos graves;
f)       disponer de personas competentes en
los puestos clave;
g)      garantizar una evaluación de riesgos
efectiva cuando las condiciones son cambiantes; 
h)      evaluar la fiabilidad de los
sistemas críticos para la seguridad;
i)       disponer de indicadores de
rendimiento clave de la integridad de los sistemas de seguridad;
j)       integrar de manera efectiva los
sistemas de gestión de la seguridad entre los operadores, los operadores de
pozos, los propietarios de equipos de perforación y demás participantes en las
operaciones combinadas.
ANEXO
V
Requisitos relativos a la preparación y la respuesta ante situaciones de
emergencia

1.                      
Planes de emergencia internos

1.                      
Los programas de emergencia internos
incluirán, entre otras cosas:
a)      los nombres o cargos de las personas
autorizadas a iniciar los procedimientos de emergencia y del responsable de
dirigir la respuesta de emergencia interna;
b)      el nombre o cargo de la persona
responsable de la coordinación con la autoridad responsable del plan de
emergencia externo;
c)      todas las situaciones o sucesos
previsibles que podrían provocar un accidente grave, tal como se describen en
el Informe sobre los riesgos de accidente grave al que se adjunta el plan; 
d)      una descripción de las medidas que
deberían adoptarse para controlar las situaciones o sucesos antes mencionados y
para limitar sus consecuencias en el interior de la instalación y en su zona de
exclusión;
e)      una descripción del equipo y de los
recursos disponibles;
f)       los mecanismos de limitación de
riesgos para las personas que se encuentran en la instalación, incluido elsistema
de alerta y la conducta que debe adoptarse en caso de alerta;
g)      disposiciones coordinadas con las
previstas en materia de salvamento descritas en el Informe sobre los riesgos de
accidente grave por ejemplo, tal como se describen en el anexo II, parte 2,
punto 7, y parte 3, punto 7, a fin de garantizar buenas perspectivas de
supervivencia a las personas presentes en la instalación durante un accidente
grave;
h)      los procedimientos para alertar
rápidamente del accidente a la autoridad responsable de poner en marcha el plan
de emergencia externo, el tipo de información que deberá facilitarse en la
alerta inicial y las medidas para facilitar información más detallada a medida
que se disponga de ella.
i)       las disposiciones adoptadas para
formar al personal en las tareas que deberán desempeñar y, en su caso,
coordinación de esta acción con los servicios de emergencia externos;
j)       las disposiciones adoptadas para
coordinar las respuestas de emergencia interna y externa.
2.                      
Los operadores deberían preparar un inventario
de los equipos disponibles y de sus propietarios, de su localización, de su
transporte hacia la instalación y del modo de despliegue en la instalación. El
inventario deberá indicar las medidas adoptadas para garantizar que los equipos
y los procedimientosse mantienen en condiciones de operatividad. 

2.                      
Planes de emergencia externos

1.                      
Los programas de emergencia externos
incluirán, entre otras cosas:
a)      los nombres o cargos de las personas
autorizadas a iniciar los procedimientos de emergencia y de las personas
autorizadas a dirigir la respuesta de emergencia externa;
b)      las disposiciones adoptadas para
recibir una información rápida en caso de accidente, así como los
procedimientos correspondienes de alerta y movilización de ayuda;
c)      las disposiciones dirigidas a
coordinar los recursos necesarios para aplicar el plan de emergencia externo;
d)      las disposiciones adoptadas para apoyar
al plan de emergencia interno que trata de los sucesos ocurridos en el lugar de
la instalación y en su zona de exclusión;
e)      una descripción detallada de los
mecanismos de respuesta de emergencia fuera del emplazamiento;
f)       las disposiciones adoptadas para
facilitar a las personas y entidades susceptibles de estar afectadas por un
accidente información y orientaciones adecuadas relativas al accidente; 
g)      disposiciones para facilitar
información a los servicios de emergencia de otros Estados miembros y a la
Comisión en el caso de que se produzca un accidente grave con posibles
consecuencias transfronterizas;
h)      las disposiciones adoptadas para
atenuar los efectos negativos en la flora y la fauna salvajes terrestres y
marinas, en particular en aquellas situaciones en las que los animales
contaminados alcanzan las costas antes que el petróleo vertido. 
2.                      
La autoridad responsable principal de la
respuesta de emergencia pondrá a disposición los siguientes elementos:
a)      un inventario de los equipos
disponibles y de sus propietarios, de su localización, de las modalidades de su
transporte hacia la instalación y del modo de despliegue en la instalación;
b)      una descripción de las medidas
adoptadas para garantizar que los equipos y los procedimientos continúan
funcionando correctamente; 
c)      un inventario de los equipos en
poder de la industria y que pueden ponerse a disposición en caso de emergencia;
d)      una descripción de los mecanismos
generales de reacción ante situaciones de emergencia en el sector del petróleo
y del gas mar adentro, en particular las competencias y las responsabilidades
de todas las partes implicadas y de los organismos responsables de garantizar
la eficacia de estos mecanismos;
e)      las medidas dirigidas a garantizar
que los equipos, los efectivos y los procedimientos estén actualizados y listos
para operar en todo momento.
3.                      
Los planes de respuesta de emergencia externos
explicarán claramente la función de las autoridades competentes, de los
servicios de emergencia, de los coordinadores y de toda persona que intervenga
en la respuesta de emergencia, con el fin de garantizar una cooperación
sistemática en caso de emergencia. 
4.                      
Los mecanismos deberán incluir, para las
situaciones en las que un Estado miembro no pueda hacer frente a un accidente
grave o si este traspasa sus fronteras, disposiciones que prevean:
a)      la comunicación de los planes a los
Estados miembros limítrofes y a la Comisión;
b)      la recopilación de inventarios
transfronterizos de los medios de respuesta en poder tanto de la industria como
de las autoridades públicas, y de todas las adaptaciones necesarias para
garantizar la compatibilidad de los equipos y de los procedimientos entre los
Estados miembros y los países limítrofes;
c)      los procedimientos de recurso al
Mecanismo de Protección Civil de la Unión (tal como se establece en la Decisión
2007/779/CE del Consejo);
d)      las modalidades de ejercicios
transnacionales de respuesta de emergencia externa.
ANEXO
VI
Intercambio de información y transparencia
1.                      
El establecimiento por la Comisión de un
formato común para la comunicación de los datos relativo a los indicadores de
accidentes graves de conformidad con los artículos 22 y 23 permitirá comparar
la información entre los Estados miembros y los operadores individuales. 
2.                      
La comunicación contemplada en el apartado 1,
incluirá como mínimo información relativa a:
a)      todo vertido involuntario de hidrocarburos
o de otras substancias peligrosas, inflamadas o no;
b)      toda pérdida de control de un pozo
que requiera la utilización de los equipos de control del pozo, o el fallo de
una barrera del pozo que necesite su sustitución o su reparación;
c)      todo fallo de alguno de los
componentes principales del sistema de seguridad de los procedimientos de la
instalación;
d)      toda pérdida de integridad
estructural significativa de la instalación, toda degradación de la protección
contra los efectos de los incendios o explosiones, o todo desplazamiento
involuntario de una instalación flotante;
e)      los buques que estén a punto de
entrar en colisión y las colisiones producidas entre buques e instalaciones mar
adentro;
f)       los accidentes de helicóptero
ocurridos sobre las instalaciones mar adentro o en su proximidad, o en el
trayecto con destino a una instalación mar adentro; 
g)      todo accidente mortal;
h)      toda herida grave causada a 5
personas o más en el curso del mismo accidente;
i)       toda evacuación del personal no
esencial;
j)       todo accidente grave para el medio
ambiente.
3.                      
La información contemplada en el apartado 2
contendrá información factual y datos analíticos relativos a las operaciones de
petróleo y de gas y deberá carecer de ambigüedades. La información y los datos
facilitados deberán permitir comparar los resultados de los operadores
individuales, no solo en el seno de un Estado miembro, sino también dentro del
sector en general entre los diferentes Estados miembros. 
4.                      
El objetivo de recoger y reunir la información
contemplada en el apartado 2 es permitir lanzar una alerta anticipada en caso
de (nuevo) deterioro de las barreras críticas para la seguridad y el medio
ambiente, con el fin de poder adoptar medidas correctoras proactivas. Asimismo,
la información deberá demostrar la eficacia global de las medidas y de los
controles aplicados por los operadores individuales y la industria en general,
con el fin de prevenir los accidentes graves y de reducir al mínimo los riesgos
para el medio ambiente.
5.                      
Con el fin de satisfacer los requisitos del
artículo 23, se establecerá un formato simplificado fácilmente accesible al
público que facilite la comparación transnacional de los datos a fines de la
publicación de los datos pertinentes contemplados en el apartado 2 y la
preparación de los informes de conformidad con el artículo 24.
[1]               Ejemplos: Deepwater Horizon en los EE.UU. en 2010
(11 fallecidos), Montara en Australia en 2009, Usumacinta en México en 2007 (22
fallecidos).
[2]               Tales como fugas de petróleo y de gas, fallos de
seguridad del proceso de producción y control de las plataformas petrolíferas;
fallos debidos a una modificación de concepción incorrecta; número elevado de
retrasos acumulados en el mantenimiento de elementos críticos para la
seguridad. Ejemplos de incidentes recientes: Gullfaks C en mayo de 2010, Gannet
F, 2011; ambos en el Mar del Norte.
[3]               COM(2010) 560 final.
[4]               DO L 175 de 5,7. 1985, p. 40.
[5]               DO L 73 de 14.3. 1997, p.5.
[6]               DO L 156 de 25.6.2003, p.11.
[7]               DO L 140 de 5.6.2009, p.114.
[8]               Centro operativo del Mecanismo de Protección Civil.
[9]               La AESM se creó a raíz de la catástrofe de los
petroleros Erika (1999) y Prestige (2002), con el fin de garantizar un nivel de
seguridad elevado, uniforme y efectivo, la prevención de la contaminación y una
respuesta ante la contaminación del mar.
[10]             SEC(2010) 1346: Energía 2020, Estrategia para una
energía competitiva, sostenible y segura
[11]             El Foro de Berlín (Foro de Combustibles Fósiles) es
una reunión anual de las partes interesadas convocada por la Comisión. Entre
las sesiones plenarias anuales, periódicamente se celebran reuniones de tres
grupos de trabajo para tratar cuestiones de interés.
[12]             En otros actos jurídicos que regulan industrias de
alto valor/riesgo elevado ha habido en el pasado una preferencia por las
Directivas (por ejemplo, Directiva IPPC o Directiva SEVESO II), mientras que
otros sectores que presentan riesgos menos elevados, como la aviación civil,
recurren con frecuencia al marco jurídico de un Reglamento. 
[13]             DO C […] de […], p. […].
[14]             DO C […] de […], p. […].
[15]             DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
[16]             DO L 143 de 30.4.2004, p. 56.
[17]             DO L 183 de 29.6.1989, p. 1.
[18]             DO L 348 de 28.11.1992, p. 9.
[19]             Código para la construcción y el equipo de unidades
móviles de perforación mar adentro, 2 de diciembre de 2009 (Código MODU 2009).
[20]             DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
[21]             DO L 240 de 19.9.1977, p. 1.
[22]             DO L 131 de 28.5.2009, p. 11.
[23]             DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.
[24]             DO L 41 de 14.2.2003, p. 26.
[25]             DO L 154 de 30.4.2004, p. 56.