CELEX: 62004TJ0036
Language: es
Date: 2007-09-12
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) de 12 de septiembre de 2007.#Association de la presse internationale ASBL (API) contra Comisión de las Comunidades Europeas.#Acceso a los documentos - Escritos presentados por la Comisión en el marco de procedimientos entablados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia - Decisión por la que se deniega el acceso.#Asunto T-36/04.

Asunto T‑36/04
      Association de la presse internationale ASBL (API)
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Acceso a los documentos — Escritos presentados por la Comisión en el marco de procedimientos entablados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal
         de Primera Instancia — Decisión por la que se deniega el acceso»
      
      Sumario de la sentencia
      1.      Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
      [Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4]
      2.      Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
      [Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2] 
      3.      Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
      [Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2] 
      4.      Procedimiento — Divulgación por las partes de sus propios escritos 
      (Estatuto del Tribunal de Justicia, arts. 20, párr. 2, y 53; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, arts. 16,
            ap. 5, y 56, ap. 2; Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, arts. 24, ap. 5, y 57; Instrucciones al
            Secretario del Tribunal de Primera Instancia, art. 5, ap. 3)
      5.      Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
      [Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2] 
      6.      Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
      [Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2] 
      7.      Comunidades Europeas — Instituciones — Derecho de acceso del público a los documentos — Reglamento (CE) nº 1049/2001 
      [Art. 226 CE; Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4, ap. 2]
      1.      El examen que requiere la tramitación de una solicitud de acceso a documentos presentada sobre la base del Reglamento nº 1049/2001,
         relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, debe revestir un carácter
         concreto. En efecto, por una parte, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés protegido por una excepción
         no basta para justificar la aplicación de ésta. En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en caso de que
         la institución haya valorado previamente, primero, si el acceso al documento podría perjudicar concreta y efectivamente el
         interés protegido y, segundo, en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento, si no existe
         un interés público superior que justifique la divulgación del documento. Por otra parte, el riesgo de perjuicio al interés
         protegido debe ser razonablemente previsible y no puramente hipotético. Por consiguiente, el examen que debe efectuar la institución
         al objeto de aplicar una excepción ha de realizarse de forma concreta y deberá constar en la motivación de la decisión. Dicho
         examen deberá, además, realizarse respecto de cada documento a que se refiera la solicitud. 
      
      En cualquier caso es necesario un examen concreto e individual, puesto que, aunque fuese evidente que una solicitud de acceso
         se refiere a documentos amparados por una excepción, tan sólo tal examen permitirá a la institución valorar la posibilidad
         de conceder al solicitante un acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001.
      
      La obligación de una institución de proceder a una apreciación concreta e individual del contenido de los documentos a los
         que se refiere la solicitud de acceso constituye una regla general, que se aplica a todas las excepciones mencionadas en los
         apartados 1 a 3 del artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001, cualquiera que sea el ámbito al que pertenezcan los documentos
         solicitados. 
      
      Dicha regla general no significa, sin embargo, que tal examen sea exigible en todo caso. En efecto, dicho examen no será necesario
         cuando, por las circunstancias particulares del caso, sea evidente que el acceso ha de denegarse o, por el contrario, concederse.
         Tal será el supuesto, en particular, de determinados documentos que o bien estén manifiestamente amparados en su integridad
         por una excepción al derecho de acceso, o bien, a la inversa, sean manifiestamente accesibles en su integridad, o bien hayan
         sido objeto de una previa valoración concreta e individual por la Comisión en circunstancias similares.
      
      (véanse los apartados 54 a 58)
      2.      Por lo que se refiere a la excepción al principio general de acceso a los documentos relativa a la protección de los procedimientos
         judiciales, prevista en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público
         a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, debe indicarse, en primer lugar, que de la amplia definición
         del concepto de documento establecida en el artículo 3, letra a), de dicho Reglamento, así como de la formulación y de la
         propia existencia de una excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, resulta que el legislador comunitario
         no ha querido excluir la actividad contenciosa de las instituciones del derecho de acceso de los ciudadanos, sino que ha previsto,
         a este respecto, que las instituciones denieguen la divulgación de los documentos relativos a un procedimiento judicial en
         caso de que tal divulgación suponga un perjuicio para el procedimiento al que se refieren. 
      
      En segundo lugar, los escritos presentados por la Comisión ante el juez comunitario están comprendidos dentro del ámbito de
         aplicación de la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, en el sentido de que se refieren a un
         interés protegido. 
      
      En tercer lugar, el hecho de que en el ámbito de aplicación de la referida excepción estén comprendidos todos los documentos
         redactados a los únicos efectos de un procedimiento judicial concreto, y en particular los escritos presentados por las instituciones,
         no puede por sí solo justificar la aplicación de la excepción invocada. En efecto, la excepción basada en la protección del
         interés público en el marco de un procedimiento judicial no puede ser interpretada en el sentido de que obligue a la Comisión
         a denegar el acceso a todos los documentos que haya redactado a los únicos efectos de tal procedimiento.
      
      En cuarto lugar, la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales tiene por objeto garantizar el respeto
         del derecho de cada persona a ser oída equitativamente por un tribunal independiente, que constituye un derecho fundamental
         establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos (CEDH) y que forma parte de los
         principios generales del Derecho comunitario, cuyo respeto garantiza el juez comunitario inspirándose en las tradiciones constitucionales
         comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas, entre otros, por el CEDH, así como garantizar
         el buen funcionamiento de la justicia. Por consiguiente, esta excepción se refiere no sólo a los intereses de las partes en
         el marco del procedimiento judicial, sino, más en general, al buen desarrollo del mismo.
      
      (véanse los apartados 59 a 61 y 63)
      3.      En el marco de la aplicación del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo,
         del Consejo y de la Comisión, en principio, es el tipo de información contenida en los documentos a los que se refiera una
         solicitud de acceso lo que determina si su divulgación puede causar un perjuicio a un interés protegido. No obstante, habida
         cuenta de la naturaleza especial de los intereses que la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales
         tiene por objeto proteger, a saber, el derecho de toda persona a ser oída equitativamente por un tribunal independiente y
         la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de la justicia, así como el hecho de que los documentos a los que se solicita
         el acceso son escritos presentados por la Comisión en asuntos pendientes de los que es parte, no cabe excluir que la no divulgación
         pueda estar justificada durante cierto período de tiempo por razones ajenas al contenido de cada documento solicitado, siempre
         que estas mismas razones justifiquen la necesidad de proteger los documentos controvertidos en su integridad. 
      
      En este contexto, la Comisión, al igual que las otras partes en el procedimiento, debe poder presentar y discutir su postura
         sin sufrir influencia externa alguna, sobre todo si se tiene en cuenta que la tesis que defiende tiene, en principio, por
         objeto garantizar la buena aplicación del Derecho comunitario. Debido a la naturaleza de los intereses que la excepción relativa
         a la protección de los procedimientos judiciales pretende proteger, la consecución de tal objetivo exige que los escritos
         de la Comisión no sean divulgados antes de que dicha institución haya tenido la posibilidad de discutirlos ante el juez durante
         la vista pública y, por tanto, que la Comisión tenga derecho a denegar al público el acceso a los mismos, ya que sus agentes
         podrían sufrir presiones como consecuencia de un debate público provocado por la divulgación de dichos escritos, sin que sea
         necesario, a tal fin, que la Comisión realice una apreciación concreta del contenido de los mismos.
      
      Así, cuando el procedimiento al que se refieren los escritos a los que se solicita el acceso todavía no haya llegado a la
         fase de la vista, deberá considerarse que la denegación de divulgarlos afecta a la totalidad de la información contenida en
         ellos. En cambio, después de la vista, la Comisión está obligada a apreciar en concreto cada documento solicitado para comprobar,
         a la luz de su contenido específico, si puede ser divulgado o si su divulgación supondría un perjuicio para el procedimiento
         judicial al que se refiere. 
      
      (véanse los apartados 63, 73 a 75, 81 y 82)
      4.      Es cierto que, en principio, el juez comunitario debe dispensar un trato confidencial a los escritos de las partes. En efecto,
         el artículo 20, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia, también aplicable al Tribunal de Primera Instancia
         en virtud del artículo 53 del Estatuto, sólo exige que estos escritos sean comunicados a las partes y a las instituciones
         de la Comunidad cuyos actos se impugnen. Además, el artículo 16, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Justicia, así como el artículo 24, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal
         de Primera Instancia, prevén la posibilidad, sólo para las partes procesales, de obtener copias de los escritos, y el artículo
         5, apartado 3, párrafo tercero, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia supedita el acceso de
         terceros a los documentos procesales a la existencia de un interés legítimo, que debe ser debidamente justificado. 
      
      Sin embargo, estas disposiciones no prohíben a las partes divulgar sus propios escritos. En efecto, el principio es que las
         partes son libres de divulgar sus propios escritos, salvo en los casos excepcionales en los que la divulgación de un documento
         pueda causar un daño a la buena administración de la justicia.
      
      Estas disposiciones tampoco imponen a las instituciones la obligación de seguir, en cuanto a la aplicación de la normativa
         en materia de acceso a los documentos, la línea de actuación del órgano jurisdiccional ante el que esté pendiente el asunto
         al que se refieren los escritos cuya divulgación se solicita. A falta de disposiciones especiales a tal efecto, no cabe admitir
         que el ámbito de aplicación del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo,
         del Consejo y de la Comisión, pueda ser restringido por el hecho de que dichas disposiciones de los Reglamentos de Procedimiento
         no regulen el acceso de terceros y resulten aplicables como lex specialis.
      Las únicas disposiciones procesales que imponen a las partes una prohibición de divulgación son el artículo 56, apartado 2,
         del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el artículo 57 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de
         Primera Instancia, según los cuales los debates celebrados a puerta cerrada no se harán públicos.
      
      (véanse los apartados 87 a 90)
      5.      Por lo que respecta al interés público superior, contemplado en el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la
         Comisión, susceptible de justificar la divulgación de un documento que suponga un perjuicio para la protección de los procedimientos
         judiciales, incumbe a la institución afectada ponderar el interés público en la divulgación y el interés en denegar tal divulgación,
         a la luz, en su caso, de las alegaciones formuladas al respecto por el solicitante del acceso.
      
      Dicho interés público superior debe, en principio, ser distinto de los principios de libertad de prensa y de transparencia
         que sirven de base para este Reglamento. Ahora bien, el hecho de que quien solicita acceso a ciertos documentos no invoque
         ningún interés público distinto de estos principios no implica automáticamente que no sea necesario ponderar los intereses
         en conflicto. En efecto, la invocación de estos mismos principios puede presentar, a la luz de las circunstancias particulares
         del caso, tal gravedad que supere la necesidad de proteger los documentos litigiosos. 
      
      Pues bien, éste no es el caso cuando los documentos a los que se solicita el acceso son los escritos presentados por la Comisión
         ante el juez comunitario en asuntos pendientes en los que es parte. En efecto, por un lado, la posibilidad del público de
         recibir información sobre los asuntos pendientes viene garantizada por el hecho de que, desde su presentación, son objeto
         de una comunicación en el Diario Oficial, que también se difunde por Internet en el sitio Eur-Lex y en el sitio del Tribunal
         de Justicia, en la que se mencionan, entre otros, la cuestión objeto del litigio y las pretensiones de la demanda, así como
         los motivos y las principales alegaciones invocados. Además, el informe para la vista, que contiene un resumen de las alegaciones
         de las partes, se publica el día de la vista, en la que, además, se discuten públicamente las alegaciones de las partes. 
      
      Por otro lado, la aplicación de la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales tiene por finalidad
         evitar cualquier influencia externa sobre el buen desarrollo de los mismos. Pues bien, el interés en proteger tal objetivo
         se impone con independencia del contenido de los escritos solicitados, ya que se trata de un interés cuya protección resulta
         necesaria para el buen funcionamiento de la justicia. Además, tal restricción no es absoluta, en la medida en que afecta a
         la totalidad de los escritos a los cuales se denegó el acceso únicamente hasta la fecha de la vista.
      
      (véanse los apartados 94 y 97 a 100)
      6.      En el marco de la aplicación del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo,
         del Consejo y de la Comisión, la supuesta necesidad de proteger ciertas alegaciones que, en su caso, serán utilizadas en un
         procedimiento aún pendiente no puede ser motivo para denegar el acceso a los escritos relativos a un asunto ya concluido mediante
         una sentencia del Tribunal de Primera Instancia si no existe una motivación específica que tenga por objeto demostrar que
         la divulgación de tales escritos perjudicaría el procedimiento judicial pendiente.
      
      En efecto, el contenido de los escritos de una institución comunitaria relativos a un asunto concluido mediante sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia se ha hecho público en forma de resumen a través del informe para la vista, debatido en
         una vista pública y reproducido en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Se trata, por tanto, de alegaciones que
         ya son de dominio público, al menos en forma de resumen. Además, el mero vínculo entre dos o varios asuntos, con las mismas
         partes o el mismo objeto, no puede por sí solo justificar una denegación de acceso, a no ser que se efectúe una inversión
         manifiesta entre el principio de libre acceso a los documentos de las instituciones y las excepciones a dicho principio establecidas
         en el Reglamento nº 1049/2001. 
      
      (véanse los apartados 106, 110 y 141)
      7.      Los escritos presentados por la Comisión en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 226 CE, en la medida en que
         en ellos se hacen constar necesariamente los resultados de las investigaciones realizadas por ella para probar la existencia
         de una infracción del Derecho comunitario, guardan una estrecha relación con el inicio del procedimiento por incumplimiento
         en el marco del cual fueron presentados y hacen, pues, referencia a actividades de investigación en el sentido del artículo
         4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo,
         del Consejo y de la Comisión.
      
      A este respecto, la preservación del objetivo del procedimiento por incumplimiento, a saber, la solución amistosa de la controversia
         entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente antes de la sentencia del Tribunal de Justicia, puede justificar la
         denegación de acceso a documentos redactados en el marco de dicho procedimiento, mediante la aplicación de la excepción relativa
         a la protección del objetivo de las actividades de investigación. En efecto, no puede descartarse que las negociaciones entre
         la Comisión y el Estado miembro correspondiente, encaminadas a que éste se atenga voluntariamente a las exigencias del Tratado,
         puedan seguir durante el procedimiento judicial y hasta el pronunciamiento de la sentencia. Tal justificación es aplicable
         a los escritos presentados por la Comisión, con independencia del contenido de cada documento solicitado, cuando contienen
         el mismo tipo de información y cuando el Estado miembro afectado niega el incumplimiento al que hacen referencia. Estos escritos
         están claramente amparados en su integridad por la excepción al derecho de acceso de que se trata. 
      
      Por el contrario, el objetivo de llegar a una solución amistosa ya no es válido después de que se hayan dictado las sentencias
         en las que se declara la existencia de los incumplimientos respecto a los cuales la Comisión efectuó las actividades de investigación.
         En efecto, desde el momento en que el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que
         le incumben en virtud del Tratado, este Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para ajustarse a esta sentencia,
         sin que tal resultado pueda depender del resultado de las negociaciones en curso con la Comisión. Además, admitir que los
         diferentes documentos relacionados con las actividades de investigación están amparados por la excepción del artículo 4, apartado
         2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001 hasta que se hayan tomado todas las medidas que deban adoptarse a raíz de dichos
         procedimientos, incluso si una nueva investigación que eventualmente dé lugar a la interposición de un recurso basado en el
         artículo 228 CE, apartado 2, resulta necesaria, equivaldría a supeditar el acceso a los citados documentos a acontecimientos
         aleatorios, en concreto, el incumplimiento por el Estado miembro afectado de la sentencia del Tribunal de Justicia en la que
         se declara el incumplimiento y la interposición de un recurso en virtud del artículo 228 CE, apartado 2, que depende de la
         facultad discrecional de la Comisión. En cualquier caso, se trataría de acontecimientos futuros e inciertos, dependientes
         de la celeridad y de la diligencia de las diferentes autoridades involucradas. Esta solución sería contraria al objetivo consistente
         en garantizar al público el mayor acceso posible a los documentos de las instituciones, con el fin de brindar a los ciudadanos
         la posibilidad de controlar de una manera más eficaz la legalidad del ejercicio del poder público. 
      
      (véanse los apartados 121 a 123, 126, 135, 136, 139 y 140)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Gran Sala)
      de 12 de septiembre de 2007 (*)
      
      «Acceso a los documentos – Escritos presentados por la Comisión en el marco de procedimientos entablados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal
         de Primera Instancia – Decisión por la que se deniega el acceso»
      
      En el asunto T‑36/04,
      Association de la presse internationale ASBL (API), con domicilio en Bruselas (Bélgica), representada por los Sres. S. Völcker, F. Louis y J. Heithecker, abogados,
      
      parte demandante,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. C. Docksey y P. Aalto, en calidad de agentes,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2003 por la que se denegó
         una solicitud formulada por la demandante con objeto de tener acceso a los escritos presentados por la Comisión en el marco
         de determinados procedimientos entablados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Gran Sala),
      integrado por los Sres. B. Vesterdorf, Presidente, M. Jaeger, J. Pirrung, M. Vilaras, H. Legal, las Sras. M.E. Martins Ribeiro,
         E. Cremona e I. Pelikánová, el Sr. D. Šváby, la Sra. K. Jürimäe, y los Sres. N. Wahl, M. Prek y V. Ciucă, Jueces;
      
      Secretario: Sr. E. Coulon;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 28 de febrero de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Marco jurídico
      1        A tenor del artículo 255 CE:
      
      «1.      Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro,
         tendrá derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, con arreglo a los principios
         y las condiciones que se establecerán de conformidad con los apartados 2 y 3.
      
      2.      El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251, determinará los principios generales y los límites,
         por motivos de interés público o privado, que regulan el ejercicio de este derecho de acceso a los documentos, en el plazo
         de dos años a partir de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam.
      
      […]»
      2        El Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público
         a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145, p. 43), define los principios, condiciones
         y límites del derecho de acceso a los documentos de estas instituciones establecido en el artículo 255 CE. Este Reglamento
         es aplicable desde el 3 de diciembre de 2001.
      
      3        Los considerandos segundo y cuarto de este Reglamento están redactados en los siguientes términos:
      
      «2)      La apertura permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, así como una
         mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración para con los ciudadanos en un sistema democrático. La apertura
         contribuye a reforzar los principios de democracia y respeto de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 6 [UE]
         y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
      
      […]
      4)      El presente Reglamento tiene por objeto garantizar de la manera más completa posible el derecho de acceso del público a los
         documentos y determinar los principios generales y los límites que han de regularlo de conformidad con el apartado 2 del artículo
         255 [CE].»
      
      4        El artículo 2, apartados 1 y 3, del Reglamento nº 1049/2001 dispone:
      
      «1.      Todo ciudadano de la Unión, así como toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro,
         tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, con arreglo a los principios, condiciones y límites que se
         definen en el presente Reglamento.
      
      […]
      3.      El presente Reglamento será de aplicación a todos los documentos que obren en poder de una institución; es decir, los documentos
         por ella elaborados o recibidos y que estén en su posesión, en todos los ámbitos de actividad de la Unión Europea.»
      
      5        A tenor del artículo 3, letra a), del Reglamento nº 1049/2001, se entenderá por documento «todo contenido […] referente […]
         a temas relativos a las políticas, acciones y decisiones que sean competencia de la institución».
      
      6        El artículo 4 del Reglamento nº 1049/2001, relativo a las excepciones al derecho de acceso, establece: 
      
      «[…]
      2.      Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de:
      –        […]
      –        los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico,
      –        el objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoria,
      salvo que su divulgación revista un interés público superior.
      […]
      6.      En el caso de que las excepciones previstas se apliquen únicamente a determinadas partes del documento solicitado, las demás
         partes se divulgarán.
      
      7.      Las excepciones, tal y como se hayan establecido en los apartados 1, 2 y 3 sólo se aplicarán durante el período en que esté
         justificada la protección en función del contenido del documento. […]»
      
      7        El artículo 6, apartado 1, del Reglamento nº 1049/2001 dispone:
      
      «Las solicitudes de acceso a un documento deberán formularse en cualquier forma escrita, incluido el formato electrónico,
         en una de las lenguas a que se refiere el artículo 314 [CE] y de manera lo suficientemente precisa para permitir que la institución
         identifique el documento de que se trate. El solicitante no estará obligado a justificar su solicitud.»
      
      8        Según el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001, «en caso de denegación total o parcial, el solicitante podrá
         presentar, en el plazo de 15 días laborables a partir de la recepción de la respuesta de la institución, una solicitud confirmatoria
         a la institución con el fin de que ésta reconsidere su postura».
      
      9        El artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 1049/2001, relativo a la tramitación de las solicitudes confirmatorias,
         establece:
      
      «1.      Las solicitudes confirmatorias se tramitarán con prontitud. En el plazo de 15 días laborables a partir del registro de la
         solicitud, la institución o bien autorizará el acceso al documento solicitado y facilitará dicho acceso con arreglo al artículo
         10 dentro de ese mismo plazo, o bien, mediante respuesta por escrito, expondrá los motivos para la denegación total o parcial.
         En caso de denegación total o parcial deberá informar al solicitante de los recursos de que dispone, a saber, el recurso judicial
         contra la institución y/o la reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, con arreglo a las condiciones previstas en los
         artículos 230 [CE] y 195 [CE], respectivamente.
      
      2.      Con carácter excepcional, por ejemplo, en el caso de que la solicitud se refiera a un documento de gran extensión o a un gran
         número de documentos, el plazo previsto en el apartado 1 podrá ampliarse en 15 días laborables, siempre y cuando se informe
         previamente de ello al solicitante y se expliquen debidamente los motivos por los que se ha decidido ampliar el plazo.»
      
       Antecedentes del litigio
      10      La Association de la presse internationale ASBL (API) es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a periodistas extranjeros
         de todas las categorías y especialidades establecidos en Bélgica. La API tiene por objeto ayudar a sus miembros a informar
         a sus países de origen sobre la Unión Europea.
      
      11      Mediante escrito de 1 de agosto de 2003, la API solicitó a la Comisión, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento nº 1049/2001,
         que le diera acceso a todos los escritos que ésta había presentado al Tribunal de Primera Instancia o al Tribunal de Justicia
         en el marco de los procedimientos relativos a los siguientes asuntos:
      
      –        Honeywell/Comisión, T‑209/01, y General Electric/Comisión, T‑210/01;
      –        MyTravel/Comisión, T‑212/03;
      –        Airtours/Comisión, T‑342/99;
      –        Comisión/Austria, C‑203/03;
      –        Comisión/Reino Unido, C‑466/98; Comisión/Dinamarca, C‑467/98; Comisión/Suecia, C‑468/98; Comisión/Finlandia, C‑469/98; Comisión/Bélgica,
         C‑471/98; Comisión/Luxemburgo, C‑472/98; Comisión/Austria, C‑475/98, y Comisión/Alemania, C‑476/98 (en lo sucesivo, «asuntos
         Cielo abierto»);
      
      –        Köbler, C‑224/01;
      –        Altmark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00.
      12      Mediante escrito de 27 de agosto de 2003, la Comisión informó a la API, por una parte, de que su solicitud referente al asunto
         MyTravel/Comisión, T‑212/03, era prematura y le pidió, por otra parte, que precisara si su solicitud se refería únicamente
         a los escritos o si incluía también sus anexos. En el mismo escrito, la Comisión indicó a la API que, como su solicitud de
         acceso a los documentos había suscitado algunas cuestiones de principio, el plazo para responder debía ampliarse en quince
         días laborables. Mediante escrito de 29 de agosto de 2003, la API precisó que su solicitud se refería exclusivamente a los
         escritos de la Comisión, sin los anexos correspondientes.
      
      13      Mediante escritos de 17 de septiembre de 2003, la Comisión concedió el acceso a los documentos relativos a los asuntos C‑224/01
         y C‑280/00. En cambio, denegó el acceso a los documentos relacionados con los asuntos T‑209/01, T‑210/01, T‑342/99 y C‑203/03
         y con los asuntos Cielo abierto.
      
      14      Mediante escrito de 6 de octubre de 2003, la API presentó, con arreglo al artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001,
         una solicitud confirmatoria respecto de los documentos a los cuales la Comisión había denegado el acceso. En respuesta a esta
         solicitud, y después de haber prorrogado el plazo mediante escrito de 28 de octubre de 2003, la Comisión adoptó la Decisión
         de 20 de noviembre de 2003, por la que confirmaba la denegación de acceso a los documentos en cuestión (en lo sucesivo, «Decisión
         impugnada»).
      
      15      En primer lugar, en cuanto a la negativa a dar acceso a los escritos presentados por la Comisión en el marco de los asuntos
         Honeywell/Comisión, T‑209/01, y General Electric/Comisión, T‑210/01, la Comisión afirmó en la Decisión impugnada que la divulgación
         de estos escritos perjudicaría su posición de parte demandada en estos procedimientos, ya que dichos asuntos todavía se hallaban
         pendientes. Añadió que, como recordó el juez comunitario (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de junio de 1998,
         Svenska Journalisteförbundet/Consejo, T‑174/95, Rec. p. II‑2289), las partes tenían derecho, en virtud del principio general
         de buena administración de la justicia, a defender sus intereses independientemente de toda influencia externa, especialmente
         por parte del público. Dado que los documentos a los cuales la demandante solicitaba acceder habían sido redactados exclusivamente
         para estos dos procedimientos, la Comisión consideró que la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales
         era aplicable a dichos documentos (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de diciembre de 1999, Interporc/Comisión,
         T‑92/98, Rec. p. II‑3521; en lo sucesivo, «sentencia Interporc II»). Además, precisó que el hecho de haber autorizado el acceso
         a las observaciones que había presentado en el asunto Köbler, C‑224/01, no podía alegarse como precedente, porque este procedimiento
         había concluido, aunque el asunto se hallara todavía pendiente, y porque se trataba de una petición de decisión prejudicial
         que, por consiguiente, no era comparable con un recurso directo. Por otra parte, la Comisión subrayó que el propio hecho de
         haber concedido el acceso a estas observaciones demostraba que la solicitud de la API había sido examinada documento por documento.
      
      16      En segundo lugar, en cuanto a la denegación de acceso a los documentos relativos al asunto Airtours/Comisión, T‑342/99, la
         Comisión señaló que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de junio de 2002 (Rec. p. II‑2585), por la que se
         resolvió este asunto, fue seguida por un recurso de indemnización de daños y perjuicios contra la Comisión (asunto MyTravel/Comisión,
         T‑212/03), en el que se discutían los argumentos que la Comisión había esgrimido en el asunto T‑342/99 para justificar su
         decisión. Según la Comisión, ambos asuntos estaban estrechamente vinculados y la divulgación de los escritos solicitados por
         la demandante causaría un perjuicio al procedimiento relativo al asunto pendiente.
      
      17      En tercer lugar, en cuanto a la denegación de acceso a los documentos referentes al asunto Comisión/Austria, C‑203/03, la
         Comisión señaló que se trataba de un asunto pendiente y afirmó que la divulgación de sus escritos dañaría su posición ante
         el Tribunal de Justicia y ante las autoridades austriacas. Por consiguiente, consideró que en este asunto también era válida
         la motivación que había expuesto para denegar el acceso a los escritos relativos a los asuntos Honeywell/Comisión, T‑209/01,
         y General Electric/Comisión, T‑210/01. La Comisión añadió que debía denegar el acceso a todo documento relacionado con un
         recurso por incumplimiento en caso de que la divulgación pudiera perjudicar la protección del objetivo de las actividades
         de investigación que, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 11 de diciembre de 2001, Petrie y otros/Comisión
         (T‑191/99, Rec. p. II‑3677), consiste en llegar a una solución amistosa de la controversia entre la Comisión y el Estado miembro
         de que se trate. Precisó que, si bien dicha sentencia se refería a la denegación de acceso a escritos de requerimiento y dictámenes
         motivados, el Tribunal de Primera Instancia no había señalado que la negativa a autorizar el acceso para proteger el objetivo
         de llegar a una solución amistosa de la controversia estuviera limitada a estas categorías de documentos, de modo que la justificación
         en la que se apoyaba tal negativa también era relevante para los escritos presentados al Tribunal de Justicia, dado que los
         argumentos utilizados para demostrar los incumplimientos eran idénticos.
      
      18      En cuarto lugar, en cuanto a la denegación de acceso a sus escritos relativos a los asuntos Cielo abierto, la Comisión indicó
         que, si bien habían concluido los procedimientos por incumplimiento correspondientes a estos asuntos mediante las sentencias
         dictadas por el Tribunal de Justicia el 5 de noviembre de 2002, éstas todavía no habían sido cumplidas por los Estados miembros
         afectados, por lo que se seguían llevando a cabo negociaciones encaminadas a que dichos Estados pusieran fin a la infracción
         constatada por el Tribunal de Justicia. Por este motivo, la Comisión entendió que la divulgación de los escritos que había
         presentado en estos asuntos perjudicaría la protección del objetivo de la investigación relativa a tales incumplimientos.
      
      19      En quinto lugar, tras recordar que el artículo 4, apartado 2 in fine, del Reglamento nº 1049/2001 dispone que procederá denegar el acceso «salvo que su divulgación revista un interés público
         superior», la Comisión indicó en la Decisión impugnada que la API no había alegado argumentos que probaran que el interés
         público en divulgar los documentos controvertidos prevalecía sobre el interés público en garantizar una protección adecuada
         de los procedimientos judiciales pendientes y de las investigaciones relativas a los recursos por incumplimiento. Añadió que
         se salvaguarda al máximo el interés público cuando se garantiza el buen desarrollo de los procedimientos entablados ante los
         órganos jurisdiccionales comunitarios y cuando se protegen sus facultades de investigación.
      
      20      En sexto y último lugar, la Comisión confirmó que no era posible conceder un acceso parcial a los documentos solicitados,
         ya que todas sus partes estaban estrechamente vinculadas y amparadas por las excepciones antes mencionadas.
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      21      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de febrero de 2004, la demandante interpuso
         el presente recurso.
      
      22      El 9 de noviembre de 2006, el Tribunal de Primera Instancia decidió, oídas las partes, atribuir el presente asunto a la Gran
         Sala del Tribunal de Primera Instancia.
      
      23      Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Gran Sala) decidió iniciar la fase oral.
      
      24      En la vista de 28 de febrero de 2007 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal
         de Primera Instancia.
      
      25      La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Anule la Decisión impugnada.
      –        Condene en costas a la Comisión.
      26      La Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime el recurso por infundado.
      –        Condene en costas a la demandante.
       Fundamentos de Derecho
      27      En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción de los artículos 2 y 4, apartado 2,
         del Reglamento nº 1049/2001. Este motivo se articula esencialmente en dos partes. La primera parte se refiere a la denegación
         de acceso a los documentos basada en la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento
         nº 1049/2001, relativa a la protección de los procedimientos judiciales. La segunda parte afecta a la denegación de acceso
         a los documentos basada en la excepción regulada en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001,
         relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación.
      
       Sobre la denegación de acceso a los documentos basada en la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo guión,
            del Reglamento nº 1049/2001, relativa a la protección de los procedimientos judiciales
       Alegaciones de las partes
      28      En primer término, la demandante, después de haber subrayado que su solicitud de acceso está comprendida dentro del ámbito
         de aplicación del artículo 2 del Reglamento nº 1049/2001, que consagra el principio del mayor acceso posible a los documentos
         de las instituciones, alega que la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales no puede justificar
         que los escritos de la Comisión queden excluidos de forma general del principio de libre acceso a los documentos.
      
      29      A este respecto, la demandante sostiene, en primer lugar, que dicha excepción, según la cual sólo cabrá denegar el acceso
         a un documento cuando su divulgación «suponga un perjuicio» para los procedimientos judiciales, debe ser objeto de interpretación
         estricta. Alega que una comparación del Reglamento nº 1049/2001 con la normativa anterior, es decir, la Decisión 94/90/CECA, CE,
         Euratom de la Comisión, de 8 de febrero de 1994, sobre el acceso del público a los documentos de la Comisión (DO L 46, p. 58),
         que adoptó formalmente el Código de conducta relativo al acceso del público a los documentos del Consejo y de la Comisión
         (DO 1993, L 340, p. 41; en lo sucesivo, «Código de conducta de 1993»), aprobado el 6 de diciembre de 1993 por el Consejo y
         la Comisión, revela que el legislador comunitario optó deliberadamente por restringir el alcance de la excepción relativa
         a los procedimientos judiciales: mientras que el Código de conducta de 1993 preveía la posibilidad de denegar el acceso a
         todo documento cuya divulgación «[pudiera] suponer un perjuicio» para los procedimientos judiciales, el Reglamento nº 1049/2001
         se refiere a los documentos cuya divulgación «suponga un perjuicio» para tales procedimientos. La demandante añade que, a
         diferencia del Reglamento nº 1049/2001, el Código de conducta de 1993 no contemplaba la posibilidad de que un interés público
         superior pudiera primar sobre el interés en proteger los procedimientos judiciales.
      
      30      Por otra parte, la demandante alega que el carácter limitado del objetivo de la excepción establecida en el artículo 4, apartado
         2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001 resulta corroborado por el undécimo considerando de este Reglamento, que formula
         el principio de que todos los documentos de las instituciones deben ser accesibles al público, y por la exposición de motivos
         de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento
         Europeo, del Consejo y de la Comisión [COM(2000) 30 final‑COD 200/0032, sección 5], según la cual las excepciones sólo pueden
         aplicarse para proteger intereses específicos claramente definidos. Por consiguiente, la demandante entiende que una denegación
         de acceso generalizada para toda una categoría de documentos es inadmisible, ya que la institución afectada está obligada
         a demostrar, respecto de cada documento solicitado, que su divulgación supondría un perjuicio tan grave para la protección
         de alguno de los intereses específicos enumerados en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001 que el interés
         público en que tal documento sea divulgado nunca podría primar.
      
      31      En segundo lugar, la demandante alega que la divulgación de los escritos presentados por la Comisión ante los órganos jurisdiccionales
         comunitarios no supone ningún perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales, ya que tal divulgación no dará
         lugar a que el público ejerza una influencia abusiva ni perturbará la serenidad de los debates ante el juez comunitario de
         modo que se menoscabe el funcionamiento del procedimiento judicial. Entiende que, en cualquier caso, una motivación tan general
         como la expuesta en la Decisión impugnada no puede cumplir el criterio del perjuicio grave y concreto requerido por el artículo
         4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001.
      
      32      La demandante añade que el interés del público por la labor de los órganos jurisdiccionales que tratan problemas importantes
         de la política pública es sano y natural en todo sistema basado en las normas del Estado de Derecho, y que los propios órganos
         judiciales comunitarios han fomentado y apoyado este fenómeno, al hacer accesible al gran público, a través de su sitio de
         Internet y su servicio de prensa, una parte cada vez más importante de la información sobre los procedimientos pendientes.
         Alega, además, que las vistas son públicas y que el público puede acceder al informe para la vista a partir del día en que
         se celebra la vista.
      
      33      La demandante concluye que resulta pues difícil comprender por qué la divulgación de los escritos de la Comisión podría suponer
         un grave perjuicio para el buen desarrollo de los procedimientos judiciales a los que tales escritos se refieren. Al contrario,
         entiende que la publicidad de estos escritos tendría un efecto positivo, ya que el hecho de que el público esté perfectamente
         informado demostraría la imparcialidad de los jueces comunitarios, lo que fortalecería la aceptación de sus resoluciones por
         parte del público. Además, la demandante señala que los órganos jurisdiccionales de varios Estados, así como el Tribunal Europeo
         de Derechos Humanos, si bien establecen excepciones al principio de transparencia, por ejemplo, para proteger los secretos
         comerciales y el respeto a la vida privada, ponen a disposición del público los documentos relativos a los procedimientos
         judiciales, sobre todo cuando se trata de asuntos en los que son partes organismos estatales. Alega que ninguno de estos órganos
         judiciales considera que el principio de transparencia pueda perjudicar la eficacia del procedimiento judicial y la buena
         administración de la justicia.
      
      34      En tercer lugar, la demandante sostiene que la divulgación de los escritos presentados por la Comisión ante los órganos jurisdiccionales
         comunitarios es de interés público, ya que permite difundir el punto de vista de la Comisión sobre cuestiones fundamentales
         de interpretación del Tratado y del Derecho comunitario derivado. Entiende que en materia del Derecho de la competencia, por
         ejemplo, tal difusión sería particularmente beneficiosa habida cuenta de los dictámenes que la Comisión puede estar obligada
         a facilitar a los órganos jurisdiccionales nacionales, en virtud del Reglamento (CE) nº 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre
         de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 [CE] y 82 [CE] (DO 2003, L 1,
         p. 1). La demandante añade que, si bien las vistas antes los órganos judiciales comunitarios son públicas y un resumen de
         las alegaciones de las partes está disponible el día de la vista, la imagen de los asuntos discutidos es incompleta, lo que
         impide a los periodistas dar una información exacta y exhaustiva. Por consiguiente, entiende que la única manera de garantizar
         una transparencia adecuada consiste en divulgar los escritos presentados por la Comisión.
      
      35      En cuarto lugar, la demandante alega que la Comisión no puede basar su denegación en el estado actual de la jurisprudencia
         en la materia, ya que las sentencias Svenska Journalistförbundet/Consejo e Interporc II, citadas en el apartado 15 supra, se refieren al Código de conducta de 1993, mientras que el Reglamento nº 1049/2001 debe ser objeto de una interpretación
         más estricta. Además, afirma que la sentencia Svenska Journalistförbundet/Consejo, citada en el apartado 15 supra, se refería a un supuesto particular, ya que la asociación en cuestión había difundido por Internet una versión comentada
         del escrito de contestación del Consejo y había invitado al público a enviar sus propios comentarios directamente a los agentes
         del Consejo, cuyos números de teléfono y de fax había proporcionado, mientras que la API, que no es parte en ninguno de los
         procedimientos controvertidos, no tiene la intención de actuar de ese modo. Añade que la sentencia Interporc II, citada en
         el apartado 15 supra, tampoco es relevante, al entender que la afirmación del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 40 de dicha sentencia,
         según la cual la protección del interés público se opone a la divulgación del contenido de los documentos redactados por la
         Comisión a los únicos efectos de un procedimiento judicial concreto, es un mero obiter dictum, dado que en el asunto que había dado lugar a dicha sentencia se trataba de averiguar si cabía denegar el acceso a documentos
         redactados en el marco de un procedimiento administrativo por el hecho de estar relacionados con un procedimiento judicial
         concreto. Además, según la demandante, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la excepción analizada tenía por objeto
         «garantizar, por una parte, la protección del trabajo interno de la Comisión y, por otra, la confidencialidad y la salvaguardia
         del principio del secreto profesional de los abogados» (sentencia Interporc II, citada en el apartado 15 supra, apartado 41).
      
      36      En opinión de la demandante, tal interpretación de la excepción relativa a los procedimientos judiciales no constituye un
         obstáculo para que el público tenga acceso a los escritos de la Comisión, ya que estos escritos no tienen la consideración
         de documentos internos y confidenciales, sino que, al contrario, son transmitidos a los órganos jurisdiccionales y a las partes
         contrarias en los asuntos de que se trate. A este respecto, la demandante añade que la apreciación en el apartado 40 de la
         sentencia Interporc II, citada en el apartado 15 supra, fue posteriormente invalidada, ya que el Tribunal de Justicia declaró que el Tribunal de Primera Instancia había incurrido
         en un error de Derecho en la sentencia de 19 de marzo de 1998, Van der Wal/Comisión (T‑83/96, Rec. p. II‑545, apartado 50),
         al interpretar dicha excepción en el sentido de que obligaba a la Comisión a denegar el acceso a los documentos que había
         elaborado a los exclusivos efectos de un procedimiento judicial (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2000,
         Países Bajos y Van der Wal/Comisión, C‑174/98 P y C‑189/98 P, Rec. p. I‑1, apartado 30).
      
      37      Según la demandante, de lo anterior resulta que la jurisprudencia comunitaria en la materia no puede ser interpretada como
         pretende la Comisión y que el artículo 4, apartado 2, segundo guión, del Reglamento nº 1049/2001 no justifica que los escritos
         de las instituciones queden excluidos de forma general del principio de libre acceso a los documentos comunitarios.
      
      38      En segundo término, la demandante cuestiona la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión se negó a divulgar determinados
         escritos, basándose en la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, al entender que el asunto al
         que estos escritos hacían referencia o un asunto conexo todavía se hallaban pendientes.
      
      39      A este respecto, la demandante observa que una limitación tan estricta de la excepción analizada no puede estar justificada,
         ya que, precisamente en los supuestos en que, a falta de sentencia o de informe para la vista, el interés público en que se
         divulguen los escritos es mayor, el principio de libre acceso a los documentos se vería gravemente perjudicado. Alega que
         la denegación de acceso es aún más inexplicable cuando los documentos solicitados se refieren a un procedimiento ya concluido,
         como ocurre con el asunto Airtours/Comisión, T‑342/99, pero guardan relación con otro procedimiento aún pendiente. Sostiene
         que la Comisión no explicó por qué la divulgación de los escritos referentes al asunto concluido es perjudicial para el procedimiento
         pendiente, cuando la parte demandante es la misma en ambos asuntos, por lo que ya conoce las alegaciones formuladas por la
         Comisión en sus escritos relativos al primer asunto.
      
      40      La Comisión observa, con carácter preliminar, que contrariamente a lo que afirma la demandante, no le opuso una denegación
         «generalizada» de tramitar su solicitud ni una negativa a divulgar una categoría entera de documentos. Reconoce que los escritos
         procesales que presenta ante los órganos jurisdiccionales comunitarios no están, como tales, exentos de ser divulgados y que
         las excepciones al principio general de acceso a los documentos son de interpretación estricta. Sin embargo, alega que cuando
         una excepción resulta aplicable, ésta debe ser respetada, de modo que no debe divulgar un documento en caso de que su divulgación
         «suponga» un perjuicio para la protección de los procedimientos judiciales o de las investigaciones. Añade que el empleo de
         la forma condicional (suponga), que implica un margen de apreciación, significa que un efecto negativo podrá producirse, y
         no que tal efecto se producirá con absoluta certeza.
      
      41      En cuanto a la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, la Comisión señala, en primer lugar, que
         cada sistema jurisdiccional nacional e internacional elabora su propia línea de actuación sobre la manera de tratar los escritos
         procesales presentados ante un órgano judicial. Alega que, como observó la propia demandante, los órganos jurisdiccionales
         comunitarios garantizan un nivel de transparencia muy elevado, ya que, aparte de que cada asunto es objeto de una comunicación
         en el Diario Oficial de la Unión Europea con un resumen de los motivos y de las principales alegaciones formuladas en el recurso, la vista es pública y las alegaciones
         de las partes son resumidas en el informe para la vista y son reproducidas y examinadas en las conclusiones del abogado general
         y en la sentencia.
      
      42      La Comisión estima que la protección de los procedimientos judiciales le obliga a tener en cuenta la línea de actuación seguida
         al respecto por cada órgano jurisdiccional. Pues bien, alega que ni el Tribunal de Justicia ni el Tribunal de Primera Instancia
         publican los escritos procesales que le son sometidos y que, en cuanto al Tribunal de Primera Instancia, el acceso de terceros
         a los autos del asunto está sujeto a un control estricto, de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo tercero, de
         las Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia, adoptadas el 3 de marzo de 1994 (DO 1994, L 78, p. 32),
         en su versión modificada, por última vez el 5 de junio de 2002 (DO 2002, L 160, p. 1), según el cual «ningún tercero, sea
         público o privado, podrá acceder a los autos del asunto ni a los documentos procesales sin autorización expresa del Presidente,
         previa audiencia de las partes» y «dicha autorización sólo podrá concederse previa solicitud por escrito, que deberá ir acompañada
         de una justificación detallada del interés legítimo para examinar los autos». Además, la Comisión sostiene que el Reglamento
         nº 1049/2001 no prevé de qué manera los órganos jurisdiccionales deben gestionar los procedimientos de los que conocen. A
         este respecto, señala que el Tribunal de Justicia ha declarado que no existe una regla general sobre la confidencialidad de
         los escritos procesales o sobre la cuestión de si las partes en un procedimiento pueden revelarlos a terceros, si bien subrayó
         que se imponen consideraciones especiales cuando «la divulgación de un documento [pueda] menoscabar la buena administración
         de justicia» (auto del Tribunal de Justicia de 3 de abril de 2000, Alemania/Parlamento y Consejo, C‑376/98, Rec. p. I‑2247,
         apartado 10).
      
      43      A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia confirmó y aplicó a los escritos procesales el principio general
         de buena administración de la justicia, en virtud del cual las partes tienen derecho a defender sus intereses independientemente
         de toda influencia externa, especialmente por parte del público (sentencia Svenska Journalistförbundet/Consejo, citada en
         el apartado 15 supra, apartado 136). En su opinión, el hecho de que los asuntos pendientes sean de notoriedad pública no debe confundirse con el
         derecho de las partes a no revelar al público sus escritos de alegaciones. 
      
      44      Según la Comisión, el interés público no exige que los escritos procesales sean divulgados en su integridad, cosa que incluso
         podría ser nefasta, ya que el diálogo por escrito entre las partes correría el riesgo de convertirse en un debate público
         en el que se podría presionar a los agentes encargados de un asunto y en el que la fundamentación de determinadas alegaciones
         podría sufrir otras presiones externas. Por consiguiente, la Comisión defiende que la necesidad de proteger la serenidad de
         los debates prevalece sobre la necesidad de los periodistas de estar suficientemente preparados para la vista. Además, alega
         que una divulgación sistemática puede provocar un desequilibrio nefasto entre las instituciones y todas o algunas de las otras
         partes en un asunto, que no están obligadas a conceder el acceso a sus escritos en las mismas condiciones que las aplicables
         a las instituciones.
      
      45      En segundo lugar, la Comisión expone que, cuando conoce de una solicitud de acceso en el sentido del Reglamento nº 1049/2001,
         primero examina si el procedimiento al que se refiere el documento solicitado ha llegado a la fase de la vista y luego si,
         a la luz de lo anterior, la protección de los procedimientos judiciales requiere que se deniegue el acceso a este documento.
         Alega que sobre la base de este razonamiento se negó a divulgar sus escritos en los asuntos General Electric/Comisión, T‑210/01,
         y Honeywell/Comisión, T‑209/01, que se hallaban pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      46      Según la Comisión, también pueden existir razones para denegar el acceso a un documento después de que se haya celebrado la
         vista o dictado sentencia, cuando resulte necesario proteger una alegación por escrito que sea idéntica a la reproducida en
         un asunto conexo aún pendiente. La Comisión alega que por este motivo se negó a conceder el acceso a los escritos relativos
         al asunto Airtours/Comisión, T‑342/99, asunto ya concluido mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia, ya que la
         misma demandante había interpuesto después un recurso de indemnización (asunto MyTravel/Comisión, T‑212/03), que sigue pendiente.
         Afirma que los dos asuntos están relacionados porque algunas de las alegaciones formuladas en el recurso de anulación también
         pueden ser discutidas en el marco del recurso de indemnización.
      
      47      En lo que se refiere a la ponderación de los intereses en conflicto, la Comisión alega que nunca cabe presumir para una categoría
         de documentos, cualquiera que sea, que exista un interés público superior que justifique la divulgación de los documentos
         solicitados, sino que la existencia de tal interés público superior debe ser demostrada teniendo en cuenta los otros intereses
         en juego en cada caso concreto. Añade que sólo cabe tomar en consideración el interés público superior, concepto no definido
         en el Reglamento nº 1049/2001, cuando se haya acreditado que una de las excepciones es de aplicación.
      
      48      Por otra parte, la Comisión afirma que, si la excepción del interés público superior, que es una excepción a una excepción,
         fuera aplicada sistemáticamente para justificar la divulgación de los escritos en cualquier fase del procedimiento, la excepción
         relativa a los procedimientos judiciales se vería privada de todo efecto útil. Entiende que al ponderar los intereses contrapuestos
         también debe tenerse en cuenta que determinada información sobre un asunto ya ha sido comunicada al público, primero en la
         fase de la interposición del recurso (publicación en el Diario Oficial de los motivos y principales alegaciones de la parte
         demandante) y luego a través del informe para la vista. En cuanto a los documentos solicitados por la demandante en el presente
         asunto, la Comisión consideró que la mejor manera de servir al interés público consistía en garantizar el buen desarrollo
         de los procedimientos judiciales controvertidos.
      
      49      Según la Comisión, el hecho de que la demandante no sea parte en ninguno de los procedimientos a los que se refieren los documentos
         cuya divulgación ha solicitado y que ni ella ni sus miembros tengan la intención de hacer presión sobre la Comisión no implica,
         en absoluto, que la sentencia Svenska Journalistförbundet/Consejo, citada en el apartado 15 supra, sea irrelevante. La Comisión alega que, en el apartado 138 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró que
         la finalidad de la divulgación de los escritos procesales en dicho asunto era incorrecta. Añade que, como la divulgación de
         un documento confirma que puede ser libremente difundido, el compromiso asumido por la demandante de no presionar no garantiza
         que otros miembros del público se comporten del mismo modo.
      
      50      Además, la Comisión subraya que en la sentencia Interporc II, citada en el apartado 15 supra (apartados 40 y 41), el Tribunal de Primera Instancia precisó que la categoría de documentos que puede acogerse a la excepción
         relativa a los procedimientos judiciales se refiere a todos los documentos redactados por la Comisión a los únicos efectos
         de un procedimiento judicial concreto. Por consiguiente, la Comisión entiende que la sentencia Interporc II, citada en el
         apartado 15 supra, definió el ámbito de aplicación de la excepción relativa a los procedimientos judiciales sin excluir estos documentos, como
         categoría, del derecho de acceso público, y que la sentencia Países Bajos y van der Wal/Comisión, citada en el apartado 36 supra (apartados 27 a 30), confirmó que no existe una exclusión generalizada de dichos documentos que obligue a la Comisión a no
         divulgarlos. En consecuencia, la Comisión sostiene que la sentencia Interporc II sigue siendo relevante desde un punto de
         vista jurídico y afirma que la aplicó en el presente caso, ya que, lejos de oponer una denegación generalizada, examinó cada
         documento caso por caso.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Observaciones preliminares
      51      Primero, procede recordar que el artículo 1 del Reglamento nº 1049/2001, interpretado a la luz del cuarto considerando del
         mismo, tiene por objeto garantizar de la manera más completa posible el derecho de acceso del público a los documentos que
         obran en poder de las instituciones (sentencia del Tribunal de Justicia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, C‑266/05 P,
         Rec. p. I‑0000, apartado 61).
      
      52      Sin embargo, del mencionado Reglamento, concretamente de su undécimo considerando, de su artículo 1, letra a), y de su artículo
         4, que establece un régimen de excepciones a este respecto, resulta asimismo que el derecho de acceso a los documentos está
         sometido a la vez a determinados límites basados en razones de interés público o privado (sentencia Sison/Consejo, citada
         en el apartado 51 supra, apartado 62).
      
      53      Dado que invalidan el principio del mayor acceso posible del público a los documentos, estas excepciones deben interpretarse
         y aplicarse en sentido estricto (sentencia Sison/Consejo, citada en el apartado 51 supra, apartado 63; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2006, Franchet y Byk/Comisión, T‑391/03 y T‑70/94,
         Rec. p. II‑2023, apartado 84; véanse, además, por analogía, en cuanto al Código de conducta de 1993, las sentencias del Tribunal
         de Justicia Países Bajos y van der Wal/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 27, y de 6 de diciembre de 2001, Consejo/Hautala, C‑353/99 P, Rec. p. I‑9565, apartado 25, y las sentencias del
         Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 1999, Bavarian Lager/Comisión, T‑309/97, Rec. p. II‑3217, apartado 39, y
         Petrie y otros/Comisión, citada en el apartado 17 supra, apartado 66).
      
      54      Asimismo, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el examen que requiere la tramitación de una solicitud de
         acceso a documentos debe revestir un carácter concreto. Por una parte, el mero hecho de que un documento se refiera a un interés
         protegido por una excepción no basta para justificar la aplicación de ésta (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal
         de Primera Instancia de 26 de abril de 2005, Sison/Consejo, T‑110/03, T‑150/03 y T‑405/03, Rec. p. II‑1429, apartado 75, y
         Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 105). En principio, la aplicación de la excepción sólo se justifica en caso de que la institución haya valorado
         previamente, primero, si el acceso al documento podría perjudicar concreta y efectivamente el interés protegido y, segundo,
         en los supuestos previstos en el artículo 4, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 1049/2001, si no existe un interés público
         superior que justifique la divulgación del documento. Por otra parte, el riesgo de perjuicio al interés protegido debe ser
         razonablemente previsible y no puramente hipotético. Por consiguiente, el examen que debe efectuar la institución al objeto
         de aplicar una excepción ha de realizarse de forma concreta y deberá constar en la motivación de la decisión (sentencias del
         Tribunal de Primera Instancia de 13 de abril de 2005, Verein für Konsumenteninformation/Comisión, T‑2/03, Rec. p. II‑1121;
         en lo sucesivo, «sentencia VKI», apartado 69, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 115).
      
      55      Dicho examen concreto deberá, por otro lado, realizarse respecto de cada documento a que se refiera la solicitud. En efecto,
         conforme al Reglamento nº 1049/2001, todas las excepciones reguladas en los apartados 1 a 3 de su artículo 4 han de resultar
         aplicables «a un documento» (sentencias VKI, citada en el apartado 54 supra, apartado 70, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 116). Además, con respecto a la aplicación ratione temporis de estas mismas excepciones, el artículo 4, apartado 7, del referido Reglamento prevé que sólo se aplicarán durante el período
         en que esté justificada la protección en función «del contenido del documento».
      
      56      De lo anterior resulta que un examen concreto e individual es en cualquier caso necesario, puesto que, aunque fuese evidente
         que una solicitud de acceso se refiere a documentos amparados por una excepción, tan sólo tal examen permitirá a la institución
         valorar la posibilidad de conceder al solicitante un acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento
         nº 1049/2001 (sentencias VKI, citada en el apartado 54 supra, apartado 73, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 117). En el ámbito de aplicación de este Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que es insuficiente,
         en principio, la valoración de los documentos efectuada por categorías en vez de en relación con los datos concretos que contienen
         los documentos, puesto que el examen que ha de realizar la institución debe permitirle ponderar concretamente si la excepción
         alegada se aplica realmente a la totalidad de la información que contienen los citados documentos (sentencia VKI, citada en
         el apartado 54 supra, apartados 74 y 76; en cuanto a la aplicación del Código de conducta de 1993, véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 12 de octubre de 2000, JT’s Corporation/Comisión, T‑123/99, Rec. p. II‑3269, apartados 46 a 48).
      
      57      Debe señalarse que la obligación de una institución de proceder a una apreciación concreta e individual del contenido de los
         documentos a los que se refiere la solicitud de acceso constituye una regla general (sentencia VKI, citada en el apartado
         54 supra, apartados 74 y 75), que se aplica a todas las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 del artículo 4 del Reglamento
         nº 1049/2001, cualquiera que sea el ámbito al que pertenezcan los documentos solicitados. Como este Reglamento no contiene
         ninguna disposición específica sobre la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, esta regla general
         se aplica también a la excepción analizada.
      
      58      Dicha regla general no significa, sin embargo, que tal examen sea exigible en todo caso. En efecto, dado que el examen concreto
         e individual que, en principio, debe efectuar la institución a raíz de una solicitud de acceso basada en el Reglamento nº 1049/2001
         tiene por objeto permitir a la institución, por una parte, valorar en qué medida resulta aplicable una excepción al derecho
         de acceso y, por otra, valorar la viabilidad de un acceso parcial, dicho examen no será necesario cuando, por las circunstancias
         particulares del caso, sea evidente que el acceso ha de denegarse o, por el contrario, concederse. Tal será el supuesto, en
         particular, de determinados documentos que o bien estén manifiestamente amparados en su integridad por una excepción al derecho
         de acceso, o bien, a la inversa, sean manifiestamente accesibles en su integridad, o bien hayan sido objeto de una previa
         valoración concreta e individual por la Comisión en circunstancias similares (sentencia VKI, citada en el apartado 54 supra, apartado 75).
      
      59      Segundo, en cuanto a la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, procede recordar, en primer lugar,
         que de la amplia definición del concepto de documento establecida en el artículo 3, letra a), del Reglamento nº 1049/2001
         y de la formulación y de la propia existencia de una excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales resulta
         que el legislador comunitario no ha querido excluir la actividad contenciosa de las instituciones del derecho de acceso de
         los ciudadanos, sino que ha previsto, a este respecto, que las instituciones denieguen la divulgación de los documentos relativos
         a un procedimiento judicial en caso de que tal divulgación suponga un perjuicio para el procedimiento al que se refieren.
      
      60      En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia ya ha tenido la oportunidad de declarar que el concepto de «procedimientos
         judiciales», interpretado en el marco del Código de conducta de 1993 en el sentido de que comprende los escritos presentados,
         los documentos internos relativos a la instrucción del asunto pendiente de resolución y las comunicaciones relativas al asunto
         entre la Dirección General interesada y el Servicio Jurídico o un bufete de abogados (sentencia Interporc II, citada en el
         apartado 15 supra, apartado 41), es también relevante para la aplicación del Reglamento nº 1049/2001 (véase la sentencia Franchet y Byk/Comisión,
         citada en el apartado 53 supra, apartado 90). Por consiguiente, los escritos presentados por la Comisión ante el juez comunitario están comprendidos dentro
         del ámbito de aplicación de la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, en el sentido de que se
         refieren a un interés protegido.
      
      61      En tercer lugar, el hecho de que en el ámbito de aplicación de la referida excepción estén comprendidos todos los documentos
         redactados a los únicos efectos de un procedimiento judicial concreto (sentencias Interporc II, citada en el apartado 15 supra, apartado 40, y Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartados 88 y 89), y en particular los escritos presentados por las instituciones, no puede por sí solo justificar la aplicación
         de la excepción invocada. En efecto, como el Tribunal de Justicia ya ha declarado respecto de la aplicación del Código de
         conducta de 1993, la excepción basada en la protección del interés público en el marco de un procedimiento judicial no puede
         ser interpretada en el sentido de que obligue a la Comisión a denegar el acceso a todos los documentos que haya redactado
         a los únicos efectos de tal procedimiento (sentencia Países Bajos y Van der Wal/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartado 30).
      
      62      Tal interpretación se impone necesariamente en el marco del Reglamento nº 1049/2001, sobre todo si se tiene en cuenta que
         la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales, establecida en el artículo 4, apartado 2, segundo
         guión, de este Reglamento, está formulada en términos más estrictos que en el Código de conducta de 1993. En efecto, por una
         parte, según el Reglamento nº 1049/2001, la denegación de acceso sólo está justificada en caso de que la divulgación del documento
         «suponga un perjuicio» para el interés de que se trate, y ya no, como preveía el Código de conducta de 1993, en caso de que
         tal divulgación «pueda suponer un perjuicio» para dicho interés. Ello implica que la institución interesada está obligada
         a examinar respecto de cada documento solicitado si, en vista de la información de que dispone, su divulgación puede suponer
         efectivamente un perjuicio para algún interés protegido por el régimen de excepciones (en cuanto a la aplicación del Código
         de conducta de 1993, véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de febrero de 1998, Interporc/Comisión,
         T‑124/96, Rec. p. II‑231, apartado 52, y JT’s Corporation/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 64). Por otra parte, el Reglamento nº 1049/2001 establece que debe concederse el acceso al documento solicitado
         si un interés público superior lo justifica, incluso en caso de que la divulgación suponga un perjuicio para la protección
         del procedimiento judicial de que se trate, cosa que no estaba prevista en el Código de conducta de 1993.
      
      63      En cuarto lugar, es necesario precisar que la excepción al principio general de acceso a los documentos relativa a la protección
         de los procedimientos judiciales tiene por objeto garantizar el respeto del derecho de cada persona a ser oída equitativamente
         por un tribunal independiente, que constituye un derecho fundamental establecido en el artículo 6 del Convenio Europeo para
         la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo, «CEDH») y que forma parte de los
         principios generales del Derecho comunitario, cuyo respeto garantiza el juez comunitario inspirándose en las tradiciones constitucionales
         comunes a los Estados miembros, así como en las indicaciones proporcionadas, entre otros, por el CEDH (sentencias del Tribunal
         de Justicia de 2 de mayo de 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, Rec. p. I‑3813, apartado 65, y de 25 de enero de 2007, Salzgitter
         Mannesmann/Comisión, C‑411/04 P, Rec. p. I‑0000, apartados 40 y 41), así como garantizar el buen funcionamiento de la justicia.
         Por consiguiente, esta excepción se refiere no sólo a los intereses de las partes en el marco del procedimiento judicial,
         sino, más en general, al buen desarrollo del mismo.
      
      64      En consecuencia, a la luz de los principios expuestos en los apartados 51 a 63 supra, corresponde al Tribunal de Primera Instancia comprobar si, en el caso de autos, la Comisión incurrió en un error al considerar
         que la denegación de divulgar los escritos que había presentado en los asuntos Honeywell/Comisión, T‑209/01, General Electric/Comisión,
         T‑210/01, Comisión/Austria, C‑203/03, y Airtours/Comisión, T‑342/99, estaba amparada por la excepción relativa a la protección
         de los procedimientos judiciales.
      
      –       Sobre la denegación de acceso a los escritos relativos a los asuntos T‑209/01, T‑210/01 y C‑203/03
      65      En primer lugar, en cuanto a los documentos específicamente identificados en la solicitud de acceso, procede verificar si
         la Comisión realizó un examen concreto del contenido de cada documento solicitado, cosa que la demandante niega, haciendo
         hincapié en los términos generales en que se formuló la justificación para denegar el acceso.
      
      66      Es preciso constatar que de la motivación de la Decisión impugnada no se deduce que la Comisión hubiera llevado a cabo tal
         examen. En efecto, en esta Decisión, la Comisión no ha hecho referencia al contenido de los escritos controvertidos ni al
         objeto específico de cada procedimiento con el que guardan relación para demostrar que existe una necesidad real de proteger
         dicho procedimiento. Se ha limitado a afirmar, en términos generales, que la denegación de acceso a los escritos relativos
         a los asuntos pendientes en los que era parte estaba amparada por la excepción relativa a la protección de los procedimientos
         judiciales, en la medida en que la divulgación de estos escritos supondría un perjuicio para su posición como parte, ya que
         la expondría al riesgo de sufrir presiones externas. Tal justificación puede aplicarse también a todos los escritos de la
         Comisión relativos a asuntos pendientes en los que sea parte.
      
      67      A este respecto, procede observar que los términos generales de la motivación en que se basa una denegación de acceso, así
         como la brevedad o el carácter estereotipado de esta motivación, sólo pueden constituir un indicio de que no se efectuó un
         examen concreto en los supuestos en que objetivamente es posible señalar las razones que justifican la denegación de acceso
         respecto de cada documento, sin divulgar el contenido de tal documento o uno de sus elementos esenciales y, por lo tanto,
         sin privar a la excepción de su finalidad esencial (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de abril de 2005, Sison/Consejo,
         citada en el apartado 54 supra, apartado 84; véase, por analogía, en cuanto al Código de conducta de 1993, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 5 de marzo de 1997, WWF UK/Comisión, T‑105/95, Rec. p. II‑313, apartado 65). Como ha precisado el Tribunal de Justicia,
         los artículos 9, apartado 4, y 11, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001 subrayan la necesidad de que las instituciones
         se abstengan de mencionar extremos que podrían perjudicar indirectamente los intereses protegidos específicamente por las
         excepciones (sentencia de 1 de febrero de 2007, Sison/Consejo, citada en el apartado 51 supra, apartado 83).
      
      68      Ahora bien, en el caso de autos, de las razones aducidas por la Comisión para justificar su denegación de acceso resulta que
         no efectuó un examen concreto, ya que tales razones son totalmente ajenas al contenido de los escritos solicitados. En efecto,
         la supuesta exigencia de seguir la línea de actuación del juez comunitario en cuanto al acceso de terceros a los escritos
         procesales así como la necesidad de garantizar la serenidad de los debates y de evitar que sus agentes sufran algún tipo de
         presión, necesidad que en la Decisión impugnada no guarda relación alguna con la naturaleza de la información de que se trata
         y/o con el posible carácter sensible del objeto del litigio, demuestran que, según la Comisión, no era necesario realizar
         una apreciación concreta del contenido de cada escrito solicitado para pronunciarse sobre la petición de acceso presentada
         por la demandante.
      
      69      Esta conclusión no queda menoscabada por la afirmación realizada por la Comisión en la Decisión impugnada según la cual el
         hecho de haber dado acceso a las observaciones presentadas en el marco del asunto prejudicial Köbler, C‑224/01, que aún estaba
         pendiente ante el Tribunal de Justicia, demuestra que examinó la solicitud de la API documento por documento. En efecto, este
         hecho indica meramente que la Comisión hizo una distinción en función de la naturaleza del recurso y la fase en que se encontraba
         cada procedimiento. Tomando como base tal distinción, concedió el acceso a las observaciones que había presentado en el procedimiento
         prejudicial concluido mediante la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altmark Trans y Regierungspräsidium
         Magdeburg (C‑280/00, Rec. p. I‑7747), y a las observaciones presentadas en el asunto Köbler (C‑224/01), aún pendiente ante
         el Tribunal de Justicia, pero cuya fase oral ya había terminado y denegó tal acceso a los escritos presentados en el marco
         de los recursos directos que aún se hallaban pendientes ante el juez comunitario.
      
      70      Por otra parte, al responder a una cuestión formulada en la vista por el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión señaló
         que, cuando toma una decisión sobre una solicitud de acceso a los escritos presentados en el marco de asuntos pendientes,
         la fecha de la vista constituye un elemento determinante, en el sentido de que considera que estos escritos requieren ser
         tratados confidencialmente, como protección mínima, al menos hasta la fecha en que se discute el asunto ante el juez. La Comisión
         entiende que sólo después de la fecha de la vista existe una presunción de acceso, momento en que, en cuanto a los asuntos
         prejudiciales, procede a examinar cada caso concreto, tomando en consideración la información contenida en los documentos
         solicitados y el grado de sensibilidad del litigio. En cambio, en cuanto a los recursos directos, considera que procede denegar
         el acceso hasta que se dicte la sentencia definitiva y, para los asuntos conexos pendientes, hasta que concluya el asunto
         conexo de que se trate.
      
      71      De lo anterior resulta no sólo que la Comisión no llevó a cabo un examen concreto de cada documento solicitado, sino también
         que estimó que debía considerarse automáticamente y de forma global que todos los escritos presentados en asuntos en los que
         ella era parte y que se hallaban pendientes estaban amparados por la excepción relativa a la protección de los procedimientos
         judiciales, sin que tal examen resultara necesario.
      
      72      En segundo lugar, procede examinar si, por las circunstancias particulares de los autos, la Comisión podía eximirse de su
         obligación de realizar un examen concreto del contenido de los escritos relativos a los asuntos Honeywell/Comisión, T‑209/01,
         General Electric/Comisión, T‑210/01, y Comisión/Austria, C‑203/03. A tal fin, primero debe averiguarse si todos los documentos
         controvertidos pertenecen a una misma categoría, de modo que les sea aplicable la misma justificación. A continuación, en
         caso de respuesta afirmativa, procede verificar si la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales,
         aplicada por la Comisión en el presente asunto, ampara manifiesta e íntegramente los documentos comprendidos en esta categoría,
         en el sentido de que la protección invocada era realmente necesaria (véase, en este sentido, la sentencia VKI, citada en el
         apartado 54 supra, apartados 83 y 84).
      
      73      En principio, es el tipo de información contenida en los documentos controvertidos lo que determina si la divulgación de éstos
         puede perjudicar un interés protegido, en este caso, la protección de los procedimientos judiciales. En consecuencia, un análisis
         por categoría presupone, a fin de poder determinar cuáles son las consecuencias probables de la divulgación para los procedimientos
         judiciales, que los documentos pertenecientes a la categoría identificada contengan el mismo tipo de información. En efecto,
         sólo puede estar justificado que no se lleve a cabo un examen concreto en caso de que sea obvio que la excepción invocada
         es realmente aplicable al conjunto de datos contenidos en los documentos solicitados (sentencia VKI, citada en el apartado
         54 supra, apartado 75).
      
      74      Sin embargo, habida cuenta de la naturaleza especial de los intereses que la excepción analizada pretende proteger, como resulta
         de las observaciones formuladas en el apartado 63 supra, y dado que los documentos a los que se ha solicitado acceder son los escritos de una de las partes en el procedimiento, no
         cabe excluir que la no divulgación pueda estar justificada durante cierto período de tiempo por razones ajenas al contenido
         de cada documento solicitado, siempre que estas mismas razones justifiquen la necesidad de proteger los documentos controvertidos
         en su integridad.
      
      75      En el caso de autos, procede señalar, por una parte, que los escritos a los que se ha solicitado acceder fueron redactados
         por la Comisión como parte en tres recursos directos aún pendientes en la fecha en que la Decisión impugnada fue adoptada.
         Por consiguiente, cabe considerar que cada escrito relativo a estos tres asuntos formaba parte de una misma categoría, de
         modo que el acceso podía denegarse en virtud de una única justificación.
      
      76      Por otra parte, la Comisión denegó el acceso a los escritos presentados en los asuntos Honeywell/Comisión, T‑209/01, General
         Electric/Comisión, T‑210/01, y Comisión/Austria, C‑203/03, esencialmente sobre la base de la necesidad de salvaguardar su
         posición como parte, tanto demandada como demandante, alegando que la divulgación de estos escritos podría crear un desequilibrio
         entre ella y las otras partes en el procedimiento, perjudicaría la serenidad de los debates ante el juez e iría en contra
         de la línea de actuación seguida al respecto por el juez comunitario. Por consiguiente, procede examinar si estas razones
         permiten considerar que tales escritos estaban claramente amparados en su integridad por la excepción relativa a la protección
         de los procedimientos judiciales.
      
      77      A tal fin, debe examinarse si el hecho de que la Decisión impugnada fuera adoptada en una fecha en que los escritos controvertidos
         todavía no habían sido discutidos ante el juez resulta relevante, pues debe recordarse que, según la Comisión, la fecha de
         la vista constituye un elemento determinante para la decisión que debe tomarse sobre el acceso a los escritos solicitados,
         ya que entiende que antes de tal fecha es indispensable denegar este acceso para evitar que sus agentes sufran presiones externas,
         sobre todo del público.
      
      78      En este punto debe admitirse que, si divulgara sus escritos con anterioridad a la vista, la Comisión podría verse obligada
         a hacer frente a posibles críticas y objeciones por parte de los medios especializados y de la prensa y opinión pública en
         general contra los argumentos contenidos en estos escritos. Más allá de las eventuales presiones sobre sus agentes, estas
         críticas y objeciones podrían tener el efecto de imponer una tarea adicional a esa institución, ya que la Comisión podría
         sentirse obligada a tenerlas en cuenta al defender su postura ante el juez, mientras que las partes en el procedimiento que
         no estén obligadas a divulgar sus escritos pueden defender sus intereses libres de cualquier influencia externa.
      
      79      En esta materia, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el principio de igualdad de armas, que constituye uno de los
         elementos del concepto más amplio de un proceso equitativo, implica la obligación de ofrecer a cada parte una oportunidad
         razonable de defender su causa en condiciones que no la coloquen en una situación de clara desventaja con respecto a su adversario
         (véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Dombo Beheer BV c. Países Bajos, de 27 de octubre de 1993, serie A
         nº 274, § 33; Ernst y otros c. Bélgica, de 15 de julio de 2003, § 60, y Vezon c. Francia, de 18 de abril de 2006, § 31). No
         obstante, si bien el hecho de divulgar sus propios escritos no puede por sí solo colocar a la institución afectada en una
         situación de clara desventaja cuando defiende su causa ante el juez, la garantía de un intercambio, sin influencia externa
         alguna, de información y opiniones puede exigir, en aras del buen funcionamiento de la justicia, que se deniegue el acceso
         del público a los escritos de las instituciones mientras los argumentos contenidos en los mismos no hayan sido debatidos ante
         el juez.
      
      80      Además, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Svenska Journalistförbundet/Consejo, citada en el apartado
         15 supra (apartados 136 a 138), las partes tienen derecho a defender sus intereses independientemente de toda influencia externa,
         especialmente por parte del público. Si bien el Tribunal de Primera Instancia realizó esta consideración para juzgar el uso
         abusivo que una parte había hecho del escrito de contestación de la otra parte en el procedimiento, esta consideración debe
         entenderse en el sentido de que el procedimiento tiene que estar protegido frente a toda influencia externa hasta la celebración
         de la vista. 
      
      81      En efecto, al igual que las otras partes en el procedimiento, la Comisión debe poder presentar y discutir su postura sin sufrir
         influencia externa alguna, sobre todo si se tiene en cuenta que la tesis que defiende tiene, en principio, por objeto garantizar
         la buena aplicación del Derecho comunitario. Debido a la naturaleza de los intereses recordados en el apartado 63 supra, que la excepción analizada pretende proteger, la consecución de tal objetivo exige que los escritos de la Comisión no sean
         divulgados antes de que dicha institución haya tenido la posibilidad de discutirlos ante el juez durante la vista pública
         y, por tanto, que la Comisión tenga derecho a denegar al público el acceso a los mismos, ya que sus agentes podrían sufrir
         presiones como consecuencia de un debate público provocado por la divulgación de dichos escritos, sin que sea necesario, a
         tal fin, que la Comisión realice una apreciación concreta del contenido de los mismos.
      
      82      Así, procede concluir que, cuando el procedimiento al que se refieren los escritos a los que se solicita el acceso todavía
         no haya llegado a la fase de la vista, deberá considerarse que la denegación de divulgarlos afecta a la totalidad de la información
         contenida en ellos. En cambio, después de la vista, la Comisión está obligada a apreciar en concreto cada documento solicitado
         para comprobar, a la luz de su contenido específico, si puede ser divulgado o si su divulgación supondría un perjuicio para
         el procedimiento judicial al que se refiere.
      
      83      Estas conclusiones no pueden ser desvirtuadas por las alegaciones de las partes a este respecto.
      
      84      En primer lugar, la conclusión de que los escritos deben ser excluidos de forma generalizada y automática del derecho de acceso
         hasta la fecha de la vista no puede ser puesta en tela de juicio por la circunstancia, invocada por la demandante en sus escritos,
         de que la divulgación de los escritos procesales esté admitida en varios Estados miembros y que también esté regulada en el
         artículo 40, apartado 2, del CEDH, que establece que «los documentos depositados en la secretaría serán accesibles al público,
         a menos que el presidente del Tribunal decida de otro modo». El alcance de esta disposición viene precisado en el artículo
         33 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prevé en su apartado 2 la posibilidad de
         denegar el acceso a un documento por motivo de determinados intereses públicos o privados claramente identificados o bien
         «en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el Presidente de la Sala cuando, en circunstancias especiales,
         la publicidad podría causar un perjuicio a los intereses de la justicia». 
      
      85      A este respecto, basta con señalar que, a diferencia de estas disposiciones, la normativa procesal de los órganos jurisdiccionales
         comunitarios no prevé que los terceros tengan derecho a acceder a los escritos procesales depositados en la secretaría por
         las partes.
      
      86      En segundo lugar, la conclusión de que es preciso realizar una apreciación concreta del contenido de los escritos solicitados
         cuando éstos se refieran a un asunto en el cual ya se haya celebrado la vista no puede ser puesta en duda por el hecho de
         que la Comisión, como ella afirma, esté obligada a seguir la línea de actuación del órgano jurisdiccional ante el que esté
         pendiente el asunto, de modo que, para los asuntos pendientes en los que es parte, deba denegar el acceso a los escritos solicitados
         hasta que se dicte la sentencia definitiva.
      
      87      Ciertamente, es correcto que, en principio, el juez comunitario debe dispensar un trato confidencial a los escritos de las
         partes. En efecto, el artículo 20, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «Estatuto»), también
         aplicable al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 53 del Estatuto, sólo exige que estos escritos sean comunicados
         a las partes y a las instituciones de la Comunidad cuyos actos se impugnen. Además, el artículo 16, apartado 5, párrafo segundo,
         del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia así como el artículo 24, apartado 5, párrafo segundo, del Reglamento
         de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia prevén la posibilidad, sólo para las partes procesales, de obtener copias
         de los escritos y el artículo 5, apartado 3, párrafo tercero, de las Instrucciones al Secretario del Tribunal de Primera Instancia
         supedita el acceso de terceros a los documentos procesales a la existencia de un interés legítimo, que debe ser debidamente
         justificado.
      
      88      Sin embargo, estas disposiciones no prohíben a las partes divulgar sus propios escritos, ya que el Tribunal de Justicia ha
         declarado que ninguna norma o disposición autoriza o impide que las partes en un procedimiento divulguen sus propios escritos
         a terceros y que, salvo en supuestos excepcionales en los cuales la divulgación de un documento podría menoscabar la buena
         administración de la justicia, cosa que no ocurre en el caso de autos, rige el principio según el cual las partes son libres
         de divulgar sus propios escritos (auto Alemania/Parlamento y Consejo, citado en el apartado 42 supra, apartado 10). Tal afirmación del Tribunal de Justicia, además de excluir la existencia de un principio absoluto de confidencialidad,
         implica también que la divulgación de escritos sobre asuntos pendientes no vulnera necesariamente el principio de buena administración
         de la justicia.
      
      89      Las citadas disposiciones tampoco imponen a las instituciones la obligación de seguir, en cuanto a la aplicación de la normativa
         en materia de acceso a los documentos, la línea de actuación del órgano jurisdiccional ante el que esté pendiente el asunto
         al que se refieren los escritos cuya divulgación se solicita, dado que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, en relación
         con el Código de conducta de 1993, que del derecho de cada persona a ser oída equitativamente por un tribunal independiente
         no puede deducirse que el órgano jurisdiccional al que se haya sometido un litigio sea necesariamente el único habilitado
         para conceder el acceso a los documentos del procedimiento judicial en cuestión, sobre todo si se tiene en cuenta que los
         riesgos de menoscabo de la independencia del juez se consideran de manera adecuada en dicho Código y en la protección jurisdiccional
         a nivel comunitario con respecto a los actos de la Comisión que conceden acceso a los documentos que ésta posee (sentencia
         Países Bajos y Van der Wal/Comisión, citada en el apartado 36 supra, apartados 17 y 19). Por consiguiente, a falta de disposiciones especiales a tal efecto, no cabe admitir que el ámbito de
         aplicación del Reglamento nº 1049/2001 pueda ser restringido por el hecho de que las disposiciones de los Reglamentos de Procedimiento
         mencionadas en el apartado 87 supra no regulen el acceso de terceros y resulten aplicables como lex specialis (en cuanto a la aplicación del Código de conducta de 1993, véase, en este sentido, la sentencia Interporc II, citada en el
         apartado 15 supra, apartados 37, 44 y 46).
      
      90      Por último, procede subrayar que las únicas disposiciones procesales que imponen a las partes una prohibición de divulgación
         son el artículo 56, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el artículo 57 del Reglamento de
         Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según los cuales los debates celebrados a puerta cerrada no se harán públicos.
         En efecto, de conformidad con el artículo 31 del Estatuto, la vista será pública, salvo que, por motivos graves, el Tribunal
         de Justicia decida lo contrario, de oficio o a instancia de parte. Tal disposición sobre la publicidad de los debates constituye
         la aplicación de un principio fundamental consagrado en el artículo 6, apartado 1, del CEDH. Según reiterada jurisprudencia
         del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (véase Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia Sutter c. Suiza, de 22 de
         febrero de 1984, serie A nº 74, § 26; Diennet c. Francia, de 26 de septiembre de 1995, serie A nº 325-A, § 33, y Exel c. República
         Checa, de 5 de julio de 2005, § 45):
      
      «Dicha publicidad protege a los justiciables frente una justicia secreta que escapa del control del público; también constituye
         uno de los medios para contribuir a preservar la confianza en los juzgados y tribunales. Al hacer transparente la administración
         de justicia, contribuye a alcanzar el objetivo establecido en el artículo 6, apartado 1, concretamente, el proceso equitativo,
         cuya garantía es uno de los principios de toda sociedad democrática en el sentido del Convenio.»
      
      91      Al establecer que el juez decidirá excepcionalmente que los debates se celebren a puerta cerrada, el artículo 31 del Estatuto
         confirma, por una parte, que la divulgación de los escritos ya discutidos públicamente en la vista y que también son objeto
         de un resumen accesible al público en la misma vista no supone ningún riesgo, en principio, de perjudicar el buen desarrollo
         del procedimiento de que se trate. Por otra parte, una posible necesidad, total o parcial, de confidencialidad sólo puede
         ser decidida por el juez antes de que se celebre la vista, de modo que el hecho de que la institución interesada conceda el
         acceso sólo a partir de la fecha de la vista salvaguarda la eficacia de una eventual decisión del juez, adoptada de oficio
         o a instancia de parte, de celebrar la vista a puerta cerrada.
      
      92      De todo lo anterior resulta que la Comisión no incurrió en ningún error de Derecho al no haber realizado un examen concreto
         de los escritos relativos a los asuntos Honeywell/Comisión, T‑209/01, General Electric/Comisión, T‑210/01, y Comisión/Austria,
         C‑203/03, y no cometió un error de apreciación al considerar que existía un interés público en que estos escritos fueran protegidos.
      
      93      De conformidad con el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento nº 1049/2001, debía sin embargo concederse el acceso a los escritos solicitados por la demandante, aunque
         su divulgación pudiera efectivamente causar un perjuicio a la protección de los procedimientos judiciales controvertidos,
         si tal divulgación revestía un interés público superior.
      
      94      Es necesario precisar que el Reglamento nº 1049/2001 no define el concepto de interés público superior. Asimismo, debe precisarse
         que, en cuanto a los intereses protegidos por la excepción analizada y a diferencia de los intereses protegidos por las excepciones
         establecidas en el artículo 4, apartado 1, de este Reglamento, para los cuales el propio legislador procedió a una ponderación
         de los intereses, incumbe a la institución afectada ponderar el interés público en la divulgación y el interés en denegar
         tal divulgación, a la luz, en su caso, de las alegaciones formuladas al respecto por el solicitante.
      
      95      En el caso de autos, la demandante se ha limitado a alegar que el derecho del público a ser informado de cuestiones importantes
         de Derecho comunitario, como las relativas a la competencia, y de cuestiones que revisten un indudable interés político, como
         las suscitadas en los recursos por incumplimiento, prevalece sobre la protección de los procedimientos judiciales. La Comisión,
         por su parte, sostiene que el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento nº 1049/2001 es una excepción a una excepción, por lo que su aplicación sistemática, como expresión del principio
         de transparencia, privaría de todo efecto útil a la excepción relativa a la protección de los procedimientos judiciales. A
         falta de argumentos específicos de la demandante que demuestren que existe una necesidad imperiosa de informar al público
         de las cuestiones antes mencionadas, la Comisión consideró en la Decisión impugnada que se salvaguarda al máximo el interés
         público cuando se protege el buen desarrollo de los procedimientos judiciales controvertidos.
      
      96      Procede señalar que es cierto que la libertad de prensa desempeña un papel esencial en una sociedad democrática. En efecto,
         incumbe a la prensa informar de todas las cuestiones de interés general, incluida la redacción de informes y comentarios sobre
         los procedimientos judiciales, lo que contribuye a darlos a conocer y que es perfectamente compatible con el requisito, recordado
         en el apartado 90 supra, de que la vista sea pública. También es cierto que el derecho del público a recibir esta información constituye la expresión
         del principio de transparencia, aplicado por el conjunto de disposiciones del Reglamento nº 1049/2001, como resulta del segundo
         considerando de dicho Reglamento, según el cual la transparencia permite garantizar una mayor participación de los ciudadanos
         en el proceso de toma de decisiones, así como una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de la administración respecto
         a ellos, y contribuye a reforzar el principio de democracia. 
      
      97      El interés público superior, contemplado en el artículo 4, apartado 2, in fine, del Reglamento nº 1049/2001, susceptible de justificar la divulgación de un documento que suponga un perjuicio para la protección
         de los procedimientos judiciales, debe en principio ser distinto de los principios antes mencionados que sirven de base para
         este Reglamento. Ahora bien, el hecho de que quien solicita acceso a ciertos documentos no invoque, como en el caso de autos,
         ningún interés público distinto de estos principios no implica automáticamente que no sea necesario ponderar los intereses
         en conflicto. En efecto, la invocación de estos mismos principios puede presentar, a la luz de las circunstancias particulares
         del caso, tal gravedad que supere la necesidad de proteger los documentos litigiosos.
      
      98      Pues bien, éste no es el caso en el presente asunto. En efecto, por una parte, procede observar que la posibilidad del público
         de recibir información sobre los asuntos pendientes viene garantizada por el hecho de que, de conformidad con el artículo
         16, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el artículo 24, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento
         del Tribunal de Primera Instancia, cada recurso es objeto, desde su presentación, de una comunicación en el Diario Oficial,
         que también se difunde por Internet en el sitio Eur‑Lex y en el sitio del Tribunal de Justicia, en la que se mencionan, entre
         otros, la cuestión objeto del litigio y las pretensiones de la demanda, así como los motivos y las principales alegaciones
         invocados. Además, el informe para la vista, que contiene un resumen de las alegaciones de las partes, se publica el día de
         la vista, en la que, por cierto, se discuten públicamente las alegaciones de las partes.
      
      99      Por otra parte, procede recordar que la aplicación de la excepción analizada, relativa a la protección de los procedimientos
         judiciales, tiene por finalidad evitar cualquier influencia externa sobre el buen desarrollo de los mismos. Pues bien, como
         resulta de las observaciones anteriores, el interés en proteger tal objetivo se impone con independencia del contenido de
         los escritos solicitados por la demandante, ya que se trata de un interés cuya protección resulta necesaria para el buen funcionamiento
         de la justicia.
      
      100    Por consiguiente, procede concluir que la Comisión consideró acertadamente que el interés en garantizar la protección de los
         procedimientos judiciales controvertidos prevalecía sobre el posible interés general en la divulgación, invocado por la demandante.
         Por otra parte, es preciso subrayar que tal restricción no es absoluta, en la medida en que afecta a la totalidad de los escritos
         a los cuales se denegó el acceso únicamente hasta la fecha de la vista.
      
      101    En consecuencia, la Comisión no incurrió en un error manifiesto de apreciación al considerar que el interés invocado por la
         demandante no podía justificar la divulgación de los escritos controvertidos.
      
      102    De todo lo anterior resulta que procede desestimar el recurso de anulación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a
         la denegación de acceso a los escritos relativos a los asuntos Honeywell/Comisión, T‑209/01, General Electric/Comisión, T‑210/01,
         y Comisión/Austria, C‑203/03.
      
      –        Sobre la denegación de acceso a los escritos relativos al asunto T‑342/99
      103    En cuanto a la denegación de acceso a los escritos presentados en el asunto Airtours/Comisión, T‑342/99, concluido mediante
         sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de junio de 2002, esto es, aproximadamente año y medio antes de la adopción
         de la Decisión impugnada, la Comisión afirmó en esta Decisión que la exigencia de proteger los procedimientos judiciales seguía
         existiendo ya que después de dicha sentencia se había interpuesto contra ella un recurso de indemnización (asunto MyTravel/Comisión,
         T‑212/03). La Comisión señaló que este último asunto, aún pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia, presentaba vínculos
         estrechos con el procedimiento concluido mediante la referida sentencia, en el sentido de que las alegaciones que había formulado
         para defender la legalidad de la decisión que dicha sentencia del Tribunal de Primera Instancia había anulado también serían
         discutidas en el marco del procedimiento pendiente. 
      
      104    Por otra parte, procede señalar que la Comisión presentó su escrito de contestación en el asunto MyTravel/Comisión, T‑212/03,
         el 28 de febrero de 2004, mientras que la Decisión impugnada fue adoptada el 20 de noviembre de 2003. Como la propia Comisión
         ha precisado en la vista, cuando adoptó la Decisión impugnada todavía no había decidido qué alegaciones, de entre las expuestas
         en los escritos presentados en el asunto ya concluido, formularía también en el asunto pendiente. Por consiguiente, la denegación
         total de acceso a estos escritos se debe a la voluntad de la Comisión de tener la posibilidad de elegir las alegaciones que
         iba a utilizar para defender su postura en el asunto pendiente.
      
      105    Pues bien, está claro que tal justificación no puede demostrar que la denegación de acceso a los escritos controvertidos se
         hallaba amparada por la excepción analizada, en el sentido de que estos escritos tenían que ser protegidos en su integridad
         porque su divulgación habría supuesto un perjuicio para el procedimiento pendiente que guarda relación con el procedimiento
         al que dichos escritos se refieren.
      
      106    En primer lugar, procede subrayar que los escritos a los que la demandante solicitó acceder se refieren a un asunto concluido
         mediante sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, su contenido no solamente se ha hecho público en forma
         de resumen a través del informe para la vista redactado por el Tribunal de Primera Instancia y ha sido debatido en una vista
         pública, sino que también ha sido reproducido en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, al tratarse
         de alegaciones que ya son de dominio público, al menos en forma de resumen, la necesidad invocada por la Comisión de denegar
         el acceso a la totalidad de los escritos solicitados, solamente porque las alegaciones que contienen serán discutidas en un
         asunto distinto aún pendiente, puede vaciar de contenido el principio general de dar al público el mayor acceso posible a
         los documentos poseídos por las instituciones. En efecto, tal enfoque produce una clara inversión de la norma establecida
         en el Reglamento nº 1049/2001, consistente en el derecho de acceso, y las excepciones a este derecho, que según la jurisprudencia
         mencionada en el apartado 53 supra deben ser interpretadas y aplicadas de forma restrictiva.
      
      107    En segundo lugar, procede observar que no es excepcional que la institución afectada emplee una misma argumentación en asuntos
         que afectan a las mismas partes, pero que tienen un objeto distinto, o que se refieren a partes diferentes, pero que versan
         sobre el mismo objeto. La mera circunstancia de que las alegaciones ya formuladas ante el juez en un asunto concluido puedan
         ser discutidas también en un asunto similar o en el marco de un recurso de indemnización interpuesto por la misma parte que
         ha ganado su recurso de anulación no demuestra en absoluto que exista un riesgo de perjuicio para el desarrollo del procedimiento
         aún pendiente.
      
      108    De ser admitidos los motivos invocados por la Comisión para justificar la denegación de acceso a los escritos relativos al
         asunto Airtours/Comisión, T‑342/99, estos motivos podrían emplearse también en todos los supuestos en que la argumentación
         de los escritos relativos a un asunto concluido pueda ser alegada igualmente en un asunto pendiente.
      
      109    Por otra parte, como se ha señalado en el apartado 104 supra, la Comisión decidió en el caso de autos denegar el acceso al estimar que debía tener libertad para elegir de entre las alegaciones
         contenidas en dichos escritos las que también utilizaría en el asunto pendiente. Tal argumentación, que asimismo implica la
         imposibilidad de considerar un acceso parcial, en contra de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento nº 1049/2001,
         confirma que la Comisión no demostró que la divulgación del contenido de los escritos solicitados por la demandante perjudicaría
         el buen desarrollo del procedimiento MyTravel/Comisión, T‑212/03, aún pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia.
      
      110    Por consiguiente, la supuesta necesidad de proteger ciertas alegaciones que, en su caso, serán utilizadas en un procedimiento
         aún pendiente no puede ser motivo para denegar el acceso a los escritos relativos a un asunto ya concluido mediante una sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia si no existe una motivación específica que tenga por objeto demostrar que la divulgación
         de tales escritos perjudicaría el procedimiento judicial pendiente. Los temores expresados por la Comisión no pasan de meras
         afirmaciones y resultan, por tanto, excesivamente hipotéticos (véase, en este sentido, la sentencia VKI, citada en el apartado
         54 supra, apartado 84).
      
      111    De lo anterior resulta que la Comisión incurrió en un error de apreciación al denegar el acceso a los escritos relativos al
         asunto Airtours/Comisión, T‑342/99. Por consiguiente, procede estimar el recurso de anulación de la Decisión impugnada en
         lo que se refiere a esta denegación.
      
       Sobre la denegación de acceso a los documentos basada en la excepción regulada en el artículo 4, apartado 2, tercer guión,
            del Reglamento nº 1049/2001, relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación
       Alegaciones de las partes
      112    En opinión de la demandante, la Comisión no puede negarse a divulgar sus escritos, en virtud de la excepción relativa a la
         protección del objetivo de las actividades de investigación, alegando que estos escritos se han presentado en el marco de
         procedimientos por incumplimiento que todavía se hallan pendientes ante el Tribunal de Justicia o que, aunque hayan concluido
         mediante una sentencia dictada por dicho Tribunal, siguen estando pendientes ante la Comisión. La demandante señala que los
         recursos por incumplimiento revisten gran importancia política, de modo que el interés público en tener acceso a los documentos
         en esta materia es considerable y aumenta a medida que la investigación va avanzando.
      
      113    Según la demandante, debido a que la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación tiene
         un fuerte componente fáctico y se refiere principalmente a la supresión o alteración de las pruebas, el riesgo de que se cause
         un perjuicio al interés público en que las investigaciones sean protegidas disminuye a medida que van obteniéndose las pruebas.
         La demandante estima que, como el interés público en la divulgación va aumentando de modo constante y el interés público en
         la protección de las investigaciones va disminuyendo de modo constante, los documentos de las instituciones relativos a los
         recursos por incumplimiento deben divulgarse al menos parcialmente o en una versión no confidencial. Por consiguiente, alega
         que, en caso de denegar el acceso, la Comisión está obligada a aportar la prueba de que la divulgación supondría un serio
         perjuicio para el interés público afectado.
      
      114    Según la demandante, el momento a partir del cual el interés público en la divulgación prevalece sobre la protección de las
         investigaciones es el de la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia, dado que, en esa fase del asunto, los
         esfuerzos por llegar a una solución amistosa de la controversia han fracasado. La demandante alega que esta tesis es conforme
         con la sentencia Petrie y otros/Comisión, citada en el apartado 17 supra, en la que el Tribunal de Primera Instancia consideró que el público no podía tener acceso a los documentos redactados por
         la Comisión con anterioridad a la interposición del recurso por incumplimiento, en concreto, los escritos de requerimiento
         y los dictámenes motivados elaborados en el marco del procedimiento administrativo previo. Por otra parte, señala que procede
         observar que dicha sentencia se refiere al Código de conducta de 1993 y que el artículo 4, apartado 2, del Reglamento nº 1049/2001
         debe ser objeto de una interpretación más estricta en cuanto a las excepciones al derecho de acceso.
      
      115    La Comisión alega que el procedimiento por incumplimiento tiene por finalidad que el Derecho nacional sea conforme con el
         Derecho comunitario, y no la «persecución» de los Estados miembros. Sostiene que, mientras el Tribunal de Justicia no se haya
         pronunciado, es posible encontrar una solución amistosa, lo que requiere un diálogo protegido por la confidencialidad, tal
         como reconoció el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Petrie y otros/Comisión, citada en el apartado 17 supra (apartado 68). A este respecto, entiende que la argumentación de la demandante de que dicha sentencia se refiere únicamente
         al procedimiento administrativo previo, dado que los documentos solicitados en dicho asunto eran escritos de requerimiento
         y dictámenes motivados, carece de todo fundamento, ya que el Tribunal de Primera Instancia puso de relieve que la exigencia
         de confidencialidad perdura a la largo de todo el procedimiento por incumplimiento, hasta que se dicte sentencia (sentencia
         Petrie y otros/Comisión, citada en el apartado 17 supra, apartado 68).
      
      116    La Comisión añade, refiriéndose al anexo II del Vigésimo Informe sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario,
         que las estadísticas del año 2002 muestran que el diálogo que mantiene con los Estados miembros sobre las infracciones es
         eficaz, ya que indican que, de 361 recursos interpuestos ante el Tribunal de Justicia, hubo 69 desistimientos antes de que
         se dictara sentencia y 22 recursos fueron archivados antes de que se interpusiera un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia
         con arreglo al artículo 228 CE. Alega que, al tratarse por tanto de un diálogo que puede prolongarse, en su caso, hasta que
         el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre un recurso ulterior interpuesto al amparo del artículo 228 CE, la divulgación de
         sus alegaciones puede perjudicar el procedimiento de infracción, haciendo peligrar el clima de confianza entre la Comisión
         y los Estados miembros.
      
      117    La Comisión afirma que respondió con una negativa a la solicitud de obtener sus escritos procesales en el asunto Comisión/Austria,
         C‑203/03, aún pendiente, precisamente para no poner en peligro el objetivo de encontrar una solución amistosa a la controversia
         que le oponía a las autoridades austriacas. Sostiene que denegó el acceso a los escritos procesales de los asuntos Cielo abierto
         por razones similares, porque los Estados miembros afectados todavía no habían cumplido las sentencias del Tribunal de Justicia
         en las que se declaraba el incumplimiento y porque todavía se hallaban pendientes algunos procedimientos conexos contra otros
         Estados miembros.
      
      118    Por último, la Comisión alega que no existe un interés público superior que exija la divulgación de los escritos procesales
         en todos los procedimientos de infracción; de otro modo, la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades
         de investigación quedaría privada de todo efecto útil. Recuerda haber afirmado, en la declaración que hizo cuando se adoptó
         el Reglamento nº 1049/2001, que aceptaba que «los procedimientos de infracción no figuren expresamente entre las excepciones
         previstas en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, por considerar que la redacción actual del texto no [afectaba] a
         la práctica actual por lo que se refiere a la protección de la confidencialidad garantizada para el ejercicio de sus responsabilidades
         en materia de control del respeto del Derecho comunitario» (acta del Consejo, 6 de junio de 2001, doc. 9204/01 ADD 1, p. 3).
         Además, entiende que el interés público que debe protegerse reside en la posibilidad que la Comisión tiene de persuadir al
         Estado miembro de atenerse al Derecho comunitario, lo que requiere el mantenimiento de un clima de confianza entre la Comisión
         y los Estados miembros y la denegación de cualquier acceso a los documentos antes de que concluya el asunto.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      119    Procede recordar que la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades de investigación ya existía en
         el Código de conducta de 1993. Como se ha señalado en el apartado 62 supra con respecto a la protección de los procedimientos judiciales, las diferencias entre este Código y el Reglamento nº 1049/2001
         consisten, por una parte, en el hecho de que el Código preveía la posibilidad de denegar el acceso del público a todo documento
         cuya divulgación «[pudiera] suponer un perjuicio» a las actividades de investigación, mientras que el Reglamento nº 1049/2001
         se refiere al caso en que la divulgación «suponga un perjuicio» para estas actividades y, por otra parte, en el hecho de que
         el Código no establecía que un interés público superior pudiera primar sobre el interés en proteger el objetivo de las actividades
         de investigación. En cambio, al igual que el Código de conducta de 1993, el Reglamento nº 1049/2001 no contiene una definición
         de las actividades de investigación.
      
      120    Según la jurisprudencia relativa a esta excepción, elaborada mientras estaba vigente el Código de conducta de 1993, se consideraba
         que la Comisión aplicaba válidamente esta excepción para denegar el acceso a documentos relativos a investigaciones acerca
         de un posible incumplimiento del Derecho comunitario que pudieran dar lugar al inicio de un procedimiento regulado en el artículo
         226 CE (sentencias WWF UK/Comisión, citada en el apartado 67 supra, y Bavarian Lager/Comisión, citada en el apartado 53 supra) o que efectivamente hubieran conducido a la apertura de tal procedimiento (sentencia Petrie y otros/Comisión, citada en el
         apartado 17 supra). En tales supuestos, se consideraba que la denegación de acceso estaba justificada porque los Estados miembros tienen derecho
         a confiar en que la Comisión mantenga la confidencialidad de las investigaciones que puedan eventualmente dar lugar a un procedimiento
         por incumplimiento, incluso después de que haya transcurrido cierto período de tiempo tras la conclusión de las investigaciones
         (sentencia WWF UK/Comisión, citada en el apartado 67 supra, apartado 63) e incluso después de que se haya sometido el asunto al Tribunal de Justicia (sentencia Petrie y otros/Comisión,
         citada en el apartado 17 supra, apartado 68).
      
      121    Así, de la jurisprudencia resulta que el buen desarrollo del procedimiento por incumplimiento podría verse perjudicado si
         durante las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro afectado se divulgaran documentos relativos a la fase de investigación,
         ya que la finalidad de dicho procedimiento, esto es, permitir al Estado miembro cumplir voluntariamente las exigencias del
         Tratado o, en su caso, darle la oportunidad de justificar su posición (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre
         de 1998, Comisión/Alemania, C‑191/95, Rec. p. I‑5449, apartado 44) podría ser puesta en peligro (sentencia Bavarian Lager/Comisión,
         citada en el apartado 53 supra, apartado 46). Como también ha precisado el Tribunal de Primera Instancia en el marco de la aplicación del Código de conducta
         de 1993, dicha exigencia de confidencialidad perdura incluso tras la interposición del recurso ante el Tribunal de Justicia,
         debido a que no puede descartarse que las negociaciones entre la Comisión y el Estado miembro correspondiente, encaminadas
         a que éste se atenga voluntariamente a las exigencias del Tratado, puedan seguir durante el procedimiento judicial y hasta
         el pronunciamiento de la sentencia. Preservar este objetivo, a saber, la solución amistosa de la controversia entre la Comisión
         y el Estado miembro correspondiente antes de la sentencia del Tribunal de Justicia, justifica por tanto la denegación de acceso
         a documentos redactados en el marco del procedimiento del artículo 226 CE (sentencia Petrie y otros/Comisión, citada en el
         apartado 17 supra, apartado 68).
      
      122    En cuanto a la cuestión de si tal justificación es aplicable al conjunto de escritos presentados por la Comisión en el marco
         de recursos por incumplimiento pendientes ante el Tribunal de Justicia, con independencia del contenido de cada documento
         solicitado, procede recordar, como resulta de las observaciones hechas en el apartado 73 supra, que está permitido no realizar un examen concreto del contenido de cada documento solicitado si los documentos de que se
         trata están claramente amparados en su integridad por una excepción al derecho de acceso.
      
      123    Éste es el caso cuando los escritos solicitados contienen el mismo tipo de información y cuando el Estado miembro afectado
         niega el incumplimiento al que hacen referencia. En efecto, en la medida en que la posibilidad de llegar a una solución amistosa
         de la controversia entre la Comisión y el Estado miembro afectado constituye un objetivo esencial de las actividades de investigación
         de la Comisión relativas a los incumplimientos de los Estados miembros de las obligaciones que para ellos derivan del Derecho
         comunitario, es preciso constatar que la exigencia de guardar la confidencialidad de los escritos procesales, necesaria para
         alcanzar tal objetivo, debe mantenerse hasta el momento en que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la posible existencia
         del incumplimiento de que se trate, momento en que concluye el procedimiento en cuanto a las consecuencias que puedan derivarse
         de la investigación efectuada por la Comisión. Además, dado que en estos documentos se hacen constar los resultados de la
         investigación realizada para demostrar la existencia del incumplimiento impugnado, tales documentos deben estar amparados
         en su integridad por dicha excepción.
      
      124    En el caso de autos, la Comisión se negó a conceder a la demandante el acceso, por una parte, a sus escritos relativos a un
         recurso por incumplimiento que todavía se hallaba pendiente en el momento de la adopción de la Decisión impugnada (asunto
         Comisión/Austria, C‑203/03), de modo que esta denegación también estaba basada en la excepción relativa a la protección de
         los procedimientos judiciales, y, por otra parte, a sus escritos relativos a ocho recursos por incumplimiento similares (asuntos
         Cielo abierto), sobre los cuales, en el momento en que se adoptó la Decisión impugnada, el Tribunal de Justicia ya se había
         pronunciado mediante sus sentencias de 5 de noviembre de 2002, pero que los Estados miembros afectados todavía no habían cumplido.
      
      125    Dado que la denegación de acceso a los escritos relativos al asunto Comisión/Austria, C‑203/03, está amparada por la excepción
         relativa a la protección de los procedimientos judiciales, como resulta del apartado 102 supra, no procede examinar si también podía estar basada en la excepción relativa a la protección del objetivo de las actividades
         de investigación. Por consiguiente, la aplicación de esta excepción debe analizarse únicamente con respecto a la denegación
         de acceso a los escritos relativos a los asuntos Cielo abierto.
      
      126    Es preciso observar que, en la medida en que en todos estos escritos se hacen constar los resultados de las investigaciones
         realizadas por la Comisión para probar la existencia de una infracción del Derecho comunitario, tales escritos guardan una
         estrecha relación con el inicio de los procedimientos por incumplimiento en el marco de los cuales fueron presentados y hacen,
         pues, referencia a actividades de investigación en el sentido del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
      
      127    Sin embargo, dado que toda excepción al derecho de acceso debe interpretarse y aplicarse en sentido estricto, como se ha recordado
         en el apartado 53 supra, el hecho de que los documentos solicitados afecten a un interés protegido no puede por sí solo justificar la aplicación de
         la excepción invocada, de modo que la Comisión debe demostrar que su divulgación podía efectivamente suponer un perjuicio
         para la protección del objetivo de sus actividades de investigación relativas a los incumplimientos controvertidos.
      
      128    Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Primera Instancia comprobar si la Comisión incurrió en un error de apreciación
         al considerar que la negativa a divulgar los escritos que había presentado en los recursos por incumplimiento analizados estaba
         amparada por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001.
      
      129    En la Decisión impugnada, la Comisión afirmó que no podía autorizar el acceso a tales escritos porque, si bien los asuntos
         correspondientes habían concluido mediante las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, éstas todavía no habían sido
         cumplidas por los Estados miembros afectados, de modo que estos asuntos todavía se hallaban pendientes ante la Comisión. Según
         dicha institución, las negociaciones en curso con estos Estados miembros destinadas a lograr que se atuvieran voluntariamente
         a las exigencias del Derecho comunitario peligrarían si se divulgaran los escritos solicitados por la demandante. Por consiguiente,
         la Comisión entiende que el objetivo de la protección de sus actividades de investigación perdura mientras estos Estados no
         cumplan las sentencias del Tribunal de Justicia. Por otra parte, la Comisión ha señalado en su escrito de contestación que
         ha interpuesto contra otros Estados miembros una serie de recursos, conexos con los asuntos Cielo abierto por tener el mismo
         objeto, que todavía se hallan pendientes ante el Tribunal de Justicia.
      
      130    La demandante rebate la postura de la Comisión alegando, por una parte, que la sentencia Petrie y otros/Comisión, citada en
         el apartado 17 supra, carece de pertinencia en el caso de autos, ya que dicha sentencia hacía referencia a documentos redactados antes de que se
         interpusiera el recurso ante el Tribunal de Justicia y, por otra parte, que la interposición del recurso ante el Tribunal
         de Justicia implica que los esfuerzos por llegar a una solución amistosa han fracasado. Añade que en la referida sentencia
         se trata de la aplicación del Código de conducta de 1993 y que el Reglamento nº 1049/2001 debe ser objeto de una interpretación
         más estricta en cuanto a las excepciones al derecho de acceso.
      
      131    En primer lugar, procede señalar que de la sentencia Petrie y otros/Comisión, citada en el apartado 17 supra, no puede deducirse que sólo quepa denegar el acceso del público a los documentos redactados con anterioridad a la interposición
         de un recurso ante el Tribunal de Justicia. En efecto, los documentos como los escritos de requerimiento y los dictámenes
         motivados tienen por objeto delimitar el objeto del litigio, lo que implica que estos documentos y el recurso deben necesariamente
         basarse en los mismos motivos y alegaciones (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1988, Comisión/Bélgica,
         298/86, Rec. p. 4343, apartado 10, y de 1 de febrero de 2005, Comisión/Austria, C‑203/03, Rec. p. I‑935, apartado 28). Como
         indicó la Comisión en la Decisión impugnada, las pruebas y las alegaciones contenidas en los escritos son, por lo tanto, idénticas
         a las contenidas en los documentos relativos a la fase administrativa previa, de modo que la distinción hecha por la demandante
         carece de todo fundamento. 
      
      132    En segundo lugar, si bien es cierto que el objetivo de alcanzar una solución amistosa constituye la razón de ser de la fase
         administrativa previa, no lo es menos que, como demuestran las estadísticas aportadas por la Comisión, tal resultado a menudo
         sólo se obtiene después de haber interpuesto el recurso ante el Tribunal de Justicia. Por consiguiente, sería contrario a
         la finalidad del procedimiento por incumplimiento, consistente en que el Estado miembro interesado se atenga al Derecho comunitario,
         excluir la posibilidad de conseguir tal resultado con posterioridad a la interposición del recurso. Por otra parte, el Tribunal
         de Primera Instancia se ha pronunciado en el mismo sentido, al afirmar que la exigencia de confidencialidad perdura incluso
         tras la interposición de un recurso ante el Tribunal de Justicia, debido a que no puede excluirse que las negociaciones entre
         la Comisión y el Estado miembro correspondiente, encaminadas a que éste se atenga voluntariamente a las exigencias del Tratado,
         puedan seguir durante el procedimiento judicial y hasta el pronunciamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia (sentencia
         Petrie y otros/Comisión, citada en el apartado 17 supra, apartado 68).
      
      133    Tal conclusión no puede ser desvirtuada por la alegación de la demandante según la cual la razón de ser de la excepción analizada
         es evitar la alteración de las pruebas y tal riesgo queda muy reducido después de que la Comisión haya interpuesto el recurso
         ante el Tribunal de Justicia. En efecto, como se desprende de los términos de dicha excepción, ésta no tiene por objeto proteger
         las actividades de investigación como tales, sino el objetivo de estas actividades, que, como resulta de la jurisprudencia
         citada en los apartados 120 y 121 supra, en un procedimiento por incumplimiento consiste en conseguir que el Estado miembro afectado se ajuste al Derecho comunitario.
         Por este motivo, los diferentes actos de investigación pueden seguir amparados por la excepción analizada en tanto no se haya
         alcanzado este objetivo, incluso si la investigación o la inspección particular que dio lugar al documento al que se solicita
         el acceso ha terminado (sentencia Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 110, y, por analogía, en cuanto a la aplicación del Código de conducta de 1993, sentencia del Tribunal de Primera
         Instancia de 13 de septiembre de 2000, Denkavit Nederland/Comisión, T‑20/99, Rec. p. II‑3011, apartado 48).
      
      134    En el caso de autos, en la fecha en que se adoptó la Decisión impugnada, hacía aproximadamente un año que el Tribunal de Justicia
         ya había dictado las sentencias en las que declaraba que se habían cometido las infracciones que la Comisión imputaba a los
         Estados miembros afectados. Por consiguiente, no puede negarse que en dicha fecha no se estaba llevando a cabo ninguna actividad
         de investigación encaminada a probar la existencia de los incumplimientos correspondientes y que podría haber peligrado por
         la divulgación de los documentos solicitados.
      
      135    Sin embargo, procede verificar si, como pretende la Comisión, cabe considerar que los documentos relacionados con actividades
         de investigación están amparados por la excepción establecida en el artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001,
         cuando las actividades en cuestión han terminado y han dado lugar, no sólo a la interposición de recursos ante el Tribunal
         de Justicia, sino también al pronunciamiento de sentencias por dicho órgano jurisdiccional. Se trata, pues, de determinar
         si el objetivo de llegar a una solución amistosa, invocado por la Comisión para justificar la denegación de acceso, puede
         perdurar después de que se hayan dictado las sentencias en las que se declara la existencia de los incumplimientos respecto
         a los cuales la Comisión efectuó las actividades de investigación.
      
      136    A este respecto, procede observar que, una vez dictada una sentencia en la que se declara un incumplimiento, el Estado miembro
         afectado está obligado, en virtud del artículo 228 CE, apartado 1, a adoptar todas las medidas necesarias para su ejecución.
         Si bien el artículo 228 CE no precisa el plazo en el que debe ejecutarse una sentencia, es jurisprudencia reiterada que la
         importancia atribuida a la aplicación inmediata y uniforme del Derecho comunitario exige que esa ejecución se inicie inmediatamente
         y concluya en el plazo más breve posible (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de julio de 2000, Comisión/Grecia, C‑387/97,
         Rec. p. I‑5047, apartados 81 y 82, y de 25 de noviembre de 2003, Comisión/España, C‑278/01, Rec. p. I‑14141, apartados 26
         y 27). Desde el momento en que el Tribunal de Justicia declara que un Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le
         incumben en virtud del Tratado, este Estado está obligado a adoptar las medidas necesarias para ajustarse a esta sentencia,
         sin que tal resultado pueda depender del resultado de las negociaciones en curso con la Comisión.
      
      137    Es cierto que no cabe descartar que el Estado miembro afectado persista en su incumplimiento, también en lo que se refiere
         a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia, lo que puede llevar a la Comisión a iniciar, con arreglo al artículo
         228 CE, apartado 2, un nuevo procedimiento por incumplimiento. Sin embargo, en esa situación, la Comisión debe llevar a cabo
         una nueva investigación que implica un nuevo procedimiento administrativo previo y que, en su caso, dará lugar a la interposición
         de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia. Por consiguiente, las actividades de investigación que conducen a la interposición
         de un recurso basado en el artículo 228 CE son nuevas con respecto a las que llevaron a la interposición del recurso basado
         en el artículo 226 CE, ya que tienen por objeto demostrar que el incumplimiento declarado en la sentencia del Tribunal de
         Justicia persiste después del pronunciamiento de dicha sentencia.
      
      138    Por otra parte, procede recordar que el artículo 228 CE, apartado 2, al referirse a la no ejecución de una sentencia del Tribunal
         de Justicia, prevé instrumentos que tienen por objeto específico inducir al Estado miembro infractor a ejecutar la sentencia
         dictada en un procedimiento por incumplimiento y, por ende, garantizar la aplicación efectiva del Derecho comunitario por
         dicho Estado. Las medidas previstas en esta disposición, la suma a tanto alzado y la multa coercitiva, tienen ambas este mismo
         objeto, que consiste pues en ejercer sobre el Estado infractor una presión económica que le induzca a poner fin al incumplimiento
         declarado (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de julio de 2005, Comisión/Francia, C‑304/02, Rec. p. I‑6263, apartados
         80 y 91, y de 14 de marzo de 2006, Comisión/Francia, C‑177/04, Rec. p. I‑2461, apartados 59 y 60).
      
      139    Por último, admitir que los diferentes documentos relacionados con las actividades de investigación están amparados por la
         excepción del artículo 4, apartado 2, tercer guión, del Reglamento nº 1049/2001 hasta que se hayan tomado todas las medidas
         que deban adoptarse a raíz de dichos procedimientos, incluso si una nueva investigación que eventualmente dé lugar a la interposición
         de un recurso basado en el artículo 228 CE, apartado 2, resulta necesaria, equivaldría a supeditar el acceso a los citados
         documentos a acontecimientos aleatorios, en concreto, el incumplimiento por el Estado miembro afectado de la sentencia del
         Tribunal de Justicia en la que se declara el incumplimiento y la interposición de un recurso en virtud del artículo 228 CE,
         apartado 2, que depende de la facultad discrecional de la Comisión. En cualquier caso, se trataría de acontecimientos futuros
         e inciertos, dependientes de la celeridad y de la diligencia de las diferentes autoridades involucradas. 
      
      140    Esta solución sería contraria al objetivo consistente en garantizar al público el mayor acceso posible a los documentos de
         las instituciones, con el fin de brindar a los ciudadanos la posibilidad de controlar de una manera más eficaz la legalidad
         del ejercicio del poder público (véase, en este sentido, la sentencia Franchet y Byk/Comisión, citada en el apartado 53 supra, apartado 112; véanse, además, por analogía, en lo que se refiere a la aplicación del Código de conducta de 1993, las sentencias
         Interporc II, citada en el apartado 15 supra, apartado 39, y JT’s Corporation/Comisión, citada en el apartado 56 supra, apartado 50).
      
      141    En lo que se refiere a la circunstancia invocada en el escrito de contestación de que determinados asuntos que tienen el mismo
         objeto que los asuntos Cielo abierto todavía se hallan pendientes ante el Tribunal de Justicia, basta con señalar, por una
         parte, que la Comisión no ha explicado en modo alguno de qué manera la posibilidad de llegar a una solución amistosa con los
         Estados miembros afectados por estos asuntos se vería comprometida por la divulgación de escritos que dicha institución presentó
         en el marco de los procedimientos entablados contra otros Estados miembros y que ya han concluido mediante sentencias del
         Tribunal de Justicia. Por otra parte, como se ha subrayado en los apartados 106 y 107 supra, el mero vínculo entre dos o varios asuntos, con las mismas partes o el mismo objeto, no puede por sí solo justificar una denegación
         de acceso, a no ser que se efectúe una inversión manifiesta entre el principio de libre acceso a los documentos de las instituciones
         y las excepciones a dicho principio establecidas en el Reglamento nº 1049/2001.
      
      142    De las consideraciones anteriores resulta que la Comisión incurrió en un error de apreciación al denegar el acceso a los documentos
         referentes a los asuntos Cielo abierto. Por consiguiente, procede estimar el recurso de anulación de la Decisión impugnada
         en lo que se refiere a dicha denegación.
      
       Costas
      143    A tenor del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá
         repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando sean desestimadas respectivamente una o varias
         de las pretensiones de las partes. En el caso de autos, por haber sido desestimadas algunas de las pretensiones de cada parte,
         procede decidir que cada parte cargue con sus propias costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Gran Sala)
      decide:
      1)      Anular la Decisión de la Comisión de 20 de noviembre de 2003 en la medida en que deniega el acceso a los escritos presentados
            por la Comisión ante el Tribunal de Justicia en el marco de los asuntos Comisión/Reino Unido, C‑466/98; Comisión/Dinamarca,
            C‑467/98; Comisión/Suecia, C‑468/98; Comisión/Finlandia, C‑469/98; Comisión/Bélgica, C‑471/98; Comisión/Luxemburgo, C‑472/98;
            Comisión/Austria, C‑475/98, y Comisión/Alemania, C‑476/98, y ante el Tribunal de Primera Instancia en el marco del asunto
            Airtours/Comisión, T‑342/99.
      2)      Desestimar el recurso en todo lo demás.
      3)      Cada parte cargará con sus propias costas.
      
               Vesterdorf 
            
            
                Jaeger 
            
            
                Pirrung
            
         
               Vilaras 
            
            
                Legal 
            
            
                Martins Ribeiro
            
         
               Cremona 
            
            
                Pelikánová
            
            
                Šváby
            
         
               Jürimäe
            
             
            
                      Wahl
            
         
               Prek
            
             
            
                     Ciucă 
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de septiembre de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     B. Vesterdorf
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.