CELEX: 62007CJ0127
Language: es
Date: 2008-12-16
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008.#Société Arcelor Atlantique et Lorraine y otros contra Premier ministre, Ministre de l’Écologie et du Développement durable y Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.#Petición de decisión prejudicial: Conseil d'État - Francia.#Medio ambiente - Prevención y control integrados de la contaminación - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Directiva 2003/87/CE - Ámbito de aplicación - Inclusión de las instalaciones del sector siderúrgico - Exclusión de las instalaciones de los sectores químico y de los metales no férreos - Principio de igualdad de trato.#Asunto C-127/07.

Asunto C‑127/07
      Société Arcelor Atlantique et Lorraine y otros
      contra
      Premier ministre y otros
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia)]
      «Medio ambiente — Prevención y control integrados de la contaminación — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Directiva 2003/87/CE — Ámbito de aplicación — Inclusión de las instalaciones del sector siderúrgico — Exclusión de las instalaciones de los sectores químico y de los metales no férreos — Principio de igualdad de trato»
      Sumario de la sentencia
      1.        Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Diferencia de trato objetivamente justificada — Criterios de apreciación
      2.        Medio ambiente — Elaboración de la política comunitaria — Facultad de apreciación del legislador comunitario — Alcance — Límites
      3.        Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases
            de efecto invernadero — Ámbito de aplicación
      (Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2004/101/CE)
      1.        Una diferencia de trato está justificada cuando se basa en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando está en relación
         con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en cuestión, y esta diferencia es proporcionada al objetivo
         perseguido por dicho trato.
      
      En lo que atañe a un acto legislativo comunitario, corresponde al legislador comunitario acreditar la existencia de criterios
         objetivos expuestos como justificación y aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que éste pueda verificar
         la existencia de dichos criterios.
      
      (véanse los apartados 47 y 48)
      2.        El legislador comunitario, en el ejercicio de las competencias que se le confieren, dispone una amplia facultad de apreciación
         cuando su acción implica tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y cuando debe realizar apreciaciones
         y evaluaciones complejas. Además, cuando ha de reestructurar o crear un sistema complejo, puede recurrir a un enfoque por
         etapas y proceder, en particular, en función de la experiencia adquirida.
      
      En el ejercicio de su facultad de apreciación en materia de medio ambiente, el legislador comunitario, además del objetivo
         principal de protección del medio ambiente, debe tener plenamente en cuenta los intereses que concurran. En lo que atañe al
         examen de los imperativos relacionados con las distintas medidas posibles, procede estimar que, si bien la importancia de
         los objetivos perseguidos puede justificar consecuencias económicas negativas para determinados operadores, aunque éstas sean
         considerables, el ejercicio de la facultad de apreciación del legislador comunitario no ha de producir resultados manifiestamente
         menos adecuados que los derivados de otras medidas igualmente apropiadas para estos objetivos.
      
      (véanse los apartados 57 y 59)
      3.        El examen de la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
         efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61, en su versión modificada por la Directiva
         2004/101, en relación con el principio de igualdad de trato, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar
         a su validez en la medida en que dispone la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
         al sector siderúrgico, sin incluir en su ámbito de aplicación los sectores químico y de los metales no férreos.
      
      En efecto, por un lado, el régimen de comercio de derechos de emisión introducido por la Directiva 2003/87 es un régimen nuevo
         y complejo cuyos establecimiento y funcionamiento podrían haberse visto perturbados por la implicación de un número de participantes
         demasiado elevado y, por otro lado, la delimitación inicial del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 obedeció al objetivo
         de alcanzar una masa crítica de participantes necesaria para la instauración de este régimen.
      
      Habida cuenta de la novedad y la complejidad de dicho régimen, la delimitación inicial del ámbito de aplicación de la Directiva
         2003/87 y el enfoque progresivo adoptado, que se basa en particular en la experiencia adquirida durante la primera fase de
         su aplicación, con objeto de no perturbar la implantación de este régimen, entraban dentro del margen de apreciación de que
         disponía el legislador comunitario.
      
      (véanse los apartados 60, 61 y 74 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
      de 16 de diciembre de 2008 (*)
      
      «Medio ambiente – Prevención y control integrados de la contaminación – Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Directiva 2003/87/CE – Ámbito de aplicación – Inclusión de las instalaciones del sector siderúrgico – Exclusión de las instalaciones de los sectores químico y de los metales no férreos – Principio de igualdad de trato»
      En el asunto C‑127/07,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Conseil d'État
         (Francia), mediante resolución de 8 de febrero de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo de 2007, en el procedimiento
         entre
      
      Société Arcelor Atlantique et Lorraine y otros
      contra
      Premier ministre,
      Ministre de l’Écologie et du Développement durable,
      Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
      integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič, A. Ó Caoimh
         y T. von Danwitz (Ponente), Presidentes de Sala, y los Sres. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus y E. Levits,
         Jueces;
      
      Abogado General: Sr. M. Poiares Maduro;
      Secretario: Sr. M.-A. Gaudissart, jefe de unidad;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de marzo de 2008;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de la Société Arcelor Atlantique y Lorraine y otros, por el Sr. W. Deselaers, Rechtsanwalt, y Me P. Lignières, avocat;
      
      –        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y L. Butel y la Sra. S. Gasri, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Parlamento Europeo, por el Sr. L. Visaggio y la Sra. I. Anagnostopoulou, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Consejo de la Unión Europea, por las Sras. P. Plaza García, K. Michoel y E. Karlsson, en calidad de agentes;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J.-B. Laignelot y U. Wölker, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 21 de mayo de 2008;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la validez de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
         de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero
         en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo (DO L 275, p. 32), en su versión modificada por
         la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004 (DO L 338, p. 18) (en lo sucesivo,
         «Directiva 2003/87».
      
      2        El Conseil d’État presentó dicha petición en el marco de un litigio entre la Société Arcelor Atlantique et Lorraine y otros,
         por un lado, y el Premier ministre, el ministre de l’Écologie et du Développement durable y el ministre de l’Économie, des
         Finances et de l’industrie, por otro, en relación con la aplicación de la Directiva 2003/87 en el ordenamiento jurídico francés.
      
       Marco jurídico
       Derecho internacional
      3        El 9 de mayo de 1992 se adoptó en Nueva York la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo,
         «Convención Marco»), cuyo objetivo último es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
         en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. El 11 de diciembre de
         1997, las partes en la Convención Marco adoptaron, con arreglo a esta última, el Protocolo de Kyoto de la Convención de las
         Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Protocolo de Kioto»), que entró en vigor el 16 de febrero de 2005.
      
      4        El objetivo de este Protocolo consiste en reducir el total de las emisiones de seis gases de efecto invernadero, entre ellos
         el dióxido de carbono (en lo sucesivo, «CO2»), en al menos un 5 % respecto al nivel de emisiones del año 1990 en el período comprendido entre el año 2008 y el 2012.
         Las partes incluidas en el anexo I de la Convención Marco se comprometen a que sus emisiones de gases de efecto invernadero
         no excedan de un porcentaje que les atribuye el Protocolo de Kioto, si bien dichas partes pueden cumplir sus obligaciones
         de manera conjunta. El compromiso global adquirido por la Comunidad Europea y sus Estados miembros en virtud del Protocolo
         de Kioto consiste en una reducción total de las emisiones de gases de efecto invernadero de un 8 % respecto al nivel de emisiones
         del año 1990 durante el mencionado período de compromiso.
      
       Normativa comunitaria
      5        El Consejo de la Unión Europea aprobó en nombre de la Comunidad Europea, por un lado, la Convención Marco mediante la Decisión
         94/69/CE, de 15 de diciembre de 1993, relativa a la celebración de la Convención marco sobre el cambio climático (DO 1994,
         L 33, p. 11), y, por otro lado, el Protocolo de Kioto mediante la Decisión 2002/358/CE, de 25 de abril de 2002, relativa a
         la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
         el Cambio Climático y al cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo (DO L 130, p. 1). En virtud
         del artículo 2, apartado 1, de esta última Decisión, la Comunidad y sus Estados miembros cumplirán de forma conjunta el compromiso
         global que les impone el Protocolo de Kioto.
      
      6        Considerando que la comercialización de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero constituirá una parte integrante
         fundamental, junto con otras medidas, de la estrategia comunitaria en la lucha contra el cambio climático, la Comisión de
         las Comunidades Europeas presentó, el 8 de marzo de 2000, el Libro Verde sobre el comercio de los derechos de emisión de gases
         de efecto invernadero en la Unión Europea [COM(2000) 87 final] (en lo sucesivo, «Libro Verde»).
      
      7        Sobre la base del artículo 175 CE, apartado 1, la Comisión presentó, el 23 de octubre de 2001, una propuesta de Directiva
         del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de
         efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo [COM(2001) 581 final; en lo
         sucesivo, «propuesta de Directiva»], que culminó en la adopción de la Directiva 2003/87.
      
      8        Según su quinto considerando, esta Directiva tiene por objetivo contribuir a que se cumplan los compromisos de reducir las
         emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero asumidos por la Comunidad Europea y sus Estados miembros en virtud
         del Protocolo de Kioto, de conformidad con la Decisión 2002/358, mediante un mercado europeo de derechos de emisión de gases
         de efecto invernadero (en lo sucesivo, «derechos de emisión») eficaz y con el menor perjuicio posible para el desarrollo económico
         y la situación del empleo.
      
      9        A tenor del vigesimotercer considerando de dicha Directiva, el comercio de derechos de emisión debe «formar parte de una serie
         completa y coherente de políticas y medidas de los Estados miembros y de la Comunidad». Tal como precisa su vigesimoquinto
         considerando, «las políticas y las medidas deben aplicarse tanto en los Estados miembros como en la Comunidad a todos los
         sectores económicos de la Unión Europea, y no sólo a los sectores industrial y energético, a fin de producir reducciones de
         emisiones sustanciales».
      
      10      El artículo 1 de la Directiva 2003/87 define su objeto del siguiente modo:
      
      «La presente Directiva establece un régimen para el comercio de derechos de emisión […] en el interior de la Comunidad […],
         a fin de fomentar reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente
         eficiente.»
      
      11      En virtud de su artículo 2, apartado 1, la Directiva 2003/87 se aplica a las emisiones generadas por las actividades a que
         se refiere su anexo I y a los seis gases de efecto invernadero que figuran en su anexo II, entre los que se encuentra el CO2. Dicho anexo I de la Directiva 2003/87 se refiere a diversas actividades desarrolladas en los sectores de la energía, de
         la producción y transformación de metales férreos y de las industrias minerales, así como en las instalaciones industriales
         destinadas a la fabricación de pasta de papel y en las instalaciones industriales destinadas a la fabricación de papel y cartón,
         en la medida en que emitan CO2.
      
      12      El artículo 4 de la Directiva 2003/87 dispone:
      
      «Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de enero de 2005, ninguna instalación lleve a cabo ninguna actividad
         enumerada en el anexo I que dé lugar a emisiones especificadas en relación con dicha actividad, salvo si su titular posee
         un permiso expedido por una autoridad competente de conformidad con el procedimiento contemplado en los artículos 5 y 6 […]»
      
      13      En virtud del artículo 6, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2003/87, la autoridad competente expedirá un permiso
         de emisión de gases de efecto invernadero para emitir dichos gases desde la totalidad o una parte de una instalación si considera
         que el titular es capaz de garantizar el seguimiento y la notificación de las emisiones de estos gases. A tenor del apartado
         2 del mismo artículo, en estos permisos constará, entre otros elementos, «la obligación de entregar, en los cuatro meses siguientes
         al final de cada año natural, derechos de emisión equivalentes a las emisiones totales de la instalación en dicho año, verificadas
         de conformidad con el artículo 15».
      
      14      La atribución de la cantidad total de permisos de emisión a los titulares de instalaciones a que se refiere la Directiva 2003/87
         se realiza, en virtud del artículo 9 de ésta, sobre la base de un plan nacional de asignación de derechos de emisión elaborado
         por los Estados miembros en función de los criterios enumerados en el anexo III de la Directiva.
      
      15      En virtud del artículo 10 de dicha Directiva, los Estados miembros están obligados a asignar gratuitamente al menos el 95 %
         de los derechos de emisión por un período de tres años a partir del 1 de enero de 2005 y al menos el 90 % de esos derechos
         para los cinco años siguientes. Conforme al artículo 12, apartado 1, de la misma Directiva, los derechos de emisión asignados
         son transferibles y pueden ser objeto de comercio entre personas en la Comunidad y, bajo ciertas condiciones, entre personas
         en la Comunidad y personas en terceros países.
      
      16      A tenor del artículo 16, apartado 3, de la Directiva 2003/87:
      
      «Los Estados miembros velarán por que cualquier titular que no entregue suficientes derechos de emisión a más tardar el 30
         de abril de cada año para cubrir sus emisiones del año anterior esté obligado a pagar una multa por exceso de emisiones. La
         multa por exceso de emisiones será de 100 euros por cada tonelada equivalente de [Co2] emitido por la instalación para la que el titular no haya entregado derechos de emisión. El pago de la multa por exceso
         de emisiones no eximirá al titular de la obligación de entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a la de las
         emisiones en exceso, en el momento de entregar los derechos de emisión correspondientes al año natural siguiente.»
      
      17      La Directiva 2003/87 prevé asimismo, en su artículo 30, apartado 2, que la Comisión elaborará, a más tardar el 30 de junio
         de 2006, un informe, acompañado de propuestas si procede, sobre la aplicación de esta misma Directiva, en el que examinará,
         en particular, «si se debe modificar el anexo I, y el modo de hacerlo, para incluir otros sectores implicados tales como el
         químico, el del aluminio y el del transporte, y otras actividades y emisiones de otros gases de efecto invernadero enumerados
         en el anexo II, con miras a mejorar la eficiencia económica del régimen».
      
      18      A tal fin, la Comisión presentó, el 13 de noviembre de 2006, la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo,
         al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, relativa a la creación de un mercado mundial del carbono
         [COM(2006) 676 final]. El 20 de diciembre de 2006, la Comisión emitió una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
         del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen
         comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero [COM(2006) 818 final]. Asimismo, mediante una
         propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar
         y ampliar el Régimen Comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero [COM(2008) 16 final], de
         23 de enero de 2008, esta institución trata, en particular, de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87, incluyendo
         en él nuevos gases y nuevas categorías de actividades, como la producción y la transformación de metales no férreos y la producción
         de aluminio, así como la industria química.
      
       Derecho nacional
      19      La adaptación del Derecho francés a la Directiva 2003/87 se efectuó mediante la ordonnance nº 2004-330, du 15 avril 2004,
         portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Decreto legislativo nº 2004-330, de
         15 de abril de 2004, por el que se instaura un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero;
         JORF de 17 de abril de 2004, p. 7089), que introdujo, en particular, los artículos L.229-5 a L.229-19 del code de l’environnement
         (Código del medio ambiente). Las modalidades de aplicación de estos artículos se adoptaron mediante el décret (Decreto) nº 2004-832,
         de 19 de agosto de 2004 (JORF de 21 de agosto de 2004, p. 14979), modificado por el décret nº 2005-189, de 25 de febrero de
         2005 (JORF de 26 de febrero de 2005, p. 3498; en lo sucesivo, «Decreto nº 2004-832»). El anexo del Decreto nº 2004-832 se
         limita a reproducir el anexo I de la Directiva 2003/87.
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      20      Las recurrentes en el asunto principal son empresas del sector siderúrgico. Dichas empresas solicitaron a las autoridades
         francesas competentes la derogación del artículo 1 del Decreto nº 2004-832, en la medida en que declara aplicable este Decreto
         a las instalaciones del sector siderúrgico. Al no haberse estimado sus solicitudes, interpusieron ante el Conseil d’État un
         recurso de anulación contra las resoluciones presuntas denegatorias de sus solicitudes y pidieron que se ordenara a dichas
         autoridades proceder a la referida derogación. En apoyo de su recurso, alegaron la violación de varios principios de rango
         constitucional, como el derecho de propiedad, la libertad de empresa y el principio de igualdad.
      
      21      El Conseil d’État rechazó los motivos formulados por las recurrentes en el asunto principal a excepción del basado en la violación
         del principio constitucional de igualdad ocasionada por un trato diferente de situaciones comparables. A este respecto, señala
         en su resolución de remisión que las industrias del plástico y del aluminio emiten gases de efecto invernadero idénticos a
         aquéllos cuyas emisiones pretende limitar la Directiva 2003/87 y que tales industrias producen materiales parcialmente sustitutivos
         de los producidos por la industria siderúrgica, con la que se encuentra en una situación de competencia. El Conseil d’État
         estima que, aunque la decisión de no incluir inmediatamente las industrias del plástico y del aluminio en el régimen para
         el comercio de derechos de emisión se adoptó atendiendo a su participación relativa en las emisiones totales de gases de efecto
         invernadero y a la necesidad de asegurar el establecimiento progresivo de un dispositivo de conjunto, la cuestión de si la
         diferencia de trato entre las industrias afectadas está objetivamente justificada, plantea serias dificultades.
      
      22      A la luz de estas consideraciones, el Conseil d’État decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         la siguiente cuestión prejudicial:
      
      «[¿Es válida] la Directiva [2003/87] en relación con el principio de igualdad, en la medida en que […] dispone la aplicación
         del régimen de comercio de los derechos de emisión […] a las instalaciones del sector siderúrgico, sin incluir en dicho régimen
         a las industrias del aluminio y del plástico[?]»
      
       Sobre la cuestión prejudicial
      23      El principio general de igualdad de trato, como principio general del Derecho comunitario, exige que no se traten de manera
         diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes, a no ser que dicho trato esté
         objetivamente justificado (véanse, en particular, las sentencias de 13 de diciembre de 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209,
         apartado 28; de 5 de octubre de 1994, Crispoltoni y otros, C‑133/93, C‑300/93 y C‑362/93, Rec. p. I‑4863, apartados 50 y 51,
         así como de 11 de julio de 2006, Franz Egenberger, C‑313/04, Rec. p. I‑6331, apartado 33).
      
      24      Por considerar que los sectores de la siderurgia, del plástico y del aluminio se hallan en una situación comparable, el órgano
         jurisdiccional remitente desea saber si el legislador comunitario, al excluir los sectores del plástico y del aluminio del
         ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87, ha vulnerado este principio respecto al sector de la siderurgia. Por consiguiente,
         la remisión prejudicial se limita a la cuestión de si el legislador comunitario ha vulnerado dicho principio al tratar situaciones
         comparables de manera diferente y no justificada.
      
       Sobre el trato diferente de situaciones comparables
      25      La vulneración del principio de igualdad de trato a causa de un trato diferente implica que las situaciones en cuestión son
         comparables, habida cuenta del conjunto de elementos que las caracterizan.
      
      26      Los elementos que caracterizan distintas situaciones y, de este modo, su carácter comparable, deben apreciarse, en particular,
         a la luz del objeto y la finalidad del acto comunitario que establece la distinción de que se trata. Además, deben tenerse
         en cuenta los principios y objetivos del ámbito al que pertenece el acto en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 27 de octubre de 1971, Rheinmühlen Dusseldorf, 6/71, Rec. p. 823, apartado 14; de 19 de octubre de 1977, Ruckdeschel y
         otros, 117/76 y 16/77, Rec. p. 1753, apartado 8; de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo, C‑280/93, Rec. p. I‑4973, apartado
         74, así como de 10 de marzo de 1998, T. Port, C‑364/95 y C‑365/95, Rec. p. I‑1023, apartado 83).
      
      27      En el presente caso, la validez de la Directiva 2003/87 debe apreciarse respecto a la inclusión del sector siderúrgico en
         su ámbito de aplicación y a la exclusión de dicho ámbito de los sectores químico y de los metales no férreos, a los que, según
         las observaciones escritas presentadas en el Tribunal de Justicia, pertenecen respectivamente los sectores del plástico y
         del aluminio.
      
      28      En virtud de su artículo 1, la Directiva 2003/87 tiene por objeto establecer un régimen comunitario para el comercio de derechos
         de emisión. Según se desprende de los apartados 4.2 y 4.3 del Libro Verde, mediante esta Directiva, la Comunidad pretendía
         instaurar dicho régimen en el ámbito de las empresas y, por tanto, referido a las actividades económicas.
      
      29      Según su quinto considerando, la Directiva 2003/87 tiene por objetivo establecer este régimen a fin de contribuir al cumplimiento
         de los compromisos contraídos por la Comunidad y sus Estados miembros en virtud del Protocolo de Kioto, que persigue la reducción
         de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas
         en el sistema climático y cuyo objetivo último es la protección del medio ambiente.
      
      30      La política de la Comunidad en el ámbito del medio ambiente, al que pertenece el acto legislativo de que se trata en el asunto
         principal y uno de cuyas finalidades principales es la protección del medio ambiente, tiene como objetivo, según el artículo
         174 CE, apartado 2, alcanzar un nivel de protección elevado y se basa en particular en los principios de cautela y de acción
         preventiva y de quien contamina paga (véanse las sentencias de 5 de mayo de 1998, Nacional Framers’ Union y otros, C‑157/96,
         Rec. p. I‑2211, apartado 64, y de 1 de abril de 2008, Parlamento y Dinamarca/Comisión, C‑14/06 y C‑295/06, Rec. p. I‑0000,
         apartado 75 y jurisprudencia citada).
      
      31      Si bien el objetivo final del régimen de comercio de derechos de emisión es la protección del medio ambiente por una reducción
         de las emisiones de gases de efecto invernadero, dicho régimen no reduce por sí mismo tales emisiones, sino que fomenta y
         favorece la búsqueda del menor coste posible para lograr una reducción de dichas emisiones a un nivel dado, según se desprende,
         en particular, del apartado 3 del Libro Verde y de la sección 2 de la exposición de motivos de la propuesta de Directiva.
         Las ventajas medioambientales se deben a la severidad de la cuota total de derechos de emisión asignados, que representa el
         límite global de emisiones autorizadas por dicho régimen.
      
      32      De ello se deduce igualmente que la lógica económica del régimen de comercio de derechos de emisión consiste en permitir que
         las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias para obtener un resultado medioambiental predeterminado
         se produzcan con el menor coste posible. Al permitir, en particular, la venta de los derechos de emisión asignados, este régimen
         pretende estimular a cualquiera de sus participantes a emitir una cantidad de gases de efecto invernadero inferior a los derechos
         de emisión que inicialmente le fueron asignados, con el fin de transmitir el excedente a otro participante que haya producido
         una cantidad de emisiones superior a los derechos de emisión asignados.
      
      33      Así, el buen funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión implica la existencia de una demanda y una oferta
         de derechos de emisión por parte de los participantes en el régimen, lo que supone igualmente que el potencial de reducción
         de las emisiones imputables a las actividades comprendidas en el régimen puede variar, incluso de manera considerable. Además,
         tal como se desprende del Libro Verde, cuanto más desarrollado esté el sistema, mayor será la variación de los costes de cumplimiento
         de las empresas individuales, y mayor el potencial global de reducción de los costes.
      
      34      De ello resulta que, en relación con el objeto de la Directiva 2003/87, con los objetivos de ésta referidos en el apartado
         29 de la presente sentencia, así como con los principios en que se basa la política de la Comunidad en el ámbito del medio
         ambiente, las diferentes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero procedentes de una actividad económica se encuentran,
         en principio, en una situación comparable, dado que toda emisión de gases de efecto invernadero puede contribuir a la producción
         de interferencias peligrosas en el sistema climático y que cualquier sector de la economía que emita tales gases puede contribuir
         al funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión.
      
      35      Además, procede subrayar, por un lado, que el vigesimoquinto considerando de la Directiva 2003/87 expone que las políticas
         y las medidas deben aplicarse a todos los sectores económicos de la Unión Europea, a fin de producir reducciones de emisiones
         sustanciales, y, por otro lado, que el artículo 30 de la Directiva 2003/87 prevé que ha de efectuarse un reexamen con objeto
         de incluir otros sectores dentro del ámbito de aplicación de ésta.
      
      36      De ello se sigue que, en lo que atañe a la comparabilidad de los sectores de que se trata respecto a la Directiva 2003/87,
         la eventual existencia de una relación de competencia entre estos sectores no puede constituir un criterio determinante, como
         señaló el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones.
      
      37      Tampoco es esencial para apreciar la comparabilidad de estos sectores, contrariamente a lo que alegan las instituciones que
         han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, la cantidad de CO2 emitida por cada uno de éstos, habida cuenta en particular de los objetivos de la Directiva 2003/87 y del funcionamiento
         del régimen de comercio de derechos de emisión, tal como se describen en los apartados 31 a 33 de la presente sentencia.
      
      38      Por tanto, los sectores de la siderurgia, químico y de los metales no férreos se hallan, a efectos del examen de la validez
         de la Directiva 2003/87 en relación con el principio de igualdad de trato, en una situación comparable, al tiempo que reciben
         un trato diferente.
      
       Sobre una desventaja resultante de un trato diferente de situaciones comparables
      39      Según la jurisprudencia, para que pueda achacarse al legislador comunitario haber vulnerado el principio de igualdad de trato,
         es necesario que éste haya tratado de manera diferente situaciones comparables, dando lugar a una desventaja para determinadas
         personas respecto de otras (véanse las sentencias de 13 de julio de 1962, Klöckner-Werke y Hoesch/Alta Autoridad, 17/61 y
         20/61, Rec. pp. 615 y ss., especialmente p. 652; de 15 de enero de 1985, Finsider/Comisión, 250/83, Rec. p. 131, apartado
         8, así como de 22 de mayo de 2003, Connect/Austria, C‑462/99, Rec. p. I‑5197, apartado 115).
      
      40      A este respecto, el Parlamento, el Consejo y la Comisión sostienen que la inclusión del sector siderúrgico en el ámbito de
         aplicación de la Directiva 2003/87 no pone a este sector en una situación desfavorable frente a los sectores químico y de
         los metales no férreos, ya que estos últimos deben teóricamente adaptarse a los objetivos establecidos por los acuerdos internacionales
         correspondientes por medios económicamente menos ventajosos. Según dichas instituciones, el cumplimiento de los compromisos
         de reducción de las emisiones de gases de efectos invernadero no puede limitarse a la aplicación del régimen de comercio de
         derechos de emisión. A su juicio, en efecto, dicho régimen completa las medidas adoptadas por los Estados miembros en lo que
         atañe a las actividades y sectores temporalmente excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87.
      
      41      No cabe estimar esta alegación.
      
      42      La sujeción de determinados sectores y, por tanto, de las recurrentes en el asunto principal al régimen comunitario de comercio
         de derechos de emisión implica, para los titulares afectados, por un lado, la obligación de poseer un permiso de emisión de
         gases de efecto invernadero y, por otro lado, la obligación de entregar una cantidad de derechos de emisión correspondiente
         a las emisiones totales de sus instalaciones en un período determinado, so pena de sanciones pecuniarias. Si las emisiones
         de una instalación exceden de las cantidades asignadas en el marco de un plan nacional de asignación de derechos de emisión
         al titular correspondiente, éste está obligado a obtener derechos de emisión adicionales recurriendo al régimen de comercio
         de derechos de emisión.
      
      43      En cambio, tales obligaciones jurídicas, que tienen por objeto la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,
         no existen en el plano comunitario para los titulares de instalaciones no comprendidas en el anexo I de la Directiva 2003/87.
         Por consiguiente, la inclusión de una actividad económica en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 crea, para los
         titulares afectados, una desventaja frente a los que ejercen actividades no incluidas en dicho ámbito.
      
      44      Aun suponiendo que, como sostiene la Comisión, la sujeción a tal régimen no implicara necesariamente y sistemáticamente, consecuencias
         económicas desfavorables, no cabe negar la existencia de una desventaja por este único motivo, dado que la desventaja que
         ha de tomarse en consideración respecto al principio de igualdad de trato puede también manifestarse a través de una influencia
         sobre la situación jurídica de la persona afectada por una diferencia de trato.
      
      45      Por otra parte, como señaló el Abogado General en el punto 41 de sus conclusiones y contrariamente a lo alegado por las instituciones
         que presentaron observaciones ante el Tribunal de Justicia, la desventaja sufrida por los titulares de instalaciones pertenecientes
         a los sectores sometidos a las Directiva 2003/87 no puede compensarse mediante medidas nacionales no determinadas por el Derecho
         comunitario.
      
       Sobre la justificación de la diferencia de Trato
      46      No obstante, el principio de igualdad de trato no resultará vulnerado en tanto se justifique la diferencia de trato entre
         el sector de la siderurgia, por un lado, y los sectores químico y de los metales no férreos, por otro.
      
      47      Una diferencia de trato está justificada cuando se basa en un criterio objetivo y razonable, es decir, cuando está en relación
         con un fin legalmente admisible perseguido por la legislación en cuestión, y esta diferencia es proporcionada al objetivo
         perseguido por dicho trato (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 1977, Bela-Mühle Bergmann, 114/76, Rec.
         p. 1211, apartado 7; de 15 de julio de 1982, Edeka Zentrale AG, 245/81, Rec. p. 2745, apartados 11 y 13; de 10 de marzo de
         1998, Alemania/Consejo, C‑122/95, Rec. p. I‑973, apartados 68 y 71, y de 23 de marzo de 2006, Unitymark y North Sea Fishermen’s
         Organisation, C‑535/03 , Rec. p. I‑2689, apartados 53, 63, 68 y 71).
      
      48      Dado que se trata de un acto legislativo comunitario, corresponde al legislador comunitario acreditar la existencia de criterios
         objetivos expuestos como justificación y aportar al Tribunal de Justicia los datos necesarios para que éste pueda verificar
         la existencia de dichos criterios (véanse, en este sentido, las sentencias de 19 de octubre de 1977, Moulins et Huilieries
         de Pont-à-Mousson y Providence agricole de la Champagne, 124/76 y 20/77, Rec. p. 1795, apartado 22, y de 10 de marzo de 1998,
         Alemania/Consejo, antes citada, apartado 71).
      
       Observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia
      49      A este respecto, el Parlamento, el Consejo y la Comisión recuerdan la novedad del régimen de comercio de derechos de emisión
         establecido por la Directiva 2003/87, así como su complejidad tanto en el plano político y económico como en el de la regulación
         necesaria. Señalan que este régimen se encuentra en una fase incipiente. Su revisión prevista en el artículo 30 de dicha Directiva,
         actualmente en discusión, se basa no sólo en los progresos registrados en el seguimiento de las emisiones de gases de efecto
         invernadero, sino también en la experiencia adquirida en esta primera fase de aplicación.
      
      50      Así, el legislador comunitario estimó oportuno incluir en el ámbito de aplicación inicial de la Directiva 2003/87 únicamente
         el CO2, que representaba más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad, y un número relativamente
         limitado de sectores económicos que contribuyen de manera considerable a las emisiones globales de estos gases de efecto invernadero.
         El ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 así determinado afecta en la actualidad a unas 10.000 instalaciones, que representan
         cerca de la mitad de las emisiones de CO2 a escala comunitaria y, por consiguiente, importantes fuentes específicas de emisiones de tales gases.
      
      51      A su juicio, los criterios para optar por la inclusión o no de determinados sectores en el ámbito de aplicación de la Directiva
         2003/87 deben, por tanto, examinarse a la luz de estas consideraciones.
      
      52      Según afirman, uno de los criterios objetivos determinantes para la delimitación del ámbito de aplicación de la Directiva
         2003/87 fue el nivel de emisiones directas de CO2 de un sector. Remitiéndose a un informe titulado «Economic Evaluation of Sectoral Emission Reduction Objectives for Climate
         Change. Top-Down Analysis of Greenhouse Gas Emission Reduction Possibilities in the EU, Final Report, march 2001», elaborado
         por P. Capros, N. Kouvaritakis y L. Mantzos, el Parlamento, el Consejo y la Comisión señalan que, en 1990, las emisiones de
         CO2 eran, respectivamente, de 174,8 millones de toneladas para el sector de la siderurgia, de 26,2 millones de toneladas para
         el sector químico y de 16,2 millones de toneladas para el sector de los metales no férreos.
      
      53      En cuanto al sector químico, dichas instituciones alegan además que el elevando número de instalaciones que comprende dicho
         sector, a saber, en torno a 34.000, habría aumentado considerablemente la complejidad administrativa del régimen de comercio
         de derechos de emisión en su fase inicial. Ahora bien, a su juicio, la viabilidad desde el punto de vista administrativo es
         también un criterio legítimo para apreciar la oportunidad de una acción legislativa.
      
      54      Asimismo, aducen que, al menos en un primer momento, toda diferencia de trato era proporcionada y el legislador comunitario
         no sobrepasó los límites de la amplia facultad de apreciación de que disponía en cuanto a la determinación del ámbito de aplicación
         del régimen de comercio de derechos de emisión establecido. Desde su instauración, dicho régimen incluyó a los mayores emisores
         de CO2 que, con un número relativamente limitado de instalaciones fijas, eran las mejor adaptadas para iniciar dicho régimen.
      
      55      Las recurrentes en el asunto principal alegan, remitiéndose a una estadística del inventario europeo de emisiones contaminantes
         para el año 2001, que el sector químico emite una cantidad de CO2 sustancialmente más elevada que la mencionada por el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Además, la inclusión en el ámbito
         de aplicación de la Directiva 2003/87 de las empresas químicas que emitieran una cantidad de CO2 superior a un determinado umbral no habría supuesto problemas administrativos, dado que cerca del 59 % de las emisiones globales
         de CO2 del sector químico provienen únicamente de 96 instalaciones.
      
      56      En cuanto al sector del aluminio, el legislador comunitario no justificó en absoluto su exclusión del ámbito de aplicación
         de la Directiva 2003/87. La cantidad de emisiones directas no podía justificar la exclusión de este sector. Según las recurrentes,
         del propio estudio al que se remitieron las instituciones que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia se
         desprende que este sector emite 16,2 millones de toneladas de CO2, mientras que el sector de la pasta y del papel, que está incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87, emite
         solamente 10,6 millones de toneladas de este gas de efecto invernadero.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      57      El Tribunal de Justicia ha reconocido al legislador comunitario, en el ejercicio de las competencias que se le confieren,
         una amplia facultad de apreciación cuando su acción implica tomar decisiones de naturaleza política, económica y social, y
         cuando debe realizar apreciaciones y evaluaciones complejas (véase la sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA, C‑344/04,
         Rec. p. I‑403, apartado 80). Además, cuando ha de reestructurar o crear un sistema complejo, puede recurrir a un enfoque por
         etapas (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de febrero de 1984, Rewe-Zentrale, 37/83, Rec. p. 1229, apartado 20;
         de 18 de abril de 1991, Assurances du crédit/Consejo y Comisión, C‑63/89, Rec. p. I‑1799, apartado 11, y de 13 de mayo de
         1997, Alemania/Parlamento y Consejo, C‑233/94, Rec. p. I‑2405, apartado 43) y proceder, en particular, en función de la experiencia
         adquirida.
      
      58      No obstante, incluso con esta facultad, el legislador comunitario está obligado a basar su elección en criterios objetivos
         y apropiados en relación con la finalidad perseguida por la legislación en cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias
         de 15 de septiembre de 1982, Kina/CEE, 106/81, Rec. p. 2885, apartados 22 y 23, y Sermide, antes citada, apartado 28), teniendo
         en cuenta todos los elementos de hecho, así como los datos técnicos y científicos disponibles en el momento de adoptar el
         acto de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 1998, Safety Hi-Tech, C‑284/95, Rec. p. I‑4301,
         apartado 51).
      
      59      En el ejercicio de su facultad de apreciación, el legislador comunitario, además del objetivo principal de protección del
         medio ambiente, debe tener plenamente en cuenta los intereses que concurran (véanse, en relación con medidas en materia de
         agricultura, las sentencias de 10 de marzo de 2005, Tempelman y van Schaijk, C‑96/03 y C‑97/03, Rec. p. I‑1895, apartado 48,
         y de 12 de enero de 2006, Agrarproduktion Staebelow, C‑504/04, Rec. p. I‑679, apartado 37). En lo que atañe al examen de los
         imperativos relacionados con las distintas medidas posibles, procede estimar que, si bien la importancia de los objetivos
         perseguidos puede justificar consecuencias económicas negativas para determinados operadores, aunque éstas sean considerables
         (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Fedesa y otros, C‑331/88, Rec. p. I‑4023, apartados 15
         a 17, y de 15 de diciembre de 2005, Grecia/Comisión, C‑86/03, Rec. p. I‑10979, apartado 96), el ejercicio de la facultad de
         apreciación del legislador comunitario no ha de producir resultados manifiestamente menos adecuados que los derivados de otras
         medidas igualmente apropiadas para estos objetivos.
      
      60      En el presente caso, consta, por un lado, que el régimen de comercio de derechos de emisión introducido por la Directiva 2003/87
         es un régimen nuevo y complejo cuyos establecimiento y funcionamiento podrían haberse visto perturbados por la implicación
         de un número de participantes demasiado elevado y, por otro lado, que la delimitación inicial del ámbito de aplicación de
         la Directiva 2003/87 obedeció al objetivo de alcanzar una masa crítica de participantes necesaria para la instauración de
         este régimen.
      
      61      Habida cuenta de la novedad y la complejidad de dicho régimen, la delimitación inicial del ámbito de aplicación de la Directiva
         2003/87 y el enfoque progresivo adoptado, que se basa en particular en la experiencia adquirida durante la primera fase de
         su aplicación, con objeto de no perturbar la implantación de este régimen, entraban dentro del margen de apreciación de que
         disponía el legislador comunitario.
      
      62      A este respecto, procede señalar que, si bien éste podía legítimamente basarse en dicho enfoque progresivo para introducir
         el régimen de comercio de derechos de emisión, está obligado, en particular a la vista de los objetivos de la Directiva 2003/87
         y de la política comunitaria en el ámbito del medio ambiente, a proceder al reexamen de las medidas instauradas, especialmente
         en lo que atañe a los sectores comprendidos en la Directiva 2003/87, en intervalos razonables, como, por lo demás, prevé el
         artículo 30 de esta Directiva.
      
      63      No obstante, como señaló el Abogado General, en particular en el punto 48 de sus conclusiones, el margen de apreciación de
         que dispone el legislador comunitario para la adopción de un enfoque progresivo no podía eximirle, respecto al principio de
         igualdad de trato, de recurrir, para la determinación de los sectores que consideraba adecuado incluir desde el principio
         en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87, a criterios objetivos basados en los datos técnicos y científicos disponibles
         en el momento de la adopción de ésta.
      
      64      Por lo que respecta, en primer lugar, al sector químico, de la génesis de la Directiva 2003/87 se desprende que éste comprende
         un número particularmente elevado de instalaciones, a saber, alrededor de 34.000, no sólo en relación con las emisiones que
         producen, sino también en relación con el número de instalaciones actualmente incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva
         2003/87, que asciende a unas 10.000.
      
      65      Por consiguiente, la inclusión de este sector en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 habría aumentado considerablemente
         la complejidad administrativa del régimen de comercio de derechos de emisión, de modo que no cabría excluir la posibilidad
         de una perturbación del funcionamiento de este régimen en el momento de su puesta en práctica a causa de dicha inclusión.
         Además, el legislador comunitario podía estimar que las ventajas de la exclusión del sector en su totalidad en el comienzo
         de la puesta en práctica del régimen de comercio de derechos de emisión prevalecían sobre las ventajas de su inclusión para
         alcanzar el objetivo de la Directiva 2003/87. De ello resulta que el legislador comunitario demostró de modo suficiente con
         arreglo a Derecho que se basó en criterios objetivos para excluir la totalidad del sector químico del ámbito de aplicación
         de la Directiva 2003/87 en la primera fase de la puesta en práctica del régimen de comercio de derechos de emisión.
      
      66      La alegación de las recurrentes en el asunto principal según la cual la inclusión en el ámbito de aplicación de la Directiva
         2003/87 de las empresas de dicho sector que emitieran una cantidad de CO2 superior a un determinado umbral no habría supuesto problemas desde el punto de vista administrativo no desvirtúa la anterior
         apreciación.
      
      67      En efecto, la estadística a la que se remiten se refiere a datos relativos a «complejos», tal como resulta del artículo 1
         de la Decisión 2000/479/CE de la Comisión, de 17 de julio de 2000, relativa a la realización de un inventario europeo de emisiones
         contaminantes (EPER) con arreglo al artículo 15 de la Directiva 96/61/CE del Consejo relativa a la prevención y al control
         integrados de la contaminación (IPPC) (DO L 192, p. 36). Ahora bien, un complejo en el sentido de esta Decisión no constituye
         una instalación en el sentido de la Directiva 2003/87, puesto que de las definiciones contenidas en el anexo A 4 de dicha
         Decisión se desprende que este complejo es un «conjunto industrial formado por una o varias instalaciones en el mismo emplazamiento,
         donde un operador lleve a cabo una o varias actividades del anexo I». Así, los datos invocados por las recurrentes en el asunto
         principal se refieren únicamente a complejos, sin que se precise el número de instalaciones de que se trata.
      
      68      Por tanto, los datos aportados por las recurrentes en el asunto principal en apoyo de su mencionada alegación no permiten
         al Tribunal de Justicia verificar la afirmación según la cual un pequeño número de instalaciones del sector químico era responsable
         de una parte considerable de las emisiones globales de CO2 de este sector, de modo que el legislador comunitario debería haberlo incluido parcialmente en el ámbito de aplicación de
         la Directiva 2003/87.
      
      69      Habida cuenta de lo anterior y visto el enfoque progresivo en que se basa la Directiva 2003/87 en la primera fase de la aplicación
         del régimen de comercio de derechos de emisión, el trato diferente del sector químico frente al siderúrgico puede considerarse
         justificado.
      
      70      En segundo lugar, por lo que respecta al sector de los metales no férreos, se desprende del informe científico mencionado
         en el apartado 52 de la presente sentencia, en el que, según las observaciones del Parlamento, del Consejo y de la Comisión,
         se basó el legislador comunitario para elaborar y adoptar la Directiva 2003/87, que las emisiones directas de este sector
         ascendieron en 1990 a 16,2 millones de toneladas de CO2, mientras que el sector de la siderurgia emitió 174,8 millones de toneladas.
      
      71      Teniendo en cuenta su intención de delimitar el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 para no perturbar la viabilidad
         administrativa del régimen de comercio de derechos de emisión en su fase inicial mediante la implicación de un número demasiado
         elevado de participantes, el legislador comunitario no estaba obligado a recurrir a un único medio consistente en la introducción,
         para cada sector de la economía que emitiera CO2, de un umbral de emisión a fin de alcanzar el objetivo perseguido. Así, en circunstancias como las que concurrieron en la
         adopción de la Directiva 2003/87, el legislador comunitario, al introducir este régimen, podía válidamente delimitar el ámbito
         de aplicación de ésta mediante un enfoque sectorial, sin sobrepasar los límites de la facultad de apreciación de que disponía.
      
      72      La diferencia entre los niveles de emisiones directas de los dos sectores en cuestión es tan sustancial que el trato diferente
         de tales sectores puede considerarse justificado, en la primera fase de aplicación del régimen de comercio de derechos de
         emisión y visto el enfoque progresivo en que se basa la Directiva 2003/87, sin que el legislador comunitario tenga que tomar
         en consideración necesariamente las emisiones indirectas atribuibles a los distintos sectores.
      
      73      En consecuencia, procede declarar que el legislador comunitario no vulneró el principio de igualdad de trato tratando de modo
         diferente situaciones comparables al excluir del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 los sectores químico y de los
         metales no férreos.
      
      74      A la luz de cuantas consideraciones preceden, debe responderse a la cuestión planteada que el examen de la Directiva 2003/87,
         en relación con el principio de igualdad de trato, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que pueda afectar a su validez
         en la medida en que dispone la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero al
         sector siderúrgico, sin incluir en su ámbito de aplicación los sectores químico y de los metales no férreos.
      
       Costas
      75      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:
      El examen de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece
            un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica
            la Directiva 96/61/CE del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
            de 27 de octubre de 2004, en relación con el principio de igualdad de trato, no ha puesto de manifiesto ningún elemento que
            pueda afectar a su validez en la medida en que dispone la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases
            de efecto invernadero al sector siderúrgico, sin incluir en su ámbito de aplicación los sectores químico y de los metales
            no férreos.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.