CELEX: 31995L0051
Language: es
Date: 1995-10-18 00:00:00
Title: Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados

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31995L0051

Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados  

Diario Oficial n° L 256 de 26/10/1995 p. 0049 - 0054

DIRECTIVA 95/51/CE DE LA COMISIÓN de 18 de octubre de 1995 por la que se modifica la  Directiva 90/388/CEE con respecto a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes  de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizadosLA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su  artículo 90, Considerando lo que sigue: (1)  En virtud de lo dispuesto en la Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990,  relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones  (1), modificada por  la Directiva 94/46/CE  (2), determinados servicios de telecomunicaciones se abrieron a la  competencia y se solicitó a los Estados miembros que adoptaran las medidas necesarias para  garantizar el derecho de todo operador a prestar dichos servicios; en lo relativo a la telefonía  vocal al público, la Directiva permitía a los Estados miembros mantener derechos especiales o  exclusivos; la Resolución del Consejo de 22 de julio de 1993  (3) establece que deberá ponerse fin  a esta excepción el 1 de enero de 1998, fijando un período transitorio para algunos Estados  miembros. Con motivo de la consulta pública organizada por la Comisión en 1992 respecto a la situación en el  sector de las telecomunicaciones, de acuerdo con la Comunicación de la Comisión de 21 de octubre de  1992, muchos proveedores de dichos servicios y usuarios de los mismos pusieron en tela de juicio la  eficacia de las medidas de liberalización del sector de las telecomunicaciones y, en particular, la  liberalización de la comunicación de datos, los servicios de valor añadido y el suministro de datos  y de servicios de voz a empresas o grupos cerrados de usuarios. (2)  La causa principal de la persistente situación de estrangulamiento la constituyen las  restricciones reglamentarias, que prohíben la utilización de infraestructuras alternativas para la  prestación de servicios liberalizados y, en particular, las restricciones a la utilización de redes  de televisión por cable. En la actualidad, los posibles proveedores de servicios dependen de las  capacidades de transmisión  P«  líneas arrendadas  » P suministradas por los organismos de  telecomunicaciones, que, a menudo, también compiten en el ámbito de los servicios liberalizados.  Con objeto de paliar este problema, el Parlamento Europeo, en su Resolución de 20 de abril de 1993   (4) instó a la Comisión a que adoptara lo antes posible las medidas necesarias para aprovechar al  máximo el potencial de la actual infraestructura de redes por cable para los servicios de  telecomunicaciones y a que suprimiera sin tardanza las restricciones existentes en los Estados  miembros con respecto a la utilización de dichas redes para la prestación de servicios no  reservados. (3)  Con arreglo a esta resolución, la Comisión ha elaborado dos estudios sobre la utilización de  redes de televisión por cable y de infraestructuras alternativas en el suministro de los servicios  de telecomunicaciones que ya han sido abiertos a la competencia en virtud de la legislación  comunitaria: The effects of Liberalisation of Satellite Infrastructure on the Corporate and Closed  User Group Market, Analysis 1994 y L'impact de l'autorisation de la fourniture de services de  télécommunications libéralisés par les câblo-opérateurs. IDATE, 1994. Estos estudios hacen  hincapié, principalmente, en el papel que podrían desempeñar, entre otras, las redes de televisión  por cable, para hacer frente a las preocupaciones generadas por un ritmo más lento de innovación y  el retraso en la puesta en marcha de los servicios liberalizados en la Comunidad. La apertura de  dichas redes contribuiría a resolver los problemas relacionados con el alto nivel de los precios y  la falta de capacidades adecuadas, debidos, en gran medida, al carácter exclusivo del suministro de  infraestructuras en la mayoría de los Estados miembros. Si se procede a efectuar inversiones  adicionales, las redes utilizadas por los operadores autorizados de televisión por cable pueden  ofrecer, además, un número creciente de servicios. El ejemplo del mercado de Estados Unidos muestra  que tras la supresión de determinadas barreras reglamentarias pueden surgir nuevos servicios que  combinan la imagen y la telecomunicación. (4)  Debido a ello, algunos Estados miembros han suprimido las restricciones que existían en  relación con algunos servicios no reservados de telefonía y transmisión de datos, prestados a  través de las redes de televisión por cable. Aunque un Estado miembro autoriza la telefonía vocal,  otros han mantenido severas restricciones en lo que respecta a la prestación de servicios distintos  del de distribución de televisión a través de dichas redes. (5)  El objeto de las actuales restricciones impuestas por los Estados miembros con respecto al  empleo de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios distintos del de  distribución de televisión es evitar que se suministren servicios públicos de telefonía vocal a  través de redes que no sean la red telefónica pública, preservando así la principal fuente de  ingresos de los organismos de telecomunicaciones. La mayor parte de los organismos de telecomunicaciones de la Comunidad fueron dotados de derechos  exclusivos para la prestación de servicios de telefonía vocal, a fin de garantizarles los recursos  financieros necesarios para el establecimiento y la explotación de una red universal, esto es, una  red de cobertura geográfica general y accesible a todo proveedor o usuario de servicios previa  solicitud en un plazo razonable. (6)  Dado que las mencionadas restricciones para el uso de las redes de televisión por cable se  derivan de medidas estatales y tienen como objeto favorecer, en cada mercado nacional en que se  aplican, a los organismos de telecomunicaciones, de propiedad estatal y a los que los Estados  miembros han otorgado derechos especiales o exclusivos, habrá que evaluarlas a la luz del apartado  1 del artículo 90 del Tratado. Dicho artículo exige a los Estados miembros que no adopten o  mantengan respecto de dichas empresas medidas que puedan neutralizar la eficacia de las  disposiciones del Tratado y, en particular, de las normas de competencia. El artículo prohíbe  asimismo el mantenimiento de medidas en favor de los organismos de telecomunicaciones que  restrinjan la libre prestación de servicios dentro de la Comunidad o conduzcan a un abuso de  posición dominante en detrimento de los usuarios de un servicio determinado. (7)  La concesión de derechos exclusivos a los organismos de telecomunicaciones para el suministro  de capacidades de transmisión destinadas a la prestación de servicios al público y las  restricciones reglamentarias que llevan aparejadas por lo que respecta a la utilización de las  redes de televisión por cable con fines distintos de los de distribución de programas de radio y  televisión, en particular, de nuevos servicios tales como la televisión interactiva y el vídeo a la  carta, así como los servicios multimedia en la Comunidad, que, si no, no podrían prestarse, limita  necesariamente la libre prestación de tales servicios a partir de otros Estados miembros o con  destino a ellos. Dichas restricciones reglamentarias no pueden justificarse por razones de política  estatal o por exigencias esenciales ya que estas últimas y, en particular, la de interoperabilidad  de las redes en caso de interconexión entre redes de televisión por cable y redes de  telecomunicaciones, pueden quedar garantizadas mediante medidas menos restrictivas, tales como unas  condiciones de declaración o de licencia objetivas, no discriminatorias y transparentes. (8)  Así pues, las medidas por las que se concede a los organismos de telecomunicaciones derechos  exclusivos para el suministro de capacidades de transmisión y las restricciones reglamentarias que  llevan aparejadas por lo que respecta al empleo de las redes de TV por cable para la prestación de  otros servicios de telecomunicaciones ya abiertos a la competencia, constituyen una infracción del  artículo 90 en relación con el artículo 59 del Tratado. El hecho de que las restricciones se  apliquen indiscriminadamente a todas las empresas, distintas de los organismos de  telecomunicaciones mencionados, no basta para que el trato preferente de que gozan estos últimos se  excluya del ámbito de aplicación del artículo 59 del Tratado. De hecho, no es necesario que todas  las empresas de un Estado miembro gocen de un trato ventajoso frente a las empresas extranjeras;  basta con que este trato preferente beneficie a determinados operadores nacionales. (9)  El artículo 86 del Tratado declara incompatible con el mercado común y por lo tanto prohíbe  cualquier actuación por parte de una o más empresas que constituya una explotación abusiva de una  posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. (10)  La posición dominante de los organismos de telecomunicaciones por lo que respecta al  suministro de capacidades de transmisión para la prestación de servicios de telecomunicaciones en  cada uno de los mercados nacionales pertinentes se debe a que son los únicos que cuentan con redes  públicas que abarcan todo el territorio de los Estados miembros correspondientes. Otro de los  factores que influyen en esta posición dominante está relacionado con las características del  mercado en cuestión, y, en particular, las elevadas inversiones de capital que exige. Habida cuenta  de la inversión necesaria para duplicar la red, se impone el empleo de las redes existentes. Este  hecho refuerza la dominación estructural de los organismos de telecomunicaciones correspondientes y  constituye un obstáculo potencial a la penetración en el mercado. En tercer lugar, debido a su  cuota de mercado, los organismos de telecomunicaciones tienen acceso a una información  pormenorizada sobre los flujos de telecomunicación, de la que no disponen las nuevas empresas que  intentan penetrar en él. Dicha información abarca los hábitos de utilización de los abonados,  necesarios para dirigirse a grupos específicos de usuarios, y la elasticidad precio de la demanda  en cada segmento de mercado y región del país. Por último, el hecho de que los organismos de  telecomunicaciones pertinentes gocen de derechos exclusivos en el suministro de servicios de  telefonía vocal contribuye asimismo a su posición dominante en el mercado, próximo aunque  diferente, del suministro de capacidad para servicios de telecomunicaciones. (11)  En sí misma, la creación de una posición dominante dentro de un mercado determinado mediante  la concesión de un derecho exclusivo no es incompatible con el artículo 86. Sin embargo, un Estado  miembro no podrá mantener un monopolio legal cuando la empresa en cuestión se vea compelida o  inducida a abusar de su posición dominante de forma que pueda afectar al comercio entre Estados  miembros. (12)  La prohibición del uso de otras infraestructuras y, en particular, de las redes de TV por  cable para la prestación de telecomunicación ha incitado a los organismos a fijar precios más  elevados en comparación con otros países, cuando la innovación en las redes europeas de empresa y  el suministro de un servicio competitivo, así como la aplicación de los nuevos servicios propuestos  en el Informe sobre Europa y la sociedad de información global, exigen la disponibilidad de  infraestructuras, en particular, de circuitos arrendados, a costes decrecientes. En promedio, las  tarifas de estas infraestructuras de gran capacidad son diez veces más elevadas en la Comunidad que  en Norteamérica, para la cobertura de la misma distancia. A falta de una justificación concreta,  como, por ejemplo, la existencia de costes más elevados, dichas tarifas han de considerarse  abusivas a efectos de la letra a) del párrafo segundo del artículo 86. Los elevados precios practicados en la Comunidad son una consecuencia directa de las restricciones  impuestas por los Estados miembros al empleo de infraestructuras distintas de las de los organismos  de telecomunicaciones y, en particular, de las redes de TV por cable, para el suministro de  servicios de telecomunicaciones. Pero estos precios no sólo se deben a los costes subyacentes, ya  que existen diferencias sustanciales entre las tarifas de distintos Estados miembros en los que, en  principio, existen costes estructurales parecidos. (13)  Por otro lado, las medidas estatales que impiden a los operadores de TV por cable ofrecer  capacidades de transmisión en competencia con los organismos de telecomunicaciones para el  suministro de servicios liberalizados restringen la oferta global de capacidades en el mercado  anulando el interés que podrían tener los organismos de telecomunicaciones en incrementar  rápidamente la capacidad de sus redes, reducir los costes medios y abaratar las tarifas. Los  elevados precios que los organismos de telecomunicaciones fijan para el suministro de la  infraestructura básica a través de la cual los terceros interesados podrán ofrecer servicios  liberalizados, así como la escasa disponibilidad de dicha infraestructura, han retrasado el  desarrollo y la extensión de las redes de alta velocidad para empresas, el acceso a distancia a las  bases de datos tanto por parte de las empresas como de los usuarios y la expansión de servicios  innovadores tales como el telebanco, la educación a distancia, el marketing telemático, etc. (Véase  la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo de 25 de octubre de 1994, «   Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de  televisión por cable: Primera Parte  »). En la actualidad, las redes de los organismos de  telecomunicaciones no pueden absorber la demanda potencial de capacidad de transmisión para la  prestación de servicios de telecomunicaciones, tal como vienen manifestando con insistencia los  usuarios y proveedores de tales servicios. (Comunicación al Parlamento Europeo y al Consejo sobre  las consultas efectuadas con motivo del informe sobre la situación del sector de servicios de  comunicación, de 28 de abril de 1993, punto 2 de la página 5; las conclusiones a las que se llegó  en este informe demostraron que la obligación de suministrar líneas arrendadas a la carta no  bastaba para evitar las restricciones al acceso a los mercados en los servicios de  telecomunicaciones y las limitaciones a la libertad de opción de los usuarios). Las actuales restricciones al empleo de redes de TV por cable para el suministro de tales servicios  crean por lo tanto una situación en la que la mera aplicación por parte de los organismos de  telecomunicaciones de su derecho exclusivo a suministrar capacidades de transmisión para los  servicios de telecomunicaciones retrasa, a efectos de la letra b) del artículo 86 del Tratado, la  aparición de nuevos servicios tales como el de pago por sesión, la televisión interactiva y el  vídeo a la carta, así como servicios multimedia en la Comunidad que combinan los servicios  audiovisuales y las telecomunicaciones, que, con frecuencia, no pueden suministrarse de forma  adecuada a través de las redes de los organismos de telecomunicaciones. Además, conscientes del restringido número de servicios que pueden ofrecer, los operadores de TV  por cable aplazan la inversión en sus redes y, en particular, la introducción de la fibra óptica,  que podría resultar rentable si sus costes se repartieran entre un mayor número de servicios. Así  pues, las restricciones a la utilización de redes de TV por cable con objeto de prestar servicios  distintos de los de radiodifusión, limitan el desarrollo de nuevos servicios de telecomunicaciones  y multimedia y, por consiguiente, constituyen una rémora para el progreso técnico en este ámbito. (14)  Por último, como señalaba el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su  Sentencia de 19 de marzo de 1991, en el Asunto C-202/88, Francia/Comisión  (1), únicamente podrá  lograrse un sistema de competencia leal como el que propugna el Tratado, si se garantiza la  igualdad de oportunidades de los distintos operadores económicos. Sin embargo, se ha demostrado que  el reservar a una sola empresa que comercializa servicios de telecomunicaciones el suministro de la  materia prima indispensable, es decir, la capacidad de transmisión, a todas las empresas que  ofrecen dichos servicios, equivale a conferirle atribuciones para determinar cuáles son los  servicios que pueden prestar sus competidores, a qué precios y durante cuánto tiempo, así como para  ejercer un control sobre sus clientes y sobre el tráfico generado por sus competidores, situando a  la empresa en una clara situación de ventaja con respecto a estos últimos. (15)  La concesión a los organismos de telecomunicaciones de derechos exclusivos de suministro de  capacidades de transmisión para servicios de telecomunicación al público y las restricciones que de  ella se derivan por lo que respecta al empleo de redes de TV para la prestación de servicios  liberalizados, es incompatible con el apartado 1 de artículo 90 en relación con el artículo 86 del  Tratado. El apartado 2 del artículo 90 del Tratado establece una excepción al artículo 86 en los  casos en que la aplicación de este último pudiera entorpecer, de hecho o de Derecho, el  cumplimiento de la misión específica confiada a los organismos de telecomunicaciones. Con arreglo a  dicha disposición, la Comisión ha investigado el efecto de la liberalización en la utilización de  las redes de cable para el suministro de servicios de telecomunicación y multimedia. En virtud de lo dispuesto en la Directiva 90/388/CEE, los Estados miembros podrán seguir reservando  durante algún tiempo el suministro de los servicios de telefonía vocal a sus organismos nacionales  de telecomunicaciones con objeto de garantizar un nivel de ingresos suficientes para establecer una  red telefónica universal. El artículo 1 de la Directiva 90/388/CEE define la telefonía vocal como  la explotación comercial para el público del transporte directo y de la comunicación de la voz en  tiempo real desde y con destino a las terminales de la red pública conmutada, que permita a  cualquier usuario utilizar el equipo conectado a su terminal para comunicar con otra terminal. Si  las redes de televisión por cable se convierten en redes conmutadas que presten servicios de  telefonía vocal a cualquier abonado, éstas habrían de considerarse también redes públicas  conmutadas, y sus terminales, terminales de estas últimas. El servicio vocal pertinente sería  entonces un servicio de telefonía vocal, cuya prestación a través de las redes de televisión por  cable podría igualmente, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva 90/388/CEE, quedar  prohibida por los Estados miembros. La prohibición temporal del suministro de servicios de telefonía vocal a través de la red de TV por  cable parece justificarse por el mismo motivo que su prestación a través de las redes de  telecomunicaciones. Por el contrario, si se prestan servicios vocales conmutados a grupos limitados  de usuarios, o se suministra de forma transparente capacidad de transmisión por medio del  arrendamiento de líneas, a través de las redes de televisión por cable, estas redes no constituyen  redes públicas conmutadas y los Estados miembros no deberían restringir los pertinentes servicios,  aun cuando éstos supongan la utilización de un punto de conexión con la red pública conmutada de  teléfono. Aparte del caso de la telefonía vocal, el apartado 2 del artículo 90 del Tratado no justifica  ninguna otra restricción a la prestación de servicios liberalizados, en particular teniendo en  cuenta la pequeña contribución al volumen de negocios de los organismos de telecomunicaciones, de  estos servicios, que normalmente se suministran a través de las propias redes y que podrían  desviarse hacia las redes de TV por cable. Cabe recordar que las medidas por las que se liberalice  la telefonía vocal deberán tomar en consideración la necesidad de financiar un servicio universal  en el que tenga cabida cualquier posterior desarrollo de este concepto (véase el punto V.2 de la  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 3 de mayo de 1995). (16)  Aunque se eliminen las actuales restricciones a la utilización de las redes de TV por cable,  por lo que respecta al suministro de servicios, podrán preverse los mismos procedimientos de  concesión de licencias o de declaración utilizados para el suministro de los mismos a través de las  redes públicas de telecomunicaciones. (17)  Además, la distribución de programas audiovisuales destinados al público a través de dichas  redes y el contenido de los mismos continuarán estando sujetos a las normas específicas adoptadas  por los Estados miembros de acuerdo con la legislación comunitaria y, por lo tanto, no estarán  sujetos a las disposiciones de la presente Directiva. (18)  Cuando los Estados miembros conceden a una misma empresa el derecho de establecer redes de TV  por cable y redes de telecomunicaciones, las empresas del sector no tienen ningún interés en atraer  a los usuarios hacia la red más adecuada para el suministro del servicio en cuestión, en la medida  en que disponen de capacidad excedentaria en la otra red. En ese caso, por el contrario, tienen  interés en aumentar los derechos de utilización de la infraestructura por cable para el suministro  de servicios no reservados, a fin de incrementar el tráfico en sus redes de telecomunicaciones. La  creación de condiciones equitativas de competencia requerirá, con frecuencia, medidas específicas  adaptadas a las particulares circunstancias de los mercados pertinentes. Habida cuenta de las  distintas situaciones que se registran en los diversos Estados miembros, son las autoridades  nacionales las que mejor pueden juzgar qué medidas resultan más adecuadas y, en particular,  determinar si es imprescindible establecer una separación entre las citadas actividades. En una  primera fase de la liberalización, es esencial un control en profundidad de las subvenciones  cruzadas y una adecuada transparencia de la contabilidad. Para poder detectar las posibles  actuaciones abusivas, los Estados miembros deberían, por tanto, imponer como mínimo una clara  separación de los registros contables de ambas actividades, si bien es preferible una total  separación estructural. (19)  Con objeto de permitir el control de las posibles subvenciones cruzadas entre las actividades  de retransmisión de los operadores de TV por cable, que están sujetas a derechos exclusivos en un  determinado sector de franquicia, y las actividades de los mismos como proveedores de capacidades  para servicios de telecomunicaciones, los Estados miembros deberán garantizar la transparencia en  lo relativo al uso de los recursos asignados a una de las actividades, que pudieran emplearse para  crear también una posición dominante en el otro mercado. Dada la complejidad de los registros  contables de los proveedores de redes, es muy difícil determinar la existencia de subvenciones  cruzadas entre las actividades reservadas y los servicios prestados ateniéndose a las condiciones  de competencia. Así pues, habrá que exigir a estos operadores de TV por cable que lleven registros  separados y, en particular, que determinen por separado los gastos e ingresos derivados del  suministro de servicios prestados en virtud de derechos exclusivos y los suministrados bajo  condiciones de competencia, una vez hayan logrado un volumen de negocios significativo en  telecomunicaciones en el sector bajo licencia. De momento, cabe considerar que un volumen de  negocios superior a 50 millones de ecus es, de forma general, significativo. En el supuesto de que  este requisito resulte excesivamente gravoso para la empresa correspondiente, los Estados miembros  pueden conceder un aplazamiento durante un tiempo limitado, siempre que notifiquen previamente a la  Comisión los motivos para ello. Los operadores afectados deberían recurrir a un sistema apropiado de contabilización de costes que  pueda ser controlado por expertos contables, y que garantice la presentación de cifras  registradas. Desde esta óptica, la mencionada separación contable debería como mínimo atenerse a los principios  enunciados en el apartado 2 del artículo 10 de la Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 5 de junio de  1992, relativa a la aplicación de la oferta de red abierta a las líneas arrendadas  (1), modificada  por la Decisión 94/439/CE de la Comisión  (2). En relación con los servicios híbridos, compuestos  de elementos pertenecientes a los servicios reservados y a los prestados en condiciones de  competencia, debería llevarse a cabo un desglose de los costes de cada elemento. (20)  En caso de que el Estado miembro de que se trate no autorice, de momento, ningún sistema  competidor de transmisión a los hogares, la Comisión reconsiderará si la separación de la  contabilidad es suficiente para evitar prácticas abusivas y evaluará si esta prestación conjunta de  servicios no se traduce en una limitación del suministro potencial de capacidades de transmisión a  expensas de los proveedores de servicios en el ámbito considerado, o si está justificado que se  adopten nuevas medidas. (21)  Los Estados miembros deben abstenerse de tomar nuevas medidas que tengan por objeto o efecto  comprometer los objetivos de la presente Directiva, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La Directiva 90/388/CEE quedará modificada como sigue: 1)  El apartado 1 del artículo 1 quedará modificado como sigue: a)  El quinto guión se sustituirá por el texto siguiente: «  -  "servicios de telecomunicaciones", los servicios que consistan, en todo o en parte, en la  transmisión o encaminamiento de señales a través de una red de telecomunicaciones,  ». b)  Tras el último guión, se añadirá el texto siguiente: «  -  "redes de televisión por cable", toda infraestructura terrena autorizada por un Estado  miembro para el suministro o la distribución de señales de televisión y radiodifusión al público. Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de las normas específicas  adoptadas por los Estados miembros, de conformidad con el Derecho comunitario, en materia de  distribución de programas audiovisuales destinados al público y contenido de los mismos.  ». 2)  Tras el párrafo segundo del artículo 4 se insertará el texto siguiente: «  Los Estados miembros: -  suprimirán todas las restricciones al suministro de capacidad de transmisión a través de redes  de TV por cable y autorizarán la utilización de las redes por cable para la prestación de servicios  de telecomunicaciones distintos de los de telefonía vocal, -  garantizarán que la interconexión de las redes de TV por cable con la red pública de  telecomunicaciones sea autorizada para este fin, en particular, la interconexión con las líneas  arrendadas, y que se supriman las restricciones a la interconexión directa de las redes de TV por  cable por parte de los operadores de televisión por cable.  ». Artículo 2 Con ocasión de la eliminación de las restricciones a la utilización de las redes de TV  por cable, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la transparencia  contable y un trato no discriminatorio cuando un operador disfrute de derechos exclusivos para  suministrar infraestructura de red pública de telecomunicaciones y proporcione además la  infraestructura de red de televisión por cable; y, en particular, para garantizar la separación de  la contabilidad por lo que respecta al suministro de cada una de las redes y a sus actividades en  calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones. Cuando un operador disfrute de derechos exclusivos para suministrar infraestructura de red de  televisión por cable en un determinado sector, los Estados miembros garantizarán asimismo que el  operador considerado lleve una contabilidad separada por lo que respecta a su actividad como  proveedor de capacidad en la red para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a partir  del momento en que alcance un volumen de negocios superior a 50 millones de ecus en el mercado de  servicios de telecomunicaciones distintos de los servicios de radio y teledifusión en el área  geográfica pertinente. En el supuesto de que este requisito resulte excesivamente gravoso para la  empresa correspondiente, los Estados miembros podrán conceder aplazamientos por períodos limitados,  siempre que notifiquen previamente a la Comisión los motivos subyacentes. En los casos en que un único operador suministre ambas redes o ambos servicios mencionados en el  párrafo primero, la Comisión llevará a cabo, antes del 1 de enero de 1998, una evaluación global de  la repercusión de este suministro conjunto en relación con los objetivos de la presente Directiva. Artículo 3 Los Estados miembros facilitarán a la Comisión, en un plazo de nueve meses a partir de  la entrada en vigor de la presente Directiva, la información que permita a la Comisión comprobar la  observancia de lo dispuesto en los artículos 1 y 2. Artículo 4 La presente Directiva entrará en vigor el 1 de enero de 1996. Artículo 5 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 18 de octubre de 1995. Por la Comisión Karel VAN MIERT Miembro de la Comisión (1)  Rec. 1991, I-1271, considerando 51.  (1)  DO n° L 165 de 19. 6. 1992, p. 27.  (2)  DO n° L 181 de 15. 7. 1994, p. 40.