CELEX: 32018H0910(02)
Language: es
Date: 2018-07-13 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Bulgaria

10.9.2018   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 320/7
            
         
      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 13 de julio de 2018
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2018 de Bulgaria y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Convergencia de 2018 de Bulgaria
      (2018/C 320/02)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 9, apartado 2,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (2), y en particular su artículo 6, apartado 1,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  El 22 de noviembre de 2017, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, marcando así el inicio del Semestre Europeo de 2018 para la coordinación de las políticas económicas. Se tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades de dicho Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo del 22 de marzo de 2018. El 22 de noviembre de 2017, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, adoptó el Informe sobre el Mecanismo de Alerta, en el que se señalaba a Bulgaria como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo.
               
            
                  (2)
               
               
                  El informe específico de 2018 sobre Bulgaria se publicó el 7 de marzo de 2018. En él se evalúan los avances realizados por Bulgaria de cara a la puesta en práctica de las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 11 de julio de 2017 (3), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país de años anteriores, así como los avances de Bulgaria hacia sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020. Se incluía asimismo un examen exhaustivo en virtud del artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, cuyos resultados también se publicaron el 7 de marzo de 2018. El análisis de la Comisión le llevó a concluir que Bulgaria está experimentando desequilibrios macroeconómicos. Las vulnerabilidades del sector financiero se unen al elevado endeudamiento y a los préstamos dudosos en el sector empresarial, en un contexto de ajuste incompleto del mercado de trabajo.
               
            
                  (3)
               
               
                  El 19 de abril de 2018, Bulgaria presentó su Programa Nacional de Reformas de 2018 y su Programa de Convergencia de 2018. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado simultáneamente. El Programa Nacional de Reformas de Bulgaria de 2018 incluye compromisos tanto a corto como a medio plazo y abarca los retos identificados en el informe por país de 2018. En particular, anuncia medidas para reforzar la supervisión bancaria y no bancaria, mejorar el marco de insolvencia y reducir las restantes deficiencias detectadas en las pruebas de resistencia de 2016. También figuran medidas para reforzar la recaudación tributaria y luchar contra la economía sumergida, mejorar la focalización de las políticas activas del mercado de trabajo, aumentar la protección social y hacer frente a los diversos retos de la asistencia sanitaria y la educación. En conjunto, la aplicación efectiva del Programa Nacional de Reformas de 2018 favorecería la corrección de los desequilibrios.
               
            
                  (4)
               
               
                  En la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020 se han abordado las recomendaciones específicas pertinentes por país. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que utilizaría esa disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas, vinculando la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.
               
            
                  (5)
               
               
                  Bulgaria está actualmente sujeta al componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En su Programa de Convergencia de 2018, el Gobierno, partiendo de un superávit global del 0,9 % del PIB en 2017, se ha propuesto como objetivo lograr un presupuesto equilibrado en 2018 y un superávit del 0,3 % del PIB en 2019, del 0,5 % en 2020 y del 0,2 % en 2021. Se prevé que el objetivo presupuestario a medio plazo (déficit estructural del 1 % del PIB) se siga cumpliendo con un margen a lo largo de todo el período del Programa. De acuerdo con el Programa de Convergencia para 2018, se prevé que la ratio deuda pública/PIB disminuya gradualmente desde el 25,4 % del PIB en 2017 al 19,4 % en 2021. El escenario macroeconómico en que se basan estas previsiones presupuestarias es verosímil. Sobre la base de las previsiones de la primavera de 2018 de la Comisión, se prevé que el saldo estructural se mantenga en superávit, pero que disminuya desde el 0,9 % del PIB en 2017 al 0,5 % en 2018 y que se mantenga en el mismo nivel en 2019. Así pues, se prevé que el saldo estructural se mantenga por encima del objetivo presupuestario a medio plazo en ambos años. En general, el Consejo considera que Bulgaria cumplirá las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2018 y 2019.
               
            
                  (6)
               
               
                  Aumentar la eficiencia de la política presupuestaria reviste la máxima importancia. Los ingresos fiscales y el cumplimiento de las obligaciones fiscales están mejorando, pero más como consecuencia de una mejor perspectiva económica que de la mejora de la Administración tributaria y la recaudación de impuestos. La eficiencia del gasto público en algunos sectores es muy baja. Las reformas en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas son importantes en este sentido y la actual coyuntura económica y las condiciones fiscales son especialmente favorables para este tipo de reformas. Los resultados económicos de las empresas estatales son pobres en comparación con otros países de la región y con el sector privado, y también son una fuente de incertidumbres y riesgos para las finanzas públicas porque los atrasos en los pagos de estas empresas representan pasivos contingentes. En general, la gobernanza de las empresas estatales sigue suponiendo un reto y no cumple las normas internacionales. Por otra parte, las reformas en este ámbito son muy importantes para el mundo empresarial.
               
            
                  (7)
               
               
                  La solidez del sector financiero ha seguido mejorando, pese a la persistencia de algunas flaquezas. Los préstamos empresariales dudosos todavía son elevados, aunque su volumen se ha reducido. En general, las reservas de capital son cómodas y facilitan así margen para un saneamiento de los balances. Se han registrado notables progresos en la mejora de la supervisión del sector financiero, pero algunas medidas importantes no se han aplicado plenamente. Mitigar los riesgos residuales asociados a la exposición de las partes vinculadas y mejorar la valoración de activos es fundamental para reforzar los balances y potenciar la capacidad de recuperación de los bancos y las compañías de seguros.
               
            
                  (8)
               
               
                  La ineficacia del marco de insolvencia está lentificando la reducción del endeudamiento del sector privado y el saneamiento de los préstamos no productivos. Los procedimientos resultan demasiado largos y la tasa de recuperación es baja. Todavía faltan determinados elementos de un marco operativo y en particular se carece de normas para los procedimientos de condonación de deudas y para la concesión de una segunda oportunidad a los empresarios en un plazo razonable tras la quiebra. La falta de instrumentos de recopilación de datos y de herramientas de seguimiento adecuados impide evaluar la eficacia de los procedimientos antiguos o nuevos, incluidos los aplicables a la reestructuración empresarial.
               
            
                  (9)
               
               
                  Los niveles de trabajo no declarado siguen siendo elevados, lo que tiene repercusiones importantes para los ingresos fiscales, las condiciones laborales y la suficiencia de los ingresos tras la jubilación. Recientemente, Bulgaria ha adoptado una serie de medidas para mejorar la situación, a saber: contratos de un día de duración en el sector agrario, mejora de la cooperación entre autoridades tributarias y laborales e intensificación de los esfuerzos para sensibilizar a la opinión pública acerca de las consecuencias negativas para los trabajadores. Su eficacia dependerá de su aplicación efectiva. Acelerar la transición a la economía formal es esencial para lograr un crecimiento inclusivo y garantizar unas condiciones de trabajo justas para todos.
               
            
                  (10)
               
               
                  El mercado de trabajo ha mejorado, pero subsisten retos. La tasa de empleo ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis y la tasa de desempleo es inferior a la media de la Unión. Sin embargo, la evolución favorable del mercado laboral no está beneficiando del mismo modo a toda la población en edad laboral. Los desempleados de larga duración, los jóvenes inactivos, los miembros de la población gitana y las personas que viven en las regiones más pobres y las zonas rurales siguen enfrentándose a importantes dificultades a la hora de acceder o de reintegrarse al empleo. El envejecimiento y la disminución de la población, junto con una tasa de actividad inferior a la media de la UE, da lugar a la escasez de trabajadores y de cualificaciones, debilitando así las perspectivas a largo plazo de la economía. Así pues, estaría justificada una mayor atención a la mejora de las competencias y la formación. La participación en el mercado laboral y la empleabilidad podrían impulsarse mediante una combinación de medidas de comunicación eficaces, políticas activas del mercado laboral y servicios sociales.
               
            
                  (11)
               
               
                  La desigualdad de ingresos y de acceso a los servicios (educación, asistencia sanitaria y vivienda), así como el riesgo de pobreza o exclusión social siguen estando entre los más altos de la Unión. En 2016, dos quintas partes de la población se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social y los ingresos del 20 % más rico de los hogares era casi ocho veces superior al 20 % más pobre. El gasto en protección social es bajo, también en lo que concierne al régimen general de renta mínima, cuya cobertura y suficiencia son limitadas, así como su impacto en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Se carece de un mecanismo objetivo de revisión del nivel de prestaciones. A pesar de recientes mejoras en la adecuación de las prestaciones de asistencia social y las pensiones mínimas, el sistema de protección social no ofrece suficiente nivel de apoyo a los grupos más vulnerables o desfavorecidos, como la población gitana, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad y las que viven en zonas rurales. La prestación de servicios sociales sigue siendo escasa, y su integración en el mercado de trabajo y otros servicios está incompleta.
               
            
                  (12)
               
               
                  El salario mínimo se ha fijado sin un mecanismo claro y transparente y el porcentaje de trabajadores que percibe el salario mínimo ha aumentado más del doble en los últimos seis años. La ausencia de un mecanismo de este tipo puede poner en peligro la consecución e un equilibrio adecuado entre los objetivos de apoyo al empleo y la competitividad, salvaguardando al mismo tiempo las rentas del trabajo. Además, genera una inseguridad que puede afectar desfavorablemente a la previsibilidad de las condiciones de la actividad empresarial. El Gobierno ha presentado propuestas de un mecanismo de fijación del salario mínimo que subsane esta deficiencia. Sin embargo, no hay acuerdo entre los interlocutores sociales sobre este tema. Asimismo, en sus previsiones presupuestarias, el Gobierno incluyó aumentos del salario mínimo hasta 2020. En 2018, Bulgaria ratificó el Convenio relativo a la fijación de salarios mínimos de la Organización Internacional del Trabajo. Esta podría ser una buena base para el establecimiento de un mecanismo objetivo.
               
            
                  (13)
               
               
                  Sigue constituyendo un reto importante el acceso limitado a la asistencia sanitaria, causada por la escasez de gasto público, la distribución desigual de los recursos limitados y la baja cobertura de los seguros de salud. El bajo nivel del gasto público tiene que ser compensado por un elevado nivel de gasto privado, principalmente en forma de pagos directos. La proporción de búlgaros sin seguro de enfermedad es elevada en comparación con la proporción correspondiente en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Las diferencias en el reparto de médicos en función de los distritos y el escaso número de enfermeros sigue suscitando preocupación. Como nota positiva, el número de médicos que abandonan Bulgaria ha descendido en los últimos tiempos. Medidas como la estrategia nacional de salud deberían utilizarse para abordar estas deficiencias.
               
            
                  (14)
               
               
                  A pesar de las recientes medidas encaminadas a modernizar el sistema educativo, los resultados educativos son pobres y se ven muy influidos por la situación socioeconómica. Los niños de familias desfavorecidas, en particular los gitanos, no disfrutan de igualdad de oportunidades. El gran nivel de abandono escolar prematuro tiene consecuencias negativas para las futuras oportunidades de empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo. Ofrecer servicios de guardería, escuelas y clases donde exista diversidad étnica sigue siendo un reto para la prestación de servicios de calidad en el marco de un sistema general de enseñanza inclusivo. La reforma de los planes de estudio aspira a mejorar los resultados educativos y las competencias digitales. Sin embargo, el nivel de competencias digitales sigue siendo uno de los más bajos de la Unión y varía entre los diferentes grupos socioeconómicos. Pese a las recientes medidas, la adecuación de la educación y la formación profesionales al mercado laboral sigue siendo insuficiente. La reforma de la enseñanza superior está en curso, pero abordar la escasez de competencias constituye un reto debido al desequilibrio de los perfiles de titulados por sectores. La participación en el aprendizaje de adultos es muy baja, a pesar de la necesidad de mejorar la capacitación profesional. En un contexto de envejecimiento pronunciado entre los profesores, se han comenzado a tomar medidas para hacer frente a futuras carencias. A pesar de recientes mejoras, los programas de educación de los profesores todavía deben reforzarse.
               
            
                  (15)
               
               
                  Se han aplicado muchas de las medidas incluidas en la Estrategia Nacional de Contratación Pública. No obstante, las autoridades nacionales deben poner mayor empeño en garantizar su aplicación efectiva. En opinión de empresas y organizaciones no gubernamentales, el panorama de la contratación pública ya ha empezado a mejorar. No obstante, la falta de transparencia y la corrupción siguen siendo motivo de preocupación. El incremento en el uso de adjudicaciones directas y el elevado número de ofertas únicas podría obstaculizar significativamente la transparencia y la eficacia del sistema. Está en curso la primera evaluación independiente de las nuevas funciones de control del Organismo de Contratación Pública. Serían necesarias actualizaciones periódicas para asegurar una optimización de las funciones de control del Organismo. Los problemas que siguen existiendo con la capacidad administrativa, también a nivel municipal, reclaman nuevos esfuerzos de profesionalización y normalización, así como de consideración detenida de las posibilidades que ofrecen las centrales de compras. La agregación de la demanda podría mejorar también la eficacia y producir un ahorro en el sistema de contratación pública en materia de salud. La búsqueda de una solución para la prevención de retrasos relacionados con importantes proyectos públicos requerirá una reflexión más detenida.
               
            
                  (16)
               
               
                  Las deficiencias estructurales y el elevado grado de fragmentación en el sistema de investigación, desarrollo e innovación limitan su aportación a la productividad y el crecimiento. Los segmentos de baja tecnología dominan todavía la producción y la innovación es muy escasa. El nivel de deuda pública, así como el gasto de las empresas en investigación y desarrollo es particularmente bajo. La lentitud de las reformas impide la evolución hacia un sistema orientado a la innovación. Aunque existen muchas universidades e institutos de investigación, solo algunos de ellos producen resultados científicos de gran calidad. La comercialización de la investigación sigue siendo un importante punto débil. El sistema de financiación de la investigación carece de convocatorias de licitación competitivas, de una evaluación internacional y de una financiación basada en el rendimiento de los centros de investigación. La cooperación entre los sectores público y privado en el ámbito de la investigación y el desarrollo es escasa. La iniciativa emblemática «Sofía Tech Park» todavía se enfrenta a una serie de problemas, entre ellos: gobernanza ineficiente, gestión inestable, infrautilización de la infraestructura científica y falta de compromiso financiero a largo plazo del Gobierno. La transformación estructural, junto con una gobernanza eficaz y un nivel estable de recursos públicos de investigación e innovación, pueden maximizar el impacto en la productividad y el crecimiento y apoyar la transición de la economía hacia actividades de mayor valor añadido en consonancia con la estrategia de especialización inteligente.
               
            
                  (17)
               
               
                  El entorno empresarial debe ser objeto de mejoras adicionales. Aunque se ha adoptado una serie de reformas, su aplicación práctica se está eternizando. Las empresas siguen preocupadas por la corrupción, las deficiencias institucionales y la insuficiente oferta de mano de obra. Los avances en la reforma de la administración pública y en la administración electrónica son lentos. La gobernanza del sector público podría beneficiarse de una mayor transparencia, unas normas más claras y una perspectiva a largo plazo. Además, el papel del diálogo social puede evolucionar, facilitado, en caso necesario, por las autoridades públicas. Las deficiencias en las infraestructuras se reflejan en la escasa eficacia y rendimiento del sector del transporte. El mercado del transporte de viajeros ha estado sufriendo una falta de competencia efectiva. No se han puesto en práctica medidas bien orientadas y efectivas destinadas a reducir la contaminación atmosférica.
               
            
                  (18)
               
               
                  En 2017, Bulgaria continuó sus esfuerzos para reformar el poder judicial y subsanar las deficiencias en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La celebración de nuevas elecciones al Consejo Judicial Supremo confirmó el impacto positivo de las reformas constitucionales y legislativas aplicadas en 2015 y 2016. Se han adoptado reformas del Código Penal para mejorar el sistema de enjuiciamiento en casos importantes de corrupción, y se están estudiando otras reformas. A principios de 2018 se aprobó una ley que establece un nuevo organismo unificado de lucha contra la corrupción destinado a reforzar la prevención y la disuasión de la corrupción a gran escala. En el marco del Mecanismo de Cooperación y Verificación, la Comisión sigue realizando un seguimiento de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en Bulgaria. Por tanto, estos ámbitos no están cubiertos en las recomendaciones específicas por país dirigidas a Bulgaria, aunque son relevantes para el desarrollo de un entorno empresarial positivo en el país.
               
            
                  (19)
               
               
                  En el contexto del Semestre Europeo de 2018, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bulgaria y lo ha publicado en el informe específico de 2018. Asimismo, ha evaluado el Programa de Convergencia de 2018, el Programa Nacional de Reformas de 2018 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bulgaria en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bulgaria, sino también en qué medida son conformes con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.
               
            
                  (20)
               
               
                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Convergencia de 2018 y estima que (5) cabe esperar que Bulgaria cumpla el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
               
            
                  (21)
               
               
                  A la luz del examen exhaustivo realizado por la Comisión y de la presente evaluación, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reformas de 2018 y el Programa de Convergencia de 2018. Sus recomendaciones, formuladas en virtud del artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1176/2011, se reflejan en las recomendaciones 2 y 3 que figuran a continuación.
               
            RECOMIENDA a Bulgaria que tome medidas en 2018 y 2019 a fin de:
      
                  1.
               
               
                  Mejorar la recaudación tributaria y la eficacia del gasto público, particularmente acelerando la ejecución de medidas para reducir la magnitud de la economía informal. Mejorar la gestión de las empresas estatales en consonancia con las buenas prácticas internacionales.
               
            
                  2.
               
               
                  Tomar medidas de seguimiento derivadas de las revisiones del sector financiero y aplicar planes de acción de supervisión para reforzar la vigilancia y la estabilidad del sector. Garantizar una adecuada valoración de los activos financieros, incluidas las garantías bancarias, mediante la mejora de los procesos de evaluación y auditoría. Completar la reforma del marco de insolvencia y promover el buen funcionamiento del mercado secundario de préstamos no productivos.
               
            
                  3.
               
               
                  Aumentar la posibilidad de empleo de los grupos desfavorecidos gracias a la mejora de las cualificaciones y el refuerzo de las medidas de activación. Mejorar la prestación de unos servicios educativos de calidad e inclusivos, en particular para los gitanos y otros grupos desfavorecidos. En consonancia con la Estrategia Nacional de Salud y su plan de acción, mejorar el acceso a los servicios sanitarios, en particular reduciendo los pagos directos y abordando la escasez de profesionales de la salud. Introducir un sistema de revisión periódica y transparente para los ingresos mínimos y mejorar su cobertura y suficiencia.
               
            
         Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 2018.
         
            
               Por el Consejo
            
            
               El Presidente
            
            H. LÖGER
         
      
      
         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
      
         (2)  DO L 306 de 23.11.2011, p. 25.
      
         (3)  DO C 261 de 9.8.2017, p. 1.
      
         (4)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
      
         (5)  Con arreglo al artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.