CELEX: 62016CA0225
Language: es
Date: 2017-07-26 00:00:00
Title: Asunto C-225/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Proceso penal contra Mossa Ouhrami (Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, de seguridad y justicia — Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular — Directiva 2008/115/CE — Artículo 11, apartado 2 — Decisión de prohibición de entrada adoptada antes de la entrada en vigor de esta Directiva y referida a una duración más amplia que la prevista en la mencionada Directiva — Inicio del período de prohibición de entrada)

18.9.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 309/12
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de julio de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden — Países Bajos) — Proceso penal contra Mossa Ouhrami
   (Asunto C-225/16) (1)
   
   ((Procedimiento prejudicial - Espacio de libertad, de seguridad y justicia - Retorno de nacionales de terceros países en situación irregular - Directiva 2008/115/CE - Artículo 11, apartado 2 - Decisión de prohibición de entrada adoptada antes de la entrada en vigor de esta Directiva y referida a una duración más amplia que la prevista en la mencionada Directiva - Inicio del período de prohibición de entrada))
   (2017/C 309/15)
   Lengua de procedimiento: neerlandés
   
      Órgano jurisdiccional remitente
   
   Hoge Raad der Nederlanden
   
      Parte en el proceso principal
   
   Mossa Ouhrami
   
      Fallo
   
   El artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, debe interpretarse en el sentido de que la duración de la prohibición de entrada prevista en esa disposición, que en principio no debe exceder de cinco años, debe calcularse a partir de la fecha en la que el interesado abandonó efectivamente el territorio de los Estados miembros.
   
      (1)  DO C 232 de 27.6.2016.