CELEX: 62002CO0204(01)
Language: es
Date: 2003-12-10 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2003. # Colin Joynson contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Recurso de casación - Acuerdos - Contratos tipo de arrendamiento de bares - Recurso de casación manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado. # Asunto C-204/02 P.

Asunto C-204/02 PColin JoynsoncontraComisión de las Comunidades Europeas
            «Recurso de casación  –  Acuerdos  –  Contratos tipo de arrendamiento de bares  –  Recurso de casación manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado»
            
               
                  Auto del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 10 de diciembre de 2003
                     
               
               
            
                   
               
               
            
            Sumario del auto
         
         
                  1.
                  Recurso de casación  –  Motivos  –  Apreciación errónea de los hechos  –  Inadmisibilidad  –  Desestimación(Art. 22  CE; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1) 
                  
         
                  2.
                  Recurso de casación  –  Motivos  –  Motivo invocado por primera vez en el marco del recurso de casación  –  Inadmisibilidad(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, art. 113, ap. 2) 
                  
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
            
            AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)de 10 de diciembre de 2003(1)
            
            
         
            «Recurso de casación  –  Acuerdos  –  Contratos tipo de arrendamiento de bares  –  Recurso de casación manifiestamente inadmisible y manifiestamente infundado»
            
          En el asunto C-204/02 P,
         
         
          Colin Joynson,  con domicilio en Manchester (Reino Unido), representado por la Sra. S. Ferdinand, Solicitor,
         
         
         parte recurrente,
         
          que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades
         Europeas (Sala Tercera) de 21 de marzo de 2002, Joynson/Comisión (T‑231/99, Rec. p. II‑2085), por el que se solicita la anulación
         de dicha sentencia,
         
          y en el que las otras partes en el procedimiento son:
          Comisión de las Comunidades Europeas,  representada por el Sr. K. Wiedner, en calidad de agente, asistido por el Sr. N. Khan, Barrister, que designa domicilio en
         Luxemburgo,
         parte demandada en primera instancia, Six Continents plc,  anteriormente Bass plc, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por las Sras. J. Block y J. Baxter, Solicitors,
         que designa domicilio en Luxemburgo,
         
         
         
         parte coadyuvante en primera instancia,
         
         
         
         
         EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
         
          integrado por el Sr. C. Gulmann (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Tercera, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues
         y J.-P. Puissochet, Jueces;
         
          Abogado General: Sr. L.A. Geelhoed;Secretario: Sr. R. Grass;
         
         dicta el presente
         
         
         Auto
         1
            
          Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 30 de mayo de 2002, el Sr. Joynson interpuso, al
         amparo del artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de
         Primera Instancia de 21 de marzo de 2002, Joynson/Comisión (T‑231/99, Rec. p. II 2085; en lo sucesivo, «sentencia impugnada»),
         mediante la que éste desestimó un recurso de anulación de la Decisión 1999/473/CE de la Comisión, de 16 de junio de 1999,
         relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (asunto IV/36.081/F3 – Bass, DO L 186, p. 1; en lo
         sucesivo, «Decisión impugnada»), por la que se concede una exención individual por tiempo determinado a los contratos tipo
         de arrendamiento aplicados por Six Continents plc, anteriormente Bass plc (en lo sucesivo, «Bass»), a los arrendatarios de
         sus bares, así como a la obligación de compra exclusiva y a la prohibición de competencia («beer‑tie») que éstos entrañan.
         
         
            
                Hechos que originaron el litigio 
               
            
         
         2
            
          Los hechos que originaron el litigio se exponen en los términos siguientes en los apartados 1 a 13 de la sentencia impugnada:
         «1.     Bass plc (en lo sucesivo, “Bass”) es una sociedad cotizada en la Bolsa de Londres. El grupo Bass es un grupo internacional
         que opera en el sector de la hostelería, las actividades recreativas y la fabricación de bebidas, en particular, cerveza,
         en Europa, los Estados Unidos y otros países.
          2.       En junio de 1996, el grupo Bass era propietario de unos 4.182 bares en el Reino Unido, de los cuales 2.736 eran gestionados
         por un empleado del grupo y 1.446 estaban arrendados [...]
          3.       Durante 1998 el grupo Bass vendió progresivamente una gran parte de su patrimonio arrendado para conservar únicamente unos
         veinte bares.
          4.       Las relaciones contractuales entre el grupo Bass y la mayoría de sus arrendatarios vinculados se regulaban por un contrato
         tipo de arrendamiento, en cuya virtud, una de las sociedades del grupo Bass ponía a disposición del arrendatario vinculado
         un establecimiento que contaba con una licencia, con los equipos y todo lo necesario para su explotación, como contraprestación
         por el pago de un alquiler y el compromiso de comprar a Bass, o a un suministrador que ésta designe, las cervezas mencionadas
         en el contrato de arrendamiento.
          5.       Por consiguiente, en el contrato tipo de arrendamiento se establecía una obligación de compra exclusiva y una obligación de
         no competencia.
          6.       La obligación de compra exclusiva forzaba al arrendatario vinculado a comprar exclusivamente de su cocontratante o de una
         persona designada por éste, la cerveza mencionada en el contrato, con una posibilidad, no obstante, de comprar la cerveza
         de otra cervecera en virtud de una disposición de la normativa nacional denominada generalmente “Guest Beer Provision”.
          7.       La obligación de no competencia prohibía al arrendatario vinculado vender o proponer para la venta en su establecimiento o
         llevar a éste para su venta cualquier cerveza del mismo tipo que la mencionada que no hubiera sido suministrada por el cocontratante
         o una persona designada por éste, o cualquier otra cerveza salvo que se tratara de cerveza embotellada, en bote o contenida
         en otro envase pequeño, o de cerveza a presión, siempre que ésta se vendiera habitualmente de esta forma o si la demanda suficiente
         de la clientela del bar lo justificaba.
          8.       En febrero de 1995, la Office of Fair Trading (en lo sucesivo, “OFT”) abrió, a instancia de la Comisión, una investigación
         sobre la política de precios aplicada por las cerveceras británicas en el comercio al por mayor. A raíz de dicha investigación,
         centrada, en particular, en Bass, en mayo de 1995 la OFP emitió un informe titulado “investigación sobre la política de precios
         aplicada por las cerveceras británicas en el comercio al por mayor” y publicó un comunicado de prensa relativo a dicho informe
         el 16 de mayo de 1995.
          9.       El 11 de junio de 1996, Bass Holding Ltd y The Bass Lease Company Ltd, filiales al 100 % de Bass, en virtud del artículo 4
         del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicación de los artículos [81] y [82] del
         Tratado (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), notificaron el contrato tipo de arrendamiento aplicable a un bar que cuenta
         con una licencia para la venta de bebidas alcohólicas que deben consumirse in situ, abierto en Inglaterra y en el País de
         Gales. Solicitaron una declaración negativa o, de lo contrario, la confirmación por la Comisión de que podía aplicarse a los
         contratos el Reglamento (CEE) nº 1984/83 de la Comisión, de 22 de junio de 1983, relativo a la aplicación del apartado 3 del
         artículo [81] del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de compra exclusiva (DO L 173, p. 5; EE 08/02, p. 114), modificado
         por el Reglamento (CE) nº 1582/97 de la Comisión, de 30 de julio de 1997 (DO L 214, p. 27), o una exención individual, en
         virtud del artículo 81 CE, apartado 3, con efecto retroactivo a la fecha de celebración de los contratos. En su título II
         el Reglamento nº 1984/83 contiene disposiciones especiales relativas a los acuerdos de suministro de cerveza.
         
         10
            […]
         
         
         11
            […]
         
          12.    […] la Comisión adoptó la [Decisión impugnada]. Decidió que el contrato tipo de arrendamiento notificado está comprendido
         en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, pero declaró la inaplicabilidad de esta disposición con arreglo
         al artículo 81 CE, apartado 3, con efecto del 1 de marzo de 1991 al 31 de diciembre de 2002.
          13.     Desde julio de 1992 y en virtud de un contrato tipo de arrendamiento, el Sr. C. Joynson explotaba un bar propiedad de Bass
         Holdings situado en Bolton (Reino Unido). El contrato llegó a su término cuando la propietaria vendió el bar en febrero de 1998 […]»
         
          Sentencia impugnada 
         
         3
            
          Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de octubre de 1999, el Sr. Joynson solicitó
         al Tribunal de Primera Instancia la anulación de la Decisión impugnada.
         
         
         
         4
            
          En la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia desestimó dicha solicitud de anulación.
         
         
         
         5
            
          Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia recordó que el control ejercido por el juez comunitario sobre las
         apreciaciones económicas complejas efectuadas por la Comisión, en el ejercicio de la facultad de apreciación que le confiere
         el artículo 81 CE, apartado 3, respecto a cada uno de los cuatro requisitos que establece, debe limitarse a comprobar si se
         respetaron las normas de procedimiento y de motivación, así como la exactitud material de los hechos, la falta de error manifiesto
         de apreciación y de desviación de poder.
         
         
         
         6
            
          El Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión no había cometido desde ningún punto de vista errores manifiestos
         de apreciación en lo que atañe a la toma en consideración de la rentabilidad de los establecimientos vinculados a Bass y a
         la valoración del diferencial de precios, de la subvención de alquiler y de las ventajas compensatorias.
         
         
         
         7
            
          En particular, el Tribunal de Primera Instancia declaró que no había quedado acreditado que la Comisión hubiera cometido un
         error de Derecho al analizar la cuestión de la rentabilidad de los bares vinculados a Bass en relación con los efectos de
         una eventual discriminación de precios impuesta por Bass y con las ventajas que podían compensar tal discriminación.
         
         
         
         8
            
          Asimismo, según el Tribunal de Primera Instancia, no ha quedado acreditado que la Comisión hubiera cometido un error manifiesto
         de apreciación al no realizar una evaluación de la diferencia entre el precio medio al que podía adquirirse la cerveza en
         el mercado libre con carácter general y el precio al que Bass vendía la cerveza a sus arrendatarios vinculados, o al separar
         los establecimientos que no eran bares independientes individuales del grupo de referencia elegido para la evaluación de dicho
         diferencial de precios.
         
         
         
         9
            
          El Tribunal de Primera Instancia declaró asimismo que la evaluación de la subvención de alquiler llevada a cabo por la Comisión
         y su apreciación de las pruebas presentadas por la demandante no adolecían de errores manifiestos, y que lo mismo sucedía
         en lo que respecta al modo en que apreció las ventajas compensatorias.
         
          Recurso de casación 
         
         10
            
          Mediante su recurso de casación, en apoyo del cual invoca ocho motivos, el Sr. Joynson solicita al Tribunal de Justicia que
         anule la sentencia impugnada y estime sus pretensiones presentadas en primera instancia. Con carácter subsidiario, el Sr.
         Joynson solicita al Tribunal de Justicia que devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia y, en cualquier caso, que
         condene en costas a la Comisión.
         
         
         
         11
            
          La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas al Sr. Joynson.
         
         
         
         12
            
          Bass solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y declare, en su caso, que el hecho de prever en
         un contrato de arrendamiento obligaciones por tipo de cerveza es compatible con el Reglamento n° 1984/83, y que condene en
         costas al Sr. Joynson.
         
         
         
         13
            
          Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor del artículo 119 de su Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso
         de casación sea manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, el Tribunal de Justicia podrá, en todo momento, desestimar
         el recurso de casación mediante auto motivado.
         
          Sobre el primer motivo 
         
         14
            
          En su primer motivo, el Sr. Joynson alega que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error jurídico al desestimar su
         tesis según la cual, para apreciar si el sistema de los contratos de arrendamiento vinculados contribuye a mejorar la distribución,
         a efectos del artículo 81 CE, apartado 3, la Comisión debería haber examinado si dicho sistema no entraña una menor rentabilidad
         de los arrendatarios vinculados en comparación con sus competidores, con independencia de los efectos desfavorables del diferencial
         de precios sobre el suministro de cerveza que resulta de las tarifas aplicadas por Bass a sus arrendatarios vinculados, comparadas
         con las condiciones de abastecimiento de dichos competidores.
         
         
         
         15
            
          Ahora bien, por lo que respecta a la pertinencia de la cuestión planteada por el recurrente sobre la influencia del sistema
         de los contratos de arrendamiento tipo de Bass en la rentabilidad de los bares vinculados a dicha cervecera, no se observa
         que el Tribunal de Primera Instancia haya cometido un error jurídico al aprobar la apreciación de la Comisión a este respecto.
         
         
         
         16
            
          Por consiguiente, procede declarar el primer motivo manifiestamente infundado.
         
          Sobre el segundo motivo 
         
         17
            
          En su segundo motivo, el Sr. Joynson sostiene fundamentalmente que, en el apartado 58 de la sentencia impugnada, el Tribunal
         de Primera Instancia ha cometido un error al declarar que, habida cuenta de las particularidades del mercado británico de
         consumo de cerveza  in situ,  el hecho de que la cláusula de no competencia se refiera a los tipos de cerveza y no a las marcas o denominaciones de cerveza
         no prohíbe otorgar a los acuerdos controvertidos una exención basándose en el mismo tipo de consideraciones que se aplican
         a los acuerdos de distribución de cerveza que disfrutan de una exención al amparo del Reglamento n° 1984/83.
         
         
         
         18
            
          Este motivo lleva a cuestionar la apreciación económica de los hechos realizada por la Comisión en el apartado 171 de la Decisión
         impugnada y confirmada por el Tribunal de Primera Instancia. Ahora bien, a tenor de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero,
         del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limitará a las cuestiones de derecho y deberá fundarse en
         motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo
         que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal
         de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente, por una parte, para comprobar los hechos, salvo
         en caso de que la inexactitud material de sus comprobaciones resulte de los documentos obrantes en autos que se le hayan sometido,
         y, por otra parte, para apreciar dichos hechos
         
         
         
         19
            
          Por consiguiente, procede declarar manifiestamente inadmisible el segundo motivo.
         
          Sobre el tercer motivo 
         
         20
            
          En su tercer motivo, el Sr. Joynson sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error jurídico en el apartado
         62 de la sentencia impugnada al interpretar el Reglamento n° 1984/83 en el sentido de que permite presumir que los contratos
         de compra exclusiva de cerveza que no cumplen todos sus requisitos no tienen como consecuencia reducir la rentabilidad de
         los arrendatarios vinculados hasta el punto de comprometer la mejora de la distribución que podría derivarse de dichos contratos.
         
         
         
         21
            
          Este motivo no es más que un desarrollo del primer motivo y, en consecuencia, procede declararlo manifiestamente infundado,
         por la misma razón que se expuso en el apartado 15 del presente auto.
         
          Sobre el cuarto motivo 
         
         22
            
          En su cuarto motivo, el Sr. Joynson sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido otro error jurídico. Alega así
         que, a diferencia de lo que se desprende de los apartados 59 y 61 de la sentencia impugnada, un examen de la posibilidad de
         conceder una exención individual a un contrato de suministro de cerveza con arreglo al artículo 81 CE, apartado 3, no puede
         limitarse a la aplicación del método de análisis que proporciona el Reglamento n° 1984/83.
         
         
         
         23
            
          Sin embargo, resulta que el Tribunal de Primera Instancia no se ha limitado a examinar si la Comisión había aplicado el método
         de análisis que proporciona el Reglamento n° 1984/83. En efecto, en los apartados 63 a 66 de la sentencia impugnada, el Tribunal
         de Primera Instancia ha declarado que la Comisión había analizado asimismo los elementos propios del mercado británico de
         la cerveza y ha aprobado dicho análisis.
         
         
         
         24
            
          En consecuencia, el cuarto motivo no se ajusta a los hechos y es, por tanto, manifiestamente infundado.
         
          Sobre el quinto motivo 
         
         25
            
          El Sr. Joynson sostiene que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido otro error jurídico en los apartados 74, 75 y 78
         a 80 de la sentencia impugnada, al no desestimar la interpretación del artículo 14, letra c), número 2, del Reglamento n° 1984/83
         adoptada por la Comisión en su apreciación de los hechos que le han sido sometidos. En efecto, el requisito del artículo 81 CE,
         apartado 3, relativo a la contribución a la mejora de la distribución no se cumple si, por razones estructurales, un acuerdo
         de suministro exclusivo de cerveza reduce significativamente la capacidad de un revendedor vinculado a una cervecera para
         competir en igualdad de condiciones con los competidores situados en el mismo nivel de distribución. En el presente asunto,
         alega el diferencial de precios y el grupo de referencia utilizados para medir dicho diferencial no pueden ser los únicos
         elementos que han de tomarse en consideración.
         
         
         
         26
            
          Este motivo es, básicamente, el mismo que el primer motivo del recurso de casación y en consecuencia debe declararse manifiestamente
         infundado, por la misma razón que se expuso en el apartado 15 del presente auto.
         
          Sobre el sexto motivo 
         
         27
            
          En su sexto motivo, el recurrente alega que, en los apartados 98, 103 y 146 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera
         Instancia ha justificado indebidamente la utilización por la Comisión del método del volumen de negocios para determinar la
         subvención de alquiler.
         
         
         
         28
            
          En la primera parte de este motivo, el recurrente sostiene que la conclusión del Tribunal de Primera Instancia relativa al
         método del volumen de negocios es jurídicamente errónea y manifiestamente contraria a las disposiciones del Reglamento nº 1984/83,
         y en particular a su artículo 6, apartado 1, con arreglo al cual una obligación de compra exclusiva sólo podrá ser objeto
         de una exención cuando tenga como contrapartida la concesión de ventajas económicas o financieras. El recurrente considera
         erróneo el razonamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 98 de la sentencia impugnada, en lo que
         respecta a la rentabilidad, a saber, que no existen «motivos suficientes para apreciar la única cuestión en su caso pertinente,
         pero distinta, de si el sistema de los contratos tipo de arrendamiento de Bass reduce la rentabilidad de los establecimientos
         vinculados a esta cervecera hasta el punto de afectar seriamente a su capacidad para distribuir la cerveza». Además, dicho
         razonamiento contradice el apartado 146 de la sentencia impugnada. En su opinión, si se aplicaran los principios que se desprenden
         del Reglamento nº 1984/83, por una parte la cuestión de la rentabilidad se plantearía en términos de rentabilidad igual o
         incluso superior y, por otra parte, esta cuestión implicaría como mínimo un método que permita afirmar, por ejemplo, que el
         arrendatario se gana razonablemente la vida o que sus ingresos no son inferiores al salario mínimo, habida cuenta de las normas
         relativas a la duración máxima semanal de trabajo, como puede hacerlo el método de los beneficios, pero no el método del volumen
         de negocios.
         
         
         
         29
            
          En la segunda parte de este motivo, el recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia ha cometido un error jurídico
         al aceptar el método del volumen de negocios y al ir en contra de la realidad, ya que el método de los beneficios es el que
         se utiliza en la práctica.
         
         
         
         30
            
          En la tercera parte del sexto motivo, el recurrente sostiene que el método del volumen de negocios no permite, en absoluto,
         combatir los efectos nefastos de una tendencia a la disminución de las ventas, acompañada, sin embargo, de una revisión de
         los alquileres únicamente al alza. El alquiler aumentará proporcionalmente, ya que se expresa en porcentaje del volumen de
         negocios. A su juicio, para ser aceptable, el método del volumen de negocios debe permitir reducciones de alquiler, lo que,
         sin embargo, es contrario al contrato de arrendamiento.
         
         
         
         31
            
          Procede señalar que la alegación formulada por el Sr. Joynson en primera instancia, según la cual la Comisión habría debido
         recurrir, para evaluar la subvención de alquiler, al método utilizado por él y no al efectivamente seguido, ha sido desestimada
         por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 100 a 103 de la sentencia impugnada, por falta de pruebas que acreditaran
         que este método sería más apropiado que el utilizado por la Comisión.
         
         
         
         32
            
          Ahora bien, el sexto motivo pretende en realidad impugnar esta apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre la fiabilidad
         del método propugnado por el recurrente, y se refiere, pues, a la apreciación de los hechos. En consecuencia, por la razón
         recordada en el apartado 18 del presente auto, procede declarar manifiestamente inadmisible este motivo.
         
          Sobre el séptimo motivo 
         
         33
            
          En su séptimo motivo, el Sr. Joynson sostiene que el modelo de contrato de arrendamiento presentado a la Comisión y al Tribunal
         de Primera Instancia contiene una «cláusula de revisión de los alquileres únicamente al alza». El Sr. Joynson alega que la
         existencia de dicha cláusula constituye, como tal, un motivo de denegación de una exención individual.
         
         
         
         34
            
          A este respecto, procede señalar que este motivo no ha sido planteado por el recurrente en primera instancia. 
         
         
         
         35
            
          Ahora bien, el artículo 113, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia impide que se presenten
         nuevos motivos, relativos a la Decisión controvertida, con ocasión del recurso de casación.
         
         
         
         36
            
          Por consiguiente, procede declarar manifiestamente inadmisible el séptimo motivo.
         
          Sobre el octavo motivo 
         
         37
            
          En su octavo motivo, el Sr. Joynson alega que la conclusión del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 150 de la sentencia
         impugnada, según la cual las ventajas no contractuales concedidas por Bass pueden compensar el diferencial de precios, contradice
         manifiestamente lo dispuesto en el Reglamento nº 1984/83, y en particular su artículo 6, apartado 1, a tenor del cual una
         obligación exclusiva de compra sólo puede ser objeto de una exención cuando tenga como contrapartida la concesión de ventajas
         económicas o financieras. Según él, la conclusión contenida en el apartado 150 de la sentencia impugnada contradice asimismo
         la conclusión anterior del Tribunal de Primera Instancia en el apartado 56 de la sentencia impugnada, según la cual la Comisión
         basó acertadamente su decisión en el Reglamento nº 1984/83.
         
         
         
         38
            
          Por una parte, no cabe objetar que la conclusión del Tribunal de Primera Instancia, según la cual las ventajas no contractuales
         supuestamente concedidas por Bass pueden compensar el diferencial de precios, contradice las disposiciones del Reglamento
         nº 1984/83. En efecto, como indica el apartado 57 de la sentencia impugnada, los contratos de arrendamiento tipo de Bass no
         han podido acogerse a la exención por categoría establecida en el Reglamento nº 1984/83, sino que han sido objeto de una exención
         individual con arreglo al artículo 81 CE, apartado 3, debido a que prevén, en contra de los requisitos exigidos por el artículo
         6 de dicho Reglamento, una especificación de la obligación de compra de cerveza por tipo de cerveza y no por la marca o la
         denominación.
         
         
         
         39
            
          Por otra parte, no existe ninguna contradicción entre los apartados 150 y 56 de la sentencia impugnada. En efecto, el Tribunal
         de Primera Instancia no ha afirmado, en el apartado 56 de la sentencia impugnada, que la Comisión hubiera basado la Decisión
         impugnada en el Reglamento nº 1984/83. A la luz de los apartados 63 a 66 de la sentencia impugnada, resulta que el Tribunal
         de Primera Instancia se ha limitado a afirmar que la Comisión había tenido en cuenta, en particular, y a su juicio acertadamente,
         criterios análogos a los del Reglamento n° 1984/83, pero que había tenido en cuenta también otros elementos para apreciar
         la rentabilidad de los bares vinculados a Bass.
         
         
         
         40
            
          Por consiguiente, el octavo motivo es manifiestamente infundado.
         
         
         
         41
            
          De todas las consideraciones anteriores se desprende que los motivos formulados por el Sr. Joynson en apoyo de su recurso
         de casación son o bien manifiestamente inadmisibles o bien manifiestamente infundados. Por tanto, procede desestimar el recurso
         de casación con arreglo al artículo 119 del Reglamento de Procedimiento.
         
          Sobre las costas 
         
         42
            
          Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable
         al procedimiento de casación a tenor del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada
         en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la Comisión ha solicitado que se condene en costas al Sr.
         Joynson y que los motivos formulados por éste han sido desestimados, procede condenarle al pago de las costas del presente
         recurso.
         
         
         En virtud de todo lo expuesto,
         
         
         
            
            EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
         
         
          resuelve:
         
            
            
            
               1)
                   Desestimar el recurso de casación. 
               
            
            
            
            
               2)
                   Condenar en costas al Sr. Joynson. 
               
            
             Dictado en Luxemburgo, a 10 de diciembre de 2003.
         
         
         
                  El Secretario
               
               
                  El Presidente
               
            
         
         
         
                  R. Grass
               
               
                  V. Skouris
               
            
      
      
          1 –
            
            Lengua de  procedimiento: inglés.