CELEX: 62014TO0381(03)
Language: es
Date: 2016-06-10 00:00:00
Title: Auto del Tribunal General (Sala Novena) de 10 de junio de 2016.#Viktor Pavlovych Pshonka contra Consejo de la Unión Europea.#Recurso de anulación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Congelación de fondos — Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la congelación de fondos y de recursos económicos — Inclusión del nombre del demandante — Plazo para recurrir — Admisibilidad — Prueba del fundamento de la inclusión en la lista — Recurso manifiestamente fundado.#Asunto T-381/14.

AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
      de 10 de junio de 2016 (
            *1
         )
      «Recurso de anulación — Política exterior y de seguridad común — Medidas restrictivas adoptadas habida cuenta de la situación en Ucrania — Congelación de fondos — Lista de las personas, entidades y organismos a los que se aplica la congelación de fondos y de recursos económicos — Inclusión del nombre del demandante — Plazo para recurrir — Admisibilidad — Prueba del fundamento de la inclusión en la lista — Recurso manifiestamente fundado»
      En el asunto T‑381/14,
      
         Viktor Pavlovych Pshonka, con domicilio en Moscú (Rusia), representado por los Sres. C. Constantina y J.‑M. Reymond, abogados,
      parte demandante,
      contra
      
         Consejo de la Unión Europea, representado por los Sres. V. Piessevaux y A. Vitro, en calidad de agentes,
      parte demandada,
      apoyado por
      
         Comisión Europea, representada por las Sras. S. Bartelt y D. Gauci, en calidad de agentes,
      parte coadyuvante,
      que tiene por objeto un recurso de anulación de la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014, L 66, p. 26; corrección de errores en DO 2014, L 70, p. 35, y en DO 2014, L 350, pp. 15 y 16), y del Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014, L 66, p. 1; corrección de errores en DO 2014, L 350, p. 15, y en DO 2014, L 70, p. 36), en la medida en que se refieren al demandante,
      EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),
      integrado por los Sres. G. Berardis (Ponente), Presidente, y O. Czúcz y A. Popescu, Jueces;
      Secretario: Sr. E. Coulon;
      dicta el siguiente
      
         Auto
      
      
         Antecedentes del litigio
      
      
               1
            
            
               El presente asunto se escribe en el contexto de las medidas restrictivas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania.
            
         
               2
            
            
               El demandante, el Sr. Viktor Pavlovych Pshonka, es el antiguo Fiscal General de Ucrania.
            
         
               3
            
            
               El 5 de marzo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó, con fundamento en el artículo 29 TUE, la Decisión 2014/119/PESC, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014, L 66, p. 26; corrección de errores en DO 2014, L 70, p. 35, y en DO 2014, L 350, pp. 15 y 16; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»).
            
         
               4
            
            
               El artículo 1, apartados 1 y 2, de la Decisión impugnada dispone lo siguiente:
               «1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano o de violaciones de los derechos humanos, y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas que figuren en el anexo.
               2.   En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en el anexo.»
            
         
               5
            
            
               Las reglas generales de las medidas restrictivas controvertidas se definen en los apartados siguientes de dicho artículo.
            
         
               6
            
            
               En la misma fecha, el Consejo adoptó, con fundamento en el artículo 215 TFUE, apartado 2, el Reglamento (UE) n.o 208/2014, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (DO 2014. L 66, p. 1; corrección de errores en DO 2014, L 70, p. 36 y en DO 2014, L 350, pp. 15 y 16; en lo sucesivo, «Reglamento impugnado»).
            
         
               7
            
            
               De conformidad con la Decisión impugnada, el Reglamento impugnado impone la adopción de las medidas restrictivas controvertidas y define las reglas generales de éstas en términos sustancialmente idénticos a los de la citada Decisión.
            
         
               8
            
            
               Los nombres de las personas sujetas a la Decisión y al Reglamento impugnados se enuncian en la lista que figura en el anexo de esa Decisión y en el anexo I de ese Reglamento (en lo sucesivo, «lista»), en la que se indica, entre otros datos, la motivación de su inclusión.
            
         
               9
            
            
               El nombre del demandante aparecía en la lista con la información de identificación «antiguo Fiscal General de Ucrania» y la siguiente motivación:
               «Persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania».
            
         
               10
            
            
               El 6 de marzo de 2014, el Consejo publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio a la atención de las personas a las que se aplican las medidas restrictivas previstas por la Decisión y por el Reglamento impugnados (DO 2014, C 66, p. 1). Según ese anuncio, «las personas afectadas podrán presentar al Consejo una solicitud, junto con la documentación probatoria correspondiente, para que se reconsidere la decisión de incluirlas en las listas [...]». El anuncio también advierte a las personas afectadas «que tienen la posibilidad de recurrir la decisión del Consejo ante el [Tribunal], conforme a las condiciones establecidas en el artículo 275 [TFUE], párrafo segundo, y en el artículo 263 [TFUE], párrafos cuarto y sexto».
            
         
               11
            
            
               La Decisión impugnada fue modificada por la Decisión (PESC) 2015/143 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119 (DO 2015, L 24, p. 16), que entró en vigor el 31 de enero de 2015. En cuanto a los criterios de designación de las personas sometidas a las medidas restrictivas controvertidas, del artículo 1 de dicha Decisión se desprende que la redacción del artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada se sustituye por la siguiente:
               «1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano o de violaciones de los derechos humanos, y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas que figuren en el anexo.
               A los efectos de la presente Decisión, entre las personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano se incluirá a aquellas personas sujetas a investigación por parte de las autoridades ucranianas:
               
                        a)
                     
                     
                        por apropiación indebida de fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicha apropiación, o
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicho abuso.»
                     
                  
         
               12
            
            
               El Reglamento (UE) 2015/138 del Consejo, de 29 de enero de 2015, por el que se modifica el Reglamento n.o 208/2014 (DO 2015, L 24, p. 1), modificó este último conforme a la Decisión 2015/143.
            
         
               13
            
            
               La Decisión y el Reglamento impugnados fueron modificados posteriormente por la Decisión (PESC) 2015/364 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por la que se modifica la Decisión 2014/119 (DO 2015, L 62, p. 25), y por el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/357 del Consejo, de 5 de marzo de 2015, por el que se aplica el Reglamento n.o 208/2014 (DO 2015, L 62, p. 1). La Decisión 2015/364 modificó el artículo 5 de la Decisión impugnada, prorrogando las medidas restrictivas en lo que respecta al demandante hasta el 6 de marzo de 2016. El Reglamento de Ejecución 2015/357 sustituyó, en consecuencia, al anexo I del Reglamento impugnado.
            
         
               14
            
            
               Mediante estos actos, se mantuvo el nombre del demandante en la lista, con la información de identificación «antiguo Fiscal General de Ucrania» y la nueva motivación siguiente:
               «Persona incursa en una causa penal ante las autoridades ucranianas por apropiación indebida de fondos o activos públicos.»
            
         
               15
            
            
               El demandante no ha interpuesto recurso contra estos últimos actos.
            
         
         Procedimiento y pretensiones de las partes
      
      
               16
            
            
               Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 30 de mayo de 2014, el demandante interpuso el presente recurso.
            
         
               17
            
            
               Mediante escrito separado, presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de septiembre de 2014, el Consejo propuso una excepción de inadmisibilidad con arreglo al artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991.
            
         
               18
            
            
               Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal los días 19 y 29 de septiembre de 2014, la Comisión Europea y Ucrania, respectivamente, solicitaron intervenir en el presente procedimiento en apoyo de las pretensiones del Consejo.
            
         
               19
            
            
               Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de diciembre de 2014, Ucrania informó al Tribunal de que desistía de su intervención.
            
         
               20
            
            
               Mediante auto del Tribunal (Sala Novena) de 7 de enero de 2015, la excepción de inadmisibilidad se unió al examen del fondo, de conformidad con el artículo 114, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991.
            
         
               21
            
            
               El Consejo presentó su escrito de contestación el 24 de febrero de 2015. El demandante no presentó escrito de réplica.
            
         
               22
            
            
               Mediante auto de 11 de marzo de 2015, el Presidente de la Sala Novena del Tribunal acordó el archivo de la demanda de intervención de Ucrania.
            
         
               23
            
            
               Mediante auto de 25 de marzo de 2015, el Presidente de la Sala Novena del Tribunal admitió la intervención de la Comisión. La coadyuvante presentó su escrito de formalización de la intervención y el Consejo presentó sus observaciones sobre éste en los plazos señalados. Mediante escrito de 3 de julio de 2015, el demandante renunció a presentar observaciones.
            
         
               24
            
            
               Mediante escrito de 16 de julio de 2015, la Secretaría del Tribunal informó a las partes de que la fase escrita del procedimiento había concluido.
            
         
               25
            
            
               Mediante escrito motivado presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de agosto de 2015, el Consejo solicitó ser oído en la fase oral del procedimiento, en virtud del artículo 106 del Reglamento del Procedimiento del Tribunal.
            
         
               26
            
            
               Mediante escrito de 20 de noviembre de 2015, la Secretaría del Tribunal solicitó a las partes que se manifestaran en relación con la aplicabilidad del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento al presente asunto, habida cuenta de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), mediante la que el Tribunal anuló la Decisión impugnada y el Reglamento impugnado en la medida en que se referían a la parte demandante en el citado asunto. Las partes dieron cumplimiento a esa solicitud en los plazos señalados.
            
         
               27
            
            
               El demandante solicita, en esencia, al Tribunal que:
               
                        —
                     
                     
                        Desestime la excepción de inadmisibilidad.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Anule la Decisión y el Reglamento impugnados en la medida en que le afectan.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Condene en costas al Consejo.
                     
                  
         
               28
            
            
               El Consejo solicita al Tribunal que:
               
                        —
                     
                     
                        Con carácter principal, declare la inadmisibilidad del recurso.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Con carácter subsidiario, desestime el recurso por infundado.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Condene en costas al demandante.
                     
                  
         
               29
            
            
               La Comisión solicita que se desestime el recurso.
            
         
         Fundamentos de Derecho
      
      
               30
            
            
               Conforme al artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, cuando el Tribunal de Justicia o el Tribunal General se hayan pronunciado ya sobre una o varias cuestiones jurídicas idénticas a las planteadas en los motivos del recurso y el Tribunal General constate que los hechos están probados, éste podrá decidir declarar el recurso manifiestamente fundado mediante un auto motivado que haga referencia a la jurisprudencia pertinente, una vez terminada la fase escrita del procedimiento, tras oír a las partes.
            
         
               31
            
            
               En el presente asunto, el Consejo presentó, mediante escrito separado, una excepción de inadmisibilidad, que, a pesar de haberse unido al examen del fondo, continúa sometida al Tribunal. Éste decide resolver sin continuar el procedimiento, al considerar que los documentos que obran en autos le proporcionan información suficiente.
            
         
         Sobre la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo
      
      
               32
            
            
               El Consejo alega la inadmisibilidad del presente recurso contra la Decisión y el Reglamento impugnados basándose en que se presentó fuera de plazo. Más concretamente, recordando lo dispuesto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, y haciendo referencia a la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo (C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258), el Consejo sostiene que el plazo de recurso de dos meses comenzó a correr desde que se comunicó al demandante la decisión de incluir su nombre en la lista, lo que se produjo mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (véase el anterior apartado 10), puesto que el Consejo no conocía la dirección del demandante.
            
         
               33
            
            
               A este respecto, sostiene que el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, que establece que el plazo de recurso comenzará a correr a partir del final del decimocuarto día siguiente a la publicación del acto, sólo se aplica cuando el plazo de recurso contra un acto comienza a correr con la publicación de dicho acto, lo que no sucede en el presente asunto. Por otra parte, afirma que de la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo (C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258) se desprende que, cuando una medida se ha comunicado a las personas y entidades interesadas mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, esas personas o entidades no pueden invocar dicha publicación para retrasar el inicio del plazo de recurso.
            
         
               34
            
            
               El Consejo sostiene que, por lo tanto, en el presente asunto, el plazo de recurso de dos meses establecido en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, ampliado por razón de la distancia en el plazo único de diez días previsto en el artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, expiró el 16 de mayo de 2014. Afirma que, en consecuencia, el presente recurso, interpuesto el 30 de mayo de 2014, es inadmisible.
            
         
               35
            
            
               El demandante rebate la argumentación del Consejo y alega que el recurso se interpuso dentro de plazo.
            
         
               36
            
            
               En primer lugar, ha de recordarse que, conforme al artículo 263 TFUE, párrafo sexto, el recurso de anulación debe interponerse en el plazo de dos meses a partir, según los casos, de la publicación del acto impugnado, de su notificación al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que este haya tenido conocimiento del mismo.
            
         
               37
            
            
               Según la jurisprudencia, el principio de tutela judicial efectiva exige que la autoridad de la Unión Europea que adopta un acto que impone medidas restrictivas frente a una persona o una entidad comunique a la persona o entidad interesada los motivos en que se basa dicho acto, con el máximo detalle posible, ya sea en el momento en que se adopta dicho acto o, al menos, con la máxima brevedad posible una vez adoptado, a fin de permitir a estas personas o entidades ejercer su derecho de recurso (véase la sentencia de 16 de noviembre de 2011, Bank Melli Iran/Consejo, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, apartado 47 y jurisprudencia citada).
            
         
               38
            
            
               Esta situación obedece a la naturaleza particular de los actos que imponen medidas restrictivas a una persona o entidad, los cuales se asemejan tanto a los actos de alcance general, en la medida en que prohíben a una categoría de destinatarios determinados de forma general y abstracta, entre otros comportamientos, poner fondos y recursos económicos a disposición de las personas y entidades cuyos nombres figuran en las listas contenidas en sus anexos, como a un conjunto de decisiones individuales respecto de tales personas y entidades (véase la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartado 56 y jurisprudencia citada).
            
         
               39
            
            
               En este caso, el principio de tutela judicial efectiva se concretó en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión impugnada y en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento impugnado, que disponen que el Consejo comunicará su decisión a la persona o entidad interesada, incluidos los motivos de la inclusión de su nombre en la lista de las personas o entidades sujetas a las medidas restrictivas, bien de forma directa, cuando se conozca su domicilio, o bien mediante la publicación de un anuncio, ofreciéndole la posibilidad de formular observaciones.
            
         
               40
            
            
               Así, el plazo para presentar un recurso de anulación contra un acto que impone medidas restrictivas a una persona o una entidad sólo comienza a correr, bien a partir de la fecha de la comunicación individual de ese acto al interesado, cuando se conozca su domicilio, bien a partir de la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, en caso contrario (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258, apartados 59 a 62).
            
         
               41
            
            
               A este respecto, ha de señalarse que el Consejo no puede elegir arbitrariamente el modo de comunicación de sus decisiones a las personas interesadas. En efecto, del apartado 61 de la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo (C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258) resulta que el Tribunal de Justicia ha querido permitir una comunicación indirecta de los actos que imponen medidas restrictivas mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea únicamente en el supuesto de que fuera imposible para el Consejo practicar una comunicación individual. De concluir otra cosa, se permitiría al Consejo eludir fácilmente su obligación de comunicación individual (sentencias de 3 de julio de 2014, Zanjani/Consejo, T‑155/13, no publicada, EU:T:2014:605, apartado 36; Sorinet Commercial Trust Bankers/Consejo, T‑157/13, no publicada; EU:T:2014:606, apartado 38, y Sharif University of Technology/Consejo, T‑181/13, no publicada, EU:T:2014:607, apartado 31).
            
         
               42
            
            
               Además, cabe considerar que es imposible para el Consejo comunicar individualmente a una persona física o jurídica o a una entidad un acto que impone medidas restrictivas que la afectan, bien cuando la dirección de esa persona o entidad no sea pública y no le haya sido facilitada, o bien cuando la comunicación enviada a la dirección que el Consejo conoce no ha llegado a su destinatario, a pesar de las actuaciones que éste ha emprendido con toda la diligencia exigible para realizar esa comunicación (sentencia de 5 de noviembre de 2014, Mayaleh/Consejo, T‑307/12 y T‑408/13, EU:T:2014:926, apartado 61).
            
         
               43
            
            
               En el presente asunto, el Consejo afirma que no conocía la dirección del demandante en el momento de la adopción de la Decisión y del Reglamento impugnados, lo que éste no discute.
            
         
               44
            
            
               Dado que el Consejo no tuvo otra opción que comunicar la inclusión del nombre del demandante mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, la fecha de publicación de ese anuncio constituye el punto de partida del plazo de recurso en el presente asunto.
            
         
               45
            
            
               Por lo que respecta al cómputo de ese plazo, debe recordarse que, según el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, cuando el plazo de interposición de un recurso contra un acto de una institución empiece a correr a partir de la publicación del acto, dicho plazo deberá contarse a partir del final del decimocuarto día siguiente a la fecha de la publicación del acto en el Diario Oficial de la Unión Europea. Conforme a lo dispuesto en el artículo 102, apartado 2, del citado Reglamento, este plazo deberá ampliarse, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días.
            
         
               46
            
            
               En este contexto, no cabe acoger la alegación del Consejo de que el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 no era aplicable en el presente asunto.
            
         
               47
            
            
               En primer lugar, del tenor del artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 se desprende que la ampliación del plazo de catorce días es aplicable a los actos cuyo plazo de recurso comience a correr a partir de su publicación, lo que excluye de su ámbito de aplicación únicamente a los actos que son notificados. En efecto, esta disposición no establece ninguna distinción en cuanto al tipo de acto publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea. Por ello, puede concluirse que, siempre que un acto haya sido publicado y la fecha de publicación haya constituido el punto de partida del plazo de recurso previsto en el artículo 263 TFUE, párrafo sexto, el artículo 102, apartado 1, del apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 es aplicable (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de julio de 2014, Zanjani/Consejo, T‑155/13, no publicada, EU:T:2014:605, apartados 40 y 41, y Sorinet Commercial Trust Bankers/Consejo, T‑157/13, no publicada, EU:T:2014:606, apartados 42 y 43).
            
         
               48
            
            
               En segundo lugar, el objetivo del plazo de catorce días previsto en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 es garantizar que los interesados dispongan de un lapso de tiempo suficiente para interponer recurso contra actos publicados y, por lo tanto, que se respete el derecho a la tutela judicial efectiva, tal y como está consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (sentencia de 26 de septiembre de 2013, PPG y SNF/ECHA, C‑625/11 P, EU:C:2013:594, apartado 35).
            
         
               49
            
            
               Además, ha de observarse que la publicación de un anuncio relativo a la inclusión de nombres de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas en el Diario Oficial de la Unión Europea no puede asimilarse a una notificación de esas medidas a las personas y entidades afectadas. Cuando se notifica un acto, cabe presumir que se ha puesto a disposición de su destinatario el día de la notificación. Sin embargo, no sucede así cuando actos de alcance individual, como medidas restrictivas, se comunican indirectamente a las personas y entidades afectadas mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Pues bien, el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 establece un plazo de catorce días después del cual cabe presumir razonablemente que el Diario Oficial de la Unión Europea está disponible efectivamente en todos los Estados miembros y en los Estados terceros. Por consiguiente, la ampliación del plazo de catorce días prevista en esa disposición debe aplicarse a todos los actos comunicados mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, incluidos los actos de alcance individual comunicados a las personas afectadas a través de la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (sentencias de 3 de julio de 2014, Zanjani/Consejo, T‑155/13, no publicada, EU:T:2014:605, apartados 42 y 43, y Sorinet Commercial Trust Bankers/Consejo, T‑157/13, no publicada, EU:T:2014:606, apartados 44 y 45).
            
         
               50
            
            
               Por último, de la jurisprudencia se desprende que el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 responde al derecho de los interesados a que se les comuniquen las medidas restrictivas adoptadas en su contra, en su caso mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea (sentencias de 3 de julio de 2014, Zanjani/Consejo, T‑155/13, no publicada, EU:T:2014:605, apartado 44, y Sorinet Commercial Trust Bankers/Consejo, T‑157/13, no publicada, EU:T:2014:606, apartado 46).
            
         
               51
            
            
               En efecto, cuando no se conocen las direcciones de las personas objeto de las medidas restrictivas, o resulta imposible comunicar directamente esas medidas, someter la comunicación indirecta de tales medidas, mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, al régimen de cómputo de plazos aplicable a las notificaciones individuales privaría a los interesados de la ampliación del plazo de recurso de catorce días a partir de la publicación del acto prevista en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, de manera que dichas personas no podrían beneficiarse de las garantías que se derivan de una comunicación directa. En estas circunstancias, la obligación de comunicar indirectamente las medidas restrictivas, mediante la publicación de un anuncio, cuya finalidad, en principio, es conferir garantías adicionales a los interesados, tendría paradójicamente la consecuencia de colocarlas en una situación menos favorable que la que resultaría de la mera publicación de los actos impugnados en el Diario Oficial de la Unión Europea (véanse, en este sentido, las sentencias de 4 de febrero de 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consejo, T‑174/12 y T‑80/13, EU:T:2014:52, apartados 65 y 66, y de 3 de julio de 2014, Zanjani/Consejo, T‑155/13, no publicada, EU:T:2014:605, apartado 45, y Sorinet Commercial Trust Bankers/Consejo, T‑157/13, no publicada, EU:T:2014:606, apartado 47).
            
         
               52
            
            
               De lo anterior se deriva que el Consejo no puede fundamentar válidamente su argumentación en la sentencia de 23 de abril de 2013, Gbagbo y otros/Consejo, (C‑478/11 P a C‑482/11 P, EU:C:2013:258), en la que el Tribunal de Justicia puso precisamente de relieve el hecho de que la obligación de notificación individual servía para proteger en mayor medida a los justiciables. Por lo tanto, no puede invocarse dicha sentencia para dispensarles un trato que les sería menos favorable que el derivado de la mera publicación de los actos que contienen las medidas restrictivas respecto a ellos (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de febrero de 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Consejo, T‑174/12 y T‑80/13, EU:T:2014:52, apartado 67).
            
         
               53
            
            
               Por otra parte, ha de señalarse también que el Consejo basa su argumentación erróneamente en la sentencia de 9 de julio de 2014, Al-Tabbaa/Consejo (T‑329/12 y T‑74/13, EU:T:2014:622), remitiéndose, en particular, al apartado 59 de dicha sentencia. En efecto, en ese apartado, se recuerda, en primer lugar, que los actos controvertidos se habían comunicado a la parte demandante, por un lado, mediante un escrito notificado a sus representantes y, por otro, mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, produciéndose ambos acontecimientos el mismo día. Además, el Tribunal consideró que el recurso contra esos actos no era extemporáneo, ya que se había interpuesto antes de la expiración del plazo de recurso cuyo cómputo era más breve, es decir, el plazo calculado a partir de la notificación al representante de la parte demandante. De ello resulta que, en el presente asunto, no era necesario indicar el cálculo del plazo de recurso que comenzaba a correr a partir de la publicación del anuncio, respecto del que se aplicaba el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991.
            
         
               54
            
            
               No desvirtúa esta última constatación el hecho de que dicho apartado 59 de la sentencia de 9 de julio de 2014, Al-Tabbaa/Consejo (T‑329/12 y T‑74/13, no publicada, EU:T:2014:622) explique que los plazos de recurso se amplían, en ambos casos, en un plazo único de diez días en virtud del artículo 102, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991. En efecto, por una parte, esta disposición se aplica con independencia de la naturaleza del acontecimiento que marca el inicio del plazo de recurso y, por otra, la aplicación de esta disposición no excluye la del artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991.
            
         
               55
            
            
               En el presente asunto, el Consejo publicó un anuncio relativo a la inclusión del nombre del demandante en la lista en el Diario Oficial de la Unión Europea de 6 de marzo de 2014. El plazo de dos meses, aumentado en el plazo de catorce días previsto en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991, y en el plazo único de diez días por razón de la distancia previsto en el apartado 2 de dicho artículo, expiraba, por tanto, el 30 de mayo de 2014.
            
         
               56
            
            
               Puesto que el presente recurso se presentó en la Secretaría del Tribunal ese mismo día, se interpuso dentro del plazo legal, por lo que debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo.
            
         
         Sobre el fondo
      
      
               57
            
            
               En apoyo de su recurso, el demandante invoca tres motivos. En el marco del primer motivo, que se basa en la incompetencia del Consejo y en la invasión de las competencias del «juez natural», propone una excepción de ilegalidad contra el artículo 3 del Reglamento impugnado, en virtud del artículo 277 TFUE, por considerar que la formulación de dicho artículo infringe el artículo 215 TFUE, apartado 2. El segundo motivo se basa en un error manifiesto de apreciación de los hechos. El tercer motivo, que se basa en la violación de los derechos fundamentales, se subdivide en siete partes, basadas, respectivamente, en la falta de motivación, la violación de los derechos fundamentales, la violación del derecho a un proceso equitativo, la violación del derecho a la presunción de inocencia, la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y la violación del derecho de propiedad y un menoscabo grave de la reputación del demandante.
            
         
               58
            
            
               El Tribunal considera oportuno examinar antes de nada el segundo motivo, en apoyo del cual el demandante alega fundamentalmente que las medidas restrictivas contra él se adoptaron sin una base fáctica suficientemente sólida.
            
         
               59
            
            
               En efecto, este motivo suscita una cuestión jurídica idéntica a la que el Tribunal resolvió en las sentencias de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), y de 28 de enero de 2016, Azarov/Consejo (T‑331/14, EU:T:2016:49), Azarov/Consejo (T‑332/14, no publicada, EU:T:2016:48), Klyuyev/Consejo (T‑341/14, EU:T:2016:47), Arbuzov/Consejo (T‑434/14, no publicada, EU:T:2016:46), y Stavytskyi/Consejo (T‑486/14, no publicada, EU:T:2016:45), que han adquirido firmeza y tienen actualmente la fuerza absoluta de cosa juzgada.
            
         
               60
            
            
               En el presente asunto, según el demandante, la Decisión y el Reglamento impugnados no contienen más que una motivación muy concisa para justificar la inclusión de su nombre en la lista, limitándose a señalar que es objeto de una investigación en Ucrania por participación en delitos relacionados con el fraude de fondos públicos y su transferencia ilegal fuera de Ucrania. Los motivos invocados por el Consejo no cumplen, en su opinión, los requisitos establecidos por la Decisión y el Reglamento impugnados, y no están corroborados por la más mínima prueba. Por otra parte, el demandante alega que no se ha iniciado ninguna investigación penal respecto a él en relación con el fraude de fondos públicos o una transferencia ilegal fuera de Ucrania antes o en el momento de la adopción de la Decisión y del Reglamento impugnados. Considera que, en consecuencia, el Consejo incurrió en error manifiesto al apreciar los hechos del presente asunto o bien que apreció esos hechos de una manera arbitraria.
            
         
               61
            
            
               El Consejo responde que las razones para incluir el nombre del demandante en la lista se basan en unos fundamentos de hecho sólidos. Afirma que esas razones se apoyan en un escrito de la Fiscalía General de Ucrania enviado a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 3 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, «escrito de 3 de marzo de 2004»), en el que se informa al Consejo de que se habían llevado a cabo investigaciones acerca de la participación, entre otros, del demandante en delitos relacionados con el fraude de fondos públicos y su transferencia ilegal fuera de Ucrania, lo que se ajusta a la motivación relativa al demandante que figura en la Decisión y el Reglamento impugnados. Por otra parte, en cartas posteriores, la Fiscalía General de Ucrania proporcionó precisiones adicionales acerca de las investigaciones que concernían al demandante y sobre la naturaleza de las acusaciones que le atañían. A este respecto, el Consejo alega que el hecho de que no se hubiera incoado un proceso penal contra el demandante no le impedía, a la luz de los principios establecidos por la jurisprudencia, identificar válidamente al demandante como responsable de fraude de fondos públicos ucranianos.
            
         
               62
            
            
               Pues bien, como se ha recordado en el apartado 38 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), aunque el Consejo dispone de un amplio margen de apreciación en cuanto a los criterios generales que deben tomarse en consideración para adoptar medidas restrictivas, la efectividad del control jurisdiccional garantizado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales exige que, al controlar la legalidad de los motivos en que se basa la decisión de incluir o mantener el nombre de una persona concreta en una lista de personas sujetas a medidas restrictivas, el juez de la Unión se asegure de que dicha decisión, que constituye un acto de alcance individual para dicha persona, dispone de unos fundamentos de hecho suficientemente sólidos. Ello implica verificar los hechos alegados en el resumen de motivos en que se basa dicha decisión, de modo que el control jurisdiccional no quede limitado a una apreciación de la verosimilitud abstracta de los motivos invocados, sino que se refiera a la cuestión de si tales motivos, o al menos uno de ellos que se considere suficiente por sí solo para fundamentar tal decisión, están o no respaldados de manera suficientemente precisa y concreta (véase la sentencia de 21 de abril de 2015, Anbouba/Consejo, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, apartados 41 y 45 y jurisprudencia citada).
            
         
               63
            
            
               Al igual que en el asunto que dio lugar a la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), apartado 39, en el presente asunto el criterio establecido en el artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada dispone que se adoptan medidas restrictivas con respecto a las personas que hayan sido identificadas como responsables de la comisión de hechos de apropiación indebida de fondos públicos. Por otra parte, del considerando 2 de dicha Decisión se desprende que el Consejo adoptó estas medidas «con vistas a la consolidación y apoyo del Estado de Derecho [...] en Ucrania».
            
         
               64
            
            
               El nombre del demandante se incluyó en la lista porque era una «persona sometida a un proceso penal en Ucrania para investigar delitos en relación con el fraude de fondos públicos de Ucrania y su transferencia ilegal fuera de Ucrania». De ello resulta que el Consejo consideró que el demandante estaba sujeto a una investigación o una instrucción preliminar que no había conducido (o aún no) a una acusación formal a causa de su presunta implicación en hechos de apropiación indebida de fondos públicos.
            
         
               65
            
            
               A semejanza del asunto que dio lugar a la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), apartado 41, en apoyo del motivo de la inclusión del nombre del demandante en la lista, el Consejo invoca el escrito de 3 de marzo de 2014 y otras pruebas posteriores a la Decisión y al Reglamento impugnados.
            
         
               66
            
            
               El escrito de 3 de marzo de 2014 se subdivide en dos partes. La primera parte indica que «los servicios represivos ucranianos» han iniciado una serie de procesos penales para investigar los actos penales cometidos por antiguos altos funcionarios (ocho en total), respecto de los que la investigación realizada sobre los delitos antes mencionados ha permitido acreditar la apropiación indebida de fondos públicos por cuantías significativas y la transferencia ilegal posterior de esos fondos fuera del territorio de Ucrania. Los nombres de esos altos funcionarios, entre los que figura el del demandante (el único cuyo nombre no ha sido tachado), se enumeran justo a continuación. La segunda parte añade que «la investigación confirma la participación en el mismo tipo de delitos de otros altos funcionarios que representan a las antiguas autoridades» y que éstos serán informados en breve del inicio de esta investigación. Los nombres de esos otros funcionarios (diez en total, y todos ellos tachados) se enumeran también justo a continuación.
            
         
               67
            
            
               No se discute que, sobre esta única base, se identificó al demandante «como responsable de la apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano» en el sentido del artículo 1, apartado 1, de la Decisión impugnada.
            
         
               68
            
            
               En efecto, a semejanza del asunto que dio lugar a la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), apartado 42, el escrito de 3 de marzo de 2014 es la única de las pruebas presentadas por el Consejo en el presente procedimiento que es anterior a la Decisión y al Reglamento impugnados.
            
         
               69
            
            
               Pues bien, por analogía con lo que el Tribunal resolvió en la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), apartados 43 y 44, ha de considerarse que, a pesar de que procede de una alta instancia judicial de un tercer país, dicho escrito no contiene más que una afirmación general y genérica que relaciona el nombre del demandante, entre los de otros antiguos altos funcionarios, con una investigación que, en esencia, acreditó supuestamente hechos de apropiación indebida de fondos públicos. En efecto, el escrito no aporta ninguna precisión sobre la acreditación de los hechos que la investigación realizada por las autoridades ucranianas estaba verificando y aún menos sobre la responsabilidad individual, aunque sólo fuera presunta, del demandante a este respecto (véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2016, Azarov/Consejo, T‑332/14, no publicada, EU:T:2016:48, apartado 46).
            
         
               70
            
            
               Ha de señalarse también que, contrariamente a la sentencia de 27 de febrero de 2014, Ezz y otros/Consejo (T‑256/11, EU:T:2014:93), apartados 57 a 61, confirmada en casación por la sentencia de 5 de marzo de 2015, Ezz y otros/Consejo (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), invocadas por el Consejo, en el presente asunto, por una parte, éste no disponía de información acerca de los hechos o comportamientos concretamente reprochados al demandante por las autoridades ucranianas y, por otra, el escrito de 3 de marzo de 2014, incluso aunque fuera examinado en el contexto en el que se inscribe, no puede constituir una base fáctica suficientemente sólida con arreglo a la jurisprudencia citada en el anterior apartado 62 para incluir el nombre del demandante en la lista por haber sido identificado «como responsable» de apropiación indebida de fondos públicos (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), apartados 46 a 48.
            
         
               71
            
            
               Con independencia de la fase en la que estuviera el procedimiento al que presuntamente estaba sujeto el demandante, el Consejo no podía adoptar medidas restrictivas contra él sin conocer los hechos de apropiación indebida de fondos públicos que le reprocharan específicamente las autoridades ucranianas. En efecto, sólo con conocimiento de esos hechos habría podido determinar el Consejo que, por un lado, éstos podían calificarse como apropiación indebida de fondos públicos y, por otro, que podían menoscabar el Estado de Derecho en Ucrania, cuya consolidación y apoyo constituyen, según se ha recordado en el anterior apartado 63, el objetivo perseguido por la adopción de las medidas restrictivas controvertidas (véase, en este sentido, la sentencia de 28 de enero de 2016, Azarov/Consejo, T‑331/14, no publicada, EU:T:2016:49, apartado 50).
            
         
               72
            
            
               Además, es la autoridad competente de la Unión quien debe acreditar, en caso de impugnación, que los motivos invocados contra la persona afectada son fundados, y no es dicha persona quien debe aportar la prueba negativa de la carencia de fundamento de tales motivos (véase la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo, T‑290/14, EU:T:2015:806, apartado 45 y jurisprudencia citada).
            
         
               73
            
            
               Por lo tanto, ha de concluirse que, a semejanza de lo que el Tribunal resolvió en el asunto que dio lugar a la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), apartado 50, la inclusión del nombre del demandante en la lista no se ajusta a los criterios de designación de las personas sometidas a las medidas restrictivas controvertidas fijados por la Decisión impugnada.
            
         
               74
            
            
               De ello se deriva que el presente recurso debe declararse manifiestamente fundado, de conformidad con el artículo 132 del Reglamento de Procedimiento.
            
         
               75
            
            
               No desvirtúan esta conclusión las alegaciones del Consejo formuladas en respuesta a una pregunta del Tribunal (véase el anterior apartado 26) por las que refuta la aplicación de este artículo al presente asunto.
            
         
               76
            
            
               Con carácter preliminar, el Consejo alega que la aplicación del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, que establece una excepción a las disposiciones del Derecho primario de la Unión y limita los derechos procesales de las partes, debe limitarse a supuestos excepcionales, es decir, aquellos en los que no cabe ninguna duda de que el recurso es fundado. En esencia, el Consejo fórmula tres objeciones a este respecto. La primera se basa en que los apartados 38 a 50 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806) no se refieren a una cuestión jurídica, sino sólo a hechos. La segunda se basa en que los hechos no han quedado probados en el sentido de dicho artículo. La tercera, que formula también la Comisión, se basa en la consideración de que la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo se unió al examen sobre el fondo. El Consejo sostiene que, lógicamente, el recurso interpuesto por el demandante sólo puede declararse manifiestamente fundado si la excepción de inadmisibilidad propuesta por el Consejo se declara manifiestamente infundada, lo que no ha sucedido en el presente asunto.
            
         
               77
            
            
               Por lo que respecta a la primera objeción, ha de señalarse que los apartados 38 a 50 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806) constituyen toda la apreciación del Tribunal. Sostener, como hace el Consejo, que esos apartados sólo se refieren a hechos equivaldría a afirmar que dicha sentencia es una sentencia meramente fáctica. Si bien es cierto que la parte central de esa sentencia está constituida por el examen del único hecho que podía examinarse, esto es, el escrito de 3 de marzo de 2014, no lo es menos que ese examen se llevó a cabo a la luz de la jurisprudencia y de los principios de Derecho y representa el centro del apreciación jurídica efectuada por el Tribunal en cuanto al modo en que el Consejo cumplió con la carga de la prueba apoyándose en este escrito. Por otra parte, como se desprende del apartado 41 de la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806), el Consejo utilizó dicho escrito para incluir en la lista no sólo el nombre del Sr. Portnov, sino también el de otros antiguos altos funcionarios, entre los que figura el demandante, y el Tribunal consideró que el citado escrito no constituía un fundamento de hecho suficientemente sólido en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 62. De ello se deduce que la cuestión jurídica sobre la que se pronunció el Tribunal, esto es, el carácter fundamentado de manera suficientemente precisa y concreta de las razones invocadas para la inclusión en la lista, que eran, en esencia, las mismas para todas las personas afectadas, es idéntica, teniendo en cuenta las particularidades del contencioso en materia de medidas restrictivas, a la planteada por el segundo motivo en el presente asunto.
            
         
               78
            
            
               Por lo que respecta a la segunda objeción, el Consejo alega, en esencia, que el artículo 132 del Reglamento de Procedimiento sólo podría aplicarse a asuntos relacionados con medidas restrictivas si el Tribunal ha considerado que el Consejo ha demostrado que los hechos en los que se basó estaban acreditados, y no a aquellos asuntos en los que el Tribunal ha estimado que no ocurría así.
            
         
               79
            
            
               Ha de recordarse que, conforme al artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, corresponde al Tribunal constatar que los hechos están probados. A este respecto, ha de observarse que, contrariamente a lo que parece alegar el Consejo, los hechos probados no tienen que ser los mismos que los que se consideraron pertinentes en el asunto que dio lugar a la sentencia de 26 de octubre de 2015, Portnov/Consejo (T‑290/14, EU:T:2015:806). Pues bien, en el presente asunto, las partes no ponen en duda la veracidad del hecho en el que se basó el Consejo para incluir el nombre del demandante en la lista, a saber, que, según el escrito de 3 de marzo de 2014, existía una investigación o instrucción preliminar que las autoridades ucranianas estaban llevando a cabo respecto al demandante por fraude de fondos públicos, por lo que este hecho puede considerarse probado.
            
         
               80
            
            
               La circunstancia de que un escrito como el de 3 de marzo de 2014, que hace referencia a estas instrucciones o investigaciones, no pueda considerarse suficiente, en sí mismo, para fundamentar las razones de inclusión del nombre del demandante en la lista constituye, en cambio, el elemento central de la apreciación jurídica del modo en que el Consejo cumplió con la carga de la prueba (véase el anterior apartado 77), lo que no equivale a poner en duda los hechos descritos en dicho escrito.
            
         
               81
            
            
               Por lo que respecta a la tercera objeción, ha de señalarse que, con arreglo a la jurisprudencia, la posibilidad de declarar la inadmisibilidad de un recurso mediante auto motivado, y por tanto sin celebración de vista, no queda excluida porque el Tribunal haya adoptado anteriormente un auto de acumulación al examen sobre el fondo de una excepción presentada sobre la base del artículo 114 del Reglamento de Procedimiento de 2 de mayo de 1991 (véase, en este sentido, el auto de 19 de febrero de 2008, Tokai Europe/Comisión, C‑262/07 P, no publicado, EU:C:2008:95, apartados 26 a 28). Pues bien, esta conclusión se impone también en lo que atañe a la posibilidad de desestimar la excepción de inadmisibilidad cuando el Tribunal pretende, como en el presente asunto, declarar el recurso manifiestamente fundado de conformidad con el artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, que establece expresamente que éste pueda decidir al término de un procedimiento únicamente escrito.
            
         
               82
            
            
               Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, procede estimar, por ende, el recurso, que es manifiestamente fundado en el sentido del artículo 132 del Reglamento de Procedimiento, en la medida en que tiene por objeto la anulación de la Decisión impugnada en cuanto afecta al demandante.
            
         
               83
            
            
               Por las mismas razones, debe anularse el Reglamento impugnado en cuanto afecta al demandante.
            
         
         Costas
      
      
               84
            
            
               A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones del Consejo, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por el demandante.
            
         
               85
            
            
               Por otro lado, a tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio cargarán con sus propias costas. La Comisión cargará, por tanto, con sus propias costas.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto,
               EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
               resuelve:
            
          
            
               
                        
                           1)
                        
                     
                     
                        
                           Anular la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, y el Reglamento (UE) n.o 208/2014 del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativo a las medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania, en la medida en que afectan al Sr. Viktor Pavlovych Pshonka.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           2)
                        
                     
                     
                        
                           Condenar al Consejo de la Unión Europea a cargar con sus propias costas y con las del Sr. Pshonka.
                        
                     
                  
          
            
               
                        
                           3)
                        
                     
                     
                        
                           La Comisión Europea cargará con sus propias costas.
                        
                     
                  
          
               
                  Dictado en Luxemburgo, a 10 de junio de 2016.
               
             
               
                  
                     El Secretario
                     E. Coulon
                     El Presidente
                     G. Berardis
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: inglés.