CELEX: 62005TO0295
Language: es
Date: 2007-09-05 00:00:00
Title: Auto del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 5 de septiembre de 2007. # Document Security Systems, Inc. contra Banco Central Europeo (BCE). # Unión monetaria - Emisión de billetes de banco de euros - Supuesta utilización de una invención patentada para evitar la falsificación - Acción por violación de un derecho de patente europea - Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia - Inadmisibilidad - Recurso de indemnización. # Asunto T-295/05.

Asunto T‑295/05
      Document Security Systems, Inc.,
      contra
      Banco Central Europeo (BCE)
      «Unión monetaria — Emisión de billetes de banco de euros — Supuesta utilización de una invención patentada para evitar la falsificación — Acción por violación de un derecho de patente europea — Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia — Inadmisibilidad — Recurso de indemnización»
      Sumario del auto
      1.      Procedimiento — Acción por violación de un derecho de patente europea — Incompetencia del juez comunitario
      (Arts. 7 CE y 220 CE a 241 CE)
      2.      Estados miembros — Obligaciones — Obligación de cooperación leal con las instituciones comunitarias
      (Art. 10 CE)
      3.      Recurso de indemnización — Plazo de prescripción — Inicio del cómputo
      (Art. 288 CE, párr. 2)
      4.      Responsabilidad extracontractual — Requisitos — Ilicitud — Perjuicio — Relación de causalidad
      (Art. 235 CE y 288 CE, párrs. 2 y 3)
      1.      En virtud de los artículos 7 CE y 220 CE, el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer únicamente las competencias que le
         atribuye el Derecho comunitario. A falta de dicha atribución de competencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede pronunciarse
         sobre un recurso sin extender su competencia jurisdiccional a los litigios en que la Comunidad es parte y cuya competencia
         está atribuida, según el artículo 240 CE, a los órganos jurisdiccionales nacionales. 
      
      En el supuesto de una acción por violación de derechos de patente dirigida a que se declare que el Banco Central Europeo ha
         vulnerado los derechos conferidos por una patente europea relativa, en particular, a elementos de protección contra la falsificación
         de billetes de banco, la competencia para declarar si existe tal violación corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales
         y no al Tribunal de Primera Instancia. 
      
      En efecto, ninguna disposición de Derecho comunitario confiere al Tribunal de Primera Instancia competencia alguna para pronunciarse
         en materia de violación de patentes. La acción por violación de patentes no figura entre los recursos cuya competencia atribuyan
         a los órganos jurisdiccionales comunitarios los artículos 220 CE a 241 CE. A mayor abundamiento, el Derecho nacional de patentes,
         a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, como ocurre con el Derecho nacional de marcas, no ha sido objeto
         de armonización comunitaria. Respecto de los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado y que, por consiguiente,
         son competencia de los Estados miembros, la protección de determinados derechos de propiedad intelectual y las medidas adoptadas
         con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario.
      
      (véanse los apartados 50, 51, 56, 57 y 71)
      2.      El Tribunal de Primera Instancia no puede poner en tela de juicio la legitimidad de un derecho nacional de propiedad industrial
         sin vulnerar con ello el principio de cooperación leal que, en virtud del artículo 10 CE, debe regir las relaciones entre
         los Estados miembros y las instituciones comunitarias, y que no sólo obliga a los Estados miembros a adoptar todas las medidas
         apropiadas para asegurar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario, sino que también impone a las instituciones comunitarias
         obligaciones recíprocas de cooperación leal con los Estados miembros.
      
      (véase el apartado 70)
      3.      El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la Comunidad no puede empezar a correr antes
         de que concurran todos los requisitos a los que se encuentra supeditada la obligación de indemnización. En el caso de una
         patente europea vulnerada por el Banco Central Europeo, el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad del titular
         de la patente contra la Comunidad sólo puede empezar a correr cuando ésta haya obtenido la declaración por los órganos jurisdiccionales
         nacionales competentes sobre la existencia de la violación de patente de la que acusa al Banco.
      
      (véase el apartado 75)
      4.      Para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al artículo 288 CE, párrafo segundo, por
         comportamiento ilícito de sus órganos es necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad del comportamiento
         imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado
         y el perjuicio invocado. 
      
      En el caso del requisito relativo a la ilegalidad de un comportamiento imputado al Banco Central Europeo y consistente en
         violar una patente, únicamente sobre la base de la resolución de una autoridad nacional competente que declare la existencia
         de la violación de una patente por el Banco podría juzgar el Tribunal de Primera Instancia si dicha violación puede generar
         la responsabilidad de la Comunidad.
      
      (véanse los apartados 80 y 81)
AUTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      de 5 de septiembre de 2007 (*)
      
      «Unión monetaria − Emisión de billetes de banco de euros − Supuesta utilización de una invención patentada para evitar la falsificación
         − Acción por violación de un derecho de patente europea – Incompetencia del Tribunal de Primera Instancia – Inadmisibilidad – Recurso de indemnización»
      
      En el asunto T‑295/05,
      Document Security Systems, Inc., con domicilio social en Rochester, New York (Estados Unidos), representada por la Sra. L. Cohen, los Sres. H. Sheraton y
         B. Uphoff, Solicitors, y el Sr. C. Stanbrook, QC,
      
      parte demandante,
      contra
      Banco Central Europeo (BCE), representado por la Sra. C. Zilioli y el Sr. P. Machado, en calidad de agentes, asistidos por los Sres. E. Garayar Gutiérrez
         y G. de Ulloa y Suelves, abogados,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto, por un lado, una acción por violación de patente por la cual la demandante solicita que se declare que
         el BCE ha violado los derechos que le confiere una patente europea y, por otro, un recurso de indemnización de los perjuicios
         supuestamente sufridos como consecuencia de esta violación,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),
      integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y los Sres. R. García-Valdecasas y V. Ciucă, Jueces;
      Secretario: Sr. E. Coulon;
      dicta el siguiente
      Auto
       Marco jurídico 
       Legislación comunitaria
      1        El artículo 235 CE dispone: 
      
      «El Tribunal de Justicia será competente para conocer de los litigios relativos a la indemnización por daños a que se refiere
         el segundo párrafo del artículo 288.»
      
      2        El artículo 288 CE, párrafos segundo y tercero, establece: 
      
      «En materia de responsabilidad extracontractual, la Comunidad deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus
         agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados
         miembros.
      
      El segundo párrafo se aplicará en las mismas condiciones a los daños causados por el Banco Central Europeo o por sus agentes
         en el ejercicio de sus funciones.»
      
      3        El artículo 35, apartado 3, del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central
         Europeo que se incorporó como anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (DO 1992, C 191, p. 68; en lo sucesivo,
         «Estatuto del BCE»), en su versión modificada, dispone: 
      
      «El BCE estará sujeto al régimen de obligaciones que establece el artículo 288 del Tratado [...]»
       Convenio sobre la Patente Europea 
      4        El Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 5 de octubre de 1973 (igualmente denominado «Convenio sobre la Patente
         Europea» o «Convenio de Múnich»; en lo sucesivo, «CPE»), en su versión modificada por el Acta de revisión del artículo 63 del CPE de 17 de diciembre de 1991, y por las Decisiones
         del Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes de 21 de diciembre de 1978, de 13 de diciembre de 1994,
         de 20 de octubre de 1995, de 5 de diciembre de 1996, de 10 de diciembre de 1998 y de 27 de octubre de 2005, y que incluye
         las disposiciones del Acta de revisión del CPE de 29 de noviembre de 2000 que se aplican con carácter provisional, constituye
         un tratado internacional multilateral que forma parte del Derecho comunitario y cuyo objeto es establecer un procedimiento
         simplificado de protección mediante patente en Europa para un determinado número de países. El CPE entró en vigor el 7 de
         octubre de 1977 y, actualmente, ha sido ratificado por 32 Estados, entre los cuales se encuentran todos los Estados miembros
         de la Unión Europea. 
      
      5        El artículo 4 del CPE creó la Organización Europea de Patentes, que tiene por misión conceder patentes europeas. Este cometido
         lo lleva a cabo uno de sus órganos, la Oficina Europea de Patentes (en lo sucesivo, «Oficina»). 
      
      6        El artículo 2, apartado 2, del CPE dispone que, «en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente
         europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo
         que el presente Convenio disponga otra cosa». 
      
      7        El artículo 64 del CPE establece: 
      
      «1.      Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, la patente europea confiere a su titular, a partir del día de la publicación
         de la nota de concesión y en cada uno de los Estados contratantes para los que haya sido concedida, los mismos derechos que
         le conferiría una patente nacional concedida en ese Estado. 
      
      2.      Si el objeto de la patente europea consiste en un procedimiento, los derechos conferidos por esa patente se extienden a los
         productos obtenidos directamente por dicho procedimiento. 
      
      3.      Cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación nacional.»
      8        El CPE contiene una serie de reglas aplicables a todos los Estados contratantes. Estas reglas comunes se refieren a los criterios
         de patentabilidad (artículos 52 a 57 del CPE), a las causas de nulidad de una patente comunitaria (artículo 138 del CPE; véase
         el apartado siguiente), y al alcance y período de protección de la patente (artículo 63, artículo 64, apartado 2, y artículo
         69 del CPE).
      
      9        El artículo 138 del CPE enuncia los casos en que una patente europea podrá ser declarada nula en virtud de la legislación
         de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado. 
      
       Hechos que originaron el litigio
      10      La demandante es una sociedad americana que, en 2004, alega haber adquirido la titularidad de una patente europea sobre, en
         particular, elementos de protección contra la falsificación de billetes de banco. Esta invención se atribuye al Sr. Ralph
         C. Wicker y consiste en un método de producción de documentos con el fin de detectar una falsificación cuando éstos han sido
         copiados mediante escáneres que utilizan la técnica de barrido. 
      
      11      El Sr. Wicker presentó una solicitud de patente respecto a este método de producción en Estados Unidos el 18 de enero de 1989.
         El 16 de enero de 1990, presentó una solicitud de patente europea ante la Oficina. 
      
      12      La solicitud de patente europea presentada por el Sr. Wicker fue publicada en el Boletín Europeo de Patentes el 13 de noviembre de 1991. Dicha solicitud fue denegada el 18 de julio de 1995 por carecer de actividad inventiva respecto
         al estado de la técnica. La decisión fue recurrida el 5 de febrero de 1999 y una de las salas técnicas de recursos de la Oficina
         autorizó la concesión de la patente solicitada, que fue finalmente efectuada el 24 de noviembre de 1999, con el número 0 455 750 B1
         y bajo la denominación de «Procedimiento de producción de un documento no reproducible» (en lo sucesivo, «patente controvertida»).
         
      
      13      La demandante sostiene que la patente controvertida fue validada y produce efectos en Francia, Austria, Reino Unido, Alemania,
         Bélgica, España, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos (en lo sucesivo, «Estados considerados»). Según la demandante, el Sr.
         Wicker especificó los Estados considerados en el momento de presentar su solicitud de la patente controvertida. La demandante
         alega que la patente produce efectos igualmente en Liechtenstein, Dinamarca, Suecia y Suiza, Estados situados fuera del territorio
         en que el euro es la moneda oficial (la zona euro) y que no han imprimido billetes de banco de euros, y que no se tienen en
         cuenta en el escrito de demanda.
      
      14      Según la demandante, la patente controvertida continúa siendo de la titularidad del Sr. Wicker, fallecido en 1997, y fue transmitida
         a sus causahabientes en virtud de las leyes del Estado de Nueva York hasta que éstos la cedieron el 22 de diciembre de 2004.
         La cesión incluye, a juicio de la demandante, el derecho a ejercitar acciones y a reclamar una indemnización de daños y perjuicios
         por los actos anteriores a ésta. 
      
      15      Según la demandante, el BCE ha cometido o autorizado la ejecución de tres actos que violan los derechos que le concede la
         patente controvertida. En primer lugar, la demandante considera que el BCE fabricó (o mandó fabricar por su cuenta) los billetes
         de banco de euros utilizando el método protegido por la patente controvertida. En segundo lugar, reprocha al BCE que haya
         ordenado imprimir estos billetes de banco. En tercer lugar, le recrimina que haya autorizado su emisión y su utilización como
         moneda con curso legal en la zona euro. 
      
       Procedimiento
      16      Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de agosto de 2005, la demandante interpuso
         el presente recurso. 
      
      17      Mediante este recurso, en primer lugar, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare que el BCE ha
         violado los derechos que le concede la patente controvertida en cuanto a la fabricación, impresión y emisión de billetes de
         banco de euros. En segundo lugar, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia la indemnización de los perjuicios
         que estima haber sufrido, que deberá ser fijada en forma de cánones por un importe razonable, habida cuenta de los actos fraudulentos
         del BCE. 
      
      18      Mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2005, el BCE propuso una excepción de inadmisibilidad, con arreglo al artículo
         114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. El 29 de diciembre de 2005, la demandante
         presentó sus observaciones sobre dicha excepción de inadmisibilidad. 
      
      19      Mediante escrito de 6 de abril de 2006, el BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que el 23 de marzo de 2006 había
         ejercitado acciones de nulidad de la patente controvertida en todos los Estados considerados, salvo en Italia, en que ejercitó
         una acción de nulidad el 27 de marzo, y en España. El BCE, en el marco de estas acciones, sostiene que la patente controvertida
         es nula y se basa en que excede manifiestamente el contenido de la solicitud inicial, no se trata de una invención nueva y
         además no supone actividad inventiva alguna. 
      
      20      Mediante escrito de 7 de julio de 2006, el BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que, el 12 de mayo de 2006, había
         ejercitado una acción de nulidad de la patente controvertida en España. 
      
      21      El 18 de octubre de 2006, la demandante envió al Tribunal de Primera Instancia sus observaciones sobre los dos escritos del
         BCE relativos al ejercicio de dichas acciones de nulidad. Alega que la interposición de varios recursos de nulidad ante los
         órganos jurisdiccionales nacionales no tiene incidencia alguna respecto al presente recurso y que el Tribunal de Primera Instancia
         debe desestimar la excepción de inadmisibilidad del BCE y pronunciarse sobre el fondo. 
      
      22      Mediante escrito de 11 de abril de 2007, el BCE informó al Tribunal de Primera Instancia de que las acciones de nulidad ejercitadas
         en el Reino Unido y en Alemania habían sido resueltas en primera instancia. 
      
      23      Por lo que se refiere a la acción de nulidad ejercitada en el Reino Unido, el BCE señaló que, mediante sentencia de 26 de
         marzo de 2007, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patent Court) (Reino Unido), había declarado
         la invalidez de la patente controvertida basándose en que se excedía del contenido de la solicitud inicial. El BCE informó
         al Tribunal de Primera Instancia de que se había autorizado a la demandante a interponer un recurso de apelación contra esta
         sentencia ante la Court of Appeal (England & Wales) (Reino Unido) y de que se había autorizado al BCE a interponer apelación
         incidental.
      
      24      Por lo que se refiere a la acción de nulidad ejercitada en Alemania, el BCE señaló que, mediante sentencia de 27 de marzo
         de 2007, el Bundespatentgericht (Alemania) había declarado que la patente controvertida era válida. El BCE informó igualmente
         al Tribunal de Primera Instancia de su intención de apelar esta sentencia.
      
       Pretensiones de las partes 
      25      En su demanda, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare que el BCE ha violado los derechos que le confiere la patente controvertida.
      –        Condene al BCE al pago de la indemnización por violación de los derechos que le concede la patente controvertida, cuyo importe
         deberá ser fijado sucesivamente.
      
      –        Condene en costas al BCE.
      26      Mediante su excepción de inadmisibilidad, el BCE solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Declare la inadmisibilidad del recurso.
      –        Condene en costas a la demandante.
      27      En sus observaciones sobre la excepción de inadmisibilidad, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      
      –        Desestime la excepción de inadmisibilidad.
      –        Declare la admisibilidad del recurso.
      –        Pronuncie la sentencia declarativa solicitada en su demanda.
       Sobre la acción por violación de patentes 
       Sobre la admisibilidad 
      28      En virtud del artículo 114, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, si una parte lo solicita, el Tribunal de Primera
         Instancia puede decidir sobre la inadmisión sin entrar en el fondo del asunto. Conforme al apartado 3 del mismo artículo,
         el resto del procedimiento ha de desarrollarse oralmente, salvo decisión en contrario del Tribunal de Primera Instancia. En
         el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia se considera suficientemente instruido por los documentos que obran en
         autos y estima que no procede abrir la fase oral. 
      
      29      El BCE invoca tres motivos en apoyo de su excepción de inadmisibilidad, basados respectivamente en la falta de legitimación
         activa de la demandante, la falta de competencia del Tribunal de Primera Instancia para conocer del presente asunto y pronunciarse
         sobre el mismo y el incumplimiento de requisitos formales en la demanda. 
      
      30      Procede examinar, en primer lugar, el motivo fundado en la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia.
      
       Alegaciones de las partes
      31      El BCE alega que, aunque el recurso esté fundado en los artículos 235 CE y 288 CE, la demandante no se limita a solicitar
         una indemnización de daños y perjuicios, sino que pide, principalmente, que se declare que el BCE ha violado la patente controvertida,
         y sólo después prosigue con el recurso de indemnización.
      
      32      El BCE considera que el Tribunal de Primera Instancia carece de competencia para pronunciarse sobre la acción por violación
         de la patente. Sostiene que sólo los órganos jurisdiccionales nacionales son competentes para declarar que se ha violado la
         patente controvertida. 
      
      33      El BCE estima que, para poder declarar la admisibilidad del recurso, el Tribunal de Primera Instancia tendría que atribuirse
         la competencia exclusiva que confieren a los órganos jurisdiccionales nacionales sus respectivos Derechos nacionales en materia
         de violación de patentes, lo que resulta contrario al CPE, con arreglo al cual la competencia para dirimir los litigios en
         materia de patentes europeas corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales de los Estados contratantes. 
      
      34      Para sostener esta tesis, el BCE alega que, una vez que la patente europea ha sido concedida y validada en cada uno de los
         Estados designados, aparece toda una serie de patentes independientes y nacionales. El BCE opina, por tanto, que corresponde
         al Derecho de cada Estado determinar tanto los efectos de las patentes en su propio territorio como las reglas de procedimiento
         aplicables en caso de litigio. Según el BCE, al tratarse la violación de una patente de una cuestión regulada exclusivamente
         por el Derecho nacional, el Tribunal de Primera Instancia no es competente para resolverla. 
      
      35      El BCE destaca que la legislación nacional de cada Estado miembro en materia de patentes: 
      
      –        prevé distintos requisitos para que la patente pueda gozar de protección nacional;
      –        confiere a determinados órganos jurisdiccionales, a menudo especializados, la competencia exclusiva para apreciar las cuestiones
         relativas a la violación y a la nulidad de las patentes; 
      
      –        prevé reglas de procedimiento diferentes, incluyendo, en particular, restricciones sobre la legitimación activa; 
      –        prevé el cumplimiento de distintos requisitos en cuanto a la concesión de una indemnización de daños y perjuicios; 
      –        prevé plazos de prescripción diferentes según se trate de la obtención de una indemnización de daños y perjuicios o de la
         acción por violación de la patente.
      
      36      El BCE sostiene que nada impide a la demandante ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes
         para que se pronuncien sobre las supuestas violaciones de patentes. El BCE señala que, a tenor del artículo 35, apartado 2,
         del Estatuto del BCE, los litigios entre el BCE, por una parte, y cualquier otra persona, por otra, serán resueltos por los
         tribunales nacionales competentes, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Justicia.
      
      37      La demandante alega, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia, es competente para conocer del recurso en virtud
         de lo dispuesto en el artículo 235 CE en relación con lo dispuesto en el artículo 288 CE, párrafo segundo, disposiciones que
         confieren al juez comunitario la competencia para dirimir los litigios relativos a la reparación por la Comunidad, con arreglo
         a los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros, de los daños causados en materia de responsabilidad
         extracontractual por las instituciones comunitarias. La demandante señala que el BCE es una institución comunitaria y que
         el artículo 288 CE, párrafo tercero, dispone explícitamente que la Comunidad deberá reparar los daños causados por el BCE
         o por sus agentes en el ejercicio de sus funciones.
      
      38      La demandante estima que la competencia del Tribunal de Primera Instancia se rige únicamente por el Tratado y no puede regirse
         por ninguna legislación nacional ni por el Derecho comunitario derivado. En particular, la demandante se opone a que la competencia
         del Tribunal de Primera Instancia se pueda regir por el Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000,
         relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
         (DO 2001, L 12, p. 1) (Reglamento que determina la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia civil
         y mercantil). 
      
      39      La demandante subraya, en particular, que el artículo 67 del Reglamento nº 44/2001 excluye la aplicación de este último a
         la competencia judicial conferida por actos comunitarios tales como el Tratado.
      
      40      La demandante considera, sin embargo, que la competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales en materia de violación
         de patentes se rige por el Reglamento nº 44/2001. En principio, los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio
         está domiciliada la parte demandada son competentes incluso si la violación de la patente ha sido cometida en el territorio
         de otro Estado. 
      
      41      La demandante estima asimismo que, con arreglo al artículo 27 del Reglamento nº 44/2001, el órgano jurisdiccional ante el
         que se interpuso la primera demanda en relación con un litigio entre dos partes relativo a la violación de una patente, tiene
         competencia exclusiva para dirimir cualquier litigio en materia de violación de patente que oponga a las mismas partes y que
         tenga por objeto la misma patente. 
      
      42      Por otra parte, la demandante alega que la jurisprudencia ha confirmado que los órganos jurisdiccionales de un Estado en cuyo
         territorio se ha efectuado el registro de una patente ostentan la competencia exclusiva únicamente en lo que se refiere a
         los litigios que tienen por objeto la validez de la patente en sí misma o la existencia de su depósito o registro (sentencia
         del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee, 288/82, p. 3663, apartado 22). En consecuencia, añade la demandante,
         la afirmación del BCE, según la cual los órganos jurisdiccionales de cada Estado considerado tienen competencia exclusiva
         para pronunciarse sobre la violación de la patente controvertida en su territorio, en virtud de sus respectivas leyes nacionales,
         resulta incorrecta. 
      
      43      La demandante aduce, además, que numerosos convenios internacionales prevén que la violación de una patente constituye una
         falta civil cuyos daños y perjuicios deben ser indemnizados, que, de hecho, este principio ha sido adoptado por las naciones
         comerciantes más importantes y que ha sido objeto de las actividades de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Según la
         demandante, se trata, por tanto, de un principio fundamental a la vez de Derecho comunitario y de los Derechos nacionales.
         En este sentido, la demandante señala que la Comunidad es miembro de la OMC desde el 1 de enero de 1995, y que, por ello,
         está obligada a respetar lo dispuesto en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados
         con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»). La demandante alega que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones
         de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión Europea, como es el caso del Acuerdo ADPIC, forman parte de la estructura
         jurídica comunitaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de abril de 1974, Haegeman, 181/73, Rec. p. 449). La demandante
         sostiene que, en cualquier caso, los Estados miembros de la Unión Europea son igualmente miembros de la OMC y están vinculados
         por el Acuerdo ADPIC. Los principios consagrados en este Acuerdo, forman parten, en consecuencia, de cada una de las legislaciones
         nacionales de los Estados miembros.
      
      44      La demandante sostiene, a este respecto, que la dificultad que según el BCE tiene el Tribunal de Primera Instancia para aplicar
         múltiples leyes nacionales con el fin de comprobar si el BCE ha violado la patente controvertida, no es relevante en este
         asunto. La demandante considera que el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia tenga la necesidad de comprobar y aplicar
         distintas leyes nacionales no afecta a su competencia. De hecho, la demandante estima que, según la jurisprudencia (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 8 de octubre de 1986, Leussink y otros/Comisión, 169/83 y 136/84, Rec. p. 2801, y de 27 de marzo
         de 1990, Grifoni/Comisión, C‑308/87, Rec. p. I‑1203), la violación de obligaciones establecidas en Derecho nacional acarrea
         la responsabilidad de las instituciones comunitarias como consecuencia de los perjuicios causados a los particulares y que
         el Tribunal de Primera Instancia es competente para pronunciarse sobre ello. 
      
      45      Es más, la demandante sostiene que, según el artículo 288 CE, la ley aplicable a las acciones judiciales relativas a los perjuicios
         causados por las instituciones comunitarias es la que resulta de los principios jurídicos comunes a los Estados miembros.
         Por lo tanto, no proceden, según la demandante, las observaciones formuladas por el BCE sobre las diferencias entre los Derechos
         nacionales en lo que se refiere al cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios en caso de violación de una patente.
      
      46      La demandante sostiene que no está obligada a agotar los recursos nacionales con carácter previo a la interposición del presente
         recurso. Alega que la jurisprudencia invocada por el BCE para confirmar esa tesis se refiere a asuntos en los que los Estados
         miembros aplican incorrectamente el Derecho comunitario o adaptan a este último su Derecho interno de forma incorrecta. Según
         la demandante, únicamente en estas circunstancias se plantea la cuestión de dilucidar si un demandante debe agotar los recursos
         nacionales contra el propio Estado miembro antes de interponer un recurso de indemnización contra la Comunidad. Ahora bien,
         la demandante aduce que no ha sido alegado que un Estado miembro haya cometido una infracción en el presente asunto, al ser
         el BCE el único al que puede imputársele la violación de la patente de que se trata. 
      
      47      Asimismo, la demandante subraya que la propuesta formulada por el BCE, según la cual tendrían que ejercitarse simultáneamente
         acciones nacionales ante los órganos jurisdiccionales de numerosos Estados miembros, puede implicar complicaciones, gastos
         superfluos y retrasos injustificados debido a las dificultades que plantea el Reglamento nº 44/2001, relativo al ejercicio
         de competencias judiciales de forma paralela. Como consecuencia de ello, la Comunidad incumpliría las obligaciones que le
         incumben en virtud del artículo 41 del Acuerdo ADPIC, que exige que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos
         de propiedad intelectual serán justos y equitativos, sin complicaciones innecesarias ni retrasos injustificados.
      
      48      Además, la demandante alega que si tuviese que ejercitar acciones simultáneas ante los órganos jurisdiccionales nacionales,
         la acción de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia corre el riesgo de prescribir. 
      
      49      Por último, la demandante considera que el Tribunal de Primera Instancia es competente para declarar que el BCE ha violado
         la patente controvertida, ya que el efecto que produce este tipo de declaración es idéntico al de una declaración efectuada
         por el Tribunal de Primera Instancia sobre la responsabilidad en que incurre la Comunidad en cuanto al pago de una indemnización
         de daños y prejuicios. Pues bien, a juicio de la demandante, el artículo 288 CE confiere al Tribunal de Primera Instancia
         la facultad para proceder a este tipo de declaración. La demandante añade que la jurisprudencia ha autorizado expresamente
         al Tribunal de Primera Instancia a dictar sentencias declarativas relativas a recursos de indemnización de daños y perjuicios
         cuando éstos no puedan aún calcularse o bien cuando existan daños y perjuicios potenciales en el futuro (sentencia del Tribunal
         de Justicia de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer/Consejo y Comisión, 56/74 a 60/74, Rec. p. 711). Por último, la demandante
         considera que la Comunidad está obligada en virtud del Acuerdo ADPIC a dictar «sentencias declarativas y una compensación
         adecuada» en caso de violación de una patente. 
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 
      50      Ha de señalarse, antes que nada, que el Tribunal de Primera Instancia puede ejercer únicamente las competencias que le atribuye
         el Derecho comunitario. Este principio resulta del artículo 7 CE, a tenor del cual el juez comunitario actuará dentro de los
         límites de las competencias que le son atribuidas por el Tratado. El artículo 220 CE dispone, igualmente, que el Tribunal
         de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia garantizarán, en el marco de sus respectivas competencias, el respeto del Derecho
         en la interpretación y aplicación del Tratado. 
      
      51      A falta de dicha atribución de competencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede pronunciarse sobre un recurso sin extender
         su competencia jurisdiccional a los litigios en que la Comunidad es parte y cuya competencia está atribuida, según el artículo
         240 CE, a los órganos jurisdiccionales nacionales (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de
         mayo de 1987, Rau y otros, 133/85 a 136/85, Rec. p. 2289, apartado 10; autos del Tribunal de Primera Instancia de 3 de octubre
         de 1997, Mutual Aid Administration Services/Comisión, T‑186/96, Rec. p. II‑1633, apartado 47; de 12 de diciembre de 2005,
         Natexis Banques Populaires/RoboBAT, T‑360/05, no publicado en la Recopilación, apartado 12, y de 26 de enero de 2007, Theofilopoulos/Comisión,
         T‑91/06, Rec. p. II‑0000, apartado 16). El artículo 35, apartado 2, del Estatuto del BCE prevé igualmente que los litigios
         entre el BCE y cualquier otra persona serán resueltos por los tribunales nacionales competentes, sin perjuicio de las competencias
         atribuidas al Tribunal de Justicia. 
      
      52      En el caso de autos, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare él mismo que el BCE ha cometido una
         violación de sus distintas patentes nacionales. 
      
      53      Como indica el BCE, una patente europea constituye en realidad un conjunto de patentes nacionales idénticas, concedidas por
         cada Estado que haya designado el solicitante de la patente en su solicitud. El artículo 2 y el artículo 64, apartado 1, del
         CPE establecen al respecto que la patente europea tendrá los mismos efectos jurídicos que una patente nacional en cada Estado
         designado por el solicitante y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional. El artículo 64, apartado 3, del
         CPE dispone igualmente que cualquier violación de una patente europea se juzgará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
         nacional. 
      
      54      En consecuencia, cuando la demandante acusa al BCE de violación de la patente controvertida en nueve Estados para los que
         esta última ha sido concedida, esto supone que le reprocha haber violado nueve patentes nacionales. 
      
      55      El Derecho de cada uno de los nueve Estados considerados prohíbe que terceras personas exploten las invenciones que han sido
         objeto de una patente sin el consentimiento del titular y permite a este último oponerse contra dicha utilización ante el
         juez. El BCE no niega su obligación de respetar las normas de los Estados considerados en materia de patentes y reconoce que
         la demandante podría interponer una acción por violación de patente en su contra ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
         
      
      56      Ahora bien, ninguna disposición de Derecho comunitario confiere al Tribunal de Primera Instancia competencia alguna para pronunciarse
         en materia de violación de patentes. La acción por violación de patentes no figura entre los recursos cuya competencia atribuyan
         a los órganos jurisdiccionales comunitarios los artículos 220 CE a 241 CE.
      
      57      A mayor abundamiento, el Derecho nacional de patentes, a diferencia de otros derechos de propiedad intelectual, como ocurre
         con el Derecho nacional de marcas, no ha sido objeto de armonización comunitaria. Respecto de los ámbitos en los que la Comunidad
         aún no ha legislado y que, por consiguiente, son competencia de los Estados miembros, la protección de determinados derechos
         de propiedad intelectual y las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales no se rigen por el Derecho comunitario
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, C‑300/98 y C‑392/98, Rec. p. I‑11307, apartado 48).
         
      
      58      La demandante estima, no obstante, que lo dispuesto en el artículo 235 CE en relación con lo dispuesto en el artículo 288 CE,
         párrafo segundo, facultan al Tribunal de Primera Instancia a realizar cualquier declaración necesaria con el fin de determinar
         si una institución comunitaria ha cometido una ilegalidad que haga incurrir a la Comunidad en responsabilidad, sin que existan
         límites en cuanto a las normas nacionales cuya violación pueda ser declarada ni en cuanto a las apreciaciones relativas al
         Derecho nacional que puedan ser realizadas a estos efectos. 
      
      59      La demandante considera así que, al tratarse la violación de una patente de una cuestión relativa a la responsabilidad extracontractual,
         el Tribunal de Primera Instancia debe ser capaz de determinar, en cualquier caso, si tal violación se ha producido efectivamente.
         En este sentido, invoca las sentencias Leussink y otros/Comisión y Grifoni/Comisión, antes citadas, que declararon que el
         juez comunitario es competente para conocer de los recursos en materia de responsabilidad, relativos a la indemnización de
         los daños causados por la violación por parte de las instituciones comunitarias de las obligaciones impuestas por el Derecho
         nacional, como es la obligación del respeto de las patentes existentes.
      
      60      Ahora bien, no cabe acoger la tesis de la demandante. 
      
      61      En primer lugar, la demandante no tiene en cuenta que la acción por violación de patente que ha ejercitado es conceptualmente
         diferente de la acción de responsabilidad extracontractual que también ha ejercitado. El Tribunal de Primera Instancia debe
         necesariamente considerar la acción por violación de patente como un recurso autónomo y con arreglo a las normas que determinan
         los recursos que se atribuyen a la competencia de los órganos jurisdiccionales comunitarios. 
      
      62      En segundo lugar, la tesis de la demandante tiene por consecuencia que el Tribunal de Primera Instancia tendría que pronunciarse
         sobre cualquier cuestión sujeta al Derecho nacional, siempre que lo hiciera con el fin de apreciar si una institución comunitaria
         ha cometido una ilegalidad en el marco de un recurso de indemnización. Se estaría así solicitando al Tribunal de Primera Instancia
         que se pronunciara sobre cuestiones que escapan de su esfera de competencia, y a que se subrogase en el ejercicio de competencias
         que corresponden exclusivamente al juez nacional. Ahora bien, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia tratar la supuesta
         violación de una legislación nacional como una cuestión de Derecho que suponga un control jurídico ilimitado, al corresponder
         dicho control únicamente a las autoridades nacionales (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, T‑139/99, Rec. p. II‑2849, apartado 40, confirmada por el auto del Tribunal de Justicia
         de 21 de junio de 2001, AICS/Parlamento, C‑330/00 P, Rec. p. I‑4809).
      
      63      La demandante no puede valerse de la jurisprudencia que invoca en apoyo de sus argumentos. 
      
      64      Por lo que se refiere al asunto que dio lugar a la sentencia Leussink y otros/Comisión, antes citada, que tiene por objeto
         un recurso de indemnización interpuesto por un funcionario de la Comisión herido en un accidente de circulación en Alemania
         mientras estaba en misión y que viajaba en un coche de la Comisión conducido por un conductor de esta institución, cabe subrayar
         que, contrariamente a lo que alega la demandante, la sentencia de que se trata nunca declaró que el juez comunitario fuera
         competente para determinar si una institución comunitaria ha violado una norma de Derecho nacional. Resulta más bien al contrario:
         el Tribunal de Justicia, que condenó a la Comisión, excluyó expresamente que su responsabilidad pudiera ser examinada en este
         asunto a la luz del Derecho nacional (apartado 15 de la sentencia). 
      
      65      Por lo que se refiere a la sentencia Grifoni/Comisión, que se refiere a un recurso de indemnización interpuesto por un empresario
         que fue víctima de un accidente cuando inspeccionaba la azotea de un edificio de la Comisión en Ispra (Italia) con miras a
         efectuar sobre ella trabajos de mantenimiento, cabe señalar que, contrariamente a lo que alega la demandante, el Tribunal
         de Justicia no apreció por sí mismo la adecuación, respecto a las normas nacionales aplicables, del comportamiento reprochado
         a la Comisión, esto es, la omisión del establecimiento de medidas de seguridad exigidas por las leyes del Estado en el que
         estaba situado el edificio. En efecto, la violación por parte de la Comisión de las normas nacionales de prevención de accidentes
         había sido previamente declarada por el organismo nacional competente para inspeccionar el respeto de dichas normas, al considerar
         que la Comisión no había adoptado ninguna medida de prevención (conclusiones del Abogado General Tesauro presentadas en el
         asunto en que recayó la sentencia Grifoni/Comisión, antes citada, Rec. p. I‑1203, punto 26). En estas circunstancias, el Tribunal
         de Justicia consideró que el comportamiento negligente de la Comisión, por su falta de diligencia respecto a la adopción de
         las medidas de seguridad necesarias a la prevención del accidente, había quedado acreditado y constituía una ilegalidad que
         generaba la responsabilidad de la Comunidad (apartados 13 y 14 de la sentencia), en la medida en que concurrían el resto de
         requisitos necesarios para incurrir en responsabilidad comunitaria, esto es, la realidad del daño sufrido y la existencia
         de una relación de causalidad entre este daño y el comportamiento imputado a la institución de que se trata. Ahora bien, esta
         situación es la opuesta a la del presente asunto, ya que los órganos jurisdiccionales nacionales competentes en el caso de
         autos no han declarado la violación por el BCE de las distintas patentes nacionales controvertidas. 
      
      66      El Tribunal de Primera Instancia ha seguido el mismo enfoque en los dos asuntos que dieron lugar, respectivamente, a la sentencia
         de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, antes citada, y a la sentencia de 11 de junio de 2002, AICS/Parlamento (T‑365/00,
         Rec. p. II‑2719), que se refieren ambos a la adjudicación por el Parlamento de un contrato público de transporte de personas
         vinculadas a esta institución en vehículos sin distintivos con conductor en Estrasburgo. Uno de los licitadores, cuya oferta
         no había sido aceptada, interpuso un recurso de anulación contra la decisión de adjudicación del Parlamento por considerarla
         ilegal, así como un recurso de indemnización contra dicha institución. En el marco del recurso de anulación, el demandante
         alegaba que el contrato finalmente firmado entre el Parlamento y la empresa cuya candidatura había sido aceptada, incumplía
         la legislación francesa aplicable a la actividad de los taxis. Mediante su sentencia de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento,
         antes citada, el Tribunal de Primera Instancia desestimó los recursos de anulación y de indemnización basándose en que el
         demandante no había demostrado que el Parlamento hubiese cometido un error manifiesto en su interpretación de la legislación
         francesa (apartado 43). Sin embargo, mediante su sentencia de 11 de junio de 2002, AICS/Parlamento, antes citada, el Tribunal
         de Primera Instancia tuvo en cuenta el hecho de que el tribunal correctionnel de Estrasburgo había dictado entretanto una
         sentencia el 7 de abril de 2000 en la que había declarado que la legislación francesa se oponía a la interpretación del Parlamento
         (apartados 65 a 71 de la sentencia). Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de adjudicación
         del contrato, pero desestimó la demanda de indemnización por no haber sido probado el perjuicio alegado (apartado 79). 
      
      67      A mayor abundamiento, procede tener en cuenta que el artículo 138 del CPE dispone que una patente europea podrá ser declarada
         nula en virtud de la legislación de un Estado contratante, con efectos sobre el territorio de ese Estado, y que el artículo
         22, apartado 4, del Reglamento nº 44/2001 confiere una competencia exclusiva en materia de validez de patentes a los órganos
         jurisdiccionales del Estado en cuyo territorio se ha efectuado el registro de la patente, con la precisión del Tribunal de
         Justicia de que la competencia exclusiva que establece dicha disposición debe aplicarse con independencia del marco procesal
         en el que se suscite la cuestión de la validez de una patente, ya sea por vía de acción o por vía de excepción (véase, por
         analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2006, GAT, C‑4/03, Rec. p. I‑6509, apartado 25). 
      
      68      La cuestión de la validez de la patente es, en la mayoría de los casos, decisiva, en el marco de una acción por violación
         de patente, puesto que la persona acusada de la violación de la patente puede suscitar incidentalmente la nulidad de la patente
         con el fin de privar retroactivamente al titular de la patente del derecho que éste alega y hacer que se desestime, en consecuencia,
         la acción por violación de patente entablada contra él. Éste es, de hecho, el caso de autos, al haber interpuesto el BCE acciones
         de nulidad ante los órganos jurisdiccionales de todos los Estados considerados contra la patente controvertida. 
      
      69      Esta circunstancia implica que las patentes cuya violación constituye el acto reprochado al BCE podrían ser nulas y, por tanto,
         inexistentes. Este riesgo no es hipotético en el caso de autos, puesto que, mediante sentencia de 26 de marzo de 2007, la
         High Court of Justice ha declarado que la patente controvertida no era válida en su territorio. 
      
      70      Por último, el Tribunal de Primera Instancia no puede poner en tela de juicio la legitimidad de un derecho nacional de propiedad
         industrial sin vulnerar con ello el principio de cooperación leal que debe regir las relaciones entre los Estados miembros
         y las instituciones comunitarias, y que, según reiterada jurisprudencia, no sólo obliga a los Estados miembros a adoptar todas
         las medidas apropiadas para asegurar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario, sino que también impone a las instituciones
         comunitarias obligaciones recíprocas de cooperación leal con los Estados miembros (auto del Tribunal de Justicia de 13 de
         julio de 1990, Zwartveld y otros, C‑2/88, Rec. p. I‑3365, apartado 17, y sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de octubre
         de 2003, Irlanda/Comisión, C‑339/00, Rec. p. I‑11757, apartados 71 y 72). 
      
      71      A la vista de cuanto antecede, cabe afirmar que la competencia para declarar si existe violación de una patente nacional corresponde
         a los órganos jurisdiccionales nacionales y no al Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad
         de la acción de violación de una patente por incompetencia del Tribunal de Primera Instancia. 
      
      72      Tal conclusión no puede ser desvirtuada por la alegación de la demandante de que no está obligada a agotar los recursos nacionales
         con carácter previo a la interposición de un recurso de indemnización ante el Tribunal de Primera Instancia, puesto que no
         ha sido alegado en el caso de autos que un Estado miembro sea corresponsable de la violación de la patente. La demandante
         sostiene también que el hecho de ejercitar simultáneamente acciones ante los órganos jurisdiccionales de numerosos Estados
         miembros podría acarrear complicaciones y retrasos injustificados. 
      
      73      En primer lugar, la obligación de la demandante de ejercitar acciones nacionales simultáneas en defensa de sus derechos subjetivos
         no se desprende de la corresponsabilidad de las autoridades de los Estados miembros respecto a la violación de la patente
         invocada, sino únicamente del hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no es competente para determinar si el BCE ha
         violado una patente nacional. 
      
      74      En segundo lugar, las complicaciones y retrasos que puede sufrir la demandante debido a la necesidad de ejercitar acciones
         paralelas en defensa de sus derechos son únicamente la consecuencia de la falta de una patente a nivel comunitario, y esta
         situación es común a todos los titulares de una invención protegida por diferentes patentes nacionales dentro de la Comunidad.
      
      75      Por último, en lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual el recurso de indemnización ante el Tribunal de
         Primera Instancia contra el BCE podría prescribir si hubiese que esperar a que recaigan las resoluciones de los órganos jurisdiccionales
         nacionales competentes, debe señalarse que el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual de la
         Comunidad no puede empezar a correr antes de que concurran todos los requisitos a los que se encuentra supeditada la obligación
         de indemnización (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 1982, Birra Wührer y otros/Consejo y Comisión, 256/80,
         257/80, 265/80, 267/80 y 5/81, Rec. p. 85, apartado 10, y auto del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2002, Autosalone
         Ispra dei Fratelli Rossi/Comisión, C‑136/01 P, Rec. p. I‑6565, apartado 30). En el caso de autos, el plazo de prescripción
         de la acción de responsabilidad de la demandante contra la Comunidad sólo puede empezar a correr cuando ésta haya obtenido
         la declaración por los órganos jurisdiccionales nacionales competentes sobre la existencia de la violación de patente de la
         que acusa al BCE. 
      
       Sobre el recurso de indemnización
      76      El Tribunal de Primera Instancia considera que, conforme a lo alegado por la demandante, es competente para conocer de un
         recurso de indemnización en virtud de los dispuesto en el artículo 235 CE en relación con lo dispuesto en el artículo 288 CE,
         párrafo segundo, disposiciones que confieren al juez comunitario la competencia para dirimir los litigios relativos a la reparación
         por la Comunidad de los daños causados en materia de responsabilidad extracontractual por las instituciones comunitarias El
         artículo 288 CE, párrafo tercero, dispone que la Comunidad deberá reparar los daños causados por el BCE. 
      
      77      El BCE ha formulado igualmente una excepción de inadmisibilidad respecto a la acción de indemnización. El Tribunal de Primera
         Instancia considera, sin embargo, que debe desestimarse esta acción por carecer de fundamento jurídico alguno.
      
      78      A este respecto, el BCE alega que, según reiterada jurisprudencia, se reconoce un derecho a indemnización cuando se cumplen
         tres requisitos, a saber, la violación por la institución de que se trate de una norma jurídica que tenga por objeto conferir
         derechos a los particulares, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre la violación cometida
         y el daño causado. El BCE añade que, si no concurre alguno de estos requisitos, el Tribunal de Primera Instancia deberá desestimar
         el recurso en su totalidad, sin examinar si se cumple el resto de los requisitos.
      
      79      A tenor del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, cuando un recurso sea manifiestamente inadmisible o carezca manifiestamente
         de fundamento jurídico alguno, el Tribunal de Primera Instancia podrá, sin continuar el procedimiento, decidir por medio de
         auto motivado. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia se considera suficientemente informado por los documentos
         obrantes en autos, y decide, en aplicación del citado artículo, no continuar el procedimiento.
      
      80      Procede recordar que para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Comunidad, con arreglo al artículo 288 CE,
         párrafo segundo, por comportamiento ilícito de sus órganos es necesario que concurran una serie de requisitos: la ilegalidad
         del comportamiento imputado a las instituciones, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre
         el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1982, Oleifici
         Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, apartado 16; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 1996, International
         Procurement Services/Comisión, T‑175/94, Rec. p. II‑729, apartado 44, y de 16 de octubre de 1996, Efisol/Comisión, T‑336/94,
         Rec. p. II‑1343, apartado 30). 
      
      81      En el presente asunto, no ha sido acreditado el primero de los requisitos exigidos, esto es, la ilegalidad del comportamiento
         imputado al BCE que consiste en la violación de la patente controvertida. En efecto, como ha sido juzgado, la existencia de
         la violación de la patente debe ser declarada por las autoridades nacionales competentes. La demandante no ha aportado prueba
         alguna a este respecto, sino que, al contrario, ha pedido al Tribunal de Primera Instancia que realice él mismo dicha declaración.
         Ahora bien, únicamente sobre la base de la resolución de una autoridad nacional competente que declare la existencia de la
         violación de una patente por el BCE podría juzgar el Tribunal de Primera Instancia si dicha violación puede generar la responsabilidad
         de la Comunidad.
      
      82      En tales circunstancias, debe declararse que el recurso de indemnización carece manifiestamente de fundamento jurídico alguno
         y que, en virtud del artículo 111 del Reglamento de Procedimiento, debe ser desestimado. 
      
       Costas
      83      A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede
         condenarla al pago de las costas conforme a lo solicitado por el BCE.
      
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
      resuelve:
      1)      Declarar la inadmisibilidad de la acción por violación de patentes.
      2)      Desestimar el recurso de indemnización.
      3)      Document Security Systems, Inc., cargará con sus propias costas así como con las del Banco Central Europeo.
      Dictado en Luxemburgo, a 5 de septiembre de 2007.
      
               El Secretario 
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon 
            
             
            
                     J.D. Cooke
            
         * Lengua de procedimiento: inglés.