CELEX: 62003CJ0147
Language: es
Date: 2005-07-07
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005. # Comisión de las Comunidades Europeas contra República de Austria. # Incumplimiento de Estado - Artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE - Requisitos de acceso a la enseñanza universitaria - Discriminación. # Asunto C-147/03.

Asunto C‑147/03
      Comisión de las Comunidades Europeas
      contra
      República de Austria
      «Incumplimiento de Estado — Artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE — Requisitos de acceso a la enseñanza universitaria — Discriminación»
      Conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs, presentadas el 20 de enero de 2005 
      Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 7 de julio de 2005 
      Sumario de la sentencia
      1.     Recurso por incumplimiento — Objeto del litigio — Determinación durante el procedimiento administrativo previo
      (Art. 226 CE)
      2.     Derecho comunitario — Principios — Igualdad de trato — Discriminación por razón de la nacionalidad — Acceso a la enseñanza
            superior — Requisitos diferentes para quienes hayan obtenido el título de enseñanza secundaria en otro Estado miembro — Discriminación
            indirecta — Improcedencia a falta de justificaciones objetivas
      (Arts. 12 CE, 149 CE y 150 CE)
      3.     Libre circulación de personas — Excepciones — Justificación — Necesidad de un examen de la idoneidad y de la proporcionalidad
            de la medida restrictiva — Carga de la prueba que incumbe al Estado miembro
      4.     Acuerdos internacionales — Acuerdos de los Estados miembros — Acuerdos anteriores al Tratado CE — Artículo 307 CE — Ámbito
            de aplicación — Posibilidad de invocar derechos derivados de tales acuerdos en las relaciones intracomunitarias — Exclusión
      (Art. 307 CE)
      1.     En el marco del recurso por incumplimiento, la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro
         interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular
         adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión.
      
      De lo anterior se deduce que el escrito de requerimiento dirigido por la Comisión a dicho Estado miembro y posteriormente
         el dictamen motivado emitido por ésta delimitan el objeto del litigio, que, en consecuencia, no puede ser ampliado. Por consiguiente,
         el dictamen motivado y el recurso deben basarse en imputaciones idénticas. No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer
         en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre las imputaciones del escrito de requerimiento, la parte dispositiva
         del dictamen motivado y las pretensiones del recurso cuando el objeto del litigio, tal como se define en el dictamen motivado,
         no se ha ampliado ni modificado.
      
       (véanse los apartados 22 a 24)
      2.     Incumple las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE un Estado miembro que no adopta
         las medidas necesarias para garantizar que quienes hayan obtenido sus títulos de enseñanza secundaria en otros Estados miembros
         puedan acceder a la enseñanza superior y universitaria regulada por éste en las mismas condiciones que quienes los hayan obtenido
         en dicho Estado miembro.
      
      En efecto, aunque se aplique indistintamente a todos los estudiantes, una disposición de Derecho nacional que establece que
         los estudiantes que hayan obtenido su título de estudios secundarios en un Estado miembro distinto del Estado miembro interesado
         y que deseen cursar sus estudios superiores o universitarios en una rama determinada de la enseñanza de ese Estado deben no
         sólo presentar el citado título, sino también probar que reúnen los requisitos de admisión a los estudios superiores o universitarios
         en el Estado en el que hayan obtenido su título, puede afectar en mayor medida a los nacionales de otros Estados miembros
         que a los nacionales del Estado miembro interesado, por lo que la diferencia de trato que establece dicha disposición causa
         una discriminación indirecta, contraria al principio de no discriminación por razón de la nacionalidad contenido en el artículo 12 CE.
      
      Esa diferencia de trato sólo podría estar justificada si se basara en consideraciones objetivas, independientes de la nacionalidad
         de las personas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho nacional. 
      
       (véanse los apartados 42, 46 a 48, 60, 75 y el punto 1 del fallo)
      3.     Corresponde a las autoridades nacionales que invocan una excepción al principio fundamental de libre circulación de las personas
         probar, en cada caso, que sus normativas son necesarias y proporcionadas a la vista del objetivo perseguido. Las razones justificativas
         que puede invocar un Estado miembro deben ir acompañadas de un examen de la idoneidad y de la proporcionalidad de la medida
         restrictiva adoptada por dicho Estado y de datos precisos en los que pueda sustentarse su alegación.
      
       (véase el apartado 63)
      4.     Si bien el artículo 307 CE permite a los Estados miembros respetar las obligaciones que resulten de convenios internacionales
         con terceros Estados anteriores al Tratado, no les autoriza, sin embargo, a invocar los derechos derivados de tales convenios
         en las relaciones intracomunitarias. 
      
      (véase el apartado 73)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
      de 7 de julio de 2005 (*)
      
      «Incumplimiento de Estado – Artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE – Requisitos de acceso a la enseñanza universitaria – Discriminación»
      En el asunto C‑147/03,
      que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 226 CE, el 31 de marzo de 2003,
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada por los Sres. W. Bogensberger y D. Martin, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandante,
      apoyada por
      República de Finlandia, representada por las Sras. A. Guimaraes-Purokoski y T. Pynnä, en calidad de agentes, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte coadyuvante,
      contra
      República de Austria, representada por los Sres. H. Dossi y E. Riedl, en calidad de agentes, y los Sres. C. Ruhs y H. Kasparovsky, en calidad de
         asesores, que designa domicilio en Luxemburgo,
      
      parte demandada,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),
      integrado por la Sra. R. Silva de Lapuerta, Presidenta de la Sala Quinta en funciones de Presidenta de la Sala Segunda, y
         los Sres. C. Gulmann, J. Makarczyk (Ponente), P. Kūris y J. Klučka, Jueces;
      
      Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
      Secretaria: Sra. M.-F. Contet, administradora principal;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 25 de de noviembre de2004;
      oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 20 de enero de 2005;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1       Mediante su recurso, la Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal de Justicia que declare que la República
         de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE, al no haber adoptado
         las medidas necesarias para garantizar que quienes hayan obtenido sus títulos de enseñanza secundaria en otros Estados miembros
         puedan acceder a la enseñanza superior y universitaria regulada por ella en las mismas condiciones que quienes los hayan obtenido
         en Austria.
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      2       El artículo 3 CE, apartado 1, dispone:
      «Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo
         previstos en el presente Tratado:
      
      […] 
      q)      una contribución a una enseñanza y a una formación de calidad, así como al desarrollo de las culturas de los Estados miembros».
      3       El artículo 12 CE, párrafo primero, dispone:
      «En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo,
         se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.»
      
      4       Según el artículo 149 CE:
      «1.      La Comunidad contribuirá al desarrollo de una educación de calidad fomentando la cooperación entre los Estados miembros y,
         si fuere necesario, apoyando y completando la acción de éstos en el pleno respeto de sus responsabilidades en cuanto a los
         contenidos de la enseñanza y a la organización del sistema educativo, así como de su diversidad cultural y lingüística.
      
      2.      La acción de la Comunidad se encaminará a:
      […]
      –       favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento académico de los títulos y
         de los períodos de estudios;
      
      […]
      3      La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terceros países y con las organizaciones internacionales
         competentes en materia de educación y, en particular, con el Consejo de Europa.
      
      […]»
      5       Por último, a tenor del artículo 150 CE:
      «1.      La Comunidad desarrollará una política de formación profesional que refuerce y complete las acciones de los Estados miembros,
         respetando plenamente la responsabilidad de los mismos en lo relativo al contenido y a la organización de dicha formación.
      
      2      La acción de la Comunidad se encaminará a:
      […] 
      –       facilitar el acceso a la formación profesional y favorecer la movilidad de los educadores y de las personas en formación,
         especialmente de los jóvenes […]»
      
       Normativa nacional
      6       El artículo 36 de la Universitäts-Studiengesetz (Ley relativa a los estudios universitarios; en lo sucesivo, «UniStG»), que
         lleva por epígrafe «Titulación para acceder a la universidad» (Besondere Universitätsreife) dispone:
      
      «1)       Además de la posesión de un título general de acceso a la universidad, deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos
         de admisión específicos para los estudios de que se trate, incluido el derecho a la admisión inmediata, aplicables en el Estado
         de expedición del título general.
      
      2)      Por cuanto respecta a los certificados de acceso a la universidad expedidos en Austria, éstos serán los correspondientes a
         los exámenes adicionales y a los exámenes de acceso cuya realización antes de la admisión a cursar los estudios de que se
         trate venga exigida en el Universitätsberechtigungsverordnung [Reglamento de acceso a la universidad].
      
      3)      En el supuesto de que los estudios universitarios que el estudiante pretenda cursar en Austria no existan en el Estado que
         haya expedido el título, el estudiante deberá cumplir los requisitos de admisión específicos para los estudios que existan
         en dicho Estado de expedición que guarden la mayor similitud posible con los estudios solicitados en Austria.
      
      4)      El Ministro Federal podrá designar por vía reglamentaria grupos de personas cuyo título de admisión a la universidad deba
         considerarse, en razón de sus vínculos personales estrechos con Austria o de su actividad en representación de la República
         de Austria, expedido en Austria a efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos específicos de acceso a la universidad.
      
      5)      Sobre la base del certificado presentado para demostrar la posesión de un título de estudios secundarios, el rector de la
         universidad determinará si el estudiante cumple los requisitos específicos de admisión para los estudios elegidos.»
      
       Procedimiento administrativo previo
      7       El 9 de noviembre de 1999, la Comisión remitió a la República de Austria un escrito de requerimiento en el que concluía que
         el artículo 36 de la UniStG es contrario a los artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE. La Comisión instó a la República de Austria
         a que le presentara sus observaciones en un plazo de dos meses.
      
      8       Mediante escrito de 3 de enero de 2000, la República de Austria respondió a dicho requerimiento.
      9       El 29 de enero de 2001, la Comisión notificó un requerimiento complementario a las autoridades austriacas, al que éstas respondieron
         mediante escrito de 3 de abril de 2001.
      
      10     Dado que la Comisión no quedó satisfecha con las respuestas dadas por la República de Austria, remitió a ésta, el 17 de enero
         de 2002, un dictamen motivado mediante el que le instaba a adoptar, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de
         dicho dictamen, las medidas necesarias para garantizar que quienes hayan obtenido sus títulos de enseñanza secundaria en los
         otros Estados miembros puedan acceder a la enseñanza superior o universitaria austriaca en las mismas condiciones que quienes
         los hayan obtenido en Austria.
      
      11     Al no considerar satisfactoria la respuesta del Gobierno austriaco de 22 de marzo de 2002, la Comisión interpuso el presente
         recurso.
      
      12     Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia, de 17 de septiembre de 2003, se admitió la intervención de la República
         de Finlandia en el presente asunto en apoyo de las pretensiones de la Comisión.
      
       Sobre la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento
      13     Mediante escrito de 8 de febrero de 2005, recibido en la Secretaria del Tribunal de Justicia el 15 de febrero de 2005, la
         República de Austria solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento. Ésta funda su petición en informaciones procedentes
         de los medios de comunicación, posteriores a la vista. Según dichas informaciones, cinco Länder alemanes prevén el establecimiento,
         a partir del invierno 2005-2006, de tasas de matrícula por un importe de 500 euros. El establecimiento de estas tasas de matrícula
         supondría un obstáculo al efecto regulador del acceso a la enseñanza superior austriaca.
      
      14     Además, la reapertura de la fase oral del procedimiento permitiría a la República de Austria debatir las conclusiones del
         Abogado General.
      
      15     A este respecto, basta recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia ni su Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad
         de que las partes presenten observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (véase, en particular,
         el auto de 4 de febrero de 2000, Emesa Sugar, C‑17/98, Rec. p. I‑665, apartado 2).
      
      16     Por lo que se refiere al otro motivo invocado por la República de Austria para solicitar la reapertura de la fase oral del
         procedimiento, debe recordarse que el Tribunal de Justicia puede ordenar de oficio, a propuesta del Abogado General o a instancia
         de las partes, la reapertura de la fase oral, conforme al artículo 61 de su Reglamento de Procedimiento, si considera que
         no está suficientemente informado o que el asunto debe dirimirse basándose en una alegación que no ha sido debatida entre
         las partes (véanse, en particular, las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Schilling y Fleck-Schilling, C‑209/01, Rec.
         p. I‑13389, apartado 19, y de 17 de junio de 2004, Recheio – Cash & Carry, C‑30/02, Rec. p. I‑6051, apartado 12).
      
      17     Al no corresponder el presente asunto a ninguna de estas dos hipótesis, el Tribunal de Justicia considera que no procede ordenar
         la reapertura de la fase oral del procedimiento.
      
       Sobre la admisibilidad
       Alegaciones de las partes
      18     La República de Austria solicita que se declare la inadmisibilidad del recurso porque la Comisión modificó el objeto del procedimiento
         entre la fase administrativa previa y el presente recurso. Así, según la República de Austria, la Comisión afirmó en su demanda
         que el procedimiento no se refiere al reconocimiento académico de títulos de enseñanza secundaria, tal como es realizado por
         las autoridades austriacas, mientras que en su dictamen motivado definió el objeto del procedimiento como «la cuestión de
         la conformidad con el Derecho comunitario de la normativa austriaca que regula el reconocimiento académico de los títulos
         obtenidos en otros Estados miembros y el acceso de sus titulares a la enseñanza superior».
      
      19     Con carácter subsidiario, la República de Austria concluye que no puede acogerse el motivo relativo a la potestad reglamentaria
         de las autoridades austriacas derivada del artículo 36, apartado 4, de la UniStG debido a que la Comisión desarrolló en su
         demanda, por primera vez, una alegación al respecto.
      
      20     En respuesta, la Comisión sostiene que el objeto del procedimiento dirigido contra la República de Austria siguió siendo idéntico
         entre la fase administrativa previa y el presente recurso. En particular, en el escrito de requerimiento complementario que
         dirigió a la República de Austria, la Comisión indicaba que el objeto del procedimiento era únicamente la compatibilidad de
         la normativa austriaca con el Tratado CE en lo que se refiere al acceso a la enseñanza superior de quienes hayan obtenido
         títulos de fin de estudios secundarios en otros Estados miembros, con excepción del reconocimiento académico de los títulos.
      
      21     En cuanto al artículo 36, apartado 4, de la UniStG, la Comisión subraya que no ha pretendido alegar un nuevo motivo. Únicamente
         pretendió llamar la atención del Tribunal de Justicia sobre el hecho de que esta disposición, que establecía una discriminación
         indirecta con respecto a los nacionales de otros Estados miembros, sustituyó a una disposición similar que creaba una discriminación
         directa basada en la nacionalidad. De este modo, la Comisión no invocó un nuevo motivo, sino que tan sólo subrayó que, de
         ser aceptada la alegación de la República de Austria según la cual el artículo 36 de la UniStG no creaba una discriminación
         directa, ello constituiría, no obstante, una discriminación encubierta.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      22     De una reiterada jurisprudencia resulta que la finalidad del procedimiento administrativo previo es dar al Estado miembro
         interesado la ocasión, por una parte, de cumplir sus obligaciones derivadas del Derecho comunitario y, por otra, de formular
         adecuadamente las alegaciones que, en su defensa, estime pertinentes frente a las imputaciones de la Comisión (véanse, en
         particular, las sentencias de 10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos, C‑152/98, Rec. p. I‑3463, apartado 23; de 15 de enero
         de 2002, Comisión/Italia, C‑439/99, Rec. p. I‑305, apartado 10, y de 27 de noviembre de 2003, Comisión/Finlandia, C‑185/00,
         Rec. p. I‑14189, apartado 79).
      
      23     De lo anterior se deduce que el escrito de requerimiento dirigido por la Comisión al Estado miembro afectado y posteriormente
         el dictamen motivado emitido por ésta delimitan el objeto del litigio, que, en consecuencia, no puede ser ampliado. Por consiguiente,
         el dictamen motivado de la Comisión y el recurso deben basarse en imputaciones idénticas (véanse, en particular, las sentencias
         de 29 de septiembre de 1998, Comisión/Alemania, C‑191/95, Rec. p. I‑5449, apartado 55; de 11 de julio de 2002, Comisión/España,
         C‑139/00, Rec. p. I‑6407, apartado 18, y Comisión/Finlandia, antes citada, apartado 80).
      
      24     No obstante, esta exigencia no puede llegar a imponer en todos los supuestos una coincidencia perfecta entre las imputaciones
         del escrito de requerimiento, la parte dispositiva del dictamen motivado y las pretensiones del recurso cuando el objeto del
         litigio, tal como se define en el dictamen motivado, no se ha ampliado ni modificado (véanse, en particular, las sentencias
         antes citadas, Comisión/Alemania, apartado 56; Comisión/España, apartado 19, y Comisión/Finlandia, apartado 81).
      
      25     Debe señalarse que, en el caso de autos, la Comisión no modificó el objeto del litigio entre la fase administrativa previa
         y la fase contenciosa. En efecto, en su demanda la Comisión formuló imputaciones y motivos idénticos a los mencionados en
         los dos escritos de requerimiento y en el dictamen motivado. Por tanto, la República de Austria estaba debidamente informada
         de la naturaleza de la infracción del Derecho comunitario invocada por la Comisión y, más en concreto, del carácter indirectamente
         discriminatorio de la disposición nacional de que se trata, que se refería, por lo tanto, a las condiciones de acceso al sistema
         de enseñanza superior y universitario austriaco para los estudiantes que hayan obtenido títulos de enseñanza secundaria en
         otros Estados miembros.
      
      26     Por lo que se refiere a la alegación relativa al artículo 36, apartado 4, de la UniStG, la Comisión indicó claramente que
         tan sólo lo había mencionado para ilustrar el hecho de que ese apartado había sustituido a una disposición similar que era
         directamente discriminatoria. No se trata, pues, de una nueva imputación.
      
      27     De lo antedicho se desprende que la Comisión no modificó ni amplió el objeto del litigio en su demanda y que debe declararse
         la admisibilidad del recurso.
      
       Sobre el fondo
       Sobre el ámbito de aplicación del Derecho comunitario
       Alegaciones de las partes
      28     La Comisión considera que la discriminación contenida en el artículo 36 de la UniStG se refiere únicamente a las condiciones
         de acceso a la enseñanza superior o universitaria austriaca, cuestión que, a su juicio, se halla comprendida en el ámbito
         de aplicación material del Tratado.
      
      29     Asimismo, la República de Finlandia considera, al igual que la Comisión, que el recurso afecta únicamente a los requisitos
         de admisión, en la enseñanza superior austriaca, de quienes hayan obtenido títulos en otros Estados miembros y que deja intacta
         la cuestión del reconocimiento académico de los títulos.
      
      30     La República de Austria sostiene que el artículo 36 de la UniStG regula el reconocimiento de los títulos de fin de estudios
         secundarios con vistas al acceso a las universidades austriacas. Pues bien, la República de Austria alega que el reconocimiento
         académico de los títulos para poder comenzar o proseguir estudios superiores u otra formación no se halla comprendido dentro
         del ámbito de aplicación del Tratado.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      31     A tenor del artículo 12 CE, apartado 1, en el ámbito de aplicación del Tratado, y sin prejuicio de las disposiciones particulares
         previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.
      
      32     Como ya declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 25 de la sentencia de 13 de febrero de 1985, Gravier (293/83, Rec.
         p. 593), los requisitos de acceso a la formación profesional están comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Tratado
         (véase asimismo la sentencia de 1 de julio de 2004, Comisión/Bélgica, C‑65/03, Rec. p. I‑6427, apartado 25).
      
      33     De la jurisprudencia resulta asimismo que tanto la enseñanza superior como la enseñanza universitaria constituyen una formación
         profesional (véanse las sentencias de 2 de febrero de 1988, Blaizot, 24/86, Rec. p. 379, apartados 15 a 20, y de 27 de septiembre
         de 1988, Comisión/Bélgica, 42/87, Rec. p. 5445, apartados 7 y 8).
      
      34     En el caso de autos, el artículo 36 de la UniStG fija los requisitos de acceso a la enseñanza superior o universitaria en
         Austria. A este respecto, establece que quienes hayan obtenido títulos de fin de estudios secundarios en otros Estados miembros,
         además de cumplir los requisitos generales de admisión a los estudios superiores o universitarios, deben probar que cumplen
         los requisitos específicos de admisión a la rama de estudios elegida, requisitos fijados por el Estado de expedición de dichos
         títulos y que dan derecho a ser admitidos directamente a esos estudios.
      
      35     En estas circunstancias, la disposición controvertida debe ser examinada a la vista del Tratado y, en particular, a la vista
         del principio de no discriminación por razón de la nacionalidad contenido en el artículo 12 CE.
      
       Sobre el motivo basado en la infracción del Derecho comunitario
       Alegaciones de las partes
      36     La Comisión sostiene que el derecho a la igualdad de trato enunciado en el artículo 12 CE incluye necesariamente, so pena
         de ser privado de todo efecto útil, el derecho de quienes hayan obtenido títulos en otro Estado miembro, una vez se haya declarado
         su título equivalente, a no estar supeditados a condiciones que no se han impuesto a los alumnos que hayan obtenido su título
         en Austria con vistas a acceder a una misma rama de la enseñanza superior o universitaria austriaca.
      
      37     Pues bien, en virtud del artículo 36 de la UniStG, el acceso de quienes hayan obtenido títulos en otro Estado miembro a determinadas
         ramas de la enseñanza superior o universitaria austriaca está supeditado, a juicio de la Comisión, a un requisito al que no
         están sujetos quienes hayan obtenido títulos de fin de estudios secundarios en Austria.
      
      38     La Comisión sostiene que este requisito constituye una discriminación indirecta, puesto que, aunque los nacionales austriacos
         que hayan obtenido un título en otro Estado miembro también están sometidos a ese mismo requisito, afecta en mayor medida
         a los nacionales de otros Estados miembros que a los nacionales austriacos.
      
      39     La República de Finlandia considera, al igual que la Comisión, que el requisito establecido en el artículo 36 de la UniStG,
         que no afecta a quienes hayan obtenido títulos austriacos de enseñanza secundaria, es contrario al Derecho comunitario, en
         particular al artículo 12 CE.
      
      40     La República de Austria rechaza el análisis realizado por la Comisión, según el cual el acceso a los estudios superiores está
         sometido, en Austria, a un procedimiento que consta de dos fases: en un primer momento, el reconocimiento, en pie de igualdad,
         de los títulos que acreditan los estudios secundarios y, en un segundo momento, la comprobación de otros requisitos. La admisión
         en las universidades austriacas está, en realidad, supeditada a la justificación de la aptitud general y de la aptitud particular
         para cursar los estudios universitarios y no se exige ningún otro requisito distinto del reconocimiento académico de la titulación
         que da acceso a los estudios universitarios.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      41     Según jurisprudencia reiterada, el principio de igualdad de trato prohíbe no sólo las discriminaciones manifiestas, basadas
         en la nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación,
         conduzca de hecho al mismo resultado (véanse, en particular, las sentencias de 12 de febrero de 1974, Sotgiu, 152/73, Rec.
         p. 153, apartado 11; de 1 de julio de 2004, Comisión/Bélgica, antes citada, apartado 28, y de 15 de marzo de 2005, Bidar,
         C‑209/03, Rec. p. I‑0000, apartado 51).
      
      42     En el caso de autos, la normativa nacional controvertida establece que los estudiantes que hayan obtenido su título de estudios
         secundarios en un Estado miembro distinto de la República de Austria y que deseen cursar sus estudios superiores o universitarios
         en una rama determinada de la enseñanza austriaca deben no sólo presentar el citado título, sino también probar que reúnen
         los requisitos de admisión a los estudios superiores o universitarios en el Estado miembro en el que hayan obtenido su título,
         como haber aprobado un examen de ingreso u obtenido una nota suficiente para ser incluido en el numerus clausus.
      
      43     Por tanto, resulta que el artículo 36 de la UniStG establece no sólo una diferencia de trato en perjuicio de los estudiantes
         que hayan obtenido su título de estudios secundarios en un Estado miembro distinto de la República de Austria, sino también
         entre esos mismo estudiantes en función del Estado miembro en que hayan obtenido su título de enseñanza secundaria.
      
      44     Pues bien, las facilidades concedidas por el Tratado en materia de libre circulación no producen plenos efectos si se penaliza
         a una persona por el hecho de que las haya ejercido. Esta consideración es particularmente importante en el ámbito de la educación,
         habida cuenta de los objetivos perseguidos por el artículo 3 CE, apartado 1, letra q), y por el artículo 149 CE, apartado
         2, segundo guión, a saber, favorecer la movilidad de estudiantes y de profesores (véase la sentencia de 11 de julio de 2002,
         D'Hoop, C‑224/98, Rec. p. I‑6191, apartados 30 a 32).
      
      45     Además, la jurisprudencia ha establecido que la vocación del estatuto de ciudadano de la Unión es convertirse en la condición
         fundamental de los nacionales de los Estados miembros y permitir a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la misma
         situación obtener, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas a este
         respecto, el mismo trato jurídico (sentencias de 20 de septiembre de 2001, Grzelczyk, C‑184/99, Rec. p. I‑6193, apartado 31,
         y D'Hoop, antes citada, apartado 28).
      
      46     Por consiguiente, procede declarar que la legislación controvertida coloca en una situación desfavorable a quienes hayan obtenido
         títulos de enseñanza secundaria en un Estado miembro distinto de la República de Austria, puesto que no pueden acceder a la
         enseñanza superior austriaca en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido un título austriaco equivalente.
      
      47     En consecuencia, el artículo 36 de la UniStG, aunque se aplica indistintamente a todos los estudiantes, puede afectar en mayor
         medida a los nacionales de otros Estados miembros que a los nacionales austriacos, por lo que la diferencia de trato que establece
         dicha disposición causa una discriminación indirecta.
      
      48     Por consiguiente, la diferencia de trato en cuestión sólo podría estar justificada si se basara en consideraciones objetivas,
         independientes de la nacionalidad de las personas afectadas y proporcionadas al objetivo legítimamente perseguido por el Derecho
         nacional (sentencias de 24 de noviembre de 1998, Bickel y Franz, C‑274/96, Rec. p. I‑7637, apartado 27, y D'Hooop, antes citada,
         apartado 36).
      
       Sobre la justificación de una discriminación
       Alegaciones de las partes
      –       Sobre la justificación basada en la salvaguardia de la homogeneidad del sistema austriaco de enseñanza superior o universitaria
      49     La República de Austria sostiene que la justificación de un trato desigual que se halle comprendido en el ámbito de aplicación
         del artículo 12 CE no se limita a motivos de orden público, de seguridad pública y de salud pública y que, según jurisprudencia
         reiterada, en los supuestos de discriminación indirecta, existe la posibilidad de justificar discriminaciones basadas en la
         nacionalidad.
      
      50     A este respecto, la República de Austria invoca la salvaguardia de la homogeneidad del sistema de formación austriaco. Basándose,
         por analogía, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, alega que, de no tomar en consideración los derechos nacidos
         en el país de origen, podría esperar que muchos de los que hayan obtenido sus títulos en los Estados miembros intentarían
         seguir una formación universitaria o una enseñanza superior en Austria y que esta situación engendraría problemas de orden
         estructural, personal y económico (véanse las sentencias de 28 de abril de 1998, Kohll, C‑158/96, Rec. p. I‑1931, apartado
         41, y de 12 de julio de 2001, Vanbraekel y otros, C‑368/98, Rec. p. I‑5363, apartado 47).
      
      51     La Comisión sostiene que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular de las sentencias de 15 de octubre de
         1969, Ugliola (15/69, Rec. p. 363), y de 14 de noviembre de 1995, Svensson y Gustavsson (C‑484/93, Rec. p. I‑3955), se desprende
         que una medida discriminatoria tan sólo puede encontrar justificación en las excepciones que expresamente autoriza el Tratado,
         a saber, el orden público, la seguridad pública y la salud pública. Pues bien, la República de Austria no puede invocar ninguno
         de estos motivos.
      
      52     Por otra parte, admitir que la normativa austriaca pueda encontrar justificación en motivos distintos de los expresamente
         previstos en el Tratado llevaría, según la Comisión, a dejar sin contenido el concepto de discriminación indirecta, tal como
         resulta de la sentencia Sotgiu, antes citada, es decir, una discriminación que, aunque basada en un criterio aparentemente
         neutro, conduce de hecho al mismo resultado que una discriminación basada en la nacionalidad.
      
      53     Además, la Comisión alega que, en cualquier caso, el artículo 36 de la UnitStG vulnera el principio de proporcionalidad.
      –       Sobre la justificación basada en la prevención de un abuso del Derecho comunitario
      54     La República de Austria recuerda que el Tribunal de Justicia, en los asuntos en los que recayeron las sentencias de 7 de febrero
         de 1979, Knoors (115/78, Rec. p. 399), y de 3 de octubre de 1990, Bouchoucha (C‑61/89, Rec. p. I‑3551), destacó el interés
         legítimo que puede tener un Estado miembro en impedir que, aprovechando las facilidades creadas por el Tratado, algunos de
         sus nacionales eludan abusivamente la aplicación de su normativa nacional en materia de formación profesional y que el Derecho
         comunitario no permite eludir la legislación nacional en materia de formación profesional.
      
      55     Contestando a esto, la Comisión recuerda que, en su sentencia de 21 de noviembre de 2002, X e Y (C‑436/00, Rec. p. I‑10829),
         el Tribunal de Justicia consideró que la existencia de un comportamiento abusivo o fraudulento debe ser objeto de un examen
         individual, caso por caso, y debe basarse en elementos objetivos y que el mero hecho de ejercitar su derecho a la libre circulación
         no puede considerarse constitutivo de abuso (sentencia de 9 de marzo de 1999, Centros, C‑212/97, Rec. p. I‑1459).
      
      –       Sobre la justificación basada en los convenios internacionales
      56     La República de Austria alega que el artículo 36 de la UnitStG es conforme con los convenios celebrados en el marco del Consejo
         de Europa, en este caso, el de 11 de diciembre de 1953, relativo a la equivalencia de los diplomas para el acceso a los establecimientos
         universitarios (Série des traités européens nº 15; en lo sucesivo, «Convenio de 1953»), y el de 11 de abril de 1997, sobre
         el reconocimiento de los títulos relativos a la enseñanza superior en la región europea (Série des traités européens nº 165;
         en lo sucesivo, «Convenio de 1997»).
      
      57     La Comisión recuerda que, a tenor del artículo 307 CE, las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones
         que resulten de los convenios celebrados entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros Estados, con anterioridad
         a la fecha de su adhesión. Sin embargo, en la medida en que tales convenios sean incompatibles con el Tratado, el Estado o
         los Estados miembros de que se trate deberán recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que
         hayan observado.
      
      58     Asimismo, la Comisión recuerda la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, según la cual, si bien el artículo 307 CE
         permite a los Estados miembros respetar las obligaciones que resulten de convenios internacionales con terceros Estados anteriores
         al Tratado, no les autoriza, sin embargo, a invocar los derechos derivados de tales convenios en las relaciones intracomunitarias
         (sentencia de 2 de julio de 1996, Comisión/Luxemburgo, C‑473/93, Rec. p. I‑3207, apartado 40).
      
      59     Por consiguiente, según la Comisión, la República de Austria no puede invocar el Convenio de 1953. En cuanto al Convenio de
         1997, tampoco puede invocarlo en la medida en que fue celebrado después de la adhesión de la República de Austria.
      
       Apreciación del Tribunal de Justicia
      –       Sobre la justificación basada en la salvaguardia de la homogeneidad del sistema austriaco de enseñanza superior o universitaria
      60     Debe recordarse, como se señala en el apartado 47 de la presente sentencia, que el artículo 36 de la UniStG crea una discriminación
         indirecta, por cuanto puede afectar a los estudiantes de otros Estados miembros en mayor medida que a los nacionales austriacos.
         Además, de los debates ante el Tribunal de Justicia resulta que la normativa austriaca tiene por objeto restringir el acceso
         a las universidades nacionales de quienes hayan obtenido sus títulos en otros Estados miembros.
      
      61     Pues bien, como indica el Abogado General en el punto 52 de sus conclusiones, la demanda excesiva de acceso a determinados
         estudios podría atenderse mediante la adopción de medidas específicas no discriminatorias, como el establecimiento de un examen
         de ingreso o una nota mínima, respetando de ese modo los requisitos del artículo 12 CE.
      
      62     Además, debe señalarse que los riesgos invocados por la República de Austria no son exclusivos de su sistema de enseñanza
         superior o universitaria, sino que han sido y siguen siendo soportados por otros Estados miembros. Entre esos Estados miembros
         figura el Reino de Bélgica que estableció restricciones similares, que se juzgaron incompatibles con las exigencias del Derecho
         comunitario (véase la sentencia de 1 de julio de 2004, Comisión/Bélgica, antes citada).
      
      63     Es preciso recordar que corresponde a las autoridades nacionales que invocan una excepción al principio fundamental de libre
         circulación de las personas probar, en cada caso, que sus normativas son necesarias y proporcionadas a la vista del objetivo
         perseguido. Las razones justificativas que puede invocar un Estado miembro deben ir acompañadas de un examen de la idoneidad
         y de la proporcionalidad de la medida restrictiva adoptada por dicho Estado y de datos precisos en los que pueda sustentarse
         su alegación (véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2003, Lindman, C‑42/02, Rec. p. I‑13519, apartado
         25, y de 18 de marzo de 2004, Leichtle, C‑8/02, Rec, p. I‑2641, apartado 45).
      
      64     En el caso de autos, la República de Austria se ha limitado a sostener en la vista que, en los estudios de medicina, el número
         de matrículas podría ser cinco veces mayor que el número de plazas disponibles, lo que amenazaría el equilibrio financiero
         del sistema de enseñanza superior austriaco y, por consiguiente, su propia existencia.
      
      65     Se ha de señalar que no se presentó al Tribunal de Justicia ninguna estimación relativa a otras ramas de estudios y que la
         República de Austria reconoció que no disponía de más cifras al respecto. Además, las autoridades austriacas admitieron el
         carácter fundamentalmente preventivo de la disposición nacional de que se trata.
      
      66     Por lo tanto, procede declarar que la República de Austria no ha demostrado que, de no existir el artículo 36 de la UniStG,
         correrían peligro la existencia del sistema de enseñanza austriaco en general y la salvaguardia de la homogeneidad de la enseñanza
         superior en particular. En consecuencia, la legislación controvertida no es compatible con los objetivos del Tratado.
      
      –       Sobre la justificación basada en la prevención de un abuso del Derecho comunitario
      67     En segundo lugar, el Gobierno austriaco adujo una justificación basada en la necesidad de los Estados miembros de prevenir
         un abuso del Derecho comunitario, destacando el interés legítimo que un Estado miembro puede tener en impedir que, al amparo
         de las facilidades creadas en virtud del Tratado, algunos de sus nacionales eludan la aplicación de su legislación nacional
         en materia de formación profesional.
      
      68     Según la jurisprudencia, la existencia de un comportamiento abusivo o fraudulento debe ser objeto de un examen individual,
         caso por caso, y debe basarse en elementos objetivos (véanse las sentencias, antes citadas, Centros, apartados 24 y 25, y
         X e Y, apartados 42 y 43).
      
      69     Asimismo, debe recordarse que el artículo 149 CE, apartado 2, segundo guión, dispone expresamente que la acción de la Comunidad
         se encaminará a favorecer la movilidad de estudiantes y profesores, fomentando en particular el reconocimiento académico de
         los títulos y de los períodos de estudios. Además, el artículo 150 CE, apartado 2, tercer guión, dispone que la acción de
         la Comunidad se encaminará a facilitar el acceso a la formación profesional y facilitar la movilidad de los educadores y de
         las personas en formación, especialmente de los jóvenes.
      
      70     En el presente asunto, basta declarar que la posibilidad de que un estudiante de la Unión Europea, que haya obtenido su título
         de enseñanza secundaria en un Estado miembro distinto de la República de Austria, acceda a la enseñanza superior o universitaria
         austriaca en las mismas condiciones que quienes hayan obtenido sus títulos en Austria constituye la esencia misma del principio
         de libre circulación de los estudiantes, garantizado por el Tratado, y no puede, por lo tanto, implicar un uso abusivo de
         ese derecho.
      
      –       Sobre la justificación basada en los convenios internacionales
      71     En tercer lugar, la República de Austria alega que el artículo 36 de la UnitStG es conforme con los Convenios de 1953 y 1997.
      72     A este respecto, se ha de señalar que, según el artículo 307 CE, las disposiciones del Tratado no afectarán a los derechos
         y obligaciones que resulten de convenios celebrados, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de
         su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra. Sin embargo, en
         la medida en que tales convenios sean incompatibles con el Tratado, el Estado o los Estados miembros de que se trate deberán
         recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado.
      
      73     Es jurisprudencia reiterada que, si bien el artículo 307 CE permite a los Estados miembros respetar las obligaciones que resulten
         de convenios internacionales con terceros Estados anteriores al Tratado, no les autoriza, sin embargo, a invocar los derechos
         derivados de tales convenios en las relaciones intracomunitarias (véanse, en particular, las sentencias Comisión/Luxemburgo,
         antes citada, apartado 40, y de 1 de febrero de 2005, Comisión/Austria, C‑203/03, Rec. p. I‑0000, apartados 57 a 59).
      
      74     Por consiguiente, la República de Austria no puede invocar como justificación ni el Convenio de 1953 ni, aún menos, el de
         1997, posterior a la adhesión de la República de Austria a la Unión.
      
      75     A la vista de las consideraciones precedentes, procede declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones
         que le incumben en virtud de los artículos 12 CE, 149 CE y 150 CE, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar
         que quienes hayan obtenido sus títulos de enseñanza secundaria en otros Estados miembros puedan acceder a la enseñanza superior
         y universitaria regulada por ella en las mismas condiciones que quienes los hayan obtenido en Austria.
      
       Costas
      76     A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber pedido la Comisión que se condene en costas a la República de Austria
         y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
      1)      Declarar que la República de Austria ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 12 CE, 149 CE
            y 150 CE, al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que quienes hayan obtenido sus títulos de enseñanza
            secundaria en otros Estados miembros puedan acceder a la enseñanza superior y universitaria regulada por ella en las mismas
            condiciones que quienes los hayan obtenido en Austria.
      2)      Condenar en costas a la República de Austria.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: alemán.