CELEX: 62005CC0081
Language: es
Date: 2006-04-27
Title: Conclusiones del Abogado General Tizzano presentadas el 27 de abril de 2006. # Anacleto Cordero Alonso contra Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). # Petición de decisión prejudicial: Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León - España. # Política social - Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario - Directiva 80/987/CEE - Directiva 2002/74/CE - Indemnización por despido acordada en acto de conciliación - Pago asegurado por la institución de garantía - Pago subordinado a la adopción de una resolución judicial. # Asunto C-81/05.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. ANTONIO TIZZANO
      presentadas el 27 de abril de 2006 1(1)
      
      Asunto C‑81/05
      Anacleto Cordero Alonso
      contra
      Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León]
      «Protección de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario – Indemnización por despido acordada en acto de conciliación – Directiva 80/987/CEE – Directiva 2002/74/CE – Ámbito de aplicación – Principio de igualdad – Primacía del Derecho comunitario»1.        El presente asunto tiene por objeto tres cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al
         artículo 234 CE, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que versan sobre la interpretación de la Directiva
         80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre de 1980, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas
         a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario (2) (en lo sucesivo, «Directiva 80/987» o simplemente «Directiva»), en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE. (3)
      
      2.        En resumen, se plantea una vez más la cuestión de la compatibilidad con el Derecho comunitario de una norma nacional que establece
         que, en caso de insolvencia del empresario, los créditos adeudados a los trabajadores asalariados (en este caso, las indemnizaciones
         por despido) sean pagados por un fondo de garantía siempre y cuando hayan sido reconocidos en sentencias o resoluciones administrativas,
         de modo que quedan excluidos los créditos resultantes de acuerdos de conciliación.
      
       I.     Marco jurídico
       Derecho comunitario aplicable
      3.        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 80/987 establece que «la presente Directiva se aplicará a los créditos en favor
         de los trabajadores asalariados, derivados de contratos de trabajo o de relaciones laborales, frente a empresarios que se
         encuentren en estado de insolvencia, en el sentido del apartado 1 del artículo 2».
      
      4.        El artículo 2, apartado 2, de la Directiva precisa que ésta «no afectará al Derecho interno en lo que se refiere a la definición
         de los términos “trabajador asalariado”, “empresario”, “remuneración”, “derecho adquirido” y “derecho en vías de adquisición”».
      
      5.        De acuerdo con el tenor del artículo 3, apartado 1:
      
      «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio
         del artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos de trabajo
         o de relaciones laborales y que se refieran a la retribución correspondiente al período anterior a una fecha determinada».
      
      6.        En relación con el presente asunto, procede citar asimismo la Directiva 2002/74, que modificó la Directiva 80/987 sustituyendo,
         a los efectos aquí pertinentes, el texto del artículo 3 por el siguiente:
      
      «Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias a fin de que las instituciones de garantía aseguren, sin perjuicio
         de lo dispuesto en el artículo 4, el pago de los créditos impagados de los trabajadores asalariados que resulten de los contratos
         de trabajo o de relaciones laborales, incluidas las indemnizaciones debidas al término de la relación laboral, cuando así
         lo disponga el Derecho interno.»
      
      7.        Según el primer párrafo del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2002/74, que entró en vigor el 8 de octubre de 2002, los
         Estados miembros tenían hasta el 8 de octubre de 2005 para poner «en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
         necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva». En este sentido, el segundo apartado de dicha
         disposición precisa:
      
      «[Los Estados miembros] aplicarán las disposiciones previstas en el primer párrafo a todo estado de insolvencia de un empresario
         producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones».
      
       Derecho interno
      8.        El artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, en su versión modificada por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
         marzo, (4) dispone:
      
      «1.      Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación
         profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de
         remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. [...]
      
      2.      No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos
         por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social
         y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
      
      [...]»
      9.        De acuerdo con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, en su versión modificada por la Ley 60/1997, de 19 de diciembre: (5)
      
      «1.      El Fondo de Garantía Salarial [en lo sucesivo, “Fogasa”], Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
         Sociales, […] abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión
         de pagos, quiebra o concurso de acreedores de los empresarios.
      
      […]
      2.      El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de
         sentencia o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme
         a los artículos 50, 51 y 52.c) de esta Ley, con el límite máximo de una anualidad, sin que el salario diario, base del cálculo,
         pueda exceder del duplo del salario mínimo interprofesional.
      
      [...]»
      10.      Por último, el apartado 8 de la misma disposición estipula que en caso de despidos económicos producidos en empresas de menos
         de veinticinco trabajadores, el Fogasa deberá hacerse cargo, a su exclusiva costa y sin necesidad de que exista insolvencia
         empresarial, del 40 % de la indemnización.
      
       II.   Hechos y procedimiento
      11.      El Sr. Cordero Alonso fue despedido el 4 de noviembre de 2002 de la empresa en la que trabajaba, Trasportes San-Gom, S.L.,
         por causas imputables a la situación económica de la empresa.
      
      12.      Tras recurrir judicialmente dicho despido, el Sr. Cordero Alonso llegó a un acuerdo de conciliación con Trasportes San-Gom
         –posteriormente aprobado por el juez competente–, que confirmaba la extinción de la relación laboral por las causas alegadas
         por el empresario y disponía que se pagara al trabajador una indemnización por despido de 5.540,06 euros.
      
      13.      Trasportes San-Gom fue declarada insolvente el 24 de abril de 2003, por lo que el Sr. Cordero Alonso solicitó al Fogasa el
         abono de la mencionada indemnización. El Fondo aceptó abonar al trabajador, con arreglo al artículo 33, apartado 8, del Estatuto
         de los Trabajadores, el 40 % de la indemnización por despido que se le adeudaba, negándose a pagar el 60 % restante por considerar
         que, al tratarse de una indemnización reconocida en un acuerdo de conciliación y no en sentencia o resolución administrativa,
         no se le debía esta parte.
      
      14.      El Juzgado de lo Social de Palencia desestimó el recurso presentado por el trabajador contra la resolución del Fogasa mediante
         sentencia de 9 de julio de 2004. El Sr. Cordero Alonso recurrió entonces en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia
         de Castilla y León, el cual, al albergar dudas sobre la interpretación de las Directivas 80/987 y 2002/74, así como sobre
         el alcance del principio general de igualdad y del principio de primacía del Derecho comunitario, decidió, mediante auto de
         28 de enero de 2005, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
      
      «1)      ¿La obligación impuesta a los Estados miembros de adoptar todas las medidas generales o particulares para asegurar el cumplimiento
         de las obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad Europea o resultantes de los actos de las instituciones de la Comunidad
         (artículo 10 del Tratado), así como el principio de primacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho Nacional, implican,
         por sí mismos y sin necesidad de disposiciones explícitas de Derecho interno, la atribución a los órganos judiciales nacionales
         de la potestad de dejar de aplicar todo tipo de normas de Derecho interno que sean contrarias al Derecho comunitario, con
         independencia del rango de esas disposiciones en la jerarquía normativa (reglamentos, leyes o incluso Constitución)?
      
      2)      a)     Cuando las instituciones administrativas y judiciales españolas han de resolver sobre el derecho de un trabajador cuyo empresario
         ha sido declarado insolvente a percibir, a cargo del Fondo de Garantía Salarial, las indemnizaciones que le son debidas por
         finalización de un contrato de trabajo cuya garantía frente a la insolvencia ha sido establecida por la legislación nacional,
         ¿están aplicando Derecho comunitario aunque la Directiva 80/987/CEE no contemple en sus artículos 1 y 3 las indemnizaciones
         por finalización del contrato de forma expresa?
      
               b)     En caso afirmativo, ¿están vinculadas las instituciones administrativas y judiciales españolas, en la aplicación de la Directiva
         80/987/CEE y de las normas de Derecho interno que incorporan el contenido de la misma, por el principio de igualdad ante la
         Ley e interdicción de discriminación resultante del Derecho comunitario y con el alcance precisado por la interpretación dada
         al mismo por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque ésta no coincida con la interpretación del derecho fundamental
         análogo reconocido por la Constitución Española en la interpretación dada al mismo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
         español?
      
               c)     En caso afirmativo, ¿impone el derecho fundamental de igualdad ante la Ley resultante del Derecho comunitario una obligación
         de igualdad de trato entre aquellos supuestos en los que el derecho del trabajador a la indemnización por finalización del
         contrato ha sido establecido por una sentencia judicial y aquellos otros supuestos en los que es el resultado de un acuerdo
         entre trabajador y empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial?
      
      3)      a)     ¿Cuando un Estado miembro reconocía ya en su legislación interna el derecho del trabajador a obtener la protección de la Institución
         de Garantía para el caso de insolvencia empresarial en relación con una indemnización por extinción de contrato, todo ello
         con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 2002/74/CE, puede entenderse que a partir de la entrada en vigor de
         dicha Directiva, el 8 de octubre de 2002, el Estado miembro está aplicando Derecho comunitario, aunque no haya transcurrido
         el plazo máximo para la incorporación de la misma, cuando resuelve sobre el abono por la institución de garantía de esas indemnizaciones
         por finalización de contrato en situaciones de insolvencia empresarial declaradas con posterioridad al 8 de octubre de 2002?
      
               b)     En caso afirmativo, ¿están vinculadas las instituciones administrativas y judiciales españolas, en la aplicación de la Directiva
         2002/74/CE y de las normas de Derecho interno que incorporan el contenido de la misma, por el principio de igualdad ante la
         Ley e interdicción de discriminación resultante del Derecho comunitario y con el alcance precisado por la interpretación dada
         al mismo por e1 Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque ésta no coincida con la interpretación del derecho fundamental
         análogo reconocido por la Constitución Española en la interpretación dada al mismo por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
         español?
      
               c)     En caso afirmativo, ¿impone el derecho fundamental de igualdad ante la Ley resultante del Derecho comunitario una obligación
         de igualdad de trato entre aquellos supuestos en los que el derecho del trabajador a la indemnización por finalización del
         contrato ha sido establecido por una sentencia judicial y aquellos otros supuestos en los que es el resultado de un acuerdo
         entre trabajador y empresario celebrado en presencia judicial y con la aprobación del órgano judicial?»
      
      15.      En el procedimiento así incoado, han presentado observaciones escritas el Fogasa, el Gobierno español y la Comisión.
      
       III. Análisis jurídico
       Sobre la aplicabilidad de la Directiva 80/987
      16.      Comienzo con el análisis de las cuestiones 2 a) y 3 a), mediante las cuales el órgano jurisdiccional español pregunta esencialmente
         si la normativa interna en cuestión está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, concretamente de
         la Directiva 80/987.
      
      17.      En efecto, como se ha expuesto, la principal cuestión que se plantea en el litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional
         remitente es si el régimen aplicable a las indemnizaciones por despido reconocidas en un acuerdo de conciliación previsto
         en el artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores vulnera o no el principio de igualdad. (6)
      
      18.      No obstante, como es sabido, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y como recuerda el propio órgano jurisdiccional
         remitente, sólo pueden ser examinadas a la luz de los principios generales del Derecho comunitario, como el principio de igualdad,
         las normas nacionales que «estén comprendidas en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario», y ello porque dichos principios
         únicamente vinculan a los Estados miembros cuando «aplican la normativa comunitaria». (7)
      
      19.      De ahí la necesidad de examinar en primer lugar las cuestiones que ahora se analizan, dado que se trata precisamente de determinar
         si el mencionado artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores ejecuta realmente disposiciones comunitarias y,
         por ello, está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario. Sólo en caso de que se responda afirmativamente
         a esta cuestión, podrá analizarse a continuación la compatibilidad de dicha disposición con el principio de igualdad.
      
      20.      Pues bien, en el auto de remisión se suscitan algunas dudas sobre la aplicabilidad a los hechos objeto del litigio principal
         de la Directiva 80/987, ya sea en su versión original, ya en la modificada. Por un lado, el órgano jurisdiccional remitente
         se pregunta si las indemnizaciones por fin de contrato como las controvertidas pueden considerarse «retribución» en el sentido
         del artículo 3, apartado 1, de la Directiva (en su versión original), y si, por consiguiente, están o no comprendidas en el
         ámbito de aplicación de la obligación de garantía establecida en dicho artículo. Por otro, se plantea si sería posible aplicar,
         con carácter alternativo, el artículo 3, en su versión modificada por la Directiva 2002/74, el cual, en cambio, se refiere
         expresamente a las «indemnizaciones debidas al término de la relación laboral». 
      
      21.      Al avanzar estas hipótesis, el órgano jurisdiccional remitente se refiere en particular a la circunstancia de que, si bien
         el plazo de adaptación del Derecho interno a la Directiva no había expirado aún en el momento en que se produjeron los hechos
         enjuiciados, el Derecho español ya establecía en esa época, en el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, que el pago
         de las indemnizaciones por despido fuera cubierto por el Fogasa. Por consiguiente, podría considerarse que, en el momento
         en que entró en vigor la Directiva de modificación (previo al despido del demandante y a la declaración de insolvencia del
         demandado), el mencionado artículo 33 del Estatuto hacía las veces de medida de adaptación al artículo 3 de la Directiva 2002/74.
      
      22.      Las partes proponen respuestas diferentes a estas cuestiones.
      
      23.      El Fogasa y el Gobierno español sostienen, efectivamente, que las indemnizaciones de que se trata no están comprendidas en
         el ámbito de aplicación de la Directiva, y ello por dos tipos de motivos. En primer lugar, en este caso no cabe aplicar las
         modificaciones introducidas por la Directiva 2002/74, dado que en la época en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal
         aún no había transcurrido el plazo fijado para la adaptación del Derecho interno a la misma. En segundo lugar, no puede siquiera
         hablarse de «retribución» en el sentido de la versión original de la Directiva 80/987 respecto de dichas indemnizaciones,
         puesto que el Derecho nacional aplicable (en el presente asunto, el artículo 26, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores), (8) al que remite el artículo 2 de la Directiva para la definición de este concepto, declara expresamente que las indemnizaciones
         por despido no tendrán la consideración de retribución.
      
      24.      En cambio, la Comisión alega esencialmente que, a pesar de que corresponda al ordenamiento de cada Estado miembro definir
         el concepto de «retribución», el órgano jurisdiccional nacional sigue estando obligado, no obstante, a interpretar el Derecho
         interno de modo acorde con el Derecho comunitario, incluidas las directivas –como la Directiva 2002/74– que hayan entrado
         en vigor antes de que tengan lugar los hechos del caso de autos, pero cuyo plazo de incorporación no haya expirado aún. (9) En el presente asunto eso significa, prosigue la Comisión, que el órgano jurisdiccional remitente, primando una interpretación
         de las disposiciones controvertidas del Estatuto de los Trabajadores compatible con la letra y el espíritu de las modificaciones
         introducidas por la Directiva 2002/74, debe incluir las indemnizaciones por despido entre los créditos garantizados en virtud
         del Derecho comunitario.
      
      25.      Por mi parte, debo destacar en primer lugar que la Directiva 2002/74 contiene dos disposiciones que podrían ser especialmente
         relevantes a los efectos del presente asunto.
      
      26.      Ante todo, a diferencia de la primera versión, que dejaba completamente en manos de los Estados miembros la determinación
         de los créditos asegurados por las instituciones de garantía, la versión modificada precisa expresamente que dichas instituciones
         deben, en caso de insolvencia del empresario, asegurar el pago a los trabajadores asalariados de las «indemnizaciones debidas
         al término de la relación laboral» cuando «así lo disponga el Derecho interno» (nuevo artículo 3).
      
      27.      Seguidamente, en lo que atañe al plazo para la adopción de estas modificaciones, recuérdese que el artículo 3 de la Directiva
         2002/74 disponía que ésta entrara en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, es decir, el 8 de octubre de 2002, mientras que el artículo 2, apartado 1, párrafo primero, establecía el 8 de octubre de
         2005 como plazo para la adaptación de los ordenamientos internos a la misma. No obstante, el propio artículo 2, apartado 1,
         especificaba, en el segundo párrafo, que los Estados miembros «aplicarán las disposiciones [necesarias para adaptarse a la
         Directiva] a todo estado de insolvencia de un empresario producido después de la entrada en vigor de dichas disposiciones».
      
      28.      Esto significa que en caso de que el ordenamiento interno se adapte anticipadamente a la Directiva, las disposiciones nacionales
         conformes con ésta deben aplicarse a todos los estados de insolvencia posteriores a su entrada en vigor, incluyendo, por tanto,
         los declarados antes del 8 de octubre de 2005. No hace falta siguiera recordar que, en tal caso, dichas medidas, al ejecutar
         disposiciones comunitarias, entran en la esfera de aplicación de éstas.
      
      29.      Pues bien, en mi opinión éstas son precisamente las circunstancias que se dan en el caso de autos. En efecto, del auto de
         remisión se desprende claramente que:
      
      i)      el empresario, la sociedad Trasportes San-Gom, fue declarado insolvente el 24 de abril de 2003, es decir, después de que entrara
         en vigor la Directiva 2002/74 el 8 de octubre de 2002;
      
      ii)      el artículo 33, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores, que establecía que las indemnizaciones por despido fueran pagadas
         por el Fogasa –concordando plenamente, por consiguiente, con las modificaciones introducidas por la Directiva 2002/74–, ya
         estaba en vigor cuando se declaró la insolvencia. En otras palabras, como explica el propio órgano jurisdiccional remitente,
         en la época en que tuvieron lugar los hechos del caso de autos, podía considerarse que –a pesar de que no hubiera una norma
         de adaptación específica– el nuevo artículo 3 de la Directiva ya había sido ejecutado por la normativa interna existente. (10) En efecto, como es sabido, la jurisprudencia comunitaria ha reconocido expresamente que no siempre es necesario un acto formal
         para adaptar el Derecho interno a una Directiva, en particular cuando la normativa interna ya es acorde con la comunitaria. (11)
      
      30.      Siguiendo este razonamiento, cabe concluir que la aplicación de una norma interna, como el artículo 33, apartado 2, del Estatuto
         de los Trabajadores, en circunstancias como las del litigio principal, podría estar comprendida en el ámbito de aplicación
         de la Directiva 80/987, en su versión modificada por la Directiva 2002/74.
      
      31.      Pero incluso en caso de que el Tribunal de Justicia considerara aplicable al presente asunto la primera versión de la Directiva,
         y no la modificada, ello no significaría que las indemnizaciones objeto de examen se encontraran forzosamente fuera del ámbito
         de aplicación del Derecho comunitario por no poder ser consideradas «retribución» en el sentido del artículo 3, apartado 1.
      
      32.      Efectivamente, recuérdese que en la sentencia Olaso Valero el Tribunal de Justicia tuvo ocasión de aclarar que, aunque «corresponde
         al Derecho nacional precisar el término “retribución” y definir su contenido», «el hecho de que la Directiva 80/987 relacione
         el pago de la retribución con unos períodos de referencia no excluye su aplicación a indemnizaciones por despido […]», máxime
         dado que «[corroboraban] esta afirmación» las modificaciones previstas en la Directiva 2002/74, que en esa época aún no había
         entrado en vigor. (12) En otras palabras, incluso antes de que entrara en vigor la nueva Directiva podían incluirse en el concepto de «retribución»
         no sólo los créditos salariales correspondientes a la remuneración de prestaciones laborales efectuadas durante un período
         determinado, sino también créditos de otra naturaleza, como las indemnizaciones por fin de contrato.
      
      33.      En mi opinión, esta interpretación encuentra aún mayor justificación en un caso como el del litigio principal, en el cual
         la Directiva 2002/74 ya había entrado en vigor en el momento en que tuvieron lugar los hechos enjuiciados. Como subraya acertadamente
         la Comisión (véase el punto 24 supra), ello estaría en línea tanto con la mencionada obligación de interpretación conforme, (13) como, a un nivel más general, con los objetivos de protección de los trabajadores perseguidos por la normativa comunitaria.
      
       Sobre la vulneración del principio de igualdad
      34.      Mediante las cuestiones 2 c) y 3 c), el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León pregunta esencialmente si, en caso
         de que la normativa en cuestión esté comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario, el hecho de que la garantía
         del Fogasa se limite a las indemnizaciones por despido reconocidas en sentencia judicial o resolución administrativa firme
         –de modo que no quedan cubiertas por dicha garantía las indemnizaciones acordadas en conciliación– es contrario al principio
         general de igualdad.
      
      35.      Hay que decir que la respuesta a estas preguntas puede deducirse fácilmente de la jurisprudencia comunitaria. En los asuntos
         Rodríguez Caballero, Olaso Valero y Guerrero Pecino, antes citados, el Tribunal de Justicia tuvo efectivamente ocasión de
         pronunciarse sobre el régimen aplicado en España a los créditos laborales reconocidos en el marco de un procedimiento de conciliación.
         Además, el juez comunitario siempre ha considerado que en este caso se estaba ante una vulneración del principio de igualdad,
         puesto que, por una parte, la normativa nacional aplica un tratamiento diferente a trabajadores que «se encuentran en la misma
         situación», (14) y, por otra, «no se [había] presentado ningún argumento convincente para justificar la diferencia de trato entre los créditos
         [...] [reconocidos] en sentencia o resolución administrativa y los [...] [reconocidos] en acto de conciliación». (15)
      
      36.      Pues bien, en el presente asunto también se aplica un tratamiento diferente a trabajadores que se encuentran en la misma situación,
         en la medida en que han sido objeto de un despido por causas económicas y tienen derecho, por esta razón, a que se les pague
         una indemnización. Debo añadir que ni el órgano jurisdiccional remitente ni las partes que han presentado observaciones han
         aportado ningún argumento nuevo que el Tribunal de Justicia no haya analizado ya al examinar los asuntos expuestos anteriormente.
         Además, el Gobierno español y el Fogasa ni siquiera han presentado observaciones sobre este extremo.
      
      37.      Por estos motivos, considero que el principio general de igualdad es contrario a una normativa nacional, como la controvertida
         en el caso de autos, que prevé el pago por parte de la institución nacional de garantía, como responsable subsidiario, de
         las indemnizaciones por despido sólo cuando éstas se reconozcan en una sentencia judicial o en una resolución administrativa,
         de modo que quedan excluidas de dicho mecanismo de garantía las indemnizaciones por despido que hayan sido en cambio reconocidas
         mediante acuerdo de conciliación.
      
       Sobre las consecuencias de la interpretación realizada por el Tribunal de Justicia
      38.      Para finalizar ha de darse respuesta a las cuestiones 1), 2 b) y 3 b), mediante las cuales el órgano jurisdiccional remitente
         pregunta al Tribunal de Justicia cuáles son las consecuencias jurídicas que llevará aparejadas una eventual sentencia comunitaria
         que declare la incompatibilidad de una normativa como la examinada, y en particular si, como consecuencia de dicha sentencia,
         el juez debe dejar de aplicar esa normativa en el marco del litigio principal.
      
      39.      Al formular esta pregunta, el órgano jurisdiccional remitente se refiere concretamente al hecho de que el ordenamiento español
         no le permitiría dejar sin aplicar una norma con rango de ley, como el Estatuto de los Trabajadores, y, además, la interpretación
         del principio de igualdad mantenida por el Tribunal de Justicia en las sentencias Rodríguez Caballero y Olaso Valero no resulta
         conforme con la interpretación del principio constitucional de «igualdad ante la ley», contenido en el artículo 14 de la Constitución
         española, adoptada por varios tribunales nacionales, entre ellos, el Tribunal Constitucional. (16)
      
      40.      Sin embargo, recuérdese que el Tribunal de Justicia también ha tenido hace tiempo ocasión de proporcionar una respuesta absolutamente
         unívoca sobre este extremo. En efecto, en su jurisprudencia afirma constantemente que los jueces nacionales «están obligados
         a aplicar íntegramente el Derecho comunitario y a proteger los derechos que éste confiere a los particulares dejando sin aplicación
         toda disposición de la ley nacional eventualmente contraria a aquél […] sin que esté obligado a solicitar o a esperar la derogación
         previa de éstas por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional». (17)
      
      41.      Por otra parte, precisamente en relación con la materia examinada, el Tribunal de Justicia ha reiterado recientemente, en
         la sentencia Rodríguez Caballero, que «el juez nacional debe dejar sin aplicar toda disposición nacional discriminatoria [incompatible
         con el principio general de igualdad] […], y debe aplicar a los miembros del grupo perjudicado por dicha discriminación el
         mismo régimen del que disfruten los demás trabajadores». (18)
      
      42.      Por lo tanto, considero que cabe concluir que el juez nacional debe dejar sin aplicar una norma interna, como la que es objeto
         del litigio principal, que, vulnerando el principio de igualdad, excluye de la garantía de pago que ella misma establece las
         indemnizaciones por despido reconocidas en un acuerdo de conciliación.
      
       IV.   Conclusión
      43.      Por consiguiente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones planteadas por el Tribunal Superior de Justicia
         de Castilla y León del siguiente modo:
      
      «1)      La aplicación de una norma interna, como el artículo 33, apartado 2, del Estatuto de los Trabajadores, en circunstancias como
         las del litigio principal, está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva 80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre
         de 1980, en su versión modificada por la Directiva 2002/74/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002.
      
      2)      El principio general de igualdad es contrario a una normativa nacional, como la controvertida en el caso de autos, que prevé
         el pago por parte de la institución nacional de garantía, como responsable subsidiario, de las indemnizaciones por despido
         sólo cuando éstas se reconozcan en una sentencia judicial o en una resolución administrativa, de modo que quedan excluidas
         de dicho mecanismo de garantía las indemnizaciones por despido que hayan sido en cambio reconocidas mediante acuerdo de conciliación.
      
      3)      El juez nacional debe dejar sin aplicar una norma interna, como la que es objeto del litigio principal, que, vulnerando el
         principio de igualdad, excluye de la garantía de pago que ella misma establece las indemnizaciones por despido reconocidas
         en un acuerdo de conciliación.»
      
      1 –	Lengua original: italiano.
      
      2–                                                    DO L 283, p. 23; EE 05/02, p. 219.
      
      3 –	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002 (DO L 270, p. 10).
      
      4 –		BOE de 29 de marzo de 1995, nº 75, p. 9654.
      
      5 –		BOE de 20 de diciembre de 1997, nº 304, p. 37453.
      
      6 –	Principio que, como es sabido, «exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que éste
         se justifique objetivamente». Véanse, entre otras, las sentencias de 8 de enero de 2002, Denkavit (C‑507/99, Rec. p. I‑169),
         apartado 44; de 12 de diciembre de 2002, Rodríguez Caballero (C‑442/00, Rec. p. I‑11915), apartado 32; de 16 de diciembre
         de 2004, Olaso Valero (C‑520/03, Rec. p. I‑12065), apartado 34, y el auto de 13 de diciembre de 2005, Guerrero Pecino (C‑177/05,
         Rec. p. I‑0000), apartado 26.
      
      7 –	Sentencia Rodríguez Caballero, antes citada, apartados 30 a 32. Otros casos de compatibilidad con el principio general
         de igualdad de disposiciones nacionales adoptadas en ejecución de actos comunitarios son tratados en las sentencias de 25
         de noviembre de 1986, Klensch (201/85 y 202/85, Rec. p. 3477), apartados 9 y 10, de 14 de julio de 1994, Graff (C‑351/92,
         Rec. p. I‑3361), apartados 15 a 17, y de 17 de abril de 1997, EARL de Kerlast (C‑15/95, Rec. p. I‑1961), apartados 35 a 40.
      
      8 –	Véase el punto 8 supra.
      9 –	A este respecto, la Comisión cita concretamente la sentencia de 8 de octubre de 1987, Kolpinghuis Nijmegen (C‑80/86, Rec.
         p. 3969), apartado 15, y las conclusiones del Abogado General Jacobs de 20 de mayo de 1992 presentadas en el asunto C‑295/90,
         Parlamento/Consejo (sentencia de 7 de julio de 1992, Rec. p. I‑4193), punto 43, así como las del Abogado General Darmon de
         17 de noviembre de 1993 presentadas en el asunto C‑236/92, Regione Lombardia (sentencia de 23 de febrero de 1994, Rec. p. I‑483),
         punto 27.
      
      10 –      Esta interpretación también parece confirmada por el hecho de que, según nos consta, España aún no ha adoptado ninguna norma
         de adaptación específica.
      
      11 –      Véanse, por ejemplo, las sentencias de 23 de mayo de 1985, Comisión/Alemania (29/84, Rec. p. 1661), apartado 23; de 9 de abril
         de 1987, Comisión/Italia (363/85, Rec. p. 1733), apartado 7; de 16 de noviembre de 2000, Comisión/Grecia (C‑214/98, Rec. p. I‑9601),
         apartado 49, y de 10 de mayo de 2001, Comisión/Países Bajos (C‑144/99, Rec. p. 3541), apartado 17.
      
      12 –	Sentencia Olaso Valero, antes citada, apartados 31 y 32. En dicho asunto, el órgano jurisdiccional remitente sostenía efectivamente
         que las referencias que hace la Directiva a retribuciones relacionadas con determinados períodos temporales «se compadecen
         mal con la idea de indemnización» (Ibidem, apartado 26).
      
      13 –	Sobre la existencia de dicha obligación también respecto de directivas que hayan entrado en vigor pero cuyo plazo de incorporación
         aún no ha expirado, véase, concretamente, la sentencia Kolpinghuis Nijmegen, antes citada, apartados 15 y 16. En el mismo
         sentido, véanse asimismo mis conclusiones, de 30 de junio de 2005, presentadas en el asunto C‑144/04, Mangold (sentencia de
         22 de noviembre de 2005, Rec. p. I‑0000), puntos 115 a 120.
      
      14 –	Sentencia Rodríguez Caballero, antes citada, apartado 33.
      
      15 –	Sentencia Olaso Valero, antes citada, apartado 37. Véanse también la sentencia Rodríguez Caballero, antes citada, apartados
         34 a 39, y el auto Guerrero Pecino, antes citado, apartados 28 y 29.
      
      16 –	En el propio auto, el órgano jurisdiccional remitente cita la sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de octubre de
         1993, nº 306, en la cual dicho Tribunal consideró que el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores no violaba el principio
         de igualdad ante la ley.
      
      17 –	Por ejemplo, en la ya célebre sentencia de 9 de marzo de 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629), apartados 21 y 24. Véanse,
         además, entre otras muchas, las sentencias de 19 de junio de 1990, Factortame (asunto C‑213/89, Rec. p. I‑2433), apartado
         20; de 19 de noviembre de 1991, Francovich y otros (C‑6/90 y C‑9/90, Rec. p. I‑5357), apartado 32; de 8 de junio de 2000,
         Carra y otros (C‑258/98, Rec. p. I‑4217), apartado 16; de 18 de septiembre de 2003, Morellato (C‑416/00, Rec. p. I‑9343),
         apartados 43 y 44, y de 3 de mayo de 2005, Berlusconi y otros (C‑387/02, C‑391/02 y C‑403/02, Rec. p. I‑3565), apartado 72.
      
      18 –	Sentencia Rodríguez Caballero, antes citada, apartado 43, y la jurisprudencia que allí se cita. Véanse también la sentencia
         Olaso Valero, antes citada, apartado 38, y el auto Guerrero Pecino, antes citado, apartado 30.