CELEX: C1997/166/09
Language: es
Date: 1997-05-31 00:00:00
Title: Recurso interpuesto el 19 de marzo de 1997 por Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España (Asunto C-114/97)

3i . 5 . 97           lis                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N°C 166/5
      ¿ Es compatible con dicha disposición el criterio aplica­        chos generadores en locales habitados en los casos de nue­
      do hasta ahora por la jurisprudencia alemana, según el           va instalación o de reestructuración de las instalaciones de
      cual, en caso de denominaciones descriptivas cuyo                calefacción .
      libre uso sea necesario, se exige y debe demostrarse
      una implantación en el mercado que se extienda a más             Esa prohibición específica infringe el artículo 4 de la Di­
      del 50% de los sectores interesados ?                            rectiva 90/396/CEE, en la medida en que constituye un
                                                                       obstáculo a la puesta en servicio de aparatos a los que se
      ¿ Resultan de dicha disposición exigencias relativas al          aplica la Directiva y que cumplen los requisitos esenciales
      modo en que debe comprobarse la adquisición de ca­               previstos por ésta .
      rácter distintivo debido al uso ?
                                                                       La alegación de que el apartado 10 del artículo 5 del DPR
(') Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de            412/93 es compatible con la Directiva 90/396/CEE, por ra­
     1988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los     zón de las exigencias de seguridad en que se basa, es in­
    Estados miembros en materia de marcas ( DO n° L 40 de 11 . 2 .     fundada . En efecto, los requisitos esenciales que prescribe
     1989 , p . 1 ).                                                   la Directiva en lo que respecta a la instalación y al uso de
                                                                       los aparatos de gas — incluidos los de tipo « abierto » —
                                                                       son exhaustivos, en la medida en que cumplen todas las
                                                                       exigencias de seguridad relevantes, y tienen carácter impe­
                                                                       rativo . En este caso, las autoridades nacionales ya no tie­
Recurso interpuesto el 18 de marzo de 1997 por Comisión                nen la posibilidad de mantener en vigor ni de adoptar dis­
   de las Comunidades Europeas contra República Italiana               posiciones nacionales que prevean el cumplimiento de pos­
                         ( Asunto C-l 12/97 )                          teriores requisitos, de otro modo la realización y el
                                                                       funcionamiento del mercado interno serían ilegítimamente
                            ( 97/C 166/08 )                            obstaculizados .
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se              La alegación de que el apartado 10 del artículo 5 del DPR
ha presentado el 18 de marzo de 1997 un recurso contra                 412/93 debe considerarse como una excepción legítima al
la República Italiana , formulado por la Comisión de las               principio de la libre circulación de mercancías, en virtud
Comunidades Europeas, representada por los Sres. Paolo                 del artículo 36 y del apartado 4 del artículo 100 A, o del
Stancanelli y Hans Stovlbaek, miembros del Servicio Jurí­              artículo 129 A del Tratado CEE, también es infundada .
dico, en calidad de Agentes, que designa como domicilio
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la                   (') DO n° L 196 de 26 . 7. 1990 , p . 15 .
Cruz, Centre Wagner, Kirchberg.
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
tras desestimar cualquier demanda, excepción o alegación
en contrario,
                                                                       Recurso interpuesto el 19 de marzo de 1997 por Comisión
— Declare que la República Italiana ha incumplido las                      de las Comunidades Europeas contra Reino de España
      obligaciones que le incumben en virtud del Derecho                                      ( Asunto C-l 14/97 )
      comunitario, al establecer y mantener un régimen que                                       ( 97/C 166/09
      prescribe la instalación, en locales habitados, única­
      mente de generadores de calor de tipo « estanco »,
      prohibiendo con ello implícitamente la instalación de            En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euroepas se
      generadores de calor de otro tipo conformes a la Di­             ha presentado el 19 de marzo de 1997 un recurso formula­
      rectiva 90/396/CEE del Consejo (').                              do por la Comisión de las Comunidades Europeas contra
                                                                       el Reino de España, representado por los Sres . A. Caeiro y
— Condene en costas a la República Italiana .                          E. Castillo de la Torre, en calidad de agentes, que designa
                                                                       como domicilio en Luxemburgo el del despacho del Sr. C.
Motivos y principales alegaciones                                      Gómez de la Cruz, Centre Wagner C 254 .
El apartado 10 del artículo 5 del Decreto del Presidente de            La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que
la República de 26 de agosto de 1993 ( en lo sucesivo,                 declare :
 « DPR 412/93 ») prevé que en los casos de nueva instala­
ción o de reestructuración de instalaciones de calefacción              1 ) que el Reino de España ha incumplido las obligaciones
que impliquen la instalación de generadores de calor indi­                   que le incumben en virtud del Tratado y, en particular,
vidual, con exclusión de los casos de mera sustitución,                      los artículos 48 , 52 y 59, al mantener en vigor los
pueden emplearse generadores aislados respecto al espacio                    artículos 7, 8 y 10 de la Ley 23/ 1992 ('), de 30 de julio
habitado o bien aparatos de cualquier tipo si están instala­                 de 1992, en la medida en que supeditan la concesión
dos en el exterior o en locales técnicos adecuados .                         de autorización para ejercer las actividades de seguri­
                                                                             dad privada, en el caso de las llamadas « empresas de
Si bien es cierto que el apartado 10 del artículo 5 del DPR                  seguridad », al requisito de tener nacionalidad española
412/93 no contiene una prohibición de comercialización                       y a que sus administradores y directores tengan su resi­
de generadores de calor no aislados ( de tipo « abierto »), ni               dencia en España y, respecto del « personal de seguri­
una prohibición general de instalación de estos, es igual­                   dad », al hecho de tener la nacionalidad española;
mente cierto que la referida disposición prohibe específica­
mente, aunque de manera implícita, la instalación de di­               2 ) la condena en costas de la parte demandada .
 ---pagebreak--- N° c 166 /6        I ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                       31 . 5 . 97
Motivos y principales alegaciones                                  paratoria en el ejercicio del poder público no constituye
                                                                   una participación directa y específica en el ejercicio de di­
En     lo referente     a  la   libertad     de   estableci­       cho poder en el sentido del artículo 55 del Tratado.
miento :
                                                                   La posibilidad de portar armas, aunque excepcional, no es
Una condición de que los administradores de una sociedad           una prerrogativa exclusiva de las Fuerzas y Cuerpos de Se­
tengan la residencia en el Estado miembro en el que se es­         guridad u otra instancia del poder público y por lo tanto
tablece la misma ( artículo 8 de la Ley ) equivale a una dis­      no se puede alegar que tal circunstancia del personal de se­
criminación según la nacionalidad .                                guridad indique en sí misma una participación en el ejerci­
                                                                   cio del poder público . Así, el Reglamento de Armas, apro­
La exigencia impuesta a las empresas de tener la nacionali­        bado por Real Decreto 137/1993 , de 29 de enero 1993 ,
dad española ( artículo 7 de la Ley ) es explícitamente dis­       contempla la posibilidad de expedir en circunstancias justi­
criminatoria e implica una limitación del derecho de las           ficadas licencias de armas a particulares, incluso naciona­
empresas a ejercer su actividad a través de una sucursal o         les de otro Estado miembro . Evidentemente, el personal de
agencia, tal y como está expresamente previsto en el               seguridad debe tener una licencia de armas para poder
artículo 52 del Tratado CE .
                                                                   prestar el servicio, como cualquier otro ciudadano .
En el caso de que el personal de seguridad trabaje por             En lo referente al artículo 56 del Tratado CE :
cuenta propria, la condición de nacionalidad prevista en el
apartado 3 del artículo 10 de la Ley también es contraria
al artículo 52 del Tratado .                                       La Comisión considera que no resulta claro porqué el he­
                                                                   cho de que un detective o un guarda de campo ( ejerciendo
En lo referente a la libre circulación de servi­                   la actividad como independientes ) no sea español, sino
cios :                                                             que tenga la nacionalidad de otro Estado miembro supone
                                                                   una amenaza real, actual y suficientemente grave que afec­
La condición de nacionalidad de la empresa contenida en            ta a un interés fundamental de la sociedad .
el artículo 7 y la de residencia de los dirigentes contenida
en el artículo 8 de la Ley tiene por efecto excluir toda acti­     La exclusión de todas las empresas cuyos administradores
vidad de seguridad privada por parte de empresas o de              y directores no tengan residencia en España y de todos los
personal de seguridad que no tengan un establecimiento             nacionales de otros Estados miembros parece esencialmen­
en España . Tal exigencia constituye un obstáculo discrimi­        te basada en consideraciones de orden administrativo .
natorio a la libre prestación de servicios.
                                                                   En lo referente a la libre circulación de tra­
En lo referente al artículo 55 del Tratado CE :                    bajadores :
La Comisión considera que el simple hecho de que empre­            Desde el momento en que el personal de seguridad no tie­
sas privadas hayan sido encargadas con ciertos servicios de        ne el estatuto de funcionario público, no parece que la dis­
seguridad, servicios que así han sido substraídos en su ma­        posición del artículo 48 aparatado 4 pueda resultar apli­
yor parte del ámbito del Estado, excluye la conclusión de          cable .
que « la seguridad privada [. . .] se integra funcionalmente
en el monopolio de la seguridad que corresponde al Es­             Los motivos de orden público y de seguridad y salud pú­
tado ». Además, en el propio texto de la Ley se especifica         blica, recogidos en el apartado 3 del artículo 48 , no permi­
que las actividades de las empresas y el personal de seguri­       ten substraer todo un sector de actividad de la libre circu­
dad son complementarias y subordinadas respecto a las de           lación de trabajadores y de acceso al empleo.
seguridad pública, sin llegar a decir que forman parte de
la seguridad pública .                                             (') Boletín Oficial del Estado de 4 de agosto de 1992 .
La participación en el ejercicio del poder público no se de­
riva de los efectos o el objectivo de ciertas actividades sino
de los poderes y facultades que han sido otorgados a las
empresas o personas que desarrollan estas actividades. La
prevención de delitos no supone una prerrogativa del po­           Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso­
der público, pudiendo los particulares en determinadas cir­        lución de la Maaseutuelinkeinojen Valituslautakunta, de
cunstancias actuar con el objetivo de prevenir delitos . Ade­      fecha 12 de marzo de 1997, en el asunto incoado por
más, a las empresas y el personal de seguridad no ha sido          Laura Pitkáranta, por quien comparece su representante
específicamente atribuida la prevención de delitos en gene­                              legal Anne Pitkáranta
ral, sino que sólo en relación con el objeto de la protec­                                 ( Asunto C-l 18/97 )
ción .
                                                                                              ( 97/C 166/10 )
Tampoco la obligación especial de auxiliar a las Fuerzas y
 Cuerpos de Seguridad que incumbe a las empresas y al              Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de
personal de seguridad en el ejercicio de sus funciones, de          ha sido sometida una petición de decisión prejudicial me­
prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en         diante resolución de la Maaseutuelinkeinojen Valituslauta­
 relación con el objeto de protección pueden llevar a la            kunta , dictada el 12 de marzo de 1997, en el asunto incoa­
conclusión de que participan en el ejercicio del público.           do por Laura Pitkáranta, por quien comparece su repre­
Tal obligación incumbe a todo ciudadano en determinadas             sentante legal Anne Pitkáranta , y recibida en la Secretaría
 circunstancias . Además, una participación auxiliar y pre­         del Tribunal de Justicia el 20 de marzo de 1997.