CELEX: 52011PC0326
Language: es
Date: 2011-06-08
Title: Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención

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		52011PC0326
		
			Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la detención /* COM/2011/0326 final - 2011/0154 (COD) */
			
				
		
		
			
			   	EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.           Introducción
1.           La presente propuesta de
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo tiene el objetivo de fijar una
serie de normas mínimas comunes sobre el derecho de los sospechosos y los
acusados en los procesos penales de toda la Unión Europea a tener acceso a un
abogado y a comunicarse en el momento de la detención con un tercero como, por
ejemplo, un familiar, un empleador o una autoridad consular. Esta propuesta
constituye el siguiente eslabón en la cadena de medidas que determina la
Resolución del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre un plan de trabajo
para reforzar los derechos penales de los sospechosos o los acusados en los
procesos penales, adjunta al Programa de Estocolmo aprobado por el Consejo
Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2010. En ese plan de trabajo se
invita a la Comisión a que presente sus propuestas de forma gradual. Por lo
tanto, la presente propuesta debe considerarse parte de un paquete legislativo
completo que se irá presentando a lo largo de los próximos años y que
garantizará una serie de derechos procesales mínimos en los procesos penales de
la Unión Europea. La cuestión de la asistencia jurídica gratuita que, en el
plan de trabajo, aparecía ligada a la del acceso a un abogado, merece una
propuesta separada debido a su especificidad y complejidad.
2.           El primer paso lo
constituye la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al
derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales[1].
3.           El segundo paso lo
representará una Directiva –cuya propuesta de la Comisión[2]
se halla actualmente en fase de negociación– relativa al derecho de información
en los procesos penales, que fijará las normas mínimas que configuran el
derecho de los acusados a recibir información sobre los derechos que les
asisten y sobre la acusación que pesa sobre ellos, así como a acceder a su
expediente. 
4.           La presente propuesta,
al igual que las dos medidas recién citadas, pretende ampliar los derechos de
los sospechosos y los acusados. La existencia de unas normas comunes mínimas
que gobiernen esos derechos deberá reforzar la confianza recíproca entre
autoridades judiciales y, de ese modo, facilitar la aplicación del principio de
reconocimiento mutuo. La existencia de cierto nivel de compatibilidad entre las
legislaciones de los distintos Estados miembros es un factor crucial para
mejorar la cooperación judicial en la UE.
5.           La presente propuesta se
basa en el artículo 82, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (TFUE). Según establece ese artículo, «en la medida en que sea
necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y
resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales
con dimensión transfronteriza, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán
establecer normas mínimas mediante directivas adoptadas con arreglo al
procedimiento legislativo ordinario. Estas normas mínimas tendrán en
cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos de los
Estados miembros.
              Estas normas se
referirán a:
              a) la admisibilidad
mutua de pruebas entre los Estados miembros;
              b) los derechos
de las personas durante el procedimiento penal;
              c) los derechos de
las víctimas de los delitos;
              d )[…].» 
6.           El artículo 47 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta) establece el
derecho a un juez imparcial. El artículo 48 garantiza los derechos de la
defensa y tiene el mismo sentido y alcance que los derechos garantizados por el
artículo 6, apartado 3, del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (también denominado Convenio Europeo de
Derechos Humanos, CEDH)[3].
Según el artículo 6, apartado 3, letra b) del CEDH, todo acusado de un delito
tiene derecho a «disponer del tiempo y las facilidades necesarias para la
preparación de su defensa», mientras que el artículo 6, apartado 3, letra c),
de dicho Convenio consagra el derecho a «defenderse por sí mismo o a ser
asistido por un defensor de su elección». El artículo 14, apartado 3, del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)[4]
contiene disposiciones muy similares. Tanto el derecho de acceso a un abogado
como el derecho de comunicación en el momento de la detención ofrecen garantías
formales contra los tratos degradantes y, por lo tanto, suponen una
salvaguardia respecto de la posible infracción del artículo 3 del CEDH
(prohibición de la tortura). El derecho a la comunicación en el momento de la
detención promueve el derecho al respeto de la vida privada y familiar que
consagra el artículo 8 del CEDH. Por su parte, la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares (CVRC) de 1963[5]
establece que, tras su arresto o detención, los extranjeros tienen derecho a
solicitar que su consulado sea informado de tal detención y a recibir visitas
de los funcionarios consulares. 
7.           La Comisión ha llevado a
cabo una evaluación de impacto en la que se sustenta su propuesta. El informe
correspondiente puede consultarse en http://ec.europa.eu/governance.... 
2.           Antecedentes
8.           El artículo 6, apartado
3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que los derechos
fundamentales, según se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y según dimanan de las
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituyen
principios generales del Derecho de la UE. El artículo 6, apartado 1, del TUE
dispone que la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados
en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de
diciembre de 2000, adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo[6],
que presenta el mismo valor jurídico que el TFEU y el TUE. La Carta puede
hacerse valer ante los Estados miembros y las instituciones de la UE cuando aplican
la legislación de la UE, por ejemplo, en el ámbito de la cooperación judicial
en materia penal en la Unión Europea. 
9.           En 2004, la Comisión
presentó una propuesta global de legislación[7] que recogía los derechos más importantes de
los acusados en los procesos penales. La propuesta no fue adoptada por el
Consejo. 
10.         El 30 de noviembre de
2009, el Consejo de Justicia adoptó un plan de trabajo para reforzar los
derechos procesales de los sospechosos o acusados en los procesos penales[8]
en el que se pedía la adopción, con arreglo a un planteamiento «gradual», de
una serie de medidas relativas a los derechos procesales más básicos, y se
invitaba a la Comisión a que presentase las propuestas necesarias con tal fin.
En su documento, la Comisión reconocía que hasta la fecha no se había trabajado
lo suficiente a escala europea para proteger los derechos fundamentales de las
personas en los procesos penales. La utilidad de la legislación de la UE no se
percibirá plenamente en tanto no se hayan incorporado todas las medidas en un
instrumento legislativo. La tercera y la cuarta medida del plan de trabajo
tienen por objeto el derecho de acceso a un abogado y el derecho de comunicación
con un tercero, como un familiar, un empleador o una autoridad consular.
11.         El Programa de Estocolmo,
adoptado por el Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009[9],
reafirma la importancia de los derechos de la persona en los procesos penales
como valor fundamental de la Unión Europea y como componente esencial de la
confianza recíproca entre los Estados miembros y de la confianza pública en la
UE. La protección de los derechos fundamentales de las personas eliminará
asimismo algunas de las trabas que obstaculizan su libre circulación. El
Programa de Estocolmo hace referencia al plan de trabajo como parte integrante
del programa plurianual e invita a la Comisión a que presente las propuestas
oportunas para su rápida aplicación.
3.           El derecho de acceso a un abogado
establecido por la carta y el CEDH 
12.         El artículo 6 de la Carta
(derecho a la libertad y a la seguridad) dispone lo siguiente:
«Toda persona tiene derecho a la libertad
y a la seguridad».
El artículo 47 de la Carta (derecho a la
tutela judicial efectiva y a un juez imparcial) dispone lo siguiente:
«[…] Toda persona tiene derecho a que su
causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un
juez independiente e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda
persona podrá hacerse aconsejar, defender y representar […]»
El artículo 48 de la Carta (presunción de
inocencia y derechos de la defensa) dispone lo siguiente:
«2. Se garantiza a todo acusado el respeto de los derechos de la
defensa.»
Dentro de su ámbito de aplicación, la Carta
garantiza y refleja los derechos correspondientes consagrados en el CEDH.
El artículo 6 –Derecho a un proceso
equitativo– establece lo siguiente:
              «3. Todo acusado
tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
              b) a disponer del
tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa
              c) a defenderse por
sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección […]».
13.         En una serie de
sentencias recientes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha
aclarado el alcance de estas disposiciones. El Tribunal ha sostenido
reiteradamente que el artículo 6 se aplica a la fase de instrucción de los
procesos penales[10]
y que debe ofrecerse a todo sospechoso la asistencia de un abogado en las fases
iniciales de los interrogatorios policiales[11] y en el momento en que se vea privado de
libertad, con independencia de todo interrogatorio[12].
En su sentencia, el Tribunal determinó además que esas garantías debían
aplicarse a los testigos que, en realidad, puedan ser sospechosos de algún
delito, habida cuenta de que la calificación formal de la persona es irrelevante[13].
En el asunto Panovits[14], el TEDH comprobó la existencia de
un quebrantamiento del artículo 6, en la medida en que las declaraciones
efectuadas por el sospechoso en ausencia de su abogado se utilizaron para
obtener su condena, a pesar de que no constituían la única prueba disponible.
El Tribunal consideró que la falta de asistencia jurídica gratuita durante el
interrogatorio de un acusado constituía una restricción de sus derechos de
defensa en ausencia de razones imperiosas que no prejuzgasen de la imparcialidad
general del proceso[15].
El número de denuncias sobre el derecho de acceso a un abogado ha aumentado
constantemente durante los últimos años. Sin una aplicación adecuada de la
jurisprudencia del TEDH, es probable que los Estados miembros tengan que pagar
costes importantes derivados de las indemnizaciones concedidas por el Tribunal
a los demandantes que ganen el pleito[16].
14.         En consonancia con el
mandato recogido en el plan de trabajo sobre los derechos procesales, la
presente Directiva establece una serie de requisitos mínimos al nivel de la UE
que amparan el derecho de los sospechosos y acusados a tener acceso a un
abogado. Propicia así la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales
y, en particular, de sus artículos 6, 47 y 48, partiendo del artículo 6 del
CEDH según la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
4.           Derecho a la comunicación en el momento
de la detención
15.         Todo sospechoso o acusado
a quien se prive de libertad deberá tener derecho a comunicarse en el momento
de la detención al menos con una persona designada por él, como por ejemplo un
miembro de su familia o un empleador. Los Estados miembros deberán asimismo
asegurarse de que los representantes legales de un menor sospechoso o acusado
de un delito sean informados lo antes posible de la detención de ese menor y de
los motivos de la misma, salvo que ello vaya en detrimento de los intereses del
menor. Ese derecho solo puede ser objeto de excepciones en circunstancias muy
restringidas.
16.         Cuando la persona detenida
no sea nacional, procederá informar a las autoridades consulares de su Estado
de origen. Los sospechosos e inculpados extranjeros son un grupo vulnerable
fácilmente identificable y a veces necesitado de protección suplementaria, como
la ofrecida por la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963
según la cual todo extranjero arrestado o detenido tiene derecho a que se
informe a su consulado de su detención y a recibir visitas de funcionarios
consulares. 
5            Disposiciones específicas
Artículo 1 — Objetivo
17.         El objetivo de la
Directiva es establecer disposiciones que regulen los derechos de los
sospechosos y los acusados y las personas sujetas a una orden de detención
europea a acceder a un abogado en los procesos penales en su contra, así como
los derechos de los sospechosos y los acusados que se vean privados de libertad
a comunicarse en el momento de la detención con un tercero.
Artículo
2 — Ámbito de aplicación
18.         La Directiva se aplica
desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro
comunican a una persona, mediante notificación oficial u otro medio, que es
sospechosa o está acusada de haber cometido una infracción penal y hasta la
conclusión del proceso (incluido cualquier recurso).
19.         Los procedimientos de ejecución
de la orden de detención europea (ODE)[17] se hallan explícitamente incluidos en el
ámbito de aplicación del presente artículo. La Directiva dispone que las
garantías procesales contempladas en los artículos 47 y 48 de la Carta y en los
artículos 5 y 6 del CEDH se aplican a los procedimientos de entrega basados en
una orden de detención europea.
Artículo 3 — Derecho de acceso a un
abogado en los procesos penales 
20.         Ese artículo sienta el
principio general según el cual todos los sospechosos y acusados en un proceso
penal deben poder acceder a un abogado lo antes posible, dentro de unos plazos
y en unas condiciones que les permitan ejercer sus derechos de defensa. El
acceso a un abogado debe concederse, a más tardar, en el momento de la
privación de libertad, tan pronto como sea posible a la luz de las
circunstancias de cada caso. Independientemente de la privación de libertad, el
acceso a un abogado debe concederse en el momento del interrogatorio. También
debe concederse cuando se celebre algún acto de procedimiento o de recogida de
pruebas que exija o permita la presencia del sospechoso o del acusado, excepto
cuando la prueba que deba ser recogida pueda ser alterada, eliminada o
destruida como consecuencia del lapso de tiempo necesario para que llegue el
abogado. Tales disposiciones reflejan la jurisprudencia del TEDH, según la cual
debe brindarse a los sospechosos la asistencia de un abogado ya en las fases
iniciales de los interrogatorios policiales y en el momento en que se vean
privados de libertad, con independencia de todo interrogatorio. 
Artículo
4 — Contenido del derecho de acceso a un abogado
21.         Este artículo detalla las
actividades que todo abogado que represente a un acusado o sospechoso está
facultado para realizar con objeto de asegurar el ejercicio efectivo de los
derechos de defensa, incluida la celebración con el sospechoso o el acusado de
reuniones que presenten la duración y la frecuencia adecuadas para asegurar el
ejercicio efectivo de los derechos de defensa; la asistencia a interrogatorios
o audiencias; sin perjuicio de la excepción establecida arriba cuando una
demora pueda afectar a la disponibilidad de pruebas, la asistencia a actos de
investigación o de recogida de pruebas en los que la legislación nacional
aplicable requiera o permita expresamente la presencia del sospechoso o el
acusado; y el acceso al lugar de detención para comprobar las condiciones de
detención. Las disposiciones del presente artículo reflejan la jurisprudencia
reiterada del TEDH, que hace hincapié en la necesidad de que el ejercicio de
los derechos de defensa sea efectivo, y determinan las actividades[18]
que los abogados que representan a los sospechosos o los acusados están
autorizados para llevar a cabo. 
Artículo
5 — Derecho a la comunicación en el momento de la detención
22.         Este artículo establece
el derecho de las personas privadas de libertad en el contexto de procesos
penales a comunicarse lo antes posible en el momento de la detención al menos con
una persona de su designación, que, en la mayor parte de los casos, será un
familiar o empleador, a efectos de informarle de la detención. Asimismo, deberá
notificarse lo antes posible a los representantes legales de los menores
privados de libertad la detención de esos menores y los motivos de la misma,
salvo cuando esa notificación vaya en detrimento de los intereses del menor.
Cuando no le sea posible al detenido comunicarse con la persona designada o efectuarle
esa notificación, a pesar de haberse hecho todo lo posible con tal fin (por,
ejemplo, si la persona designada no coge el teléfono), el detenido deberá ser
informado de que la notificación no se ha producido. Las consecuencias serán
las que determine la legislación nacional. Cualquier excepción a este derecho
se considera solo posible en las circunstancias limitadas que determina el
artículo 8. Las disposiciones de este artículo reflejan el llamamiento de la
Comisión Europea a que se implante un sistema de justicia más protector de los
menores en Europa[19],
la reiterada identificación por parte del Comité de Prevención de la Tortura
del derecho a la notificación de la detención como salvaguardia importante
contra los malos tratos y las Directrices del Comité de Ministros del Consejo
de Europa sobre la justicia adaptada a los menores[20].

Artículo 6 — Derecho a entrar en
comunicación con las autoridades consulares o diplomáticas 
23.         Este artículo confirma el
derecho a entrar en comunicación con las autoridades consulares. Exige a los
Estados miembros que garanticen que se informa de la detención de todos los detenidos
extranjeros que así lo deseen a las autoridades consulares de su Estado de
nacionalidad. Sólo pueden admitirse excepciones al ejercicio de este derecho en
las limitadas circunstancias que se indican en el artículo 8.
Artículo
7 — Confidencialidad
24.         Los derechos de defensa
quedan salvaguardados por la obligación de asegurar que todas las
comunicaciones –con independencia de la forma que adopten– entre un sospechoso
o un acusado y su abogado sean totalmente confidenciales, sin excepción
posible. Según ha determinado el TEDH, uno de los factores esenciales para la
representación efectiva de los intereses de un cliente por parte de su abogado
es el principio de protección de la confidencialidad de la información
intercambiada entre ambos. Por ello, el TEDH sostiene que la comunicación
confidencial con el abogado es merecedora de su protección en tanto que
importante salvaguardia del derecho de defensa[21].
Artículo 8 — Excepciones
25.         La importancia primordial
de los derechos consagrados en la presente Directiva indica que, en principio,
no deben caber excepciones para los Estados miembros. La jurisprudencia del
TEDH, no obstante, abre un restringido margen de excepción a lo dispuesto en el
artículo 3, en el artículo 4, apartados 1 a 3, en el artículo 5 y el en
artículo 6 en lo que se refiere a las fases iniciales de los procesos penales.
El TEDH ha establecido que, si bien el derecho del acusado de una infracción
penal a una defensa efectiva por parte de un abogado no es absoluto, toda
excepción al ejercicio de este derecho debe circunscribirse claramente y
limitarse estrictamente en el tiempo[22],
sin privar al acusado, dentro del proceso considerado globalmente, de la
posibilidad de ser oído en condiciones de imparcialidad[23].
La presente disposición se nutre de esa jurisprudencia y solo permite a los
Estados miembros establecer excepciones al derecho de acceso a un abogado en
circunstancias excepcionales plenamente justificadas y con las salvaguardias
procesales necesarias. Toda excepción debe justificarse por razones imperiosas
relacionadas con la urgente necesidad de evitar un peligro para vida o la
integridad física de una o más personas. Además, toda excepción debe ajustarse
al principio de proporcionalidad, según el cual la autoridad competente debe
inclinarse siempre por la alternativa que menos restrinja el derecho de acceso
a un abogado y debe limitar la duración de esa restricción al mínimo posible.
De conformidad con la jurisprudencia del TEDH, ninguna excepción debe basarse
exclusivamente en el tipo o en la gravedad del delito y la concesión de
cualquier excepción requiere la evaluación individual del caso concreto por
parte de la autoridad competente. De cualquier manera, ninguna excepción puede
poner en peligro la imparcialidad del proceso y las declaraciones efectuadas
por el interesado en ausencia de su abogado nunca pueden utilizarse como
pruebas en su contra. Por último, esta disposición exige que las excepciones
sólo puedan autorizarse mediante decisión motivada de una autoridad judicial,
es decir, que no puede hacerlo la policía u otras autoridades con funciones
coercitivas que no sean consideradas como autoridades judiciales con arreglo al
Derecho nacional y el CEDH. Idénticos principio y limitaciones se aplican a las
excepciones al derecho de comunicación con un tercero en el momento de la
detención.
Artículo
9 — Renuncia
26.         El TEDH sostiene que,
para que una renuncia sea efectiva a efectos del CEDH, debe ser voluntaria,
haber sido otorgada de manera inequívoca y sustentarse en unas salvaguardias
mínimas acordes con su importancia[24].
Esta jurisprudencia se plasma en el artículo 9, en virtud del cual toda
renuncia (la cual debe registrarse junto con sus circunstancias) debe ser
voluntaria e inequívoca y otorgarse con pleno conocimiento de sus consecuencias,
de las que se habrá tomado conocimiento mediante asesoramiento jurídico o por
otras vías. Además, el interesado debe ser capaz de comprender esas
consecuencias.
Artículo 10 — Personas distintas de
los sospechosos y los acusados 
27.         Este
artículo dispensa protección y ofrece vías de recurso a personas como los
testigos que, durante un interrogatorio o una audiencia, reciben la
calificación de sospechosos o de acusados. El artículo se apoya en la
jurisprudencia del TEDH según la cual la garantía de un juicio imparcial,
incluido el acceso a un abogado, debe aplicarse a los testigos cuando sean en
realidad sospechosos de algún delito, habida cuenta de que la calificación
formal de la persona es irrelevante[25].
Artículo
11 — Derecho a la asistencia a un abogado en
los procesos relacionados con la orden de detención europea
28.         Este artículo plasma el
mandato que se recoge en el artículo 82, apartado 2, del Tratado, a saber, el
establecimiento de normas mínimas mediante directivas «en la medida necesaria
para facilitar el reconocimiento de las sentencias y resoluciones judiciales y
la cooperación policial y judicial en asuntos penales de dimensión
transfronteriza». La mejora del sistema de la ODE es un principio esencial del
Tercer Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Decisión Marco del
Consejo sobre la ODE[26].
Este artículo desarrolla el artículo 11 de la Decisión Marco 2002/584/JAI[27]
sobre la orden de detención europea, en virtud del cual toda persona que sea
detenida a efectos de la ejecución de una ODE tiene derecho a contar con la
asistencia de un abogado, de conformidad con el Derecho interno del Estado
miembro de ejecución. Esa disposición no tendrá la consecuencia de comprometer
el reconocimiento mutuo; en esa fase, el abogado del Estado miembro emisor no
se pronunciará sobre el fondo del asunto, puesto que su papel se limitará a
permitir que el requerido ejercite los derechos que le otorga la Decisión
Marco. Con ese fin, la función del abogado en el Estado miembro emisor será
facilitar asistencia e información al abogado del Estado miembro de ejecución.
El fomento de la confianza recíproca que
resulta esencial para el reconocimiento mutuo se obtiene disponiendo que se
comunique la detención de toda persona en virtud de una ODE al Estado miembro
emisor, y que los intereses de ese detenido puedan ser defendidos por un
abogado del Estado miembro emisor que asista al abogado del Estado miembro de
ejecución, de forma que el detenido pueda ejercitar sus derechos con una
eficacia máxima en el Estado miembro de ejecución, según establece la Directiva
Marco 2002/584/JAI del Consejo. Esa asistencia puede facilitar el ejercicio
efectivo en el Estado miembro de ejecución de los derechos que amparan a las
personas en virtud de la Decisión Marco, en particular la posibilidad de
invocar algunos de los motivos de no ejecución de la ODE con arreglo a los
artículos 3 y 4, por ejemplo: la asistencia de un abogado en el Estado miembro
emisor puede resultar importante a la hora de intentar demostrar la existencia
de una sentencia anterior, que daría lugar a la aplicación del principio non
bis in idem invocado por el artículo 3, apartado 2. Los procedimientos de
ejecución de la ODE no sufrirían demora alguna, dado que las disposiciones de
este artículo se entienden sin perjuicio de los plazos fijados en la Decisión
Marco. Antes al contrario, la intervención de un abogado en el Estado miembro
emisor dará lugar a la obtención de un consentimiento más rápido, puesto que la
persona buscada recibirá una información más completa del procedimiento en el
Estado miembro emisor y de las consecuencias de su consentimiento.
Artículo
12 — Asistencia jurídica gratuita
29.         Según establece el
artículo 47, apartado 3, de la Carta:
«Se prestará asistencia jurídica gratuita
a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y cuando dicha
asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la
justicia».
El artículo 6, apartado 3, del CEDH establece
que todo acusado de un delito tiene derecho a ser asistido gratuitamente por un
abogado de oficio «si no tiene medios para pagarlo, […]cuando los intereses
de la justicia lo exijan».
Si bien la finalidad de la presente Directiva
no es regular la cuestión de la asistencia jurídica gratuita, sí contiene una
disposición en la que se exige a los Estados miembros que sigan aplicando sus
regímenes nacionales de asistencia jurídica gratuita. Esos regímenes deben
ajustarse a lo dispuesto en la Carta y en el CEDH. Además, los Estados miembros
no pueden aplicar condiciones de asistencia jurídica gratuita más desfavorables
cuando se conceda acceso a un abogado en virtud de la presente Directiva que
cuando el acceso a un abogado esté ya garantizado por el Derecho nacional. 
Artículo
13 — Recursos en caso de vulneración del derecho de acceso a un abogado
30.         Este artículo refleja la
jurisprudencia del TEDH en virtud de la cual la forma más apropiada de
resarcimiento frente a la vulneración del derecho a un proceso equitativo,
consagrado en el CEDH, es garantizar que se devuelve a los sospechosos o los
acusados, en la mayor medida posible, a la posición en la que se habrían
encontrado de no haberse producido esa vulneración de sus derechos[28].
El TEDH ha dictaminado que, incluso cuando concurran motivos imperiosos que
puedan justificar excepcionalmente la denegación del acceso a un abogado, tal
restricción —con independencia de su justificación— no debe menoscabar
indebidamente los derechos que el artículo 6 del CEDH confiere a los acusados,
derechos que en principio se verán irrevocablemente lesionados si se utilizan
para la obtención de una condena declaraciones inculpatorias efectuadas durante
los interrogatorios policiales sin posibilidad de acceso a un abogado[29].
En consecuencia, este artículo prohíbe, en principio, el uso de pruebas
obtenidas tras la denegación del acceso a un abogado, excepto en los casos
excepcionales en los que el uso de dichas pruebas no perjudique los derechos de
la defensa. 
Artículo
14 - Cláusula de no regresión 
31.         Con este artículo se
pretende garantizar que el establecimiento de normas mínimas comunes en virtud
de la presente Directiva no tenga como consecuencia reducir el nivel de
exigencia en determinados Estados miembros y que se mantengan los principios
consagrados en la Carta y en el CEDH. Habida cuenta de que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 82 del TFUE, la presente Directiva establece normas
mínimas, los Estados miembros gozan de total libertad para fijar normas más
estrictas que las acordadas en la presente Directiva.
Artículo
15 — Incorporación
32.         Este artículo requiere
que los Estados miembros den aplicación a la Directiva antes del xx/xx/20xx y
que, no más tarde de esa misma fecha, remitan a la Comisión el texto de las
disposiciones por las que se incorpora en el ordenamiento jurídico nacional.
Artículo
16 —Entrada en vigor
33.         Este artículo establece
que la Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
6.           Principio de subsidiariedad
34.         Por sí solos, los Estados
miembros no pueden alcanzar adecuadamente el objetivo de la propuesta, ya que
todavía persisten significativas variaciones en lo que respecta a las
modalidades y los plazos precisos del derecho de acceso a un abogado en los
procesos penales dentro de la UE. Dado que el objetivo de la propuesta es
fomentar la confianza recíproca, solo la adopción de medidas por parte de la
Unión Europea permitirá establecer normas mínimas comunes y coherentes
aplicables en toda la Unión Europea. La propuesta aproximará las normas de
procedimiento de los Estados miembros en lo que respecta a las modalidades y
los plazos de acceso a un abogado por parte de los sospechosos y los acusados y
las personas sujetas a una ODE, con el objetivo de propiciar la confianza
recíproca. La propuesta cumple por lo tanto el principio de subsidiariedad. 
7.           Principio de proporcionalidad
35.         La propuesta se ajusta al
principio de proporcionalidad en el sentido de que no va más allá de lo
imprescindible para alcanzar el objetivo fijado a escala europea, ni lo necesario
a tal efecto.
2011/0154 (COD)
Propuesta de
DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO
sobre el derecho de acceso a un abogado
en los procesos penales y el derecho de comunicación en el momento de la
detención
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea y, en particular, su artículo 82, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión
Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto
legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y
Social Europeo[30],
Visto el dictamen del Comité de las
Regiones[31],
De conformidad con el procedimiento
legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1)       El artículo 47 de la
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo
denominada «la Carta»), el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo
denominado «el CEDH») y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (en lo sucesivo denominado «el PIDCP») consagran el derecho
a un juicio imparcial. El artículo 48 de la Carta garantiza el respeto de los
derechos de la defensa.
(2)       El principio de
reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales es la piedra
angular de la cooperación judicial en asuntos penales en la Unión.
(3)       El reconocimiento mutuo
solo puede existir en presencia de una confianza recíproca, lo que exige normas
detalladas sobre la protección de las garantías y los derechos procesales que
se derivan de la Carta, del CEDH y del PIDCP. Las normas mínimas comunes deben
aumentar la confianza en los sistemas judiciales penales de todos los Estados
miembros, lo que a su vez debe propiciar una cooperación judicial más eficiente
en un clima de confianza recíproca y el fomento de una cultura de derechos
fundamentales en la Unión. También deberán eliminar las trabas que obstaculizan
la libre circulación de ciudadanos. Esas normas mínimas comunes deben tener por
objeto el derecho de acceso a un abogado y el derecho de notificación de la
detención.
(4)       Aunque los Estados
miembros son partes en el CEDH y en el PIDCP, la experiencia ha puesto de
manifiesto que, por sí sola, esa circunstancia no siempre aporta el grado de
confianza suficiente en los sistemas judiciales penales de los demás Estados
miembros.
(5)       El 30 de noviembre de
2009, el Consejo adoptó el plan de trabajo para reforzar los derechos
procesales de sospechosos y acusados en los procesos penales (el «plan de
trabajo»)[32].
El Consejo Europeo acogió con satisfacción ese plan de trabajo y lo incluyó en
el Programa de Estocolmo (punto 2.4) adoptado el 11 de diciembre de 2009[33].
Mediante un enfoque gradual, dicho plan reclama la adopción de medidas
relativas al derecho a la traducción y la interpretación[34],
a la información sobre los derechos y las acusaciones[35],
a la asistencia letrada y la asistencia jurídica gratuita y a la comunicación
con familiares, empleadores y autoridades consulares, así como de salvaguardias
especiales para los acusados y sospechosos que sean vulnerables. En el
plan de trabajo se subraya que el orden en el que se mencionan los derechos es
indicativo, por lo que puede modificarse en función de las prioridades. Está
concebido para funcionar como un todo indisociable, de manera que solo
cuando todos sus componentes se hayan puesto en práctica se percibirán
plenamente sus beneficios.
(6)       La presente Directiva
fija las normas mínimas que regulan el derecho de acceso a un abogado y el
derecho de comunicación con un tercero en el momento de la detención en los
procesos penales –con exclusión de los procedimientos administrativos que den
lugar a sanciones, como los procedimientos de competencia y los procedimientos
fiscales– y en los procedimientos de ejecución de una orden de detención
europea. De ese modo, propicia la aplicación de la Carta y, en particular, de
sus artículos 4, 6, 47 y 48, desarrollando lo establecido en los artículos 3,
5, 6 y 8 del CEDH conforme a la interpretación del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.
(7)       El derecho de acceso a
un abogado se consagra en el artículo 6 del CEDH y en el artículo 14, apartado
2, del PIDCP. El derecho de comunicación con un tercero es una de las grandes
salvaguardias contra los tratos degradantes prohibidos por el artículo 3 del
CEDH, y el derecho de que se informe al consulado de la detención de uno de sus
nacionales se arraiga en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de
1963. La presente Directiva facilitará la aplicación de esos derechos en la
práctica, con objeto de salvaguardar el derecho a un proceso justo.
(8)       El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sostiene sistemáticamente que los sospechosos o acusados deben
tener acceso a un abogado en las fases iniciales de los interrogatorios
policiales y, en cualquier caso, desde el momento mismo de su detención, con el
fin de salvaguardar el derecho a un juicio imparcial y, sobre todo, el derecho
a no declarar contra sí mismo, además de evitar los malos tratos.
(9)       Similar derecho a la
presencia de un abogado debe concederse cada vez que la legislación nacional
permita o requiera la presencia del sospechoso o el acusado en alguna fase del
proceso o en algún acto de recogida de pruebas, como un registro; en esos
casos, de hecho, la presencia del abogado puede reforzar los derechos de la
defensa sin que ello afecte a la necesidad de preservar la confidencialidad de
determinados actos de investigación, dado que la presencia del interesado
desvirtúa la naturaleza confidencial de los actos en cuestión; este derecho no
deberá ir en perjuicio de la necesidad de obtener pruebas, que por su propia
naturaleza son susceptibles de ser alteradas, eliminadas o destruídas si la
autoridad competente tuviera que aguardar hasta que llegara un abogado.
(10)     Para ser efectivo, el
acceso a un abogado debe entrañar la posibilidad de que ese abogado ejerza toda
la gama de actividades propias de la asistencia jurídica, según sostiene el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ello debe incluir la participación activa
en cualquier interrogatorio o audiencia, la celebración de reuniones con el
cliente para examinar el caso y preparar la defensa, la búsqueda de pruebas
exculpatorias, el apoyo a los clientes en dificultades y el control de las
condiciones de detención.
(11)     La duración y la
frecuencia de las reuniones entre el sospechoso o el acusado y su abogado
dependerá de las circunstancias de cada proceso y, en particular, de la
complejidad del caso y de las fases procesales aplicables. Por lo tanto, deberá
evitarse toda limitación de carácter general capaz de entorpecer el ejercicio
efectivo de los derechos de defensa. 
(12)     Los sospechosos o los
acusados a quienes se prive de libertad deberán tener derecho a comunicarse sin
demora en el momento de su detención con una persona de su elección, como un
miembro de su familia o un empleador, para informarles de su detención.
(13)     Los sospechosos o
acusados privados de libertad deberán tener el derecho a comunicarse con las
autoridades consulares o diplomáticas pertinentes. El derecho a la asistencia
consular está consagrado en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre
Relaciones Consulares de 1963, que confiere a los Estados el derecho de acceso
a sus nacionales. La presente Directiva traslada ese derecho a los detenidos
que deseen ejercerlo.
(14)     Habida cuenta de que la
confidencialidad de la comunicación entre un sospechoso y un acusado y su
abogado es un factor esencial para garantizar el ejercicio efectivo de los
derechos de defensa, deberá exigirse a los Estados miembros que protejan y
salvaguarden la confidencialidad de las reuniones y cualesquiera otras formas
de comunicación permitidas por la legislación nacional entre el abogado y su
cliente. La confidencialidad no deberá estar sujeta a ningún tipo de excepción.
(15)     Las excepciones al derecho
de acceso a un abogado y al derecho de comunicación en el momento de la
detención solo deberán concederse en situaciones excepcionales, conforme a la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las que se aprecien
razones imperiosas derivadas de la necesidad urgente de evitar consecuencias
graves para la vida o la integridad física de otra persona, y cuando no se
disponga de medios menos restrictivos para alcanzar el mismo resultado, como
por ejemplo, en caso de riesgo de colusión, la sustitución del abogado escogido
por el sospechoso o el acusado o la designación de otro tercero para comunicarse
con él.
(16)     La aplicación de ese tipo
de excepción deberá desembocar únicamente en el aplazamiento, lo más limitado
posible, del acceso inicial a un abogado, sin afectar al contenido de ese
derecho. Deberá ser objeto de un examen individual por parte de la autoridad
judicial competente, que deberá motivar su decisión.
(17)     Toda excepción se
entiende sin perjuicio del derecho a un juicio imparcial y, en particular, no
deberá conducir a la prestación de declaraciones por parte del sospechoso o el
acusado en ausencia de su abogado que puedan utilizarse para obtener su
condena.
(18)     El sospechoso o acusado
deberá tener la posibilidad de renunciar al derecho de acceso a un abogado,
siempre que sea plenamente consciente de las consecuencias de tal renuncia
–particularmente por haber consultado a un abogado antes de adoptar esa
decisión–, que tenga la capacidad necesaria para comprender esa decisión, y que
esa renuncia se otorgue de manera libre e inequívoca. El sospechoso o el
acusado deberá poder revocar esa renuncia en cualquier momento del proceso. 
(19)     Toda persona oída por la
autoridad competente en calidad distinta de la de sospechoso o acusado, por
ejemplo, como testigo, deberá recibir acceso inmediato a un abogado si la
autoridad considera que se ha convertido en sospechoso durante el transcurso
del interrogatorio, y ninguna declaración que haya efectuado antes de
convertirse en sospechoso o en acusado podrá utilizarse en su contra.
(20)     Para mejorar el
funcionamiento de la cooperación judicial en la Unión Europea, los derechos
contemplados en la presente Directiva deberán aplicarse también, mutatis
mutandis, a los procedimientos de ejecución de una orden de detención
europea con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de
junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos
de entrega entre Estados miembros[36].
(21)     Para poder ejercer
efectivamente los derechos que le amparan en virtud de la Directiva Marco
2002/584/JAI del Consejo, toda persona sujeta a una orden de detención europea
deberá tener derecho de acceso a un abogado en el Estado miembro de ejecución. 
(22)     Además, esa persona
deberá tener la posibilidad de acceder en el Estado miembro emisor a un abogado
que asista al abogado del Estado miembro de ejecución en casos específicos
durante el procedimiento de entrega, sin perjuicio de los plazos fijados en la
Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo; el primer abogado deberá poder asistir
al abogado del Estado miembro de ejecución en la defensa de los derechos que
asisten a las personas con arreglo a la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo
en el Estado de ejecución, especialmente en lo que respecta a los motivos de
denegación de sus artículos 3 y 4; habida cuenta de que la orden de detención
europea se apoya en el principio de reconocimiento mutuo, esta disposición no
debe entrañar derecho alguno a debatir el fondo del asunto en el Estado miembro
de ejecución, ya que los derechos de defensa y el reconocimiento mutuo no son
incompatibles. En efecto, la defensa del derecho a un proceso justo tanto en el
Estado miembro emisor como en el de ejecución propiciará la confianza
recíproca.
(23)     Para garantizar la
efectividad del derecho de acceso a un abogado en el Estado miembro emisor, la
autoridad judicial de ejecución deberá notificar sin demora a la autoridad
judicial emisora la detención de la persona y su petición de acceder a un
abogado en el Estado miembro emisor.
(24)     En espera de la adopción
de un instrumento legislativo de la UE sobre asistencia jurídica gratuita, los
Estados miembros deberán seguir aplicando sus disposiciones internas en la
materia, que deberán ajustarse a la Carta, al CEDH y a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Siempre que disposiciones nacionales de
nueva adopción, promulgadas en aplicación de la presente Directiva, garanticen
a un abogado un derecho de acceso más amplio que el anteriormente concedido por
la legislación nacional, las normas en materia de asistencia jurídica
actualmente vigentes se aplicarán sin distinción entre ambas situaciones. 
(25)     El principio de eficacia
del Derecho de la UE exige que los Estados miembros implanten vías adecuadas y
eficaces de recurso en caso de vulneración de un derecho otorgado a las
personas por el Derecho de la Unión.
(26)     El Tribunal Europeo de
Derechos Humanos sostiene sistemáticamente que toda consecuencia adversa
derivada de la vulneración del derecho de acceso a un abogado debe subsanarse
colocando al afectado en la posición que hubiera ocupado de no haberse
producido ese quebrantamiento. Ello puede exigir la celebración de un nuevo
juicio o la adopción de medidas equivalentes si se ha dictado una sentencia condenatoria
tras la vulneración del derecho de acceso a un abogado. 
(27)     Habida cuenta de que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que el uso de una
declaración inculpatoria efectuada por un sospechoso o un acusado privado de
acceso a un abogado puede vulnerar irremediablemente los derechos de defensa,
debe requerirse en principio a los Estados miembros que prohíban la utilización
como prueba contra el sospechoso o el acusado de toda declaración efectuada en
quebrantamiento del derecho de acceso a un abogado, a no ser que el uso de esa
prueba no perjudique los derechos de la defensa. Esa disposición debe
entenderse sin perjuicio de la utilización de las declaraciones con los demás
fines permitidos por el Derecho nacional, como la necesidad de llevar a cabo
actos de investigación urgentes o de evitar la perpetración de otros delitos o
el acaecimiento de consecuencias gravemente perjudiciales para cualquier
persona.
(28)     La presente Directiva
establece normas mínimas. Los Estados miembros podrán ampliar los derechos en
ella establecidos con el fin de dispensar un mayor nivel de protección en las
situaciones que no se hallan explícitamente contempladas en ella. El nivel de
protección nunca debe ser inferior al dispensado por la Carta y el CEDH, según
la interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. 
(29)     La presente Directiva
promueve los derechos y principios fundamentales reconocidos por la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos la prohibición de la
tortura y los tratos inhumanos o degradantes, el derecho a la libertad y a la
seguridad, el respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la integridad
de la persona, los derechos del menor, la integración de las personas
discapacitadas, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial,
la presunción de inocencia y los derechos de defensa. La presente Directiva
deberá aplicarse de conformidad con estos derechos y principios.
(30)     La presente Directiva
promueve los derechos del menor, para lo que tiene en cuenta las Directrices
del Consejo de Europa sobre una justicia adaptada a los menores y, en
particular, sus disposiciones en materia de información y asesoramiento. La
Directiva garantiza que los menores no puedan renunciar a los derechos que en
ella se les confieren cuando carezcan de la capacidad para comprender las
consecuencias de tal renuncia. En toda circunstancia, los representantes
legales de un menor sospechoso o acusado deberán recibir lo antes posible la
notificación de su detención y ser informados de los motivos de la misma, salvo
cuando ello atente contra los intereses del menor.
(31)     Los Estados miembros
deberán asegurarse de que las disposiciones de la presente Directiva, cuando
correspondan a derechos garantizados por el CEDH, se apliquen de manera
coherente con las disposiciones de ese Convenio y con la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
(32)     Puesto que el objetivo de
fijar unas normas mínimas comunes no puede alcanzarse mediante la acción
unilateral de los Estados miembros a nivel nacional, regional ni local, y
solamente puede lograrse al nivel de la Unión, el Parlamento Europeo y el
Consejo pueden adoptar medidas de conformidad con el principio de
subsidiariedad contemplado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De
conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en el citado
artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese
objetivo.
(33)     [De conformidad con los
artículos 1, 2, 3 y 4 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de
Irlanda con respecto al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al
Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y
aplicación de la presente Directiva] O [Sin perjuicio del artículo 4 del
Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda con respecto al
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea
y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, estos Estados miembros no
participan en la adopción de la presente Directiva, y no están vinculados por
ella ni sujetos a su aplicación][37].
(34)     De conformidad con los
artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado
de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva, por lo que no
está vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE
DIRECTIVA:
Artículo 1
Objeto 
La presente Directiva establece las
disposiciones por las que se rige el derecho de los sospechosos y los acusados
en procesos penales y en los procedimientos contemplados en la Decisión Marco
2002/58/JAI del Consejo a tener acceso a un abogado y a comunicarse con un
tercero en el momento de su detención.
Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.           La presente Directiva se
aplica desde el momento en que las autoridades competentes de un Estado miembro
ponen en conocimiento de una persona, mediante notificación oficial u otro
medio, que es sospechosa o que se le acusa de haber cometido una infracción
penal, hasta la conclusión del proceso, es decir, hasta la decisión definitiva
que determina si el sospechoso o el acusado ha cometido o no la infracción,
incluidas, cuando proceda, la imposición de la condena y la resolución de
cualquier recurso.
2.           La presente Directiva se
aplica a las personas sujetas a los procedimientos contemplados en la Decisión
Marco 2002/584/JAI del Consejo a partir del momento de su detención en el
Estado de ejecución.
Artículo 3
Derecho de acceso a un
abogado en los procesos penales
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que los sospechosos y los acusados tengan acceso a un abogado lo
antes posible y, en cualquier caso:
a)         antes del comienzo de
cualquier interrogatorio por parte de la policía u otras autoridades con
funciones coercitivas;
b)         en el momento de la
realización de cualquier acto de procedimiento o de recogida de pruebas en el
que el Derecho nacional requiera o permita la presencia de la persona, a no ser
que ello perjudique la obtención de pruebas;
c)         desde que se produzca
la privación de libertad.
2.           El acceso al abogado se
concederá dentro de unos plazos y en unas condiciones que permitan al sospechoso
o al acusado el ejercicio efectivo de su derecho de defensa. 
Artículo 4
Contenido del derecho de
acceso a un abogado
1.           El sospechoso o el
acusado tendrá derecho a reunirse con el abogado que le represente.
2.           El abogado tendrá
derecho a estar presente en cualquier interrogatorio o audiencia. Tendrá
derecho a formular preguntas, solicitar aclaraciones y efectuar declaraciones,
que constarán en acta conforme a lo dispuesto en la legislación nacional. 
3.           El abogado tendrá
derecho a estar presente en cualquier otro acto de investigación o de recogida
de pruebas en el que el Derecho nacional requiera o permita la presencia del
sospechoso o del acusado, a no ser que ello perjudique la obtención de pruebas.
4.           El abogado tendrá
derecho a comprobar las condiciones de detención del sospechoso o del acusado,
para lo que se le otorgará acceso al lugar de detención.
5.           La duración y la
frecuencia de las reuniones entre el sospechoso o el acusado y su abogado no
sufrirán ninguna limitación que pueda menoscabar el ejercicio de su derecho de
defensa. 
Artículo 5
Derecho a la comunicación
en el momento de la detención
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que toda persona contemplada en el artículo 2 que se vea privada
de libertad tenga derecho a comunicarse lo antes posible con al menos otra
persona por ella designada. 
2.           Cuando se trate de un
menor, los Estados miembros se asegurarán de que el representante legal del
menor, u otro adulto –teniendo siempre en cuenta los intereses del menor–, sea
informado lo antes posible de su privación de libertad y de los motivos de tal
situación, salvo que ello resulte contrario a los intereses del menor, en cuyo
caso se informará a otro adulto que se considere adecuado.
Artículo 6
Derecho a comunicarse con las
autoridades consulares o diplomáticas 
Los Estados miembros se asegurarán de que
las personas contempladas en el artículo 2 que se vean privadas de libertad y
no sean nacionales tengan derecho a que se informe lo antes posible de su
detención a las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado de
nacionalidad y a comunicarse con esas autoridades consulares o diplomáticas.
Artículo 7
Confidencialidad
Los Estados miembros se asegurarán de que
se garantiza la confidencialidad de las reuniones entre el sospechoso o el acusado
y su abogado. Garantizarán además la confidencialidad de la correspondencia,
las conversaciones telefónicas y demás formas de comunicación entre el
sospechoso o el acusado y su abogado permitidas por la legislación nacional.
Artículo 8
Excepciones
Los Estados miembros no podrán establecer
excepciones a ninguna de las disposiciones de la presente Directiva, salvo,
cuando concurran circunstancias excepcionales, a las recogidas en el artículo
3, el artículo 4, apartados 1 a 3, el artículo 5 y el artículo 6. Cuando se
concedan esas excepciones:
a) deberán estar justificadas por razones
imperiosas derivadas de la necesidad urgente de evitar consecuencias graves
para la vida o la integridad física de una persona;
b) no podrán basarse exclusivamente en el tipo
o la gravedad del presunto delito;
c) deberán limitarse a lo estrictamente
necesario;
d) deberán limitarse al máximo en el tiempo
y, en cualquier caso, no extenderse a la etapa del juicio propiamente dicho; 
e) no podrán menoscabar la imparcialidad del
proceso.
Las excepciones solo podrán autorizarse
previa adopción de una resolución motivada e individual por una autoridad
judicial. 
Artículo 9
Renuncia
1.           Sin perjuicio de las
disposiciones de Derecho interno que exijan la presencia o la asistencia obligatoria
de un abogado, toda renuncia al derecho de acceso a un abogado que establece la
presente Directiva estará sujeta a las condiciones siguientes:
a)      que el sospechoso o el acusado haya
obtenido asesoramiento jurídico previo acerca de las consecuencias de esa
renuncia o haya obtenido, de otras fuentes, pleno conocimiento de tales
consecuencias;
b)      que tenga la capacidad necesaria
para comprender esas consecuencias, y que 
c)      otorgue la renuncia de forma
voluntaria e inequívoca. 
2.           La renuncia y las circunstancias
de su otorgamiento constarán en acta con arreglo a las disposiciones legales
del Estado miembro correspondiente.
3.           Los Estados miembros
garantizarán que toda renuncia pueda ser posteriormente revocada en cualquier
fase del proceso.
Artículo 10
Personas distintas de
los sospechosos y los acusados
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que toda persona distinta de un sospechoso o un acusado que sea
oída por la policía en el contexto de un proceso penal tenga acceso a un
abogado si, durante el transcurso de una entrevista, un interrogatorio o una
audiencia se convierte en sospechoso o acusado de una infracción penal. 
2            Los Estados miembros se
asegurarán de que no se utiliza en contra de esa persona ninguna declaración efectuada
por ella antes de que sea consciente de que es un sospechoso o un acusado. 
Artículo 11
Derecho de acceso a un
abogado en los procedimientos de ejecución de una orden de detención europea
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que toda persona sujeta a un procedimiento contemplado en la
Decisión 2002/584/JAI del Consejo tenga derecho de acceso a un abogado en
cuanto se produzca su detención con arreglo a una orden de detención europea en
el Estado miembro de ejecución. 
2.           En cuanto al contenido
del derecho de acceso a un abogado, esa persona gozará en el Estado miembro de
ejecución de los derechos siguientes: 
–              
derecho de acceso a un abogado dentro de unos
plazos y en unas condiciones que le permitan el ejercicio efectivo de sus
derechos;
–              
derecho a reunirse con el abogado que la
represente;
–              
derecho a que su abogado esté presente en
cualquier interrogatorio y audiencia, con derecho a formular preguntas,
solicitar aclaraciones y efectuar declaraciones, que constarán en acta conforme
a la legislación nacional;
–              
derecho a que su abogado tenga acceso a su
lugar de detención con el fin de comprobar las condiciones de la misma.
La duración y la frecuencia de las reuniones
entre esa persona y su abogado no sufrirán ninguna limitación que pueda
menoscabar el ejercicio de los derechos que le amparan en virtud de la Decisión
Marco 2002/584/JAI del Consejo. 
3.           Los Estados miembros se
asegurarán de que toda persona sujeta a un procedimiento contemplado en la
Decisión 2002/584/JAI del Consejo que así lo solicite tenga también derecho de
acceso, en cuanto se produzca su detención con arreglo a una orden de detención
europea, a un abogado en el Estado miembro emisor, que asistirá al abogado en
el Estado miembro de ejecución. Se informará debidamente a esa persona de ese
derecho.
4.           El abogado de esa
persona en el Estado miembro emisor tendrá derecho a realizar unas actividades
que se limitarán a las necesarias para asistir al abogado del Estado miembro de
ejecución, con miras a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de esa
persona en el Estado miembro de ejecución conforme a la Directiva Marco del
Consejo y, en particular, de sus artículos 3 y 4.
5.           En cuanto se produzca la
detención en ejecución de una orden de detención europea, la autoridad judicial
de ejecución notificará a la autoridad judicial emisora la detención y la
solicitud de acceso a un abogado también en el Estado miembro emisor.
Artículo 12
Asistencia jurídica
gratuita
1.           La presente Directiva se
entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de asistencia
jurídica gratuita aplicables de conformidad con la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
2.           Los Estados miembros no
aplicarán disposiciones en materia de asistencia jurídica gratuita menos favorables
que las de acceso a un abogado establecidas por la presente Directiva.
Artículo 13
Vías de recurso 
1.           Los Estados miembros se
asegurarán de que toda persona contemplada en el artículo 2 tenga vías de
recurso efectivas siempre que se haya vulnerado su derecho de acceso a un
abogado. 
2.           Esas vías de recurso
tendrán el efecto de colocar al sospechoso o acusado en la posición que hubiera
ocupado de no haberse producido ese quebrantamiento. 
3.           Los Estados miembros se
asegurarán de que las declaraciones efectuadas por el sospechoso o el acusado o
las pruebas obtenidas en quebrantamiento de su derecho a un abogado o cuando se
haya obtenido una excepción al ejercicio de ese derecho con arreglo al artículo
8 no se utilicen como pruebas en su contra en ninguna fase del proceso, a no
ser que el uso de dichas pruebas no perjudique los derechos de la defensa.
Artículo 14
Cláusula de no regresión
Ninguna disposición de la presente
Directiva se interpretará como una limitación o una excepción respecto de
cualquiera de los derechos o garantías procesales consagrados en la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, otras
disposiciones pertinentes del Derecho internacional o el ordenamiento jurídico
de cualquier Estado miembro que dispensen un nivel de protección más elevado.
Artículo 15
Transposición
1.           Los
Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente Directiva a más tardar el [veinticuatro meses después de su
publicación en el Diario Oficial]. 
2.           Comunicarán a la
Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de
correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.
3.           Cuando los Estados
miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente
Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los
Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.        
Artículo 16
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor el
vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión
Europea.
Artículo 17
Destinatarios
Los destinatarios de la presente
Directiva serán los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en Bruselas, el 
Por
el Parlamento Europeo                          Por el Consejo
El Presidente                                                 El
Presidente
                                                                       
[1]               DO L 280
de 26.10.2010, p. 1.
[2]               COM(2010)
392 final de 20.7.2010.
[3]               DO C 303
de 14.12.2007, p. 30. Explicaciones sobre la Carta de Derechos Fundamentales.
[4]               STNU,
999, 171. El PIDCP es un convenio internacional sobre derechos civiles y
políticos abierto a la firma en virtud de la Resolución de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966. Ya ha sido ratificado por
todos los Estados miembros de la UE, de modo que es vinculante en Derecho
internacional para todos ellos.
[5]               Serie de
Tratados de las Naciones Unidas, vol. 596, p. 261.
[6]               DO C 303
de 14.12.2007, p. 1.
[7]               COM(2004)
328 final, de 28.4.2004.
[8]               DO C 295
de 4.12.2009, p. 1.
[9]               DO C 115,
de 4.5.2010.
[10]             Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía,
petición nº 36391/02, apartado 50.
[11]             Ibídem,
apartado 52.
[12]             Sentencia de 13 enero de 2010 en el asunto Danayan / Turquía, petición
nº 7377/03, apartado 32.
[13]             Sentencia
de 14 de octubre de 2010 en el asunto Brusco / Francia , petición n° 1466/07,
apartado 47.
[14]             Sentencia
de 11 de diciembre de 2008 en el asunto Panovits / Chipre, petición n° 4268/04,
apartados 73-76.
[15]             Ibídem,
apartado 66.
[16]             Cf.
Evaluación del impacto que acompaña a
esta propuesta, mencionado en el apartado 7, p. 12.
[17]             Decisión
Marco del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención
europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (2002/584/JAI)
(DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
[18]             Sentencia
de 13 enero de 2010 en el asunto Danayan / Turquía, petición nº 7377/03,
apartado 32.
[19]             Comunicación
de la Comisión sobre una Agenda de la UE en pro de los Derechos del Niño —
COM(2011)6 de 15.2.2011.
[20]             Directrices
del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a los menores de 17.10.2010.
[21]             Sentencia
de 13 de marzo de 2007 en el asunto Castravet / Moldova, petición nº 23393/05,
apartado 49; sentencia de 27 de marzo de 2007 en el asunto Istratti y otros /
Moldova, peticiones nº 8721/05, 8705/05 y 8742/05, apartado 89.
[22]             Sentencia de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía,
petición nº 36391/02, apartado 55.
[23]             Ibídem,
apartado 52.
[24]             Sentencia
de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02,
apartado 59, sentencia de 11 de diciembre de 2008 en el asunto Panovits /
Chipre, petición nº 4268/04, apartado 68, sentencia de 23 de febrero de 2010 en
el asunto Yoldaş / Turquía, petición nº 27503/04, apartado 52.
[25]             Sentencia
de 14 de octubre de 2010 en el asunto Brusco / Francia , petición n° 1466/07,
apartado 47.
[26]             Informe de
la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación desde 2007
de la Decisión Marco del Consejo de 13 de junio de 2002 relativa a la orden de
detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros, COM
(2011) 175 final de 11.4.2011.
[27]             DO L 190
de 18.7.2002, p. 1..
[28]             Sentencia
de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02,
apartado 72.
[29]             Sentencia
de 27 de noviembre de 2008 en el asunto Salduz / Turquía, petición nº 36391/02,
apartado 55.
[30]             DO C … de
…, p. … .
[31]             DO C … de
…, p. … .
[32]             DO C 295
de 4.12.2009, p. 1.
[33]             DO C 115
de 4.5.2010.
[34]             Directiva
2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010,
relativa a los derechos a la interpretación y la traducción en los procesos
penales (DO L 280 de 26.10.2010, p. 1).
[35]             Directiva
2011/XXX/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al derecho a la
información en los procesos penales.
[36]             DO L 190
de 18.7.2002, p. 1.
[37]             El texto
final de este considerando de la Directiva dependerá de la posición que el
Reino Unido e Irlanda adopten de conformidad con las disposiciones del
Protocolo nº 21.