CELEX: C1999/071/32
Language: es
Date: 1999-03-13 00:00:00
Title: Recurso de casación interpuesto el 15 de enero de 1999 por la Sra. Carmen Gómez de Enterría y Sánchez contra la sentencia dictada el 17 noviembre de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-131/97 entre la Sra. Carmen Gómez de Enterría y Sánchez y el Parlamento Europeo (Asunto C-8/99 P)

C 71/18               ES                  Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 13.3.1999
     adoptado una «decisión favorable» con arreglo al              sión de la Comisión adoptada en 1985, constituye en el
     apartado 4 de dicho artículo, la autoridad competente         caso de autos una forma de discriminación entre aquellos
     que transmitió la solicitud, con dictamen favorable, a        funcionarios nombrados durante la vigencia de la Decisión
     la Comisión estaÂ obligada a conceder la «autorización        de 7 de febrero de 1996, relativa a los «criterios de clasifi-
     por escrito» que permita la comercialización del pro-         cación en el momento del ingreso», y aquellos otros que,
     ducto, o dicha autoridad conserva una facultad de             como el demandante, fueron nombrados durante el
     apreciación que le permita no conceder la referida            período en que la Comisión se negaba a priori a aplicar el
     autorización?                                                 apartado 2 del artículo 31 del Estatuto.
2) ¿Debe interpretarse la Decisión de 23 de enero de               C a r aÂ c t e r c o n t r a d i c t o r i o
     1997 de la Comisión de las Comunidades Europeas, a
     tenor de la cual «las autoridades francesas autorizaraÂn
     la comercialización del producto . . . notificado por         Por un lado, el Tribunal de Primera Instancia afirma en la
     Ciba-Geigy Limited» en el sentido de que obliga al            «sentencia Alexopoulou I» (1) que la decisión de la Comi-
     Gobierno franceÂs a conceder su «autorización por             sión de 1 de septiembre de 1983 infringe el Estatuto y, por
     escrito»?                                                     otro, acepta maÂs tarde que la Comisión corrija tal ilegali-
                                                                   dad tan sólo de modo parcial, o sea, a partir del 5 de octu-
                                                                   bre de 1995.
(1) DO L 117 de 8.5.1990, p. 15.
                                                                   Tal razonamiento resulta contradictorio tambieÂn a la luz
                                                                   de las aplicaciones anteriores de algunas sentencias del Tri-
                                                                   bunal de Justicia en materia de clasificación del personal,
                                                                   consideradas de aplicación general por la Comisión.
Recurso de casación interpuesto el 14 de enero de 1999
por Franco Campoli contra el auto dictado el 12 de octu-           Defecto de motivación
bre de 1998 por la Sala Primera del Tribunal de Primera
Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto
T-235/97, entre Franco Campoli y la Comisión de las                No estaÂ correctamente motivada la afirmación del
                   Comunidades Europeas                            Tribunal de Primera Instancia de que la denegación de la
                      (Asunto C-7/99 P)                            solicitud del demandante encaminada a que se revisara su
                                                                   clasificación inicial «no suponía una infracción del
                       (1999/C 71/31)                              apartado 3 del artículo 5 del Estatuto», habida cuenta de
                                                                   que el Tribunal de Primera Instancia no explica por queÂ
                                                                   llega a tal conclusión.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
ha presentado el 14 de enero de 1999 un recurso de casa-           (1) Asunto T-17/95, RecFP p. II-0683.
ción formulado por Franco Campoli, representado por el
Sr. Sergio Diana, Abogado de Cagliari, contra el auto dic-
tado el 12 de octubre de 1998 por la Sala Primera del Tri-
bunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
en el asunto T-235/97, entre Franco Campoli y la Comi-
sión de las Comunidades Europeas.
                                                                   Recurso de casación interpuesto el 15 de enero de 1999
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:          por la Sra. Carmen Gómez de Enterría y SaÂnchez contra la
                                                                   sentencia dictada el 17 noviembre de 1998 por la Sala
                                                                   Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
a) Anule el auto dictado por el Tribunal de Primera Ins-           dades Europeas, en el asunto T-131/97 entre la Sra. Car-
     tancia el 12 de octubre de 1998 en el asunto T-235/97,        men Gómez de Enterría y SaÂnchez y el Parlamento
     Campoli/Comisión.                                                                                 Europeo
                                                                                               (Asunto C-8/99 P)
b) Estime las pretensiones presentadas en primera instan-                                        (1999/C 71/32)
     cia.
c) Condene en costas a la Comisión.                                En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se
                                                                   ha presentado el 15 de enero de 1999 un recurso contra la
                                                                   sentencia dictada el 17 de noviembre de 1998 por la Sala
Motivos y principales alegaciones                                  Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comuni-
                                                                   dades Europeas, en el asunto T-131/97 entre la Sra. Car-
Violación del principio de igualdad de t rato                      men Gómez de Enterría y SaÂnchez y el Parlamento Euro-
                                                                   peo, formulado por la Sra. Carmen Gómez de Enterría y
                                                                   SaÂnchez, representada por Me Eric Boigelot, Abogado de
Declarar la inadmisibilidad del recurso en cuanto dirigido         Bruselas, que designa como domicilio en Luxemburgo el
a cuestionar, sin que concurran hechos nuevos, una deci-           despacho de Me Louis Schiltz, 2, rue du Fort Rheinsheim.
 ---pagebreak--- 13.3.1999            ES                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                     C 71/19
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                       la medida en que este escrito pueda considerar-
                                                                                se, en razón de su contenido y su tenor, como
                                                                                una decisión de caraÂcter lesivo;
1. Declare el recurso admisible y fundado,
                                                                             Ð condene al Parlamento al pago de todas las
                                                                                costas tanto com motivo del procedimiento
                                                                                desarrollado en primera instancia como en el
2. y como consecuencia que:
                                                                                marco del presente recurso de casación.
    a) Anule la sentencia impugnada y
                                                                   Motivos y principales alegaciones
    b) juzgue por sí mismo el litigio, y estimando el
       recurso inicial de la demandante:                           Ð Infracción del artículo 176 del Tratado CE así como
                                                                        del principio general de Derecho de autoridad y fuerza
       Ð Anule la decisión adoptada por la Mesa del                     de la cosa juzgada vinculadas a un resolución judicial:
           Parlamento Europeo en su reunión de 15 y 16                  la sentencia impugnada ignora los efectos jurídicos
           de julio de 1996 (ref: PE 251.357/MESA), en                  vinculados a una anulación, a saber, el restableci-
           su calidad de Autoridad Facultada para Proce-                miento con caraÂcter retroactivo de la situación inicial.
           der a los Nombramientos (en lo sucesivo,                     Por efecto de la anulación se considera que el cese en
           AFPN), a tenor de la cual se decidió:                        el empleo de la demandante nunca tuvo lugar. La
                                                                        motivación de la sentencia impugnada es contraria a
           Ð confirmar su decisión de 30 de noviembre                   Derecho desde el momento en que se basa en una
               de 1994, por los motivos arriba menciona-                situación ulterior, a saber, el inicio de un nuevo proce-
               dos;                                                     dimiento posterior a la sentencia de anulación (1), la
           Ð no mantener, de conformidad con su deci-                   cual se diferencia necesariamente de los efectos propios
               sión de 2 de febrero de 1995, la candida-                de la anulación misma. La decisión de cese contro-
               tura de la Sra. Gómez de Enterría al puesto              vertida no es otra cosa que la confirmación de una
               de Director General de la DG I, que fue                  decisión anulada por una sentencia del Tribunal de Pri-
               provisto mediante la elección del candidato              mera Instancia de las Comunidades Europeas.
               maÂs apropiado habida cuenta de la impor-
               tancia creciente de esta Dirección General;
                                                                   Ð Infracción de los artículos 90 del Tratado CE, paÂrrafo
           Ð desestimar la demanda de la Sra. Gómez de                  segundo del artículo 25 y artículo 50 del Estatuto de
               Enterría de ser nombrada para el puesto de               los funcionarios, así como del principio general de
               Consejero especial (grado A 1) en el Epi-                Derecho seguÂn el cual una decisión debe basarse en
               centro de Bruselas, habida cuenta del perfil             motivos pertinentes: la sentencia impugnada se limita
               profesional altamente especializado que                  a examinar si la demandante podía, formalmente,
               exigen esas funciones y visto igualmente                 conocer la motivación del cese en el empleo.
               que ese puesto se encuentra actualmente
               bloqueado por una decisión anterior de la
               Autoridad Política y Presupuestaria;                Ð Violación del derecho de defensa.
           Ð como consecuencia, aplicar a la Sra.
               Gómez de Enterría la medida de cese pre-
               vista;                                              Ð Infracción del artículo 50 del Estatuto de los funciona-
                                                                        rios: contentaÂndose con la petición de principio seguÂn
       Ð Como consecuencia de la resolución que se dic-                 la cual la reestructuración de la Secretaría General
           te, declare que, conforme al artículo 176 del                necesitaba el cese de la demandante, sin examinar en
           Tratado de Roma, la AFPN deberaÂ reintegrar a                ninguÂn momento, en concreto, en queÂ la demandante
           la demandante en todos sus derechos, pues las                no podía ni hubiera podido satisfacer las medidas de
           decisiones impugnadas habraÂn de considerarse                reestructuración, en caso de que hayan sido efectiva-
           inexistentes con efecto retroactivo, velando                 mente aplicadas, quod non, la sentencia impugnada
           especialmente por que le sea devuelto en su                  infringe la regla contemplada en el motivo.
           grado el empleo en que cesó la demandante, y
           por que se la paguen los atrasos de salario
           eventualmente adeudados en la fecha efectiva            Ð Incumplimiento del plazo razonable así como del
           del cese en el empleo hasta la reintegración,                paÂrrafo segundo del artículo 25 del Estatuto de los
           maÂs los intereses judiciales al 8 % anual;                  funcionarios.
       Ð en la medida en que sea necesario anule el                (1) Sentencia de 14 de mayo de 1996 en el asunto T-82/95, DO
           escrito del Sr. Presidente del Parlamento Euro-             C 180 de 22.6.1996, p. 28.
           peo, Klaus Hänsch, de 9 de octubre de 1996,
           por el que eÂste comunica a la demandante la
           decisión antes citada adoptada por la Mesa, en