CELEX: 52020PC0824
Language: es
Date: 2020-12-15
Title: Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013

COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 15.12.2020
            COM(2020) 824 final
            2020/0360(COD)
            Propuesta de
            REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013
            {SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}
            
               
         
         
            
               EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
            
            
               1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA
            
            
               •Razones y objetivos de la propuesta
            
            
               En 2013 se estableció un nuevo marco para la planificación de infraestructuras energéticas transfronterizas para modernizar y expandir la infraestructura energética europea, con el fin de abordar la fragmentación de las interconexiones entre Estados miembros, acabar con su aislamiento de las redes de gas y electricidad, asegurar y diversificar los suministros energéticos, las fuentes y las rutas de suministro de la Unión, así como aumentar la integración de las fuentes de energía renovables. El Reglamento RTE-E permitió a la Unión alcanzar los objetivos esenciales de su política energética con el establecimiento de normas para la determinación y el desarrollo a tiempo de proyectos de interés común (PIC) que garantizarán la interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía, el funcionamiento del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro en la Unión y la integración de las fuentes de energía renovables. También exige a los Estados miembros que agilicen los procedimientos de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común (PIC), proporciona asistencia reguladora, normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo y establece las condiciones de acceso a la financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE). 
            
            
               La presidenta de la Comisión ha situado el Pacto Verde Europeo como la máxima prioridad política, con el objetivo de transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. El Plan del Objetivo Climático
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                propuesto por la Comisión sitúa a Europa en una senda sostenible para que esto sea una realidad y lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. El Pacto Verde hace aún más hincapié en que el inevitable cambio climático tendrá repercusiones significativas en Europa, a pesar de los esfuerzos para mitigarlo. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resiliencia, prevención y preparación frente a las catástrofes.
            
            
               La infraestructura energética es un elemento facilitador esencial para la transición energética, como se refleja en las Comunicaciones de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo y Un planeta limpio para todos
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               . Las infraestructuras son activos de vida larga y, por tanto, tendrán que ser coherentes con el objetivo de neutralidad climática y otros objetivos medioambientales, como el compromiso de «no ocasionar daños» establecido en el Pacto Verde, para permitir una descarbonización rápida y rentable del sistema energético y de la economía más en general. Como tal, la RTE-E es un instrumento central en el desarrollo de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo.
            
            
               Los actuales objetivos en materia de clima y energía no son suficientemente ambiciosos para cumplir el objetivo climático para 2030 de una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de al menos el 55 %, como propone la Comisión
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                en su intento de dirigirse hacia la neutralidad climática. La trayectoria para lograr esta reducción de las emisiones de GEI exige una profunda transformación del sistema energético europeo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda. 
            
            
               La Unión tendrá que aumentar significativamente, para 2050, la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable para alcanzar un porcentaje de más del 80 % de producción de electricidad procedente de fuentes de energía renovables, obtenidas de ubicaciones marítimas en cada vez mayor medida
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               . La capacidad eólica marítima en Europa debe aumentar a 300 GW; y la energía oceánica, a 40 GW para 2050 a fin de lograr la neutralidad climática, lo cual equivale a veinticinco veces la situación actual
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               . Por ello, se necesita imperativamente la coordinación en la planificación y desarrollo a largo plazo de las redes eléctricas marítimas y terrestres, de acuerdo con la estrategia de la UE para la energía renovable marítima
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               . La ampliación de la energía renovable marítima en Europa de aquí a 2050 tiene un coste estimado de 800 000 millones EUR, de los cuales dos terceras partes son para la infraestructura de red asociada. Para reducir los costes lo máximo posible, es fundamental centrarse especialmente en el desarrollo racional de la red.
            
            
               No se ha alcanzado aún el objetivo, recogido en las Conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona de marzo de 2002, de que todos los Estados miembros alcancen un nivel de interconexiones eléctricas equivalente por lo menos al 10 % de su capacidad de producción instalada. En sus conclusiones del 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de interconexión eléctrica de al menos el 15 %. La comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar las redes energéticas de Europa» evalúa los avances hacia la consecución del objetivo de interconexión del 10 % y propone vías para llevar a la práctica el objetivo de interconexión del 15 % para 2030. 
            
            
               Se estima que es necesaria una inversión media anual de 50 500 millones EUR solo para que las redes de transporte y distribución de electricidad alcancen los objetivos de 2030. El papel reforzado de la electricidad se complementará con un aumento relativo del papel de gases renovables e hipocarbónicos en la combinación energética descarbonizada, tal como indican todas las hipótesis que modelizan trayectorias hacia la neutralidad climática
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               . Desde su bajo nivel actual de producción, transporte y consumo, se espera que el hidrógeno represente aproximadamente entre el 46 y el 49 % de todos los gases renovables e hipocarbónicos en 2050. De aquí a 2030, se estima que las necesidades totales de inversión en electrolizadores de hidrógeno se sitúan entre 24 000 y 42 000 millones EUR. Se necesitarán alrededor de 65 000 millones EUR para el transporte, la distribución y el almacenamiento de hidrógeno
               
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               .
            
            
               Si bien los objetivos del actual Reglamento siguen siendo válidos en gran medida, el actual marco de las RTE-E no refleja por completo los cambios esperados en el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en particular, la actualización de los objetivos para 2030 así como el objetivo de neutralidad climática para 2050 en virtud del Pacto Verde Europeo. 
            
            
               En particular, el tipo y la magnitud de los proyectos de infraestructuras transfronterizas que conlleva la RTE-E actual es insuficiente en el sentido de que no abarca todas las categorías de infraestructuras pertinentes para la transición energética ni refleja suficientemente los avances tecnológicos. Por tanto, la RTE-E en su forma actual no es adecuada para respaldar el logro del objetivo de neutralidad climática. Las soluciones de redes inteligentes, incluida la respuesta de la demanda, se han desarrollado considerablemente en los últimos años debido a la aceleración de la transformación digital del sector de la electricidad. La integración de sistemas inteligentes entre los sistemas de gas y de energía eléctrica, así como con otros sectores como el transporte y la industria, ofrece oportunidades adicionales para descarbonizar la red de gas y gestionar el sistema de energía eléctrica con mayor eficiencia, por ejemplo, mediante la producción de hidrógeno y gases sintéticos a partir de fuentes de energía renovables. La planificación actual de la red del sistema se basa demasiado en un enfoque sectorial y, por tanto, no se ajusta a la necesidad de integración de sistemas inteligentes, ya que las necesidades de inversión de los sectores del gas y la electricidad se evalúan en procesos diferentes. También, la ampliación prevista de la red marítima debe reflejarse adecuadamente en la planificación de la futura red. Además, el nivel del sistema de distribución también desempeñará un papel importante en la planificación de la infraestructura energética porque una parte significativa de la capacidad de producción de electricidad procedente de energías renovables está conectada con la red de media y baja tensión. Asimismo, la evaluación del actual marco de la RTE-E ha mostrado retrasos en la ejecución de PCI que han sido identificados como necesarios para lograr los objetivos de las políticas climática y energética de la Unión. En 2020, el 27 % de los PIC de electricidad sufrieron retrasos de una media de 17 meses con respecto a la fecha de entrada en servicio inicialmente prevista. 
            
            
               
                  Por ello, la revisión de la RTE-E tendrá como objetivo especialmente:
               
            
            
               ·Permitir la identificación de inversiones y proyectos transfronterizos en la Unión y con sus países vecinos que son necesarios para la transición energética y el logro de los objetivos climáticos.
            
            
               ·Mejorar la planificación de las infraestructuras para la integración del sistema energético y las redes marítimas. 
            
            
               ·Acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC, con el fin de evitar retrasos en los proyectos que facilitan a transición energética.
            
            
               ·Garantizar el uso adecuado de instrumentos de distribución de costes y de incentivos reguladores.
            
            
               
                  Esta iniciativa ha evaluado e identificado un conjunto de medidas para simplificar y mejorar la eficiencia del Reglamento RTE-E y reducir los costes reglamentarios y de cumplimiento cuando sea posible. Esta iniciativa permitirá i) racionalizar las obligaciones de seguimiento y elaboración de informes, ii) excluir los requisitos de consulta previa si las normas nacionales ya cubren dicha consulta en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E y iii) simplificar la inclusión de los PIC en el plan decenal de desarrollo de la red. Las medidas de simplificación generarán beneficios directos mediante la reducción de los costos directos recurrentes relacionados con la carga administrativa como resultado de la reducción de las obligaciones de supervisión y presentación de información. Estos beneficios directos son principalmente beneficios privados para determinadas partes interesadas, tales como los promotores de proyectos.
               
            
            
               •Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial
            
         
         
            
               
                  La evaluación del Reglamento RTE-E que la Comisión llevó a cabo para analizar sus resultados hasta la fecha concluyó que el actual marco no ha sido capaz de demostrar la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios en los objetivos políticos de la Unión con el tiempo. Esto es particularmente relevante a la vista de la evolución de la política energética y climática de la Unión, en especial el aumento del énfasis y la ambición puestos en objetivos de descarbonización. El Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo exigen una importante transformación de las actuales infraestructuras energéticas para lograr un sistema energético neutro en carbono completamente integrado de aquí a 2050. Si bien los objetivos iniciales del Reglamento RTE-E —seguridad del suministro, integración del mercado, competencia y sostenibilidad— todavía son relevantes, el Reglamento RTE-E revisado introduce modificaciones que garantizan la coherencia con los objetivos de descarbonización, así como el alineamiento con el objetivo de neutralidad climática y el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», tal y como se define en el Reglamento de taxonomía
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                  . 
               
               
                  Los principios generales del Reglamento RTE-E revisado responden a la necesidad de coherencia con distintas metas y objetivos establecidos en el paquete de medidas sobre energía limpia, en especial el Reglamento y la Directiva sobre el mercado de la electricidad, el Reglamento sobre la gobernanza y la Directiva sobre fuentes de energía renovables, en particular al permitir el despliegue a gran escala y la integración de fuentes de energía renovables, y al apoyar un aumento del papel de los gestores de redes de distribución.
               
               
                  El Pacto Verde, y los objetivos pertinentes de reducción de emisiones, sitúan al sector del transporte en una trayectoria de descarbonización más dinámica que los objetivos anteriores. Así pues, se prevé que la demanda de petróleo se reduzca drásticamente y que todo el consumo de petróleo sin reducción de emisiones desaparezca gradualmente. Por tanto, de conformidad con los objetivos del Pacto Verde, las infraestructuras de suministro de petróleo no se incluyen en este Reglamento.
               
               
                  Aunque la evaluación no señaló ninguna incoherencia directa entre el actual Reglamento RTE-E y las medidas específicas contenidas en la Directiva sobre eficiencia energética, las disposiciones revisadas refuerzan el principio de «la eficiencia energética primero» en la futura planificación intersectorial de infraestructuras.
               
               
                  El Mecanismo «Conectar Europa» complementa el Reglamento RTE-E al abordar el déficit de financiación para PCI con un alto valor socioeconómico social, pero con falta de viabilidad comercial. La admisibilidad para la ayuda financiera del MCE está vinculada al ámbito de las categorías de las infraestructuras cubiertas por el RTE-E revisado teniendo en cuenta que la consideración la condición de PIC según el RTE-E es una condición previa para la financiación del MCE para proyectos de infraestructuras transfronterizas.
               
            
            
               •Coherencia con otras políticas de la Unión
            
            
               Con el fortalecimiento de la evaluación de sostenibilidad actual de los PCI en la RTE-E revisada, la Comisión también tiene como objetivo mejorar la coherencia de la iniciativa con los aspectos pertinentes de la taxonomía de la Unión para el marco de inversiones sostenibles. El Reglamento de taxonomía
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                establece el marco para definir criterios que determinen si una actividad económica se considera sostenible desde el punto de vista medioambiental, imponiendo por lo tanto obligaciones de divulgación a empresas financieras y no financieras del sector privado que orientan capital hacia actividades económicas (más) sostenibles definidas en función de la consideración de los seis objetivos medioambientales. 
            
            
               Los proyectos de interés común se regirán según el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», tal y como se expresa en el Pacto Verde y de forma coherente con el artículo 17 del Reglamento de taxonomía. Para limitar el impacto sobre el medio ambiente, la planificación de infraestructuras y la identificación de lagunas en estas seguirán el principio de la eficiencia energética primero y tendrán por prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las infraestructuras para subsanar las lagunas identificadas en un proceso exhaustivo con la participación de las partes interesadas. Además, durante la ejecución del proyecto, los promotores deben notificar el cumplimiento de la legislación medioambiental para garantizar que los proyectos no causen un perjuicio significativo al medio ambiente. Tales informes son parte fundamental del proceso de supervisión, así como para las solicitudes para las posteriores listas de la Unión. Además, el Reglamento introduce el requisito de que los proyectos de interés común incorporen medidas de adaptación climática. El artículo 171, apartado 3, del TFUE dispone la posibilidad de que la Unión pueda decidir cooperar con terceros países para el fomento de proyectos de interés mutuo (PMI, por sus siglas en inglés)
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                y para garantizar la interoperabilidad de las redes en la vecindad de la Unión. Esta cooperación puede contribuir a reducir las emisiones de GEI en la Unión y en países terceros, contribuyendo por lo tanto al logro de los objetivos del Pacto Verde. La inclusión de proyectos de interés común en el Reglamento RTE-E revisado tendría en cuenta el creciente papel de las interconexiones energéticas con países terceros y permitiría ampliar el ámbito de los beneficios procedentes de la aplicación del marco regulador de la Unión fuera de sus fronteras. Se tendrá debidamente en cuenta la Comunicación de la Comunicación sobre un plan económico y de inversión para los Balcanes Occidentales
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               .
            
            
               El Reglamento RTE-E revisado tiene como objetivo abordar algunos de los problemas persistentes, como los retrasos en la ejecución de los proyectos y el acceso a financiación para proyectos de infraestructuras transfronterizas, reforzados por la crisis sanitaria, y mostrar coherencia con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Dependiendo de los objetivos de los Estados miembros, la financiación de interconexiones energéticas transfronterizas sostenibles e inteligentes se realizarán solo de forma limitada en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 
            
            
               Las medidas de apoyo específicas que los Estados miembros podrían conceder a los PCI podrían considerarse ayudas públicas. Estas requerirían una evaluación específica de conformidad con las normas sobre ayudas públicas. La condición del PCI es pertinente para las normas sobre ayudas públicas, tanto en virtud del Reglamento sobre exenciones por categorías generales de 2014
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                y las Directrices sobre ayudas en materia de medio ambiente y energía 2014-2020
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               . Cabe recordar que las medidas nacionales adoptadas para respaldar los PCI, más allá de la distribución transfronteriza de los costes y los incentivos a la inversión mencionados en el Reglamento RTE-E, podrían constituir ayudas públicas, por lo que podrían estar sujetas a evaluación de acuerdo con las normas sobre ayudas públicas. Esto es de particular importancia para los electrolizadores y los proyectos de almacenamiento, que tienen repercusiones más directas en los mercados de la producción de electricidad.
            
            
               2.BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD
            
            
               •Base jurídica
            
            
               El artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas, incluidas en los sectores de la infraestructura energética. La Unión tendrá que favorecer la interconexión de las redes nacionales. El Reglamento RTE-E se basa en el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que ofrece la base jurídica para adoptar orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de las acciones previstas en el ámbito de las redes transeuropeas, según se establece en el artículo 171. Las orientaciones identificarán proyectos de interés común necesarios para el logro de los objetivos políticos de la RTE-E. Las orientaciones también establecen las condiciones en las que la Unión puede apoyar financieramente los PCI.
            
            
               •Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva) 
            
            
               La infraestructura de transporte de energía (incluida una infraestructura interconectada de redes inteligentes y redes marítimas) tiene un valor añadido europeo debido a sus efectos transfronterizos y es fundamental para el logro de un sistema energético climáticamente neutro. El Reglamento RTE-E ha aportado valor y ha contribuido a lograr resultados relacionados con la integración del mercado de la energía de la Unión, la competencia y la seguridad del suministro. Es necesario un marco de cooperación regional entre Estados miembros para desarrollar infraestructuras energéticas transfronterizas. Los reglamentos y las medidas de Estados miembros individuales son insuficientes para realizar estos proyectos de infraestructuras en su conjunto. 
            
            
               El mercado interior de la energía requiere infraestructuras transfronterizas, cuyo desarrollo exige la cooperación entre dos o más Estados miembros, todos ellos con su propio marco regulador. El Reglamento RTE-E ha aportado un valor adicional en comparación con lo que podría haberse logrado solo a nivel nacional o regional. La ejecución de más de cuarenta proyectos de infraestructuras energéticas fundamentales desde su entrada en vigor ayudó a la mayoría de los Estados miembros a alcanzar el objetivo del 10 % de interconexión energética en 2020 y a lograr una red de gas bien interconectada y resiliente a las perturbaciones. El mercado de la energía de la Unión está más integrado y es más competitivo que en 2013 y la seguridad energética de la Unión ha mejorado. El acceso a financiación selectiva en el marco del MCE permitió la ejecución de noventa y cinco PIC que, de otro modo, hubieran tenido dificultades para acceder a financiación en condiciones de mercado. 
            
            
               Los avances anteriores no podrían haberse conseguido solo con la actuación de los Estados miembros. Varias partes interesadas confirmaron el valor añadido del Reglamento RTE-E, señalando la importancia de la cooperación regional en la ejecución de proyectos transfronterizos, la transparencia, la seguridad reglamentaria y el acceso a financiación.
            
            
               •Proporcionalidad
            
            
               La iniciativa se atiene al principio de proporcionalidad. Se inscribe en el marco de la acción en el ámbito de las redes transeuropeas de energía, tal como se define en el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La intervención política es proporcional a la dimensión y la naturaleza de los problemas definidos y el logro de los objetivos establecidos. 
            
            
               La propuesta no va más allá de lo necesario para el logro de objetivo general perseguido de facilitar el desarrollo a tiempo de infraestructuras energéticas suficientes en la Unión y en su vecindad para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos para 2030 y 2050, incluido el objetivo de neutralidad climática, el cumplimiento con el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo», así como la competitividad de la integración del mercado y la seguridad del suministro.
            
         
         
            
               A partir de los resultados de la evaluación, la Comisión analizó varias opciones políticas pertenecientes a cuatro áreas de impacto del actual marco de las RTE-E, tales como el alcance, la gobernanza / planificación de infraestructuras, la concesión de autorizaciones y la participación pública, y el tratamiento normativo. 
            
            
               El análisis y la comparación de las opciones (véase en particular las secciones 7 y 8 de la evaluación de impacto adjunta) muestran que ninguna única opción es suficiente para cumplir los objetivos identificados. La identificación de paquete de opciones políticas más adecuado para el logro de objetivos específicos se basa en un análisis que incluye el principio de proporcionalidad. 
            
            
               El paquete tiene como objetivo garantizar el futuro del Reglamento RTE-E. Las opciones sobre el ámbito de aplicación futuro del Reglamento abarcan todas las tecnologías necesarias para la transición energética y los objetivos climáticos. Las definiciones son, al mismo tiempo, oportunas y suficientemente amplias para acomodar la evolución tecnológica en la medida de lo posible. El marco de selección de los PIC y el nuevo enfoque sobre planificación intersectorial de infraestructuras establecen los elementos principales en términos de objetivos y criterios. El futuro marco mantendrá el papel de los grupos regionales en el proceso de selección para especificar y ajustar más estos elementos a las nuevas prioridades políticas y la evolución tecnológica, tendiendo también en cuenta en contexto regional.
            
            
               •Elección del instrumento
            
            
               A partir de la evaluación en general positiva del actual Reglamento, el instrumento elegido es un Reglamento, un instrumento eficaz de aplicación directa y vinculante en su totalidad, lo que garantiza una aplicación uniforme y la seguridad jurídica.
            
            
                
               3.
                     RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO
            
            
               •Evaluaciones ex post / controles de la adecuación de la legislación existente
            
            
               En marzo de 2019, como parte del acuerdo político parcial entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el Mecanismo «Conectar Europa» para el periodo 2021-2027, los colegisladores alcanzaron un acuerdo sobre la necesidad de evaluar la eficacia y la coherencia política del Reglamento 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas (Reglamento RTE-E) antes del 31 de diciembre de 2020
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               . En diciembre de 2019, la Comunicación de la Comisión sobre el Pacto Verde Europeo
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                hacía referencia explícita a la necesidad de una revisión del Reglamento RTE-E para garantizar la coherencia con los objetivos de neutralidad climática.
            
            
               En vista del calendario para la evaluación y revisión del Reglamento RTE-E, la Comisión optó por una «evaluación y una evaluación de impacto paralelas». La evaluación del Reglamento RTE-E se realizó entre enero de 2019 y septiembre de 2020. En la evaluación se analizó el grado en que el Reglamento RTE-E ha conseguido hasta el momento el logro de los objetivos establecidos, identificando los factores que favorecieron u obstaculizaron su consecución. En concreto, evaluó la eficacia del Reglamento en comparación con una referencia (esto es, la situación sin el Reglamento), para valorar si ha tenido o no un impacto y valor añadido significativos. 
            
            
               En síntesis, en la evaluación se examinó:
            
            
               • Cómo y por qué el actual Reglamento RTE-E ha funcionado bien o no tan bien, y qué factores han favorecido u obstaculizado el logro de sus objetivos.
            
            
               • Los efectos del Reglamento, en particular en términos de avances hacia el logro de sus objetivos.
            
            
               El enfoque «paralelo» garantizó que se extrajeran elementos formativos de los resultados de la evaluación para concluir el grado en que el Reglamento seguirá siendo adecuado y relevante en el futuro en vista de las iniciativas políticas adoptadas o planificadas que acelerarán la descarbonización a medio y largo plazo. Los elementos prospectivos analizaron cómo garantizar que existan infraestructuras energéticas habilitadoras para satisfacer el aumento de las ambiciones en materia de descarbonización y despliegue de energías renovables y determinar ámbitos de intervención. 
            
            
               De conformidad con el ámbito y la aplicabilidad del Reglamento RTE-E, la evaluación abarcó todos los Estados miembros. De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación, se aplicaron cinco criterios para evaluar el funcionamiento del Reglamento RTE-E: eficacia, eficiencia, pertinencia, coherencia y valor añadido de la Unión. 
            
            
               La evaluación ha mostrado que, desde 2013, las interconexiones de las redes energéticas han aumentado en la Unión como resultado de la aplicación del Reglamento RTE-E y los PCI en todas las regiones. El aumento de la interconexión mejoró con eficacia la integración de las redes de los Estados miembros, lo que a su vez hizo que el mercado de la energía de la Unión esté más integrado y sea más competitivo de lo que era antes de la aplicación del Reglamento RTE-E. Los precios mayoristas de la electricidad convergieron en casi todos los Estados miembros. Los precios del gas también convergieron. Desde 2013 se ha logrado una mejora sustancial de la seguridad del abastecimiento de gas mediante nuevas interconexiones y terminales de GNL. Los PIC han contribuido a cumplir los objetivos actuales del Reglamento RTE-E tal como se concibieron en 2013. Sin embargo, las categorías de infraestructuras en el actual Reglamento RTE-E no reflejan las nuevas ambiciones climáticas y el objetivo de neutralidad climática ni los últimos avances tecnológicos. Este progreso debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras cubiertas por el Reglamento, los criterios de selección de los PIC, así como los corredores prioritarios y las áreas temáticas.
            
            
               Se concluyó que el proceso de identificación y selección de PIC dentro de los grupos regionales es eficaz para mejorar la cooperación y permitir decisiones sobre proyectos transfronterizos a partir de un enfoque regional y europeo. El proceso del plan decenal de desarrollo de la red ha demostrado ser eficaz como primer paso para la identificación de PIC. Sin embargo, si bien las REGRT y los gestores de redes de transporte tienen un importante papel en el proceso, existe la necesidad de una mayor inclusión y escrutinio de las principales aportaciones e hipótesis para mejorar la confianza en el proceso.
            
            
               El mecanismo de distribución transfronteriza de los costes es un factor facilitador importante para la ejecución de los proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución transfronteriza de los costes no conllevó la reducción del déficit de financiación del proyecto, como se pretende.
            
            
               Si bien los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, aún siguen siendo largos en algunos casos. Sin embargo, las razones subyacentes están principalmente relacionadas con la ejecución nacional y fuera del ámbito del Reglamento RTE-E.
            
            
               La asistencia financiera del MCE otorgada a noventa y cinco proyectos fueron un factor facilitador eficaz de su implementación. Las subvenciones para estudios contribuyeron a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo, mientras que las subvenciones para trabajos contribuyeron a corregir cuellos de botella importantes de los proyectos que la financiación basada en el mercado no podía corregir suficientemente.
            
            
               La evaluación concluyó que los beneficios del Reglamento superan los costes, lo que prueba su eficacia. El Reglamento RTE-E generó beneficios socioeconómicos mediante el aumento de la seguridad del suministro y la mayor integración y competitividad de los mercados de la energía. El Reglamento también contribuyó a mejorar la disponibilidad de información, la coordinación y la transparencia.
            
         
         
            
               Los objetivos iniciales del Reglamento RTE-E —seguridad del suministro, integración del mercado, competencia y sostenibilidad— siguen siendo pertinentes. Sin embargo, el aumento de las ambiciones climática en el marco del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo exigen un reequilibrio de los objetivos con el fin de cumplir los objetivos de descarbonización y contribuir a la neutralidad climática.
            
            
               La evaluación mostró escasa evidencia en lo que respecta a las preocupaciones sobre la coherencia interna del Reglamento RTE-E, aparte de posibles cambios de mecánica mecanismo y la falta de flexibilidad para adaptarse ámbitos políticos en rápida evolución. 
            
            
               El Reglamento RTE-E consiguió resultados que no podrían haberse logrado de otro modo mediante la actuación a nivel de Estados miembros, lo que prueba el valor añadido de la Unión. 
            
            
            
               •Consultas con las partes interesadas
            
            
               De conformidad con las directrices para la mejora de la legislación respecto a las «evaluaciones y las evaluaciones de impacto paralelas», la Comisión llevó a cabo una consulta exhaustiva con las partes interesadas basada en una estrategia de consulta que incluyó diversos métodos e instrumentos. El objetivo de la estrategia de consulta era garantizar que se tuviera en cuenta todas las pruebas pertinentes, incluidos datos sobre costes, impacto social y beneficios potenciales de la iniciativa. La estrategia fue diseñada de conformidad con la lógica intervención y combinó elementos retrospectivos y prospectivos. Se emplearon varios instrumentos de consulta: una consulta pública en línea, una encuesta específica en línea, entrevistas en profundidad y (cuatro) seminarios web en línea con partes interesadas. 
            
            
               La Comisión recibió 215 respuestas a la consulta pública abierta y a los cuestionarios específicos, con 169 comunicaciones adicionales por correo electrónico, principalmente de ciudadanos, promotores de proyectos y asociaciones sectoriales. Con el apoyo de un consultor, se realizaron aproximadamente 80 entrevistas en profundidad con las principales partes interesadas del Reglamento RTE-E para obtener información detallada y pruebas sobre aspectos fundamentales que no podían tratarse a fondo con el cuestionario específico. Cuatro seminarios web con partes interesadas, a los que asistieron 40 panelistas y 300 participantes, abordaron elementos fundamentales de la revisión. 
            
            
               En general, las partes interesadas confirmaron en su mayoría los beneficios aportados por la RTE-E hasta la fecha para el logro de los objetivos generales: ha contribuido a la integración del mercado de la energía, logrado un nivel adecuado de seguridad del suministro y contribuido a la competitividad del mercado de la energía. En cuanto a la contribución hacia los objetivos en materia de clima y energía de 2020, las opiniones están divididas entre la valoración positiva de los gestores de redes de transporte y las autoridades nacionales competentes, y las opiniones negativas expresadas por varias ONG, principalmente respecto al papel del gas. 
            
            
               En general, las partes interesadas consideran por lo general que el proceso de los PIC permite elegir los PIC más pertinentes para el logro de los objetivos de las RTE-E mediante la cooperación regional dentro de los grupos regionales. Aunque en principio los criterios de selección se consideran apropiados, las partes interesadas pidieron coherencia con los objetivos climáticos mediante una comprobación exhaustiva de la sostenibilidad. De igual forma, algunas ONG y partes interesadas del sector consideran que los criterios son demasiado restrictivos para los proyectos de redes inteligentes.
            
            
               Las partes interesadas expresaron la opinión de que el Reglamento RTE-E no aborda en su totalidad cuestiones fundamentales, como la mayor integración de la energía renovable, la mejora de la eficiencia energética y la mitigación del cambio climático. Las aportaciones apuntaban hacia ciertas incoherencias entre el Reglamento RTE-E y otras políticas o iniciativas a nivel de la Unión, tales como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de descarbonización a largo plazo. En respuesta a estos retos, las siguientes categorías de infraestructuras se consideraron como pertinentes para una mayor inclusión en el marco de las RTE-E: infraestructuras de hidrógeno y redes de distribución de gas inteligentes, gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas), redes energéticas para apoyar infraestructuras de repostaje de hidrógeno o recarga eléctrica y redes energéticas en proyectos eólicos marinos híbridos. Sin embargo, las infraestructuras específicas de hidrógeno, las redes de gas inteligentes y las tecnologías de gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) recibieron un apoyo mitigado, en especial de las ONG. Las partes interesadas, en especial la sociedad civil, las ONG y las asociaciones del sector de la electricidad, indicaron un apoyo más bien bajo a las redes de CO2 y en particular al almacenamiento de CO2. Sin embargo, nuevos análisis de las aportaciones recibidas sobre la inclusión de las redes de CO2 como categoría de infraestructuras indicaron que había pocas pruebas para eliminar estas redes del Reglamento RTE-E.
            
            
               En cuanto a la gobernanza y el papel de los distintos agentes, las partes interesadas pidieron una disminución del papel de las REGRT, así como el aumento del papel de los GRD y otras partes interesadas, como las ONG.
            
            
               Si bien los procedimientos de concesión de permisos se han acortado desde la entrada en vigor del Reglamento RTE-E, su eficacia depende en gran medida de la ejecución nacional, como indicaron varias partes interesadas. Aunque los complejos procedimientos nacionales son continuamente una de las causas de ello, las cuestiones medioambientales de los PIC y la oposición pública que provoca largos procesos judiciales contra los proyectos son otras razones de los prolongados plazos de concesión de autorizaciones. Los requisitos de consulta pública en virtud del Reglamento RTE-E parecen haber aumentado la sensibilización sobre proyectos de interés común, así como mejorado la participación del público y la confianza en el proceso. Sin embargo, las disposiciones parecen tener un efecto limitado sobre el aumento de la aceptación pública, principalmente debido a la percepción de falta de información (actualizada) sobre las necesidades de infraestructuras y de opiniones sobre el diseño de los proyectos.
            
            
               En cuanto al enfoque introducido en el RTE-E de compartir costes entre Estados miembros con el fin de hacer posible los proyectos con beneficios transfronterizos, el mecanismo de distribución transfronteriza de los costes, se consideró en buena parte que había abordado las asimetrías preexistentes entre costes y beneficios. La distribución transfronteriza de los costes es eficaz en algunos casos, aunque la valoración del mecanismo y la complejidad de la obtención de datos, el tiempo adicional hasta que puede adoptarse una decisión de inversión y la falta de resultados inequívocos sobre los que basar la decisión son factores que reducen la satisfacción de las partes interesadas con el proceso. 
            
            
               Existe un acuerdo amplio entre las partes interesadas sobre que el Reglamento RTE-E tiene un valor añadido de la Unión y sus resultados no podrían haberse logrado de forma individual por los Estados miembros. Una mayoría igual indicó que los asuntos abordados por el Reglamento RTE-E siguen necesitando de medidas a nivel de la Unión. Además, la mayoría de los encuestados consideraron que los beneficios del Reglamento RTE-E superan sus costes. 
            
            
            
               •Obtención y uso de asesoramiento especializado
            
            
               La propuesta y la evaluación de impacto que la respalda se basan en pruebas de la evaluación del Reglamento (UE) n.º 347/2013 relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas, de las aportaciones de las partes interesadas a las extensas consultas llevadas a cabo a este respecto, así como en la revisión de la bibliografía, el análisis de la cartera de PIC y la modelización. La revisión de la bibliografía incluyó los resultados de una serie de estudios temáticos sobre elementos fundamentales del Reglamento RTE-E, los resultados de una evaluación intermedia del Reglamento RTE-E, así como evaluaciones y análisis llevados a cabo en el marco de otras iniciativas pertinentes de la Comisión.
            
            
               Las conclusiones formales adoptadas en el marco de los foros de partes interesadas sobre infraestructura energética y las políticas conexas también se consideraron en el análisis. También se tuvieron en consideración los informes consolidados anuales de seguimiento de la ACER sobre el progreso de los PIC, los proyectos de capacidad incremental y los puntos virtuales de interconexión, así como otras actualizaciones sobre las decisiones de distribución transfronteriza de los costes y los incentivos para proyectos concretos basados en el riesgo. 
            
            
               
            
            
               •Evaluación de impacto
            
         
         
            
               Siguiendo las directrices para la mejora de la legislación, la Comisión llevó a cabo una evaluación de impacto de varias opciones políticas. Esta labor contó con el apoyo de una consulta estructurada dentro de la Comisión a través de un grupo director interservicios.
            
            
               La evaluación de impacto se presentó al Comité de Control Reglamentario (CCR) para debate. Las recomendaciones formuladas por el CCR en su primer dictamen (negativo) de 25 de septiembre de 2020 fueron atendidas, en particular: i) aclarar aún más los antecedentes y los elementos fundamentales del actual Reglamento RTE-E; ii) resaltar las principales conclusiones de la evaluación sobre los éxitos y las deficiencias del actual Reglamento RTE-E y vincularlas sistemáticamente a la definición del problema; iii) aclarar aún más la definición del problema para explicar mejor cómo encaja el marco de las RTE-E en el nuevo contexto político del Pacto Verde y cómo los objetivos y las opciones están relacionados con los problemas y los factores impulsores subyacentes; iv) explicar mejor la razón por la que se considera que el paquete de opciones preferidas es el más adecuado para abordar los problemas identificados (y resaltar las alternativas posibles), y v) especificar indicadores de éxito. El segundo dictamen del Comité de Control Reglamentario emitido el 1 de diciembre fue positivo con reservas, que, en particular, se abordaron de la siguiente manera: i) se aclaró en mayor profundidad el ámbito de aplicación y el objeto diferentes del Reglamento RTE-E y el Reglamento de taxonomía, ii) se explicó que las repercusiones combinadas de los cambios propuestos alinearán la selección de PCI con los objetivos de las políticas de la UE, incluyendo el Pacto Verde, iii) se aclaró en mayor profundidad por qué se considera que el paquete de opciones preferidas viene con «garantías de futuro», y iv) se detalló que la aplicación y la ejecución nacionales son un aspecto fundamental para subsanar los retrasos en la concesión de autorizaciones y cómo la opción preferida puede contribuir a la aplicación oportuna de los PCI. 
            
            
               Durante el trabajo de evaluación del impacto, se consideraron diversas medidas en todas las áreas para abordar los problemas identificados y los factores impulsores de los mismos con el fin de lograr los objetivos de la iniciativa. Tras la evaluación de su eficacia, eficiencia, coherencia y proporcionalidad, se logró el paquete de opciones preferidas más adecuado para contribuir a los objetivos fijados. El paquete de opciones preferidas incluye las siguientes disposiciones principales:
            
            
               ·Actualización de los criterios de admisibilidad.
            
            
               ·Exclusión de las infraestructuras de gas natural, pero inclusión del hidrógeno, el gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) y las redes de gas inteligentes. 
            
            
               ·Inclusión de proyectos de interés mutuo.
            
            
               ·Planes integrados de desarrollo en alta mar.
            
            
               ·Refuerzo de la gobernanza y la sostenibilidad. 
            
            
               ·Aceleración de la ejecución de los proyectos.
            
            
               ·Ventanilla única por cuenca marítima para proyectos de energías renovables en alta mar.
            
            
               ·Inclusión de todos los costes de inversión.
            
            
               En cuanto al futuro ámbito de aplicación del RTE-E, una cuestión fundamental es si mantener o no la infraestructura de gas natural como categoría de infraestructura subvencionable. Sobre la base del análisis de las secciones 6 y 7 de la evaluación de impacto, la exclusión de la infraestructura de gas metano parece el enfoque más eficaz y coherente. Al mismo tiempo, la inclusión de la infraestructura de hidrógeno en el ámbito de aplicación del marco de las RTE-E pareció justificado dado el aumento esperado de su papel en la descarbonización de ciertos sectores y el potencial para los intercambios transfronterizos. De forma conjunta, estos cambios garantizarían que la futura RTE-E incluya todas esas categorías de infraestructuras necesarias para lograr los objetivos en materia de energía y clima de la Unión, de conformidad con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos de 2030 y 2050. En cuanto al futuro enfoque de planificación de las infraestructuras, no parece justificado un cambio radical en vista de los limitados beneficios adicionales y el importante aumento de los costes de transacción, que reducen la eficiencia y pueden disminuir la eficacia del instrumento en comparación con el refuerzo del enfoque actual. Sin embargo, dadas las especificidades tanto en términos de la situación actual como de la contribución esperada a los objetivos a largo plazo en materia de energía y clima, parece justificado un cambio más radical en el caso de las redes marítimas. 
            
            
               Las opciones relacionadas con las «redes marítimas» y la «planificación intersectorial de infraestructuras» mejoran la gobernanza y el marco de planificación de infraestructuras para permitir la identificación de proyectos necesarios para los objetivos relativos al clima y la transición energética, de conformidad con el potencial para la energía marítima renovable de cada cuenca marítima, la protección medioambiental y otros usos del mar. Las principales mejoras son dos: primero, la introducción de un plan integrado de desarrollo de redes para las infraestructuras marítimas sobre la base de los compromisos conjuntos de los Estados miembros sobre la cantidad del despliegue de energías renovables marinas en cada cuenca marítima (enfoque descendente para la planificación en alta mar); segundo, ajustes en las funciones de los agentes principales que participan en el desarrollo del plan decenal de desarrollo de la red, con una supervisión reforzada por parte de la Comisión y la ACER sobre las REGRT. Las opciones políticas relativas a la «concesión de autorizaciones» y al «tratamiento normativo» complementarán estas mejoras para facilitar el desarrollo oportuno de los PIC identificados: a) la introducción de una ventanilla única para las infraestructuras en alta mar por cuenca marítima; b) el acceso a procedimientos judiciales urgentes, cuando estén disponibles; y c) la inclusión de todos los costes de inversión en la distribución transfronteriza de los costes. Al margen de los cambios que son específicos de las redes marítimas, las modificaciones se aplicarán al ámbito de aplicación del Reglamento RTE-E revisado y a todas las categorías de infraestructuras subvencionables. Por último, los beneficios anteriores se ampliarán a proyectos que conecten la Unión con terceros países (PMI) dado el aumento esperado de su papel en el logro de los objetivos climáticos. 
            
            
               Además, varias opciones técnicas (véase el anexo 9 de la evaluación de impacto) forman parte del paquete de políticas: acelerar el proceso de concesión de autorizaciones, incrementar la transparencia de los PIC, la posibilidad de que los proyectos de redes inteligentes obtengan la distribución transfronteriza de los costes, aclarar las disposiciones sobre la distribución transfronteriza de los costes y actualizar los incentivos de inversión. Asimismo, se eliminarán los oleoductos y las autopistas de la electricidad de las categorías de infraestructuras y las áreas temáticas.
            
            
               La evaluación de los impactos depende en gran medida de un enfoque cualitativo. No fue posible cuantificar los impactos de todas las opciones debido a la falta de datos concretos de los proyectos, en particular, para las nuevas categorías de infraestructuras. Además, los cambios propuestos son principalmente mejoras graduales del marco actual, que se considera que funciona relativamente bien.
            
            
               
                  Adaptar el ámbito de aplicación del instrumento garantizado la coherencia de las categorías de infraestructuras con el objetivo de neutralidad climática disminuirá las emisiones de gases de efecto invernadero, apoyado por una planificación de infraestructuras integrada óptima y eficiente que también minimice los posibles impactos medioambientales. Un proceso acelerado de concesión de licencias también permitirá una ejecución más rápida de proyectos clave lo que, por tanto, adelantará los beneficios medioambientales y socioeconómicos.
               
            
            
               La evaluación de impacto identificó los siguientes grupos destinatarios principales que se verán afectados por esta iniciativa: ciudadanos y consumidores europeos, organizaciones no gubernamentales, reguladores de la Unión Europea, autoridades reguladoras nacionales,
                     autoridades nacionales competentes y sus representantes regionales y locales, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT de la electricidad y REGRT del gas), organizaciones sucursales de los GRD, promotores de proyectos, incluidos gestores de redes de transporte, productores o sector de la energía, académicos y expertos temáticos.
            
            
               Los beneficios directos del paquete de opciones políticas preferidas están relacionados principalmente con ahorros de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejoras de la eficiencia a gran escala a través de un enfoque más coordinado de la planificación de las infraestructuras a nivel europeo y la concesión simplificada de autorizaciones para desarrollos en alta mar. Estos beneficios directos incluyen tanto beneficios sociales, por ejemplo, la sociedad en general se beneficia de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el logro del objetivo de neutralidad climática, como beneficios privados, por ejemplo, la reducción de costes los administrativos relacionados con unos procedimientos más cortos de concesión de autorizaciones.
            
            
               Las medidas de simplificación generarán beneficios directos mediante la reducción de los costos directos recurrentes existentes relacionados con la carga administrativa como resultado de la reducción de las obligaciones de supervisión y presentación de información. Estos beneficios directos son principalmente beneficios privados para determinadas partes interesadas, tales como los promotores de proyectos.
            
            
               Los beneficios indirectos incluyen beneficios sectoriales mediante el estímulo de la demanda del mercado de determinadas tecnologías innovadoras y, a su vez, la contribución a tasas de empleo posiblemente más altas.
            
         
         
            
               La evaluación de las opciones preferidas mostró impactos positivos en el bienestar social y en términos económicos para diferentes categorías de partes interesadas. Sin embargo, dicho impacto del paquete de opciones políticas preferidas no pudo cuantificarse o monetizarse en su totalidad, ya que esto hubiera exigido información sobre la tasa de despliegue de PIC futuros o la ampliación del mercado para categorías de infraestructuras nuevas y emergentes, que no está disponible y no puede estimarse con un grado suficiente de solidez. 
            
            
               Es importante destacar que el criterio de selección general para cada proyecto de interés común es que sus beneficios totales potenciales superen sus costes, también a largo plazo
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               . 
            
            
               El Reglamento RTE-E no introduce tasas reguladoras, tales como gravámenes, tasas, impuestos, etc. El paquete de opciones políticas preferidas resulta en costes directos en términos de costes de cumplimiento y carga administrativa para las empresas (principalmente promotores de proyectos) y las administraciones (autoridades nacionales competentes, autoridades reguladoras nacionales, la Comisión y la ACER) con el fin de cumplir con las importantes obligaciones o exigencias contenidas en el mismo. La aplicación del paquete de opciones preferidas resulta en costes indirectos para los ciudadanos o consumidores, las empresas y las administraciones a través de un aumento de las tarifas de red para financiar las inversiones en la base de activos regulados (RAB, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la asistencia financiera del MCE puede aliviar el efecto sobre las tarifas de red en el caso de que un PIC muestre externalidades importantes en términos de seguridad del suministro, solidaridad o innovación.
            
            
               No fue posible estimar estos costes para todas las acciones en esta fase, pero se consideran como no importantes. Los costes adicionales serían marginales en comparación con los costes corrientes
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               . Los costes de cumplimiento adicionales a nivel nacional y de la Unión dependerán de la ejecución. 
            
            
            
               •Adecuación regulatoria y simplificación
            
            
               
                  El Reglamento RTE-E revisado tendrá como objetivo reducir las obligaciones de elaboración de informes mediante la búsqueda de sinergias entre la información de las autoridades competentes y de los promotores de proyectos. Para salvaguardar la transparencia y el acceso de los grupos regionales al estado más actualizado de ejecución de los proyectos al tiempo que se logran ahorros de costes recurrentes, el informe anual de las autoridades competentes podría integrarse en el informe de los promotores de proyectos. En segundo lugar, las obligaciones de supervisión de la ACER se reducirán a información bienal a tiempo para la evaluación de los nuevos candidatos a PCI
                     18
                  , generando ganancias de eficiencia de aproximadamente el 20 % de la carga de trabajo de la ACER sobre información, lo que equivale a unos ahorros anuales de 60 000 EUR (o 0,4 EJC anuales). En tercer lugar, el Reglamento RTE-E revisado permitirá que la consulta previa al inicio del procedimiento de concesión de autorizaciones sea opcional, si las normas nacionales ya abarcan dicha consulta en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E. Se garantizará la participación pública y los contactos las comunidades locales y las partes interesadas afectadas por la construcción de un PIC, al tiempo que se evitan obligaciones que se añadan a los procedimientos nacionales existentes. En cuarto y último lugar, las nuevas disposiciones recomiendan la inclusión simplificada de los PIC existentes en los planes decenales de desarrollo de la red, donde los proyectos de la lista de la Unión de PIC que ya han proporcionado los datos técnicos y administrativos necesarios al proceso de los planes decenales pueden beneficiarse de la inclusión automática en los planes subsiguientes, siempre que los datos no cambien.
               
               
                  No se identifican impactos directos en términos de costes de cumplimiento o administrativos para las pymes. Las pymes podrían beneficiarse del aumento de la competitividad en aquellos ámbitos tecnológicos que se incluyen o refuerzan en el futuro marco de las RTE-E (por ejemplo, el sector de energías renovables marinas, los servicios digitales o el hidrógeno).
               
               
                  La iniciativa es coherente con el mercado único digital y coherente con la Estrategia de datos de la Unión. 
               
            
            
               •Derechos fundamentales
            
            
               
                  No se prevé que la iniciativa afecte a los derechos fundamentales.
               
            
            
               4.REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS
            
            
               
                  La repercusión presupuestaria de esta propuesta se refiere a los recursos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). La ACER asumirá nuevas responsabilidades en la supervisión del plan decenal de desarrollo de la red. Esto requiere un número limitado de recursos adicionales (un EJC adicional, véase la ficha financiera legislativa).
               
            
            
               5.OTROS ELEMENTOS
            
            
               •Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información
            
            
               Sobre la base de los procesos existentes para el seguimiento de los datos de los informes periódicos preparados por los promotores de proyectos y los reguladores nacionales, se han desarrollado varios indicadores para medir el logro de cada uno de los objetivos específicos del Reglamento RTE-E revisado. Se hará un seguimiento de los impactos reales de la legislación y se evaluarán con un conjunto de indicadores adaptados a los objetivos políticos específicos que deben lograrse con la legislación. Además, cuatro objetivos operativos relacionados con el paquete de opciones políticas se medirán con un conjunto de indicadores. Se hará un seguimiento de todos los datos sobre la base de informes periódicos de los promotores de proyectos y los reguladores nacionales.
            
            
               En 2026 tendrá lugar una revisión de la eficacia de la nueva legislación, cuando se haya completado el segundo proceso de selección de PCI dentro del nuevo marco.
            
            
            
               •Documentos explicativos (para las Directivas)
            
            
               
                  El Reglamento será de aplicación directa y uniforme en los Estados miembros y, por tanto, no requiere un documento explicativo.
               
            
         
         
            
               •Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
            
            
               
                  El capítulo I del Reglamento revisado expone las disposiciones generales, en particular el objeto y el ámbito de aplicación de las nuevas categorías de infraestructuras que han sido revisadas para reflejar el objetivo general de facilitar el desarrollo a tiempo de infraestructuras energéticas adecuadas en la Unión y en su vecindad para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular los objetivos para 2030 y 2050, incluido el objetivo de neutralidad climática, así como la integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro con el menor coste para consumidores y empresas.
               
               
                  El artículo 2, apartado 7, el artículo 4, apartado 2, letra c), el artículo 4, apartado 4, y los anexos I, II, y IV actuales que definen los criterios para las redes eléctricas inteligentes se han actualizado para reflejar el cambio tecnológico e incluir elementos relativos a aspectos digitales y de innovación que podrían ser considerados entre los equipos o instalaciones de redes inteligentes. El ámbito ampliado de las redes eléctricas inteligentes se ha reflejado en el ajuste de los criterios de selección. Además, el papel de los promotores de proyectos se ha aclarado. Las tecnologías de redes inteligentes también deberían contribuir a mejorar el apoyo relacionado con la red energética para la recarga de alta capacidad para respaldar la descarbonización del sector del transporte.
               
            
            
               Las disposiciones sobre la inclusión de elementos de gas natural en el ámbito del RTE-E, en particular el artículo 4 y los anexos I, II y IV, reflejan ahora las mejoras significativas en la seguridad del suministro gracias a la aplicación de la política de las RTE-E hasta la fecha. En los primeros años de la década de 2020, cuando los proyectos de gas de interés común que se están construyendo actualmente estén en funcionamiento, Europa debe lograr una red de gas bien interconectada y resiliente a las perturbaciones, y todos los Estados miembros tendrán acceso a al menos tres fuentes de gas. Considerando que se estima que la demanda futura de gas natural disminuirá significativamente en línea con los objetivos del Pacto Verde, la infraestructura de gas natural ya no necesita apoyo por parte de la política de las RTE-E.
            
            
               Por otro lado, la RTE-E revisada refleja los cambios en el panorama del gas, con un mayor papel de los gases renovables e hipocarbónicos en los artículos 2 y 4 y los anexos I, II y IV, con la creación de una nueva categoría de infraestructuras para las redes de gas inteligentes. Eso apoyaría las inversiones a nivel de distribución o transporte para integrar los gases verdes (habitualmente biogás y biometano, aunque también hidrógeno) en la red y contribuiría a gestionar un sistema resultante más complejo, sobre la base de tecnologías innovadoras. Los proyectos candidatos consistiría de una variedad de inversiones dirigidas a «hacer inteligente» y a descarbonizar una red de gas determinada. 
            
            
               Para apoyar las necesidades de descarbonización de los sectores con emisiones difíciles de reducir, el RTE-E incluirá redes específicas de hidrógeno nuevas y adaptadas con importancia transfronteriza (incluidos gasoductos de transporte de hidrógeno y equipos relacionados, tales como compresores, instalaciones de almacenamiento e instalaciones para hidrógeno licuado), así como instalaciones de gas obtenido de fuentes renovables (power-to-gas) por encima de un cierto umbral con importancia transfronteriza (es decir, cuyo objetivo sea suministrar al menos a dos Estados miembros). Las redes de hidrógeno se reflejarán adecuadamente en los planes decenales de desarrollo de la red (TYNDP) a escala de la Unión preparados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte del Gas.
            
            
               Se añaden nuevos criterios generales de selección en el artículo 4, apartado 2, para reflejar la inclusión de proyectos de interés mutuo en el ámbito de aplicación del Reglamento si pueden demostrar beneficios socioeconómicos netos significativos para al menos dos Estados miembros de la Unión y al menos un tercer país. Tales proyectos podrán ser incluidos en la lista de la Unión en condiciones de aproximación del marco normativo del tercer país con la Unión y tras demostrar una contribución a los objetivos generales en materia de energía y clima de la Unión en términos de seguridad del suministro y de descarbonización. 
            
            
               Debido a su falta de alineación con los objetivos de descarbonización a largo plazo y el Pacto verde, los oleoductos transfronterizos dejarán de estar incluidos en el Reglamento. 
            
            
               
                  El capítulo II expone las disposiciones relativas al proceso de preparación de listas de la Unión de proyectos de interés común dentro de los grupos regionales, los criterios de selección y el seguimiento de la ejecución de proyectos. 
               
               
                  Los criterios de selección de proyectos recogen ahora un criterio de sostenibilidad obligatorio para todas las categorías de infraestructuras con al menos uno de los otros criterios (integración del mercado, seguridad del suministro, competencia), en la fase de selección de proyectos para garantizar la coherencia con la evolución de las necesidades de infraestructuras de la Unión y los objetivos de descarbonización. Además, el progreso en la ejecución del proyecto, junto con prueba de las obligaciones de transparencia y elaboración de informes, será ahora considerado por el grupo regional en el proceso de selección de los PIC.
               
               
                  Las nuevas disposiciones de los capítulos II y IV tienen como objetivo mejorar la planificación de infraestructuras para la integración del sistema energético. Con este fin, la RTE-E revisada refuerza la gobernanza del plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, que es la base para la identificación de proyectos de interés común en las categorías de electricidad y gas. Si bien las REGRT y los gestores de redes de transporte tienen un papel importante que desempeñar en el proceso, es necesario un mayor escrutinio para mejorar la confianza en el proceso, en particular en lo que respecta a la definición de los modelos hipotéticos para el futuro, mediante la identificación de deficiencias y cuellos de botella a largo plazo de las infraestructuras y la evaluación de proyectos individuales. Por tanto, dada la necesidad de una validación independiente, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») y la Comisión tendrán un mayor papel en el proceso. 
               
            
            
               Las disposiciones del capítulo III tienen como objetivo acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC con el fin de evitar retrasos en los proyectos que facilitan a transición energética. Como tal, el RTE-E revisado instituye la necesidad de que las autoridades competentes coordinen y encuentren sinergias con los países vecino para el desarrollo de su manual de procedimientos, eviten requisitos adicionales o modificaciones legislativas durante el proceso de concesión de autorizaciones y muestren flexibilidad en la aplicación de las etapas de concesión de autorizaciones según la categoría de infraestructuras, de forma que se acelere o acorte la duración total de la concesión de autorización. El RTE-E revisado introduce una «ventanilla única marina» para simplificar y acelerar el proceso de concesión de autorización para las redes marítimas de energías renovables, que actuará como depósito de los planes y estudios existentes de las cuencas marítimas, con el objetivo de facilitar el proceso de concesión de autorización de proyectos individuales de interés común y emitir las decisiones globales para dichos proyectos. Con el fin de evitar que se necesiten varias consultas en una fase temprana, la consulta previa debe ser opcional, si las normas nacionales ya cubren dicha consulta previa en el marco de normas iguales o superiores a las del Reglamento RTE-E. En el contexto del RTE-E revisado, los Estados miembros tendrían que asegurar que los procedimientos contenciosos acelerados son aplicables a los PIC con arreglo a las legislaciones nacionales (cuando existan). 
            
            
               
                  Las nuevas disposiciones también refuerzan la obligación de transparencia de los promotores de proyectos, como propietarios de la información relativa a la ejecución de los PIC, para publicar y actualizar páginas web específicas en todos los idiomas de los Estados miembros que cruzan los PIC o sobre los que tienen impacto. Además, el promotor del proyecto tiene la obligación de tener en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas y demostrar cómo se ha hecho. 
               
            
            
               El promotor del proyecto publicará en su sitio web un informe sobre cómo se han tenido en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas en el que se muestren las modificaciones realizadas en la ubicación, la trayectoria y el diseño del proyecto, o en el que se justifique la razón por la que dichas opiniones no se han tenido en cuenta.
            
            
               
                  Las disposiciones del capítulo V respaldan la necesidad del desarrollo de la red necesaria para el importante aumento esperado de producción de electricidad de redes marítimas de fuentes de energías renovables. La RTE-E asegurará la planificación coordinada a largo plazo y el desarrollo de redes de electricidad en alta mar y en tierra, alejándose del enfoque proyecto por proyecto y minimizando el impacto medioambiental y climático. 
               
               
                  Con el fin de garantizar el uso adecuado de los instrumentos de distribución de costes y de incentivos de regulación, el capítulo VI revisa las disposiciones existentes para aumentar la claridad y transparencia de la distribución transnacional de costes y acelerar la inversión en infraestructuras transfronterizas. Como tal, el RTE-E prevé la obligación de incluir todos los costes de las inversiones en las tarifas seguida de una evaluación de asequibilidad sobre los consumidores. Para proyectos concretos con probabilidad de incurrir en riesgos mayores, tales como las tecnologías innovadoras de transporte de electricidad que permiten la integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o la respuesta a la demanda en las redes interconectadas, y los proyectos de digitalización y tecnología energética o los proyectos con gastos de funcionamiento elevados, los marcos reguladores deben proporcionar incentivos proporcionales y adecuados para la inversión. 
               
               
                  Las nuevas disposiciones del capítulo VII actualizan la admisibilidad de los proyectos para ayuda financiera de la Unión para las nuevas categorías de infraestructuras. Si bien los proyectos de interés mutuo serán admisibles para la ayuda financiera de la Unión, solo las inversiones situadas en el territorio de la Unión serán admisibles para la ayuda financiera del Mecanismo «Conectar Europa» en forma de subvenciones para trabajos en condiciones específicas.
               
            
            
               
            
               2020/0360 (COD)
            
            
               Propuesta de
            
         
         
            
               REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            
            
               relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013
            
            
               EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
            
            
               Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 172,
            
            
               Vista la propuesta de la Comisión Europea,
            
            
               Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
            
            
               Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo
                  19
               , 
            
            
               Visto el dictamen del Comité de las Regiones
                  20
               , 
            
            
               De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
            
            
               Considerando lo siguiente:
            
            
               (1)La Comisión estableció, en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo»
                  21
               , una nueva estrategia de crecimiento destinada a transformar la Unión en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y en la que el crecimiento económico estará disociado del uso de los recursos. La Comunicación de la Comisión sobre el Plan del Objetivo Climático
                  22
               , que propone un aumento del nivel de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero hasta al menos el 55 % de aquí a 2030 —ambición respaldada por el Consejo Europeo el 11 de diciembre de 2020— y su evaluación de impacto subyacente, confirma que la combinación energética del futuro será muy diferente de la actual y sustenta la necesidad de examinar, y si es necesario revisar, la legislación sobre energía. Las actuales inversiones en infraestructura energética son claramente insuficientes para transformar y construir la infraestructura energética del futuro. Esto también quiere decir que la infraestructura debe estar en condiciones de apoyar la transición energética europea, que incluya una electrificación rápida, el aumento de la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable, el mayor uso de gases bajos en carbono y procedentes de fuentes renovables, la integración del sistema energético y una mayor adopción de soluciones innovadoras. 
            
            
               (2)Tras las propuestas de la Comisión como parte del paquete de medidas «Energía limpia para todos los europeos», se alcanzó un acuerdo sobre un objetivo vinculante a nivel de la Unión para energías renovables de aquí a 2030 de al menos el 32 % del consumo final de energía y un objetivo principal a nivel de la Unión sobre eficiencia energética de al menos el 32,5 %.
            
            
               (3)El Acuerdo de París de 2015 sobre cambio climático tras la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su 21.º período de sesiones (el «Acuerdo de París») establece el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos por limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, y destaca la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y compatibilizar los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. El 12 de diciembre de 2019, el Consejo Europeo respaldó el objetivo de lograr una Unión Europea climáticamente neutra para 2050, de conformidad con los objetivos del Acuerdo de París.
            
            
               (4)El Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  23
               , el actual Reglamento RTE-E, establece normas para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de las redes transeuropeas de energía, con vistas a alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía, la seguridad del suministro y la competitividad de los mercados de energía en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, y promover la interconexión de las redes de energía. El Reglamento (UE) n.º 347/2013 establece un marco para que los Estados miembros y las partes interesadas relevantes trabajen conjuntamente en un contexto regional para desarrollar redes energéticas mejor conectadas con el objetivo de conectar regiones actualmente aisladas de los mercados europeos de la energía, reforzar interconexiones transfronterizas existentes y contribuir a integrar las energías renovables. Con la persecución de estos objetivos, el Reglamento (UE) n.º 347/2013 contribuye al crecimiento inteligente, sostenible e integrador, y aporta beneficios para toda la Unión en cuanto a competitividad y cohesión económica, social y territorial.
            
            
               (5)La evaluación del Reglamento (UE) n.º 347/2013 ha mostrado con claridad que el marco ha mejorado con eficacia la integración de las redes de los Estados miembros, estimulado el comercio de energía y, por tanto, contribuido a la competitividad de la Unión. Los proyectos de interés común de gas y electricidad han contribuido considerablemente a la seguridad del suministro. En cuanto al gas, la infraestructura está ahora bien conectada y la resiliencia del suministro ha mejorado sustancialmente desde 2013. La cooperación regional en los grupos regionales y a través de la distribución transfronteriza de costes es un factor facilitador importante para la ejecución de proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución transfronteriza de costes no resultó en una reducción del déficit de financiación del proyecto, como se pretendía. Si bien la mayoría de los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, en algunos casos los procesos siguen siendo largos. La asistencia financiera del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) ha sido un factor importante, ya que las subvenciones para estudios han contribuido a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo, mientras que las subvenciones para trabajos han contribuido a corregir cuellos de botella importantes de los proyectos que la financiación del mercado no podía corregir suficientemente.
            
            
               (6)La política de las RTE-E es un instrumento central para el desarrollo de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y mayores niveles de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, Europa necesitará un sistema de energía más integrado, basado en mayores niveles de electrificación sobre la base de fuentes de energía renovable y la descarbonización del sector del gas. La política RTE-E puede garantizar que el desarrollo de la infraestructura energética de la Unión respalde la transición energética necesaria hacia la neutralidad climática, de conformidad con el principio de la eficiencia energética primero. 
            
            
               (7)Si bien los objetivos del Reglamento (UE) n.º 347/2013 siguen siendo válidos en gran medida, el actual marco de la RTE-E no refleja por completo los cambios esperados en el sistema energético que resultarán del nuevo contexto político y, en particular, la actualización de los objetivos para 2030 y el objetivo de neutralidad climática para 2050 en el contexto del Pacto Verde Europeo. Además de los nuevos objetivos y contexto político, el desarrollo tecnológico ha sido rápido en la última década. Esta evolución debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras cubiertas por este Reglamento, los criterios de selección de proyectos de interés común, así como los corredores prioritarios y áreas temáticas.
            
            
               (8)Las Directivas (UE) 2019/944
                  24
                y 2009/73/EC del Parlamento Europeo y del Consejo
                  25
                contemplan un mercado interior de la energía. Si bien se han logrado avances muy significativos en la realización del mercado interior de la energía, todavía hay margen de mejora mediante una mejor utilización de la infraestructura energética actual, la integración de las crecientes cantidades de energía renovables y la integración del sistema. 
            
            
               (9)La infraestructura energética de la Unión debe mejorarse con el fin de prevenir los fallos técnicos e incrementar su resiliencia ante estos fallos, las catástrofes naturales o provocadas por el hombre, los efectos negativos del cambio climático y las amenazas a su seguridad, en particular, por lo que se refiere a las infraestructuras críticas europeas, de acuerdo con la Directiva 2008/114/CE del Consejo
                  26
               .
            
            
               (10)La infraestructura energética de la Unión debe ser resiliente ante las inevitables repercusiones que se prevé que el cambio climático provoque en Europa, a pesar de los esfuerzos de mitigación. Por ello, reviste una importancia crucial redoblar los esfuerzos en materia de adaptación al cambio climático, fomento de la resiliencia, prevención y preparación frente a las catástrofes.
            
         
         
            
               (11)La seguridad del suministro, como uno de los principales factores impulsores detrás del Reglamento (UE) n.º 347/2013, ha mejorado significativamente a través de proyectos de interés común. Además, la evolución de impacto del objetivo climático de la Comisión
                  27
                prevé que el consumo de gas natural se reduzca significativamente debido a que su uso sin reducción de emisiones no es compatible con la neutralidad climática. Por otro lado, el consumo de biogás, hidrógeno renovable e hipocarbónico y combustibles gaseosos sintéticos aumentará significativamente hacia 2050. Por tanto, la infraestructura de gas natural ya no necesita apoyo por parte de la política de las RTE-E. La planificación de infraestructuras energéticas debe reflejar estos cambios en el panorama del gas.
            
            
               (12)La importancia de las redes eléctricas inteligentes para el logro de los objetivos de política climática y energética de la Unión ha sido reconocida en la comunicación de la Comisión sobre la integración del sistema energético
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               . Los criterios para la categoría deben incluir los avances tecnológicos en relación con los aspectos digitales y de innovación. Además, el papel de los promotores de proyectos debe aclararse. Dado que se prevé un aumento significativo de la demanda de energía en el sector del transporte, en particular, para los vehículos eléctricos en las autopistas y zonas urbanas, las tecnologías de redes inteligentes también deben contribuir a mejorar el apoyo relacionado con la red energética para la recarga de alta capacidad transfronteriza a fin de respaldar la descarbonización del sector del transporte.
            
            
               (13)La Comunicación de la Comisión sobre la integración del sistema energético pone de manifiesto la necesidad de una planificación integrada de la infraestructura energética entre vectores energéticos, infraestructuras y sectores de consumo. Esta integración del sistema parte de la base de la aplicación del principio de la eficiencia energética primero y la adopción de un enfoque integral más allá de los sectores individuales. También aborda las necesidades de descarbonización de los sectores con emisiones difíciles de reducir, tales como partes de la industria o ciertos modos de transporte, donde la electrificación directa es, actualmente, difícil desde el punto de vista técnico o económico. Estas inversiones incluyen el hidrógeno y los electrolizadores, que están avanzando hacia el despliegue comercial a gran escala. La estrategia de la Comisión en materia de hidrógeno da prioridad a la producción de hidrógeno de electricidad renovable, que es la solución más limpia y compatible con el objetivo de neutralidad climática de la UE. Sin embargo, en una fase transitoria son necesarias otras formas de hidrógeno con bajas emisiones de carbono para sustituir con mayor rapidez el hidrógeno existente e impulsar una economía de escala.
            
            
               (14)Además, la estrategia del hidrógeno de la Comisión
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                concluye que, para el despliegue necesario de hidrógeno, una red de infraestructuras a gran escala que solo pueden ofrecer la Unión y el mercado único. Actualmente existen muy pocas infraestructuras específicas para el transporte y el comercio transfronterizos de hidrógeno. Se espera que consistan en gran medida de activos convertidos del gas natural, complementados con nuevos activos específicos de hidrógeno. Además, la estrategia del hidrógeno establece un objetivo estratégico para aumentar la potencia instalada de electrolizadores hasta 40 GW de aquí a 2030, con el fin de aumentar la producción de hidrógeno renovable y facilitar la descarbonización de sectores dependientes de combustibles fósiles, tales como la industria o el transporte. Por tanto, la política RTE-E debe incluir infraestructuras adaptadas de transporte y almacenamiento de hidrógeno, así como instalaciones de electrolizadores. Las infraestructuras de transporte y almacenamiento de hidrógeno también deben incluirse en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, de forma que permita una evaluación coherente e integral de sus costes y beneficios para el sistema energético, incluida su contribución a la integración y la descarbonización del sector, con el objetivo de crear la espina dorsal de hidrógeno de la Unión. 
            
            
               (15)Además, debe crearse una nueva categoría de infraestructuras de redes de gas inteligentes que apoye las inversiones en la integración de gases renovables e hipocarbónicos, tales como el biogás, el biometano y el hidrógeno, en la red y contribuya a gestionar el sistema resultante más complejo, sobre la base tecnologías innovadoras.
            
            
               (16)El Reglamento (UE) n.º 347/2013 exige que un proyecto de interés común candidato pruebe una contribución significativa a, como mínimo, uno de los criterios en el proceso de elaboración de la lista de la Unión, que puede incluir la sostenibilidad, aunque no es obligatorio. De conformidad con las necesidades específicas del mercado interior de la energía en este momento, ese requisito permitió el desarrollo de proyectos de interés común que abordaban solo los riesgos de seguridad del suministro, aun cuando no demostraran beneficios en términos de sostenibilidad. Sin embargo, habida cuenta de la evolución de las necesidades infraestructurales de la Unión y los objetivos de descarbonización, las Conclusiones del Consejo Europeo de julio de 2020, según las cuales los gastos de la Unión deben alinearse con los objetivos del Acuerdo de París y el principio de «no ocasionar daños» del Pacto Verde Europeo, la sostenibilidad en términos de la integración de las fuentes de energías renovables en la red o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, según proceda, deben evaluarse para garantizar que la política de RTE-E sea coherente con los objetivos de las políticas en materia de energía y clima de la Unión. La sostenibilidad de las redes de transporte de CO2 se aborda con su propósito de transportar el dióxido de carbono.
            
            
               (17)La Unión debe facilitar proyectos de infraestructuras que vinculen las redes energéticas de la Unión con redes de terceros países y que sean mutuamente beneficiosos y necesarios para la transición energética y el logro de los objetivos climáticos, y que cumplan también los criterios específicos de las categorías pertinentes de infraestructuras de conformidad con el presente Reglamento, en particular con países vecinos y países con los que la Unión ha establecido una cooperación energética específica. Por tanto, este Reglamento debe incluir, en su ámbito de aplicación, proyectos de interés mutuo si son sostenibles y pueden demostrar beneficios socioeconómicos netos significativos para al menos dos Estados miembros y al menos un tercer país. Tales proyectos podrán ser incluidos en la lista de la Unión en condiciones de aproximación normativa con la Unión y tras demostrar una contribución a los objetivos generales en materia de energía y clima de la Unión en términos de seguridad del suministro y de descarbonización. Dicha armonización o convergencia normativa debe presumirse para el Espacio Económico Europeo o las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía. Además, el tercer país con el que la Unión coopere en el desarrollo de proyectos de interés mutuo debe facilitar un calendario similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo político, como se estipula en este Reglamento. Por lo tanto, en el presente Reglamento, los proyectos de interés mutuo deben considerarse de la misma manera que los proyectos de interés común, y todas las disposiciones relativas a los proyectos de interés común también se aplican a los proyectos de interés mutuo, a menos que se especifique lo contrario.
            
            
               (18)Además, para lograr los objetivos en materia de clima y energía para 2030 y 2050 de la Unión y el objetivo de neutralidad climática, Europa debe aumentar significativamente la producción de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable. Las categorías de infraestructura actuales para el transporte y el almacenamiento de electricidad son cruciales para la integración de un aumento significativo de la producción de electricidad renovable en la red eléctrica. Asimismo, esto requiere intensificar la inversión en energías renovables marinas
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               . También debe abordarse la coordinación de la planificación a largo plazo y el desarrollo de redes de electricidad en alta mar o en tierra. En particular, la planificación de infraestructuras en alta mar debe alejarse del enfoque proyecto por proyecto hacia un enfoque integral coordinado que garantice el desarrollo sostenible de redes marítimas integradas, de conformidad con el potencial para la energía marítima renovable de cada cuenca marítima, la protección medioambiental y otros usos del mar. 
            
            
               (19)Los Estados miembros pertinentes deben poder evaluar los beneficios y los costes de las redes marítimas de energía renovable de la cuenca aferente y realizar un análisis preliminar de la distribución de costes a nivel de la cuenca marítima para respaldar los compromisos políticos conjuntos para el desarrollo de energías renovables en alta mar a nivel de cuenca marítima. Por consiguiente, la Comisión debe desarrollar principios uniformes para una metodología de coste-beneficio y distribución de costes para la implantación de planes integrados de desarrollo de redes marítimas que deben permitir a los Estados miembros realizar una evaluación adecuada. 
            
            
               (20)El proceso de plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión como base para la identificación de proyectos de interés común en las categorías de electricidad y gas ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, si bien las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) del gas y de la electricidad y los gestores de redes de transporte tienen un papel importante que desempeñar en el proceso, es necesario un mayor escrutinio, en particular, en lo que respecta la definición de los modelos hipotéticos para el futuro, identificando deficiencias y cuellos de botella a largo plazo de las infraestructuras y evaluando proyectos individuales, para mejorar la confianza en el proceso. Por consiguiente, debido a la necesidad de una validación independiente, la Agencia para la Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») y la Comisión deben desempeñar un papel de mayor peso en el proceso, también a la hora de elaborar el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, en virtud del Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo
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                y el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
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               .
            
            
               (21)Debe asegurarse que solo los proyectos de infraestructuras para los que no hay soluciones alternativas reciban la condición de proyectos de común interés. Para ello, la identificación de lagunas en las infraestructuras seguirá el principio de la eficiencia energética primero y tendrá por prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las infraestructuras para subsanar las lagunas identificadas. Además, durante la ejecución del proyecto, los promotores deben notificar el cumplimiento de la legislación medioambiental y demostrar que los proyectos no causan un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (CE) 2020/852
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               . Para los proyectos de interés común que hayan alcanzado suficiente madurez, esto se tendrá en cuenta cuando los grupos regionales seleccionen los proyectos para la lista de la Unión correspondiente.
            
            
               (22)A fin de asegurar la estabilidad del voltaje y la frecuencia, ha de prestarse especial atención a la estabilidad de la red eléctrica europea en las condiciones cambiantes, sobre todo, en vista del creciente porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes de energía renovable.
            
            
               (23)Al cabo de intensas consultas con todos los Estados miembros y partes interesadas, la Comisión ha identificado 13 prioridades estratégicas transeuropeas en materia de infraestructura energética cuyo desarrollo es esencial para el logro de los objetivos de la Unión en materia de política energética y de cambio climático para 2030 y 2050. Dichas prioridades abarcan diferentes regiones geográficas o áreas temáticas en el ámbito del transporte y almacenamiento de electricidad, las redes marítimas de energía renovable, el transporte y almacenamiento de hidrógeno, los electrolizadores, las redes de gas inteligentes, las redes eléctricas inteligentes y el transporte de dióxido de carbono. 
            
            
               (24)Los proyectos de interés común deben cumplir criterios comunes, transparentes y objetivos, con vistas a su contribución a los objetivos de la política energética. Para poder figurar en las listas de la Unión, los proyectos de electricidad e hidrógeno propuestos deben formar parte del último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible. Como la infraestructura de hidrógeno no se incluye actualmente en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, este requisito para los proyectos en materia de hidrógeno solo se aplicará a partir del 1 de enero de 2024, a efectos de la segunda lista de la Unión elaborada en virtud del presente Reglamento.
            
            
               (25)Deben crearse grupos regionales a efectos de proponer y revisar proyectos de interés común con miras a establecer listas regionales de proyectos de interés común. Con el fin de garantizar un amplio consenso, dichos grupos regionales deben asegurar una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las autoridades reguladoras nacionales, los promotores de proyectos y las partes interesadas pertinentes. En el contexto de esta cooperación, siempre que sea necesario, las autoridades reguladoras nacionales asesorarán a los grupos regionales, entre otras cuestiones, sobre la viabilidad de los aspectos de regulación de los proyectos propuestos y sobre la viabilidad del calendario propuesto para la aprobación por las autoridades reguladoras.
            
            
               (26)Se establecerá una nueva lista de la Unión de proyectos de interés común («lista de la Unión») cada dos años. Los proyectos de interés común que hayan concluido o que ya no cumplan los criterios y requisitos pertinentes establecidos en el presente Reglamento no deben figurar en la siguiente lista de la Unión. Por esta razón, los proyectos existentes de interés común que deban incluirse en la siguiente lista de la Unión deben someterse al mismo proceso de selección para el establecimiento de las listas regionales y de la lista de la Unión aplicadas a los proyectos propuestos. Sin embargo, debe minimizarse la carga administrativa resultante todo lo posible, por ejemplo, mediante el uso en la medida de lo posible de información presentada con anterioridad, y teniendo en cuenta los informes anuales de los promotores de proyectos. Con este fin, los proyectos existentes de interés común que han realizado un progreso significativo deben beneficiarse de un proceso de inclusión simplificado en el plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión.
            
            
               (27)Los proyectos de interés común deben ejecutarse lo más rápidamente posible y deben ser objeto de un estrecho seguimiento y de evaluación, al tiempo que la carga administrativa para los promotores de los proyectos se mantiene en un mínimo. La Comisión debe nombrar coordinadores europeos para los proyectos que presenten dificultades particulares. El progreso en la ejecución de los proyectos específicos, así como el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el presente Reglamento, deben tenerse en cuenta en el proceso de selección para listas subsiguientes de la Unión para los proyectos respectivos. 
            
            
               (28)El proceso de concesión de autorizaciones no debe dar lugar a cargas administrativas que sean desproporcionadas con el tamaño o la complejidad de un proyecto, ni crear barreras al desarrollo de las redes transeuropeas ni al acceso al mercado. 
            
            
               (29)Se deben coordinar la planificación y la ejecución de los proyectos de interés común de la Unión en materia de infraestructuras de energía, de transportes y de telecomunicaciones con el fin de generar sinergias, siempre que sea factible en la perspectiva de la economía en general o desde los puntos de vista técnico, medioambiental, climático o de la planificación territorial, y teniendo debidamente en cuenta los aspectos de seguridad pertinentes. Por tanto, durante la planificación de las distintas redes europeas, debería ser posible priorizar la integración de las redes de transporte, de comunicaciones y de energía, a fin de garantizar que se utiliza el mínimo posible de terreno y asegurar, cuando sea posible, la reutilización de rutas existentes o en desuso, con objeto de reducir al mínimo las repercusiones sociales, económicas, ambientales y financieras negativas.
            
            
               (30)Es necesario dar «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de interés común, para garantizar la rapidez de su tramitación administrativa, y las autoridades competentes deben considerarlos de interés público. Por revestir un interés público de orden superior, los proyectos que tengan un impacto negativo en el medio ambiente serán autorizados si se cumplen todas las condiciones fijadas en la Directiva 92/43/CEE del Consejo
                  34
                y la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
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               .
            
         
         
            
               (31)También debe darse «carácter prioritario» a nivel nacional a los proyectos de interés común para garantizar el tratamiento urgente en todos los procedimientos judiciales y de resolución de litigios en relación con ellos. 
            
            
               (32)Para reducir la complejidad, potenciar la eficiencia y la transparencia, e impulsar la cooperación entre los Estados miembros, debe instituirse a una autoridad o autoridades competentes que integren o coordinen todos los procesos de concesión de autorizaciones («ventanilla única»).
            
            
               (33)Para simplificar y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones para redes marítimas de energías renovables, los Estados miembros alrededor de una cuenca marítima particular deben crear un punto único de contacto, denominada «ventanilla única marina», teniendo en cuenta las especificidades y la geografía regionales, para facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones de estos proyectos. Además, el establecimiento de una ventanilla única por cuenca marítima para las redes marítimas de energías renovables debe reducir la complejidad, aumentar la eficiencia y acelerar el proceso de concesión de autorizaciones de activos de transporte en alta mar que suelen atravesar varias jurisdicciones.
            
            
               (34)A pesar de la existencia de normas establecidas que aseguran la participación del público en los procedimientos de toma de decisiones relacionados con el medio ambiente y que se aplican plenamente a los proyectos de interés común, todavía son necesarias medidas adicionales previstas en este Reglamento para garantizar los máximos niveles posibles de transparencia y participación del público en todas las cuestiones pertinentes del procedimiento de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común. Si las normas nacionales ya abarcan la consulta previa antes del proceso de concesión de autorizaciones en el marco de normas iguales o superiores a las del presente Reglamento, dicho proceso debe ser opcional y evitar la duplicación de requisitos legales. 
            
            
               (35)La aplicación correcta y coordinada de las Directivas 2011/92/UE
                  36
                y 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  37
                y, cuando sea aplicable, del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, firmado en Aarhus el 25 de junio de 1998
                  38
                («Convenio de Aarhus») y del Convenio de Espoo sobre la evaluación del impacto ambiental en un contexto transfronterizo («Convenio de Espoo») debe garantizar la armonización de los principios clave para la evaluación de los impactos ambientales, también en un contexto transfronterizo. La Comisión ha publicado orientaciones para ayudar a los Estados miembros a definir medidas legislativas y no legislativas adecuadas para racionalizar los procedimientos de evaluación ambiental en la infraestructura energética, y para velar por la aplicación coherente de los procedimientos de evaluación ambiental exigidos en virtud del Derecho de la Unión para los proyectos de interés común
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               . Los Estados miembros deben coordinar sus evaluaciones para proyectos de interés común y contemplar evaluaciones conjuntas, cuando sea posible. Debe alentarse a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas y a desarrollar capacidades administrativas en los procesos de concesión de autorizaciones.
            
            
               (36)Es importante racionalizar y mejorar el proceso de concesión de autorizaciones, mientras se respetan —en la medida de lo posible y a fin de observar debidamente el principio de subsidiariedad— las competencias y los procedimientos nacionales para la construcción de nuevas infraestructuras. Habida cuenta de la urgencia de desarrollar las infraestructuras energéticas, la simplificación del proceso de concesión de autorizaciones debe fijar una fecha límite clara para la decisión de las correspondientes autoridades en relación con la construcción del proyecto. Esta fecha límite debe favorecer una mayor eficiencia en la definición y tramitación de los procedimientos y bajo ninguna circunstancia debe transigir con los elevados niveles de protección del medio ambiente de conformidad con la legislación medioambiental y participación del público. Este Reglamento establecerá los plazos máximos; sin embargo, los Estados miembros podrán esforzarse por lograr plazos más cortos cuando sea posible y, en particular, en relación con proyectos como las redes inteligentes, que tal vez no necesiten un proceso de concesión de autorizaciones tan complejo como el de la infraestructura de transporte. Las autoridades competentes deben ser responsables de asegurar el cumplimiento de las fechas límite.
            
            
               (37)Cuando corresponda, los Estados miembros podrán incluir en las decisiones globales decisiones tomadas en el contexto de negociaciones con propietarios del suelo sobre la concesión de acceso a bienes inmuebles, su propiedad o el derecho de utilizarlos, la planificación territorial que determina el uso general del suelo en una región determinada, incluyendo otros proyectos como autopistas, ferrocarriles, edificios y zonas de protección de la naturaleza, que no se emprende con la finalidad específica del proyecto previsto, y la concesión de licencias de explotación. En el contexto del proceso de concesión de autorizaciones, los proyectos de interés común pueden comprender infraestructuras relacionadas en la medida en que ello sea esencial para la construcción o el funcionamiento del proyecto. El presente Reglamento, en particular las disposiciones relativas a la concesión de autorizaciones, participación del público y ejecución de proyectos de interés común, será aplicable sin perjuicio del Derecho internacional y de la legislación de la Unión, incluidas las disposiciones para proteger el medio ambiente y la salud humana, así como las disposiciones adoptadas en virtud de la política pesquera común y la política marítima integrada, en concreto, la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo
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               .
            
            
               (38)Por lo general, deben hacerse cargo de la totalidad de los costes de desarrollo, construcción, explotación y mantenimiento de los proyectos de interés común los usuarios de la infraestructura. Los proyectos de interés común deben poder beneficiarse de la distribución transfronteriza de los costes si una evaluación de la demanda del mercado o de los efectos esperados sobre las tarifas indica que no cabe esperar que se recuperen los costes mediante las tarifas pagadas por los usuarios de la infraestructura.
            
            
               (39)El debate sobre la distribución adecuada de los costes debe basarse en el análisis de los costes y beneficios de un proyecto de infraestructura realizado sobre la base de una metodología armonizada para un análisis de todo el sistema energético, utilizando el mismo escenario al utilizado cuando se incluyó el proyecto en la lista de la Unión de proyectos de interés común, en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la UE elaborados por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte en virtud del Reglamento (UE) 2019/943, y del Reglamento (CE) n.º 715/2009, y revisada por la Agencia. Dicho análisis puede tomar en consideración los indicadores y los valores de referencia correspondientes para la comparación de los costes unitarios de inversión.
            
            
               (40)En un mercado interior de la energía cada vez más integrado, son necesarias normas claras y transparentes para la distribución transnacional de los costes, con el fin de acelerar la inversión en infraestructura transfronteriza. Esto es esencial para garantizar un marco estable de financiación para el desarrollo de proyectos de interés común y minimizar la necesidad de apoyo financiero. Al decidir sobre la distribución transfronteriza de costes, las autoridades reguladoras nacionales deben distribuir los costes de inversión entre países en su totalidad e incluirlos en las tarifas nacionales y, después, determinar si su impacto en las tarifas nacionales podría suponer una carga desproporcionada para los consumidores. Las autoridades reguladoras nacionales deben evitar los riesgos de duplicar el apoyo a los proyectos tomando en consideración las tasas y los ingresos reales o estimados. Estos cambios e ingresos deben tenerse en cuenta solo en la medida en que estén relacionados con los proyectos y se diseñen para abarcar todos los costes correspondientes.
            
            
               (41)La legislación sobre el mercado interior de la energía exige que las tarifas de acceso a las redes constituyan incentivos adecuados para la inversión. Sin embargo, varios tipos de proyectos de interés común podrían generar externalidades que tal vez no se capturen en su totalidad ni se recuperen a través del sistema regular de tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales deben garantizar, cuando apliquen la legislación del mercado interior de la energía, un marco regulador y financiero estable y previsible con incentivos para proyectos de interés común, incluidos incentivos a largo plazo, que guarden relación con el nivel de riesgo específico del proyecto. Esto se aplicará en particular a proyectos transfronterizos, tecnologías innovadoras de transporte de electricidad que permiten una integración a gran escala de la energía renovable, de los recursos energéticos distribuidos o de la respuesta a la demanda en las redes interconectadas, y proyectos de digitalización y tecnología energética que podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos similares situados dentro de un Estado miembro o que prometen mayores beneficios para la Unión. Además, los proyectos con gastos de funcionamiento elevados también deben tener acceso a incentivos adecuados para la inversión. En particular, las redes marítimas de energías renovables que tienen la doble funcionalidad de interconectores eléctricos y de conexión de proyectos de producción en alta mar de energías renovables, podrían incurrir en riesgos mayores que proyectos comparables de infraestructuras en tierra, debido a su conexión intrínseca a activos de generación con riesgos normativos, riesgos de financiación, tales como la necesidad de anticipar inversiones, riesgos de mercado y riesgos relacionados con el uso de nuevas tecnologías innovadoras.
            
            
               (42)Este Reglamento solo debe aplicarse a la concesión de autorizaciones para proyectos de interés común, la participación pública en ellos y su tratamiento regulatorio. No obstante, los Estados miembros pueden adoptar disposiciones a nivel nacional para aplicar las mismas normas u otras similares a otros proyectos no considerados proyectos de interés común en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. En lo relativo a los incentivos de regulación, los Estados miembros pueden adoptar disposiciones nacionales para aplicar las mismas normas u otras similares a proyectos de interés común pertenecientes a la categoría de almacenamiento de electricidad.
            
            
               (43)A los Estados miembros que actualmente no atribuyen la mayor importancia nacional posible a los proyectos en materia de infraestructura energética en relación con el proceso de concesión de autorizaciones, se les debe animar a que consideren otorgar dicha importancia, sobre todo al evaluar si ello aceleraría el proceso de concesión de autorizaciones.
            
            
               (44)A los Estados miembros que actualmente no cuentan con procedimientos judiciales urgentes o acelerados aplicables a los proyectos de infraestructuras energéticas se les debe alentar a considerar introducir dichos procedimientos, en particular, mediante la evaluación de si esto daría lugar a una ejecución más rápida de dichos proyectos.
            
            
               (45)El Reglamento (UE) n.º 347/2013 ha demostrado el valor añadido de impulsar la financiación privada mediante una importante ayuda financiera de la Unión que permita la ejecución de proyectos de importancia europea. A la luz de la situación económica y financiera y de las restricciones presupuestarias, el apoyo específico, a través de subvenciones e instrumentos financieros, debe continuarse dentro del marco financiero plurianual, para atraer a nuevos inversores a los corredores y las áreas prioritarios de infraestructura energética, al tiempo que la contribución presupuestaria de la Unión se mantiene en un mínimo. 
            
            
               (46)Los proyectos de interés común deben poder optar a la ayuda financiera de la Unión para estudios y, en determinadas condiciones, para trabajos en el marco del Reglamento (UE)... [relativo al Mecanismo «Conectar Europa» propuesto por la COM(2018)438] en forma de subvenciones o instrumentos financieros innovadores para garantizar que se presta apoyo personalizado a dichos proyectos de común interés que no sean viables en el marco regulatorio y las condiciones del mercado actuales. Es importante evitar cualquier distorsión de la competencia, en particular entre proyectos que contribuyan a la realización del mismo corredor prioritario de la Unión. Dicha ayuda financiera debe asegurar las sinergias necesarias con los Fondos Estructurales para financiar las redes inteligentes de distribución de energía y con el mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión, de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión
                  41
               . Debe aplicarse a los proyectos de interés común un enfoque compuesto de tres fases. En primer lugar, el mercado debe tener prioridad para invertir. En segundo lugar, si el mercado no efectúa inversiones, se deben examinar soluciones legislativas, ajustar en caso necesario el marco regulador aplicable y garantizar su correcta aplicación. En tercer lugar, si las dos fases anteriores no bastan para que se produzcan las inversiones necesarias en proyectos de interés común, debe ser posible prestar ayuda financiera de la Unión si el proyecto de interés común cumple los criterios de admisibilidad aplicables. Los proyectos de interés común también podrán ser elegibles en el marco del programa InvestEU, que complementario a la concesión de financiación.
            
            
               (47)Las subvenciones para trabajos relacionados con proyectos de interés mutuo solo deben estar disponibles para las inversiones ubicadas en el territorio de la Unión y solo en caso de que, como mínimo, dos Estados miembros contribuya financieramente de forma significativa a los costes de inversión del proyecto en vista de sus beneficios. 
            
            
               (48)Por consiguiente, los Reglamentos (CE) n.º 715/2009, (UE) 2019/942
                  42
                y (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  43
               , así como las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, deberán modificarse de la manera correspondiente. 
            
            
               (49)Debe, por tanto, derogarse el Reglamento (UE) n.º 347/2013.
            
            
               (50)Para garantizar que la composición de los corredores prioritarios y las áreas temáticas refleje de manera óptima la evolución de la infraestructura energética, y que el número de proyectos candidatos en cada grupo se mantenga en un nivel apropiado y razonable para facilitar un análisis exhaustivo y detallado, así como para garantizar que la lista de la Unión de los proyectos de interés común se limiten a aquellos que contribuyan en mayor medida a la aplicación de los corredores prioritarios estratégicos y las áreas temáticas de infraestructuras energéticas, debe delegarse a la Comisión la facultad de adoptar actos de acuerdo con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea:
            
         
         
            
               - complementar este Reglamento al revisar el ámbito de aplicación y la composición de los corredores prioritarios y las áreas temáticas, y adoptar nuevas listas de corredores prioritarios y áreas temáticas;
            
            
               - modificar los anexos del presente Reglamento para adoptar y revisar la lista de la Unión de proyectos de interés común, a la vez que se respeta el derecho de los Estados miembros y los terceros países de aprobar proyectos de interés común y de interés mutuo relacionados con su territorio.
            
            
               Partiendo de la necesidad de evitar la dispersión del presente Reglamento y habida cuenta del número de proyectos incluidos en las listas de la Unión hoy por hoy, el número total de proyectos de interés común debe mantenerse manejable, por lo que no debe ser muy superior a 220. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada. Cuando lo consideren necesario, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo podrán enviar expertos a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de los actos delegados a las que se haya invitado a los expertos de los Estados miembros. Los debates de los grupos regionales son esenciales para la Comisión a la hora de adoptar actos delegados que establezcan las listas de proyectos de interés común. En consecuencia, cabe informar al Parlamento Europeo y al Consejo, en la medida en que sea posible y compatible con el marco del presente Reglamento, sobre las reuniones de los grupos regionales, y podrán enviarse expertos a estas de acuerdo con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016
                  44
               .
            
            
               (51)A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento en lo que respectan los procedimientos de distribución transfronteriza de costes y permitir que los Estados miembros evalúen los beneficios y los costes de las redes marítimas de energía renovable de la cuenca marítima, teniendo en cuenta también el mercado y los acuerdos financieros para los centros de generación de electricidad, como las ayudas que ya se han concedido, y realicen un análisis preliminar de distribución de costes a nivel de la cuenca marítima, las competencias de ejecución de conformidad con el artículo 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deben otorgarse a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  45
               . Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de dichos actos de ejecución.
            
            
               (52)Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, el desarrollo y la interoperabilidad de las redes transeuropeas de energía y la conexión a dichas redes, no pueden ser logrados de manera suficiente por los Estados miembros y pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
            
            
               HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
            
            
               CAPÍTULO I
            
            
               DISPOSICIONES GENERALES
            
            
               Artículo 1
            
            
               Objeto 
            
            
               1. El presente Reglamento establece orientaciones para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética transeuropea que figuran en el anexo I («corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética»), y que contribuyen a lograr los objetivos en materia de clima y energía de la Unión para 2030 y el objetivo de neutralidad climática para 2050.
            
            
               2. En particular, el presente Reglamento:
            
            
               a) contempla la identificación de proyectos de interés común necesarios para desarrollar dichos corredores y áreas prioritarios que entren dentro de las categorías de infraestructura energética de electricidad, redes de gas inteligentes, hidrógeno, electrolizadores y dióxido de carbono que figuran en el anexo II («categorías de infraestructuras energéticas»);
            
            
               b) facilita la ejecución puntual de proyectos de interés común mediante la racionalización, una coordinación más estrecha y la aceleración de los procesos de concesión de autorizaciones, así como mediante la mejora de la participación del público;
            
            
               c) establece normas y orientaciones para la distribución transfronteriza de los costes y de los incentivos relativos al riesgo para los proyectos de interés común;
            
            
               d) determina las condiciones de admisibilidad de los proyectos de interés común para la ayuda financiera de la Unión;
            
            
               e) aborda la identificación de proyectos de interés mutuo.
            
            
               Artículo 2
            
            
               Definiciones
            
            
               Además de las definiciones de las Directivas 2009/73/CE, (UE) 2018/2001
                  46
                y (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de los Reglamentos (CE) 715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943, a efectos del presente Reglamento, serán aplicables las definiciones siguientes:
            
         
         
            
               1)«infraestructura energética»: cualquier soporte material o instalación comprendido en las categorías de infraestructuras energéticas que esté situado en el territorio de la Unión o que conecte a la Unión con uno o varios terceros países; 
            
            
               2)«decisión global»: una decisión final o una serie de decisiones adoptadas por una autoridad o autoridades de un Estado miembro, excluidos los tribunales o autoridades judiciales, que determine si se autoriza o no al promotor del proyecto a construir la infraestructura energética para realizar un proyecto de interés común teniendo la posibilidad de empezar, o contratar y empezar, los trabajos de construcción necesarios («condición de listo para su desarrollo») sin perjuicio de cualquier decisión adoptada en el contexto de un procedimiento de recurso administrativo;
            
            
               3)«proyecto»: una o varias líneas, conductos, servicios, equipamiento o instalaciones comprendidos en las categorías de infraestructuras energéticas;
            
            
               4)«proyecto de interés común»: un proyecto necesario para desarrollar los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética que figuran en el anexo I y que esté comprendido en la lista de proyectos de interés común a escala de la Unión contemplada en el artículo 3;
            
            
               5)«proyecto de interés mutuo»: un proyecto promovido por la Unión en cooperación con terceros países; 
            
            
               6)«cuello de botella de infraestructuras energéticas»: la limitación de los flujos físicos en un sistema energético debida a una capacidad de transporte insuficiente, entre otras razones, por la ausencia de infraestructuras;
            
            
               7)«promotor de proyecto»:
            
            
               a)un gestor de redes de transporte, un gestor de redes de distribución u otro operador o inversor que desarrolle un proyecto de interés común, o
            
            
               b)si se trata de varios gestores de redes de transporte, gestores de redes de distribución, otros operadores, inversores o cualquier grupo de estas categorías, la entidad dotada de personalidad jurídica en virtud de la legislación nacional aplicable que haya sido designada mediante un acuerdo contractual entre ellos y que tenga capacidad para contraer obligaciones jurídicas y asumir la responsabilidad financiera en nombre de las partes del acuerdo contractual;
            
            
               8)«red eléctrica inteligente»: una red eléctrica en la que el gestor de la red puede supervisar digitalmente las acciones de los usuarios conectados a ella, y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para comunicarse con gestores de redes conexas, generadores, consumidores o prosumidores, con vistas a transportar electricidad de manera sostenible, rentable y segura;
            
            
               9)«red de gas inteligente»: una red de gas que utiliza soluciones digitales innovadoras para integrar de manera rentable una pluralidad de fuentes de gases renovables e hipocarbónicos de acuerdo con las necesidades de los consumidores y los requisitos de calidad del gas con el fin de reducir la huella de carbono relacionada con el consumo de gas, permitir el aumento del porcentaje de gases renovables e hipocarbónicos y crear vínculos con otros vectores y sectores energéticos;
            
            
               10)«autoridades interesadas»: las autoridades que, en virtud de la legislación nacional, son competentes para emitir distintos permisos y autorizaciones relacionados con la planificación, el diseño y la construcción de bienes inmuebles, incluidas las infraestructuras energéticas; 
            
            
               11)«trabajos»: la adquisición, el suministro y la implantación de componentes, sistemas y servicios, incluido el software, la realización de actividades de desarrollo, construcción e instalación relacionadas con un proyecto, la recepción de instalaciones y la puesta en servicio de un proyecto;
            
            
               12)«estudios»: las actividades necesarias para preparar la ejecución de un proyecto, como los estudios preliminares, de viabilidad, de evaluación, de prueba y de validación, incluido el software, así como cualquier otra medida de apoyo técnico, incluidas las acciones previas para definir y desarrollar un proyecto y la toma de decisiones respecto a su financiación, como las acciones de reconocimiento de los emplazamientos correspondientes y la preparación del plan financiero;
            
            
               13) «autoridad reguladora nacional»: una autoridad reguladora nacional designada de conformidad con el artículo 39, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE o con el artículo 57, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/944;
            
            
               14) «puesta en servicio»: el proceso de puesta en funcionamiento de un proyecto una vez construido;
            
            
               15)«autoridades reguladoras nacionales pertinentes»: las autoridades reguladoras nacionales en los Estados miembros en los que el proyecto tiene un impacto positivo significativo;
            
            
               16) «adaptación climática»: el proceso que asegura la resiliencia a los posibles efectos adversos del cambio climático sobre la infraestructura energética por medio de la evaluación de vulnerabilidades y riesgos climáticos, también al adoptar las medidas de adaptación pertinentes;
            
            
            
               CAPÍTULO II
            
         
         
            
               PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN Y PROYECTOS DE INTERÉS MUTUO
            
            
                Artículo 3
            
            
               Lista de la Unión de proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo
            
            
               1. Los Grupos Regionales («Grupos») se establecerán según se indica en el anexo III, sección 1. La pertenencia a cada uno de los Grupos se basará en cada corredor y área prioritarios y su respectiva cobertura geográfica, enunciados en el anexo I. La competencia para adoptar decisiones en los Grupos recaerá exclusivamente en los Estados miembros y en la Comisión, denominados, a tales efectos, como el órgano decisorio de los Grupos.
            
            
               La Comisión tendrá la facultad de adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 20 que completen el presente Reglamento, en lo referente al ámbito de aplicación y la composición de los corredores y las áreas prioritarios. 
            
            
               2. Cada Grupo adoptará su propio reglamento interno, teniendo en cuenta lo dispuesto en el anexo III.
            
            
               3. El órgano decisorio de cada Grupo adoptará una lista regional de propuestas de proyectos de interés común, elaborada conforme al procedimiento establecido en el anexo III, sección 2, la contribución de cada proyecto al desarrollo de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética, y su cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 4.
            
            
               Si un Grupo elabora su lista regional:
            
            
               a) cada propuesta relativa a un proyecto de interés común exigirá la aprobación de los Estados a cuyo territorio se refiera el proyecto; si un Estado no concede su aprobación, expondrá la debida motivación ante el Grupo Regional interesado;
            
            
               b) tendrá en cuenta el asesoramiento de la Comisión orientado a disponer de un número total manejable de proyectos de interés común.
            
            
               4. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 20 del presente Reglamento por los que se modifiquen los anexos de este Reglamento para establecer la lista de la Unión de proyectos de interés común («lista de la Unión»), sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172, segundo párrafo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
            
            
               En el ejercicio de sus poderes, la Comisión se asegurará de que la lista de la Unión se establezca cada dos años sobre la base de las listas regionales adoptadas por los órganos decisorios de los Grupos, como se establece en el anexo III, sección 1, punto 2, de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 3 del presente artículo.
            
            
               La primera lista de la Unión con arreglo al presente Reglamento se adoptará a más tardar el 30 de noviembre de 2023.
            
            
               5. La Comisión, al adoptar la lista de la Unión sobre la base de las listas regionales:
            
            
               a) se asegurará de que solo se incluyan los proyectos que cumplan los criterios contemplados en el artículo 4;
            
            
               b) garantizará la coherencia transregional teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») contemplado en el anexo III, sección 2, punto 12;
            
            
               c) tendrá en cuenta las opiniones de los Estados miembros de conformidad con el anexo III, sección 2, punto 9;
            
            
               d) tratará de que el número total de proyectos de interés común de la lista de la Unión sea manejable.
            
            
               6. Los proyectos de interés común incluidos en la lista de la Unión de conformidad con el apartado 4 del presente artículo dentro de las categorías de infraestructuras energéticas establecidas en el anexo II, sección 1, letras a), b), c) y e), se convertirán en parte integrante de los planes regionales de inversiones pertinentes, conforme al artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/943 y al artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 715/2009, y de los correspondientes planes decenales de desarrollo de la red nacionales, conforme al artículo 51 de la Directiva (UE) 2019/944 y el artículo 22 de la Directiva 2009/73/CE, y otros planes de infraestructura nacionales correspondientes, en su caso. Cada uno de estos planes concederá la máxima prioridad posible a tales proyectos. El presente apartado no se aplicará a los proyectos de interés mutuo.
            
            
         
         
            
               Artículo 4
            
            
               Criterios para los proyectos de interés común y proyectos de interés mutuo
            
            
               1. Los proyectos de interés común deberán cumplir los siguientes criterios generales:
            
            
               a) el proyecto es necesario para al menos uno de los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética;
            
            
               b) los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 3, superan a los costes, también a largo plazo; 
            
            
               c) el proyecto cumple con cualquiera de los siguientes criterios:
            
            
               i) concierne como mínimo a dos Estados miembros porque atraviesa directamente la frontera de dos o más Estados miembros,
            
            
               ii) está situado en el territorio de un Estado miembro y tiene un importante impacto transfronterizo, conforme al anexo IV, sección 1.
            
            
            
               2. Los proyectos de interés mutuo deberán cumplir los siguientes criterios generales:
            
            
               a)el proyecto contribuye de manera significativa a los objetivos de descarbonización de la Unión y de los terceros países, así como a la sostenibilidad, también mediante la integración de la energía renovable en la red y el transporte de la producción de electricidad renovable a los centros de consumo y lugares de almacenamiento principales; y 
            
            
               b)los beneficios totales potenciales del proyecto, evaluados de conformidad con los criterios específicos respectivos previstos en el apartado 3, superan a los costes, también a largo plazo; 
            
            
               c)el proyecto está situado en el territorio de, como mínimo, un Estado miembro y en el territorio de, como mínimo, un tercer país y tiene un importante impacto transfronterizo, conforme al anexo IV, sección 2;
            
            
               d)para la parte situada en el territorio de la Unión, el proyecto se ajusta a las Directivas 2009/73/CE y (UE) 2019/944 si pertenece a las categorías de infraestructuras descritas en el anexo II, secciones 1 y 3;
            
            
               e)el tercer país o los terceros países participantes tienen un alto nivel de armonización o convergencia normativa para apoyar los objetivos políticos generales de la Unión, en particular para garantizar:
            
            
               i) un mercado interior de la energía que funcione de manera apropiada;
            
            
               ii) la seguridad de los suministros de energía sobre la base de la cooperación y la solidaridad, 
            
            
               iii) un sistema energético, incluida la producción, el transporte y la distribución, en una trayectoria hacia la descarbonización, de conformidad con el Acuerdo de París y los objetivos climáticos de la Unión; y, en particular, evitar la fuga de carbono;
            
            
               f)el tercer país o terceros países participantes apoyan la condición prioritaria del proyecto, como se prevé en el artículo 7, y se comprometen a cumplir un calendario similar de ejecución acelerada y otras medidas de apoyo político y normativos que sean aplicables a proyectos de interés común de la Unión.
            
            
         
         
            
               3. Los siguientes criterios específicos se aplicarán a los proyectos de interés común incluidos en categorías de infraestructura energética específicas:
            
            
               a) en cuanto a los proyectos de transporte y almacenamiento de electricidad que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), el proyecto contribuirá de forma significativa a la sostenibilidad por medio de la integración de la energías renovables en la red y el transporte de la producción de electricidad renovable a los centros de consumo y lugares de almacenamiento principales, y al menos uno de los siguientes criterios específicos:
            
            
               i) integración del mercado, incluyendo cosas poniendo fin al aislamiento de al menos uno de los Estados miembros de la Unión Europea y reduciendo los cuellos de botella de las infraestructuras energéticas; competencia y flexibilidad del sistema,
            
            
               ii) seguridad del suministro, incluyendo la interoperabilidad, la flexibilidad del sistema, la ciberseguridad, unas conexiones adecuadas y el funcionamiento seguro y fiable del sistema;
            
            
               b) en cuanto a los proyectos de redes eléctricas inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 1, letra d), el proyecto deberá contribuir de forma significativa a la sostenibilidad por medio de la integración de la energía renovable en la red, y al menos dos de los siguientes criterios específicos:
            
            
               i) la seguridad del suministro, incluyendo por medio de la eficiencia e interoperabilidad del transporte y distribución de electricidad en el funcionamiento día a día de la red, la elusión de congestiones, y la integración y participación de los usuarios de la red;
            
            
               ii) la integración de los mercados, también mediante el funcionamiento eficiente del sistema y el uso de interconectores;
            
            
               iii) la seguridad de la red, flexibilidad y calidad del suministro, también por medio de una mayor adopción de soluciones innovadoras en materia de equilibrio, ciberseguridad, supervisión, control de sistemas y corrección de errores.
            
            
            
               c) en cuanto a los proyectos de transporte de dióxido de carbono que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 5, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes:
            
            
               i) evitación de emisiones de dióxido de carbono, al tiempo que se mantiene la seguridad del suministro energético,
            
            
               ii) incremento de la resiliencia y seguridad del transporte de dióxido de carbono,
            
            
               iii) uso eficiente de los recursos, al permitir la conexión de múltiples fuentes y sitios de almacenamiento de dióxido de carbono a través de una infraestructura común y minimizando la carga y los riesgos para el medio ambiente.
            
            
               d) en cuanto a los proyectos de hidrógeno que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 3, el proyecto debe contribuir significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al potenciar la implantación de hidrógeno renovable y apoyar la producción de electricidad de fuentes renovables variables gracias a soluciones de flexibilidad o almacenamiento. Además, el proyecto debe contribuir significativamente, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos:
            
            
               i) integración del mercado, también mediante la conexión de redes de hidrógeno existentes o emergentes de los Estados miembros, o mediante la contribución al surgimiento de una red en toda la Unión para el transporte y almacenamiento de hidrógeno, y la garantía de interoperabilidad de los sistemas conectados; 
            
            
               ii) seguridad del suministro y flexibilidad, también mediante conexiones adecuadas y facilitando el funcionamiento seguro y fiable del sistema; 
            
            
               iii) competencia, también permitiendo el acceso a diversas fuentes de suministro y usuarios de red de forma transparente y no discriminatoria. 
            
            
               e) en cuanto a los electrolizadores que entran dentro de la categoría contemplada en el anexo II, punto 4, el proyecto deberá contribuir de forma significativa a todos los criterios específicos siguientes:
            
            
               i) sostenibilidad, también mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mejora del despliegue de hidrógeno renovable;
            
            
               ii) seguridad del suministro, también contribuyendo al funcionamiento seguro, eficiente y fiable del sistema, o mediante soluciones de flexibilidad o almacenamiento, tales como la respuesta de la demanda y los servicios de balance; 
            
         
         
            
               iii) facilitar la integración del sector de la energía inteligente mediante la vinculación de sectores y vectores energéticos. 
            
            
               f) en cuanto a los proyectos de redes de gas inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, punto 2, el proyecto debe contribuir significativamente a la sostenibilidad permitiendo y facilitando la integración de gases renovables y hipocarbónicos, tales como el biometano o el hidrógeno renovable, en las redes de transporte y distribución de gas con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el proyecto debe contribuir significativamente, como mínimo, a uno de los siguientes criterios específicos:
            
            
               i) la seguridad de la red y la calidad del suministro mediante la mejora de la eficiencia y la interoperabilidad del transporte y distribución de gas en el funcionamiento día a día de la red, entre otras cosas, abordando los retos derivados de la inyección de gases de distintas calidades mediante el despliegue de tecnologías innovadora y ciberseguridad,
            
            
               ii) funcionamiento del mercado y servicios al cliente,
            
            
               iii) facilitar la integración del sector de energía inteligente mediante la creación de vínculos con otros sectores y vectores energéticos y permitiendo la respuesta de la demanda.
            
            
               4. En cuanto a los proyectos que entran dentro de las categorías de infraestructuras energéticas contempladas en el anexo II, puntos 1 a 4, la contribución a satisfacer los criterios enumerados en el apartado 3 del presente artículo se evaluará de conformidad con los indicadores contemplados en el anexo IV, puntos 3 a 7.
            
            
               5. A fin de facilitar la evaluación de todos los proyectos que podrían ser reconocidos como proyectos de interés común y figurar en una lista regional, cada Grupo evaluará la contribución de cada proyecto al desarrollo del mismo corredor o área prioritario de manera transparente y objetiva. Cada Grupo determinará su método de evaluación sobre la base de la contribución global a los criterios establecidos en el apartado 3. Esa evaluación dará lugar a una clasificación de los proyectos para uso interno del Grupo. Ni la lista regional ni la lista de la Unión recogerán ninguna clasificación ni se utilizará la clasificación para ningún otro propósito ulterior con la excepción de lo reflejado en el anexo III, sección 2, punto 14.
            
            
               Al evaluar proyectos, cada Grupo dará la debida consideración a:
            
            
               a) la urgencia de cada proyecto propuesto con vistas al cumplimiento de los objetivos de la política energética de la Unión en cuanto a la descarbonización, la integración del mercado, la competencia, la sostenibilidad y la seguridad del suministro;
            
            
               b) su complementariedad con otros proyectos propuestos; 
            
            
               c) para los proyectos propuestos que en ese momento son proyectos de interés común, el progreso en la ejecución del proyecto y su cumplimiento de las obligaciones de transparencia e información.
            
            
               Por lo que respecta a redes eléctricas inteligentes que entran dentro de la categoría de infraestructuras energéticas contemplada en el anexo II, punto 1, letra d), y punto 2, la clasificación se hará en relación con aquellos proyectos que afecten a los mismos dos Estados miembros, y deberá tenerse también en la debida consideración el número de usuarios afectados por el proyecto, el consumo anual de energía y la cuota de producción a partir de fuentes no gestionables en el área abarcada por dichos usuarios.
            
            
               Artículo 5
            
            
               Ejecución y seguimiento
            
            
               1. Los promotores de proyectos elaborarán un plan de ejecución para sus proyectos de interés común que contendrá un calendario para:
            
            
               a) estudios de viabilidad y diseño, también relativos a la adaptación climática y al cumplimiento con la legislación medioambiental y el principio consistente en «no causar un perjuicio significativo»;
            
            
               b) la aprobación de la autoridad reguladora nacional o de otra autoridad pertinente;
            
            
               c) la construcción y puesta en servicio; y
            
            
               d) el calendario para la concesión de autorizaciones a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 5, letra b).
            
            
               2. Los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución y otros operadores cooperarán para facilitar el desarrollo de los proyectos de interés común de su zona.
            
         
         
            
               3. La Agencia y los Grupos interesados realizarán el seguimiento del progreso logrado en la ejecución de los proyectos de interés común y, en caso necesario, formularán recomendaciones para facilitar la ejecución de proyectos de interés común. Los Grupos podrán solicitar información adicional de conformidad con los apartados 4, 5 y 6, convocar reuniones con las partes de que se trate y solicitar a la Comisión que verifique la información facilitada in situ.
            
            
               4. A más tardar el 31 de diciembre de cada año siguiente al año de inclusión de un proyecto de interés común en la lista de la Unión de conformidad con el artículo 3, los promotores de proyectos presentarán un informe anual para cada proyecto incluido en las categorías contempladas en el anexo II, puntos 1 a 4, a la autoridad competente contemplada en el artículo 8. 
            
            
               Dicho informe deberá especificar:
            
            
               a) los progresos alcanzados en el desarrollo, construcción y puesta en servicio del proyecto, en particular en el marco de los procedimientos de concesión de autorizaciones y de consulta, así como el cumplimiento con la legislación medioambiental, el principio consistente en que el proyecto «no cause un perjuicio significativo» al medio ambiente, y las medidas adoptadas en materia de adaptación climática;
            
            
               b) si procede, los retrasos respecto al plan de ejecución, los motivos de estos retrasos y otras dificultades encontradas;
            
            
               c) si procede, un plan revisado para subsanar los retrasos.
            
            
               5. Cada año, a más tardar el 31 de enero, las autoridades competentes mencionadas en el artículo 8 deberán presentar a la Agencia y al respectivo Grupo el informe a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, complementado con información sobre los progresos y, en su caso, los retrasos en la ejecución de los proyectos de interés común situados en su territorio respectivo en relación con los procesos de concesión de autorizaciones, y de las razones de dichos retrasos. La contribución de las autoridades competentes al informe se marcará de manera clara y se redactará sin modificar el texto introducido por los promotores del proyecto. 
            
            
               6. A más tardar el 30 de abril del año en que deba adoptarse una nueva lista de la Unión, la Agencia presentará a los Grupos un informe consolidado para los proyectos de interés común sujetos a la competencia de las autoridades reguladoras nacionales, en el que se evalúe el progreso realizado y se propongan, cuando proceda, recomendaciones sobre cómo superar los retrasos y las dificultades enfrentadas. En dicho informe consolidado se evaluará también, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/942, la ejecución coherente de los planes de desarrollo de la red a escala de la UE en lo relativo a los corredores y áreas prioritarios de infraestructura energética contemplados en el anexo I.
            
            
               7. Si la puesta en servicio de un proyecto de interés común registra un retraso respecto al plan de ejecución por motivos que no sean razones imperiosas que escapen al control del promotor del proyecto, se aplicarán las siguientes medidas:
            
            
               a) cuando sean aplicables las medidas a que se refiere el artículo 51, apartado 7, letras a), b) o c), de las Directivas (UE) 2019/944 y el artículo 22, apartado 7, letras a), b) o c) de la Directiva 2009/73/CE de conformidad con las legislaciones nacionales respectivas, las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se efectúen las inversiones;
            
            
               b) si las medidas de las autoridades reguladoras nacionales de conformidad con la letra a) no son aplicables, el promotor del proyecto elegirá a una tercera parte para financiar o construir el proyecto total o parcialmente. El promotor del proyecto actuará antes de que el retraso en relación con la fecha de puesta en servicio prevista en el plan de ejecución sea superior a dos años;
            
            
               c) si no se elige una tercera parte de conformidad con la letra b), el Estado miembro o, cuando el Estado miembro la haya dispuesto así, la autoridad reguladora nacional, en el plazo de dos meses a partir del vencimiento del plazo al que se hace referencia en la letra b), podrá designar a una tercera parte para financiar o construir el proyecto, que el promotor del proyecto deberá aceptar;
            
            
               d) si el retraso respecto a la fecha de puesta en servicio según el plan de ejecución supera los dos años y dos meses, la Comisión, con arreglo al acuerdo y con la plena cooperación de los Estados miembros interesados, podrá publicar una convocatoria de propuestas abierta a cualquier tercera parte que pueda llegar a ser promotor de proyecto para que construya el proyecto de acuerdo con un calendario de plazos convenido;
            
            
               e) cuando se apliquen las letras c) o d), el gestor de redes en cuya zona se localice la inversión facilitará a los operadores o inversores o a la tercera parte que ejecute el proyecto toda la información necesaria para realizar la inversión, conectará nuevos activos a la red de transporte y, en general, hará todo cuanto esté en su mano para facilitar la ejecución de la inversión, así como la explotación y el mantenimiento seguros, eficientes y fiables del proyecto de interés común.
            
            
               8. Un proyecto de interés común podrá ser suprimido de la lista de la Unión de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 3, apartado 4, cuando su inclusión en dicha lista se haya basado en información incorrecta que haya sido un factor determinante para la inclusión o cuando el proyecto no se ajuste a la legislación de la Unión.
            
            
               9. Los proyectos que dejen de figurar en la lista de la Unión perderán todos sus derechos y obligaciones vinculados con la consideración de proyecto de interés común resultantes del presente Reglamento.
            
            
               No obstante, un proyecto que ya no figure en la lista de la Unión, pero cuyo expediente de solicitud haya sido admitido a examen por la autoridad competente conservará los derechos y obligaciones derivados del capítulo III, excepto si el proyecto ya no figura en la lista por las razones expuestas en el apartado 8.
            
            
               10. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de cualquier ayuda financiera de la Unión concedida a cualquier proyecto de interés común con anterioridad a su retirada de la lista de la Unión.
            
            
               Artículo 6
            
            
               Coordinadores europeos
            
         
         
            
               1. Si un proyecto de interés común experimenta serias dificultades de ejecución, la Comisión, de acuerdo con los Estados miembros interesados, podrá designar a un coordinador europeo por un período máximo de un año, renovable en dos ocasiones.
            
            
               2. El coordinador europeo:
            
            
               a) fomentará el proyecto o proyectos para los que haya sido designado coordinador europeo e impulsará el diálogo transfronterizo entre los promotores de proyecto y todas las partes interesadas;
            
            
               b) ayudará a todas las partes, cuando sea necesario, en las consultas a las partes interesadas y en la obtención de las autorizaciones necesarias para el proyecto o proyectos;
            
            
               c) si procede, asesorará a los promotores del proyecto sobre la financiación del proyecto;
            
            
               d) garantizará que se cuenta con el apoyo adecuado y la dirección estratégica por parte de los Estados miembros interesados para la preparación y ejecución del proyecto o proyectos;
            
            
               e) presentará todos los años y, si procede, a la conclusión de su mandato, un informe a la Comisión acerca del progreso del proyecto o proyectos y de cualquier dificultad u obstáculo que puedan llegar a representar un retraso importante para la fecha de entrada en servicio del proyecto o proyectos. La Comisión transmitirá el informe al Parlamento Europeo y a los Grupos interesados.
            
            
               3. El coordinador europeo será elegido atendiendo a su experiencia en relación con los cometidos específicos que se le asignen para los proyectos de que se trate.
            
            
               4. La decisión de designación del coordinador europeo especificará las condiciones del mandato, detallando su duración, los cometidos específicos y los plazos correspondientes, así como la metodología que se vaya a seguir. La labor de coordinación será proporcional a la complejidad y costes estimados del proyecto o proyectos.
            
            
               5. Los Estados miembros interesados cooperarán plenamente con el coordinador europeo en el desempeño de sus tareas, enunciadas en los apartados 2 y 4.
            
            
               CAPÍTULO III
            
            
               CONCESIÓN DE AUTORIZACIONES Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
            
            
               Artículo 7
            
            
               «Carácter prioritario» de los proyectos de interés común
            
            
               1. La adopción de la lista de proyectos de la Unión establecerá, para los fines de las decisiones adoptadas en el proceso de concesión de autorizaciones, la necesidad de dichos proyectos desde la perspectiva de la política energética, sin perjuicio de su ubicación exacta, el trazado de la ruta o la tecnología del proyecto.
            
            
               2. A efectos de garantizar una tramitación administrativa eficiente de los expedientes de solicitud relativos a los proyectos de interés común, los promotores de proyectos y todas las autoridades interesadas velarán por que dichos expedientes se traten con la mayor rapidez posible.
            
            
               3. Sin perjuicio de las obligaciones previstas en el Derecho de la Unión, cuando ello esté contemplado en la legislación nacional, los proyectos de interés común obtendrán la consideración de asunto de máxima importancia posible a nivel nacional y serán tratados de la manera correspondiente en los procesos de concesión de autorizaciones —y, si la legislación nacional así lo dispone, en la ordenación territorial— incluidos los relativos a evaluaciones del impacto medioambiental, del modo en que dicho tratamiento esté contemplado en la legislación nacional aplicable al tipo correspondiente de infraestructura energética.
            
            
               4. Todos los procedimientos de resolución de disputas, litigios, apelaciones y recursos judiciales relativos a los proyectos de interés común ante los tribunales y paneles nacionales, incluyendo la mediación o el arbitraje, si están contemplados en la legislación nacional, se considerarán urgentes de acuerdo con los procedimientos de urgencia previstos en la legislación nacional.
            
            
               5. Los Estados miembros evaluarán, teniendo debidamente en cuenta las orientaciones vigentes emitidas por la Comisión para simplificar los procedimientos de evaluación del impacto medioambiental para proyectos de interés común, qué medidas legislativas y no legislativas son necesarias para simplificar dichos procedimientos y garantizar la aplicación coherente de estos, y notificarán los resultados a la Comisión.
            
            
               6. A más tardar el [1 de septiembre de 2022], los Estados miembros adoptarán las medidas no legislativas que han identificado según el apartado 5.
            
         
         
            
               7. A más tardar el [1 de enero de 2023], los Estados miembros adoptarán las medidas legislativas que han identificado según el apartado 5. Dichas medidas se entienden sin perjuicio de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.
            
            
               8. Siempre y cuando se satisfagan todas las condiciones previstas en estas Directivas, en relación con los impactos ambientales establecidos en el artículo 6, apartado 4, de la Directiva 92/43/CEE y el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE, se considerará que los proyectos de interés común son de interés público desde la perspectiva de la política energética, y podrá considerarse que revisten un «interés público de primer orden».
            
            
               En caso de que fuera necesario un dictamen de la Comisión de conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la Comisión y la autoridad competente a que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento velarán por que la decisión relativa al interés público de primer orden de un proyecto sea adoptada dentro del plazo previsto en el artículo 10, apartado 1, del presente Reglamento.
            
            
               Artículo 8
            
            
               Organización del proceso de concesión de autorizaciones
            
            
               1. A más tardar el [1 de enero de 2022], cada Estado miembro actualizará, si procede, la designación de una autoridad nacional competente que será responsable de facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común.
            
            
               2. Las responsabilidades de la autoridad competente contemplada en el apartado 1 y/o los cometidos relativos a la misma podrán delegarse en otra autoridad o ser desempeñados por ella, por proyecto de interés común o por categoría de proyectos de interés común, a condición de que:
            
            
               a) la autoridad competente notifique a la Comisión dicha delegación y la información sea publicada por la autoridad competente o por el promotor de proyecto en el sitio web contemplado en el artículo 9, apartado 7;
            
            
               b) solamente una autoridad será responsable por cada proyecto de interés común, será el único punto de contacto para el promotor de proyecto en el procedimiento orientado a la decisión global relativa a un determinado proyecto de interés común, y coordinará la presentación de todos los documentos y la información pertinentes.
            
            
               La autoridad competente podrá conservar la responsabilidad de fijar plazos, sin perjuicio de los fijados en el artículo 10.
            
            
               3. Sin perjuicio de los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión, la autoridad competente facilitará la emisión de la decisión global. La decisión global será la prueba final de que el proyecto de interés común está listo para su desarrollo y de que no se impondrán otros requisitos de permisos o autorizaciones adicionales en este sentido. La decisión global se emitirá dentro del plazo mencionado en el artículo 10, apartados 1 y 2, y de acuerdo con uno de los procedimientos siguientes:
            
            
                     
                        a)
                     
                  
                  
                     
                        Sistema integrado
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        La decisión global será emitida por la autoridad competente y será la única decisión jurídicamente vinculante resultante del procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario. Cuando el proyecto afecte a otras autoridades, estas, de conformidad con la legislación nacional, podrán dar su opinión como aportación al procedimiento, que podrá ser tenida en cuenta por la autoridad competente.
                     
                  
               
                     
                        b)
                     
                  
                  
                     
                        Sistema coordinado
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        La decisión global comprenderá múltiples decisiones individuales jurídicamente vinculantes, emitidas por las diversas autoridades interesadas, que estarán coordinadas por la autoridad competente. La autoridad competente podrá establecer un grupo de trabajo en el que estarán representadas todas las autoridades interesadas a fin de elaborar un calendario para la concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 4, letra b), y de seguir y coordinar su aplicación. La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad con la legislación nacional, y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de la decisión correspondiente. La autoridad competente podrá tomar una decisión individual en nombre de otra autoridad nacional interesada, si la decisión adoptada por esta última autoridad no se ha emitido dentro del plazo y no se ha justificado adecuadamente el retraso; o bien, cuando así lo disponga el Derecho nacional, y en la medida en que ello sea compatible con el Derecho de la Unión, la autoridad competente podrá considerar que otra autoridad nacional interesada concede o deniega la aprobación del proyecto si dicha autoridad no emite su decisión dentro del plazo establecido. Cuando así lo disponga el Derecho nacional, la autoridad competente podrá hacer caso omiso de una decisión individual de otra autoridad nacional interesada, si considera que la decisión no está suficientemente motivada respecto a los elementos justificantes presentados por la autoridad nacional interesada; cuando obre de este modo, la autoridad competente velará por que se respeten los requisitos pertinentes en virtud del Derecho internacional y de la Unión y justificará debidamente su decisión.
                     
                  
               
                     
                        c)
                     
                  
                  
                     
                        Sistema de colaboración
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        La decisión global estará coordinada por la autoridad competente. La autoridad competente, en consulta con las demás autoridades interesadas, si procede de conformidad con la legislación nacional, y sin perjuicio de los plazos establecidos con arreglo al artículo 10, establecerá caso por caso un plazo razonable para la emisión de la decisión individual correspondiente. Observará el cumplimiento por las autoridades interesadas de los plazos fijados.
                     
                  
               
               La competencia de las autoridades interesadas podría incorporarse a la de la autoridad nacional competente designada en virtud del artículo 8, apartado 1, o bien las autoridades podrían mantener, en cierta medida, su competencia independiente de acuerdo con el sistema de autorizaciones respectivo elegido por el Estado miembro en virtud de este apartado, a fin de facilitar la emisión de la decisión global y cooperar con la autoridad nacional competente de la manera apropiada.
            
            
               Si una autoridad interesada prevé que no podrá emitir la decisión individual dentro del plazo fijado, se lo comunicará a la autoridad competente de inmediato, justificando debidamente el retraso. A continuación, la autoridad competente fijará otro plazo para la emisión de la decisión individual de que se trate, de acuerdo con los plazos generales dispuestos en el artículo 10.
            
            
               Vistas las particularidades nacionales de los procesos de planificación y de concesión de autorizaciones, los Estados miembros podrán elegir entre los tres sistemas contemplados en las letras a), b) y c) del párrafo primero para facilitar y coordinar sus procedimientos y desarrollar el sistema más eficaz. Si un Estado miembro elige el sistema de colaboración, informará a la Comisión de sus razones para ello. 
            
            
               4. Los Estados miembros podrán aplicar los diferentes sistemas expuestos en el apartado 3 a proyectos de interés común tanto en tierra como en alta mar. 
            
            
               5. Si un proyecto de interés común requiere que se adopten decisiones en dos o más Estados miembros, las autoridades competentes respectivas darán todos los pasos necesarios para establecer entre sí una cooperación y una coordinación eficientes y eficaces, incluyendo los pasos contemplados en el artículo 10, apartado 5. Los Estados miembros procurarán establecer procedimientos conjuntos, en particular en relación con la evaluación de los impactos ambientales.
            
            
               6. A más tardar el [31 de julio de 2022], y para cada Grupo regional específico por corredor de la red eléctrica marítima prioritario, tal y como se define en el anexo I, las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que pertenezcan al Grupo respectivo, crearán de manera conjunta puntos de contacto únicos, «ventanillas únicas marítimas», para los promotores de proyecto. Dichos puntos serán responsables de facilitar y coordinar el proceso de concesión de autorizaciones para las redes marítimas en proyectos de interés común en materia de energías renovables, teniendo en cuenta también la necesidad de coordinación entre el proceso de autorización para la infraestructura energética y aquel para los activos de generación. Las ventanillas únicas marítimas actuarán como depósito de los estudios y planes existentes sobre las cuencas marítimas, con el objetivo de simplificar el proceso de autorización de proyectos de interés común individuales y coordinar la toma de decisiones globales para dichos proyectos por parte de las autoridades nacionales competentes. Cada Grupo regional por corredor de la red marítima prioritario creará, con ayuda de las autoridades nacionales competentes de los Estados miembros que pertenezcan al Grupo, las ventanillas únicas marítimas en función de las especificidades y la geografía regionales, y determinarán su ubicación, asignación de recursos y normas específicas de funcionamiento.
            
            
               Artículo 9
            
            
               Transparencia y participación del público
            
         
         
            
               1. A más tardar el [1 de mayo de 2023], el Estado miembro o la autoridad competente, si procede en colaboración con las demás autoridades interesadas, publicará un manual de procedimiento actualizado para el proceso de concesión de autorizaciones aplicable a los proyectos de interés común, a fin de incluir, por lo menos, la información especificada en el punto 1 del anexo VI. El manual no será vinculante jurídicamente, pero podrá hacer referencia a disposiciones legales pertinentes o citarlas. Las autoridades nacionales competentes coordinarán e identificarán sinergias con los países vecinos a la hora de desarrollar su manual de procedimiento.
            
            
               2. Sin perjuicio de la legislación medioambiental y de cualquier requisito con arreglo a los Convenios de Aarhus y Espoo y a la legislación aplicable de la Unión, todas las partes implicadas en el proceso de concesión de autorizaciones deberán respetar los principios para la participación del público establecidos en el punto 3 del anexo VI.
            
            
               3. El promotor de proyecto, en el plazo indicativo de tres meses a partir del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra a), elaborará y presentará a la autoridad competente un plan conceptual para la participación del público, con arreglo al proceso descrito en el manual a que se refiere el apartado 1 conforme a las orientaciones del anexo VI. La autoridad competente solicitará modificaciones o aprobará el plan conceptual para la participación del público antes de que transcurran tres meses de su recepción. Al hacerlo, la autoridad competente tomará en consideración cualquier forma de participación y consulta pública que tuviera lugar antes del inicio del proceso de concesión de autorizaciones, en la medida en que la participación y consulta pública cumpla los requisitos del presente artículo.
            
            
               Si el promotor del proyecto tiene la intención de introducir cambios significativos en un concepto aprobado, informará de ello a la autoridad competente. En este caso, la autoridad competente podrá solicitar modificaciones.
            
            
               4. En caso de que la legislación nacional no lo requiera ya con los mismos criterios u otros más estrictos, el promotor de proyecto, o, cuando así lo establezca la legislación nacional, la autoridad competente, deberá realizar como mínimo una consulta pública antes de presentar el expediente de solicitud definitivo y completo a la autoridad competente con arreglo al artículo 10, apartado 1, letra a). Esa consulta pública se entenderá sin perjuicio de cualquier consulta pública que se lleve a cabo tras la presentación de la solicitud de autorización del proyecto de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2011/92/UE. La consulta pública informará a las partes interesadas a que se hace referencia en el anexo VI, punto 3, letra a), sobre el proyecto en una fase temprana y ayudará a determinar la localización o trayectoria más adecuada, también teniendo en cuenta las consideraciones apropiadas para el proyecto en términos de adaptación climática, y las cuestiones pertinentes que deban abordarse en el expediente de solicitud. La consulta pública cumplirá con los requisitos mínimos fijados en el anexo VI, punto 5. El promotor del proyecto publicará en su sitio web, al que hace referencia el apartado 7 del presente artículo, un informe sobre cómo se han tenido en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas en el que se muestren las modificaciones realizadas en la ubicación, la trayectoria y el diseño del proyecto, o en el que se justifique la razón por la que dichas opiniones no se han tenido en cuenta.
            
            
               El promotor de proyecto preparará un informe en el que resumirá los resultados de las actividades relacionadas con la participación del público antes de la presentación del expediente de solicitud, incluidas las actividades que tuvieran lugar antes del inicio del proceso de concesión de autorizaciones. 
            
            
               El promotor de proyecto presentará los informes mencionados en los párrafos primero y segundo, junto con el expediente de solicitud a la autoridad competente. La decisión global tendrá debidamente en cuenta los resultados de estos informes.
            
            
               5. En el caso de los proyectos transfronterizos que abarcan dos o más Estados miembros, las consultas públicas en virtud del apartado 4 en cada uno de los Estados miembros interesados tendrán lugar en un plazo máximo de dos meses contando a partir de la fecha de comienzo de la primera consulta pública.
            
            
               6. En el caso de los proyectos susceptibles de tener impactos transfronterizos significativos en uno o más Estados miembros vecinos, para los cuales sean aplicables el artículo 7 de la Directiva 2011/92/UE y el Convenio de Espoo, la información pertinente se pondrá a disposición de la autoridad competente de los Estados miembros vecinos interesados. Dicha autoridad competente indicará, en el proceso de notificación si procede, si desea tomar parte en los procedimientos de consulta pública pertinentes o si lo desea alguna otra autoridad afectada.
            
            
               7. El promotor del proyecto establecerá y actualizará de manera regular un sitio web específico del proyecto con información pertinente sobre el proyecto de interés común, que se vinculará al sitio web de la Comisión y a la plataforma de transparencia mencionada en el artículo 23, y que cumplirá con los requisitos indicados en el punto 6 del anexo VI. Deberá respetarse el carácter confidencial de la información sensible desde el punto de vista comercial.
            
            
               Los promotores de proyecto publicarán, además, información pertinente por otros medios de información adecuados abiertos al público.
            
            
               Artículo 10
            
            
               Duración y desarrollo del proceso de concesión de autorizaciones
            
            
               1. El proceso de concesión de autorizaciones constará de dos procedimientos:
            
            
               a) El procedimiento previo a la solicitud, que cubrirá el periodo entre el comienzo del proceso de concesión de autorizaciones y la aceptación por parte de la autoridad competente del expediente de solicitud presentado, deberá tener lugar en un plazo indicativo de dos años.
            
            
               El procedimiento previo a la solicitud incluirá la preparación de todos los informes medioambientales por parte de los promotores del proyecto, según sea necesario, incluyendo la documentación sobre adaptación climática. 
            
            
               A efectos del establecimiento del comienzo del proceso de concesión de autorizaciones, los promotores de proyecto notificarán por escrito el proyecto a la autoridad competente de los Estados miembros de que se trate, y acompañarán la notificación de una descripción razonablemente detallada del proyecto. En el plazo máximo de tres meses tras la recepción de la notificación, la autoridad competente acusará recibo o, si considera que el proyecto no está suficientemente maduro para entrar en el proceso de concesión de autorizaciones, rechazará por escrito la notificación, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas. En caso de rechazo, la autoridad competente deberá justificar su decisión, en nombre asimismo de otras autoridades interesadas. La fecha de la firma del acuse de recibo de la notificación por parte de la autoridad competente se considerará el inicio del proceso de concesión de autorizaciones. Cuando afecte a dos o más Estados miembros, la fecha de aceptación de la última notificación por parte de la autoridad competente interesada se considerará el inicio del proceso de concesión de autorizaciones.
            
            
               Las autoridades competentes garantizarán que la concesión de autorizaciones de acuerdo con este capítulo sea rápida en cada categoría de proyectos de interés común. Para ello, dichas autoridades competentes adaptarán sus requisitos para incoar el proceso de concesión de autorizaciones y aceptar el expediente de solicitud presentado, a fin de ajustarlos a proyectos que, por su naturaleza o menor envergadura, requieren menos autorizaciones y aprobaciones para alcanzar la fase en que están listos para su construcción, y, por lo tanto, puede que no se requiera un proceso previo a la solicitud. Entre dichos proyectos de menor envergadura pueden contarse las redes inteligentes de gas y electricidad y los electrolizadores.
            
            
               b) El procedimiento de concesión de autorizaciones reglamentario, que abarca el período desde la fecha de aceptación del expediente de solicitud presentado hasta la toma de la decisión global, no deberá superar un año y seis meses. Los Estados miembros podrán establecer una fecha límite más temprana para el plazo si lo consideran adecuado. 
            
            
               2. La autoridad competente se asegurará de que la duración combinada de los dos procedimientos a que se hace referencia en el apartado 1 no supere un periodo de tres años y seis meses. No obstante, si la autoridad competente considera que uno o los dos procedimientos de que consta el proceso de concesión de autorizaciones no se completarán dentro de los plazos establecidos en el apartado 1, podrá decidir, antes de su expiración y caso por caso, ampliar uno de esos dos plazos, o los dos, nueve meses como máximo para ambos procedimientos combinados. 
            
         
         
            
               En este caso, la autoridad competente informará al Grupo de que se trate y le presentará las medidas adoptadas o previstas para concluir el proceso de concesión de autorizaciones con la mayor brevedad posible. El Grupo podrá solicitar a la autoridad competente que le informe con regularidad sobre los progresos alcanzados en este sentido.
            
            
               3. Las autoridades competentes en el proceso de concesión de autorizaciones, antes de iniciar dicho proceso con arreglo al presente artículo, tendrán en cuenta todos los estudios válidos realizados y los permisos o las autorizaciones emitidos para un determinado proyecto de interés común, y no los volverán a exigir. 
            
            
               4. En los Estados miembros en los que la determinación de una ruta o una localización emprendida exclusivamente con la finalidad específica del proyecto previsto, incluida la planificación de corredores específicos para las infraestructuras de red, no pueda incluirse en el proceso encaminado a la decisión global, la decisión correspondiente se tomará en un plazo aparte de seis meses que se iniciará en la fecha de la presentación por el promotor de los documentos definitivos y completos de la solicitud.
            
            
               En tal caso, la ampliación del plazo contemplada en el apartado 2 se limitará a seis meses, incluido el proceso contemplado en el presente apartado.
            
            
               5. El procedimiento previo a la solicitud comprenderá los pasos siguientes:
            
            
               a) Tras acusar recibo de la notificación, con arreglo al apartado 1, letra a), la autoridad competente , sobre la base de la lista de verificación mencionada en el anexo VI, punto 1, letra e), determinará, en estrecha cooperación con las demás autoridades interesadas y, si procede, sobre la base de una propuesta del promotor del proyecto, el alcance de los informes y documentos y el nivel de detalle de la información que, como parte del expediente de la solicitud, deberá presentar el promotor del proyecto para solicitar la decisión global.
            
            
               b) La autoridad competente, en estrecha cooperación con el promotor de proyecto y otras autoridades interesadas y teniendo en cuenta los resultados de las actividades realizadas en virtud de la letra a), elaborará un calendario detallado para el proceso de concesión de autorizaciones con arreglo a las directrices fijadas en el anexo VI, punto 2.
            
            
               En el caso de los proyectos transfronterizos que abarcan a dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de los Estados miembros interesados se coordinarán para preparar un programa conjunto y ajustarán sus calendarios.
            
            
               c) Tras recibir el borrador del expediente de solicitud, la autoridad competente, si fuera necesario, por cuenta propia o en representación de otras autoridades interesadas, solicitará al promotor del proyecto que presente la información que falte en relación con los elementos solicitados mencionados en la letra a). En el plazo de tres meses a partir de la presentación de la información que faltase, la autoridad competente admitirá a examen la solicitud por escrito. Las solicitudes de información adicional solamente podrán realizarse si están justificadas por nuevas circunstancias.
            
            
               6. El promotor de proyecto velará por que el expediente de la solicitud esté completo y tenga la calidad adecuada y pedirá el dictamen de la autoridad competente sobre esta cuestión tan pronto como sea posible durante el procedimiento previo a la solicitud. El promotor de proyecto cooperará plenamente con la autoridad competente para cumplir los plazos y seguir el programa conjunto definido en el apartado 5, letra b).
            
            
               7. Las autoridades competentes se asegurarán de que ninguna de las modificaciones legislativas introducidas durante el proceso de concesión de autorizaciones afecte a la duración de cualquier proceso de concesión de autorizaciones incoado antes de que entraran en vigor tales modificaciones. 
            
            
               8. Los plazos establecidos en el presente artículo se entenderán sin perjuicio de las obligaciones resultantes del Derecho internacional y de la Unión y sin perjuicio de los procedimientos de recurso administrativos y judiciales ante un órgano jurisdiccional.
            
            
            
               CAPÍTULO IV
            
            
               PLANIFICACIÓN INTERSECTORIAL DE INFRAESTRUCTURAS 
            
            
               Artículo 11
            
            
               Análisis de costes y beneficios de todo el sistema energético 
            
            
               1. A más tardar el [16 de noviembre de 2022], la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) de electricidad y la REGRT de gas publicarán y presentarán a los Estados miembros, a la Comisión y a la Agencia sus metodologías respectivas, incluida la modelización de la red y del mercado, a efectos de un análisis armonizado de la relación entre costes y beneficios de todo el sistema energético de la Unión para los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), y punto 3. 
            
            
               Estas metodologías se aplicarán a la preparación de cada plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión subsiguiente elaborado por la REGRT de la electricidad o la REGRT del gas con arreglo al artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 715/2009 y al artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/943. Estas metodologías se elaborarán de acuerdo con los principios contemplados en el anexo V y serán coherentes con las normas y los indicadores previstos en el anexo IV.
            
            
               Antes de presentar sus metodologías respectivas, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas llevarán a cabo un amplio procedimiento de consulta en el que como mínimo deberán participar las organizaciones representantes de todas las partes interesadas pertinentes, incluidas la entidad de los gestores de redes de distribución de la Unión («entidad de los GRD de la UE»), todas las partes interesadas pertinentes del sector del hidrógeno y, si se considera oportuno, las autoridades reguladoras nacionales y otras autoridades nacionales.
            
         
         
            
               2. En el plazo de tres meses tras recibir las metodologías junto con los comentarios obtenidos del proceso de consulta y un informe sobre cómo se tuvieron en cuenta, la Agencia emitirá un dictamen a la REGRT de la electricidad, la REGRT del gas, los Estados miembros y la Comisión, y lo publicará en el sitio web de la Agencia.
            
            
               3. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas actualizarán las metodologías teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia, tal y como se prevé en el apartado 2, y las presentarán a la Comisión para obtener su dictamen.
            
            
               4. En el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se recibieron las metodologías actualizadas, la Comisión presentará su dictamen a la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas.
            
            
               5. A más tardar en el plazo de tres meses a partir del día de recepción del dictamen de la Comisión, tal y como se especifica en el apartado 4, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus respectivas metodologías teniendo debidamente en cuenta dicho dictamen, y las presentarán a la Comisión para su aprobación.
            
            
               6. Si los cambios de las metodologías se consideran solo incrementales y no afectan a la propia definición de los beneficios, los costes y otros parámetros pertinentes de costes y beneficios, tal y como se definen en la última metodología de análisis de costes y beneficios de todo el sistema energético aprobada por la Comisión, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus respectivas metodologías teniendo debidamente en cuenta el dictamen de la Agencia contemplado en el apartado 2, y las presentará a la Agencia para obtener su aprobación.
            
            
               7. De forma paralela, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presentarán a la Comisión un documento en el que se justifiquen los motivos de las actualizaciones propuestas y se explique por qué se consideran incrementales. Si la Comisión considera que las actualizaciones no son incrementales, solicitará por escrito a la REGRT de la electricidad y a la REGRT del gas que le presenten las metodologías. En ese caso, se aplicará el proceso descrito en los apartados 2 a 5.
            
            
               8. En el plazo de dos semanas a partir de la aprobación por parte de la Agencia o la Comisión de conformidad con los apartados 5 y 6, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán sus respectivas metodologías en sus páginas web. Publicarán las correspondientes series de datos de entrada y otros datos relevantes sobre la red, el flujo de carga y el mercado en una forma suficientemente precisa, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos de confidencialidad pertinentes.
            
            
               9. Las metodologías se actualizarán y mejorarán regularmente de conformidad con el procedimiento previsto en los apartados 1 a 6. La Agencia, por propia iniciativa o sobre la base de una solicitud debidamente motivada de las autoridades reguladoras nacionales o de las partes interesadas, y previa consulta oficial a las organizaciones que representen a todas las partes interesadas y a la Comisión, podrá solicitar dichas actualizaciones y mejoras con las debidas justificaciones y calendarios. La Agencia publicará las peticiones de las autoridades reguladoras nacionales o de las partes interesadas y todos los documentos no sensibles desde un punto de vista comercial que hayan suscitado una solicitud de actualización o mejora por parte de la Agencia.
            
            
               10. Cada tres años, la Agencia fijará y publicará una serie de indicadores y los valores de referencia correspondientes para comparar los costes unitarios de inversión de proyectos comparables de las categorías de infraestructuras contempladas en el anexo II, puntos 1 y 3. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas podrán emplear dichos valores de referencia para los análisis de costes y beneficios realizados para los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión subsiguientes. Los primeros indicadores se publicarán a más tardar el [1 de noviembre de 2022]. 
            
            
               11. A más tardar el [31 de diciembre de 2023], la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presentarán conjuntamente a la Comisión y a la Agencia un modelo coherente e interactivo de la red y el mercado energéticos que incluya la infraestructura de transporte de la electricidad, el gas y el hidrógeno, así como su almacenamiento, el GNL y los electrolizadores, que cubra los corredores y las áreas prioritarios de la infraestructura energética definidos conforme a los principios previstos en el anexo V.
            
            
               12. El modelo consistente e interactivo al que se hace referencia en el apartado 11 abarcará, como mínimo, las interconexiones de los respectivos sectores en todas las etapas de la planificación de infraestructuras —en concreto, los modelos hipotéticos—, la identificación de lagunas en las infraestructuras —en particular, en relación con las capacidades transfronterizas— y la evaluación de proyectos. 
            
            
               13. Después de que la Comisión apruebe el modelo coherente e interactivo mencionado en el apartado 11 de conformidad con el procedimiento previsto en los apartados 1 a 6, se incluirá en las metodologías a las que hace referencia el apartado 1.
            
            
               Artículo 12
            
            
               Supuestos para los planes decenales de desarrollo de la red
            
            
               1. A más tardar el [31 de julio de 2022], la Agencia, después de llevar a cabo un proceso de consulta exhaustiva en el que participen la Comisión y, al menos, las organizaciones que representen a todas las partes interesadas pertinentes —incluidas la REGRT de la electricidad, la REGRT del gas, la entidad de los GRD de la UE y las partes interesadas pertinentes del sector del hidrógeno—, publicará las directrices marco para los modelos hipotéticos conjuntos que desarrollarán la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas. Tales directrices se actualizarán periódicamente, conforme sea necesario.
            
            
               Dichas directrices incluirán el principio de la eficiencia energética primero y garantizarán que los supuestos subyacentes desarrollados por la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas estén totalmente en consonancia con los últimos objetivos de descarbonización de la Unión Europea a medio y largo plazo y los últimos modelos hipotéticos disponibles de la Comisión. 
            
            
               2. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas seguirán las directrices marco de la Agencia a la hora de elaborar los modelos hipotéticos conjuntos que se emplearán en los planes decenales de desarrollo de la red de la Unión. 
            
            
               3. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas invitarán a las organizaciones que representen a todas las partes interesadas pertinentes —incluidas la entidad de los GRD de la Unión y todas las partes interesadas pertinentes del sector del hidrógeno— a participar en el proceso de desarrollo de modelos hipotéticos.
            
            
               4. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán y presentarán el borrador del informe sobre los modelos hipotéticos conjuntos a la Agencia y a la Comisión para obtener sus respectivos dictámenes.
            
            
               5. En el plazo de tres meses tras recibir el borrador del informe sobre los modelos hipotéticos conjuntos, junto con los comentarios obtenidos del proceso de consulta y un informe sobre cómo se tuvieron en cuenta, la Agencia emitirá un dictamen a la REGRT de la electricidad, la REGRT del gas y la Comisión.
            
         
         
            
               6. La Comisión, tras considerar debidamente el dictamen de la Agencia tal y como se define en el apartado 5, presentará su dictamen a la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas.
            
            
               7. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán el informe sobre los modelos hipotéticos conjuntos, teniendo debidamente en cuenta el dictamen de la Agencia, de forma coherente con el dictamen de la Comisión, y presentará el informe actualizado a esta última para obtener su aprobación. 
            
            
               8. En el plazo de dos semanas a partir de la aprobación del informe sobre los modelos hipotéticos conjuntos por parte de la Comisión de acuerdo con el apartado 7, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán tal informe en sus respectivas páginas web. Publicarán los datos de entrada y salida correspondientes con la debida precisión, teniendo en cuenta la legislación nacional y los acuerdos de confidencialidad pertinentes.
            
            
               Artículo 13
            
            
               Identificación de lagunas en las infraestructuras
            
            
               1. Cada dos años, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas publicarán y presentarán a la Comisión y a la Agencia sus informes sobre lagunas en las infraestructuras elaborados en el marco de los planes decenales de desarrollo de la red de toda la Unión. 
            
            
               Al evaluar las lagunas en las infraestructuras, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas aplicarán el principio de la eficiencia energética primero y considerarán prioritarias todas las soluciones pertinentes no relacionadas con las infraestructuras para subsanar las lagunas identificadas. 
            
            
               Antes de presentar sus informes respectivos, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas llevarán a cabo un amplio procedimiento de consulta en el que deberán participar todas las partes interesadas pertinentes —incluidas la entidad de los GRD de la Unión, todas las partes interesadas pertinentes del sector del hidrógeno— y los representantes de todos los Estados miembros que formen parte de los corredores prioritarios definidos en el anexo I. 
            
            
               2. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas presentarán los borradores de informes sobre lagunas en las infraestructuras a la Agencia y a la Comisión para obtener sus respectivos dictámenes.
            
            
               3. En el plazo de tres meses tras recibir el informe sobre lagunas en las infraestructuras junto con los comentarios obtenidos del proceso de consulta y un informe sobre cómo se tuvieron en cuenta, la Agencia presentará su dictamen ante la REGRT de la electricidad o la REGRT del gas, y ante la Comisión.
            
            
               4. La Comisión, tras considerar el dictamen de la Agencia definido en el apartado 3, elaborará y presentará su dictamen a la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas.
            
            
               5. La REGRT de la electricidad y la REGRT del gas adaptarán sus informes sobre lagunas en las infraestructuras de conformidad con el dictamen de la Agencia y de manera coherente con el de la Comisión antes de publicar los informes finales.
            
            
            
               CAPÍTULO V
            
            
               REDES MARÍTIMAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
            
            
               Artículo 14
            
            
               Planificación de redes marítimas
            
            
               1. A más tardar el [31 de julio de 2022], los Estados miembros, con ayuda de la Comisión, dentro de sus corredores prioritarios específicos de la red marítima, definidos en el anexo I, punto 2, y teniendo en cuenta las especificidades y la evolución de cada región, definirán de manera conjunta el volumen de energía renovable marítima que se generará e implantará en cada cuenca marítima antes de 2050, con pasos intermedios en 2030 y 2040, y acordarán cooperar al respecto, habida cuenta de sus planes nacionales energéticos y climáticos, el potencial de cada cuenca marítima en términos de energía renovable marítima, la protección medioambiental, la adaptación climática y otros usos del mar, así como las metas de descarbonización de la Unión. Ese acuerdo se celebrará por escrito en lo referente a cada cuenca marítima vinculada al territorio de la Unión.
            
            
               2. A más tardar el [31 de julio de 2023], la REGRT de la electricidad, con la participación de los gestores de redes de transporte pertinentes, de las autoridades reguladoras nacionales y de la Comisión, y de conformidad con el acuerdo mencionado en el apartado 1, desarrollará y publicará planes integrados de desarrollo de redes marítimas a partir de los objetivos para 2050, con pasos intermedios para 2030 y 2040, para cada cuenca marítima, de acuerdo con los corredores de la red marítima prioritarios definidos en el anexo I, teniendo en cuenta la protección medioambiental y otros usos del mar. En adelante, dichos planes integrados de desarrollo de redes marítimas se actualizarán cada tres años.
            
            
               3. Los planes integrados de desarrollo de redes marítimas serán compatibles con los últimos planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión para asegurar la elaboración coherente de la planificación de redes terrestres y marítimas.
            
         
         
            
               4. La REGRT de la electricidad presentará el borrador de los planes integrados de desarrollo de redes marítimas a la Comisión para obtener su dictamen. 
            
            
               5. La REGRT de la electricidad adaptará los planes integrados de desarrollo de redes marítimas teniendo debidamente en cuenta el dictamen de la Comisión antes de publicar los informes finales, y los presentará a los corredores de la red marítima prioritarios pertinentes, establecidos en el anexo I.
            
            
               6. Para garantizar el desarrollo oportuno de las redes marítimas para la energía renovable, si la REGRT de la electricidad no elabora a tiempo los planes integrados de desarrollo de redes marítimas, mencionados en el apartado 2, la Comisión, con ayuda de asesoramiento experto, elaborará un plan integrado de desarrollo de redes marítimas por cuenca marítima para cada corredor de la red marítima prioritario, establecido en el anexo I. 
            
            
                Artículo 15
            
            
               Redes marítimas para la distribución transfronteriza de costes en materia de energías renovables
            
            
               1. La Comisión desarrollará, por medio de actos de ejecución, principios para una metodología específica de coste-beneficio y distribución de costes para la ejecución del plan integrado de desarrollo de redes marítimas indicado en el artículo 14, apartado 2, de conformidad con el acuerdo mencionado en el artículo 14, apartado 1, como parte de las directrices a que hace referencia el artículo 16, apartado 10. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 21, apartado 2.
            
            
               2. En el plazo de doce meses desde la publicación de los principios mencionados en el apartado 1, la REGRT de la electricidad, con la participación de los gestores de redes de transporte pertinentes, las autoridades reguladoras nacionales y la Comisión, presentará los resultados de la aplicación de la metodología de coste-beneficio y distribución de costes a los corredores de la red marítima prioritarios.
            
            
               3. En el plazo de seis meses a partir de la presentación de los resultados mencionada en el apartado 2, los Estados miembros pertinentes actualizarán su acuerdo por escrito, al que se hace referencia en el artículo 14, apartado 1, con la definición conjunta actualizada del volumen de energía renovable marítima que se generará e instalará en cada cuenca marítima en 2050, con pasos intermedios en 2030 y 2040, y el acuerdo de cooperación pertinente para alcanzar dichos volúmenes. 
            
            
               4. En el plazo de seis meses desde la actualización de los acuerdos por escrito mencionados en el apartado 3 para cada cuenca marítima, la REGRT de la electricidad actualizará los planes integrados de desarrollo de redes marítimas siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 14, apartados 2 a 5. Se aplicará el procedimiento descrito en el artículo 14, apartado 6. 
            
            
            
               CAPÍTULO VI
            
            
               MARCO REGLAMENTARIO
            
            
               Artículo 16
            
            
               Posibilitar inversiones con impactos transfronterizos
            
            
               1. Los costes de inversión considerados eficientes, lo que excluye los costes de mantenimiento, relacionados con un proyecto de interés común incluido en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), y los proyectos de interés común previstos en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, que son competencia de las autoridades reguladoras nacionales, correrán a cargo de los gestores de redes de transporte de que se trate o de los promotores de proyecto de la infraestructura de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un impacto positivo neto y, en la medida en que no estén cubiertos por los ingresos derivados de la congestión o por otras tasas, serán pagados por los usuarios de la red a través de las tarifas de acceso a la red en el Estado o Estados miembros en cuestión.
            
            
               2. Las disposiciones de este artículo se aplicarán a los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), si al menos uno de los promotores de proyecto solicita a las autoridades nacionales pertinentes que las apliquen a los costes del proyecto. Solo se aplicarán a los proyectos de interés común incluidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, si procede, cuando se haya llevado a cabo una evaluación de la demanda del mercado que muestre que cabe esperar que los costes de inversión considerados eficientes puedan cubrirse con las tarifas.
            
            
               Los proyectos incluidos en la categoría estipulada en el anexo II, punto 1, letra e), y punto 2, podrán beneficiarse de las disposiciones de este artículo si al menos un promotor de proyecto solicita su aplicación a las autoridades nacionales pertinentes.
            
            
               Si en un proyecto participan varios promotores de proyecto, las autoridades reguladoras nacionales pertinentes solicitarán sin demora a todos esos promotores que les presenten conjuntamente la solicitud de inversión con arreglo al apartado 3.
            
            
               3. Para los proyectos de interés común a los que se aplique lo dispuesto en el apartado 1, el promotor del proyecto deberá informar regularmente, al menos una vez al año y hasta la puesta en servicio del proyecto, a todas las autoridades reguladoras nacionales pertinentes del progreso de dicho proyecto y de los costes e impactos asociados con él.
            
            
               Tan pronto como un proyecto de común interés haya alcanzado suficiente madurez, y se estime que está listo para iniciar la fase de construcción en los siguientes treinta y seis meses, los promotores del proyecto, previa consulta a los gestores de redes de transporte de los Estados miembros a los que el proyecto aportará un impacto positivo neto significativo, presentarán una solicitud de inversión. Dicha solicitud de inversión incluirá una solicitud de distribución transfronteriza de costes y se presentará a todas las autoridades reguladoras nacionales pertinentes interesadas, acompañada de los siguientes elementos:
            
         
         
            
               a) un análisis de costes y beneficios actualizado, específico del proyecto y coherente con la metodología elaborada en virtud del artículo 11, que tenga en cuenta los beneficios aportados más allá de las fronteras de los Estados miembros en el territorio en el que se localiza el proyecto, utilizando el mismo escenario que se empleó en el proceso de selección para elaborar la lista de la Unión donde se incluye el proyecto de interés común;
            
            
               b) un plan estratégico que evalúe la viabilidad financiera del proyecto, incluida la solución de financiación elegida y, para proyectos de interés común que entren dentro de la categoría establecida en el anexo II, punto 3, los resultados de las pruebas de mercado; 
            
            
               c) si los promotores de proyecto llegan a un acuerdo al respecto, una propuesta motivada de distribución transfronteriza de los costes.
            
            
               Si un proyecto lo promueven varios promotores de proyecto, presentarán su solicitud conjuntamente.
            
            
               Al momento de su recepción, las autoridades reguladoras nacionales enviarán de inmediato a la Agencia una copia de cada solicitud de inversión, con propósitos informativos. 
            
            
               Las autoridades reguladoras nacionales y la Agencia mantendrán la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.
            
            
               4. En el plazo de seis meses a partir de la fecha en que las autoridades reguladoras nacionales pertinentes hayan recibido la última solicitud de inversión, dichas autoridades, previa consulta a los promotores de proyecto de que se trate, adoptarán decisiones coordinadas conjuntas sobre la distribución de los costes de inversión que deberá asumir cada operador del sistema para dicho proyecto, así como sobre su inclusión en las tarifas. Las autoridades reguladoras nacionales incluirán todos los costes de inversión considerados eficientes en las tarifas, de acuerdo con la distribución de costes de inversión que deberá asumir cada operador del sistema para el proyecto. Posteriormente y si corresponde, las autoridades reguladoras nacionales evaluarán si pueden surgir problemas relativos a la asequibilidad debido a la inclusión de los costes de inversión en las tarifas.
            
            
               En el momento de distribuir los costes, las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los valores reales o estimados de:
            
            
               –a) los ingresos derivados de la congestión u otras tasas,
            
            
               –b) los ingresos procedentes del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte establecido con arreglo al artículo 49 del Reglamento (UE) 2019/943.
            
            
               La distribución transfronteriza de los costes tendrá en cuenta los costes y beneficios económicos, sociales y medioambientales de los proyectos en los Estados miembros interesados, así como la necesidad de garantizar un marco financiero estable para el desarrollo de los proyectos de interés común a la vez que se minimiza la necesidad de apoyo financiero.
            
            
               Para distribuir los costes a través de las fronteras, las autoridades reguladoras nacionales competentes consultarán a los gestores de redes de transporte interesados y buscarán un acuerdo mutuo basado, entre otras cosas, en la información especificada en el apartado 3, letras a) y b). Su evaluación se basará en el mismo escenario empleado en el proceso de selección para la elaboración de la lista de la Unión en la que se incluye el proyecto de interés común.
            
            
               Si un proyecto de interés común reduce las externalidades negativas, como los «flujos en bucle», y este proyecto de interés común se ejecuta en el Estado miembro en el que se encuentra el origen de la externalidad negativa, esa reducción no se considerará un beneficio transfronterizo, por lo que no servirá de base para atribuir costes al gestor de redes de transporte de los Estados miembros afectados por tales externalidades negativas.
            
            
               5. Las autoridades reguladoras nacionales, basándose en la distribución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 4 del presente artículo, tendrán en cuenta los costes reales incurridos por un gestor de redes de transporte u otro promotor de proyecto como resultado de las inversiones cuando determinen o aprueben las tarifas de conformidad con el artículo 59, apartado 1, letra a), de la Directiva (UE) 2019/944 y el artículo 41, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/73/CE, en la medida en que dichos costes correspondan a los de un gestor eficiente y estructuralmente comparable.
            
            
               Las autoridades reguladoras nacionales notificarán sin demora a la Agencia la decisión relativa a la distribución de los costes, junto con toda la información pertinente relacionada con la misma. En particular, la decisión sobre la distribución de costes contendrá las justificaciones detalladas de dicha distribución entre los Estados miembros, incluyendo lo siguiente:
            
            
               a) una evaluación de los impactos detectados en cada Estado miembro interesado, incluyendo los relativos a las tarifas de red;
            
            
               b) una evaluación del plan estratégico mencionado en el apartado 3, letra b);
            
            
               c) las externalidades positivas regionales o de toda la Unión, como la seguridad del suministro, la flexibilidad del sistema, la solidaridad o la innovación, que generaría el proyecto;
            
            
               d) los resultados de la consulta con los promotores de proyecto en cuestión.
            
            
               La decisión de distribución de los costes será publicada.
            
         
         
            
               6. Si las autoridades reguladoras nacionales pertinentes no han alcanzado un acuerdo sobre la solicitud de inversión en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que la última de dichas autoridades haya recibido la solicitud, informarán sin demora a la Agencia.
            
            
               En este caso, o previa solicitud de al menos una de las autoridades reguladoras nacionales pertinentes, la decisión relativa a la solicitud de inversión, incluida la distribución transfronteriza de los costes mencionada en el apartado 3, así como la necesidad de incluir los costes de las inversiones, en su totalidad, tal y como se distribuyen en las tarifas a través de las fronteras , será adoptada por la Agencia en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya sido remitida a la Agencia.
            
            
               Antes de adoptar tal decisión, la Agencia consultará a las autoridades reguladoras nacionales pertinentes y a los promotores del proyecto. El plazo de tres meses a que se hace referencia en el párrafo segundo podrá prorrogarse dos meses más si la Agencia solicita información adicional. Este plazo adicional comenzará a contar a partir del día siguiente al de la recepción de la información completa.
            
            
               La evaluación de la Agencia se basará en el mismo escenario empleado en el proceso de selección para la elaboración de la lista de la Unión en la que se incluye el proyecto de interés común.
            
            
               La Agencia mantendrá la manera en que se incluyen los costes de inversión en las tarifas en consonancia con la distribución de costes transfronteriza prescrita para la determinación de las autoridades nacionales pertinentes al momento de la ejecución de la decisión, de conformidad con la legislación nacional. 
            
            
               Se publicará la decisión sobre la solicitud de inversión, incluyendo la distribución de costes transfronteriza. Se aplicarán el artículo 25, apartado 3, y los artículos 28 y 29 del Reglamento (UE) 2019/942.
            
            
               7. La Agencia transmitirá sin demora a la Comisión una copia de todas las decisiones de distribución de los costes, junto con toda la información pertinente relativa a cada decisión. Dicha información podrá presentarse de forma agregada. La Comisión mantendrá la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.
            
            
               8. Las decisiones de distribución de costes no afectarán al derecho de los gestores de redes de transporte de aplicar, y de las autoridades reguladoras nacionales de aprobar, tarifas de acceso a las redes de conformidad con el artículo 6 de la Directiva (UE) 2019/944 y el artículo 32 de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 18, apartados 1 y 3 a 6, del Reglamento (UE) 2019/943, y el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 715/2009.
            
            
               9. El presente artículo no se aplicará a los proyectos de interés común que hayan obtenido una exención:
            
            
               a) de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de dicha Directiva;
            
            
               b) del artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2019/943, o del artículo 6, del artículo 59, apartado 7, y del artículo 60, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/944, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento (UE) 2019/943;
            
            
               c) de las normas de separación o de acceso para terceros en virtud del artículo 64 del Reglamento (UE) 2019/943 y del artículo 66 de la Directiva (UE) 2019/944; o
            
            
               d) en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 714/2009.
            
            
               10. A más tardar el [31 de diciembre de 2022], la Comisión adoptará los actos de ejecución que contengan directrices vinculantes a fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente artículo y las redes marítimas para la distribución de costes transfronteriza en materia de energías renovables mencionadas en el artículo 15, apartado 1. Las directrices también abordarán la situación especial de las redes marítimas para proyectos de interés común en materia de energía renovable al estipular principios sobre la manera en que se coordinarán la distribución de costes transfronteriza con los acuerdos de financiación, de mercado y políticos de los centros de generación de energía marítima relacionados con ellas. Cuando adopten o modifiquen las directrices, la Comisión consultará a la ACER, a la REGRT de la electricidad, a la REGRT del gas y, si procede, a otras partes interesadas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 21, apartado 2.
            
            
               Artículo 17
            
            
               Incentivos
            
            
               1. Cuando un promotor de proyecto asuma riesgos más elevados para el desarrollo, la construcción, la explotación o el mantenimiento de un proyecto de interés común que sea competencia de las autoridades reguladoras nacionales, que los riesgos que normalmente entrañaría un proyecto de infraestructura comparable, los Estados miembros y las autoridades reguladoras nacionales velarán por que se concedan incentivos adecuados para dicho proyecto de conformidad con el artículo 58, letra f), de la Directiva (UE) 2019/944, el artículo 41, apartado 8, de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 18, apartados 1 y 3 a 6, del Reglamento (CE) 2019/943 y el artículo 13 del Reglamento (CE) n.º 715/2009.
            
            
               El párrafo primero no se aplicará si el proyecto de interés común obtuvo una exención:
            
            
               a) de los artículos 32, 33, 34 y del artículo 41, apartados 6, 8 y 10, de la Directiva 2009/73/CE, de conformidad con el artículo 36 de dicha Directiva;
            
            
               b) del artículo 19, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2019/943, o del artículo 6, del artículo 59, apartado 7, y del artículo 60, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/944, de conformidad con el artículo 63 del Reglamento (UE) 2019/943;
            
         
         
            
               c) en virtud del artículo 36 de la Directiva 2009/73/CE; 
            
            
               d) en virtud del artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 714/2009.
            
            
               2. A la hora de tomar la decisión de conceder los incentivos a que se refiere el apartado 1, las autoridades reguladoras nacionales tendrán en cuenta los resultados del análisis de los costes y beneficios sobre la base de la metodología elaborada de conformidad con el artículo 11 y, en particular, las externalidades positivas regionales o a escala de la Unión generadas por el proyecto. Las autoridades reguladoras nacionales seguirán analizando los riesgos específicos a que estará expuesto el promotor o promotores del proyecto, las medidas de mitigación de riesgos adoptadas y la justificación del perfil de riesgo a la vista del impacto positivo neto proporcionado por el proyecto, comparado con una alternativa de menor riesgo. Los riesgos que podrán tenerse en cuenta a este fin serán, en particular, los riesgos relativos a nuevas tecnologías de transporte, tanto en tierra como en alta mar, los riesgos relativos a la recuperación parcial de los costes y los riesgos de desarrollo. 
            
            
               3. La decisión tendrá en cuenta el carácter específico del riesgo asumido y podrá conceder incentivos que cubran, entre otras, las siguientes medidas:
            
            
               a) las normas para las inversiones anticipadoras; 
            
            
               b) las normas para el reconocimiento de costes eficientes realizados antes de la puesta en servicio del proyecto; 
            
            
               c) las normas para obtener un rendimiento adicional sobre el capital invertido para el proyecto; 
            
            
               d) cualquier otra medida considerada necesaria y adecuada.
            
            
               4. A más tardar el [31 de julio de 2022], cada una de las autoridades reguladoras nacionales presentará a la Agencia su metodología y los criterios utilizados para evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura energética y los riesgos más elevados asumidos, con actualizaciones conforme a la evolución reciente de la legislación, las políticas, la tecnología y el mercado. Dicha metodología y criterios también abordarán, de manera explícita, los riesgos específicos que asumen las redes marítimas de energía renovable mencionadas en el anexo II, punto 1, letra e), y los proyectos que incurren en gastos de operaciones significativos a la vez que tienen un gasto de capital bajo.
            
            
               5. A más tardar el [31 de diciembre de 2022], teniendo debidamente en cuenta la información recibida de conformidad con el apartado 4 del presente artículo, la Agencia facilitará que se compartan las buenas prácticas y hará recomendaciones de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) 2019/942:
            
            
               a) en relación con los incentivos mencionados en el apartado 1 sobre la base de una evaluación comparativa de las mejores prácticas de las autoridades reguladoras nacionales;
            
            
               b) en relación con una metodología común para evaluar los riesgos más elevados asumidos en las inversiones en proyectos de infraestructura energética.
            
            
               6. A más tardar el [31 de marzo de 2023], cada una de las autoridades reguladoras nacionales publicará su metodología y los criterios utilizados para evaluar las inversiones en proyectos de infraestructura energética y los riesgos más elevados que hayan asumido.
            
            
               7. Cuando las medidas mencionadas en los apartados 5 y 6 no sean suficientes para garantizar la ejecución oportuna de proyectos de interés común la Comisión podrá publicar orientaciones relativas a los incentivos establecidos en el presente artículo.
            
            
               CAPÍTULO VII
            
            
               FINANCIACIÓN
            
            
               Artículo 18
            
            
               Admisibilidad de los proyectos para la ayuda financiera de la Unión según el Reglamento (UE)... [sobre el Mecanismo «Conectar Europa» propuesto en la COM(2018)438]
            
            
               1. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II pueden optar a una ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para estudios e instrumentos financieros.
            
            
               2. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), y el anexo II, punto 3, excepto los proyectos de almacenamiento de electricidad con hidrobombeo, también pueden optar a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos si cumplen todos los criterios siguientes:
            
         
         
            
               a) el análisis de costes y beneficios específico del proyecto, con arreglo al artículo 16, apartado 3, letra a), demuestra la existencia de externalidades positivas significativas, como la seguridad de suministro, la flexibilidad del sistema, la solidaridad o la innovación;
            
            
               b) el proyecto ha obtenido una decisión de distribución transfronteriza de los costes de conformidad con el artículo 16, o, en el caso de proyectos de interés común recogidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, si no son competencia de las autoridades reguladoras nacionales y, por lo tanto, no obtienen una decisión de distribución transfronteriza de los costes, el proyecto estará dirigido a ofrecer servicios transfronterizos, aportar innovación tecnológica y garantizar la seguridad del funcionamiento de la red transfronteriza;
            
            
               c) el proyecto es inviable desde el punto de vista comercial de acuerdo con el plan estratégico y otras evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o por la autoridad reguladora nacional. La decisión sobre los incentivos y su justificación contemplada en el artículo 17, apartado 2, se tendrá en cuenta a la hora de evaluar la viabilidad comercial del proyecto.
            
            
               3. Los proyectos de interés común realizados de acuerdo con el procedimiento mencionado en el artículo 5, apartado 7, letra d), también podrán optar a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si cumplen los criterios establecidos en el apartado 2 del presente artículo.
            
            
               4. Los proyectos de interés común incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letra d), y los puntos 2 y 5, podrán optar también a la ayuda financiera de la Unión en forma de subvenciones para trabajos, si los promotores de proyecto de que se trate pueden demostrar claramente las externalidades positivas significativas, como la seguridad del suministro, la flexibilidad del sistema, la solidaridad y la innovación, generadas por los proyectos y presentar pruebas claras de su falta de viabilidad comercial, de acuerdo con el análisis de costes y beneficios, el plan estratégico y las evaluaciones realizadas, en particular, por inversores o acreedores potenciales o, cuando proceda, por una autoridad reguladora nacional.
            
            
               5. Los proyectos de interés mutuo se asimilarán con los de interés común y podrán optar a recibir ayuda financiera de la Unión. Solo las inversiones situadas en el territorio de la Unión que formen parte del proyecto de interés mutuo podrán optar a recibir ayudas financieras de la Unión en forma de subvenciones para los trabajos si satisfacen los criterios previstos en el apartado 2, y si la decisión de distribución de costes transfronteriza mencionada en el apartado 2, letra b), distribuye costes entre fronteras para al menos dos Estados miembros en una proporción significativa en cada Estado miembro. 
            
            
               Artículo 19
            
            
               Orientación sobre los criterios de concesión de ayuda financiera de la Unión
            
            
               Los criterios específicos establecidos en el artículo 4, apartado 3, y los parámetros fijados en el artículo 4, apartado 5, se aplicarán para establecer los criterios de concesión de la ayuda financiera de la Unión en el Reglamento (UE)... [relativo al Mecanismo «Conectar Europa», propuesto en el documento COM(2018)438].
            
            
            
               CAPÍTULO VIII
            
            
               DISPOSICIONES FINALES
            
            
               Artículo 20
            
            
               Ejercicio de la delegación
            
            
               1. Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
            
            
               2. Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 3 se otorgan a la Comisión por un período de siete años a partir del [1 de enero de 2022]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de siete años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.
            
            
               3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 3 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de ningún acto delegado ya en vigor.
            
            
               4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
            
            
               5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
            
            
         
         
            
               Artículo 21
            
            
               Procedimiento de Comité
            
            
               1. La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité lo será en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011. 
            
            
               2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado será de aplicación el artículo 4 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
            
            
            
               Artículo 22
            
            
               Informes y evaluación
            
            
               A más tardar el 31 de diciembre de 2027, la Comisión publicará un informe sobre la ejecución de los proyectos de interés común y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe contendrá una evaluación de:
            
            
               a) los avances realizados en la planificación, desarrollo, construcción y puesta en servicio de proyectos de interés común seleccionados de conformidad con el artículo 3 y, si procede, los retrasos en la ejecución y otras dificultades encontradas;
            
            
               b) los fondos comprometidos y desembolsados por la Unión para proyectos de interés común, comparados con el valor total de los proyectos de interés común financiados;
            
            
               c) los progresos logrados en términos de integración de fuentes de energía renovable y emisiones de gases de efecto invernadero reducidas por medio de la planificación, el desarrollo, la construcción y la puesta en servicio de los proyectos de interés común seleccionados de acuerdo con el artículo 3;
            
            
               d) los progresos logrados en la planificación, el desarrollo, la construcción y la puesta en servicio de redes marítimas de energía renovable y la implantación permitida de la energía renovable marítima;
            
            
               e) por lo que respecta a los sectores de la electricidad y el hidrógeno, la evolución del nivel de interconexión entre Estados miembros, la evolución equivalente de los precios de la energía, así como el número de casos de fallos sistémicos de la red, sus causas y los costes económicos correspondientes;
            
            
               f) el proceso de concesión de autorizaciones y la participación del público, en particular:
            
            
               i) la duración total media y máxima del proceso de concesión de autorizaciones para los proyectos de interés común, incluida la duración de cada fase del procedimiento previo a la solicitud, en comparación con el calendario previsto para las etapas importantes iniciales a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 5;
            
            
               ii) el nivel de oposición con que se han enfrentado los proyectos de interés común, en particular, el número de objeciones por escrito recibidas durante el proceso de consulta pública y el número de acciones judiciales de recurso, etc.;
            
            
               iii) una descripción de las mejores prácticas innovadoras en términos de participación de las partes interesadas y de mitigación del impacto medioambiental durante los procesos de concesión de la autorización y de aplicación del proyecto, incluyendo la adaptación climática;
            
            
               iv) la eficiencia de los procedimientos contemplados en el artículo 8, apartado 3, en relación con el cumplimiento de los plazos establecidos en el artículo 10;
            
            
               g) el tratamiento normativo, en particular:
            
            
               i) el número de proyectos de interés común que han obtenido una decisión de distribución transfronteriza de costes de conformidad con el artículo 16;
            
         
         
            
               ii) el número y tipo de proyectos de interés común que han recibido incentivos específicos de conformidad con el artículo 17;
            
            
               h) la eficiencia de la contribución del presente Reglamento a los objetivos para 2030 en materia de clima y energía y, a largo plazo, a la consecución de la neutralidad climática en 2050.
            
            
               Artículo 23
            
            
               Información y publicidad
            
            
               La Comisión establecerá y mantendrá una plataforma de transparencia de fácil acceso para el público general por medio de internet. La plataforma se actualizará periódicamente con datos de los informes mencionados en el artículo 5, apartado 1, y el sitio web indicado en el artículo 9, apartado 7. La plataforma deberá incluir la siguiente información:
            
            
               a) información general actualizada, por ejemplo, información geográfica, para cada proyecto de interés común;
            
            
               b) el plan de ejecución, tal como se establece en el artículo 5, apartado 1, para cada proyecto de interés común presentado de una manera que permita evaluar los progresos en la aplicación en cualquier momento;
            
            
               c) los principales beneficios esperados y los costes de los proyectos, excepto toda información sensible desde el punto de vista comercial;
            
            
               d) la lista de la Unión;
            
            
               e) los fondos asignados y desembolsados por la Unión para cada proyecto de interés común.
            
            
               Artículo 24
            
            
               Disposiciones transitorias
            
            
               El Reglamento no afectará a la concesión, la continuación o la modificación de las ayudas financieras otorgadas por la Comisión de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  47
               .
            
            
               Artículo 25
            
            
               Modificación del Reglamento (CE) n.º 715/2009
            
            
               En el artículo 8, apartado 10, del Reglamento (CE) n.º 715/2009, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «La REGRT del gas adoptará y publicará cada dos años el plan de desarrollo de la red a escala de la Unión a que se refiere el apartado 3, letra b). El plan de desarrollo de la red a escala de la Unión incluirá la modelización de la red integrada, incluyendo las redes de hidrógeno, la elaboración de modelos hipotéticos, las perspectivas europeas sobre la adecuación del suministro y una evaluación de la robustez de la red».
            
            
            
               Artículo 26
            
            
               Modificación de la Directiva 2009/73/CE
            
         
         
            
               En el artículo 41, apartado 1, de la Directiva 2009/73/CE, se añade el inciso v):
            
            
               «v) cumplir las obligaciones a que hacen referencia el artículo 3, el artículo 5, apartado 7, y los artículos 14, 15, 16 y 17 del [Reglamento RTE-E tal y como se propone en la COM(2020)824];»
            
            
            
               Artículo 27
            
            
               Modificaciones de la Directiva (UE) 2019/944
            
            
               En el artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2019/944, se añade el inciso zz): 
            
            
               «zz) cumplir las obligaciones previstas en el artículo 3, el artículo 5, apartado 7, y los artículos 14, 15, 16 y 17 [del Reglamento RTE-E, tal y como se propone en la COM(2020)824];»
            
            
            
               Artículo 28
            
            
               Modificación del Reglamento (UE) 2019/943
            
            
               La primera frase del artículo 48 del Reglamento (UE) 2019/943 se sustituye por el texto siguiente:
            
            
               «El plan de desarrollo de la red a escala de la Unión al que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra b), incluirá la modelización de la red integrada con, entre otras cosas, la elaboración de modelos hipotéticos y una evaluación de la resiliencia del sistema. Será plenamente coherente con el análisis europeo de cobertura desarrollado en virtud del artículo 23».
            
            
               Artículo 29
            
            
               Modificación del Reglamento (UE) 2019/942
            
            
               El texto del artículo 11, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2019/942 se sustituye por lo siguiente:
            
            
               c) cumplir las obligaciones a que hacen referencia el artículo 5, el artículo 11, apartados 2, 8, 9 y 10, los artículos 12 y 13 y el artículo 17, apartado 5, así como el anexo III, punto 12, [del Reglamento RTE-E, tal y como se propone en la COM(2020)824];
            
            
               d) adoptar decisiones sobre la aprobación de cambios incrementales de las metodologías de análisis de costes y beneficios de conformidad del artículo 11, apartado 6, y las solicitudes de inversión que incluyen la distribución de costes transfronteriza, de conformidad con el artículo 16, apartado 6, [del Reglamento RTE-E, tal y como se propone en la COM(2020)824].
            
            
               Artículo 30
            
            
               Derogación
            
            
               El Reglamento (UE) n.º 347/2013 queda derogado a partir del 1 de enero de 2022. El presente Reglamento no confiere derecho alguno a los proyectos enumerados en los anexos del Reglamento (UE) n.º 347/2013.
            
         
         
            
               Artículo 31
            
            
               Entrada en vigor
            
            
               El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
            
            
               Será aplicable a partir del [1 de enero de 2022].
            
            
               El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
            
            
               Hecho en Bruselas, el
            
            
               
                  Por el Parlamento Europeo
                        Por el Consejo
               
               
                  El Presidente
                        El Presidente
               
               
                  [...]
                        [...]
                  
               
            
            
               
                  
               
            
            
               FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA «AGENCIAS»
            
            
               1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
            
            
               1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa
            
            
               
                  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013 
               
            
            
               1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s)
            
            
               
                  Ámbito de actuación: I. Mercado único, innovación y economía digital
               
               
                  Actividad: 02. Inversiones estratégicas europeas
               
            
            
               1.3.La propuesta se refiere a 
            
            
               ◻una acción nueva 
            
         
         
            
               ◻ una acción nueva a raíz de un proyecto piloto/una acción preparatoria
                  48
                
            
            
               ☒ la prolongación de una acción existente 
            
            
               ◻ una fusión o reorientación de una o más acciones hacia otra/una nueva acción 
            
            
               1.4.Objetivo(s)
            
            
               1.4.1.Objetivo(s) general(es) 
            
            
               
                  El objetivo general de la iniciativa es facilitar el desarrollo a tiempo de infraestructuras energéticas suficientes en la Unión y en su vecindad para alcanzar los objetivos en materia de energía y clima de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular, los objetivos para 2030 y 2050, incluido el objetivo de neutralidad climática, así como la integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro al menor coste para los usuarios y las empresas. 
               
            
            
               1.4.2.Objetivo(s) específico(s) 
            
            
               
                  Objetivos específicos
               
               
                  1) Permitir la identificación de inversiones y proyectos transfronterizos en la Unión y con sus países vecinos que son necesarios para la transición energética y los objetivos climáticos.
               
               
                  2) Mejorar la planificación de infraestructuras para la integración de sistema energético y las redes marítimas. 
               
               
                  3) Acortar los procedimientos de concesión de autorizaciones para los PIC con el fin de evitar retrasos en proyectos que facilitan la transición energética.
               
               
                  4) Garantizar el uso adecuado de instrumentos de distribución de costes y de incentivos de regulación.
               
            
            
               1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados
            
            
               Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios/la población destinataria.
            
            
               
                  Objetivo específico n.º 1:
               
               
                  Aplicar los PIC que respaldan la consecución del objetivo de neutralidad climática al integrar las fuentes de energía renovables. 
               
               
                  Objetivo específico n.º 2:
               
               
                  Lograr un incremento significativo en la implantación de la energía renovable marítima. 
               
               
                  Objetivo específico n.º 3:
               
               
                  Aplicar un enfoque europeo a la planificación de infraestructuras para las redes de hidrógeno. 
               
            
         
         
            
               
                  Objetivo específico n.º 4:
               
               
                  Reducir los retrasos en la aplicación de los PIC. 
               
            
            
               1.4.4.Indicadores de rendimiento 
            
            
               Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de los avances y los logros.
            
            
               
                  Objetivo específico n.º 1:
               
               
                  El número y tipos de PIC incluidos en los corredores prioritarios definidos/áreas temáticas: reducir las restricciones de la energía renovable; duplicar el número de proyectos de electricidad inteligente en comparación con los niveles actuales para 2026.
               
               
                  Objetivo específico n.º 2:
               
               
                  Número de PIC: al menos diez PIC para respaldar la implantación de energía renovable marítima para 2026.
               
               
                  Objetivo específico n.º 3:
               
               
                  Número de PIC: al menos cinco PIC de hidrógeno para 2026.
               
               
                  Objetivo específico n.º 4:
               
               
                  La duración total promedio y máxima de los procedimientos de autorización para los proyectos de interés común: reducir la proporción de los PIC que se retrasan en un año determinado en comparación con la fecha prevista inicial para la puesta en servicio.
               
            
            
               1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa 
            
            
               1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo, incluido un calendario detallado para la aplicación de la iniciativa
            
            
               
                  El Reglamento relativo a las redes energéticas transeuropeas (RTE-E), adoptado en 2013, establece normas para el desarrollo y la interoperabilidad a tiempo de las redes transeuropeas de energía, con vistas a alcanzar los objetivos en materia de política energética del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), garantizar el funcionamiento del mercado interior de la energía y la seguridad del suministro en la Unión, fomentar la eficiencia energética y el ahorro de energía, así como el desarrollo de formas de energía nuevas y renovables, y fomentar la interconexión de las redes de energía. El Reglamento RTE-E establece un marco para que los Estados miembros y las partes interesadas relevantes trabajen conjuntamente en un contexto regional para desarrollar redes energéticas mejor conectadas con el objetivo de conectar regiones actualmente aisladas de los mercados europeos de la energía, reforzar interconexiones transfronterizas existentes y contribuir a integrar las energías renovables.
               
               
                  Como tal, la RTE-E es un instrumento central en el desarrollo de un mercado interior de la energía y necesario para lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Para lograr la neutralidad climática de aquí a 2050 y mayores niveles de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, Europa necesitará un sistema de energía más integrado, basado en mayores niveles de electrificación sobre la base de fuentes de energía renovable y la descarbonización del sector del gas. El RTE-E puede asegurar que el desarrollo de la infraestructura energética de la Unión respalda la transición energética necesaria. 
               
               
                  Si bien los objetivos del Reglamento actual siguen siendo válidos en su mayor parte, el enfoque en las metas de 2020 y 2030 debe actualizarse para reflejar el nuevo contexto político y el objetivo de neutralidad climática para 2050 en virtud del Pacto Verde Europeo.
                        Además de los nuevos objetivos y contexto político, el desarrollo tecnológico ha sido rápido en la última década. Este progreso debe tenerse en cuenta en las categorías de infraestructuras cubiertas por el Reglamento, los criterios de selección de los PIC, así como los corredores prioritarios y las áreas temáticas.
               
               
                  Además de las tareas que sean competencia suya en virtud del Reglamento de la ACER, la presente iniciativa da como resultado que se exija a la ACER realizar tareas adicionales, en concreto: 
               
               
                  - desarrollar directrices marco para definir y orientar los modelos hipotéticos de la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas durante el desarrollo de dichos modelos; 
               
               
                  - aprobar las mejoras incrementales de las metodologías de coste-beneficio desarrolladas por la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas. 
               
            
         
         
            
               1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como mejor coordinación, seguridad jurídica, mejora de la eficacia o complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.
            
            
               
                  Motivos para actuar en el ámbito europeo (ex ante) 
               
               
                  La infraestructura de transporte de energía (incluida una infraestructura interconectada de redes inteligentes y redes marítimas) tiene un valor añadido europeo debido a sus efectos transfronterizos y es fundamental para el logro de un sistema energético climáticamente neutro. Es necesario un marco de cooperación regional entre Estados miembros para desarrollar infraestructuras energéticas transfronterizas. Los reglamentos y las medidas de Estados miembros individuales son insuficientes para realizar estos proyectos de infraestructuras en su conjunto.
               
               
                  Valor añadido de la Unión que se prevé generar (ex post) 
               
               
                  El mercado interior de la energía se basa en interconectores transfronterizos, cuyo desarrollo requiere la cooperación de dos o más Estados miembros; por medio de la cooperación, la iniciativa respaldará un enfoque rentable y efectivo para desarrollar una infraestructura transfronteriza apropiada y alcanzar los objetivos de clima y energía de la Unión al menor coste posible para los usuarios y las empresas. 
               
            
            
               1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores
            
            
               
                  La evaluación del presente Reglamento RTE-E ha puesto de relieve que ha mejorado de manera eficaz la integración de las redes de los Estados miembros, ha estimulado el comercio de la energía y, en consecuencia, ha contribuido a la competitividad de la Unión, tal y como se muestra en las pruebas de los objetivos de interconexión, los precios de la energía y su convergencia en toda la Unión. Los PIC de electricidad y, sobre todo, de gas han potenciado de manera significativa la seguridad del suministro como motor contextual principal para el diseño del Reglamento RTE-E. En cuanto al gas, la infraestructura está ahora bien conectada y la resiliencia del suministro ha mejorado sustancialmente desde 2013. La cooperación regional en los grupos regionales y a través de la distribución transfronteriza de costes es un factor facilitador importante para la ejecución de proyectos. Sin embargo, en muchos casos la distribución transfronteriza de costes no resultó en una reducción del déficit de financiación del proyecto, como se pretendía.
                        Si bien los procedimientos de concesión de autorizaciones se han acortado, aún siguen siendo largos en algunos casos. Si bien las razones subyacentes están principalmente relacionadas con la ejecución nacional y fuera del ámbito del Reglamento RTE-E, todavía se detecta margen de mejora en distintos aspectos. La asistencia financiera del MCE fue un factor importante, las subvenciones para estudios contribuyeron a reducir los riesgos de los proyectos en las primeras etapas de desarrollo mientras que las subvenciones para trabajos ayudaron a corregir cuellos de botella importantes de los proyectos que la financiación del mercado no podía corregir en suficiente medida.
               
            
            
               1.5.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados
            
            
               
                  La iniciativa ayudará a lograr la neutralidad climática para 2050, iniciando con una reducción del 55 % en emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, el objetivo climático principal del Pacto Verde Europeo presentado por la Comisión Von der Leyen en diciembre de 2019. La iniciativa, que establece los criterios de admisibilidad para ayudas financieras de acuerdo con el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para los proyectos de interés común (PIC), contribuye a los objetivos del MFP 2021-2027, incluyendo la integración de la dimensión climática. 
               
            
            
               1.5.5.Evaluación de las diferentes opciones de financiación disponibles, en particular, posibilidades de reasignación
            
            
               
                  La gran mayoría de las repercusiones presupuestarias de esta propuesta se gestiona en virtud de la declaración financiera jurídica de la Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa». El impacto presupuestario específico de esta iniciativa se limita a los recursos necesarios para que ACER cumpla con su mandato adicional. En la evaluación de impacto, se han analizado diferentes opciones para alcanzar el objetivo de una planificación de infraestructuras mejorada para la integración del sistema energético. La opción preferida es el enfoque más rentable.
               
            
            
            
               1.6.Duración e incidencia financiera de la propuesta/iniciativa
            
            
               ◻ duración limitada 
            
            
               –◻
                     Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD.MM.]AAAA hasta [el] [DD.MM.]AAAA 
            
            
               –◻
                     Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA
            
            
               ☒ duración ilimitada
            
            
               –Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA
            
            
               –y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.
            
            
               1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)
                  49
                
            
         
         
            
               ☒ Gestión directa a cargo de la Comisión a través de
            
            
               –◻
                     agencias ejecutivas 
            
            
               ◻ Gestión compartida con los Estados miembros 
            
            
               ◻ Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:
            
            
               ◻ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);
            
            
               ◻el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones;
            
            
               ◻ los organismos contemplados en los artículos 70 y 71;
            
            
               ◻ organismos de Derecho público;
            
            
               ◻ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;
            
            
               ◻ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una asociación público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;
            
            
               ◻ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC de conformidad con el título V del TUE y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.
            
            
               Observaciones
            
            
               
                  n. d.
               
            
            
                
            
            
               2.MEDIDAS DE GESTIÓN 
            
            
               2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes 
            
            
               Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones.
            
            
               
                  Los procedimientos de notificación y supervisión regulares vigentes en el marco actual del Reglamento RTE-E siguen estando en vigor, como el informe de la ACER a los Grupos regionales. Asimismo, la ACER viene publicando todos los resultados de sus tareas en su sitio web. 
               
               
                  La gran mayoría de las repercusiones presupuestarias de esta propuesta se gestiona en virtud de la declaración financiera jurídica de la Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa». En virtud del Reglamento del MCE propuesto, se implantará un marco de rendimiento revisado para supervisar la consecución de los objetivos del Programa y su contribución a los objetivos de actuación de la Unión. En el marco de la energía, los indicadores para supervisar la aplicación y el progreso del programa se relacionarán en particular con la contribución a la interconectividad y la integración de los mercados, la seguridad del suministro energético y el desarrollo sostenible al posibilitar la descarbonización a causa de una mayor penetración de la energía renovable en los sistemas energéticos, así como la cooperación transfronteriza en el campo de las energías renovables.
               
               
                  Las tareas adicionales que debe gestionar la ACER garantizarán que se alcanzan los objetivos de la iniciativa, en particular, la mejora de la planificación de infraestructuras para la integración de los sistemas energéticos y la identificación de los proyectos y las inversiones transfronterizos, en toda la Unión y con sus países colindantes, que sean necesarios para la transición energética y las metas climáticas.
               
            
         
         
            
               
                   Además de los procedimientos de notificación y supervisión vigentes específicos del Reglamento RTE-E, todas las Agencias de la Unión trabajan en el marco de un estricto sistema de supervisión en el que participan la capacidad de auditorías internas, el servicio de auditoría interna de la Comisión, la junta administrativa de la ACER, el Tribunal de Cuentas y la autoridad presupuestaria. El sistema se estableció con el Reglamento fundacional de la ACER de 2009 y seguirá aplicándose.
               
            
            
               2.2.Sistema(s) de gestión y de control 
            
            
               2.2.1.Justificación del modo o los modos de gestión, el mecanismo o los mecanismos de aplicación de la financiación, las modalidades de pago y la estrategia de control propuestos
            
            
               
                  La gran mayoría de las repercusiones presupuestarias de esta propuesta se gestiona en virtud de la declaración financiera jurídica de la Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa». Sin embargo, la asignación de tareas adicionales a la ACER requiere más recursos, equivalentes a 1 EJC. Esto se justifica con el trabajo necesario para desarrollar las directrices marco a fin de definir y orientar los modelos hipotéticos de la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas en la implantación de dichos modelos, así como la evaluación de las mejoras incrementales de las metodologías coste-beneficio desarrolladas por la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas. Para estas tareas, se deben acumular y mantener conocimientos expertos en la ACER. 
               
            
            
               2.2.2. Información relativa a los riesgos identificados y al sistema o los sistemas de control interno establecidos para mitigarlos
            
            
               
                  Los riesgos identificados para el gasto incurrido en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», así como los controles de mitigación correspondientes, se abordan con la declaración financiera jurídica de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa» y se derogan los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014.
                  
                     No se detectaron riesgos específicos en relación con las tareas adicionales asignadas a la ACER. Los recursos adicionales puestos a disposición de la ACER se abarcarán en el sistema de control interno de la ACER, que está armonizado con las normas internacionales pertinentes e incluye controles específicos para prevenir los conflictos de intereses y garantizar la protección de los denunciantes. 
               
            
            
               2.2.3.Estimación y justificación de la rentabilidad de los controles (ratio «gastos de control ÷ valor de los correspondientes fondos gestionados»), y evaluación del nivel esperado de riesgo de error (al pago y al cierre) 
            
            
               
                  La evaluación del coste del control y el riesgo de los errores relacionados con el gasto incurrido dentro del Mecanismo «Conectar Europa» se abordan en la declaración financiera jurídica de la Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa». 
               
               
                  La DG ENER mantiene una estrategia de supervisión que abarca las actividades de ACER. Los costes de control de las tareas adicionales delegadas a la ACER se evaluarán en función del perfil de riesgo de la Agencia y las necesidades de vigilar y supervisar las actividades de la Agencia. No obstante, el enfoque limitado de estas actividades adicionales no debe tener un impacto significativo en el coste de controlar las tareas de la Agencia. En los últimos cinco años (2015-2019), el coste de control de la ACER en comparación con la cantidad de la contribución de la Unión permaneció relativamente estable, en el intervalo del 1,2 % al 2 %. 
               
               
                  Como el impacto presupuestario se limita a la prestación de recursos adicionales, se espera que el riesgo de error siga por debajo del umbral del 2 % del gasto total a lo largo de la vida útil del programa. 
               
            
            
               
            
               2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades 
            
            
               Especificar las medidas de prevención y protección existentes o previstas, por ejemplo, en la estrategia de lucha contra el fraude.
            
            
               
                  La Comisión velará por que se apliquen las medidas apropiadas para que, cuando estas estén ejecutándose, se protejan los intereses financieros de la Unión gracias a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y otras actividades ilegales.
               
               
                  La DG ENER mantiene una estrategia de lucha contra el fraude que se actualizará a finales de 2020, tras la revisión de la estrategia de lucha contra el fraude de la Comisión de abril de 2019 [COM(2019)196]. 
               
               
                  Las medidas adoptadas para prevenir el fraude y las irregularidades para los proyectos financiados por el Mecanismo «Conectar Europa» se presentan en el marco de la declaración financiera jurídica de la Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa». 
               
               
                  La ACER revisó su estrategia de lucha contra el fraude, sobre la base de un análisis de los riesgos de fraude a los que la Agencia podría verse expuesta al tratar de cumplir con su mandato. La ACER colabora con los servicios de la Comisión en aspectos relativos a la prevención del fraude y las irregularidades. La Comisión garantizará que esta cooperación continúe y se vea reforzada. Asimismo, la ACER adoptó las directrices de 2018 sobre la gestión de los conflictos de intereses. 
               
               
                  Las disposiciones relativas a la protección de los intereses financieros de la Unión se incluyen en el artículo 26 de la Propuesta de Reglamento por el que se establece el Mecanismo «Conectar Europa».
               
            
            
               3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA 
            
            
               3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s) 
            
         
         
            
               ·Líneas presupuestarias existentes 
            
            
               En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
            
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero plurianual
                     
                  
                  
                     
                        Línea presupuestaria
                     
                  
                  
                     
                        Tipo de 
                        gasto
                     
                  
                  
                     
                        Contribución 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Número 
                        
                  
                  
                     
                        CD/CND
                           50
                        
                     
                  
                  
                     
                        de países de la AELC
                           51
                        
                     
                  
                  
                     
                        de países candidatos
                           52
                        
                     
                  
                  
                     
                        de terceros países
                     
                  
                  
                     
                        a efectos de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero 
                     
                  
               
                     
                        I. Mercado único, innovación y economía digital
                     
                  
                  
                     
                        02 10 06 ACER
                     
                     
                  
                  
                     
                        CD
                     
                  
                  
                     
                        SÍ
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
                  
                     
                        NO
                     
                  
               
               ·Nuevas líneas presupuestarias solicitadas 
            
            
               En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.
            
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero plurianual
                     
                  
                  
                     
                        Línea presupuestaria
                     
                  
                  
                     
                        Tipo de
                        gasto
                     
                  
                  
                     
                        Contribución 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Número 
                        
                  
                  
                     
                        CD/CND
                     
                  
                  
                     
                        de países de la AELC
                     
                  
                  
                     
                        de países candidatos
                     
                  
                  
                     
                        de terceros países
                     
                  
                  
                     
                        a efectos de lo dispuesto en el artículo 21, apartado 2, letra b), del Reglamento Financiero 
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        [XX.YY.YY.YY]
                     
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        SÍ/NO
                     
                  
                  
                     
                        SÍ/NO
                     
                  
                  
                     
                        SÍ/NO
                     
                  
                  
                     
                        SÍ/NO
                     
                  
               
               3.2.Incidencia estimada en los gastos 
            
            
               3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos 
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero 
                        plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        Número
                     
                  
                  
                     
                        Subrúbrica 1A 
                     
                  
               
            
                     
                        ACER (únicamente nuevas tareas)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
                     
                        Título 1:
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (1)
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (2)
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
                     
                        Título 2:
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (1a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (2a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Título 3:
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        (3a)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        (3b)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de los créditos
                        para ACER
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        =1+1a +3a
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        =2+2a
                     
                     
                        +3b
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
               
            
               
            
                     
                        Rúbrica del marco financiero 
                        plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        5
                     
                  
                  
                     
                        «Gastos administrativos»
                     
                  
               
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
                     
                        Supervisión de nuevas tareas únicamente por parte de la DG ENER
                     
                  
               
                     
                        • Recursos humanos 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
               
                     
                        • Otros gastos administrativos 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
               
                     
                        TOTAL para la DG ENER
                     
                  
                  
                     
                        Créditos 
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
               
            
                     
                        TOTAL de los créditos
                        para la RÚBRICA 5
                           del marco financiero plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        (Total de los compromisos = total de los pagos)
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0
                     
                  
               
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
         
         
            
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de los créditos 
                        para las RÚBRICAS 1 a 5
                           del marco financiero plurianual 
                     
                  
                  
                     
                        Compromisos
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Pagos
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
               3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de [organismo] 
            
            
               –☒
                     La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones. 
            
            
               –◻
                     La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:
            
            
               Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                        Indíquense los objetivos y los resultados 
                     
                     
                     
                        ⇩
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+1
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+2
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+3
                     
                  
                  
                     
                        Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6)
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        RESULTADOS
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        Tipo
                           53
                        
                     
                  
                  
                     
                        Coste medio
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        N.º
                     
                  
                  
                     
                        Coste
                     
                  
                  
                     
                        Número total
                     
                  
                  
                     
                        Coste total
                     
                  
               
                     
                        OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1
                           54
                        …
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        - Resultado
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
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                        - Resultado
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Subtotal del objetivo específico n.º 1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        - Resultado
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Subtotal del objetivo específico n.º 2
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        COSTE TOTAL
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
               3.2.3.Incidencia estimada en los recursos humanos de la ACER 
            
            
               3.2.3.1.Resumen 
            
            
               –◻
                     La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de carácter administrativo. 
            
            
               –☒
                     La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de carácter administrativo, tal como se explica a continuación:
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
            
                     
                        Agentes temporales (Categoría AD)*
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
                     
                        Agentes temporales (categoría AST)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Agentes contractuales
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Expertos nacionales en comisión de servicios
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                        0,077
                     
                  
                  
                     
                        0,156
                     
                  
                  
                     
                        0,159
                     
                  
                  
                     
                        0,162
                     
                  
                  
                     
                        0,166
                     
                  
                  
                     
                        0,169
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        0,889
                     
                  
               
               * basado en los costes promedio de 150 000 EUR para agentes temporales (Categoría AD) y una tasa de inflación anual del 2 %
            
            
               Necesidades de personal (EJC):
            
            
                     
                  
                  
                     
                        2022
                     
                  
                  
                     
                        2023
                     
                  
                  
                     
                        2024
                     
                  
                  
                     
                        2025
                     
                  
                  
                     
                        2026
                     
                  
                  
                     
                        2027
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        TOTAL
                     
                  
               
         
         
            
                     
                        Agentes temporales (Categoría AD)
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Agentes temporales (categoría AST)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Agentes contractuales
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Expertos nacionales en comisión de servicios
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                        1
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
               La contratación se prevé para la segunda mitad del 2022, para preparar la aplicación del Reglamento. La adopción tendrá lugar, si es posible, a mitad de 2022. En consecuencia, para 2022 solo se tiene en cuenta el 50 % de los costes promedio.
            
            
            
               La compensación del presupuesto solicitado para cubrir el incremento de recursos de RR. HH. en la ACER se logrará al reducir en la misma medida el presupuesto del programa de energía del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE Energía) en el mismo epígrafe.
            
            
               3.2.3.2.Necesidades estimadas de recursos humanos de la DG matriz
            
            
               –☒
                     La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos. 
            
            
               –◻
                     La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:
            
            
               La estimación debe expresarse en importes íntegros (o, como mínimo, al primer decimal)
            
            
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+1
                     
                  
                  
                     
                        Año N+2
                     
                  
                  
                     
                        Año N+3
                     
                  
                  
                     
                        Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6)
                     
                  
               
                     
                        ·Empleos de plantilla (funcionarios y personal temporal)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 01 01 (sede y oficinas de Representación de la Comisión)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 01 02 (Delegaciones)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 05 01 (investigación indirecta)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        10 01 05 01 (investigación directa)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        • Personal externo [en equivalente a tiempo completo (ETC)]
                           55
                        
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 02 01 (AC, ENCS, INT de la dotación global)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 02 02 (AC, AL, ENCS, INT y JPD en las Delegaciones)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 04 yy
                           56
                        
                     
                  
                  
                     
                        - en la Sede
                           57
                        
                        
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                        - en las Delegaciones 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        XX 01 05 02 (AC, ENCS, INT; investigación indirecta)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        10 01 05 02 (AC, ENCS, INT; investigación directa)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Otras líneas presupuestarias (especifíquense)
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        TOTAL
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
               XX es el ámbito político o título presupuestario en cuestión.
            
            
               La propuesta no exige recursos humanos adicionales en la DG. La aplicación y la supervisión las realizará el personal ya asignado a la política de las RTE-E en la DG ENER.
            
            
               Las necesidades en materia de recursos humanos las cubrirá el personal de la DG ya destinado a la gestión de la acción y/o reasignado dentro de la DG, que se complementará, en caso necesario, con cualquier dotación adicional que pudiera asignarse a la DG gestora en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de los imperativos presupuestarios existentes.
            
            
               Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo:
            
            
                     
                        Funcionarios y agentes temporales
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        Personal externo
                     
                  
                  
                     
                  
               
            
               En el anexo V, sección 3, debe incluirse una descripción del cálculo del coste de las unidades de EJC. 
            
            
               3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente 
            
         
         
            
               –☒
                     La propuesta/iniciativa es compatible con el marco financiero plurianual vigente.
            
            
               –◻
                     La propuesta/iniciativa implicará la reprogramación de la rúbrica correspondiente del marco financiero plurianual.
            
            
               
                  Explíquese la reprogramación requerida, precisando las líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.
               
               
                  n. d.
               
            
            
               –◻
                     La propuesta/iniciativa requiere la aplicación del Instrumento de Flexibilidad o la revisión del marco financiero plurianual
                  58
               .
            
            
               
                  Explíquese qué es lo que se requiere, precisando las rúbricas y líneas presupuestarias afectadas y los importes correspondientes.
               
               
                  n. d.
               
            
            
               3.2.5.Contribución de terceros 
            
            
               –La propuesta/iniciativa no prevé la cofinanciación por terceros. 
            
            
               –La propuesta/iniciativa prevé la cofinanciación que se estima a continuación:
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
            
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+1
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+2
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+3
                     
                  
                  
                     
                        Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6)
                     
                  
                  
                     
                        Total
                     
                  
               
                     
                        Especifíquese el organismo de cofinanciación 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
                     
                        TOTAL de los créditos cofinanciados 
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
               
            
               3.3.Incidencia estimada en los ingresos 
            
            
               –☒
                     La propuesta/iniciativa no tiene incidencia financiera en los ingresos.
            
            
               –◻
                     La propuesta/iniciativa tiene la incidencia financiera que se indica a continuación:
            
            
               en los recursos propios 
            
            
               en otros ingresos 
            
            
                indíquese si los ingresos se asignan a líneas de gasto 
            
            
               En millones EUR (al tercer decimal)
            
         
         
            
                     
                        Línea presupuestaria de ingresos:
                     
                  
                  
                     
                        Créditos disponibles para el ejercicio presupuestario en curso
                     
                  
                  
                     
                        Incidencia de la propuesta/iniciativa
                           59
                        
                     
                  
               
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+1
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+2
                     
                  
                  
                     
                        Año
                        N+3
                     
                  
                  
                     
                        Insértense tantos años como sea necesario para reflejar la duración de la incidencia (véase el punto 1.6)
                     
                  
               
                     
                        Artículo ………….
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
                  
                     
                  
               
               En el caso de los ingresos diversos «asignados», especifíquese la línea o líneas presupuestarias de gasto en la(s) que repercutan.
            
            
               
            
            
               Especifíquese el método de cálculo de la incidencia en los ingresos.
            
            
               
            
            
            
            
            
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos COM(2020) 562 final.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        
                  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0773&from=EN
                  . 
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos COM(2020) 562 final.
               
               
                  
                     (4)
                  
                        Un planeta limpio para todos. La visión estratégica europea a largo plazo de una economía próspera, moderna, competitiva y climáticamente neutra, COM(2018) 773 final.
               
               
                  
                     (5)
                  
                        Documento de trabajo de los servicios de la Comisión, Evaluación de impacto, Intensificar la ambición climática de Europa para 2030, SWD(2020) 176 final.
               
               
                  
                     (6)
                  
                        Una estrategia de la UE para aprovechar el potencial de la energía renovable marina para un futuro climáticamente neutro, COM(2020)741 final.
               
               
                  
                     (7)
                  
                        Estos modelos hipotéticos incluyen los de la Estrategia a largo plazo de la Unión (2018), los del plan decenal de desarrollo de la red desarrollados por la REGRT de Gas y la REGRT de Electricidad (2020), las «Trayectorias de descarbonización» de Eurelectric (2018) o los desarrollados por DG ENER en el marco del estudio «Impact of the use of the biomethane and hydrogen potential on trans-European infrastructure» (2019).
               
               
                  
                     (8)
                  
                        Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
               
               
                  
                     (9)
                  
                        Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
               
               
                  
                     (10)
                  
                        Art. 171, ap. 3, TFUE: «La Unión podrá decidir cooperar con terceros países para el fomento de proyectos de interés común y para garantizar la interoperabilidad de las redes».
               
               
                  
                     (11)
                  
                        Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Un Plan Económico y de Inversión para los Balcanes Occidentales, SWD(2020) 223 final.
               
               
                  
                     (12)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.
               
               
                  
                     (13)
                  
                        Comunicación de la Comisión - Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.
               
               
                  
                     (14)
                  
                        
                  https://www.consilium.europa.eu/media/38507/st07207-re01-en19.pdf
                  .
                  http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/getDocument.htm?reference=P8_TA-PROV(2019)0420&fragment=FULL&language=ES
                  . 
               
               
                  
                     (15)
                  
                        COM(2019) 640.
               
               
                  
                     (16)
                  
                        Reglamento RTE-E, artículo 4, apartado 1, letra b).
               
               
                  
                     (17)
                  
                        Ecorys et al. (2020) Support to the evaluation of Regulation (EU) No 347/2013 on guidelines for trans-European energy infrastructure, borrador de informe final, p. 122.
               
               
                  
                     (18)
                  
                        Esta opción corresponde a la aportación de la ACER en la consulta con partes interesadas.
               
               
                  
                     (19)
                  
                        DO C  de , p. .
               
               
                  
                     (20)
                  
                        DO C  de , p. .
               
               
                  
                     (21)
                  
                        Comunicación de la Comisión «El Pacto Verde Europeo», COM(2019) 640 final, de 11 de diciembre de 2019.
               
               
                  
                     (22)
                  
                        Comunicación de la Comisión, Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos, COM(2020) 562 final de 17 de septiembre de 2020.
               
               
                  
                     (23)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga la Decisión n.º 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 713/2009, (CE) n.º 714/2009 y (CE) n.º 715/2009, DO L 115 de 25.4.2013, p. 39.
               
               
                  
                     (24)
                  
                        Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE, DO L 158 de 14.6.2019, p. 125.
               
               
                  
                     (25)
                  
                        Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (DO L 211 de 14.8.2009, p. 94).
               
               
                  
                     (26)
                  
                        DO L 345 de 23.12.2008, p. 75.
               
               
                  
                     (27)
                  
                        SWD (2020)176 final.
               
               
                  
                     (28)
                  
                        COM (2020)299 final.
               
               
                  
                     (29)
                  
                        Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra, COM(2020) 301 final.
               
               
                  
                     (30)
                  
                        Comunicación sobre la Estrategia Energías Renovables Marinas.
               
               
                  
                     (31)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad (DO L 158 de 14.6.2019, p. 54).
               
               
                  
                     (32)
                  
                        Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005 (DO L 211, 14.8.2009, p. 36).
               
               
                  
                     (33)
                  
                        Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, DO L 198 de 22.6.2020, p. 13.
               
               
                  
                     (34)
                  
                        Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.(DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).
               
               
                  
                     (35)
                  
                        Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).
               
               
                  
                     (36)
                  
                        Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 26 de 28.1.2012, p. 1).
               
               
                  
                     (37)
                  
                        Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DO L 197 de 21.7.2001, p. 30).
               
               
                  
                     (38)
                  
                        DO L 124 de 17.5.2005, p. 4.
               
               
                  
                     (39)
                  
                        Documento de orientación, «Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure 'Projects of Common Interest' (PCIs)» [Simplificar los procedimientos de evaluación del impacto medioambiental para los «proyectos de interés común» (PIC) en materia de infraestructuras energéticas], https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf.
               
               
                  
                     (40)
                  
                        Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, por la que se establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, DO L 257 de 28.8.2014, p. 135.
               
               
                  
                     (41)
                  
                        Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1294 de la Comisión de 15 de septiembre de 2020 relativo al mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión (OJ L 303 de 17.9.2020, p. 1).
               
               
                  
                     (42)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/942 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se crea la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (DO L 158 de 14.6.2019, p. 22).
               
               
                  
                     (43)
                  
                        Reglamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo al mercado interior de la electricidad, DO L 158 de 14.6.2019, p. 54.
               
               
                  
                     (44)
                  
                  
                        DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación. 
                  
               
               
                  
                     (45)
                  
                        DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
               
               
                  
                     (46)
                  
                        Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, DO L 328 de 21.12.2018, p. 82.
               
               
                  
                     (47)
                  
                        Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar Europa», por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) n.º 67/2010, DO L 348 de 20.12.2013, p. 129.
               
               
                  
                     (48)
                  
                        Tal como se contempla en el artículo 58, apartado 2, letras a) o b), del Reglamento Financiero.
               
               
                  
                     (49)
                  
                        Las explicaciones sobre los modos de gestión y las referencias al Reglamento Financiero pueden consultarse en el sitio BudgWeb: 
                  https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
                  .
               
               
                  
                     (50)
                  
                        CD = créditos disociados / CND = créditos no disociados.
               
               
                  
                     (51)
                  
                        AELC: Asociación Europea de Libre Comercio. 
               
               
                  
                     (52)
                  
                        Países candidatos y, en su caso, candidatos potenciales de los Balcanes Occidentales.
               
               
                  
                     (53)
                  
                        Los resultados son productos y servicios que deben suministrarse (por ejemplo, número de intercambios de estudiantes financiados, número de kilómetros de carreteras construidos, etc.).
               
               
                  
                     (54)
                  
                        Tal como se describe en el punto 1.4.2, titulado «Objetivo(s) específico(s)…».
               
               
                  
                     (55)
                  
                        AC = agente contractual; AL = agente local; ENCS = experto nacional en comisión de servicios; INT = personal de empresas de trabajo temporal («intérimaires»); JPD = joven profesional en delegación. 
               
               
                  
                     (56)
                  
                        Por debajo del límite de personal externo con cargo a créditos de operaciones (antiguas líneas «BA»).
               
               
                  
                     (57)
                  
                        Principalmente para los Fondos Estructurales, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo Europeo de Pesca (FEP).
               
               
                  
                     (58)
                  
                        Véanse los artículos 11 y 17 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, por el que se establece el marco financiero plurianual para el periodo 2014-2020.
               
               
                  
                     (59)
                  
                        Por lo que se refiere a los recursos propios tradicionales (derechos de aduana, cotizaciones sobre el azúcar), los importes indicados deben ser importes netos, es decir, importes brutos una vez deducido el 20 % de los gastos de recaudación.
               
            
      
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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 15.12.2020
            COM(2020) 824 final
            ANEXOS
            de la
            Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013
            {SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}
            
               
         
         
            
               ANEXO I
            
            
               CORREDORES Y ÁREAS PRIORITARIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
            
            
               1. CORREDORES DE ELECTRICIDAD PRIORITARIOS
            
            
               1) Interconexiones eléctricas en el eje norte-sur de Europa Occidental («NSI West Electricity»): Interconexiones entre Estados miembros de la región y con el área mediterránea, incluida la Península Ibérica, en particular para integrar la electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables y reforzar las infraestructuras de la red interior para fomentar la integración del mercado en la región.
            
            
               Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
            
            
               2) Interconexiones eléctricas en el eje norte-sur de Europa Central y Oriental y de Europa Sudoriental («NSI East Electricity»): Interconexiones y líneas interiores en los ejes norte-sur y este-oeste para completar el mercado interior e integrar la producción de las fuentes de energía renovables.
            
            
               Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía.
            
            
               3) Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – electricidad («BEMIP Electricity»): Interconexiones entre Estados miembros y líneas interiores de la región báltica, para fomentar la integración del mercado a la vez que se integran cuotas crecientes de energía renovable en la región.
            
            
               Estados miembros interesados: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia.
            
            
               2. CORREDORES DE LA RED ELÉCTRICA MARÍTIMA PRIORITARIOS
            
            
               4) Red eléctrica marítima en los mares septentrionales («NSOG»): Desarrollo de la red eléctrica marítima integrada y de los interconectores correspondientes situados en el mar del Norte, el mar de Irlanda, el canal de la Mancha y aguas colindantes para transportar electricidad desde fuentes de energía renovables situadas en alta mar hasta los centros de consumo y almacenamiento y para aumentar el intercambio transfronterizo de electricidad.
            
            
               Estados miembros interesados: Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suecia.
            
            
               5) Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – red eléctrica marítima («BEMIP offshore»): Desarrollo de una red eléctrica marítima integrada y de los interconectores correspondientes situados en el mar Báltico y aguas colindantes para transportar electricidad procedente de fuentes de energía renovables situadas en alta mar hasta los centros de consumo y almacenamiento, y para aumentar el intercambio transfronterizo de electricidad.
            
            
               Estados miembros interesados: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia.
            
            
               6) Red eléctrica marítima del sur y el este: Desarrollo de una red eléctrica marítima y de los interconectores correspondientes situados en el mar Mediterráneo, el mar Negro y aguas colindantes para transportar electricidad procedente de fuentes de energía renovables situadas en alta mar hasta los centros de consumo y almacenamiento, y para aumentar el intercambio transfronterizo de electricidad.
            
            
               Estados miembros interesados: Bulgaria, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Italia, Malta y Rumanía.
            
            
               7) Red marítima de Europa Suroccidental: Desarrollo de una red eléctrica marítima y de los interconectores correspondientes situados en el océano Atlántico Norte para transportar electricidad procedente de fuentes de energía renovables situadas en alta mar hasta los centros de consumo y almacenamiento, y para aumentar el intercambio transfronterizo de electricidad.
            
            
               Estados miembros interesados: España, Francia, Irlanda y Portugal.
            
            
               3. CORREDORES PRIORITARIOS PARA HIDRÓGENO Y ELECTROLIZADORES 
            
         
         
            
               8) Interconexiones de hidrógeno en Europa Occidental («HI West»): Infraestructuras de hidrógeno que permitan la creación de una red troncal integrada de hidrógeno que conecte los países de la región, satisfaga las necesidades específicas de infraestructuras de hidrógeno y respalde el establecimiento de una red de transporte de hidrógeno en toda la UE.
            
            
               Electrolizadores: Apoyo a la implantación de aplicaciones de gas obtenido de fuentes renovables («power-to-gas»), con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como contribuir al funcionamiento de un sistema seguro, eficiente y fiable y la integración de un sistema energético inteligente. Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
            
            
               9) Interconexiones de hidrógeno en Europa Central y Oriental y en Europa Sudoriental («HI East»): Infraestructuras de hidrógeno que permitan la creación de una red troncal integrada de hidrógeno que conecte los países de la región, satisfaga las necesidades específicas de infraestructuras de hidrógeno y respalde el establecimiento de una red de transporte de hidrógeno en toda la UE. 
            
            
               Electrolizadores: Apoyo a la implantación de aplicaciones de gas obtenido de fuentes renovables («power-to-gas»), con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como contribuir al funcionamiento de un sistema seguro, eficiente y fiable y la integración de un sistema energético inteligente. Estados miembros interesados: Alemania, Austria, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia y Rumanía.
            
            
               10) Plan de interconexión del mercado báltico de la energía – hidrógeno («BEMIP Hydrogen»): Infraestructuras de hidrógeno que permitan la creación de una red troncal integrada de hidrógeno que conecte los países de la región, satisfaga las necesidades específicas de infraestructuras de hidrógeno y respalde el establecimiento de una red de transporte de hidrógeno en toda la UE. 
            
            
               Electrolizadores: Apoyo a la implantación de aplicaciones de gas obtenido de fuentes renovables («power-to-gas»), con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como contribuir al funcionamiento de un sistema seguro, eficiente y fiable y la integración de un sistema energético inteligente. Estados miembros interesados: Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Suecia.
            
            
               4. ÁREAS TEMÁTICAS PRIORITARIAS
            
            
               11) Establecimiento de redes eléctricas inteligentes: Adopción de tecnologías de redes inteligentes en toda la Unión para integrar de forma eficiente la conducta y las actuaciones de todos los usuarios conectados a la red eléctrica, en particular la generación de grandes cantidades de electricidad obtenida a partir de fuentes de energía renovables o de fuentes de energía distribuida y la respuesta a la demanda por parte de los consumidores.
            
            
               Estados miembros interesados: todos.
            
            
               12) Red transfronteriza de dióxido de carbono: Desarrollo de una infraestructura de transporte de dióxido de carbono entre Estados miembros y con terceros países vecinos con miras a la implantación de la captura y almacenamiento de dióxido de carbono.
            
            
               Estados miembros interesados: todos.
            
            
               13) Redes de gas inteligentes: Adopción de tecnologías de redes de gas inteligentes en toda la Unión para integrar en la red de gas, de manera eficiente, una amplia gama de fuentes de gas renovable e hipocarbónico, respaldar la adopción de soluciones innovadoras para la gestión de la red y facilitar la integración en el sector energético inteligente y la respuesta a la demanda.
            
            
               Estados miembros interesados: todos. 
            
            
               ANEXO II
            
            
               CATEGORÍAS DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS
            
            
               Las categorías de infraestructuras energéticas que se han de desarrollar con objeto de ejecutar las prioridades en materia de infraestructuras energéticas recogidas en la lista del anexo I son las siguientes:
            
            
               1) En relación con la electricidad:
            
            
               a) líneas de transporte de alta tensión aéreas, si han sido diseñadas para una tensión de 220 kV o superior, y cables de transporte soterrados y submarinos, si han sido diseñados para una tensión de 150 kV o superior;
            
            
               b) instalaciones de almacenamiento de electricidad utilizadas para almacenar la electricidad con carácter permanente o temporal en una infraestructura sobre el suelo o subterránea o en emplazamientos geológicos, siempre que estén directamente conectadas con líneas de transporte de alta tensión diseñadas para una tensión de 110 kV o superior;
            
            
               c) cualquier equipo o instalación esencial para que los sistemas a los que se refieren las letras a) y b) puedan funcionar sin riesgos, de forma segura y eficiente, incluyendo la protección, el seguimiento y los sistemas de control de todos los niveles de voltaje y subestaciones;
            
         
         
            
               d) sistemas y componentes que incorporen tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por medio de plataformas digitales operativas, sistemas de control y tecnologías de sensores, tanto a nivel del transporte como de la distribución de media tensión, con vistas al desarrollo de una red de transporte y distribución de la electricidad más eficiente e inteligente, con una mayor capacidad de integrar las nuevas formas de generación, almacenamiento y consumo de electricidad, de manera que se facilite la aplicación de nuevos modelos comerciales y estructuras de mercado; 
            
            
               e) cualquier equipo o instalación que se clasifique dentro de la categoría mencionada en la letra a), con doble funcionalidad: interconexión y transporte de electricidad renovable marítima desde los centros de generación marítimos a dos o más países, así como las instalaciones o los equipos adyacentes marítimos que sean fundamentales para un funcionamiento seguro y eficiente, incluidos los sistemas de protección, supervisión y control y las subestaciones necesarias si también garantizan la interoperabilidad de las tecnologías, incluida, entre otros aspectos, la compatibilidad de interfaces entre tecnologías diferentes («redes marítimas de energía renovable»).
            
            
            
               2) En relación con las redes de gas inteligentes:
            
            
               a) cualquiera de los siguientes equipos o instalaciones que permitan y faciliten la integración de gases renovables e hipocarbónicos (incluyendo el biometano o el hidrógeno) a la red: sistemas y componentes digitales que incorporen TIC, sistemas de control y tecnologías de sensores para lograr la supervisión, la medición, el control de calidad y la gestión interactivos e inteligentes de la producción, transporte, distribución y consumo de gas dentro de una red de gas. Asimismo, dichos proyectos también pueden incorporar equipos para permitir flujos inversos del nivel de la distribución al del transporte, así como las mejoras necesarias correspondientes de la red actual.
            
            
            
               3) En relación con el hidrógeno:
            
            
               a) gasoductos de transmisión para el transporte de hidrógeno que concedan acceso a varios usuarios de la red de manera transparente y no discriminatoria, incluyendo principalmente gasoductos de hidrógeno de alta presión, excepto aquellos para la distribución local de hidrógeno;
            
            
               b) sistemas de almacenamiento subterráneo conectados a los gasoductos de hidrógeno de alta presión mencionados en la letra a);
            
            
               c) instalaciones de recepción, almacenamiento y regasificación o descompresión para hidrógeno licuado o incorporado en otras sustancias químicas con objeto de introducir el hidrógeno en la red;
            
            
               d) cualquier equipo o instalación esencial para que el sistema de hidrógeno funcione sin riesgos, de forma segura y eficiente, o para posibilitar una capacidad bidireccional, incluidas las estaciones de compresión.
            
            
               Cualquiera de los activos enumerados en las letras a), b), c) y d) puede ser de nueva construcción o convertido del gas natural dedicado al hidrógeno, o una combinación de ambos. 
            
            
            
               4) En relación con las instalaciones de electrolizadores:
            
            
               a) electrolizadores que satisfagan estas condiciones: i) tengan una capacidad de al menos 100 MW; ii) la producción cumpla con el requisito de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida del 70 % en relación con un combustible fósil de referencia de 94 g CO2eq/MJ, tal y como se establece en el artículo 25, apartado 2, y en el anexo V de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  1
               . La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida se calculará de acuerdo con la metodología especificada en el artículo 28, apartado 5, de la Directiva (UE) 2018/2001 o, de manera alternativa, en virtud de las normas ISO 14067 o ISO 14064-1. La reducción cuantificada de emisiones de gases de efecto invernadero a lo largo del ciclo de vida se verificará de acuerdo con el artículo 30 de la Directiva (UE) 2018/2001 cuando proceda, o la verificación la realizará una tercera parte independiente; y iii) también tengan una función relacionada con la red; 
            
            
               b) equipo relacionado.
            
            
            
               5) En relación con el dióxido de carbono:
            
            
               
               a) conductos específicos, distintos de la red de conductos de exploración y producción, utilizados para transportar dióxido de carbono procedente de más de una fuente, es decir, instalaciones industriales (incluidas las centrales eléctricas) que produzcan dióxido de carbono a partir de combustión o de otras reacciones químicas que impliquen compuestos que contengan carbono fósil o no fósil, para fines de almacenamiento geológico permanente del dióxido de carbono conforme a la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
                  2
               ;
            
            
               b) instalaciones para el licuado y el almacenamiento intermedio de dióxido de carbono con vistas a su ulterior transporte. No se incluyen las infraestructuras integradas en una formación geológica utilizada para el almacenamiento geológico permanente de dióxido de carbono de conformidad con la Directiva 2009/31/CE ni las correspondientes instalaciones de superficie y de inyección;
            
         
         
            
               c) todo equipo o instalación indispensable para el funcionamiento correcto, seguro y eficiente del sistema en cuestión, incluidos los sistemas de protección, seguimiento y control.
            
            
               ANEXO III
            
            
               LISTAS REGIONALES DE LOS PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN
            
            
               1. NORMAS APLICABLES A LOS GRUPOS
            
            
               1) En el caso de la infraestructura energética que sea competencia de las autoridades reguladoras nacionales, cada Grupo estará integrado por representantes de los Estados miembros, de las autoridades reguladoras nacionales y de los gestores de redes de transporte, así como de la Comisión, la Agencia, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte (REGRT) de la electricidad y la REGRT del gas, según corresponda.
            
            
               Para el resto de categorías de infraestructuras energéticas, cada Grupo deberá estar integrado por representantes de los Estados miembros, de los promotores de proyectos correspondientes a cada una de las prioridades pertinentes contempladas en el anexo I y de la Comisión.
            
            
               2) Dependiendo de la cantidad de proyectos candidatos para la lista de la Unión, las lagunas en la infraestructura regional y la evolución del mercado, los Grupos y los órganos decisorios de estos podrán dividirse, unirse o encontrarse en diferentes configuraciones, según corresponda, para debatir aspectos que sean comunes a todos los Grupos o que se relacionen únicamente con regiones particulares. Entre esas cuestiones, podrán incluirse las relativas a la coherencia transregional o al número de propuestas de proyectos incluidas en los proyectos de listas regionales que corren el riesgo de volverse inmanejables.
            
            
               3) Cada Grupo organizará su trabajo de acuerdo con los esfuerzos de cooperación regionales previstos en el artículo 61 de la Directiva (UE) 2019/944, el artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, el artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/943 y el artículo 12 del Reglamento (CE) n.º 715/2009 y en otras estructuras de cooperación regional existentes.
            
            
               4) Cada Grupo invitará, según corresponda para aplicar la prioridad pertinente indicada en el anexo I, a los promotores de un proyecto que sea candidato potencial para ser seleccionado como proyecto de interés común, así como a los representantes de las administraciones nacionales, las autoridades reguladoras y los gestores de redes de transporte de terceros países. La decisión de invitar a representantes de terceros países se adoptará por consenso.
            
            
               5) Cada Grupo invitará, según proceda, a las organizaciones que representan a las partes interesadas pertinentes —y, en su caso, directamente a las partes interesadas—, como los productores, gestores de redes de distribución, suministradores y consumidores y organizaciones para la protección del medio ambiente. El Grupo podrá organizar audiencias o consultas, cuando resulte pertinente para el desempeño de sus cometidos.
            
            
               6) Por lo que respecta a las reuniones de los Grupos, la Comisión publicará, en una plataforma a la que puedan acceder las partes interesadas, el reglamento interno, una lista actualizada de las organizaciones miembros, información actualizada de manera regular sobre la evolución del trabajo, los órdenes del día y las actas de las reuniones, si están disponibles. Las deliberaciones de los órganos decisorios de los Grupos y la clasificación de los proyectos de acuerdo con el artículo 4, apartado 5, son confidenciales.
            
            
               7) La Comisión, la Agencia y los Grupos se esforzarán por garantizar la coherencia entre los diferentes Grupos. Para ello, la Comisión y la Agencia garantizarán, si procede, el intercambio de información entre los Grupos interesados sobre todo trabajo de interés interregional.
            
            
               8) La participación de las autoridades nacionales de regulación y de la Agencia en los Grupos no pondrá en peligro el logro de sus objetivos ni el cumplimiento de las obligaciones en virtud del presente Reglamento o de los artículos 58, 59 y 60 de la Directiva (UE) 2019/944, de los artículos 40 y 41 de la Directiva 2009/73/CE o del Reglamento (UE) 2019/942. 
            
            
               2. PROCESO PARA ESTABLECER LISTAS REGIONALES
            
            
               1) Los promotores de proyectos que sean candidatos potenciales para ser seleccionados como proyectos de interés común y que deseen que se les considere proyectos de interés común presentarán al Grupo una solicitud de selección como proyecto de interés común, que incluya:
            
            
               a)una evaluación de sus proyectos respecto a la contribución al desarrollo de las prioridades establecidas en el anexo I;
            
            
               b)un análisis del cumplimiento de los criterios pertinentes definidos en el artículo 4;
            
            
               c)en el caso de proyectos que hayan alcanzado un grado de madurez suficiente, un análisis de los costes y beneficios de aquellos aplicando las metodologías elaboradas por la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas de conformidad con el artículo 11; 
            
            
               d)cualquier otra información pertinente para la evaluación del proyecto.
            
            
               2) Todos los destinatarios mantendrán la confidencialidad de la información sensible desde el punto de vista comercial.
            
         
         
            
               3) Las propuestas de proyectos de interés común sobre transporte y almacenamiento de electricidad dentro de las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), forman parte del último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible sobre electricidad, desarrollado por la REGRT de electricidad en virtud del artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/943. Las propuestas de proyectos de interés común sobre transporte y almacenamiento de electricidad dentro de las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letra e), se derivan del plan integrado de desarrollo de redes marítimas al que hace referencia el artículo 14, apartado 2, y son coherentes con él.
            
            
               4) Desde el 1 de enero de 2024, las propuestas de proyectos de interés común sobre hidrógeno clasificadas dentro de las categorías establecidas en el anexo II, punto 3, forman parte del último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible sobre gas, desarrollado por la REGRT de gas en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 715/2009.
            
            
               5) El 30 de junio de 2022 a más tardar y, posteriormente, para cada plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión, la REGRT de electricidad y la REGRT de gas publicarán pautas actualizadas para la inclusión de proyectos en sus respectivos planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión, a los que se hace referencia en los puntos 3 y 4, a fin de asegurar un trato equitativo y la transparencia del proceso. Para el resto de proyectos incluidos en la lista de la Unión de proyectos de interés común que esté en vigor en ese momento, las pautas definirán un proceso simplificado de inclusión en los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión por medio de la inclusión automática, teniendo en cuenta la documentación y los datos ya presentados en los procesos del plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión anterior, siempre y cuando la información presentada siga siendo válida.
            
            
               La REGRT de electricidad y la REGRT de gas consultarán a la Comisión y la Agencia acerca de sus respectivos borradores de pautas para la inclusión de proyectos en los planes decenales de desarrollo de la red a escala de la Unión y tendrán en cuenta las recomendaciones de la Comisión y la Agencia antes de publicar las pautas definitivas.
            
            
               6) Las propuestas de proyectos de transporte de dióxido de carbono incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 5, se presentarán como parte de un plan elaborado por al menos dos Estados miembros para el desarrollo del transporte y la infraestructura de almacenamiento transfronterizos de dióxido de carbono, que será presentado a la Comisión por los Estados miembros en cuestión o por entidades designadas por dichos Estados miembros.
            
            
               7) En el caso de proyectos propuestos que sean competencia de las autoridades reguladoras nacionales, estas y, en caso necesario, la Agencia, en la medida de lo posible en el contexto de la cooperación regional de acuerdo con el artículo 61 de la Directiva (UE) 2019/944 y el artículo 7 de la Directiva 2009/73/CE, comprobarán que se aplican con coherencia los criterios y la metodología de análisis de costes y beneficios, y evaluarán su importancia transfronteriza. Posteriormente presentarán el resultado de su evaluación al Grupo.
            
            
               8) Para el resto de proyectos propuestos, la Comisión evaluará la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 4. La Comisión también tendrá en cuenta la posibilidad de una futura ampliación para incluir a más Estados miembros. La Comisión presentará el resultado de su evaluación al Grupo.
            
            
               9) Todo Estado miembro a cuyo territorio no afecte una propuesta de proyecto, pero en el que la propuesta de proyecto podría tener un impacto positivo neto o ejercer un efecto significativo, por ejemplo, sobre el medio ambiente o sobre el funcionamiento de las infraestructuras energéticas en su territorio, podrá presentar un dictamen al Grupo en el que detalle sus preocupaciones.
            
            
               10) El órgano decisorio del Grupo examinará, a petición de un Estado miembro del Grupo, las motivaciones debidas presentadas por un Estado de conformidad con el artículo 3, apartado 3, para no aprobar un proyecto de interés común o mutuo que afecte a su territorio.
            
            
               11) El Grupo se reunirá para examinar y clasificar las propuestas de proyectos teniendo en cuenta la evaluación de los reguladores o la evaluación de la Comisión en el caso de los proyectos que no sean competencia de las autoridades reguladoras nacionales.
            
            
               12) Los proyectos de listas regionales de propuestas de proyectos que sean competencia de las autoridades reguladoras nacionales, elaborados por los Grupos, junto con todo dictamen tal como se especifica en el punto 9, deberán presentarse a la Agencia seis meses antes de la fecha de aprobación de la lista de la Unión. La Agencia evaluará los proyectos de listas regionales y los dictámenes que los acompañen en el plazo de tres meses a partir de la fecha de su recepción. La Agencia presentará un dictamen sobre los proyectos de listas regionales, en particular sobre la coherencia de la aplicación de los criterios y el análisis de costes y beneficios en las regiones. El dictamen de la Agencia se adoptará de conformidad con el procedimiento mencionado en el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (UE) 2019/942.
            
            
               13) En el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción del dictamen de la Agencia, el órgano decisorio de cada Grupo adoptará su lista regional definitiva, cumpliendo las disposiciones establecidas en el artículo 3, apartado 3, basándose en la propuesta del Grupo y teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia y la evaluación de las autoridades reguladoras nacionales, de conformidad con el punto 7, o la evaluación de la Comisión en el caso de los proyectos que no sean competencia de las autoridades reguladoras nacionales, propuestos de conformidad con el punto 8. Los Grupos presentarán a la Comisión las listas regionales definitivas, junto con todo dictamen tal como se especifica en el punto 9.
            
            
               14) Si, sobre la base de las listas regionales recibidas y después de tomar en consideración el dictamen de la Agencia, el número total de propuestas de proyectos de interés común de la lista de la Unión excediera un número manejable, la Comisión examinará, previa consulta a todos los Grupos interesados, la posibilidad de no incluir en la lista de la Unión proyectos a los que el Grupo interesado hubiera atribuido la clasificación más baja de conformidad con la clasificación establecida con arreglo al artículo 4, apartado 5.
            
            
               ANEXO IV
            
            
               NORMAS E INDICADORES RELATIVOS A LOS CRITERIOS PARA PROYECTOS DE INTERÉS COMÚN Y DE INTERÉS MUTUO
            
            
               1) Un proyecto con un impacto transfronterizo significativo es todo proyecto situado en el territorio de un Estado miembro que cumpla las siguientes condiciones:
            
            
               a) en el caso del transporte de electricidad, el proyecto incrementa la capacidad de transporte de la red o la capacidad disponible para flujos comerciales en la frontera de dicho Estado miembro con uno o varios Estados miembros, con el efecto de incrementar la capacidad de transporte transfronterizo de la red en la frontera del Estado miembro con uno o varios Estados miembros, como mínimo en 500 megavatios en comparación con la situación previa a la puesta en servicio del proyecto; 
            
            
               b) en el caso del almacenamiento de electricidad, el proyecto ofrece una capacidad instalada de, al menos, 225 megavatios, y tiene una capacidad de almacenamiento que permite una producción de electricidad anual neta de 250 gigavatios/hora/año;
            
            
               c) en cuanto a las redes eléctricas inteligentes, el proyecto está destinado a equipos e instalaciones de nivel de alta y media tensión. En él participan operadores del sistema de transporte, del sistema de transporte y distribución, o del sistema de distribución de al menos dos Estados miembros. Los operadores del sistema de distribución solo pueden participar con el apoyo de operadores del sistema de transporte de al menos dos Estados miembros que estén estrechamente relacionados con el proyecto y garanticen la interoperabilidad.  Un proyecto abarca, como mínimo, a 50 000 usuarios, generadores, consumidores o prosumidores de electricidad en un área de consumo de al menos 300 gigavatios/hora/año, de los cuales como mínimo el 20 % procede de fuentes renovables de naturaleza variable;
            
            
               d) por lo que respecta al transporte de hidrógeno, el proyecto permite dicho transporte por las fronteras de los Estados miembros interesados y potencia la capacidad actual de transporte transfronterizo de hidrógeno en una frontera entre dos Estados miembros al menos un 10 % en comparación con la situación previa a la puesta en servicio del proyecto. Asimismo, este demuestra en suficiente medida que es un componente fundamental de la red de hidrógeno transfronteriza planeada y es prueba suficiente de los planes vigentes y de la cooperación con los países colindantes y los operadores de la red;
            
         
         
            
               e) para las instalaciones de almacenamiento o recepción de hidrógeno mencionadas en el anexo II, punto 3, el proyecto tiene por objeto abastecer, por lo menos, a dos Estados miembros, bien de manera directa o indirecta;
            
            
               f) en el caso de los electrolizadores, el proyecto ofrece una capacidad instalada de al menos 100 MW y reporta beneficios, de manera directa o indirecta, a por lo menos dos Estados miembros;
            
            
               g) por lo que respecta a las redes de gas inteligentes, en un proyecto participan operadores del sistema de transporte, del sistema de transporte y distribución, o del sistema de distribución de al menos dos Estados miembros. Los operadores del sistema de distribución solo pueden participar con el apoyo de operadores del sistema de transporte de al menos dos Estados miembros que estén estrechamente relacionados con el proyecto y garanticen la interoperabilidad.
            
            
            
               2) Un proyecto de interés mutuo con un impacto transfronterizo significativo es aquel que satisface las siguientes condiciones:
            
            
            
               h) en el caso de los proyectos de interés mutuo dentro de la categoría prevista en el anexo II, punto 1, letras a) y e), el proyecto refuerza la capacidad de transporte de la red o la capacidad disponible para los flujos comerciales en la frontera de ese Estado miembro con uno o más terceros países y reporta beneficios significativos, según los criterios específicos enumerados en el artículo 4, apartado 3, a por lo menos dos Estados miembros. La REGRT de electricidad calculará los beneficios para los Estados miembros y los publicará en el contexto del plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión;
            
            
               i) en el caso de los proyectos de interés mutuo dentro de la categoría prevista en el anexo II, punto 3, el proyecto permite el transporte de hidrógeno en la frontera de ese Estado miembro con uno o más terceros países y demuestra reportar beneficios significativos, según los criterios específicos enumerados en el artículo 4, apartado 3, a por lo menos dos Estados miembros. La REGRT de gas calculará los beneficios para los Estados miembros y los publicará en el contexto del plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión;
            
            
               j) en lo que respecta a los proyectos de interés mutuo dentro de la categoría prevista en el anexo II, punto 5, al menos dos Estados miembros y un tercer país pueden utilizar el proyecto para transportar dióxido de carbono antropogénico.
            
            
            
               3) En relación con los proyectos incluidos en las categorías establecidas en el anexo II, punto 1, letras a), b), c) y e), los criterios enumerados en el artículo 4 se evaluarán del siguiente modo:
            
            
               a) La integración del mercado, la competencia y la flexibilidad del sistema medidas de acuerdo con el análisis realizado en el último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible para la electricidad, en particular:
            
            
               i) calculando, para los proyectos transfronterizos, el impacto en la capacidad de transporte de la red en los dos sentidos del flujo de energía, medida en términos de cantidad de energía (en megavatios), y su contribución para alcanzar el objetivo mínimo de interconexión del 15 %, y para proyectos con un impacto transfronterizo importante, el impacto en la capacidad de transporte de la red en las fronteras entre los Estados miembros pertinentes, entre estos Estados miembros y terceros países o dentro de dichos Estados miembros pertinentes, así como en el equilibrio entre la oferta y la demanda y las operaciones en red de dichos Estados miembros pertinentes;
            
            
               ii) evaluando el impacto, para el área de análisis definida en el anexo V, en términos de costes de producción y transporte de la energía en todo el sistema y de la evolución y convergencia de los precios del mercado, producido por un proyecto bajo diferentes supuestos de planificación, en particular teniendo en cuenta las variaciones inducidas en el orden de mérito.
            
            
               b) El transporte de la producción obtenida a partir de fuentes renovables a grandes centros de consumo y lugares de almacenamiento medido de acuerdo con el análisis realizado en el último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible para la electricidad, en particular:
            
            
               i) para el transporte de electricidad, calculando la capacidad de producción a partir de fuentes de energía renovables (por tecnología, en megavatios) que se conecta y se transporta gracias al proyecto, en comparación con la capacidad de producción total prevista a partir de dichos tipos de fuentes de energía renovable en el Estado miembro en cuestión, en 2030, de acuerdo con los planes nacionales integrados de energía y clima, presentados por los Estados miembros de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo
                  3
               ;
            
            
               ii) o para el almacenamiento de electricidad, comparando la nueva capacidad permitida por el proyecto con la capacidad existente total para la misma tecnología de almacenamiento en el área de análisis definida en el anexo V.
            
            
               c) La seguridad del suministro, la interoperabilidad y el funcionamiento seguro del sistema medidos de acuerdo con el análisis realizado en el último plan decenal de desarrollo de la red a escala de la Unión disponible para la electricidad, en particular evaluando el impacto del proyecto en la pérdida de carga prevista para el área de análisis definida en el anexo V, en términos de adecuación de la producción y del transporte para una serie de períodos de carga característicos, teniendo en cuenta los cambios esperados en caso de condiciones climáticas extremas y su impacto en la resiliencia de la infraestructura. Se medirá, si procede, el impacto del proyecto en el control independiente y fiable del funcionamiento del sistema y los servicios.
            
            
               4) En relación con los proyectos incluidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 1, letra d), los criterios enumerados en el artículo 4 se evaluarán del siguiente modo:
            
            
                     
                        a)
                     
                  
                  
                     
                        Nivel de sostenibilidad
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        este criterio se medirá evaluando la capacidad de las redes de conectar y transportar energías renovables variables.
                     
                  
               
                     
                        b)
                     
                  
                  
                     
                        Seguridad del suministro
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        este criterio se medirá evaluando el nivel de pérdidas en las redes de transporte y distribución, el porcentaje de utilización (es decir, la carga media) de los componentes de la red eléctrica, la disponibilidad de los componentes de la red (relacionados con las operaciones de mantenimiento previstas e imprevistas) y su impacto en los resultados de la red, y la duración y frecuencia de las interrupciones, incluyendo aquellas relacionadas con el clima.
                     
                  
               
                     
                        c)
                     
                  
                  
                     
                        Integración del mercado
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        este criterio se medirá calculando la adopción innovadora de medidas en el funcionamiento y la interconexión de sistemas, así como el nivel de integración con otros sectores y de facilitación de nuevos modelos de negocio y estructuras de mercado.
                     
                  
               
                     
                        d)
                     
                  
                  
                     
                        Seguridad de la red, flexibilidad y calidad del suministro
                     
                  
                  
                     
                        :
                     
                  
                  
                     
                        este criterio se medirá evaluando el enfoque innovador de la flexibilidad del sistema, la ciberseguridad, la operabilidad eficiente entre los niveles de gestores de redes de transporte y de redes de distribución, la capacidad de incluir la respuesta a la demanda, el almacenamiento, las medidas de eficiencia energética, el uso rentable de herramientas digitales y TIC para fines de supervisión y control, la estabilidad del sistema eléctrico y los resultados en cuanto a la calidad de la tensión.
                     
                     
                  
               
         
            
               5) En relación con el hidrógeno incluido en la categoría establecida en el anexo II, punto 3, los criterios enumerados en el artículo 4 se evaluarán del siguiente modo:
            
            
               a) La sostenibilidad medida como la contribución del proyecto a: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en diferentes aplicaciones de uso final, por ejemplo, la industria o el transporte; opciones de flexibilidad y almacenamiento estacional para la generación de electricidad renovable; o la integración del hidrógeno renovable.
            
            
               b) La integración del mercado y la interoperabilidad medidas calculando el valor adicional del proyecto para la integración de las áreas de mercado y la convergencia de precios, así como para la flexibilidad global del sistema.
            
            
               c) La seguridad del suministro y la flexibilidad medidas calculando el valor adicional del proyecto para la resiliencia, la diversidad y la flexibilidad del suministro. 
            
            
               d) La competencia medida atendiendo a la contribución del proyecto a la diversificación del suministro, incluida la facilitación del acceso a fuentes autóctonas de suministro de hidrógeno.
            
            
               6) En relación con los proyectos de la red de gas inteligente incluidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 2, los criterios enumerados en el artículo 4 se evaluarán del siguiente modo:
            
            
               a) El nivel de sostenibilidad medido evaluando la proporción de gases renovables e hipocarbónicos integrados en la red de gas, la concomitante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para la descarbonización completa del sistema y la detección apropiada de fugas.
            
            
               b) La calidad y la seguridad del suministro medidas evaluando la proporción del suministro de gas garantizado disponible y los picos de máxima demanda, el porcentaje de importaciones sustituidas por gases renovables e hipocarbónicos locales, la estabilidad del funcionamiento del sistema y la duración y frecuencia de las interrupciones por usuario. 
            
            
               c) La facilitación de la integración en el sector energético inteligente medida evaluando la reducción de costes lograda en los sectores y sistemas energéticos conectados, como el sistema térmico y eléctrico, el transporte y la industria.
            
            
               7) En relación con los proyectos de electrolizadores incluidos en la categoría establecida en el anexo II, punto 4, los criterios enumerados en el artículo 4 se evaluarán del siguiente modo:
            
            
               a) La sostenibilidad medida evaluando la proporción de hidrógeno renovable o hidrógeno que satisfaga los criterios definidos en el anexo II, punto 4, letra a) inciso ii), integrado en la red y la concomitante reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
            
            
               b) La seguridad del suministro medida evaluando su contribución a la seguridad, la estabilidad y la eficiencia del funcionamiento de la red, así como evaluando si se han evitado reducciones de la generación de electricidad renovable.  
            
            
               c) La facilitación de la integración en el sector energético inteligente medida evaluando la reducción de costes lograda en los sectores y sistemas energéticos conectados como el gas, el hidrógeno, las redes térmicas y eléctricas, los sectores del transporte y la industria, y el volumen logrado de la respuesta a la demanda.  
            
            
            
            
               ANEXO V
            
            
               ANÁLISIS DE COSTES Y BENEFICIOS DE TODO EL SISTEMA ENERGÉTICO
            
            
               La metodología para realizar un análisis armonizado de costes y beneficios de todo el sistema energético para los proyectos de interés común debe cumplir los siguientes principios:
            
            
               1) El área de análisis de un proyecto individual cubrirá todos los Estados miembros y terceros países en cuyo territorio se sitúe el proyecto, todos los Estados miembros colindantes y todos los demás Estados miembros afectados de forma significativa por el proyecto. Para este fin, la REGRT de la electricidad y la REGRT del gas cooperarán con todos los operadores de sistemas pertinentes en los terceros países correspondientes.
            
            
               2) Cada análisis de costes y beneficios incluirá análisis de sensibilidad relativos a la serie de datos de entrada, la fecha de puesta en servicio de los diferentes proyectos de la misma área de análisis y otros parámetros relevantes. 
            
         
         
            
               3) Definirá el análisis que se vaya a realizar, atendiendo a la pertinente serie de datos de entrada multisectoriales, determinando las repercusiones con y sin cada uno de los proyectos. 
            
            
               4) Ofrecerá orientaciones para el desarrollo y uso de la red y la modelización del mercado necesaria para el análisis de costes y beneficios. La modelización permitirá realizar una evaluación completa de las repercusiones económicas —incluidas la integración del mercado, la seguridad del suministro y la competencia—, sociales, medioambientales y climáticas, incluidas las repercusiones intersectoriales. La metodología abarcará información sobre por qué se calcula cada beneficio y coste, cuáles se calculan y cómo se hace. 
            
            
               5) Incluirá el principio de «la eficiencia energética primero» y explicará cómo se aplica en todos los pasos de los planes decenales de desarrollo de la red. 
            
            
               6) Se asegurará de identificar los Estados miembros en los cuales el proyecto tendrá impactos positivos netos (beneficiarios) y los Estados miembros en los cuales el proyecto tendrá impactos negativos netos (sufragadores de los costes).
            
            
               7) Tendrá en cuenta, como mínimo, el gasto de capital, los gastos operativos y de mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de la evaluación del proyecto y los costes de desmantelamiento y gestión de residuos, cuando proceda. La metodología ofrecerá orientaciones sobre las tasas de descuento, el período de vigencia de la evaluación y el valor residual que se usará para los cálculos sobre los costes y los beneficios.
            
            
               8) Garantizará que las medidas de adaptación climática que se tomen en cada proyecto se analicen y reflejen el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero de manera coherente con otras políticas de la Unión. 
            
            
            
               ANEXO VI
            
            
               DIRECTRICES PARA LA TRANSPARENCIA Y LA PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO
            
            
               1) El manual de procedimientos mencionado en el artículo 9, apartado 1, debe contener como mínimo:
            
            
               a) especificaciones sobre las normas pertinentes en las que se basan las decisiones y los dictámenes relativos a los distintos tipos de proyectos de interés común pertinentes, incluida la legislación medioambiental;
            
            
               b) la lista de las decisiones y dictámenes pertinentes que se han de obtener;
            
            
               c) los nombres y datos de contacto de la autoridad competente, de otras autoridades y de las principales partes interesadas en cuestión;
            
            
               d) el flujo de trabajo, que resuma cada fase del proceso y adjunte un calendario indicativo y una descripción concisa del proceso decisorio para los distintos tipos de proyectos de interés común pertinentes;
            
            
               e) información sobre el alcance, la estructura y el nivel de detalle de los documentos que se vayan a presentar con las solicitudes de decisión, incluida una lista de comprobación;
            
            
               f) las fases y los medios para que el público en general pueda participar en el proceso;
            
            
               g) las modalidades en que la autoridad competente, otras autoridades interesadas y el promotor del proyecto demostrarán que se han tenido en cuenta las opiniones expresadas en las consultas públicas, por ejemplo, al mostrar qué modificaciones se han realizado en la ubicación y el diseño del proyecto, o al justificar la razón por la que dichas opiniones no se han tenido en cuenta;
            
            
               h) en la medida de lo posible, la traducción de todo el contenido a todos los idiomas de los Estados miembros colindantes, que se llevará a cabo en coordinación con dichos Estados miembros respectivamente.
            
            
               2) El calendario detallado mencionado en el artículo 10, apartado 5, letra b), especificará, como mínimo, lo siguiente:
            
            
               a) las decisiones y dictámenes que se han de obtener;
            
         
         
            
               b) las autoridades, las partes interesadas y el público que puedan verse afectados;
            
            
               c) cada una de las fases del procedimiento y su duración;
            
            
               d) las principales etapas que deben superarse y sus plazos con vistas a la adopción de la decisión global;
            
            
               e) los recursos previstos por las autoridades y las posibles necesidades de recursos adicionales.
            
            
               3) Sin perjuicio de los requisitos para las consultas públicas en virtud de la legislación medioambiental, para incrementar la participación del público en el proceso de concesión de autorizaciones y garantizar una información y un diálogo previos con el público, se aplicarán los siguientes principios:
            
            
               a) las partes interesadas afectadas por un proyecto de interés común, incluidas las autoridades nacionales, regionales y locales pertinentes, los propietarios del suelo y los ciudadanos que habiten en las proximidades del proyecto, el público general y sus asociaciones, organizaciones o grupos, serán informados ampliamente y consultados en una fase temprana, cuando todavía puedan tenerse en cuenta las potenciales preocupaciones del público, y de una forma abierta y transparente. Cuando proceda, la autoridad competente apoyará activamente las actividades emprendidas por el promotor de proyecto; 
            
            
               b) las autoridades competentes garantizarán que los procedimientos de consulta pública para los proyectos de interés común estén agrupados en la medida de lo posible, incluyendo consultas públicas que ya deban realizarse conforme a la legislación nacional. Cada consulta pública incluirá todas las materias pertinentes para la fase concreta del procedimiento, no debiendo una materia pertinente para esa fase concreta ser abordada en más de una consulta pública; sin embargo, podrá celebrarse una consulta pública en más de una localización geográfica. Los temas abordados por una consulta pública deberán estar claramente indicados en la notificación de dicha consulta pública;
            
            
               c) las observaciones y objeciones serán admisibles únicamente desde el principio de la consulta pública hasta el vencimiento del plazo.
            
            
                4) El plan conceptual de participación del público deberá incluir como mínimo información sobre:
            
            
               a) las partes interesadas afectadas y a quienes va dirigido;
            
            
               b) las medidas previstas, incluidas las localizaciones generales propuestas y las fechas de las reuniones específicas;
            
            
               c) el calendario;
            
            
               d) los recursos humanos asignados a los correspondientes cometidos.
            
            
               5) En el contexto de la consulta pública que se debe realizar antes de la presentación de un expediente de solicitud, las partes interesadas deberán, como mínimo:
            
            
               a) publicar un folleto informativo de no más de quince páginas en el que se presente, de forma clara y concisa, una visión panorámica de la descripción, el objetivo y un calendario preliminar de los pasos de desarrollo del proyecto, el plan de desarrollo de la red nacional, las rutas alternativas consideradas, los tipos y características de los posibles impactos, incluyendo también los de carácter transfronterizo, y posibles medidas paliativas, que se publicarán antes de que comience la consulta. El folleto informativo enumerará, además, las direcciones del sitio web del proyecto de interés común mencionado en el artículo 9, apartado 7, la plataforma de transparencia mencionada en el artículo 23, y el manual de procedimiento mencionado en el punto 1;
            
            
               b) publicar la información sobre la consulta en el sitio web del proyecto de interés común mencionado en el artículo 9, apartado 7, en los tablones de anuncios de las oficinas de las administraciones locales y, como mínimo, en dos canales de comunicación locales; 
            
            
               c) invitar por escrito a todas las partes interesadas, las asociaciones, las organizaciones y los grupos afectados a reuniones específicas, en las que se debatirán las preocupaciones.
            
            
               6) En el sitio web del proyecto mencionado en el artículo 9, apartado 7, se publicará, como mínimo, la siguiente información:
            
            
               a) la fecha más reciente en la que se actualizó el sitio web del proyecto;
            
            
               b) la traducción de todo el contenido a todos los idiomas de los Estados miembros a los que afecta el proyecto o en los que este ejerce un impacto transfronterizo significativo, de acuerdo con el anexo IV, punto 1;
            
         
         
            
               c) el folleto informativo mencionado en el punto 5, actualizado con la información más reciente del proyecto;
            
            
               d) un resumen no técnico y periódicamente actualizado que recoja la situación actual del proyecto, incluyendo información geográfica, y que indique de forma clara, en caso de actualizaciones, las modificaciones respecto a versiones anteriores; 
            
            
               e) el plan de ejecución previsto en el artículo 5, apartado 1, actualizado con los datos más recientes del proyecto;
            
            
               f) los fondos asignados y desembolsados por la Unión para el proyecto;
            
            
               g) la programación del proyecto y de la consulta pública, indicando claramente las fechas y lugares de las consultas públicas y audiencias, así como los temas que se consideren pertinentes para dichas audiencias;
            
            
               h) datos de contacto para obtener información o documentos adicionales;
            
            
                  i) datos de contacto destinados a expresar observaciones y objeciones durante las consultas públicas.
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        DO L 328 de 21.12.2018, p. 82.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        DO L 140 de 5.6.2009, p. 114.
               
               
                  
                     (3)
                  
                        Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 663/2009 y (CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, DO L 328 de 21.12.2018, p. 1.
               
            
      
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               COMISIÓN EUROPEA
            Bruselas, 15.12.2020
            COM(2020) 824 final
            ANEXO
            de la 
            Propuesta deREGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
            relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 347/2013
            {SEC(2020) 431 final} - {SWD(2020) 346 final} - {SWD(2020) 347 final}
            
               
         
         
            
               Plantilla de subsidiariedad
            
            
                     
                        1.¿Puede la Unión actuar? ¿Cuál es la base jurídica y la competencia de la acción prevista de la Unión?
                     
                  
               
                     
                        1.1 ¿Qué articulo(s) del Tratado se utiliza(n) para respaldar la propuesta legislativa o la iniciativa política?
                     
                  
               
                     
                        El artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prevé que la Unión contribuirá al establecimiento y al desarrollo de redes transeuropeas, también en el ámbito de las infraestructuras energéticas, y favorecerá la interconexión de las redes nacionales. El Reglamento RTE-E se basa en el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contempla que la base jurídica debe adoptar orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de las acciones previstas en el ámbito de las redes transeuropeas, tal como se establece en el artículo 171.
                     
                  
               
                     
                        1.2 ¿La competencia de la Unión representada por dicho artículo del Tratado es de carácter exclusivo, compartido o de apoyo?
                     
                  
               
                     
                        En el caso de las redes transeuropeas, la competencia de la Unión es compartida. El artículo 172 establece que las orientaciones y proyectos de interés común relativos al territorio de un Estado miembro requerirán la aprobación del Estado miembro de que se trate.
                     
                  
               
                     
                        La subsidiariedad no se aplica a ámbitos de actividad en los que la Unión tiene competencia exclusiva, tal y como se define en el artículo 3 del TFUE
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                        . Es la base jurídica específica la que determina si la propuesta entra en el ámbito del mecanismo de control de la subsidiariedad. El artículo 4 del TFUE
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                         establece los ámbitos en los que la Unión y los Estados miembros comparten competencias. El artículo 6 del TFUE
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                         establece los ámbitos en los que la Unión solo tiene competencia para apoyar la acción de los Estados miembros.
                     
                  
               
                     
                        2.Principio de subsidiariedad: ¿por qué debe actuar la UE?
                     
                  
               
                     
                        2.1¿Cumple la propuesta los requisitos de procedimiento del Protocolo (n.º 2)
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                        ?
                     
                     
                        -¿Se ha realizado una consulta amplia antes de proponer el acto?
                     
                     
                        -¿Existe una declaración detallada con indicadores cualitativos y, cuando sea posible, cuantitativos que permita una valoración de si la acción puede alcanzarse mejor a escala de la UE?
                     
                  
               
                     
                        -En consonancia con las directrices para la mejora de la legislación, la Comisión llevó a cabo una amplia consulta basada en una estrategia que incluía una serie de métodos e instrumentos de consulta. La estrategia se diseñó en consonancia con la lógica de intervención, haciendo hincapié en la pertinencia, la eficacia, la eficiencia, la coherencia y el valor añadido de la UE del Reglamento RTE-E. La estrategia de consulta tenía por objeto garantizar que se tuvieran en cuenta todas las pruebas pertinentes, incluidos los datos relacionados con los costes, el impacto social y los beneficios potenciales de la iniciativa.
                     
                     
                     
                        -Una consulta pública en línea (CPA) entre el 18 de mayo y el 13 de julio de 2020 brindó la oportunidad de contribuir a cualquier persona interesada en la evaluación y revisión del Reglamento RTE-E. Se utilizó una encuesta de la UE para gestionar la CPA. El cuestionario estaba disponible en veintitrés de las lenguas oficiales de la UE e iba dirigido principalmente a ciudadanos y organizaciones (por ejemplo, ONG, administraciones y entes locales, empresas y asociaciones industriales) que carecen de conocimientos especializados del Reglamento RTE-E. Esto se reflejó en el número, la estructura y la redacción del cuestionario. Las preguntas de la consulta pública abierta tenían por objeto determinar la pertinencia del Reglamento RTE-E desde el punto de vista de sus objetivos y categorías de infraestructuras y de las características de los proyectos de interés común que el público general consideraba más importantes.  Se invitó a los participantes con conocimientos especializados en el Reglamento RTE-E (por ejemplo, profesionales de una autoridad nacional competente o reguladora, gestores de redes de transporte, gestores de redes de distribución, promotores de proyectos empresariales, productores de energía, ONG con conocimientos específicos sobre el tema) a completar una encuesta específica. La consulta pública en línea estuvo accesible en el sitio web de la Comisión «Díganos lo que piensa», en el que también hay enlaces a documentos de referencia y a páginas web pertinentes, como las dedicadas a la política sobre RTE-E y al Pacto Verde Europeo.
                     
                     
                     
                        -Se celebraron cuatro seminarios web con las partes interesadas con el fin de garantizar un mayor acercamiento hacia ellas y crear oportunidades para un intercambio de información de forma estructurada. 
                     
                     
                     
                        -La exposición de motivos y la evaluación de impacto contienen una sección sobre el principio de subsidiariedad. Para más información, véase la pregunta 2.2.
                     
                  
               
                     
                        2.2¿La exposición de motivos (y cualquier evaluación de impacto) que acompaña la propuesta de la Comisión contiene una justificación adecuada sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad?
                     
                  
               
                     
                        Tanto la exposición de motivos como la evaluación de impacto que acompañan la propuesta de la Comisión contienen una justificación adecuada sobre la conformidad con el principio de subsidiariedad.
                     
                     
                     
                        La infraestructura de transporte de energía (incluida una red marítima interconectada y una infraestructura de redes inteligentes) tiene un valor añadido para Europa debido a sus efectos transfronterizos y es esencial para lograr un sistema energético climáticamente neutro. El Reglamento RTE-E ha aportado valor y ha contribuido a lograr resultados en relación con la integración del mercado energético de la Unión, la competencia y la seguridad del suministro. Es necesario un marco de cooperación regional entre los Estados miembros para desarrollar infraestructuras energéticas transfronterizas. Las normativas y acciones de los Estados miembros son insuficientes para llevar a cabo estos proyectos de infraestructuras en su conjunto.
                     
                     
                     
                        El mercado interior de la energía requiere infraestructuras transfronterizas, cuyo desarrollo precisa de la cooperación de dos o más Estados miembros, todos ellos con su propio marco regulador. 
                     
                     
                     
                        El Reglamento RTE-E ha aportado un valor añadido en comparación con lo que podría haberse logrado únicamente a escala nacional o regional. La ejecución de más de cuarenta proyectos clave de infraestructuras energéticas desde su entrada en vigor ha ayudado a la mayoría de los Estados miembros a alcanzar el objetivo de interconexión del 10 % para 2020 y a lograr una red de gas bien interconectada y resistente a las perturbaciones. El mercado energético de la Unión está más integrado y es más competitivo que en 2013 y la seguridad energética de la Unión ha mejorado. El acceso a una financiación específica en el marco del Mecanismo «Conectar Europa» permitió la ejecución de noventa y cinco proyectos de interés común que por otra parte han tenido dificultades para acceder a la financiación con arreglo a las normas del mercado.
                     
                     
                     
                        Los avances mencionados no podrían haberse logrado exclusivamente con la actuación de los Estados miembros. Varias partes interesadas constataron el valor añadido del Reglamento RTE-E, señalando la importancia de la cooperación regional en la ejecución de proyectos transfronterizos, así como la transparencia, la seguridad normativa y el acceso a la financiación.
                     
                  
               
                     
                        2.3Basándose en las respuestas a las preguntas que aparecen a continuación, ¿pueden los Estados miembros alcanzar de manera suficiente los objetivos de la acción propuesta actuando solos (necesidad de la acción de la UE)?
                     
                  
               
                     
                        Las normativas y acciones de los Estados miembros son insuficientes para llevar a cabo los proyectos prioritarios de infraestructuras energéticas necesarios para alcanzar los objetivos de la iniciativa propuesta. De no existir una acción a escala de la UE, no es posible lograr los objetivos consagrados en el Tratado en términos de fomento de las interconexiones y de interoperabilidad de las redes nacionales.
                     
                  
               
                     
                        a)¿Se están abordando los aspectos significativos/apreciables transnacionales/transfronterizos de los problemas? ¿Se han cuantificado esos aspectos?
                     
                  
               
                     
                        La base jurídica de las redes transeuropeas (véase el punto 1.1 supra) establece que el tema es de carácter transfronterizo. Esto también se refleja en el objetivo de la iniciativa, que consiste en facilitar el desarrollo de infraestructuras energéticas adecuadas en toda la UE y en sus países vecinos para poder alcanzar sus objetivos energéticos y climáticos, en particular los objetivos 2030/50, así como la integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro. Más concretamente, la acción propuesta consiste en permitir la identificación de los proyectos e inversiones transfronterizos en toda la UE y sus países vecinos que sean necesarios para la transición energética y los objetivos climáticos. Además, pretende mejorar la planificación de infraestructuras transfronterizas para la integración del sistema energético y las redes marítimas.
                     
                  
               
                     
                        b)¿La acción nacional o la ausencia de acción a escala de la UE entraría en conflicto con los objetivos fundamentales del Tratado
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                         o perjudicaría considerablemente los intereses de otros Estados miembros?
                     
                  
               
                     
                        De no existir una acción a escala de la UE, no podrían alcanzarse los objetivos establecidos en el artículo 170, es decir, el establecimiento y el desarrollo de redes transeuropeas en los ámbitos de las infraestructuras del transporte, las telecomunicaciones y la energía. Con ello se pretende promover las interconexiones y la interoperabilidad de las redes nacionales, así como el acceso a dichas redes. En este contexto, debe tenerse en cuenta la necesidad de conectar tanto las regiones insulares como aquellas sin litoral y periféricas con las regiones centrales de la Unión.
                     
                  
               
                     
                        c)¿En qué medida tienen los Estados miembros la capacidad o posibilidad de promulgar medidas adecuadas?
                     
                  
               
                     
                        La acción nacional puede adoptar medidas adecuadas para complementar la acción a escala de la UE y conseguir así alcanzar los objetivos en este ámbito político. Las medidas podrán referirse, entre otras cosas, a las redes nacionales conectadas a las redes transfronterizas y a la aplicación nacional de medidas, incluida la autorización de proyectos de infraestructuras. Sin embargo, de no existir una acción a escala de la UE para poner en práctica un planteamiento coordinado de las redes transeuropeas de energía, no se identificarían ni aplicarían las interconexiones necesarias para la descarbonización del sistema energético, una mejor integración del mercado, la competencia y la seguridad del suministro.
                     
                  
               
                     
                        d)¿Cómo varía el problema y sus causas (p. ej. externalidades negativas, efectos inducidos) en los niveles nacional, regional y local de la UE?
                     
                  
               
                     
                        Los dos problemas principales abordados por la acción propuesta se refieren a los niveles nacional, regional y local: en primer lugar, el tipo y la escala del desarrollo de infraestructuras transfronterizas no están en consonancia plena con los objetivos de la política energética de la UE, en particular en lo que se refiere al Pacto Verde Europeo y al objetivo de neutralidad climática; en segundo lugar, los retrasos en la ejecución de proyectos clave de infraestructuras afectan a todos los niveles de la UE, al provocar unos niveles más bajos de integración del mercado, de competencia y de seguridad del suministro.
                     
                  
               
                     
                        e)¿Se trata de un problema generalizado en toda la UE o limitado a unos pocos Estados miembros?
                     
                  
               
                     
                        Los problemas expuestos en las anteriores subsecciones afectan a todos los Estados miembros y están muy extendidos en toda la UE. Todos los Estados miembros deben seguir descarbonizando sus sistemas energéticos y contribuyendo a lograr la neutralidad climática de aquí a 2050; además, se beneficiarán de unos niveles más elevados de integración del mercado, de competencia y de seguridad del suministro.
                     
                  
               
                     
                        f)¿Se ven los Estados miembros desbordados para alcanzar los objetivos de la medida prevista?
                     
                  
               
                     
                        Las medidas a escala de los Estados miembros no podrían alcanzar por sí solas los objetivos de la iniciativa propuesta. Un planteamiento coordinado a escala de la UE para la planificación de infraestructuras transfronterizas y la identificación de proyectos de infraestructuras prioritarios basados en la cooperación regional contribuirá a aumentar la eficiencia.
                     
                  
               
                     
                        g)¿De qué manera difieren las opiniones/líneas de acción preferidas por las administraciones nacionales, regionales y locales en toda la UE?
                     
                  
               
                     
                        Las autoridades nacionales, regionales y locales han prestado su apoyo a la acción a escala de la UE durante la consulta con las partes interesadas. 
                     
                  
               
                     
                        2.4Basándose en las respuestas a las preguntas que aparecen a continuación, ¿pueden los objetivos de la acción propuesta lograrse mejor a escala de la UE debido a la dimensión o a los efectos de dicha acción (valor añadido de la UE)?
                     
                  
               
                     
                        La acción a escala de la UE aporta un claro valor añadido en comparación con las políticas nacionales, como han demostrado el actual Reglamento RTE-E y los beneficios logrados hasta la fecha. La conexión efectiva de las redes de los Estados miembros y la eliminación de los cuellos de botella han mejorado la integración del mercado entre los Estados miembros y la competitividad, como se refleja en los avances hacia los objetivos de interconexión y la convergencia de los precios de la energía en toda la UE.
                     
                  
               
                     
                        a)¿Existen beneficios claros de la acción de la UE? 
                     
                  
               
                     
                        El Reglamento RTE-E ha establecido un nuevo planteamiento para la planificación de las infraestructuras energéticas transfronterizas. Reúne a las partes interesadas en grupos regionales para identificar y ayudar a ejecutar proyectos de interés común (PIC) que contribuyan al desarrollo de corredores prioritarios y áreas temáticas de infraestructuras energéticas. 
                     
                     
                     
                        Además de un enfoque eficaz y rentable en cuanto a la planificación de infraestructuras, el Reglamento ha mejorado los procedimientos de concesión de autorizaciones, ya que exige a los Estados miembros que garanticen un proceso racionalizado de dichas concesiones de autorizaciones para los PIC en un plazo de tres años y medio en lo que respecta a una decisión de concesión. Los procedimientos deben recibir la máxima prioridad nacional e incluirse en los planes nacionales de desarrollo de la red. El Reglamento también prevé asistencia reglamentaria, así como normas y orientaciones para la asignación transfronteriza de costes e incentivos relacionados con el riesgo, y proporciona acceso a oportunidades de financiación del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE).
                     
                     
                     
                        Desde su adopción en 2013, el Reglamento RTE-E ha permitido la ejecución de más de cuarenta proyectos clave de infraestructuras energéticas y se espera que otros setenta y cinco proyectos se ejecuten de aquí a 2022. El apoyo financiero proporcionado por el MCE por un total de 4 700 millones EUR ha permitido la ejecución de noventa y cinco PIC. Desde 2014, el MCE ha proporcionado financiación a 149 acciones, de las cuales 114 (519 millones EUR) han sido estudios y 35 (4 200 millones EUR) han sido obras. Del presupuesto total de 4 700 millones EUR, 1 500 millones EUR se han asignado a proyectos relacionados con el gas y 2 800 millones EUR a proyectos relacionados con la electricidad. Hasta la fecha, alrededor de una quinta parte de todos los PIC han recibido ayuda financiera del MCE para estudios o trabajos.
                     
                     
                     
                        Existe un amplio consenso entre las partes interesadas sobre el valor añadido de la UE que aporta el Reglamento, logrado a través de la cooperación regional, el acceso a la financiación, la mejora de la información y la transparencia, y la mejora de los procesos de planificación y autorización.
                     
                  
               
                     
                        b)¿Existen economías de escala? ¿Pueden los objetivos cumplirse de manera más eficiente a escala de la UE (mayores beneficios por coste unitario)? ¿Mejorará el funcionamiento del mercado interno?
                     
                  
               
                     
                        La evaluación del actual Reglamento RTE-E muestra que este ha contribuido de forma eficaz a conectar las redes de los Estados miembros y a eliminar los cuellos de botella. La integración del mercado entre los Estados miembros y la competitividad han mejorado, como se refleja en los avances hacia los objetivos de interconexión y la convergencia de los precios de la energía en toda la UE. La ejecución de PIC de electricidad ayudará a la mayoría de los Estados miembros a alcanzar el objetivo de interconexión del 10 % para 2020. Como consecuencia de ello, el mercado de la energía de la UE está más integrado y es más competitivo que en 2013. Los proyectos también permiten la integración de la electricidad renovable y el intercambio transfronterizo de electricidad, reduciendo la necesidad de establecer limitaciones. 
                     
                     
                     
                        La seguridad del suministro, que es uno de los principales motores del actual Reglamento RTE-E, ha mejorado considerablemente gracias a los PIC. A principios de la década de 2020, cuando estén en funcionamiento los PIC del gas actualmente en proceso de ejecución, Europa debe lograr una red de gas bien interconectada y resistente a las perturbaciones, y todos los Estados miembros tendrán acceso al menos a tres fuentes de gas o al mercado mundial del gas natural licuado (GNL), un elemento clave para mejorar la seguridad energética de la Unión mediante la diversificación de las fuentes de gas. 
                     
                  
               
                     
                        c)¿Cuáles son los beneficios de sustituir distintas políticas y normas nacionales por un planteamiento más homogéneo?
                     
                  
               
                     
                        Sobre la base del actual Reglamento RTE-E, las medidas propuestas tienen por objeto un enfoque más coordinado de la planificación de infraestructuras transfronterizas, una ejecución acelerada de los proyectos y un tratamiento normativo más coherente de los proyectos de interés común. Esto permitirá un planteamiento más eficiente del desarrollo de proyectos transfronterizos de infraestructuras y una ejecución más oportuna de estos proyectos.
                     
                  
               
                     
                        d)¿Los beneficios de una acción a escala de la UE compensan la pérdida de competencias de los Estados miembros y las administraciones locales y regionales (más allá de los costes y beneficios de actuar a escala nacional, regional y local)?
                     
                  
               
                     
                        La aceleración en la ejecución de proyectos de infraestructuras energéticas que permitan alcanzar los objetivos de neutralidad climática del Pacto Verde Europeo, así como la integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro al menor coste para los consumidores y las empresas, es una prioridad de primer orden para todos los Estados miembros. Por lo tanto, la actuación a escala de la UE permitirá ayudar a todos los Estados miembros a que contribuyan a la consecución de los objetivos clave de la política energética y climática.
                     
                  
               
                     
                        e)¿Mejorará la claridad jurídica para quienes tienen que aplicar la legislación?
                     
                  
               
                     
                        La revisión propuesta del actual marco RTE-E aportará una mayor claridad jurídica a los promotores de proyectos y a las autoridades nacionales. Por ejemplo, se aclararán las disposiciones sobre el tratamiento normativo de los proyectos de interés común.
                     
                  
               
                     
                        3.  Proporcionalidad: cómo debe actuar la UE
                     
                  
               
                     
                        3.1 ¿La exposición de motivos (y cualquier evaluación de impacto) que acompaña a la propuesta de la Comisión contiene una justificación adecuada con respecto a la proporcionalidad de la propuesta y una declaración que permita valorar si la propuesta se ajusta al principio de proporcionalidad?
                     
                  
               
                     
                        Tanto la exposición de motivos como la evaluación de impacto que acompañan a la propuesta de la Comisión contienen tal justificación. 
                     
                     
                     
                        La iniciativa se atiene al principio de proporcionalidad. Se inscribe en el marco de la acción en el ámbito de las redes transeuropeas de energía, tal como se define en el artículo 170 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La intervención en las políticas es proporcional a la dimensión y naturaleza de los problemas definidos y a la consecución de los objetivos fijados. 
                     
                     
                     
                        La propuesta no va más allá de lo necesario para alcanzar el objetivo general buscado de facilitar el desarrollo oportuno de suficientes infraestructuras energéticas en toda la Unión y en sus países vecinos para permitir el cumplimiento de los objetivos energéticos y climáticos de la Unión en consonancia con el Pacto Verde Europeo, en particular en relación con los objetivos 2030/50, incluido el objetivo de neutralidad climática, así como la integración del mercado, la competitividad y la seguridad del suministro. 
                     
                     
                     
                        Basándose en los resultados de la evaluación, la Comisión examinó varias políticas posibles pertenecientes a cuatro ámbitos de impacto del actual marco RTE-E, como el ámbito de aplicación, la gobernanza y la planificación de infraestructuras, la concesión de permisos y la participación pública, y el tratamiento reglamentario. 
                     
                     
                     
                        La evaluación y la comparación de las políticas posibles (véanse, en particular, las secciones 7 y 8 de la evaluación de impacto adjunta) muestran que ninguna de ellas es suficiente para alcanzar los objetivos identificados. La identificación del paquete de políticas posibles más adecuadas para alcanzar los objetivos específicos se basa en una evaluación que incluye el principio de proporcionalidad. 
                     
                  
               
                     
                        3.2Basándose en las respuestas a las preguntas que aparecen a continuación y en la información disponible de cualquier evaluación de impacto, de la exposición de motivos o de otras fuentes, ¿es la acción propuesta un medio adecuado para lograr los objetivos previstos?
                     
                  
               
                     
                        La acción propuesta incluye medidas adecuadas para alcanzar los objetivos previstos de la iniciativa. Las medidas son proporcionadas y no van más allá de lo necesario. Sin la actuación de la UE, los Estados miembros no podrían alcanzar los objetivos de manera satisfactoria. Los costes adicionales son muy limitados y se incluyen medidas para reducir los costes directos.
                     
                  
               
                     
                        a)¿Se limita la iniciativa a aquellos aspectos que los Estados miembros no pueden alcanzar satisfactoriamente por sí solos y en los que la UE lo puede hacer mejor?
                     
                  
               
                     
                        De no existir una acción a escala de la UE, los Estados miembros no podrían identificar los proyectos de infraestructuras transfronterizos adecuados que sean necesarios para la consecución de los objetivos de la política climática y energética sobre la base de una planificación integrada de las infraestructuras transfronterizas. Las medidas propuestas se limitan a los aspectos que los Estados miembros no pueden lograr satisfactoriamente por sí solos.
                     
                  
               
                     
                        b)¿Está justificada la forma de la acción de la Unión (elección del instrumento) y es lo más simple posible, es coherente con el logro satisfactorio de los objetivos que se persiguen y garantiza el cumplimiento de dichos objetivos (p.ej. elección entre reglamento, directiva [marco], recomendación o métodos alternativos como la corregulación, etc.)?
                     
                  
               
                     
                        La iniciativa propone la revisión del actual Reglamento RTE-E, con el fin de mantener la elección del instrumento que ha demostrado funcionar bien para alcanzar los objetivos buscados en consonancia con el método regulador (corregulación), tal como se establece en el artículo 172 del TFUE.
                     
                  
               
                     
                        c)¿La acción de la Unión deja el mayor margen posible para la adopción de decisiones a escala nacional, logrando al mismo tiempo de forma satisfactoria los objetivos establecidos? (P.ej., ¿es posible limitar la acción europea al establecimiento de normas mínimas o utilizar un instrumento o enfoque menos riguroso?).
                     
                  
               
                     
                        El artículo 171 del TFUE establece que la Unión elaborará orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de las acciones previstas en el ámbito de las redes transeuropeas y que estas orientaciones identificarán los proyectos de interés común. Las medidas propuestas se basan en estas disposiciones para establecer un marco a escala de la UE necesario para alcanzar los objetivos consagrados en el TFUE.
                     
                  
               
                     
                        d)¿La iniciativa genera costes financieros o administrativos para la Unión, los gobiernos nacionales, las administraciones regionales o locales, los operadores económicos o los ciudadanos? ¿Son estos costes proporcionados al objetivo que debe lograrse?
                     
                  
               
                     
                        Las medidas propuestas consisten principalmente en mejoras del actual marco RTE-E. La evaluación ha mostrado que el actual Reglamento ha funcionado bien. Durante la consulta con las partes interesadas, la mayoría de ellas coincidieron en que el Reglamento es rentable y aporta mayores beneficios que costes. La iniciativa crea una carga financiera y administrativa adicional limitada para los promotores de proyectos y la Comisión, así como para la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER). Las medidas de simplificación propuestas generarán beneficios directos debido a la reducción de los actuales costes directos recurrentes relacionados con la carga administrativa como consecuencia de la reducción de las obligaciones de seguimiento y notificación.
                     
                  
               
                     
                        e)¿Se han tenido en cuenta las circunstancias especiales que se aplican en determinados Estados miembros respetando, al mismo tiempo, la legislación de la Unión?
                     
                  
               
                     
                        No se ha detectado ninguna circunstancia especial en los distintos Estados miembros.
                     
                  
               
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                  
                      
                     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E003&from=ES
                      
                  
               
               
                  
                     (2)
                  
                  
                      
                     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E004&from=ES
                      
                  
               
               
                  
                     (3)
                  
                  
                      
                     https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008E006:ES:HTML
                      
                  
               
               
                  
                     (4)
                  
                  
                      
                     https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016E/PRO/02&from=ES
                      
                  
               
               
                  
                     (5)
                  
                  
                      
                     https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_es