CELEX: C2000/034/33
Language: es
Date: 2000-02-05 00:00:00
Title: Asunto C-452/99: Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 1999 contra la República Francesa por la Comisión de las Comunidades Europeas

5.2.2000                ES                     Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                         C 34/17
Petición de decisión prejudicial presentada mediante reso-                 — al no haber tenido en cuenta la experiencia profesional
lución del Handelsgericht Wien, de fecha 10 de noviembre                         de submarinistas que habı́an presentado ante las autori-
de 1999, en el asunto entre Cura Anlagen Gesellschaft                             dades francesas una solicitud de equivalencia;
          m.b.H. y ASL Auto Service Leasing GmbH
                        (Asunto C-451/99)                                    la República Francesa no ha aplicado correctamente los
                                                                             artı́culos 48 (actualmente, artı́culo 39), 52 (actualmente,
                          (2000/C 34/32)                                     artı́culo 43) y 59 (actualmente, artı́culo 49), del Tratado
                                                                             CE, ni el artı́culo 8 de la Directiva 92/51/CEE (1).
Al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le ha
sido sometida una petición de decisión prejudicial mediante
resolución del Handelsgericht Wien, dictada el 10 de noviem-           2. Condene en costas a República Francesa.
bre de 1999, en el asunto entre Cura Anlagen Gesellschaft
m.b.H. y ASL Auto Service Leasing GmbH, y recibida en la
Secretarı́a del Tribunal de Justicia el 26 de noviembre de 1999.
El Handelsgericht Wien solicita al Tribunal de Justicia que se          Motivos y principales alegaciones
pronuncie sobre la siguiente cuestión:
¿Deben interpretarse los artı́culos 49 y siguientes del Tratado
CE (o bien, el artı́culo 28 CE) en el sentido de que se oponen a        El certificado de aptitud hiperbárica previsto por el Decreto
la aplicación de las disposiciones legales de un Estado miembro        francés de 28.3.1990 es un certificado de competencia en el
A que prohı́ben a una empresa, establecida en dicho Estado              sentido del artı́culo 8 de la Directiva 92/51/CEE.
miembro A utilizar en él, durante más de tres dı́as o, en su
caso, durante más de un año, un vehı́culo de motor que ha
sido cedido en régimen de arrendamiento financiero (leasing)            El cumplimiento del artı́culo 8 de la Directiva 92/51/CEE
por una empresa de leasing establecida en un Estado miembro             supone que las autoridades competentes del Estado miembro
B y que se halla matriculado en el Estado miembro B a nombre            de acogida, al verificar si se cumplen las condiciones estableci-
de una empresa de leasing establecida en el mismo, sin obtener          das en las letras a) o b) del citado artı́culo, tomen en
para el citado vehı́culo una (segunda) matriculación en el             consideración los conocimientos y cualificaciones ya adquiri-
Estado miembro A?                                                       dos por el interesado en otro Estado miembro y examinen las
                                                                        cualificaciones adquiridas en dicho Estado. Pues bien, en el
                                                                        estado actual de la normativa francesa, el reconocimiento de
                                                                        los certificados obtenidos en los demás Estados miembros se
                                                                        deniega si aquéllos no figuran en la Lista del Anexo III de la
                                                                        Ordende 28.1.1991, sin que las autoridades francesas exami-
Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 1999 contra                   nen en cada caso si la formación y las cualificaciones obtenidas
la República Francesa por la Comisión de las Comunidades              equivalen a las requeridas en Francia.
                             Europeas
                        (Asunto C-452/99)
                                                                        El artı́culo 8 de la Directiva 92/51/CEE debe interpretarse a luz
                          (2000/C 34/33)                                de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los
                                                                        artı́culos 48 (actualmente, artı́culo 39), 52 (actualmente, artı́-
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            culo 43) y 59 (actualmente, artı́culo 49), del Tratado CE y, en
presentado el 30 de noviembre de 1999 un recurso contra                 particular, a la luz de la sentencia de 7.5.1991, Vlassopou-
la República Francesa formulado por la Comisión de las                lou (2), relativa al reconocimiento mutuo de tı́tulos. Dicha
Comunidades Europeas, representada por la Sra. Christina                jurisprudencia se ha ampliado, en efecto, a las actividades
Tufvesson, Consejera Jurı́dica, y el Sr. Bernard Mongin, miem-          profesionales que, por lo que se refiere a sus condiciones de
bro del Servicio Jurı́dico, en calidad de Agentes, que designa          acceso o de ejercicio, no están supeditadas por la normativa
como domicilio en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos                 jurı́dica a la posesión de un tı́tulo propiamente dicho (3). Por
Gómez de la Cruz, miembro del mismo Servicio, Centre                   consiguiente, la Comisión estima que incluso si el reconoci-
Wagner, Kirchberg.                                                      miento se refiere no a un tı́tulo sino a un certificado de
                                                                        competencia, el principio de seguridad jurı́dica exige que el
La Comisión de las Comunidades Europeas solicita al Tribunal           ordenamiento jurı́dico interno prevea un procedimiento que
de Justicia que:                                                        garantice al interesado la posibilidad de conocer las medidas
                                                                        de compensación necesarias y de disfrutar de una decisión
1. Declare que:                                                         motivada y susceptible de recurso.
    — al no haber establecidos un procedimiento que permita
         comparar los conocimientos y cualificaciones acredita-
         dos por los diplomas de submarinistas obtenidos                Con arreglo a la jurisprudencia Vlassopoulou, si la compara-
         en otro Estado miembro y no reconocidos como                   ción revelase la existencia de una equivalencia tan sólo parcial
         equivalentes en Francia y los exigidos por la legislación     entre los conocimientos y aptitudes acreditados por el tı́tulo
         francesa y, en todo caso, al no haber efectuado dicha          extranjero y los exigidos por la normativa nacional, el Estado
         comparación en el caso de submarinistas que posean            miembro de acogida está facultado para exigir que el interesado
         titulaciones belgas y vayan a trabajar a Francia;              demuestre que adquirió los conocimientos y aptitudes que le
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faltan. A este respecto, incumbe a las autoridades nacionales                 (CEE) no 2057/82 (2) (por lo que respecta al perı́odo
competentes apreciar si los conocimientos adquiridos en el                    comprendido hasta el 1 de agosto de 1987) y del artı́culo 1,
Estado miembro de acogida en el marco de un ciclo de estudios                 apartado 1, del Reglamento (CEE) del Consejo
o de una experiencia práctica pueden ser válidos a la hora de               no 2241/87 (3) (por lo que respecta al perı́odo que le
acreditar que se poseen los conocimientos que faltan. El mismo                sigue); ii) del artı́culo 10, apartado 2, del Reglamento (CEE)
razonamiento es aplicable, a buen seguro, a los conocimientos                 no 2057/82 y del artı́culo 11, apartado 2, del Reglamento
adquiridos en el Estado miembro de origen.                                    (CEE) no 2241/87; iii) del artı́culo 9 del Reglamento (CEE)
                                                                              no 2241/87; iv) del artı́culo 1, apartado 2, del Reglamento
Una sociedad que realiza trabajos en el territorio de un Estado               (CEE) 2057/82, o del artı́culo 1, apartado 2, del Regla-
miembro distinto de aquel en que esté establecida es una                      mento (CEE) no 2057/82, o del artı́culo 1, apartado 2, del
prestataria de servicios en el mismo. La negativa de las                      Reglamento (CEE) no 2241/87 en relación con el artı́culo 5,
autoridades francesas a examinar la posible equivalencia de las               apartado 2, del Reglamento (CEE) no 170/83:
cualificaciones de su personal con las exigidas por la normativa
francesa y a indicar cuáles serı́an las posibles medidas de                  — al no haber establecido normas detalladas adecuadas
compensación adecuadas, constituye un obstáculo a la libre                       para la utilización de las cuotas que se le adjudicaron;
prestación e servicios, ya que impide a las empresas establecidas
en un Estado miembro distinto de Francia prestar sus servicios                — al no haber realizado las inspecciones y demás contro-
con su propio personal. El Estado miembro de acogida deberá                       les exigidos por los Reglamentos comunitarios aplica-
verificar si los requisitos que exige para el ejercicio de la                      bles;
profesión no se solapan con los requisitos legales equivalentes
ya cumplidos en el Estado de establecimiento.                                 — al no haber prohibido provisionalmente la pesca
                                                                                   cuando se agotó la cuota;
(1) Directiva del Consejo, de 18.6.1992, relativa a un segundo sistema        — al no haber tomado (en 1988 únicamente) medidas
    general de reconocimiento de formaciones profesionales, que                    suficientes para evitar la declaración incorrecta de las
    completa la Directiva 89/48/CEE (DO L 209, p. 25).                             cantidades de caballa descargadas;
(2) C-340/89, Rec. 1991, p. I-2357.
(3) Véase el apartado 32 de la sentencia de 1.2.1996, Aranitis,
                                                                              — al no haber iniciado acciones penales o administrativas
    C-164/94, Rec. 1996, p. I-135.
                                                                                   contra los capitanes de los barcos infractores de
                                                                                   los Reglamentos, o contra cualquier otra persona
                                                                                   responsable de dichas infracciones.
                                                                           2) Condene en costas al Reino Unido.
Recurso interpuesto el 30 de noviembre de 1999 contra
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por la
                                                                           Motivos y principales alegaciones
           Comisión de las Comunidades Europeas
                                                                           — El Reino Unido no estableció normas detalladas para la
                        (Asunto C-454/99)                                     debida utilización de las cuotas que se le adjudicaron, en
                                                                              contra de lo dispuesto en el artı́culo 5, apartado 2, del
                           (2000/C 34/34)                                     Reglamento 170/83.
                                                                           — El Reino Unido no ha garantizado el cumplimiento de las
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha                  normas comunitarias sobre conservación, en contra de lo
presentado el 30 de noviembre de 1999 un recurso contra el                    dispuesto en el artı́culo 1 de los Reglamentos 2057/82
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte formulado                    (por lo que respecta al perı́odo comprendido entre 1985 y
por la Comisión de las Comunidades Europeas, representada                    el 1 de agosto de 1987) y 2241/87 (a partir del 1 de agosto
por el Sr. Thomas van Rijn, Consejero Jurı́dico, y el Sr. Keir                de 1987). Estos Reglamentos impusieron obligaciones más
Fitch, funcionario adscrito al Servicio Jurı́dico de la Comisión             especı́ficas a los Estados miembros que el Reglamento
en virtud del acuerdo para el intercambio de funcionares                      170/83, con el objetivo, en todos los casos, de garantizar
nacionales, en calidad de Agentes, que designa como domicilio                 el cumplimiento de los Reglamentos en vigor en materia
en Luxemburgo el despacho del Sr. Carlos Gómez de la Cruz,                   de medidas de conservación y de control.
miembro del Servicio Jurı́dico de la Comisión, Centre Wagner
C-254, con arreglo al artı́culo 226 CE.                                    — El Reino Unido, al no registrar las descargas de poblaciones
                                                                              a un TAC o a una cuota (únicamente en 1988) ha
La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:                     infringido el artı́culo 9 del Reglamento 2241/87.
1) Declare que, por lo que respecta a cada uno de los años                — El Reino Unido no cumplió su obligación, emanada del
     1985 a 1988 y 1990, el Reino Unido ha incumplido las                     artı́culo 10 del Reglamento 2057/82 o del artı́culo 11 del
     obligaciones que le incumben en virtud i) del artı́culo 5,               Reglamento 2241/87, de prohibir provisionalmente la
     apartado 2, del Reglamento (CEE) del Consejo                             pesca cuando se considerase que se habı́a agotado la cuota
     no 170/83 (1) y del artı́culo 1, apartado 1, del Reglamento              que se le habı́a adjudicado.