CELEX: 62009CJ0524
Language: es
Date: 2010-12-22
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 22 de diciembre de 2010.#Ville de Lyon contra Caisse des dépôts et consignations.#Petición de decisión prejudicial: Tribunal administratif de Paris - Francia.#Petición de decisión prejudicial - Convenio de Aarhus - Directiva 2003/4/CE - Acceso del público a la información medioambiental - Directiva 2003/87/CE - Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Reglamento (CE) nº 2216/2004 - Sistema normalizado y garantizado de registros - Acceso a la información sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero - Denegación de la comunicación - Administrador central - Administradores de registros nacionales - Carácter confidencial de los datos que obran en los registros - Excepciones.#Asunto C-524/09.

Asunto C‑524/09
      Ville de Lyon
      contra
      Caisse des dépôts et consignations
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal administratif de Paris)
      «Procedimiento prejudicial — Convenio de Aarhus — Directiva 2003/4/CE — Acceso del público a la información medioambiental — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Reglamento (CE) nº 2216/2004 — Sistema normalizado y garantizado de registros — Acceso a la información sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero — Denegación de la comunicación — Administrador central — Administradores de registros nacionales — Carácter confidencial de los datos que obran en los registros — Excepciones»
      Sumario de la sentencia
      1.        Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases
            de efecto invernadero — Sistema de registros integrado de la Unión y de los Estados miembros — Datos relativos a las transacciones
            de derechos de emisión — Comunicación y confidencialidad
      [Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 19, en su versión
            modificada por la Directiva 2004/101/CE]
      2.        Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases
            de efecto invernadero — Sistema de registros integrado de la Unión y de los Estados miembros — Datos relativos a las transacciones
            de derechos de emisión — Confidencialidad de dichos datos — Comunicación al público
      [Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, arts. 9 y 10 y anexo XVI, puntos 11 y 12; Directiva 2003/87/CE del Parlamento
            Europeo y del Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2004/101/CE]
      3.        Medio ambiente — Contaminación atmosférica — Directiva 2003/87/CE — Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases
            de efecto invernadero — Sistema de registros integrado de la Unión y de los Estados miembros — Datos relativos a las transacciones
            de derechos de emisión — Confidencialidad de dichos datos — Comunicación al público
      [Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, anexo XVI, punto 12; Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
            en su versión modificada por la Directiva 2004/101/CE]
      1.        La comunicación de datos objeto de transacción, relativos a los nombres de los titulares de cuentas de origen y de destino
         de las transferencias de derechos de emisión, a los derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de dichas transacciones
         y a la fecha y hora de dichas transacciones, se rige exclusivamente por la normativa específica que sobre comunicación al
         público y confidencialidad se contienen en la Directiva 2003/87, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos
         de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, en la versión resultante de la Directiva 2004/101, y en el Reglamento
         nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión 280/2004.
         
      
      En efecto, estos datos son los relativos a los derechos de emisión transferidos, de los que los Estados miembros deben llevar
         cuenta exacta en sus respectivos registros nacionales, y para los cuales el Reglamento nº 2216/2004 determina las características
         técnicas y la normativa relativa a su mantenimiento, amén de la relativa a la comunicación y a la confidencialidad de la información
         contenida en dichos registros. Así pues, se rigen por el artículo 19 de la Directiva 2003/87 y no por el artículo 17 de la
         misma. Pues bien, al no remitirse el artículo 19 de la Directiva 2003/87 a la Directiva 2003/4 de forma análoga a como lo
         hace dicho artículo 17, procede considerar que el legislador de la Unión no pretendió someter una solicitud de datos objeto
         de transacción a las disposiciones generales de la Directiva 2003/4, sino que estableció, por el contrario, para tales datos
         un régimen específico y exhaustivo de comunicación al público de dichos datos y de confidencialidad de los mismos.
      
      (véanse los apartados 39 a 41 y el punto 1 del fallo)
      2.        Unos datos objeto de transacción relativos a los nombres de los titulares de cuentas de origen y de destino de las transferencias
         de derechos de emisión, a los derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de dichas transacciones y a la fecha y hora de
         dichas transacciones, solicitados por una autoridad pública que desea renegociar un convenio de arrendamiento constituyen
         datos confidenciales en el sentido del Reglamento nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros
         de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión 280/2004. De conformidad con los artículos 9 y 10 de dicho Reglamento,
         en relación con los puntos 11 y 12 de su anexo XVI, dichos datos, si no existe consentimiento previo de los titulares de las
         cuentas correspondientes, sólo son de libre consulta por el público en general en la zona de acceso público del sitio web
         del diario independiente de transacciones comunitario a partir del 15 de enero del quinto año (X+5) siguiente al año (X) en
         que se completen las transacciones de transferencias de derechos de emisión. 
      
      (véanse los apartados 52 y 53 y el punto 2 del fallo)
      3.        Aunque, a los efectos de la aplicación del Reglamento nº 2216/2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros
         de conformidad con la Directiva 2003/87 y la Decisión 280/2004, el administrador central es el único competente para comunicar
         al público en general los datos mencionados en el punto 12 del anexo XVI de dicho Reglamento, corresponde al propio administrador
         del registro nacional, ante el que se solicita la comunicación de esos datos objeto de transacción, denegar una solicitud
         de este tipo puesto que, si no existe consentimiento previo de los titulares de las cuentas correspondientes, dicho administrador
         está obligado a garantizar la confidencialidad de tales datos mientras el administrador central no pueda comunicarlos legalmente
         al público en general. 
      
      (véanse el apartado 59 y el punto 3 del fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta)
      de 22 de diciembre de 2010 (*)
      
      «Procedimiento prejudicial – Convenio de Aarhus – Directiva 2003/4/CE – Acceso del público a la información medioambiental – Directiva 2003/87/CE – Régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Reglamento (CE) nº 2216/2004 – Sistema normalizado y garantizado de registros – Acceso a la información sobre el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero – Denegación de la comunicación – Administrador central – Administradores de registros nacionales – Carácter confidencial de los datos que obran en los registros – Excepciones»
      En el asunto C‑524/09,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el tribunal administratif
         de Paris, mediante resolución de 6 de noviembre de 2009, recibida en el Tribunal de Justicia el 12 de noviembre de 2009, en
         el procedimiento entre
      
      Ville de Lyon
      y
      Caisse des dépôts et consignations,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta),
      integrado por el Sr. J.-C. Bonichot, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann y L. Bay Larsen y las Sras. C. Toader (Ponente)
         y A. Prechal, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. J. Kokott;
      Secretaria: Sra. R. Şereş, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 7 de octubre de 2010;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de la Ville de Lyon, por Me C. Enckell, avocat;
      
      –        en nombre de la Caisse des dépôts et consignations, por Mes T. Garancher y L. Deruy, avocats;
      
      –        en nombre del Gobierno francés, por los Sres. G. de Bergues y S. Menez, en calidad de agentes;
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. E. Riedl, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión Europea, por la Sra. O. Beynet y por el Sr. E. White, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de octubre de 2010;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación, en el contexto del régimen adoptado por la Directiva
         2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio
         de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo
         (DO L 275, p. 32), en su versión modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre
         de 2004 (DO L 338, p. 18) (en lo sucesivo, «Directiva 2003/87»), de las modalidades de acceso a la información relativa a
         las transacciones en materia de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que obran en poder del administrador del
         registro nacional, definidas en el Reglamento (CE) nº 2216/2004 de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un
         sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
         y la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 386, p. 1), y ello en relación con la Directiva 2003/4/CE
         del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental
         y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo (DO L 41, p. 26).
      
      2        Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre la Ville de Lyon y la Caisse des dépôts et consignations (en lo
         sucesivo, «CDC»), en relación con la negativa de ésta a transmitir a dicho ente local unos datos relativos al volumen de derechos
         de emisión de gases de efecto invernadero vendidos durante el año 2005 por determinados titulares.
      
       Marco jurídico
       Derecho Internacional
      3        El Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia
         en materia de medio ambiente, denominado «Convenio de Aarhus», fue firmado el 25 de junio de 1998 y aprobado en nombre de
         la Comunidad Europea por la Decisión 2005/370/CE del Consejo, de 17 de febrero de 2005 (DO L 124, p. 1). 
      
      4        El artículo 4, apartado 4, de dicho Convenio dispone: 
      
      «Podrá denegarse una solicitud de información sobre el medio ambiente en caso de que la divulgación de esa información pudiera
         tener efectos desfavorables sobre:
      
      [...]
      d)      el secreto comercial o industrial cuando ese secreto esté protegido por la ley con el fin de defender un interés económico
         legítimo. En ese marco deberán divulgarse las informaciones sobre emisiones que sean pertinentes para la protección del medio
         ambiente; 
      
      [...]
      f)      el carácter confidencial de los datos y de los expedientes personales respecto de una persona física si esa persona no ha
         consentido en la divulgación de esas informaciones al público, cuando el carácter confidencial de ese tipo de información
         esté previsto en el derecho interno; 
      
      [...]
      Los motivos de denegación antes mencionados deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta el interés que
         la divulgación de las informaciones solicitadas tendría para el público y según que esas informaciones guarden o no relación
         con las emisiones al medio ambiente.»
      
       Normativa de la Unión
       La Directiva 2003/4
      5        El artículo 2 de la Directiva 2003/4, titulado «Definiciones», dispone en su punto 1, letras a) a c): 
      
      «A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
      1)      Información medioambiental: toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material
         sobre:
      
      a)      la situación de elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios
         naturales [...];
      
      b)      factores como [...] emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos
         del medio ambiente citados en la letra a); 
      
      c)      medidas (incluidas las medidas administrativas) como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente
         y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades
         o las medidas destinadas a proteger estos elementos.»
      
      6        Con arreglo al artículo 3, apartado 1, de esta Directiva, «los Estados miembros harán lo necesario para que las autoridades
         públicas estén obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Directiva, a poner la información medioambiental que
         obre en su poder o en el de otras entidades en su nombre a disposición de cualquier solicitante, a petición de éste, y sin
         que dicho solicitante esté obligado a declarar un interés determinado». Además, el apartado 3 de dicho artículo dispone que,
         «cuando una solicitud esté formulada de manera demasiado general, la autoridad pública pedirá al solicitante cuanto antes,
         y a más tardar en el plazo indicado en la letra a) del apartado 2, que la concrete, y le ayudará a hacerlo, por ejemplo dándole
         información sobre el uso de los registros públicos a que se refiere la letra c) del apartado 5 [...].»
      
      7        El artículo 4 de esta misma Directiva, titulado «Excepciones», establece en su apartado 2:
      
      «Los Estados miembros podrán denegar las solicitudes de información medioambiental si la revelación de la información puede
         afectar negativamente a: 
      
      [...]
      d)      la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial cuando dicha confidencialidad esté contemplada en la legislación
         nacional o comunitaria a fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad
         estadística y el secreto fiscal; 
      
      [...]
      Los motivos de denegación mencionados en los apartados 1 y 2 deberán interpretarse de manera restrictiva teniendo en cuenta
         para cada caso concreto el interés público atendido por la divulgación. En cada caso concreto, el interés público atendido
         por la divulgación deberá ponderarse con el interés atendido por la denegación de la divulgación. Los Estados miembros no
         podrán, en virtud de la letras a), d), f), g) y h) del presente apartado, disponer la denegación de una solicitud relativa
         a información sobre emisiones en el medio ambiente. 
      
      [...]»
       La Directiva 2003/87
      8        El artículo 1 de la Directiva 2003/87 dispone que éste tiene por objetivo establecer un régimen para el comercio de derechos
         de emisión de gases de efecto invernadero en el interior de la Unión Europea, a fin de fomentar reducciones de las emisiones
         de estos gases, en concreto de dióxido de carbono, de una forma eficaz en relación con el coste y económicamente eficiente.
      
      9        Así, esta Directiva tiene por objeto aplicar las obligaciones de reducción que incumben a la Unión con arreglo al Protocolo
         de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este Protocolo fue aprobado, en nombre de
         la Comunidad Europea, por la Decisión 2002/358/CE del Consejo, de 25 de abril de 2002 (DO L 130, p. 1).
      
      10      El artículo 11 de la Directiva 2003/87 establece un primer período de asignación y expedición de derechos de emisión que va
         desde el 1 de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2007, y después períodos de asignación de cinco, el primero de los
         cuales comenzó el 1 de enero de 2008.
      
      11      Las condiciones y los procedimientos conforme a los cuales las autoridades nacionales competentes asignan, sobre la base de
         un plan nacional de asignación, derechos de emisión a los titulares de instalaciones durante estos períodos de asignación
         se detallan en los artículos 9 a 11 de la Directiva 2003/87. Por otra parte, con arreglo a los artículos 12, apartado 3, y
         14, apartado 3, de la misma, los Estados miembros velarán, por una parte, por que, a más tardar el 30 de abril de cada año,
         el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión equivalente a las emisiones totales de esa instalación
         durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos se cancelen a continuación,
         y, por otra parte, por que los titulares de cada instalación notifiquen las emisiones de dicha instalación durante cada año
         natural a la autoridad competente una vez finalizado ese año.
      
      12      Con arreglo al decimotercer considerando de esta misma Directiva, «para garantizar la transparencia, el público debe tener
         acceso a la información sobre la asignación de los derechos de emisión y a los resultados del seguimiento de las emisiones,
         sin más restricciones que las previstas en la Directiva 2003/4 [...]». 
      
      13      El artículo 17 de la Directiva 2003/87, titulado «Acceso a la información», dispone: 
      
      «Se pondrán a disposición del público, con arreglo a la Directiva 2003/4/CE, las decisiones relativas a la asignación de derechos
         de emisión, la información sobre las actividades de proyectos en que un Estado miembro participe o autorice a participar a
         entidades privadas o públicas y los informes de emisiones requeridos con arreglo al permiso de emisión de gases de efecto
         invernadero y que se encuentren en posesión de la autoridad competente.»
      
      14      El artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2003/87 establece, por una parte, que cualquier persona podrá ser titular de derechos
         de emisión y, por otra parte, que el registro será accesible al público y que constará de cuentas separadas donde se registrarán
         los derechos de emisión de que sea titular cada persona a la que se expidan o transfieran, o de la que se transfieran derechos
         de emisión. 
      
      15      Con arreglo al artículo 19, apartado 3, de dicha Directiva, «para aplicar la presente Directiva, la Comisión adoptará, de
         conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 23, un reglamento relativo a un régimen normalizado
         y garantizado de registros nacionales, en forma de bases de datos electrónicas normalizadas, que consten de elementos comunes
         de información que permitan realizar el seguimiento de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de
         los derechos de emisión, y que garanticen, en su caso, el acceso del público y la confidencialidad, y aseguren que no se produzcan
         transferencias incompatibles con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto [...]». 
      
      16      El artículo 20, apartados 1 y 2, de dicha Directiva establece: 
      
      «1.      La Comisión designará a un Administrador Central que llevará un registro independiente de transacciones en el que se consignarán
         las expediciones, las transferencias y las cancelaciones de derechos de emisión. 
      
      2.      El Administrador Central controlará, de manera automatizada, cada transacción en los registros mediante el registro independiente
         de transacciones, para comprobar que no se producen irregularidades en la expedición, la transferencia y la cancelación de
         derechos de emisión.» 
      
       El Reglamento nº 2216/2004
      17      El artículo 8 del Reglamento nº 2216/2004, titulado «Administrador del registro», dispone: 
      
      «1.      Cada Estado miembro y la Comisión designarán a un administrador que gestionará y mantendrá su registro con arreglo a lo dispuesto
         en el presente Reglamento. 
      
      [...]
      3.      Los Estados miembros y la Comisión conservarán la responsabilidad y la autoridad últimas en lo relativo a la gestión y el
         mantenimiento de sus respectivos registros. 
      
      4.      La Comisión coordinará con los administradores de los registros de cada Estado miembro y con el Administrador Central la aplicación
         de los requisitos establecidos en virtud del presente Reglamento.» 
      
      18      En la sección 1, titulada «Información y confidencialidad», del capítulo III del Reglamento nº 2216/2004, relativo al «Contenido
         de los registros», el artículo 9 de este Reglamento establece bajo el título «Información»:
      
      «1.      El administrador de cada registro deberá comunicar a través del sitio web de su registro, de manera transparente y organizada, la información que se indica en el anexo XVI, con la frecuencia y a
         los destinatarios que en él se especifican. Los administradores de los registros no podrán hacer pública otra información
         adicional contenida en el registro. 
      
      2.      El Administrador Central deberá comunicar a través del sitio web del DITC, de manera transparente y organizada, la información que se indica en el anexo XVI, con la frecuencia y a los destinatarios
         que en él se especifican. El Administrador Central no podrá hacer pública otra información adicional contenida en el DITC.
         
      
      3.      Los sitios web deberán permitir a los destinatarios de los informes enumerados en el anexo XVI la consulta de dichos documentos mediante
         el uso de dispositivos de búsqueda. 
      
      4.      El administrador de cada registro será responsable de la exactitud de la información procedente de su registro que se hace
         pública a través del sitio web del DITC. 
      
      5.      El DITC y los registros no podrán exigir a los titulares de las cuentas que les notifiquen información sobre precios relacionada
         con los derechos de emisión o las unidades de Kioto.» 
      
      19      En su versión aplicable a los hechos del litigio principal y bajo el título «Confidencialidad», el artículo 10 del Reglamento
         nº 2216/2004, que figura en la misma sección 1 de dicho capítulo III, dispone en sus apartados 1 y 2: 
      
      «1.      Toda la información contenida en los registros y en el DITC, lo cual incluye los haberes de todas las cuentas y la totalidad
         de las transacciones efectuadas, se considerará confidencial para cualquier efecto que no sea la aplicación de los requisitos
         establecidos en el presente Reglamento, en la Directiva 2003/87/CE o en la legislación nacional. 
      
      2.      La información contenida en los registros no podrá ser utilizada sin el consentimiento previo del titular de la cuenta correspondiente,
         salvo cuando lo sea con fines de gestión y mantenimiento de dichos registros con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.»
         
      
      20      Bajo el título «Enlace de comunicación entre el DITC y el público, y entre cada registro y el público en general», los puntos
         5 y 6 del anexo XV del Reglamento nº 2216/2004 tienen el siguiente tenor: 
      
      «5.      El acceso a la zona de acceso público del sitio web del DITC o a la del sitio web de los registros no exigirá la autenticación de los usuarios que representen al público en general. 
      
      6.      El acceso a la zona de acceso público del sitio web del DITC o a la del sitio web de un registro no permitirá a los usuarios que representen al público en general acceder directamente a la base de datos
         del DITC ni a la del registro en cuestión. El acceso a los datos públicos con arreglo al anexo XVI se realizará a través de
         una base de datos separada.» 
      
      21      El anexo XVI del Reglamento nº 2216/2004, titulado «Requisitos de notificación de los administradores de registro y del Administrador
         Central», incluye una parte relativa a la «Información de acceso público del DITC», que está redactada así: 
      
      «11.      El Administrador Central presentará y actualizará los datos mencionados en el punto 12 relativos al sistema de registro de
         la zona pública del sitio web del diario independiente de transacciones comunitario, de acuerdo con el calendario especificado. 
      
      12.      La información relativa a cada transacción completada pertinente para el sistema de registros correspondiente al año X se
         presentará a partir del 15 de enero del año X+5, indicando los siguientes datos: 
      
      [...]
      c)      Nombre del titular de la cuenta de origen: el titular de la cuenta (persona, titular de la instalación, Comisión o Estado
         miembro). 
      
      d)      Nombre del titular de la cuenta de destino: el titular de la cuenta (persona, titular de la instalación, Comisión o Estado miembro). 
      e)      Derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de la transacción, por código de identificación de unidad formado por los elementos
         previstos en el anexo VI. 
      
      [...]
      g)      Fecha y hora en que la transacción se ha completado [...]. 
      [...]»
      22      Este anexo contiene también una parte, titulada «Información de cada registro disponible para los titulares de cuenta», que
         establece: 
      
      «13.      Los administradores de registros presentarán y actualizarán la información indicada en el punto 14 en la zona segura del sitio
         web de su registro de acuerdo con calendario especificado. 
      
      14.      Elementos relativos a cada cuenta, por código de identificación de unidad formado por los elementos previstos en el anexo VI,
         que deberán ponerse a disposición de un titular de cuenta, y sólo a él, cuando éste lo solicite: 
      
      a)      Haberes existentes de derechos de emisión o unidades de Kioto. 
      b)      Lista de transacciones propuestas iniciadas por el titular de esa cuenta, especificando para cada transacción propuesta los
         elementos indicados en las letras a) a f) del punto 12, la fecha y hora en que se propuso la operación (tiempo UTC), la situación
         actual de esa operación propuesta y los códigos de respuesta enviados a raíz de las verificaciones realizadas con arreglo
         al anexo IX. 
      
      c)      Lista de derechos de emisión o unidades de Kioto adquiridas por esa cuenta como resultado de transacciones completadas, especificando
         para cada transacción los elementos indicados en las letras a) a g) del punto 12.
      
      d)      Lista de derechos de emisión o unidades de Kioto transferidas desde esa cuenta como resultado de transacciones completadas,
         especificando para cada transacción los elementos indicados en las letras a) a g) del punto 12.» 
      
       Derecho nacional
      23      El artículo 1 de la Ley nº 78-753, de 17 de julio de 1978, por la que se adoptan diversas medidas de mejora de las relaciones
         entre la Administración y el público y diversas disposiciones de carácter administrativo, social y fiscal (JORF de 18 de julio
         de 1978, p. 2851), en su versión aplicable a los hechos en el litigio principal, dispone en su artículo 1, párrafos primero
         y segundo: 
      
      «Se establece y garantiza por las disposiciones de los capítulos I, III y IV del presente título el derecho de toda persona
         a la información en lo relativo a la libertad de acceso a los documentos administrativos. 
      
      Se considerarán documentos administrativos, a efectos de los capítulos I, III y IV del presente título, cualquiera que sea
         el soporte utilizado para la introducción, el almacenamiento o la transmisión de los datos que integren su contenido, los
         documentos elaborados o en posesión del Estado, las entidades locales y regionales y las demás personas de Derecho público
         o las personas de Derecho privado gestoras de servicios públicos. [...]» 
      
      24      Del artículo 6 II de dicha ley se desprende que «aquellos documentos administrativos cuya comunicación pudiera lesionar […]
         el secreto comercial e industrial únicamente podrán facilitarse al interesado.»
      
      25      En materia medioambiental, el derecho de acceso a la información es objeto de disposiciones específicas en el Código de Medio
         Ambiente francés. De este modo, el artículo L. 124-1 de dicho Código dispone: 
      
      «El derecho de cualquier persona a acceder a la información medioambiental que posean, reciban o elaboren las autoridades
         públicas mencionadas en el artículo L. 124-3 u otras personas o entidades por cuenta de aquellas se ejercitará en las condiciones
         establecidas por las disposiciones del título I de la Ley nº 78-753 [...]» 
      
      26      El artículo L. 124-2 de dicho Código tiene el siguiente tenor: 
      
      «Se considerará información medioambiental a los efectos del presente capítulo toda información disponible, cualquiera que
         sea el soporte, que tenga por objeto: 
      
      1.      La situación de elementos del medio ambiente, en particular, el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes,
         los espacios naturales, las zonas costeras o marinas y la diversidad biológica, así como las interacciones entre dichos elementos;
         
      
      2.      Las decisiones, las actividades y los factores, en particular, las sustancias, la energía, el ruido, las radiaciones, los
         residuos, las emisiones, los vertidos y otras liberaciones, que afecten o puedan afectar al estado de los elementos citados
         en el punto 1; 
      
      [...]
      5.      Los informes elaborados por las autoridades públicas o por otras personas o entidades por su cuenta relativos a la aplicación
         de las disposiciones legislativas y reglamentarias en materia medioambiental.» 
      
      27      El artículo L. 229-16, párrafo primero, del mismo Código prevé la creación y el mantenimiento de un registro nacional de derechos
         de emisión de gases de efecto invernadero en el que se inscribirán los derechos de emisión expedidos, poseídos, transferidos
         y cancelados (en lo sucesivo, «registro nacional»). Del tercer párrafo de dicho artículo resulta que este registro será accesible
         al público en las condiciones fijadas mediante Decreto. 
      
      28      A este respecto, se adoptó el Decreto nº 2004-1412, de 23 de diciembre de 2004, relativo al registro nacional de derechos
         de emisión de gases de efecto invernadero, previsto por el artículo L. 229-16 del Código de Medio Ambiente (JORF de 28 de
         diciembre de 2004, p. 22123). Este Decreto establece que la CDC asume la aplicación y el mantenimiento de dicho registro nacional.
         Además, el artículo 2 del mismo Decreto dispone: 
      
      «I. – A los efectos del presente Decreto, corresponde a la [CDC]: 
      [...]
      6.      La comunicación al público, en un sitio web especializado y en las condiciones establecidas por el Reglamento citado en el apartado 3 del artículo 19 de la Directiva
         [2003/87], de la información que el encargado del registro está obligado a hacer pública; 
      
      [...]
      II.– La [CDC] adoptará las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información que obtenga en el ejercicio
         de sus competencias y para evitar cualquier uso de tal información, incluso en su interior [...], para actividades ajenas
         a dichas competencias. 
      
      [...]»
       Litigio principal y cuestiones prejudiciales
      29      Mediante escrito de 7 de febrero de 2006, la Ville de Lyon solicitó a la CDC que le comunicase, por una parte, las cuantías
         de derechos de emisión de gases de efecto invernadero («en lo sucesivo, derechos de emisión») vendidos en el año 2005 por
         los titulares de las 209 plantas de calefacción urbana repartidas por todo el territorio francés a las que se había asignado
         derechos de emisión, y, por otra parte, la fecha de las transacciones y sus destinatarios (en lo sucesivo, en su conjunto,
         «datos objeto de transacción»). Según la Ville de Lyon, estos datos le eran útiles, a efectos comparativos, para renegociar
         el convenio de arrendamiento de la calefacción urbana de la planta de La Duchère, ubicada en la aglomeración de Lyon. 
      
      30      Mediante resolución de 6 de marzo de 2006, la CDC se negó a comunicar dichos datos basándose en el artículo 10 del Reglamento
         nº 2216/2004 y en los puntos 11 y 12 del anexo XVI del mismo. A instancias de la Ville de Lyon, la Comisión de acceso a los
         documentos administrativos (CADA) emitió un dictamen favorable a la comunicación de los documentos relativos a dichos datos
         objeto de transacción. 
      
      31      Sin embargo, mediante resolución de 10 de noviembre de 2006, la CDC reiteró su negativa a comunicárselos. A juicio de ésta,
         que es el administrador del registro nacional, los datos objeto de transacción solicitados son competencia del administrador
         central, que sólo los puede comunicar, poniéndolos a disposición en Internet, una vez transcurridos cinco años desde que se
         hayan realizado las transacciones. Afirmaba además que las disposiciones de la Directiva 2003/4 no pretenden regular la comunicación
         de dichos datos objeto de transacción en el contexto del régimen de derechos de emisión, para el cual el legislador de la
         Unión estableció unas normas concretas que figuran en la Directiva 2003/87 y en el Reglamento nº 2216/2004. 
      
      32      Mediante escrito de 10 de enero de 2007, la Ville de Lyon interpuso un recurso ante el tribunal remitente cuyo objeto era,
         por una parte, la anulación de las resoluciones denegatorias de 6 de marzo y de 10 de noviembre de 2006 y, por otra, que se
         ordenara a la CDC a que le comunicara los documentos relativos a los datos objeto de transacción solicitados. 
      
      33      En estas circunstancias, el tribunal administratif de Paris decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia
         las siguientes cuestiones prejudiciales: 
      
      «1)      ¿Compete exclusivamente al Administrador Central o también al administrador del registro nacional comunicar o negarse a comunicar
         la información prevista en el punto 12 del anexo XVI del Reglamento (CE) nº 2216/2004 [...]? 
      
      2)      En el supuesto de que el administrador del registro nacional sea competente, ¿debe considerarse que dicha información es “información
         sobre emisiones en el medio ambiente”, en el sentido del artículo 4 de la Directiva 2003/4/CE [...], frente a la cual no cabe
         oponer “la confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial”, o se rige su comunicación por normas específicas
         de confidencialidad? 
      
      3)      En el supuesto de que sean de aplicación normas específicas de confidencialidad, ¿está prohibido comunicar dicha información
         antes de que expire el plazo de cinco años o bien dicho plazo sólo afecta al período de cinco años de asignación de los derechos
         de emisión, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE [...]?
      
      4)      En el supuesto de que sea de aplicación dicho plazo de cinco años, ¿permite el artículo 10 del Reglamento nº 2216/2004 [...]
         alguna excepción a dicho plazo y, en su caso, cabe denegar tal excepción, basándose en el citado artículo, a una entidad territorial
         que desee que se le comunique dicha información para negociar un convenio de delegación del servicio público de calefacción
         urbana?» 
      
       Sobre las cuestiones prejudiciales
       Sobre la segunda cuestión
      34      Mediante su segunda cuestión, que procede examinar en primer lugar, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si la comunicación
         de datos objeto de transacción, como los solicitados en el litigio principal por la Ville de Lyon, se debe regir por alguna
         de la excepciones previstas en el artículo 4 de la Directiva 2003/4 o por las disposiciones de la Directiva 2003/87 y del
         Reglamento nº 2216/2004, adoptado en aplicación de esta Directiva. 
      
      35      Con carácter preliminar, procede señalar que, al suscribir el convenio de Aarhus, la Unión se ha comprometido a garantizar,
         en principio, en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, el acceso a la información medioambiental que obre en poder
         de las autoridades públicas. 
      
      36      Al adoptar la Directiva 2003/4, el legislador de la Unión pretendía aplicar el convenio de Aarhus estableciendo un régimen
         general que garantice que toda persona física o jurídica de un Estado miembro de la Unión tenga derecho de acceso a la información
         medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su nombre sin que dicha persona esté
         obligada a invocar un interés determinado.
      
      37      En el régimen para el comercio de derechos de emisión aplicado en la Unión por la Directiva 2003/87, el artículo 17 de la
         misma establece, en particular, que se pondrán a disposición del público, con arreglo a la Directiva 2003/4, las decisiones
         relativas a la asignación de derechos de emisión a los titulares de instalaciones autorizadas a emitir gases de efecto invernadero
         y los informes de emisiones requeridos con arreglo al permiso de emisión de gases de efecto invernadero y que se encuentren
         en posesión de la autoridad competente. 
      
      38      Aunque el legislador de la Unión ha incluido de este modo, en la Directiva 2003/87 normas sobre el acceso del público a este
         tipo de información, procede señalar que dicho legislador no pretendía someter a las disposiciones de la Directiva 2003/4
         la comunicación de cualquier información y de cualesquiera datos relacionados con la aplicación de la Directiva 2003/87. 
      
      39      A este respecto, es importante señalar que a los datos objeto de transacción solicitados por la Ville de Lyon no les es aplicable
         el artículo 17 de la Directiva 2003/87, que remite a la Directiva 2003/4, que son datos a los que se refiere el artículo 19
         de la Directiva 2003/87, en el presente asunto, los datos relativos a los derechos de emisión transferidos, de los que los
         Estados miembros deben llevar cuenta exacta en sus respectivos registros nacionales, y para los cuales el Reglamento nº 2216/2004
         determina las características técnicas y la normativa relativa a su mantenimiento, amén de la relativa a la comunicación y
         a la confidencialidad de la información contenida en dichos registros. 
      
      40      Al no remitirse el artículo 19 de la Directiva 2003/87 a la Directiva 2003/4 de forma análoga a como lo hace dicho artículo
         17, procede considerar que el legislador de la Unión no pretendió someter una solicitud de datos objeto de transacción como
         los controvertidos en el litigio principal a las disposiciones generales de la Directiva 2003/4, sino que estableció, por
         el contrario, para tales datos un régimen específico y exhaustivo de comunicación al público de dichos datos y de confidencialidad
         de los mismos. 
      
      41      Procede, pues, responder a la segunda cuestión que una solicitud que tenga por objeto la comunicación de datos objeto de transacción
         como los controvertidos en el asunto principal, relativos a los nombres de los titulares de cuentas de origen y de destino
         de las transferencias de derechos de emisión, a los derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de dichas transacciones
         y a la fecha y hora de dichas transacciones, se rige exclusivamente por la normativa específica que sobre comunicación al
         público y confidencialidad se contienen en la Directiva 2003/87 y en el Reglamento nº 2216/2004. 
      
       Sobre las cuestiones tercera y cuarta
      42      Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede tratar conjuntamente, el tribunal remitente desea saber, en esencia,
         por una parte, si la comunicación de datos objeto de transacción como los controvertidos en el litigio principal deriva de
         las normas concretas sobre confidencialidad previstas en los artículos 9 y 10 del Reglamento nº 2216/2004. Por otra parte,
         el órgano jurisdiccional nacional desea saber si la publicación de los datos objeto de transacción, relativos a cada transacción
         completada, a los que se refieren los puntos 11 y 12 del anexo XVI de dicho Reglamento, debe realizarse una vez finalizado
         el plazo de cinco años posterior al año en que se complete la transacción controvertida o si se trata de la publicación de
         la información, correspondiente a todas las transacciones realizadas durante un período de asignación de cinco años en el
         sentido de la Directiva 2003/87, que debe realizarse una vez finalizado dicho período quinquenal.
      
      43      En el supuesto de que dicha publicación deba realizarse una vez finalizado el plazo de cinco años posterior al año en que
         se complete la transacción controvertida, dicho órgano jurisdiccional desea saber si se puede considerar que la renegociación
         de un convenio de arrendamiento como el controvertido en el litigio principal persigue aplicar los requisitos establecidos
         en el Reglamento nº 2216/2004, en la Directiva 2003/87 o en la legislación nacional, en el sentido del artículo 10, apartado
         1, de dicho Reglamento, lo que puede conllevar que ya no se pueda oponer la confidencialidad a la comunicación de los datos
         objeto de transacción solicitados. 
      
      44      Como se ha declarado en el apartado 41 de la presente sentencia, datos objeto de transacción como los solicitados por la Ville
         de Lyon, relativos a los nombres de los titulares de cuentas de origen y de destino de las transferencias de derechos de emisión,
         a los derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de dichas transacciones y a la fecha y hora de dichas transacciones,
         están comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87 y del Reglamento nº 2216/2004. 
      
      45      A este respecto, es cierto que el artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2003/87 establece que tal información ha de consignarse
         en los registros nacionales, que estos registros serán accesibles al público y que constarán de cuentas separadas donde se
         registrarán los derechos de emisión de que sea titular cada persona a la que se expidan o transfieran, o de la que se transfieran
         derechos de emisión. Sin embargo, como preveía el apartado 3 de dicho artículo, la Comisión adoptó el Reglamento nº 2216/2004
         relativo a un sistema normalizado y garantizado, necesario para aplicar dicha Directiva, con el que dicha institución definió,
         en particular, las normas que pretenden garantizar el acceso del público a los datos consignados en dicho sistema y su confidencialidad,
         si fuera necesaria. 
      
      46      Se deduce del artículo 9 del Reglamento nº 2216/2004 que los administradores de los registros nacionales, como la CDC en Francia,
         y que el Administrador Central, nombrado por la Comisión, deberán comunicar, sirviéndose de sus sitios web o del sitio web del DITC, de manera transparente y organizada, la información que se indica en este anexo XVI, con la frecuencia y a los
         destinatarios que en él se especifican. 
      
      47      Con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento nº 2216/2004, toda la información contenida en el conjunto de registros,
         lo cual incluye los datos relativos a las transacciones efectuadas, se considerará confidencial para cualquier efecto que
         no sea la aplicación de los requisitos establecidos en dicho Reglamento, en la Directiva 2003/87 o en la legislación nacional.
         Además, de conformidad con el apartado 2 del mismo artículo, esta información no podrá ser utilizada sin el consentimiento
         previo del titular de la cuenta correspondiente para fines distintos de los inherentes a la gestión y al mantenimiento de
         dichos registros. 
      
      48      Por otra parte, procede señalar, por un lado, que la renegociación de un convenio de arrendamiento por una entidad pública
         como la Ville de Lyon no constituye, en principio, una actividad de aplicación de los requisitos establecidos en el Reglamento
         nº 2216/2004, en la Directiva 2003/87 o en la legislación nacional. 
      
      49      Por otro lado, consta que la Ville de Lyon no es titular de una cuenta ni, en consecuencia, tiene acceso, en las condiciones
         definidas en los puntos 13 y 14 del anexo XVI del Reglamento nº 2216/2004, a la información a la que, de solicitarlo, en su
         caso, los titulares de las plantas de calefacción urbana de que se trata en el asunto principal, puede accederse en la parte
         no pública del registro nacional. 
      
      50      De ello se deduce que, en unas circunstancias como las del litigio principal y, en cualquier caso, si no existe consentimiento
         previo de los titulares de las cuentas correspondientes, como exige el artículo 10, apartado 2, del Reglamento nº 2216/2004,
         para usar una información que les afecte para fines distintos de la gestión y del mantenimiento de los registros, una información
         como los datos objeto de transacción solicitados en el asunto principal debe seguir siendo confidencial, de modo que la Ville
         de Lyon sólo puede acceder a la información relativa a las transacciones en materia de derechos de emisión en las condiciones
         definidas para el público en general, es decir, consultando libremente, de conformidad con los puntos 5 y 6 del anexo XV del
         Reglamento nº 2216/2004, la zona de acceso público del sitio web del DITC y la zona de acceso público del sitio web de los registros nacionales, que son distintas de las bases de datos del DITC y de dichos registros. 
      
      51      En relación con la frecuencia con la que se pone en la zona de acceso público de los registros una información como la controvertida
         en el litigio principal, el tribunal remitente desea saber si puede adaptar esta frecuencia a los períodos que abarcan los
         planes nacionales de asignación, concretamente, en el asunto principal, los períodos comprendidos entre el 1 de enero de 2005
         y el 31 de diciembre de 2007 y entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2012, lo que implicaría que la información
         relativa a las transacciones efectuadas de los derechos de emisión asignados por un plan nacional de asignación sería inmediatamente
         accesible al público una vez transcurridos dichos períodos, concretamente, en el primer caso, en 2008 y, en el segundo, en 2013.
      
      52      A este respecto, basta con constatar que los puntos 11 y 12 del anexo XVI del Reglamento nº 2216/2004 no prevén tal adaptación.
         En efecto, se deduce expresamente de dichos puntos, y, en particular, del punto 12, letras c) a e) y g), que datos como los
         solicitados en el asunto principal, relativos a los nombres de los titulares de las cuentas de origen y de destino de las
         transferencias de derechos de emisión, a los derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de dichas transacciones y a la
         fecha y hora de dichas transacciones, son consignados en la zona de acceso público del sitio web del DITC por el administrador central a partir del 15 de enero del quinto año (X+5) siguiente al año (X) en que se completen
         las transacciones a que se refieren. 
      
      53      En consecuencia, procede, responder a las cuestiones tercera y cuarta que datos objeto de transacción como los solicitados
         en el asunto principal por una entidad territorial que desea renegociar un convenio de arrendamiento constituyen datos confidenciales
         en el sentido del Reglamento nº 2216/2004 y que, de conformidad con los artículos 9 y 10 del mismo, en relación con los puntos
         11 y 12 del anexo XVI de dicho Reglamento, dichos datos, si no existe consentimiento previo de los titulares de las cuentas
         correspondientes, sólo son de libre consulta por el público en general en la zona de acceso público del sitio web del DITC a partir del 15 de enero del quinto año (X+5) siguiente al año (X) en que se completen las transacciones relativas
         a las transferencias de derechos de emisión. 
      
       Sobre la primera cuestión
      54      Mediante su primera cuestión, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si, cuando se le presenta una solicitud al respecto,
         el propio administrador del registro nacional, por el que transitan datos como los controvertidos en el asunto principal cuya
         comunicación es competencia del administrador central, está autorizado a denegar esa comunicación. 
      
      55      Como se ha señalado en el apartado 52 de la presente sentencia, en el sistema previsto por el Reglamento nº 2216/2004 y, en
         particular, en los puntos 11 y 12 del anexo XVI de éste, se establece expresamente que los datos relativos a los nombres de
         los titulares de las cuentas de origen y de destino de las transferencias de derechos de emisión, a los derechos de emisión
         o unidades de Kioto objeto de dichas transacciones y a la fecha y hora de dichas transacciones, se comunican al público en
         general consignándolos en la zona de acceso público del sitio web del DITC y que, a este respecto, el administrador central es el único competente para realizar esa comunicación. 
      
      56      Se deben consignar esos datos a partir del 15 de enero del quinto año (X+5) siguiente al año (X) en que se completen las transacciones
         de transferencias de derechos de emisión, fecha a partir de la cual los datos objeto de transacción dejan de gozar del régimen
         de confidencialidad establecido por el legislador de la Unión. 
      
      57      En consecuencia, si una solicitud, dirigida a un administrador de registro nacional, pretende que se comunique una información
         relativa a los nombres de los titulares, domiciliados en el territorio nacional de dicho administrador, de las cuentas de
         origen y de destino de las transferencias de derechos de emisión, a los derechos de emisión o unidades de Kioto objeto de
         dichas transacciones y a la fecha y hora de dichas transacciones, ese administrador estará obligado, si no existe consentimiento
         previo de los titulares de las cuentas correspondientes, a garantizar la confidencialidad de la que goza esa información por
         no poder ser comunicada legalmente al público en general por el administrador central. En esa situación, corresponde al propio
         administrador del registro nacional desestimar la solicitud de comunicación que le haya sido dirigida de este modo.
      
      58      En cambio, si dicha información ya ha sido consignada, de conformidad con los puntos 11 y 12 del anexo XVI del Reglamento
         nº 2216/2004, por el administrador central en la zona de acceso público del sitio web del DITC, el administrador del registro nacional estará autorizado a comunicar al solicitante esa información o a indicarle
         el sitio web en el que esa información está legalmente disponible.
      
      59      En consecuencia, procede responder a la primera cuestión que, aunque a efectos de aplicar el Reglamento nº 2216/2004, el administrador
         central es el único competente para comunicar al público en general los datos mencionados en el punto 12 del anexo XVI de
         dicho Reglamento, corresponde al propio administrador del registro nacional, ante el que se solicita la comunicación de esos
         datos objeto de transacción, denegar dicha solicitud puesto que, si no existe consentimiento previo de los titulares de las
         cuentas correspondientes, dicho administrador está obligado a garantizar la confidencialidad de tales datos mientras el administrador
         central no pueda comunicarlos legalmente al público en general.
      
       Costas
      60      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. 
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
      1)      La comunicación de datos objeto de transacción como los controvertidos en el asunto principal, relativos a los nombres de
            los titulares de cuentas de origen y de destino de las transferencias de derechos de emisión, a los derechos de emisión o
            unidades de Kioto objeto de dichas transacciones y a la fecha y hora de dichas transacciones, se rige exclusivamente por la
            normativa específica que sobre comunicación al público y confidencialidad se contienen en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento
            Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión
            de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, en la versión resultante
            de la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, y en el Reglamento (CE) nº 2216/2004
            de la Comisión, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado de registros de conformidad con
            la Directiva 2003/87 y la Decisión nº 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 
      2)      Datos objeto de transacción como los solicitados en el asunto principal por una entidad territorial que desea renegociar un
            convenio de arrendamiento constituyen datos confidenciales en el sentido del Reglamento nº 2216/2004 y, de conformidad con
            los artículos 9 y 10 del mismo, en relación con los puntos 11 y 12 del anexo XVI de dicho Reglamento, dichos datos, si no
            existe consentimiento previo de los titulares de las cuentas correspondientes, sólo son de libre consulta por el público en
            general en la zona de acceso público del sitio web del DITC a partir del 15 de enero del quinto año (X+5) siguiente al año (X) en que se completen las transacciones relativas
            a las transferencias de derechos de emisión. 
      3)      Aunque a efectos de la aplicación del Reglamento nº 2216/2004, el administrador central es el único competente para comunicar
            al público en general los datos mencionados en el punto 12 del anexo XVI de dicho Reglamento, corresponde al propio administrador
            del registro nacional, ante el que se solicita la comunicación de esos datos objeto de transacción, denegar dicha solicitud
            puesto que, si no existe consentimiento previo de los titulares de las cuentas correspondientes, dicho administrador está
            obligado a garantizar la confidencialidad de tales datos mientras el administrador central no pueda comunicarlos legalmente
            al público en general.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.