CELEX: 61971CJ0051
Language: es
Date: 1971-12-15 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1971. # International Fruit Company NV y otros contra Produktschap voor groenten en fruit. # Peticiones de decisión prejudicial: College van Beroep voor het Bedrijfsleven - Países Bajos. # Restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente. # Asuntos acumulados 51 a 54-71.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
      de 15 de diciembre de 1971 (
            *1
         )
      En los asuntos acumulados 51/71, 52/71, 53/71 y 54/71,
      que tienen por objeto sendas peticiones dirigidas al Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven, destinadas a obtener, en los litigios pendientes ante dicho órgano jurisdiccional entre
      
         International Fruit Company NV, Rotterdam (asunto 51/71),
      
         Kooy Rotterdam NV, Rotterdam (asunto 52/71),
      
         Velleman en Tas NV, Rotterdam (asunto 53/71),
      
         Jan van den Brink's im- en Exporthandel NV, Rotterdam (asunto 54/71),
      y
      
         Produktschap voor Groenten en Fruit, La Haya,
      una decisión prejudicial sobre la interpretación de las disposiciones del Tratado CEE y las normas relativas a su ejecución, que reconocen facultades a los Estados miembros o les imponen obligaciones, así como de los conceptos de «restricciones cuantitativas» y «medidas de efecto equivalente» a que se refiere el Tratado y algunos Reglamentos del Consejo,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
      integrado por los Sres.: R. Lecourt, Presidente; J. Mertens de Wilmars y H. Kutscher, Presidentes de Sala; A.M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco (Ponente) y P. Pescatore, Jueces;
      Abogado General: Sr. K. Roemer;
      Secretario: Sr. A. Van Houtte;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      
         (No se transcriben los antecedentes de hecho.)
      
      Fundamentos de Derecho
      
               1
            
            
               Considerando que, mediante resolución de 30 de julio de 1971, recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 2 de agosto de 1971, el College van Beroep voor het Bedrijfsleven solicitó a este Tribunal que se pronunciara con carácter prejudicial sobre la interpretación de determinadas disposiciones del Tratado y normas de Derecho derivado, así como sobre el contenido de algunos conceptos que aparecen en el Tratado y en dichas normas.
            
         Sobre la primera cuestión
      
               2
            
            
               Considerando que, en primer lugar, se solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre si el hecho de que determinadas disposiciones del Tratado y de los Reglamentos atribuyan facultades a los Estados miembros o les impongan obligaciones significa que dichos Estados tan sólo pueden atribuir el ejercicio de dichas facultades u obligaciones a los órganos nacionales mediante una disposición expresa.
            
         
               3
            
            
               Considerando que si, conforme al artículo 5 del Tratado, los Estados miembros han de adoptar todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado, les corresponde determinar los órganos que, en el ordenamiento jurídico interno, tendrán competencia para tomar dichas medidas;
            
         
               4
            
            
               que, por lo tanto, procede responder a la primera cuestión que cuando las disposiciones del Tratado o de los Reglamentos reconocen facultades a los Estados miembros o les imponen obligaciones en el marco de la aplicación del Derecho comunitario, la forma en que los Estados pueden atribuir el ejercicio de tales facultades y el cumplimiento de dichas obligaciones a determinados órganos internos depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado.
            
         Sobre la segunda cuestión
      
               5
            
            
               Considerando que la segunda cuestión se refiere a si los conceptos de «restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente» y de «contingentes», que se mencionan en los artículos 30 a 32 y 34 del Tratado, así como en los Reglamentos no 159/66/CEE (DO 1966, 192, p. 3286) y (CEE) no 2513/69 (DO 1969, L 138, p. 6) se aplican igualmente a disposiciones legales nacionales que prohíben la importación y la exportación sin licencia, pero que no se aplican en realidad debido a que se conceden exenciones a la prohibición y, en la medida en que no sea éste el caso, porque la licencia se concede siempre que se formula la solicitud correspondiente.
            
         
               6
            
            
               Considerando que la cuestión planteada se refiere tanto al régimen de las restricciones cuantitativas en las relaciones intracomunitarias como al régimen de las mismas restricciones en los intercambios con países terceros;
            
         
               7
            
            
               que, no obstante, según el sistema del Tratado, debe hacerse una distinción entre estos dos regímenes;
            
         
               8
            
            
               que, efectivamente, en virtud del artículo 30 y del apartado 1 del artículo 34 del Tratado, quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación y a la exportación así como todas las medidas de efecto equivalente;
            
         
               9
            
            
               que, por lo tanto, salvo las excepciones previstas por el propio Derecho comunitario, dichas disposiciones impiden la aplicación en las relaciones intracomunitarias de una legislación nacional que mantenga la exigencia, aunque sea meramente formal, de licencias de importación o de exportación o de cualesquiera otros trámites similares;
            
         
               10
            
            
               que, por el contrario, en los intercambios con Estados terceros, la aplicación de restricciones cuantitativas y de medidas de efecto equivalente forma parte de los instrumentos de la política comercial común, tanto con arreglo al artículo 113 del Tratado como a las disposiciones relativas a la Política Agrícola Común y, en particular, conforme al apartado 3 del artículo 40, que prevé el establecimiento de «mecanismos comunes de estabilización de las importaciones o exportaciones».
            
         
               11
            
            
               Considerando que, según los autos remitidos al Tribunal de Justicia, el litigio pendiente ante el College van Beroep voor het Bedrijfsleven no surgió en el marco de las relaciones intracomunitarias, sino en el de la aplicación del Reglamento no 2513/69, cuyo objeto se refiere exclusivamente a los regímenes de importación de frutas y hortalizas originarias de países terceros;
            
         
               12
            
            
               que, en consecuencia, la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional nacional debe examinarse en relación con el régimen de intercambios exteriores así definido.
            
         
               13
            
            
               Considerando que el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento no 2513/69 establece que, «salvo disposiciones comunitarias en contra o exenciones decididas por el Consejo», queda prohibida «la aplicación de cualquier restricción cuantitativa o media de efecto equivalente» a las importaciones procedentes de países terceros;
            
         
               14
            
            
               que el artículo 2 del mismo Reglamento prevé la posibilidad de excepciones a dicho principio en el caso de que, dentro de la Comunidad, el mercado de uno o algunos productos se vea amenazado, «a causa de las importaciones o exportaciones, de sufrir graves trastornos que puedan poner en peligro la consecución de los objetivos del artículo 39 del Tratado»;
            
         
               15
            
            
               que la cuestión planteada al Tribunal de Justicia consiste en examinar si un Estado miembro puede aplicar el Reglamento no 2513/69 a través de una normativa basada en el principio de prohibición general de las importaciones salvo concesión de licencia, y que prevé las exenciones oportunas o bien se aplica según el sistema de «concesión de todas las licencias», en la medida en que el Derecho comunitario prevé la liberalización de los intercambios comerciales con Estados terceros;
            
         
               16
            
            
               que la prohibición contenida en el artículo 1 del Reglamento no 2513/69 no es absoluta, puesto que, según los párrafos quinto y sexto de la exposición de motivos y las propias disposiciones de los artículos 1 y 2, los Estados miembros pueden ser autorizados a tomar determinadas medidas de protección, en particular cuando los mercados puedan verse perturbados por importaciones procedentes de países terceros.
            
         
               17
            
            
               que por consiguiente, la aplicación de un régimen legal basado en una prohibición general de las importaciones salvo concesión de licencia, acompañada de un sistema generalizado de exenciones, es compatible, en el actual estado del Derecho, con el sistema del Reglamento no 2513/69;
            
         
               18
            
            
               que en el actual estado del Derecho no es incompatible con el sistema de dicho Reglamento el régimen de «concesiones de todas las licencias» siempre que la licencia se otorgue automáticamente a todo el que la solicite, sin gastos ni demoras.
            
         Costas
      
               19
            
            
               Considerando que los gastos efectuados por el Gobierno del Reino de los Países Bajos y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso, dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
            
          
            
               En virtud de todo lo expuesto;
               vistos los autos;
               habiendo considerado el informe del Juez Ponente;
               oídas las observaciones orales de la Comisión de las Comunidades Europeas;
               oídas las conclusiones del Abogado General;
               visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en especial, sus artículos 30 a 32, 34, 40 y 113;
               visto el Reglamento no 2513/69 del Consejo, de 9 de diciembre de 1969 (DO 1969, L 318);
               visto el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la CEE y, en especial, su artículo 20;
               visto el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas;
               EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
               pronunciándose sobre la cuestión planteada por el College van Beroep voor het Bedrijfsleven mediante resolución de 30 de julio de 1971, declara:
            
          
            
               
                        1)
                     
                     
                        Cuando las disposiciones del Tratado o de los Reglamentos reconocen facultades a los Estados miembros o les imponen obligaciones en el marco de la aplicación del Derecho comunitario, la forma en que los Estados pueden atribuir el ejercicio de tales facultades y el cumplimiento de dichas obligaciones a determinados órganos internos depende únicamente del sistema constitucional de cada Estado.
                     
                  
          
            
               
                        2)
                     
                     
                        La aplicación de un régimen legal basado en una prohibición general de las importaciones salvo concesión de licencia, acompañada de un sistema generalizado de exenciones en el caso de importaciones procedentes de países terceros sometidas al Reglamento no 2513/69, es compatible con el sistema de dicho Reglamento.
                        No es incompatible con el sistema de dicho Reglamento el régimen de «concesión de todas las licencias», siempre que las licencias se otorguen automáticamente a todo el que la solicite, sin gastos ni demoras.
                     
                  
          
               
                  
                     
                        
                           Lecourt
                        
                        
                           Mertens de Wilmars
                        
                        
                           Kutscher
                        
                     
                     
                        
                           Donner
                        
                        
                           Trabucchi
                        
                     
                     
                        
                           Monaco
                        
                        
                           Pescatore
                        
                     
                     Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de diciembre de 1971.
                     
                        
                           El Secretario
                           A. Van Houtte
                        
                        
                           El Presidente
                           R. Lecourt
                        
                     
                  
               
            (
            *1
         )	Lengua de procedimiento: neerlandés.