CELEX: E2015J0026
Language: es
Date: 2016-08-03 00:00:00
Title: Sentencia del Tribunal, de 3 de agosto de 2016, en los asuntos acumulados E-26/15 y E-27/15 — Proceso penal contra B y B contra Finanzmarktaufsicht (Libre prestación de servicios — artículo 36 del Acuerdo EEE — Directiva 2005/60/CE — Proporcionalidad)

13.4.2017   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 120/25
            
         SENTENCIA DEL TRIBUNAL
   de 3 de agosto de 2016
   en los asuntos acumulados E-26/15 y E-27/15
   Proceso penal contra B y B contra Finanzmarktaufsicht
   
   (Libre prestación de servicios — artículo 36 del Acuerdo EEE — Directiva 2005/60/CE — Proporcionalidad)
   (2017/C 120/13)
   En los asuntos acumulados E-26/15 y E-27/15, proceso penal entablado contra B, y B contra Finanzmarktaufsicht — SOLICITUDES al Tribunal con arreglo al artículo 34 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia, por el Tribunal Principesco de Apelación del Principado de Liechtenstein (Fürstliches Obergericht) y la Comisión de recursos de la Autoridad del Mercado Financiero (Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht), relativas a la interpretación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, el Tribunal, integrado por Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen y Páll Hreinsson (juez ponente), jueces, dictó sentencia el 3 de agosto de 2016, cuyo fallo es el siguiente:
   
               1.
            
            
               La Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un Estado miembro del EEE de acogida someta a los proveedores de servicios a sociedades y los fideicomisos que operen en su territorio al amparo de la libre prestación de servicios a los requisitos de diligencia debida establecidos en su legislación nacional.
            
         
               2.
            
            
               Sin embargo, en la medida en que dicha normativa genere dificultades y costes adicionales para las actividades realizadas bajo el régimen de libre prestación de servicios y pueda añadirse a los controles ya realizados en el Estado del EEE de origen de los proveedores de servicios a sociedades y los fideicomisos, disuadiéndolos así de llevar a cabo tales actividades, la normativa constituye una restricción a la libre prestación de servicios. El artículo 36 del Acuerdo EEE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a dicha legislación, siempre y cuando se aplique de una forma no discriminatoria, esté justificada por el objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, sea adecuada para garantizar la realización de ese objetivo, y no vaya más allá de lo necesario para alcanzarlo. En particular, para que las medidas nacionales de control del Estado miembro del EEE de acogida se consideren proporcionadas, no debería existir ninguna presunción general de fraude que dé lugar a un control pleno y sistemático de todos aquellos que estén establecidos en otros Estados miembros del EEE y presten servicios de forma temporal en el Estado miembro del EEE de acogida. Por otra parte, el Estado miembro del EEE de acogida deberá, cuando solicite información (documentos, etc.) ubicada en el Estado del EEE de establecimiento, conceder al proveedor de servicios un período de tiempo razonable para facilitar dicha información mediante, por ejemplo, la entrega de copias de documentos. A este respecto, la duración apropiada del plazo de presentación dependerá de la cantidad de documentos solicitados y del medio en que se almacenen.
            
         
               3.
            
            
               Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones primera y segunda no difieren en los casos en que la empresa a la que se prestan los servicios administrativos no esté constituida en un Estado miembro del EEE.