CELEX: 62002CC0293
Language: es
Date: 2005-05-03
Title: Conclusiones del Abogado General Léger presentadas el 3 de mayo de 2005. # Jersey Produce Marketing Organisation Ltd contra States of Jersey y Jersey Potato Export Marketing Board. # Petición de decisión prejudicial: Royal Court of Jersey - Islas del Canal de la Mancha. # Regulación relativa a la exportación de patatas de Jersey al Reino Unido - Acta de adhesión de 1972 - Protocolo nº 3 relativo a las islas del Canal y a la isla de Man - Reglamento nº 706/73 - Artículos 23 CE, 25 CE y 29 CE - Exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana - Medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas. # Asunto C-293/02.

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
      SR. PHILIPPE LÉGER
      presentadas el 3 de mayo de 2005 (1)
      
      Asunto C‑293/02
      Jersey Produce Marketing Organisation Ltd
      contra
      The States of Jersey, 
      Jersey Potato Export Marketing Board
      (Petición de decisión prejudicial planteada por el la Royal Court of Jersey)
      «Protocolo nº 3 relativo a las Islas Anglonormandas y a la Isla de Man – Reglamento (CEE) nº 706/73 – Libre circulación de mercancías – Política agrícola común – Patatas de la Isla de Jersey – Normativa relativa a su comercialización en el Reino Unido – Aplicabilidad de los artículos 23 CE, 25 CE y 29 CE – Situaciones puramente internas de un Estado miembro»
      1.     ¿Se opone el Derecho comunitario a una normativa, exclusiva de la Isla de Jersey, (2) que supedita la comercialización –en el Reino Unido– de patatas cultivadas en esta isla al cumplimiento de distintas formalidades?
      
      2.     Esta es, fundamentalmente, la cuestión prejudicial planteada en el presente asunto por la Royal Court of Jersey, que solicita
         al Tribunal de Justicia que examine el estatuto especial de esta isla con respecto a la Comunidad Europea, como consecuencia
         de la adhesión del Reino Unido.
      
      3.     En la misma línea de la sentencia de 16 de julio de 1998, Pereira Roque, (3) relativa a la situación de Jersey en el ámbito de la libre circulación de personas, se trata ahora de determinar si las normas
         del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías son aplicables a dicho territorio insular por lo que se refiere
         a la comercialización de productos agrícolas como las patatas y, en caso afirmativo, en qué condiciones. Habida cuenta del
         estatuto especial de la Isla de Jersey con respecto al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en este asunto se
         insta más concretamente al Tribunal de Justicia a examinar de nuevo la cuestión de la aplicabilidad de las normas del Tratado
         en materia de libre circulación de mercancías a situaciones puramente internas de un Estado miembro.
      
      I.      Marco jurídico
      A.      Normativa comunitaria relativa a la situación de la Isla de Jersey con respecto a la Comunidad
      4.     Varias disposiciones de Derecho comunitario, primario o derivado, versan sobre la situación de las Islas Anglonormandas, así
         como la de la Isla de Man, (4) por lo que se refiere a la aplicabilidad de la normativa comunitaria en el territorio de dichas islas.
      
      5.     De este modo, si bien el artículo 299 CE, apartado 4, dispone que «las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a los
         territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro», el mismo artículo precisa, sin embargo, en su apartado
         6, letra c), que «las disposiciones del presente Tratado sólo serán aplicables a las islas del Canal y a la isla de Man en
         la medida necesaria para asegurar la aplicación del régimen previsto para dichas islas en el Tratado relativo a la adhesión
         de nuevos Estados miembros a la Comunidad Económica Europea [...] firmado el 22 de enero de 1972».
      
      6.     El régimen previsto para dichas islas en dicho Tratado de adhesión se expone en el protocolo nº 3 relativo a las islas del
         Canal y a la isla de Man, que se adjunta a las Actas relativas a la adhesión a las Comunidades Europeas del Reino de Dinamarca,
         de Irlanda, del Reino de Noruega y del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. (5)
      
      7.     El artículo 1, apartado 1, de dicho protocolo dispone que «la regulación comunitaria en materia aduanera y en materia de restricciones
         cuantitativas, y en especial la del Acta de adhesión, se aplicará a las islas del Canal y a la isla de Man en las mismas condiciones
         que al Reino Unido. En particular, los derechos de aduana y las exacciones de efecto equivalente entre estos territorios y
         la Comunidad en su composición originaria y entre estos territorios y los nuevos Estados miembros se reducirán progresivamente
         según el ritmo previsto en los artículos 32 y 36 del Acta de adhesión».
      
      8.     El artículo 1, apartado 2, párrafo primero, del protocolo nº 3 señala que «con respecto a los productos agrícolas y a los
         productos que resultan de su transformación y que están sometidos a un régimen de intercambio especial, las exacciones reguladoras
         y otras medidas a la importación previstas por la regulación comunitaria y aplicables por el Reino Unido se aplicarán respecto
         de los terceros países». El párrafo siguiente añade que «serán igualmente aplicables aquellas disposiciones de la regulación
         comunitaria, y en especial las del Acta de adhesión, que sean necesarias para conseguir la libre circulación y el respeto
         de las condiciones normales de competencia en los intercambios de estos productos».
      
      9.     El artículo 1, apartado 2, último párrafo, de dicho protocolo dispone que «el Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta
         de la Comisión, determinará las condiciones de aplicación a estos territorios [los de las Islas Anglonormandas y de la Isla
         de Man] de las disposiciones mencionadas en los párrafos anteriores». Sobre esta base y con dicha finalidad se adoptó el Reglamento
         (CEE) nº 706/73 del Consejo, de 12 de marzo de 1973, relativo a la regulación comunitaria aplicable a las Islas Anglonormandas
         y a la Isla de Man en lo que se refiere a los intercambios de productos agrícolas. (6)
      
      10.   De este modo, el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que «No se aplicará» [léase: «Se aplicará»] a las Islas
         la regulación comunitaria aplicable al Reino Unido en lo que se refiere a los intercambios de productos agrícolas incluidos
         en el Anexo II del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, [ (7)] así como a los intercambios de mercancías reguladas por el Reglamento nº 170/67/CEE [ (8)] y del Reglamento (CEE) nº 1059/69, [ (9)] con excepción de las disposiciones relativas a las restituciones y a los montantes compensatorios concedidos a la exportación
         por el Reino Unido».
      
      11.   El artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 706/73 señala que «para la aplicación de la regulación contemplada en el apartado
         1, el Reino Unido y las Islas serán considerados como un solo Estado miembro».
      
      12.   El artículo 3 de ese mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1174/86, (10) añade que «la normativa comunitaria aplicable en los sectores siguientes [...] legislación fitosanitaria, comercialización
         de las semillas y plantas, legislación de los alimentos [...], normas de calidad y de comercialización, será aplicable en
         las mismas condiciones que en el Reino Unido a los productos contemplados en el artículo 1 que se importen en las islas, o
         que se exporten de las islas a la Comunidad».
      
      B.      Normativa local, exclusiva de la Isla de Jersey
      13.   El 18 de diciembre de 2001, el States of Jersey (órgano legislativo de la Isla de Jersey), (11) adoptó la Ley relativa a la adopción del régimen de comercialización para las exportaciones de patatas de Jersey (Jersey
         Potato Export Marketing Scheme Act 2001)». (12)
      
      14.   La normativa controvertida se adoptó, al parecer, para responder a las quejas de los agricultores ante los escasos márgenes
         de beneficio que obtenían del cultivo de una variedad de patatas, denominada «Jersey Royal», que constituye el principal cultivo
         al aire libre de la isla. (13) La responsabilidad de esta situación incumbe a los organismos encargados de la comercialización de las patatas de Jersey,
         en la medida en que su política comercial se adopta de manera poco transparente y obedece a consideraciones fundamentalmente
         dictadas por las relaciones de competencia que mantienen entre ellos, es decir, en condiciones que escapan en gran medida
         al control de los agricultores. (14) En este contexto se adoptó la normativa controvertida para favorecer la transparencia y la lealtad de las operaciones comerciales.
      
      15.   Su objeto es establecer un régimen particular para la «exportación» de patatas de Jersey a otras islas vecinas, así como al
         Reino Unido, donde, como acabo de indicar, se vende la casi totalidad de la producción. Según el artículo 2 de la normativa
         controvertida, que define su ámbito de aplicación geográfico, por «exportación» se entiende «el envío de patatas fuera de
         la isla con fines de venta, bien directamente o bien a través de otro lugar, a un destino situado en el Reino Unido, en la
         bailía de Guernesey o en la Isla de Man, para ser consumidas en dichos lugares».
      
      16.   La normativa controvertida se articula en torno a una doble obligación, cuyo incumplimiento se sanciona penalmente.
      17.   Más concretamente, impone a los productores de patatas de Jersey que deseen «exportar» sus productos la obligación de estar
         inscritos en el Jersey Potato Export Marketing Board (organismo creado por la Ley de 2001 con el fin de administrar dicho
         régimen) (15) y de suscribir con éste un contrato de comercialización. (16)
      
      18.   La obligación relativa a la celebración de un contrato de comercialización con el Servicio Nacional se impone también a los
         organismos de comercialización que desean «exportar» patatas de Jersey que han recibido de los productores. (17)
      
      19.   El incumplimiento de tales obligaciones se sanciona penalmente. En efecto, cualquier persona que venda, proponga la venta
         o solicite la compra de patatas de Jersey vulnerando la normativa controvertida será castigada con una pena de multa de 200 GBP
         o prisión de hasta seis meses, o con ambas sanciones.
      
      20.   Por otra parte, de la normativa controvertida resulta que, cuando un productor de patatas de Jersey incumple los términos
         del contrato de comercialización que ha suscrito con el Servicio Nacional, éste puede sancionarle y, en caso de reincidencia,
         informar de ello a las autoridades competentes del States, al objeto de que cancelen su inscripción en el registro llevado
         por dicho Servicio Nacional, lo que impide al productor así expulsado suscribir un nuevo contrato de comercialización.
      
      21.   Además de sus facultades sancionadoras, el Servicio Nacional puede, en virtud de la normativa controvertida, exigir que cada
         productor registrado en él contribuya a un fondo destinado a sufragar sus gastos principales, (18) aunque no sea parte de un contrato de comercialización.
      
      II.    Litigio principal
      22.   Este nuevo régimen establecido por la normativa controvertida para regular la «exportación» de las patatas de Jersey a las
         islas vecinas y al Reino Unido debía, en principio, entrar en vigor el 1 de marzo de 2002.
      
      23.   Sin embargo, su entrada en vigor fue suspendida por la Royal Court of Jersey en el marco de un procedimiento contencioso administrativo
         («judicial review») dirigido a impugnar la legalidad de la normativa controvertida, en particular, en relación con el Derecho
         comunitario.
      
      24.   Dicho procedimiento fue incoado contra el States y contra el Servicio Nacional por uno de los cuatro organismos de comercialización
         que llevan a cabo la «exportación» de patatas de Jersey al Reino Unido (Jersey Produce Marketing Organisation Ltd). (19) En apoyo de dicha demanda intervino otro organismo de comercialización que garantiza, junto con JPMO, en torno al 80 % de
         dichas «exportaciones» (Top Produce Ltd), (20) así como la sociedad matriz de ésta, que lleva a cabo aproximadamente entre el 12 % y el 15 % de la producción de patatas
         de Jersey y las exporta (Fairview Farm Ltd). (21)
      
      25.   Algunos meses después de la suspensión de la entrada en vigor del nuevo régimen de que se trata, el States y el Servicio Nacional
         solicitaron el levantamiento de dicha medida de suspensión a partir del 1 de octubre de 2002 (una vez concluida la fase culminante
         de la temporada de la patata). Dicha solicitud fue desestimada por la Royal Court of Jersey, por lo cual la entrada en vigor
         de dicho régimen continúa suspendida.
      
      III. Cuestiones prejudiciales
      26.   Paralelamente a la suspensión de la entrada en vigor del nuevo régimen puesto en entredicho, la Royal Court of Jersey decidió
         suspender el procedimiento sobre la legalidad de la normativa controvertida y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones
         prejudiciales siguientes:
      
      «1)      ¿Un régimen legal, como el que regula la exportación de patatas procedentes de Jersey al Reino Unido, debe considerarse una
         medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas a la exportación, contraria al artículo 29 CE, por el hecho
         de que las patatas expedidas directamente desde Jersey hasta el Reino Unido puedan atravesar otro Estado miembro, aunque sin
         abandonar el buque de transporte?
      
      2)      ¿Un régimen legal, como el que regula la exportación de patatas procedentes de Jersey al Reino Unido, debe considerarse incompatible
         con los artículos 23 CE, 25 CE, 28 CE y 29 CE en la medida en que puede afectar al comercio entre esa isla y el Reino Unido
         (junto con Guernesey y la Isla de Man) o puede suponer la imposición de exacciones derivadas de dicho comercio?»
      
      27.   Mediante estas dos cuestiones, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente solicita que se dilucide,
         fundamentalmente, si las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías deben interpretarse en el sentido
         de que son incompatibles con que la comercialización de productos agrícolas originarios de la Isla de Jersey (como las patatas)
         destinados al Reino Unido, a la bailía de Guernesey o a la Isla de Man, se supedite a la realización de diversas formalidades,
         como el registro de los productores en una entidad pública local, la suscripción de contratos de comercialización entre dicha
         entidad y los operadores afectados (so pena de ser objeto de sanciones económicas) y la eventual contribución de los productores
         a un fondo destinado a financiar el funcionamiento de dicha entidad.
      
      IV.    Análisis
      28.   Para responder a dicha cuestión, procede examinar, en primer lugar, si las normas comunitarias relativas a la libre circulación
         de mercancías son aplicables a la Isla de Jersey por lo que se refiere a la comercialización de productos agrícolas como las
         patatas.
      
      29.   Sólo en caso de respuesta afirmativa a esta cuestión, habrá que examinar si tales normas, en particular las establecidas en
         los artículos 23 CE, 25 CE y 29 CE, pueden aplicarse a las situaciones previstas por la normativa controvertida, es decir,
         a los intercambios de mercancías entre la Isla de Jersey y el Reino Unido, o entre dicha isla y el resto de las Islas Anglonormandas
         y la Isla de Man, habida cuenta del estatuto especial de dichas islas con respecto al Reino Unido.
      
      30.   Únicamente en el caso de que sea así, procederá examinar si tales normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías
         son efectivamente incompatibles con la normativa controvertida.
      
      A.      Sobre la aplicabilidad a la Isla de Jersey de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías por lo
            que se refiere a la comercialización de productos agrícolas como las patatas
      31.   Conforme a una norma comúnmente admitida en Derecho internacional público, (22) el ámbito de aplicación ratione loci  del Tratado abarca, en principio, el territorio de los Estados miembros de la Comunidad que están obligados por dicho Tratado.
         De ello se deduce que, para determinar si el Tratado es aplicable a una zona geográfica determinada, procede, en primer lugar,
         averiguar si esa zona forma parte del territorio de uno de los Estados miembros, según se define éste en su Derecho interno.
      
      32.   Sin embargo, este ejercicio preliminar no es decisivo, ya que el ámbito de aplicación territorial del Tratado no coincide
         exactamente con el territorio de cada Estado miembro tal como lo define por su Derecho interno. Así se desprende de varias
         disposiciones del Tratado y, en particular, del artículo 299 CE, apartado 4, según el cual, procede recordar, «las disposiciones
         del presente Tratado se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro».
      
      33.   La situación de la Isla de Jersey se corresponde exactamente con este supuesto. En efecto, al igual que el resto de las Islas
         Anglonormandas y la Isla de Man, no forma parte del territorio del Reino Unido. (23) De ello se deriva que, en el ámbito interno, la Isla de Jersey disfruta de una gran autonomía en relación con el Reino Unido,
         tanto desde el punto de vista legislativo, como desde el punto de vista administrativo o jurisdiccional. (24) En cambio, en el ámbito internacional, depende estrechamente del Reino Unido en la medida en que éste asume sus relaciones
         exteriores. (25) Por el contrario, cuando se planteó la adhesión del Reino Unido a la Comunidad, hubo quienes temieron que, en virtud del
         artículo 299 CE, apartado 4, el Tratado fuera aplicable en su integridad al territorio europeo que constituye la Isla de Jersey,
         así como del resto de las Islas Anglonormandas o el de la Isla de Man. (26)
      
      34.   Debido a este contexto, se decidió adoptar un régimen específico a favor de dichas islas, con el fin de tener en cuenta las
         relaciones especiales que mantenían desde hacía tiempo con el Reino Unido. (27)
      
      35.   El Acta relativa a las condiciones de adhesión y a las adaptaciones de los Tratados (28) aportó una precisión en este sentido. En efecto, el artículo 299 CE, apartado 6, letra c), (que tiene su origen en dicha
         Acta) indica que, no obstante lo dispuesto en el apartado 4 de dicho artículo, «las disposiciones del presente Tratado sólo
         serán aplicables a las islas del Canal y a la isla de Man en la medida necesaria para asegurar la aplicación del régimen previsto
         para dichas islas en el Tratado relativo a la adhesión de nuevos Estados miembros a la Comunidad Económica Europea [...],
         firmado el 22 de enero de 1972».
      
      36.   En otras palabras, las normas del Tratado no se aplican íntegramente a dichas islas, incluida la Isla de Jersey, sino sólo
         en parte, dentro de los límites establecidos por el régimen específico que se les ha reservado.
      
      37.   Los principios rectores de este régimen específico se exponen en el protocolo nº 3, adjunto al Acta relativa a las condiciones
         de adhesión. De ello se desprende que, si bien las normas del Tratado relativas a la libre circulación de personas o a la
         libre prestación de servicios no son aplicables a la Isla de Jersey, (29) no sucede lo mismo con la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías.
      
      38.   En efecto, procede recordar que el artículo 1, apartado 1, del protocolo nº 3 dispone que «la regulación comunitaria en materia
         aduanera y en materia de restricciones cuantitativas, y en especial la del Acta de adhesión, se aplicará a las islas del Canal
         [...] en las mismas condiciones que el Reino Unido» y que «en particular, los derechos de aduana y las exacciones de efecto
         equivalente entre estos territorios y la Comunidad [...] se reducirán progresivamente según el ritmo previsto en los artículos
         32 y 36 del Acta de adhesión».
      
      39.   De estas disposiciones se desprende que todas las normas relativas a la libre circulación de mercancías, que figuran en el
         título I de la tercera parte del Tratado, así como en actos de Derecho derivado, están destinadas a aplicarse a la Isla de
         Jersey. Así sucede, en particular, con las normas establecidas en los artículos 23 CE y 25 CE (30) (relativas a los derechos de aduana de importación y exportación, y a las exacciones de efecto equivalente), así como con
         los artículos 28 CE y 29 CE (relativos a las restricciones cuantitativas a la importación o a la exportación, y a las medidas
         de efecto equivalente).
      
      40.   En la línea de dichas disposiciones generales referentes a la aplicabilidad de la normativa comunitaria en materia de libre
         circulación de mercancías (con independencia del tipo de que se trate), el protocolo nº 3 incluye disposiciones específicas
         de determinadas mercancías, a saber, los productos agrícolas y los productos que resultan de su transformación.
      
      41.   En efecto, como se ha indicado ya, el artículo 1, apartado 2, párrafo primero, de dicho protocolo señala que «con respecto
         a los productos agrícolas y a los productos que resultan de su transformación y que están sometidos a un régimen de intercambio
         especial, las exacciones reguladoras y otras medidas a la importación previstas por la regulación comunitaria y aplicables
         por el Reino Unido se aplicarán respecto de los terceros países».
      
      42.   En el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del mismo protocolo añade que «Serán igualmente aplicables aquellas disposiciones
         de la regulación comunitaria, y en especial las del Acta de adhesión, que sean necesarias para conseguir la libre circulación
         y el respecto de las condiciones normales de competencia en los intercambios de estos productos».
      
      43.   En mi opinión, el artículo 1, aparrado 2, párrafo segundo, del protocolo nº 3 es aplicable a productos agrícolas como las
         patatas, de modo que la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías se impone a la Isla de Jersey
         para la comercialización de las patatas que se producen en su territorio. 
      
      44.   En efecto, a diferencia de lo que afirma JPMO, es irrelevante que no exista una organización común del mercado de las patatas. (31)
      
      45.   Es cierto que el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del protocolo nº 3 indica que la normativa comunitaria pertinente,
         en particular la destinada a garantizar la libre circulación de mercancías, se aplica a los intercambios de productos indicados
         en el párrafo anterior. Ahora bien, éste se refiere a los «productos agrícolas y [...] los productos que resultan de su transformación
         y que están sometidos a un régimen de intercambio especial». (32)
      
      46.   Por tanto, el tenor de dichas disposiciones puede hacer pensar que, por lo que respecta a los productos agrícolas, la aplicación
         a la Isla de Jersey de la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías está supeditada al hecho de
         que dichos productos agrícolas (al igual que los productos que resultan de su transformación) estén sometidos a un régimen
         de intercambio especial. (33)
      
      47.   Pues bien, según JPMO, la expresión «régimen de intercambio especial» abarca la de organización común de mercado, de modo
         que los productos agrícolas que, como las patatas, no son objeto de dicha medida no están comprendidos en el ámbito de aplicación
         de la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías. De ello resulta que la comercialización de las
         patatas de Jersey no está sujeta al régimen de la libre circulación de mercancías.
      
      48.   No suscribo esta interpretación restrictiva del artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del protocolo nº 3, por los motivos
         siguientes.
      
      49.   En primer lugar, hay que tener presente que cabría otra interpretación de dichas disposiciones realizando la misma interpretación
         conjunta de dichas disposiciones con las del artículo 1, apartado 2, párrafo primero, de dicho protocolo. En efecto, el primer
         párrafo de dicho artículo se refiere a los intercambios de productos entre las islas de que se trata y los Estados terceros,
         mientras que, al parecer, el párrafo segundo versa más bien sobre los intercambios de productos dentro de la Comunidad. Ahora
         bien, lo que resulta válido para el primer tipo de intercambios, no es necesariamente válido para el segundo.
      
      50.   En efecto, el empleo, en el artículo 1, apartado 2, párrafo primero, del protocolo nº 3, de la expresión «régimen de intercambio
         especial» podría limitarse a indicar que dicho artículo se refiere a los intercambios –con los Estados terceros– de determinados
         productos del sector agrícola para los que se han establecido mecanismos específicos, como las exacciones u otras medidas
         de importación, como los derechos de aduana (cuyo importe se determina generalmente de acuerdo con el arancel aduanero común).
         La mención relativa a la existencia de un régimen de intercambio especial se inscribiría, por tanto, fácilmente en el marco
         de las disposiciones que figuran en el artículo 1, apartado 2, párrafo primero, de dicho protocolo, puesto que dichas disposiciones
         tienen por objeto precisamente ampliar a las islas de que se trata la aplicación de la normativa comunitaria relativa a las
         exacciones y a otras medidas de importación.
      
      51.   Por el contrario, parece difícil descubrir una relación entre la existencia de un «régimen de intercambio especial», en el
         sentido de un régimen específico de intercambios con los Estados terceros, y el objeto del artículo 1, apartado 2, párrafo
         segundo, del protocolo nº 3, ya que dicho artículo tiene por objeto regular, ante todo, los intercambios de productos dentro
         de la Comunidad.
      
      52.   De ello cabe deducir que puede considerarse que el artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del protocolo nº 3, al hacer referencia
         a los productos indicados en el párrafo primero de dicha disposición, hace simplemente alusión a los productos agrícolas y
         a los productos que resultan de su transformación, con independencia de que sean o no objeto de un «régimen de intercambio
         especial», en el sentido de un régimen específico de intercambios con los Estados terceros.
      
      53.   Por tanto, a diferencia de lo que sostiene JPMO, a mi juicio, dicho artículo del protocolo nº 3 no parece indicar que la aplicación
         a la Isla de Jersey de la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías está supeditada, por lo que
         se refiere a los productos agrícolas como las patatas, al requisito de que dichos productos estén comprendidos en una organización
         común de mercado.
      
      54.   Esta conclusión se impone con mayor motivo tras la lectura del Reglamento nº 706/73, que se adoptó en virtud del artículo
         1, apartado 2, párrafo tercero, del protocolo nº 3, con el fin de precisar las condiciones de aplicación, en el territorio
         de las islas de que se trata, de la normativa comunitaria aplicable a dichos territorios en virtud de los párrafos anteriores.
      
      55.   Procede recordar que el artículo 1, apartado 1, de dicho Reglamento dispone que «se aplicará a las Islas la regulación comunitaria
         aplicable al Reino Unido en lo que se refiere a los intercambios de productos agrícolas incluidos en el Anexo II del Tratado
         constitutivo de la Comunidad Económica Europea, así como a los intercambios de mercancías reguladas por el Reglamento nº 170/67/CEE y
         por el Reglamento (CEE) nº 1059/69, con excepción de las disposiciones relativas a las restituciones y a los montantes compensatorios
         concedidos a la exportación por el Reino Unido».
      
      56.   Dicho artículo se refiere tanto a los intercambios de dichos productos o de dichas mercancías en el interior de la Comunidad
         como a los que se producen entre la Comunidad y los Estados terceros.
      
      57.   Nada en el tenor del artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 706/73 permite pensar que los productos agrícolas, como las
         patatas, no están sujetos (en el territorio de las islas de que se trata) de la normativa comunitaria relativa a la libre
         circulación de mercancías, debido a que dichos productos no son objeto de una organización común de mercado. A este respecto,
         el tenor de dicho Reglamento es claramente más satisfactoria que la del protocolo nº 3, en el cual la ambigüedad de algunas
         disposiciones justificaba efectivamente las precisiones que sobre éste se han realizado.
      
      58.   Como señala acertadamente la Comisión, el único requisito establecido en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 706/73,
         para la aplicación a los productos agrícolas de la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías consiste
         en que dichos productos estén incluidos en el anexo II del Tratado CEE (actualmente anexo I CE). (34)
      
      59.   Pues bien, quiero recordar que las patatas cumplen este requisito. (35) De ello se deduce que las normas del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías son aplicables a la Isla de
         Jersey para regular la comercialización de las patatas que se producen en ella.
      
      60.   A este respecto, carece de pertinencia que una parte importante de la política agrícola común no sea aplicable a la Isla de
         Jersey, (36) pese al vínculo tradicionalmente establecido entre, por un lado, el funcionamiento y el desarrollo del mercado común para
         los productos agrícolas y, por otro, el establecimiento de una política agrícola común. (37)
      
      61.   En efecto, la situación especial en la que se encuentra la Isla de Jersey con respecto a la política agrícola común resulta
         de los propios términos del protocolo nº 3 y del Reglamento nº 706/73, del que se desprende asimismo, como se acaba de ver,
         que la normativa comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías es aplicable a este territorio con el fin de regular
         los intercambios de patatas producidas en él.
      
      62.   Excluir dichos intercambios del cumplimiento de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías por
         la única razón de que la Isla de Jersey no está totalmente comprendida en el ámbito de aplicación de la política agrícola
         común equivaldría, por tanto, a privar de efecto útil a determinadas disposiciones del protocolo nº 3 y del Reglamento nº 706/73,
         y a incumplir tanto el sistema general de dichos actos como la voluntad del legislador comunitario.
      
      63.   Ello me lleva a concluir que las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías son aplicables a la Isla
         de Jersey y regulan la comercialización de las patatas producidas en su territorio.
      
      64.   Una vez establecido este principio, procede examinar si dichas normas pueden aplicarse a las situaciones concretas previstas
         por la normativa controvertida.
      
      B.      Sobre la aplicabilidad de las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías a las situaciones previstas
            por la normativa controvertida
      65.   Antes de examinar de manera concreta si las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías son aplicables
         a las situaciones previstas por la normativa controvertida, procede formular algunas observaciones preliminares relativas,
         por un lado, al estatuto de las Islas Anglonormandas y de la Isla de Man con respecto al Reino Unido para la aplicación de
         la normativa comunitaria referente a la libre circulación de los productos agrícolas y, por otro, a situaciones concretas
         que deben considerarse previstas por la normativa controvertida.
      
      1.      Observaciones preliminares
      66.   Como acabo de exponer, a mi juicio, del artículo 1, apartado 2, párrafo segundo, del protocolo nº 3 en relación con el artículo
         1, apartado 1, del Reglamento nº 706/73 se desprende que las normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías
         son aplicables a la Isla de Jersey para regular la comercialización de las patatas producidas en su territorio.
      
      67.   Pues bien, procede recordar que el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento señala que «para la aplicación de la regulación
         contemplada en el apartado 1, el Reino Unido y las Islas serán considerados como un solo Estado miembro».
      
      68.   De ello se deduce que, para la aplicación de las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías por lo que
         se refiere a los productos agrícolas como las patatas, debe considerarse que la Isla de Jersey forma parte integrante del
         Reino Unido. Lo mismo sucede con el resto de las islas Anglonormandas y con la Isla de Man. Por consiguiente, para la aplicación
         de la normativa comunitaria en este ámbito, las relaciones entre estas islas y el Reino Unido no pueden asimilarse a las que
         existen entre un Estado tercero y un Estado miembro, o entre dos Estados miembros. (38)
      
      69.   Por tanto, cabe preguntarse si las situaciones previstas por la normativa controvertida para la comercialización de las patatas
         de Jersey no deben considerarse situaciones puramente internas de un único Estado miembro, a saber, el Reino Unido.
      
      70.   En efecto, como se ha indicado ya, la normativa controvertida establece un régimen especial para la «exportación» de patatas
         de Jersey al Reino Unido (donde se vende la casi totalidad de la producción). Asimismo, debe recordarse que, según su artículo
         2, por «exportación» se entiende «el envío de patatas fuera de la isla con fines de venta, bien directamente o bien a través
         de otro lugar, a un destino situado en el Reino Unido, en la bailía de Guernesey o en la Isla de Man, para ser consumidas
         en dichos lugares».
      
      71.   Ha quedado acreditado que, en virtud de dicho artículo 2, la normativa controvertida es aplicable al supuesto en que las patatas
         se envían por «ferry» desde la Isla de Jersey hasta el Reino Unido, ya sea directamente, ya a través del puerto de otro Estado
         miembro (como el puerto francés de Caen) sin abandonar dicho «ferry». Lo mismo sucede con las enviadas, directamente o no,
         desde la Isla de Jersey hasta las islas de la bailía de Guernesey o hasta la Isla de Man.
      
      72.   Con excepción de dichos supuestos, las partes del litigio principal sostuvieron interpretaciones muy divergentes acerca del
         ámbito de aplicación territorial de la normativa controvertida. (39) Dicho esto, de una jurisprudencia reiterada se desprende que, en el reparto de funciones entre el Tribunal de Justicia y
         los órganos jurisdiccionales nacionales que rige el procedimiento de remisión prejudicial, corresponde exclusivamente a los
         órganos jurisdiccionales nacionales, y no al Tribunal de Justicia, interpretar el Derecho nacional. (40)
      
      73.   Por consiguiente, de acuerdo con la interpretación del artículo 2 de la normativa controvertida que ha adoptado el órgano
         jurisdiccional remitente, procede suponer que ésta no se aplica en el caso de que las patatas se envíen, en un primer momento,
         a Francia con fines de transformación (como el lavado, el embalaje o el ensacado) y se transporten después hacia el Reino
         Unido para ser allí vendidas y consumidas. (41)
      
      74.   Aunque el órgano jurisdiccional remitente no se ha pronunciado expresamente sobre dicho supuesto, estimo que la normativa
         controvertida tampoco es aplicable cuando las patatas se venden a un operador establecido en Francia o en otro Estado miembro,
         y son posteriormente revendidas por éste (en el mismo Estado o tras haber sido transformadas), para ser consumidas en el Reino
         Unido.
      
      75.   En efecto, el órgano jurisdiccional remitente ha hecho suya la interpretación sostenida por el States, según la cual la expresión
         «directamente o a través de otro lugar» se refiere únicamente al itinerario de navegación tomado para expedir las patatas
         fuera de la isla. (42) De ello dedujo, como acabo de indicar, que la normativa controvertida no se aplica en los supuestos en que las patatas se
         expidan a Francia para ser transformadas allí y luego se transporten al Reino Unido para ser vendidas y consumidas en este
         país. Debe suponerse que lo mismo sucede en el caso de que las patatas se vendan a un operador establecido en Francia o en
         otro Estado miembro, y sean posteriormente revendidas por éste (en el mismo Estado o tras haber sido transformadas) para ser
         consumidas en el Reino Unido, ya que tal operación, al igual que la anteriormente indicada, rebasa los límites en los que
         se inscribe, según el órgano jurisdiccional remitente, la expresión de que se trata, es decir, la de una mera operación de
         transporte de mercancías.
      
      76.   Al quedar circunscrito de este modo el alcance territorial de la normativa controvertida, procede ahora determinar si algunas
         normas del Tratado relativas a la libre circulación de mercancías pueden aplicarse a las operaciones de comercialización de
         las patatas a las que es aplicable esta normativa controvertida.
      
      77.   Mi análisis versará tanto sobre los artículos 23 CE y 25 CE como sobre el artículo 29 CE. Pese a que el órgano jurisdiccional
         remitente se refiere también al artículo 28 CE, no lo analizaré, ya que, en cualquier caso, carece de pertinencia, puesto
         que la normativa controvertida regula únicamente la expedición de patatas fuera de la Isla de Jersey, y no su introducción
         en dicho territorio.
      
      2.      Aplicabilidad de los artículos 23 CE, 25 CE y 29 CE a las situaciones previstas por la normativa controvertida
      78.   Con carácter preliminar, procede señalar que la cuestión de la aplicabilidad de los artículos 23 CE y 25 CE a las situaciones
         previstas por la normativa controvertida sólo debe plantearse por lo que se refiere a la eventual contribución a favor del
         Servicio Nacional, y no con respecto a las sanciones económicas cuya finalidad es garantizar el cumplimiento de las obligaciones
         impuestas por el régimen de comercialización controvertido, ya que tales sanciones deben considerarse más bien medidas de
         efecto equivalente a restricciones cuantitativas en el sentido del artículo 29 CE.
      
      79.   Por cuanto atañe a la eventual contribución a favor del Servicio Nacional, dispongo de pocos elementos sobre este aspecto
         de la normativa controvertida. Sin perjuicio de la verificación de este extremo, que habrá de realizar el órgano jurisdiccional
         remitente, hay que suponer, como alega la Comisión, que el importe de la contribución controvertida se calcula en función
         bien de la cantidad de patatas expedidas el año anterior por el productor de que se trata (hacia el Reino Unido, la bailía
         de Guernesey o la Isla de Man), o bien de la superficie que éste haya dedicado al cultivo de patatas durante ese mismo período. (43)
      
      80.   En este contexto se plantea la cuestión de la aplicabilidad de los artículos 23 CE, 25 CE y 29 CE a las situaciones previstas
         por la normativa controvertida. Examinaré esta cuestión partiendo del tenor de los artículos 23 CE, 25 CE, 28 CE y 29 CE,
         y expondré a continuación la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en este ámbito, con el fin de precisar
         su contenido y de medir su alcance, así como sus límites, ante las situaciones previstas por la normativa controvertida.
      
      a)      El tenor de los artículos 23 CE, 25 CE, 28 CE y 29 CE y su consideración en la jurisprudencia tradicional del Tribunal de
         Justicia en relación con el ámbito de aplicación territorial de las normas del Tratado en materia de libre circulación de
         mercancías 
      
      81.   Al leer los artículos 23 CE, 25 CE, 28 CE y 29 CE, que se inscriben en la línea del artículo 3 CE, apartado 1, letra a), parece
         evidente que los únicos obstáculos (arancelarios o no arancelarios) a la libre circulación de mercancías que están prohibidos
         por dichos artículos son los relacionados con los intercambios entre los Estados miembros y no los que se refieren a los intercambios
         entre las diferentes partes del territorio de un único Estado miembro. (44)
      
      82.   Esta evidencia ha sido recordada en muchas ocasiones por el Tribunal de Justicia en relación con normativas nacionales que
         tienen una doble incidencia en la comercialización de mercancías, tanto en el marco de los intercambios con otros Estados
         miembros como en el de los intercambios internos del Estado miembro que ha adoptado tal normativa. (45)
      
      83.   Ante estas normativas, que fueron declaradas contrarias a los artículos 28 CE o 29 CE, el Tribunal de Justicia distinguió
         la situación de los intercambios entre los Estados miembros (a los que se aplican las normas del Tratado relativas a la libre
         circulación de mercancías) de la de los intercambios internos en el Estado miembros de que se trata (a los que no se aplican
         esas mismas normas del Tratado). (46) El Tribunal de Justicia añadió que una normativa nacional no puede no estar sujeta a la prohibición establecida en el artículo
         28 CE basándose en que dicha normativa afecta también a los intercambios de mercancías dentro del Estado miembro afectado. (47)
      
      84.   De esta jurisprudencia se desprende que, para determinar si una medida nacional está comprendida en el ámbito de aplicación
         de los artículos 28 CE o 29 CE, procede averiguar si dicha medida puede afectar a los intercambios entre los Estados miembros.
         De este modo, cuando tal medida afecte únicamente a los intercambios dentro de un único Estado miembro, y no a los intercambios
         entre varios Estados miembros, dicha medida no está comprendida en el ámbito de aplicación de las normas del Tratado establecidas
         en los artículos 28 CE y 29 CE.
      
      85.   Esta jurisprudencia ha sido extrapolada al supuesto similar en que determinadas normativas locales, aplicables únicamente
         sobre una parte del territorio de un Estado miembro, afectaban a los intercambios de mercancías entre dicha parte del territorio
         nacional y el resto de los Estados miembros, así como a los intercambios entre dicha parte de territorio nacional y el resto
         de las partes del territorio de ese Estado miembro. (48)
      
      86.   Por tanto, para que los artículos 28 CE o 29 CE puedan aplicarse, es preciso que las mercancías afectadas pasen del territorio
         de un Estado miembro (o de una parte de éste) al territorio de otro Estado miembro (o de una parte de éste), es decir, que
         las mercancías introducidas en el territorio de un Estado miembro o de una parte de éste procedan de otro Estado miembro (o
         de una parte de éste), y que las de origen nacional o local se destinen a otro Estado miembro (o a una parte de éste). Cuando
         los productos originarios de un Estado miembro se limiten a pasar de una región a otra del mismo Estado miembro, no concurre
         el requisito fundamental para la aplicación de los artículos 28 CE o 29 CE, de modo que ninguno de estos artículos es aplicable.
         Este requisito fundamental se refiere al paso de una frontera de un Estado miembro a otro, es decir, al hecho de atravesar
         una frontera que denominaré «interestatal», cualquiera que sea su localización, con independencia de que esté situada en el
         límite de un territorio nacional o de una parte de éste. (49)
      
      87.   El interés del Tribunal de Justicia en circunscribir la aplicación de las normas del Tratado en materia de libre circulación
         de mercancías, como las que figuran en el artículo 28 CE, exclusivamente al ámbito de los intercambios entre los Estados miembros
         se pone de manifiesto asimismo con motivo del examen de varias normativas nacionales que someten a productos de origen nacional
         (que no hayan sido objeto de intercambio entre Estados miembros) a un régimen de comercialización menos favorables que el
         reservado a los productos importados de otros Estados miembros. (50) Dichas normativas nacionales suscitaban dificultades particulares, puesto que de ellas se derivaba una situación de «discriminación
         inversa».
      
      88.   Ante tales dificultades, el Tribunal de Justicia señaló que el artículo 28 CE tiene «la finalidad de eliminar las trabas a
         la importación de mercancías y no la de asegurar que las mercancías de origen nacional se beneficien, en todos los casos,
         del mismo trato que las mercancías importadas». (51) De ello el Tribunal de Justicia dedujo que una «diferencia de trato entre mercancías que no constituye un obstáculo para
         la importación ni perjudique la comercialización de las mercancías importadas no cae dentro de la prohibición establecida
         por este artículo». (52)
      
      89.   De todas estas consideraciones jurisprudenciales resulta que los artículos 28 CE y 29 CE no se aplican a situaciones de intercambio
         de mercancías que sean puramente internas de un Estado miembro. Habida cuenta de esta jurisprudencia, habría sido de esperar
         que lo mismo sucediera con respecto a la aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE, ya que, como se ha visto, el tenor de
         dichos artículos, al igual que el de los artículos 28 CE y 29 CE, hace referencia a relaciones entre Estados miembros.
      
      90.   Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha adoptado otra solución. Así se desprende de las sentencias Lancry y otros, antes citada;
         de 14 de septiembre de 1995, Simitzi, (53) y de 9 de septiembre de 2004, Carbonati Apuani. (54) Estas sentencias se apartan de manera significativa de la jurisprudencia tradicional del Tribunal de Justicia relativa al
         ámbito de aplicación territorial de las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías. Antes de examinar
         el alcance y los límites de esta nueva orientación jurisprudencial ante situaciones previstas por la normativa controvertida,
         procede exponer el desarrollo de las diferentes etapas.
      
      b)      Evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al ámbito de aplicación territorial de los artículos 23 CE
         y 25 CE
      
      91.   En la línea de la sentencia de 16 de julio de 1992, Legros y otros, (55) el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Lancry y otros, antes citada, que el tributo denominado «octroi de mer»,
         previsto en la normativa francesa, constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la importación,
         en el sentido del artículo 25 CE.
      
      92.   Dicho tributo era recaudado en los departamentos franceses de ultramar y gravaba las mercancías introducidas en dicha parte
         del territorio francés con independencia de su procedencia, de modo que se aplicaba tanto a los productos originarios de otros
         Estados miembros como a los productos originarios de otras partes del territorio de ese mismo Estado miembro.
      
      93.   En la sentencia Legros y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia se limitó a señalar que «un tributo recaudado en una
         frontera regional por la introducción de productos en una región de un Estado miembro constituye un obstáculo a la libre circulación
         de mercancías al menos tan grave como un tributo percibido en la frontera nacional debido a la introducción de los productos
         en la totalidad del territorio de un Estado miembro». (56) A este respecto, indicó simplemente que «el hecho de que tal tributo regional grave también las mercancías procedentes de
         las demás partes del territorio del Estado miembro de que se trata no modifica el perjuicio que dicho tributo origina para
         la unicidad territorial aduanera de la Comunidad». (57) Dichas consideraciones se inscriben en la misma línea de la jurisprudencia que acabo de exponer. (58)
      
      94.   Sin embargo, tales consideraciones fueron posteriormente desarrolladas, en el apartado 29 de la sentencia Lancry y otros,
         antes citada, en un sentido radicalmente distinto del adoptado hasta entonces. En efecto, el Tribunal de Justicia señaló que
         «el principio mismo de la unión aduanera [...] al abarcar la totalidad de los intercambios de mercancías, exige que se garantice
         de manera general la libre circulación de éstas dentro de la Unión y no sólo el comercio interestatal». El Tribunal de Justicia
         precisó que «si los artículos [...] [23 CE y 25 CE] sólo contemplan expresamente los intercambios entre los Estados miembros,
         ello se debe a que partían de la base de la inexistencia de obstáculos de naturaleza aduanera dentro de los Estados miembros».
         El Tribunal de Justicia consideró que «puesto que la ausencia de tales tributos es una condición previa indispensable para
         la realización de una unión aduanera que abarque la totalidad de los intercambios de mercancías, los artículos [23 CE y 25 CE]
         implican asimismo su prohibición».
      
      95.   En la misma sentencia Lancry y otros, el Tribunal de Justicia añadió a este argumento principal otros dos argumentos.
      96.   En primer lugar, señaló que un tributo como el «octroi de mer» grava todos los productos introducidos en el departamento de
         ultramar de que se trate, con independencia de su origen, de modo que esta medida se aplica a una situación que no puede considerarse
         puramente interna de un Estado miembro. A este respecto, estimó que «sería incoherente declarar, por una parte, que el “octroi
         de mer” constituye una exacción de efecto equivalente, cuando se percibe sobre las mercancías procedentes de otros Estados
         miembros, y, por otra parte, admitir que este mismo tributo no constituye una exacción de efecto equivalente cuando se percibe
         sobre mercancías procedentes de la Francia metropolitana». (59)
      
      97.   Además, y en cualquier caso, el Tribunal de Justicia indicó que, en la práctica, sería muy difícil, e incluso imposible, efectuar
         una distinción entre los productos de origen nacional y los productos originarios de otros Estados miembros, a menos que se
         llevaran a cabo distintas verificaciones que tendrían precisamente como consecuencia obstaculizar la libre circulación de
         mercancías. (60)
      
      98.   Habida cuenta de esta serie de argumentos, el Tribunal de Justicia declaró, en la sentencia Lancry y otros, antes citada,
         que el tributo «octroi de mer» controvertido constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la importación
         «no sólo en tanto en cuanto grava las mercancías introducidas en esta región procedentes de otros Estados miembros, sino también
         en la medida en que se percibe sobre las mercancías introducidas en dicha región procedentes de otra parte de ese mismo Estado». (61)
      
      99.   Esta jurisprudencia relativa a la importación de mercancías se extrapoló, en las sentencias antes citadas Simitzi y posteriormente
         Carbonati Apuani, a la exportación de mercancías.
      
      100. En el asunto Simitzi, antes citado, se cuestionaba un tributo municipal que gravaba las mercancías introducidas en el Dodecaneso
         (con independencia de su origen) o exportadas desde dicha parte del territorio griego (con independencia de su destino). Conforme
         a la sentencia Lancry y otros, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que dicho tributo constituía una exacción de
         efecto equivalente a derechos de aduana a la importación, así como una exacción de efecto equivalente a derechos de aduana
         a la exportación, en particular en la medida en que era percibida por un Estado miembro sobre las mercancías introducidas
         en una región de su territorio procedentes únicamente de otras regiones de ese mismo Estado y sobre las mercancías exportadas
         desde una región únicamente hacia otras regiones de ese mismo Estado. (62)
      
      101. El mencionado asunto Carbonati Apuani versaba sobre un tributo municipal que gravaba el mármol extraído en el territorio de
         dicho municipio (el de Carrara) cuando era transportado fuera de esta parte del territorio italiano. El Tribunal de Justicia
         declaró que dicho tributo constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación en el sentido
         del artículo 23 CE, con independencia de que el impuesto grave también aquellas mercancías cuyo destino final se halle en
         el interior del Estado miembro de que se trate. (63) El Tribunal de Justicia siguió, desarrollándolos al mismo tiempo, dos de los argumentos expuestos en la sentencia Lancry
         y otros, antes citada, relativos, por una parte, a las exigencias de la unión aduanera y, por otra, a la circunstancia de
         que la medida controvertida no se aplica a una situación puramente interna de un Estado miembro.
      
      102. Por lo que respecta al primer argumento, que sigue siendo el argumento principal, el Tribunal de Justicia lo desarrolló señalando
         la necesidad de interpretar los artículos 23 CE y siguientes a la luz del artículo 14 CE, apartado 2, que define el mercado
         interior como «un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas y servicios estará
         garantizada». Debido a que dichas disposiciones no hacen ninguna distinción entre fronteras interestatales e intraestatales,
         el Tribunal de Justicia consideró, en la línea de la mencionada sentencia Lancry y otros, que «la inexistencia de unos impuestos
         –tanto interestatales como intraestatales– que presenten las características de un derecho de aduana o de una exacción de
         efecto equivalente constituye un requisito previo indispensable para la realización de una unión aduanera en la cual esté
         garantizada la libre circulación de las mercancías». (64)
      
      103. Por cuanto atañe al segundo argumento, el Tribunal de Justicia señaló que el impuesto controvertido se aplica a cualquier
         mármol de Carrara que atraviese los confines de dicho municipio, sin hacer ninguna distinción entre aquellos mármoles cuyo
         destino final se halle en Italia y aquellos otros que vayan destinados a otros Estados miembros. De ello el Tribunal de Justicia
         dedujo que dicho impuesto afecta al comercio entre Estados miembros, por su naturaleza y su contenido.
      
      104. Tras recordar estos datos jurisprudenciales, procede examinar su alcance y sus límites ante las situaciones previstas por
         la normativa controvertida.
      
      c)      Alcance y límites de la jurisprudencia antes citada Lancry y otros, Simitzi y Carbonati Apuani
      105. Al leer las sentencias Lancry y otros, Simitzi y Carbonati Apuani, parece claro que los artículos 23 CE y 25 CE son aplicables
         a situaciones como las previstas por la normativa cuestionada en el litigio principal. En efecto, según dicha jurisprudencia,
         un tributo puede estar comprendido dentro de la prohibición establecida en dichos artículos cuando se impone por el hecho
         de atravesar una frontera, tanto si ésta es interestatal (en el marco de intercambios entre varios Estados miembros) como
         intraestatal (en el marco de intercambios internos en un único Estado miembro). (65) Por tanto, suponiendo que la contribución eventual al Servicio Público se imponga con motivo de la exportación de patatas
         fuera de la Isla de Jersey (con destino al Reino Unido, la bailía de Guernesey o la Isla de Man), dicha medida podría constituir
         una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la exportación.
      
      106. Dicho esto, procede tener presente que la eventual extrapolación de esta jurisprudencia a las situaciones previstas por la
         normativa controvertida dista de ser evidente. En efecto, a mi juicio, dos de los tres argumentos en los que se basa la Comisión
         en la sentencia Lancry y otros, antes citada, carecen de pertinencia en el supuesto del litigo principal, de modo que sólo
         cabe descartarlos. Por cuanto atañe al otro argumento, me parece especialmente poco consistente. Es lo que deseo demostrar
         al examinar cada uno de dichos argumentos al objeto de calibrarlos y evitar de ese modo cualquier error de perspectiva o cualquier
         «ilusión óptica» (66) al aplicar el Derecho comunitario.
      
      107. En primer lugar, procede señalar que, a diferencia de lo que sucedía en las sentencias Lancry y otros, Simitzi y Carbonati
         Apuani, la normativa controvertida se aplica a situaciones en las que todos los elementos deben considerarse circunscritos
         al interior de un único Estado miembro.
      
      108. En efecto, dicha normativa regula exclusivamente los intercambios de patatas entre, por un lado, la Isla de Jersey y, por
         otro, el Reino Unido, las islas de la bailía de Guernesey y la Isla de Man. Pues bien, procede recordar que, para la aplicación
         de las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías, por lo que se refiere a los productos agrícolas como
         las patatas, el Reino Unido y todas estas islas deben considerarse un único Estado miembro.
      
      109. A este respecto, carece de pertinencia que, en el marco de los intercambios previstos por la normativa controvertida, las
         patatas se envíen directamente  hacia el Reino Unido (o hacia la bailía de Guernesey o la Isla de Man) o indirectamente  transitando por el puerto de otro Estado miembro (sin que dichas mercancías sean objeto en dicho Estado de ninguna operación
         de transformación o de venta). En efecto, a mi juicio, la posibilidad de un mero tránsito de dichas mercancías por otro Estado
         miembro no puede conferir a la operación comercial considerada la condición de un intercambio entre Estados miembros en el
         sentido de los artículos 23 CE y 25 CE. En otras palabras, dicho posible elemento de extranjería no basta para que las situaciones
         previstas por la normativa controvertida no sean consideradas situaciones puramente internas de un único Estado miembro, a
         saber, el Reino Unido.
      
      110. Dado que la presente normativa regula únicamente los intercambios de patatas dentro del Reino Unido, con exclusión de los
         intercambios con otros Estados miembros, sería, como mínimo, sorprendente considerar que las normas del Tratado en materia
         de circulación de mercancías sean aplicables incluso en dicho supuesto. En cualquier caso, no cabe invocar ningún perjuicio,
         ni siquiera parcial, del Derecho intracomunitario para sostener la aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE. Si bien este
         argumento ha sido adoptado por el Tribunal de Justicia en las sentencias antes citadas Lancry y otros (apartado 30) y Carbonati
         Apuani (apartado 26), no cabe aplicarlo de ningún modo al litigio principal.
      
      111. A este respecto, procede señalar que el presente asunto no plantea las dificultades que pudo suscitar, en dichos asuntos precedentes,
         la existencia de «discriminación inversa».
      
      112. Procede recordar que una situación de discriminación inversa se produce, en particular, cuando productos originarios de un
         Estado miembro se someten (en virtud de una normativa nacional), por lo que se refiere a sus intercambios en el interior de
         ese único Estado miembro, a un régimen menos favorable que el reservado bien a los productos importados de otros Estados miembros,
         o bien a los productos destinados a ser exportados en éstos (en virtud de las normas del Tratado relativas a la libre circulación
         de mercancías). Como se ha expuesto, el Tribunal de Justicia ha establecido el principio según el cual las normas del Tratado
         en materia de libre circulación de mercancías no pretenden resolver los problemas derivados de la existencia de discriminaciones
         inversas en la medida en que éstas afecten a situaciones puramente internas, la cuales están, por su naturaleza, excluidas
         del ámbito de aplicación del Derecho comunitario. (67)
      
      113. En la sentencia Lancry y otros, antes citada (apartado 30), el Tribunal de Justicia se apartó manifiestamente de dicha jurisprudencia
         reiterada, ya que señaló que sería incoherente considerar el «octroi de mer» como una exacción de efecto equivalente a un
         derecho de aduana a la importación en el sentido de los artículos 23 CE y 25 CE cuando dicha medida grava mercancías procedentes
         de otros Estados miembros y desestimar dicha consideración cuando se percibe sobre mercancías procedentes de otra parte del
         Estado miembro de que se trata. Este análisis refleja, al parecer, el interés del Tribunal de Justicia por evitar contribuir
         a la aparición de discriminaciones inversas, en la medida en que, tras el pronunciamiento de su sentencia (en el supuesto
         de que ésta estime tal diferencia de calificación), los productos nacionales estarían sujetos a un tratamiento menos favorable
         que los productos importados de otros Estados miembros. El Tribunal de Justicia se basó en este punto de vista para declarar
         que el «octroi de mer» constituye una exacción de efecto equivalente a un derecho de aduana a la importación, aunque dicha
         medida se perciba sobre mercancías introducidas en una parte del territorio de un Estado miembro procedentes de otra parte
         de ese mismo Estado miembro. Este argumento no parece haber sido seguido también en la sentencia Carbonati Apuani, antes citada,
         aunque ésta haga referencia a la sentencia de Guimont, de 5 de diciembre de 2000. (68)
      
      114. En el presente asunto, no hay ningún motivo para que el Tribunal de Justicia se base en tales consideraciones.
      115. En efecto, si bien las patatas de Jersey están sujetas, para su comercialización en el Reino Unido y en los territorios insulares
         vinculados a éste (bailía de Guernesey e Isla de Man), a un régimen menos favorable que el reservado a las patatas que se
         exportan a otros Estados miembros, esta diferencia de trato resulta únicamente de la normativa controvertida en la medida
         en que, conforme a su artículo 2, el régimen de comercialización que ésta establece sólo se aplica a los intercambios entre
         los diferentes territorios que forman parte de un mismo Estado miembro, con exclusión de los intercambios con otros Estados
         miembros. Por consiguiente, la comercialización de las patatas de Jersey hacia Estados miembros distintos del Reino Unido
         no está comprendida, en sí misma, en el régimen obligatorio previsto por la normativa controvertida, por lo que no es necesario
         que el Tribunal de Justicia dicte una sentencia en este sentido basándose en las normas relativas a la libre circulación de
         mercancías. Por tanto, queda descartado que el Tribunal de Justicia contribuya, mediante el pronunciamiento de la sentencia
         que debe adoptarse, a la aparición de discriminaciones inversas que existen ya únicamente en razón de la normativa controvertida.
      
      116. Al ser el Derecho comunitario ajeno a esta situación discriminatoria, no hay ningún motivo para que el Tribunal de Justicia
         se interese por dicha situación y amplíe con ello el ámbito de aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE a situaciones puramente
         internas de un Estado miembro, como las del litigio principal, basándose en que sería incoherente someter a éstas a un tratamiento
         diferente del aplicable a situaciones que presentan una conexión con la exportación de mercancías a otros Estados miembros.
         Aunque cabe preguntarse a qué lógica responde concretamente la normativa controvertida, no corresponde ni al Derecho comunitario
         ni al Tribunal de Justicia subsanar la situación discriminatoria que de ella se deriva. Únicamente son competentes para subsanarla
         las autoridades locales, legislativas o jurisdiccionales, mediante la adopción de las medidas que consideren apropiadas como,
         por ejemplo, volviendo a impugnar la normativa controvertida.
      
      117. Por cuanto atañe al argumento según el cual resulta, en la práctica, muy difícil, e incluso imposible, identificar el origen
         o el destino de las mercancías y limitar correlativamente la aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE exclusivamente al marco
         de los intercambios entre Estados miembros, con exclusión de los intercambios internos de un Estado miembro, éste parece asimismo
         carente de pertinencia en el supuesto del litigo principal. Si bien puede resultar especialmente difícil distinguir determinados
         productos según su origen o su destino cuando la normativa nacional controvertida les resulta aplicable indistintamente (sin
         duda debido a dichas dificultades prácticas), no puedo concebir que lo mismo suceda cuando precisamente se prevé que la normativa
         controvertida, como la del litigio principal, sólo se aplique a los productos originarios de un territorio considerado como
         parte del territorio de un Estado miembro y destinados a ser vendidos y consumidos en otras partes del territorio de ese mismo
         Estado miembro. En el presente asunto, procede, en consecuencia, descartar dicho argumento (expuesto en el apartado 31 de
         la sentencia Lancry y otros, antes citada), máxime cuando no ha sido acogido en la sentencia Carbonati Apuani, antes citada.
      
      118. Por lo que se refiere al segundo argumento (relativo a las exigencias de la unión aduanera y del mercado interior), que sigue
         siendo el argumento principal, no basta, a mi juicio, para justificar la aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE a situaciones,
         como las previstas por la normativa controvertida, que son puramente internas de un Estado miembro.
      
      119. Es cierto que, como señaló el Abogado General Tesauro en sus conclusiones presentadas en la citada sentencia Lancry y otros,
         puede parecer paradójico que, en un mercado único, los obstáculos a los intercambios entre dos Estados miembros (por ejemplo,
         entre la República Portuguesa y el Reino de Dinamarca) estén prohibidos, mientras que los obstáculos a los intercambios en
         el interior de un único Estado miembro (por ejemplo, entre Nápoles y Capri) no se toman en consideración. (69) En efecto, a primera vista, el proceso de integración de los Estados miembros en la Comunidad, que preside el desarrollo
         de la construcción europea, parece difícilmente compatible con la adopción, dentro de los Estados miembros, de medidas que
         establezcan una división o una fragmentación de un territorio nacional, dentro del cual no se garantice la libre circulación
         de mercancías.
      
      120. Dicho esto, con independencia de la amplitud de este fenómeno, no es menos cierto, en mi opinión, que las normas del Tratado
         relativas a la libre circulación de mercancías, incluidas las establecidas en los artículos 23 CE y 25 CE, no pretenden oponerse
         a ello.
      
      121. El razonamiento del Tribunal de Justicia para admitir lo contrario me parece poco convincente y, como mínimo, endeble.
      122. En primer lugar, no puedo suscribir la idea de que, como el Tribunal de Justicia ha señalado en las sentencias antes citadas
         Lancry y otros (apartado 29) y Carbonati Apuani (apartado 22), el principio mismo de la unión aduanera, según se desprende
         del artículo 23 CE, exige que se garantice de manera general la libre circulación de mercancías no sólo en el marco del comercio
         interestatal, sino, de modo más amplio, en todo el territorio de la unión aduanera.
      
      123. En efecto, como señaló el Abogado General Poiares Maduro en sus conclusiones presentadas en el asunto Carbonati Apuani, antes
         citado, (70) «el artículo 23 CE no es más que la expresión de la voluntad de los Estados fundadores de la Comunidad de limitar el uso
         que los Estados miembros de ésta harían en adelante de su competencia en materia aduanera», ya sea en el marco de sus relaciones
         recíprocas o en el marco de sus relaciones con los países terceros, habida cuenta de la adopción de un arancel aduanero común.
      
      124. Esta voluntad se ha traducido, por lo que respecta al aspecto interno de la unión aduanera, en la prohibición de derechos
         de aduana y exacciones de efecto equivalente a la importación o a la exportación. Como el Tribunal de Justicia señaló relativamente
         pronto, «la justificación de dicha prohibición estriba en el obstáculo que las cargas pecuniarias, aunque sean mínimas, cuando
         se aplican por el paso de fronteras,  constituyen para la libre circulación de las mercancías». (71) Pues bien, mediante la utilización de la expresión «paso de fronteras», el Tribunal sólo entendió el paso de fronteras interestatales,
         con independencia de que éstas se sitúen en el límite de un territorio nacional o de una parte de éste.
      
      125. En efecto, la actividad aduanera se inscribe por definición en este marco, de modo que la limitación de competencia de los
         Estados miembros establecida en el artículo 23 CE en este ámbito, con el fin de crear una unión aduanera, se define de manera
         necesaria y exclusiva en relación al paso de una frontera interestatal. Procede añadir que este análisis es el único que se
         ajusta al tenor de los artículos 3 CE, apartado 1, letra a), 23 CE y 25 CE. Este análisis es también el único que es compatible
         con las muchas consideraciones jurisprudenciales que, como se ha visto, han limitado la aplicación de las normas relativas
         a la libre circulación de mercancías exclusivamente a los intercambios entre Estados miembros, con exclusión de los intercambios
         internos de un Estado miembro.
      
      126. A mi juicio, las consideraciones de la sentencia Carbonati Apuani, antes citada, en relación con el tenor del artículo 14 CE,
         apartado 2, no pueden remediar la poca consistencia de que adolece el razonamiento seguido por el Tribunal de Justicia, a
         partir de la sentencia Lancry y otros, antes citada, por lo que respecta a las exigencias de la unión aduanera.
      
      127. He de recordar que este artículo, que fue introducido en el Tratado por el Acta Única Europea, define el mercado interior  como «un espacio sin fronteras interiores,  en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones
         del presente Tratado». (72)
      
      128. Es cierto que, a primera vista, esta fórmula puede hacer pensar que la creación del mercado interior impone exigencias adicionales
         a las que presidieron la creación del mercado común, en la medida en que el inicio de un mercado interior implica una progresión
         en el proceso de integración de los Estados miembros de la Comunidad. (73)
      
      129. Sin embargo, al definir el mercado interior como «un espacio sin fronteras interiores», los autores del Acta Única no pretendieron
         cuestionar el marco que había sido claramente establecido por el Tratado CE para la aplicación de las normas relativas a la
         libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, y que había sido ya puesto de manifiesto por la jurisprudencia
         del Tribunal de Justicia. (74)
      
      130. En efecto, procede señalar que el artículo 14 CE, apartado 2, se remite expresamente, para la aplicación de las libertades
         fundamentales garantizadas por el Tratado, a las disposiciones de éste. Esta precisión, que se añadió durante las negociaciones
         del Acta Única, responde a la preocupación de no ampliar el ámbito de aplicación de las normas del Tratado en materia de libre
         circulación no sólo por lo que respecta a las personas, sino también por lo que se refiere a las mercancías, los servicios
         y los capitales. (75)
      
      131. Pues bien, como he señalado a propósito de la libre circulación de mercancías, el tenor del artículo 3 CE, aparado 1, letra a),
         así como el de los artículos 23 CE, 25 CE, 28 CE y 29 CE únicamente tiene por objeto los intercambios de mercancías entre
         los Estados miembros, con exclusión de los intercambios de mercancías dentro de un único Estado miembro. Ello me lleva a concluir
         que el artículo 14 CE, apartado 2, no puede ampliar el ámbito de aplicación territorial de los artículos 23 CE y 25 CE a los
         intercambios puramente internos de un Estado miembro.
      
      132. Esta conclusión se impone con mayor razón al leer el artículo 3 CE, apartado 1, letra c). En efecto, este artículo dispone
         que «[...] la acción de la Comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado [...]
         un mercado interior  caracterizado por la supresión, entre los Estados miembros,  de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales». (76)
      
      133. Esta definición del mercado interior, que existía antes del Acta Única, no fue modificada por ésta con el fin de ajustarla
         a la que ésta introdujo en el Tratado. El concepto de «mercado interior» en el sentido del artículo 14 CE, apartado 2, no
         puede, por tanto, ser radicalmente diferente del que figura en el artículo 3 CE, apartado 1, letra c).
      
      134. De ello resulta que la expresión «espacio sin fronteras interiores», que figura en el artículo 14 CE, apartado 2, sólo se
         refiere a un espacio dentro del cual están prohibidos los obstáculos a los intercambios entre los Estados miembros. De este
         modo, por «fronteras interiores» deben entenderse las «fronteras interestatales» (en el marco de intercambios entre Estados
         miembros, dentro de la Comunidad), (77) con exclusión de las fronteras interestatales (en el marco de intercambios dentro de un único Estado miembro) y por oposición
         a las fronteras exteriores (en el marco de intercambios entre los Estados miembros y Estados terceros). (78)
      
      135. En realidad, al definir el mercado interior como un «espacio sin fronteras interiores», los autores del Acta Única han tratado,
         ante todo, de dar a la construcción europea un nuevo impulso, por lo que el contenido de esta expresión se inscribe más en
         el orden político que en el jurídico. Así resulta de la lectura del Libro Blanco sobre la realización del mercado interior,
         elaborado por la Comisión con vistas al Consejo Europeo de Milán de los días 28 y 29 de junio de 1985 y que tuvo una influencia
         determinante durante las negociaciones del Acta Única. (79)
      
      136. En efecto, en este documento se catalogó una amplia serie de medidas destinadas a dar un nuevo impulso al proceso de integración
         europea llevando a cabo la eliminación de cualquier tipo de «fronteras», con independencia de que éstas fueran «físicas»,
         «técnicas» o «fiscales».
      
      137. Por lo que se refiere a las fronteras físicas, se contempló la supresión, para las mercancías y las personas, de los controles
         en las fronteras denominadas «interiores» es decir, en los puestos de aduanas situados en la frontera entre varios Estados
         miembros. (80) Nada en dicho Libro Blanco permite pensar que el establecimiento de un mercado interior obligaría asimismo a la eliminación
         de los posibles obstáculos aduaneros a la libre circulación de mercancías en el interior de cada Estado miembro.
      
      138. Por lo que se refiere a los otros tipos de obstáculos a los intercambios intracomunitarios, que se designaron con el término
         «fronteras técnicas y fiscales», se previó su reducción de manera significativa gracias a un amplio programa de armonización
         o de aproximación de las normativas nacionales, cuya realización antes del 31 de diciembre de 1992 debía facilitarse, salvo
         en determinados ámbitos, mediante una simplificación del procedimiento de adaptación de las medidas comunitarias afectadas.
         En este contexto, el Acta Única insertó en el Tratado CEE el artículo 100 A (actualmente artículo 95 CE, tras su modificación),
         con el fin de llevar a cabo, como se precisa en el apartado 1 de dicho artículo, el establecimiento y el funcionamiento del
         mercado interior, conforme a los objetivos establecidos en el artículo 8 A del Tratado CEE (actualmente artículo 14 CE, tras
         su modificación).
      
      139. Si bien el Acta Única estableció de este modo un vínculo estrecho entre, por un lado, la realización del mercado interior
         y, por otro, la adopción de medidas de armonización o de aproximación de las normativas nacionales, de ello no cabe deducir
         que el establecimiento del mercado interior, en el sentido del artículo 14 CE, apartado 2, implica que las normas del Tratado
         en materia de libre circulación de mercancías han pasado a ser aplicables a situaciones puramente internas de un Estado miembro.
      
      140. En efecto, aunque el Tribunal de Justicia ha declarado que «el recurso a la base jurídica del artículo 100 A del Tratado no
         presupone la existencia de un vínculo efectivo con la libre circulación entre los Estados miembros  en cada una de las situaciones contempladas por el acto que se funda en tal base», (81) de modo que dicho acto puede aplicarse a situaciones puramente internas de un Estado miembro, no puede suceder lo mismo por
         lo que respecta a la aplicación de las normas del Tratado como las que figuran en los artículos 23 CE y 25 CE. En efecto,
         si bien las normas del Tratado en materia de libre circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales contribuyen
         de una manera significativa a la integración de los Estados miembros en la Comunidad, las medidas de armonización o de aproximación
         de las legislaciones nacionales contribuyen todavía más a dicha integración, de modo que su adopción constituye con carácter
         general una etapa decisiva en el proceso de integración europea.
      
      141. De todas estas consideraciones se desprende a mi juicio, que es esencial no extrapolar la jurisprudencia antes citada Lancry
         y otros, Simitzi y Carbonati Apuani a las situaciones contempladas por la normativa controvertida y, por tanto, descartar
         la aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE a dichas situaciones, que, recordémoslo, son todas ellas puramente internas de
         un único Estado miembro.
      
      142. La misma conclusión se impone por lo que se refiere al artículo 29 CE. A diferencia de lo que sostiene la Comisión, (82) en mi opinión, dicha jurisprudencia Lancry y otros y Simitzi, no puede extrapolarse al ámbito de los obstáculos no aduaneros
         a los intercambios de mercancías. Dicha extrapolación se basaría en argumentos tan insuficientes como los que han llevado
         al Tribunal de Justicia a admitir la aplicación de los artículos 23 CE y 25 CE a situaciones puramente internas de un Estado
         miembro.
      
      143. Es cierto que el apartado 23 de la sentencia Carbonati Apuani, antes citada, (83) puede permitir pensar que el Tribunal de Justicia ha admitido de manera implícita que todas las normas del Tratado en materia
         de libre circulación de mercancías son aplicables a situaciones meramente internas de un Estado miembro. (84)
      
      144. Sin embargo, no resulta en absoluto evidente que deba extraerse una consecuencia tan general. A mi juicio, dicha sentencia
         Carbonati Apuani se limita a confirmar la jurisprudencia antes citada Legros, Lancry y otros y Simitzi, por lo que se refiere
         a los únicos obstáculos aduaneros a los intercambios. No concibo que, mediante dicha sentencia, el Tribunal de Justicia haya
         pretendido dar una nueva orientación a su jurisprudencia tradicional en materia de obstáculos no aduaneros a los intercambios,
         es decir, en un ámbito distinto al relacionado con el litigio principal en el asunto de que se trata. Atribuir a dicha sentencia
         un alcance más amplio que el relacionado directamente con dicho litigio me parece tanto más difícil de aceptar por cuanto
         podría, en última instancia, deducirse de ello que todas las normas del Tratado en materia de libre circulación (ya sea por
         lo que se refiere a las mercancías o por lo que se refiere a las personas, los servicios y los capitales) son aplicables a
         las normativas nacionales relacionadas exclusivamente con situaciones puramente internas de un Estado miembro. Es muy probable
         que, mediante dicha sentencia, el Tribunal de Justicia no haya tenido la intención de dar un giro general a su jurisprudencia. (85)
      
      145. Ello me lleva a concluir que ni los artículos 23 CE y 25 CE, ni el artículo 29 CE se aplican a las situaciones previstas en
         la normativa controvertida.
      
      146. En consecuencia, procede responder a las presentes cuestiones prejudiciales que, aunque las normas del Tratado relativas a
         la libre circulación de mercancías son aplicables a la Isla de Jersey por lo que respecta a los intercambios intracomunitarios
         de productos agrícolas como las patatas, ni los artículos 23 CE y 25 CE, ni el artículo 29 CE pueden aplicarse a situaciones,
         como las del litigio principal, que se refieren exclusivamente a la comercialización de dichos productos entre la Isla de
         Jersey, por un lado, y, por otro, el Reino Unido, la bailía de Guernesey o la Isla de Man, ya que debe considerarse que dichos
         territorios forman parte de un único Estado miembro.
      
      V.      Conclusión
      147. Habida cuenta de todas estas consideraciones, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones prejudiciales
         planteadas por la Royal Court of Jersey de la manera siguiente:
      
      «Si bien las normas del Tratado CE relativas a la libre circulación de mercancías son aplicables a la Isla de Jersey por lo
         que respecta a los intercambios intracomunitarios de productos agrícolas como las patatas, ni los artículos 23 CE y 25 CE,
         ni el artículo 29 CE pueden aplicarse a situaciones, como las del litigio principal, que se refieren exclusivamente a la comercialización
         de dichos productos entre la Isla de Jersey, por un lado, y, por otro, el Reino Unido, la bailía de Guernesey o la Isla de
         Man, ya que debe considerarse que dichos territorios forman parte de un único Estado miembro.»
      
      1 –	 Lengua original: francés.
      
      2 –	La Isla de Jersey se sitúa en la bahía del Mont-Saint-Michel, a 22 kilómetros de las costas francesas y a 161 de las costas
         británicas. Tiene una superficie de 116 km² y cuenta con 96.000 habitantes. Esta isla forma parte de la bailía de Jersey,
         que comprende asimismo los islotes deshabitados de Les Minquiers y Les Écréhou. La bailía de Jersey constituye una de las
         dos bailías de las Islas Anglonormandas, que, como su nombre indica, pertenecieron anteriormente al Ducado de Normandía. La
         otra bailía es la de Guernesey. Ésta comprende la isla homónima, así como las islas Aurigny, Sarcq y Hern. La Isla de Jersey
         es la más grande del archipiélago de las Islas Anglonormandas.
      
      3 –	C‑171/96, Rec. p. I‑4607.
      
      4 –	A diferencia de las Islas Anglonormandas, la Isla de Man está más cerca del Reino Unido que de Francia. Situada en el Mar
         de Irlanda, se encuentra aproximadamente a la misma distancia de Inglaterra, del país de Gales, de Escocia, de Irlanda del
         Norte y de Irlanda.
      
      5 –	DO 1972, L 73, p. 164 (en lo sucesivo, «protocolo nº 3»).
      
      6 –	DO L 68, p. 1.
      
      7 –	El anexo II del Tratado CEE (actualmente anexo I CE) se refiere, en particular, a los tubérculos alimenticios. Pues bien,
         tal es el caso de la patata, de modo que ésta constituye un producto agrícola comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento
         nº 706/73.
      
      8 –	Reglamento nº 170/67/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1967, relativo al régimen común de intercambios para la ovoalbúmina
         y la lactoalbúmina, y por el que se deroga el Reglamento nº 48/67/CEE (DO 130, p. 2596).
      
      9 –	Reglamento (CEE) nº 1059/69 del Consejo, de 28 de mayo de 1969, por el que se establece el régimen comercial aplicable
         a determinados bienes resultantes de la transformación de productos agrícolas (DO L 141, p. 1).
      
      10 –	Reglamento del Consejo, de 21 de abril de 1986 (DO L 107, p. 1).
      
      11 –	En lo sucesivo, «States».
      
      12 –	En lo sucesivo, «normativa controvertida».
      
      13 –	Del apartado 6 de la resolución de remisión se desprende que la producción anual de esta variedad de patatas (en lo sucesivo,
         «patatas de Jersey») asciende aproximadamente a 35.000 o 40.000 toneladas. En su cultivo trabajan aproximadamente 80 agricultores.
         La casi totalidad de la producción se vende al Reino Unido. Según la Comisión de las Comunidades Europeas, esta actividad
         representa el 68 % del volumen de negocios realizado por la Isla de Jersey en el ámbito agrícola.
      
      14 –	Véanse los apartados 7 y 8 de la resolución de remisión.
      
      15 –	En lo sucesivo, «Servicio Nacional».
      
      16 –	Al parecer, tal contrato debe versar sobre distintos elementos, como la delimitación de las superficies dedicadas al cultivo
         de patatas destinadas a la «exportación», las normas de calidad o los criterios de buena gestión que deben cumplirse, la identidad
         de las personas homologadas por el Servicio Nacional a las que un agricultor puede entregar los productos de su cosecha (véase
         el punto 18 de las observaciones escritas del demandante del litigio principal).
      
      17 –	Al parecer, tal contrato debe contener varias menciones en las que se indique, en particular, la identidad de los productores
         homologados por el Servicio Nacional de los que el organismo de que se trata puede abastecerse, las normas de calidad que
         deben cumplirse, los procedimientos que deben observarse para la exportación o la conservación de patatas excedentarias en
         relación con las exigencias reales o estimadas del mercado, cualquier publicidad o promoción que el Servicio Nacional o el
         organismo de que se trate deben llevar a cabo, así como una serie de datos destinados a garantizar la transparencia de las
         operaciones comerciales (coste de los servicios facturados por dicho organismo, precios facturados a los compradores, transmisión
         a los productores del precio pagado por los compradores, existencia de factores que puedan llevar al organismo a suscribir
         el contrato sobre una base distinta del precio del mercado, y bonificaciones o penalizaciones vinculadas al rendimiento que
         se apliquen al organismo de que se trata) [véanse el punto 25 de las observaciones escritas del demandante en el litigio principal
         y el punto 9, letra c), de las de los demandados en dicho litigio].
      
      18 –	Los gastos que puede realizar el Servicio Nacional pueden derivar de las distintas actividades que le atribuye la normativa
         controvertida, como la comercialización, la transformación, la conservación o el transporte de patatas, así como la promoción
         o el desarrollo de la investigación y de la formación en el ámbito de la producción y la comercialización de dichas mercancías.
         Para una visión general de estas distintas actividades del Servicio Nacional, véase el punto 27 de las observaciones escritas
         del demandante en el litigio principal.
      
      19 –	En lo sucesivo, «JPMO».
      
      20 –	En lo sucesivo, «TOP».
      
      21 –	En lo sucesivo, «Fairview».
      
      22 –	El Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados, de 23 de mayo de 1969 (que codifica prácticas llevadas a cabo durante
         mucho tiempo y comúnmente admitidas como herencias de la costumbre internacional) señala, en su artículo 29, que «un tratado
         será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención
         diferente se desprenda de él o conste de otro modo», Recueil des traités des Nations unies,  vol. 788, p. 354.
      
      23 –	Véase Royal Commission on the Constitution 1969-73, (informe), vol. I, University of London Library, Senate House, Londres, 1973, apartado 1347 (citado en el punto 3 de las
         conclusiones del Abogado General La Pergola en el asunto Pereira Roque, antes citado, así como en el punto 4 de las conclusiones
         del Abogado General Jacobs, en el asunto Barr y Montrose Holdings, sentencia de 3 de julio de 1991, C‑355/89, Rec. p. I‑3479).
      
      24 –	A este respecto, véanse las consideraciones del Abogado General La Pergola en sus conclusiones en el asunto Pereira Roque,
         antes citado (nota 7), así como, por analogía, las del Abogado General Jacobs en relación con la Isla de Man en sus conclusiones
         en el asunto Barr y Montrose Holdings, antes citado (puntos 4 a 8).
      
      25 –	En la sentencia Pereira Roque, antes citada (apartado 11), el Tribunal de Justicia señaló que de la resolución de remisión
         se desprendía que «Jersey es una dependencia semiautónoma de la Corona británica, que, en Jersey, está representada por el
         Lieutenant Governor» y que «el Gobierno del Reino Unido es, por cuenta de la Corona, responsable de la defensa y las relaciones
         internacionales».
      
      26 –	Véase Horner, S. A.: «The isle of Man and the Channel Islands – A Study of Their Status under Constitutional, International
         and European Law», European University Institute Working Papers, nº 98, San Domenico, 1984, pp. 70, 71 y 96 a 102. Véase asimismo, en relación con la Isla de Man, el punto 9 de las conclusiones
         del Abogado General Jacobs en el asunto Barr y Montrose Holdings, antes citado.
      
      27 –	Se admite comúnmente que la especificidad del régimen reservado a las Islas Anglonormandas y a la Isla de Man se explica
         por sus relaciones constitucionales originales con el Reino Unido, por los vínculos económicos estrechos que les unen a dicho
         Estado miembro, así como por su situación geográfica y su pequeño tamaño. Véase, a este respecto, Dewost, J.-L. y otros: Le droit de la Communauté économique européenne – Dispositions générales et finales, vol. 15, Université de Bruxelles, 1987, p. 490.
      
      28 –	Véase su artículo 26, apartado 3, que completó el artículo 227 del Tratado CEE con un apartado 5 (actualmente, tras su
         modificación, artículo 299 CE, apartado 6) (DO 1972, L 73, p. 14; en lo sucesivo, «Acta relativa a las condiciones de adhesión»).
      
      29 –	Véase el artículo 2 del protocolo nº 3, según ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia en las sentencias Barr y
         Montrose Holdings (apartado 16) y Pereira Roque (apartados 34 y 47) antes citadas.
      
      30 –	Por otra parte, el Reglamento (CEE) nº 2151/84 del Consejo, de 23 de julio de 1984, relativo al territorio aduanero de
         la Comunidad (DO L 197, p. 1; EE 02/11; p. 47), señala, en su artículo 1, apartado 1, que las islas del Canal forman parte
         del territorio aduanero de la Comunidad. Esta precisión confirma el hecho de que, en virtud del protocolo nº 3, dichas islas
         estan obligadas al cumplimiento de los artículos 23 CE y 25 CE.
      
      31 –	El sector de las patatas constituye uno de los escasos sectores agrícolas en los que no existe todavía una organización
         común de mercado. El 25 de noviembre de 1992 (DO C 333, p. 19), se presentó en este sentido una propuesta de Reglamento, que
         no llegó a prosperar. A este respecto, véanse las respuestas de la Comisión a las preguntas parlamentarias nº 1827/97 (DO
         1998, C 21, p. 101) y P-849/03 (DO C 192 E, p. 221).
      
      32 –	El subrayado es mío.
      
      33 –	Esta impresión se desprende más de las versiones alemana y neerlandesa del artículo 1, apartado 2, primera frase, del protocolo
         nº 3 que del resto de las versiones lingüísticas de esas mismas disposiciones. En efecto, en las versiones alemana y neerlandesa,
         los elementos de la frase «con respecto a los productos agrícolas y a los productos que resultan de su transformación» y «que
         están sometidos a un régimen de intercambio especial» están separados por una coma, de modo que parece que el último elemento
         de la frase se refiere tanto a los productos agrícolas como a los productos que resultan de su transformación, y no sólo a
         los productos que resultan de su transformación. En alemán, dichas disposiciones tienen el siguiente tenor : «Bei Landwirtschaftlichen
         Erzeugnissen und Landwirtschaftlichen Verarbeitungserzeugnissen, die unter eine besondere Handelsregelung fallen […]». En
         neerlandés, esta formulación equivale a «Voor landbouwprodukten en voor door verwerking daarvan verkregen produkten, waarvoor
         een speziale regeling van het handelsverkeer bestaat […]».
      
      34 –	Por cuanto atañe a las mercancías del sector agrícola que no están incluidas en dicho anexo, sólo están sujetas a la normativa
         comunitaria relativa a la libre circulación de mercancías si están incluidas en los Reglamentos nos 170/67 ó 1059/69.
      
      35 –	Véase la nota 7.
      36 –	Del artículo 1, apartado 2, párrafo primero, del protocolo nº 3 y del artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 706/73
         se desprende que las exacciones y el resto de las medidas de importación son los únicos mecanismos externos de la política
         agrícola común que son aplicables a la Isla de Jersey, exceptuando otros mecanismos como las restituciones o los montantes
         compensatorios a la exportación. Por lo que respecta al «núcleo fundamental» de la política agrícola común que constituyen
         la normativa de los precios y la política estructural, éste parece igualmente inaplicable a esta isla. Véase, en este sentido,
         Dewost, J.-L. y otros, op. cit.,  p. 490.
      
      37 –	El artículo 32 CE, apartado 4, establece el principio según el cual «el funcionamiento y desarrollo del mercado común para
         los productos agrícolas deberán ir acompañados del establecimiento de una política agrícola común». De ello se desprende que
         la aplicación de las normas relativas a la libre circulación de mercancías está vinculada con carácter general a la aplicación
         de las medidas adoptadas en el ámbito de la política agrícola común. No obstante, este vínculo no es absoluto. En efecto,
         en la sentencia de 29 de marzo de 1979, Comisión/Reino Unido (231/78, Rec. p. 1447), apartado 14, el Tribunal de Justicia
         declaró que «la persistencia de supuestas deficiencias en el establecimiento de la política agrícola común [a saber, la falta
         de una organización común de mercado en el sector de las patatas] no puede [una vez transcurrido el período de transición]
         obstaculizar la aplicación de las normas adoptadas para el establecimiento del mercado común y, en particular, la aplicación
         de la norma que prohíbe las restricciones cuantitativas». Véanse asimismo, en este sentido, las sentencias de 25 de septiembre
         de 1979, Comisión/Francia (232/78, Rec. p. 2729), apartado 8, y de 11 de junio de 1985, Comisión/Irlanda (288/83, Rec. p. 1761),
         apartado 23.
      
      38 –	En la sentencia Pereira Roque, antes citada, que versa sobre la situación de Jersey en el ámbito de la libre circulación
         de personas, el Tribunal de Justicia señaló, en el apartado 42, que «los demás elementos del estatuto de las islas [Anglonormandas,
         en particular en el ámbito de la libre circulación de mercancías] tampoco permiten considerar que las relaciones entre estas
         islas y el Reino Unido son similares a las que existen entre dos Estados miembros».
      
      39 –	Según JPMO, de la expresión «bien directamente, bien a través de otro lugar» se desprende que la normativa controvertida
         es aplicable también al supuesto de que las patatas se envíen desde Jersey hacia Francia para ser transformadas en dicho país,
         desde donde se enviarían al Reino Unido para venderse y consumirse allí. El States rechaza esta interpretación. A su juicio,
         dicha expresión se refiere únicamente al itinerario de navegación que se utilizaría para enviar las patatas fuera de la isla.
         Esta expresión se habría introducido para evitar cualquier discriminación entre las mercancías enviadas directamente por «ferry»
         al Reino Unido (directamente del puerto de Saint-Hélier, en Jersey, al puerto de Portsmouth, en el Reino Unido) y las que
         se envíen a dicho Estado miembro pasando por puertos situados en otros Estados miembros, concretamente en Francia (de Saint-Hélier
         a Portsmouth, transitando por el puerto francés de Caen). En respuesta a una pregunta escrita planteada por el Tribunal de
         Justicia, el States sostiene que la normativa controvertida tampoco es aplicable al supuesto en que las patatas se vendan
         a un operador establecido en Francia o en otro Estado miembro, y después sean revendidas por éste, sin haber sido objeto de
         transformaciones, para ser consumidas en el Reino Unido.
      
      40 –	Véanse, en particular, las sentencias de 13 de marzo de 1986, Sinatra (296/84, Rec. p. 1047), apartado 11, y de 26 de septiembre
         de 1996, Allain (C‑341/94, Rec. p. I‑4631), apartado 11.
      
      41 –	Véase el punto 33 de la resolución de remisión que coincide con la interpretación sostenida por el States.
      
      42 –	Véase el punto 33 en relación con el punto 31 de la resolución de remisión.
      
      43 –	En el supuesto de que el importe de la contribución controvertida se calcule en función de la cantidad de patatas expedidas,
         dicha contribución presentaría una relación directa con el hecho de atravesar un límite territorial denominado por algunos
         «frontera intraestatal» (es decir, en el marco de intercambios internos de un único Estado miembro), por lo que la cuestión
         de la aplicabilidad de los artículos 23 CE y 25 CE se plantearía con toda seguridad. En el supuesto de que la base de cálculo
         la constituya la superficie cultivada, la existencia de una relación entre la contribución controvertida y el hecho de atravesar
         cualquier frontera no sería tan evidente, a menos que se considerara, como sostiene la Comisión, que dicha relación resulta
         de la finalidad de la contribución, que es compensar los gastos principales del Servicio Nacional, aunque esos gastos no estén
         necesariamente relacionados con la comercialización de patatas con el Reino Unido (véase la nota 18).  A este respecto, véase la sentencia de 7 de julio de 1994, Lamaire (C‑130/93, Rec. p. I‑3215), en relación con una exacción
         anual obligatoria que gravaba las patatas exportadas fuera de Bélgica y destinada a financiar la actividad de un Servicio
         Nacional encargado de promover el desarrollo de la comercialización de los productos agrícolas, hortícolas y de la pesca marítima.
         El importe de dicha exacción se calculaba en función del peso de las patatas exportadas, de modo que era indiscutible que
         dicha medida gravaba las mercancías por el hecho de atravesar una frontera entre Estados (en el marco de intercambios entre
         varios Estados miembros).
      
      44 –	El artículo 3 CE, apartado 1, letra a), dispone que la acción de la Comunidad implicará «la prohibición, entre los Estados miembros,  de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras
         medidas de efecto equivalente». El artículo 23 CE, apartado 1, añade que la Unión aduanera en la que se basará la Comunidad
         «implicará la prohibición, entre los Estados miembros,  de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente [...]». En consonancia
         con dichas disposiciones, el artículo 25 CE señala que «quedarán prohibidos entre los Estados miembros  los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente». En el mismo sentido, el artículo
         28 CE plantea el principio según el cual «quedarán prohibidas entre los Estados miembros  las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente». Esta referencia a las
         relaciones entre los Estados miembros se encuentra en términos idénticos en el artículo 29 CE por lo que respecta a las restricciones
         cuantitativas a la exportación y a las medidas de efecto equivalente (el subrayado es mío).
      
      45 –	Véanse, en particular, las sentencias de 10 de julio de 1980, Comisión/Francia (152/78, Rec. p. 2299); de 14 de diciembre
         de 1982, Waterkeyn y otros (asuntos acumulados 314/81 a 316/81 y 83/82, Rec. p. 4337), en relación con una normativa francesa
         que limitaba la publicidad de las bebidas alcohólicas, con independencia de que éstas se produjeran en Francia o se importaran
         de otros Estados miembros; de 15 de diciembre de 1982, Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij (286/81, Rec. p. 4575), en relación
         con una normativa neerlandesa que limitaba el uso de determinadas formas de promoción de ventas para las enciclopedias, con
         independencia de que éstas se produjeran y se comercializaran en los Países Bajos, se produjeran en dicho Estado miembro y
         se exportaran a otros Estados miembros, o se produjeran en otros Estados miembros y se importaran en dicho Estado miembro;
         de 14 de julio de 1988, 3 Glocken y Kritzinger (407/85, Rec. p. 4233), en relación con una normativa italiana por la que se
         prohibía la venta de pastas obtenidas a partir de una mezcla de trigo blando o de una mezcla de trigo blando y de trigo duro,
         tanto si dichas pastas se producían en Italia como si se importaban de otros Estados miembros, y de 14 de julio de 1988, Smanor
         (298/87, Rec. p. 4489), en relación con una normativa francesa por la que se prohibía la comercialización de determinados
         productos con la denominación «yogur congelado», con independencia de que éstos hubieran sido fabricados en dicho Estado miembro
         o importados de otro Estado miembro.
      
      46 –	Véanse, asimismo, las sentencias antes citadas Waterkeyn y otros (apartados 11 y 12), Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij
         (apartado 9), 3 Glocken y Kritzinger (apartados 11, 25 y 28) y Smanor (apartados 7 y 8).
      
      47 –	Véase la sentencia de 10 de julio de 1980, Comisión/Francia, antes citada (apartados 11 a 14).
      
      48 –	Véanse, en particular, las sentencias de 25 de julio de 1991, Aragonesa de Publicidad Exterior y Publivía (asuntos acumulados
         C‑1/90 y C‑176/90, Rec. p. I‑4151), apartados 11 y 24, en relación con una normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña
         mediante la que se prohibía en dicha parte de territorio español la publicidad de bebidas que tenían un determinado contenido
         alcohólico, con independencia de que se produjeran en otras partes del territorio nacional o se importaran de otros Estados
         miembros; de 15 de diciembre de 1993, Ligur Carni y otros (asuntos acumulados C‑277/91, C‑318/91 y C‑319/91, Rec. p. I‑6621),
         apartados 36 a 38, en relación con una normativa de la región de Liguria que sometía la introducción de carne fresca (con
         independencia de su procedencia), en dicha parte del territorio italiano, a controles sanitarios en el municipio de tránsito
         o de destino de las mercancías, e imponía correlativamente a los operadores afectados el pago de una tasa, y de 3 de diciembre
         de 1998, Bluhme (C‑67/97, Rec. p. I‑8033), apartados 19, 20 y 22, en relación con una normativa danesa que prohibía la posesión
         de determinadas especies de abejas (cualquiera que fuera su procedencia) en la Isla de Læsø y las islas próximas que forman
         parte del territorio danés.
      
      49 –	Véanse, en este sentido, en la línea de esta jurisprudencia, los puntos 19 y 27 de las conclusiones del Abogado General
         Tesauro en el asunto que dio lugar a la sentencia de 9 de agosto de 1994, Lancry y otros (asuntos acumulados C‑363/93, C‑407/93
         a C‑411/9, Rec. p. I‑3957). Según él, «es indiferente, a efectos de su compatibilidad con los artículos 9 y ss. del Tratado
         [actualmente artículos 23 CE y ss., tras su modificación], que un tributo se aplique a los productos importados en el momento
         de su entrada en el territorio de una región no fronteriza del Estado, en lugar de a su paso por la frontera». Señala que
         «no obstante, debe tratarse siempre [...] de bienes que circulen de un Estado miembro a otro», por ejemplo, es indiferente
         que el whisky escocés atraviese la frontera francesa por Calais (porque haya sido transportado por vía marítima) o por Lyon
         (porque haya sido transportado por vía aérea): se trata en ambos casos [...] del paso de la frontera del Estado miembro».
         Asimismo, el Abogado General Tesauro precisó que «los DOM [departamentos de ultramar, en sus siglas en francés], ya sean islas
         (Reunión, Martinica, Guadalupe) o no (Guyana), son “fronteras” sólo cuando el producto proceda de otro Estado miembro; no
         son “fronteras” cuando el producto proceda y sea originario de otra región francesa».
      
      50 –	Véanse, en particular, las sentencias de 23 de octubre de 1986, Cognet (355/85, Rec. p. 3231), en relación con una normativa
         francesa que establecía un precio fijo para la venta al por menor de libros, con excepción de los que habían atravesado una
         frontera intracomunitaria con motivo de su distribución cuando, editados e impresos en Francia, han sido exportados a otro
         Estado miembro y posteriormente nuevamente importados en Francia, de 13 de noviembre de 1986, Edah (asuntos acumulados 80/85
         y 159/85, Rec. p. 3359), en relación con una normativa neerlandesa por la que se establecía un precio para la venta al por
         menor de pan, en virtud de la cual el precio de venta para el pan importado de otros Estados miembros podía ser inferior al
         establecido para el pan de fabricación nacional, y de 18 de febrero de 1987, Mathot (98/86, Rec. p. 809), en relación con
         una normativa belga mediante la que se imponía la colocación de determinadas menciones en el embalaje de la mantequilla, exceptuando
         la mantequilla importada de otros Estados miembros.
      
      51 –	Sentencia Cognet, antes citada (apartado 10). Véanse, en el mismo sentido, las sentencias antes citadas Edah (apartado 18)
         y Mathot (apartado 7).
      
      52 –	Idem.
      53 –	Asuntos acumulados C‑485/93 y C‑486/93, Rec. p. I‑2655.
      
      54 –	C‑72/03, Rec. p. I‑0000.
      
      55 –	C‑163/90, Rec. p. I‑4625.
      
      56 –	Apartado 16.
      
      57 –	Apartado 17.
      
      58 –	Véanse, en este sentido, las conclusiones presentadas por el Abogado General Tesauro en el asunto Lancry y otros, antes
         citado (puntos 19 y 20).
      
      59 –	Apartado 30.
      
      60 –	Véase el apartado 31.
      
      61 –	Apartado 32.
      
      62 –	Véase el apartado 27.
      
      63 –	Véase el apartado 35.
      
      64 –	Sentencia Carbonati Apuani, antes citada (apartado 24).
      
      65 –	Me remito a las sentencias antes citadas Lancry y otros (apartados 29 y 32), Simitzi (apartado 27) y Carbonati Apuani (apartado 24).
      
      66 –	Reproduzco la expresión del Abogado General Tesauro en sus conclusiones presentadas en el asunto Lancry y otros, antes
         citado (punto 27).
      
      67 –	Véanse, en particular, las sentencias antes citadas Cognet (apartados 10 a 12); Edah (apartado 23) y Mathot (apartado 12).
         Véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 13 de marzo de 1979, Peureux (86/78, Rec. p. 897), apartado 38, y, en el
         mismo sentido, los puntos 78 y 79 de mis conclusiones en el asunto que dio lugar a la sentencia de 13 de noviembre de 2003,
         Granarolo (C‑294/01, Rec. p. I‑0000).
      
      68 –	El apartado 26 de la sentencia Carbonati Apuani, antes citada, hace referencia a los apartados 21 a 23 de la sentencia
         Guimont (C‑448/98, Rec. p. I‑10663). Si bien es cierto que dichos pasajes de la sentencia Guimont reflejan, al igual que la
         sentencia Lancry y otros, antes citada, el interés del Tribunal de Justicia en tener en cuenta las dificultades que podrían
         derivar de la existencia de discriminaciones inversas, éste deduce de ellos consecuencias que me parecen difícilmente comparables.
         En efecto, mediante dicha sentencia Guimont, el Tribunal de Justicia dio un giro a su jurisprudencia tradicional relativa
         a la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales, al aceptar responder a una cuestión sobre la interpretación del artículo
         30 del Tratado CE (actualmente, tras su modificación, artículo 28 CE) –pese a que el litigio principal no presentaba ninguna
         conexión con la importación de mercancías– únicamente en el supuesto de que el Derecho nacional del órgano jurisdiccional
         remitente obligara a que un productor nacional disfrutara de los mismos derechos que un productor de otro Estado miembro obtendría
         del Derecho comunitario en la misma situación, con el fin de evitar que el productor nacional fuera objeto de una discriminación
         inversa. Aunque el Tribunal de Justicia accedió a examinar si la normativa nacional controvertida constituía una medida de
         efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación en el sentido del artículo 30 del Tratado, señaló que ello
         sólo es así en la medida en que dicha normativa (indistintamente aplicable a los productos nacionales y a los productos importados)
         se aplique a los productos importados (véanse los apartados 24, 25 y 35). Mediante dicha precisión, el Tribunal de Justicia
         excluyó que el artículo 30 del Tratado fuera aplicable a una situación puramente interna de un Estado miembro. Desde este
         punto de vista, la sentencia Guimont, antes citada, no va, por tanto, tan lejos como la jurisprudencia Lancry y otros, antes
         citada, por lo que no es plenamente comparable.
      
      69 –	Véase el punto 28.
      
      70 –	Véase el punto 46.
      
      71 –	Véase la sentencia de 1 de julio de 1969, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders (asuntos acumulados 2/69 y 3/69, Rec.
         p. 211), apartado 14; el subrayado es mío.
      
      72 –	El subrayado es mío.
      
      73 –	Esta visión del «mercado interior», como prolongación del mercado común, tiene cierta aceptación en la jurisprudencia del
         Tribunal de Justicia. En la sentencia de 5 de mayo de 1982, Schul (15/81, Rec. p. 1409), apartado 33, se señala que «el concepto
         de mercado común tal y como lo ha desarrollado este Tribunal de Justicia en una jurisprudencia constante, tiene por objeto
         la eliminación de todos los obstáculos a los intercambios comunitarios con el fin de fundir los mercados nacionales en un
         mercado único estableciendo condiciones lo más próximas posibles a las de un auténtico mercado interior».
      
      74 –	Véanse, en particular, por cuanto atañe a la libre circulación de mercancías, las sentencias antes citadas Comisión/Francia
         (152/78), Waterkeyn y otros, y Oosthoek’s Uitgeversmaatschappij.
      
      75 –	Véase, en este sentido, Ehlermann, C.-D.: «The internal market following the Single European Act», Common Market Law Review,  Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1987,  pp. 364 a 370; Bosco, G.: «Commentaire de l’Acte unique européen des 17-28 février 1987», Cahiers de droit européen,  Maison Larcier, Bruxelles, 1987, p. 371, así como De Ruyt J.: L’Acte unique européen, Université de Bruxelles, 1989, p. 160.
      
      76 –	El subrayado es mío.
      
      77 –	Véase, en este sentido, Cockborne, J.-E., y otros: Commentaire Mégret – Le droit de la CEE,  vol. 1, Université de Bruxelles, 1992, pp. 20 y 21, apartado 21.
      
      78 –	Véase, en este sentido, Ehlermann, C.-D., op. cit.,  p. 368 (apartado 1.3).
      
      79 –	COM(85) 310 final.
      
      80 –	Véanse, a este respecto, los apartados 24 a 31 de dicho Libro Blanco, así como Vaulont, N.: «La suppression des frontières
         intérieures et la réglementation douanière communautaire», Revue du marché unique européen, Éditions Juglar, Paris, 1994, pp. 51 y ss.
      
      81 –	Véanse las sentencias de 20 de mayo de 2003, Österreichischer Rundfunk y otros (asuntos acumulados C‑465/00, C‑138/01 y
         C‑139/01, Rec. p. I‑4989), apartado 41, y de 6 de noviembre de 2003, Lindqvist (C‑101/01, Rec. p. I‑0000), apartado 40. Véanse
         asimismo, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2005, Owusu (C‑281/02, Rec. p. I‑0000), apartado 34, y mis conclusiones
         presentadas en el asunto que dio lugar a esta sentencia (puntos 197 a 204).
      
      82 –	Véanse los puntos 19 y 20 de sus observaciones escritas.
      
      83 –	Deseo recordar que el Tribunal de Justicia señaló en dicha sentencia que «[...] el artículo 14 CE, apartado 2, define el
         mercado interior como un “espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas y servicios
         estará garantizada” sin que esta disposición haga una distinción entre fronteras interestatales e intraestatales».
      
      84 –	Véase, en este sentido, el comentario de la sentencia Carbonati Apuani por Rigaux, A.: Revue mensuelle du JurisClasseur – Europe,  noviembre de 2004, pp. 13 y ss.
      
      85 –	Por lo que respecta a la libre circulación de personas y servicios, véanse, en particular, las sentencias de 27 de octubre
         de 1982, Morson y Jhanjan (asuntos acumulados 35/82 y 36/82, Rec. p. 3723), apartados 15 a 17; de 28 de enero de 1992, Steen
         (C‑332/90, Rec. p. I‑341), apartado 9; de 7 de diciembre de 1995, Gervais y otros (C‑17/94, Rec. p. I‑4353), apartado 24;
         de 16 de enero de 1997, USSL nº 47 di Biella (C‑134/95, Rec. p. I‑195), apartado 19; de 9 de septiembre de 1999, RI.SAN. (C‑108/98,
         Rec. p. I‑5219), apartado 23, y de 21 de octubre de 1999, Jägerskiöld (C‑97/98, Rec. p. I‑7319), apartado 42.