CELEX: C2004/156/07
Language: es
Date: 2004-06-12 00:00:00
Title: Asunto C-167/04 P: Recurso de casación interpuesto el 5 de abril de 2004 por JCB Service contra la sentencia dictada el 13 de enero de 2004 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-67/01, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por JCB Service

12.6.2004   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 156/3
            
         Recurso de casación interpuesto el 5 de abril de 2004 por JCB Service contra la sentencia dictada el 13 de enero de 2004 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, en el asunto T-67/01, promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por JCB Service
   (Asunto C-167/04 P)
   (2004/C 156/07)
   En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha presentado el 5 de abril de 2004 un recurso de casación formulado por JCB Service, con domicilio en Rocester, Staffordshire (Reino Unido), representada por el Sr. E. Morgan de Rivery, lawyer, contra la sentencia dictada el 13 de enero de 2004 por la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas en el asunto T-67/01, (1) promovido contra la Comisión de las Comunidades Europeas por JCB Service.
   La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que:
   
               1)
            
            
               Anule en su totalidad la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de enero de 2004 en el asunto T-67/01, JCB Service contra Comisión de las Comunidades Europeas en cuanto infringe el Derecho comunitario al vulnerar el derecho de defensa de la recurrente; o
            
         
               2)
            
            
               Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de enero de 2004 en el asunto T-67/01, JCB Service contra Comisión de las Comunidades Europeas, en cuanto: a) sanciona una presunta restricción general de las ventas pasivas por parte de los distribuidores autorizados en el Reino Unido, Irlanda, Francia e Italia, y una presunta restricción de las fuentes de abastecimiento de los distribuidores en Francia e Italia, que impidieron los suministros cruzados entre distribuidores, y b) impone una multa a JCB Service por estas presuntas violaciones; y
            
         
               3)
            
            
               Resuelva él mismo definitivamente el asunto T-67/01, de conformidad con el artículo 61 del Estatuto (CE) del Tribunal de Justicia y, consecuentemente, anule total o parcialmente, la Decisión de la Comisión de 21 de diciembre de 2000 en el asunto COMP.F.1/35.918 (2) y, en ejercicio de su competencia de plena jurisdicción, anule o reduzca la multa de 30 millones de euros impuesta a JCB Service mediante la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de enero de 2004 en el asunto T-67/01, JCB Service contra Comisión de las Comunidades Europeas; y
            
         
               4)
            
            
               En cualquier caso, condene a la Comisión al pago de las costas en que haya incurrido la recurrente tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como ante el Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 69 del Reglamento de Procedimiento.
            
         
               5)
            
            
               Con carácter subsidiario, para el supuesto de que el Tribunal de Justicia no resuelva él mismo definitivamente el litigio, reserve la decisión sobre las costas y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste lo examine nuevamente con arreglo a la sentencia del Tribunal de Justicia.
            
         Motivos y principales alegaciones
   Primer motivo
   La recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia (en lo sucesivo, «TPI») infringió el Derecho comunitario al desestimar la alegación de que se había vulnerado el derecho de defensa de la recurrente. En primer lugar, la recurrente alega que se menoscabó su derecho de defensa por la excesiva duración del procedimiento ante la Comisión, que se prolongó 27 años (desde la fecha de notificación hasta la fecha de la Decisión de la Comisión), lo que impidió que pudiera ejercer sus derechos como parte notificada. El TPI incurrió en un error de Derecho al no tomar en consideración las consecuencias de dicha vulneración de la facultad que ostenta la recurrente para poder defenderse efectivamente. En segundo lugar, la recurrente alega que también se violó su derecho a la presunción de inocencia porque el TPI no tomó en consideración algunas pruebas exculpatorias, ni aplicó el método del faisceau d'indices (conjunto de indicios) para valorar las pruebas pertinentes ni motivó de forma suficiente e imparcial su decisión.
   Segundo motivo
   La recurrente alega que el TPI infringió el artículo 81 CE al sancionarle: a) por imponer una prohibición general de las ventas pasivas a los distribuidores en el Reino Unido, Irlanda, Francia e Italia, y b) por restringir las fuentes de abastecimiento de sus distribuidores en Francia e Italia, basándose en una calificación jurídica errónea de los hechos, en una desnaturalización de los elementos de prueba y en una aplicación errónea de las normas comunitarias en materia de competencia. Ello, a su vez, dio lugar a una aplicación de la prohibición establecida en el artículo 81 CE, que es a todas luces incompatible con el tenor y la finalidad de dicha disposición.
   Tercer motivo
   Este tercer motivo se refiere al cálculo de la multa. A este respecto, el recurrente alega que el TPI infringió el artículo 15 del Reglamento no17 al vulnerar algunos principios fundamentales básicos aplicables a la imposición de la multa, como son, por ejemplo, el principio de buena administración, la confianza legítima de los particulares y el principio de igualdad de las sanciones, y al valorar de forma incorrecta la gravedad y la duración de los supuestos incumplimientos así como de las circunstancias atenuantes y agravantes.
   
      (1)  DO C 186 de 30.6.2001, p. 9.
   
      (2)  DO L 69 de 12.3.2002, p. 1.