CELEX: C2003/200/32
Language: es
Date: 2003-08-23 00:00:00
Title: Asunto C-274/03: Recurso interpuesto el 24 de junio de 2003 contra la República de Irlanda por la Comisión de las Comunidades Europeas

C 200/18                ES                        Diario Oficial de la Unión Europea                                              23.8.2003
Motivos y principales alegaciones                                      procedimientos utilizados eran siempre conformes con la
                                                                       mejor práctica del momento aprobada por la Comisión, equi-
                                                                       vale a una aplicación retroactiva de normas comunitarias por
La demandante alega que la Decisión de la Comisión C(2003)             parte de la Comisión.
1084 debe anularse por las siguientes razones:
                                                                       IV) Violación del principio de proporcionalidad y/o de los
I) Error manifiesto de enfoque o valoración por parte de la                  principios relativos al establecimiento de sanciones
    Comisión
                                                                       La Comisión disponía claramente de alternativas a la decisión
a)    Las autoridades irlandesas no aceptan la validez de la           que se adoptó en este caso. El enfoque adoptado por la
      extrapolación que la Comisión afirma haber llevado a             Comisión es totalmente desproporcionado con respecto al
      cabo y alegan que la extrapolación no es un método               resultado que se pretendía alcanzar, habida cuenta de la
      aceptable para establecer un valor monetario de reem-            continua eficacia de los proyectos en cuestión y de la natura-
      bolso en el caso de un sistema de subvenciones de base           leza del proyecto beneficiario. Tal enfoque equivale efectiva-
      muy amplia, como es el Programa Operativo para el                mente a imponer una sanción sin que haya pruebas de
      Turismo 1989-1993. Además, se alega que la Comisión              actuación ilícita alguna por parte de una empresa o autoridad.
      no identificó el fundamento jurídico en que se basa la
      extrapolación que afirma haber realizado.
                                                                       (1) Reglamento (CEE) no 4253/88 del Consejo, de 19 de diciembre de
                                                                           1988, por el que se aprueban disposiciones de aplicación del
b)    La aplicación por parte de la Comisión de su propia                  Reglamento (CEE) no 2052/88, en lo relativo, por una parte, a la
      definición del significado de los términos utilizados en el          coordinación de las intervenciones de los Fondos estructurales y,
      artículo 23 del Reglamento 4253/88 (1) de un modo que                por otra, de éstas con las del Banco Europeo de Inversiones y con
                                                                           las de los demás instrumentos financieros existentes (DO L 374 de
      le permite ampliar su ámbito de facultades equivale a un
                                                                           31.12.1988, p. 1).
      incumplimiento de lo dispuesto expresamente en dicho
      artículo y constituye un error manifiesto de valoración
      por parte de la Comisión en el ejercicio de su discrecio-
      nalidad con arreglo al artículo 24 del mismo Reglamento.
c)    Es manifiestamente erróneo por parte de la Comisión
      intentar justificar la imposición de una sanción a Irlanda
      basándose en las Fichas Técnicas publicadas en abril de
      1997, varios años después de finalizar el Programa argu-         Recurso interpuesto el 24 de junio de 2003 contra la
      mentando que constituían una codificación de una prác-           República de Irlanda por la Comisión de las Comunidades
      tica seguida anteriormente, mientras que ni la Comisión                                         Europeas
      ni el Tribunal de Cuentas, al controlar el Programa han
      demostrado la existencia de dicha práctica general.
                                                                                                (Asunto C-274/03)
d)    Asimismo se alega que la Comisión incurrió en error
      manifiesto al concluir que el sistema de transmisión de                                    (2003/C 200/32)
      información desarrollado por las autoridades irlandesas
      adolecía de errores o que existían riesgos inherentes al
      mismo.
                                                                       En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha
                                                                       presentado el 24 de junio de 2003 un recurso contra la
                                                                       República de Irlanda formulado por la Comisión de las Comu-
II) Incumplimiento de una norma jurídica fundamental rela-
                                                                       nidades Europeas, representada por el Sr. G. Zavos, en calidad
    tiva a la aplicación del Tratado
                                                                       de agente, que designa domicilio en Luxemburgo.
En el ejercicio de su discrecionalidad con arreglo al artículo 24
                                                                       La parte demandante solicita al Tribunal de Justicia que:
del Reglamento 4253/88, la Comisión evaluó incorrectamente
o incurrió en error de Derecho al no tener en cuenta las
cuestiones suscitadas en la demanda. El enfoque de la Comi-            1.     Declare que la República de Irlanda ha incumplido las
sión viola lo dispuesto, entre otros, en los artículos 23 y 24                obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva
del Reglamento 4253/88.                                                       2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
                                                                              16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las
                                                                              legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de
III) Vulneración de los principios de irretroactividad, segu-                 responsabilidad civil derivada de la circulación de
     ridad jurídica y confianza legítima                                      vehículos automóviles y por la que se modifican las
                                                                              Directivas 73/239/CEE y 88/357/CEE del Consejo (Cuarta
                                                                              Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (DO
La aplicación retroactiva de normas de gestión financiera, y en               L 181 de 20.7.2000, p. 65), al no adoptar las disposi-
concreto el tema de los criterios de elegibilidad, que no se                  ciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias
desarrollaron hasta varios años después de haber finalizado los               para dar cumplimiento a dicha Directiva o, al menos, al
proyectos de que se trata en unas circunstancias en que los                   no comunicarlas a la Comisión.
 ---pagebreak--- 23.8.2003              ES                          Diario Oficial de la Unión Europea                                                C 200/19
2.    Condene en costas a la República de Irlanda.                      —      Tampoco supo darle importancia, o lo hizo insuficiente-
                                                                               mente, al hecho de que el beneficiario de la ayuda es
                                                                               quien requiere una protección particular en los casos en
Motivos y principales alegaciones                                              que se aplique el artículo 15.
El plazo de adaptación a la Directiva expiró el 20 de julio de          —      El Tribunal de Primera Instancia no debía haber conside-
2002.                                                                          rado que la caracterización del beneficiario de la ayuda
                                                                               como mera «fuente de información» en el procedimiento
                                                                               establecido en el artículo 88 CE, apartado 2, apoyaba su
                                                                               conclusión.
Recurso de casación interpuesto el 25 de junio de 2003                  —      El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al no
por Scott SA contra la sentencia dictada el 10 de abril de                     tener en cuenta el tenor de los artículos 14 y 15 que
2003 por la Sala Quinta ampliada del Tribunal de Primera                       indican que el artículo 15 se refiere a la responsabilidad
Instancia en el asunto T-366/00, promovido por Scott SA,                       de los beneficiarios de las ayudas.
apoyada por la República de Francia, contra la Comisión
                  de las Comunidades Europeas                           —      El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al no
                                                                               reconocer que su interpretación del artículo 15 tenía
                       (Asunto C-276/03 P)                                     como consecuencia frustrar el objetivo de dicho artículo,
                                                                               es decir, proporcionar seguridad jurídica a los beneficia-
                          (2003/C 200/33)                                      rios de las ayudas.
En el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha            El Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que
presentado el 25 de junio de 2003 un recurso de casación                la inexistencia de una «obligación» de la Comisión de «advertir»
formulado por Scott SA, con domicilio en Saint-Cloud                    a los beneficiarios de las acciones que interrumpen la prescrip-
(Francia), representada por Sir Jeremy Lever KCMG, QC, y los            ción era relevante para la cuestión de si una acción de la que
Sres. G. Peretz, Barristers, A. Nourry y R. Griffith, Solicitors,       el beneficiario no tuvo conocimiento podía interrumpir el
que designa domicilio en Luxemburgo, contra la sentencia                plazo de prescripción en su contra.
dictada el 10 de abril de 2003 por la Sala Quinta ampliada
del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-366/00,
promovido por Scott SA, apoyada por la República de Francia,            El Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que
contra la Comisión de las Comunidades Europeas (1).                     el artículo 15 introdujo un plazo de prescripción único que se
                                                                        aplica del mismo modo al Estado miembro interesado y a los
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia de las             «terceros»; de manera alternativa era erróneo considerar que
Comunidades Europeas que:                                               dicho principio funciona de tal manera que excluye la aplica-
                                                                        ción del plazo de prescripción de la manera que alegó Scott.
—     Anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia por
      la que se desestima el recurso de anulación interpuesto
      por Scott contra el artículo 2 de la Decisión (2), en la          El Tribunal de Primera Instancia consideró incorrectamente que
      medida en que el recurso de Scott imputa a la Comisión            era relevante para la aplicación del artículo 15 que Scott no
      una infracción del artículo 15 del Reglamento.                    podía haber tenido confianza legítima en que la ayuda hubiese
—     Anule el artículo 2 de la Decisión, en la medida en que se        sido concedida legalmente en su origen; el objetivo del
      refiere a la supuesta ayuda estatal consistente en el precio      artículo 15 es proporcionar seguridad jurídica cuando, ex
      preferencial de un terreno al que hace referencia el              hypothesi, la ayuda no haya sido concedida legalmente.
      artículo 1 de la Decisión.
—     Condene a la Comisión al pago de las costas ocasionadas           El Tribunal de Primera Instancia ignoró incorrectamente el
      en el presente procedimiento de casación, así como las            tenor del artículo 15 y no tuvo presente a dicho respecto un
      incurridas por Scott en el procedimiento de primera               argumento importante formulado por Scott, que el Tribunal de
      instancia.                                                        Primera Instancia resumió en el apartado 42 de la sentencia.
Motivos y principales alegaciones                                       El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al considerar
                                                                        relevante la inexistencia de plazo de prescripción en vigor para
La recurrente alega que la sentencia del Tribunal de Primera            el período transcurrido de diez años desde la concesión a Scott
Instancia debe ser anulada por los siguientes motivos:                  de la ayuda.
El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error al aplicar las       (1) DO C 61 de 24.02.2001, p. 16.
normas del artículo 15 del Reglamento no 659/99 (3), reciente-          (2) Decisión 2002/14/CE de la Comisión, de 12 de julio de 2000,
mente adoptadas, como si aún estuviesen sujetas a la antigua                sobre la ayuda estatal ejecutada por Francia en favor de Scott Paper
jurisprudencia relativa a las normas de conducta en los proce-              SA/Kimberly-Clark [notificada con el número C(2000) 2183; DO
dimientos administrativos.                                                  2002, L 12, p. 1].
                                                                        (3) Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de
—     El Tribunal de Primera Instancia debía haber reconocido               1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
      que el Reglamento estableció un régimen comunitario de                artículo [88] del Tratado CE (DO L 83, p. 1).
      ayudas estatales que es nuevo en importantes y relevantes
      aspectos.