CELEX: 62002TJ0259
Language: es
Date: 2006-12-14
Title: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 14 de diciembre de 2006. # Raiffeisen Zentralbank Österreich AG y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas. # Competencia - Prácticas colusorias - Mercado bancario austriaco - "Club Lombard" - Perjuicio para el comercio entre Estados miembros - Cálculo de las multas. # Asuntos acumulados T-259/02 a T-264/02 y T-271/02.

Asuntos acumulados T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02
      Raiffeisen Zentralbank Österreich AG y otros
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas
      «Competencia — Prácticas colusorias — Mercado bancario austriaco — “Club Lombard” — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros — Cálculo de las multas»
      Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 14 de diciembre de 2006 
      Sumario de la sentencia
      1.     Recurso de anulación — Competencia del juez comunitario
      (Arts. 229 CE y 230 CE, párr. 4)
      2.     Recurso de anulación — Recurso interpuesto por la persona física o jurídica destinataria del acto impugnado — Transmisión
            del recurso a un tercero — Improcedencia
      (Arts. 229 CE y 230 CE, párr. 4)
      3.     Competencia — Procedimiento administrativo — Petición de una persona física o jurídica de que se declare una infracción 
      (Arts. 81 CE y 82 CE; Reglamentos nº 17 del Consejo, art. 3, aps. 1 y 2, y (CE) nº 2842/98 de la Comisión, arts. 6 a 8)
      4.     Competencia — Prácticas colusorias — Prohibición — Infracciones — Acuerdos y prácticas concertadas que pueden considerarse
            constitutivos de una infracción única
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      5.     Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción
      6.     Competencia — Procedimiento administrativo — Decisión de la Comisión por la que se declara la existencia de una infracción
      7.     Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      8.     Competencia — Prácticas colusorias — Delimitación del mercado — Objeto
      (Arts. 81 CE, ap. 1, y 82 CE)
      9.     Competencia — Prácticas colusorias — Delimitación del mercado — Objeto
      (Art. 81 CE)
      10.   Competencia — Prácticas colusorias — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros
      (Art. 81 CE)
      11.   Competencia — Prácticas colusorias — Acuerdos entre empresas — Perjuicio para el comercio entre Estados miembros
      (Art. 81 CE, ap. 1)
      12.   Competencia — Prácticas colusorias — Prácticas colusorias consideradas como elementos constitutivos de un acuerdo restrictivo
            de la competencia único
      (Art. 81 CE)
      13.   Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Comisión deliberada
      (Art. 81 CE; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      14.   Competencia — Prácticas colusorias — Notificación — Efectos
      [Art. 81 CE, aps. 1y 3; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap.5, letra a)]
      15.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Directrices para el cálculo de las multas impuestas por infracción de las
            normas sobre la competencia 
      (Carta de Derechos Fundamentales, art. 49; Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)
      16.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Marco jurídico
      (Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 3 y 15, ap. 2; Comunicaciones 96/C 207/04 y 98/C 9/03 de la Comisión)
      17.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción
      (Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)
      18.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción
      (Reglamento nº 17 del Consejo; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)
      19.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción
      (Art. 81 CE, ap. 1; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)
      20.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      21.   Competencia — Normas comunitarias — Infracciones — Imputación
      22.   Competencia — Multas — Importe — Determinación
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, puntos 1, parte A, 2 y 3)
      23.   Competencia — Procedimiento administrativo — Pliego de cargos — Contenido necesario
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 17)
      24.   Competencia — Multas — Importe — Determinación
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 1, parte A)
      25.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Duración de la infracción
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión)
      26.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3)
      27.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias atenuantes
      (Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, primer guión)
      28.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, segundo guión)
      29.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracción — Circunstancias agravantes o atenuantes
            
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2; Comunicación 98/C 9/03 de la Comisión, punto 3, tercer guión)
      30.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Circunstancias atenuantes
      31.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Criterios — Gravedad de la infracciónº — Circunstancias atenuantes
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 15, ap. 2)
      32.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de
            la cooperación de la empresa inculpada
      (Reglamento nº 17 del Consejo, arts. 11, aps. 1, 2, 4 y 5, y 15, ap. 2; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)
      33.   Competencia — Procedimiento administrativo — Solicitud de información
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, aps. 2 y 5)
      34.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de
            la cooperación de la empresa inculpada 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, ap. 5; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión)
      35.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — No imposición de una multa o reducción de su importe como contrapartida de
            la cooperación de la empresa inculpada 
      (Reglamento nº 17 del Consejo, art. 11, ap. 5; Comunicación 96/C 207/04 de la Comisión, título D, punto 2)
      36.   Competencia — Multas — Importe — Determinación — Reducción justificada por irregularidades en el procedimiento administrativo
            — Requisito
      1.     Los órganos jurisdiccionales comunitarios pueden tomar nota del cambio de nombre de alguna de las partes del procedimiento
         y la acción de anulación ejercitada por el destinatario de un acto puede seguir siendo ejercitada por el sucesor a título
         universal del mismo, principalmente en caso de fallecimiento de una persona física o en caso de extinción de una persona jurídica
         con transmisión de todos sus derechos y obligaciones a un nuevo titular. En una situación de esta índole, el sucesor a título
         universal sustituye necesariamente de pleno derecho a su predecesor como destinatario del acto impugnado.
      
      En cambio, en un recurso de anulación basado en el artículo 230 CE, el juez comunitario no es competente para modificar la
         decisión de una institución comunitaria reemplazando a su destinatario por otra persona física o jurídica cuando el destinatario
         todavía existe, y ello ni siquiera en ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 229 CE.
         Dicha competencia corresponde únicamente a la institución que adoptó la decisión de que se trate. Así, una vez que la institución
         competente ha adoptado una decisión y determinado, por tanto, la identidad de la persona a la que va dirigida, no corresponde
         al Tribunal de Primera Instancia reemplazar a esta persona por otra.
      
      (véanse los apartados 71 y 72)
      2.     El recurso interpuesto por una persona en su condición de destinatario de un acto, a fin de defender sus derechos mediante
         una pretensión de anulación del acto basada en el artículo 230 CE y/o mediante una pretensión de modificación del mismo basada
         en el artículo 229 CE, no puede ser transmitido a un tercero que no es destinatario del acto. En efecto, si se admitiera dicha
         transmisión, existiría una discordancia entre la legitimación invocada para interponer el recurso y la invocada para continuar
         ejercitando la acción. Además, dicha transmisión provocaría una discordancia entre la identidad del destinatario del acto
         y la de la persona que comparece en juicio como destinatario del acto.
      
      (véase el apartado 73)
      3.     Si bien con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 17, la Comisión puede comprobar, «de oficio o a instancia
         de parte», una infracción a las disposiciones del artículo 81 CE o del artículo 82 CE y obligar, mediante decisión, a las
         empresas y asociaciones de empresas interesadas a poner fin a dicha infracción, pudiendo presentar esta solicitud, a tenor
         del artículo 3, apartado 2, del Reglamento nº 17, cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo a este
         efecto, de los artículos 6 a 8 del Reglamento nº 2842/98, relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación
         de los artículos 81 CE y 82 CE, se desprende que las personas que hayan presentado esa solicitud poseen ciertos derechos procesales,
         entre los que se encuentra el de obtener una copia de la versión no confidencial del pliego de cargos.
      
      Tal solicitud puede presentarse válidamente cuando el procedimiento de infracción se inició de oficio. En efecto, los Reglamentos
         nº 17 y nº 2842/98 no exigen, para el reconocimiento de la condición de denunciante, que la solicitud en cuestión origine
         la incoación por parte de la Comisión del procedimiento de infracción y que la investigación sobre la infracción no esté ya
         abierta. De otro modo, se impediría a personas con dicho interés legítimo ejercer durante el desarrollo del procedimiento
         los derechos procesales asociados a su condición de solicitante o de denunciante de conformidad con los artículos 6 a 8 del
         Reglamento nº 2842/98.
      
      A este respecto, un partido político puede invocar válidamente su condición de cliente de servicios bancarios y el hecho de
         haber resultado perjudicado en sus intereses económicos por prácticas contrarias a la competencia para acreditar un interés
         legítimo para presentar una solicitud con objeto de que la Comisión constate que dichas prácticas constituyen una infracción
         de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      En efecto, nada se opone a que un cliente final comprador de bienes o servicios pueda acogerse al concepto de interés legítimo
         en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 17. Un cliente final que acredita que se ha visto perjudicado o que puede verse
         perjudicado en sus intereses económicos debido a la restricción de la competencia en cuestión tiene un interés legítimo en
         el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 17 para presentar una solicitud o una denuncia con objeto de que la Comisión declare
         una infracción de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      Carece de relevancia, en este sentido que, en un primer momento, dicho cliente final comprador invocara un interés general
         que decía defender como partido político de la oposición y que posteriormente sostuviera que había resultado perjudicado económicamente,
         como cliente final de los servicios en cuestión, por la práctica colusoria denunciada. En efecto, esta primera toma de posición
         no podía privarle de la posibilidad de invocar posteriormente, con el fin de justificar un interés legítimo en el sentido
         del Reglamento nº 17, su condición de cliente de los bancos contra los que se había iniciado el procedimiento, así como el
         perjuicio económico que supuestamente había sufrido a causa de los acuerdos en cuestión.
      
      La admisión de una parte interesada como denunciante y el envío a ésta del pliego de cargos no puede supeditarse, además,
         al requisito de que sea anterior a toda audiencia ante la Comisión. En efecto, los Reglamentos nº 17 y nº 2842/98 no establecen
         un plazo específico para que un tercero solicitante o denunciante que demuestre un interés legítimo ejerza su derecho a recibir
         el pliego de cargos y a ser oído en el marco de un procedimiento de infracción. Así, los artículos 7 y 8 del Reglamento nº 2842/98
         se limitan a establecer que la Comisión transmitirá los pliegos de cargos al solicitante o denunciante y fijará un plazo para
         que éste pueda expresar sus puntos de vista por escrito; este tercero podrá también expresar su postura verbalmente, si lo
         solicita. De ello se deduce que el derecho de un solicitante o de un denunciante a que se le transmitan los pliegos de cargos
         y a ser oído en el procedimiento administrativo dirigido a la comprobación de una infracción de los artículos 81 CE y 82 CE
         puede ser ejercido mientras el procedimiento esté en curso.
      
      (véanse los apartados 95 a 98, 100 y 101)
      4.     Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos
         o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos
         de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados,
         una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto
         idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad
         por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto.
      
      Por ello puede calificarse de práctica colusoria general única a un sistema de mesas redondas empleado por los bancos para
         concertar a intervalos regulares sus comportamientos en relación con los principales parámetros que afectan a la competencia
         en el mercado de los productos y servicios bancarios en un Estado miembro cuando una de ellas, como instancia suprema de todas
         las demás, trata cuestiones correspondientes a numerosas mesas redondas específicas, adopta las decisiones fundamentales,
         ejerce una función arbitral entre los diferentes grupos en caso de problemas de disciplina relativos al respeto de los acuerdos
         y cuando existe una estrecha vinculación de las mesas redondas y de su procedimiento de toma de decisiones, de modo que las
         mesas redondas celebran a menudo reuniones conjuntas, las competencias de los grupos se superponen y las diferentes mesas
         redondas se mantienen recíprocamente informadas de sus actividades.
      
      (véanse los apartados 111, 114, 117 a 120 y 126)
      5.     En el marco de los procedimientos de aplicación de las normas de la competencia, la circunstancia de que la Comisión no señalara
         infracción alguna en relación con un operador que se encontraba en una situación similar a la del demandante no puede, en
         ningún caso, excluir la infracción imputada al operador sancionado, toda vez que la infracción ha quedado correctamente demostrada.
      
      (véase el apartado 138)
      6.     Ante una red de acuerdos muy compleja, la Comisión dispone de un margen de apreciación para determinar, entre las diferentes
         concertaciones, cuáles considera particularmente significativas, sin que esa elección pueda ser objeto de un control jurisdiccional
         estricto.
      
      (véase el apartado 144)
      7.     Para que un acuerdo entre empresas pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe poderse presumir con un grado de
         probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho, que puede ejercer una influencia
         directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados miembros, en un sentido que pueda
         perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre Estados. De este modo, el perjuicio de los intercambios
         intracomunitarios es, en general, el resultado de una combinación de diversos factores que, considerados aisladamente, no
         serían necesariamente decisivos.
      
      Tiene poca importancia a este respecto que la influencia de una práctica colusoria sobre los intercambios sea perjudicial,
         neutra o favorable. En efecto, una limitación de la competencia puede afectar el comercio entre Estados miembros cuando puede
         desviar los flujos comerciales del curso que habrían seguido en ausencia de la misma. Por tanto, para declarar que la práctica
         colusoria puede afectar al comercio entre Estados miembros, no pueden tomarse en consideración únicamente los efectos de compartimentación
         del mercado.
      
      Por otra parte, la mera capacidad de una práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros, es decir, su
         efecto potencial, es suficiente para que esté en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE y no es necesario demostrar un
         perjuicio efectivo a los intercambios. El hecho de que se trate de la valoración a posteriori de una infracción pasada no altera este criterio, de modo que en este caso también es suficiente el efecto potencial de la
         práctica colusoria sobre los intercambios.
      
      No obstante, es necesario que el efecto potencial de la práctica colusoria sobre el comercio interestatal sea sensible o,
         en otros términos, que no sea insignificante.
      
      (véanse los apartados 163, 164, 166 y 167)
      8.     La definición del mercado de referencia es diferente según se trate de aplicar el artículo 81 CE o el artículo 82 CE. En efecto,
         en el marco de la aplicación del artículo 81 CE, es necesario definir el mercado de referencia para determinar si el acuerdo,
         la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que se trate puede afectar al comercio entre Estados miembros
         y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común. Por esta
         razón, en el marco de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, las críticas formuladas contra la definición del mercado
         efectuada por la Comisión no poseen una dimensión autónoma con respecto a las relativas a la distorsión de la competencia.
         Por tanto, la crítica de la definición del mercado relevante es inoperante si la Comisión declaró acertadamente que el acuerdo
         en cuestión falsea la competencia y puede afectar sensiblemente al comercio entre Estados miembros.
      
      (véase el apartado 172)
      9.     En materia de competencia, el mercado que debe tomarse en consideración agrupa al conjunto de productos que, en razón de sus
         características, son especialmente aptos para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por otros productos.
      
      De modo que, si las diferentes prestaciones bancarias a que se refieren los acuerdos entre bancos no son sustituibles entre
         sí, la mayor parte de los clientes de los bancos generalistas demandan, no obstante, un conjunto de servicios bancarios, como
         depósitos, créditos y operaciones de pago, y una competencia entre estos bancos puede afectar al conjunto de esos servicios,
         sería artificial una definición estricta del mercado de referencia en este sector de actividad. Además, un examen por separado
         no permitiría aprehender en su totalidad los efectos de acuerdos que, si bien conciernen a productos o servicios y a clientes
         diferentes (particulares o empresas), pertenecen al mismo sector de actividad. En efecto, la afectación del comercio entre
         Estados miembros puede ser indirecta y el mercado en el que ésta puede producirse no es necesariamente idéntico al mercado
         de los productos o servicios cuyos precios se fijan mediante la práctica colusoria. Pues bien, la fijación de precios para
         una amplia gama de servicios bancarios que se ofrecen a particulares y empresas puede tener, en su conjunto, repercusiones
         sobre otros mercados.
      
      Por consiguiente, en tal caso la Comisión no está obligada a examinar por separado los mercados de los diferentes productos
         bancarios afectados por los mencionados acuerdos para apreciar los efectos sobre el comercio entre Estados miembros.
      
      (véanse los apartados 173 a 175)
      10.   El hecho de que ciertas cláusulas de un acuerdo no tengan por objeto o por efecto limitar la competencia no se opone al examen
         conjunto de aquél. Con mayor motivo esto es así si determinados acuerdos en el seno de una práctica colusoria única pueden
         beneficiarse de una exención.
      
      De esto se deduce que, en su examen de un sistema de mesas redondas puesto en práctica por los bancos para concertar sus comportamientos
         en relación con los principales parámetros que afectan a la competencia en el mercado de los productos y servicios bancarios
         en un Estado miembro, la Comisión puede tener en cuenta el efecto potencial acumulado del conjunto de las mesas redondas a
         la hora de determinar si la práctica colusoria conjunta puede afectar al comercio entre Estados miembros. En cambio, carece
         de relevancia, a este respecto, saber si cada una de las mesas redondas considerada aisladamente puede afectar al comercio
         entre Estados miembros. También se deduce que no es necesario determinar que una u otra de las diferentes mesas redondas,
         considerada aisladamente, es capaz de afectar al comercio entre Estados miembros para poder declarar que el conjunto de la
         práctica colusoria posee esta capacidad. Por tanto, la capacidad de las mesas redondas para afectar al comercio interestatal
         no presupone que cada una de las concertaciones tenga por objeto prestaciones de carácter transfronterizo.
      
      (véanse los apartados 176 a 178, 195, 196 y 208)
      11.   Una práctica colusoria que se extiende a todo el territorio de un Estado miembro, por su propia naturaleza, tiene por efecto
         consolidar compartimentaciones de carácter nacional, que obstaculizan de este modo la interpenetración económica perseguida
         por el Tratado.
      
      De ello resulta que existe, al menos, una fuerte presunción de que una práctica restrictiva de la competencia aplicada a todo
         el territorio de un Estado miembro puede contribuir a la compartimentación de los mercados y afectar a los intercambios intracomunitarios.
         Esta presunción sólo desaparece si el análisis de las características del acuerdo y de su contexto económico demuestra lo
         contrario.
      
      A este respecto, en lo que se refiere al sector bancario, pueden existir acuerdos que se extiendan a todo el territorio de
         un Estado miembro y que no produzcan efectos sensibles sobre el comercio entre Estados miembros.
      
      Sin embargo, eso no ocurre en el caso de una infracción compleja que consiste en concertaciones en el seno de una mesa redonda
         que implican no solamente a casi todas las entidades de crédito en el Estado miembro en cuestión, sino también a una amplia
         gama de productos y servicios bancarios, en particular, los créditos y depósitos y, por ende, pueden modificar las condiciones
         de la competencia en todo este Estado miembro.
      
      En ese supuesto, el hecho de que los miembros de la práctica colusoria no hubieran adoptado medidas con el objeto de excluir
         a los competidores del mercado no permite deducir que no exista efecto transfronterizo.
      
      Una infracción de ese tipo puede haber contribuido al mantenimiento de los obstáculos de acceso al mercado, al haber permitido
         la conservación de las estructuras del mercado bancario del Estado de que se trata —cuya ineficacia fue reconocida, por otra
         parte, por uno de los propios participantes— así como los correspondientes hábitos de los consumidores.
      
      (véanse los apartados 180 a 185)
      12.   Para establecer la participación de una empresa en un acuerdo de esta índole, la Comisión debe probar que la empresa intentaba
         contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes
         y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos
         objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo.
      
      Así ocurre cuando, en el marco de un sistema de mesas redondas puesto en práctica por los bancos para concertar a intervalos
         regulares sus comportamientos en relación con los principales parámetros que afectan a la competencia en el mercado de los
         productos y servicios bancarios en un Estado miembro, uno de ellos participó en las mesas redondas más importantes relacionadas
         con las condiciones de crédito y de depósito y cuando esas mesas redondas mantenían relaciones especialmente estrechas con
         la instancia suprema de ese sistema, de modo que el mencionado banco no podía ignorar que las mesas redondas en las que participaba
         formaban parte de un conjunto más amplio de acuerdos y que su participación en las concertaciones sobre las condiciones activas
         y pasivas se dirigía a la consecución de los objetivos de la práctica colusoria general.
      
      A este respecto, carece de importancia que el banco en cuestión estuviera ausente en algunas mesas redondas. El hecho de que
         una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya desempeñado un papel
         menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante al imputarle una infracción. Sólo procede tomar en consideración
         dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine la multa.
      
      Asimismo, tampoco es relevante que el banco en cuestión no conociese en detalle las concertaciones producidas en el seno de
         las numerosas mesas redondas en las que no participó, o que ignorase la existencia de determinadas mesas redondas.
      
      (véanse los apartados 189 a 193)
      13.   Para que una infracción de las normas sobre la competencia pueda considerarse deliberada, no es necesario que la empresa tuviera
         conciencia de infringir estas normas. Es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto de la conducta que se le imputa era
         restringir la competencia en el mercado común.
      
      A este respecto no es decisivo si la empresa en cuestión conocía la interpretación del criterio del carácter transfronterizo
         de la Comisión o de la jurisprudencia, sino que lo que importa es si conocía las circunstancias de las que se deriva concretamente
         la capacidad de la práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros o, por lo menos, que no pudiese ignorarlas.
      
      Así ocurre cuando, en el marco de un sistema de mesas redondas puesto en práctica por los bancos para concertar a intervalos
         regulares sus comportamientos en relación con los principales parámetros que afectan a la competencia en el mercado de los
         productos y servicios bancarios en un Estado miembro, dichos bancos sabían, debido a su participación en las principales mesas
         redondas, que la red se extendía a todo el territorio del Estado miembro y a una amplia gama de importantes productos bancarios,
         en particular, los créditos y los depósitos, y conocían, pues, los hechos esenciales de los que resulta la afectación del
         comercio entre Estados miembros.
      
      A este respecto, no es pertinente saber en qué medida dichos bancos conocían la incompatibilidad de su comportamiento con
         el artículo 81 CE. Asimismo, el hecho de que en Derecho nacional determinadas prácticas colusorias no estén prohibidas de
         pleno Derecho pero puedan ser prohibidas, previa demanda, por el órgano jurisdiccional competente no tiene incidencia alguna
         sobre el carácter intencional de la infracción al artículo 81 CE. Por último, el carácter público de las reuniones y la participación
         en éstas de las autoridades nacionales no afectan a la intención de limitar la competencia ni al conocimiento de las circunstancias
         de las que resulta la aptitud de la práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros.
      
      (véanse los apartados 205 a 207 y 209)
      14.   La notificación no constituye una mera formalidad impuesta a las empresas, sino un requisito indispensable para obtener determinadas
         ventajas. Según el artículo 15, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 17, no podrá imponerse multa alguna a causa de actuaciones
         posteriores a la notificación, siempre que tales actuaciones se encuentren dentro de los límites de la actividad descrita
         en la notificación. Este beneficio en favor de las empresas que han notificado un acuerdo o una práctica concertada constituye
         la contrapartida del riesgo que asume la empresa al denunciar ella misma el acuerdo o la práctica concertada. La empresa se
         arriesga, en efecto, no sólo a que la Comisión declare que el acuerdo o la práctica infringen el artículo 81 CE, apartado
         1, y le deniegue la aplicación del apartado 3 del mismo artículo, sino también a que se le imponga una multa por los actos
         cometidos antes de la notificación. Una empresa que no ha querido correr ese riesgo no puede esgrimir, contra una multa impuesta
         por una infracción no notificada, la posibilidad hipotética de que una notificación hubiera podido dar lugar a una exención.
      
      (véase el apartado 213)
      15.   Dado que las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA y, en particular, el nuevo método de cálculo del importe de las multas
         establecido en ellas resultaban razonablemente previsibles para la empresa en la época, anterior a su adopción, en que cometió
         una infracción, ésta no puede impugnar el método utilizado para el cálculo de las multas porque la Comisión, al aplicar las
         Directrices adoptada después del cese de la infracción y al endurecer de nuevo su práctica posteriormente, infringió el principio
         de no retroactividad consagrado en el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 49 de la Carta
         de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
      
      (véanse los apartados 217 y 218)
      16.   Las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17
         y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA son un instrumento para establecer, respetando el Derecho de rango superior,
         los criterios que aplicará la Comisión al ejercer la facultad de apreciación al fijar las multas que le confiere el artículo
         15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
      
      Al anunciar en sus Directrices el método que tenía la intención de aplicar para calcular el importe de las multas impuestas
         con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión respetó el marco jurídico impuesto por dicha disposición
         y no sobrepasó en absoluto los límites de la facultad discrecional que le confirió el legislador.
      
      Si bien estas reglas que pretenden producir efectos externos no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está
         obligada en cualquier caso la Administración, establecen sin embargo reglas de conducta indicativas de la práctica que debe
         seguirse y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con
         el principio de igualdad de trato.
      
      Al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados
         en ellas, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de
         tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la
         igualdad de trato o la protección de la confianza legítima.
      
      Si bien dichas Directrices no constituyen, pues, el fundamento jurídico de la Decisión que sanciona a una empresa que haya
         infringido las normas comunitarias en materia de competencia, la cual se basa en los artículos 3 y 15, apartado 2, del Reglamento
         nº 17, sí determinan sin embargo, de un modo general y abstracto, la metodología que la Comisión se obligó a seguir para determinar
         el importe de las multas impuestas mediante aquella Decisión y garantizan, por consiguiente, la seguridad jurídica de las
         empresas.
      
      La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión que resulta de la adopción de las Directrices no es incompatible
         con que la Comisión conserve un margen sustancial de apreciación. En efecto, las mencionadas Directrices contienen varios
         rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad discrecional respetando las disposiciones del artículo
         15 del Reglamento nº 17, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia.
      
      Al igual que las Directrices, la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los
         asuntos relacionados con acuerdos entre empresas creó expectativas legítimas a las empresas, de modo que la Comisión tiene
         la obligación de atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta, la cooperación
         de dichas empresas.
      
      Corresponde, pues, al Tribunal de Primera Instancia, en el marco del control de la legalidad de la Decisión impugnada, comprobar
         si la Comisión ejerció su facultad de apreciación de acuerdo con el método que se expone en las Directrices y en la Comunicación
         sobre la cooperación y, en la medida en que deba declarar que esta institución se separó de dicho método, comprobar si esta
         desviación está legalmente justificada y motivada.
      
      No obstante, el margen de apreciación de la Comisión y los límites que le impuso no prejuzgan que el juez comunitario ejerza
         su competencia jurisdiccional plena.
      
      (véanse los apartados 219 a 227)
      17.   El hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación
         del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, su modo de proceder
         en relación con la valoración de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de
         manera global en función de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos, incluidos elementos que no se mencionan
         expresamente en éstas.
      
      En efecto, para determinar los importes de las multas procede tener en cuenta la duración y todos los factores que pueden
         influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones. La gravedad de las infracciones debe determinarse en función
         de un gran número de factores, como las circunstancias específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las
         multas, sin que se haya establecido una lista taxativa o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente.
      
      A este respecto, la valoración de la naturaleza de la infracción es lo que permite, en particular, tomar en consideración
         diferentes factores pertinentes, cuya enumeración exhaustiva en las mencionadas Directrices no sería posible y entre los que
         se encuentra la posible repercusión (que se diferencia de la repercusión concreta y mesurable) de la infracción sobre el mercado.
      
      (véanse los apartados 237 a 239)
      18.   Los tres aspectos que han de tomarse en consideración al evaluar la gravedad de la infracción con arreglo a las Directrices
         para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5
         del artículo 65 del Tratado CECA, que son la propia naturaleza de la infracción, sus repercusiones concretas sobre el mercado
         (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado no tienen el mismo peso en el marco
         del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial, en particular, para caracterizar las
         infracciones «muy graves». A este respecto, de la descripción de las infracciones muy graves que hacen las mencionadas Directrices
         se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que persiguen, en particular, fijar los precios pueden ser calificados
         como «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados
         por una repercusión o una dimensión geográfica determinados. Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien
         la descripción de las infracciones graves menciona expresamente las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus
         efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de
         repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos en una zona geográfica determinada.
      
      Si bien existe una interdependencia entre los tres criterios en el sentido de que una gravedad elevada respecto de uno u otro
         puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros aspectos, la extensión del mercado geográfico no es, sin embargo,
         más que un criterio entre los tres que son pertinentes para la valoración global de la gravedad de la infracción y, entre
         esos criterios interdependientes, no es un criterio autónomo en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación de «muy
         graves» las infracciones que afectan a la mayoría de los Estados miembros. En efecto, ni el Tratado, ni el Reglamento nº 17,
         ni las Directrices, ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones geográficamente muy extensas pueden
         ser calificadas como tales. Por tanto, la calificación de infracción muy grave conforme a las mencionadas Directrices no puede
         quedar reservada únicamente a las infracciones en las que participa la práctica totalidad de las empresas del mercado europeo.
      
      (véanse los apartados 240, 241, 311, 313 y 381)
      19.   Los acuerdos colusorios sobre precios se encuentran entre las infracciones muy graves con arreglo a las Directrices para el
         cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo
         65 del Tratado CECA, y ello aunque no existan otras limitaciones de la competencia como una compartimentación de los mercados.
      
      El carácter «muy grave» de tales infracciones se acentúa cuando se cometen en un sector, como el sector bancario, esencial
         para el conjunto de la economía y cuando los acuerdos en cuestión son de gran amplitud, extendiéndose a una amplia gama de
         productos importantes y englobando a la mayor parte de los operadores económicos del mercado afectado, incluidas las empresas
         más importantes. En efecto, la gravedad de una infracción por su naturaleza depende sobre todo del peligro que representa
         para una competencia no falseada. A este respecto, la amplitud de un acuerdo colusorio sobre precios, tanto en lo que atañe
         a los productos afectados como a las empresas que participan, desempeña un papel decisivo y un acuerdo horizontal sobre precios
         de gran amplitud, referido a un sector económico tan importante, no escapa, por lo general, a la calificación de infracción
         muy grave, con independencia de su contexto.
      
      No pueden oponerse contra la valoración de la gravedad intrínseca de una infracción el que la práctica colusoria no tuviera
         carácter secreto, el hecho de que ésta se creara y mantuviera con apoyo del Estado miembro de que se trate, el que se tengan
         en cuenta consideraciones ligadas al carácter disuasorio de la multa, el hecho de que la infracción consista en una práctica
         concertada, la aprobación o tolerancia del comportamiento ilícito por las autoridades públicas, el hecho de que se abordaran
         también otros temas, neutros desde el punto de vista del Derecho de la competencia, o de que la adhesión a la Unión del Estado
         miembro de que se trata se hubiera producido en un momento muy reciente a aquel en que se cometieron los hechos.
      
      (véanse los apartados 249, 250, 252, 254 a 257, 260, 262 y 263)
      20.   Para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la Comisión está obligada a tomar como referencia
         la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la infracción.
      
      En lo que atañe a una práctica colusoria sobre precios, es legítimo que la Comisión deduzca que la infracción produjo efectos
         del hecho de que los miembros del cártel adoptaron medidas para aplicar los precios convenidos, por ejemplo, al anunciarlos
         a los clientes, al dar instrucciones a sus empleados de utilizarlos como base de negociación y al vigilar su aplicación por
         sus competidores y sus propios servicios comerciales. En efecto, para declarar que existen repercusiones sobre el mercado,
         es suficiente que los precios convenidos hayan servido de base para fijar los precios de transacciones individuales, limitando
         así el margen de negociación de los clientes.
      
      En cambio, no se puede exigir a la Comisión, cuando se demuestra que la práctica colusoria se aplicó, que demuestre sistemáticamente
         que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas afectadas alcanzar un nivel de precios de transacción superior al
         que habría existido sin la práctica colusoria. A este respecto, no se puede acoger la tesis de que sólo puede tomarse en consideración
         para determinar la gravedad de la infracción el hecho de que los precios de transacción habrían sido diferentes de no existir
         la colusión.
      
      En efecto, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba
         en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado
         efectivamente practicados, pudo haberse visto influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel. Éstos
         no pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que
         justifiquen una reducción de la multa.
      
      (véanse los apartados 284 a 287)
      21.   En principio incumbe a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción
         responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que se declara la existencia de la infracción
         la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona. En tanto exista la persona jurídica que dirigía
         la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción, la responsabilidad de la conducta infractora de la empresa
         sigue a la de la persona jurídica, aun cuando se hayan cedido a terceros después del período de infracción los elementos materiales
         y humanos que contribuyeron a la comisión de la infracción.
      
      Por el contrario, cuando, entre el momento en que se cometió la infracción y el momento en que la empresa de que se trate
         debe responder de ella, la persona responsable de la explotación de dicha empresa haya dejado de existir jurídicamente, es
         preciso localizar, en un primer momento, el conjunto de elementos materiales y humanos que participaron en la comisión de
         la infracción, para, en un segundo momento, identificar al actual responsable de la explotación de dicho conjunto, con el
         fin de impedir que, como consecuencia de la desaparición de la persona responsable de su explotación en el momento en que
         se cometió la infracción, la empresa pueda no responder de ella.
      
      Cuando la empresa en cuestión deja de existir porque es absorbida por un adquirente, éste adquiere los elementos de su activo
         y de su pasivo, incluidas sus responsabilidades derivadas de la infracción del Derecho comunitario. En este caso, la responsabilidad
         por la infracción cometida por la empresa absorbida puede imputarse al adquirente.
      
      Esta responsabilidad del adquirente subsiste aún en el supuesto de que la responsabilidad por una infracción que la empresa
         absorbida ha cometido antes de la adquisición pueda imputarse a una antigua sociedad matriz de ésta.
      
      En efecto, la posibilidad no se opone, en sí misma, a que se sancione a la propia filial. Una empresa —es decir una unidad
         económica que comprende elementos personales, materiales e inmateriales— está dirigida por los órganos previstos por su estatuto
         jurídico y cualquier decisión que le imponga una multa puede dirigirse a la dirección estatutaria de la empresa, aunque las
         consecuencias económicas de la multa sean soportadas finalmente por sus propietarios. Esta regla se infringiría si se exigiese
         a la Comisión, ante el comportamiento ilícito de una empresa, comprobar siempre quién es el propietario que ejerce una influencia
         decisiva sobre la empresa, para sancionar únicamente a ese propietario. Como la facultad de sancionar a la sociedad matriz
         por el comportamiento de una filial carece, pues, de incidencia sobre la legalidad de una decisión destinada únicamente a
         la filial que participó en la infracción la Comisión puede elegir entre sancionar a la filial que participó en la infracción
         o a la sociedad matriz que la controló durante ese período.
      
      Esta elección incumbe también a la Comisión en el supuesto de una sucesión económica en el control de la filial. Si bien,
         en este supuesto, la Comisión puede imputar el comportamiento de la filial a la antigua sociedad matriz respecto del período
         anterior a la cesión y a la nueva sociedad matriz respecto del tiempo posterior a la misma, no está obligada a hacerlo y puede
         elegir sancionar únicamente a la filial por su comportamiento propio.
      
      (véanse los apartados 324 a 326, 329, 331, 332 y 372)
      22.   Para la clasificación en categorías de empresas, de conformidad con el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices para el
         cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo
         65 del Tratado CECA, se deben tener en cuenta las circunstancias objetivas o estructurales de las empresas así como la situación
         en el mercado afectado.
      
      Entre esos factores objetivos figuran no solamente el tamaño y la potencia de una empresa en el mercado tal como éstos se
         reflejan en su propia cuota de mercado o en su propio volumen de negocios, sino también los vínculos que mantiene con otras
         empresas cuando éstos pueden influenciar la estructura del mercado. En efecto, la capacidad efectiva de una empresa para crear
         un daño importante y la repercusión real de la infracción que cometió deben evaluarse teniendo en cuenta la realidad económica.
         Por tanto, es legítimo que la Comisión, a la vista de las Directrices, tome en consideración dichas relaciones para determinar
         la capacidad económica efectiva para causar daño que tienen los participantes en una práctica colusoria, así como el peso
         específico de su infracción.
      
      A ese respecto, la estructura del mercado puede verse influenciada no solamente cuando los vínculos entre las empresas confieren
         a una de ellas un poder de dirección o el control completo del comportamiento competitivo de otros operadores, como en el
         caso de las unidades económicas. La potencia de una empresa en el mercado también puede aumentar, más allá de su propia cuota
         de mercado, cuando mantiene relaciones estables con otras empresas en el marco de las cuales puede ejercer, de modo informal,
         una influencia de hecho sobre su comportamiento. Así ocurre igualmente cuando los vínculos existentes entre empresas producen
         el efecto de reducir o eliminar la competencia entre ellas. El hecho de que tales vínculos no puedan justificar la declaración
         de que las empresas afectadas forman parte de una misma entidad económica no significa que la Comisión pueda ignorarlo y valorar
         la situación en el mercado como si esos vínculos no existieran.
      
      Por el contrario, el comportamiento concreto de los diferentes miembros de un cártel o el grado de su culpabilidad individual
         no es determinante, en sí mismo, para la clasificación en categorías. El comportamiento de una empresa puede, en efecto, constituir
         un indicio de la naturaleza de las relaciones que ésta mantiene con otras empresas. La existencia de comportamientos específicos,
         como la organización de intercambios de información con éstas o las tomas de postura explícitas durante las reuniones del
         cártel para defender sus intereses o para comprometerlas en el respeto de los acuerdos contrarios a la competencia no es,
         sin embargo, ni indispensable ni suficiente por sí misma para justificar que se tome en consideración la cuota de mercado
         de estas últimas empresas para evaluar la potencia de la primera empresa en el mercado. En efecto, a falta de relaciones estables
         con las empresas con las que se intercambia la información o cuyos intereses se representan, dichos comportamientos no son
         determinantes a los efectos de la clasificación en categorías, si bien pueden, en su caso, tenerse en cuenta para apreciar
         las circunstancias agravantes y atenuantes al amparo de los puntos 2 y 3 de las Directrices.
      
      De ello se sigue que, en el marco de un sistema de mesas redondas puesto en práctica por los bancos para concertar a intervalos
         regulares sus comportamientos en relación con los principales parámetros que afectan a la competencia en el mercado de los
         productos y servicios bancarios en un Estado miembro, dado que las relaciones entre las sociedades de cabecera y los bancos
         descentralizados y sus grupos dieron a las sociedades de cabecera una potencia económica mucho mayor que la que resulta de
         sus cuotas de mercado como bancos comerciales, y que corresponde a la cuota de mercado del conjunto del grupo respectivo,
         una correcta valoración de la capacidad efectiva de las sociedades de cabecera para producir un perjuicio importante y del
         peso específico de su comportamiento ilícito necesita que se tomen en consideración no solamente sus propias cuotas de mercado
         como bancos comerciales sino también las cuotas de mercado de los bancos descentralizados y justifica, por tanto, la imputación
         a las entidades centrales de las cuotas de mercado de los grupos descentralizados.
      
      (véanse los apartados 359 a 362, 377, 404, 407 y 409)
      23.   Cuando la Comisión indica expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas a las empresas
         afectadas y expone los principales elementos de hecho y de Derecho que puedan llevar aparejada una multa, como la gravedad
         y duración de la supuesta infracción y el hecho de haber cometido ésta «deliberadamente o por negligencia» cumple su obligación
         de respetar el derecho de defensa de dichas empresas. En cambio, la Comisión no está obligada, una vez que indica los elementos
         de hecho y de Derecho sobre los que pretende basar su cálculo del importe de las multas, a precisar el modo en que tiene intención
         de utilizar cada uno de esos elementos para determinar el nivel de la multa, máxime cuando existe una garantía adicional para
         las empresas en lo que se refiere a la fijación del importe de las multas, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia
         resuelve con competencia jurisdiccional plena y puede suprimir o reducir la multa, en virtud del artículo 17 del Reglamento
         nº 17.
      
      (véase el apartado 369)
      24.   En principio, no puede censurarse el modo de proceder de la Comisión, que consiste, para fijar el importe de las multas, en
         clasificar a los participantes en la práctica colusoria en varias categorías, fijando un importe de partida idéntico para
         las empresas pertenecientes a una misma categoría, aunque equivale a ignorar las diferencias de tamaño entre empresas de una
         misma categoría. En efecto, la Comisión no está obligada a garantizar, al fijar el importe de las multas, que, en el caso
         de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de las multas reflejen
         cualquier diferencia existente entre las empresas de que se trate en cuanto a su volumen de negocios global.
      
      No es menos cierto que dicha clasificación en categorías debe respetar el principio de igualdad de trato y que la determinación
         de los umbrales para cada una de las categorías así definidas debe ser coherente y estar objetivamente justificada.
      
      (véanse los apartados 422 y 423)
      25.   El artículo 15, apartado 2, párrafo último, del Reglamento nº 17 establece que se tome en consideración, para determinar el
         importe de la multa, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta. De esto se deriva que la incidencia de la
         duración de la infracción sobre el importe básico de la multa debe ser, por regla general, significativa. Esto se opone, salvo
         en circunstancias especiales, a un incremento meramente simbólico del importe básico en razón de la duración de la infracción.
         Así, aun cuando un acuerdo contrario a la competencia no se ha puesto en práctica, debe, no obstante, tenerse en cuenta el
         período durante el cual dicho acuerdo existió, es decir, el período transcurrido entre la fecha de la celebración del acuerdo
         y la fecha en la que se le pone fin.
      
      Por lo tanto, el incremento equivalente al 10 % del importe básico por año no puede reservarse a casos excepcionales. En efecto,
         las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento nº 17
         y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA sólo establecen dicho límite para las infracciones de larga duración, mientras
         que, para las de duración media (en general, de uno a cinco años) el límite superior único se fijó en el 50 % del importe
         básico, de modo que no excluye que se supere una tasa de incremento del 10 % por año.
      
      Por otra parte, un incremento de la multa en función de la duración no se limita a la hipótesis de que exista una relación
         directa entre la duración y un mayor perjuicio causado a los objetivos comunitarios que contemplan las normas sobre la competencia.
      
      (véanse los apartados 465 a 467)
      26.   A la hora de determinar el importe de las multas, la Comisión debe atenerse a lo que establecen sus propias Directrices. No
         obstante, en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento
         nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA no se indica que la Comisión deba siempre tomar en consideración por
         separado cada una de las circunstancias atenuantes enumeradas en su punto 3 y dicha institución no está obligada a otorgar
         automáticamente una reducción adicional ya que la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias
         atenuantes debe valorarse con un enfoque global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes.
      
      En efecto, la adopción de dichas Directrices no ha privado de pertinencia a la jurisprudencia según la cual la Comisión dispone
         de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe de las
         multas que piensa imponer, en función sobre todo de las circunstancias del asunto. Así, a falta de indicaciones imperativas
         en las Directrices en lo que atañe a las circunstancias atenuantes que pueden tenerse en cuenta, la Comisión conservó un cierto
         margen para valorar globalmente la importancia de una posible reducción del importe de las multas en atención a circunstancias
         atenuantes.
      
      (véanse los apartados 472 y 473)
      27.   Según el punto 3, primer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del
         artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la «función exclusivamente pasiva o subordinada»
         de una empresa en la comisión de la infracción puede constituir, si se demuestra, una circunstancia atenuante.
      
      A este respecto, entre las circunstancias que pueden revelar el papel pasivo de una empresa en una práctica colusoria cabe
         mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho más esporádica que la de los participantes ordinarios
         en la práctica colusoria.
      
      Sin embargo, cuando una empresa participa, incluso sin desempeñar un papel activo, en una o varias reuniones que tienen un
         objetivo contrario a la competencia, debe considerarse que participa en la práctica colusoria salvo que demuestre que se distanció
         abiertamente de la concertación ilícita. En efecto, con su presencia en las reuniones, la empresa se adhirió o al menos hizo
         creer a los demás participantes que se adhería, en principio, al contenido de los acuerdos contrarios a la competencia que
         en ellas se celebraban.
      
      A este respecto, para valorar el papel pasivo o subordinado de una empresa, no es relevante si ésta se benefició de los acuerdos.
         Por un lado, una empresa subordinada puede también beneficiarse de los efectos de una práctica colusoria. Por otro lado, el
         hecho de no haberse beneficiado de una infracción no puede constituir una circunstancia atenuante, so pena de privar a la
         multa impuesta de su carácter disuasorio.
      
      (véanse los apartados 481, 482, 486 y 489)
      28.   A tenor del punto 3, segundo guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado
         2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la «no aplicación efectiva de los
         acuerdos o prácticas ilícitos» puede constituir una circunstancia atenuante. No obstante, el hecho de que una empresa cuya
         participación en una concertación con sus competidores ha quedado acreditada no haya ajustado su conducta en el mercado a
         la convenida con sus competidores no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta, como circunstancia
         atenuante, para la determinación del importe de la multa correspondiente.
      
      En efecto, una empresa que, pese a la concertación con sus competidores, sigue una política más o menos independiente en el
         mercado puede limitarse a intentar utilizar la práctica colusoria en su provecho, y una empresa que no se distancia de los
         resultados de una reunión a la que asiste mantiene, en principio, su plena responsabilidad derivada de su participación en
         la práctica colusoria. Por tanto, la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante
         por la falta de aplicación de una concertación en el caso de que la empresa que la invoque pueda demostrar que incumplió de
         forma clara y sustancial las obligaciones derivadas de dicha concertación, hasta el punto de alterar el funcionamiento de
         la misma, y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo, incitando así a otras empresas a aplicar la concertación en cuestión.
         En efecto, sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de tener que pagar una fuerte multa si pudiesen beneficiarse
         de una práctica colusoria ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel
         limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más
         perjudicial para la competencia.
      
      (véanse los apartados 490 y 491)
      29.   Según el punto 3, tercer guión, de las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del
         artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA, la «interrupción de las infracciones desde
         las primeras intervenciones de la Comisión (en particular, inspecciones)» se encuentra entre las circunstancias atenuantes.
         No obstante, una reducción de la multa a causa de la interrupción de una infracción desde las primeras intervenciones de la
         Comisión no puede ser automática, sino que depende de una valoración de las circunstancias del caso de autos por la Comisión,
         en el marco de su facultad de apreciación. A este respecto, la aplicación de esta disposición de las Directrices en favor
         de una empresa será particularmente oportuna en el supuesto de que el carácter contrario a la competencia de la conducta en
         cuestión no resulte evidente. Por el contrario, su aplicación será menos oportuna, en principio, en el supuesto de que el
         comportamiento sea claramente contrario a la competencia, suponiendo que haya sido probado.
      
      En efecto, aunque en el pasado la Comisión ha considerado la interrupción voluntaria de una infracción como una circunstancia
         atenuante, puede tener en cuenta, al aplicar sus Directrices, el hecho de que infracciones manifiestas muy graves siguen siendo
         relativamente frecuentes, a pesar de haber sido declaradas ilegales desde los inicios de la política comunitaria de la competencia
         y, por tanto, estimar que se debe abandonar esta práctica generosa y dejar de recompensar la interrupción de dicha infracción
         mediante una reducción de la multa.
      
      En estas circunstancias, el carácter apropiado de una reducción de la multa a causa de la interrupción de la infracción puede
         depender de la cuestión de si las empresas en cuestión podían dudar razonablemente del carácter ilícito de su comportamiento
         y la referencia a la notoriedad pública de la infracción constituye una motivación suficiente de la elección de la Comisión
         de no aplicar una reducción de la multa por dicho motivo.
      
      (véanse los apartados 497 a 499)
      30.   En el contexto de la ampliación de la Unión Europea, la posible licitud de los acuerdos contrarios a la competencia en el
         Derecho nacional no es suficiente por sí misma para dar lugar a una duda razonable acerca del carácter ilícito del comportamiento
         de las empresas que participaron en ellos a la luz del Derecho comunitario. Máxime cuando las empresas en cuestión disponen
         de medios considerables. Corresponde a esas empresas prepararse frente a las consecuencias jurídicas de la adhesión a la Unión
         Europea del Estado miembro en el que están ubicadas y, en particular, informarse en tiempo útil del contenido de las normas
         sobre la competencia del Derecho comunitario (incluso del Derecho del Espacio Económico Europeo) que van a serle aplicables
         así como de las novedades que dichas normas aportarán al Derecho nacional.
      
      Efectivamente, aunque no se excluye que, en ciertas circunstancias, el marco jurídico nacional o el comportamiento de las
         autoridades nacionales puedan constituir circunstancias atenuantes, la aprobación o la tolerancia de la infracción por parte
         de las autoridades nacionales no puede tenerse en consideración a tal efecto cuando las empresas en cuestión disponen de los
         medios necesarios para obtener información jurídica precisa y correcta.
      
      (véanse los apartados 504 y 505)
      31.   Al sancionar una infracción de las normas comunitarias en materia de competencia, la Comisión no está obligada a considerar
         como circunstancia atenuante la mala salud financiera del sector del que se trata y el que la Comisión haya tenido en cuenta,
         en asuntos anteriores, la situación económica del sector como circunstancia atenuante no implica que deba necesariamente continuar
         observando esta práctica. En efecto, por lo general las prácticas colusorias surgen en el momento en que un sector atraviesa
         dificultades.
      
      (véase el apartado 510)
      32.   En materia de competencia, una cooperación en la investigación que no sobrepase el nivel derivado de las obligaciones que
         incumben a las empresas en virtud del artículo 11, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 17 no justifica una reducción de la
         multa. En cambio, dicha reducción está justificada cuando la empresa facilite una información que supere ampliamente a la
         que la Comisión puede exigir que se le aporte en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17.
      
      Para justificar que se reduzca la multa en atención a la cooperación, el comportamiento de la empresa debe haber facilitado
         la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones a las normas comunitarias en materia de competencia
         y demostrar un auténtico espíritu de colaboración.
      
      Por una parte, incumbe pues al Tribunal de Primera Instancia examinar si la Comisión ignoró la medida en que la cooperación
         de las empresas en cuestión superó lo que les era exigible de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento nº 17. A este respecto,
         ejerce un control pleno, atinente, en particular, a los límites que el derecho de defensa de las empresas impone a su obligación
         de responder a las solicitudes de información.
      
      Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia debe comprobar si la Comisión apreció correctamente, a la luz de la Comunicación
         relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas,
         la utilidad de la cooperación para la determinación de la infracción. Dentro de los límites que marca dicha Comunicación,
         la Comisión goza de una facultad de apreciación para valorar si la información o los documentos, voluntariamente aportados
         por las empresas, facilitaron su labor y si procede conceder una reducción a una empresa al amparo de esta Comunicación. Esta
         valoración es objeto de un control jurisdiccional limitado.
      
      No obstante, al ejercer su facultad de apreciación, la Comisión no puede hacer caso omiso del principio de igualdad de trato,
         que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera
         idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado. Este principio se opone a que la Comisión trate de modo diferente
         la cooperación de las empresas afectadas por una misma decisión.
      
      En cambio, el mero hecho de que la Comisión haya concedido cierto porcentaje de reducción por un determinado comportamiento
         en la práctica seguida en sus anteriores decisiones no implica que esté obligada a conceder la misma reducción proporcional
         al valorar un comportamiento similar en un procedimiento administrativo posterior.
      
      En el supuesto de que una solicitud de información al amparo del artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 17 tenga
         por objeto obtener información cuya divulgación puede exigir la Comisión mediante una decisión con arreglo al apartado 5 de
         dicho artículo, sólo puede calificarse de voluntaria la celeridad en la respuesta de la empresa afectada. Incumbe a la Comisión
         valorar si esta celeridad ha facilitado su trabajo de modo que justifique una reducción de la multa y la Comunicación sobre
         la cooperación no obliga a reducir sistemáticamente la multa por esta razón.
      
      Por otra parte, si bien el hecho de reconocer la existencia de una práctica colusoria puede facilitar más el trabajo de la
         Comisión durante la investigación que el mero reconocimiento de los hechos materiales, de modo que la Comisión puede conceder
         un trato diferente a las empresas que hayan admitido los hechos respecto de las que hayan admitido también la existencia de
         una práctica colusoria, la Comisión no está obligada, sin embargo, a realizar dicha distinción. En efecto, le incumbe valorar,
         en cada caso particular, si tal confesión facilitó efectivamente su trabajo. Eso no ocurre con la confesión explícita del
         objetivo contrario a la competencia del comportamiento de reuniones cuya finalidad era concertarse sobre precios o sobre otros
         parámetros de la competencia, puesto que dicho objetivo resulta de su propio objeto.
      
      (véanse los apartados 529 a 534, 536 y 559)
      33.   En el marco de un procedimiento en materia de competencia, la Comisión no puede obligar a una empresa, mediante una solicitud
         de información al amparo del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17, a proporcionar respuestas conducentes a que admita
         la infracción cuya existencia incumbe demostrar a la Comisión. No obstante, para preservar la eficacia del artículo 11, apartados
         2 y 5, del Reglamento nº 17, tiene la potestad de obligar a las empresas a que faciliten toda la información necesaria relacionada
         con hechos de los que puedan tener conocimiento y a que le presenten, si fuera preciso, los documentos correspondientes que
         obren en su poder, aun cuando éstos puedan servir para probar la existencia de una conducta contraria a la competencia. La
         Comisión puede así obligar a las empresas a responder a preguntas meramente fácticas y solicitar que se presenten documentos
         preexistentes.
      
      En cambio, son incompatibles con el derecho de defensa, puesto que pueden obligar a la empresa afectada a confesar su participación
         en una infracción de las normas comunitarias en materia de competencia, las solicitudes en las que se insta a ésta a describir
         el objeto y desarrollo de reuniones en las que participó así como los resultados o conclusiones de las mismas, cuando la institución
         sospecha que el objeto de dichas reuniones puede restringir la competencia.
      
      De esto se deriva que, dado que la Comisión dispone, a raíz de las comprobaciones, de numerosos indicios acerca de la existencia
         de una red de acuerdos organizada a través de numerosas mesas redondas relativas a todos los productos bancarios en un mercado
         determinado, puede exigir legítimamente a los bancos de que se trate, mediante solicitudes de información al amparo del artículo
         11, apartado 5, del Reglamento nº 17, que indicasen las fechas de las reuniones de dichas mesas redondas y sus participantes,
         ya sea de aquéllas respecto de las cuales la Comisión disponía, tras las comprobaciones, de información precisa como su denominación
         y las fechas de determinadas reuniones, o de todas las demás mesas redondas.
      
      (véanse los apartados 539 a 541 y 543)
      34.   El hecho de que una empresa facilite a la Comisión documentos cuya presentación ésta estaba autorizada a exigir con arreglo
         al artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17 no puede calificarse de cooperación voluntaria conforme a la Comunicación
         relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas.
      
      (véase el apartado 544)
      35.   En el marco de un procedimiento en materia de competencia y aunque las empresas en cuestión le hayan suministrado voluntariamente
         información que va más allá de lo que se les había pedido a través de la solicitud de información al amparo del artículo 11,
         apartado 5, del Reglamento nº 17, la Comisión no sobrepasa el margen de apreciación del que goza para valorar, de acuerdo
         con el punto D 2, primer guión, de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en
         los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas, si una cooperación «contribuye a confirmar la existencia de la infracción
         cometida», supeditando la toma en consideración de esta cooperación a que exista un valor añadido, bien de la comunicación
         de «hechos nuevos», bien de las explicaciones que permitan comprender mejor el asunto. En efecto, ni la Comunicación sobre
         la cooperación ni la jurisprudencia sobre la materia obligan a la Comisión a reducir una multa en razón del apoyo práctico
         o logístico a su investigación.
      
      (véanse los apartados 552 y 553)
      36.   En materia de competencia, si bien determinadas irregularidades de procedimiento durante el procedimiento administrativo pueden
         justificar, en ocasiones, una reducción de la multa, aunque no puedan conducir a la anulación de la Decisión impugnada, sólo
         las irregularidades de procedimiento que pueden lesionar seriamente los intereses de la parte que las invoca pueden justificar
         dicha reducción. Tal puede ser el caso, en particular, de las irregularidades que constituyen una violación del Convenio Europeo
         de Derechos Humanos.
      
      (véanse los apartados 568 y 569)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
      de 14 de diciembre de 2006 (*)
      
      «Competencia – Prácticas colusorias – Mercado bancario austriaco – “Club Lombard” – Perjuicio para el comercio entre Estados miembros – Cálculo de las multas»
      En los asuntos acumulados T‑259/02 a T‑264/02 y T‑271/02,
      Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, con domicilio social en Viena, representada por el Sr. S. Völcker, abogado,
      
      parte demandante en el asunto T‑259/02,
      Bank Austria Creditanstalt AG, con domicilio social en Viena, representada por los Sres. C. Zschocke y J. Beninca, abogados,
      
      parte demandante en el asunto T‑260/02,
      Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG,  anteriormente Bank für Arbeit und Wirtschaft AG, con domicilio social en Viena, representada inicialmente por los Sres. H.‑J. Niemeyer
         y M. von Hinden, y posteriormente por el Sr. Niemeyer, abogados, 
      
      parte demandante en el asunto T‑261/02,
      Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG, con domicilio social en Viena, representada por el Sr. H. Wollmann, abogado,
      
      parte demandante en el asunto T‑262/02,
      BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG,  anteriormente Österreichische Postsparkasse AG, con domicilio social en Viena, representada inicialmente por los Sres. H.-J. Niemeyer
         y M. von Hinden, y posteriormente por el Sr. Niemeyer, abogados,
      
      parte demandante en el asunto T‑263/02,
      Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,  con domicilio social en Viena, representada inicialmente por los Sres. W. Kirchhoff, F. Montag G. Bauer y la Sra. A. Wegner,
         y posteriormente por el Sr. Montag y la Sra. Wegner, abogados,
      
      parte demandante en el asunto T‑264/02,
      Österreichische Volksbanken AG, con domicilio social en Viena,
      
      Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG,  con domicilio social en St. Pölten (Austria),
      
      representadas por el Sr. R. Roniger, la Sra. A. Ablasser y los Sres. R. Bierwagen y F. Neumayr, abogados,
      partes demandantes en el asunto T‑271/02,
      contra
      Comisión de las Comunidades Europeas, representada inicialmente por el Sr. S. Rating, y posteriormente por el Sr. A. Bouquet, en calidad de agentes, asistidos
         por el Sr. D. Waelbroeck y la Sra. U. Zinsmeister, abogados,
      
      parte demandada,
      que tiene por objeto, con carácter principal, sendas demandas de anulación total o parcial de la Decisión 2004/138/CE de la
         Comisión, de 11 de junio de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/36.571/D-1
         — Bancos austriacos — «Club Lombard») (DO 2004, L 56, p. 1), y, con carácter subsidiario, sendas demandas de reducción de
         las multas impuestas a las demandantes,
      
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),
      
      integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces;
      Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de octubre de 2005;
      dicta la siguiente
      Sentencia
       Antecedentes del litigio 
       Objeto del litigio
      1       Mediante la Decisión 2004/138/CE de la Comisión, de 11 de junio de 2002, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo
         81 del Tratado CE (Asunto COMP/36.571/D-1 — Bancos austriacos — «Club Lombard») (DO 2004, L 56, p. 1; en lo sucesivo, «Decisión
         impugnada» o «Decisión»), la Comisión declaró la participación de diversas empresas en una serie de acuerdos y prácticas concertadas
         en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1. 
      
      2       En concreto, se trata de los ocho bancos siguientes, que son los destinatarios de la Decisión impugnada:
      –       Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (en lo sucesivo, «Erste»);
      –       Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (en lo sucesivo, «RZB»);
      –       Bank Austria AG, denominado, desde el 13 de agosto de 2002, Bank Austria Creditanstalt AG (en lo sucesivo, «BA‑CA»);
      –       Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (en lo sucesivo, «BAWAG»);
      –       Österreichische Postsparkasse AG (en lo sucesivo, «PSK»);
      –       Österreichische Volksbanken-AG (en lo sucesivo, «ÖVAG»);
      –       Niederösterreichische Landesbank-Hypothekenbank AG (en lo sucesivo, «NÖ‑Hypo»);
      –       Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG (en lo sucesivo, «RLB»).
      3       La Comisión reprocha, fundamentalmente, a los destinatarios de la Decisión impugnada que hayan creado lo que ella denomina
         la «red Lombard», es decir, un conjunto de reuniones periódicas (en lo sucesivo, «mesas redondas»), tan exhaustivas en cuanto
         al fondo como estrechamente vinculadas en cuanto a la forma, en el marco de las cuales concertaban a intervalos regulares
         sus comportamientos en relación con los principales parámetros que afectan a la competencia en el mercado de los productos
         y servicios bancarios en Austria.
      
      4       La Comisión, sobre la base de las comprobaciones fácticas y de las calificaciones jurídicas efectuadas en la Decisión impugnada,
         impuso multas a las empresas implicadas.
      
      5       El objeto de los presentes recursos no es negar los hechos materiales que se mencionan en la Decisión impugnada. Los recursos
         sólo se refieren, en esencia, a determinados aspectos de la calificación jurídica que se hizo de los hechos así como al importe
         de las multas impuestas a las demandantes.
      
       Partes demandantes
      6       En Austria se efectúa una distinción entre los bancos que tienen una estructura en un nivel único y los grupos bancarios que
         presentan una estructura en varios niveles, también llamados «descentralizados». Así, las cajas de ahorro y los bancos populares
         tienen una estructura en dos niveles y las cajas de crédito agrícola (bancos Raiffeisen) una estructura en tres niveles. En
         cada una de esas estructuras en varios niveles (en lo sucesivo, «grupo de las cajas de ahorro», «grupo Raiffeisen» y «grupo
         de los bancos populares» y, conjuntamente designados, «grupos descentralizados»), hay un establecimiento central, denominado
         comúnmente «sociedad de cabecera» (en lo sucesivo, «entidad central» o «sociedad de cabecera») que ejerce funciones de apoyo
         y asistencia para los bancos del grupo. Erste, RZB y ÖVAG son, respectivamente, los establecimientos centrales del grupo de
         las cajas de ahorro, del grupo Raiffeisen y del grupo de los bancos populares. Las complejas relaciones que vinculan a estos
         establecimientos con los otros miembros de la estructura, así como sus derechos y obligaciones recíprocos, se regulan en la
         Bundesgesetz über das Bankwesen (Bankwesengesetz – BWG) [BGBl. 1993, p. 3903 (Ley del sistema bancario), publicada el 30 de
         julio de 1993 y que entró en vigor el 1 de enero de 1994].
      
       Erste (asunto T‑264/02)
      7       Erste es una sociedad anónima que sucedió, en 1993, a una caja de ahorro fundada en Viena en 1819 bajo el nombre de «Erste
         österreichische Spar-Cassa». En los años ochenta, y todavía más a partir de 1990, esta última había extendido sus actividades
         fuera de las fronteras de su mercado original. En un primer momento, la empresa demandante se denominaba «Die Erste Österreichische
         Spar-Casse-Bank AG» (en lo sucesivo, «EÖ»). En mayo de 1997, compró el 53 % de las acciones de GiroCredit Bank der österreichischen
         Sparkassen AG (en lo sucesivo, «GiroCredit»), que asumió el papel de sociedad de cabecera de las cajas de ahorro. Desde 1994
         hasta la compra de las participaciones por la demandante (entonces denominada EÖ), las acciones de GiroCredit estaban en su
         mayoría en poder del grupo Bank Austria.
      
      8       GiroCredit siguió siendo una persona jurídica autónoma y continuó asumiendo el papel de sociedad de cabecera de las cajas
         de ahorro hasta octubre de 1997, fecha en la que GiroCredit y Erste se fusionaron y en la que la denominación social de Erste
         pasó a ser «Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG». Con la fusión de octubre de 1997, Erste asumió la función de
         sociedad de cabecera de las setenta cajas de ahorro que aproximadamente existían en Austria durante el período de que se trata.
         La Decisión impugnada imputó el comportamiento de GiroCredit a Erste.
      
       RZB (asunto T‑259/02)
      9       RZB es la sociedad de cabecera del grupo Raiffeisen, cuyo primer nivel se compone, aproximadamente, de 615 bancos locales
         independientes con sus sucursales. Los ocho bancos regionales (Raiffeisen-Landesbanken) constituyen el segundo nivel. Los
         bancos Raiffeisen locales de un mismo Land son propietarios de su banco regional. RZB, que desempeña las funciones centrales
         de servicios, constituye el tercer nivel. RZB está participada en un 80 % por los bancos regionales.
      
       RLB (asunto T‑262/02)
      10     RLB es uno de los bancos regionales del grupo Raiffeisen. En 1997, absorbió el Raiffeisenbank Wien AG (en lo sucesivo, «RBW»),
         del que era accionista principal. Esta última entidad había participado en las mesas redondas y su infracción se imputó a RLB.
      
       BA-CA (asunto T‑260/02)
      11     BA-CA es una entidad de crédito surgida de la fusión, en septiembre de 1998, de Bank Austria AG (en lo sucesivo, «BA») y Creditanstalt
         AG (en lo sucesivo, «CA»). La denominación social de BA-CA no se modificó hasta el 13 de agosto de 2002, cuando se convirtió
         en «Bank Austria Creditanstalt AG», es decir, con posterioridad a la adopción de la Decisión impugnada pero antes de la interposición
         del recurso. El comportamiento de CA anterior a la fusión se imputó a BA‑CA.
      
       Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG (asunto T‑261/02) y BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse
         AG (asunto T‑263/02)
      
      12     Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG (demandante en el asunto T‑261/02; en lo sucesivo, «AVB») adoptó, tras la reestructuración
         en 2005 del grupo de empresas al que pertenecían BAWAG y PSK, la denominación de BAWAG, la cual transfirió el conjunto de
         sus actividades bancarias a BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG (demandante en el
         asunto T‑263/02; en lo sucesivo, «BAWAG PSK»), con efectos a partir del 1 de octubre de 2005. Hasta esa fecha, BAWAG era una
         entidad de crédito y, desde el mes de diciembre de 2000, el principal accionista de PSK. Este último era una entidad de crédito
         bajo la forma de una sociedad por acciones que sucedió, en 1997, a Österreichische Postsparkasse, persona jurídica de Derecho
         público. PSK tenía una participación mayoritaria en el Bank der Österreichischen Postsparkasse AG (en lo sucesivo, «PSK-B»),
         con el que se fusionó en 1998 y cuyo comportamiento se le imputó en la Decisión impugnada. Hasta la fusión, con efectos a
         partir del 1 de octubre de 2005, de PSK y BAWAG PSK, BAWAG y PSK eran sociedades anónimas y bancos jurídicamente independientes.
         
      
       ÖVAG y NÖ-Hypo (asunto T‑271/02)
      13     ÖVAG es una entidad de crédito austriaca que, en su calidad de banco comercial, presta servicios bancarios a escala regional
         en el mercado austriaco, orientados principalmente hacia las pequeñas y medianas empresas (PME) y los particulares. Desde
         un punto de vista geográfico, su actividad se limita a Viena y su periferia; durante el período contemplado por la Decisión
         impugnada, gestionaba 26 filiales en Viena y 2 filiales en Baja-Austria. Además de su cometido como banco comercial, ÖVAG
         desempeña el papel de sociedad de cabecera de la Federación austriaca de bancos populares. Estas entidades poseen, a través
         de un holding, la mayoría de las acciones de ÖVAG. Por otra parte, ÖVAG tiene participaciones en empresas más pequeñas que
         prestan servicios bancarios y financieros, entre las que se encuentra, en particular, NÖ-Hypo.
      
      14     NÖ-Hypo se fundó en 1888 como entidad regional de crédito hipotecario. Hasta 1992, era una persona jurídica de Derecho público
         dependiente del Land de Baja‑Austria. En septiembre de 1992, se transformó, mediante aportación, en una sociedad por acciones.
         Desde el 1 de enero de 1997, NÖ-Hypo forma parte del grupo ÖVAG. Gestiona 27 sucursales, 20 de las cuales están en Baja-Austria
         y 7 en Viena. NÖ-Hypo ejerce principalmente su actividad en el sector público. Desde un punto de vista geográfico, su actividad
         se limita a los Länder de Baja-Austria y de Viena.
      
       Procedimiento administrativo
      15     La Comisión, al tener conocimiento, en abril de 1997, de un documento que hacía sospechar que existían, en el mercado bancario
         austriaco, acuerdos o prácticas concertadas contrarios al artículo 81 CE, inició el procedimiento formal de examen. El 30
         de junio de 1997, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento nº 17 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento
         de aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE (DO 1962, 13, p. 204; EE 08/01, p. 22), el partido político Freiheitliche Partei
         Österreichs (en lo sucesivo, «FPÖ») denunció a ocho entidades de crédito austriacas sospechosas de haber participado en acuerdos
         y/o prácticas concertadas restrictivos de la competencia. 
      
      16     Los días 23 y 24 de junio de 1998, la Comisión sometió a varios bancos, entre los que figuran la mayoría de los destinatarios
         de la Decisión impugnada, a inspecciones por sorpresa. El 21 de septiembre de 1998, de acuerdo con el artículo 11, apartado
         2, del Reglamento nº 17, la Comisión envió una solicitud de información a numerosas entidades de crédito bajo sospecha de
         haber participado en esos acuerdos o prácticas.
      
      17     Inmediatamente después de recibir la solicitud de información, los principales bancos afectados ofrecieron a la Comisión su
         «cooperación» para examinar el asunto, hasta el punto de proponer una exposición de hechos «por propia iniciativa» (en lugar
         de responder a la solicitud de información) y renunciar a una audiencia, a cambio de que la Dirección General de Competencia
         de la Comisión anulase su solicitud de información e impusiese solamente una sanción administrativa «moderada». La Comisión,
         si bien saludó la prontitud de los bancos en ofrecer su cooperación, rechazó cualquier acuerdo sobre este tema. 
      
      18     Entonces todos los destinatarios respondieron a la solicitud de información. En esta ocasión, no obstante, algunos afirmaron
         que no estaban obligados a responder a la mayor parte de las cuestiones planteadas y que podían ofrecer tales respuestas y
         transmitir los documentos correspondientes, voluntariamente, en el marco de la «cooperación» previamente mencionada. La Comisión
         rechazó este punto de vista jurídico por no pertinente.
      
      19     Poco después, los principales bancos afectados, entre los que se encuentran las demandantes, excepto RLB, enviaron a la Comisión
         un documento de 132 páginas, titulado «Exposición común de los hechos», en el que describían con detalle el contexto histórico
         de su acuerdo y resumían brevemente, efectuando su valoración del contenido de sus mesas redondas, tal como se desprendía
         de los documentos incautados y de los que se les habían reclamado. Junto con esto, entregaron dieciséis clasificadores que
         contenían documentos clasificados por mesa redonda, acompañados de índices detallados. Para poder calibrar el posible valor
         añadido de los documentos enviados con la exposición común de los hechos, la Comisión pidió a los bancos que le indicasen
         si algunos de esos documentos eran todavía desconocidos para ella y, en su caso, cuáles. Sus interlocutores no consideraron
         posible ni necesario acceder a esta petición.
      
      20     El 13 de septiembre de 1999, la Comisión envió a ocho bancos el pliego de cargos adoptado el 11 de septiembre de 1999. Una
         vez que éstos tuvieron acceso al expediente y que presentaron observaciones escritas, tuvo lugar una audiencia los días 18
         y 19 de enero de 2000. El 22 de noviembre de 2000, la Comisión remitió a los bancos un pliego de cargos complementario. Las
         empresas afectadas tuvieron de nuevo acceso al expediente y presentaron a la Comisión nuevas observaciones escritas, después
         de lo cual se celebró una segunda audiencia el 27 de febrero de 2001.
      
      21     El 11 de junio de 2002, la Comisión adoptó la Decisión impugnada.
       Decisión impugnada
       Generalidades
      22     En el artículo 1 de la Decisión impugnada, la Comisión manifiesta que los ocho bancos a los que se dirige esta Decisión cometieron
         una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, al participar en acuerdos y prácticas concertadas sobre precios, comisiones
         bancarias y otros parámetros de la competencia con objeto, del 1 de enero de 1995 al 24 de julio de 1998, de limitar la competencia
         en el mercado de los productos y servicios bancarios en Austria.
      
      23     El artículo 2 de la Decisión impugnada obliga a las empresas mencionadas en el artículo 1 a poner fin sin demora a la infracción
         en cuestión, en el caso de que aún no lo hubieran hecho, y a abstenerse en el futuro de toda acción o práctica que tenga un
         objeto o efecto similar a los de la presente infracción.
      
      24     El artículo 3 de la Decisión impugnada impone a los destinatarios de ésta las multas siguientes:
      –       Erste: 37,69 millones de euros;
      –       RZB: 30,38 millones de euros;
      –       BA-CA: 30,38 millones de euros;
      –       BAWAG: 7,59 millones de euros;
      –       PSK: 7,59 millones de euros;
      –       ÖVAG: 7,59 millones de euros;
      –       NÖ-Hypo: 1,52 millones de euros;
      –       RLB: 1,52 millones de euros.
       Comprobaciones acerca del contexto de la práctica colusoria, las diferentes mesas redondas, sus relaciones y el papel de las
         sociedades de cabecera
      
      25     La Decisión impugnada declara que en Austria los acuerdos entre bancos, en particular, sobre los tipos de interés y las comisiones,
         forman parte de una antigua tradición, parcialmente fundada, hasta los años ochenta, en una base legal que, sin embargo, fue
         derogada, como muy tarde el 1 de enero de 1994, cuando la República de Austria se adhirió al Espacio Económico Europeo (EEE)
         y entró en vigor la BWG.
      
      26     Las entidades de crédito continuaron celebrando acuerdos, en el marco de la red constituida, en particular sobre los tipos
         deudores y de depósito.
      
      27     La Decisión impugnada indica, en su título 5, que los acuerdos celebrados eran de contenido muy completo, institucionalizados
         en gran parte y estrechamente correlacionados, y que cubrían el conjunto del territorio austriaco. Cada producto bancario
         era objeto de una mesa redonda específica, en la que participaban los responsables competentes del segundo o tercer nivel
         jerárquico de los bancos en cuestión. En la práctica esta compartimentación teórica no se respetaba estrictamente: de vez
         en cuando, cuestiones conexas dependientes de distintas mesas redondas eran reguladas por una misma y única instancia. Por
         último, estas distintas mesas redondas formaban parte integrante de un conjunto orgánico. 
      
      28     La instancia suprema (denominada «club Lombard»), reunía a los representantes de la dirección de los principales bancos austriacos
         una vez al mes, excepto en agosto. Además de los temas de interés general, neutros desde el punto de vista de la competencia,
         esta instancia trataba de la modificación de los tipos de interés, de las medidas en materia de publicidad, etc. En algunas
         de estas reuniones participaban representantes del Banco Nacional de Austria (en lo sucesivo, «OeNB»). 
      
      29     A nivel directamente inferior se celebraban las mesas redondas técnicas, vinculadas a productos específicos. Las más importantes
         eran las dedicadas a operaciones activas, es decir, a los créditos, y las dedicadas a las operaciones pasivas, es decir, al
         ahorro; como su nombre indica, tenían por objeto fijar las condiciones (es decir, los tipos de interés) del crédito y del
         ahorro y se reunían separada o conjuntamente. Entre el «club Lombard» y estas mesas redondas el intercambio de información
         era especialmente intenso. 
      
      30      Una serie de mesas redondas regionales, numerosas y diversificadas, se reunían regularmente en todos los Länder austriacos.
         En algunos Länder incluso se reproducía la estructura jerárquica del «club Lombard» y de las mesas técnicas. 
      
      31     Durante las mesas redondas federales sobre operaciones activas y/o pasivas, representantes de los establecimientos vieneses
         se entrevistaban con sus homólogos regionales esencialmente con vistas, principalmente, a extender sus decisiones al conjunto
         del territorio austriaco. 
      
      32     Por otra parte existían algunas mesas redondas especializadas consagradas a las operaciones efectuadas con empresas, con particulares
         del sector de las «profesiones liberales», al crédito hipotecario y a la construcción (denominadas respectivamente «Minilombard»,
         «mesa redonda grandes clientes», «mesa redonda “profesiones liberales”», «crédito hipotecario» y «mesa redonda de bancos de
         crédito a la construcción sobre operaciones pasivas»). 
      
      33     Por último, una serie de otras mesas redondas se reunían regularmente para analizar temas relacionados con la competencia:
         la mesa redonda de directores financieros (Treasurerrunde) trataba de los créditos al Estado federal y de cuestiones relativas
         a los tipos; las distintas mesas redondas sobre las operaciones de pago (en particular, la mesa redonda que lleva esta denominación,
         la mesa redonda «extranjero» y el comité organizativo de asociaciones austriacas de entidades de crédito u Organisationskomitee
         der österreichischen Kreditinstitutsverbände), de las comisiones y gastos correspondientes a estas operaciones; el club «Exportación»
         (Exportklub) de financiación de exportaciones y la mesa redonda sobre títulos (Bankenrunde Wertpapiere) sobre gastos mínimos,
         comisiones y tipos aplicables a estos productos. 
      
      34     En el conjunto de estas mesas redondas especializadas destacaba la de controladores de gestión (Controllerrunde), que reagrupaba
         a los representantes de los servicios competentes de los principales bancos austriacos. En ella se definían las bases de cálculo
         uniformes y se elaboraban las propuestas comunes con el fin de mejorar los beneficios. De esta forma los bancos reforzaban
         la transparencia interbancaria en términos de cálculo y costes. 
      
      35     Entre todas estas mesas redondas, que tenían por objeto esencial las condiciones del crédito y ahorro y las comisiones bancarias,
         tenía lugar un intercambio de información regular. A menudo ocurría que las consultas iniciadas en una instancia se posponían
         hasta que pudiera lograrse un acuerdo en otra. Por último, la supremacía del «club Lombard» tenía por efecto que, en caso
         de controversia, se esperaba su arbitraje. 
      
      36     Con vistas a la aplicación, en todo el territorio austriaco, de los acuerdos celebrados en las mesas redondas vienesas (o
         la adaptación a estos acuerdos), también se transmitía información regularmente a las mesas de los Länder o, a la inversa,
         éstas la transmitían a las mesas centrales con sede en la capital. De vez en cuando las instancias regionales enviaban representantes
         a las mesas redondas federales sobre operaciones activas y/o pasivas. 
      
      37     La Comisión, en la Decisión impugnada, declara que, durante el período comprendido en la investigación (a saber, del 1 de
         enero de 1994 a finales de junio de 1998), al menos tuvieron lugar 300 reuniones sólo en Viena, sin contar las múltiples mesas
         redondas regionales. En relación con el número de días laborables, esta cifra significa que, sólo en la capital, se celebraba
         una reunión aproximadamente cada cuatro días. Destaca que, aun fuera de esta red institucionalizada, los representantes de
         las entidades interesadas mantenían numerosos contactos –a veces al más alto nivel– sobre tipos de interés y comisiones.
      
      38     La Comisión subraya el papel particular que desempeñan en la «red Lombard» las sociedades de cabecera en cuanto a la coordinación
         y representación de sus respectivos grupos, a saber, en lo que concierne a Erste (anteriormente GiroCredit), el grupo de las
         cajas de ahorro, en lo que afecta a RZB, el grupo Raiffeisen y, en lo que atañe a ÖVAG, el grupo de los bancos populares.
         A su juicio, este papel servía directamente al buen funcionamiento de la «red Lombard». Por una parte, las sociedades de cabecera
         organizaban los intercambios mutuos de información entre Viena y los Länder dentro de los grupos; por otra parte, defendían
         los intereses de su propio grupo frente a los otros grupos miembros del cártel. Según la Comisión, los demás participantes
         las consideraban las representantes de estos grupos. Por tanto, los acuerdos celebrados no eran adoptados solamente entre
         estas entidades sino que vinculaban también a los grupos. 
      
      39     A continuación la Comisión expone detalladamente, en los títulos 6 a 12 de la Decisión impugnada, cómo este conjunto institucionalizado
         y estrechamente vinculado de mesas redondas, tan diferentes en la forma cuanto extensas en el fondo, permitía a las entidades
         miembros concertar periódicamente su comportamiento en el mercado, en especial en lo que concierne a los tipos de interés
         y a las comisiones bancarias.
      
       Examen de las alegaciones de los bancos y calificación jurídica
      40     Después de destacar que los bancos afectados no negaban los hechos comprobados por la Comisión en cuanto al desarrollo y al
         contenido de las mesas redondas, esta institución distingue, en el título 13 de la Decisión impugnada, por una parte, las
         alegaciones efectuadas por los bancos en lo que se refiere a los aspectos específicamente históricos, societarios, económicos
         y sociales del acuerdo y, por otra parte, la tesis de éstos, avalada por un peritaje económico elaborado por el Profesor von
         Weizsäcker, según el cual los acuerdos no tuvieron influencia sobre el mercado bancario austriaco. 
      
      41     El título 14 de la Decisión impugnada está consagrado a la valoración jurídica de la práctica colusoria. La Comisión rechaza,
         de entrada, la tesis de los bancos de que el contexto económico particular en el cual opera el sector bancario se opone a
         la aplicación ilimitada del Derecho de la competencia a dicho sector. 
      
      42     Al haber negado los bancos la competencia de la Comisión para perseguir una infracción del artículo 53 del Acuerdo sobre el
         EEE (en lo sucesivo, «Acuerdo EEE») cometida en 1994, esta institución, aun afirmando que este punto de vista es contrario
         al efecto útil del Acuerdo EEE, renunció a declarar la existencia de una infracción al artículo 53 del Acuerdo EEE para el
         año en cuestión.
      
      43     La Comisión califica los hechos comprobados como infracción compleja de larga duración que incluye tanto acuerdos como prácticas
         concertadas. Subraya que las empresas de que se trata buscaban limitar la competencia y expone, además, que las prácticas
         concertadas tuvieron efectos reales en el mercado bancario austriaco pese a que los compromisos adquiridos no siempre fueron
         respetados por los bancos. 
      
      44     Dentro de este título, los considerandos 438 a 469 de la Decisión impugnada se dedican a exponer las repercusiones de las
         prácticas constatadas sobre los intercambios entre Estados miembros.
      
      45     En lo que respecta al hecho de que la Decisión impugnada se dirige solamente a una parte de los numerosos bancos que participaron
         en las prácticas en cuestión, la Comisión destaca que se eligió a los bancos destinatarios de la Decisión impugnada en razón
         de la frecuencia de su participación en las principales mesas redondas y que, además, con excepción de NÖ-Hypo y RLB, desempeñan
         un papel importante en el mercado bancario austriaco debido a su tamaño.
      
      46     En lo que atañe, por último, a la duración de la infracción, la Decisión impugnada indica que las prácticas en litigio entran,
         a partir del 1 de enero de 1995, en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, y que la Comisión estimó que ya
         no había habido ninguna mesa redonda después de las comprobaciones del mes de junio de 1998 por lo que la infracción había
         cesado entonces.
      
       Orden conminatoria de poner fin a la infracción y cálculo de las multas
      47     El título 16 de la Decisión impugnada trata de las «medidas correctivas» adoptadas por la Comisión.
      48     Por una parte, la Comisión exige a las empresas afectadas que pongan fin a la infracción, con arreglo al artículo 3 del Reglamento nº 17.
      49     Por otra parte, en relación con las multas impuestas, la Comisión destaca en primer lugar que la infracción se cometió deliberadamente.
      50     El importe de las multas impuestas a los destinatarios de la Decisión impugnada (véase el precedente apartado 24) se calculó
         con arreglo a la metodología expuesta en las Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado
         2 del artículo 15 del Reglamento nº 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO 1998, C 9, p. 3; en lo sucesivo,
         «Directrices») así como a la Comunicación de la Comisión relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe
         en los asuntos relacionados con acuerdos entre empresas (DO 1996, C 207, p. 4; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la cooperación»).
      
      51     A este respecto, la Comisión califica las reuniones de bancos como «infracción muy grave» del artículo 81 CE, sin que el tamaño
         relativamente pequeño del mercado geográfico afectado modifique esta valoración. A continuación, distribuye a los participantes
         en los acuerdos, en función de sus respectivas cuotas de mercado, en cinco categorías. De este modo, imputa a las sociedades
         de cabecera las cuotas de mercado de los bancos del grupo a cuya cabeza se encuentran. A modo de ejemplo, las cuotas de mercado
         del conjunto de los bancos Raiffeisen se atribuyeron a RZB que, por tanto, fue clasificada en la primera de las cinco categorías,
         para la cual se fijó un importe básico de la multa de 25 millones de euros.
      
      52     La Comisión tiene en cuenta, para determinar la duración de la infracción, el período que va del 1 de enero de 1995 hasta
         el final del mes de junio de 1998. A la vista de esta duración, incrementó el importe básico en un 35 %.
      
      53     La Comisión no aplica circunstancias atenuantes a ningún banco; estima, en particular, que el reparto de papeles en el seno
         de las reuniones de bancos no es un elemento pertinente a estos efectos.
      
      54     Por último, la Comisión concede a los destinatarios de la Decisión impugnada una reducción de la multa del 10 %, por «no contestación»
         de los hechos, en aplicación de la Comunicación sobre la cooperación. 
      
       Procedimiento y pretensiones de las partes
      55     Mediante demandas separadas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de agosto y el 2 de septiembre
         de 2002, las empresas destinatarias de la Decisión impugnada interpusieron el presente recurso.
      
      56     Tras oír a las partes a este respecto, el Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia decidió, mediante
         auto de 12 de septiembre de 2005, acumular los siete asuntos a los efectos de la fase oral y de la sentencia, de conformidad
         con el artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
      
      57     Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió abrir la fase oral del procedimiento
         y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento,
         instó a las partes a que presentasen determinados documentos y les formuló preguntas. Las partes dieron cumplimiento a estas
         solicitudes dentro del plazo señalado.
      
      58     La Comisión solicitó el tratamiento confidencial de ciertos datos que figuran en los documentos que había presentado, respecto
         de las partes demandantes distintas de BA-CA, por tratarse de secretos comerciales de ésta última, y presentó versiones no
         confidenciales de los documentos afectados. Puesto que los datos confidenciales no eran pertinentes para el examen de los
         motivos de BA-CA, sino que se relacionaban con los motivos alegados por otras demandantes, el Tribunal de Primera Instancia
         decidió no incorporar al expediente más que las versiones no confidenciales de los documentos en cuestión, sin que los datos
         confidenciales pudiesen ser tomados en consideración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67, apartado 3, del Reglamento
         de Procedimiento.
      
      59     En la vista de 11 de octubre de 2005, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas
         por el Tribunal de Primera Instancia. Al responder a una pregunta de éste Tribunal, Erste presentó documentos relativos a
         su cuota de mercado. Dado que las otras partes manifestaron por escrito su posición respecto de estos documentos, la fase
         oral del procedimiento se terminó el 7 de noviembre de 2005.
      
      60     RZB (demandante en el asunto T‑259/02) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada en la medida en que le concierne.
      –       Con carácter subsidiario, reduzca la multa que le fue impuesta.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      61     BA-CA (demandante en el asunto T‑260/02) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada en la medida en que le concierne.
      –       Con carácter subsidiario, reduzca de forma apropiada la multa que le fue impuesta.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      62     AVB (demandante en el asunto T‑261/02, anteriormente BAWAG) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule los artículos 1 a 3 de la Decisión impugnada en la medida en que afectan a BAWAG.
      –       Con carácter subsidiario, reduzca la multa que le fue impuesta a BAWAG a un importe equitativo.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      63     RLB (demandante en el asunto T‑262/02) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada.
      –       Con carácter subsidiario, anule los artículos 3 y 4 de la Decisión impugnada en la medida en que le afectan.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      64     BAWAG PSK (demandante en el asunto T‑263/02, anteriormente PSK) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule los artículos 1 a 3 de la Decisión impugnada en la medida en que afectan a PSK.
      –       Con carácter subsidiario, reduzca la multa impuesta a PSK a un importe apropiado.
      –       Condene en costas a la Comisión.
      65     Erste (demandante en el asunto T‑264/02) solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule la Decisión impugnada en la medida en que le concierne.
      –       Con carácter subsidiario, reduzca la multa que le fue impuesta.
      –       Con carácter más subsidiario, reduzca dicha multa y fije un importe apropiado.
      –       Condene en costas a la Comisión. 
      66     ÖVAG et NÖ-Hypo (demandantes en el asunto T‑271/02) solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada en la medida en que les afecta.
      –       Anule el artículo 2, primera frase, de la misma Decisión, en la medida en que les afecta.
      –       Anule el artículo 3 de la Decisión, en la medida en que les afecta o, con carácter subsidiario, reduzca la multa que les fue
         impuesta en virtud de este artículo.
      
      –       Con carácter subsidiario de la primera pretensión, anule las decisiones de admitir al FPÖ como parte denunciante y de enviarle
         los pliegos de cargos.
      
      –       Condenar en costas a la Comisión.
      67     En el asunto T‑259/02, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime el recurso.
      –       Aumente el importe de la multa impuesta a RZB y lo fije en 33,75 millones de euros.
      –       Condene en costas a la parte demandante.
      68     En los asuntos T‑260/02 a T‑264/02 y T‑271/02, la Comisión solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
      –       Desestime los recursos.
      –       Condene en costas a las partes demandantes.
       Sobre la incidencia de la reestructuración que afecta a BAWAG (asunto T‑261/02) y a PSK (asunto T‑263/02)
      69     Mediante escrito de 16 de enero de 2006, el abogado de BAWAG y PSK informó al Tribunal de Primera Instancia de que, en el
         marco de una reestructuración del grupo de empresas del que ambas entidades de crédito forman parte, BAWAG PSK pasaba a ser,
         en lo sucesivo, la sucesora de las dos demandantes en los asuntos T‑261/02 y T‑263/02. 
      
      70     Se desprende de los documentos anexos a este escrito, por una parte, que BAWAG transfirió sus actividades bancarias a BAWAG
         PSK y que cambió de nombre, para convertirse en AVB, y, por otra parte, que PSK se fusionó con BAWAG PSK. En su escrito de
         16 de enero de 2006, el abogado de BAWAG y PSK afirmó que BAWAG PSK es la única sucesora de BAWAG en relación con las actividades
         bancarias de ésta última.
      
      71     Los órganos jurisdiccionales comunitarios pueden, ciertamente, tomar nota del cambio de nombre de alguna de las partes del
         procedimiento. Además, la acción de anulación ejercitada por el destinatario de un acto puede seguir siendo ejercitada por
         el sucesor a título universal del mismo, principalmente en caso de fallecimiento de una persona física o en caso de extinción
         de una persona jurídica con transmisión de todos sus derechos y obligaciones a un nuevo titular (véanse, en este sentido,
         las sentencias del Tribunal de Justicia de 20 de octubre de 1983, Gutmann/Comisión, 92/82, Rec. p. 3127, apartado 2, y de
         23 de abril de 1986, Les Verts/Parlamento, 294/83, Rec. p. 1339, apartados 13 a 18). Procede hacer constar que, en una situación
         de esta índole, el sucesor a título universal sustituye necesariamente de pleno derecho a su predecesor como destinatario
         del acto impugnado.
      
      72     En cambio, en un recurso de anulación basado en el artículo 230 CE, el juez comunitario no es competente para modificar la
         decisión de una institución comunitaria reemplazando a su destinatario por otra persona física o jurídica cuando el destinatario
         todavía existe, y ello ni siquiera en ejercicio de la competencia jurisdiccional plena que le confiere el artículo 229 CE.
         Dicha competencia corresponde únicamente a la institución que adoptó la decisión de que se trate. Así, una vez que la institución
         competente ha adoptado una decisión y determinado, por tanto, la identidad de la persona a la que va dirigida, no corresponde
         al Tribunal de Primera Instancia reemplazar a esta persona por otra (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de
         Primera Instancia de 8 de julio de 2004, JFE Engineering y otros/Comisión, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 y T‑78/00, Rec. p. II‑2501,
         apartado 47).
      
      73     A continuación procede señalar que el recurso interpuesto por una persona en su condición de destinatario de un acto, a fin
         de defender sus derechos mediante una pretensión de anulación del acto basada en el artículo 230 CE y/o mediante una pretensión
         de modificación del mismo basada en el artículo 229 CE, no puede ser transmitido a un tercero que no es destinatario del acto.
         En efecto, si se admitiera dicha transmisión, existiría una discordancia entre la legitimación invocada para interponer el
         recurso y la invocada para continuar ejercitando la acción. Además, dicha transmisión provocaría una discordancia entre la
         identidad del destinatario del acto y la de la persona que comparece en juicio como destinatario del acto (sentencia JFE Engineering
         y otros/Comisión, citada en el apartado 72 supra, apartado 48).
      
      74     Procede, pues, tomar en consideración el cambio de nombre de BAWAG por AVB así como que, debido a la fusión mencionada más
         arriba, BAWAG PSK se convirtió en sucesora de PSK. En cambio, no procede sustituir a AVB por BAWAG PSK en el asunto T‑261/02,
         independientemente de los efectos que tenga en Derecho austriaco la reestructuración efectuada. Por tanto, BAWAG (denominada
         en adelante AVB) sigue siendo la parte demandante en el asunto T‑261/02, en tanto que BAWAG PSK se ha convertido, de pleno
         derecho, en demandante en el asunto T‑263/02.
      
      75     Dado que la Decisión impugnada se dirigió a BAWAG y PSK y que éstas presentaron sus alegaciones escritas y orales al Tribunal
         de Primera Instancia bajo sus anteriores denominaciones, éstas se utilizarán, en lo sucesivo, para designar a las demandantes
         en la presente sentencia.
      
       Fundamentos de Derecho
       Sobre las pretensiones de anulación total de la Decisión impugnada 
       Sobre los motivos basados en vicios sustanciales de forma
      –       Sobre el informe final del consejero auditor (asuntos T‑260/02, T‑261/02 y T‑263/02)
      –       Alegaciones de las demandantes
      76     BA-CA, BAWAG y PSK destacan que el ejemplar del informe final del consejero auditor enviado a las demandantes como establece
         el artículo 16, apartado 3, de la Decisión de la Comisión 2001/462/CE, CECA, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de
         los consejeros auditores en determinados procedimientos de competencia (DO L 162, p. 21), (en lo sucesivo, «mandato»), no
         contiene firma alguna. Consideran que se trata de un vicio sustancial de forma que justifica que se anule la Decisión impugnada.
      
      77     BAWAG y PSK (asuntos T‑261/02 y T‑263/02) afirman que la incertidumbre sobre si el ejemplar del informe final que se les envió
         constituía la versión definitiva del mismo menoscabó sus posibilidades de defenderse adecuadamente contra la Decisión impugnada.
      
      78     BA-CA (asunto T‑260/02) manifiesta que la adopción de la Decisión impugnada por la Comisión es irregular porque el informe
         final del consejero auditor no se autentificó. Además, la inscripción «proyecto», que figura en las copias presentadas al
         Comité consultivo y al colegio de la Comisión, puede haber influido en la valoración del informe por dichos órganos y, por
         ende, en el resultado del procedimiento administrativo. Por añadidura, sospecha que el informe final sólo se presentó al colegio
         de la Comisión en alemán, lo que constituye una vulneración del artículo 6, párrafo cuarto, del Reglamento interno de la Comisión
         de 29 de noviembre de 2000 (DO L 308, p. 26; en lo sucesivo, «Reglamento interno»). Solicita al Tribunal de Primera Instancia
         que adopte una diligencia de ordenación del procedimiento para permitirle un acceso completo al expediente de la Comisión.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      79     El artículo 15, párrafo primero, del mandato dispone:
      «Sobre la base del proyecto de Decisión que haya de someterse al Comité consultivo en el asunto de que se trate, el consejero
         auditor preparará un informe final escrito sobre el respeto del derecho a ser oído tal como se contempla en el apartado 1
         del artículo 13. Este informe considerará también si el proyecto de decisión recoge más que los cargos respecto de los cuales
         se haya brindado a las partes la oportunidad de exponer su punto de vista y, en su caso, a la objetividad de cualquier investigación
         en el sentido del artículo 14.»
      
      80     Según el artículo 16 del mandato:
      «1.      El informe final del consejero auditor se adjuntará al proyecto de Decisión presentado a la Comisión con objeto de garantizar
         que la Comisión, a la hora de adoptar una Decisión sobre un asunto determinado, tenga pleno conocimiento de toda la información
         pertinente en lo relativo al desarrollo del procedimiento y al derecho a ser oído.
      
      2.      El informe final podrá ser modificado por el consejero auditor a la luz de las modificaciones que se hayan introducido en
         el proyecto de decisión hasta el momento en que dicha decisión sea adoptada por la Comisión.
      
      3.      La Comisión comunicará el informe final del consejero auditor, junto con su Decisión, a los destinatarios de esta última.
         Publicará el informe final del consejero auditor en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas junto con su Decisión, teniendo en cuenta los legítimos intereses de las empresas en lo relativo a la protección de sus secretos
         comerciales.»
      
      81     En lo que atañe, en primer lugar, a la alegación de que el informe final no está firmado, se debe destacar que la Comisión
         presentó, en anexo a los escritos de contestación a la demanda, tres copias de dicho informe (en alemán), a saber:
      
      –       la enviada a los destinatarios de la Decisión impugnada;
      –       la enviada al Comité consultivo;
      –       la enviada al colegio de la Comisión,
      cuyo texto es idéntico, aunque sólo la segunda lleva una firma. Además, las dos últimas copias llevan las menciones «Entwurf»
         (proyecto) e «Intern» (interno).
      
      82     De esos documentos se desprende que el consejero auditor estampó su firma sobre un ejemplar, al menos, del informe final,
         lo que demuestra que el texto es definitivo y que se trata del texto que el consejero auditor pretendía enviar a las autoridades
         competentes. En estas circunstancias, el que otros ejemplares de ese informe, idénticos a la versión firmada (con excepción
         de la supresión, en ciertos casos, de la mención «proyecto»), se enviaran a sus destinatarios sin estampar en ellos una firma
         no puede calificarse como vicio sustancial de forma capaz de justificar la anulación de la Decisión impugnada.
      
      83     La alegación de BAWAG y PSK de que la falta de firma en la copia del informe final que se les envió junto con la notificación
         de la Decisión impugnada vulneró su derecho de defensa al dificultar la elaboración de su defensa contra dicha Decisión, es
         inoperante. En efecto, esta falta de firma no puede haber vulnerado el derecho de defensa de las demandantes durante el procedimiento
         administrativo. En la medida en que la alegación de éstas pretende sostener que la falta de firma pudo provocar dudas en cuanto
         al carácter definitivo o no de dicho informe haciendo más hipotética la crítica del mismo y, por tanto, su defensa ante el
         Tribunal de Primera Instancia, ha de señalarse que dichas dudas pudieron despejarse mediante las diligencias de ordenación
         del procedimiento y que el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento autoriza a las partes a defender sus derechos
         a la vista del resultado de tales diligencias presentando, en su caso, nuevos motivos.
      
      84     En segundo lugar, hay que descartar la alegación formulada por BA-CA de una vulneración de la supuesta obligación de autentificar
         el informe final del consejero auditor. En efecto, este informe no forma parte de los actos que revisten alguna de las formas
         previstas en el artículo 14 CECA, en el artículo 249 CE y en el artículo 161 CEEA, cuya autentificación se requiere conforme
         al artículo 18, párrafo quinto, del Reglamento interno.
      
      85     Por lo que respecta, en tercer lugar, a la mención «proyecto» que figura en los ejemplares del informe final presentado al
         Comité consultivo y al colegio de la Comisión, se debe recordar que el artículo 16, apartado 2, del mandato establece que
         el informe final podrá ser modificado por el consejero auditor a la luz de las modificaciones que se hayan introducido en
         el proyecto de decisión hasta el momento en que dicha decisión sea adoptada. Por tanto, no es ilegal que la mención «proyecto»
         figure en el informe en el momento de su envío a los órganos competentes. El hecho de que ese «proyecto» no sea sustituido
         por una versión definitiva cuando no se modifica no puede hacer ilegal la decisión adoptada sobre la base del mismo. En efecto,
         no se puede suponer que los miembros de la Comisión, encargados de adoptar una decisión de imponer multas, descuidaran la
         obligación de tomar en consideración el informe final del consejero auditor, establecida en el artículo 16, apartado 1, del
         mandato, debido a que en dicho informe figura la mención «proyecto».
      
      86     En cuarto lugar, se debe declarar que no es fundada la sospecha que expresa BA-CA, quien manifiesta que duda que el informe
         final se haya presentado a los órganos competentes en todos los idiomas requeridos. A este respecto, el artículo 6, párrafo
         cuarto, del Reglamento interno dispone:
      
      «El orden del día y los documentos de trabajo necesarios deberán comunicarse a los miembros de la Comisión dentro de los plazos
         y en las lenguas de trabajo fijados por ésta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.»
      
      87     Es sabido que los documentos de trabajo de la Comisión se presentan, con carácter general, en alemán, inglés y francés.
      88     Pues bien, la Comisión presentó, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, las versiones en alemán,
         inglés y francés del informe final, acompañadas de notas procedentes de la Secretaría General de la Comisión, fechadas el
         4 de junio de 2002, que prueban el envío de esas versiones a los miembros de la Comisión. Por consiguiente, la alegación de
         BA-CA incurre en error de hecho.
      
      89     Procede desestimar también la solicitud de BA-CA de que se le facilite un acceso completo al expediente administrativo de
         la Comisión. En efecto, se deriva de cuanto precede que esta medida no es necesaria para permitir al demandante comprobar
         si el informe final del consejero auditor se presentó efectivamente en las versiones lingüísticas necesarias. Por lo demás,
         BA-CA no precisó en el marco de qué otros motivos expuestos por ella puede resultar necesaria la presentación del expediente
         administrativo de la Comisión.
      
      90     Se desprende de ello que procede desestimar las alegaciones relacionadas con el informe final del consejero auditor, presentadas
         por BA‑CA, BAWAG y PSK.
      
      –       Sobre la posición otorgada al partido político FPÖ durante el procedimiento administrativo (asuntos T‑260/02 y T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      91     BA-CA, ÖVAG y NÖ-Hypo reprochan a la Comisión haber cometido irregularidades, por una parte, al admitir al FPÖ en calidad
         de denunciante al amparo del artículo 3 del Reglamento nº 17 y, por otra parte, al enviar versiones no confidenciales de los
         pliegos de cargos a este partido político. Manifiestan que tales decisiones vulneran los artículos 3 y 20 del Reglamento nº 17
         y su derecho de defensa, en primer lugar, porque la solicitud del FPÖ, al haberse presentado después de la incoación del procedimiento
         por la Comisión, no está en el origen del mismo, en segundo lugar, porque el FPÖ no puede invocar un interés legítimo a presentar
         una solicitud al amparo del artículo 3 del Reglamento nº 17, ya que su condición de cliente bancario es insuficiente para
         ello, en tercer lugar, porque las audiencias ya habían tenido lugar en el momento de adoptarse esas dos decisiones y, en cuarto
         lugar, porque la Comisión no obtuvo el compromiso del FPÖ de respetar las obligaciones de un denunciante. Según estos demandantes,
         la consecuencia de estas irregularidades debe ser la anulación de la Decisión impugnada.
      
      92     Además, BA-CA imputa a la Comisión haber vulnerado su derecho de defensa al no comunicarle –a pesar de diversas solicitudes
         en este sentido– una decisión impugnable en justicia y al privarle, por ello, de la posibilidad de interponer un recurso contra
         el envío de los pliegos de cargos. Junto con esto, manifiesta que la Comisión infringió el Tratado CE al no hacer todo lo
         que estaba a su alcance para poner fin al abuso de los pliegos de cargos por parte del FPÖ y que dicha institución no se opuso
         a la utilización abusiva que el FPÖ hizo de los documentos enviados, y, en particular, no solicitó su restitución.
      
      93     La Comisión opina que las alegaciones expresadas acerca del envío de los pliegos de cargos al FPÖ no guardan ninguna relación
         con el objeto del presente procedimiento. Afirma que la admisión del FPÖ a intervenir como denunciante no tuvo la más mínima
         influencia sobre la Decisión impugnada y que la decisión que autoriza el envío de los pliegos de cargos al FPÖ debería haber
         sido objeto de un procedimiento distinto, puesto que un recurso a posteriori en el marco del presente litigio ya no es posible, aunque sólo sea por razones de caducidad.
      
      94     En su dúplica, la Comisión añade que las demandantes no tienen legitimación activa en el sentido del artículo 230 CE, párrafo
         cuarto, para oponerse a la admisión del FPÖ como denunciante y al envío de los pliegos de cargos porque su situación jurídica
         no se ve afectada por estas medidas. Además, la Comisión pone de manifiesto que la afectación de la que se quejan y el perjuicio
         que estiman haber sufrido las demandantes no derivan de actos de la Comisión, sino del comportamiento ulterior y totalmente
         autónomo del FPÖ. Por lo demás, la Comisión estima que tenía perfecto derecho a admitir al FPÖ como denunciante y, por tanto,
         la obligación de enviarle los pliegos de cargos.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      95     El artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 17 dispone que, si la Comisión comprueba, «de oficio o a instancia de parte»,
         una infracción a las disposiciones del artículo 81 CE o del artículo 82 CE, podrá obligar, mediante decisión, a las empresas
         y asociaciones de empresas interesadas a poner fin a dicha infracción. A tenor del artículo 3, apartado 2, del Reglamento
         nº 17 puede presentar esta solicitud cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo a este efecto. Se
         desprende a continuación de los artículos 6 a 8 del Reglamento (CE) nº 2842/98 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1998,
         relativo a las audiencias en determinados procedimientos en aplicación de los artículos 81 CE y 82 CE (DO L 354, p. 18), que
         las personas que hayan presentado tal solicitud poseen ciertos derechos procesales, entre los que se encuentra el de obtener
         una copia de la versión no confidencial del pliego de cargos. 
      
      96     En primer lugar, en cuanto a la cuestión de si la Comisión infringió el artículo 3 del Reglamento nº 17 al admitir al FPÖ
         en el procedimiento, hay que descartar la tesis de las demandantes de que dicha solicitud no se presentó válidamente puesto
         que el procedimiento de infracción se inició de oficio. En efecto, los Reglamentos nº 17 y nº 2842/98 no exigen, para el reconocimiento
         de la condición de denunciante, que la solicitud en cuestión origine la incoación por parte de la Comisión del procedimiento
         de infracción y que la investigación sobre la infracción no esté ya abierta. De otro modo, se impediría a personas con dicho
         interés legítimo ejercer durante el desarrollo del procedimiento los derechos procedimentales asociados a su condición de
         solicitante o de denunciante de conformidad con los artículos 6 a 8 del Reglamento nº 2842/98. 
      
      97     En segundo lugar, se debe declarar que la Comisión determinó con razón que el FPÖ podía válidamente invocar su condición de
         cliente de servicios bancarios en Austria y el hecho de haber resultado perjudicado en sus intereses económicos por prácticas
         contrarias a la competencia, a efectos de acreditar un interés legítimo para presentar una solicitud con objeto de que la
         Comisión constate que dichas prácticas constituyen una infracción de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      98     A este respecto, nada se opone a que un cliente final comprador de bienes o servicios pueda acogerse al concepto de interés
         legítimo en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 17. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que un cliente
         final que acredita que se ha visto perjudicado o que puede verse perjudicado en sus intereses económicos debido a la restricción
         de la competencia en cuestión tiene un interés legítimo en el sentido del artículo 3 del Reglamento nº 17 para presentar una
         solicitud o una denuncia con objeto de que la Comisión declare una infracción de los artículos 81 CE y 82 CE.
      
      99     A este respecto, es preciso recordar que las normas encaminadas a asegurar que no se falsee la competencia en el mercado interior
         tienen la finalidad última de aumentar el bienestar del consumidor. En particular, esta finalidad se desprende de los términos
         del artículo 81 CE. En efecto, si bien la prohibición establecida en el apartado 1 de esta disposición puede declararse inaplicable
         a los acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos de que se trate o a fomentar el
         progreso técnico o económico, tal posibilidad, prevista en el artículo 81 CE, apartado 3, está sujeta en particular al requisito
         de que se reserve a los usuarios de dichos productos una parte equitativa del beneficio resultante. Así, el Derecho y la política
         en materia de competencia tienen un impacto innegable sobre intereses económicos concretos de clientes finales compradores
         de bienes o servicios. Pues bien, el reconocimiento a tales clientes –que alegan haber sufrido un perjuicio económico a causa
         de un contrato o de un comportamiento que puede restringir o falsear la competencia– de un interés legítimo en que la Comisión
         constate una infracción de los artículos 81 CE y 82 CE contribuye a la consecución de los objetivos del Derecho de la competencia.
      
      100   Esta conclusión no queda desvirtuada por el hecho de que, en un primer momento, el FPÖ invocara un interés general que decía
         defender como partido político de la oposición y que posteriormente sostuviera que había resultado perjudicado económicamente,
         como cliente final de servicios bancarios austriacos, por la práctica colusoria denunciada. En efecto, esta primera toma de
         posición no podía privarle de la posibilidad de invocar posteriormente, con el fin de justificar un interés legítimo en el
         sentido del Reglamento nº 17, su condición de cliente de los bancos contra los que se había iniciado el procedimiento, así
         como el perjuicio económico que supuestamente había sufrido a causa de los acuerdos en cuestión.
      
      101   En tercer lugar, la admisión de una parte interesada como denunciante y el envío a ésta del pliego de cargos no puede supeditarse
         al requisito de que sea anterior a toda audiencia ante la Comisión. En efecto, los Reglamentos nº 17 y nº 2842/98 no establecen
         un plazo específico para que un tercero solicitante o denunciante que demuestre un interés legítimo ejerza su derecho a recibir
         los pliegos de cargos y a ser oído en el marco de un procedimiento de infracción. Así, los artículos 7 y 8 del Reglamento
         nº 2842/99 se limitan a establecer que la Comisión transmitirá los pliegos de cargos al solicitante o denunciante y fijará
         un plazo para que éste pueda expresar sus puntos de vista por escrito; este tercero podrá también expresar su postura verbalmente,
         si lo solicita. De ello se deduce que el derecho de un solicitante o de un denunciante a que se le transmitan los pliegos
         de cargos y a ser oído en el procedimiento administrativo dirigido a la comprobación de una infracción de los artículos 81 CE
         y 82 CE puede ser ejercido mientras el procedimiento esté en curso.
      
      102   En cuarto lugar, en lo que concierne a las alegaciones relativas a la utilización que hizo el FPÖ de los documentos que se
         le enviaron, se debe recordar que, conforme al artículo 7 del Reglamento nº 2842/98, el FPÖ, en su condición de denunciante,
         tenía derecho a recibir una versión no confidencial de los pliegos de cargos. Pues bien, la Comisión no puede restringir,
         basándose en meras sospechas acerca de una posible utilización abusiva de dichos documentos, el derecho a la transmisión de
         los pliegos de cargos que reconoce el artículo 7 del Reglamento nº 2842/98 a un tercero solicitante que invoca válidamente
         un interés legítimo. Por último, la utilización que haya podido hacer el FPÖ de los documentos que se le enviaron no puede
         imputarse a la Comisión y, por ende, no puede afectar a la legalidad de la Decisión impugnada.
      
      103   De esto se sigue que procede desestimar por infundados los motivos de las demandantes relativos a la admisión del FPÖ al procedimiento,
         sin que sea necesario que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie acerca de su admisibilidad.
      
      –       Conclusión
      104   Procede desestimar en su totalidad los motivos basados en la existencia de vicios sustanciales de forma.
       Sobre los motivos basados en una valoración errónea de los acuerdos
      –       Observaciones preliminares
      105   Sin negar la existencia de mesas redondas, BAWAG y PSK (asuntos T‑261/02 y T‑263/02) solicitan que se anule la Decisión impugnada
         en su totalidad y alegan un motivo basado en una vulneración del artículo 81 CE, apartado 1, debido a una valoración errónea
         de los acuerdos.
      
      106   Por una parte, rechazan, en esencia, la calificación de práctica colusoria única que se dio a las mesas redondas. Sin exponer
         un motivo autónomo, RLB, ÖVAG y NÖ-Hypo (asuntos T‑262/02 y T‑271/02) se oponen a la calificación de práctica colusoria única
         en el marco de los motivos basados en la falta de efectos transfronterizos de los acuerdos y expresan que la capacidad de
         las mesas redondas para afectar al comercio entre Estados miembros debe ser objeto de un examen separado para cada una de
         ellas. En el marco del presente motivo se examinarán estas alegaciones.
      
      107   Por otra parte, BAWAG y PSK manifiestan que las mesas redondas no condujeron a un elevado grado de concertación entre los
         bancos, los cuales se entregaron a una competencia encarnizada. Esta última alegación concierne, en esencia, a la valoración
         de la gravedad de la infracción y, suponiendo que sea fundada, no puede desembocar en la anulación de la Decisión impugnada
         en su totalidad. Por tanto, se examinará posteriormente, en el contexto de las solicitudes que tienen por objeto una reducción
         de la multa, junto con las otras alegaciones relativas a la gravedad de la infracción.
      
      –       Sobre la calificación de infracción única dada a las mesas redondas (asuntos T‑261/02 a T‑263/02 y T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      108   Las demandantes en estos asuntos sostienen que la Comisión consideró equivocadamente que las mesas redondas constituyen una
         práctica colusoria conjunta única. Ponen de relieve, sobre todo, que las diferentes mesas redondas actuaban de manera autónoma
         y que el «club Lombard» no tenía una función de coordinación o de dirección respecto de ellas.
      
      109   RLB (asunto T‑262/02) no niega que había intercambios de información entre las mesas redondas acerca de créditos y depósitos
         (mesas redondas sobre operaciones activas y pasivas, «club Lombard», mesa redonda de controladores) pero señala que el «club
         Lombard» nunca se ocupó de servicios de carácter transfronterizo. Además, afirma que la Comisión invoca por primera vez la
         existencia de un acuerdo global en su escrito de contestación a la demanda.
      
      110   La Comisión afirma que la calificación de práctica colusoria conjunta dada a las mesas redondas está justificada. En anexo
         a la dúplica, aporta una serie de documentos, que forman parte del expediente administrativo, para demostrar la estrecha vinculación
         de las mesas redondas.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      111   Una infracción del artículo 81 CE, apartado 1, puede resultar no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos
         o incluso de un comportamiento continuado. Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que uno o varios elementos
         de dicha serie de actos o del comportamiento continuado también puedan constituir, por sí mismos y aisladamente considerados,
         una infracción de la citada disposición. Cuando las diversas acciones se inscriben en un «plan conjunto» debido a su objeto
         idéntico que falsea el juego de la competencia en el interior del mercado común, la Comisión puede imputar la responsabilidad
         por dichas acciones en función de la participación en la infracción considerada en su conjunto (sentencia del Tribunal de
         Justicia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P
         y C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, apartado 258).
      
      112   En relación con esto, el considerando 73 de la Decisión impugnada indica lo siguiente: «Los acuerdos tenían por objeto limitar
         y falsear la competencia entre las entidades que participaban en las mesas redondas, respecto a los temas tratados por éstas.
         Estos acuerdos (y las medidas de aplicación convenidas) debían permitir a los bancos mejorar sus beneficios. Toda divergencia
         con relación a estos acuerdos (que, según los bancos, garantizaban una “competencia razonable”) conduciría, en cambio, a una
         “erosión de los márgenes”». Así pues, la Comisión afirma en este pasaje, esencialmente, que existía un plan conjunto cuyo
         objetivo era eliminar la competencia de precios en relación con todos los servicios bancarios objeto de las mesas redondas.
         Procede, por tanto, desestimar la alegación de RLB de que la Comisión invocó por primera vez la existencia de una práctica
         colusoria conjunta única en su escrito de contestación a la demanda.
      
      113   Con el fin de comprobar si la Comisión podía legalmente declarar, sobre la base de las pruebas de que disponía, que las concertaciones
         en el seno de las diferentes mesas redondas se inscriben en un plan conjunto que tiene por objeto restringir la competencia,
         se deben analizar los apartados de la Decisión impugnada que contienen determinadas comprobaciones sobre las que se apoya
         la declaración acerca de la existencia de una práctica colusoria única, a las cuales hace referencia en sus escritos de dúplica
         presentados en los asuntos T‑261/02 a T‑263/02 y T‑271/02, así como los documentos sobre los que se basan esas comprobaciones,
         presentados en anexo a dichos escritos.
      
      114   En primer lugar, para demostrar que el «club Lombard», como instancia suprema de todas las demás mesas redondas, trataba cuestiones
         correspondientes a numerosas mesas redondas específicas, la Comisión se refiere a documentos relativos a las reuniones de
         dicho órgano celebradas el 7 de junio de 1995 y el 8 de mayo de 1996.
      
      115   En lo que concierne a la primera de esas reuniones, el considerando 167 de la Decisión impugnada cita una «nota confidencial»
         emitida por un director de CA y relativa a una entrevista informal de 24 de mayo de 1995 entre representantes de BA, CA, BAWAG,
         GiroCredit, RZB y PSK, cuyo objeto son los puntos que deben examinarse y decidirse en la reunión del «club Lombard» de 7 de
         junio de 1995. Este documento demuestra que el «club Lombard» trataba efectivamente cuestiones correspondientes a mesas redondas
         con diferente objeto, incluidos servicios de carácter transfronterizo, como concertaciones sobre tipos de interés de depósito
         y deudor, tanto en lo que atañe a los particulares como a las empresas, y sobre las demás condiciones de los créditos, incluidos
         los créditos a la exportación.
      
      116   En cuanto a la reunión del «club Lombard» de 8 de mayo de 1996, el considerando 248 de la Decisión impugnada se refiere a
         tres documentos, de los cuales el primero es una nota incorporada al expediente de NÖ-Hypo de 10 de mayo de 1996, destinada,
         entre otros, a los directores generales de este banco, según la cual, durante la reunión del «club Lombard» de 8 de mayo de
         1996, «los directores generales acordaron ciertas cuestiones fundamentales», relativas, en especial, a los márgenes habituales
         de los bancos (Hausbankspanne) en la financiación de exportaciones, los tipos de interés y otras condiciones de diferentes
         tipos de préstamos, la publicidad de los tipos de interés y los gastos de gestión. El segundo documento añade que «se debe
         elaborar una propuesta de una comisión mínima para las operaciones sobre valores mobiliarios y las operaciones de pago», mientras
         que el tercer documento contiene propuestas adoptadas durante esta reunión del «club Lombard». Estos documentos confirman
         asimismo que el «club Lombard» trata y decide en materias correspondientes a numerosas mesas redondas específicas. Los dos
         primeros corroboran más en particular la comprobación de que el «club Lombard» se considera competente para pronunciarse acerca
         de la fijación de precios para determinadas operaciones transfronterizas importantes, como los créditos a la exportación,
         los pagos y las transacciones sobre valores mobiliarios.
      
      117   En segundo lugar, de los documentos citados por la Comisión en los considerandos 216 a 284 de la Decisión impugnada se desprende
         que el «club Lombard» adopta las decisiones fundamentales. Así, el considerando 216 de la Decisión impugnada alude a una nota
         del expediente acerca de una reunión de la mesa redonda vienesa sobre operaciones pasivas y créditos a los particulares de
         6 de febrero de 1996, dirigida al director general de uno de los bancos afectados y cuyo objeto es preparar la reunión del
         «club Lombard» prevista para el día siguiente. Según esta nota, «se esperaba que el “Club Lombard” de 7 de febrero [de 1996]
         adoptase decisiones fundamentales correspondientes» a ciertos aspectos debatidos durante la mesa redonda. El considerando
         284 de la Decisión impugnada cita una nota del expediente redactada por un empleado de BAWAG, referido a una reunión de la
         mesa redonda «operaciones pasivas» de 25 de octubre de 1996, durante la cual se había discutido una bajada de los tipos de
         interés de las cuentas de ahorro. Según esta nota, estaba prevista una mesa redonda federal sobre operaciones pasivas para
         el 12 de noviembre de 1996, con el fin de formular «recomendaciones para el Lombard de los directores generales de 13 de noviembre
         de 1996». Estos documentos indican claramente que sus autores esperaban que el «club Lombard» tomase decisiones de principio
         relativas a las materias debatidas en las otras mesas redondas.
      
      118   En tercer lugar, la Comisión declara que el «club Lombard» ejerce una función arbitral y que los diferentes grupos le someten
         sus problemas de disciplina, en particular al referirse, en el considerando 166 de la Decisión impugnada, a una nota interna
         de PSK que resume un «intercambio de experiencias entre bancos» de 24 de mayo de 1995 según el cual «se [preveía] que la disciplina
         en materia de condiciones [fuese] tratada por el “Club Lombard” del mes de junio» y los participantes opinaban que sólo cabía
         esperar una mayor disciplina que «si el mantenimiento de los márgenes mínimos [pasaba a ser] un asunto de honor para los miembros
         de los comités de dirección». Este documento demuestra que los miembros de las otras mesas redondas perciben al «club Lombard»
         como una instancia adecuada para solucionar problemas de «disciplina» relativos al respeto de los acuerdos.
      
      119    En cuarto lugar, el considerando 67 de la Decisión impugnada describe la estrecha vinculación de las mesas redondas y de
         su procedimiento de toma de decisiones y expone que « el proceso para decidir en común requería, a menudo, […] la celebración
         de varias mesas (casi siempre, las vienesas y federales sobre operaciones activas y pasivas, Minilombard y Club Lombard)».
         Esta declaración se basa en dos documentos relativos a una reunión de la mesa redonda vienesa sobre operaciones activas y
         pasivas de 30 de agosto de 1995, de los cuales se desprende que los representantes de los bancos discutieron su reacción a
         una bajada de los tipos de interés del OeNB. En una reunión posterior sobre operaciones activas y pasivas celebrada el 7 de
         septiembre de 1995 se planteó la adopción de una decisión acerca de los tipos de ahorro y de créditos a particulares, en tanto
         que la decisión final sobre una posible adaptación de los tipos de los créditos a empresas debía adoptarla el «Club Lombard»
         el 13 de septiembre de 1995, sobre la base de una propuesta acordada en una reunión del «Minilombard» de 8 de septiembre de
         1995. De esos documentos concordantes se deriva que las mesas redondas sobre los tipos de interés activos y pasivos para particulares
         y empresas forman parte de un plan conjunto que tiene por objeto limitar de forma global la competencia por los tipos de interés.
      
      120   En quinto lugar, los considerandos 126, 130 y 237 de la Decisión impugnada proporcionan ejemplos que ilustran que las mesas
         redondas celebraban a menudo reuniones conjuntas, que las competencias de los grupos se superponían y que las mesas redondas
         se mantenían recíprocamente informadas de sus actividades. Mientras el considerando 126 describe una mesa redonda de controladores
         que se desarrolló en diciembre de 1994, el considerando 130, en cambio, se refiere a una mesa redonda de directores financieros
         de principios del mes de enero de 1995. La invitación a esta mesa redonda, según la cual en ella debían examinarse los tipos
         de interés deudores y de depósito a corto plazo, sugería que los participantes que no tuvieran una influencia directa sobre
         la fijación de los tipos de los créditos a corto plazo a tipo fijo de su banco debían venir acompañados por un responsable
         de «grandes cuentas» (por ejemplo, el miembro de la mesa redonda de responsables «grandes cuentas»). El considerando 237 cita
         un mensaje dirigido por la asociación de bancos regionales de crédito hipotecario a sus miembros en el que les informaba de
         una reunión del «Minilombard» de 23 de abril de 1996 y planteaba un procedimiento de toma de decisiones análogo al descrito
         anteriormente en el apartado 119.
      
      121   Estos elementos, considerados conjuntamente, justifican la conclusión de la Comisión según la cual existía un acuerdo de principio
         entre todos los bancos que participan en la práctica colusoria para eliminar la competencia de precios de una amplia gama
         de servicios bancarios destinados tanto a particulares como a empresas, incluidas las «grandes cuentas». No afecta a esta
         conclusión el hecho de que los documentos citados no hagan referencia explícita a todos los servicios bancarios afectados
         por las diferentes reuniones ni a todas las mesas redondas.
      
      122   Si bien es cierto que la Comisión también invoca, en el presente contexto, ciertos documentos que no son pertinentes para
         apoyar su conclusión porque no se refieren al período de infracción o no conciernen al «Club Lombard» de Viena (como es el
         caso de los documentos que se citan en los considerandos 66, 107 y 160 de la Decisión impugnada relativos a la aplicación
         de las decisiones del «Club Lombard» tomadas en las diversas mesas redondas), este hecho no puede cuestionar la conclusión
         de que las mesas redondas forman parte de un plan conjunto que persigue un objetivo común.
      
      123   Se desprende además de los documentos examinados en los precedentes apartados 114 a 121 que las decisiones del «Club Lombard»
         se refieren sobre todo a cuestiones de principio y que se preparaban en detalle en otras mesas redondas. Este reparto de tareas
         explica fácilmente, en contra de lo que sostiene RLB, cómo los directores generales de los bancos reunidos en el seno del
         «Club Lombard» podían dirigir el cártel con sólo reunirse once veces al año.
      
      124   Se debe descartar la tesis de BAWAG y PSK, que pretenden minimizar el valor probatorio de esos documentos al sostener que
         «el papel del “Club Lombard” ha sido mal percibido y sobreestimado por los participantes a las demás reuniones, en general
         cuadros intermedios». En efecto, una parte de los documentos antes examinados proceden de, o están dirigidos, a los directores
         generales de ciertos bancos que asistían personalmente a las reuniones del «Club Lombard» y que, por tanto, tenían perfecto
         conocimiento del papel desempeñado por éste. De este modo, no se puede reprochar a la Comisión haber exagerado el valor probatorio
         de esos documentos.
      
      125   Por último, contrariamente a lo que sostienen BAWAG y PSK, de los documentos examinados resulta que las referencias al papel
         de dirección del «Club Lombard» en los considerandos 304 y 306 de la Decisión impugnada no constituyen casos aislados. Esto
         queda también corroborado por una nota interna de CA aportada por BAWAG y PSK en anexo a sus demandas, mediante la que se
         informa a los destinatarios del contenido de una mesa redonda sobre operaciones activas y pasivas de 17 de abril de 1996.
         Esta nota tiene por objeto la preparación de una propuesta que sea objeto, en primer lugar, de una concertación en el seno
         de esta mesa redonda para ser luego discutida y, en su caso, de una decisión adoptada en el seno del «Club Lombard».
      
      126   Se desprende de cuanto precede que las alegaciones dirigidas contra la calificación de práctica colusoria general única dada
         a las mesas redondas no están fundadas.
      
       Sobre la elección de los destinatarios de la Decisión impugnada (asunto T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      –       Alegaciones de las demandantes 
      127   ÖVAG y NÖ-Hypo consideran que la elección de los destinatarios de la Decisión impugnada es ilegal en lo que las concierne.
         No refutan los criterios utilizados, según ellas, para efectuar esa elección, a saber, la frecuencia de la participación en
         las principales mesas redondas y el tamaño del establecimiento en el mercado bancario austriaco. Sin embargo, manifiestan
         que la aplicación de esos criterios es ilegal porque no está suficientemente motivada, se basa en comprobaciones fácticas
         equivocadas y no respeta el principio de igualdad de trato. ÖVAG y NÖ-Hypo afirman que la Decisión impugnada no indica los
         motivos y los criterios en virtud de los cuales se eligió a las mesas redondas de Viena y las mesas redondas federales sobre
         operaciones activas y/o pasivas, incluidas las mesas redondas sobre créditos a particulares y profesiones liberales, el «Minilombard»
         y las mesas redondas de controladores como las mesas redondas «más importantes». 
      
      128   Además, reprochan a la Comisión no haber adoptado una postura, en la Decisión impugnada, sobre su alegación de que el procedimiento
         de toma de decisiones de las mesas redondas está determinado por un «círculo limitado» de grandes bancos, al que ellos no
         pertenecen y que, a su juicio, es la más importante de las mesas redondas.
      
      129   ÖVAG y NÖ-Hypo reconocen que participaron en algunas mesas redondas de las que la Decisión califica como «más importantes»,
         pero alegan que la frecuencia de su participación en esas mesas redondas fue reducida y claramente inferior no solamente a
         la de la mayor parte de los demás bancos destinatarios de la Decisión, sino también a la de ciertos bancos a los que ésta
         Decisión no se dirige.
      
      130   Indican que la Decisión impugnada evoca varias veces la participación de los bancos CA, BA, RZB, Erste o GiroCredit, PSK y
         (menos frecuentemente) BAWAG en un «círculo limitado de bancos» en el seno del cual se reúnen los representantes de los grandes
         bancos austriacos, en particular, para preparar el «Club Lombard». Ponen de manifiesto que el proceso de concertación propiamente
         dicho está determinado por el mencionado «círculo limitado», del que ellos no forman parte. Según ÖVAG y NÖ-Hypo, el círculo
         de destinatarios de la Decisión impugnada habría sido completamente diferente si la Comisión hubiese calificado correctamente
         como «principales mesas redondas» al «Club Lombard» y, en especial, a las reuniones del «círculo limitado», donde se preparaban
         todas las decisiones.
      
      131   ÖVAG y NÖ-Hypo consideran, además, que su imputación por la Decisión impugnada no se justifica a la vista del criterio del
         tamaño de los bancos y que la Comisión violó el principio de igualdad al elegirles como destinatarios de la Decisión impugnada.
      
      –       Alegaciones de la Comisión 
      132   La Comisión afirma que no se utilizó el tamaño de los establecimientos en el mercado austriaco como criterio de selección
         y que los destinatarios de la Decisión impugnada se seleccionaron exclusivamente en función de la frecuencia de su participación
         en las principales mesas redondas. Refuta la tesis de que ÖVAG y NÖ-Hypo participaron en las mesas redondas claramente menos
         frecuentemente que la mayoría de los destinatarios de la Decisión impugnada.
      
      133   La Comisión estima que no está obligada a tomar en consideración, a los efectos de su Decisión, la existencia de un círculo
         bancario más restringido. Señala que lo único que determinó la selección de ÖVAG y de NÖ-Hypo como destinatarios de la Decisión
         fue su frecuente participación en las principales mesas redondas, junto con los otros bancos, y el hecho de que en el seno
         de esas mesas redondas se pusieron de acuerdo sobre los intereses y las condiciones a aplicar. En la dúplica, añade que, si
         bien algunos miembros del «Club Lombard» pudieron concertarse e intercambiar información con anterioridad, dichas concertaciones
         puntuales servían solamente para preparar las concertaciones en el seno de las diferentes mesas redondas.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Sobre los criterios aplicados por la Comisión y sobre el tamaño de las entidades
      134   Hay que destacar, de entrada, que la tesis expuesta por ÖVAG y NÖ-Hypo, según la cual se tomó el tamaño de las empresas como
         criterio para identificar a los destinatarios de la Decisión impugnada procede de una interpretación errónea del considerando
         470 de la Decisión impugnada, que enuncia lo siguiente:
      
      «Los destinatarios de la presente Decisión han sido determinados sobre la base de una participación especialmente frecuente
         en las principales mesas redondas: mesas redondas “Operaciones activas y pasivas” en Viena y a nivel federal (incluidas las
         mesas sobre crédito a particulares y profesiones liberales), mesas “Minilombard” y controladores. Además, a excepción de NÖ
         Hypo y RBW (RLB a partir [del mes] de julio de 1997), desempeñan un papel importante en el mercado bancario austriaco debido
         a su tamaño.»
      
      135   En efecto, la última frase de este considerando no señala un criterio aplicado por la Comisión, sino que indica el resultado,
         en términos de tamaño de las empresas afectadas, de la aplicación del único criterio utilizado, que es el de la participación
         frecuente en las principales mesas redondas.
      
      136   Por tanto, son inoperantes las alegaciones de las demandantes acerca de la aplicación del supuesto criterio del tamaño de
         las empresas.
      
      137   Suponiendo que ÖVAG y NÖ-Hypo pretendan, además, afirmar que la Comisión hubiera debido utilizar el tamaño de las empresas
         como criterio para elegir a los destinatarios, esta tesis no podría aceptarse.
      
      138   En efecto, según una jurisprudencia reiterada, la circunstancia de que la Comisión no señalara infracción alguna en relación
         con un operador que se encontraba en una situación similar a la del demandante no puede, en ningún caso, excluir la infracción
         imputada a dicho demandante, toda vez que la infracción ha quedado correctamente demostrada (sentencia del Tribunal de Justicia
         de 31 de marzo de 1993, Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, C‑89/85, C‑104/85, C‑114/85, C‑116/85, C‑117/85 y C‑125/85 a
         C‑129/85, Rec. p. I‑1307, apartado 146).
      
      139   De esta jurisprudencia resulta que la Comisión tiene derecho a enviar a cada empresa respecto de la cual se demuestra una
         infracción una Decisión que declare dicha infracción y le imponga una sanción. Los argumentos basados en una comparación de
         la situación del destinatario de tal Decisión con la de otras empresas (sean destinatarias o no de la misma Decisión) no pueden,
         en ningún caso, cuestionar la legalidad de la Decisión en cuanto que ésta imputa y sanciona una infracción efectivamente demostrada.
         Tales argumentos son inoperantes en lo que concierne a la elección de ÖVAG y NÖ-Hypo como destinatarios de la Decisión.
      
      –       Sobre la determinación de las principales mesas redondas
      –       Sobre la motivación
      140   El considerando 470 de la Decisión impugnada, citado en el apartado 134 supra, designa como «principales mesas redondas» las mesas redondas «Operaciones activas y pasivas» en Viena y a nivel federal (incluidas
         las mesas sobre crédito a particulares y profesiones liberales) las mesas redondas «Minilombard» y de controladores. 
      
      141   Las diferentes mesas redondas se describen en el considerando 51 de la Decisión impugnada, que indica claramente, por qué
         se atribuye una importancia particular a la mayor parte de las mesas redondas mencionadas. Efectivamente, la importancia del
         «Minilombard» no se expone expresamente en ese considerando. No obstante, como manifiesta con razón la Comisión, es claro
         que una mesa redonda dedicada a los tipos de interés de los créditos concedidos a clientes comerciales es particularmente
         importante. Esta importancia debía resultar evidente para los bancos destinatarios de la Decisión impugnada.
      
      142   Puesto que la Comisión expuso las razones por las que calificó determinadas mesas redondas como particularmente importantes,
         no está obligada a explicar, además, por qué no atribuyó la misma importancia a otras mesas redondas.
      
      143   Por tanto, el motivo basado en una motivación insuficiente de la elección de las «principales mesas redondas» no es fundado.
      –       Sobre la valoración de la importancia de las mesas redondas y sobre el «círculo limitado de bancos»
      144   Ante una red de acuerdos tan compleja como la que es objeto del caso de autos, la Comisión dispone de un margen de apreciación
         para determinar, entre las diferentes concertaciones, cuáles considera particularmente significativas, sin que esa elección
         pueda ser objeto de un control jurisdiccional estricto. En relación con esto, la Comisión pudo, sin incurrir en un error manifiesto,
         atribuir una mayor importancia a las mesas redondas de alcance general de la capital que a las concertaciones regionales o
         especializadas puesto que las primeras pueden influir sobre las últimas. El hecho de que estas mesas redondas calificadas
         como particularmente importantes por la Comisión, implicasen a los bancos con sede en Viena más que a los establecidos en
         otras ciudades o regiones no invalida la conclusión de que la elección efectuada por la Comisión es legítima. 
      
      145   La Comisión tampoco sobrepasó los límites de su margen de apreciación al negarse a incluir, entre las mesas redondas más importantes,
         un «círculo limitado de bancos», en el que los bancos más grandes se concertaban antes de las mesas redondas. Además, ÖVAG
         y NÖ-Hypo no pueden invocar la situación de otras empresas que participaron en la infracción para impugnar su propia inclusión
         entre los destinatarios de la Decisión impugnada.
      
      –       Sobre la frecuencia de la participación de ÖVAG y NÖ-Hypo en las principales mesas redondas
      146   En cuanto a la frecuencia de la participación de ÖVAG y NÖ-Hypo en las mesas redondas, se desprende de un cuadro presentado
         por la Comisión como anexo a su escrito de contestación a la demanda, cuyo contenido no se impugnó, que las dos entidades
         participaron en todas las mesas redondas principales. Efectivamente, la participación de NÖ-Hypo en el «Minilombard» (3 reuniones
         de un total de 21) y en la mesa redonda de controladores (1 reunión de un total de 40) parece poco significativa. En cambio,
         NÖ-Hypo participó en 14 reuniones de las mesas redondas federales, de un total de 15, y en 32 mesas redondas de Viena, de
         un total de 50. En cuanto a ÖVAG, de dicho cuadro se desprende que estuvo presente en todas las reuniones de las mesas redondas
         federales, en 42 reuniones de las mesas redondas de Viena, de un total de 50, en 17 reuniones del «Minilombard», de un total
         de 21, y en 14 reuniones de la mesa redonda de controladores, de un total de 40. Procede, pues, desestimar la alegación de
         que la Comisión no consideró la frecuencia de la participación de ÖVAG y NÖ-Hypo en las principales mesas redondas.
      
      –       Conclusión
      147   De las consideraciones precedentes se desprende que procede desestimar las alegaciones de ÖVAG y NÖ-Hypo relativas a la elección
         de los destinatarios de la Decisión impugnada.
      
       Sobre la práctica de la prueba mediante documentos fechados antes del año 1994 (asunto T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      148   ÖVAG y NÖ-Hypo reprochan a la Comisión haber vulnerado la obligación de motivación al basar determinadas imputaciones importantes
         en documentos anteriores al período durante el cual se comprobó la infracción. Manifiestan además que la utilización de esos
         documentos pudo influir en la decisión sobre las multas.
      
      149   La Comisión reconoce haberse referido a documentos de 1994 para describir el contexto global de la práctica colusoria. Sin
         embargo manifiesta que sus imputaciones referidas a las infracciones se basan en documentos de 1995.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 
      150   No se infringe la obligación de motivación al utilizar documentos anteriores al período que es objeto de la Decisión impugnada.
         En efecto, es legítimo que la Comisión describa, en una Decisión que impone multas, el contexto más amplio en el que se incardina
         el comportamiento ilícito.
      
      151   Por lo demás, ÖVAG y NÖ-Hypo afirman que no refutan el contenido del pliego de cargos. Tampoco discuten la exactitud de las
         imputaciones concretas que se contienen en la Decisión impugnada por no estar éstas basadas en pruebas correspondientes al
         período pertinente.
      
      152   En estas circunstancias, la referencia, en la Decisión impugnada, a documentos anteriores al período durante el cual se imputa
         la infracción no puede afectar a la validez de dicha Decisión.
      
       Sobre los motivos basados en la ineficacia de las mesas redondas sobre los intercambios
      –       Observaciones preliminares
      153   Todas las demandantes manifiestan que las mesas redondas del «club Lombard» no incurren en la prohibición del artículo 81 CE,
         apartado 1, porque no podían afectar al comercio entre Estados miembros. 
      
      154   La Comisión, en la Decisión impugnada, valoró la capacidad de las mesas redondas, conjuntamente consideradas, para afectar
         de manera global el comercio entre Estados miembros. El resultado de este examen conjunto, expuesto en los considerandos 442,
         451 y 469 de la Decisión impugnada, puede resumirse como sigue:
      
      –       La red tejida por el «Club Lombard» constaba de un gran número de mesas redondas estrechamente vinculadas entre sí y cubría
         el conjunto del territorio de Austria;
      
      –       implicaba a casi todas las entidades de crédito austriacas;
      –       se refería a toda la gama de productos y servicios bancarios ofrecidos en Austria;
      –       no se negó el objetivo contrario a la competencia de estas mesas redondas;
      –       la práctica colusoria modificaba las condiciones de la competencia en toda Austria;
      –       producía así efectos, desde el punto de vista de la demanda, sobre el comportamiento directo o indirecto de las empresas en
         materia de intercambios transfronterizos; 
      
      –       también influía sobre las decisiones de entrada en el mercado de los bancos extranjeros;
      –       podía así afectar de una manera sensible a los intercambios entre Estados miembros.
      Esta conclusión se ilustra, en los considerandos 454 a 465, mediante una serie de ejemplos relativos, por un lado, a la demanda,
         y por otro, a la oferta.
      
      155   Las demandantes impugnan esta apreciación. En primer lugar, exponen determinadas consideraciones generales relativas a la
         interpretación del criterio del carácter transfronterizo y su aplicación al caso de autos y destacan, en especial, que debería
         haberse examinado separadamente la capacidad de cada mesa redonda para afectar al comercio entre Estados miembros. En segundo
         lugar, impugnan los ejemplos de una posible afectación del comercio entre Estados miembros que proporciona la Comisión en
         los considerandos 454 a 465 de la Decisión impugnada. En tercer lugar, RLB invoca la situación específica de RBW.
      
      –       Sobre la interpretación del criterio de la capacidad de afectar el comercio entre Estados miembros y su aplicación en el caso
         de autos
      
      –       Alegaciones de las partes
      156   Las demandantes ponen de relieve que los acuerdos del «Club Lombard» constituyeron una práctica colusoria exclusivamente nacional,
         puesto que sólo participaron en él entidades de crédito austriacas y que sólo tenían por objeto la prestación de servicios
         en el mercado nacional austriaco e incluso sólo en los mercados regionales o locales. 
      
      157   RLB invoca el principio de subsidiariedad previsto en el artículo 5 CE, que, a su juicio, se opone a una interpretación extensiva
         del requisito del efecto interestatal del artículo 81 CE, apartado 1. Señala que el objetivo de mantener una competencia no
         falseada puede entrar en conflicto con otros objetivos de política económica, como el de la estabilidad monetaria, puesto
         que la solución a esos conflictos es, en resumidas cuentas, de naturaleza política. Recuerda que la Comisión consideró, al
         menos hasta 1986, que los acuerdos entre los bancos referidos únicamente a los tipos de interés y autorizados por las autoridades
         nacionales eran un instrumento legítimo de la política monetaria de los Estados miembros. Al invocar la participación del
         OeNB en las mesas redondas en cuestión, RLB manifiesta que no corresponde a la Comisión imponer su visión actual de la relación
         entre política de la competencia y política monetaria en lugar de la visión de la autoridad austriaca de vigilancia de los
         bancos, en un asunto cuyos efectos sólo se perciben en el territorio austriaco.
      
      158   Todas las demandantes señalan que debe apreciarse separadamente la capacidad de las diferentes mesas redondas para afectar
         al comercio entre Estados miembros. Afirman, en apoyo de su tesis de que no existe una relación entre las mesas redondas que
         justifique una valoración conjunta de sus efectos, por una parte, que la calificación de las mesas redondas como una práctica
         colusoria general única es errónea y, por otra parte, que los servicios bancarios a los que se refieren las mesas redondas
         pertenecen a mercados diferentes. RZB, ÖVAG y NÖ-Hypo afirman que, si ninguno de los acuerdos, considerados individualmente,
         es capaz de producir un efecto interestatal, un examen conjunto no puede dar como resultado el carácter transfronterizo del
         conjunto de dichos acuerdos. BAWAG, RLB, PSK y Erste subrayan que del carácter transfronterizo de los servicios correspondientes
         a algunas mesas redondas no se puede deducir dicho efecto del conjunto de los acuerdos. Por último, RLB estima que es obligado
         un examen separado en lo que concierne a las tarifas interbancarias multilaterales tratadas en el marco de las mesas redondas
         relativas a los pagos puesto que los acuerdos relacionados con ellas pueden obtener una exención al amparo del artículo 81 CE,
         apartado 3.
      
      159   Las demandantes opinan que no se puede afirmar, con carácter general, que una práctica colusoria que se extiende a todo el
         territorio de un Estado miembro puede, por su propia naturaleza, afectar sensiblemente el comercio entre Estados miembros.
         Las demandantes deducen de la jurisprudencia (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de enero de 1999, Bagnasco y otros,
         C‑215/96 y C‑216/96, Rec. p. I‑135) y de la práctica decisoria de la Comisión [Decisión 1999/687/CE de la Comisión, de 8 de
         septiembre de 1999, relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE [IV/34.010 Nederlandse Vereniging
         van Banken (acuerdo GSA 1991), IV/33.793 Nederlandse Postorderbond, IV/34.234 Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven y IV/34.888
         Nederlandse Organisatie van Tijdschriften Uitgevers/Nederlandse Christelijke Radio Vereniging] (DO L 271, p. 28; en lo sucesivo,
         «Decisión sobre bancos neerlandeses II»)], que esto es particularmente cierto en relación con los acuerdos entre entidades
         de crédito. A su juicio, además de la extensión territorial, para poder declarar el carácter transfronterizo de una práctica
         colusoria «nacional», son necesarias ciertas circunstancias complementarias (que no se dan en el caso de autos). Según una
         parte de las demandantes, es indispensable para ello que la práctica colusoria produzca efectos de compartimentación del mercado.
      
      160   Las demandantes afirman, a este respecto, que no se adoptó, ni se contempló adoptar, ninguna medida para excluir a los competidores
         extranjeros del mercado austriaco. Por una parte, ponen de relieve que dichas medidas no son necesarias porque los servicios
         bancarios afectados por los acuerdos más importantes (depósitos de ahorro y créditos a particulares y pequeñas empresas) apenas
         son interesantes para los bancos extranjeros. Según ellos, esto sucede, en primer lugar, porque los obstáculos de acceso al
         mercado son altos (en especial la preferencia de la clientela por los bancos locales, las barreras lingüísticas y la necesidad
         de disponer de una red de sucursales importante); en segundo lugar, porque esas prestaciones de servicios no generan beneficios
         interesantes y, en tercer lugar, porque el mercado de esos servicios en Austria está saturado. Por otra parte, afirman que
         hay bancos extranjeros presentes en el mercado austriaco.
      
      161   La Comisión refuta esas alegaciones.
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Sobre los principios que rigen la valoración de la capacidad para afectar al comercio entre Estados miembros
      162   El requisito relativo a los efectos sobre el comercio entre los Estados miembros, que figura en el artículo 81 CE, apartado
         1, tiene como objetivo determinar, en materia de regulación de la competencia, el ámbito de aplicación del Derecho comunitario
         frente al de los Estados miembros. Así, están comprendidos en el ámbito de aplicación del Derecho comunitario todo acuerdo
         y toda práctica que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros de tal manera que puedan malograr la consecución
         de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros, en particular compartimentando los mercados nacionales o
         alterando la estructura de la competencia en el mercado común. Por el contrario, los comportamientos cuyos efectos se localizan
         dentro del territorio de un único Estado miembro pertenecen al ámbito de aplicación del Derecho nacional (sentencia del Tribunal
         de Justicia de 31 de mayo de 1979, Hugin/Comisión, 22/78, Rec. p. 1869, apartado 17). 
      
      163   Según una jurisprudencia reiterada, para que un acuerdo entre empresas pueda afectar al comercio entre Estados miembros, debe
         poderse presumir con un grado de probabilidad suficiente, con arreglo a una serie de elementos objetivos de hecho o de Derecho,
         que puede ejercer una influencia directa o indirecta, real o potencial, sobre las corrientes de intercambios entre Estados
         miembros, en un sentido que pueda perjudicar a la realización de los objetivos de un mercado único entre los Estados miembros
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1985, Remia y otros/Comisión, 42/84 Rec. p. 2545, apartado 22). De este
         modo, el perjuicio de los intercambios intracomunitarios es, en general, el resultado de una combinación de diversos factores
         que, considerados aisladamente, no serían necesariamente decisivos (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre
         de 1994, DLG, C‑250/92, Rec. p. I‑5641, apartado 54; Bagnasco y otros, citada en el apartado 159 supra,  apartado 47, y de 29 de abril de 2004, British Sugar/Comisión, C‑359/01 P, Rec. p. I‑4933, apartado 27).
      
      164   Tiene poca importancia a este respecto que la influencia de una práctica colusoria sobre los intercambios sea perjudicial,
         neutra o favorable. En efecto, una limitación de la competencia puede afectar el comercio entre Estados miembros cuando puede
         desviar los flujos comerciales del curso que habrían seguido en ausencia de la misma (sentencia del Tribunal de Justicia de
         29 de octubre de 1980, Van Landewyck y otros/Comisión, 209/78 a 215/78 y 218/78, Rec. p. 3125, apartado 172). Por tanto, procede
         descartar la tesis que sostienen algunas de las demandantes en el presente asunto, según la cual, para declarar que la práctica
         colusoria puede afectar al comercio entre Estados miembros, sólo pueden ser tomados en consideración los efectos de compartimentación
         del mercado. 
      
      165   Esta interpretación amplia del criterio de la capacidad para afectar el comercio entre Estados miembros no es contraria al
         principio de subsidiariedad invocado por RLB. En efecto, tal como destacó acertadamente la Comisión, el Tratado prevé que
         los posibles conflictos entre la salvaguardia de una competencia no falseada y otros objetivos legítimos de política económica
         se resuelvan mediante la aplicación del artículo 81 CE, apartado 3. Puede considerarse, pues, que se trata de una disposición
         especial que aplica el principio de subsidiariedad en el ámbito de las prácticas colusorias. Este principio no puede, por
         tanto, invocarse para restringir el ámbito de aplicación del artículo 81 CE (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal
         de Primera Instancia de 23 de octubre de 2003, Van den Bergh Foods/Comisión, T‑65/98, Rec. p. II‑4653, apartado 197).
      
      166   A continuación, hay que subrayar que la capacidad de una práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros,
         es decir, su efecto potencial, es suficiente para que esté en el ámbito de aplicación del artículo 81 CE y que no es necesario
         demostrar un perjuicio efectivo a los intercambios (sentencia Bagnasco y otros, citada en el apartado 159 supra, apartado 48, y sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411,
         apartado 19). El hecho de que en el caso de autos se trate de la valoración a posteriori de una infracción pasada no altera este criterio, de modo que en este caso también es suficiente el efecto potencial de la
         práctica colusoria sobre los intercambios. Por consiguiente, procede desestimar las alegaciones expuestas por Erste, ÖVAG
         y NÖ-Hypo, según las cuales la supuesta falta de efectos sobre el mercado de esos efectos debería haberse tomado en consideración
         como indicio de la incapacidad de éstos para afectar al comercio entre Estados miembros.
      
      167   No obstante, es necesario que el efecto potencial de la práctica colusoria sobre el comercio interestatal sea sensible o,
         en otros términos, que no sea insignificante (sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 1998, Javico, C‑306/96,
         Rec. p. I‑1983, apartados 12 a 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de marzo de 2003, CMA CGM y otros/Comisión,
         T‑213/00, Rec. p. II‑913; en lo sucesivo, «sentencia FETTCSA», apartado 207).
      
      –       Sobre el examen conjunto del efecto transfronterizo de las mesas redondas
      168   En lo que atañe a la cuestión de si la Comisión tiene derecho a valorar esta influencia potencial, en el caso de autos, conjuntamente
         para todas las concertaciones que se realizaron en el seno de las mesas redondas de la «red Lombard», de la jurisprudencia
         se desprende que deben examinarse en común los efectos que producen sobre el comercio entre Estados miembros de acuerdos que
         guardan relación directa entre sí y que forman parte integrante de un conjunto, mientras que los acuerdos entre los cuales
         no existe relación directa y que conciernen a actividades diferentes deben ser objeto de un examen separado (sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1997, VGB y otros/Comisión, T‑77/94, Rec. p. II‑759, apartados 126, 142 y 143).
      
      169   Contrariamente a lo que sostienen ÖVAG y NÖ-Hypo, no es decisivo a este respecto si se trata de acuerdos contractuales uniformes,
         referidos a productos simples y del mismo tipo, y cuya importancia para el comercio interestatal resulta evidente.
      
      170   En efecto, una relación que requiere y justifica un examen global de la capacidad para afectar al comercio entre Estados miembros
         existe, en particular, entre acuerdos u otros comportamientos que constituyen una infracción única. Pues bien, tal como resulta
         de los apartados 111 a 125 de la presente sentencia, la Comisión puede legalmente declarar que las concertaciones en el seno
         de las diferentes mesas redondas del «Club Lombard» forman parte de una infracción única porque se inscriben en un plan conjunto
         que tiene por objeto restringir la competencia.
      
      171   Las demandantes no pueden deducir del hecho de que el Tribunal de Justicia examinara por separado, en la sentencia Bagnasco
         y otros, citada en el apartado 159 supra, las cláusulas correspondientes a dos operaciones bancarias distintas, contenidas en las condiciones bancarias uniformes que
         aplicaban los miembros de la asociación de bancos italianos, una regla general que prohíba un examen conjunto de la capacidad
         de los acuerdos de que se trata en el caso de autos para afectar el comercio entre Estados miembros. En efecto, en el asunto
         que originó la sentencia Bagnasco y otros, citada en el apartado 159 supra, el Tribunal de Justicia debía pronunciarse, con carácter prejudicial, acerca de la compatibilidad de dichas cláusulas con
         el artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE). Dicho Tribunal declaró que, en el caso de una de las operaciones
         en cuestión, las condiciones bancarias uniformes no tenían por objeto o por efecto limitar la competencia, mientras que las
         cláusulas relativas a la otra operación no afectaban al comercio entre Estados miembros. En este asunto no se planteaba, pues,
         la cuestión del examen conjunto de los efectos transfronterizos de las condiciones bancarias, de las que formaban parte las
         mencionadas cláusulas.
      
      172   En lo que concierne a la alegación de BA-CA, BAWAG, PSK, Erste, ÖVAG y NÖ-Hypo según la cual la Comisión no tuvo en cuenta
         que los diferentes productos bancarios objeto de las mesas redondas pertenecen a mercados distintos y que la capacidad para
         afectar al comercio entre Estados miembros debe examinarse por separado respecto de cada uno de esos mercados, se debe recordar,
         con carácter preliminar, que la definición del mercado de referencia es diferente según se trate de aplicar el artículo 81 CE
         o el artículo 82 CE. En efecto, en el marco de la aplicación del artículo 81 CE, es necesario definir el mercado de referencia
         para determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que se trate puede afectar
         al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia
         dentro del mercado común. Por esta razón, en el marco de la aplicación del artículo 81 CE, apartado 1, las críticas formuladas
         contra la definición del mercado efectuada por la Comisión no poseen una dimensión autónoma con respecto a las relativas a
         la distorsión de la competencia. Por tanto, la crítica de la definición del mercado relevante es inoperante si la Comisión
         declaró acertadamente, sobre la base de los documentos mencionados en la Decisión impugnada, que el acuerdo en cuestión falsea
         la competencia y puede afectar sensiblemente al comercio entre Estados miembros (sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 11 de diciembre de 2003, Adriatica di Navigazione/Comisión, T‑61/99, Rec. p. II‑5349, apartado 27). Ahora bien, en el caso
         de autos, la alegación relativa a la definición de los mercados tiene por objeto criticar el método utilizado por la Comisión
         para evaluar los efectos sobre los intercambios, por lo que no se puede descartar, de entrada, por inoperante.
      
      173   Según la jurisprudencia, el mercado que debe tomarse en consideración agrupa al conjunto de productos que, en razón de sus
         características, son especialmente aptos para satisfacer necesidades permanentes y escasamente sustituibles por otros productos
         (sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 1983, Michelin/Comisión, 322/81, Rec. p. 3461, apartado 37).
      
      174   En el caso de autos, las diferentes prestaciones bancarias a que se refieren los acuerdos no son sustituibles entre sí. No
         obstante, la mayor parte de los clientes de los bancos generalistas demandan un conjunto de servicios bancarios, como depósitos,
         créditos y operaciones de pago, y una competencia entre estos bancos puede afectar al conjunto de esos servicios. Por tanto,
         sería artificial una definición estricta del mercado de referencia en este sector de actividad. Además, un examen por separado
         no permitiría aprehender en su totalidad los efectos de acuerdos que, si bien conciernen a productos o servicios y a clientes
         diferentes (particulares o empresas), pertenecen al mismo sector de actividad. En efecto, la afectación del comercio entre
         Estados miembros puede ser indirecta y el mercado en el que ésta puede producirse no es necesariamente idéntico al mercado
         de los productos o servicios cuyos precios se fijan mediante la práctica colusoria (sentencias del Tribunal de Justicia de
         30 de enero de 1985, BNIC, 123/83, Rec. p. 391, apartado 29, y Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión, citada en el apartado
         138 supra, apartado 142). Pues bien, tal como destacó la Comisión acertadamente en los considerandos 456 a 459 de la Decisión impugnada,
         la fijación de precios para una amplia gama de servicios bancarios que se ofrecen a particulares y empresas puede tener, en
         su conjunto, repercusiones sobre otros mercados.
      
      175   Por consiguiente, la Comisión no está obligada a examinar por separado los mercados de los diferentes productos bancarios
         afectados por las mesas redondas para apreciar los efectos sobre el comercio entre Estados miembros en el caso de autos (véase,
         por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de febrero de 1995, SPO y otros/Comisión, T‑29/92, Rec.
         p. II‑289, apartados 76 a 83, en la que se define como mercado de referencia el mercado neerlandés de la construcción). 
      
      176   A continuación se debe descartar por inoperante la alegación expuesta por RLB, según la cual la capacidad para afectar al
         comercio entre Estados miembros de los acuerdos sobre tarifas interbancarias que se trataron en las mesas redondas relativas
         a pagos internacionales debe examinarse separadamente de los demás acuerdos porque éstos pueden acogerse a una exención al
         amparo del artículo 81 CE, apartado 3. En primer lugar, RLB no manifiesta que se hubiera solicitado dicha exención. A continuación,
         de la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 1986, Windsurfing International/Comisión (193/83, Rec. p. 611,
         apartados 96 y 97), se desprende que el hecho de que ciertas cláusulas de un acuerdo no tengan por objeto o por efecto limitar
         la competencia no se opone al examen conjunto de aquél. Con mayor motivo esto es así si determinados acuerdos en el seno de
         una práctica colusoria única pueden beneficiarse de una exención.
      
      177   De esto se deduce que la Comisión puede tener en cuenta el efecto potencial acumulado del conjunto de las mesas redondas a
         la hora de determinar si la práctica colusoria conjunta puede afectar al comercio entre Estados miembros (sentencia VGB y
         otros/Comisión, citada en el apartado 168 supra, apartado 140). En cambio, carece de relevancia, a este respecto, saber si cada una de las mesas redondas considerada aisladamente
         puede afectar al comercio entre Estados miembros (véase, por analogía, la sentencia Windsurfing International/Comisión, citada
         en el apartado 176 supra, apartado 96). También se deduce que no es necesario determinar que una u otra de las diferentes mesas redondas, considerada
         aisladamente, es capaz de afectar al comercio entre Estados miembros para poder declarar que el conjunto de la práctica colusoria
         posee esta capacidad.
      
      178   Por tanto, la capacidad de las mesas redondas para afectar al comercio interestatal no presupone que cada una de las concertaciones
         tenga por objeto prestaciones de carácter transfronterizo. Por tanto, es inoperante la alegación de que la Comisión no puede,
         mediante un examen conjunto, deducir que existe un efecto transfronterizo de la práctica colusoria a partir del efecto transfronterizo
         de algunas de las mesas redondas que son poco importantes respecto del conjunto de los acuerdos.
      
      –       Sobre la capacidad de una práctica colusoria que se extiende a todo el territorio de un Estado miembro para afectar al comercio
         entre Estados miembros 
      
      179   No se ha negado que la práctica colusoria conjunta imputada por la Comisión en el caso de autos se extiende a la totalidad
         del territorio austriaco.
      
      180   Según una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, una práctica colusoria que
         se extiende a todo el territorio de un Estado miembro, por su propia naturaleza, tiene por efecto consolidar compartimentaciones
         de carácter nacional, que obstaculizan de este modo la interpenetración económica perseguida por el Tratado (sentencias del
         Tribunal de Justicia de 17 de octubre de 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Comisión, 8/72, Rec. p. 977, apartado 29;
         Remia y otros/Comisión, citada en el apartado 163 supra, apartado 22; de 18 de junio de 1998, Comisión/Italia, C‑35/96, Rec. p. I‑3851, apartado 48, y de 19 de febrero de 2002, Wouters
         y otros, C‑309/99, Rec. p. I‑1577, apartado 95; véase también la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio
         de 2000, Volkswagen/Comisión, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, apartado 179). Además, se declaró que una medida estatal por la que
         se aprueba un baremo de honorarios de abogado, que se extiende a todo el territorio de un Estado miembro, puede afectar al
         comercio entre los Estados miembros a los efectos del artículo 81 CE, apartado 1 (véase, en este sentido, la sentencia del
         Tribunal de Justicia de 19 de febrero de 2002, Arduino, C‑35/99, Rec. p. I‑1529, apartado 33). 
      
      181    De esta jurisprudencia resulta que existe, al menos, una fuerte presunción de que una práctica restrictiva de la competencia
         aplicada a todo el territorio de un Estado miembro puede contribuir a la compartimentación de los mercados y afectar a los
         intercambios intracomunitarios. Esta presunción sólo desaparece si el análisis de las características del acuerdo y de su
         contexto económico demuestra lo contrario.
      
      182   A este respecto, en lo que se refiere al sector bancario, se desprende de la sentencia Bagnasco y otros (citada en el apartado
         159 supra, apartados 51 a 53), que pueden existir acuerdos que se extiendan a todo el territorio de un Estado miembro y que no produzcan
         efectos sensibles sobre el comercio entre Estados miembros. Por lo demás, la Comisión sostuvo un enfoque análogo en la Decisión
         sobre Bancos neerlandeses II (citada en el precedente apartado 159, considerando 61).
      
      183   La infracción compleja que es objeto del caso de autos se diferencia, sin embargo, de los acuerdos contemplados en la sentencia
         y en la Decisión citadas en el precedente apartado, referidos a sendas operaciones bancarias concretas (por un lado, el afianzamiento
         general que debe garantizar la apertura de un crédito en cuenta corriente y, por otro lado, la transferencia acceptgiro).
         En efecto, las concertaciones en el seno de la «red Lombard» implican no solamente a casi todas las entidades de crédito en
         Austria sino también a una amplia gama de productos y servicios bancarios, en particular, los créditos y depósitos y, por
         ende, pueden modificar las condiciones de la competencia en todo este Estado miembro.
      
      184   En estas circunstancias, la alegación de que los miembros de la práctica colusoria no adoptaron medidas con el objeto de excluir
         a los competidores del mercado no permite deducir que no exista efecto transfronterizo.
      
      185   En efecto, la «red Lombard» puede haber contribuido al mantenimiento de los obstáculos de acceso al mercado que describen
         las demandantes (véase el precedente apartado 160), al haber permitido la conservación de las estructuras del mercado bancario
         austriaco cuya ineficacia reconoció la propia BA-CA, así como los correspondientes hábitos de los consumidores.
      
      186   Por tanto, las demandantes no han destruido la presunción de que la práctica colusoria, globalmente considerada y cuyo alcance
         se extiende a toda Austria, pudo haber tenido efectos de compartimentación de los mercados y haber afectado al comercio entre
         Estados. 
      
      –       Conclusión
      187   Dado que la Comisión dedujo acertadamente, en el caso de autos, que la práctica colusoria general puede afectar al comercio
         entre Estados miembros por extenderse a todo el territorio de un Estado miembro, las alegaciones de las demandantes contra
         los ejemplos que se mencionan en la Decisión impugnada son inoperantes.
      
      –       Caso particular de RLB (asunto T‑262/02) 
      –       Alegaciones de las partes 
      188   RLB manifiesta que RBW, cuyo comportamiento se le imputa, no participó en la mayor parte de las mesas redondas y que aquellas
         en las que participó no tenían relación alguna con las operaciones transfronterizas. Considera que no se puede reprochar a
         RBW que participara en una práctica colusoria que se refería indistintamente a toda la gama de productos bancarios y que la
         capacidad para afectar al comercio entre Estados miembros debe examinarse separadamente respecto de las mesas redondas en
         las que participó RBW.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 
      189   Para establecer la participación de una empresa en un acuerdo de esta índole, la Comisión debe probar que la empresa intentaba
         contribuir con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes
         y que tuvo conocimiento de los comportamientos materiales previstos o ejecutados por otras empresas para alcanzar los mismos
         objetivos o que pudo de forma razonable haberlos previsto y que estaba dispuesta a asumir el riesgo (sentencias del Tribunal
         de Justicia Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 111 supra, apartado 83; de 8 de julio de 1999, Comisión/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, apartado 87, y de 28 de junio
         de 2005, Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P a C‑208/02 P y C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425,
         apartado 145).
      
      190   RLB admite que RBW participó en las mesas redondas sobre operaciones activas y pasivas, tanto a nivel federal como en Viena,
         es decir, las mesas redondas más importantes relacionadas con las condiciones de crédito y de depósito (véanse los precedentes
         apartados 140 y 144). La Comisión declara, en el considerando 51, letra b), de la Decisión impugnada que esas mesas redondas
         mantienen relaciones especialmente estrechas con el «Club Lombard», extremo que RLB no ha negado.
      
      191   RBW no podía, pues, ignorar que las mesas redondas en las que participaba formaban parte de un conjunto más amplio de acuerdos
         y que su participación en las concertaciones sobre las condiciones activas y pasivas se dirigía a la consecución de los objetivos
         de la práctica colusoria general. Dado que las mesas redondas sobre operaciones activas y pasivas eran particularmente importantes
         para la práctica colusoria en su conjunto, RBW conocía, debido a su participación en éstas últimas, los comportamientos materiales
         más significativos previstos o ejecutados por los otros bancos en la consecución de los objetivos de la práctica colusoria,
         a saber, la coordinación de los requisitos de créditos y depósitos.
      
      192   RLB insiste más en concreto en la ausencia de RBW en las mesas redondas relativas a operaciones transfronterizas. Ahora bien,
         el hecho de que una empresa no haya participado en todos los elementos constitutivos de una práctica colusoria o que haya
         desempeñado un papel menor en los aspectos en los que haya participado no es relevante al imputarle una infracción. Sólo procede
         tomar en consideración dichos elementos cuando se valore la gravedad de la infracción y, en su caso, se determine la multa
         (véanse, en este sentido, las sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 189 supra, apartado 90, y Aalborg Portland y otros/Comisión, citada en el apartado 111 supra, apartado 86).
      
      193   Asimismo, ni el hecho de que RBW no conociese en detalle las concertaciones producidas en el seno de las numerosas mesas redondas
         en las que no participó, ni el de que ignorase la existencia de determinadas mesas redondas como las relativas a las operaciones
         transfronterizas, aun dándolos por supuesto, desvirtúan la imputación de la Comisión de que participó en la práctica colusoria
         general. Así pues, debido a su participación en las mesas redondas federales sobre operaciones activas y pasivas, RBW no podía
         ignorar el alcance general y las características fundamentales de la práctica colusoria general.
      
      194   La Comisión declaró pues, acertadamente, que RBW participó en la práctica colusoria general y no sólo en determinados acuerdos
         aislados. De esto se deduce que consideró con razón que el comportamiento de RBW está comprendido en el ámbito de aplicación
         del artículo 81 CE.
      
      195   Además, como resulta del precedente apartado 178, el hecho de que la práctica colusoria general se refiera, en particular,
         a determinadas operaciones transfronterizas no es decisivo para determinar su capacidad para afectar al comercio entre Estados
         miembros y son mucho más importantes, a este respecto, los acuerdos sobre condiciones de los créditos y depósitos que son
         el objeto central de las mesas redondas en las que participó RBW.
      
      196   Se debe añadir que puesto que la Comisión demostró suficientemente que la infracción de las disposiciones del artículo 81 CE,
         apartado 1, en las que participa una empresa puede afectar al comercio entre Estados miembros, no es necesario que demuestre
         que la participación concreta de esta empresa afectó a los intercambios entre Estados miembros (sentencia del Tribunal de
         Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, ICI/Comisión, T‑13/89, Rec. p. II‑1021, apartado 305).
      
      197   Por tanto, procede desestimar la alegación de RLB acerca de la limitada participación de RBW en las mesas redondas.
       Sobre las pretensiones de que se anule el artículo 2 de la Decisión impugnada (asuntos T‑259/02, T‑264/02 y T‑271/02)
       Alegaciones de las demandantes
      198   RZB, Erste, ÖVAG y NÖ-Hypo solicitan la anulación de la orden conminatoria de poner fin a la infracción, dirigida a los bancos
         en el artículo 2 de la Decisión impugnada. A su juicio, esta orden conminatoria es ilegal porque está demostrado que los bancos
         ya habían puesto fin a la infracción en la fecha de las comprobaciones, en junio de 1998.
      
       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      199   La Comisión tiene un amplio margen de apreciación para decidir si es necesario, para cumplir con su misión de velar por el
         respeto de las normas sobre la competencia, adoptar medidas al amparo del artículo 3, apartado 1, del Reglamento nº 17. Por
         lo tanto, la existencia de una última duda acerca del cese efectivo de una infracción es suficiente para que esta institución
         pueda válidamente ordenar a las empresas que pongan fin a dicha infracción.
      
      200   Por lo tanto, las pretensiones de que se anule el artículo 2 de la Decisión impugnada formuladas por RZB, Erste, ÖVAG y NÖ-Hypo,
         no son fundadas.
      
       Sobre las pretensiones de anulación del artículo 3 de la Decisión impugnada
       Inexistencia de falta (asuntos T‑261/02 a T‑263/02, T‑264/02 y T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      201   BAWAG, RLB, PSK, Erste, ÖVAG y NÖ-Hypo consideran que la Comisión vulneró el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17
         al imponerles una multa, porque la infracción del artículo 81 CE que se les reprocha, suponiendo que esté probada, no se cometió
         ni deliberadamente ni por negligencia. Sostienen sobre todo que no se les puede reprochar ninguna falta en lo que respecta
         a la capacidad de los acuerdos para afectar al comercio entre Estados miembros.
      
      202   BAWAG, PSK, Erste, ÖVAG y NÖ-Hypo manifiestan que los elementos expuestos en los considerandos 29 a 50 de la Decisión impugnada
         no demuestran que los bancos austriacos fuesen conscientes de que las mesas redondas eran incompatibles con el artículo 81 CE.
         BAWAG, PSK, ÖVAG y NÖ-Hypo invocan también el Derecho austriaco sobre prácticas colusorias aplicable en aquel momento, según
         el cual los acuerdos «de comportamiento» (Verhaltenskartelle), es decir, los acuerdos sin fuerza obligatoria entre las partes,
         eran lícitos en Austria hasta el 1 de enero de 2000, salvo prohibición en contra del juez competente. ÖVAG y NÖ-Hypo se refieren
         además al carácter público de las mesas redondas y a la participación de las autoridades públicas en éstas.
      
      203   RLB afirma que la cuestión de la infracción no depende del conocimiento de la prohibición de las prácticas colusorias sino
         del conocimiento de los hechos que hacen que esa prohibición se aplique en el caso de autos y que RBW (cuyo comportamiento
         se le imputa) no tuvo dicho conocimiento debido a la limitación geográfica de sus actividades. Durante la vista, indicó que
         sólo una persona participó en las mesas redondas por cuenta de RBW y que éste último no contaba, en la época de la infracción,
         con un servicio jurídico interno. BAWAG, ÖVAG y NÖ-Hypo subrayan asimismo el carácter regional de sus actividades y el papel
         poco importante de las operaciones transfronterizas en este marco.
      
      204   La Comisión refuta esas alegaciones.
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      205   Según una reiterada jurisprudencia, para que una infracción de las normas sobre la competencia pueda considerarse deliberada,
         no es necesario que la empresa tuviera conciencia de infringir estas normas; es suficiente que no pudiera ignorar que el objeto
         de la conducta que se le imputa era restringir la competencia en el mercado común (sentencias del Tribunal de Primera Instancia
         de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T‑61/89, Rec. p. II‑1931, apartado 157; SPO y otros/Comisión,
         citada en el apartado 175 supra, apartado 356, y de 14 de mayo de 1998, Mayr-Melnhof/Comisión, T‑347/94, Rec. p. II‑1751; en lo sucesivo, «sentencia Mayr-Melnhof»,
         apartado 375).
      
      206   A este respecto no es decisivo si las demandantes conocían la interpretación del criterio del carácter transfronterizo de
         la Comisión o de la jurisprudencia, sino que lo que importa es si conocían las circunstancias de las que se deriva concretamente
         la capacidad de la práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros o, por lo menos, que no pudiesen ignorarlas.
      
      207   Pues bien, todas las demandantes sabían, debido a su participación en las principales mesas redondas, que la red del «Club
         Lombard» se extendía a todo el territorio de Austria y a una amplia gama de importantes productos bancarios, en particular,
         los créditos y los depósitos. Conocían, pues, los hechos esenciales de los que resulta, en el caso de autos, la afectación
         del comercio entre Estados miembros.
      
      208   Por el contrario, como se destacó en el precedente apartado 178, el hecho de que algunos acuerdos, poco importantes en relación
         con la práctica colusoria general globalmente considerada, tuvieran por objeto operaciones de carácter transfronterizo no
         es indispensable ni suficiente, por sí mismo, para declarar la capacidad de la práctica colusoria general para afectar al
         comercio entre Estados miembros. Tampoco es determinante saber si todos los bancos estaban al corriente de que los acuerdos
         afectaban, en particular, a operaciones transfronterizas.
      
      209   Por tanto, en el presente contexto no es pertinente saber en qué medida las demandantes conocían la incompatibilidad de su
         comportamiento con el artículo 81 CE. Asimismo, el hecho de que en Derecho austriaco determinadas prácticas colusorias no
         estén prohibidas de pleno Derecho pero puedan ser prohibidas, previa demanda, por el órgano jurisdiccional competente (suponiendo
         que los acuerdos del «Club Lombard» formen parte de esas prácticas colusorias) no tiene incidencia alguna sobre el carácter
         intencional de la infracción al artículo 81 CE (véase, en este sentido, la sentencia Mayr-Melnhof, citada en el apartado 205 supra, apartados 373 a 376). Por último, las alegaciones basadas en el carácter público de las reuniones y en la participación en
         éstas de las autoridades nacionales no afectan a la intención de limitar la competencia ni al conocimiento de las circunstancias
         de las que resulta la aptitud de la práctica colusoria para afectar al comercio entre Estados miembros.
      
      210   En lo que se refiere más concretamente al asunto T‑262/02, la participación de RBW en más del 80 % de las mesas redondas vienesas
         y en más del 90 % de las mesas redondas federales sobre operaciones activas y pasivas demuestra que su representante no podía
         ignorar que las concertaciones sobre esas operaciones no se limitaban a Viena sino que se extendían a una gran parte o incluso
         a toda Austria. Por tanto, e independientemente de la cuestión de si los responsables de RBW eran informados de las concertaciones,
         en el seno de la «red Lombard», sobre otras operaciones bancarias, es obligado declarar que RBW conocía los hechos fundamentales
         de los que resulta que la práctica colusoria en la que participó afecta al comercio entre Estados miembros. 
      
      211   Por tanto, procede desestimar la alegación de que la infracción no se cometió deliberadamente. Las alegaciones de las demandantes
         para demostrar la falta de negligencia son, pues, inoperantes.
      
       Posibilidad de una exención de los acuerdos (asuntos T‑260/02, T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      212   RLB, ÖVAG y NÖ-Hypo ponen de manifiesto que la Comisión no impone multas, habitualmente, cuando los acuerdos de que se trata
         pueden obtener una exención al amparo del artículo 81 CE, aparatado 3. Consideran que tal es el caso de los acuerdos en cuestión.
         RLB invoca el artículo 4, apartado 2, punto 1), del Reglamento nº 17, que implica, a su juicio, una presunción de legalidad
         y permitía que la Comisión concediese, en el presente asunto, una exención retroactiva. ÖVAG y NÖ-Hypo destacan, en particular,
         que los acuerdos litigiosos tenían por objeto ofrecer a los consumidores austriacos toda la gama de servicios bancarios de
         la mejor calidad a precios abordables y que algunos de esos acuerdos se referían a la fijación de comisiones interbancarias
         que podían beneficiarse de una exención.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      213   Este motivo no puede estimarse puesto que los acuerdos de que se trata en el caso de autos no se notificaron. En efecto, la
         notificación no constituye una mera formalidad impuesta a las empresas, sino un requisito indispensable para obtener determinadas
         ventajas. Según el artículo 15, apartado 5, letra a), del Reglamento nº 17, no podrá imponerse multa alguna a causa de actuaciones
         posteriores a la notificación, siempre que tales actuaciones se encuentren dentro de los límites de la actividad descrita
         en la notificación. Ahora bien, este beneficio en favor de las empresas que han notificado un acuerdo o una práctica concertada
         constituye la contrapartida del riesgo que asume la empresa al denunciar ella misma el acuerdo o la práctica concertada. La
         empresa se arriesga, en efecto, no sólo a que la Comisión declare que el acuerdo o la práctica infringen el artículo 81 CE,
         apartado 1, y le deniegue la aplicación del apartado 3 del mismo artículo, sino también a que le obligue a poner fin al acuerdo
         o a la práctica notificada. Con mayor motivo, una empresa que no ha querido correr ese riesgo no puede esgrimir, contra una
         multa impuesta por una infracción no notificada, la posibilidad hipotética de que una notificación hubiera podido dar lugar
         a una exención (sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de junio de 1983, Musique Diffusion française y otros/Comisión, 100/80
         a 103/80, Rec. p. 1825; en lo sucesivo, «sentencia MDF», apartado 93).
      
      214   En cualquier caso, las demandantes no han demostrado que la red de acuerdos sobre precios en cuestión reúne los requisitos
         para beneficiarse de una exención.
      
       Conclusión
      215   Por tanto, los motivos que tienen por objeto la anulación del artículo 3 de la Decisión impugnada no son fundados.
       Sobre las pretensiones de que se reduzcan las multas impuestas
       Observaciones preliminares
      216   En virtud del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión impuso multas a todas las demandantes. De los considerandos
         502 a 542 de la Decisión impugnada se desprende que –aun cuando la Decisión impugnada no se refiere a ello expresamente, salvo
         en el considerando 529 relativo a las circunstancias atenuantes y, en el marco de la exposición de una alegación de los bancos,
         en la nota a pie de página nº 519– la Comisión calculó el importe de las multas de acuerdo con la metodología expuesta en
         las Directrices. Además, esta institución redujo dichos importes un 10 % en aplicación de la Comunicación sobre la cooperación.
      
      –       Sobre la aplicabilidad de las Directrices y de la Comunicación sobre la cooperación
      –       Sobre la presunta violación del principio de no retroactividad (asunto T‑264/02)
      217   Erste rechaza el método utilizado para el cálculo de las multas porque la Comisión, al aplicar las Directrices adoptada después
         del cese de la infracción y al endurecer de nuevo su práctica a lo largo del otoño de 2001, infringió el principio de no retroactividad
         consagrado en el artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,
         firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y en el artículo 49 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
         proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 (DO C 364, p. 1).
      
      218   Tal como declaró el Tribunal de Justicia en la sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión (citada en el apartado 189 supra, apartados 202 a 232), procede concluir que debe desestimarse este motivo puesto que las Directrices y, en particular, el
         nuevo método de cálculo del importe de las multas establecido en ellas, suponiendo que haya producido el efecto de aumentar
         el nivel de las multas impuestas, resultaban razonablemente previsibles para unas empresas de las características de las recurrentes
         en el momento en que se cometieron las infracciones de que se trata.
      
      –       Sobre la pertinencia de las Directrices y de la Comunicación sobre la cooperación para el control jurisdiccional de la Decisión
         impugnada
      
      219   Las Directrices son un instrumento para establecer, respetando el Derecho de rango superior, los criterios que aplicará la
         Comisión al ejercer la facultad de apreciación al fijar las multas que le confiere el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17.
      
      220   Al anunciar en sus Directrices el método que tenía la intención de aplicar para calcular el importe de las multas impuestas
         con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, la Comisión respetó el marco jurídico impuesto por dicha disposición
         y no sobrepasó en absoluto los límites de la facultad discrecional que le confirió el legislador (sentencia Dansk Rørindustri
         y otros/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartado 252).
      
      221   Si bien estas reglas que pretenden producir efectos externos no pueden calificarse de norma jurídica a cuya observancia está
         obligada en cualquier caso la Administración, establecen sin embargo reglas de conducta indicativas de la práctica que debe
         seguirse y de la cual la Administración no puede apartarse, en un determinado caso, sin dar razones que sean compatibles con
         el principio de igualdad de trato. 
      
      222   Al adoptar estas reglas de conducta y anunciar mediante su publicación que las aplicará en lo sucesivo a los casos contemplados
         en ellas, la institución en cuestión se autolimita en el ejercicio de su facultad de apreciación y no puede ya apartarse de
         tales reglas, so pena de verse sancionada, en su caso, por violación de los principios generales del Derecho, tales como la
         igualdad de trato o la protección de la confianza legítima.
      
      223   Si bien las Directrices no constituyen, pues, el fundamento jurídico de la Decisión impugnada, que se basa en los artículos
         3 y 15, apartado 2, del Reglamento nº 17, sí determinan sin embargo, de un modo general y abstracto, la metodología que la
         Comisión se obligó a seguir para determinar el importe de las multas impuestas mediante aquella Decisión y garantizan, por
         consiguiente, la seguridad jurídica de las empresas (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartados 209 a 213).
      
      224   La autolimitación de la facultad de apreciación de la Comisión que resulta de la adopción de las Directrices no es incompatible
         con que la Comisión conserve un margen sustancial de apreciación (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio
         de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T‑44/00, Rec. p. II‑2223, apartados 246, 274 y 275). En efecto, las Directrices
         contienen varios rasgos de flexibilidad que permiten que la Comisión ejerza su facultad discrecional respetando las disposiciones
         del artículo 15 del Reglamento nº 17, tal como han sido interpretadas por el Tribunal de Justicia (sentencia Dansk Rørindustri
         y otros/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartado 267).
      
      225   Al igual que las Directrices, la Comunicación sobre la cooperación creó expectativas legítimas a las empresas, de modo que
         la Comisión tiene la obligación de atenerse a ella al apreciar, en el marco de la determinación del importe de la multa impuesta,
         la cooperación de dichas empresas (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, LR AF 1998/Comisión,
         T‑23/99, Rec. p. II‑1705, apartado 360).
      
      226   Corresponde, pues, al Tribunal de Primera Instancia, en el marco del control de la legalidad de la Decisión impugnada, comprobar
         si la Comisión ejerció su facultad de apreciación de acuerdo con el método que se expone en las Directrices y en la Comunicación
         sobre la cooperación y, en la medida en que deba declarar que esta institución se separó de dicho método, comprobar si esta
         desviación está legalmente justificada y motivada.
      
      227   No obstante, el margen de apreciación de la Comisión y los límites que le impuso no prejuzgan que el juez comunitario ejerza
         su competencia jurisdiccional plena.
      
      –       Sobre la articulación de las alegaciones de las demandantes
      228   Con excepción de RLB (asunto T‑262/02), todas las demandantes impugnan la fijación del importe de las multas. En primer lugar,
         manifiestan que la infracción se calificó equivocadamente como «muy grave» (véase el punto B subsiguiente). En segundo lugar,
         varias demandantes cuestionan la legalidad de la clasificación en categorías de los destinatarios de la Decisión impugnada
         y la fijación de los importes en función de sus respectivas cuotas de mercado (véase el punto C subsiguiente). En tercer lugar,
         RZB (asunto T‑259/02), BAWAG (asunto T‑261/02) y PSK (asunto T‑263/02) critican la valoración de la duración de la infracción
         (véase el punto D subsiguiente). En cuarto lugar, las demandantes invocan diversas circunstancias atenuantes (véase el punto E
         subsiguiente). En quinto lugar, ponen de relieve que la Comisión incumplió la Comunicación sobre la cooperación (véase el
         punto F subsiguiente). Por último, en sexto lugar, ÖVAG y NÖ-Hypo (asunto T‑271/02) solicitan que se reduzca su multa a causa
         de la infracción de ciertas normas de procedimiento (véase el punto G subsiguiente).
      
      229   Existen algunos solapamientos entre las alegaciones formuladas por las demandantes para refutar la valoración de la gravedad
         de la infracción y las invocadas como circunstancias atenuantes, mientras que la calificación de esas alegaciones y la articulación
         de los motivos divergen en cierta medida de unos asuntos a otros.
      
      230   Para definir el marco adecuado para el examen de estas alegaciones, conviene referirse a la economía de las Directrices.
      231   Mientras que el artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 sólo menciona los criterios de gravedad y duración de la infracción,
         en primer lugar, las Directrices establecen la valoración de la gravedad en sí misma sobre cuya base se puede fijar un «importe
         de partida general». En segundo lugar, la gravedad se analiza en relación con las características de la empresa de que se
         trata, en particular su tamaño y su posición en el mercado pertinente, lo que puede dar lugar a que se pondere el importe
         de partida, se clasifique a las empresas en categorías y se fije un «importe de partida específico» (véase, en este sentido,
         la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Archer Daniels Midland y Archer Daniels Midland Ingredients/Comisión,
         T‑224/00, Rec. p. II‑2597; en lo sucesivo, «sentencia ADM», apartados 45 a 47). En tercer lugar, la duración de la infracción
         se toma en consideración para determinar el importe de base y, en cuarto lugar, las Directrices prevén que se tengan en cuenta
         circunstancias agravantes y atenuantes que permitan calibrar, en especial, la gravedad relativa de la participación de cada
         una de las empresas afectadas en la infracción (sentencia ADM, antes citada, apartado 260).
      
      232   Así, la valoración de la gravedad de la infracción en sí misma depende, en particular, de la capacidad del comportamiento
         en cuestión para afectar a los objetivos de los Tratados (sentencia MDF, citada en el apartado 213 supra, apartado 107), independientemente de la contribución de cada empresa y de su culpabilidad individual, mientras que las circunstancias
         agravantes o atenuantes se refieren, como demuestran los ejemplos enumerados en las Directrices, al carácter reprensible del
         comportamiento individual de la empresa en cuestión.
      
      233   Se deben así distinguir, por una parte, los factores que pueden influir en la capacidad de la infracción para afectar a una
         competencia no falseada y a los demás objetivos del Tratado, que se analizarán en el marco de la valoración de la gravedad
         de la infracción y, por otra parte, los factores relacionados con el comportamiento individual de los destinatarios de la
         Decisión impugnada, que se examinarán en el marco de las circunstancias atenuantes. No obstante, ciertos elementos invocados
         por las demandantes deberán examinarse a la vista de ambos aspectos.
      
       Sobre la calificación de la infracción como «muy grave»
      –       Consideraciones generales sobre la valoración de la gravedad
      234   En relación con la valoración de la gravedad de la infracción en sí misma, las Directrices indican lo siguiente: 
      «A la hora de evaluar la gravedad de la infracción ha de tomarse en consideración su naturaleza, sus repercusiones concretas
         sobre el mercado (siempre y cuando se puedan determinar) y la dimensión del mercado geográfico afectado. 
      
      Así, las infracciones serán clasificadas en tres categorías que establecen la distinción entre infracciones leves, graves
         y muy graves.»
      
      235   En primer lugar, las demandantes manifiestan que la infracción no puede calificarse de muy grave por su propia naturaleza
         y reprochan a la Comisión que no haya tomado en consideración el contexto histórico de la práctica colusoria. En segundo lugar,
         sostienen que los acuerdos no tuvieron repercusiones concretas sobre el mercado. En tercer lugar, invocan el reducido tamaño
         del mercado geográfico afectado. En cuarto lugar, RZB opina que el carácter selectivo de las investigaciones iniciadas por
         la Comisión excluye la calificación de la infracción como «muy grave».
      
      236   Antes de examinar esas alegaciones de las demandantes, conviene exponer algunas consideraciones preliminares acerca de la
         relación entre los tres aspectos de la valoración de la gravedad de la infracción cuya ponderación se prevé en las Directrices.
      
      237   De entrada, el hecho de que la Comisión haya precisado, mediante las Directrices, su modo de proceder en relación con la valoración
         de la gravedad de una infracción no se opone a que dicha institución examine la gravedad de manera global en función de todas
         las circunstancias pertinentes del caso de autos, incluidos elementos que no se mencionan expresamente en las Directrices.
      
      238   En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar los importes de las multas procede tener en cuenta
         la duración y todos los factores que pueden influir en la apreciación de la gravedad de las infracciones (sentencia MDF, citada
         en el apartado 213 supra, apartado 129). La gravedad de las infracciones debe determinarse en función de un gran número de factores, como las circunstancias
         específicas del asunto, su contexto y el alcance disuasorio de las multas, sin que se haya establecido una lista taxativa
         o exhaustiva de criterios que deban tenerse en cuenta obligatoriamente (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada
         en el apartado 189 supra, apartados 240 y 241).
      
      239   A este respecto, la valoración de la naturaleza de la infracción es lo que permite, en particular, tomar en consideración
         diferentes factores pertinentes, cuya enumeración exhaustiva en las Directrices no sería posible y entre los que se encuentra
         la posible repercusión (que se diferencia de la repercusión concreta y mesurable) de la infracción sobre el mercado.
      
      240   A continuación, hay que destacar que los tres aspectos arriba mencionados sobre la valoración de la gravedad de la infracción
         no tienen el mismo peso en el marco del examen de conjunto. La naturaleza de la infracción desempeña un papel primordial,
         en particular, para caracterizar las infracciones «muy graves». A este respecto, de la descripción de las infracciones muy
         graves que hacen las Directrices se desprende que los acuerdos o prácticas concertadas que, como en el presente asunto, persiguen,
         en particular, fijar los precios pueden ser calificados como «muy graves» basándose únicamente en su propia naturaleza, sin
         que sea necesario que tales comportamientos estén caracterizados por una repercusión o una dimensión geográfica determinados.
         Esta conclusión queda confirmada por el hecho de que, si bien la descripción de las infracciones graves menciona expresamente
         las repercusiones sobre el mercado y que puedan surtir sus efectos en amplias zonas del mercado común, la de las infracciones
         muy graves, en cambio, no menciona ninguna exigencia de repercusión concreta sobre el mercado ni de producción de efectos
         en una zona geográfica determinada (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de julio de 2005, Brasserie nationale
         y otros/Comisión, T‑49/02 a T‑51/02, Rec. p. II‑3033, apartado 178).
      
      241   Además, existe una interdependencia entre los tres criterios en el sentido de que una gravedad elevada respecto de uno u otro
         de los criterios puede compensar la menor gravedad de la infracción en otros aspectos.
      
      –       Sobre la naturaleza y el contexto de la infracción
      –       Alegaciones de las partes
      242   Por una parte, en lo que se refiere a la naturaleza de la infracción, BAWAG, PSK y Erste (asuntos T‑261/02, T‑263/02 y T‑264/02)
         sostienen que, según una práctica decisoria de la Comisión, los acuerdos horizontales sobre precios se califican típicamente
         como infracciones «muy graves» cuando llevan aparejadas otras restricciones, como una compartimentación de los mercados. BAWAG
         y PSK destacan que el hecho de que la práctica colusoria se refiriese a múltiples productos bancarios no es pertinente para
         apreciar su gravedad porque ésta depende del perjuicio causado por la dicha práctica y no de su amplitud. A su modo de ver,
         la participación de todos los grandes bancos austriacos en la infracción tampoco es suficiente para justificar la calificación
         de muy grave ya que es necesario a estos efectos la participación de empresas que representen la práctica totalidad del mercado
         europeo.
      
      243   Los bancos afirman, además, que la infracción que se les reprocha no es un cártel clásico y secreto, creado con una intención
         contraria a la competencia y con objeto de obtener ventajas monopolísticas y causar perjuicios a los consumidores. Según ÖVAG
         y NÖ-Hypo, la verdadera naturaleza de las mesas redondas se aproxima más a un intercambio de información (en su caso ilegal)
         que a una típica práctica colusoria pura y dura.
      
      244   Por otra parte, en cuanto al contexto de la infracción, en primer lugar, las demandantes reprochan a la Comisión no haber
         considerado que los acuerdos tenían un origen legal, al haber sido creados por el Estado como un instrumento de orientación
         económica, de conformidad, según RZB, ÖVAG y NÖ-Hypo, a la tradición austriaca según la cual el Estado utiliza, para realizar
         sus fines de interés general, la cooperación entre empresas y con los agentes sociales. Las demandantes subrayan que es necesario
         hacer una diferencia entre la situación de empresas que crean un cártel secreto e institucionalizado con fines contrarios
         a la competencia y su propia situación, que se caracteriza porque simplemente no abandonaron a tiempo una práctica que, anteriormente,
         era legal. RZB y Erste aluden a las peculiaridades del mercado bancario, en particular, el interés del Estado en la estabilidad
         del sector, que son la causa de una intervención importante de los poderes públicos y atenúan la gravedad de la infracción.
         BAWAG y PSK afirman, además, que los acuerdos eran un fenómeno histórico único que no puede reproducirse, de modo que una
         multa elevada no es necesaria en el caso de autos para asegurar un efecto disuasorio.
      
      245   En segundo lugar, BA-CA, ÖVAG y NÖ-Hypo manifiestan que, incluso después de la adhesión de Austria a la Comunidad, el Derecho
         austriaco de la competencia no prohibía las prácticas colusorias como las mesas redondas, sino que favorecía los «acuerdos
         de comportamiento» no obligatorios.
      
      246   En tercer lugar, las demandantes mencionan la influencia de las autoridades estatales, en particular del OeNB, la Cámara de
         comercio (Wirtschaftskammer) y el Ministerio de Hacienda, en el seno de las mesas redondas. Destacan que los organismos estatales
         participaron activamente en las mesas redondas y se pronunciaron, en particular, en contra de la fuerte competencia entre
         los bancos. BA-CA manifiesta que el papel del OeNB fue mucho más importante de lo que se indica en el considerando 374 de
         la Decisión impugnada y que el OeNB presionó a los bancos para que modificasen sus condiciones comerciales.
      
      247   En cuarto lugar, las demandantes opinan que el carácter institucionalizado de la práctica colusoria se explica por el origen
         legal de las reuniones y no añade nada, pues, a la gravedad de la infracción. BAWAG y PSK señalan además que las reuniones
         se dedicaron, en gran medida, a puntos neutros desde el punto de vista de la competencia.
      
      248   En quinto lugar, Erste invoca la adhesión reciente de Austria a la Unión.
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      249   En lo que respecta, por un lado, a la naturaleza de la infracción, la Comisión destaca, con razón, en el considerando 506
         y en la nota a pie de página nº 514 de la Decisión impugnada, que los acuerdos colusorios sobre precios se encuentran entre
         las infracciones muy graves aunque no existan otras limitaciones de la competencia como una compartimentación de los mercados
         (sentencia ADM, citada en el apartado 231 supra, apartados 117 a 126; véase, asimismo, la sentencia SPO y otros/Comisión, citada en el apartado 175 supra, apartado 377).
      
      250   En el caso de autos, el carácter «muy grave» de la infracción se refuerza, en especial, como se pone de relieve acertadamente
         en el considerando 506 de la Decisión impugnada, por la importancia del sector bancario para el conjunto de la economía y
         por la amplitud de los acuerdos, que se extienden a una amplia gama de productos bancarios importantes y en los que participan
         la mayor parte de los operadores económicos del mercado afectado, incluidas las empresas más importantes. En efecto, la gravedad
         de una infracción por su naturaleza depende sobre todo del peligro que representa para una competencia no falseada. A este
         respecto, la amplitud de un acuerdo colusorio sobre precios, tanto en lo que atañe a los productos afectados como a las empresas
         que participan, desempeña un papel decisivo. En todo caso, la tesis de las demandantes de que sólo pueden calificarse como
         muy graves las infracciones en las que participa casi la totalidad de las empresas del mercado europeo no es fundada (véanse
         también los subsiguientes apartados 307 y 313 en relación con la incidencia de la extensión del mercado geográfico relevante).
      
      251   La tesis, propuesta por los bancos, de que la práctica colusoria no tiene una finalidad contraria a la competencia se contradice
         con la propia naturaleza de los acuerdos cuyo objeto era limitar e incluso eliminar la competencia sobre precios. Ocurre lo
         mismo con la afirmación de ÖVAG y NÖ-Hypo de que la infracción debería más bien calificarse de intercambio de información
         que de acuerdo colusorio sobre precios.
      
      252   En cuanto a la alegación de que la práctica colusoria no era secreta, hay que declarar que la Decisión impugnada no se apoya
         en el carácter secreto de los acuerdos para justificar la calificación de infracción muy grave (véanse los considerandos 505
         a 514). Ciertamente, la Comisión se refiere, en una parte de sus escritos de contestación, a la Comunicación sobre la cooperación,
         cuyo punto A.1 declara que los «acuerdos secretos entre empresas que tienen por objeto la fijación de precios [...] constituyen
         algunos de los casos más graves de restricción de la competencia». Esta referencia se enmarca, no obstante, en un razonamiento
         que tiene por objeto demostrar la naturaleza «muy grave» de los acuerdos horizontales en materia de precios, lo que aflora
         claramente de la referencia posterior a las Directrices que precisan que la categoría de las infracciones muy graves está
         esencialmente integrada por «restricciones horizontales de tipo cártel de precios» sin mencionar el carácter secreto o no
         de esas infracciones. De esto se deriva que las alegaciones relativas a la falta de carácter secreto de los acuerdos son inoperantes
         en lo que se refiere a la valoración de la gravedad de la infracción por la Comisión. En todo caso, si bien el carácter secreto
         de una práctica colusoria es una circunstancia que puede acentuar la gravedad de ésta, no se trata de un requisito indispensable
         para poder calificar una infracción como «muy grave».
      
      253   Por tanto, procede desestimar las alegaciones de las demandantes en contra de la calificación de la práctica colusoria como
         muy grave por su propia naturaleza.
      
      254   Por otra parte, un acuerdo horizontal sobre precios de una amplitud como la que comprobó la Comisión en el caso de autos,
         referido a un sector económico tan importante, no escapa, por lo general, a la calificación de infracción muy grave, con independencia
         de su contexto. En cualquier caso, las circunstancias que exponen las demandantes en el presente asunto no pueden afectar
         a la validez de la valoración de la gravedad de la infracción que efectuó la Comisión.
      
      255   En efecto, en lo que atañe al contexto histórico de la práctica colusoria, la Comisión indica, en primer lugar, con razón,
         que las bases jurídicas sobre las que se apoyaban las mesas redondas al principio habían sido derogadas, como muy tarde, en
         el momento de la adhesión de Austria al EEE. Durante el período contemplado por la Decisión impugnada, no existía ninguna
         disposición del Derecho nacional que pudiese obligar a los bancos a una concertación o limitar su margen de actuación en el
         mercado. En cuanto a las «tradiciones austriacas» a las que aluden determinadas demandantes, es obligado declarar que las
         tradiciones y preferencias políticas de los Estados miembros pueden entrar en conflicto, en ocasiones, con el objetivo fundamental
         de una competencia no falseada, consagrado en el artículo 3 CE, letra g). Por tanto, el hecho de que la práctica colusoria
         se creara y mantuviera con apoyo del Estado no afecta a su capacidad para perjudicar a los objetivos del Tratado.
      
      256   La alegación de que no es necesaria una multa elevada debido al carácter singular de los acuerdos no es pertinente en el presente
         contexto. El carácter disuasorio de las multas se encuentra, en efecto, entre los numerosos factores que deben tenerse en
         cuenta para valorar la gravedad de una infracción en el sentido del artículo 15 del Reglamento nº 17 (sentencia MDF, citada
         en el apartado 213 supra, apartado 120). No obstante, tal como se expuso en el precedente apartado 231, las Directrices distinguen diferentes aspectos
         de la gravedad en el sentido del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y prevén la toma en consideración del efecto
         disuasorio junto con el de la gravedad «intrínseca» de la infracción. Esta distinción se justifica porque contribuye a hacer
         más transparente el proceso de determinación de las multas por la Comisión. Por tanto, no pueden oponerse válidamente, contra
         la valoración de la gravedad intrínseca de las multas, consideraciones ligadas al carácter disuasorio de las mismas.
      
      257   En lo que atañe, en segundo lugar, a las alegaciones basadas en que el Derecho austriaco toleraba los «acuerdos de comportamiento»
         (Verhaltenskartelle) incluso después de la adhesión a las Comunidades y durante toda la duración de la infracción, la Comisión
         subraya acertadamente que esto no afecta a la existencia de una vulneración del artículo 81 CE y tampoco puede influir en
         la valoración de la gravedad de esta vulneración. En efecto, según la descripción del Derecho austriaco que proporcionan,
         en especial, BA-CA, ÖVAG y NÖ-Hypo, el privilegio concedido hasta 2000 a los «acuerdos de comportamiento» se vinculaba al
         carácter no obligatorio de éstas. En cambio, el artículo 81 CE prohíbe las prácticas concertadas, al igual que los acuerdos
         y las Directrices tampoco distinguen, a efectos de la valoración de la gravedad, entre acuerdos vinculantes y «gentlemen’s
         agreements».
      
      258   En tercer lugar, en lo que concierne a la participación de las autoridades estatales en las mesas redondas invocada por las
         demandantes, hay que recordar, de entrada, que los Estados miembros no pueden promulgar medidas que permitan a las empresas
         privadas sustraerse a las obligaciones que imponen los artículos 81 CE a 89 CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de
         noviembre de 1977, INNO, 13/77, Rec. p. 2115, apartado 33). Pues bien, aunque es cierto que no puede sancionarse a las empresas
         por un comportamiento contrario a la competencia cuando éste le viene impuesto por una norma nacional incompatible con dichas
         disposiciones o por presiones irresistibles ejercidas sobre ellas por las autoridades nacionales, la situación es diferente
         cuando aquella norma o tal comportamiento se limitan a incentivar o a facilitar que las empresas adopten comportamientos autónomos
         contrarios a la competencia (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2003, CIF, C‑198/01,
         Rec. p. I‑8055, apartados 52 a 56, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1996, Asia Motor
         France y otros/Comisión, T‑387/94, Rec. p. II‑961, apartado 65). 
      
      259   A este respecto, se ha comprobado que el comportamiento de las autoridades nacionales de que se trata en el presente asunto
         no produjo el efecto de obligar a los bancos a seguir comportamientos contrarios a la competencia. Es cierto que una nota
         aportada por BAWAG y PSK da cuenta de un «llamamiento enviado por el OeNB a los bancos para reducir su competencia irrazonable
         en materia de precios de créditos y depósitos». No obstante, no consta que los bancos debieran atender obligatoriamente a
         dicho llamamiento. Los ejemplos de una supuesta presión ejercida por el OeNB sobre los bancos que invoca BA-CA revelan que
         aquél exhortó a los bancos a bajar los tipos de interés pero no contiene indicios de que les invitara a concertarse sobre
         este tema y todavía menos de que los bancos hayan estado expuestos a presiones irresistibles en este sentido. Por tanto, esta
         participación no afecta a la responsabilidad de las demandantes por su comportamiento ilícito.
      
      260   Tampoco afecta a la gravedad intrínseca de la infracción. En efecto, la intervención de las autoridades estatales en las mesas
         redondas, tal como la describen las demandantes, no puede en modo alguno reducir el perjuicio potencial sobre los objetivos
         del Tratado de la práctica colusoria sobre precios de que se trata en el caso de autos. Por el contrario, dicha aprobación
         o tolerancia del comportamiento ilícito por las autoridades públicas refuerza los efectos de los acuerdos ilegales. 
      
      261   Conviene añadir que la cuestión de si, no obstante, el comportamiento de las autoridades nacionales puede tenerse en cuenta
         como circunstancia atenuante (véase, en este sentido, la sentencia CIF, citada en el apartado 258 supra, apartado 57) se examinará más adelante en los apartados 504 y 505.
      
      262   En lo que se refiere, en cuarto lugar, al carácter institucionalizado de la práctica colusoria, es legítimo que la Comisión
         tenga en cuenta el hecho de que dicha práctica funcionó bajo la forma de un sistema de reuniones periódicas institucionalizadas
         (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Cascades/Comisión, T‑308/94, Rec. p. II‑925, apartados
         104 y 194). Ciertamente, la «red Lombard» se creó en una época en la que los acuerdos no eran ilegales. No es menos cierto
         que los bancos utilizaron esta estructura preexistente para sus concertaciones ilícitas y que ello contribuyó favorablemente
         al funcionamiento y eficacia de la práctica colusoria general. El hecho de que las reuniones abordaran también otros temas,
         neutros desde el punto de vista del Derecho de la competencia, no disminuye los peligros que resultan, para una competencia
         no falseada, de un sistema de concertaciones tan bien organizado.
      
      263   Por último, la adhesión reciente de la República de Austria a la Unión Europea en el momento de los hechos no tiene incidencia
         sobre la gravedad intrínseca de la infracción.
      
      264   Por consiguiente, las circunstancias que invocan las demandantes no pueden cuestionar la validez de la declaración, en el
         considerando 506 de la Decisión impugnada, de que los acuerdos de la «red Lombard» constituyen una infracción muy grave por
         su propia naturaleza.
      
      –       Sobre el impacto concreto de la infracción sobre el mercado
      265   Las demandantes se oponen a que se califique la infracción como muy grave, alegando que la Comisión no demostró que la práctica
         colusoria tuviera efectos sensibles sobre el mercado. Manifiestan, en primer lugar, que dicha demostración es indispensable
         para justificar la calificación de muy grave, en segundo lugar, que las consideraciones acerca de las repercusiones de la
         práctica colusoria que figuran en la Decisión impugnada son insuficientes a estos efectos y, en tercer lugar, que el peritaje
         económico del Profesor von Weizsäcker que presentaron durante el procedimiento administrativo demostró la ausencia de tales
         repercusiones.
      
      –       Decisión impugnada
      266   En el marco de su análisis sobre la gravedad de la infracción, la Comisión destaca, en el considerando 508 de la Decisión
         impugnada, lo siguiente:
      
      «Por lo que se refiere al funcionamiento y efectos del cártel, podrán tenerse en cuenta, entre otros muchos elementos, para
         las prácticas que no tuvieron directamente por objeto falsear el juego de la competencia, y que no pueden pues caer en el
         ámbito de aplicación del artículo 81 […] CE como consecuencia de sus efectos concretos.»
      
      267   A continuación indica que los bancos afectados participaron regular y frecuentemente en un gran número de mesas redondas y
         que los documentos de la época recogidos muestran claramente la forma en que los bancos aplicaban los acuerdos celebrados
         en las mesas o el modo en que tenían en cuenta información que habían obtenido en estas ocasiones de sus competidores para
         tomar sus propias decisiones. En cuanto a los detalles, la Comisión se refiere a los considerandos 430 a 437 de la Decisión
         impugnada, que contienen una descripción de la aplicación de las decisiones del cártel en el marco de la imputación de la
         infracción.
      
      268   La Comisión deduce de ello, en el considerando 510 de la Decisión impugnada, que estos acuerdos generales, que duraron varios
         años, tuvieron una incidencia en el mercado. Añade que el hecho de que los miembros del cártel sufrieran fracasos o a veces
         hasta debieran reconocerse mutuamente el fracaso de sus esfuerzos no excluye que los acuerdos hayan podido tener efectos en
         el mercado. Afirma, por último, que el informe realizado por cuenta de los bancos no pudo probar tampoco que la práctica colusoria
         no hubiera tenido efectos.
      
      –       Sobre la calificación de las alegaciones de BA-CA
      269   BA-CA, que sólo suscribe las dos últimas alegaciones mencionadas en el precedente apartado 265, afirma que su motivo no tiene
         por objeto impugnar la calificación de la infracción como muy grave, sino invocar el incumplimiento de la obligación de motivación.
         Expone que los efectos económicos sólo pueden tenerse en cuenta, para la fijación de la multa, cuando están efectivamente
         determinados y motivados y la Comisión soporta la carga de la prueba a este respecto.
      
      270   Mediante esta alegación, BA-CA reprocha, en esencia, a la Comisión que no haya demostrado la repercusión de la infracción
         sobre el mercado. Esta alegación no concierne a la motivación de la Decisión impugnada, sino a la calificación de la infracción
         como muy grave. En efecto, la obligación de motivación constituye una formalidad sustancial que debe distinguirse de la cuestión
         del fundamento de la motivación, pues ésta pertenece al ámbito de la legalidad del acto controvertido en cuanto al fondo (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, apartado 67,
         y de 22 de marzo de 2001, Francia/Comisión, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, apartado 35). Por tanto, procede examinar las alegaciones
         de BA-CA junto con las formuladas por las otras demandantes, que se refieren a la valoración de la gravedad de la infracción
         que efectúa la Decisión impugnada.
      
      –       Alegaciones de las partes
      271   En primer lugar, los bancos manifiestan que, según las Directrices y la jurisprudencia, es necesario tomar en consideración
         la repercusión concreta de una infracción sobre el mercado para determinar su gravedad. BAWAG afirma, además, que el principio
         de proporcionalidad exige que los acuerdos particularmente perjudiciales se repriman con sanciones más severas que los que
         no tienen efectos o tienen pocos.
      
      272   Las demandantes subrayan que incumbe a la Comisión la carga de la prueba de una repercusión concreta de la práctica colusoria
         sobre el mercado. Opinan que la exposición que figura en la Decisión impugnada acerca de la aplicación de los acuerdos no
         es suficiente para demostrar que dicha repercusión existe. RZB, BAWAG, PSK y Erste ponen de relieve que es necesario, para
         aportar esta prueba, demostrar, mediante un estudio económico, que los tipos de interés y las comisiones aplicadas en Austria
         durante el período controvertido eran significativamente distintos de los que se habrían aplicado de no existir la infracción.
         
      
      273   En segundo lugar, las demandantes critican el razonamiento de la Decisión impugnada. Sin refutar las comprobaciones fácticas
         de la Comisión en cuanto a la aplicación de los acuerdos, BA-CA, BAWAG, PSK y Erste manifiestan que los ejemplos aportados
         no son representativos, que el expediente contiene numerosos ejemplos de incumplimiento de los acuerdos y que los bancos se
         entregaron a una intensa competencia secreta. BA-CA y BAWAG afirman que éste es el caso, en particular, en lo que se refiere
         a su propio comportamiento. Según BAWAG y PSK, los documentos en los que los bancos se refieren a la aplicación y respeto
         de los acuerdos no contienen más que apreciaciones subjetivas de determinados empleados de los bancos y no constituyen, pues,
         una base fiable para valorar sus efectos económicos reales.
      
      274   BA-CA y Erste indican que los acuerdos no podían respetarse en el mercado, en cualquier caso, porque sólo se referían a los
         tipos «oficiales» anunciados en ventanilla, mientras que los tipos efectivamente ofrecidos a los clientes dependen de otros
         parámetros, en particular, la envergadura de la operación, la solvencia del cliente y el poder conferido a los empleados para
         separarse del tipo oficial.
      
      275   BA-CA y Erste subrayan la importancia de los tipos de interés básicos para la evolución de los tipos que aplican los bancos.
         A su juicio, la necesidad económica de seguir las modificaciones de esos tipos excluye que exista una relación causal entre
         los resultados de las mesas redondas y los tipos fijados por los bancos.
      
      276   RZB, BAWAG, PSK y Erste estiman, por último, que la Comisión no puede deducir, de la frecuencia de las mesas redondas, que
         existen efectos. Añaden que esas reuniones se refieren a numerosas cuestiones neutras desde el punto de vista de la competencia
         y cumplen una función social.
      
      277   En tercer lugar, las demandantes reprochan a la Comisión que no haya tenido en cuenta las afirmaciones del peritaje económico
         del Profesor von Weizsäcker que aportaron. Destacan que este informe pericial demuestra, por métodos estadísticos, que ni
         los precios aplicados por los bancos, ni sus beneficios son superiores, de media, a los que habrían sido sin los acuerdos.
         Consideran que las objeciones que se hacen en la Decisión impugnada en contra de este informe pericial no están fundadas.
         RZB, ÖVAG y NÖ-Hypo sostienen que las conclusiones del informe pericial sólo pueden ser refutadas por otro estudio científicamente
         válido. Las demandantes destacan que la Comisión renunció a invocar, en la Decisión impugnada, el informe pericial en sentido
         contrario que había exigido, debido a las debilidades técnicas que éste presentaba.
      
      278   La Comisión opina que una práctica colusoria puede estar incluida entre las infracciones muy graves a causa de su objeto contrario
         a la competencia, aun cuando no produzca ningún efecto sobre el mercado. No obstante, estima que en el caso de autos la repercusión
         de la práctica colusoria está demostrada.
      
      279   Dicha institución pone de manifiesto que una práctica colusoria no sólo despliega sus efectos a partir del momento en que
         se demuestra que los precios habrían evolucionado de modo diferente en una situación de libre competencia sino desde el momento
         en que los acuerdos se ponen en práctica. Destaca que los documentos incautados y que corresponden a la época pertinente demuestran
         claramente que los bancos aplicaban los acuerdos alcanzados durante las mesas redondas y tenían en cuenta las informaciones
         que obtenían de sus competidores durante las mismas para tomar sus propias decisiones. A su modo de ver, es innegable que
         la práctica colusoria tuvo efectos desde este ángulo, aunque, en ciertos casos los bancos no lograron ponerse de acuerdo o
         no respetaron los acuerdos alcanzados.
      
      280   La Comisión considera, pues, que el informe pericial presentado por los bancos no es determinante para valorar la gravedad
         de la infracción. Añade que ese informe pericial no demostró de manera convincente que la práctica colusoria no tuvo efectos
         sobre la evolución de los precios.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 
      281   Con carácter preliminar, hay que declarar que la Decisión impugnada tuvo en cuenta la repercusión concreta de la práctica
         colusoria sobre el mercado para evaluar la gravedad de la infracción. En efecto, aunque la Comisión afirma, en los considerandos
         429 y 508, que no es necesario tomar en consideración los efectos concretos cuando se demuestra el objeto contrario a la competencia
         de una práctica colusoria, los considerandos 509 y 510, así como los considerandos 430 a 436, declaran que, no obstante, dichos
         efectos se dan en el caso de autos y resultan, en particular, de la puesta en práctica de los acuerdos, si bien el considerando
         436 señala que no es posible cuantificarlos con precisión.
      
      282   Por tanto, no es pertinente saber, en el presente asunto, si las Directrices supeditan la calificación de una práctica colusoria
         como «muy grave» a que se demuestre una repercusión concreta sobre el mercado. En efecto, dado que la Comisión dispone de
         una facultad de apreciación en lo que atañe a la valoración de la gravedad de las infracciones, la legalidad de dicha valoración
         depende de lo acertado de las comprobaciones sobre las que se basa efectivamente y no de la cuestión de si todos los factores
         que la Comisión tomó en consideración eran indispensables a este efecto.
      
      283   Procede, por tanto examinar, en primer lugar, la cuestión de si la Comisión puede deducir de la aplicación de un acuerdo colusorio
         la existencia de repercusiones concretas de éste sobre el mercado, en segundo lugar, si acertó al declarar dicha aplicación
         en el caso de autos y, en tercer lugar, si obvió, en ese contexto, la pertinencia y el carácter probatorio del informe pericial
         presentado por los bancos.
      
      284   Con carácter preliminar, procede recordar que, para valorar las repercusiones concretas de una infracción en el mercado, la
         Comisión está obligada a tomar como referencia la competencia que habría existido normalmente si no se hubiera producido la
         infracción (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1975, Suiker Unie y otros/Comisión,
         40/73 a 48/73, 50/73, 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 y 114/73, Rec. p. 1663, apartados 619 y 620; y las sentencias del Tribunal
         de Primera Instancia Mayr-Melnhof, citada en el apartado 205 supra, apartado 235; de 11 de marzo de 1999, Thyssen Stahl/Comisión, T‑141/94, Rec. p. II‑347, apartado 645, y ADM, citada en el
         apartado 231 supra, apartado 150).
      
      285   En lo que atañe, en primer lugar a una práctica colusoria sobre precios, es legítimo que la Comisión deduzca que la infracción
         produjo efectos del hecho de que los miembros del cártel hayan adoptado medidas para aplicar los precios convenidos, por ejemplo,
         al anunciarlos a los clientes, al dar instrucciones a sus empleados de utilizarlos como base de negociación y al vigilar su
         aplicación por sus competidores y sus propios servicios comerciales. En efecto, para declarar que existen repercusiones sobre
         el mercado, es suficiente que los precios convenidos hayan servido de base para fijar los precios de transacciones individuales,
         limitando así el margen de negociación de los clientes (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de
         1991, Hercules Chemicals/Comisión, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, apartados 340 y 341, y de 20 de abril de 1999, Limburgse Vinyl
         Maatschappij y otros/Comisión, T‑305/94 a T‑307/94, T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 y T‑335/94,
         Rec. p. II‑931, apartados 743 a 745).
      
      286   En cambio, no se puede exigir a la Comisión, cuando se demuestra que la práctica colusoria se aplicó, que demuestre sistemáticamente
         que los acuerdos permitieron efectivamente a las empresas afectadas alcanzar un nivel de precios de transacción superior al
         que habría existido sin la práctica colusoria. A este respecto, no se puede acoger la tesis de que sólo puede tomarse en consideración
         para determinar la gravedad de la infracción el hecho de que los precios de transacción habrían sido diferentes de no existir
         la colusión (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000 (Cascades/Comisión, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693,
         apartados 53 y 62). Por lo demás, sería desproporcionado exigir dicha demostración que requeriría recursos considerables puesto
         que supondría hacer cálculos hipotéticos, basados en modelos económicos cuya exactitud sólo difícilmente puede verificar el
         juez y cuya infalibilidad no está probada en absoluto (conclusiones del Abogado General Mischo en la sentencia del Tribunal
         de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Mo och Domsjö/Comisión, C‑283/98 P, Rec. pp. I‑9855 y ss., especialmente p. I‑9858,
         punto 109).
      
      287   En efecto, para valorar la gravedad de la infracción, es decisivo saber que los miembros del cártel hicieron todo lo que estaba
         en sus manos para dar un efecto concreto a sus intenciones. Lo que ocurrió posteriormente, respecto a los precios de mercado
         efectivamente practicados, podía verse influido por otros factores, fuera del control de los miembros del cártel. Éstos no
         pueden apuntarse en beneficio propio factores externos que entorpecieron sus esfuerzos, invocándolos como elementos que justifiquen
         una reducción de la multa (conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto que dio lugar a la sentencia Mo och Domsjö/Comisión,
         citada en el apartado 286 supra, puntos 102 a 109).
      
      288   Por tanto, la Comisión pudo, con razón, basarse en la aplicación de la práctica colusoria para declarar la existencia de una
         repercusión sobre el mercado.
      
      289   En lo que se refiere, en segundo lugar, a la correcta fundamentación de las comprobaciones a partir de las que la Comisión
         llegó a esta conclusión en el presente asunto, procede destacar, con carácter preliminar, que las demandantes no refutan los
         ejemplos de aplicación de los acuerdos de la «red Lombard» citados en la Decisión impugnada.
      
      290   En lo que atañe, a continuación, a la alegación de que esos ejemplos no son representativos porque el expediente contiene
         también numerosos ejemplos de incumplimiento de los acuerdos y de competencia entre los bancos, hay que señalar que el hecho
         de que los participantes en la práctica colusoria no hayan respetado siempre los acuerdos no es suficiente para excluir el
         efecto sobre el mercado.
      
      291   A este respecto, los ejemplos que invocan BA-CA, BAWAG, PSK y Erste no demuestran que sea equivocada la conclusión de que
         la práctica colusoria se puso en práctica.
      
      292   BA-CA se refiere a varios extractos de la Decisión impugnada (considerandos 149, 172, 199, 229, 264, 283 y 299 y siguientes)
         que mencionan casos en los que acuerdos concretos no fueron respetados por determinados bancos. Esos ejemplos demuestran,
         en primer lugar, que la Comisión no ignoró que la aplicación de los acuerdos no fue completa. Sin embargo, están lejos de
         confirmar la tesis de BA‑CA de que sólo hubo «tentativas aisladas de aplicación» de los acuerdos. Así, el considerando 149
         da cuenta de que PSK fue llamado al orden por los otros bancos ya que las condiciones de un determinado producto de ahorro
         no respetaban lo convenido, el considerando 172 describe la reacción de los otros bancos ante una bajada de los tipos de interés
         que BAWAG había llevado a cabo «sin prevenir», y el considerando 199 se refiere a una falta de disciplina de Erste de la que
         «se le consideró culpable» por los otros bancos. De estos ejemplos resulta que los bancos que se separaron individualmente
         de los acuerdos se expusieron a los reproches de los demás participantes en la práctica colusoria que aparentemente los habían
         respetado. Aunque en una mesa redonda descrita en el considerando 229 se discutieron actuaciones «especiales llevadas a cabo
         por ciertos bancos» contrarias a los acuerdos, los participantes declararon también, de todos modos, que todos los bancos
         habían «respetado en general los acuerdos» celebrados un mes antes. Asimismo, el considerando 264 describe las conversaciones
         a lo largo de las cuales Erste se quejó de que ciertos competidores aplicaran tipos no conformes con los acuerdos, mientras
         que aquéllos, aun reconociendo que «las medidas se imponían efectivamente más lentamente» en su entidad, afirmaban que todo
         se desarrollaba según lo previsto en general. Por último, el considerando 283 habla de una llamada al orden planteada por
         el «club Lombard» debido a la ausencia de disciplina en materia de tipos, en tanto que los considerandos 299 a 301 describen
         los incumplimientos de ciertos acuerdos y los esfuerzos de los bancos para oponerse a ellos. Estos extractos, considerados
         en conjunto, no corroboran en modo alguno la tesis de BA-CA de que el incumplimiento de los acuerdos era la regla y su puesta
         en práctica por los bancos la excepción.
      
      293   BAWAG y PSK citan veintiocho documentos del expediente de la Comisión en los que se aborda el incumplimiento de los acuerdos
         y la existencia de competencia entre los bancos, mientras que Erste presenta una lista de 85 referencias, que tienen por objeto
         74 documentos, de los cuales veintidós son idénticos a los invocados por BAWAG y PSK.
      
      294   Sin embargo, esos documentos no son incompatibles con la conclusión de la Comisión. A modo de ejemplo, los tres bancos se
         apoyan en el acta de una mesa redonda sobre operaciones pasivas de 27 de septiembre de 1995, de la que BAWAG y PSK citan un
         extracto, según el cual «el representante de RBW ponía de relieve que […] las condiciones y plazos convenidos en la mesa redonda
         […] no [fueron] respetados». Ahora bien, este extracto está precedido inmediatamente por el texto siguiente: «En este marco,
         los representantes de ciertas entidades se quejan de que, con ocasión de los vencimientos de rebajas de tipos propuestos en
         la mesa redonda, los [tipos de determinados contratos de ahorro específicos] no disminuyeron automáticamente del mismo modo.
         Volksbank, CA-BV, [RBW], NÖ-Hypo, PSK y Erste adaptaron sus condiciones en este ámbito. [BA] y BAWAG sólo lo harán a finales
         de septiembre.» En el mismo documento, destinado al Director General de BAWAG, se indica además que otro banco se quejó de
         que, mediante un sondeo, se pudieron obtener de BAWAG y de PSK intereses más altos que lo convenido para un depósito nuevo.
         El documento prosigue: «Se trata en este caso de nuestras sucursales [indicación de las direcciones]. Se han efectuado las
         gestiones correspondientes mediante nuestro Departamento responsable de grupos.» Este documento proporciona, pues, ejemplos
         tanto del incumplimiento de determinados aspectos de los acuerdos como de su puesta en práctica en otros extremos, así como
         de una llamada al orden dirigida por un banco a las sucursales que no respetaban los acuerdos. 
      
      295   Así pues, habida cuenta de los numerosos ejemplos no refutados de una puesta en práctica de los acuerdos que enumera la Decisión
         impugnada, el hecho de que en ciertos casos uno o algunos bancos no hayan respetado los acuerdos, que aquéllos no hayan sido
         capaces de mantener el nivel de tipos convenido o de aumentar su rentabilidad o de que existiese competencia entre ellos respecto
         de determinados productos no es suficiente para invalidar la declaración de que los acuerdos se aplicaron y que produjeron
         efectos sobre el mercado.
      
      296   En este contexto, las alegaciones que BA-CA y BAWAG basan en su propio comportamiento no pueden aceptarse. En efecto, el comportamiento
         efectivo que afirma adoptar una empresa no resulta pertinente para valorar las repercusiones de la práctica colusoria sobre
         el mercado, pues los efectos que deben tomarse en consideración son solamente los resultantes de la infracción en su conjunto
         (sentencias Comisión/Anic Partecipazioni, citada en el apartado 189 supra, apartados 150 y 152, y Hercules Chemicals/Comisión, citada en el apartado 285 supra, apartado 342).
      
      297   La alegación de los bancos de que los tipos de interés efectivamente aplicados a los clientes se alejan a menudo de los tipos
         «oficiales» convenidos en las mesas redondas y anunciado en las ventanillas, debido a las características específicas de las
         operaciones concretas y de la facultad de los empleados para hacer excepciones a esos tipos, dentro de ciertos límites, no
         es pertinente. En efecto, los tipos «oficiales» anunciados por los bancos constituyen el punto de partida de las negociaciones
         con los clientes particulares e influencian, por ende, el resultado de éstas.
      
      298   En lo que atañe a la alegación de BAWAG y PSK de que los documentos en los que los propios bancos evalúan la concreta aplicación
         de sus acuerdos no tienen carácter probatorio porque no contienen más que apreciaciones subjetivas de determinados empleados
         de los bancos, hay que señalar que la fiabilidad de documentos en los que los participantes en una práctica colusoria expresan
         una opinión acerca del «éxito» de ésta debe valorarse caso por caso (sentencias Cascades/Comisión, citada en el apartado 262 supra, apartado 186, y Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el apartado 285 supra, apartados 746 y 747). Pueden justificarse las dudas acerca del carácter probatorio de tales declaraciones puesto que ponen
         de manifiesto impresiones que no están basadas en elementos concretos y que otros participantes en la práctica colusoria mantienen
         posturas encontradas respecto de los mismos períodos. Sin embargo, estos últimos no tienen automáticamente más credibilidad
         que los primeros. En el presente asunto, la Comisión destaca que los bancos evaluaron la aplicación concreta de los acuerdos
         sobre la base de sondeos periódicos de los otros bancos (considerando 433 de la Decisión impugnada), y esto no se refutó.
         En estas circunstancias, la Comisión pudo legítimamente basarse, entre otras cosas, en los documentos en los que se expresaron
         los participantes en la práctica colusoria, en la época de los hechos, acerca de la puesta en práctica de la misma, para concluir
         que ésta tuvo repercusión sobre el mercado.
      
      299   Procede a continuación indicar que la Comisión no refutó la importancia de los tipos básicos para los tipos aplicados por
         los bancos y les reprocha con razón que hayan concertado su reacción a la evolución de los tipos básicos. Pues bien, puesto
         que el efecto de los acuerdos resulta, en el caso de autos, de su puesta en práctica y el hecho de que los tipos aplicados
         por los bancos hayan seguido los tipos básicos, de modo que la repercusión concreta de los acuerdos es difícil de medir, no
         son suficientes en sí mismos para desarticular la validez del razonamiento de la Comisión.
      
      300   Por último, si bien es cierto que la Comisión no puede deducir únicamente del número y la frecuencia de las mesas redondas
         que éstas tuvieron una repercusión sobre el mercado (sentencia ADM, citada en el apartado 231 supra, apartado 159), la referencia a esta frecuencia en la Decisión impugnada no es más que un elemento secundario del razonamiento
         de la Comisión del que no puede depender la legalidad de la valoración de la gravedad de la infracción.
      
      301   De las consideraciones que preceden resulta que las alegaciones de las partes no han desvirtuado la afirmación de que la práctica
         colusoria se aplicó.
      
      302   En tercer lugar, el informe pericial aportado por los bancos no demuestra que la Comisión cometiera un error al deducir de
         la puesta en práctica de los acuerdos que existió una repercusión concreta de éstos sobre el mercado. A este respecto, por
         una parte, hay que destacar que el experto comprobó, basándose en una comparación entre el mercado bancario austriaco y el
         mercado bancario alemán, que las condiciones comerciales que se aplicaban a los clientes bancarios en Austria no eran menos
         favorables que las aplicadas en el mercado alemán y que la rentabilidad de los bancos austriacos era menor que la de las entidades
         alemanas. Por otra parte, dicho experto observó, mediante dos investigaciones acerca de productos bancarios representativos,
         que no se pudo comprobar la existencia de ninguna diferencia mesurable entre los tipos objetivo que se fijan en los acuerdos
         y la media de los tipos efectivamente aplicados por los bancos.
      
      303   Así, el experto limitó el objeto de su estudio al examen de ciertas cuestiones específicas y su análisis no alcanzó al conjunto
         de los efectos potenciales de los acuerdos sobre el mercado. Por ello, el informe pericial no puede demostrar que no existe
         una repercusión concreta de la práctica colusoria sobre el mercado.
      
      304   Por una parte, la Comisión pudo así considerar, sin cometer error alguno, que la comparación con el mercado de otro Estado
         miembro no puede demostrar cuáles habrían sido las condiciones aplicadas en el mercado austriaco en ausencia de los acuerdos
         y que no se puede deducir de los datos relativos a la rentabilidad de los bancos que la práctica colusoria no produjo efectos.
      
      305   Por otra parte, el hecho de que el informe pericial no pudiera medir, en términos estadísticos, una repercusión significativa
         de la práctica colusoria sobre la media de precios no demuestra que los acuerdos no produjeran ningún efecto sobre la fijación
         de los precios de transacción aplicados a los clientes que pueda ser tomado en consideración para valorar la gravedad de la
         infracción.
      
      306   De ello se deduce que procede desestimar en su conjunto las alegaciones relativas a la repercusión de la infracción sobre
         el mercado.
      
      –       Sobre el alcance del mercado geográfico afectado
      –       Alegaciones de las partes 
      307   Todas las demandantes, excepto BA-CA (asunto T‑260/02) y RLB (asunto T‑262/02), consideran que la calificación de la infracción
         como «muy grave», pese al reducido tamaño del mercado geográfico afectado, es contraria a las Directrices, a la práctica decisoria
         de la Comisión y al principio de proporcionalidad. Además, RZB, BAWAG y PSK (asuntos T‑259/02, T‑261/02 y T‑263/02) consideran
         que la motivación de la Decisión impugnada no es suficiente a este respecto. RZB declara, no obstante, que no pretende invocar
         la insuficiencia de la motivación y que solicita al Tribunal de Primera Instancia que controle la Decisión impugnada en cuanto
         al fondo.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      308   Según el considerando 511 de la Decisión impugnada:
      «Habida cuenta de las circunstancias particulares del presente asunto así como del contexto de la infracción, el tamaño comparativamente
         pequeño del territorio de Austria no modifica la naturaleza “muy grave” de la infracción.»
      
      309   Esta motivación sucinta, leída conjuntamente con los considerandos 506 a 510 de la Decisión impugnada, relativos a la naturaleza
         de la infracción, la aplicación y los efectos de la práctica colusoria, es suficientemente clara para permitir que los bancos
         comprendan las razones que llevaron a la Comisión a considerar que, pese a la reducida extensión del mercado, la infracción
         debía calificarse como «muy grave».
      
      310   En cuanto a la correcta fundamentación de esta valoración, en primer lugar, el apartado 511 demuestra que la Comisión no ignoró
         la limitada extensión del mercado geográfico afectado ni obvió tomarla en consideración.
      
      311   En segundo lugar, la extensión del mercado geográfico no es más que un criterio entre los tres que son pertinentes, según
         las Directrices, para la valoración global de la gravedad de la infracción. Entre esos criterios interdependientes juega un
         papel primordial la naturaleza de la infracción (véanse los precedentes apartados 240 y 241). En cambio, la extensión del
         mercado geográfico no es un criterio autónomo en el sentido de que sólo pueden recibir la calificación de «muy graves» las
         infracciones que afectan a la mayoría de los Estados miembros. Ni el Tratado, ni el Reglamento nº 17, ni las Directrices,
         ni la jurisprudencia permiten considerar que sólo las restricciones geográficamente muy extensas pueden ser calificadas como
         tales (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de julio de 2005, Scandinavian Airlines System/Comisión, T‑241/01,
         Rec. p. II‑2917, apartado 87). Por tanto, procede desestimar la alegación de BAWAG y PSK de que sólo pueden calificarse como
         muy graves las infracciones en las que participan la práctica totalidad de las empresas del mercado europeo (véanse los precedentes
         apartados 242 y 250).
      
      312   En tercer lugar, la totalidad del territorio de un Estado miembro, aunque sea, comparado con los demás Estados miembros, relativamente
         «pequeño», constituye, en cualquier caso, una parte sustancial del mercado común (sentencia Michelin/Comisión, citada en el
         apartado 173 supra, apartado 28, en relación con el mercado neerlandés, y sentencia Brasserie nationale y otros/Comisión, citada en el apartado
         240 supra, apartado 177, en cuanto al mercado luxemburgués). En este contexto, procede desestimar la alegación formulada por BAWAG,
         de que los acuerdos en los que participó sólo se extendían a Viena y a la parte oriental de Austria, puesto que se trata de
         valorar la gravedad de la infracción global, la cual no depende del comportamiento efectivo de una empresa determinada (véase,
         en este sentido, la sentencia Hercules Chemicals/Comisión, citada en el apartado 285 supra, apartado 342). Así pues, no se refutó que la práctica colusoria general se extiende a toda Austria.
      
      313   Por tanto, el reducido tamaño del mercado geográfico afectado no se opone a la calificación de «muy grave» de la infracción
         que se imputa en el caso de autos.
      
      –       Sobre el carácter selectivo de las investigaciones (asunto T‑259/02)
      314   RZB pone de relieve que la calificación de «muy grave» es incompatible con la elección de la Comisión de investigar solamente
         a algunas de las empresas que participaron en la infracción.
      
      315   Esta alegación no puede estimarse. En efecto, dado que la Comisión tuvo acertadamente en cuenta, como criterio para elegir
         los destinatarios de la Decisión, su participación frecuente en las mesas redondas más importantes (véanse los precedentes
         apartados 134 a 145), el hecho de que no haya investigado al conjunto de los participantes en la práctica colusoria no se
         opone a que califique como «muy grave» la infracción de tipo cártel de precios en cuestión en el caso de autos.
      
      –       Conclusión acerca de la gravedad de la infracción
      316   Por las razones arriba expuestas, procede desestimar la totalidad de las alegaciones de las demandantes, referidas a la calificación
         de la infracción como «muy grave» que efectúa la Decisión impugnada. 
      
       Sobre la clasificación de los destinatarios de la Decisión impugnada en categorías y la fijación de los importes básicos
      317   Tal como se desprende de los considerandos 519 y 520 de la Decisión impugnada, la Comisión clasificó a los destinatarios de
         la Decisión impugnada en cinco categorías, en función de los datos disponibles sobre sus cuotas de mercado, para las que estableció
         importes básicos de 25, 12,5, 6,25, 3,13 y 1,25 millones de euros respectivamente. En sus escritos de contestación, la Comisión
         explicó que los valores de referencia de las cuotas de mercado para las cuatro primeras categorías de empresas son aproximadamente
         22 %, 11 %, 5,5 % y 2,75 %, en tanto que, en la quinta categoría (que esta institución designa «categoría residual»), figuran
         bancos que tienen una cuota de mercado inferior al 1 %.
      
      318   Las demandantes exponen una serie de alegaciones contra diversos aspectos de la determinación de sus cuotas de mercado, de
         la clasificación en categorías y de la fijación de los importes básicos. En primer lugar, Erste (asunto T‑264/02) manifiesta
         que es ilegal que la Comisión le haya imputado la infracción de un banco (GiroCredit) con el que se fusionó, pero que, anteriormente,
         formaba parte del grupo de BA‑CA (véanse los apartados 319 y siguientes). En segundo lugar, RZB (asunto T‑259/02), Erste y
         ÖVAG (asunto T‑271/02) se oponen a que la Comisión les haya atribuido, como entidades centrales de los grupos descentralizados,
         respectivamente, de los bancos Raiffeisen, las cajas de ahorro y los bancos populares, las cuotas de mercado de sus grupos
         respectivos a los efectos de la clasificación en categorías (véanse los apartados 337 y siguientes). En tercer lugar, varias
         demandantes reprochan a la Comisión haber incumplido la obligación de motivación en relación con la clasificación en categorías
         y la fijación de los importes básicos (véanse los apartados 410 y siguientes). En cuarto lugar, BAWAG, PSK y NÖ‑Hypo (asuntos
         T‑261/02, T‑263/02 y T‑271/02) invocan una violación del principio de igualdad de trato (véanse los apartados 418 a 431) en
         tanto que, en quinto lugar, PSK, Erste y ÖVAG manifiestan que las declaraciones de la Comisión respecto de sus cuotas de mercado
         son erróneas (véanse los apartados 432 y siguientes).
      
      –       Sobre la imputación de la infracción de GiroCredit a Erste (asunto T‑264/02)
      –       Hechos en los que se basa este motivo y Decisión impugnada 
      319   Erste (anteriormente llamado EÖ) compró, en mayo de 1997, el 53 % de las acciones de GiroCredit, quien desempeñaba el papel
         de entidad central de las cajas de ahorro. Desde 1994 hasta la compra de la participación por EÖ, las acciones de GiroCredit
         estaban mayoritariamente en poder del grupo Bank Austria (véanse los precedentes apartados 7 y 11). En octubre de 1997, GiroCredit
         y EÖ se fusionaron y el nombre de EÖ se cambió por Erste. 
      
      320   La Comisión examinó, en los considerandos 475 a 481 de la Decisión impugnada, si la responsabilidad por la infracción cometida
         por GiroCredit debía imputarse a Erste o a BA. Estimó que no podía declarar que BA hubiera influido en la política comercial
         de GiroCredit antes de la compra por Erste. Por tanto, declaró que el propio GiroCredit era responsable de la infracción y
         que esta responsabilidad se transfirió a Erste como consecuencia de la fusión.
      
      –       Alegaciones de las partes
      321   Erste considera que el comportamiento ilícito de GiroCredit durante el período anterior a su adquisición debería imputársele
         a BA y no a él. Manifiesta, y aporta determinados elementos de prueba, que en las relaciones entre BA y GiroCredit se dan
         los requisitos para que la responsabilidad por el comportamiento de una filial pueda atribuirse a la sociedad matriz.
      
      322   La Comisión afirma que no está demostrado que se reúnan los requisitos para la imputación de la infracción de GiroCredit a
         BA. Estima que, en cualquier caso, puede elegir sancionar a la sociedad matriz o a la filial, aunque se den los requisitos
         para la imputación del comportamiento de la filial a la matriz.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      323   En el marco del presente motivo, debe examinarse, en primer lugar, si en el caso de autos se cumplen los requisitos para que
         el adquirente de una empresa sea responsable por las infracciones que ésta cometió antes de la adquisición y, en segundo lugar,
         la incidencia, sobre la responsabilidad del adquirente, del hecho de que la empresa adquirida estuviese controlada con anterioridad
         por otra sociedad matriz.
      
      324   Según una jurisprudencia reiterada, en principio incumbe a la persona física o jurídica que dirigía la empresa afectada en
         el momento en que se cometió la infracción responder por ella, aun cuando en el momento de adoptarse la decisión por la que
         se declara la existencia de la infracción la explotación de la empresa estuviera bajo la responsabilidad de otra persona (sentencia
         Cascades/Comisión, citada en el apartado 286 supra, apartado 78). En tanto exista la persona jurídica que dirigía la empresa afectada en el momento en que se cometió la infracción,
         la responsabilidad de la conducta infractora de la empresa sigue a la de la persona jurídica, aun cuando se hayan cedido a
         terceros después del período de infracción los elementos materiales y humanos que contribuyeron a la comisión de la infracción
         (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión, T‑327/94, Rec. p. II‑1373, apartado
         63, confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, SCA Holding/Comisión, C‑297/98 P, Rec.
         p. I‑10101, apartado 25). 
      
      325   Por el contrario, cuando, entre el momento en que se cometió la infracción y el momento en que la empresa de que se trate
         debe responder de ella, la persona responsable de la explotación de dicha empresa haya dejado de existir jurídicamente, es
         preciso localizar, en un primer momento, el conjunto de elementos materiales y humanos que participaron en la comisión de
         la infracción, para, en un segundo momento, identificar al actual responsable de la explotación de dicho conjunto, con el
         fin de impedir que, como consecuencia de la desaparición de la persona responsable de su explotación en el momento en que
         se cometió la infracción, la empresa pueda no responder de ella (sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión,
         citada en el apartado 285 supra, apartado 953).
      
      326   Cuando la empresa en cuestión deja de existir porque es absorbida por un adquirente, éste adquiere los elementos de su activo
         y de su pasivo, incluidas sus responsabilidades derivadas de la infracción del Derecho comunitario (conclusiones del Abogado
         General Mischo en la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisión,
         C‑286/98 P, Rec. pp. I‑9925 y ss., especialmente p. I‑9928, punto 75). En este caso, la responsabilidad por la infracción
         cometida por la empresa absorbida puede imputarse al adquirente (véase, por analogía, la sentencia Comisión/Anic Partecipazioni,
         citada en el apartado 189 supra, apartado 145).
      
      327   En el caso de autos, la persona jurídica responsable de la explotación de los activos bancarios de GiroCredit antes de la
         fusión con EÖ era GiroCredit Bank der österreichischen Sparkassen AG. Al haber sido adquirida por EÖ en mayo de 1997, esta
         persona jurídica dejó de existir en octubre de 1997 debido a su fusión con EÖ, que se convirtió en Erste.
      
      328   De acuerdo con los principios expuestos más arriba, Erste debe, pues, responder por la infracción cometida por GiroCredit
         antes de la adquisición de esta última por EÖ.
      
      329   Se debe examinar a continuación si cabe eludir esta responsabilidad del adquirente en el supuesto de que la responsabilidad
         por una infracción que la empresa absorbida ha cometido antes de la adquisición pueda imputarse a una antigua sociedad matriz
         de ésta.
      
      330   A este respecto, procede recordar que en virtud de una reiterada jurisprudencia, el comportamiento de una filial que tenga
         personalidad jurídica separada puede imputarse a la sociedad matriz, en particular, cuando la filial no determina de manera
         autónoma su conducta en el mercado, sino que aplica, esencialmente, las instrucciones que le imparte la sociedad matriz (sentencias
         del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 1972, ICI/Comisión, 48/69, Rec. p. 619, apartados 132 y 133; de 16 de noviembre
         de 2000, Metsä-Serla y otros/Comisión, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, apartado 27, y de 2 de octubre de 2003, Aristrain/Comisión,
         C‑196/99 P, Rec. p. I‑11005, apartado 96; sentencia Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, citada en el apartado 285 supra, apartado 960) o cuando la sociedad matriz, capaz de influir de manera determinante en la política comercial de su filial,
         conoce y aprueba la participación de esta última en la práctica colusoria (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de
         14 de mayo de 1998, KNP BT/Comisión, T‑309/94, Rec. p. II‑1007, apartados 41, 42, 45, 47 y 48, confirmada por la sentencia
         del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, KNP BT/Comisión, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, apartado 73).
      
      331   Sin embargo, esta posibilidad de imponer la sanción a la sociedad matriz por el comportamiento ilícito de la filial no se
         opone, en sí misma, a que se sancione a la propia filial. En efecto, una empresa –es decir una unidad económica que comprende
         elementos personales, materiales e inmateriales (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 1962, Mannesmann/Alta
         Autoridad, 19/61, Rec. pp. 675, 705 y 706)– está dirigida por los órganos previstos por su estatuto jurídico y cualquier decisión
         que le imponga una multa puede dirigirse a la dirección estatutaria de la empresa (consejo de administración, comité director,
         presidente, gerente, etc.), aunque las consecuencias económicas de la multa sean soportadas finalmente por sus propietarios.
         Esta regla se infringiría si se exigiese a la Comisión, ante el comportamiento ilícito de una empresa, comprobar siempre quién
         es el propietario que ejerce una influencia decisiva sobre la empresa, para sancionar únicamente a ese propietario. Esta regla
         se infringiría si se exigiese a la Comisión, ante el comportamiento ilícito de una empresa, comprobar siempre quién es el
         propietario que ejerce una influencia decisiva sobre la empresa, para sancionar únicamente a ese propietario (sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia de 29 de abril de 2004, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 a T‑246/01,
         T‑251/01 y T‑252/01, Rec. p. II‑1181; en lo sucesivo, «sentencia Tokai I», apartados 279 a 281). Como la facultad de sancionar
         a la sociedad matriz por el comportamiento de una filial carece, pues, de incidencia sobre la legalidad de una decisión destinada
         únicamente a la filial que participó en la infracción la Comisión puede elegir entre sancionar a la filial que participó en
         la infracción o a la sociedad matriz que la controló durante ese período.
      
      332   Esta elección incumbe también a la Comisión en el supuesto de una sucesión económica en el control de la filial. Si bien,
         en este supuesto, la Comisión puede imputar el comportamiento de la filial a la antigua sociedad matriz respecto del período
         anterior a la cesión y a la nueva sociedad matriz respecto del tiempo posterior a la misma (véase, en este sentido, la sentencia
         de 16 de noviembre de 2000, KNP BT/Comisión, citada en el apartado 330 supra, apartado 73), no está obligada a hacerlo y puede elegir sancionar únicamente a la filial por su comportamiento propio.
      
      333   Ciertamente, en atención a la naturaleza de las infracciones contempladas, así como a la naturaleza y gravedad de las sanciones
         correspondientes, la responsabilidad por la comisión de dichas infracciones tiene un carácter personal (sentencia Comisión/Anic
         Partecipazioni, citada en el apartado 189 supra, apartado 78), y una persona, física o jurídica, sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente
         (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2001, Krupp Thyssen Stainless y Acciai speciali Terni/Comisión,
         T‑45/98 y T‑47/98, Rec. p. II‑3757; en lo sucesivo, «sentencia KTS», apartado 63, y sentencia ADM, citada en el apartado 231 supra, apartado 261). De acuerdo con este principio, la Comisión no puede imputar al adquirente de una empresa la responsabilidad
         por el comportamiento de ésta anterior a su adquisición, sino que dicha responsabilidad debe imputarse a la propia sociedad
         en la medida en que ésta exista todavía (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de noviembre de 2000, KNP BT/Comisión,
         citada en el apartado 330 supra, apartado 72, y Cascades/Comisión, citada en el apartado 286 supra, apartados 77 a 80).
      
      334   En cambio, no es incompatible con este principio imputar a la filial la responsabilidad de su propio comportamiento, aunque
         esto tenga como consecuencia, en el caso de que la filial haya perdido su personalidad jurídica después de la infracción,
         que la sanción se imponga al adquirente, ajeno a la infracción. 
      
      335   En efecto, cuando la Comisión ha determinado que una empresa participó en una práctica colusoria, puede imponer una sanción
         a la persona física o jurídica que la dirige o incluso, si ésta ya no existe, al causahabiente de ésta sin que esté obligada
         a comprobar si la empresa actuó de manera autónoma o siguiendo las directrices de una sociedad matriz. Hacerlo de otro modo
         haría considerablemente más pesadas las investigaciones de la Comisión debido a la necesidad de comprobar, en cada caso de
         sucesión en el control de una empresa, en qué medida las actuaciones de ésta pueden imputarse a la antigua sociedad matriz.
      
      336   De cuanto precede resulta, sin que sea necesario comprobar si el comportamiento de GiroCredit se habría podido imputar a BA,
         que la Comisión no cometió ninguna ilegalidad al imputar dicho comportamiento a Erste, en su calidad de causahabiente de GiroCredit.
      
      –       Sobre la imputación de las cuotas de mercado de los bancos de los «grupos descentralizados» a las entidades centrales (asuntos
         T‑259/02, T‑264/02 y T‑271/02) 
      
      337   RZB, Erste y ÖVAG estiman que su clasificación en categoría es ilegal porque la Comisión les atribuyó, en tanto que sociedades
         de cabecera de los grupos descentralizados de las cajas Raiffeisen, de las cajas de ahorro y de los bancos populares, las
         cuotas de mercado del conjunto de su respectivo grupo.
      
      –       Decisión impugnada 
      338   La Decisión impugnada justifica la atribución, a las entidades centrales, de las cuotas de mercado de los respectivos grupos
         mediante las consideraciones siguientes:
      
      «(515) Por lo que se refiere a las infracciones que deben caracterizarse como muy graves, la escala de multas a imponer permite tener
         en cuenta la capacidad económica efectiva de las empresas interesadas para falsear la competencia en una medida significativa.
         [Esta escala] permite también fijar la cuantía en un nivel que le garantice un carácter suficientemente disuasivo. Este tipo
         de tratamiento diferenciado se impone especialmente en el presente asunto, en la medida en que existen diferencias considerables
         entre las empresas y grupos que participaron en la infracción.
      
      (516)          En el presente asunto las particularidades del mercado bancario austriaco deberán tenerse en cuenta. Sería irrealista reducir
         la importancia de Erste, RZB y ÖVAG en la red, así como su capacidad efectiva para falsear la competencia a costa de los consumidores,
         a sus actividades respectivas como bancos comerciales.
      
      (517)          Al contrario, el expediente pone de manifiesto claramente que estas empresas, como cabezas de sus grupos respectivos, contribuyeron
         a la eficacia de la red en toda Austria gracias a intercambios de información intensivos en el grupo. Estos establecimientos
         no sólo representaron sus propios intereses sino también los de sus grupos respectivos y en este sentido eran considerados
         por los otros participantes como representantes de tales grupos. Por lo tanto no hay sólo acuerdos entre los distintos bancos
         sino también entre los grupos.
      
      (518)          Ignorar a los grupos que están detrás estas sociedades (agrupación de cajas de ahorros, agrupación de [los bancos Raiffeisen]
         y agrupación de bancos populares) equivaldría a fijar multas inadecuadas y distantes de la realidad económica y que no tendrían
         ningún efecto disuasivo. Las multas sólo tendrán efectivamente un efecto disuasivo suficiente si estas sociedades no participan
         en el futuro en prácticas concertadas como representantes de sus grupos respectivos.»
      
      –       Alegaciones de las partes
      –       Alegaciones de las demandantes
      339   En primer lugar, las demandantes manifiestan que la Comisión vulneró su derecho de defensa e incumplió la obligación de motivación.
         En segundo lugar, afirman que la Comisión no tuvo en cuenta, en el aspecto jurídico, los requisitos para que sea admisible
         la atribución de las cuotas de mercado de una empresa a otra, a los efectos del cálculo de la multa. En tercer lugar, las
         demandantes refutan las comprobaciones fácticas en las que se basa la Comisión para justificar la atribución de las cuotas
         de mercado y la valoración de esos hechos.
      
       Sobre el derecho de defensa y la motivación
      340   Erste reprocha a la Comisión haber vulnerado su derecho de defensa porque el pliego de cargos no menciona la intención de
         la Comisión de imputar a las entidades centrales las cuotas de mercado de sus grupos. Además, Erste y ÖVAG expresan que en
         el pliego de cargos no se alude al supuesto envío de información a los bancos descentralizados ni a la supuesta representación
         de éstos por las sociedades de cabecera.
      
      341   Además, Erste estima que la Comisión infringió la obligación de motivación en lo que concierne a la imputación de las cuotas
         de mercado.
      
       Sobre los requisitos para la imputación de las cuotas de mercado
      342   RZB y Erste exponen que la atribución, a las entidades centrales, de las cuotas de mercado de los bancos que pertenecen a
         sus grupos equivale a imputarles el comportamiento de todos ellos. Afirman que esta imputación no tiene base jurídica y es
         contraria al carácter personal de la responsabilidad por las infracciones del Derecho de la competencia, puesto que los grupos
         no pueden considerarse unidades económicas. RZB y Erste consideran que, de este modo, la Comisión intenta volver sobre su
         decisión de perseguir selectivamente a una parte de las empresas que participaron en la infracción y sancionar el comportamiento
         de los bancos que pertenecen a los tres grupos mencionados sin darles la posibilidad de defenderse.
      
      343   RZB añade que el proceder de la Comisión no es coherente porque impuso una multa a RLB, que pertenece también al grupo Raiffeisen.
         Asimismo, Erste sostiene, en el contexto de su motivo basado en una determinación errónea de las cuotas de mercado del grupo
         de las cajas de ahorro (véase el subsiguiente apartado 440), que la cuota de mercado de EÖ se tomó en consideración doblemente,
         puesto que se le impuso una multa individual cuando era uno de los bancos descentralizados del grupo de las cajas de ahorro
         antes de su fusión con la entidad central GiroCredit de la que surgió Erste (véase el precedente apartado 319). Erste añade
         que la imputación del comportamiento de las cajas de ahorro a la entidad central conduce a resultados injustos ya que ésta
         no tiene la posibilidad, ni legal ni de facto, de repartir la multa entre las cajas de ahorro jurídicamente independientes.
      
      344   Según las demandantes, esta imputación no puede justificarse ni por la «capacidad efectiva» de las empresas de perjudicar
         a los consumidores, ni por la necesidad de un suficiente efecto disuasorio de la multa. En este contexto, ÖVAG y Erste reprochan
         a la Comisión que no respetara el principio de igualdad de trato entre los grandes bancos centralizados y los grupos descentralizados.
         ÖVAG añade que la Comisión, al imputar las cuotas de mercado de los grupos a las sociedades de cabecera, asimiló a estas últimas,
         de manera equivocada, a los grandes bancos comerciales que disponen de una red de sucursales sometidas a las instrucciones
         de la sede central. Además, reprocha a la Comisión que no tuviera en cuenta, erróneamente, un envío de información similar
         a la que se reprocha a los grupos descentralizados entre BA-CA y ciertos bancos en los que éste tiene participaciones importantes.
      
      345   RZB y Erste invocan también las normas aplicables a las asociaciones de empresas que se oponen en el caso de autos, según
         ellos, a que se imputen a las sociedades de cabecera las cuotas de mercado de los grupos. En primer lugar, invocan la sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 1997, SCK y FNK/Comisión (T‑213/95 y T‑18/96, Rec. p. II‑1739, apartado
         254), que excluye, en su opinión, la imputación de la potencia económica de los grupos a las sociedades de cabecera porque
         éstas no son asociaciones de empresas sino empresas. En segundo lugar, ponen de manifiesto que la atribución de las cuotas
         de mercado de los bancos descentralizados a las sociedades de cabecera no es de recibo porque éstas últimas no tienen ninguna
         posibilidad de obligar a los bancos de su grupo, mientras que, según la jurisprudencia, la capacidad de una asociación de
         obligar a sus miembros es un requisito de la imputación de las cuotas de mercado de estos últimos. En tercer lugar, afirman
         que la atribución de las cuotas de mercado a las sociedades de cabecera es incompatible con el carácter subsidiario de la
         responsabilidad de las asociaciones de empresas que se prevé en el punto 5, letra c), de las Directrices. Según las demandantes,
         era perfectamente posible, en el caso de autos, iniciar el procedimiento de infracción contra los bancos descentralizados
         e imponerles las sanciones apropiadas.
      
       Sobre las comprobaciones fácticas y su valoración
      346   En primer lugar, las demandantes reprochan a la Comisión haber ignorado la independencia jurídica y económica de los bancos
         descentralizados y subrayan que no pueden dar instrucciones a las entidades de sus grupos. Insisten, en particular, en sus
         respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, en la ausencia de todo poder «fáctico» para influir en el comportamiento
         competitivo de los bancos descentralizados.
      
      347   RZB explica, a este respecto, que el grupo Raiffeisen presenta una estructura «bottom up» según la cual los bancos Raiffeisen
         locales (o «primarios») son cooperadores de los bancos regionales (o «secundarios», denominados «Raiffeisen‑Landesbanken»),
         quienes poseen, por su parte, más del 80 % de RZB. En su opinión, RZB y los Raiffeisen‑Landesbanken prestan solamente algunas
         «funciones de servicio» respecto de los bancos situados en el nivel primario o secundario. Destaca que no tiene ninguna participación
         en el capital de estos últimos y que eso le distingue de las sociedades de cabecera de los otros grupos descentralizados.
         RZB manifiesta que, a lo sumo, es un instrumento de los bancos primarios y de los Raiffeisen‑Landesbanken y que éstos, por
         el contrario, no están sometidos a las instrucciones de RZB. A su juicio, la organización del grupo en cooperativas excluye
         cualquier imputación del comportamiento de los bancos primarios a RZB y el hecho de que tengan la misma apariencia externa
         en determinados ámbitos parciales no cambia nada en ello. RZB indica que la falta de estructuras jerárquicas está en el origen
         de la «falta de disciplina» notoria del grupo Raiffeisen en relación con la aplicación de las recomendaciones de las reuniones
         de los bancos, de la cual se quejan regularmente los otros bancos. A su modo de ver, la estructura Raiffeisen es de tal naturaleza
         que los bancos Raiffeisen individuales, para velar celosamente por su autonomía, sólo transmitieron a RZB una información
         incompleta sobre las condiciones planteadas o incluso anunciaron previamente que fijarían «ellos mismos» sus condiciones.
      
      348   Erste describe, de entrada, la participación que ostenta en el capital de ciertas cajas de ahorro. Considera que está excluido,
         habida cuenta de la reducida importancia de esa participación, que el grupo de las cajas de ahorro constituya una unidad económica
         que pueda justificar la imputación del comportamiento de éstas a la entidad central. Expone, a continuación, que las disposiciones
         legislativas relativas al grupo de las cajas de ahorro y los estatutos de la entidad central tienen por objeto permitir o
         facilitar a las pequeñas entidades de crédito del grupo descentralizado el ejercicio de una actividad bancaria y se refieren
         a las funciones que esas entidades no pueden asumir solas debido a su pequeño tamaño y a su falta de recursos. Erste efectúa
         un análisis detallado de esas disposiciones, de las que deduce que no confieren a la entidad central ninguna influencia sobre
         el comportamiento comercial de las cajas de ahorro. Reprocha a la Comisión que tenga «dos pesos y dos medidas» porque los
         derechos y obligaciones sobre los que basa la imputación de las cajas de ahorro regionales a GiroCredit existían hasta octubre
         de 1997 en unas proporciones claramente mayores entre GiroCredit y BA, quien, además, tenía la mayoría del capital de Girocredit.
         Erste subraya que, pese a ello, la Comisión no imputó el comportamiento de GiroCredit a BA. Erste sostiene que, también en
         los hechos, el comportamiento comercial de las cajas de ahorro es independiente de la sociedad de cabecera. A este respecto,
         pone de relieve en primer lugar que la carga de la prueba de que Erste/GiroCredit controló efectivamente el comportamiento
         comercial de las cajas de ahorro incumbe a la Comisión, que no incluyó dicha prueba en la Decisión. Sin embargo, expone las
         siguientes alegaciones para demostrar la independencia del comportamiento comercial de las cajas de ahorro:
      
      –       la independencia de las cajas de ahorro respecto de la sociedad de cabecera estaba garantizada por la Ley austriaca de cajas
         de ahorro y por la de sociedades anónimas;
      
      –       si la sociedad de cabecera hubiera tenido el derecho de ejercer una influencia dominante sobre el comportamiento de las cajas
         de ahorro, habrían debido aplicarse las disposiciones del artículo 30 de la BWG, lo que no sucedió;
      
      –       las cajas de ahorro estaban mejor situadas que la sociedad de cabecera para establecer sus condiciones bancarias en función
         de la situación regional y local;
      
      –       cada caja de ahorro siguió su propia política comercial y las condiciones bancarias establecidas en sus relaciones con su
         clientela eran diferentes;
      
      –       sobre todo, las cajas de ahorro regionales se encontraban en situación de competencia entre ellas y con las filiales de la
         sociedad de cabecera en numerosos mercados locales durante el período de que se trata.
      
      349   En segundo lugar, en lo que se refiere a los intercambios de información entre las sociedades de cabecera y los bancos descentralizados,
         RZB admite que dicho intercambio tuvo lugar dentro de su grupo pero niega que se constituyeran especialmente mecanismos internos
         de información y representación para la puesta en práctica de los acuerdos. Afirma que la infraestructura del grupo Raiffeisen
         ya existía al iniciarse las infracciones y correspondía simplemente a la estructura en tres niveles de ese grupo. RZB considera
         que la transmisión de información por parte de RZB con objeto de poner en práctica los acuerdos localmente no reviste ninguna
         importancia decisiva porque había contactos «horizontales» directos a nivel local y los Raiffeisen-Landesbanken podían obtener
         por sí mismos la información sobre los acuerdos. Erste y ÖVAG sostienen, en cambio, que no se demostró la existencia de una
         transmisión de información entre la entidad central y las entidades descentralizadas, ni en lo que respecta a las cajas de
         ahorro ni en lo que concierne a los bancos populares.
      
      350   En tercer lugar, RZB y Erste discuten las declaraciones que figuran, en particular, en los considerandos 61 y 517 de la Decisión
         impugnada, según las cuales son «representantes» de sus grupos y/o los otros bancos les consideran como tales. 
      
      351   RZB subraya que no tenía ningún poder para obligar al conjunto del grupo durante las reuniones de los bancos afectados, lo
         que resultaba absolutamente claro para los demás participantes en las reuniones. Añade que no tenía ningún interés en que
         el conjunto del grupo Raiffeisen aplicase los acuerdos, puesto que, debido a la estructura del sector, no se habría beneficiado
         de la supuesta plusvalía obtenida de las prácticas colusorias prohibidas.
      
      352   Erste afirma, sobre la base de un examen detenido de los documentos citados en la Decisión impugnada, en particular en el
         considerando 62, que éstos no prueban la alegación de que él (o GiroCredit antes de la fusión) actuó como representante del
         conjunto del grupo de las cajas de ahorro durante las mesas redondas. En la réplica, añade que la Comisión tampoco puede deducir
         de la notificación efectuada en octubre de 1999 de un proyecto de acuerdo celebrado en el seno del grupo de las cajas de ahorro,
         en el que se indica que la sociedad de cabecera debe «preservar los intereses de las cajas de ahorro», que defendió los intereses
         de estas últimas en las mesas redondas. Subraya, la vista, que el grupo de las cajas de ahorro sufrió profundas modificaciones
         entre 1997 y 1999 en el sentido de una aproximación de las entidades y de su presentación en el mercado. Además, niega la
         alegación que, según él, figura en el considerando 61 de la Decisión impugnada, de que hubo acuerdos acerca de las condiciones
         comerciales también en el seno del grupo.
      
      353   En cuarto lugar, Erste manifiesta que la Comisión no puede invocar la supuesta influencia de las mesas redondas de Viena sobre
         las de nivel regional para justificar la imputación litigiosa. Afirma que la Decisión impugnada ignora el hecho de que, si
         Erste/GiroCredit estaba presente en los Länder, lo hacía a través de sus propias sucursales y no por intermediación de las
         cajas de ahorro regionales independientes. Erste no refuta que ella misma o GiroCredit participaron en las mesas redondas
         de los centros regionales donde poseía sucursales. Subraya que esto no significa que intentara influir sobre las cajas de
         ahorro regionales que participaron en las mismas mesas redondas independientemente de sus sociedades de cabecera y que ha
         tratado a las cajas de ahorro regionales, durante las mesas redondas, exactamente igual que a los demás bancos presentes.
      
      –       Alegaciones de la Comisión
      354   La Comisión pone especialmente de manifiesto que debe distinguirse entre la imputación del comportamiento ilícito de una empresa
         a otra empresa y la clasificación de las empresas en categorías con el fin de determinar el importe básico de la multa y afirma
         que no sancionó a ninguna de las sociedades de cabecera más que por su propio comportamiento, a saber, por su contribución
         al funcionamiento de la practica colusoria en el conjunto del territorio austriaco mediante la transmisión de información
         destinada a las entidades de su grupo o procedente de éstas. Según dicha institución, no son, por tanto, pertinentes las alegaciones
         basadas en la falta de unidad económica y de normas aplicables a las asociaciones de empresas. Estima que estaba justificado
         tomar en consideración las cuotas de mercado, a la vista de las Directrices, por la necesidad de tener en cuenta la capacidad
         efectiva de las sociedades de cabecera para afectar a la competencia. Por último, destaca que las sociedades de cabecera forman,
         junto con sus grupos, unidades que ejercen una actividad económica conjunta, análogas a las unidades económicas. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Observaciones preliminares
      355   Con carácter preliminar, es preciso recordar que la atribución a las entidades centrales de las cuotas de mercado de los bancos
         de sus grupos se inscribe en el marco de la clasificación en categorías de los destinatarios de la Decisión impugnada. Al
         hacer uso de esta facultad, prevista en el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices, la Comisión quiso tener en cuenta
         la capacidad económica efectiva de esos establecimientos para falsear la competencia y el peso específico y, por ende, la
         repercusión real sobre la competencia, de su comportamiento ilícito.
      
      356   A este respecto, procede desestimar la tesis de las demandantes de que la Decisión impugnada, al imputar a las sociedades
         de cabecera las cuotas de mercado de los bancos de sus grupos, les imputó el comportamiento ilícito de éstos. En efecto, la
         Decisión impugnada no basa la imputación de las cuotas de mercado en comprobaciones específicas relativas a la participación
         efectiva de los bancos descentralizados en la infracción. Tal como se desprende de los considerandos 516 a 518, en primer
         lugar, la Comisión se basa en la toma en consideración de las particularidades del mercado bancario austriaco que se caracteriza,
         a su entender, por el hecho de que la relevancia de las entidades centrales en el seno de sus redes y su capacidad efectiva
         para falsear la competencia son más importantes que lo que corresponde a sus actividades respectivas como bancos comerciales.
         En segundo lugar, la Comisión se refiere al papel desempeñado por las sociedades de cabecera, por una parte, dentro de los
         grupos para poner en práctica los acuerdos, en especial, mediante intercambios de información y, por otra parte, como representantes
         de los grupos en la práctica colusoria. Al actuar así, la Comisión sancionó a las sociedades de cabecera por su propio comportamiento,
         cuya gravedad viene determinada por la naturaleza de la infracción cometida –a saber, acuerdos horizontales sobre precios–
         habida cuenta también del hecho de que el sector bancario presta servicios de extrema importancia tanto para los consumidores
         como para las empresas, es decir, para el conjunto de la economía (considerandos 506 y 507 de la Decisión impugnada).
      
      357   Procede, pues, desestimar el conjunto de las alegaciones de las demandantes que se basan en la premisa errónea de que la Comisión
         les atribuyó un comportamiento ilícito correspondiente a los bancos de sus grupos respectivos.
      
      358   Además, no se refutó que las multas impuestas por la Comisión a las sociedades de cabecera no sobrepasan el umbral del 10 %
         del volumen de negocios de éstas, que se fija en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 17. Asimismo, se comprobó que
         la Comisión no calificó a las sociedades de cabecera de asociaciones de empresas. Por tanto, los requisitos a los cuales la
         jurisprudencia supedita la imputación a una asociación de empresas del volumen de negocios de sus miembros, a los efectos
         de la determinación de dicho umbral, no son pertinentes en el caso de autos. Asimismo, procede desestimar todas las demás
         alegaciones basadas en el incumplimiento de los requisitos a los que se supedita la toma en consideración del volumen de negocios
         de los miembros de una asociación de empresas para la fijación de una multa impuesta a ésta última.
      
      359   A continuación procede señalar, que todas las partes confirmaron en sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera
         Instancia, que se deben tener en cuenta, para la clasificación en categorías de empresas, de conformidad con el punto 1 A,
         párrafo sexto, de las Directrices, las circunstancias objetivas o estructurales de las empresas así como la situación en el
         mercado afectado.
      
      360   Entre esos factores objetivos figuran no solamente el tamaño y la potencia de una empresa en el mercado tal como éstos se
         reflejan en su propia cuota de mercado o en su propio volumen de negocios, sino también los vínculos que mantiene con otras
         empresas cuando éstos pueden influenciar la estructura del mercado. En efecto, tal como destacó la Comisión, con razón, en
         los considerandos 516 y 518 de la Decisión impugnada, la capacidad efectiva de una empresa para crear un daño importante y
         la repercusión real de la infracción que cometió deben evaluarse teniendo en cuenta la realidad económica. Por tanto, es legítimo
         que la Comisión, a la vista de las Directrices, tome en consideración dichas relaciones para determinar la capacidad económica
         efectiva para causar daño que tienen los participantes en una práctica colusoria, así como el peso específico de su infracción.
      
      361   A ese respecto ha de precisarse que la estructura del mercado puede verse influenciada no solamente cuando los vínculos entre
         las empresas confieren a una de ellas un poder de dirección o el control completo del comportamiento competitivo de otros
         operadores, como en el caso de las unidades económicas. La potencia de una empresa en el mercado también puede aumentar, más
         allá de su propia cuota de mercado, cuando mantiene relaciones estables con otras empresas en el marco de las cuales puede
         ejercer, de modo informal, una influencia de hecho sobre su comportamiento. Así ocurre igualmente cuando los vínculos existentes
         entre empresas producen el efecto de reducir o eliminar la competencia entre ellas (véase, por analogía, la sentencia del
         Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1978, United Brands/Comisión, 27/76, Rec. p. 207, apartados 99 a 103). El hecho de
         que tales vínculos no puedan justificar la declaración de que las empresas afectadas forman parte de una misma entidad económica
         no significa que la Comisión pueda ignorarlo y valorar la situación en el mercado como si esos vínculos no existieran.
      
      362   Por el contrario, el comportamiento concreto de los diferentes miembros de un cártel o el grado de su culpabilidad individual
         no es determinante, en sí mismo, para la clasificación en categorías. El comportamiento de una empresa puede, en efecto, constituir
         un indicio de la naturaleza de las relaciones que ésta mantiene con otras empresas. La existencia de comportamientos específicos,
         como la organización de intercambios de información con éstas o las tomas de postura explícitas durante las reuniones del
         cártel para defender sus intereses o para comprometerlas en el respeto de los acuerdos contrarios a la competencia no es,
         sin embargo, ni indispensable ni suficiente por sí misma para justificar que se tome en consideración la cuota de mercado
         de estas últimas empresas para evaluar la potencia de la primera empresa en el mercado. En efecto, a falta de relaciones estables
         con las empresas con las que se intercambia la información o cuyos intereses se representan, dichos comportamientos no son
         determinantes a los efectos de la clasificación en categorías, si bien pueden, en su caso, tenerse en cuenta para apreciar
         las circunstancias agravantes y atenuantes al amparo de los puntos 2 y 3 de las Directrices.
      
      363   El razonamiento en el que la Comisión basó la imputación de las cuotas de mercado (véase el precedente apartado 356) debe
         interpretarse teniendo en cuenta las consideraciones expuestas. 
      
      364   A este respecto, la referencia que se hace en los considerandos 516 y 517 de la Decisión impugnada al papel de las sociedades
         de cabecera como representantes de sus grupos y la afirmación de que había acuerdos entre los grupos deben entenderse en el
         sentido de que se refieren, en esencia, a elementos inherentes a la cualidad de sociedad de cabecera, como la influencia que
         ésta puede ejercer sobre los miembros del grupo en virtud de su papel, y no a actos concretos efectuados por las demandantes.
         Esto lo corrobora el considerando 58 de la Decisión impugnada, que señala:
      
      «Se trata aquí de explorar el papel particular desempeñado por las sociedades de cabecera Erste (antes GiroCredit), RZB y
         ÖVAG en la red Lombard. Este papel, de coordinación y representación de sus grupos respectivos (papel afianzado en una tradición
         histórica y desempeñado desde hacía mucho tiempo), servía directamente al buen funcionamiento de dicha red. Por una parte,
         las sociedades de cabecera organizaban los intercambios mutuos de información entre Viena y los Estados federados dentro de
         los grupos; por otra parte, defendían los intereses de su propio grupo frente a los otros grupos miembros del cártel.»
      
      365   La Comisión se basó además en elementos objetivos relacionados con la estructura del mercado, al afirmar que existen «vínculos
         particulares» que confieren a la red de las cajas de ahorro una «estructura asimilable a la de un grupo» (nota a pie de página
         nº 21) y que los bancos Raiffeisen locales, pese a no estar sujetos a las órdenes de RZB o de los bancos regionales, «mantienen
         una relación de competencia limitada entre sí» (nota a pie de página nº 23).
      
      366   En este contexto, la referencia a ciertos factores relacionados con el comportamiento se enmarca en la descripción del papel
         de las sociedades de cabecera. En efecto, los intercambios de información evocados en la Decisión impugnada son un indicio
         del papel de las sociedades de cabecera y de su posición dentro de los grupos, en tanto que el concepto de «representación»
         no se refiere solamente a un comportamiento concreto sino que puede entenderse también en un sentido estructural.
      
      367   Al examinar los motivos de las entidades centrales que cuestionan la legalidad de la Decisión impugnada en cuanto que les
         atribuye las cuotas de mercado de los bancos de sus grupos, el Tribunal de Primera Instancia debe tener en cuenta las consideraciones
         precedentes así como el margen de apreciación del que goza la Comisión para fijar el importe de las multas (sentencia del
         Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 1995, Martinelli/Comisión, T‑150/89, Rec. p. II‑1165, apartado 59), y ejercer
         un control jurisdiccional limitado, circunscrito a la verificación del respeto de las normas de procedimiento y motivación,
         así como la exactitud material de los hechos, la ausencia de error de Derecho, de error manifiesto de apreciación y de desviación
         de poder. Además de ese control de legalidad, incumbe al Tribunal de Primera Instancia apreciar si procede ejercer su competencia
         de plena jurisdicción en relación con la multa impuesta a las entidades centrales.
      
      368   En primer lugar, ha de examinarse si la Decisión impugnada respetó el derecho de defensa, que forma parte de las normas de
         procedimiento, y si está suficientemente motivada en lo que concierne a la atribución, a las entidades centrales, de las cuotas
         de mercado de los bancos descentralizados. En segundo lugar, la legalidad del razonamiento que llevó a la Comisión a efectuar
         esta atribución se examinará a la luz del carácter personal de la responsabilidad por las infracciones al Derecho de la competencia.
         En tercer lugar, se deberán analizar los motivos de las demandantes basados en el incumplimiento de las Directrices, en la
         violación del principio de igualdad y en la incompatibilidad del proceder de la Comisión con la sentencia SCK y FNK/Comisión,
         citada en el apartado 345 supra. En cuarto y último lugar, el análisis versará sobre los motivos de las demandantes relativos a la exactitud material de
         las comprobaciones fácticas en las que se basó la Comisión y sobre la cuestión de si, habida cuenta del papel de las entidades
         centrales, está justificada la imputación que efectuó la Comisión. 
      
      –       Sobre el derecho de defensa y la motivación
      369   Hay que desestimar, en primer lugar, la alegación de que la Comisión vulneró el derecho de defensa de las demandantes al no
         mencionar, en el pliego de cargos, su intención de atribuir las cuotas de mercado de los grupos descentralizados a las entidades
         centrales. En efecto, en lo que se refiere al cálculo del importe de las multa, es suficiente, de acuerdo con una reiterada
         jurisprudencia, que la Comisión indique expresamente, en el pliego de cargos, que va a examinar si procede imponer multas
         a las empresas afectadas y que exponga los principales elementos de hecho y de Derecho que puedan llevar aparejada una multa,
         como la gravedad y duración de la supuesta infracción y el hecho de haber cometido ésta «deliberadamente o por negligencia»
         (sentencia MDF, citada en el apartado 213 supra, apartado 21). En cambio, la Comisión no está obligada, una vez que indica los elementos de hecho y de Derecho sobre los que
         pretende basar su cálculo del importe de las multas, a precisar el modo en que tiene intención de utilizar cada uno de esos
         elementos para determinar el nivel de la multa. Por lo demás, existe una garantía adicional para las empresas en lo que se
         refiere a la fijación del importe de las multas, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia resuelve con competencia
         jurisdiccional plena y puede suprimir o reducir la multa, en virtud del artículo 17 del Reglamento nº 17 (sentencia LR AF
         1998/Comisión, citada en el apartado 225 supra, apartados 199, 200 y 206). En el caso de autos, la Comisión indicó, en el pliego de cargos, que RZB, Erste y ÖVAG eran las
         sociedades de cabecera de sus grupos respectivos. Esta indicación es suficiente para respetar el derecho de defensa de las
         demandantes a este respecto.
      
      370   Se deduce de esto que procede desestimar también las alegaciones expuestas por Erste y ÖVAG, según las cuales el pliego de
         cargos no contiene indicaciones suficientes acerca de la transmisión de información en el seno de sus grupos y de la representación
         de los bancos descentralizados por las entidades centrales. En efecto, la alusión a esos elementos en la Decisión impugnada
         se inscribe en el análisis de la capacidad efectiva de las sociedades de cabecera para falsear la competencia a los efectos
         de la clasificación en categorías. En este contexto, constituyen indicios que tienen por objeto ilustrar el papel desempeñado
         por las sociedades de cabecera que, por su parte, se menciona en el pliego de cargos. Por el contrario, esos elementos no
         tienen ninguna influencia autónoma sobre la valoración de la gravedad de la infracción que, tal como ya se ha destacado, se
         determinó sobre la base de la naturaleza de la infracción, habida cuenta de la importancia del sector bancario para el conjunto
         de la economía (véase, en este sentido, la sentencia Scandinavian Airlines System/Comisión, citada en el apartado 311 supra, apartados 158 y 159). Por tanto, la Comisión no estaba obligada a referirse a ellos en el pliego de cargos.
      
      371   En lo que se refiere a la alegación basada en una motivación insuficiente, se debe declarar que las indicaciones sobre las
         razones de la imputación de las cuotas de mercado a los grupos descentralizados que figuran en los considerandos 515 a 518
         de la Decisión impugnada son suficientes para permitir que las demandantes defiendan sus derechos y que el Tribunal de Primera
         Instancia ejerza su control. En efecto, de los considerandos 516 y 518 resulta que la Comisión tenía la intención de tener
         en cuenta, a la hora de apreciar la capacidad efectiva de las entidades centrales para falsear la competencia, la realidad
         económica constituida por la posición de dichas entidades en el seno de las redes bancarias descentralizadas y la posible
         influencia de éstas sobre los bancos de sus sectores. Con el fin de explicar por qué la capacidad efectiva de estas entidades
         para afectar a la competencia se corresponde con la capacidad del conjunto de los grupos descentralizados, el considerando
         517 se refiere a la contribución de las entidades centrales en la eficacia de la «red Lombard», a la representación de los
         intereses de los grupos por dichas entidades y a la percepción de los otros participantes en las mesas redondas, los cuales,
         según la Decisión impugnada, consideraron a las entidades centrales como representantes de los grupos. Con independencia de
         la cuestión de si esas consideraciones justifican el proceder de la Comisión, indican, de manera suficientemente explícita,
         las razones por las que esta institución cree poder adoptar este proceder.
      
      –       Sobre la legalidad del proceder de la Comisión a la luz del carácter personal de la responsabilidad por las infracciones del
         Derecho de la competencia
      
      372   De acuerdo con el principio según el cual la responsabilidad por la comisión de infracciones del Derecho de la competencia
         tiene carácter personal, una persona física o jurídica sólo debe ser sancionada por los hechos que le sean imputables individualmente
         (véase el precedente apartado 333). 
      
      373   Procede recordar, en primer lugar, que la Decisión impugnada no imputó a las sociedades de cabecera el comportamiento ilícito
         de los bancos de sus grupos, sino que las sancionó por su propio comportamiento, determinado en función de la capacidad de
         perjudicar a la competencia y de la concreta repercusión de su infracción que resultan de la posición que aquéllas ocupan
         en el seno de los grupos bancarios descentralizados (véanse los precedentes apartados 355 a 366).
      
      374   Como la Comisión no imputó a las sociedades de cabecera ningún comportamiento ilícito de los bancos descentralizados, no es
         pertinente, en el presente asunto, saber si existen vínculos entre los miembros de tal grupo bancario que permitan calificarlo
         de unidad económica. De esto se deduce que la alegación de que el proceder de esta institución es incompatible con el carácter
         personal de la responsabilidad por infracciones del Derecho de la competencia no es fundada.
      
      375   Las demandantes reprochan en este contexto a la Comisión haber seguido un proceder incoherente que constituye una doble sanción
         en la medida en que impone sanciones individuales a dos entidades que forman parte de grupos descentralizados en los que ha
         comprobado una infracción. Se trata, por un lado, de RLB, que forma parte del grupo Raiffeisen, y, por otro lado, de EÖ, que,
         antes de su fusión con la sociedad de cabecera GiroCredit de la que surgió Erste, era uno de los bancos descentralizados del
         grupo de las cajas de ahorro (véase el precedente apartado 319).
      
      376   Al exponer esta alegación, las sociedades de cabecera manifiestan, en esencia, que la Comisión, al elegir clasificar a los
         participantes en la práctica colusoria en categorías según sus cuotas de mercado, debía determinar previamente un umbral global
         para la multa, correspondiente al 100 % de las cuotas de mercado de los participantes en la práctica colusoria, y repartir
         a continuación ese total entre las empresas sancionadas en función de sus cuotas de mercado individuales. En efecto, el Tribunal
         de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia han reconocido que dicho proceder es compatible con la determinación individual
         de la sanción (sentencias del Tribunal de Justicia de 15 de julio de 1970, Boehringer/Comisión, 45/69, Rec. p. 769, apartados
         55 y 56, y de 8 de noviembre de 1983, IAZ y otros/Comisión, 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 y 110/82, Rec. p. 3369,
         apartados 52 y 53; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Atlantic Container Line y otros/Comisión,
         T‑191/98 y T‑212/98 a T‑214/98, Rec. p. II‑3275, apartado 1572). Sin embargo, no puede considerarse que éste sea el único
         proceder admisible. En efecto, el único umbral que obligatoriamente debe respetar la Comisión a la hora de determinar las
         multas resulta del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17 y se refiere individualmente a cada empresa partícipe de
         la infracción. En particular, la Comisión puede, como lo hizo en las Directrices, privilegiar un proceder tomando como punto
         de partida la gravedad de la infracción individual de cada empresa, valorada en función de su potencia en el mercado.
      
      377   Así pues, como se ha expuesto en el precedente apartado 361, la potencia económica en el mercado y la capacidad para perjudicar
         a la competencia de una empresa pueden ser superiores a las que resultan directamente de su cuota de mercado individual, debido
         a las relaciones informales que mantiene con otros operadores, aunque esas relaciones no le confieran el control completo
         del comportamiento de esos operadores en el mercado. Cuando existen tales vínculos, la responsabilidad de esos otros operadores
         no se ve afectada por la toma en consideración de la influencia informal que la primera empresa es capaz de ejercer sobre
         su comportamiento. Se deduce de esto que no es ilegal, respecto de la determinación individual de la sanción para cada empresa
         que participó en la infracción, sancionar tanto a la sociedad de cabecera teniendo en cuenta la repercusión de su infracción,
         tal como ésta resulta de la influencia que puede ejercer sobre los bancos descentralizados, como a éstos últimos por la infracción
         que ellos mismos cometieron. 
      
      378   Por tanto, no puede calificarse de incoherente el proceder de la Comisión consistente, así, en sancionar a cada uno de los
         destinatarios de la Decisión impugnada por su propio comportamiento, y tampoco se impuso una doble sanción a los bancos. De
         esto se deriva que procede desestimar también el reproche expuesto por RZB de que la Comisión impuso una sanción por el comportamiento
         de los bancos descentralizados sin darles la posibilidad de defenderse.
      
      379   Asimismo, al no haberse sancionado a las sociedades de cabecera por el comportamiento de los bancos descentralizados, la legalidad
         del proceder seguido por la Comisión no está supeditada a la facultad de cada sociedad de cabecera para repercutir sobre los
         bancos descentralizados la carga de la multa que se le impuso.
      
      380   También se deduce de esto que el reproche de que la Comisión intentó anular los efectos de su decisión de no imputar al conjunto
         de los bancos que participaron en las mesas redondas no es fundado. En efecto, el hecho de que la Comisión no inicie un procedimiento
         respecto de ciertas empresas partícipes de la práctica colusoria o de que no les imponga una sanción no puede, en sí mismo,
         prohibirle que impute las cuotas de mercado de esas empresas a otros participantes en la práctica colusoria si dicha imputación
         es necesaria para aprehender plenamente la potencia de éstos en el mercado, habida cuenta de la realidad económica.
      
      –       Sobre las otras alegaciones referidas a la legalidad del proceder de la Comisión
      
       Sobre la compatibilidad del proceder de la Comisión con las Directrices 
      381   Con carácter preliminar se debe recordar que, según una jurisprudencia reiterada, entre los elementos de apreciación de la
         gravedad de una infracción pueden figurar, según los casos, la cantidad y el valor de las mercancías objeto de la infracción,
         así como la dimensión y la potencia económica de la empresa (sentencias MDF, citada en el apartado 213 supra, apartado 120, e IAZ y otros/Comisión, citada en el apartado 376 supra, apartado 52). No obstante, esto no implica en modo alguno que la Comisión no pueda otorgar, en el marco de la determinación
         de la gravedad de la infracción, una preeminencia a la naturaleza de ésta, respecto del tamaño de las empresas (sentencia
         FETTCSA, citada en el apartado 167 supra, apartado 411). En el presente asunto, tal como se señaló en los precedentes apartados 356 y 370, el criterio utilizado para
         determinar la gravedad de la infracción fue su naturaleza, y el criterio de las cuotas de mercado de las demandantes sólo
         sirvió, según el considerando 519 de la Decisión impugnada, en la fase ulterior distinta de su clasificación en categorías
         de conformidad con el punto 1 A, párrafo sexto, de las Directrices. De las consideraciones recogidas en los precedentes apartados
         360 y 361 resulta que la Comisión puede tener en cuenta, en esta última fase, las relaciones que los autores de una infracción
         mantienen con otras empresas. Por tanto, no puede estimarse la alegación de que la imputación controvertida no puede justificarse
         mediante una referencia a la capacidad efectiva de las sociedades de cabecera para perjudicar a los consumidores.
      
      382   Se debe declarar, a continuación, que el reproche manifestado por RZB, de que la Decisión impugnada infringió las Directrices
         al destacar la necesidad de un carácter disuasorio suficiente de las multas como un motivo autónomo de imputación de las cuotas
         de mercado, es inexacto. En efecto, tal como se expuso en los precedentes apartados 364 a 366, la Comisión basó esta imputación,
         fundamentalmente, en el papel de las sociedades de cabecera. En estas circunstancias, ni la alusión general al carácter disuasorio
         de la multa en el considerando 515 de la Decisión impugnada, ni la que figura en el considerando 518, que se enmarca en el
         contexto de la toma en consideración de la realidad económica para valorar la capacidad efectiva de los bancos para afectar
         a la competencia y el peso específico de la infracción, exceden la toma en consideración del carácter disuasorio de las multas
         tal como se prevé en el punto 1 A, párrafo cuarto, de las Directrices. En efecto, al constituir la disuasión una finalidad
         de la multa, la exigencia de asegurarla constituye una exigencia general que debe guiar a la Comisión durante toda la fase
         de cálculo de la multa.
      
      383   En cuanto a la alegación de RZB de que no es necesario tener en cuenta las cuotas de mercado de los grupos para garantizar
         un efecto disuasorio suficiente en lo que le afecta, ha de hacerse constar que la exigencia de garantizar un carácter disuasorio
         suficiente a las multas no está supeditada a que exista una posibilidad de reincidencia por parte de los autores de la infracción.
         En efecto, aunque los destinatarios de la Decisión impugnada no contemplen repetir un comportamiento similar al que es objeto
         de la Decisión impugnada, el efecto disuasorio de las sanciones fijadas únicamente en atención a las cuotas de mercado de
         las sociedades de cabecera como bancos comerciales podría resultar insuficiente en relación al perjuicio que sus infracciones
         pueden crear. Por lo demás, es legítimo que la Comisión tenga en cuenta el efecto disuasorio de su decisión respecto de otras
         empresas que se encuentren, en su caso, en una situación comparable a la de las sociedades de cabecera. Por último, no es
         fundada la alegación de RZB de que la Comisión infringió la obligación de motivación porque no expuso en la Decisión impugnada
         consideraciones acerca de dicho efecto disuasorio general. En efecto, la pertinencia de este aspecto del carácter disuasorio
         es evidente y no eran necesarias mayores precisiones sobre este particular para que RZB impugnase la Decisión a este respecto
         ni para permitir al Tribunal de Primera Instancia ejercer su control.
      
      384   También hay que desestimar, en este contexto, la tesis propuesta por ÖVAG de que la clasificación en categorías debe tener
         únicamente en cuenta el tamaño de las empresas y de que el carácter disuasorio no es pertinente en este marco. En efecto,
         la toma en consideración del tamaño de las empresas y la clasificación en categorías se prevén, esencialmente, para garantizar
         un carácter disuasorio suficiente de las multas.
      
      385   De ello se deduce que procede desestimar las alegaciones de las demandantes basadas en que el proceder de la Comisión es contrario
         a las Directrices.
      
       Sobre la presunta violación del principio de igualdad
      386   En lo que concierne al reproche de que la Comisión violó el principio de igualdad al asimilar, erróneamente, los grupos descentralizados
         a los grandes bancos centralizados, se debe manifestar que, en la medida en que se respetó el carácter personal de la responsabilidad
         por las infracciones del Derecho de la competencia, corresponde a la Comisión, de acuerdo con las Directrices, valorar si
         la toma en consideración de la realidad económica justifica la atribución, a las sociedades de cabecera, de la potencia económica
         de sus grupos. Con la reserva del ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, el Tribunal de Primera Instancia sólo
         puede censurar esta valoración en caso de error manifiesto. Ahora bien, no se ha demostrado un error de este tipo.
      
      387   En lo que atañe a la alegación de ÖVAG, basada en la ignorancia de los intercambios de información entre BA-CA y ciertos bancos
         en los que éste tiene participaciones, la Comisión destacó acertadamente que la clasificación en categorías de BA-CA no se
         modificaría si se le atribuyesen las cuotas de mercado de los bancos afectados.
      
       Sobre la sentencia SCK y FNK/Comisión 
      388   En lo que se refiere al argumento de que la imputación de las cuotas de mercado a las entidades centrales es contraria a la
         sentencia SCK y FNK/Comisión, citada en el apartado 345 supra, hay que reseñar que, en ese asunto, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la valoración de la proporcionalidad de
         una multa impuesta a una empresa (dentro del respeto a los límites del artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 17) debe
         hacerse en proporción al volumen de negocios de ésta sin tener en cuenta el volumen de negocios de otras empresas que mantienen
         relaciones comerciales con ella si el conjunto no puede calificarse de asociación de empresas. Dado que las demandantes no
         impugnan la proporcionalidad de la multa que se les impuso en relación con su propio volumen de negocios, procede desestimar,
         por inoperante, su alegación basada en la sentencia SCK y FNK/Comisión.
      
      –       Sobre las alegaciones relativas a las comprobaciones de hecho y a la valoración del papel desempeñado por las entidades centrales
      389   En lo que concierne a la exactitud de la comprobaciones fácticas en las que se basa la Decisión impugnada, las demandantes
         reprochan esencialmente a la Comisión que no haya aportado la prueba de determinados comportamientos aludidos en el considerando
         517 de la Decisión impugnada, a saber, los intercambios de información (Erste y ÖVAG) y la representación de los bancos descentralizados
         en las mesas redondas (RZB y Erste).
      
      390   En cambio, mediante sus alegaciones sobre la independencia de los bancos descentralizados, la estructura de los grupos y las
         funciones de las entidades centrales, las demandantes no impugnan las comprobaciones fácticas concretas que se contienen en
         la Decisión impugnada acerca del papel de dichas entidades en el seno de los grupos, sino que se oponen, en esencia, a la
         valoración efectuada por la Comisión acerca de este papel y a las consecuencias que se pueden extraer de él en relación con
         la valoración de su potencia en el mercado.
      
      391   Con ocasión del examen de estas alegaciones, por una parte, incumbe al Tribunal de Primera Instancia controlar, a los efectos
         de comprobar la legalidad de la Decisión impugnada, si la Comisión cometió errores de hecho o errores manifiestos de apreciación
         a este respecto. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia es competente para apreciar, en el marco de la facultad
         jurisdiccional plena que le reconocen los artículos 229 CE y 17 del Reglamento nº 17, el carácter apropiado del importe de
         las multas. Esta última apreciación puede justificar la presentación y la toma en consideración de elementos complementarios
         de información, cuya mención en la Decisión impugnada no viene exigida, como tal, en virtud de la obligación de motivación
         prevista en el artículo 253 CE (sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2000, KNP BT/Comisión, citada en
         el apartado 330 supra, apartados 38 a 40, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Cheil Jedang/Comisión, T‑220/00,
         Rec. p. II‑2473, apartado 215).
      
      392   En relación con esto, las relaciones existentes entre las entidades centrales de los tres grupos y los bancos descentralizados
         se describen, en particular, en una sentencia del Tribunal Constitucional de Austria de 23 de junio de 1993, que la Comisión
         aportó como respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia. 
      
      393   El Tribunal Constitucional de Austria expuso, de entrada, al conocer de un recurso de un banco Raiffeisen local (o primario)
         contra una disposición de la Ley sobre entidades de crédito entonces en vigor, que obligaba a los bancos descentralizados
         asociados a una entidad central en el marco de una «red sectorial» (sektoraler Verbund) a mantener un determinado nivel de
         reservas en metálico en la entidad central, que la adhesión de los bancos a dicha red es voluntaria y que existen múltiples
         relaciones jurídicas entre los integrantes de la red y la entidad central, basadas en el Derecho de sociedades, en el de cooperativas
         y en el de asociaciones, así como en sus Estatutos. Dicho Tribunal explica que esta red estrechamente imbricada de derechos
         y obligaciones se desarrolló a lo largo de varios decenios, lo cual es cierto tanto para el grupo Raiffeisen, objeto de su
         sentencia, como para los bancos populares y las cajas de ahorro. El Tribunal Constitucional afirma que es legítimo que el
         legislador tome en consideración la situación tal como ésta resulta de estas precisiones y partir del principio de que los
         socios que se integraron en dicha red pretenden lograr de manera conjunta, con arreglo a la misma filosofía de cooperación,
         y de una manera óptima para ambas partes, sus intereses paralelos. Subraya que la disposición objeto de litigio tiene por
         objeto, más en concreto, salvaguardar la autonomía jurídica y económica de los «bancos primarios», al tiempo que reducir al
         mínimo los inconvenientes ligados a la gestión de las actividades de entidades económicas de reducidas o muy reducidas dimensiones.
         El Tribunal Constitucional destaca, a continuación, que dicha disposición no solamente tiene por objeto garantizar una provisión
         suficiente de liquidez, sino que a ello se añade el «afianzamiento legal del grupo sectorial por el organismo central». Continúa
         afirmando que esos dos objetivos son claramente de interés general y justifican la normativa impugnada, puesto que, en muchos
         aspectos, un grupo garantiza la actividad de numerosas entidades financieras más pequeñas, lo que se corresponde con las exigencias
         del tráfico económico moderno y con los objetivos del legislador que se derivan de ellas.
      
      394   Las demandantes no han demostrado que esta descripción del papel desempeñado por las entidades centrales y de sus relaciones
         con los bancos descentralizados no sea exacta o que la situación durante el período de la infracción fuera significativamente
         distinta de la contemplada por la sentencia del Tribunal Constitucional. Ciertamente, las demandantes indicaron en la vista,
         en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, que en 1994 se había adoptado una nueva Ley sobre el sistema
         bancario, con posterioridad, pues, a la sentencia del Tribunal Constitucional y antes del período de la infracción. Sin embargo,
         no proporcionaron ninguna indicación concreta acerca de posibles divergencias entre esta nueva Ley y la situación jurídica
         anterior que pudieran ser pertinentes para valorar el papel desempeñado por las entidades centrales a los efectos de los presentes
         asuntos.
      
      395   Habida cuenta del papel desempeñado por las entidades centrales y de sus relaciones con los bancos descentralizados, tal como
         los ha descrito un alto órgano jurisdiccional de su Estado miembro, sobre la base de indicaciones proporcionadas por el Gobierno
         de dicho Estado, hay que considerar que los bancos de los tres grupos estaban vinculados entre ellos de tal modo que está
         excluido considerarlos, desde todos los puntos de vista, competidores en el mercado y que tenían intereses comunes a cuya
         consecución servían las sociedades de cabecera.
      
      396   RZB y Erste afirman que existe competencia entre los bancos descentralizados en la medida en que éstos están presentes en
         los mismos mercados. 
      
      397   RZB reconoce sin embargo que los bancos descentralizados del grupo Raiffeisen se establecieron en mercados y en lugares diferentes.
         En lo que concierne al grupo Raiffeisen, el Tribunal Constitucional señaló además que procede «tener en cuenta […] las oportunidades
         concretas en el mercado, de las que los miembros sólo pueden aprovecharse, reunidos en el seno del grupo, gracias a una actuación
         común en el tráfico económico, a escala de Austria y fuera de ella, que les permite acumular ventajas, tanto en el anclaje
         regional como en la representación regional y supraregional». Además, la Comisión aportó extractos de un informe de actividades
         de RZB correspondiente al año 2000, en el que el propio RZB indica que el «grupo bancario Raiffeisen» constituye una misma
         y única empresa.
      
      398   En cambio, Erste precisa que existen 17 lugares, o incluso 29, en los que GiroCredit y él mismo están en situación de competencia
         directa, a través de sus filiales, con miembros del grupo de las cajas de ahorro y que en muchos lugares están presentes varias
         cajas de ahorro y compiten entre sí. 
      
      399   Esta afirmación no es, sin embargo, incompatible con la existencia de vínculos estructurales entre las entidades de los grupos
         descentralizados y las entidades centrales, sobre la que se basa la idea de la Comisión de que la competencia en el mercado
         bancario austriaco tiene lugar entre los bancos comerciales (Aktienbanken) y los tres «grupos» de las cajas de ahorro, los
         bancos Raiffeisen y los bancos populares. Esta idea constituye el fundamento no sólo de la Decisión impugnada, sino también
         de las Decisiones en las que la Comisión se pronunció sobre operaciones de concentración en el mercado [véanse, en particular,
         las Decisiones de la Comisión de 7 de noviembre de 2000, por la que se declara la compatibilidad de una operación de concentración
         con el mercado común (asunto COMP/M.2140 – BAWAG/PSK), y de 14 de noviembre de 2000, por la que se declara la compatibilidad
         de una operación de concentración con el mercado común (asunto COMP/M.2125 – Hypo Vereinsbank/Bank Austria), DO C 362, p. 7].
         En efecto, no está excluido, incluso en el caso de un banco de negocios presente en los mercados locales a través de sus filiales,
         que exista una cierta competencia entre las filiales de dicho banco establecidas en el mismo sitio.
      
      400   A continuación, de la sentencia del Tribunal Constitucional resulta que una de las funciones de las entidades centrales es
         proporcionar a los bancos de sus grupos servicios relacionados con las funciones que esas entidades no pueden asumir por sí
         solas debido a su pequeño tamaño y a su falta de recursos y que esta función no es incompatible con la independencia de las
         entidades descentralizadas de los grupos, sino que por el contrario tiene por objeto garantizar su autonomía. En sus respuestas
         a las preguntas escritas del Tribunal de Primera Instancia, Erste y ÖVAG confirmaron que desempeñan dicha función. Por el
         contrario, RZB reconoció que había tenido dicha función en el pasado pero negó que siga siendo el caso y afirma, en particular,
         que los bancos regionales ya no necesitan tales servicios desde los años ochenta. No obstante, esta afirmación es incompatible
         con la descripción del funcionamiento de las entidades centrales que hace el Tribunal Constitucional en la sentencia, que
         data de 1993 y concierne más concretamente al grupo Raiffeisen. A este respecto, el Tribunal Constitucional mencionó, en especial,
         determinadas prestaciones previstas por los Estatutos del banco Raiffeisen regional afectado, como la asistencia y asesoramiento
         a los miembros en cuestiones económicas, la participación en entidades de afianzamiento para proteger tanto a los miembros
         de la red como a sus clientes y la representación de los intereses de los miembros. Además, en el informe de actividades de
         RZB correspondiente al año 2000 antes mencionado, se indica que éste llevaba a cabo «funciones de servicio central» dentro
         del grupo. En estas circunstancias, hay que considerar que el papel desempeñado por las entidades centrales se caracterizaba,
         en particular, por funciones de servicio tendentes a permitir a los miembros de las redes descentralizadas ejercer una actividad
         bancaria pese a sus dimensiones a menudo reducidas.
      
      401   Habida cuenta del conjunto de estos elementos, se debe declarar que las relaciones existentes entre los miembros de los grupos
         bancarios podían afectar a la estructura del mercado. Estos datos demuestran, asimismo, que era inherente a la posición de
         sociedades de cabecera que éstos ocupaban, en las reuniones de las mesas redondas más importantes en las que participaban
         regularmente, el papel de representantes de sus grupos en los que no estaban presentes la mayoría de sus miembros, salvo RBW
         y NÖ-Hypo.
      
      402   A este respecto, hay que destacar que el concepto de «representación» debe entenderse, en el presente contexto, en un sentido
         económico y no estrictamente jurídico conforme al Derecho civil. Este concepto civil implica, tal como se expuso en el considerando
         517 de la Decisión impugnada, la representación de los intereses económicos del conjunto del grupo. En cambio, la cuestión
         de si las entidades centrales disponían de un poder para obligar jurídicamente a los bancos descentralizados no desempeña
         ningún papel en el presente contexto, ya que no es concebible, en ningún caso, en razón del artículo 81 CE, apartado 2, un
         «compromiso» jurídicamente válido de dichos bancos respecto de otros miembros del cártel. 
      
      403   Tampoco es pertinente, a este respecto, si la representación de los intereses de los grupos formaba parte de las funciones
         atribuidas a las entidades centrales por la Ley o por sus Estatutos, o bien si esta tarea estaba confiada a las asociaciones
         de las que son miembros las entidades de los distintos grupos (Österreichischer Raiffeisenverband, Sparkassenverband y Österreichischer
         Genossenschaftsverband). En efecto, habida cuenta del papel importante y central que desempeñaban las sociedades de cabecera
         en el seno de sus respectivos grupos, su participación en las principales mesas redondas no se percibía por los demás bancos
         como una mera participación como bancos comerciales, sino necesariamente como una participación de los grupos como tales.
         Máxime habida cuenta de que las decisiones de la mayoría de las mesas redondas principales tenían por objeto servicios bancarios
         con un papel menor en las actividades comerciales propias de las sociedades de cabecera, mientras que constituían una parte
         esencial de las actividades de los bancos descentralizados. Además, esas mesas redondas emitían «señales» para orientar las
         decisiones de las mesas redondas regionales y locales. En estas circunstancias, carece de incidencia la cuestión de si los
         representantes de las sociedades de cabecera en las mesas redondas llevaron a cabo, en las reuniones de éstas últimas, actos
         concretos de «representación» de los bancos descentralizados, como declaraciones realizadas o compromisos adquiridos en nombre
         de dichos bancos. En consecuencia, procede desestimar por inoperantes las alegaciones de las demandantes basadas en que dichos
         comportamientos no están demostrados por pruebas documentales.
      
      404   El Tribunal de Primera Instancia considera que, debido a las relaciones descritas anteriormente, una correcta valoración de
         la capacidad efectiva de las sociedades de cabecera para producir un perjuicio importante y del peso específico de su comportamiento
         ilícito necesita que se tomen en consideración no solamente sus propias cuotas de mercado como bancos comerciales sino también
         las cuotas de mercado de los bancos descentralizados.
      
      405   En efecto, las funciones de servicio y asistencia antes descritas implican que la pericia necesaria para las operaciones que
         salen del marco de las prestaciones bancarias ordinarias, debido a su dificultad, importancia o excepcionalidad, se encontraban
         concentradas en las sociedades de cabecera. Los bancos descentralizados, que no disponían de una pericia equivalente debían,
         pues, confiar en las indicaciones procedentes de las sociedades de cabecera cuando tomaban decisiones sobre cuestiones que
         superaban la gestión de las operaciones bancarias corrientes. En estas circunstancias, los responsables de los bancos descentralizados
         podían fácilmente imitar el comportamiento ilícito de su sociedad de cabecera sin preocuparse demasiado de su legalidad, salvo
         que tuvieran razones comerciales concretas para adoptar un comportamiento diferente. La adhesión de las sociedades de cabecera
         a la práctica colusoria podía, pues, crear la impresión, en los representantes de los bancos pertenecientes a los grupos,
         de que participar en los acuerdos era un comportamiento deseable en interés del conjunto del grupo al ser preconizado por
         las instancias que disponían de una mayor pericia y de mejor información y que convenía seguirlo sin que ello supusiera un
         riesgo irrazonable. De este modo, dicha adhesión facilitaba considerablemente la decisión de los responsables de los bancos
         descentralizados de participar también. En contrapartida, la falta de adhesión de las sociedades de cabecera en la práctica
         colusoria conjunta habría indicado a los bancos descentralizados que serían responsables exclusivos por cualquier comportamiento
         contrario a la competencia en el que pudieran incurrir en el marco de la «red Lombard» a nivel local o regional y que dicho
         comportamiento no era aprobado por la sociedad de cabecera. A este respecto, es difícil concebir que los bancos descentralizados
         hubieran participado sistemáticamente en las concertaciones locales o regionales si las sociedades de cabecera se hubieran
         mantenido al margen de las mesas redondas que se reunían en Viena.
      
      406   Si bien esta influencia del comportamiento de las sociedades de cabecera sobre el de los miembros de sus grupos podía reforzarse
         por los flujos de información entre la entidad central y las entidades descentralizadas, tal como admitió RZB, la existencia
         de dichos intercambios no es, sin embargo, decisiva en este sentido. En efecto, poco importa cómo fueron informados los bancos
         descentralizados de los acuerdos en los que participaron las sociedades de cabecera desde el momento en que es esta participación,
         junto con la posición de la entidad central en el seno del grupo, lo que pudo influir en el comportamiento contrario a la
         competencia de los bancos descentralizados en el sentido descrito en el apartado precedente. De ello se deduce que procede
         desestimar por inoperantes las alegaciones expuestas por Erste y ÖVAG, según las cuales tales intercambios de información
         no están demostrados en lo que a ellos respecta.
      
      407   Del conjunto de cuanto precede se desprende que las relaciones entre las sociedades de cabecera y los bancos descentralizados
         y sus grupos dieron a las sociedades de cabecera una potencia económica mucho mayor que la que resulta de sus cuotas de mercado
         como bancos comerciales, y que corresponde a la cuota de mercado del conjunto del grupo respectivo.
      
      408   En estas circunstancias, no pueden prosperar las alegaciones de las demandantes contra la valoración de los hechos que realiza
         la Decisión impugnada a este respecto.
      
      –       Conclusión
      409   De lo anterior se deriva que procede desestimar el conjunto de alegaciones contra la imputación a las entidades centrales
         de las cuotas de mercado de los grupos descentralizados.
      
      –       Sobre la motivación de la clasificación en categorías y la determinación de los importes básicos (asuntos T‑260/02, T‑261/02,
         T‑263/02 y T‑264/02)
      
      –       Alegaciones de las partes
      410   BA-CA, BAWAG, PSK y Erste manifiestan que la Decisión impugnada no está suficientemente motivada en lo que respecta a la clasificación
         en categorías. En primer lugar, reprochan a la Comisión que no indicara los criterios que siguió a este respecto. En segundo
         lugar, señalan que la Decisión impugnada no permite comprobar el cálculo de las cuotas de mercado sobre cuya base se efectuó
         la clasificación en categorías. BAWAG y PSK subrayan en particular que de la Decisión impugnada no se desprenden claramente
         ni el período que la Comisión consideró pertinente, ni las fuentes en las que se basó, ni su método de cálculo sobre la base
         de las cuotas de mercado en los diferentes mercados considerados, ni la cuota global de mercado. PSK pone además de manifiesto
         que la Comisión fijó importes básicos diferenciados para él y para PSK-B (véase el precedente apartado 12) sin indicar sus
         respectivas cuotas de mercado. 
      
      411   Asimismo, BA-CA, BAWAG y PSK opinan que la fijación de los importes básicos establecidos para las diferentes categorías no
         está suficientemente motivada, en particular, en lo que concierne al método de cálculo y a los criterios utilizados.
      
      412   La Comisión considera que la Decisión impugnada está suficientemente motivada. En cuanto a la alegación de que las cuotas
         de mercado de PSK y PSK-B no se indicaron por separado, añade que los bancos conocen sus propias cuotas de mercado y pueden,
         por tanto, comprobar la exactitud de la Decisión impugnada.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      413   Según reiterada jurisprudencia, la motivación de una decisión individual debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento
         de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada
         y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La existencia de una motivación adecuada debe apreciarse en
         función de las circunstancias de cada caso. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho
         pertinentes, en la medida en que la cuestión de si cumple las exigencias del artículo 253 CE debe apreciarse en relación no
         sólo con el tenor literal del acto de que se trate, sino también con el contexto en el que dicho acto se adoptó (sentencia
         Comisión/Sytraval y Brink's France, citada en el apartado 270 supra, apartado 63).
      
      414   En lo que se refiere a la fijación de las multas por vulneración del Derecho de la competencia, la Comisión cumple su obligación
         de motivación cuando indica, en su decisión, los elementos de apreciación que le han permitido medir la gravedad de la infracción
         cometida, sin estar obligada a incluir en dicha decisión una exposición más detallada o los elementos cuantitativos relativos
         al método de cálculo de la multa (sentencia Cascades/Comisión, citada en el apartado 286 supra, apartados 38 a 47; véase también la sentencia Atlantic Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 376 supra, apartados 1522 y 1525). La indicación de elementos cuantitativos relativos al modo de cálculo de las multas, por útiles que
         sean éstos, no es indispensable en relación con la obligación de motivación (sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre
         de 2003, Salzgitter/Comisión, C‑182/99 P, Rec. p. I‑10761, apartado 75). 
      
      415   En el caso de autos, las indicaciones que contiene la Decisión impugnada permitieron a las demandantes plantear numerosos
         motivos basados en la ilegalidad de fondo en lo que concierne a los elementos de cálculo relativos a su clasificación en categorías.
         En efecto, la Comisión indicó, por una parte, que esa clasificación se efectuó en función de las cuotas de mercado (considerando
         519) y, por otra parte, cuáles eran, según sus cálculos, las cuotas de mercado de los destinatarios de la Decisión impugnada
         (noveno considerando). Así pues, los bancos austriacos conocen sus propias cuotas de mercado que pueden calcular sobre la
         base de los datos que publica mensualmente el OeNB y de su propio volumen de negocios. Por tanto, el hecho de que la Decisión
         impugnada sólo haya indicado parcialmente (en las notas a pie de página nº 17 y nº 522) las fuentes concretas de las que la
         Comisión obtuvo las cifras en las que se basó y que no haya explicado el método de cálculo aplicado para determinar las cuotas
         de mercado y para clasificar los bancos en categorías no obstaculizó la defensa de éstos últimos. Esto se aplica también en
         relación con la omisión de indicar por separado las cuotas de mercado de PSK y de PSK-B, que no impidió a PSK refutar este
         aspecto de la Decisión impugnada de manera detallada. De esto se deriva que la Comisión no incumplió la obligación de motivación
         en lo que respecta a la clasificación en categorías.
      
      416   En lo que se refiere a la fijación de los importes básicos, éstos constituyen la expresión cifrada de la clasificación en
         categorías efectuada en la Decisión impugnada, lo que es suficiente para motivar su importancia relativa (sentencia Atlantic
         Container Line y otros/Comisión, citada en el apartado 376 supra, apartado 1555). En cuanto a la motivación de dichos importes en términos absolutos, ha de recordarse que las multas constituyen
         un instrumento de la política de competencia de la Comisión, que debe disponer de un margen de apreciación al fijar su importe,
         a fin de lograr que las empresas ajusten su comportamiento a las normas sobre la competencia (sentencia Martinelli/Comisión,
         citada en el apartado 367 supra, apartado 59). Además, se debe evitar que las multas sean fácilmente previsibles para los operadores económicos. Por tanto,
         no se puede exigir a la Comisión que proporcione a este respecto otros elementos de motivación que los relativos a la gravedad
         de la infracción.
      
      417   Por tanto, los motivos acerca de la motivación de la Decisión impugnada en lo que se refiere a la clasificación en categorías
         y a la fijación de los importes básicos no son fundados.
      
      –       Sobre la supuesta violación del principio de igualdad de trato (asuntos T‑261/02, T‑263/02 y T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      418   BAWAG y PSK, que tienen una cuota de mercado del 5 % cada una, consideran que es contrario al principio de igualdad clasificarles
         en la tercera categoría, junto con ÖVAG y Erste cuyas cuotas de mercado respectivas son del 7 %. BAWAG subraya que esta desviación
         relativa del 40 % se aproxima a la diferencia que existe entre ÖVAG y CA (42,9 %), clasificadas en categorías diferentes.
         Según BAWAG, ÖVAG y NÖ-Hypo, la delimitación entre las categorías no puede justificarse por las diferencias entre las cuotas
         de mercado en términos absolutos, ya que las diferencias en términos relativos son determinantes.
      
      419   BAWAG y PSK consideran, asimismo, que resultaron desfavorecidas respecto de BA-CA y Erste, cuyas cuotas de mercado son cinco,
         e incluso seis veces más grandes que las suyas, mientras que sus multas sólo son cuatro, o incluso cinco veces más altas.
      
      420   ÖVAG y NÖ-Hypo ponen de relieve que la clasificación en categorías no tiene suficientemente en cuenta la diferencia entre
         los volúmenes de negocios y las cuotas de mercado de las empresas clasificadas en la cuarta y quinta categoría, que es mucho
         más grande que las diferencias entre las otras categorías, ni las diferencias de tamaño de las empresas clasificadas en esta
         última categoría. Además, solicitan que la clasificación en categorías se realice de modo separado para ÖVAG (cuya cuota de
         mercado es inferior al 1 %) y para el grupo de los bancos populares (cuya cuota de mercado es del 4 % aproximadamente), lo
         que llevaría a la consecuencia, según ellos, de clasificar al grupo en la cuarta categoría y a ÖVAG en la última. Consideran
         que la Comisión procedió de este modo en el caso de Erste.
      
      421   La Comisión destaca que las cuotas de mercado de las empresas clasificadas en la misma categoría están más próximas entre
         sí que respecto de las cuotas de mercado de las empresas clasificadas en las categorías vecinas y que las divergencias entre
         las cuotas de mercado de las empresas clasificadas en una misma categoría son inherentes al sistema.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      422   Por lo que respecta a la clasificación de los participantes en la práctica colusoria en varias categorías, lo que dio lugar
         a que se fijara un importe de partida idéntico para las empresas pertenecientes a una misma categoría, procede señalar que
         no puede, en principio, censurarse este modo de proceder de la Comisión, aunque equivale a ignorar las diferencias de tamaño
         entre empresas de una misma categoría. En efecto, la Comisión no está obligada a garantizar, al fijar el importe de las multas,
         que, en el caso de que se impongan multas a varias empresas implicadas en una misma infracción, los importes definitivos de
         las multas reflejen cualquier diferencia existente entre las empresas de que se trate en cuanto a su volumen de negocios global
         (véase sentencia FETTCSA, citada en el apartado 167 supra, apartado 385, y la jurisprudencia que se cita). 
      
      423   No es menos cierto que dicha clasificación en categorías debe respetar el principio de igualdad de trato y que la determinación
         de los umbrales para cada una de las categorías así definidas debe ser coherente y estar objetivamente justificada (sentencia
         FETTCSA, citada en el apartado 167 supra, apartado 416).
      
      424   En el presente asunto, la Comisión no determinó umbrales precisos para las cinco categorías que estableció, pero indicó, en
         sus escritos de contestación a la demanda, unos «valores guías», alrededor de los cuales se sitúan las cuotas de mercado de
         las empresas clasificadas en una misma categoría. Las diferencias entre esos valores guías son coherentes y están objetivamente
         justificadas en lo que respecta a las categorías primera a cuarta. En efecto, el valor guía de las categorías segunda a cuarta
         corresponde, en cada caso, a la mitad del de la categoría superior y lo mismo sucede con el importe básico correspondiente.
         
      
      425   En cuanto a la quinta categoría, «residual», la Comisión se separó de ese sistema al agrupar a las empresas cuya cuota de
         mercado (menos del 1 %) corresponde aproximadamente, como máximo, a un tercio del valor guía de la cuarta categoría (2,75 %),
         aunque también puede ser ampliamente inferior. Si bien las diferencias entre las cuotas de mercado de las empresas que pertenecen
         a esta categoría son poco importantes en términos de puntos porcentuales, las diferencias relativas entre ellas pueden ser
         relevantes. El importe básico de 1,25 millones de euros que esta institución fijó para esta categoría es inferior a la mitad,
         pero superior a un tercio, de la cantidad de 3,13 millones de euros, fijada para la cuarta categoría.
      
      426   Pese a las diferencias de tamaño relativas que pueden existir entre las empresas que tienen una cuota de mercado inferior
         al 1 %, la Comisión no sobrepasó su margen de apreciación al clasificarlas en la misma categoría. Si bien se ha señalado que
         las diferencias relativas de tamaño son lo que refleja el peso específico real de los destinatarios de una decisión (sentencia
         FETTCSA, citada en el apartado 167 supra, apartado 424), la facultad de la Comisión para proceder a la clasificación en categorías perdería no obstante gran parte
         de su utilidad si cualquier diferencia entre cuotas de mercado, cuando es considerable en términos relativos e incluso cuando
         corresponde a una diferencia muy poco relevante en términos porcentuales, se opusiese a la clasificación de diferentes empresas
         en la misma categoría de multas.
      
      427   Además, el principio de igualdad no se opone a que el importe básico de esta «categoría residual» sea más elevado, en relación
         con el tamaño de las empresas afectadas, que los fijados para las categorías superiores. En efecto, el carácter disuasorio
         de una multa no depende solamente de su importancia relativa respecto del tamaño de la empresa sancionada o de su posición
         en el mercado, sino también del importe de la multa en términos absolutos. A este respecto, incumbe a la Comisión, en el ejercicio
         de su facultad de apreciación en materia de multas, y bajo reserva del ejercicio, por el Tribunal de Primera Instancia, de
         su competencia jurisdiccional plena, fijar los importes básicos para todas las empresas afectadas por su decisión en un importe
         suficientemente elevado para que tengan un efecto disuasorio.
      
      428   Por tanto, la Comisión no violó el principio de igualdad de trato en detrimento de las empresas clasificadas en la última
         categoría.
      
      429   Conviene destacar a continuación, a reserva del análisis de las alegaciones relativas a la exactitud de las cuotas de mercado,
         que la clasificación de BAWAG y PSK (con una cuota de mercado del 5 %) en la misma categoría que ÖVAG y Erste (con una cuota
         de mercado del 7 %) no sobrepasa los límites de lo aceptable desde la perspectiva de los principios de proporcionalidad y
         de igualdad de trato. En efecto, una cuota de mercado del 5 % está muy próxima al valor guía del 5,5 % utilizado para la tercera
         categoría, mientras que una cuota de mercado del 7 % está significativamente más cerca de este valor guía que del fijado para
         la categoría superior (11 %).
      
      430   Por último, el principio de igualdad de trato no exige, en el caso de autos, que la Comisión clasifique en categorías separadas
         a ÖVAG y al grupo de los bancos populares. En efecto, la tesis expuesta por ÖVAG, según la cual la Comisión efectuó dicha
         clasificación por separado en el caso de la sociedad de cabecera Erste y del grupo de las cajas de ahorro, procede de un error
         de hecho, dado que la multa impuesta separadamente a Erste/EÖ se refiere al período durante el cual ésta no era todavía la
         sociedad de cabecera de dicho grupo, mientras que se fijó un único importe básico para la sociedad de cabecera (GiroCredit
         antes de la fusión, después Erste), teniendo en cuenta la cuota de mercado del grupo.
      
      431   Por tanto, las alegaciones basadas, en los asuntos T‑261/02, T‑263/02 y T‑271/02, en una violación del principio de igualdad
         de trato en la fijación de los importes básicos no son fundadas.
      
      –       Sobre la determinación de las cuotas de mercado (asuntos T‑263/02, T‑264/02 y T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      –       PSK y PSK-B (asunto T‑263/02)
      432   En primer lugar, PSK reprocha a la Comisión haber actuado arbitrariamente al basarse, a efectos de la clasificación, en las
         cuotas de mercado relativas a las operaciones activas y pasivas realizadas con particulares y empresas, sin efectuar una delimitación
         exacta del mercado, mientras que, según la Decisión impugnada, la práctica colusoria excedió ampliamente esas operaciones.
      
      433   En segundo lugar, PSK pone de relieve que su propia situación demuestra el carácter inadecuado y arbitrario del enfoque globalizador
         de la Comisión. Destaca que sus cuotas de mercado difieren considerablemente según se consideren las operaciones activas o
         las operaciones pasivas. Expone que la cifra de aproximadamente 5 % que sostiene la demandada como cuota de mercado común
         de PSK y PSK-B es errónea y afirma que, salvo en lo que concierne los depósitos de ahorro de particulares, su cuota de mercado
         es muy inferior al 5 %. En su réplica, PSK proporciona indicaciones detalladas, elaboradas a partir de las cifras oficiales
         de los informes mensuales del OeNB, según las cuales su cuota de mercado exacta en los mercados de operaciones de depósito
         y de crédito a particulares y empresas se sitúa, de 1999 a 2001 (es decir, después de la absorción de PSK-B), entre el 3,2 %
         y el 3,6 %. En respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, PSK aportó también una relación de sus cuotas
         de mercado correspondientes a los años 1995 a 1998 y de las cuotas de mercado de PSK-B durante los años 1996 a 1998.
      
      434   En tercer lugar, PSK reprocha a la Comisión haber ignorado la posición completamente irrelevante de PSK-B en el mercado. Explica
         que PSK-B era casi un servicio desgajado de PSK, especializado en créditos, que sin embargo estaba ausente de todos los demás
         ámbitos bancarios en los que sólo desempeñaba un papel ínfimo. Indica que la cuota de mercado de PSK-B, durante el período
         objeto de investigación, apenas representaba el 1,5 % en el ámbito del crédito a particulares y el 0,7 % aproximadamente en
         el del crédito a empresas. PSK opina que, si se hubiesen calculado correctamente las cuotas de mercado, PSK-B sólo habría
         podido ser clasificada, a lo sumo, en la quinta categoría. En la réplica, añade que, aunque se aplique el proceder expuesto
         por la Comisión en su escrito de contestación a la demanda y se divida la cuota de mercado acumulada de ambas entidades a
         la mitad entre PSK y PSK-B, se obtiene una cuota de mercado media que oscila entre el 1,6 % y el 1,8 %, solamente, para cada
         uno de esos bancos. Según PSK, era obligado, por tanto, clasificar tanto a PSK como a PSK‑B en la quinta categoría y reducir
         el importe de la multa consecuentemente.
      
      435   En primer lugar, la Comisión expone que determinó la capacidad de los bancos para falsear la competencia sobre la base de
         sus cuotas de un mercado representativo, al ser los mercados relativos a operaciones activas y pasivas con particulares y
         con clientes comerciales los principales mercados de productos bancarios. Considera que la clasificación en categorías que
         llevó a cabo sobre esta base es objetiva y adecuada y estima que no estaba obligada a ponderar las cuotas de mercado correspondientes
         a los sectores de los depósitos y los créditos porque éstos presentan volúmenes de negocios de una amplitud similar.
      
      436   En segundo lugar, la Comisión afirma que PSK no demostró que sus cuotas de mercado fuesen inferiores al nivel indicado en
         la Decisión. A partir de la información enviada por el propio PSK, esta institución concluye que PSK y PSK‑B poseen conjuntamente
         una cuota de mercado de al menos un 4 %. Invoca, por una parte, la demanda de PSK según la cual, su cuota de mercado, para
         las operaciones de depósito, junto con la cuota de mercado de PSK-B, se eleva al 5 % y, por otra parte, la notificación de
         la fusión de PSK con BAWAG, que pone de relieve una cuota de mercado conjunta del 3 % en el sector del crédito. Al hallar
         la media de esas dos cifras, se obtiene, según la Comisión, una cuota de mercado total del 4 %, que debe acto seguido separarse
         más o menos por igual entre ambos bancos, porque PSK, que, durante mucho tiempo, no estaba autorizado a realizar operaciones
         de crédito, se concentró en las operaciones de depósito y encargó las operaciones de crédito a PSK-B. La Comisión obtiene
         así una cuota de mercado media, para cada uno de los dos bancos, del 2 % al menos. 
      
      437   En tercer lugar, la Comisión considera que PSK y PSK-B fueron clasificadas adecuadamente en la cuarta categoría, cuyo valor
         guía es del 2,75 %. Según dicha institución, carece de relevancia a este respecto si su cuota de mercado alcanza el 2,5 %
         como alega la Comisión, o se sitúa entre el 1,6 % y el 1,8 % como afirma actualmente PSK. La institución explica que las empresas
         clasificadas en la cuarta categoría tienen cuotas de mercado menores que las de la tercera (alrededor del 5,5 %) y más elevadas
         que las de la quinta categoría (menos del 1 %). Según la Comisión, las empresas de la categoría en la que debería clasificarse
         a PSK y PSK-B se sitúan entre esos dos grupos, es decir, en una horquilla claramente comprendida entre más del 1 % y sensiblemente
         menos del 5 % de cuota de mercado.
      
      –       Erste y el grupo de las cajas de ahorro
      438   Erste manifiesta que la cuota de mercado del 30 % atribuida al grupo de las cajas de ahorro en el noveno considerando de la
         Decisión impugnada incluye las cuotas de mercado de dos bancos a los que se impusieron multas distintas, a saber, por una
         parte, BA (sin CA) y, por otra parte, EÖ (antigua denominación de Erste antes de la fusión con GiroCredit). 
      
      439   Por un lado, Erste pone de relieve que BA es una caja de ahorro por su forma jurídica y pertenece pues, a efectos estadísticos
         para el OeNB, al grupo de las cajas de ahorro. Según las cifras del OeNB correspondientes a los años 1995 a 1998, la cuota
         de mercado del grupo de las cajas de ahorro (incluido BA) es del 30 % aproximadamente (entre el 25 % y el 35 % según los mercados),
         de los cuales entre el 12 % y el 13 % corresponden a BA. Erste deduce de ello que la cuota de mercado de BA se atribuyó al
         grupo de las cajas de ahorro por error, lo que viene corroborado, a su juicio, por las referencias al número de sucursales
         y empleados que figuran en el noveno considerando de la Decisión impugnada, que engloban, a su entender, a los de BA. Afirma
         que las estadísticas oficiales del OeNB tienen un valor probatorio mayor que las decisiones en materia de control de concentraciones
         en las que se basó la Comisión y reprocha a ésta que no haya ponderado los diferentes sectores de actividad. 
      
      440   Por otro lado, Erste destaca que la cuota de mercado del grupo de las cajas de ahorro incluye a la de EÖ y sin embargo se
         le impuso una multa separada correspondiente al período anterior a la fusión con GiroCredit.
      
      441   Además, Erste manifiesta que la multa de EÖ se calculó sobre la base de una cuota de mercado del 7 %, que corresponde, sin
         embargo, según declara, a su cuota de mercado después de la fusión con GiroCredit y que la cuota de mercado de EÖ durante
         el período para el que se fijó la multa separada sólo fue de aproximadamente el 4 %.
      
      442   La Comisión niega haber atribuido a Erste la cuota de mercado de BA. Con carácter subsidiario, pone de relieve que esta alegación
         es inoperante ya que Erste debería haber sido clasificada en la primera categoría aunque su cuota de mercado fuese entre el
         12 % y el 13 % inferior a lo declarado en la Decisión impugnada. De igual modo, la inclusión invocada de la cuota de mercado
         de EÖ en la del grupo de las cajas de ahorro carece de incidencia en la clasificación en categorías. En cuanto a la cuota
         de mercado imputada a Erste/EÖ (antes de la fusión), la Comisión afirma que no incluye la de GiroCredit y que es, en cualquier
         caso, superior al 5 %.
      
      –       ÖVAG y el grupo de los bancos populares
      443   ÖVAG y NÖ-Hypo afirman que la cuota de mercado del grupo de los bancos populares (incluido ÖVAG) es muy inferior al 7 %; según
         los cálculos de ÖVAG, es de aproximadamente el 5 % y, según estudios oficiales, solamente de entre el 3 % y el 4 %.
      
      444   La Comisión considera que estas alegaciones son inoperantes porque, con una cuota de mercado del 5 %, ÖVAG habría sido clasificado,
         de todos modos, en la tercera categoría. Añade que la cuota de mercado de ÖVAG es claramente superior al 5 % y propone demostrarlo
         mediante documentos confidenciales presentados en el marco de los procedimientos que condujeron a las decisiones en materia
         de control de concentraciones a las que se refirió en la Decisión impugnada.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      
       PSK y PSK-B (asunto T‑263/02)
      445   En lo que se refiere, en primer lugar, a la elección de los mercados, la Comisión no cometió ningún error al considerar que
         los mercados de operaciones activas y pasivas con particulares y empresas son representativos para evaluar las relaciones
         de fuerza económica en el mercado bancario austriaco y al tomar la media de las cuotas de mercado de los bancos en esos mercados
         como base para la clasificación en categorías.
      
      446   Por lo que respecta, en segundo lugar, a la comprobación de la Comisión de que la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B
         es del 5 % en los mercados combinados de depósitos y créditos, hay que destacar que esa cifra no fue discutida en lo que concierne
         a los depósitos de particulares y que, según los datos presentados por PSK en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera
         Instancia, la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B para la totalidad de los depósitos, incluidos los de empresas, no era
         inferior al 4,89 %, de media, durante los años 1996 a 1998.
      
      447   En contrapartida, en lo que atañe a los créditos, la demandante sostiene que la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B es
         inferior al 2 %, mientras que la Comisión afirma que esta cuota de mercado es del 3,5 % o 4 %. En apoyo de sus afirmaciones,
         las partes presentaron los siguientes documentos:
      
      –       un documento extraído de un procedimiento de control de concentraciones, presentado por la Comisión como anexo a la dúplica,
         según el cual la cuota de mercado del «grupo PSK» en el mercado de los créditos era del 3 % en 1998;
      
      –       un documento redactado en 1997 por PSK, que forma parte del expediente administrativo del presente asunto, presentado por
         la Comisión en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, según el cual su «cuota de clientes» en el mercado
         de los créditos era de 3 % al 4 %;
      
      –       un documento elaborado en el marco del procedimiento de control de concentraciones COMP/M.873, BA/CA, presentado por la Comisión
         en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, cuya versión confidencial demuestra, según la Comisión, que
         PSK tenía, en 1995, une cuota de mercado del 4 % en lo que concierne a los créditos, mientras que la versión no confidencial
         de ese documento indica, en diferentes mercados de créditos, horquillas que van del 2 % al 6 %, del 3 % al 7 % y del 1 % al 5 %;
      
      –       una relación aportada por PSK en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, según la cual la cuota de mercado
         conjunta de PSK y PSK-B en el mercado de créditos osciló, entre 1996 y 1998, entre el 1,49 % y el 2,03 %, con una media del
         1,8 % aproximadamente.
      
      448   En cuanto al primero de esos documentos, procede señalar en primer lugar que la Comisión había indicado en su dúplica, por
         error, que procedía del procedimiento COMP/M.2140, BAWAG/PSK (véase el precedente apartado 436). En sus respuestas escritas
         a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, advirtió que ese documento había sido elaborado, en realidad, en el marco
         del procedimiento COMP/M.2125, HypoVereinsbank/Bank Austria, dentro del cual formó parte de los documentos que se notificaron.
         Es obligado declarar que este error pudo llevar a la Comisión a atribuir a este documento un valor probatorio mayor que el
         que en realidad tiene. En efecto, contrariamente a lo estimado por la Comisión al invocarlo, dicho documento no fue elaborado
         por PSK, sino por competidores de éste, participantes en otra operación de concentración. Puesto que cada banco conoce su
         propia cuota de mercado (véase el precedente apartado 415), las indicaciones que proporcionan los participantes en una concentración
         en el mercado bancario austriaco acerca de sus propias cuotas de mercado tienen un alto valor probatorio. Por el contrario,
         la información que pueden proporcionar los bancos acerca de las cuotas de mercado de sus competidores tienen, normalmente,
         un carácter aproximativo, dado que se trata de secretos comerciales de estos últimos. Esto se confirma, en el caso de autos,
         por la circunstancia de que ese documento, que no señala el período al que se refiere, alude a una cuota de mercado del 4 %
         del grupo PSK en el mercado de depósitos, mientras que, según PSK y la Comisión, esta cuota de mercado es del 5 % aproximadamente.
         Por tanto, las cifras que contiene este documento no pueden considerarse fiables en lo que concierne a las cuotas de mercado
         de PSK y PSK-B.
      
      449   En cuanto al segundo documento, la «cuota de clientes», al que se refiere debe distinguirse de la cuota de mercado, ya que
         esta última no sólo depende del número de transacciones de crédito, sino también de su volumen. En lo que atañe al tercer
         documento, el Tribunal de Primera Instancia sólo puede tomar en consideración la versión no confidencial del mismo, de conformidad
         con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento. Esta versión indica horquillas demasiado amplias para permitir,
         en el presente contexto, una valoración suficientemente precisa de la cuota de mercado conjunta. Finalmente, se debe declarar
         que las cifras calculadas por PSK sobre la base de los informes mensuales del OeNB son claramente inferiores a las que resultan
         de los documentos presentados por la Comisión.
      
      450   Según esas cifras, la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B en los mercados de depósitos (4,89 %) y de créditos (1,8 %),
         calculada con el método utilizado por la Comisión, se eleva, de media, al 3,35 % aproximadamente. Es obligado declarar que
         no se demostró, mediante las pruebas aportadas por las partes en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento,
         que la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B es superior a esta cifra.
      
      451   La divergencia entre esta cifra y la imputación de la Comisión en cuanto a la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B es
         suficientemente importante para haber podido influir en su clasificación en categoría.
      
      452   En efecto, según el proceder de la Comisión, sobre la base de una cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B del 3,35 %, se
         debería haber atribuido una cuota de mercado del 1,675 % a cada una de las dos entidades. En este supuesto, su clasificación
         en la cuarta categoría habría sobrepasado los límites de lo aceptable de acuerdo con los principios de proporcionalidad y
         de igualdad de trato y habría afectado a la coherencia del sistema de clasificación en categorías adoptado por la Comisión
         en el presente asunto. En efecto, una cuota de mercado de 1,675 % sólo corresponde al 60 %, aproximadamente, del valor guía
         de 2,75 % fijado para la cuarta categoría y al 25 %, aproximadamente, de una de una cuota de mercado del 7 % que justificó,
         según la Comisión, la clasificación de Erste y ÖVAG en la tercera categoría y la fijación de una multa dos veces más alta
         que la establecida para PSK y PSK-B. Por último, la toma en consideración de la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B (3,35 %)
         habría debido conducir, de acuerdo con el sistema que siguió la Comisión, a una clasificación en la cuarta categoría, en la
         que clasificó a PSK y PSK-B por separado. Así pues, no es compatible con el sistema utilizado en el caso de autos que se clasifique
         en la misma categoría a dos empresas, de las cuales una tiene una cuota de mercado dos veces mayor que la otra, excepto si
         se trata de la «categoría residual». Ciertamente, tal como destaca la Comisión, la diferencia entre una cuota de mercado del
         1,675 % y el valor guía de la quinta categoría (menos del 1 %) es demasiado grande para clasificar a PSK y PSK-B en esta última.
         Pues bien, ha de señalarse que la Comisión, a la vista de los datos sobre cuya base realizó la clasificación en categorías,
         no tuvo en cuenta en su sistema las cuotas de mercado que se sitúan entre el 1 % y el 2 %, como habría debido hacer si las
         cuotas de mercado de PSK y PSK-B se situasen efectivamente en esa horquilla.
      
      453   En estas circunstancias, incumbe al Tribunal de Primera Instancia fijar, ejerciendo su competencia jurisdiccional plena, el
         importe de las multas que han de imponerse a PSK y PSK‑B.
      
      454   A este respecto, es conveniente fijar un importe básico único para PSK y PSK-B. En efecto, si bien es cierto que la Comisión
         determinó los importes básicos de forma separada, tuvo en cuenta, sin embargo, la fusión producida en 1998 entre estas dos
         entidades e impuso una sola multa a PSK. Habida cuenta del conjunto de documentos acerca de las cuotas de mercado de PSK y
         PSK-B que obran en el expediente, en particular, la información aportada en el marco de las diligencias de ordenación del
         procedimiento, procede establecer un importe básico de 3,13 millones de euros, que corresponde a la cuarta categoría.
      
       Erste y el grupo de las cajas de ahorro
      455   Según el noveno considerando de la Decisión impugnada, Erste (después de la fusión con GiroCredit) y el grupo de las cajas
         de ahorro tenían una cuota de mercado del 30 %, mientras que la cuota de mercado individual de Erste era, aproximadamente,
         del 7 %. De los considerandos 519 y 522 de la Decisión impugnada resulta que la Comisión calculó dos importes básicos distintos,
         por una parte, para la sociedad de cabecera (GiroCredit antes de la fusión y Erste después de la fusión), a la que se atribuyeron
         las cuotas de mercado del grupo de las cajas de ahorro y, por otra parte, para EÖ en lo referido al período anterior a la
         fusión. El aumento a causa de la duración de la infracción se aplicó al importe básico de la sociedad de cabecera para la
         totalidad del período considerado (3 años y medio) y al de EÖ para el período anterior a la fusión (3 años).
      
       Multa impuesta a la sociedad de cabecera
      456   Se desprende de lo expuesto en los precedentes apartados 377 y 378 que la Comisión no actuó ilegalmente al considerar que
         la cuota de mercado del grupo de las cajas de ahorro incluye a la de EÖ, la cual se tomó, pues, en consideración tanto para
         fijar el importe básico del grupo de las cajas de ahorro como para la determinación de su propia multa.
      
      457   En lo que respecta a la alegación de que la cuota de mercado de BA, que se aproxima al 12 % o al 13 %, se incluyó, por error,
         en la del 30 % atribuida por la Decisión impugnada a la entidad constituida por la sociedad de cabecera y las cajas de ahorro,
         se debe declarar que, una vez deducida la cuota de mercado de BA, la cuota de mercado restante del 17 % o del 18 % sigue justificando
         la clasificación en la primera categoría, dado que está claramente más cerca del valor guía de 22 % que del 11 %, correspondiente
         a la segunda categoría. Por tanto, procede desestimar esta alegación en el marco del control de la legalidad de la Decisión
         de la Comisión ya que, aun suponiendo que estuviera fundada no podría poner en cuestión la parte dispositiva de la Decisión
         impugnada. Además, el Tribunal de Primera Instancia estima, en ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, que la clasificación
         de Erste en la primera categoría se justifica para llegar a una multa de un importe apropiado.
      
       – Multa individual impuesta a EÖ
      458   La alegación basada en la inexactitud de la cuota de mercado del 7 % atribuida a EÖ por la Decisión impugnada es inoperante.
         En efecto, según las indicaciones proporcionadas por Erste en su recurso y en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera
         Instancia, la cuota de mercado de EÖ es del 5,3 % en lo que se refiere a los depósitos, del 4,8 % en lo que atañe a los créditos
         a empresas y de entre el 4,1 % y el 4,4 % en lo que respecta a los créditos a particulares. Suponiendo que se demostrase la
         exactitud de estas cifras, solamente se desprendería de ello que, globalmente, la cuota de mercado de EÖ es ligeramente inferior
         al 5 %, de modo que su clasificación en la tercera categoría con un valor guía del 5,5 % debe considerarse justificada en
         cualquier caso.
      
       ÖVAG y el grupo de los bancos populares (asunto T‑271)
      459   Para demostrar el error de la Comisión en cuanto a la cuota de mercado atribuida a ÖVAG en la Decisión impugnada, éste presenta
         tres documentos:
      
      –       un cuadro relativo a los años 1994 a 1998 según el cual la cuota de mercado del grupo de los bancos populares varió, en términos
         de total del balance, del 4,31 % al 4,45 %;
      
      –       un cuadro elaborado aparentemente por el OeNB, que indica las cuotas de mercado de los bancos austriacos en 1999 y 2000, según
         el cual la cuota de mercado del grupo de los bancos populares era del 2,7 %, o incluso del 2,8 %, sin precisiones acerca del
         mercado respecto del cual se calcularon dichas cifras;
      
      –       un diagrama aparentemente elaborado por el OeNB, que indica las cuotas de mercado en términos de total del balance sin precisión
         del período tomado en consideración, según el cual la cuota de mercado atribuida a ÖVAG es del 4,38 %.
      
      460   Ha de reconocerse que estos documentos no se refieren a los mercados de las operaciones activas y pasivas con particulares
         y empresas, respecto de los cuales la Comisión evaluó las cuotas de mercado de los destinatarios de la Decisión impugnada.
         Además, el segundo de dichos documentos no se refiere al período de infracción, mientras que las cifras que contiene se diferencian
         significativamente de las que resultan del primer documento correspondiente a este período. Asimismo, las cuotas de mercado
         indicadas en el primero y en el tercero de esos documentos están más cerca del valor guía de la tercera categoría (5,5 %)
         que del de la cuarta categoría (2,75 %), tanto en términos absolutos como relativos. 
      
      461   Por consiguiente, las alegaciones formuladas por ÖVAG no afectan a la validez de su clasificación en la tercera categoría.
         Por lo demás, el Tribunal de Primera Instancia estima, ejerciendo su competencia jurisdiccional plena, que la clasificación
         de ÖVAG en la tercera categoría está justificada para llegar a una multa de un importe apropiado.
      
      –       Conclusión 
      462   El importe básico de la multa impuesta a PSK y PSK-B (asunto T‑263/02) debe fijarse en 3,13 millones de euros, en tanto que
         procede desestimar las alegaciones de Erste (asunto T‑264/02) y ÖVAG (asunto T‑271/02) relativas a la determinación de las
         cuotas de mercado y a la fijación de los importes básicos.
      
      –       Conclusión sobre la clasificación en categorías y la fijación de los importes básicos
      463   De cuanto precede resulta que, salvo en lo que concierne a PSK y PSK-B (asunto T‑263/02), procede desestimar todas las alegaciones
         de las demandantes relativas a la clasificación en categorías y a la fijación de los importes básicos.
      
       Sobre los motivos relativos a la duración de la infracción (asuntos T‑259/02, T‑261/02 y T‑263/02)
      –       Alegaciones de las partes 
      464   RZB, BAWAG y PSK consideran que el incremento del 35 % del importe básico debido a la duración de los acuerdos es excesivo.
         Invocan la disminución de la frecuencia de las mesas redondas y de la intensidad de la concertación entre los bancos en 1997
         y 1998 y subrayan que un aumento del 10 % por año constituye el máximo que, según las Directrices, puede incrementarse el
         importe básico. BAWAG y PSK recuerdan asimismo que, para las infracciones de una duración inferior a un año no es admisible
         ningún incremento de la multa. Estiman que la Comisión, al aplicar una tasa de incremento del 10 % por año, dejó ilegalmente
         de utilizar la facultad de apreciación de que dispone al amparo de las Directrices.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      465   El artículo 15, apartado 2, párrafo último, del Reglamento nº 17 establece que se tome en consideración, para determinar el
         importe de la multa, además de la gravedad de la infracción, la duración de ésta. De esto se deriva que la incidencia de la
         duración de la infracción sobre el importe básico de la multa debe ser, por regla general, significativa. Esto se opone, salvo
         en circunstancias especiales, a un incremento meramente simbólico del importe básico en razón de la duración de la infracción.
         Así, aun cuando un acuerdo contrario a la competencia no se ha puesto en práctica, debe, no obstante, tenerse en cuenta el
         período durante el cual dicho acuerdo existió, es decir, el período transcurrido entre la fecha de la celebración del acuerdo
         y la fecha en la que se le pone fin (sentencia FETTCSA, citada en el apartado 167 supra, apartado 280).
      
      466   No procede estimar la tesis de las demandantes de que, según las Directrices, el importe básico no puede incrementarse en
         más del 10 % por año en razón de la duración de la infracción. En efecto, las Directrices sólo establecen dicho límite para
         las infracciones de larga duración, mientras que, para las de duración media (en general, de uno a cinco años) el límite superior
         único se fijó en el 50 % del importe básico, de modo que no excluye que se supere una tasa de incremento del 10 % por año.
         Por tanto, se debe desestimar la tesis de las demandantes de que un incremento correspondiente al 10 % del importe básico
         por año debe reservarse a casos excepcionales. Asimismo, es infundado el reproche de que la Comisión dejó de utilizar la facultad
         de apreciación de que dispone para la fijación del importe suplementario dentro del límite máximo.
      
      467   En cuanto a la afirmación de que la infracción imputada a las demandantes tuvo una intensidad regresiva, procede recordar
         que un incremento de la multa en función de la duración no se limita a la hipótesis de que exista una relación directa entre
         la duración y un mayor perjuicio causado a los objetivos comunitarios que contemplan las normas sobre la competencia (sentencia
         del Tribunal de Primera Instancia de 12 de julio de 2001, Tate & Lyle y otros/Comisión, T‑202/98, T‑204/98 y T‑207/98, Rec.
         p. II‑2035, apartado 106; véase, también, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de septiembre de 2003, Michelin/Comisión,
         T‑203/01, Rec. p. II‑4071, apartado 278).
      
      468   Por tanto, procede desestimar los motivos relativos al incremento del importe básico a causa de la duración de la infracción.
       Sobre las circunstancias atenuantes
      –       Observaciones preliminares
      469   Las demandantes reprochan a la Comisión no haber tenido en cuenta las circunstancias atenuantes que invocaron durante el procedimiento
         administrativo.
      
      470   En primer lugar, RZB (asunto T‑259/02), BAWAG (asunto T‑261/02), PSK (asunto T‑263/02), ÖVAG y NÖ-Hypo (asunto T‑271/02) ponen
         de manifiesto que la infracción se cometió por negligencia y no deliberadamente. Tal como se ha declarado en los precedentes
         apartados 201 a 211, esta alegación no está fundada. En segundo lugar, BAWAG, PSK y Erste (asunto T‑264/02) afirman que los
         acuerdos no se aplicaron. En la medida en que sus argumentos se refieren a la totalidad de la infracción y no al comportamiento
         individual de los demandantes, han sido examinados en el contexto de la valoración de la gravedad intrínseca de la infracción
         (véanse los precedentes apartados 289 a 295). En tercer lugar, lo mismo sucede con la alegación basada en los efectos supuestamente
         marginales de la infracción, invocada como circunstancia atenuante en los asuntos T‑259/02, T‑261/02 y T‑263/02, que pertenece
         a la valoración de la gravedad intrínseca de la infracción (véanse los precedentes apartados 231 a 233).
      
      471   En cuarto lugar, RZB, BAWAG, PSK, ÖVAG y NÖ-Hypo reprochan a la Comisión que no tuviera en cuenta su papel individual en la
         práctica colusoria. En quinto lugar, varios bancos invocan el cese inmediato de la infracción después de las inspecciones.
         En sexto lugar, BAWAG, PSK y Erste sostienen que la Comisión debería haber tomado en consideración el hecho de que existía
         una duda razonable acerca del carácter ilícito del comportamiento de los bancos. En séptimo y último lugar, Erste reprocha
         a la Comisión no haber tenido en cuenta, como circunstancia atenuante, la crisis del sector bancario en Austria.
      
      472   Antes de examinar las alegaciones relativas a las distintas circunstancias enumeradas más arriba hay que recordar que, a la
         hora de determinar el importe de las multas, la Comisión debe atenerse a lo que establecen sus propias Directrices. No obstante,
         no se indica en esas Directrices que la Comisión deba siempre tomar en consideración por separado cada una de las circunstancias
         atenuantes enumeradas en el punto 3 y dicha institución no está obligada a otorgar automáticamente una reducción adicional
         ya que la procedencia de una eventual reducción de la multa en atención a las circunstancias atenuantes debe valorarse con
         un enfoque global, teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias pertinentes.
      
      473   En efecto, la adopción de las Directrices no ha privado de pertinencia a la jurisprudencia anterior según la cual la Comisión
         dispone de una facultad de apreciación que le permite tomar o no en consideración determinados factores al decidir el importe
         de las multas que piensa imponer, en función sobre todo de las circunstancias del asunto (véanse, en este sentido, el auto
         del Tribunal de Justicia de 25 de marzo de 1996, SPO y otros/Comisión, C‑137/95 P, Rec. p. I‑1611, apartado 54, y las sentencias
         del Tribunal de Justicia Ferriere Nord/Comisión, citada en el apartado 166 supra, apartados 32 y 33, y de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P,
         C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, apartado 465; véase también, en este sentido, la sentencia
         de 14 de mayo de 1998, KNP BT/Comisión, citada en el apartado 330 supra, apartado 68). Así, a falta de indicaciones imperativas en las Directrices en lo que atañe a las circunstancias atenuantes
         que pueden tenerse en cuenta, hay que considerar que la Comisión conservó un cierto margen para valorar globalmente la importancia
         de una posible reducción del importe de las multas en atención a circunstancias atenuantes.
      
      –       Sobre el papel de determinadas demandantes en las mesas redondas (asuntos T‑259/02, T‑260/01, T‑261/02, T‑263/02 y T‑271/02)
      –       Alegaciones de las partes
      474   RZB (asunto T‑259/02) afirma, por una parte, que los acuerdos eran, en lo esencial, ajenos a sus propias actividades bancarias
         de modo que no tenía ningún interés propio en los mismos y, por otra parte, que su contribución a las mesas redondas se limitaba
         a la transmisión de información a los demás bancos del grupo Raiffeisen y era mínima en comparación con la de los demás bancos,
         cuyas actividades propias se veían afectadas por los acuerdos. Estima que su posición es comparable con la de un «guardián
         del cártel», es decir, de una empresa cuyo papel se limita a velar por el respeto del acuerdo y a desempeñar actos de complicidad
         como la transmisión de información, la coordinación y el control.
      
      475   PSK (asunto T‑263/02) manifiesta que su papel era insignificante debido a las restricciones a las que estaba sometida su actividad
         comercial, mientras que PSK‑B sólo tenía un peso comercial extremadamente reducido, que no participaron en absoluto en ciertas
         mesas redondas y que su participación en las demás fue escasa o pasiva. Invoca el carácter esporádico de la participación
         de PSK‑B en las mesas redondas (15 % de las 335 mesas redondas cuyas listas de participantes se incluyeron como anexo al pliego
         de cargos) y reprocha a la Comisión no haber valorado por separado la participación individual de PSK y PSK-B, mientras que
         sí les impuso multas distintas.
      
      476   ÖVAG y NÖ-Hypo (asunto T‑271/02) destacan que deben ser calificadas de «subordinadas». Invocan de nuevo la existencia de un
         «círculo limitado de bancos» (véase el precedente apartado 145), en el seno del cual se concertaban los bancos más grandes
         antes de las mesas redondas y tomaban las decisiones a las que debían forzosamente plegarse los demás participantes en la
         práctica colusoria (como ÖVAG y NÖ-Hypo), sin poder influir en el contenido de las mismas.
      
      477   BA-CA (asunto T‑260/02) afirma, sin invocar expresamente de circunstancias atenuantes, que su propio comportamiento no era
         conforme a los acuerdos y que no había ninguna relación de causalidad entre los acuerdos y su propia política en materia de
         tipos de interés. BAWAG (asunto T‑261/02) invoca su papel de «electrón libre» cuyo incumplimiento sistemático de los acuerdos
         perturbó sensiblemente el trabajo de las mesas redondas y dio lugar a medidas de represalia y a críticas por parte de los
         demás bancos. Justifica su participación en las mesas redondas por la necesidad de no quedar al margen de numerosas concertaciones
         compatibles con el Derecho de la competencia que tuvieron lugar en su seno.
      
      478   La Comisión invoca su facultad de apreciación respecto de la toma en consideración de circunstancias atenuantes y estima que
         no procedía tener en cuenta el reparto de papeles en el seno de la práctica colusoria porque todos los participantes se beneficiaron
         en igual medida de los acuerdos y los intercambios de información del conjunto de los bancos tuvieron una importancia capital
         para garantizar el funcionamiento de la práctica colusoria.
      
      479   En lo que atañe a RZB, PSK y PSK-B, destaca que el papel de éstos durante las mesas redondas no fue pasivo ni insignificante.
         En el asunto T‑271/02, la Comisión no discute la existencia del «círculo limitado» al que aluden ÖVAG y NÖ-Hypo, pero manifiesta
         que esas concertaciones puntuales entre una parte de los participantes en la práctica colusoria sólo eran preparatorias. Subraya
         la participación activa de ÖVAG y NÖ-Hypo en las concertaciones en el marco de las mesas redondas más importantes y la relevancia
         de esta participación para el funcionamiento de la práctica colusoria.
      
      480   Según la Comisión, BAWAG no demostró que hubiera estado obligada a participar en la infracción en contra de su voluntad y,
         en cualquier caso, su comportamiento no pudo neutralizar una gran parte de los efectos contrarios a la competencia de los
         acuerdos celebrados por los demás bancos, ya que su cuota de mercado era solamente del 5 %.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Sobre el comportamiento pasivo o subordinado (asuntos T‑259/02, T‑263/02 y T‑271/02)
      481   Según el punto 3, primer guión, de las Directrices, la «función exclusivamente pasiva o subordinada» de una empresa en la
         comisión de la infracción puede constituir, si se demuestra, una circunstancia atenuante.
      
      482   A este respecto, en primer lugar, se desprende de la jurisprudencia que, entre las circunstancias que pueden revelar el papel
         pasivo de una empresa en una práctica colusoria cabe mencionar el hecho de que su participación en las reuniones sea mucho
         más esporádica que la de los participantes ordinarios en la práctica colusoria (sentencia del Tribunal de Primera Instancia
         de 14 de mayo de 1998, BPB de Eendracht/Comisión, T‑311/94, Rec. p. II‑1129, apartado 343; sentencias Cheil Jedang/Comisión,
         citada en el apartado 391 supra, apartado 168, y Tokai I, citada en el apartado 331 supra, apartado 331).
      
      483   Pues bien, la Comisión seleccionó a los destinatarios de la Decisión impugnada, precisamente, en razón de su frecuente participación
         en las mesas redondas que ella considera más importantes (véase el considerando 470) y según resulta de la relación de la
         participación de los diferentes bancos en esas mesas redondas, presentada por la Comisión, RZB, PSK y ÖVAG participaron aproximadamente
         en el 70 % de las reuniones de éstas (cuyo número total es de 126), PSK-B en el 30 % y NÖ-Hypo aproximadamente en el 40 %,
         lo que no puede calificarse de esporádico (véase el precedente apartado 146). El hecho de que PSK-B haya participado con menos
         frecuencia en otras mesas redondas no justifica ninguna otra conclusión.
      
      484   En lo que respecta al reproche de ÖVAG y NÖ-Hypo basado en la falta de reconocimiento del papel desempeñado por un «círculo
         limitado de bancos» que, según ellos, dirigió la práctica colusoria, procede recordar que la Comisión no ignoró la existencia
         de concertaciones previas entre los grandes bancos y que no se pone de relieve que su decisión de atribuir a otras mesas redondas
         una importancia decisiva para valorar el papel respectivo de los participantes en la práctica colusoria se haya adoptado vulnerando
         normas de procedimiento o de motivación. ÖVAG y NÖ-Hypo tampoco han demostrado que la Comisión incurriera en errores de hecho
         o desviación de poder ni un error manifiesto de apreciación al optar por ceñirse a las reuniones «institucionalizadas» de
         las diferentes mesas redondas de la «red Lombard» (véanse los precedentes apartados 144 y 145).
      
      485   En lo que concierne, en segundo lugar, al comportamiento de los bancos durante las reuniones, RZB, PSK, ÖVAG y NÖ-Hypo no
         aportan circunstancias específicas ni elementos de prueba, como declaraciones de otros participantes en la práctica colusoria,
         que puedan demostrar que su actitud durante las reuniones en cuestión se diferencia significativamente de la de los demás
         bancos por su carácter meramente pasivo o subordinado.
      
      486   Además, cuando una empresa participa, incluso sin desempeñar un papel activo, en una o varias reuniones que tienen un objetivo
         contrario a la competencia, debe considerarse que participa en la práctica colusoria salvo que demuestre que se distanció
         abiertamente de la concertación ilícita (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries
         CBR y otros/Comisión, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 a T‑32/95, T‑34/95 a T‑39/95, T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 a T‑65/95,
         T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 y T‑104/95, Rec. p. II‑491; en lo sucesivo «sentencia Cemento», apartado 3199,
         y la jurisprudencia que se cita). En efecto, con su presencia en las reuniones, las demandantes se adhirieron o al menos hicieron
         creer a los demás participantes que se adherían, en principio, al contenido de los acuerdos contrarios a la competencia que
         en ellas se celebraban (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Dalmine/Comisión, T‑50/00, Rec.
         p. II‑2395, apartado 296).
      
      487   Ha de añadirse que la Decisión impugnada reconoce, en los considerandos 539 a 541, que existen ciertas diferencias entre los
         papeles desempeñados por los distintos bancos en el seno de las mesas redondas y, en particular, un papel más importante de
         los grandes bancos, o incluso de los grupos bancarios, tanto en lo que concierne a las invitaciones a las mesas redondas como
         al desarrollo de las reuniones. Sin embargo, dicha Decisión destaca que, en la medida en que el papel de los diferentes bancos
         o de los diferentes grupos bancarios se corresponde con su posición en el mercado, la diferenciación que se impone ya se tuvo
         en cuenta en el marco de la inclusión de los bancos en diferentes categorías. Así pues, las demandantes no han demostrado
         que la Comisión cometiera un error manifiesto al considerar que esta diferenciación era suficiente para reflejar el papel
         de los diferentes bancos en el seno de la práctica colusoria (véase, por analogía, la sentencia FETTCSA, citada en el apartado
         167 supra, apartado 293) y el Tribunal de Primera Instancia estima que tampoco procede separarse de ella al ejercer su competencia jurisdiccional
         plena.
      
      488   Esta diferenciación es suficiente también para tener en cuenta la supuesta falta de interés propio en los acuerdos relativos
         a las actividades bancarias que ellos no ejercen, invocada por RZB y PSK. En efecto, en lo que se refiere a RZB, la valoración
         de su función en el seno de la práctica colusoria no puede separarse de la de su papel de sociedad de cabecera y las alegaciones
         acerca de la toma en consideración de este papel se han desestimado en los precedentes apartados 367 a 407. En cuanto a PSK
         y PSK-B, hay que destacar que las circunstancias que PSK invoca en el presente contexto se tuvieron en cuenta en el marco
         de la clasificación en categorías (véanse los precedentes apartados 445 a 454), lo que es suficiente para dar cuenta adecuadamente
         del papel de PSK y PSK-B en la práctica colusoria.
      
      489   Por último, para valorar el papel pasivo o subordinado de los demandantes, no es relevante si los destinatarios de la Decisión
         impugnada se beneficiaron de los acuerdos. Por un lado, una empresa subordinada puede también beneficiarse de los efectos
         de una práctica colusoria. Por otro lado, el hecho de no haberse beneficiado de una infracción no puede constituir una circunstancia
         atenuante, so pena de privar a la multa impuesta de su carácter disuasorio (véase, en este sentido, la sentencia FETTCSA,
         citada en el apartado 167 supra, apartados 340 a 342, y la jurisprudencia que se cita, y la sentencia Tokai I, citada en el apartado 331 supra, apartado 347).
      
      –       Sobre el papel desempeñado por BA-CA (asunto T‑260/02) y BAWAG (asunto T‑261/02)
      490   A tenor del punto 3, segundo guión, de las Directrices, la «no aplicación efectiva de los acuerdos o prácticas ilícitos» puede
         constituir también una circunstancia atenuante. No obstante, el hecho de que una empresa cuya participación en una concertación
         con sus competidores ha quedado acreditada no haya ajustado su conducta en el mercado a la convenida con sus competidores
         no constituye necesariamente un elemento que deba tenerse en cuenta, como circunstancia atenuante, para la determinación del
         importe de la multa correspondiente.
      
      491   En efecto, una empresa que, pese a la concertación con sus competidores, sigue una política más o menos independiente en el
         mercado puede limitarse a intentar utilizar la práctica colusoria en su provecho (sentencias de 14 de mayo de 1998, SCA Holding/Comisión,
         citada en el apartado 324 supra, apartado 142, y Cascades/Comisión, citada en el apartado 262 supra, apartado 230), y una empresa que no se distancia de los resultados de una reunión a la que asiste mantiene, en principio,
         su plena responsabilidad derivada de su participación en la práctica colusoria (sentencia Cemento, citada en el apartado 486 supra, apartado 1389). Por tanto, la Comisión sólo está obligada a reconocer la existencia de una circunstancia atenuante por la
         falta de aplicación de una concertación en el caso de que la empresa que la invoque pueda demostrar que incumplió de forma
         clara y sustancial las obligaciones derivadas de dicha concertación, hasta el punto de alterar el funcionamiento de la misma,
         y que no dio la impresión de adherirse al acuerdo, incitando así a otras empresas a aplicar la concertación en cuestión. En
         efecto, sería demasiado fácil para las empresas minimizar el riesgo de tener que pagar una fuerte multa si pudiesen beneficiarse
         de una práctica colusoria ilícita y a continuación conseguir una reducción de la multa alegando que sólo desempeñaron un papel
         limitado en la aplicación de la infracción, a pesar de que su actitud incitó a otras empresas a comportarse de una forma más
         perjudicial para la competencia (sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión, citada en el apartado 224 supra, apartados 277 a 279).
      
      492   En lo que concierne a BA-CA, no se desprende del expediente que se opusiera abiertamente a la celebración de acuerdos o a
         su puesta en práctica. En efecto, se limita a invocar la falta de influencia de las decisiones adoptadas en algunas mesas
         redondas sobre los tipos de interés efectivamente aplicados por él mismo o por el antiguo CA. No puede tomarse en consideración
         esta circunstancia para reducir la multa impuesta a BA‑CA.
      
      493   En cuanto a BAWAG, los extractos del expediente administrativo de la Comisión que presentó como anexo a su demanda no ofrecen
         una impresión uniforme acerca de su comportamiento. Así, se desprende del mismo que, en varias ocasiones, BAWAG ofreció unilateralmente
         a la clientela mejores condiciones que las convenidas entre los bancos, a veces sorprendiendo a sus competidores o comportándose
         de modo diferente a lo que había indicado en una mesa redonda, otras veces después de haber anunciado su intención de no respetar
         los acuerdos. Sin embargo, en una de esas ocasiones, CA y Erste se comportaron como BAWAG, que no fue, pues, el único participante
         en la práctica colusoria que adoptó, en esa ocasión, un comportamiento autónomo. Existen igualmente ejemplos de reuniones
         en las que BAWAG expresó su desacuerdo, al menos parcial o en lo referente a las fechas de aplicación de las condiciones convenidas.
         Su comportamiento obligó en ocasiones a otros bancos a adaptarse o a examinar si podían llevar a la práctica un acuerdo independientemente
         del comportamiento de BAWAG; éste fue criticado por ello y los demás bancos declararon que habían perdido su confianza en
         BAWAG y se consideró su exclusión de determinadas mesas redondas. Sin embargo, de un acta invocada por el propio BAWAG se
         desprende que en otro contexto, citado en el precedente apartado 294, BAWAG reconvino a algunas de sus sucursales que no respetaban
         los acuerdos.
      
      494   Esos documentos demuestran que algunas veces BAWAG rehusó explícitamente participar en los acuerdos, que en ciertas ocasiones
         utilizó la práctica colusoria en su propio beneficio mientras que, en otras, respetó los acuerdos celebrados. Pese a su cuota
         de mercado limitada, no cabe excluir que su comportamiento haya podido además perturbar, en algunos momentos, la aplicación
         de los acuerdos por los otros bancos. Sin embargo, habida cuenta del carácter ambiguo del comportamiento de BAWAG, no se ha
         demostrado que la Comisión cometiera un error manifiesto al no reconocer en su favor una circunstancia atenuante. El Tribunal
         de Primera Instancia estima que tampoco procede disminuir la multa por esta razón ejerciendo su competencia jurisdiccional
         plena.
      
      –       Sobre el cese de la infracción (asuntos T‑259/02, T‑261/02, T‑263/02, T‑264/02 y T‑271/02)
      
       a) Alegaciones de las partes
      495   RZB, BAWAG, PSK, Erste, ÖVAG y NÖ-Hypo reprochan a la Comisión que no respetara las Directrices al negarse a tener en cuenta
         que los bancos pusieron fin a las mesas redondas inmediatamente después de las inspecciones. Opinan que la Comisión no puede
         invocar, en el presente asunto, el carácter «notorio» de la infracción en cuestión para negarse a considerar este hecho como
         una circunstancia atenuante en el sentido de las Directrices. ÖVAG y NÖ‑Hypo subrayan a este respecto que no eran conscientes
         de infringir el artículo 81 CE, apartado 1. Añaden que la Comisión incumplió la obligación de motivación, porque de la Decisión
         impugnada no se desprenden las «circunstances particulares» que se oponen a que se considere el cese inmediato de la infracción
         como una circunstancia atenuante.
      
      496   La Comisión expone que no existe ningún automatismo en el sentido de que el cese de una infracción constituya siempre una
         circunstancia atenuante y su mantenimiento una circunstancia agravante. En el caso de autos, considera que, a la vista del
         carácter «notorio», desde muchos años antes, de la infracción, su hipotético cese, después de las comprobaciones que ella
         llevó a cabo, no puede considerarse como una circunstancia atenuante en el sentido de las Directrices. 
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      497   Según el punto 3, tercer guión, de las Directrices, la «interrupción de las infracciones desde las primeras intervenciones
         de la Comisión (en particular, inspecciones)» se encuentra entre las circunstancias atenuantes. No obstante, una reducción
         de la multa a causa de la interrupción de una infracción desde las primeras intervenciones de la Comisión no puede ser automática,
         sino que depende de una valoración de las circunstancias del caso de autos por la Comisión, en el marco de su facultad de
         apreciación. A este respecto, la aplicación de esta disposición de las Directrices en favor de una empresa será particularmente
         oportuna en el supuesto de que el carácter contrario a la competencia de la conducta en cuestión no resulte evidente. Por
         el contrario, su aplicación será menos oportuna, en principio, en el supuesto de que el comportamiento sea claramente contrario
         a la competencia, suponiendo que haya sido probado (sentencia Mannesmanröhren-Werke/Comisión, citada en el apartado 224 supra, apartado 281, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, Tokai Carbon y otros/Comisión, T‑71/03,
         T‑74/03, T‑87/03 y T‑91/03, no publicada en la Recopilación, apartados 292 y 294).
      
      498   En efecto, aunque en el pasado la Comisión ha considerado la interrupción voluntaria de una infracción como una circunstancia
         atenuante, puede tener en cuenta, al aplicar sus Directrices, el hecho de que infracciones manifiestas muy graves siguen siendo
         relativamente frecuentes, a pesar de haber sido declaradas ilegales desde los inicios de la política comunitaria de la competencia
         y, por tanto, estimar que se debe abandonar esta práctica generosa y dejar de recompensar la interrupción de dicha infracción
         mediante una reducción de la multa (véase, por analogía, la sentencia MDF, citada en el apartado 213 supra, apartados 108 y 109).
      
      499   En estas circunstancias, el carácter apropiado de una reducción de la multa a causa de la interrupción de la infracción depende
         de la cuestión de si los bancos podían dudar razonablemente del carácter ilícito de su comportamiento, lo que se examinará
         en los apartados 500 y siguientes. Además, de lo que precede resulta que la referencia, en el considerando 529 de la Decisión
         impugnada, a la notoriedad pública de la infracción constituye una motivación suficiente de la elección de la Comisión.
      
      –       Sobre la existencia de una duda razonable acerca del carácter ilícito del comportamiento restrictivo 
      –       Alegaciones de las partes
      500   BAWAG (asunto T‑261/02), PSK (asunto T‑263/02) y Erste (asunto T‑264/02) opinan que la Comisión debería haber tomado en consideración,
         como circunstancia atenuante, la existencia de dudas razonables de los bancos acerca del carácter ilícito de su comportamiento.
         En primer lugar, invocan ciertos datos que aportaron ellos mismos, y también otras demandantes, para refutar la calificación
         de la infracción como «muy grave». Como esos datos no pueden atenuar la gravedad intrínseca de la infracción (véanse los precedentes
         apartados 252 a 263), hay que examinar en este momento si afectan al carácter reprensible del comportamiento individual de
         las demandantes que las invocan. Las alegaciones de las demandantes a este respecto se refieren, en particular, al contexto
         histórico de la práctica colusoria y al papel desempeñado por las autoridades nacionales, al hecho de que el Derecho austriaco
         no prohibía, durante el período contemplado, las prácticas colusorias «de comportamiento» (Verhaltenskartelle), es decir,
         los acuerdos sin fuerza obligatoria, y que preveía una excepción sectorial del Derecho de cárteles a favor de las entidades
         de crédito, a la falta de carácter secreto de la práctica colusoria y a la reciente adhesión de la República de Austria a
         la Unión Europea.
      
      501   En segundo lugar, BAWAG, PSK y Erste invocan la práctica decisoria de la Comisión que, según ellos, no era clara en lo que
         concierne a las entidades de crédito y, en particular, a los acuerdos en materia de tipos de interés.
      
      502   Erste manifiesta además que los bancos tenían dudas razonables acerca del carácter transfronterizo de su comportamiento. Efectúa
         un análisis detallado de los elementos de los que la Comisión dedujo, en los considerandos 30 a 50 de la Decisión impugnada,
         que los bancos fueron conscientes de la ilegalidad de su comportamiento y afirma que esos elementos no demuestran que los
         bancos fueran conscientes de la posibilidad de una infracción durante todo el período contemplado o en lo que concierne a
         todas las reuniones, puesto que sólo existieron dudas respecto de las mesas redondas referidas a las operaciones transfronterizas
         o hacia el final del período de que se trata.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      503   A diferencia de las reglas que rigen cuando se trata de determinar si la infracción se cometió deliberadamente (véanse los
         precedentes apartados 205 a 211), en el presente contexto es pertinente saber si las demandantes deberían haber sido conscientes
         de infringir el artículo 81 CE y no solamente haber conocido los hechos constitutivos de tal infracción.
      
      504   Así pues, hay que reconocer que la situación que está en el origen del presente asunto es particular debido al contexto histórico
         y al origen legal de las mesas redondas. Sin embargo, las entidades de crédito como las demandantes, que disponen de medios
         considerables, estaban obligadas a prepararse frente a las consecuencias jurídicas de la adhesión de la República de Austria
         a la Unión Europea, las cuales no podían sorprenderles. En particular, incumbía a las demandantes informarse en tiempo útil
         del contenido de las normas sobre la competencia del Derecho comunitario (incluso del Derecho del EEE) que iban a ser aplicables
         y de las novedades que dichas normas aportaban al Derecho austriaco. La posible licitud de los acuerdos en el Derecho nacional
         no es, pues, suficiente por sí misma para dar lugar a una duda razonable acerca del carácter ilícito de su comportamiento
         a la luz del Derecho comunitario.
      
      505   Por lo que se refiere a la participación de determinadas autoridades públicas (OeNB, Ministerio de Hacienda y Wirtschaftskammer)
         en las reuniones, las pruebas presentadas por las demandantes no son suficientes para fundamentar una duda razonable acerca
         del carácter ilícito de las mesas redondas a la luz del Derecho comunitario de la competencia. Aunque no se excluye que, en
         ciertas circunstancias, el marco jurídico nacional o el comportamiento de las autoridades nacionales puedan constituir circunstancias
         atenuantes (véase, por analogía, la sentencia CIF, citada en el apartado 258 supra, apartado 57), la aprobación o la tolerancia de la infracción por parte de las autoridades austriacas no puede tenerse en
         consideración como tal en el caso de autos, en particular, a la vista de los medios de que disponen los bancos para obtener
         información jurídica precisa y correcta.
      
      506   No se puede estimar la tesis de que las demandantes podían pensar razonablemente que sus acuerdos eran lícitos porque la práctica
         colusoria no era secreta. En efecto, los artículos de prensa en los que se apoyan BA-CA y Erste demuestran, efectivamente,
         que el «club Lombard» y, en menor medida, algunas otras mesas redondas eran conocidos en el medio de los interesados y que
         no era secreto que había concertaciones sobre los tipos de interés. Eso no es suficiente, sin embargo, para demostrar que
         la práctica colusoria era públicamente conocida en toda su envergadura. RZB y BA-CA, que impugnan la legalidad de la publicación
         de la Decisión impugnada, confirmaron por lo demás, en sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, que
         los detalles del contenido de los encuentros en el seno de las mesas redondas no eran públicamente conocidos.
      
      507   Los bancos invocan también injustificadamente una supuesta inseguridad jurídica acerca de la aplicabilidad del artículo 81 CE
         a los acuerdos sobre intereses bancarios, capaz de dar lugar a dudas razonables sobre el carácter ilícito de su comportamiento.
         En efecto, incluso suponiendo que la postura de la Comisión respecto de tales acuerdos haya sido ambigua durante los años
         ochenta, el comunicado de prensa del miembro de la Comisión encargado de la competencia, de 16 de noviembre de 1989 (citado
         en la nota a pie de página nº 425 de la Decisión impugnada), indica claramente que, según la Comisión, los acuerdos en materia
         de intereses bancarios «limitan la competencia al igual que las prácticas colusorias sobre precios» y «deberían evitarse o
         abandonarse». Así, en el momento de la adhesión de la República de Austria a la Unión Europea no subsistía ninguna incertidumbre
         a este respecto.
      
      508   BAWAG y PSK no pueden negar la pertinencia de esta toma de postura afirmando que no tiene efectos jurídicos obligatorios y
         que no aborda explícitamente algunos aspectos jurídicos de la aplicación del artículo 81 CE, en particular, los efectos sensibles
         de tales acuerdos sobre la competencia, la afectación del comercio interestatal y la posibilidad de obtener una exención.
         En efecto, en los actos a los que se refieren las demandantes para demostrar que existe una inseguridad jurídica respecto
         de los acuerdos sobre intereses, la Comisión reservó su postura en relación con tales acuerdos, aun cuando no se trata de
         actos jurídicamente vinculantes en los que habría descartado la aplicación del artículo 81 CE. Además, las cuestiones relacionadas
         con los efectos sensibles sobre la competencia y la afectación del comercio entre Estados miembros no conciernen específicamente
         a los acuerdos sobre intereses, mientras que la cuestión de si es posible una exención habría podido aclararse mediante una
         notificación. Por lo demás, el hecho de que la Decisión impugnada sea la primera en la que la Comisión impuso una multa por
         acuerdos en materia de tipos de interés no puede calificarse, como tal, de circunstancia atenuante.
      
      509   Por último, en el caso de autos no puede calificarse de razonable una posible duda de las demandantes acerca del carácter
         transfronterizo de los acuerdos.
      
      –       Sobre la crisis del sector bancario (asunto T‑264/02) 
      510   En lo que concierne, en último lugar, a la crisis estructural del sector bancario en Austria invocada por Erste, hay que recordar
         que la Comisión no está obligada a considerar como circunstancia atenuante la mala salud financiera del sector del que se
         trata (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, Lögstör Rör/Comisión T‑16/99, Rec. p. II‑1633,
         apartados 319 y 320). El hecho de que la Comisión haya tenido en cuenta, en asuntos anteriores, la situación económica del
         sector como circunstancia atenuante no implica que deba necesariamente continuar observando esta práctica (sentencia ICI/Comisión,
         citada en el apartado 196 supra, apartado 372). En efecto, por lo general las prácticas colusorias surgen en el momento en que un sector atraviesa dificultades.
      
      –       Conclusión 
      511   De todo lo que precede resulta que las alegaciones de las demandantes acerca de la apreciación de las circunstancias atenuantes
         por la Comisión no son fundadas.
      
       Sobre los motivos basados en el desconocimiento de la Comunicación sobre la cooperación
      –       Decisión impugnada
      512   La Comisión evaluó la cooperación de los bancos a la luz del punto D de la Comunicación sobre la cooperación. Les concedió
         una reducción del 10 % de sus multas, con arreglo al punto D 2, segundo guión, por no haber negado la veracidad de los hechos
         expuestos en el pliego de cargos (Decisión impugnada, considerandos 558 y 559). En cambio, rechazó concederles una reducción
         con arreglo al punto D 2, primer guión, según el cual se puede reducir la multa en el caso de que «antes del envío del pliego
         de cargos una empresa facilite a la Comisión información, documentos u otros elementos de prueba que contribuyan a confirmar
         la existencia de la infracción».
      
      513   En lo que concierne a las respuestas a las solicitudes de información, la Comisión estimó que ni la comunicación de las fechas
         de las reuniones y nombres de los participantes ni la entrega de documentos relativos a las mesas redondas se hicieron de
         manera voluntaria y, por tanto, no pueden calificarse como cooperación. En cuanto a las respuestas a las preguntas relativas
         al contenido de las reuniones colusorias, la Comisión afirma que la Decisión sólo se basó en documentos ya disponibles, de
         modo que estas respuestas no aportaron ningún valor añadido (Decisión impugnada, considerandos 545 y 546).
      
      514   Por lo que se refiere a la exposición común de los hechos presentada por los bancos, la Comisión considera que ésta no aportó
         ningún valor añadido respecto de lo legalmente requerido. Reconoce que la exposición común de los hechos va más allá de lo
         que se había pedido en cuanto a información al describir con detalle el contexto histórico de la red y al resumir el contenido
         de las distintas mesas redondas. Sin embargo, a su juicio, la exposición no sirvió para precisar los hechos, sino más bien
         para defender a los bancos al atenuar la gravedad de los hechos, en particular, al no mencionar los tipos de interés o de
         comisión precisos, al embellecer la realidad en la descripción de ciertas mesas redondas, al presentar las distintas mesas
         redondas de manera aislada y al negar la función dirigente ejercida por el «club Lombard». 
      
      515   En cuanto a los documentos entregados con la exposición común de los hechos, la Comisión señala que los bancos no lograron
         identificar, tras haber sido requeridos a ello, los que contienen hechos nuevos respecto de los que figuran en los documentos
         recabados durante las investigaciones o que debieron presentarse previa solicitud de información y concluye que esos documentos,
         si bien numerosos y clasificados cronológicamente, no aportan ningún valor añadido. Además, reprocha a los bancos que no enviaran
         la totalidad de los documentos solicitados. Se refiere a este respecto al acta denominada de la «mesa redonda de Halle» de
         25 de mayo de 1998, que obtuvo en enero de 2001 a través de un informante anónimo y a las actas presentadas con la respuesta
         al pliego de cargos complementario (Decisión impugnada, considerandos 547 a 557).
      
      –       Alegaciones de las partes
      516   Todas las demandantes, excepto RLB (asunto T‑262/02), manifiestan que la Comisión no tomó en consideración, de manera ilegal,
         como cooperación voluntaria que da lugar a una reducción del importe de la multa entre el 10 % y el 50 % con arreglo al punto
         D 2, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación, en particular, las respuestas a las peticiones de información
         que se les enviaron y la presentación de documentos anexos a las mismas, así como la exposición común de hechos y la presentación
         de documentos anexos a ésta.
      
      517   En el asunto T‑259/02, RZB, que considera que su cooperación debería asimilarse a una cooperación espontánea al amparo de
         los puntos B o C de la Comunicación sobre la cooperación, invoca además su reconocimiento del objetivo contrario a la competencia
         de la infracción. En el asunto T‑260/02, BA-CA reprocha a la Comisión que no tuviera en cuenta 33 clasificadores de documentos
         adicionales, que contenían más de 10.000 páginas, que presentó en abril de 1999 así como la información complementaria que
         proporcionó en su respuesta al pliego de cargos.
      
      518   Las demandantes reprochan a la Comisión haber exigido que la cooperación aporte un «valor añadido» para ser tomada en consideración.
         Consideran que se trata de una aplicación retroactiva ilícita de la Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del
         pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel (DO 2002, C 45, p. 3).
      
      519   Las demandantes afirman que su cooperación mediante las respuestas a las solicitudes de información y la presentación de una
         exposición común de los hechos fue voluntaria, ya que superó ampliamente lo que la Comisión podía requerir al amparo del artículo
         11 del Reglamento nº 17 y, en cualquier caso, facilitó considerablemente el trabajo de la Comisión.
      
      520   En lo que atañe a las respuestas de las demandantes a las solicitudes de información, éstas ponen de relieve que la Comisión
         les planteó preguntas ilícitas a la luz de su derecho de defensa, a las cuales no estaban obligadas a responder. Afirman,
         excepto RZB (asunto T‑259/02), que éste es el caso respecto de las preguntas relativas a:
      
      –       la presentación de documentos internos (notas, actas, etc.) referidos a reuniones concretas,
      –       o, en la medida en que tales escritos no existan, la descripción del contenido de dichas reuniones.
      Además, consideran ilícitas las preguntas «genéricas», con objeto de que:
      –       indiquen las fechas (incluidas las fechas de la primera y de la última reunión) y los participantes (nombre, entidad, cargo)
         de numerosas mesas redondas designadas por su nombre, así como «de otras posibles mesas redondas que se reúnan regularmente»
         y de todas las mesas redondas de los Länder o regionales (individualmente para cada Land),
      
      –       comuniquen a la Comisión todas las actas, notas, correspondencia u otros escritos –oficiales u oficiosos– (en la medida en
         que no hubieran sido ya incautados en el marco de las comprobaciones) relativos a reuniones, conversaciones u otros contactos
         de cada banco con otras entidades de crédito austriacas en el contexto de las mesas redondas que son objeto de la pregunta
         anterior (tanto si esos escritos se redactaron antes, durante o después de tales contactos).
      
      521   Según los bancos, sus respuestas a estas cuestiones ilícitas y la presentación de los documentos solicitados deben calificarse
         de cooperación voluntaria. BA-CA (asunto T‑260/02) sostiene que esto vale incluso para el conjunto de las respuestas a la
         solicitud de información, porque las respuestas a las preguntas lícitas están estrechamente ligadas a las respuestas a las
         preguntas ilícitas. RZB manifiesta, además, que todas las respuestas de los bancos deben calificarse de voluntarias ya que
         la Comisión no adoptó ninguna decisión al amparo del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17.
      
      522   En cuanto a la exposición común de los hechos, las demandantes afirman que la información que ésta contiene y los documentos
         que la acompañan sobrepasan ampliamente la información y documentos que son objeto de las solicitudes de información.
      
      523   Las demandantes subrayan la utilidad de su cooperación para la investigación de la Comisión. Afirman que las respuestas a
         las preguntas ilícitas y la exposición común de los hechos aportaron hechos nuevos al informar a la Comisión de diversas mesas
         redondas cuya existencia ignoraba a pesar de las comprobaciones. En la réplica, varias demandantes proporcionaron una lista
         de 36 documentos citados en la Decisión impugnada y presentados, según ellas, por primera vez junto con la exposición común
         de los hechos.
      
      524   En todo caso, ponen de manifiesto que, incluso con independencia de tales elementos nuevos, su cooperación facilitó considerablemente
         el trabajo de la Comisión. Por una parte, invocan el carácter detallado de las respuestas a las solicitudes de información.
         Por otra parte, en lo que concierne a la exposición común de los hechos, manifiestan que, sin esta presentación ordenada del
         conjunto de los hechos y de los documentos, realizada con grandes gastos y esfuerzos, y enviada a la Comisión poco después
         del inicio de la investigación, habría sido muy difícil para esta institución comprender las relaciones entre la información
         y los documentos aislados procedentes de los diferentes bancos. Destacan, apoyándose en ejemplos, que la Comisión utilizó,
         en diversas ocasiones, la descripción de las mesas redondas que figura en esta exposición y los documentos anexos a la misma,
         en particular en lo que atañe a los hechos de los que no tenía conocimiento sobre la base de las comprobaciones y de las respuestas
         a las solicitudes de información. Las demandantes impugnan la tesis de la Comisión de que la exposición común de los hechos
         tiene por objeto embellecerlos. Opinan que el no presentar el acta de una sola reunión local, en la cual no participaron varios
         de ellos y cuya existencia incluso ignoraban, no puede afectar a la utilidad de la exposición común de los hechos y que los
         documentos presentados en respuesta al pliego de cargos complementario no eran pertinentes. 
      
      525   BAWAG y PSK (asuntos T‑261/02 y T‑263/02) consideran, además, que la reducción del 10 % concedida por no negar los hechos
         es demasiado escasa, a la vista de la práctica decisoria de la Comisión.
      
      526   La Comisión pone de relieve, esencialmente, que la información y los documentos aportados por las demandantes, tanto en sus
         respuestas a las solicitudes de información como en el marco de la exposición común de los hechos no aportaron valor añadido
         respecto de lo que los bancos estaban obligados a comunicarle, con arreglo al artículo 11 del Reglamento nº 17. Afirma que,
         aun suponiendo que una parte de las preguntas planteadas en el marco de las solicitudes de información excedieran lo que podía
         exigir a los bancos, ello carece de incidencia porque la Decisión impugnada se fundó exclusivamente en documentos existentes.
      
      –       Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –       Consideraciones preliminares
      527   Con carácter preliminar, hay que desestimar la tesis expuesta por RZB de que su cooperación debería apreciarse a la luz de
         los puntos B o C de la Comunicación sobre la cooperación. 
      
      528   En efecto, dado que esta cooperación tuvo lugar después de las comprobaciones de la Comisión, no se aplica el punto B de la
         Comunicación, que contempla el supuesto de una empresa que denuncie el acuerdo secreto a la Comisión antes de que ésta haya
         realizado una comprobación. En cuanto al punto C, que se refiere a la situación en la que una empresa «denuncie el acuerdo
         secreto después de que la Comisión haya realizado una comprobación, por vía de decisión, en los locales de las empresas que
         participan en el acuerdo, sin que dicha comprobación haya aportado motivos suficientes para justificar la incoación del procedimiento
         con vistas a la adopción de una decisión», del hecho de que la Comisión formulara solicitudes de información a raíz de las
         comprobaciones no se puede deducir que éstas últimas no le proporcionaron una base suficiente para justificar la incoación
         del procedimiento con vistas a la adopción de una decisión. Además, tal como se ha expuesto en el precedente apartado 506,
         determinados aspectos de la práctica colusoria ni siquiera eran secretos. Por tanto, el punto C de la Comunicación sobre la
         cooperación tampoco es aplicable en el caso de autos.
      
      529   A continuación, resulta de una reiterada jurisprudencia que una cooperación en la investigación que no sobrepase el nivel
         derivado de las obligaciones que recaen sobre las empresas en virtud del artículo 11, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 17
         no justifica una reducción de la multa (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Solvay/Comisión,
         T‑12/89, Rec. p. II‑907, apartados 341 y 342, y Cascades/Comisión, citada en el apartado 262 supra, apartado 260). En cambio, dicha reducción está justificada cuando la empresa facilite una información que supere ampliamente
         a la que la Comisión puede exigir que se le aporte en virtud del artículo 11 del Reglamento nº 17 (sentencia Cascades/Comisión,
         citada en el apartado 262 supra, apartados 261 y 262, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Daesang y Sewon Europe/Comisión,
         T‑230/00, Rec. p. II‑2733, apartado 137).
      
      530   También resulta de una jurisprudencia reiterada que, para justificar que se reduzca la multa en atención a la cooperación,
         el comportamiento de la empresa debe haber facilitado la labor de la Comisión consistente en comprobar y reprimir las infracciones
         a las normas comunitarias en materia de competencia (véase la sentencia KTS, citada en el apartado 333 supra, apartado 270, y la jurisprudencia que se cita, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, Corus
         UK/Comisión, T‑48/00, Rec. p. II‑2325, apartado 193) y demostrar un auténtico espíritu de colaboración (sentencia Dansk Rørindustri
         y otros/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartados 395 y 396).
      
      531   Por una parte, incumbe pues al Tribunal de Primera Instancia examinar si la Comisión ignoró la medida en que la cooperación
         de los bancos superó lo que les era exigible de acuerdo con el artículo 11 del Reglamento nº 17. A este respecto, ejerce un
         control pleno, atinente, en particular, a los límites que el derecho de defensa de las empresas impone a su obligación de
         responder a las solicitudes de información.
      
      532   Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia debe comprobar si la Comisión apreció correctamente, a la luz de la Comunicación
         sobre la cooperación, la utilidad de la cooperación para la determinación de la infracción. Dentro de los límites que marca
         dicha Comunicación, la Comisión goza de una facultad de apreciación para valorar si la información o los documentos, voluntariamente
         aportados por las empresas, facilitaron su labor y si procede conceder una reducción a una empresa al amparo de esta Comunicación
         (sentencia Dansk Rørindustri y otros/Comisión, citada en el apartado 189 supra, apartados 393 y 394). Esta valoración es objeto de un control jurisdiccional limitado.
      
      533   No obstante, al ejercer su facultad de apreciación, la Comisión no puede hacer caso omiso del principio de igualdad de trato,
         que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera
         idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (sentencia KTS, citada en el apartado 333 supra, apartado 237; véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo de 2002, ABB Asea Brown Boveri/Comisión,
         T‑31/99, Rec. p. II‑1881, apartado 240, y la jurisprudencia que se cita, y la sentencia Tokai I, citada en el apartado 331 supra, apartado 394). Este principio se opone a que la Comisión trate de modo diferente la cooperación de las empresas afectadas
         por una misma decisión.
      
      534   En cambio, el mero hecho de que la Comisión haya concedido cierto porcentaje de reducción por un determinado comportamiento
         en la práctica seguida en sus anteriores decisiones no implica que esté obligada a conceder la misma reducción proporcional
         al valorar un comportamiento similar en un procedimiento administrativo posterior (véase, en lo que respecta a una circunstancia
         atenuante, la sentencia Mayr-Melnhof, citada en el apartado 205 supra, apartado 368, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de mayo de 1998, Fiskeby Board/Comisión, T‑319/94, Rec.
         p. II‑1331, apartado 82, y, en lo relativo a la cooperación, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de marzo
         de 2002, Brugg Rohrsysteme/Comisión, T‑15/99, Rec. p. II‑1613, apartado 193).
      
      –       Sobre las respuestas a las solicitudes de información
      –       Sobre la falta de decisión al amparo del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17 (asunto T‑259/02)
      535   Hay que desestimar, de entrada, la tesis de RZB de que las respuestas a las solicitudes de información deben tomarse en consideración,
         en su conjunto, como cooperación voluntaria porque la Comisión no había enviado a los bancos decisiones al amparo del artículo
         11, apartado 5, del Reglamento nº 17. 
      
      536   En efecto, en el supuesto de que una solicitud de información al amparo del artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 17
         tenga por objeto obtener información cuya divulgación puede exigir la Comisión mediante una decisión con arreglo al apartado
         5 de dicho artículo, sólo puede calificarse de voluntaria la celeridad en la respuesta de la empresa afectada. Pues bien,
         incumbe a la Comisión valorar si esta celeridad ha facilitado su trabajo de modo que justifique una reducción de la multa
         y la Comunicación sobre la cooperación no obliga a reducir sistemáticamente la multa por esta razón.
      
      –       Sobre la valoración del carácter voluntario de las respuestas a las solicitudes de información
      537   Procede recordar que la amplitud de las solicitudes de información que envió la Comisión a los diferentes bancos, al amparo
         del artículo 11, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 17, oscilaba entre 30 preguntas (BA-CA) y 3 preguntas (ÖVAG y PSK-B).
         Las preguntas contenidas en las solicitudes más detalladas y a las que los bancos respondieron tenían por objeto conocer,
         en particular:
      
      –      especto de las reuniones concretas de determinadas mesas redondas:
      –      la lista de participantes (nombres, empresas a las que pertenecen, cargos);
      –      la presentación de todos los documentos internos (notas, memorandos, actas) referidos a dichas reuniones;
      –      la descripción del contenido de las conversaciones, en la medida en que no se desprendiese de los documentos presentados;
      –      respecto de las mesas redondas designadas especialmente:
      –      la indicación de las fechas de sus reuniones, incluidas las de la primera y la última reunión y la lista de participantes;
      –      la presentación de todos los documentos relativos a las mismas en la medida en que no hubieran sido ya incautados en el marco
         de las comprobaciones;
      
      –      respecto de las mesas redondas designadas en términos generales:
      –      la indicación de las fechas, incluidas las de las primera y última reunión, y de los participantes;
      –      la presentación de todos los documentos referidos a las mismas en la medida en que no hubieran sido ya incautados en el marco
         de las comprobaciones;
      
      –      la descripción del contenido de las conversaciones;
      –      respecto de las «de otras posibles mesas redondas que se reúnan regularmente»: la indicación de las fechas, incluidas las
         de la primera y última reunión, y de los participantes.
      
      538   Las solicitudes de información contenían, por lo demás, preguntas del siguiente tipo:
      –       «Aporte todas las actas, notas de expediente, correspondencia u otros documentos referidos a reuniones, conversaciones u otros
         contactos de su empresa con otras entidades de crédito austriacas en el marco de las mesas redondas citadas a continuación
         o de otras posibles mesas redondas celebradas de manera regular (elaborados antes, durante o después de tales contactos).
         Indique las fechas, incluidas las de la primera y última reunión, y los participantes (nombre, empresa, cargo)» (a continuación
         figuraba una lista de determinadas mesas redondas);
      
      –       «Aporte todos los documentos (correspondencia, instrucciones, memorandos, notas de expediente, circulares, etc.) así como
         las intervenciones públicas de su empresa que tengan relación con las modificaciones de las condiciones de las operaciones
         activas y pasivas, las medidas de publicidad, el establecimiento de las comisiones y la introducción de la “cláusula de ajuste
         de tipos” durante el período comprendido entre el mes de enero de 1994 y el momento actual».
      
      539   Se desprende de una jurisprudencia reiterada que la Comisión no puede obligar a una empresa, mediante una solicitud de información
         al amparo del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17, a proporcionar respuestas conducentes a que admita la infracción
         cuya existencia incumbe demostrar a la Comisión (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1989, Orkem/Comisión,
         374/87, Rec. p. 3283, apartado 35; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de febrero de 2001, Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
         T‑112/98, Rec. p. II‑729, apartado 67). No obstante, tiene la potestad de obligar a las empresas a que faciliten toda la información
         necesaria relacionada con hechos de los que puedan tener conocimiento y a que le presenten, si fuera preciso, los documentos
         correspondientes que obren en su poder, aun cuando éstos puedan servir para probar la existencia de una conducta contraria
         a la competencia. La Comisión puede así obligar a las empresas a responder a preguntas meramente fácticas y solicitar que
         se presenten documentos preexistentes (sentencias Orkem/Comisión, antes citada, apartado 34, y Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
         antes citada, apartado 65).
      
      540   En cambio, son incompatibles con el derecho de defensa, puesto que pueden obligar a la empresa afectada a confesar su participación
         en una infracción de las normas comunitarias de la competencia, las solicitudes en las que se insta a ésta a describir el
         objeto y desarrollo de reuniones en las que participó así como los resultados o conclusiones de las mismas, cuando la institución
         sospecha que el objeto de dichas reuniones puede restringir la competencia (véase la sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión,
         apartado 539 supra, apartados 71 a 73, y la jurisprudencia que se cita, y la sentencia Tokai I, citada en el apartado 331 supra, apartados 402, 403, 406 y 407).
      
      541   De esto se deriva que la Comisión habría podido exigir legítimamente a los bancos, mediante solicitudes de información al
         amparo del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17, que indicasen las fechas de las reuniones de las mesas redondas
         y sus participantes. Esto vale no solamente para las mesas redondas respecto de las cuales la Comisión disponía, tras las
         comprobaciones, de información precisa como su denominación y las fechas de determinadas reuniones, sino también para todas
         las demás mesas redondas, dado que la Comisión disponía, a raíz de las comprobaciones, de numerosos indicios acerca de la
         existencia de una red de acuerdos organizada a través de numerosas mesas redondas relativas a todos los productos bancarios.
         En estas circunstancias, las respuestas a las preguntas que tienen por objeto obtener información fáctica acerca del conjunto
         de las mesas redondas no pueden calificarse de voluntarias y la Comisión no cometió ningún error de Derecho al rechazar tomarlas
         en consideración como cooperación voluntaria.
      
      542   A continuación, se desprende del considerando 546 de la Decisión impugnada que la Comisión reconoció el carácter voluntario
         de las respuestas a las cuestiones relativas al contenido de las reuniones colusorias.
      
      543   En lo que concierne a la cuestión de si la Comisión cometió un error de Derecho al afirmar, en el considerando 546 de la Decisión
         impugnada, que la entrega de documentos en respuesta a las solicitudes de información no se hizo de forma voluntaria, conviene
         recordar que, para preservar la eficacia del artículo 11, apartados 2 y 5, del Reglamento nº 17, la Comisión tiene la potestad
         de obligar a la empresa a que facilite toda la información necesaria relacionada con hechos de los que pueda tener conocimiento
         y a que le presente, si fuera preciso, los documentos correspondientes que obren en su poder, aun cuando éstos puedan servir
         para probar contra ella o contra cualquier otra empresa la existencia de una conducta contraria a la competencia (sentencia
         Orkem/Comisión, citada en el apartado 539 supra, apartado 34; sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de junio de 2006, Comisión/SGL Carbon, C‑301/04 P, Rec. p. I‑5915,
         apartado 41, y sentencia Mannesmannröhren-Werke/Comisión, citada en el apartado 539 supra, apartado 65).
      
      544   Se deduce de lo anterior que la presentación de documentos relativos a las reuniones contempladas en las solicitudes de información
         no puede calificarse de cooperación voluntaria, porque la Comisión habría podido obligar a los bancos a facilitar esos documentos
         mediante una solicitud de información al amparo del artículo 11, apartado 5, del Reglamento nº 17 (sentencia Comisión/SGL
         Carbon, citada en el apartado 543 supra, apartado 44). Por tanto, no puede prosperar la alegación basada en un error de Derecho de la Comisión en relación con el
         carácter voluntario de la aportación de esos documentos.
      
      545   Además y en todo caso, lo mismo sucedería en el supuesto de una diferente valoración del carácter voluntario de la presentación
         de dichos documentos.
      
      546   En efecto, la toma en consideración, como cooperación voluntaria, de los documentos aportados por los bancos en respuesta
         a las solicitudes de información no puede dar lugar, en el caso de autos, a una reducción de las multas de más del 10 % que
         la Comisión ya otorgó en la Decisión impugnada.
      
      547   A este respecto, se desprende de las respuestas de BAWAG, PSK, Erste y la Comisión a las preguntas del Tribunal de Primera
         Instancia, cuya exactitud no han negado las demás demandantes, que la Comisión tenía en su poder, como resultado de sus comprobaciones,
         alrededor de 5.000 páginas de copias de documentos relevantes para demostrar la existencia, funcionamiento, participantes,
         duración y alcance de la práctica colusoria en el seno del «club Lombard» e identificar las mesas redondas más importantes.
         Si bien es cierto que se aportaron 11.000 páginas de documentos en respuesta a las solicitudes de información, las demandantes
         no discuten que, respecto de numerosos documentos, en el expediente se encuentran varias copias y que las respuestas a las
         solicitudes de información contienen un gran número de documentos que ya estaban en poder de la Comisión a resultas de las
         comprobaciones. Además, las demandantes no precisaron, en el marco de sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera
         Instancia, cuál es la proporción de documentos aportados en respuesta a las solicitudes de información de los que no se había
         incautado durante las inspecciones y cuya aportación equivale a una confesión de la infracción.
      
      548   A este respecto, se desprende de una tabla presentada por Erste, no refutada por los demás demandantes, que el 44 % de las
         citas de documentos que figuran en la Decisión impugnada se refieren a documentos resultantes de las inspecciones. Esto demuestra
         la importancia de dichos documentos para acreditar la infracción. Ello queda corroborado por el carácter muy detallado de
         las solicitudes de información que la Comisión envió a los bancos. Estas solicitudes ponen de manifiesto que la Comisión había
         descubierto indicios o elementos de prueba relativos a numerosas reuniones de las principales mesas redondas. Además, aunque
         la Comisión formuló múltiples preguntas a las que las partes no estaban obligadas a responder, lo que, por lo demás, dicha
         institución no niega, esto no se aplica a las preguntas relativas a las fechas de las reuniones y los nombres de los participantes.
         La Comisión habría podido, pues, obligar a las demandantes a aportar la información que le permitiese atribuir los documentos
         incautados durante las comprobaciones a las diferentes mesas redondas y valorar así su significado y valor probatorio.
      
      549   Se debe añadir que el hecho de que la Comisión citase, en la Decisión impugnada, documentos aportados en respuesta a las solicitudes
         de información no demuestra que no dispusiese de esos documentos a resultas de las comprobaciones. En efecto, la Comisión
         afirmó, sin que se la contradijera, que había preferido citar los documentos aportados a las demandantes debido a su presentación
         ordenada, independientemente de su presencia previa en el expediente.
      
      550   Además, aquellas demandantes que efectuaron un análisis del valor probatorio de dichos documentos identificaron sólo unos
         pocos documentos a los que atribuyen un elevado valor probatorio. Así, BAWAG y PSK manifiestan que 37 documentos que ellos
         aportaron en respuesta a las solicitudes de información, de un total de casi 900 documentos citados en la Decisión impugnada,
         tienen un valor probatorio elevado. Sin embargo, no alegan que esos documentos hayan sido necesarios para fundamentar las
         comprobaciones esenciales de la Decisión impugnada.
      
      551   De cuanto precede resulta que las demandantes no han demostrado que los documentos aportados en respuesta a las solicitudes
         de información fueran necesarios para permitir a la Comisión identificar el conjunto de las mesas redondas esenciales ni que,
         a falta de ellos, los elementos de prueba obtenidos por medio de las comprobaciones fueran insuficientes para probar la infracción
         y para adoptar una decisión por la que se imponen multas.
      
      –       Sobre la valoración de la exposición común de los hechos
      552   La Comisión reconoció, en el considerando 553 de la Decisión impugnada, que los bancos habían suministrado voluntariamente,
         en la exposición común de los hechos, información que va más allá de lo que se les había pedido. 
      
      553   Al supeditar la toma en consideración de esta cooperación a que exista un valor añadido, bien de la comunicación de «hechos
         nuevos», bien de las explicaciones que permitan comprender mejor el asunto, la Comisión no sobrepasó el margen de apreciación
         del que goza para valorar, de acuerdo con el punto D 2, primer guión, de la Comunicación sobre la cooperación, si una cooperación
         «contribuye a confirmar la existencia de la infracción cometida». En efecto, ni la Comunicación sobre la cooperación ni la
         jurisprudencia que se cita en el precedente apartado 530 obligan a la Comisión a reducir una multa en razón del apoyo práctico
         o logístico a su investigación.
      
      554   En lo que atañe a la cuestión de si la Comisión ignoró, al valorar el alcance y valor de esta cooperación, en qué medida los
         documentos presentados como anexo a la exposición común de los hechos eran «nuevos» respecto de los adjuntos a las respuestas
         a las solicitudes de información, conviene recordar que los bancos estimaron, durante el procedimiento administrativo, que
         no estaban en condiciones de proporcionar a la Comisión las precisiones solicitadas a este respecto (véase el precedente apartado
         19). En estas circunstancias, no puede reprocharse a la Comisión ningún error a este respecto.
      
      555   Por tanto es legítimo que la Comisión tenga en cuenta, al valorar la utilidad de la cooperación voluntaria de los bancos,
         el hecho de que éstos no le proporcionaran, junto con la exposición común de los hechos, todos los documentos relativos a
         las mesas redondas (véase el precedente apartado 515). En efecto, el carácter incompleto de los anexos a la exposición común
         de los hechos afectó a la fiabilidad de dicho documento y mermó su utilidad para el trabajo de la Comisión.
      
      556   También incumbe a la Comisión determinar si las explicaciones proporcionadas por la exposición común de los hechos le permitieron
         comprender mejor el asunto, de modo que el Tribunal de Primera Instancia sólo puede censurar esta valoración en caso de error
         manifiesto. En relación con esto, la Comisión pudo considerar, con razón, que los bancos habían utilizado ese documento para
         presentar su propia visión de las mesas redondas y, por tanto, como medio de defensa. En efecto, es natural y legítimo que
         una empresa que es objeto de una investigación de la Comisión actúe de esta manera. De esto se deduce que dicho documento,
         aun con independencia de su contenido concreto, no puede evitar que la Comisión efectúe su propio estudio del asunto así como
         su propio análisis y valoración fáctica y de los elementos de prueba. 
      
      557   En estas circunstancias, el hecho de que la Comisión haya recurrido, para redactar la Decisión impugnada, a las copias de
         los documentos suministrados por los bancos ordenadamente en el anexo a la exposición común de los hechos antes que a las
         copias que había obtenido por sí misma a través de las comprobaciones y las solicitudes de información, así como a la parte
         declarativa de la exposición común de los hechos, no demuestra que las explicaciones proporcionadas hayan facilitado el trabajo
         de la Comisión sobre el fondo, aun cuando hayan podido facilitar técnicamente la instrucción del expediente por dicha institución.
      
      558   Por tanto, procede desestimar las alegaciones de las demandantes que se refieren a la valoración de la exposición común de
         los hechos por la Comisión.
      
      –       Sobre las alegaciones específicas de RZB y BA-CA
      –       Sobre la confesión por RZB del objetivo contrario a la competencia de la infracción 
      559   Procede desestimar la tesis de RZB de que la Comisión debería haber tenido en cuenta su confesión explícita del objetivo contrario
         a la competencia. Ciertamente, el hecho de reconocer la existencia de una práctica colusoria puede facilitar más el trabajo
         de la Comisión durante la investigación que el mero reconocimiento de los hechos materiales, de modo que la Comisión puede
         conceder un trato diferente a las empresas que hayan admitido los hechos respecto de las que hayan admitido también la existencia
         de una práctica colusoria (sentencia KTS, citada en el apartado 333 supra, apartado 270). Sin embargo, la Comisión no está obligada a efectuar dicha distinción. En efecto, le incumbe valorar, en cada
         caso particular, si tal confesión facilitó efectivamente su trabajo. Ahora bien, el objetivo contrario a la competencia del
         comportamiento de que se trata en el presente asunto resulta, en el caso de la mayoría de las reuniones cuya existencia admitieron
         todos los bancos, de su propio objeto, que era concertarse sobre precios o sobre otros parámetros de la competencia. La confesión
         explícita de este objetivo no añade nada a ello. Por tanto, la Comisión no estaba obligada, en el presente asunto, a reducir
         la multa por esta razón.
      
      –       Sobre los elementos complementarios invocados por BA-CA 
      560   En lo que se refiere a los 33 clasificadores que contenían más de 10.000 páginas de documentos enviados por BA-CA a la Comisión
         en abril de 1999, ha de recordarse que todos los bancos, al presentar la exposición común de los hechos, buscaron cooperar
         de igual modo en la investigación, de manera que el respeto de la igualdad de trato en el marco de la aplicación de la Comunicación
         sobre la cooperación requiere que una posible reducción de la multa por este concepto sea idéntica para todos (sentencia KTS,
         citada en el apartado 333 supra, apartado 270). En tales circunstancias, la aportación de documentos complementarios por uno de los bancos sólo puede justificar
         una reducción ulterior de su multa con carácter individual si dicha cooperación aportó efectivamente elementos nuevos y útiles
         en relación con los aportados en común por el conjunto de las empresas. Además, como señaló acertadamente la Comisión, el
         valor de esos documentos complementarios es inversamente proporcional al de la exposición común de los hechos: si ésta última
         fue exhaustiva, la aportación de documentos nuevos por BA-CA no puede haber sido significativa, mientras que, en el caso contrario,
         la utilidad de la exposición común de los hechos debe considerarse limitada.
      
      561   A este respecto, se desprende de las respuestas de BA-CA a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia que, entre las
         más de 10.000 páginas de documentos presentadas, 33 documentos se citaron en la Decisión impugnada. Pues bien, el valor de
         una cooperación voluntaria no depende del número de documentos presentados sino de su relevancia y utilidad para la comprobación
         de la infracción. No se puede admitir automáticamente que la presentación de más de 10.000 páginas de documentos, de los cuales
         sólo 33 figuran entre aquellos en los que se basó la Decisión impugnada, facilitara el trabajo de la Comisión. En efecto,
         si los documentos aportados por BA-CA pudieron contribuir a determinar la infracción aunque no se citen en la Decisión impugnada,
         la utilización de los mismos constituye un indicio importante de su utilidad, lo que BA-CA afirmó, por lo demás, en sus escritos.
         Habida cuenta de que, según las explicaciones facilitadas por BA-CA, la Comisión citó 892 documentos en la exposición fáctica
         de la Decisión impugnada, la contribución prestada por los documentos complementarios que aportó BA-CA debe considerarse limitada.
         Máxime habida cuenta de que BA-CA no alega que los documentos presentados en abril de 1999 fueran decisivos para las comprobaciones
         fundamentales de la Decisión impugnada. En efecto, BA-CA afirma que en veintiún casos las comprobaciones de la Decisión impugnada
         reposan exclusivamente sobre uno de los documentos que presentó en abril de 1999. Sin embargo, en seis de esos casos, el documento
         que invoca BA-CA se cita junto con otros documentos, sin que la demandante haya proporcionado precisiones que permitan comprobar
         cuál fue la importancia respectiva de los diferentes elementos. En otros dos casos, los documentos de BA-CA se refieren a
         ejemplos de concertaciones cuya importancia en el marco de la práctica colusoria conjunta es secundaria (considerandos 65
         y 66 de la Decisión impugnada) y en un caso se trata de un acta, entre las múltiples actas de la misma reunión (considerando
         248 de la Decisión impugnada).
      
      562   En estas circunstancias, la Comisión no estaba obligada a conceder a BA-CA una reducción adicional de la multa por este concepto.
      563   Con el fin de demostrar que la Comisión utilizó los documentos que ella presentó, BA-CA solicita al Tribunal de Primera Instancia
         que oiga como testigo al funcionario de la Comisión encargado, con carácter principal, de redactar la Decisión impugnada.
         Dado que la utilización de esos documentos no demuestra, por sí misma, que su aportación facilitara sustancialmente el trabajo
         de la Comisión, esta proposición de prueba no es directamente relevante para valorar la utilidad de dichos documentos. Por
         tanto, no procede estimar esta solicitud de diligencias de instrucción.
      
      564   BA-CA también sostiene, de manera equivocada, que la Comisión debería haber tenido en cuenta en concepto de cooperación su
         respuesta al pliego de cargos. En efecto, esta respuesta tiene por objeto, fundamentalmente, permitir que la empresa defienda
         sus derechos, de modo que su contenido debe ser objeto de un análisis muy atento de la Comisión. La influencia de dicha respuesta
         sobre la Decisión adoptada por la Comisión demuestra que cumplió esta función de defensa, pero no significa que aportara un
         valor añadido, ni que facilitara o aligerase el trabajo de la institución. 
      
      –       Conclusión
      565   De las consideraciones precedentes resulta que procede desestimar los motivos basados en que la Comisión no tuvo en cuenta
         la Comunicación sobre la cooperación.
      
      566   Por lo demás, habida cuenta de la gravedad de la infracción, respecto de la cual el nivel de las multas impuestas por la Comisión
         parece poco elevado, el Tribunal de Primera Instancia considera, en el marco del ejercicio de su competencia jurisdiccional
         plena, que la cooperación de las demandantes no justifica, en el caso de autos, ninguna reducción adicional de las multas
         que se les impusieron.
      
       Sobre la infracción de las normas de procedimiento (asunto T‑271/02)
      567   No se puede estimar la pretensión expuesta por ÖVAG y NÖ-Hypo, con carácter subsidiario, de obtener una reducción de las multas
         que se les impusieron en razón de la irregularidad de la admisión del FPÖ como denunciante y del envío del pliego de cargos
         a este partido político.
      
      568   En efecto, determinadas irregularidades de procedimiento pueden justificar, en ocasiones, una reducción de la multa, aunque
         no puedan conducir a la anulación de la Decisión impugnada (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de diciembre de 1998,
         Baustahlgewebe/Comisión, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, apartados 26 a 48).
      
      569   No obstante, sólo las irregularidades de procedimiento que pueden lesionar seriamente a los intereses de la parte que las
         invoca pueden justificar una reducción de la multa (sentencia Baustahlgewebe/Comisión, citada en el apartado 568 supra, apartado 30). Tal puede ser el caso, en particular, de las irregularidades que constituyen una violación del Convenio Europeo
         para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. En el caso de autos no se alegó dicha violación
         y tampoco se desprende del expediente que el comportamiento de la Comisión criticado por los bancos haya podido lesionar gravemente
         sus intereses, a diferencia del comportamiento del partido político FPÖ, cuyos actos no son imputables a la Comisión. Es obligado
         declarar, sin que el Tribunal de Primera Instancia deba pronunciarse sobre el carácter irregular o no del comportamiento de
         la Comisión, que las supuestas irregularidades de las que se trata en el presente asunto no son suficientemente graves para
         justificar, suponiendo que se hubieran demostrado, una reducción de la multa.
      
       Conclusión sobre las solicitudes de reducción de las multas
      570   De las consideraciones que preceden resulta que procede desestimar los motivos formulados de las demandantes en apoyo de su
         presunción de que se reduzcan las multas en atención al control de la legalidad, a excepción de los que se refieren a la exactitud
         de las declaraciones relativas a la cuota de mercado conjunta de PSK y PSK-B (véanse los precedentes apartados 446 a 452).
         Además, el Tribunal de Primera Instancia, en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena, estima que no procede reducir
         las multas por otros motivos.
      
      571   En lo que se refiere al importe de la multa conjunta que procede imponer a PSK y PSK-B, el Tribunal de Primera Instancia considera,
         en el ejercicio de su competencia jurisdiccional plena y habida cuenta de la duración de la infracción y de la cooperación
         de los bancos con la Comisión, que el importe final de la multa, tal como éste se fijó para PSK (incluido PSK-B) en el considerando
         560 y en el artículo 3 de la Decisión, debe reducirse a la mitad. Por tanto, la multa conjunta impuesta a PSK y PSK-B debe
         fijarse en 3.795.000 euros.
      
       Sobre la pretensión de la Comisión de que se aumente la multa impuesta a RZB
      572   En el asunto T‑259/02, la Comisión solicitó al Tribunal de Primera Instancia que aumentara la multa impuesta a RZB, porque
         ésta negó por primera vez en la demanda la existencia de acuerdos entre los bancos acerca de los pagos transfronterizos, las
         operaciones documentarias y la compraventa de títulos.
      
      573   A este respecto, es importante determinar si el comportamiento de RZB obligó a la Comisión, en contra de lo que podía esperar
         razonablemente por la cooperación de RZB durante el procedimiento administrativo, a elaborar y presentar una defensa ante
         el Tribunal de Primera Instancia centrada en la negación de los hechos constitutivos de la infracción que había considerado
         justificadamente que RZB ya no discutiría.
      
      574   Así pues, la importancia de los aspectos negados por RZB en la estructura de la Decisión impugnada es mínima. En efecto, contrariamente
         a lo que sostiene RZB, la existencia de acuerdos sobre las operaciones transfronterizas antes mencionadas no es decisiva para
         poder comprobar la capacidad de la práctica colusoria contemplada por la Decisión impugnada para afectar al comercio entre
         Estados miembros (véanse los precedentes apartados 177 y 178).
      
      575   La Comisión dedicó a su respuesta contra esta alegación de RZB tres apartados de su escrito de contestación a la demanda.
         De entrada, resumió la alegación del demandante, a continuación recordó que RZB había declarado que no negaba la materialidad
         de los hechos y, finalmente, afirmó que había demostrado, en la Decisión impugnada, la existencia de los acuerdos, ya que
         los documentos impugnados por RZB no tenían por objeto efectuar esta demostración sino proporcionar ejemplos de pagos transfronterizos.
         La elaboración de esta defensa no ocasionó, pues, a la Comisión especiales esfuerzos.
      
      576   En estas circunstancias, no procede en el caso de autos aumentar la multa.
       Sobre las pretensiones de anulación de las decisiones de admitir al FPÖ como denunciante y de enviarle los pliegos de cargos
            (asunto T‑271/02)
      577   Procede desestimar por extemporánea la pretensión subsidiaria formulada por ÖVAG y NÖ-Hypo de que se anulen las decisiones
         de admitir al FPÖ en el procedimiento administrativo y de enviarle los cargos. En efecto, al responder a las preguntas del
         Tribunal de Primera Instancia, ÖVAG y NÖ-Hypo indicaron que la Comisión les informó, mediante escrito de 5 de noviembre de
         1999, de la admisión del FPÖ en el procedimiento y de la intención de enviarle los cargos, mientras que la Comisión afirma
         que les envió esta información mediante escrito del 27 de marzo de 2001. Ahora bien, el recurso interpuesto en el asunto T‑271/02
         data del 2 de septiembre de 2002 y está, por tanto, en cualquier caso, fuera de plazo respecto de esas decisiones.
      
       Costas
      578   A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas,
         si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de las demandantes en los asuntos
         T‑260/02 a T‑262/02, T‑264/02 y T‑271/02 procede condenarlas a cargar con las costas del procedimiento, de acuerdo con lo
         solicitado por la parte demandada.
      
      579   Por lo que respecta a los asuntos T‑259/02 y T‑263/02, se desprende del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento
         que el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se
         estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte.
      
      580   En el asunto T‑259/02, se desestimó el recurso de la demandante así como también la reconvención formulada por la Comisión.
         Dado que ésta sólo tenía por objeto aumentar la multa un 10 %, debe señalarse que se han desestimado sustancialmente las pretensiones
         y motivos de la parte demandante. En estas circunstancias, RZB cargará con sus propias costas y con el 90 % de las de la Comisión,
         en tanto que la Comisión cargará con el 10 % de sus propias costas.
      
      581   En el asunto T‑263/02, procede declarar que cada parte soportará sus propias costas.
      En virtud de todo lo expuesto,
      EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
      decide:
      1)      En el asunto T‑263/02, fijar en 3.795.000 euros el importe de la multa impuesta a Österreichische Postsparkasse AG, a la que
            sucedió la demandante, por el artículo 3 de la Decisión 2004/138/CE de la Comisión, de 11 de junio de 2002, relativa a un
            procedimiento de aplicación del artículo 81 del Tratado CE (Asunto COMP/36.571/D-1 — Bancos austriacos — «Club Lombard»).
      2)      Desestimar los recursos en todo lo demás.
      3)      En el asunto T‑259/02, desestimar la reconvención formulada por la Comisión.
      4)      En los asuntos T‑260/02 a T‑262/02, T‑264/02 y T‑271/02, condenar en costas a las demandantes.
      5)      En el asunto T‑259/02, la demandante cargará con sus propias costas y el 90 % de las de la Comisión. La Comisión cargará con
            el 10 % de sus propias costas.
      6)      En el asunto T‑263/02, cada parte soportará sus propias costas.
      
               Pirrung
            
            
               Forwood
            
            
               Papasavvas 
            
         Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2006.
      
               El Secretario
            
             
            
                     El Presidente
            
         
               E. Coulon
            
             
            
                     J. Pirrung
            
         Índice
      
      Antecedentes del litigio
      Objeto del litigio
      Partes demandantes
      Erste (asunto T‑264/02)
      RZB (asunto T‑259/02)
      RLB (asunto T‑262/02)
      BA-CA (asunto T‑260/02)
      Anteilsverwaltung BAWAG PSK AG (asunto T‑261/02) y BAWAG PSK Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse
         AG (asunto T‑263/02)
      
      ÖVAG y NÖ-Hypo (asunto T‑271/02)
      Procedimiento administrativo
      Decisión impugnada
      Generalidades
      Comprobaciones acerca del contexto de la práctica colusoria, las diferentes mesas redondas, sus relaciones y el papel de las
         sociedades de cabecera
      
      Examen de las alegaciones de los bancos y calificación jurídica
      Orden conminatoria de poner fin a la infracción y cálculo de las multas
      Procedimiento y pretensiones de las partes
      Sobre la incidencia de la reestructuración que afecta a BAWAG (asunto T‑261/02) y a PSK (asunto T‑263/02)
      Fundamentos de Derecho
      Sobre las pretensiones de anulación total de la Decisión impugnada
      Sobre los motivos basados en vicios sustanciales de forma
      – Sobre el informe final del consejero auditor (asuntos T‑260/02, T‑261/02 y T‑263/02)
      –  Alegaciones de las demandantes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre la posición otorgada al partido político FPÖ durante el procedimiento administrativo (asuntos T‑260/02 y T‑271/02)
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Conclusión
      Sobre los motivos basados en una valoración errónea de los acuerdos
      – Observaciones preliminares
      – Sobre la calificación de infracción única dada a las mesas redondas (asuntos T‑261/02 a T‑263/02 y T‑271/02)
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre la elección de los destinatarios de la Decisión impugnada (asunto T‑271/02)
      – Alegaciones de las partes
      –  Alegaciones de las demandantes
      –  Alegaciones de la Comisión
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –  Sobre los criterios aplicados por la Comisión y sobre el tamaño de las entidades
      –  Sobre la determinación de las principales mesas redondas
      –  Sobre la motivación
      –  Sobre la valoración de la importancia de las mesas redondas y sobre el «círculo limitado de bancos»
      –  Sobre la frecuencia de la participación de ÖVAG y NÖ-Hypo en las principales mesas redondas
      –  Conclusión
      Sobre la práctica de la prueba mediante documentos fechados antes del año 1994 (asunto T‑271/02)
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre los motivos basados en la ineficacia de las mesas redondas sobre los intercambios
      – Observaciones preliminares
      – Sobre la interpretación del criterio de la capacidad de afectar el comercio entre Estados miembros y su aplicación en el
         caso de autos
      
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      –  Sobre los principios que rigen la valoración de la capacidad para afectar al comercio entre Estados miembros
      –  Sobre el examen conjunto del efecto transfronterizo de las mesas redondas
      –  Sobre la capacidad de una práctica colusoria que se extiende a todo el territorio de un Estado miembro para afectar al
         comercio entre Estados miembros
      
      –  Conclusión
      – Caso particular de RLB (asunto T‑262/02)
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre las pretensiones de que se anule el artículo 2 de la Decisión impugnada (asuntos T‑259/02, T‑264/02 y T‑271/02)
      Alegaciones de las demandantes
      Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Sobre las pretensiones de anulación del artículo 3 de la Decisión impugnada
      Inexistencia de falta (asuntos T‑261/02 a T‑263/02, T‑264/02 y T‑271/02)
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Posibilidad de una exención de los acuerdos (asuntos T‑260/02, T‑271/02)
      – Alegaciones de las partes
      – Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      Conclusión
      Sobre las pretensiones de que se reduzcan las multas impuestas
      Observaciones preliminares
      – Sobre la aplicabilidad de las Directrices y de la Comunicación sobre la cooperación
      –  Sobre la presunta violación del principio de no retroactividad (asunto T‑264/02)
      –  Sobre la pertinencia de las Directrices y de la Comunicación sobre la cooperación para el control jurisdiccional de la
         Decisión impugnada
      
      – Sobre la articulación de las alegaciones de las demandantes
      Sobre la calificación de la infracción como «muy grave»
      – Consideraciones generales sobre la valoración de la gravedad
      – Sobre la naturaleza y el contexto de la infracción
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre el impacto concreto de la infracción sobre el mercado
      –  Decisión impugnada
      –  Sobre la calificación de las alegaciones de BA-CA
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre el alcance del mercado geográfico afectado
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre el carácter selectivo de las investigaciones (asunto T‑259/02)
      – Conclusión acerca de la gravedad de la infracción
      Sobre la clasificación de los destinatarios de la Decisión impugnada en categorías y la fijación de los importes básicos
      – Sobre la imputación de la infracción de GiroCredit a Erste (asunto T‑264/02)
      –  Hechos en los que se basa este motivo y Decisión impugnada
      –  Alegaciones de las partes
      –  Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
      – Sobre la imputación de las cuotas de mercado de los bancos de los «grupos descentralizados» a las entidades centrales (asuntos
         T‑259/02, T‑264/02 y T‑271/02)
      
      –  Decisión impugnada
      –  Alegaciones de las partes
      –  Alegaciones de las demandantes
      Sobre el derecho de defensa y la motivación
      Sobre los requisitos para la imputación de las cuotas de mercado
      Sobre las comprobaciones fácticas y su valoración
      Sobre las pretensiones de anulación de las decisiones de admitir al FPÖ como denunciante y de enviarle los pliegos de cargos
         (asunto T‑271/02)
      
      Costas
      
      
      * Lengua de procedimiento: alemán.