CELEX: 62006CJ0450
Language: es
Date: 2008-02-14
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008.#Varec SA contra Estado belga.#Petición de decisión prejudicial: Conseil d’État - Bélgica.#Contratación pública - Recursos - Directiva 89/665/CEE - Recurso eficaz - Concepto - Equilibrio entre el principio de contradicción y el derecho al respeto de los secretos comerciales - Protección, por el organismo responsable de los procedimientos de recurso, de la confidencialidad de la información facilitada por los operadores económicos.#Asunto C-450/06.

Asunto C‑450/06
      Varec SA
      contra
      État belge
      [Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Bélgica)]
      «Contratación pública — Recursos — Directiva 89/665/CEE — Recurso eficaz — Concepto — Equilibrio entre el principio de contradicción y el derecho al respeto de secretos comerciales — Protección, por el organismo responsable de los procedimientos de recurso, de la confidencialidad de la información facilitada
         por los operadores económicos»
      
      Sumario de la sentencia
      Aproximación de las legislaciones — Procedimientos de recurso en materia de adjudicación de contratos públicos de suministros
            y de obras — Directiva 89/665/CEE — Principio de contradicción — Conciliación con la protección de secretos comerciales —
            Organismos responsables de los procedimientos de recurso 
      (Directivas del Consejo 89/665/CEE, art. 1, ap. 1, y 93/36/CEE, art. 15, ap. 2)
      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
         y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos
         públicos de suministros y de obras, en su versión resultante de la Directiva 92/50, sobre coordinación de los procedimientos
         de adjudicación de los contratos públicos de servicios, en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36,
         sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, en su versión modificada por
         la Directiva 97/52, debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los procedimientos de recurso previstos
         en dicho artículo 1, apartado 1, debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de los secretos comerciales
         en relación con la información contenida en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa, en particular, la entidad
         adjudicadora, sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideración dicha información. En efecto,
         en un recurso interpuesto contra una decisión adoptada por una entidad adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicación
         de un contrato público, el principio de contradicción no supone para las partes un derecho de acceso ilimitado y absoluto
         a toda la información relativa al procedimiento de adjudicación de que se trata que haya sido presentada ante el organismo
         responsable del procedimiento de recurso. Por el contrario, este derecho de acceso debe ponderarse con el derecho de otros
         operadores económicos a la protección de su información confidencial y de sus secretos comerciales. Corresponde a dicho organismo
         decidir cómo y en qué medida es preciso garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información, habida cuenta de
         las exigencias de la protección jurídica efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y, en el
         supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, a fin de
         que el procedimiento respete, en su conjunto, el derecho a un proceso justo.
      
      (véanse los apartados 51 y 55 y el fallo)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)
      de 14 de febrero de 2008 (*)
      
      «Contratación pública – Recursos – Directiva 89/665/CEE – Recurso eficaz – Concepto – Equilibrio entre el principio de contradicción y el derecho al respeto de secretos comerciales – Protección, por el organismo responsable de los procedimientos de recurso, de la confidencialidad de la información facilitada
         por los operadores económicos»
      
      En el asunto C‑450/06,
      que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Conseil d’État
         (Bélgica), mediante resolución de 24 de octubre de 2006, recibida en el Tribunal de Justicia el 6 de noviembre de 2006, en
         el procedimiento entre
      
      Varec SA
      y
      État belge,
      en el que participa:
      Diehl Remscheid GmbH & Co.,
      EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),
      integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues (Ponente) y J. Klučka, la Sra. P. Lindh
         y el Sr. A. Arabadjiev, Jueces;
      
      Abogado General: Sra. E. Sharpston;
      Secretario: Sr. R. Grass;
      habiendo considerado los escritos obrantes en autos;
      consideradas las observaciones presentadas:
      –        en nombre de Varec SA, por los Sres. J. Bourtembourg y C. Molitor, abogados;
      –        en nombre del Gobierno belga, por la Sra. A. Hubert, en calidad de agente, asistida por el Sr. N. Cahen, abogado;
      –        en nombre del Gobierno austriaco, por el Sr. M. Fruhmann, en calidad de agente;
      –        en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. B. Stromsky y D. Kukovec, en calidad de agentes;
      oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 25 de octubre de 2007;
      dicta la siguiente
      Sentencia
      1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE
         del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
         referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros
         y de obras (DO L 395, p. 33), en su versión resultante de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre
         coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO L 209, p. 1) (en lo sucesivo,
         «Directiva 89/665»).
      
      2        Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Varec SA (en lo sucesivo, «Varec») y el Estado belga, representado
         por el Ministro de Defensa, en relación con la adjudicación de un contrato público para el suministro de eslabones de orugas
         para carros de tipo «Leopardo».
      
       Marco jurídico
       Normativa comunitaria
      3        El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 establece:
      
      «En lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos en el ámbito de aplicación de las
         Directivas 71/305/CEE, 77/62/CEE y 92/50/CEE […], los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que
         las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz y, en particular, lo más rápidamente
         posible, en las condiciones establecidas en los artículos siguientes y, en especial, en el apartado 7 del artículo 2, cuando
         dichas decisiones hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación
         de dicha normativa».
      
      4        El artículo 33 de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
         adjudicación de contratos públicos de suministro (DO L 199, p. 1), deroga la Directiva 77/62/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
         de 1976, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro (DO 1977, L 13, p. 1; EE 17/01,
         p. 29), y establece que las referencias a dicha Directiva derogada se entenderán hechas a la Directiva 93/36. Igualmente,
         el artículo 36 de la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
         adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 199, p. 54), deroga la Directiva 71/305/CEE del Consejo, de 26 de julio
         de 1971, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras (DO L 185, p. 5; EE 17/03,
         p. 9), y establece que las referencias a esta última Directiva se entenderán hechas a la Directiva 93/37.
      
      5        El artículo 2, apartado 8, de la Directiva 89/665 dispone:
      
      «Cuando los organismos responsables de los procedimientos de recurso no sean de carácter jurisdiccional, sus decisiones deberán
         ir siempre motivadas por escrito. Además, en ese caso, deberán adoptarse disposiciones para que cualquier medida presuntamente
         ilegal adoptada por el organismo de base competente o cualquier presunta infracción cometida en el ejercicio de los poderes
         que tiene conferidos, pueda ser objeto de un recurso jurisdiccional o de un recurso ante otro organismo que sea una jurisdicción
         en el sentido del artículo [234 CE] y que sea independiente en relación con el poder adjudicador y con el organismo de base.
      
      El nombramiento de los miembros de este organismo independiente y la terminación de su mandato estarán sujetos a las mismas
         condiciones aplicables a los jueces en lo relativo a la autoridad responsable de su nombramiento, la duración de su mandato
         y su revocabilidad. Como mínimo, el presidente de este organismo independiente deberá poseer las mismas cualificaciones jurídicas
         y profesionales que un juez. Dicho organismo independiente adoptará sus decisiones previa realización de un procedimiento
         contradictorio y tales decisiones tendrán, por los medios que estipule cada Estado miembro, efectos jurídicos vinculantes.»
      
      6        A tenor del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/36, en su versión modificada por la Directiva 97/52/CE del Parlamento
         Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997 (DO L 328, p. 1) (en lo sucesivo, «Directiva 93/36»):
      
      «Dentro de un plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de una solicitud escrita, el poder adjudicador comunicará
         a los candidatos o licitadores descartados las razones por las que se haya desestimado su solicitud o su oferta, y a cualquier
         licitador que haya hecho una oferta admisible, las características y ventajas relativas de la oferta seleccionada, así como
         el nombre del adjudicatario.
      
      No obstante, los poderes adjudicadores podrán decidir no comunicar determinadas informaciones sobre la adjudicación de los
         contratos, a las que se refiere el párrafo primero, cuando su difusión pudiera obstaculizar la aplicación de la ley o ser
         contraria al interés público, o perjudicar los intereses comerciales legítimos de determinadas empresas públicas o privadas,
         o perjudicar la competencia leal entre proveedores.»
      
      7        El artículo 9, apartado 3, de la Directiva 93/36 establece:
      
      «Los poderes adjudicadores que hayan adjudicado un contrato darán a conocer el resultado por medio de un anuncio. Sin embargo,
         en algunos casos podrá no publicarse determinada información relativa a la adjudicación de un contrato cuando su divulgación
         pudiere constituir un obstáculo a la aplicación de la legislación, o fuere contraria al interés público o perjudicare los
         intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas, o pudieren perjudicar la competencia leal entre proveedores.»
      
      8        El artículo 15, apartado 2, de la misma Directiva dispone:
      
      «Los poderes adjudicadores respetarán el carácter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores.»
      9        Lo dispuesto en los artículos 7, apartado 1, 9, apartado 3, y 15, apartado 2, de la Directiva 93/36 se reproduce esencialmente
         en los artículos 6, 35, apartado 4, párrafo quinto, y 41, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y
         del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
         obras, de suministro y de servicios (DO L 134, p. 114).
      
       Normativa nacional
      10      El artículo 87 del Arreté du Régent detérminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat (Decreto
         del Regente, por el que se regula el procedimiento ante la sección administrativa del Conseil d’État) de 23 de agosto de 1948
         (Moniteur belge de 23 y 24 de agosto de 1948, p. 6821), establece:
      
      «Las partes, sus abogados y el comisario del Gobierno podrán consultar el expediente del asunto en la Secretaría.»
      11      A tenor del artículo 21, párrafos tercero y cuarto, de las Lois sur le Conseil d’Etat, cordonées le 12 janvier 1973 (Leyes
         sobre el Conseil d’État, coordinadas el 12 de enero de 1973) (Moniteur belge de 21 de marzo de 1973, p. 3461):
      
      «Si la parte demandada no remitiera el expediente administrativo dentro del plazo establecido, sin perjuicio de lo dispuesto
         en el artículo 21 bis, se considerarán probados los hechos alegados por la parte demandante, salvo que estos hechos sean manifiestamente inexactos.
      
      Cuando el expediente administrativo no obre en poder de la parte demandada, ésta lo comunicará a la Sala que conoce del recurso,
         que podrá ordenar el depósito del expediente administrativo con una multa coercitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 36.»
      
       Litigio principal y cuestión prejudicial
      12      El 14 de diciembre de 2001, el Estado belga inició el procedimiento de adjudicación de un contrato público para el suministro
         de eslabones de orugas para carros de tipo «Leopardo». Presentaron sus ofertas dos licitadores, a saber, Varec y Diehl Remscheid
         GmbH & Co. (en lo sucesivo, «Diehl»).
      
      13      Al examinar dichas ofertas, el Estado belga estimó que la presentada por Varec no reunía los criterios de selección de carácter
         técnico y que dicha oferta era irregular. En cambio, consideró que la oferta de Diehl respondía a todos los criterios de selección,
         que era regular y que sus precios eran normales. En consecuencia, el Estado belga adjudicó el contrato a Diehl mediante decisión
         del Ministro de Defensa de 28 de mayo de 2002 (en lo sucesivo, «decisión de adjudicación del contrato»).
      
      14      El 29 de julio de 2002, Varec interpuso un recurso ante el Conseil d’État dirigido a la anulación de la decisión de adjudicación
         del contrato. Diehl fue admitida como parte coadyuvante.
      
      15      El expediente que el Estado belga remitió al Conseil d’État no incluía la oferta de Diehl.
      
      16      Varec solicitó que se incorporara dicha oferta al expediente. El Auditeur del Conseil d’État, encargado de elaborar un informe
         (en lo sucesivo, «Auditeur»), formuló la misma solicitud.
      
      17      El 17 de diciembre de 2002, el Estado belga incorporó al expediente la oferta de Diehl, puntualizando que no figuraban en
         ella los planos de conjunto del eslabón propuesto ni sus elementos constitutivos. Señaló que, de conformidad con el pliego
         de condiciones y a petición de Diehl, había devuelto a ésta dichos elementos. Añadió que, por esta razón, no podía incorporar
         tales elementos al expediente y que, si resultaba indispensable que figuraran en él, era preciso solicitar a Diehl que los
         proporcionara. Asimismo, el Estado belga recordó que Varec y Diehl están enfrentados por lo que respecta a los derechos intelectuales
         correspondientes a los planos de que se trata.
      
      18      Mediante escrito del mismo día, Diehl informó al Auditeur de que su oferta, tal y como se había incorporado al expediente
         por el Estado belga, contenía datos e informaciones confidenciales y que, en consecuencia, se oponía a que terceras partes,
         incluida Varec, pudieran conocer dichos datos e informaciones confidenciales relacionados con secretos comerciales incluidos
         en esa oferta. Según Diehl, algunos pasajes de los anexos 4, 12 y 13 de su oferta contienen datos precisos relativos a las
         revisiones exactas de los planos de fabricación aplicables y al proceso industrial.
      
      19      En su informe de 23 de febrero de 2006, el Auditeur solicitó la anulación de la decisión de adjudicación del contrato debido
         a que, «a falta de una colaboración leal de la parte contraria para una buena administración de la justicia y un proceso justo,
         la única sanción consiste en anular el acto administrativo cuya legalidad no ha quedado acreditada debido a que no se han
         presentado ciertos documentos para su debate contradictorio».
      
      20      El Estado belga se opuso a esta conclusión y solicitó al Conseil d’État que se pronunciara sobre la cuestión del respeto de
         la confidencialidad de los documentos de la oferta de Diehl que contenían información vinculada a secretos comerciales, que
         se habían aportado a los autos en el procedimiento ante dicho órgano jurisdiccional.
      
      21      En estas circunstancias, el Conseil d’État decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión
         prejudicial siguiente:
      
      «El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665 […], en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36
         […] y el artículo 6 de la Directiva 2004/18 […], ¿debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de los
         procedimientos de recurso previstos en dicho artículo debe garantizar la confidencialidad y el derecho a la protección de
         los secretos comerciales contenidos en los expedientes que le comuniquen las partes en la causa, incluida la entidad adjudicadora,
         sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar en consideración dicha información?»
      
       Sobre la admisibilidad
      22      Varec alega que para resolver el litigio del que conoce el Conseil d’État no es necesario que el Tribunal de Justicia responda
         a la cuestión prejudicial.
      
      23      A este respecto, procede recordar que, en el marco de un procedimiento con arreglo al artículo 234 CE, basado en una clara
         separación de las funciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, toda apreciación de los
         hechos del asunto es competencia del juez nacional. Asimismo corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional,
         que conoce del litigio y que debe asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a
         la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia, como
         la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se
         refieran a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse
         (véanse, en particular, las sentencias de 25 de febrero de 2003, IKA, C‑326/00, Rec. p. I‑1703, apartado 27; de 12 de abril
         de 2005, Keller, C‑145/03, Rec. p. I‑2529, apartado 33, y de 22 de junio de 2006, Conseil général de la Vienne, C‑419/04,
         Rec. p. I‑5645, apartado 19).
      
      24      No obstante, el Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que, en casos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias
         en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia (véase, en este sentido, la sentencia
         de 16 de diciembre de 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, apartado 21). La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial
         planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho
         comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema
         es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios
         para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véanse, en particular, las sentencias de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra,
         C‑379/98, Rec. p. I‑2099, apartado 39; de 22 de enero de 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, apartado 19,
         y Conseil général de la Vienne, antes citada, apartado 20).
      
      25      Es preciso señalar que no ocurre así en el presente caso. Cabe observar, al respecto, que si el Conseil d’État sigue las conclusiones
         del Auditeur, habrá de anular la decisión de adjudicación del contrato que se recurre ante él, sin examinar el fondo del asunto.
         En cambio, si las disposiciones de Derecho comunitario cuya interpretación solicita el órgano jurisdiccional remitente justifican
         el tratamiento confidencial de los elementos del expediente de que se trata en el litigio principal, éste podrá continuar
         con el examen de fondo del litigio. Estas razones permiten considerar que la interpretación de dichas disposiciones es necesaria
         para resolver el litigio principal.
      
       Sobre el fondo
      26      En la cuestión que el órgano jurisdiccional remitente plantea al Tribunal de Justicia, aquél menciona tanto la Directiva 93/36
         como la Directiva 2004/18. Al haber sustituido ésta a la Directiva 93/36, es preciso determinar a la luz de cuál de ellas
         ha de examinarse la referida cuestión.
      
      27      Procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, se considera que en general las normas de procedimiento son aplicables
         a todos los litigios pendientes en el momento en que entran en vigor, a diferencia de las normas sustantivas, que habitualmente
         se interpretan en el sentido de que no afectan a las situaciones existentes con anterioridad a su entrada en vigor (véase
         la sentencia de 23 de febrero de 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, Rec. p. I‑2049, apartado 31 y jurisprudencia allí citada).
      
      28      El litigio principal versa sobre el derecho a la protección de la información confidencial. Como señaló la Abogado General
         en el apartado 31 de sus conclusiones, tal derecho es en esencia un derecho sustantivo, aunque su ejercicio pueda tener efectos
         procesales.
      
      29      El citado derecho se materializó cuando Diehl presentó su oferta en el procedimiento de adjudicación del contrato de que se
         trata en el litigio principal. Puesto que la resolución de remisión no precisa tal fecha, es preciso considerar que se sitúa
         entre el 14 de diciembre de 2001, fecha de la licitación, y el 14 de enero de 2002, fecha de la apertura de las plicas.
      
      30      En ese momento no se había adoptado la Directiva 2004/18. De ahí que sea preciso tomar en consideración, a efectos del litigio
         principal, lo dispuesto en la Directiva 93/36.
      
      31      La Directiva 89/665 no contiene ninguna disposición que regule expresamente el tema de la protección de la información confidencial.
         Sobre este particular, hay que remitirse a las disposiciones generales de dicha Directiva y, en particular, a su artículo
         1, apartado 1.
      
      32      Esta última disposición establece que, en lo relativo a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos comprendidos
         en el ámbito de aplicación concretamente de la Directiva 93/36, los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar
         que las decisiones adoptadas por las entidades adjudicadoras puedan ser recurridas de manera eficaz, cuando dichas decisiones
         hayan infringido el Derecho comunitario en materia de contratos públicos o las normas nacionales de incorporación de dicha
         normativa.
      
      33      Como la Directiva 89/665 tiene por objeto garantizar el respeto del Derecho comunitario en materia de contratos públicos,
         procede interpretar su artículo 1, apartado 1, a la luz tanto de las disposiciones de la Directiva 93/36 como de las demás
         disposiciones del Derecho comunitario en materia de contratos públicos.
      
      34      El objetivo principal de las normas comunitarias en materia de contratos públicos comprende la apertura a la competencia no
         falseada en todos los Estados miembros (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de enero de 2005, Stadt Halle y RPL Lochau,
         C‑26/03, Rec. p. I‑1, apartado 44).
      
      35      Para alcanzar dicho objetivo, es necesario que las entidades adjudicadoras no divulguen información relativa a procedimientos
         de adjudicación de contratos públicos cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en un procedimiento
         de adjudicación en curso o en procedimientos de adjudicación ulteriores.
      
      36      Además, tanto por su naturaleza como conforme al sistema de la normativa comunitaria en la materia, los procedimientos de
         adjudicación de contratos públicos se basan en una relación de confianza entre las entidades adjudicadoras y los operadores
         económicos que participan en ellos. Éstos han de poder comunicar a tales entidades adjudicadoras cualquier información útil
         en el marco del procedimiento de adjudicación, sin miedo a que éstas comuniquen a terceros datos cuya divulgación pueda perjudicar
         a dichos operadores.
      
      37      Por dichas razones, el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36 establece que las entidades adjudicadoras tienen la
         obligación de respetar el carácter confidencial de todas las informaciones proporcionadas por los proveedores.
      
      38      En el marco específico de la comunicación a un candidato o licitador descartado de las razones por las que se rechazó su candidatura
         o su oferta y en el de la publicación del anuncio de adjudicación de un contrato, los artículos 7, apartado 1, y 9, apartado
         3, de dicha Directiva reconocen a las entidades adjudicadoras la facultad de no comunicar determinada información cuando su
         divulgación perjudique los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas, o pueda perjudicar la competencia
         leal entre proveedores.
      
      39      Es cierto que dichas disposiciones versan sobre la actuación de las entidades adjudicadoras. Sin embargo, hay que reconocer
         que su eficacia se vería seriamente comprometida si, en un recurso interpuesto contra una decisión adoptada por una entidad
         adjudicadora relativa a un procedimiento de adjudicación de un contrato público, toda la información sobre este procedimiento
         debiera ponerse, sin límite alguno, a disposición del autor de dicho recurso, o incluso de otras personas como las partes
         coadyuvantes.
      
      40      En tal supuesto, la mera interposición de un recurso daría acceso a información que podría utilizarse para falsear la competencia
         o para perjudicar los intereses legítimos de operadores económicos que participaron en el procedimiento de adjudicación del
         contrato público de que se trate. Tal posibilidad podría incluso incitar a los operadores económicos a interponer recursos
         con el único objetivo de acceder a los secretos comerciales de sus competidores.
      
      41      En un recurso de estas características, el demandado es la entidad adjudicadora y el operador económico cuyos intereses corren
         el riesgo de resultar afectados no es necesariamente parte en el litigio ni llamado a la causa para defenderlos. Por ello
         resulta tanto más importante establecer los mecanismos que salvaguarden de forma adecuada los intereses de tales operadores
         económicos.
      
      42      Las obligaciones establecidas en la Directiva 93/36 en lo referente al respeto de la confidencialidad de la información por
         la entidad adjudicadora son asumidas, en el marco de un recurso, por el organismo responsable del procedimiento de recurso.
         Por lo tanto, la exigencia de un recurso eficaz establecida en el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en relación
         con los artículos 7, apartado 1, 9, apartado 3, y 15, apartado 2, de la Directiva 93/36, obliga a dicho organismo a adoptar
         las medidas necesarias para garantizar la eficacia de tales disposiciones y, con ello, el mantenimiento de una competencia
         leal, así como la protección de los intereses legítimos de los operadores económicos de que se trate.
      
      43      De lo anterior se desprende que, en un procedimiento de recurso en materia de adjudicación de un contrato público, el organismo
         responsable de este procedimiento debe poder decidir que no se transmita a las partes ni a sus abogados una información contenida
         en el expediente relativo a tal adjudicación cuando sea necesario para garantizar la protección de la competencia leal o de
         los intereses legítimos de los operadores económicos que persigue el Derecho comunitario.
      
      44      Se plantea la cuestión de si dicha interpretación se adecua al concepto de proceso justo a efectos del artículo 6 del Convenio
         Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de
         1950 (en lo sucesivo, «CEDH»).
      
      45      Como se desprende de la resolución de remisión, Varec alegó ante el Conseil d’État que el derecho a un proceso justo implica
         que se garantice el carácter contradictorio de todo procedimiento judicial, que el principio de contradicción constituye un
         principio general del Derecho, que se basa en el artículo 6 del CEDH, y que este principio implica el derecho de las partes
         procesales de obtener comunicación de todo escrito o alegación presentados al juez para influir en su decisión, y de discutirlos.
      
      46      Sobre este particular, procede subrayar que el artículo 6, apartado 1, del CEDH establece, concretamente, que «toda persona
         tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente
         e imparcial […]». Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el carácter contradictorio de un
         procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su carácter justo, pero puede ser ponderado con otros
         derechos e intereses.
      
      47      Por regla general, el principio de contradicción implica el derecho de las partes procesales de obtener comunicación de las
         pruebas y alegaciones presentadas ante el juez y de discutirlas. Sin embargo, en algunos casos puede resultar necesario no
         comunicar determinada información a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un
         interés público importante (véase TEDH, sentencias Rowe y Davis c. Reino Unido, de 16 de febrero de 2000, Recueil des arrêts et décisions 2000-II, § 61, y V. c. Finlandia, de 24 de abril de 2007, aún no publicada en el Recueil des arrêts et décisions, § 75).
      
      48      Entre los derechos fundamentales que pueden ser así protegidos figura el derecho al respeto de la intimidad, que está recogido
         en el artículo 8 del CEDH y que tiene su origen en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y se reafirma
         en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000
         (DO C 364, p. 1) (véanse, en particular, las sentencias de 8 de abril de 1992, Comisión/Alemania, C‑62/90, Rec. p. I‑2575,
         apartado 23, y de 5 de octubre de 1994, X/Comisión, C‑404/92 P, Rec. p. I‑4737, apartado 17). A este respecto, de la jurisprudencia
         del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se desprende que no cabe considerar que el concepto de intimidad deba interpretarse
         en el sentido de que excluye las actividades profesionales o comerciales de las personas físicas y jurídicas (véase TEDH,
         sentencias Niemietz c. Alemania, de 16 de diciembre de 1992, serie A nº 251-B, § 29; Société Colas Est y otros c. Francia,
         de 16 de abril de 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-III, § 41, y Peck c. Reino Unido, de 28 de enero de 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003-I, § 57), actividades que pueden comprender la participación en un procedimiento de adjudicación de un contrato público.
      
      49      Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha reconocido la protección de los secretos comerciales como un principio general
         (véanse las sentencias de 24 de junio de 1986, AKZO Chemie y AKZO Chemie UK/Comisión, 53/85, Rec. p. 1965, apartado 28, y
         de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión, C‑36/92 P, Rec. p. I‑1911, apartado 37).
      
      50      Por último, el mantenimiento de una competencia leal en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos constituye
         un interés público importante cuya protección se admite en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 47 de la presente
         sentencia.
      
      51      De lo anterior se desprende que, en un recurso interpuesto contra una decisión adoptada por una entidad adjudicadora relativa
         a un procedimiento de adjudicación de un contrato público, el principio de contradicción no supone para las partes un derecho
         de acceso ilimitado y absoluto a toda la información relativa al procedimiento de adjudicación de que se trata que haya sido
         presentada ante el organismo responsable del procedimiento de recurso. Por el contrario, este derecho de acceso debe ponderarse
         con el derecho de otros operadores económicos a la protección de su información confidencial y de sus secretos comerciales.
      
      52      El principio de la protección de la información confidencial y de los secretos comerciales debe aplicarse de manera que se
         concilie con las exigencias de una protección jurídica efectiva y el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio
         (véase, por analogía, la sentencia de 13 de julio de 2006, Mobistar, C‑438/04, Rec. p. I‑6675, apartado 40) y, en el supuesto
         de un recurso judicial o de un recurso ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, de manera que se garantice
         que el procedimiento respeta, en su conjunto, el derecho a un proceso justo.
      
      53      Para ello, el organismo responsable de los procedimientos de recurso debe poder disponer necesariamente de la información
         precisa para estar en condiciones de pronunciarse con pleno conocimiento de causa, incluidos la información confidencial y
         los secretos comerciales (véase, por analogía, la sentencia Mobistar, antes citada, apartado 40).
      
      54      Habida cuenta del perjuicio extremadamente grave que podría resultar de la comunicación irregular de determinada información
         a un competidor, el referido organismo debe, antes de comunicar dicha información a una de las partes litigantes, dar al operador
         económico de que se trate la posibilidad de alegar el carácter confidencial o de secreto comercial de aquélla (véase, por
         analogía, la sentencia AKZO Chemie y AKZO Chemie UK/Comisión, antes citada, apartado 29).
      
      55      Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665, en relación
         con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36, debe interpretarse en el sentido de que el organismo responsable de
         los procedimientos de recurso previstos en dicho artículo 1, apartado 1, debe garantizar la confidencialidad y el derecho
         a la protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en los expedientes que le comuniquen
         las partes en la causa, en particular, la entidad adjudicadora, sin perjuicio de que el propio organismo pueda conocer y tomar
         en consideración dicha información. Corresponde a dicho organismo decidir cómo y en qué medida es preciso garantizar la confidencialidad
         y el secreto de dicha información, habida cuenta de las exigencias de la protección jurídica efectiva y del respeto al derecho
         de defensa de las partes en el litigio y, en el supuesto de un recurso judicial o de un recurso ante un órgano jurisdiccional
         en el sentido del artículo 234 CE, a fin de que el procedimiento respete, en su conjunto, el derecho a un proceso justo.
      
       Costas
      56      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
         jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
         del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
      
      En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
      El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, relativa a la coordinación
            de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso
            en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, en su versión resultante de la Directiva 92/50/CEE
            del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
            servicios, en relación con el artículo 15, apartado 2, de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre
            coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de suministro, en su versión modificada por la Directiva
            97/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1997, debe interpretarse en el sentido de que el organismo
            responsable de los procedimientos de recurso previstos en dicho artículo 1, apartado 1, debe garantizar la confidencialidad
            y el derecho a la protección de los secretos comerciales en relación con la información contenida en los expedientes que le
            comuniquen las partes en la causa, en particular, la entidad adjudicadora, sin perjuicio de que el propio organismo pueda
            conocer y tomar en consideración dicha información. Corresponde a dicho organismo decidir cómo y en qué medida es preciso
            garantizar la confidencialidad y el secreto de dicha información, habida cuenta de las exigencias de la protección jurídica
            efectiva y del respeto al derecho de defensa de las partes en el litigio y, en el supuesto de un recurso judicial o de un
            recurso ante un órgano jurisdiccional en el sentido del artículo 234 CE, a fin de que el procedimiento respete, en su conjunto,
            el derecho a un proceso justo.
      Firmas
      * Lengua de procedimiento: francés.