CELEX: 32019H0905(01)
Language: es
Date: 2019-07-09 00:00:00
Title: Recomendación del Consejo, de 9 de julio de 2019, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Bélgica

5.9.2019   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 301/1
            
         
      RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO
      de 9 de julio de 2019
      relativa al Programa Nacional de Reformas de 2019 de Bélgica y por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabilidad de 2019 de Bélgica
      (2019/C 301/01)
      EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 121, apartado 2, y su artículo 148, apartado 4,
      Visto el Reglamento (CE) n.o 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 2,
      Vista la Recomendación de la Comisión Europea,
      Vistas las Resoluciones del Parlamento Europeo,
      Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo,
      Visto el Dictamen del Comité de Empleo,
      Visto el Dictamen del Comité Económico y Financiero,
      Visto el Dictamen del Comité de Protección Social,
      Visto el Dictamen del Comité de Política Económica,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  El 21 de noviembre de 2018, la Comisión adoptó el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, que marcó el inicio del Semestre Europeo de 2019 para la coordinación de las políticas económicas. Dicho Estudio tuvo debidamente en cuenta el pilar europeo de derechos sociales, proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017. Las prioridades del Estudio fueron ratificadas por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 21 de noviembre de 2018, la Comisión, sobre la base del Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), adoptó asimismo el informe sobre el mecanismo de alerta, en el que no se señalaba a Bélgica como uno de los Estados miembros que sería objeto de un examen exhaustivo. En la misma fecha, la Comisión adoptó también una recomendación de Recomendación del Consejo sobre la política económica de la zona del euro, que fue ratificada por el Consejo Europeo el 21 de marzo de 2019. El 9 de abril de 2019, el Consejo adoptó la Recomendación sobre la política económica de la zona del euro (3) (en lo sucesivo, «Recomendación de 2019 para la zona del euro») que establece cinco recomendaciones para la zona del euro (en lo sucesivo, «recomendaciones para la zona del euro»).
               
            
                  (2)
               
               
                  Al ser un Estado miembro cuya moneda es el euro y habida cuenta de las estrechas interrelaciones entre las economías de la unión económica y monetaria, Bélgica debe velar por la aplicación plena y oportuna de la Recomendación de 2019 para la zona del euro, tal como se refleja en las recomendaciones 1 a 4 que figuran más abajo. En concreto, las medidas para mejorar los servicios ayudarán a dar cumplimiento a la primera recomendación para la zona del euro en lo que respecta a la existencia de unos mercados de servicios resilientes y a medidas para mejorar la sostenibilidad, eficiencia y composición de las finanzas públicas, del mismo modo que el uso de los beneficios imprevistos para reducir la deuda pública contribuirá a dar respuesta a la segunda recomendación para la zona del euro en lo relativo al apoyo a la inversión, a la mejora de las finanzas públicas, a la reconstitución de los estabilizadores presupuestarios y a medidas para reforzar la eficacia de las políticas del mercado laboral, que ayudarán a abordar la tercera parte de la zona del euro en lo que se refiere al apoyo a unas transiciones satisfactorias en el mercado laboral.
               
            
                  (3)
               
               
                  El informe de 2019 sobre Bélgica se publicó el 27 de febrero de 2019. En él se evaluaban los avances realizados por Bélgica para dar efecto a las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 13 de julio de 2018 (4), las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones específicas por país adoptadas en años anteriores, así como los avances de Alemania en la consecución de sus objetivos nacionales en el marco de Europa 2020.
               
            
                  (4)
               
               
                  El 26 de abril de 2019, Bélgica presentó su Programa Nacional de Reformas de 2019 y su Programa de Estabilidad de 2019. Para tener en cuenta sus interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.
               
            
                  (5)
               
               
                  Las recomendaciones específicas por país pertinentes se han abordado en la programación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos («Fondos EIE») para el período 2014-2020. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), cuando sea necesario para contribuir a la aplicación de recomendaciones pertinentes del Consejo, la Comisión podrá solicitar a un Estado miembro que revise y proponga modificaciones de su acuerdo de asociación y de los programas pertinentes. La Comisión ha facilitado más detalles sobre la forma en que aplicaría esta disposición en las Directrices sobre la aplicación de las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE a una buena gobernanza económica.
               
            
                  (6)
               
               
                  Bélgica se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma en materia de deuda. En su Programa de Estabilidad de 2019, el Gobierno prevé una mejora gradual del saldo global desde el déficit del 0,7 % del producto interior bruto (PIB) en 2018 hasta el 0,0 % del PIB en 2022. Tomando como base el saldo estructural recalculado (6), a lo largo del período cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019 no se prevé alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo, fijado en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. Según el Programa de Estabilidad de 2019, se espera que, tras haber tocado techo en casi el 107 % del PIB en 2014 y disminuido al 102 % del PIB en 2018, la ratio deuda pública/PIB disminuya hasta situarse en el 94 % en 2022. La hipótesis macroeconómica en la que se basan esas previsiones presupuestarias es verosímil. Dicho esto, no se han especificado las medidas necesarias para sustentar la consecución de los objetivos de déficit planeados a partir de 2020, lo que contribuye a la previsión de deterioro del saldo estructural en 2020 en el supuesto de que no se modifiquen las políticas, según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión.
               
            
                  (7)
               
               
                  El 5 de junio de 2019, la Comisión publicó un informe elaborado con arreglo al artículo 126, apartado 3, del Tratado y motivado por el incumplimiento de la norma en materia de deuda en 2018 por parte de Bélgica. Tras evaluar todos los factores pertinentes, el informe concluyó que el análisis actual no puede determinar de forma concluyente si se ha cumplido o no el criterio de la deuda definido en el Tratado y en el Reglamento (CE) n.o 1467/97.
               
            
                  (8)
               
               
                  En su Programa de Estabilidad de 2019, Bélgica confirma la solicitud, ya recogida en el proyecto de plan presupuestario para 2019, de acogerse a la flexibilidad prevista por el componente preventivo con arreglo a la «Posición común sobre flexibilidad en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento» adoptada por el Consejo el 12 de febrero de 2016. Bélgica solicitó una desviación temporal del 0,5 % del PIB con respecto a la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo con miras a la ejecución de importantes reformas estructurales con repercusión positiva en la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Estas reformas estructurales afectan al sistema de pensiones, la redistribución de la presión fiscal, el impuesto de sociedades, el mercado laboral y la administración pública. Las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión confirman que Bélgica respetará el valor de referencia mínimo en 2019, lo que proporciona un margen de seguridad con respecto del umbral de déficit del 3 % del PIB. Todas las medidas han quedado íntegramente plasmadas en la legislación, con excepción de la reforma de la administración pública. Habida cuenta de su naturaleza, especialmente en el caso de la redistribución de la presión fiscal y de la reforma del impuesto de sociedades, persisten algunas incertidumbres acerca de la repercusión de estas medidas a corto plazo, particularmente debido a su falta de neutralidad presupuestaria, que ha empeorado la situación de las finanzas públicas. No obstante, las medidas han incrementado el potencial de crecimiento de la economía, reducido la tasa de desempleo y atenuado los riesgos de desequilibrios macroeconómicos, con la consiguiente incidencia positiva en la sostenibilidad de la deuda de medio a largo plazo. Dadas estas circunstancias, puede considerarse que Bélgica reúne actualmente las condiciones para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en 2019, siempre que aplique adecuadamente las reformas acordadas, que serán objeto de supervisión en el marco del Semestre Europeo.
               
            
                  (9)
               
               
                  El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a Bélgica que garantizase que el índice de crecimiento nominal del gasto público primario neto (7) no superase el 1,8 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Dado que Bélgica cumple los requisitos necesarios para acogerse a la desviación temporal solicitada del 0,5 % del PIB en virtud de la cláusula de reforma estructural, el ajuste estructural requerido para 2019 puede reducirse al 0,1 % del PIB, lo que corresponde a una tasa de crecimiento nominal del gasto primario neto no superior al 2,8 % en 2019. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, hay un riesgo de desviación significativa respecto de la trayectoria de ajuste recomendada para el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo a lo largo de 2018 y 2019, considerados en conjunto.
               
            
                  (10)
               
               
                  En 2020, en vista de la ratio de deuda pública de Bélgica, por encima del 60 % del PIB, y de la brecha de producción prevista del 0,1 %, la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no debería exceder del 1,6 %, en consonancia con el ajuste estructural del 0,6 % del PIB derivado de la matriz de exigencias de ajuste consensuada con arreglo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión y suponiendo que no haya cambios en las políticas, existe un riesgo de desviación significativa respecto de ese requisito en 2020. No se espera, a priori, que Bélgica cumpla la norma en materia de deuda en 2019 ni en 2020. En términos generales, el Consejo considera que a partir de 2019 deberán tomarse las medidas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Sería importante utilizar los ingresos extraordinarios que puedan obtenerse para continuar reduciendo la ratio de deuda de las Administraciones Públicas. La sostenibilidad a medio y largo plazo de las finanzas públicas belgas sigue en peligro debido a la combinación de una elevada ratio deuda/PIB y al aumento previsto de los costes del envejecimiento de la población, en particular los vinculados a las pensiones y a los cuidados de larga duración. En 2015 se promulgó un conjunto de reformas legislativas del sistema de pensiones que impuso un aumento de la edad legal de jubilación a la edad de 65 a 66 años a partir de 2025 y a la de 67 años a partir de 2030. Además, se endurecieron los requisitos de edad y antigüedad para acogerse a la jubilación anticipada. A pesar de todo, se prevé que el gasto público en pensiones aumentará en 2,9 puntos porcentuales del PIB entre 2016 y 2070, principalmente en las dos próximas décadas. Por otro lado, las condiciones de jubilación anticipada para algunos grandes grupos de funcionarios públicos siguen siendo más favorables que las del conjunto de la población. Se prevé que, entre 2016 y 2070, el gasto público en cuidados de larga duración aumente en 1,7 puntos porcentuales del PIB, incremento superior a la media a partir de uno de los niveles ya más elevados de la Unión. La fragmentación organizativa de los cuidados de larga duración, debida al reparto actual de competencias entre los distintos niveles administrativos, plantea retos en algunas dimensiones de la eficiencia del gasto, por lo que aún no está claro el impacto neto de la reciente transferencia de competencias. El refuerzo de la gobernanza contribuiría a alcanzar los aumentos de eficiencia previstos. Podría existir cierto margen para optimizar la combinación de prestaciones asistenciales con el fin de mejorar la eficiencia en términos de costes del sistema de cuidados de larga duración.
               
            
                  (11)
               
               
                  La composición y la eficiencia del gasto público pueden mejorarse para abrir espacio a una mayor inversión pública. A pesar de una reciente disminución, el gasto total en porcentaje del PIB en Bélgica sigue siendo uno de los más elevados de la zona del euro. El elevado nivel de gasto público sugiere que hay margen para un ajuste presupuestario más basado en el gasto. Dado este elevado nivel de gasto público, los resultados de determinadas políticas y la calidad de determinados servicios públicos plantean cuestiones de eficiencia en términos de costes. Los análisis de los gastos y las evaluaciones de las políticas pueden ayudar a Bélgica a fijar prioridades y a aumentar la eficiencia del gasto público. Además, las revisiones de los gastos podrían utilizarse para determinar la eficiencia de la ayuda pública indirecta a la investigación y el desarrollo de las empresas, que es una de las más elevadas de la Unión en porcentaje del PIB y que siguió aumentando el año pasado. Las autoridades federales y regionales han expresado recientemente su interés por integrar la revisión de los gastos en su mecanismo presupuestario.
               
            
                  (12)
               
               
                  La coordinación presupuestaria entre entidades no es actualmente lo suficientemente flexible como para abrir espacio a la inversión pública en proyectos a gran escala. Una coordinación eficaz del presupuesto es esencial en un Estado miembro federal como Bélgica, donde gran parte de las competencias en materia de gasto se han transferido a los gobiernos subnacionales. A pesar del acuerdo de cooperación firmado en 2013, todavía no existe un acuerdo formal sobre los objetivos anuales en todos los niveles de gobierno, lo que complica la coordinación presupuestaria. A diferencia de la práctica respecto de los anteriores Programas de Estabilidad, para los que el Comité de concertación tomó nota de la trayectoria presupuestaria, todos los niveles de gobierno aprobaron la trayectoria presupuestaria general presentada en el Programa de Estabilidad de 2018 y apoyaron la consecución de los objetivos presupuestarios de aquí a 2020 para todos los niveles de gobierno. Aunque esta aprobación añadió credibilidad a la trayectoria general, no se produjo ningún acuerdo formal sobre los objetivos presupuestarios anuales en cada nivel de gobierno. La falta de acuerdo sobre los objetivos en cada nivel de gobierno puede socavar la viabilidad de la trayectoria general hacia el objetivo a medio plazo. Además, impide que la sección de necesidades de financiación del sector público del Alto Consejo de Finanzas haga un seguimiento efectivo del cumplimiento de estos objetivos. El Programa de Estabilidad de 2019 contiene únicamente objetivos presupuestarios globales e intermedios de naturaleza indicativa, puesto que el 26 de mayo de 2019 se celebraron elecciones federales, regionales y de las comunidades.
               
            
                  (13)
               
               
                  El reciente crecimiento económico ha conducido a la creación de puestos de trabajo y el empleo se encuentra en su nivel más alto en los últimos diez años. No obstante, el número de transiciones desde la inactividad o el desempleo al empleo sigue siendo bajo y Bélgica no avanza al ritmo adecuado para alcanzar su objetivo de empleo del 73,2 % conforme a la Estrategia Europa 2020. Persisten importantes disparidades regionales en el mercado de trabajo. A pesar de una constante disminución durante los últimos cinco años, en Bruselas el desempleo juvenil se sitúa muy por encima de la media de la Unión. Es baja la participación en el mercado de trabajo de las personas poco cualificadas, las personas de origen migrante, los trabajadores de mayor edad y las personas con discapacidad, lo que sugiere que tanto factores estructurales como otros específicos de cada grupo obstaculizan su integración en el mercado laboral y que las medidas de activación vigentes no son igualmente eficaces para todos los grupos de población. La tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad (55 a 64 años) sigue siendo inferior a la media de la Unión, y la brecha con respecto a la media de la Unión sigue siendo grande en el caso de los mayores de 60 años. Las personas de origen migrante, en particular las mujeres, siguen experimentando tasas de desempleo más elevadas, índices de actividad más bajos, mayores niveles de pobreza incluso entre las personas ocupadas y problemas de sobrecualificación. Aunque se han tomado algunas medidas para facilitar la integración de los recién llegados y luchar contra la discriminación, sigue sin adoptarse un planteamiento coordinado que permita abordar los retos a los que se enfrentan las personas de origen migrante. Se han tomado algunas medidas en el marco de la reforma del «Pacto por el empleo» para remediar el bajo nivel de participación en el mercado laboral, pero su impacto está pendiente de evaluación.
               
            
                  (14)
               
               
                  Persisten importantes alicientes financieros que desincentivan el empleo. Aunque la redistribución de la presión fiscal redujo la cuña impositiva sobre el trabajo, esta sigue siendo en promedio elevada para todos los asalariados, excepto aquellos con sueldos muy bajos (50 % del salario medio). Bélgica sigue siendo el único Estado miembro en el que las prestaciones de desempleo no están limitadas en el tiempo, aunque van disminuyendo gradualmente. Existen desincentivos financieros para que los beneficiarios de los regímenes de enfermedad y discapacidad y los segundos perceptores de ingresos familiares asuman un empleo a tiempo completo. Concretamente, las familias monoparentales (y, en menor medida, las parejas con hijos) tienen escasos incentivos financieros para aceptar un empleo (a tiempo completo) debido a la combinación de los costes y la retirada de las prestaciones. Además, la división de competencias en materia de protección social entre los niveles federal, regional y local puede suscitar problemas de coordinación. El sistema de seguridad social no cubre formalmente a los trabajadores por cuenta propia en lo que respecta a las prestaciones por desempleo, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
               
            
                  (15)
               
               
                  La degradación de los resultados en la enseñanza obligatoria y la existencia de disparidades significativas en el sistema educativo siguen siendo motivo de preocupación. El porcentaje de jóvenes que no domina competencias básicas podría reducirse, en particular en la Comunidad Francesa, donde ese porcentaje está por encima de la media de la OCDE. La brecha en los resultados educativos provocada por el contexto socioeconómico y el origen migratorio es amplia. El profesorado requiere un mayor apoyo para hacer frente a la diversidad; persiste además la necesidad de adaptar el desarrollo profesional permanente de los profesores. Es necesario intensificar las reformas destinadas a mejorar los resultados educativos y a reducir las disparidades para impulsar el crecimiento intensivo en conocimientos, sostenible e inclusivo y la inclusión social. Se está avanzando en la aplicación del «Pacto por la Excelencia», reforma emblemática del sistema escolar de la Comunidad Francesa para mejorar las competencias básicas, la eficiencia, la gobernanza y la lucha contra las desigualdades. Se han aprobado decretos relativos a la organización del trabajo de los profesores, al tronco común del currículo escolar, al estatuto de los directores de centros de enseñanza y al refuerzo de los conocimientos de francés para alumnos recién llegados, que serán aplicables a partir de septiembre de 2020. La Comunidad Flamenca va a aplicar reformas de la educación secundaria a partir del año escolar 2019/20, pero la orientación temprana de los alumnos sigue siendo motivo de preocupación. El impacto de estas reformas y medidas dependerá también de su aplicación y supervisión efectivas. El Parlamento Federal ha reducido de seis a cinco años la edad de entrada en la enseñanza obligatoria. Dados los ya elevados niveles de gasto en educación, será necesario llevar a cabo reformas más enfocadas al aumento de la eficiencia y la eficacia del sistema, y de su capacidad para generar competencias orientadas al futuro y adecuadas al mercado de trabajo.
               
            
                  (16)
               
               
                  Los desajustes de competencias y la escasa movilidad laboral traban el crecimiento de la productividad y del empleo. A pesar de la adopción de diversas medidas regionales y federales para hacer frente a la escasez de personal cualificado y fomentar la activación, algunas de las cuales se inscriben en la reforma del «Pacto por el Empleo», se aprecia una falta de mano de obra en diversos sectores entre los que destacan las tecnologías de la información y la comunicación, la construcción y la salud. El crecimiento del sector de la construcción se ve frenado por la falta de competencias y la escasez de mano de obra. Algunos sectores tienen importantes necesidades de reciclaje y perfeccionamiento profesional de sus trabajadores. La participación de los adultos en la educación, la formación y la movilidad profesional también es baja. Las deficientes competencias lingüísticas plantean un serio problema, especialmente en Bruselas, donde aproximadamente el 50 % de las ofertas de empleo requieren conocimientos de francés y neerlandés, según el Programa Nacional de Reformas de 2019. El porcentaje de titulados en estudios superiores es elevado, pero faltan graduados en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). En 2016, Bélgica ocupaba el puesto 26 de la Unión en número de graduados universitarios en esas disciplinas, con un bajo índice de nuevos accesos, especialmente por parte de mujeres, a dichos campos de la enseñanza superior. La aplicación general del «Plan de Acción CTIM 2012-2020» en Flandes muestra avances, pero el número de titulados de secundaria en las trayectorias técnicas y profesionales de CTIM se ha estancado desde 2010. La Comunidad Francesa carece de estrategia específica en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y aún tiene pendiente de aplicación su «Estrategia para la Educación Digital» en las escuelas, recientemente adoptada. La escasez de profesionales con conocimientos empresariales en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas frena el desarrollo de las empresas emergentes. El nivel general de competencias digitales es bueno, pero no mejora. El Programa Nacional de Reformas de 2019 destaca el acuerdo entre Flandes y Valonia y el acuerdo previsto entre Flandes y la Región de Bruselas-Capital para mejorar la movilidad laboral interregional.
               
            
                  (17)
               
               
                  La investigación y el desarrollo se concentran en unos pocos sectores y la irradiación de la innovación hacia el resto de la economía es insuficiente, lo que, en última instancia, lastra el crecimiento de la productividad. La investigación que recibe financiación pública parece situarse por debajo de la media de la Unión También se observan disparidades regionales y subregionales en materia de investigación, desarrollo e innovación. El Pacto Nacional para Inversiones Estratégicas señala el refuerzo de la digitalización como vía prometedora para impulsar la productividad y la capacidad de innovación de Bélgica. Requiere inversiones en infraestructura digital, la adopción de medidas eficaces para el éxito del despliegue de la tecnología 5G, capital humano y espíritu empresarial, así como una absorción acelerada de la tecnología digital, en particular por las empresas que hayan quedado rezagadas.
               
            
                  (18)
               
               
                  La calidad de la infraestructura viaria se está deteriorando tras años de escasa inversión pública. Al mismo tiempo, el mantenimiento de una red amplia y densa no resulta rentable para las regiones y los entes locales. Las carreteras belgas se encuentran entre las más congestionadas de la Unión. La infraestructura ferroviaria es densa y de buena calidad, pero completarla y actualizarla sigue suponiendo un reto; además, sufre problemas de congestión, especialmente en torno a Bruselas y en el acceso a los puertos de Amberes y de Zeebrugge. Están previstas importantes inversiones en la infraestructura y la señalización ferroviarias suburbanas, pero su ejecución se ve frenada, en particular, por las normas de asignación presupuestaria de las distintas regiones. Además, los incentivos y obstáculos que falsean y dificultan la competencia y la inversión en los servicios nacionales de transporte ferroviario de pasajeros y en los servicios de autocares interurbanos limitan la oferta y la demanda de servicios alternativos de transporte colectivo con baja emisión de carbono. La creciente congestión se explica, en parte, por el continuo aumento de turismos, incentivado por las carreteras sin peaje, la deducción de los vehículos de empresa y la benévola fiscalidad medioambiental. Los elevados impuestos que gravan las transacciones de bienes inmuebles y el régimen de vehículos de empresa afectan negativamente a la movilidad. La calidad de los servicios ferroviarios ha disminuido y la red de transporte público urbano y entre zonas urbanas y rurales son mejorables, en particular en Valonia, donde el acceso al puesto de trabajo supone un gran obstáculo para los solicitantes de empleo. Según el Programa Nacional de Reformas de 2019, se están realizando importantes inversiones y reformas en todas las regiones, mientras que a nivel federal, y en cooperación con las regiones, las obras que permitirán completar la red de ferrocarriles suburbanos en torno a Bruselas están avanzando. Bélgica ha adoptado una ley de liberalización de los servicios ferroviarios nacionales, pero la proporción del transporte de viajeros efectuada en cumplimiento de obligaciones de servicio público con un contrato adjudicado directamente sigue siendo muy elevada en el país. Los operadores de autobuses privados no están autorizados a prestar servicios de autocar interurbano. La regulación de los servicios de taxi varía de unos entes locales a otros. Aunque las regiones han desarrollado sus propios planes de movilidad, la complejidad de su coordinación impide formarse una visión coherente de la movilidad dentro de Bélgica y, posiblemente, entre el país y las ciudades y regiones fronterizas. El órgano regulador ferroviario tiene margen para ampliar el ámbito de su actividad de regulación.
               
            
                  (19)
               
               
                  Las necesidades de inversión en apoyo de la transición energética son cuantiosas. La renovación del antiguo parque inmobiliario, que precede a la introducción de normas energéticas, contribuirá a cumplir los objetivos de reducción de las emisiones fijados para 2020 y 2030. El despliegue de combustibles alternativos es bastante bajo. Es necesario destinar importantes inversiones a la generación de electricidad, así como a la capacidad de interconexión, las redes inteligentes, el almacenamiento y la eficiencia energética.
               
            
                  (20)
               
               
                  A pesar de los esfuerzos de la administración, la carga reguladora y administrativa sobre las empresas sigue siendo onerosa y obstruye la iniciativa empresarial. La carga tributaria sobre las empresas de nueva creación y las pequeñas empresas se ha aligerado, pero la fiscalidad sigue siendo compleja en el caso de las inversiones financieras. Bélgica ha reformado su Código de Derecho de sociedades acortando el número de formas jurídicas de las empresas, facilitando las comunicaciones electrónicas legales, reduciendo los requisitos mínimos de capital y, conforme al Programa Nacional de Reformas de 2019, reformando la legislación concursal de forma que incluya, en particular, las profesiones liberales. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, los plazos para la concesión de permisos de construcción sufren largas demoras, las tasas de registro de la propiedad son elevadas y los procesos judiciales se prolongan en exceso. La justicia administrativa tropieza con dificultades derivadas de la escasez de recursos y la duración de los procedimientos, que causan importantes demoras, sobre todo en la concesión de los permisos de construcción pero también en los procedimientos de contratación pública. Por otra parte, la coordinación de las políticas climática, energética, digital y de transportes es compleja y se puede mejorar. La cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado dista de ser óptima, lo que aumenta el riesgo de que entren en la Unión a través de las fronteras belgas mercancías no conformes con las normas. La evaluación de impacto podría integrarse mejor en el proceso de elaboración de políticas. La calidad de los servicios públicos digitales para las empresas es baja. La falta de digitalización del sistema judicial sigue siendo un reto importante, en particular en lo que afecta a la recopilación de datos. Culminar el proceso de digitalización de la justicia es una condición importante para introducir nuevas mejoras en la calidad del sistema judicial, como la actualización de los procesos empresariales y la gestión más eficaz de los recursos humanos y financieros de los órganos jurisdiccionales.
               
            
                  (21)
               
               
                  Los obstáculos a la competencia y a la inversión en varios servicios empresariales obstaculizan el crecimiento y la productividad. Los índices de entrada de nuevos proveedores de servicios se sitúan netamente por debajo de la media de la Unión, al contrario que los índices de beneficio, que son superiores a esa media. El indicador del efecto restrictivo diseñado por la Comisión pone de manifiesto que el marco regulador belga aplicable a contables, asesores fiscales, arquitectos y agentes inmobiliarios es considerablemente más restrictivo que el marco regulador medio de la Unión. Una ley recientemente adoptada ha introducido requisitos más estrictos para los agentes de patentes. Según las estimaciones de la Oficina Federal de Planificación, una ambiciosa reducción en la carga reguladora en los servicios jurídicos, contables y de arquitectura aumentaría la productividad laboral. Los aranceles regulados de los notarios para las transacciones inmobiliarias son bastante elevados y vienen a añadirse a los elevados impuestos de escrituración. Las regiones han reformado las profesiones artesanales y comerciales en desigual medida. El sector minorista se enfrenta aún a restricciones operativas que merman su productividad y desincentivan la inversión. El sector de los supermercados presenta un nivel de competencia subóptimo, debido principalmente a su alta concentración y a la floja dinámica de entradas y salidas. Según el indicador del efecto restrictivo sobre el comercio minorista, Bélgica es el sexto Estado miembro más restrictivo en lo que afecta al entorno operativo para los minoristas. El Programa Nacional de Reformas de 2019 destaca las recientes reformas llevadas a cabo en la Región de Bruselas-Capital para facilitar el establecimiento de comercios minoristas. El mercado de las telecomunicaciones se caracteriza por un alto nivel de concentración (acentuado por las recientes absorciones) y una escasa competencia. Esta situación se refleja también en los precios relativamente elevados de los servicios fijos en comparación con países similares. En las redes fijas, el mercado minorista se caracteriza por duopolios geográficamente definidos compuestos por operadores clásicos y operadores de redes de distribución por cable. Esta configuración puede crear obstáculos a la prestación de servicios agrupados convergentes de telefonía fija y móvil por parte de algunos operadores. El Programa Nacional de Reformas de 2019 destaca que se ha adoptado una reforma del Derecho económico destinada a aumentar el grado de cumplimiento de la legislación en materia de competencia, mejorar el funcionamiento de la Autoridad de Competencia Belga mediante la introducción de unos procedimientos más eficientes y reducir el riesgo de nuevos litigios ante el Tribunal de la Competencia (Cour des Marchés/Marktenhof). Los recursos de la autoridad de competencia belga son, en comparación con los de las autoridades de competencia de otros Estados miembros, limitados.
               
            
                  (22)
               
               
                  La programación de los fondos de la Unión para el período 2021-2027 podría contribuir a subsanar algunas de las deficiencias detectadas en las recomendaciones, en particular en los ámbitos contemplados en el anexo D del informe por país de 2019. Permitiría a Bélgica hacer el mejor uso posible de esos fondos en los sectores señalados, teniendo en cuenta las disparidades regionales.
               
            
                  (23)
               
               
                  En el contexto del Semestre Europeo de 2019, la Comisión ha efectuado un análisis global de la política económica de Bélgica y lo ha publicado en el informe por país de 2019. Asimismo, ha evaluado el Programa de Estabilidad de 2019, el Programa Nacional de Reformas de 2019 y las medidas adoptadas en aplicación de las recomendaciones dirigidas a Bélgica en años anteriores. La Comisión ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política socioeconómica y presupuestaria de Bélgica, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la Unión, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica general de la Unión incluyendo aportaciones al nivel de la Unión en las futuras decisiones nacionales.
               
            
                  (24)
               
               
                  A la luz de esta evaluación, el Consejo ha examinado el Programa de Estabilidad de 2019, y su dictamen (8) se refleja, en particular, en la recomendación 1 que figura a continuación.
               
            RECOMIENDA que Bélgica tome medidas en 2019 y 2020 a fin de:
      
         1.   
         
            Garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto no exceda del 1,6 % en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,6 % del PIB. Utilizar los ingresos imprevistos para acelerar la reducción de la ratio de deuda de las administraciones públicas. Proseguir las reformas dirigidas a garantizar la sostenibilidad presupuestaria de los sistemas de cuidados de larga duración y de pensiones, en particular restringiendo las posibilidades de salida anticipada del mercado laboral. Mejorar la composición y la eficiencia del gasto público, en particular mediante revisiones del gasto, así como la coordinación de las políticas presupuestarias por parte de todos los niveles de la administración a fin de abrir espacio para la inversión pública.
         
      
      
         2.   
         
            Suprimir los desincentivos al trabajo y reforzar la eficacia de las políticas activas del mercado laboral, en particular para las personas poco cualificadas, los trabajadores de mayor edad y las personas de origen migrante. Mejorar los resultados y el carácter inclusivo de los sistemas de educación y formación y abordar los desajustes de competencias.
         
      
      
         3.   
         
            Centrar la política económica de inversión en el transporte sostenible, en particular mediante la actualización de la infraestructura ferroviaria, la transición energética y hacia una economía hipocarbónica y la investigación y la innovación, en particular en materia de digitalización, teniendo en cuenta las disparidades regionales. Hacer frente a los crecientes retos de movilidad, reforzando los incentivos y suprimiendo las trabas existentes, con el fin de aumentar la oferta y la demanda de transporte colectivo y de bajas emisiones.
         
      
      
         4.   
         
            Reducir la carga reguladora y administrativa para incentivar el emprendimiento y eliminar los obstáculos a la competencia en el sector de los servicios, en particular en los campos de las telecomunicaciones, la venta minorista y los servicios profesionales.
         
      
      
         Hecho en Bruselas, el 9 de julio de 2019.
         
            
               Por el Consejo
            
            
               El Presidente
            
            M. LINTILÄ
         
      
      
         (1)  DO L 209 de 2.8.1997, p. 1.
      
         (2)  Reglamento (UE) n.o 1176/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, relativo a la prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos (DO L 306 de 23.11.2011, p. 25).
      
         (3)  DO C 136 de 12.4.2019, p. 1.
      
         (4)  DO C 320 de 10.9.2018, p. 1.
      
         (5)  Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.o 1083/2006 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 320).
      
         (6)  Saldo ajustado en función del ciclo excluidas las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal, recalculado por la Comisión aplicando la metodología común.
      
         (7)  El gasto público primario neto se compone del gasto público total, excluidos los gastos en concepto de intereses, los gastos de programas de la Unión compensados totalmente con ingresos procedentes de fondos de la Unión y los cambios no discrecionales en los gastos destinados a prestaciones de desempleo. La formación bruta de capital fijo financiada a escala nacional se reparte a lo largo de un período de cuatro años. Se tienen en cuenta las medidas discrecionales en materia de ingresos o los aumentos de ingresos establecidos por ley. Las medidas puntuales, tanto por el lado de los ingresos como por el de los gastos, se calculan en cifras netas.
      
         (8)  Con arreglo al artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1466/97.