Datasets:

NCube

/

europa

like 0

61997CJ0006

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 10 de enero de 1997, la República Italiana solicitó, con arreglo al artículo 173 del Tratado CE (actualmente artículo 230 CE, tras su modificación), la anulación de la Decisión 97/270/CE de la Comisión, de 22 de octubre de 1996, relativa al régimen de crédito fiscal establecido por Italia en el sector del transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena (C 45/95 ex NN 48/95) (DO 1997, L 106, p. 22; en lo sucesivo, «Decisión controvertida»). 2 La República Italiana estableció, para los ejercicios fiscales de 1993 y 1994, un régimen de crédito fiscal a favor de los transportistas italianos de mercancías por carretera y una compensación a favor de los transportistas comunitarios no italianos en función del consumo de carburante durante el trayecto realizado en territorio italiano, según las modalidades recogidas en las Leyes nº 162, de 27 de mayo de 1993 (GURI nº 123, de 28 de mayo de 1993), y nº 84, de 22 de marzo de 1995 (GURI nº 68, de 22 de marzo de 1995), así como en el Decreto-ley nº 402, de 26 de septiembre de 1995 (GURI nº 226, de 27 de septiembre de 1995). 3 El crédito fiscal tomaba la forma de una bonificación que los transportistas italianos de mercancías por carretera podían deducir, a su elección, de las cantidades debidas en concepto del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, del impuesto local sobre la renta y del impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA»), así como de las retenciones en la fuente sobre los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena y de las compensaciones sobre el trabajo autónomo. Este régimen de crédito fiscal se aplicaba a los transportistas italianos de mercancías por carretera inscritos en el registro regulado por la Ley nº 298, de 6 de junio de 1974. 4 El importe del crédito fiscal se fijaba como porcentaje del coste efectivo de los carburantes y lubricantes, excluido el IVA, pero no podía sobrepasar determinados límites, establecidos en función del peso de los vehículos, incluida la carga, según pesasen menos de 6.000 kg, entre 6.000 y 11.500 kg, entre 11.500 y 24.000 kg o más de 24.000 kg. Los importes máximos se calculaban partiendo del supuesto de que las cuatro categorías de vehículos podían recorrer 8, 6, 3,5 y 2,2 kilómetros por litro de gasóleo consumido, respectivamente. 5 Por otro lado, este régimen preveía, para cada período de aplicación, la concesión de una compensación a las empresas de transporte establecidas en los demás Estados miembros, en función del consumo de gasóleo necesario para realizar el recorrido en territorio italiano. Las cantidades presupuestarias destinadas a esta compensación eran, para el año 1993 y para los semestres primero y segundo del año 1994, de 30.000, 15.000 y 8.000 millones de LIT, respectivamente. 6 Mediante escrito de 4 de diciembre de 1995 (DO 1996, C 3, p. 2), la Comisión comunicó a las autoridades italianas su decisión de incoar, respecto del referido régimen fiscal, el procedimiento previsto en el artículo 93, apartado 2, del Tratado CE (actualmente, artículo 88 CE, apartado 2). En el mismo escrito, la Comisión instó a la República Italiana a que, por una parte, le facilitase todos los documentos e informaciones necesarias para poder examinar la compatibilidad de la ayuda y, por otra, suspendiese inmediatamente la concesión de toda nueva ayuda que revistiese la forma del crédito fiscal. 7 La República Italiana presentó sus observaciones mediante escrito de 26 de marzo de 1996. Precisó, en particular, que aún no existía versión definitiva de la normativa que debería haber previsto las modalidades de concesión de la compensación a las empresas establecidas en los demás Estados miembros, pero que en cualquier caso, con el fin de atenerse al requerimiento de la Comisión, no se aprobaría tal versión. 8 Al término del procedimiento, la Comisión adoptó, el 22 de octubre de 1996, la Decisión controvertida, cuyos artículos 1, 2 y 3 disponen lo siguiente: «Artículo 1 El régimen de ayudas establecido por Italia en favor del sector del transporte de mercancías por carretera por cuenta ajena en forma de crédito fiscal, según las modalidades expuestas en las Leyes de 27 de mayo de 1993, nº 162 (GURI nº 123 de 28.5.1993) y de 22 de marzo de 1995, nº 84 (GURI nº 68 de 22.3.1995), así como en el Decreto-ley de 26 de septiembre de 1995, nº 402 (GURI nº 226 de 27.9.1995) es ilegal, ya que se concedió infringiendo las normas de procedimiento establecidas en el apartado 3 del artículo 92. Dicho régimen es, además, incompatible con el mercado común, en virtud del apartado 1 del artículo 92 del Tratado, ya que no cumple ninguno de los requisitos necesarios para la aplicación de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 92, ni las condiciones establecidas en el Reglamento (CEE) nº 1107/70. Artículo 2 Italia suprimirá la ayuda a que se refiere el artículo 1, se abstendrá de adoptar nuevos actos legislativos y reglamentarios destinados a introducir nuevas ayudas en la forma descrita en el artículo 1 y recuperará la mencionada ayuda. La ayuda deberá reembolsarse con arreglo a los procedimientos y disposiciones de la legislación italiana y se incrementará con los intereses correspondientes, que se calcularán aplicando el tipo de referencia utilizado para la evaluación de los regímenes de ayuda regionales, intereses que comenzarán a devengarse a partir de la fecha de concesión de la ayuda hasta la fecha del reembolso efectivo. Artículo 3 El Gobierno italiano informará a la Comisión, dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la presente Decisión acerca de las medidas que hubiere adoptado en cumplimiento de la misma.» 9 En apoyo de su recurso, la República Italiana invoca un único motivo basado en la infracción de los artículos 92 del Tratado CE (actualmente artículo 87 CE, tras su modificación) y 93 del Tratado, motivo que se divide en dos partes, una principal y otra subsidiaria. 10 Con carácter principal, la República Italiana sostiene que el régimen de bonificación fiscal no constituye una ayuda de Estado incompatible con el mercado común, al no existir atribución -directa o indirecta- de fondos del Estado que falsee o amenace falsear la competencia afectando a los intercambios comerciales intracomunitarios. Con carácter subsidiario, alega que la recuperación de la ayuda, prevista en el artículo 2 de la Decisión controvertida, es absolutamente imposible de realizar. Sobre el carácter de ayuda de Estado en el sentido del artículo 92 del Tratado 11 Partiendo de la apreciación, que figura en el primer considerando de la parte IV de la Decisión controvertida, de que «el artículo 92 no establece una distinción de las intervenciones contempladas según las formas, las causas o los objetivos, sino que las define en función de sus efectos», la República Italiana señala que habría podido alcanzar legalmente el mismo efecto que el obtenido mediante el crédito fiscal disminuyendo la cuantía del impuesto especial sobre el carburante, lo que habría supuesto una disminución proporcional del IVA y del precio del gasóleo en gasolinera. Este régimen no se estableció porque, de haberse aplicado a todos los consumidores de gasóleo -empresas y particulares-, habría provocado una disminución global de los ingresos fiscales inaceptable, mientras que, si se hubiese diferenciado entre la venta de gasóleo a los transportistas de mercancías por carretera y a los demás usuarios (en particular los propietarios de vehículos automóviles), no se habría podido encontrar ninguna solución satisfactoria para prevenir los fraudes, debido a la imposibilidad de establecer una distinción entre los suministros destinados a unos y a otros. 12 La República Italiana señala a continuación que, a diferencia de la apreciación que figura en el segundo considerando de la parte IV de la Decisión controvertida, el crédito fiscal a favor de los transportistas italianos de mercancías por carretera no constituye ni una excepción temporal ni una excepción definitiva a la aplicación de un régimen fiscal general. En efecto, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o jurídicas, el impuesto bruto sobre la renta y el IVA, así como las retenciones en la fuente sobre los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena y las compensaciones sobre el trabajo autónomo permanecen inalterados tanto en la forma como en el fondo. La deducción de la bonificación fiscal, estrictamente ligada a la cantidad de gasóleo y de aceite mineral adquirida en Italia, constituye, en efecto, únicamente una operación contable en forma de «compensación de caja», es decir, un reembolso indirecto de los impuestos pagados sobre el carburante. 13 Según la Comisión, el amplísimo concepto de ayuda previsto en el Tratado y reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, priva de todo interés la indagación sobre la naturaleza misma de la medida en el Derecho nacional o según los principios de contabilidad de la empresa afectada, puesto que no se discute que esta medida implica una disminución de los ingresos para el presupuesto estatal (en el presente caso, se trata precisamente de ingresos tributarios) y se traduce en una correspondiente ventaja para determinadas empresas. 14 A este respecto, hay que recordar que, según el apartado 1 del artículo 92 del Tratado, son incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones. 15 Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que el concepto de ayuda comprende no sólo prestaciones positivas como las subvenciones, sino también las intervenciones que, bajo formas diversas, alivian las cargas que normalmente recaen sobre el presupuesto de una empresa y que, por ello, sin ser subvenciones en el sentido estricto del término, son de la misma naturaleza y tienen efectos idénticos (véanse las sentencias de 23 de febrero de 1961, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autoridad, 30/59, Rec. pp. 1 y 39, y de 1 de diciembre de 1998, Ecotrade, C-200/97, Rec. p. I-7907, apartado 34). 16 Pues bien, una medida mediante la cual las autoridades públicas conceden a determinadas empresas una exención tributaria que, aunque no implique una transferencia de fondos estatales, coloque a los beneficiarios en una situación financiera más favorable que a los restantes contribuyentes, constituye una ayuda de Estado en el sentido del apartado 1 del artículo 92 del Tratado (sentencia de 15 de marzo de 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Rec. p. I-877, apartado 14). 17 En el presente caso, basta comprobar que la finalidad de la normativa nacional objeto de la Decisión controvertida era reducir la carga fiscal de los transportistas de mercancías por carretera por cuenta ajena. Al reunir el requisito de especificidad, que constituye una de las características del concepto de ayuda de Estado (véase la sentencia Ecotrade, antes citada, apartado 40), carece de interés determinar si otras normativas fiscales de las que también se habría podido beneficiar el sector considerado no habrían recibido la calificación de ayuda en el sentido del artículo 92 del Tratado. 18 La República Italiana destaca, además, que, en Italia, los impuestos especiales sobre el gasóleo, así como los impuestos especiales sobre los demás aceites minerales, han sido siempre un componente importante de los ingresos del Estado y por lo tanto se han fijado siempre a un nivel elevado, e incluso, en términos absolutos, al nivel más elevado de toda la Comunidad. Se remite, a este respecto, a las cifras recogidas en el quinto considerando (sexto en la versión española) de la parte IV de la Decisión controvertida, de las que se desprende que los impuestos especiales sobre el gasóleo aplicados en los Estados limítrofes son todos claramente inferiores al que rige en Italia. 19 Según la República Italiana, contrariamente a la apreciación del séptimo considerando (octavo en la versión española), según la cual la existencia de disparidades legislativas que provocan distorsiones de la competencia no justifica la concesión de ayudas de Estado de carácter compensatorio, el régimen instaurado restablecía una paridad legislativa (mediante un sistema de reembolso más flexible que una reducción de la presión fiscal, pero con efectos totalmente equivalentes) indispensable para todo el sector afectado. 20 La Comisión alega que una diferencia de carga fiscal sobre una actividad no puede, por sí sola, justificar la concesión de una ayuda de Estado. En el presente caso, el régimen de crédito fiscal se traduce en un incremento del margen bruto de autofinanciación de un único sector económico, a saber, el de los transportistas italianos de mercancías por carretera por cuenta ajena, mediante el establecimiento de una excepción temporal a la aplicación de un régimen fiscal general. No se trata por lo tanto de una exención justificada por la naturaleza o la estructura del régimen. 21 Es jurisprudencia reiterada de este Tribunal de Justicia que el hecho de que un Estado miembro se proponga aproximar, mediante medidas unilaterales, las condiciones de competencia en un determinado sector económico a las existentes en otros Estados miembros no puede desvirtuar el carácter de ayudas de estas medidas (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de diciembre de 1969, Comisión/Francia, asuntos acumulados 6/69 y 11/69, Rec. p. 523, apartado 21). Procede pues examinar si el crédito fiscal produce efectos negativos sobre los competidores de los beneficiarios, a saber, los transportistas de mercancías por carretera establecidos en otros Estados miembros, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena. 22 A este respecto, la República Italiana señala que no está previsto ningún reembolso a favor de las empresas que efectúan transportes por cuenta propia, de manera que el precio del gasóleo repercute por completo en los costes de distribución de los productos. No obstante, esta parte del coste global sólo tiene una incidencia marginal en la medida en que no es más que un modesto componente accesorio en el marco más general de los costes globales de la actividad principal de la empresa, y no está, de ninguna manera, directamente ligada a los costes de producción de las demás empresas competidoras en el marco del mercado común. Debido a la falta de homogeneidad de las actividades afectadas, no es aceptable que se comparen, como hace la Comisión en el decimosexto considerando (decimoséptimo en la versión española) de la parte IV de la Decisión controvertida, las condiciones de ejercicio de las actividades competidoras sin tener en cuenta las demás actividades que podrían ejercer las empresas. 23 Por lo que se refiere a la incidencia de la bonificación fiscal en el marco de la competencia a nivel comunitario entre empresas de transporte, la República Italiana destaca que, a diferencia de lo señalado en el noveno considerando (décimo en la versión española), el mecanismo de cálculo del importe del crédito fiscal, habida cuenta en particular de los límites máximos previstos para cada una de las categorías de vehículos, no favorece a los vehículos de mayor capacidad de carga, es decir, a aquellos que con más frecuencia compiten entre sí en los mercados internacionales. Precisa que los transportistas italianos que se desplazan al extranjero no sólo operan en el territorio al que se desplazan con el carburante adquirido en él a menor precio; al igual que los transportistas no italianos, regresan a Italia después de haber llenado el depósito, y el gasóleo comprado en el extranjero no interviene en la determinación de la bonificación fiscal. Los mayores beneficiarios del sistema son pues los transportistas italianos que no se desplazan al extranjero. 24 La Comisión señala que el equilibrio en el plano de la competencia entre los transportistas por cuenta propia y los que trabajan por cuenta ajena puede romperse por una ayuda que reduzca, para una de estas categorías, un coste que, en otro caso, todas deberían haber tomado en consideración del mismo modo a la hora de calcular sus beneficios. Esto vale, por supuesto, tanto para la discriminación entre las actividades de empresas de transporte realizadas por cuenta propia o por cuenta ajena, como para la discriminación entre grandes y pequeñas empresas de transporte (habida cuenta del número máximo de vehículos para los que la normativa italiana autoriza el crédito fiscal). 25 Hay que recordar que, según el tenor del decimocuarto considerando (decimoquinto en la versión española) de la parte IV de la Decisión controvertida, «los transportistas italianos de mercancías por carretera por cuenta ajena compiten tanto con los transportistas de mercancías por carretera de otras nacionalidades como con los transportistas de mercancías por cuenta propia». 26 Por lo que se refiere al transporte por cuenta propia, el decimoquinto considerando (decimosexto en la versión española) precisa que éste representaba, en 1992, el 19,2 % del transporte nacional y el 3,8 % del transporte internacional efectuado por transportistas italianos. Por lo que se refiere a la competencia con otras empresas comunitarias de transporte por cuenta ajena, el decimoséptimo considerando (decimoctavo en la versión española) señala que, en 1992, el transporte internacional representaba, en términos de toneladas/kilómetro, en torno al 16,2 % de la actividad de los transportistas italianos de mercancías por carretera por cuenta ajena. 27 La República Italiana admite que el sistema de crédito fiscal controvertido produce efectos negativos sobre la competencia entre los transportistas de mercancías por carretera italianos y los extranjeros. Por lo que se refiere a su tesis según la cual los vehículos de mayor capacidad de carga, es decir, aquellos con más posibilidades de que compitan entre sí en el mercado internacional, no se benefician en mayor medida del sistema ya que operan en el territorio italiano con el gasóleo comprado en el extranjero, que no interviene en la determinación de la bonificación fiscal, basta comprobar que ningún dato confirma esta tesis. 28 La República Italiana sostiene, por último, que, por lo que se refiere a la apreciación contenida en el undécimo considerando (duodécimo en la versión española), según el cual las modalidades de la compensación no se han definido ni se han aplicado, la aprobación de la normativa de desarrollo sobre la concesión de la contribución a los transportistas no italianos se paralizó como consecuencia de la incoación del procedimiento de infracción. No obstante, la falta de aprobación de la normativa reguladora del procedimiento en el plazo establecido no impide a los interesados presentar, aún en la actualidad, sus solicitudes de reembolso con arreglo a la normativa en vigor. La inexistencia, hasta el momento, de solicitudes en este sentido revela la falta de interés por el sistema que, en el fondo, muestran los operadores no nacionales, que han podido operar en Italia con el depósito lleno de carburante comprado a mejor precio en el territorio de procedencia. 29 La Comisión señala que, si bien es cierto que no se ha aprobado dicha normativa, no lo es menos que entretanto se ha concedido a los transportistas italianos de mercancías por carretera el crédito fiscal en virtud de las disposiciones normativas en vigor. El Gobierno italiano se contentó pues con no aprobar otras disposiciones, respetando así el requerimiento del artículo 2 de la Decisión controvertida, y se limitó al régimen discriminatorio en vigor, realizando así una «elección» entre las disposiciones y aplicando de hecho el régimen respecto del cual la Comisión había incoado ya el procedimiento de infracción. La actitud de los transportistas no italianos que no presentaron ninguna solicitud de reembolso se explica, pues, precisamente por la inexistencia de una normativa. 30 A este respecto, hay que señalar que, ante la inexistencia de disposiciones que precisen las modalidades de concesión de la compensación anunciada, los transportistas de mercancías por carretera nacionales de los demás Estados miembros no podían, en cualquier caso, invocar fructíferamente el derecho a esta compensación. 31 Procede por lo tanto desestimar las alegaciones basadas en que el régimen de crédito fiscal controvertido no posee el carácter de ayuda. Sobre la imposibilidad de recuperar la ayuda 32 Por lo que respecta a la obligación, prevista en el artículo 2 de la Decisión controvertida, de recuperar la ayuda concedida, la República Italiana alega que, por una parte, una reclamación de reembolso de las cantidades a los transportistas, cualquiera que sea la forma en que se produzca, provocaría un conflicto social en el que el Estado sólo podría salir perdiendo, y, por otra parte, las operaciones técnicas necesarias para recuperar las cantidades de que se trata plantearían dificultades que pueden razonablemente considerarse insuperables, debido al gran número de personas afectadas y a la necesidad de distribuir la bonificación fiscal entre diversos impuestos y tipos impositivos. 33 En lo que respecta, en primer lugar, a esta última alegación, el representante del Gobierno italiano admitió en la vista que la Administración tributaria italiana está en condiciones de identificar a los distintos transportistas italianos que se han beneficiado de la bonificación fiscal y de reclamarles, por vía ordinaria o por vía judicial, el reembolso. 34 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la primera alegación, basta recordar que, al no haber realizado el Gobierno italiano intento alguno para recuperar el crédito fiscal controvertido, no es posible demostrar la imposibilidad de ejecutar la decisión de recuperación (véase la sentencia de 29 de enero de 1998, Comisión/Italia, C-280/95, Rec. p. I-259, apartado 15). 35 En estas circunstancias, procede desestimar el recurso. Decisión sobre las costas Costas 36 A tenor del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la República Italiana, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones deducidas en tal sentido por la Comisión. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a la República Italiana.

62008CJ0532

de

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats – Nicht fristgerechter Erlass der Vorschriften, die erforderlich sind, um der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (ABl. L 309, S. 15) nachzukommen Tenor 1. Irland hat dadurch gegen seine Verpflichtungen aus der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verstoßen, dass es die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen, nicht erlassen hat. 2. Irland trägt die Kosten.

61994TJ0298

de

Rechtlicher Rahmen 1 Grundverordnung für die Kartoffelstärkeerzeugung ist die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom 30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für Getreide (ABl. L 181, S. 21, im folgenden: Grundverordnung), die sich auch auf Kartoffeln erstreckt, die bei der Stärkeerzeugung an die Stelle von Getreide treten können. Aufgrund der Erwägung, daß die spezifischen Probleme insbesondere struktureller Art, durch die der Stärkesektor belastet wird, eine Korrektur zugunsten dieses Sektors rechtfertigt, hat der Rat gemäß Artikel 8 Absatz 4 der Grundverordnung die Verordnung (EWG) Nr. 1543/93 des Rates vom 14. Juni 1993 zur Festsetzung der den Kartoffelstärkeerzeugern in den Wirtschaftsjahren 1993/94, 1994/95 und 1995/96 zu gewährenden Prämien (ABl. L 154, S. 4, im folgenden: Verordnung Nr. 1543/93) erlassen. Nach dieser Verordnung haben die Mitgliedstaaten den Kartoffelstärkeerzeugern für das Wirtschaftsjahr 1993/94 eine Prämie pro Tonne der hergestellten Stärke zu überweisen. Dieselbe Prämie soll für die Wirtschaftsjahre 1994/95 und 1995/96 gelten, sofern die Gesamterzeugung von Kartoffelstärke nicht die Menge von 1,5 Millionen Tonnen während eines oder zwei der vorhergehenden Wirtschaftsjahre überschritten hat. 2 Da die Erzeugung im Wirtschaftsjahr 1993/94 1,5 Millionen Tonnen überschritten hat, hat der Rat aber gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 1543/93 die Änderungsverordnung (EG) Nr. 1868/94 des Rates vom 27. Juli 1994 zur Einführung einer Kontingentierungsregelung für die Kartoffelstärkeerzeugung (ABl. L 197, S. 4, im folgenden: Verordnung Nr. 1868/94 oder angefochtene Verordnung) erlassen. 3 Im Rahmen der Kontingentierungsregelung wird jedem Mitgliedstaat, der Kartoffelstärke erzeugt hat, ein Kontingent zugeteilt, das nach seiner durchschnittlichen prämienbegünstigten Stärkeerzeugung in den Wirtschaftsjahren 1990/91, 1991/92 und 1992/93 berechnet wird. In Anbetracht des Übergangs von der in den neuen Bundesländern vor der Herstellung der Einheit bestehenden Planwirtschaft zur Marktwirtschaft, der damit einhergehenden Veränderung der landwirtschaftlichen Produktionsstrukturen sowie der dazu erforderlichen Investitionen wurde Deutschland ein nach der durchschnittlichen Erzeugung im Wirtschaftsjahr 1992/93 berechnetes Kontingent zugeteilt, das um eine zusätzliche Menge von 90 000 Tonnen erhöht wurde. Ausserdem wurde eine Reserve mit einer Hoechstmenge von 110 000 Tonnen geschaffen, um die in Deutschland im Wirtschaftsjahr 1996/97 erreichte Erzeugung abzudecken, sofern diese Erzeugung aus Investitionen folgt, die in irreversibler Weise vor dem 31. Januar 1994 eingeleitet wurden. 4 Es ist Sache der Mitgliedstaaten, die Kontingente auf die kartoffelstärkeerzeugenden Unternehmen für die Wirtschaftsjahre 1995/96, 1996/97 und 1997/98 aufzuteilen. Die Kontingente jedes einzelnen Stärkeerzeugers werden denjenigen zugeteilt, die eine Prämie erhalten haben, und werden entweder nach Maßgabe der durchschnittlichen Stärkemenge, die in den Wirtschaftsjahre 1990/91, 1991/92 und 1992/93 erzeugt worden ist, oder nach Maßgabe der im Wirtschaftsjahr 1992/93 erzeugten Stärkemenge berechnet. Bei der Berechnung dieser Kontingente haben die Mitgliedstaaten ausserdem die Investitionen zu berücksichtigen, die die Unternehmen vor dem 31. Januar 1994 im Hinblick auf ihre Kartoffelstärkeerzeugung getätigt haben. Sachverhalt und Verfahren 5 Die Klägerin betreibt in Frankreich zwei kartoffelstärkeerzeugende Unternehmen. Sie erhielt im Wirtschaftsjahr 1993/94 eine Prämie pro Tonne hergestellte Stärke gemäß der Verordnung Nr. 1543/93. Sie hatte daher auch Anspruch auf ein Kontingent nach der durch die Verordnung Nr. 1868/94 eingeführte Kontingentierungsregelung. 6 Die Klägerin hält diese Regelung für diskriminierend und hat mit Klageschrift, die bei der Kanzlei des Gerichts am 30. September 1994 eingegangen ist, die vorliegende Klage auf Nichtigerklärung der Verordnung Nr. 1868/94 erhoben. 7 Mit bei der Kanzlei des Gerichts am 8. November 1994 eingegangenem Schriftsatz hat der Rat mit der Begründung eine Unzulässigkeitseinrede erhoben, daß die Klägerin durch den angefochtenen Rechtsakt weder unmittelbar noch individuell betroffen sei. 8 In ihren am 12. Dezember 1994 eingereichten Erklärungen zur Unzulässigkeitseinrede hat die Klägerin die Zurückweisung dieser Einrede beantragt. 9 Am 13. Februar 1995 hat die Kommission einen Antrag auf Zulassung als Streithelferin zur Unterstützung der Anträge des Rates gestellt; diesem Antrag ist durch Beschluß des Präsidenten des Gerichts vom 3. April 1995 stattgegeben worden. 10 Der Streithilfeschriftsatz der Kommission zur Zulässigkeit ist am 26. April 1995 eingegangen. 11 Durch Beschluß vom 25. Oktober 1995 hat die Vierte Kammer des Gerichts die Entscheidung über die Einrede der Unzulässigkeit dem Endurteil vorbehalten. 12 Am 24. Januar 1996 hat die Kommission einen Streithilfeschriftsatz in der Sache eingereicht. 13 Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Vierte Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen. 14 Die Beteiligten haben in der öffentlichen Sitzung vom 11. Juli 1996 mündlich verhandelt und mündliche Fragen des Gerichts beantwortet. Dabei hat die Klägerin angegeben, sie habe auch beim Tribunal administratif Amiens Klage mit dem Antrag erhoben, die französischen Verordnungen mit den Durchführungsbestimmungen der angefochtenen Verordnung für nichtig zu erklären; im Rahmen dieses Verfahrens sei das Tribunal administratif aufgefordert worden, Artikel 177 EG-Vertrag anzuwenden und den Gerichtshof im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens nach der Gültigkeit der angefochtenen Verordnung zu fragen. Anträge der Beteiligten 15 Die Klägerin beantragt, - die Verordnung Nr. 1868/94 für nichtig zu erklären; - dem Rat die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 16 Der Beklagte beantragt, - die Klage für unzulässig zu erklären und - hilfsweise - sie als nicht begründet abzuweisen; - der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 17 Die Streithelferin beantragt, - die Klage für unzulässig zu erklären und - hilfsweise - sie als nicht begründet abzuweisen. Vorbringen der Beteiligten 18 Die Klägerin stützt ihre Anträge auf zwei Gründe für die Nichtigerklärung: Zum einen liege insoweit ein Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot vor, als es keine sachliche Rechtfertigung für die spezifische Behandlung Deutschlands gebe; zweitens werde gegen den Grundsatz der Verhältnismässigkeit verstossen, da die spezifische Behandlung Deutschlands zumindest übertrieben sei. 19 Der Rat und die Kommission machen in erster Linie geltend, die Klage sei unzulässig; hilfsweise tragen sie vor, sie sei nicht begründet. Zur Zulässigkeit Vorbringen der Beteiligten 20 Der Rat trägt vor, die Klägerin sei durch die angefochtene Verordnung weder unmittelbar noch individuell betroffen. 21 Damit ein einzelner als unmittelbar betroffen angesehen werden könne, müssten die Wirkungen einer angefochtenen Verordnung sich notwendigerweise und automatisch aus dem Rechtsakt ergeben, ohne daß es einer weiteren unabhängigen Entscheidung eines Gemeinschaftsorgans oder eines Staates in Ausübung eines Ermessens bedürfe (siehe Urteile des Gerichtshofes vom 16. Juni 1970 in der Rechtssache 69/69, Alcan Aluminium Rären u. a./Kommission, Slg. 1970, 385, und vom 6. März 1979 in der Rechtssache 92/78, Simmenthal/Kommission, Slg. 1979, 777). 22 Die individuellen Kontingente würden nicht unmittelbar in der Verordnung 1868/94 bestimmt, sondern von den Mitgliedstaaten bei der in deren Ermessen liegenden Wahl des anwendbaren Bezugszeitraums festgelegt; der eine oder der andere Bezugszeitraum könne erhebliche Folgen für die Höhe der individuellen Kontingente haben, vor allem wenn es während des berücksichtigten Zeitraums erhebliche Änderungen bei den hergestellten Mengen gegeben habe, was in Deutschland der Fall sei. 23 In diesem Zusammenhang seien die Mitgliedstaaten auch verpflichtet, "vor dem 31. Januar 1994 getätigten Investitionen Rechnung [zu tragen], die keine Erzeugung in dem von diesem Mitgliedstaat gewählten Bezugszeitraum mit sich gebracht haben" (siehe Artikel 2 Absatz 2 der angefochtenen Verordnung). 24 Die angefochtene Verordnung stelle einen Rechtsakt mit allgemeiner Geltung dar, der Wirkungen für alle Wirtschaftsteilnehmer entfalte. Es handele sich daher nicht um eine als Verordnung ergangene Entscheidung im Sinne von Artikel 173 Absatz 4 des Vertrages. Der Gerichtshof habe festgestellt, daß eine Handlung ihren Charakter als Verordnung nicht dadurch verliere, daß sich die Personen, auf die sie in einem gegebenen Zeitpunkt anzuwenden sei, der Zahl nach oder sogar namentlich bestimmen ließen, sofern nur feststehe, daß sie aufgrund eines durch sie im Hinblick auf ihren Zweck festgelegten objektiven Tatbestands rechtlicher oder tatsächlicher Art anwendbar sei (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 11. Juli 1968 in der Rechtssache 6/68, Zuckerfabrik Watenstedt/Rat, Slg. 1968, 612, und vom 24. November 1992 in den verbundenen Rechtssachen C-15/91 und C-108/91, Buckl u. a./Kommission, Slg. 1992, I-6061, Randnr. 25). Die Klägerin befinde sich in der gleichen Lage wie alle anderen Wirtschaftsteilnehmer, nämlich in der gleichen Lage wie alle stärkeerzeugenden Unternehmen, die während des einen oder des anderen Bezugszeitraums Stärke hergestellt hätten. Die angefochtene Verordnung berühre die Klägerin daher nicht wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer, sie aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 18. Mai 1994 in der Rechtssache C-309/89, Codorniu/Rat, Slg. 1994, I-1853, Randnr. 20). 25 Die Klägerin ist der Auffassung, der als Verordnung erlassene angefochtene Rechtsakt sei jedoch als eine Entscheidung anzusehen, die sie unmittelbar und individuelle betreffe; sie habe daher ein persönliches Rechtsschutzinteresse nachgewiesen. 26 Was die Notwendigkeit angehe, unmittelbar betroffen zu sein, so betrage der Unterschied zwischen dem Ergebnis der einen oder anderen der beiden in der angefochtenen Verordnung vorgesehenen Berechnungsmethoden in Frankreich nur 0,2 %. Da der Beurteilungsspielraum der französischen Regierung somit gegen Null tendiere, sei davon auszugehen, daß der nationale Vollzug rein automatischen Charakter habe (siehe u. a. Urteil des Gerichtshofes vom 29. März 1979 in der Rechtssache 113/77, NTN Toyo Bearing u. a./Rat, Slg. 1979, 1185). 27 Die Vorschrift in der angefochtenen Verordnung, wonach den vor dem 31. Januar 1994 getätigten Investitionen Rechnung zu tragen sei, wirke sich auf die Bestimmung der individuellen Kontingente in Frankreich nicht aus, weil die französischen Stärkehersteller keine Investitionen getätigt hätten. 28 Sodann macht die Klägerin geltend, die Verordnung betreffe sie individuell. Die angefochtene Verordnung gelte für eine beschränkte Zahl von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern, deren besondere Lage sich auf den Inhalt der Verordnung ausgewirkt habe, denn das zugeteilte Kontingent werde nach Maßgabe der in den letzten Jahren hergestellten Mengen berechnet. Die Klägerin habe daher eine "besondere Eigenschaft", da sie diese nur mit einer sehr beschränkten Zahl von Wirtschaftsteilnehmern teile, und "die sie heraushebenden Umstände" lägen darin, daß sie in den letzten Wirtschaftsjahren die prämienbegünstigte Stärkemenge hergestellt habe (siehe Urteile des Gerichtshofes vom 15. Juli 1963 in der Rechtssache 25/62, Plaumann/Kommission, Slg. 1963, 213, und vom 18. November 1975 in der Rechtssache 100/74, CAM/Kommission, Slg. 1975, 1393, sowie Beschlüsse des Gerichtshofes vom 7. Dezember 1988 in der Rechtssache 138/88, Flourez u. a./Rat, Slg. 1988, 6393, vom 4. Dezember 1991 in der Rechtssache C-225/91 R, Matra/Kommission, Slg. 1991, I-5823, und vom 24. Mai 1993 in der Rechtssache C-131/92, Arnaud u. a./Rat, Slg. 1993, I-2573). 29 Die Kommission trägt zunächst vor, der angefochtene Rechtsakt sei vom Rat erlassen worden, um die Entwicklung der Kartoffelstärkeherstellung unter Kontrolle zu bringen, die im Wirtschaftsjahr 1993/94 die zuvor festgesetzte Schwelle von 1,5 Millionen Tonnen überschritten habe. Dieser Akt habe Normcharakter und stelle keine in Form einer Verordnung erlassene Entscheidung dar, da er in Anbetracht einer objektiv festgestellten und unbestrittenen Marktlage die Maßnahme zur Beschränkung der Erzeugung eingeführt habe, die dem Gemeinschaftsgesetzgeber als am besten geeignet erschienen sei. Diese Beschränkungsmaßnahme richte sich allgemein und abstrakt an Personengruppen, die nach ihrer objektiven Eigenschaft als kartoffelstärkeerzeugende Unternehmen bestimmt seien. 30 Die Kommission weist sodann das Vorbringen der Klägerin zurück, wonach diese deshalb individuell betroffen gewesen sei, weil sie zu einem geschlossenen Kreis von Wirtschaftsteilnehmern gehöre, deren besondere Stellung sich auf den Inhalt des angefochtenen Aktes ausgewirkt habe. 31 Nach der gegenwärtigen Rechtsprechung des Gerichtshofes sei nicht die Feststellung, daß es einen Kreis von betroffenen Personen gebe, ausschlaggebend für die Entscheidung über die Frage, ob die Klägerin individuell betroffen sei oder nicht, sondern vielmehr der objektive Inhalt und die Geltungsdauer der betreffenden Verordnung. Die Kommission verweist in diesem Zusammenhang auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes, wonach eine Handlung ihren Charakter als Verordnung nicht dadurch verliere, daß sich die Personen, auf die sie in einem gegebenen Zeitpunkt anzuwenden sei, der Zahl nach oder sogar namentlich bestimmen ließen, sofern nur feststehe, daß sie aufgrund eines durch sie im Hinblick auf ihren Zweck festgelegten objektiven Tatbestands rechtlicher oder tatsächlicher Art anwendbar sei (siehe Urteil Zuckerfabrik Watenstedt/Rat, a. a. O.). 32 Darüber hinaus müsse ein Kausalzusammenhang zwischen der Kenntnis, die das Organ von der Lage der Klägerin habe, und der erlassenen Maßnahme bestehen (siehe Schlussanträge des Generalanwalts Van Gerven zu den Urteilen des Gerichtshofes vom 15. Juni 1993 in der Rechtssache C-213/91, Abertal/Kommission, Slg. 1993, I-3177, und in der Rechtssache C-264/91, Abertal/Rat, Slg. 1993, I-3265). 33 In diesem Zusammenhang beruft die Kommission sich auch darauf, daß der Gerichtshof in den Urteilen Abertal/Kommission und Abertal/Rat (a. a. O.), im Beschluß Arnaud u. a./Rat (a. a. O.), sowie in den Beschlüssen vom 21. Juni 1993 in den Bananen betreffenden Rechtssachen (siehe Beschluß in der Rechtssache C-257/93, Van Parijs u. a./Rat und Kommission, Slg. 1993, I-3335) die Klagen nach der Feststellung für unzulässig erklärt habe, daß die angefochtenen Bestimmungen aufgrund eines objektiv bestimmten Tatbestands anwendbar seien und Rechtsfolgen für generell und abstrakt umschriebene Personengruppen zeitigten, auch wenn die Klägerinnen geltend gemacht hätten, daß sie einen geschlossenen Kreis von Wirtschaftsteilnehmern bildeten. Die Klägerin habe keinen einzigen Gesichtspunkt vorgebracht, anhand dessen sich feststellen ließe, daß ihre Lage bei Erlaß des streitigen Aktes notwendigerweise hätte berücksichtigt werden müssen oder daß ein Kausalzusammenhang zwischen der besonderen Lage der Klägerin und diesem Akt bestuende. 34 Schließlich habe die Klägerin jedenfalls nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür vorgebracht - und noch weniger nachgewiesen -, daß sie sich in einer spezifischen Lage befunden hätte, die Gegenstand eines besonderen Schutzes gewesen sei, der durch den angefochtenen Akt beeinträchtigt worden sei, oder daß ihre wirtschaftliche Tätigkeit durch diesen Akt ernstlich gestört worden sei. Würdigung durch das Gericht 35 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts können die einzelnen nach Artikel 173 Absatz 4 des Vertrages gegen jede Entscheidung vorgehen, die sie, obwohl sie als Verordnung ergangen ist, unmittelbar und individuell betrifft. Mit dieser Bestimmung soll insbesondere verhindert werden, daß die Gemeinschaftsorgane allein durch die Wahl der Form der Verordnung die Klage eines einzelnen gegen die Entscheidung ausschließen können, die ihn unmittelbar und individuell betrifft; auf diese Weise soll klargestellt werden, daß die Wahl der Form die Rechtsnatur einer Handlung nicht ändern kann (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 17. Juni 1980 in den verbundenen Rechtssachen 789/79 und 790/79, Calpak und Società Emiliana Lavorazione Frutta/Kommission, Slg. 1980, 1949, und Beschluß des Gerichts vom 28. Oktober 1993 in der Rechtssache T-476/93, FRSEA und FNSEA/Rat, Slg. 1993, II-1187). 36 Das Merkmal für die Unterscheidung zwischen Verordnung und Entscheidung ist darin zu sehen, ob die fragliche Maßnahme allgemeine Geltung hat; dabei sind die Rechtsnatur der angefochtenen Maßnahme und insbesondere die Rechtswirkungen, die sie erzeugen soll oder tatsächlich erzeugt, zu untersuchen (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 24. Februar 1987 in der Rechtssache 26/86, Deutz und Geldermann/Rat, Slg. 1987, 941, Randnr. 7, und Beschlüsse des Gerichtshofes vom 23. November 1995 in der Rechtssache C-10/95 P, Asocarne/Rat, Slg. 1995, I-4149, Randnr. 28, und vom 24. April 1996 in der Rechtssache C-87/95 P, CNPAAP/Rat, Slg. 1996, I-2003, Randnr. 33). 37 Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß eine Vorschrift, die nach ihrer Rechtsnatur und ihrer Tragweite allgemeinen Charakter hat, eine natürliche oder juristische Person individuell betreffen kann, wenn diese wegen bestimmter persönlicher Eigenschaften oder besonderer, sie aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender Umstände berührt und daher in ähnlicher Weise individualisiert wird wie der Adressat einer Entscheidung (siehe z. B. Urteile Plaumann/Kommission, a. a. O., S. 238, und Codorniu/Rat, a. a. O., Randnrn. 19 und 20, sowie Beschluß Asocarne/Rat, a. a. O., Randnr. 41). 38 Im vorliegenden Fall weist die angefochtene Verordnung kein Merkmal auf, aufgrund deren sie sich als in Form einer Verordnung erlassene Entscheidung qualifizieren ließe. Sie ist nämlich generell und abstrakt formuliert und gilt in allen Mitgliedstaaten, ohne daß die Lage der einzelnen Erzeuger in irgendeiner Weise berücksichtigt würde. Ihr Zweck besteht darin, die gesamte kartoffelstärkeerzeugende Gemeinschaftsindustrie zu bewirtschaften, was dadurch veranschaulicht wird, daß die erlassenen Maßnahmen in der Verordnung Nr. 1543/93 vorgesehen sind, wonach der Rat dann, wenn die Erzeugung der Kartoffelstärkeindustrie insgesamt 1,5 Millionen Tonnen überschreitet, über die zu treffenden Maßnahmen entscheidet (siehe oben, Randnrn. 1 bis 4). 39 Die angefochtene Verordnung gilt daher für objektiv bestimmte Tatbestände und zeitigt Rechtsfolgen für eine generell und abstrakt umschriebene Personengruppe. 40 Diese Schlußfolgerung wird nicht dadurch entkräftet, daß die durch die angefochtene Verordnung eingeführte Regelung einschließt, daß Deutschland eine besondere Behandlung zugestanden wird, denn diese besondere Behandlung ist tatsächlich Teil des allgemeinen Ziels dieser Verordnung und daher nicht an die besonderen Eigenschaften der durch die unterschiedliche Behandlung betroffenen Personen geknüpft. 41 Was das Vorbringen angeht, die Klägerin sei durch die angefochtene Verordnung deshalb "individuell betroffen", weil die Verordnung für eine beschränkte Zahl von bestimmten Wirtschaftsteilnehmern gelte, deren besondere Lage sich auf den Inhalt der Verordnung ausgewirkt habe, ist festzustellen, daß der Umstand, daß ein Wirtschaftsteilnehmer zu einem geschlossenen Kreis von Wirtschaftsteilnehmern gehört, zu dem im Zeitpunkt des Erlasses der Verordnung kein Rechtssubjekt hinzukommen konnte, für sich allein nicht ausreicht, um diesen Wirtschaftsteilnehmer als individuell betroffen anzusehen (siehe Urteile des Gerichts vom 15. Dezember 1994 in der Rechtssache T-489/93, Unifruit Hellas/Kommission, Slg. 1994, II-1201, Randnr. 25, und vom 10. Juli 1996 in der Rechtssache T-482/93, Weber/Kommission, Slg. 1996, II-0000, Randnrn. 63 bis 65). 42 Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts verliert ein Rechtsakt nämlich seine allgemeine Geltung und damit seinen Normcharakter nicht dadurch, daß sich die Rechtssubjekte, auf die er zu einem bestimmten Zeitpunkt Anwendung findet, der Zahl oder sogar der Identität nach mehr oder weniger genau bestimmen lassen, solange feststeht, daß diese Anwendung aufgrund einer objektiven rechtlichen oder tatsächlichen Situation erfolgt, die in dem Rechtsakt im Zusammenhang mit seiner Zielsetzung umschrieben ist (siehe z. B. Urteil Zuckerfabrik Watenstedt/Rat, a. a. O., S. 621, Beschluß des Gerichts vom 29. Juni 1995 in der Rechtssache T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto u. a./Kommission, Slg. 1995, II-1941, Randnr. 48, und Urteil Weber/Kommission, a. a. O., Randnr. 64). 43 Im vorliegenden Fall wird die Klägerin durch die in Frage stehenden Vorschriften aber gerade aufgrund einer Situation berührt, die in der angefochtenen Verordnung im Zusammenhang mit deren Zielsetzung umschrieben wird. Wenn die Zahl der betroffenen Wirtschaftsteilnehmer beschränkt ist, so liegt dies nämlich an der Natur der durch diese Verordnung geschaffenen Regelung als solche, d. h. der Gewährung einer Gemeinschaftsunterstützung durch die Mitgliedstaaten an die stärkeerzeugenden Unternehmen, denen die früheren Maßnahmen der Gemeinschaft zugute gekommen sind. In diesem Zusammenhang ist ausserdem anzumerken, daß, wie der Rat in der mündlichen Verhandlung vorgetragen hat, eine solche Situation im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik nicht aussergewöhnlich ist. 44 Nach alledem befindet die Klägerin sich in der gleichen Lage wie alle anderen stärkeerzeugenden Unternehmen, die in den Wirtschaftsjahren 1990 bis 1993 eine Stärkemenge hergestellt und dafür eine Prämie erhalten haben. Keine persönliche Eigenschaft und kein tatsächlicher Umstand hebt die Klägerin daher aus dem Kreis der sonstigen Wirtschaftsteilnehmer heraus, die sich in der gleichen Lage befinden. Die Klägerin ist folglich durch die angefochtene Verordnung nicht individuell betroffen. 45 Im übrigen hat die Klägerin die französischen Verordnungen, durch die ihr ein individuelles Kontingent gemäß der Verordnung Nr. 1868/94 zugeteilt worden ist, bei dem zuständigen nationalen Gericht angefochten (siehe oben, Randnr. 14); dieses Gericht kann gegebenenfalls dem Gerichtshof nach Artikel 177 Absatz 1 Buchstabe b des Vertrages, in dessen Rahmen der Gerichtshof zur Entscheidung über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Gemeinschaft befugt ist, eine Frage zur Vorabentscheidung vorlegen. 46 Die Klage ist folglich als unzulässig abzuweisen, ohne daß es erforderlich wäre, sich mit der Frage zu befassen, ob die Klägerin durch diese Verordnung unmittelbar betroffen ist. Kostenentscheidung Kosten 47 Gemäß Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist und der Rat beantragt hat, ihr die Kosten aufzuerlegen, sind ihr ausser ihren eigenen Kosten die Kosten des Rates aufzuerlegen. Nach Artikel 87 § 4 der Verfahrensordnung trägt die Kommission als Streithelferin ihre eigenen Kosten Tenor Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Vierte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen. 2. Die Klägerin trägt ihre eigenen Kosten und die Kosten des Rates. 3. Die Kommission trägt ihre eigenen Kosten.

61995CJ0053

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por decisão de 14 de Fevereiro de 1995, entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 1 de Março seguinte, o tribunal du travail de Tournai submeteu a este Tribunal, nos termos do artigo 177. do Tratado CE, uma questão prejudicial relativa à interpretação dos artigos 48. , 51. , 52. e 59. do referido Tratado. 2 Esta questão foi suscitada no âmbito de um litígio entre o Institut nacional d' assurances sociales pour travailleurs indépendants (a seguir "Inasti") e H. Kemmler, referente ao pagamento de contribuições para o regime de segurança social belga dos trabalhadores independentes. 3 H. Kemmler, de nacionalidade alemã, exerceu a título independente a actividade de advogado em Francoforte e Bruxelas. Sempre teve domicílio na Alemanha, onde estava sujeito ao regime de segurança social dos trabalhadores independentes mas, além disso, residiu em Flobecq (círculo judicial de Tournai), na Bélgica, durante parte do período litigioso. 4 Segundo o Inasti, H. Kemmler deve ser considerado sujeito à segurança social belga até 30 de Junho de 1982, data da entrada em vigor do Regulamento (CEE) n. 1390/81 do Conselho, de 12 de Maio de 1981, que torna extensivo aos trabalhadores não assalariados e aos membros das suas famílias o Regulamento n. 1408/71 do Conselho (JO L 143, p. 1). Efectivamente, na falta de uma convenção bilateral de segurança social entre o Reino da Bélgica e a República Federal da Alemanha, o interessado devia pagar as contribuições respeitantes à sua actividade profissional na Bélgica, nos termos do artigo 3. , n. 1, do Decreto real n. 38, de 27 de Julho de 1967, que estabelece o estatuto social dos trabalhadores independentes (Moniteur belge de 29.7.1967). 5 Nestes termos, o Inasti exigiu a H. Kemmler as contribuições não pagas relativas ao ano de 1981 e aos dois primeiros trimestres de 1982. O interessado recusou, porém, o pagamento destas contribuições dado que, designadamente, estava já sujeito à segurança social alemã para trabalhadores independentes e a inscrição na segurança social belga não lhe traria qualquer protecção social suplementar. 6 O tribunal du travail de Tournai, a quem o litígio foi submetido, considerando que a respectiva solução dependia da interpretação de diversas disposições do Tratado, submeteu ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: "Os artigos 48. , 51. , 52. e 59. do Tratado de Roma devem ser interpretados no sentido de que, antes de 1 de Julho de 1982, um Estado-Membro (no caso vertente, a Bélgica) não podia impor aos nacionais de outro Estado-Membro (no caso vertente, a ex-República Federal da Alemanha), que exercessem uma actividade profissional independente no seu território, sendo que exerciam a mesma actividade profissional independente na ex-República Federal da Alemanha, onde estavam domiciliados e sujeitos à segurança social, uma obrigação de contribuição para o regime de segurança social belga dos trabalhadores independentes, tanto mais que tal obrigação não podia gerar em seu proveito qualquer protecção social suplementar?" 7 Deve desde logo esclarecer-se que, nos termos do seu artigo 2. , o Regulamento n. 1390/81 não confere nenhum direito relativo ao período anterior à data da sua entrada em vigor. Ora, resulta do seu artigo 4. ter o citado regulamento entrado em vigor apenas em 1 de Julho de 1982, ou seja, em data posterior aos períodos a que se refere o litígio no processo principal. Esse regulamento é, consequentemente, inaplicável a este litígio, justificando-se assim que a questão apresentada se refere exclusivamente às disposições do Tratado (v. acórdão de 7 de Julho de 1988, Stanton, 143/87, Colect., p. 3877, n. 7). 8 Deve ainda salientar-se que, segundo as indicações contidas na decisão de reenvio, o interessado não exerce actividade assalariada mas sim actividades independentes no âmbito de uma estrutura profissional instalada tanto em Francoforte como em Bruxelas. A sua situação não se enquadra, por isso, nos artigos 48. e 51. do Tratado, que respeitam à livre circulação dos trabalhadores, nem no artigo 59. , que diz respeito à livre prestação de serviços. Dado que H. Kemmler dispõe de instalação estável e permanente em ambos os Estados-Membros em causa, apenas o artigo 52. , relativo ao direito de estabelecimento, é útil para a solução do litígio. 9 Este artigo determina a supressão das restrições à liberdade de estabelecimento dos nacionais de um Estado-Membro no território de outro Estado-Membro. Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, trata-se de uma norma de direito comunitário directamente aplicável. O respeito por esta norma impunha-se, portanto, aos Estados-Membros embora, na falta de regulamentação comunitária sobre o estatuto social dos trabalhadores independentes, continuassem a ser competentes para legislar nessa matéria (v., designadamente, acórdão Stanton, já referido, n. 10). 10 Como decidiu o Tribunal de Justiça (v., designadamente, acórdão de 12 de Julho de 1984, Klopp, 107/83, Recueil, p. 2971, n. 19), a liberdade de estabelecimento não se limita ao direito de criar um único estabelecimento no interior da Comunidade, mas inclui igualmente a faculdade de criar e manter, no respeito das regras profissionais, mais de um centro de actividade no território dos Estados-Membros. 11 As disposições do Tratado relativas à livre circulação de pessoas visa, assim, facilitar o exercício de actividades profissionais em todo o território dos Estados-Membros e opõem-se a qualquer legislação nacional que possa desfavorecer o alargamento dessas actividades para além do território de um único Estado-Membro (v. acórdão Stanton, já referido, n. 13). 12 A legislação de um Estado-Membro que obriga as pessoas que já exercem uma actividade independente noutro Estado-Membro, onde têm domicílio e estão inscritas no regime de segurança social, a contribuir para o regime dos trabalhadores independentes, tem como efeito desfavorecer o exercício de actividades profissionais fora do território desse Estado-Membro. O artigo 52. do Tratado opõe-se, por isso, a uma legislação desse tipo, a menos que tenha uma justificação adequada. 13 A este respeito, deve salientar-se que uma legislação como a que está em causa no litígio no processo principal não oferece nenhuma protecção social complementar aos interessados. A perturbação causada ao exercício de actividades profissionais fora do território de um só Estado-Membro não pode, pois, em qualquer hipótese, encontrar nessa circunstância qualquer justificação (v. acórdão Stanton, já referido, n. 15). 14 Nestas condições, há que responder à questão prejudicial que o artigo 52. do Tratado se opõe a que um Estado-Membro obrigue pessoas que já exercem uma actividade independente noutro Estado-Membro, onde têm domicílio e estão inscritas num regime de segurança social, a contribuir para o regime de segurança social dos trabalhadores independentes, quando essa obrigação não implica nenhuma protecção social complementar a seu favor. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 15 As despesas efectuadas pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentou observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção), pronunciando-se sobre a questão que lhe foi submetida pelo tribunal du travail de Tournai (Bélgica), por decisão de 14 de Fevereiro de 1995, declara: O artigo 52. do Tratado CE opõe-se a que um Estado-Membro obrigue pessoas que já exercem uma actividade independente noutro Estado-Membro, onde têm domicílio e estão inscritas num regime de segurança social, a contribuir para o regime de segurança social dos trabalhadores independentes, quando essa obrigação não implica nenhuma protecção social complementar a seu favor.

61988CJ0326

es

Mediante resolución de 28 de enero de 1988, recibida en el Tribunal de Justicia el 9 de noviembre siguiente, el Vestre Landsret planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n° 543/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera ( DO L 77, p. 49 ; EE 07/01, p. 116). Dicha cuestión se suscitó en el marco de un proceso penal seguido contra la sociedad Hansen & Søn I/S (en lo sucesivo, «Hansen & Søn»), en su calidad de empresario de un conductor, por haber infringido éste último lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 7 y en el artículo 11 del Reglamento n° 543/69, ya citado, relativos a la duración máxima de conducción diaria y a la duración obligatoria de descanso diario, respectivamente. En virtud del apartado 1 del artículo 18 del Reglamento n° 543/69, los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para su ejecución. Dichas disposiciones se referirán, entre otras cosas, a las sanciones aplicables en caso de infracción de las normas en él contenidas. Conforme a la habilitación que le fue concedida por el apartado 1 del artículo 1 de la Ley danesa n° 508, de 29 de noviembre de 1972, para la aplicación de las disposiciones del Reglamento del Consejo antes citado, el Ministro de Trabajo danés dictó el Decreto Ministerial n° 448, de 2 de junio de 1981. El artículo 9 de dicho Decreto establece que la infracción de los artículos 7 y 11 del Reglamento n° 543/69 podrá ser sancionada con multa al empresario cuando el desplazamiento se haya efectuado en su interés, aunque no pueda considerársele responsable de una infracción cometida intencionadamente o por negligencia. Basándose en esta norma, el Tribunal de Graasten condenó a Hansen & Søn al pago de una multa sin que se le declarara responsable de una infracción cometida de manera dolosa o negligente. En el recurso de apelación interpuesto ante el Vestre Landsret, Hansen & Søn alegó que una responsabilidad puramente objetiva como la establecida por el citado Decreto de 1981 no era compatible con el Reglamento n° 543/69 del Consejo, antes citado. El Vestre Landsret acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Supone el Reglamento (CEE) n° 543/69, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, así como sus modificaciones posteriores, un obstáculo para la aplicación de las disposiciones nacionales, según las cuales un empresario, cuyo conductor haya infringido las disposiciones del apartado 2 del artículo 7 y del artículo 11 del Reglamento en materia de tiempos de conducción y de descanso, puede ser sancionado incluso si no puede imputársele al empresario el haber cometido esta infracción de forma intencional o por negligencia?» Para una más amplia exposición del marco jurídico y de los hechos del litigio principal, del desarrollo del procedimiento así como de las observaciones escritas presentadas, este Tribunal se remite al informe para la vista. En lo sucesivo sólo se hará referencia a estos elementos en la medida exigida por el razonamiento del Tribunal. Hansen & Søn expuso dos argumentos al objeto de demostrar la incompatibilidad del artículo 9 del Decreto danés de 1981 con el Reglamento n° 543/69. En primer lugar, alegó que, al establecer una responsabilidad penal objetiva, el Gobierno danés había intentado ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento n° 543/69 y había impuesto a los empresarios una obligación no contenida en el mismo. En apoyo de esta afirmación, se refirió a la sentencia de 18 de febrero de 1975 (Cagnon y Taquet, 69/74, Rec. 1975, p. 171, apartado 10 ), en la cual el Tribunal de Justicia precisó que la obligación que incumbe al empresario, con arreglo al artículo 11 de este Reglamento, se limitaba a adoptar las medidas necesarias para que sus empleados pudieran disfrutar del preceptivo descanso diario. En apoyo de esta tesis, Hansen & Søn añadió que el artículo 15 del Reglamento (CEE) n° 3820/85 del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera ( DO L 370, p. 1 ; EE 07/04, p. 21), que sustituyó al Reglamento n° 543/69 con efectos a partir del 29 de septiembre de 1986, no constituye sino una precisión de las normas aplicables en virtud del Reglamento anterior. Según esta disposición, el empresario está obligado a organizar el trabajo de manera que los conductores puedan cumplir la normativa comunitaria y a adoptar las medidas necesarias para evitar que se repitan las infracciones que hubieran podido producirse. No se puede aceptar esta tesis. Los artículos 7 y 11 del Reglamento n° 543/69 fijan límites a la duración de la conducción y al tiempo de descanso que han de ser respetados por los conductores y por los demás miembros de la tripulación de un vehículo. El artículo 18 exige que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para garantizar el respeto de dichos límites. Una disposición de Derecho interno que establece la responsabilidad penal del empresario a causa de la infracción, por parte de sus empleados, de las normas fijadas en los artículos 7 y 11 del Reglamento n° 543/69 no amplía en sí misma el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. Tal responsabilidad constituye, en efecto, un medio de garantizar el respeto de los límites impuestos por dichas normas. En cuanto al artículo 15 del Reglamento n° 3820/85, su objeto no consiste en limitar la responsabilidad del empresario por los empleados que no respetan el tiempo de conducción y de descanso, sino en crear obligaciones concretas y distintas para el propio empresario. De ello se desprende que estas disposiciones no impiden en modo alguno el establecimiento de una responsabilidad penal objetiva del empresario. Hansen & Søn también sostuvo que las empresas danesas estaban expuestas a un mayor riesgo de sanción puesto que Dinamarca era el único país que había instaurado un régimen de responsabilidad penal objetiva y que, por tanto, se había falseado el juego de la competencia dentro del mercado común, lo que es contrario a los fines del Reglamento n° 543/69, cuyo objeto es la armonización de las disposiciones nacionales en la materia. Procede destacar, a este respecto, que, si bien el Reglamento n° 543/69 tiene por objeto, efectivamente, la armonización de determinadas disposiciones que inciden sobre la competencia en el sector de los transportes por carretera, dicho Reglamento deja una amplia facultad de apreciación a los Estados miembros para la aplicación de las mismas. Por una parte, el artículo 13 autoriza a los Estados miembros a aplicar medidas más estrictas a los conductores de los vehículos matriculados en su territorio; por otra parte, el artículo 18 deja a cargo de los Estados miembros la definición de la naturaleza y de la severidad de las sanciones aplicables en caso de infracción. Además, procede señalar que las consecuencias económicas de un infracción del Reglamento n° 543/69 varían no sólo en función del régimen de responsabilidad penal establecido por el Estado miembro de que se trate, sino también de la cuantía de la multa impuesta y del grado de eficacia de los controles efectuados. Por tanto, el establecimiento de un sistema de responsabilidad penal objetiva no implica en sí mismo una distorsión en las condiciones de competencia. Procede, por tanto, afirmar que el Reglamento n° 543/69 no constituye un obstáculo para la aplicación de las disposiciones nacionales que sancionan a un empresario cuyo conductor haya infringido el apartado 2 del artículo 7 y el artículo 11 de este Reglamento, aunque dicha infracción no pueda atribuirse a una conducta intencional o negligente del empresario. Por otro lado, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, confirmada en la sentencia de 21 de septiembre de 1989 (Comisión contra Grecia, 68/88, Rec. 1989, p. 2965 ), cuando un Reglamento comunitario no contenga disposición específica alguna que prevea una sanción en caso de infracción, o cuando remita en este aspecto a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales, el artículo 5 del Tratado exige de los Estados miembros la adopción de todas las medidas apropiadas para asegurar el alcance y la eficacia del Derecho comunitario. Para ello, al mismo tiempo que conservan la posibilidad de elegir las sanciones, los Estados miembros deben procurar, en particular, que las infracciones del Derecho comunitario sean sancionadas en condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional cuando sean de índole e importancia similares y que, en todo caso, confieran a la sanción un carácter efectivo, proporcionado y disuasorio. De la resolución de remisión se desprende que el establecimiento de una responsabilidad penal objetiva se corresponde con el régimen generalmente aplicado en Dinamarca conforme a la legislación sobre el entorno laboral. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta el hecho de que, por una parte, un régimen de responsabilidad penal objetiva puede incitar al empresario a organizar el trabajo de sus empleados de manera que se garantice el respeto del Reglamento y que, por otra, la seguridad en carretera, que, con arreglo al tercer y noveno considerandos del Reglamento n° 543/69, es uno de sus objetivos, reviste un interés general que puede justificar la imposición de una multa al empresario por las infracciones cometidas por su empleado y un sistema de responsabilidad penal objetiva. La imposición de tal multa, que responde al deber de cooperación leal establecido por el artículo 5 del Tratado CEE, no es, por tanto, desproporcionada en relación con el fin perseguido. La aplicación del principio de proporcionalidad al importe de la multa no se ha cuestionado en el presente asunto. De todas las consideraciones anteriores se deduce que procede responder a la cuestión planteada por el Vestre Landsret en el sentido de que ni el Reglamento n° 543/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, ni los principios generales del Derecho comunitario suponen un obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales con arreglo a las cuales pueda ser sancionado el empresario cuyo conductor haya infringido las disposiciones del apartado 2 del artículo 7 y del artículo 11 de dicho Reglamento, aunque esta infracción no pueda atribuirse a una conducta intencional o negligente del empresario, siempre que la sanción prevista sea análoga a las que se aplican en caso de infracción de normas de Derecho interno de naturaleza e importancia similares y que dicha sanción sea proporcionada a la gravedad de la infracción cometida. Costas Los gastos efectuados por los Gobiernos danés y británico y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Vestre Landsret, mediante resolución de 28 de enero de 1988, declara: Ni el Reglamento (CEE) n° 543/69 del Consejo, de 25 de marzo de 1969, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social en el sector de los transportes por carretera, ni los principios generales del Derecho comunitario suponen un obstáculo para la aplicación de disposiciones nacionales con arreglo a las cuales pueda ser sancionado el empresario cuyo conductor haya infringido las disposiciones del apartado 2 del artículo 7 y del artículo 11 de dicho Reglamento, aunque esta infracción no puedo atribuirse a una conducta intencional o negligente del empresario, siempre que la sanción prevista sea análoga a las que se aplican en caso de infracción de normas de Derecho interno de naturaleza e importancia similares y que dicha sanción sea proporcionada a la gravedad de la infracción cometida. Due Slynn Kakouris Moitinho de Almeida Rodríguez Iglesias Grévisse Diez de Velasco Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de julio de 1990. El Secretario J.-G. Giraud El Presidente O. Due ( *1 ) Lengua de procedimiento: danes.

62005CJ0316

it

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»). Contesto normativo Normativa comunitaria 2       L’art. 9 del regolamento, intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», così dispone: «1.      Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare in commercio: a)      un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato; (…) 2.      Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1: a)      l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro confezionamento; (…) c)      l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno; (…)». 3       L’art. 14 del regolamento, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», precisa quanto segue: «Gli effetti del marchio comunitario sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X. (…) 3.      Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente alle disposizioni del titolo X». 4       Il titolo X del regolamento, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi comunitari», comprende gli artt. 90-104. 5       Conformemente agli artt. 91, n. 1, e 92, lett. a), del regolamento, gli Stati membri designano nei rispettivi territori tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, denominati «tribunali dei marchi comunitari», a cui è attribuita una competenza esclusiva per tutte le azioni in materia di contraffazione e – qualora siano previste dalla legislazione nazionale – per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi comunitari. 6       L’art. 97 del regolamento così prevede: «1.      I tribunali dei marchi comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento. 2.      Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato. 3.      Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi comunitari applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale è situato». 7       L’art. 98 del regolamento dispone quanto segue: «1.      Quando un tribunale dei marchi comunitari accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio comunitario o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette ad assicurare l’osservanza del divieto. 2.      Negli altri casi, il tribunale dei marchi comunitari applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato». Normativa svedese 8       Ai sensi dell’art. 4 della legge (1960:644) in materia di marchi (varumärkeslagen; in prosieguo: la «legge in materia di marchi»), il diritto di apporre un segno distintivo sulle merci implica che nessun altro oltre al titolare del segno può impiegare in attività commerciali un segno idoneo a creare confusione per contraddistinguere i suoi prodotti, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano forniti o destinati ad essere forniti nel paese o all’estero o che siano ivi importati. 9       L’art. 37 della legge in materia di marchi prevede pene che possono essere inflitte in caso di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave. 10     L’art. 37 a della legge in materia di marchi prevede che un giudice, su domanda del titolare del marchio, possa vietare, pena un’ammenda, al contraffattore la prosecuzione degli atti di contraffazione. Il giudice del rinvio ha osservato che tale disposizione è facoltativa. 11     L’art. 66 della legge in materia di marchi prevede, da una parte, che l’art. 37 di questa legge dev’essere applicato in caso di contraffazione di un marchio comunitario. Esso precisa, d’altra parte, che l’art. 37 a si applica laddove il regolamento non preveda altrimenti. Controversia principale e questioni pregiudiziali 12     La Nokia Corp. (in prosieguo: la «Nokia») è titolare del marchio denominativo Nokia, registrato contemporaneamente come marchio nazionale svedese e come marchio comunitario, in particolare, per i prodotti «telefoni cellulari e loro accessori». 13     Nel 2002, il sig. Wärdell ha importato dalle Filippine dei «flash stickers». Si tratta di adesivi destinati ad essere applicati su telefoni cellulari e contenenti un diodo elettroluminescente che lampeggia quando il telefono suona. 14     In occasione dei controlli doganali, è stato scoperto che parte di tali «flash stickers» recavano il marchio Nokia, apposto sul prodotto medesimo o sulla sua confezione. Il sig. Wärdell ha sostenuto che si trattava di un errore di fornitura commesso, a sua insaputa, dal fornitore. 15     Facendo valere che il sig. Wärdell si era reso colpevole di contraffazione, la Nokia lo ha citato dinanzi allo Stockholms tinsrätt (Tribunale di primo grado di Stoccolma) affinché, a pena di ammenda, vietasse al convenuto di utilizzare in un’attività commerciale segni idonei a creare confusione con il marchio svedese e con il marchio comunitario Nokia. 16     Il tingsrätt ha affermato che la contraffazione era provata. Poiché il sig. Wärdell aveva dichiarato che egli aveva l’intenzione di importare altri «flash stickers», tale giudice ha ritenuto che esistesse un rischio che il convenuto commettesse un nuovo atto di contraffazione, ed ha pertanto disposto nei suoi confronti un’interdizione a pena dell’ammenda sollecitata. 17     Su appello del sig. Wärdell, lo Svea hovrätt (Corte d’appello per la regione «svedese») ha affermato che quest’ultimo aveva commesso un atto di contraffazione e anche che vi era un rischio che quest’ultimo potesse in futuro rendersi colpevole dei medesimi atti nei confronti dei marchi detenuti dalla Nokia. Tuttavia, constatando che il sig. Wärdell non aveva precedentemente commesso atti di contraffazione e che poteva essere accusato solo di negligenza, tale giudice ha considerato che non si potesse disporre un’interdizione nei suoi confronti a pena di ammenda. 18     La Nokia ha proposto ricorso dinanzi allo Högsta domstolen (Corte di cassazione). Essa fa valere che il fatto che il sig. Wärdell abbia oggettivamente violato il suo diritto di marchio è di per sé sufficiente per pronunciare l’interdizione a pena di ammenda. 19     In tali circostanze, lo Högsta domstolen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se la condizione relativa ai “motivi particolari” di cui all’art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento (CE) (…) n. 40/94, (…) debba essere interpretata nel senso che un tribunale che accerta che il convenuto ha commesso atti di contraffazione del marchio comunitario può, a prescindere dalle altre circostanze, astenersi dall’interdire specificamente la reiterazione di tali atti qualora giudichi il rischio di successive contraffazioni non evidente o, in qualche modo, solo limitato. 2)      Se la condizione relativa ai “motivi particolari” di cui all’art. 98, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario debba essere interpretata nel senso che un tribunale che accerta che il convenuto ha commesso atti di contraffazione del marchio comunitario può, anche se non sussiste un motivo per astenersi dall’interdire ulteriori atti di contraffazione come quello previsto nella prima questione, astenersi dal pronunciare tale interdizione in quanto risulta evidente che la reiterazione di tali atti rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto può essere colpito da una sanzione penale qualora commetta ulteriori atti di contraffazione con dolo o colpa grave. 3)      In caso di soluzione negativa della seconda questione, se occorra adottare misure particolari, associando ad esempio l’interdizione di un’ammenda, per garantire il rispetto di tale interdizione, malgrado risulti evidente che la reiterazione degli atti di contraffazione rientra in un divieto generale di contraffazione previsto dalla normativa nazionale e che il convenuto può essere colpito da una sanzione penale qualora commetta ulteriori atti di contraffazione con dolo o colpa grave. 4)      Se, in caso di soluzione affermativa della terza questione, ciò valga anche qualora le condizioni per adottare tali misure particolari in presenza di un’analoga contraffazione del marchio nazionale non sembrino essere soddisfatte». Sulla prima questione 20     Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 98, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che il semplice fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non sia evidente o sia, in qualche modo, limitato costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti. 21     Dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto comunitario quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto comunitario che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Comunità di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenze 18 gennaio 1984, causa 327/82, Ekro, Racc. pag. 107, punto 11; 19 settembre 2000, causa C‑287/98, Linster, Racc. pag. I‑6917, punto 43, e 17 marzo 2005, causa C‑170/03, Feron, Racc. pag. I‑2299, punto 26). 22     Ciò avviene per quanto riguarda i termini «motivi particolari» che figurano all’art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento. 23     È vero che l’art. 14, n. 1, del regolamento dispone che «le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X». 24     Tuttavia, da una parte, tale rinvio ai diritti nazionali degli Stati membri non esclude la determinazione, da parte del legislatore comunitario, di talune regole che disciplinano uniformemente la questione delle contraffazioni dei marchi comunitari, come indicato dalla precisazione «conformemente al disposto del titolo X». 25     D’altra parte, come risulta dal suo secondo ‘considerando’, il regime comunitario dei marchi introdotto dal regolamento è segnatamente diretto a conferire alle imprese «il diritto di acquisire (…) marchi comunitari che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti in tutto il territorio della Comunità». 26     Ai fini della tutela del marchio comunitario è essenziale far rispettare il divieto di contraffazione dei detti marchi. 27     Orbene, se la nozione di «motivi particolari» dovesse essere interpretata diversamente nei vari Stati membri, le stesse circostanze potrebbero dar luogo ad un divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione in taluni Stati e non in altri. Di conseguenza, la tutela garantita ai marchi comunitari non sarebbe uniforme su tutto il territorio della Comunità. 28     La nozione di «motivi particolari» dev’essere interpretata uniformemente nell’ordinamento giuridico comunitario. 29     A tale riguardo va constatato, in primo luogo, che, nelle diverse versioni linguistiche, l’art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento è redatto in termini imperativi (v., in particolare, in spagnolo: «dictará providencia para prohibirle», in tedesco: «verbietet», in inglese, «shall (…) issue an order prohibiting», in francese: «rend (…) une ordonnance lui interdisant», in italiano: «emette un’ordinanza vietandogli», e in olandese: «verbiedt»). 30     Ne consegue che, in linea di principio, il tribunale dei marchi comunitari deve emettere un’ordinanza che vieti la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione e, pertanto, che la nozione di «motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione» – che, come emerge chiaramente dalla lettera della stessa disposizione, costituisce una deroga a questo obbligo (v., in particolare, in spagnolo: «[n]o habiendo», in tedesco: «sofern (…) nicht (...) entgegenstehen», in inglese: «unless there are», in francese: «sauf s’il y a», in italiano: «a meno que esistano», e in olandese: «tenzij er (…) zijn») – dev’essere interpretata restrittivamente. 31     In secondo luogo, l’art. 98, n. 1, del regolamento costituisce una disposizione essenziale per raggiungere l’obiettivo, perseguito dal regolamento, di una tutela dei marchi comunitari nella Comunità. 32     Orbene, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 24 delle sue conclusioni, se la pronuncia di un divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario fosse subordinata all’esistenza di un rischio evidente o non limitato di ripetizione di tali atti, il richiedente sarebbe probabilmente tenuto a fornire la prova di tale rischio. Una prova di tale tipo relativa alle azioni potenziali del convenuto in futuro sarebbe difficile da fornire da parte del richiedente e rischierebbe di privare d’effetto il diritto esclusivo che gli conferisce il suo marchio comunitario. 33     In terzo luogo, come è stato osservato al punto 25 della presente sentenza, la tutela dei marchi comunitari dev’essere uniforme su tutto il territorio della Comunità. 34     Orbene, un’interpretazione secondo cui la pronuncia di un divieto di prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario sarebbe subordinata all’esistenza di un rischio evidente o non limitato di reiterazione di tali atti da parte del convenuto, avrebbe la conseguenza che la portata della tutela di tale marchio varierebbe da un giudice all’altro, o addirittura da un procedimento all’altro, a seconda della valutazione che verrebbe fatta di tale rischio. 35     Le considerazioni che precedono non ostano evidentemente a che un tribunale dei marchi comunitari non pronunci un tale divieto quando constata che la prosecuzione da parte del convenuto di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione è ormai impossibile. Ciò accadrebbe in particolare se, successivamente alla commissione dei detti atti, venisse presentata una domanda nei confronti del titolare del marchio contraffatto e tale domanda comportasse la decadenza dai suoi diritti. 36     Occorre dunque risolvere la prima questione affermando che l’art. 98, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non sia evidente o sia, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti. Sulla seconda questione 37     Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 98, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti. 38     In primo luogo, come risulta dalla scelta dei termini impiegati dal legislatore comunitario nella prima frase dell’art. 98, n. 1, del regolamento (v., in particolare, in spagnolo: «razones especiales», in tedesco: «besondere Gründe», in inglese: «special reasons», in francese: «raisons particulières», in italiano: «motivi particolari», e in olandese: «speciale redenen»), la nozione di «motivi particolari» si riferisce a circostanze di fatto specifiche di una determinata fattispecie. 39     Orbene, la circostanza che la normativa di uno Stato membro preveda un divieto generale di contraffazione nonché la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione non può essere considerata specifica di tutti i ricorsi per contraffazione o minaccia di contraffazione presentati ai tribunali dei marchi comunitari di tale Stato. 40     Inoltre, in virtù degli artt. 44, n. 1, e 61 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo ADPIC – in lingua inglese: «TRIPs» –), che figura all’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo OMC), approvato a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE (GU L 336, pag. 1), tutti gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni civili e penali, compreso il divieto, per le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. L’esistenza di sanzioni di tale tipo nel diritto nazionale non può, a maggior ragione, costituire un motivo particolare ai sensi dell’art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento. 41     In secondo luogo, se la circostanza che la legislazione di uno Stato membro prevede un divieto generale di contraffazione nonché la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione dovesse essere considerata un motivo particolare, ai sensi dell’art. 98, n. 1, prima frase, del regolamento, l’applicazione del principio, enunciato in tale disposizione, secondo cui i tribunali dei marchi comunitari devono, salvo eccezioni, emettere un’ordinanza che vieti la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dipenderebbe dal contenuto del diritto nazionale applicabile. 42     Infatti, i tribunali dei marchi comunitari di uno Stato membro la cui normativa nazionale prevede un divieto generale di contraffazione nonché la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione di tali atti sarebbero quindi sistematicamente dispensati dall’emettere un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti incriminati, senza nemmeno tener conto delle specificità di fatto di ogni caso, e, pertanto, l’art. 98, n. 1, del regolamento verrebbe privato di qualsiasi effetto sul territorio di tale Stato. 43     Una tale conseguenza sarebbe incompatibile sia con il principio della preminenza del diritto comunitario sia con il requisito della sua applicazione uniforme. 44     Infine, come rilevano la Nokia e il governo francese, nonché l’avvocato generale ai paragrafi 33 e 34 delle sue conclusioni, l’esistenza, nel diritto nazionale applicabile, di un divieto generale di atti di contraffazione e l’eventualità di una sanzione penale in caso di prosecuzione di tali atti non hanno il medesimo effetto dissuasivo di un divieto specifico al convenuto di prosecuzione di tali atti, corredato da misure idonee a garantire il rispetto, già pronunciato da una decisione giurisdizionale esecutiva. Pertanto, il diritto del titolare del marchio contraffatto non può essere tutelato in modo paragonabile in assenza di un tale divieto specifico. 45     Occorre dunque risolvere la seconda questione affermando che l’art. 98, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, non costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti. Sulla terza questione 46     Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’art. 98, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che abbia emesso un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario è tenuto ad adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire l’osservanza di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o a colpa grave. 47     A tal riguardo occorre sottolineare, da una parte, che la seconda frase dell’art. 98, n. 1, del regolamento è redatta in termini imperativi (v., in particolare, in spagnolo: «adoptará las medidas», in tedesco: «trifft (…) die (…) Maßnahmen», in inglese: «shall (…) take (…) measures», in francese: «prend (…) les mesures», in italiano: «[p]rende le misure», e in olandese: «treft (…) maatregelen»). 48     D’altra parte, contrariamente a quanto accade per l’obbligo di emettere un’ordinanza che vieti la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione – previsto alla prima frase dell’art. 98, n. 1, del regolamento –, che è corredato da una deroga in caso di «motivi particolari», per l’obbligo di accompagnare tale divieto con misure idonee ad assicurarne l’osservanza, previsto alla seconda frase della medesima disposizione, non è prevista alcuna eccezione. 49     Ne consegue che, poiché il tribunale dei marchi comunitari di uno Stato membro ha emesso un’ordinanza che vieta la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, esso ha l’obbligo di adottare, tra le misure previste nella legislazione di tale Stato membro, quelle che sono idonee a garantire l’osservanza di tale divieto. 50     Un’interpretazione di questo tipo è inoltre conforme allo scopo perseguito dall’art. 98, n. 1, del regolamento, che è quello di proteggere il diritto conferito dal marchio comunitario 51     Come emerge dalla soluzione della seconda questione, la circostanza che la normativa nazionale applicabile comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, non esime un tribunale dei marchi comunitari dall’emettere un’ordinanza che vieti al convenuto di proseguire tali atti. 52     Di conseguenza, questa medesima circostanza non lo esime a maggior ragione dall’adottare, conformemente al diritto nazionale, le misure idonee a garantire l’osservanza di tale divieto. 53     Occorre dunque risolvere la terza questione affermando che l’art. 98, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che abbia emesso un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l’obbligo di adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire il rispetto di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave. Sulla quarta questione 54     Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 98, n. 1, del regolamento debba essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che abbia emesso un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario è tenuto ad adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire l’osservanza di tale divieto, quando tali misure non potrebbero, in virtù di tale legge, essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale. 55     Dalle soluzioni alla seconda e alla terza questione emerge che il legislatore comunitario ha introdotto l’obbligo, per i tribunali dei marchi comunitari, da una parte, di vietare, salvo motivi particolari, la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario e, dall’altra, di adottare misure idonee a garantire l’osservanza di tale divieto. 56     Ai termini dell’art. 14, n. 1, del regolamento, «le contraffazioni di un marchio comunitario sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X [del regolamento]». 57     È così che la natura delle misure previste dall’art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento è determinata dalla legge nazionale dello Stato membro del tribunale dei marchi comunitari a cui è stato presentato il ricorso, come emerge dal rinvio espresso a tale legge operato dalla detta disposizione. A tale riguardo, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, spetta agli Stati membri prevedere nel loro diritto nazionale misure efficaci per prevenire la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario. 58     Invece, introducendo un obbligo assoluto, a carico dei tribunali dei marchi comunitari, di adottare tali misure quando emettono un’ordinanza che vieti la prosecuzione di atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, il legislatore comunitario ha escluso che il diritto nazionale di uno Stato membro subordini la pronuncia delle dette misure al rispetto di condizioni supplementari. 59     Di conseguenza, occorre interpretare l’art. 98, n. 1, seconda frase, del regolamento nel senso che esso non rinvia alla legge nazionale per quanto riguarda le condizioni di attuazione delle misure previste nella detta legge che sono idonee a garantire l’osservanza del divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario, ma esige che tali misure siano pronunciate non appena sia stata emessa un’ordinanza di divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione. Ne consegue, in particolare, che i tribunali dei marchi comunitari sono tenuti ad adottare tali misure senza tenere in considerazione le condizioni richieste per la loro attuazione dalla legge nazionale applicabile. 60     Se ciò non accadesse, l’obiettivo di cui all’art. 98, n. 1, del regolamento, che è quello di tutelare in modo uniforme su tutto il territorio della Comunità il diritto conferito dal marchio comunitario contro il rischio di contraffazione, non sarebbe raggiunto. Infatti, un divieto di prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione non accompagnato da misure idonee a garantirne l’osservanza sarebbe, in larga misura, privo di effetto dissuasivo. 61     A maggior ragione è dunque indifferente che, in circostanze di fatto equivalenti, la legge nazionale non consenta ai giudici nazionali di accompagnare tali misure con un divieto di proseguire atti di contraffazione di un marchio nazionale. Occorre ricordare, a tal proposito, che la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), ha certamente armonizzato il contenuto dei diritti conferiti dai marchi nazionali, ma non le azioni in giudizio destinate a far osservare tali diritti dai terzi. 62     Occorre dunque risolvere la quarta questione affermando che l’art. 98, n. 1, del regolamento dev’essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che abbia emesso un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l’obbligo di adottare, tra le misure previste dalla legge nazionale, quelle idonee a garantire l’osservanza di tale divieto anche se, in virtù di tale legge, queste misure non potrebbero essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale. Sulle spese 63     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara: 1) L’art. 98, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che il rischio che gli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario proseguano non sia evidente o sia, in qualche modo, limitato non costituisce di per sé un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti. 2) L’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che la legge nazionale comporti un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e preveda la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave, non costituisce un motivo particolare perché un tribunale dei marchi comunitari non emetta un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione di tali atti. 3) L’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 dev’essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che abbia emesso un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l’obbligo di adottare, conformemente alla legge nazionale, le misure idonee a garantire il rispetto di tale divieto, anche se tale legge comporta un divieto generale di contraffazione dei marchi comunitari e prevede la possibilità di sanzionare penalmente la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione, dovuta a dolo o colpa grave. 4) L’art. 98, n. 1, del regolamento n. 40/94 dev’essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi comunitari che abbia emesso un’ordinanza che vieti al convenuto la prosecuzione degli atti di contraffazione o di minaccia di contraffazione di un marchio comunitario ha l’obbligo di adottare, tra le misure previste dalla legge nazionale, quelle idonee a garantire l’osservanza di tale divieto anche se, in virtù di tale legge, queste misure non potrebbero essere adottate in caso di contraffazione analoga di un marchio nazionale. Firme * Lingua processuale: lo svedese.

61982CJ0059

fr

1 PAR ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1982 , PARVENUE A LA COUR LE 11 FEVRIER 1982 , LE LANDGERICHT MUNCHEN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES RELATIVES A L ' INTERPRETATION DES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE EN VUE D ' ETRE MIS EN MESURE D ' APPRECIER LA COMPATIBILITE AVEC LE DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UNE PRESCRIPTION DE LA LEGISLATION ALLEMANDE RELATIVE A LA COMMERCIALISATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE DE BOISSONS A BASE DE VIN PRODUITS EN TERRITOIRE ETRANGER ( ARTICLE 32 , ALINEA 1 , DE LA LOI SUR LE VIN ( WEINGESETZ ) DU 14 . 7 . 1981 , BUNDESGESETZBLATT 1971 , N 63 , P . 893 ). 2 CETTE QUESTION A ETE SOULEVEE DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LE SCHUTZVERBAND GEGEN UNWESEN IN DER WIRTSCHAFT - CI-APRES SCHUTZVERBAND - , REQUERANT AU PRINCIPAL , ET LA WEINVERTRIEBS-GMBH , CONCERNANT L ' INTERDICTION DE LA COMMERCIALISATION , SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , D ' UN VERMOUTH ITALIEN DONT LA TENEUR EN ALCOOL EST INFERIEURE A 16* EN VOLUME . 3 AUX TERMES DE LA LOI ITALIENNE ( ARTICLE 7 DU DECRET-LOI N 3 DU 11 . 1 . 1956 , GURI , 18 . 1 . 1956 , N 14 , DEVENU LA LOI N 108 DU 16 . 3 . 1956 ), LA TENEUR EN ALCOOL DU VERMOUTH MIS SUR LE MARCHE EN ITALIE DOIT ETRE AU MINIMUM DE 16* EN VOLUME ; IL EST CEPENDANT PERMIS A TITRE EXCEPTIONNEL QU ' UN VERMOUTH TITRANT MOINS DE 16* SOIT PRODUIT EN ITALIE , A CONDITION QU ' IL SOIT DESTINE A L ' EXPORTATION ET QU ' IL RESPECTE LA LEGISLATION DU PAYS DESTINATAIRE . 4 LA LOI ALLEMANDE SUR LE VIN NE POSE PAS DE LIMITE MINIMALE CONCERNANT LA TENEUR EN ALCOOL DU VERMOUTH ; PAR CONTRE , L ' ARTICLE 32 , ALINEA 1 , DE CETTE LOI DISPOSE QUE : ' LES BOISSONS A BASE DE VIN PRODUITES EN TERRITOIRE ETRANGER ( BOISSONS A BASE DE VIN DE PROVENANCE ETRANGERE ) NE PEUVENT ETRE IMPORTEES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL QUE SI L ' ENSEMBLE DES OPERATIONS DE PRODUCTION A ETE EFFECTUE DANS LE MEME ETAT CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION QUI Y EST APPLICABLE ET SI LE PRODUIT OBTENU PEUT Y ETRE COMMERCIALISE A CONDITION D ' Y ETRE CONSOMME TEL QUEL ; . . . ' 5 CETTE DISPOSITION CONDUISANT A INTERDIRE L ' IMPORTATION EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE D ' UN VERMOUTH ITALIEN DONT LA TENEUR EN ALCOOL EST INFERIEURE A 16* , LA JURIDICTION NATIONALE A ESTIME QU ' IL IMPORTAIT DE SAVOIR SI UNE TELLE INTERDICTION CONSTITUAIT UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE AU SENS DE L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE ; EN CONSEQUENCE , ELLE A SURSIS A STATUER ET A POSE LES QUESTIONS SUIVANTES A LA COUR : ' 1 . L ' INTERPRETATION D ' UNE DISPOSITION LEGALE DANS L ' ETAT MEMBRE A , AUX TERMES DE LAQUELLE UN VERMOUTH FABRIQUE DANS L ' ETAT MEMBRE B NE PEUT ETRE MIS SUR LE MARCHE DANS L ' ETAT MEMBRE A PARCE QU ' IL EST LEGEREMENT EN DECA D ' UNE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL PRESCRITE PAR LA LEGISLATION DE L ' ETAT MEMBRE B , EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE , QUAND BIEN MEME IL N ' EXISTE PAS , DANS L ' ETAT MEMBRE A , DE TENEUR MINIMALE EN ALCOOL PRESCRITE POUR LE VERMOUTH NATIONAL ET QUAND BIEN MEME LE VERMOUTH POURRAIT DONC ETRE MIS SUR LE MARCHE DANS L ' ETAT MEMBRE A SANS AUTRE FORMALITE S ' IL ETAIT PRODUIT DANS L ' ETAT MEMBRE A? EN CAS DE REPONSE AFFIRMATIVE A LA QUESTION 1 : 2.PEUT-ON CONSIDERER QU ' IL Y A COMPATIBILITE AVEC LES ARTICLES 30 ET SUIVANTS DU TRAITE CEE ALORS MEME QUE LES DISPOSITIONS NATIONALES DE L ' ETAT MEMBRE B PREVOIENT QUE LE VERMOUTH DANS L ' ETAT MEMBRE B NE DOIT PAS ETRE CONFORME AUX DISPOSITIONS NATIONALES DE L ' ETAT MEMBRE B RELATIVES A LA TENEUR MINIMALE EN ALCOOL DANS LA MESURE OU IL EST PRODUIT POUR ETRE EXPORTE DANS L ' ETAT MEMBRE A? ' 6 PAR LA PREMIERE QUESTION , LA JURIDICTION NATIONALE DEMANDE D ' OBTENIR LES ELEMENTS D ' INTERPRETATION LUI PERMETTANT D ' APPRECIER SI UNE INTERDICTION D ' IMPORTER DU VERMOUTH DONT LA TENEUR EN ALCOOL EST INFERIEURE AU MINIMUM PRESCRIT DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR POUR LA COMMERCIALISATION SUR SON MARCHE INTERNE , ALORS QU ' UN TEL MINIMUM N ' EST PAS PRESCRIT POUR LA COMMERCIALISATION DU VERMOUTH PRODUIT DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR , RELEVE OU NON DE LA CATEGORIE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES A L ' IMPORTATION OU DES MESURES D ' EFFET EQUIVALENT VISEES A L ' ARTICLE 30 DU TRAITE CEE . 7 IL APPARAIT DES DEBATS DEVANT LA COUR - ET SANS QUE CELA AIT ETE CONTESTE PAR LA REQUERANTE AU PRINCIPAL - QU ' UNE DISPOSITION DE L ' ETAT IMPORTATEUR , IMPOSANT EN FAIT UN DEGRE D ' ALCOOL MINIMAL POUR LE SEUL VERMOUTH IMPORTE , EMPECHE LA COMMERCIALISATION D ' UN PRODUIT LEGALEMENT FABRIQUE DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , ALORS QU ' ELLE NE POSE AUCUNE CONDITION CONCERNANT LA TENEUR MINIMALE EN ALCOOL POUR LA MISE DANS LE COMMERCE DE PRODUITS NATIONAUX ANALOGUES . 8 UNE TELLE DISPOSITION , EN TANT QU ' ELLE NE VISE QUE LES SEULS PRODUITS IMPORTES , REVET DONC UN CARACTERE DISCRIMINATOIRE . 9 LE FAIT QUE LA LEGISLATION EN CAUSE RENVOIE AUX REGLES DE PRODUCTION DE L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR N ' AFFECTE PAS LA CONCLUSION PRECEDENTE , PUISQUE LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE NE PEUT ETRE CONSTATE QU ' EN FONCTION DE LA LEGISLATION DE L ' ETAT OU LA COMMERCIALISATION EST EFFECTUEE , C ' EST-A-DIRE L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . 10 LE SCHUTZVERBAND A CEPENDANT SOUTENU QUE CETTE REGLEMENTATION SERAIT JUSTIFIEE AU MOTIF QUE LES CONSOMMATEURS ALLEMANDS , NOTAMMENT CEUX TRES NOMBREUX VISITANT L ' ITALIE CHAQUE ANNEE , ESCOMPTERAIENT QU ' UN VERMOUTH ITALIEN , COMMERCIALISE EN REPUBLIQUE FEDERALE D ' ALLEMAGNE , SOIT IDENTIQUE AU VERMOUTH COMMERCIALISE EN ITALIE , ET QU ' ILS SERAIENT EN CONSEQUENCE INDUITS EN ERREUR PAR UN VERMOUTH ITALIEN DONT LE DEGRE D ' ALCOOL EN VOLUME EST INFERIEUR A CELUI DU MEME VERMOUTH QU ' ILS ONT CONSOMME EN ITALIE . 11 S ' IL EST VRAI QUE LA COUR A DECLARE ITERATIVEMENT DEPUIS SON ARRET DU 20 FEVRIER 1979 ( REWE , AFFAIRE 120/78 , RECUEIL 1979 , P . 649 ) QUE NOTAMMENT LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS POUVAIT JUSTIFIER DES OBSTACLES A LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES RESULTANT DE DISPARITES DES REGLEMENTATIONS NATIONALES , LE CARACTERE DISCRIMINATOIRE DE LA REGLEMENTATION EN CAUSE EXCLUT CEPENDANT L ' APPLICATION DE CE CRITERE QUI NE CONCERNE QUE LES DISPOSITIONS DES LEGISLATIONS REGISSANT D ' UNE MANIERE UNIFORME LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS NATIONAUX ET DES PRODUITS IMPORTES . EN CONSEQUENCE , DANS L ' ESPECE PRESENTE , LA JUSTIFICATION FONDEE SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS NE PEUT ETRE ADMISE DANS LE CADRE DE L ' ARTICLE 30 , ALORS QUE LA MEME PROTECTION N ' EST PAS ASSUREE EN CE QUI CONCERNE LA PRODUCTION NATIONALE . 12 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION QU ' IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALENT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE UNE INTERDICTION D ' IMPORTER DU VERMOUTH DONT LA TENEUR EN ALCOOL EST INFERIEURE AU MINIMUM PRESCRIT DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , POUR LA COMMERCIALISATION SUR SON MARCHE INTERNE , ALORS QU ' UN TEL MINIMUM N ' EST PAS PRESCRIT POUR LA COMMERCIALISATION DU VERMOUTH PRODUIT DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR . 13 DANS CES CONDITIONS , IL N ' EST PLUS NECESSAIRE DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 14 LES FRAIS EXPOSES PAR LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE AINSI QUE PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI ONT SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS . PAR CES MOTIFS , Dispositif LA COUR , STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE LANDGERICHT MUNCHEN I PAR ORDONNANCE DU 20 JANVIER 1982 , DIT POUR DROIT : IL Y A LIEU DE CONSIDERER COMME UNE MESURE D ' EFFET EQUIVALANT A UNE RESTRICTION QUANTITATIVE PROHIBEE PAR L ' ARTICLE 30 DU TRAITE UNE INTERDICTION D ' IMPORTER DU VERMOUTH DONT LA TENEUR EN ALCOOL EST INFERIEURE AU MINIMUM PRESCRIT DANS L ' ETAT MEMBRE EXPORTATEUR , POUR LA COMMERCIALISATION SUR SON MARCHE INTERNE , ALORS QU ' UN TEL MINIMUM N ' EST PAS PRESCRIT POUR LA COMMERCIALISATION DU VERMOUTH PRODUIT DANS L ' ETAT MEMBRE IMPORTATEUR .

62008TJ0289

fr

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 29 mai 2008 (affaire R 318/2008-4) concernant une demande d’enregistrement de la marque verbale Deutsche BKK comme marque communautaire. Données relatives à l’affaire Demandeur de la marque communautaire : Deutsche BKK Marque communautaire concernée : Marque verbale Deutsche BKK pour des services des clases 36, 41 et 44 – demande nº 4724894 Décision de l’examinateur : Refus de l’enregistrement Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Dispositif 1) Le recours est rejeté. 2) La Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) est condamnée aux dépens.

62000TJ0147

pt

Fundamentação jurídica do acórdão O enquadramento jurídico Directiva 65/65/CEE 1 Em 26 de Janeiro de 1965, o Conselho adoptou a Directiva 65/65/CEE relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas, respeitantes às especialidades farmacêuticas (JO 1965, 22, p. 369; EE 13 F1 p. 18). Esta directiva foi modificada por diversas vezes, nomeadamente pelas Directivas 83/570/CEE do Conselho, de 26 de Outubro de 1983 (JO L 332, p. 1; EE 13 F14 p. 205), e 93/39/CEE do Conselho, de 14 de Junho de 1993 (JO L 214, p. 22) (a seguir, na sua nova redacção, «Directiva 65/65»). O artigo 3.° desta directiva estabelece o princípio segundo o qual nenhum medicamento pode ser introduzido no mercado num Estado-Membro sem uma autorização para tal previamente emitida pela autoridade competente desse Estado-Membro nos termos da referida directiva ou sem uma autorização concedida ao abrigo do Regulamento (CEE) n.° 2309/93 do Conselho, de 22 de Julho de 1993, que estabelece procedimentos comunitários de autorização e fiscalização de medicamentos de uso humano e veterinário e institui uma Agência Europeia de Avaliação dos Medicamentos (JO L 214, p. 1). 2 O artigo 4.° da Directiva 65/65 determina, designadamente, que, tendo em vista a concessão da autorização de introdução no mercado (a seguir «AIM») prevista no artigo 3.° , o responsável por essa introdução no mercado apresenta à autoridade competente do Estado-Membro o pedido correspondente. Segundo o artigo 5.° , essa autorização é recusada quando se verifique que a especialidade farmacêutica é nociva em condições normais de utilização, que não tem efeito terapêutico ou que este está insuficientemente comprovado pelo requerente, que o medicamento não tem a composição qualitativa e quantitativa declarada, ou que a documentação e as informações apresentadas em apoio do pedido não são conformes ao disposto no artigo 4.° Nos termos do artigo 4.° -B da Directiva 65/65, quando é emitida uma AIM ao abrigo do artigo 3.° , a autoridade competente do Estado-Membro em questão informa o responsável pela introdução do medicamento no mercado que aprova o resumo das características do produto a que se refere o artigo 4.° , segundo parágrafo, ponto 9, resumo este cujo teor é definido no artigo 4.° -B. 3 O artigo 10.° , n.° 1, da Directiva 65/65 prevê que a autorização é válida por um período de cinco anos, renovável por iguais períodos, após análise, pela autoridade competente, de um processo que descreva, nomeadamente, a situação respeitante aos dados da farmacovigilância e que inclua outras informações pertinentes para o controlo do medicamento. 4 O artigo 11.° , primeiro parágrafo, da Directiva 65/65 estabelece: «As autoridades competentes dos Estados-Membros suspenderão ou revogarão a autorização de [introdução] no mercado, quando se revelar que a especialidade farmacêutica é nociva nas condições normais de emprego ou que falta o efeito terapêutico ou, por fim, que a especialidade não tem a composição quantitativa e qualitativa declarada. O efeito terapêutico falta quando se apurar que a especialidade farmacêutica não permite obter resultados terapêuticos.» 5 De acordo com o artigo 21.° da Directiva 65/65, a AIM só pode ser recusada, suspensa ou revogada pelas razões enumeradas nesta directiva. Directiva 75/318/CEE 6 A Directiva 75/318/CEE do Conselho, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes às normas e protocolos analíticos, toxicofarmacológicos e clínicos em matéria de ensaios de especialidades farmacêuticas (JO L 147, p. 1; EE 13 F4 p. 80), alterada por várias vezes, designadamente pelas Directivas 83/570 e 93/39 (a seguir, na sua nova redacção, «Directiva 75/318»), fixa as regras comuns para a realização dos ensaios a que se refere o artigo 4.° , segundo parágrafo, ponto 8, da Directiva 65/65 e especifica quais as informações e os documentos que devem ser juntos ao pedido de AIM de um medicamento, nos termos dos pontos 3, 4, 6 e 7 do mesmo parágrafo. 7 Os sétimo e oitavo considerandos desta directiva têm a seguinte redacção: «Considerando que as noções de nocividade e de efeito terapêutico constantes do artigo 5 .° da Directiva 65/65/CEE não podem ser examinadas senão em relação recíproca e apenas têm um significado relativo, apreciado em função do progresso da ciência e tendo em conta o destino da especialidade farmacêutica; que dos documentos e informações que devem ser juntos ao pedido de autorização de [introdução] no mercado deve sobressair a eficácia terapêutica em relação aos riscos potenciais; que, se tal não for o caso, o pedido deve ser rejeitado; Considerando que a apreciação da nocividade e do efeito terapêutico pode evoluir em virtude de novas descobertas, e que as normas e protocolos devem ser adaptados periodicamente ao progresso científico.» Directiva 75/319/CEE 8 A Segunda Directiva 75/319/CEE do Conselho, de 20 de Maio de 1975, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes às especialidades farmacêuticas (JO L 147, p. 13; EE 13 F4 p. 92), alterada por várias vezes, designadamente pelas Directivas 83/570 e 93/39 (a seguir, na sua nova redacção, «Directiva 75/319»), institui, no seu capítulo III (artigos 8.° a 15.° -C), um procedimento de reconhecimento mútuo das AIM nacionais (artigo 9.° ), que se combina com procedimentos de arbitragem comunitários. 9 Esta directiva prevê expressamente a consulta do Comité das Especialidades Farmacêuticas (a seguir «CEF») da Agência Europeia de Avaliação de Medicamentos (EMEA), para aplicação do procedimento regulado pelo artigo 13.° , quando, no âmbito do procedimento de reconhecimento mútuo instituído pelo artigo 9.° , um Estado-Membro considere que há razões para supor que a autorização de um medicamento pode constituir um risco para a saúde pública e os Estados-Membros não cheguem a acordo no prazo fixado (artigo 10.° da referida directiva), em caso de decisões divergentes dos Estados-Membros a respeito da concessão, da suspensão ou da revogação das autorizações nacionais (artigo 11.° ) e em casos específicos em que esteja envolvido o interesse comunitário (artigo 12.° ). Além disso, esta directiva faz depender expressamente a modificação, a suspensão ou a revogação das AIM concedidas nos termos das disposições do seu capítulo III da aplicação dos procedimentos previstos nos seus artigos 13.° e 14.° (artigos 15.° e 15.° -A). Por último, no artigo 15.° -B, prevê a aplicação mutatis mutandis dos artigos 15.° e 15.° -A aos medicamentos autorizados pelos Estados-Membros, após parecer do CEF, emitido antes de 1 de Janeiro de 1995, nos termos do artigo 4.° da Directiva 87/22/CEE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1986, relativa à aproximação das medidas nacionais respeitantes à colocação no mercado dos medicamentos de alta tecnologia, nomeadamente dos resultantes da biotecnologia (JO 1987, L 15, p. 38). Os procedimentos instituídos pelos artigos 12.° e 15.° -A da Directiva 75/319 têm especial interesse no presente caso. 10 O artigo 12.° da Directiva 75/319 estabelece: «Em casos específicos em que esteja envolvido o interesse comunitário, os Estados-Membros, a Comissão, o requerente ou o titular da autorização podem submeter a questão ao [CEF], com vista à aplicação do procedimento previsto no artigo 13.° , antes de ser tomada qualquer decisão sobre o pedido, a suspensão ou a revogação da autorização de introdução no mercado ou sobre qualquer outra alteração, eventualmente necessária, dos termos da referida autorização, nomeadamente para atender às informações obtidas [no quadro do sistema de farmacovigilância previsto no] capítulo V-A. O Estado-Membro interessado ou a Comissão devem definir claramente a questão submetida à consideração do CEF e informar o responsável pela introdução no mercado do medicamento. Os Estados-Membros e o responsável pela introdução no mercado enviarão ao CEF todas as informações disponíveis sobre o assunto em questão.» 11 O artigo 15.° -A da Directiva 75/319 dispõe: «1. Caso um Estado-Membro considere necessário, para proteger a saúde pública, alterar os termos de uma autorização de introdução no mercado concedida em conformidade com o disposto no presente capítulo, suspendê-la ou revogá-la, submeterá de imediato a questão ao [CEF], a fim de que sejam aplicados os procedimentos previstos nos artigos 13.° e 14.° 2. Sem prejuízo do disposto no artigo 12.° , em casos excepcionais em que seja necessária uma acção urgente para proteger a saúde pública e até ser tomada uma decisão definitiva, qualquer Estado-Membro pode suspender a comercialização no mercado e a utilização do medicamento em questão no seu território. Deve notificar a Comissão e os outros Estados-Membros, o mais tardar no dia útil seguinte, dos motivos dessa medida.» 12 O artigo 13.° da Directiva 75/319 regula a tramitação do procedimento perante o CEF, que emite um parecer fundamentado. O n.° 5 deste artigo estabelece que a EMEA transmite o parecer final do CEF aos Estados-Membros, à Comissão e ao responsável da introdução no mercado, juntando um relatório que descreva a avaliação do medicamento e as razões que justificam as suas conclusões. O artigo 14.° desta directiva regula o processo decisório comunitário. Nos termos do seu primeiro parágrafo do n.° 1, nos 30 dias seguintes à recepção do parecer do CEF, a Comissão prepara um projecto de decisão sobre o pedido, tendo em conta as disposições do direito comunitário. Nos termos do terceiro parágrafo deste mesmo n.° 1, «[c]aso, a título excepcional, o projecto de decisão não corresponda ao parecer da [EMEA], a Comissão deve fundamentar pormenorizadamente num anexo os motivos de quaisquer divergências». A decisão definitiva é adoptada segundo o procedimento de regulamentação a que se referem os artigos 5.° e 7.° da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 184, p. 23). No quadro deste procedimento, a Comissão é assistida pelo comité permanente dos medicamentos para uso humano, instituído pelo artigo 2.° -B da Directiva 75/318. Código comunitário dos medicamentos para uso humano 13 O conjunto das directivas relativas aos medicamentos para uso humano, que regem o «procedimento comunitário descentralizado», designadamente as Directivas 65/65, 75/318 e 75/319, foi objecto de codificação pela Directiva 2001/83/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que estabelece um código comunitário relativo aos medicamentos para uso humano (JO L 311, p. 67, a seguir «código»). Apesar de o código não estar em vigor no momento em que foram adoptadas as decisões impugnadas, importa, se for necessário, tê-lo em consideração. Como o código retoma, num quadro de conjunto melhor estruturado, sem as modificar, as disposições das Directivas 65/65 e 75/319, a análise sistemática das disposições do capítulo III desta última directiva inscreve-se na economia deste código. Matéria de facto subjacente ao litígio 14 A recorrente, Les Laboratoires Servier, é titular de AIM, inicialmente concedidas pelas autoridades nacionais competentes, de medicamentos contendo fenfluramina ou dexfenfluramina, substâncias anorexígenas serotoninérgicas. Estes anorexígenos com acção central - isto é, que actuam ao nível do sistema nervoso central - aceleram a sensação de saciedade e são utilizados no tratamento da obesidade. Na Europa, os medicamentos contendo fenfluramina beneficiaram, pela primeira vez, de uma AIM concedida em conformidade com as disposições da Directiva 65/65, em 1965, e os contendo dexfenfluramina, em 1985. Segundo as indicações fornecidas pela recorrente, nos Estados Unidos, a fenfluramina foi autorizada nos anos 70 e a dexfenfluramina em 1996. 15 A dexfenfluramina e a fenfluramina já tinham sido objecto da Decisão C(96) 3608 final/2 da Comissão, de 9 de Dezembro de 1996, relativa à comercialização dos medicamentos para uso humano que contêm as substâncias seguintes: dexfenfluramina, fenfluramina (a seguir «decisão de 9 de Dezembro de 1996»), após parecer do CEF consultado nos termos do artigo 12.° da Directiva 75/319 (v., infra, n.os 21 a 26). 16 Após terem sido revelados no estudo Connolly [New England Journal of Medecine (NEJM), 1997, vol. 337] e objecto de publicação, no mês de Julho de 1997, pela Food and Drug Administration (Agência americana da Alimentação e dos Medicamentos), num boletim intitulado Health Advisory on Fenfluramine/Phentermine for Obesity, uma série de casos de valvulopatias cardíacas (a seguir «VPC»), relatados nos Estados Unidos principalmente no que respeita a pacientes que tomaram fenfluramina combinada com fentermina, a recorrente e os seus licenciados retiraram imediatamente do mercado os medicamentos contendo fenfluramina ou dexfenfluramina, enquanto aguardavam estudos complementares que pudessem confirmar as suas características em termos de segurança. 17 Em Setembro de 1997, face aos casos assim relatados, foram suspensas em todos os Estados-Membros e nos Estados-Unidos as AIM de medicamentos contendo dexfenfluramina e fenfluramina. 18 Por decisão de 9 de Março de 2000, adoptada na sequência de uma reavaliação destas substâncias ao abrigo do disposto no artigo 15.° -A da Directiva 75/319, a Comissão ordenou a revogação das AIM de medicamentos para uso humano que contêm as seguintes substâncias: dexfenfluramina e fenfluramina [Decisão C(2000) 573, a seguir «decisão impugnada»]. Esta decisão enumera, no seu anexo I, os medicamentos em questão, as empresas que os comercializavam - ou seja, a recorrente, as suas filiais ou os seus licenciados - e os Estados-Membros em causa. 19 Segundo a resposta da recorrente a uma questão escrita do Tribunal, antes da adopção desta decisão, tinha expirado o período de validade de cinco anos - fixado pelo artigo 10.° , n.° 1, da Directiva 65/65 - das AIM de certos medicamentos por si comercializados e abrangidos pela decisão impugnada. Na audiência, a recorrente precisou, porém, que, na altura dessa adopção, estavam em curso procedimentos de renovação dessas autorizações junto das autoridades competentes dos Estados-Membros em causa. Esses procedimentos foram interrompidos como consequência da decisão impugnada. As AIM continuavam, pois, válidas, segundo as regras nacionais aplicáveis, enquanto se aguardava a adopção das decisões sobre os pedidos de renovação. Estas declarações não foram contestadas pela Comissão. 20 Na audiência, a recorrente acrescentou, porém, que, entretanto, as AIM dos medicamentos em questão foram suspensas ou revogadas, em cumprimento da decisão impugnada, pelas autoridades competentes dos Estados-Membros em causa. Decisão C(96) 3608 final/2 da Comissão, de 9 de Dezembro de 1996 21 Em 17 de Maio de 1995, a República Federal da Alemanha consultou o CEF, ao abrigo do artigo 12.° da Directiva 75/319, afirmando-se preocupada com os riscos apresentados por certos anorexígenos que actuam por via central, entre os quais figuravam os medicamentos contendo substâncias serotoninérgicas comercializadas pela recorrente, bem como os anorexígenos «de tipo anfetamínico». Enquanto estes últimos aumentam a neurotransmissão ao nível dos neurotransmissores (catecolamina) e produzem habitualmente um efeito estimulante, os anorexígenos serotoninérgicos actuam aumentando a libertação e inibindo a recaptura de serotonina e não têm efeito estimulante ou euforizante. A autoridade alemã competente suspeitava que o conjunto destes medicamentos provocava hipertensão arterial pulmonar primária (a seguir «HPP»). 22 O CEF instaurou o procedimento previsto no artigo 13.° da Directiva 75/319 para avaliar estas duas categorias de anorexígenos. 23 No seu relatório científico de avaliação de 5 de Fevereiro de 1996, o relator, o Dr. Le Courtois, analisou a relação benefício/risco dos anorexígenos. Realçou, neste quadro, por um lado, o risco de HPP, «a maior parte das vezes fatal», com base no relatório do estudo internacional sobre HPP (International Primary Pulmonary Hypertension Study, a seguir «estudo IPPH»), datado de 7 de Março de 1995. Sublinhou, por outro lado, que, «[...] quando a obesidade é de tal modo grave que reduz a esperança de vida do paciente, é necessário um tratamento farmacológico, no quadro de uma abordagem global que inclua medidas dietéticas, psicoterapia e exercício. Os anorexígenos representam actualmente o único tratamento farmacológico disponível e têm, assim, um papel no tratamento da obesidade». No que respeita mais especificamente à fenfluramina e à dexfenfluramina, afirmou que satisfaziam o critério da eficácia a longo prazo (um ano) e a finalidade do tratamento da obesidade, que é conseguir uma perda de peso prolongada e duradoura. A não dependência associada a estas substâncias facilitará a sua utilização a longo prazo. Contudo, o relatório salientou a existência de um nexo de causalidade entre a ingestão destas substâncias e a HPP. Além disso, embora pareçam ser as mais eficazes, a sua capacidade de redução da morbilidade e da mortalidade ainda não foi demonstrada. O relator concluiu preconizando uma harmonização de certos dados constantes do resumo das características do produto respeitante aos medicamentos em causa. 24 Em 17 de Julho de 1996, o CEF emitiu um parecer final a respeito da fenfluramina e da dexfenfluramina. Recomendou a manutenção das AIM, mas com um certo número de modificações dos resumos das características do produto relativos aos medicamentos que contêm estas substâncias. 25 No seu relatório de avaliação de 18 de Julho de 1996, respeitante ao conjunto das substâncias anorexígenas, o CEF recordou que, segundo as conclusões do grupo de trabalho «farmacovigilância», composto por peritos nacionais no domínio da farmacovigilância e responsável pelo aconselhamento do CEF em questões relativas à segurança dos medicamentos, o relatório do estudo IPPH, de 7 de Março de 1995, tinha comprovado a existência de um nexo de causalidade entre a ingestão de substâncias anorexígenas e o aparecimento de HPP. Resulta dos autos que este estudo tinha sido realizado de 1992 a 1994, por iniciativa da recorrente, por um grupo internacional de peritos independentes nos domínios da epidemiologia e da pneumologia, para avaliação da probabilidade de haver uma relação entre o aparecimento de HPP e a exposição a uma série de factores, em especial, a tomada de anorexígenos. Além disso, o CEF salientou nomeadamente que foram relatados casos de HPP associados a todos os anorexígenos que actuam por via central (com excepção do fenbutrazato e da propilhexedrina). Afirmou que «se tratava de um efeito de classe». No que toca mais especificamente à fenfluramina e à dexfenfluramina, indicou que estas substâncias tinham sido recentemente objecto de estudos a longo prazo e a curto prazo, bem como de relatórios e numerosas publicações. A sua eficácia a longo prazo terá sido comprovada. Contudo, esta eficácia terá sido unicamente comprovada no que respeita à perda de peso. O CEF concluiu que, nessas condições, a relação benefício/risco das substâncias anorexígenas era favorável, desde que fosse modificado o resumo das características do produto relativo aos medicamentos em causa. 26 Este processo levou à adopção da decisão de 9 de Dezembro de 1996, que se baseia expressamente nos artigos 12.° e 14.° da Directiva 75/319. Em conformidade com o parecer do CEF de 17 de Julho de 1996, a Comissão ordenou aos Estados-Membros em causa que modificassem certos dados clínicos constantes dos resumos das características do produto aprovados quando da concessão das AIM para os medicamentos em questão. A Comissão ordenava que fossem mencionados os seguintes dados clínicos: «Indicações terapêuticas: Terapêutica adjuvante da dieta, em doentes com obesidade e um índice de massa corporal (IMC) de 30 kg/m2 ou superior, que não responderam a um regime de perda de peso apenas. Nota: Um estudo recente, controlado por dupla ocultação durante um período de um ano, demonstrou que o número de pacientes que respondiam ao tratamento no termo de um ano era duas vezes mais importante no grupo que recebia dexfenfluramina ou fenfluramina e o regime hipocalórico do que no [dos pacientes] tratados com placebo e um regime. Uma diminuição de 10% do peso corpóreo inicial foi observada em, respectivamente, 35% e 17% dos pacientes. A eficácia apenas foi demonstrada no que respeita à redução de peso. Não se encontram ainda disponíveis dados sobre alterações na morbilidade ou na mortalidade. Posologia e modo de administração: Recomenda-se que o tratamento seja conduzido sob vigilância de médicos com experiência no tratamento da obesidade [...]. O tratamento da obesidade deve ser efectuado utilizando uma abordagem global que deverá incluir dieta, métodos psicoterapêuticos e médicos [...]. A duração do tratamento não deve exceder os três meses no que toca a pacientes que apresentem, nos três meses seguintes ao início do tratamento, uma perda de peso igual ou superior a 10% do peso inicial. Se a perda de peso não se mantiver durante o tratamento, este último não deve ser prosseguido. Não se encontram ainda disponíveis dados sobre a eficácia destes medicamentos após um ano de tratamento. Contra-indicações: - Hipertensão arterial pulmonar. - História médica actual ou passada de doença cardiovascular ou vascular cerebral. - História médica actual ou passada de perturbações psiquiátricas, incluindo anorexia nervosa e depressão. - Propensão para o abuso de medicamentos, alcoolismo conhecido. - Crianças de idade inferior a 12 anos. A terapêutica medicamentosa combinada com qualquer outro anorexígeno de acção central é contra-indicada devido ao risco aumentado de hipertensão arterial pulmonar potencialmente fatal. Advertências e precauções especiais de utilização: [...] Têm sido relatados casos de hipertensão arterial pulmonar grave, frequentemente fatal, em doentes que receberam anorexígenos [deste tipo]. Um estudo epidemiológico demonstrou que a ingestão de dexfenfluramina ou de fenfluramina constitui um factor de risco relacionado com o desenvolvimento da hipertensão arterial pulmonar e que a ingestão de anorexígenos está fortemente associada a um risco aumentado para esta reacção adversa ao medicamento. Em virtude deste raro mas grave risco, há que sublinhar dever ser cuidadosamente respeitada a indicação terapêutica e a duração do tratamento; uma duração de tratamento superior a três meses, bem como um IMC [superior ou igual a] 30 kg/m2 aumentam o risco de hipertensão arterial pulmonar; a ocorrência ou o agravamento de dispneia de esforço devem levar à suspeita de um caso de hipertensão arterial pulmonar. Nestas circunstâncias, há que pôr imediatamente termo ao tratamento e o paciente deve ser encaminhado para uma unidade especializada para ser examinado.» 27 Por último, a decisão de 9 de Dezembro de 1996 mencionava, entre os efeitos indesejáveis, a HPP, alguns efeitos sobre o sistema nervoso central (essencialmente depressão, confusão, agitação, distúrbios do sono, tonturas e vertigens) e efeitos cardiovasculares (essencialmente, taquicardia e síncope). A decisão impugnada 28 Em 22 de Outubro de 1997, após vários Estados-Membros terem notificado à EMEA as suas decisões de suspender as AIM dos medicamentos contendo fenfluramina ou dexfenfluramina (v., supra, n.° 17), a questão foi colocada ao CEF ao abrigo do artigo 15.° -A da Directiva 75/319. 29 Os relatórios e o relatório complementar (relatório Picon/Abadie e relatório Castot/Costagliola/Fosset-Martinetti/Ropers) foram apresentados, respectivamente, em Junho de 1998 e em Abril de 1999. Em 22 de Abril de 1999, o CEF emitiu o seu parecer inicial a respeito da avaliação científica dos medicamentos contendo dexfenfluramina e fenfluramina e aconselhou a revogação das AIM destes medicamentos. 30 Em 11 de Maio de 1999, a recorrente interpôs, no CEF, recurso administrativo contra este parecer, ao abrigo do artigo 13.° , n.° 4, segundo período, da Directiva 75/319. Foram apresentados relatórios pelo relator (relatório O'Mahony/Slattery de 19 de Julho de 1999, actualizado em 20 de Agosto de 1999) e pelo co-relator (relatório Van Bronswijk de 16 de Julho de 1999), nomeados no âmbito deste processo de recurso. 31 No seu parecer final de 31 de Agosto de 1999 a respeito dos medicamentos contendo dexfenfluramina ou fenfluramina, o CEF indeferiu o recurso da recorrente e manteve a sua recomendação de revogação da AIM dos medicamentos em questão, por apresentarem uma relação benefício/risco desfavorável. 32 Nas suas conclusões científicas em anexo a este parecer, bem como no seu relatório de avaliação respeitante à dexfenfluramina e à fenfluramina de 31 de Agosto de 1999, o CEF salienta que os dois principais problemas de segurança examinados dizem respeito à HPP e às VPC «em condições normais de utilização». 33 No que toca à HPP, baseia-se, por um lado, nas observações provenientes da notificação espontânea de 105 casos de HPP, relatados nos relatórios recebidos antes de 31 de Dezembro de 1998, e, por outro lado, no estudo IPPH. Remete para o relatório deste estudo, de 7 de Março de 1995, para o relatório final do estudo IPPH publicado no New England Journal of Medecine de 29 de Agosto de 1996 (NEJM, vol. 335, n.° 9), bem como para os resultados respeitantes aos únicos derivados da fenfluramina objecto de relatório nas revistas especializadas (NEJM de 11 de Fevereiro de 1999, vol. 340, n.° 6). Após ter «reavaliado o estudo [IPPH] à luz dos argumentos» dos titulares das AIM em causa, concluiu que «as provas a favor de uma relação causal entre a ingestão de anorexígenos e a ocorrência de uma [HPP] continuam a ser válidas». 34 No que toca às VPC, o CEF observa que, nos casos de VPC relatados no quadro da notificação espontânea, os pacientes tinham geralmente seguido um tratamento por associação de anorexígenos durante um período médio de cinco meses no momento do diagnóstico. Os casos relatados demonstraram que as VPC são potencialmente graves e exigem por vezes intervenção cirúrgica. Não estariam disponíveis dados definitivos sobre a evolução clínica (agravamento ou regressão) destas VPC. Quanto aos estudos epidemiológicos, em especial os estudos Jick, Weissman e Khan (NEJM de 10 de Setembro de 1998, vol. 339, n.° 11), demonstram designadamente que: 1) os estudos comparativos mais convincentes vão no sentido de uma associação entre a dexfenfluramina e a fenfluramina e o surgimento de VPC; 2) é provável que esta associação seja de natureza causal, o que é comprovado por efeitos dependentes da dose e da duração do tratamento sugeridos por alguns estudos; 3) o aumento da ocorrência de VPC - que reflecte o número de pacientes afectados e a sua duração - poderá ser fraco quando a duração do tratamento seja curta, por exemplo, inferior a três meses. Estes resultados poderão explicar o pequeno número de casos relatados na Europa; 4) esta associação existe no caso da dexfenfluramina ou da fenfluramina administradas isoladamente uma da outra. Não se sabe se uma associação com outros anorexígenos aumenta o risco. Certos dados confortam esta hipótese, mas são de interpretação difícil, tendo em conta a duração mais longa do tratamento em caso de associação. O CEF daí conclui que «[a]pesar de não estar comprovada a relação de causalidade e apesar das grandes variações na frequência das notificações de [VPC] em associação com a dexfenfluramina e a fenfluramina, [...] os dados provenientes da comunicação espontânea e de um grande número de estudos epidemiológicos indicam a existência de um risco de [VPC] em pacientes tratados com dexfenfluramina e fenfluramina». 35 No que respeita à eficácia, o CEF salienta que: 1) o efeito médio das substâncias em causa é modesto, nunca excedendo uma redução de peso de 3 a 4 quilos, seja qual for a duração. Contudo, no estudo «INDEX» referente a um ano de utilização da dexfenfluramina, a percentagem de pacientes que responderam ao tratamento, isto é, de pacientes que perderam pelo menos 10% do seu peso inicial, foi quase o dobro relativamente ao grupo ao qual foi administrado o placebo; 2) a manutenção de uma perda de peso a longo prazo foi demonstrada com a dexfenfluramina ou a fenfluramina ministradas durante um ano de tratamento; 3) a perda de peso não alterou a repartição das gorduras, que constitui um factor de risco cardiovascular reconhecido; 4) os efeitos sobre os factores de risco metabólicos não foram mais importantes do que os que se prendem com a perda de peso e também não puderam ser atribuídos unicamente à dexfenfluramina ou à fenfluramina; 5) foi observado um aumento do peso logo após a suspensão do tratamento. O CEF concluiu: «O objectivo do tratamento da obesidade consiste na obtenção de uma perda de peso durável e significativa no plano clínico, que possa diminuir os factores de risco cardiovasculares e outros factores de risco conhecidos, bem como a morbilidade e a mortalidade que lhes estão associadas. Este objectivo só pode ser atingido através de um tratamento a longo prazo. Esta observação, assente na acumulação dos conhecimentos científicos adquiridos no decurso dos últimos anos, vem expressa nas recomendações médicas em vigor. Assim, a eficácia terapêutica limitada da dexfenfluramina e da fenfluramina deve ser apreciada à luz dos respectivos perfis de segurança.» 36 Ponderando, por um lado, esta eficácia terapêutica «limitada» e, por outro, «o risco bem conhecido de [HPP] plenamente tomado em conta na decisão [...] de 9 de Dezembro de 1996», bem como o facto de «os dados farmacoepidemiológicos e as observações provenientes da notificação espontânea constituírem provas a favor de uma associação entre a dexfenfluramina e a fenfluramina e a ocorrência de [VPC], principalmente anomalias da válvula aórtica», o CEF considerou que a relação benefício/risco destas substâncias é desfavorável e recomendou a revogação das AIM para todos os medicamentos contendo as referidas substâncias. 37 Em 9 de Março de 2000, a Comissão adoptou a decisão impugnada. No artigo 1.° do dispositivo desta decisão, a Comissão ordena aos Estados-Membros que revoguem «as autorizações nacionais de [introdução] no mercado previstas no [primeiro] parágrafo do artigo 3.° da Directiva 65/65, relativas aos medicamentos [que contêm dexfenfluramina e fenfluramina] enumerados no anexo I» desta decisão. Justifica, no artigo 2.° desta decisão, essa revogação por remissão para as conclusões científicas juntas ao parecer final do CEF de 31 de Agosto de 1999 sobre estas substâncias (anexo II). Ordena, no artigo 3.° da referida decisão, aos Estados-Membros interessados que cumpram a decisão impugnada no prazo de 30 dias a contar da sua notificação. Tramitação processual e pedidos das partes 38 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 31 de Maio de 2000, a recorrente interpôs o presente recurso. 39 Por decisão de 14 de Março de 2002, o Tribunal atribuiu o processo à Segunda Secção Alargada, nos termos do disposto no artigo 51.° , n.° 1, do seu Regulamento de Processo. 40 Por despacho de 25 de Abril de 2002, o presidente da Segunda Secção Alargada ordenou, depois de ouvir todas as partes, a apensação, para efeitos da fase oral, dos presentes autos aos processos apensos T-74/00, T-76/00, T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00. 41 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal de Primeira Instância (Segunda Secção Alargada) decidiu dar início à fase oral do processo. No âmbito das medidas de organização do processo, convidou as partes a apresentar determinados documentos e a responder a algumas perguntas escritas. As partes acederam a esses pedidos. 42 As alegações das partes e as suas respostas às perguntas do Tribunal foram ouvidas na audiência que se realizou em 7 e 8 de Maio de 2002. Na audiência, foram igualmente ouvidos os peritos que assistiam as partes, designadamente a pedido destas. 43 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne: - anular a decisão impugnada; - condenar a recorrida nas despesas. 44 A recorrida conclui pedindo que o Tribunal se digne: - negar provimento ao recurso; - condenar a recorrente nas despesas. Questão de direito 45 A recorrente invoca, em primeiro lugar, a violação do artigo 11.° da Directiva 65/65; em segundo lugar, a irregularidade formal do parecer do CEF; em terceiro lugar, um erro manifesto de apreciação e a violação do princípio da boa administração; em quarto lugar, a violação do princípio da proporcionalidade e, em quinto lugar, a insuficiência da fundamentação da decisão impugnada. 46 A título liminar, há que recordar que, segundo jurisprudência bem firmada, a incompetência da instituição que adoptou o acto impugnado constitui um fundamento de anulação de ordem pública que pode ser conhecido oficiosamente pelo juiz comunitário, mesmo que nenhuma das partes lhe tenha pedido para o fazer (v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 10 de Maio de 1960, Alemanha/Alta Autoridade, 19/58, Recueil, pp. 469, 488, Colect. 1954-1961, p. 401; e de 13 de Julho de 2000, Salzgitter/Comissão, C-210/98 P, Colect., p. I-5843, n.° 56). 47 No caso em apreço, há, portanto, que apreciar oficiosamente a competência da Comissão para tomar a decisão impugnada. 48 Contudo, à luz do seu acórdão de 26 de Novembro de 2002, Artegodan e o./Comissão (T-74/00, T-76/00, T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, Colect., p. I-0000), o Tribunal considera que é útil introduzir desde já certas precisões de ordem geral no que toca à apreciação dos critérios de revogação das AIM de medicamentos, enunciados no artigo 11.° da Directiva 65/65, face aos fundamentos invocados pela recorrente para contestar o mérito da decisão impugnada. Observações de ordem geral relativas aos critérios de revogação das AIM de medicamentos aplicados no caso em apreço 49 A recorrente contesta, em primeiro lugar, a ponderação dos benefícios e dos riscos que apresentam as substâncias em questão, no momento da aplicação, no caso em apreço, dos critérios de revogação das AIM enunciados no artigo 11.° da Directiva 65/65. 50 A este respeito, basta recordar que, quando se avalia um qualquer medicamento, o grau de nocividade que a autoridade competente pode considerar aceitável depende concretamente dos benefícios que se pressupõe que o medicamento oferece, pelo que as condições referentes, respectivamente, à eficácia e à segurança de um medicamento, enunciadas no artigo 11.° da Directiva 65/65, só podem ser examinadas em relação de reciprocidade (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.° 178). 51 Quanto às demais críticas avançadas pela recorrente, relacionam-se mais especificamente com a apreciação, no quadro da aplicação do critério referente à segurança, do risco de HPP - que tinha já sido tomado em consideração na decisão de 9 de Dezembro de 1996 (v., supra, n.os 22 a 26) - e do novo risco de VPC, pretensamente relacionados com a administração das substâncias em questão. A recorrente denuncia, em especial, a incoerência e a insuficiência de fundamentação do parecer final do CEF de 31 de Agosto de 1999, face aos estudos científicos tomados em consideração por este comité. Estes estudos não demonstraram a existência de um nexo de causalidade entre a ingestão das substâncias em questão e a ocorrência das afecções anteriormente referidas. Além disso, alguns de entre estes não apresentarão garantias de rigor científico bastante. Além disso, a recorrente invoca que, ao partilhar deste parecer, na decisão impugnada, a Comissão cometeu um erro manifesto de apreciação e infringiu o princípio da boa administração. A isto acresce que, ao ordenar a revogação das AIM dos medicamentos em causa, a Comissão infringiu o princípio da proporcionalidade, em razão, em primeiro lugar, da eficácia e da inocuidade destes medicamentos e, em segundo lugar, da sua retirada do mercado por iniciativa da recorrente enquanto aguardava os resultados das verificações complementares que a mesma pretendia efectuar a fim de confirmar a segurança que apresentam estes medicamentos. Por último, a decisão impugnada está insuficientemente fundamentada, na medida em que a Comissão não justificou a adopção de uma decisão que é fundamentalmente diferente da decisão de 9 de Dezembro de 1996. 52 No que respeita às críticas referidas no número anterior, importa salientar desde já que resulta claramente das conclusões científicas do CEF que motivaram a decisão impugnada (v., supra, n.os 31 a 36), bem como dos antecedentes do litígio, que esta decisão se funda na comprovação, com base em novas informações científicas, de um risco de VPC pretensamente associado às substâncias em questão. Como de resto confirmou explicitamente a Comissão nas suas alegações escritas e na audiência, foi a tomada em consideração deste novo risco, relativamente aos elementos disponíveis quando da avaliação das mesmas substâncias em 1996, que conduziu o CEF, no seu parecer de 31 de Agosto de 1999, e a Comissão, na decisão impugnada, a alterarem a sua apreciação favorável, que tinham emitido em 1996, da relação benefícios/riscos das substâncias em questão. Sob este aspecto, há que notar, com efeito, que a precisão relativa à eficácia «limitada» das substâncias em causa, referida nas conclusões científicas do CEF em anexo à decisão impugnada, não comporta nenhuma apreciação da eficácia destas substâncias distinta da que foi efectuada em 1996 com base nos mesmos estudos científicos referentes a essa eficácia. 53 Neste contexto, incumbirá, eventualmente, às autoridades nacionais competentes proceder a uma nova avaliação da relação benefícios/riscos que apresentam as substâncias em causa, após terem apreciado em especial os riscos, designadamente de VPC, relacionados com estas substâncias, à luz dos dados científicos mais recentes que estejam disponíveis quando deste exame. A este respeito, importa recordar que, quando estiverem perante dados novos - relativamente à última avaliação dos medicamentos em causa, efectuada, no caso em apreço, quando da adopção da decisão de 9 de Dezembro de 1996 - que, sem afastarem a incerteza científica, permitam razoavelmente suscitar dúvidas quanto à inocuidade e/ou à eficácia destes medicamentos e conduzam a uma apreciação desfavorável da sua relação benefícios/riscos, as autoridades competentes estão obrigadas, por força do artigo 11.° da Directiva 65/65, interpretado à luz do princípio da precaução, que constitui um princípio geral do direito comunitário, a suspender ou a revogar a AIM desses medicamentos (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, nomeadamente n.os 172, 184, 192 e 194). Quanto à competência da Comissão para tomar a decisão impugnada 54 Há que apreciar se as AIM nacionais dos medicamentos em questão no caso em apreço se inseriam - na sequência da respectiva alteração através da decisão de 9 de Dezembro de 1996, que se funda no artigo 12.° da Directiva 75/319 (v., supra, n.° 26) - no âmbito de aplicação do artigo 15.° -A, n.° 1, desta directiva, que serve de base à decisão impugnada. Esta questão coloca-se exactamente nos mesmos termos que os referentes à questão da competência da Comissão para adoptar as decisões impugnadas nos processos conexos T-74/00, T-76/00, T-83/00 a T-85/00, T-132/00, T-137/00 e T-141/00, Artegodan e o./Comissão, apensos aos presentes autos para efeitos da fase oral. Com efeito, ao ordenar, no caso em apreço, uma alteração substancial dos dados clínicos que figuram no resumo das características do produto das AIM dos anorexígenos serotoninérgicos em questão, a Comissão procedeu, na decisão de 9 de Dezembro de 1996, a uma harmonização destas autorizações, na medida em que o resumo das características do produto, aprovado quando da emissão da AIM de um medicamento, constitui um elemento essencial desta autorização. Do mesmo modo, as AIM nacionais de medicamentos contendo os anorexígenos de tipo anfetamínico em consideração nos processos que conduziram ao acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, foram harmonizadas através da decisão C(96) 3608 final/1 da Comissão, de 9 de Dezembro de 1996, adoptada com base no artigo 12.° da Directiva 75/319, antes de serem objecto das decisões litigiosas nesses processos, adoptadas pela Comissão com base no artigo 15.° -A, n.° 1, desta directiva. 55 Neste contexto, na audiência, foi dada oportunidade à Comissão para desenvolver a sua argumentação referente à autoridade competente para revogar as AIM dos medicamentos em questão. Além disso, nos nove processos apensos para efeitos da fase oral, as partes foram previamente convidadas, por escrito, pelo Tribunal, a tomarem posição, na audiência, sobre as possíveis consequências de uma eventual anulação das decisões impugnadas por incompetência da Comissão. 56 A recorrente limitou-se a indicar, na audiência, que, na hipótese de tal anulação da decisão impugnada, o recomeço da comercialização dos medicamentos em causa não seria automático. Ficaria dependente dos resultados do estudo que tenciona levar a cabo para demonstrar a eficácia e a segurança destes medicamentos, em caso de anulação pelo Tribunal da decisão impugnada. 57 A Comissão, por seu turno, considera que o artigo 15.° -A, n.° 1, da Directiva 75/319, que se refere explicitamente às autorizações concedidas nos termos das disposições do capítulo III, também abrange as AIM harmonizadas nos termos do artigo 12.° da referida directiva. 58 Esta tese não pode ser acolhida, pelas mesmas razões, para as quais se remete, que conduziram o Tribunal a declarar a incompetência da Comissão para adoptar as decisões impugnadas no acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, atenta a identidade, sob este aspecto, das questões de direito suscitadas, como foi já salientado (v., supra, n.° 53). 59 No caso em apreço, basta, portanto, referir, em primeiro lugar, que, na sistemática do capítulo III da Directiva 75/319, se se abstrair da decisão de 9 de Dezembro de 1996, a gestão das AIM, puramente nacionais, dos medicamentos em questão inseria-se no domínio, em princípio residual, da competência exclusiva dos Estados-Membros em causa (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.os 114 a 116). 60 Além disso, há que recordar que resulta do próprio teor do artigo 12.° desta directiva que este institui, no domínio da competência dos Estados-Membros, um procedimento puramente consultivo que reveste, além disso, carácter facultativo e que, para além do mais, pode ser iniciado não apenas pelos Estados-Membros em causa mas também pela Comissão ou o requerente ou o titular de uma AIM. Além disso, no sistema instituído pelo capítulo III da Directiva 75/319, este artigo, que não se inscreve nas disposições que enquadram de forma mais específica o procedimento de reconhecimento mútuo, não pode ser interpretado à luz da finalidade específica atribuída a este procedimento, que tende, em última análise, à adopção de uma decisão comum pelos Estados-Membros em causa, eventualmente, através do procedimento de arbitragem comunitário instituído pelo artigo 10.° desta mesma directiva quando os Estados-Membros não cheguem a acordo no prazo fixado (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.os 132 e 133). 61 Com efeito, na lógica do capítulo III da Directiva 75/319, o artigo 12.° desta directiva tem vocação para se aplicar no domínio residual da competência exclusiva dos Estados-Membros, ou quando da concessão da AIM inicial de um medicamento pelo Estado-Membro de referência. Neste quadro jurídico, os Estados-Membros, que dispõem de uma mera faculdade de consulta do CEF, não podem ficar implicitamente privados da sua competência por fazerem uso dessa faculdade ou pelo facto de a Comissão, o requerente ou o titular de uma AIM consultarem o CEF nos termos do artigo 12.° No domínio do procedimento de reconhecimento mútuo, esta privação da competência conduziria, de resto, na hipótese de uma consulta do CEF ao abrigo do artigo 12.° pelo Estado-Membro de referência, a que se afastassem, a favor da aplicação imediata de um procedimento de arbitragem comunitário, as fases prévias de reconhecimento mútuo e de concertação entre os Estados-Membros em causa com vista a atingir-se um acordo - com base no conjunto dos documentos e informações a que se refere o artigo 4.° da Directiva 65/65 -, expressamente previstas pelos artigos 9.° , n.° 4, e 10.° , n.° 2, da Directiva 75/319. No domínio da competência exclusiva dos Estados-Membros, esta privação da competência traduzir-se-ia também na aplicação imediata de um procedimento de arbitragem, no que respeita a medicamentos que nunca foram previamente objecto de um exame comum pelos Estados-Membros em causa, análogo ao que caracteriza o procedimento de reconhecimento mútuo (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.os 129, 130 e 142). 62 Neste contexto, na falta de disposição expressa, o princípio enunciado no artigo 5.° , primeiro parágrafo, CE, por força do qual a Comunidade actua nos limites das atribuições que lhe são conferidas, opõe-se a uma interpretação do artigo 12.° da Directiva 75/319 no sentido de que habilita tacitamente a Comissão a adoptar uma decisão vinculativa nos termos do procedimento previsto pelo artigo 14.° desta directiva (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.os 136 a 147). 63 Em segundo lugar, há que recordar que o princípio segundo o qual a Comunidade actua nos limites das atribuições que lhe são conferidas também obsta a uma interpretação do artigo 15.° -A, n.° 1, da Directiva 75/319 que conduza a que, na falta de qualquer disposição que preveja esta transferência de competências, a harmonização facultativa de certas AIM, em conformidade com o parecer não vinculativo emitido pelo CEF ao abrigo do artigo 12.° desta directiva, tenha por efeito retirar aos Estados-Membros em causa a sua competência no que respeita às posteriores decisões referentes à alteração, à suspensão ou à revogação destas autorizações. Ora, no caso em apreço, a ideia de uma perenização dessa harmonização - que se concretizará pelo recurso ao procedimento de arbitragem comunitário - não resulta nem das disposições do capítulo III da directiva anteriormente referida nem do objectivo por esta prosseguido (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.os 149 a 154). 64 Nestas condições, no sistema de harmonização instituído pelo capítulo III da Directiva 75/319, baseado precisamente no princípio do reconhecimento mútuo conjugado com os procedimentos de arbitragem comunitária, a noção de AIM concedida nos termos das disposições deste capítulo, a que se refere o artigo 15.° -A, n.° 1, abarca unicamente as autorizações concedidas pela via do reconhecimento mútuo ou da arbitragem. Esta noção não pode ser interpretada no sentido de que abarca igualmente as autorizações nacionais harmonizadas na sequência da consulta facultativa do CEF ao abrigo do artigo 12.° , que continuam, portanto, inseridas no domínio, em princípio residual, da competência exclusiva dos Estados-Membros em causa (acórdão Artegodan e o./Comissão, já referido, n.os 149 e 155). 65 De onde resulta que, no caso em apreço, apesar de terem sido harmonizadas pela decisão de 9 de Dezembro de 1996, que carece de base legal, mas que se tornou definitiva, as AIM dos medicamentos em causa não se inserem no âmbito de aplicação do artigo 15.° -A, n.° 1, da Directiva 75/319. 66 A decisão impugnada, adoptada com base neste último artigo, está, portanto, também ela desprovida de base legal. 67 Por todos os fundamentos expostos, a decisão impugnada deve ser anulada, sem que seja necessário examinar os demais fundamentos invocados. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 68 Por força do artigo 87.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrida sido vencida, deverá suportar a totalidade das despesas, nos termos pedidos pela recorrente. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Segunda Secção Alargada) decide: 1) A decisão da Comissão de 9 de Março de 2000 [C(2000) 573] é anulada. 2) A Comissão suportará a totalidade das despesas.

62005CJ0010

el

1       Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 257, σ. 2), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2434/92 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1992 (ΕΕ L 245, σ. 1, στο εξής: κανονισμός). 2       Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της C. Mattern και του Cikotic αφενός, και του Ministre du Travail et de l’Emploi (Yπουργού Eργασίας και Aπασχολήσεως) αφετέρου, αναφορικά με την απόφαση του δεύτερου να μην χορηγήσει άδεια εργασίας στον H. Cikotic. Το νομικό πλαίσιο Η κοινοτική νομοθεσία 3       Δυνάμει του άρθρου 39, παράγραφος 2, ΕΚ, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διακρίσεως λόγω ιθαγενείας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απασχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας. 4       Κατά το άρθρο 39, παράγραφος 3, ΕΚ, η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων «με την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται για λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας, περιλαμβάνει το δικαίωμά τους: [...] γ)      να διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη με τον σκοπό να ασκούν εκεί ορισμένη εργασία σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που διέπουν την απασχόληση των εργαζομένων υπηκόων αυτού του κράτους μέλους, [...]». 5       Το άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισμού προβλέπει ότι: «Στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, δεν εφαρμόζονται οι νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις ή οι διοικητικές πρακτικές κράτους μέλους: –       οι οποίες περιορίζουν ή εξαρτούν από όρους, που δεν προβλέπονται για τους ημεδαπούς, τη ζήτηση και την προσφορά εργασίας, την πρόσληψη σε απασχόληση και την άσκησή της από τους αλλοδαπούς, –       οι οποίες, αν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως ιθαγενείας, έχουν ως αποκλειστικό ή κύριο σκοπό ή αποτέλεσμα να αποκλείουν τους υπηκόους των άλλων κρατών μελών από την προσφερόμενη απασχόληση. [...]» 6       Το άρθρο 11 του κανονισμού έχει ως εξής: «Ο σύζυγος και τα τέκνα τα οποία είναι κάτω των 21 ετών ή αυτά που συντηρεί υπήκοος κράτους μέλους που ασκεί στην επικράτεια ενός κράτους μέλους μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα έχουν το δικαίωμα να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε μισθωτή δραστηριότητα στο σύνολο της επικράτειας του κράτους αυτού, ακόμη και αν δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους.» Η εθνική νομοθεσία 7       Το άρθρο 1 του διατάγματος του Μεγάλου Δούκα, της 12ης Μαΐου 1972, περί θεσπίσεως των προς εφαρμογή μέτρων για την απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων στην επικράτεια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ( Mémorial A 1972, σ. 945), όπως τροποποιήθηκε με το διάταγμα του Μεγάλου Δούκα, της 17ης Ιουνίου 1994 ( Mémorial A 1994, σ. 1034, στο εξής: διάταγμα του Μεγάλου Δούκα του 1972), ορίζει ότι: «Υπό την επιφύλαξη των αφορωσών την είσοδο και διαμονή στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου διατάξεων, ουδείς αλλοδαπός δύναται να απασχολείται, στο έδαφος του Λουξεμβούργου, υπό την ιδιότητα του χειρώνακτος ή πνευματικώς εργαζομένου, χωρίς να έχει λάβει προς τούτο έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής ρυθμίσεως. […] Οι διατάξεις της παρούσας κανονιστικής ρυθμίσεως δεν τυγχάνουν εφαρμογής επί των εργαζομένων, υπηκόων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή κράτους συμβαλλόμενου μέρους στη Συμφωνία για τον Οικονομικό Ευρωπαϊκό Χώρο». 8       Δυνάμει του άρθρου 10 του διατάγματος του Μεγάλου Δούκα του 1972, μπορεί να μη χορηγηθεί ή να μην ανανεωθεί η άδεια εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου για λόγους που αφορούν την κατάσταση, την εξέλιξη ή την οργάνωση της αγοράς εργασίας. Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα 9       Από τη δικογραφία που υποβλήθηκε στο Δικαστήριο προκύπτει ότι ο Η. Cikotic, υπήκοος τρίτου κράτους, είναι σύζυγος της C. Mattern, λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, και ότι έχουν την κατοικία τους στο Βέλγιο. 10     Η C. Mattern παρακολούθησε στο Βέλγιο κύκλο μαθημάτων επαγγελματικής καταρτίσεως ως οικογενειακή βοηθός και νοσηλεύτρια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως. Πραγματοποίησε, επίσης, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιουνίου του 2003 πρακτική εξάσκηση ως βοηθός νοσηλεύτρια στο εν λόγω κράτος μέλος. 11     Με απόφαση της 14ης Ιουλίου 2003, ο Υπουργός Εργασίας και Απασχολήσεως απέρριψε την αίτηση χορηγήσεως αδείας εργασίας που είχε καταθέσει ο H. Cikotic στις 18 Μαρτίου 2003 ενώπιον της αρμόδιας για την απασχόληση λουξεμβουργιανής αρχής στηριζόμενος σε δήλωση προσλήψεως. 12     Στην προσφυγή που άσκησαν κατά της εν λόγω αποφάσεως ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου, οι προσφεύγοντες της κύριας δίκης υποστήριξαν ότι ο H. Cikotic απαλλάσσεται από την υποχρέωση άδειας εργασίας διότι ως υπήκοος τρίτου κράτους, σύζυγος κοινοτικής υπηκόου, έχει δικαίωμα προσβάσεως, δυνάμει της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, σε μισθωτή θέση εργασίας εντός της λουξεμβουργιανής επικράτειας. 13     Με απόφαση της 29ης Μαρτίου 2004, το Tribunal administratif απέρριψε την προσφυγή αυτή, ιδίως με το σκεπτικό ότι εφόσον η C. Mattern δεν εργαζόταν ως μισθωτή στο Βέλγιο, ο κανονισμός δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα υπόθεση. 14     Επιληφθέν της εφέσεως κατά της αποφάσεως αυτής, το Cour administrative αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Οι κοινοτικές διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων εφαρμόζονται σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο κοινοτικής υπηκόου, η οποία παρακολούθησε κύκλο επαγγελματικής καταρτίσεως και […] αν, εξ αυτού του λόγου, ο μη έχων κοινοτική ιθαγένεια σύζυγος μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση να έχει άδεια εργασίας δυνάμει των διατάξεων που εξασφαλίζουν στους κοινοτικούς υπηκόους και στα μέλη των οικογενειών τους, υπηκόους τρίτων χωρών, το δικαίωμα για ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων;» Επί του προδικαστικού ερωτήματος 15     Κατά το άρθρο 11 του κανονισμού, ο σύζυγος και τα τέκνα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας ή συντηρούνται από υπήκοο κράτους μέλους ο οποίος ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα στην επικράτεια κράτους μέλους έχουν το δικαίωμα προσβάσεως σε οποιαδήποτε μισθωτή δραστηριότητα στο σύνολο της επικράτειας του κράτους αυτού, ακόμα και αν δεν έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους. 16     Το δικαίωμα που παρέχει το άρθρο αυτό στον σύζυγο διακινουμένου εργαζομένου συνδέεται με τα δικαιώματα που έλκει ο εν λόγω εργαζόμενος από το άρθρο 39 ΕΚ (βλ. απόφαση της 7ης Μαΐου 1986, 131/85, Gül, Συλλογή 1987, σ. 1573, σκέψη 20). 17     Συνεπώς, το δικαίωμα υπηκόου τρίτου κράτους, συζύγου κοινοτικού υπηκόου, να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας κράτους μέλους εξαρτάται από τα δικαιώματα που έλκει ο εν λόγω κοινοτικός υπήκοος από το άρθρο 39 ΕΚ, ιδίως δε από την ιδιότητα του εργαζομένου. 18     Όπως έκρινε το Δικαστήριο, ο όρος «εργαζόμενος», κατά την έννοια του άρθρου 39 EΚ, έχει κοινοτικό περιεχόμενο και δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά. Ως «εργαζόμενος» πρέπει να θεωρείται κάθε πρόσωπο που ασκεί πραγματική και γνήσια δραστηριότητα, εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που είναι τόσο περιορισμένες ώστε έχουν αμιγώς δευτερεύοντα ή επικουρικό χαρακτήρα. Το χαρακτηριστικό της σχέσεως εργασίας είναι, σύμφωνα με τη νομολογία αυτή, το γεγονός ότι ένα πρόσωπο παρέχει, κατά τη διάρκεια ορισμένου χρόνου, προς έτερο και υπό τη διεύθυνση αυτού του τελευταίου, υπηρεσίες έναντι των οποίων λαμβάνει αμοιβή (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 3ης Ιουλίου 1986, 66/85, Lawrie-Blum, Συλλογή 1986, σ. 2121, σκέψεις 16 και 17, και της 7ης Σεπτεμβρίου 2004, C-456/02, Trojani, Συλλογή 2004, σ. Ι-7573, σκέψη 15). 19     Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την απόφαση περί παραπομπής, μετά την παρακολούθηση στο Βέλγιο κύκλου μαθημάτων επαγγελματικής εκπαιδεύσεως στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, η C. Mattern πραγματοποίησε στο εν λόγω κράτος μέλος πρακτική εξάσκηση ως βοηθός νοσηλεύτρια. 20     Το στοιχείο αυτό είναι ικανό να προσδώσει στην C. Mattern την ιδιότητα του εργαζομένου κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου. 21     Πράγματι, κατά πάγια νομολογία, όταν μια πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται υπό συνθήκες πραγματικής και γνήσιας έμμισθης δραστηριότητας, το γεγονός ότι η πρακτική αυτή εξάσκηση μπορεί να θεωρηθεί πρακτική προετοιμασία που συνδέεται με την άσκηση του επαγγέλματος δεν εμποδίζει την εφαρμογή του άρθρου 39 ΕΚ (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις Lawrie Blum, προαναφερθείσα, σκέψη 19, και της 17ης Μαρτίου 2005, C-109/04, Kranemann, Συλλογή 2005, σ. I-2421, σκέψη 13). 22     Επιπροσθέτως, μολονότι δεν αμφισβητείται ότι η αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συνιστά ουσιώδες χαρακτηριστικό της σχέσεως εργασίας, εν τούτοις ούτε το περιορισμένο επίπεδο αυτής της αμοιβής ούτε η προέλευση των πόρων για την καταβολή της μπορούν να επηρεάσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του εργαζομένου κατά την έννοια του κοινοτικού δικαίου (βλ. αποφάσεις της 23ης Μαρτίου 1982, 53/81, Levin, Συλλογή 1982, σ. 1035, σκέψη 16, και Kranemann, προαναφερθείσα, σκέψη 17). 23     Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο, στο πλαίσιο εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών, για την οποία είναι μόνο αρμόδιο, να εξετάσει αν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής πρακτικής της εξασκήσεως, η C. Mattern άσκησε πράγματι μισθωτή δραστηριότητα, βάσει της οποίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως εργαζόμενη κατά την έννοια του άρθρου 39 ΕΚ. 24     Εντούτοις, από το ίδιο το γράμμα του άρθρου 11 του κανονισμού προκύπτει ότι το δικαίωμα υπηκόου τρίτου κράτους, συζύγου κοινοτικού υπηκόου, να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας μπορεί να προβληθεί μόνον εντός του κράτους μέλους στο οποίο ο κοινοτικός υπήκοος ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα. 25     Όπως ορθώς υπογράμμισε η γενική εισαγγελέας στο σημείο 33 των προτάσεών της, το δικαίωμα ασκήσεως μισθωτής δραστηριότητας δυνάμει του άρθρου 11 του κανονισμού δεν παρέχει στα μέλη της οικογένειας διακινουμένων εργαζομένων δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, καθόσον η διάταξη αυτή παρέχει μάλλον ευεργέτημα στον διακινούμενο εργαζόμενο στην οικογένεια του οποίου ανήκει ο υπήκοος τρίτου κράτους, ως σύζυγος ή συντηρούμενο τέκνο. 26     Δεν αμφισβητείται, όμως, ότι κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών της κύριας δίκης, η Mattern δεν ασκούσε μισθωτή ή μισθωτή δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος εκτός από το Βέλγιο. 27     Επομένως, ο H. Cikotic μπορούσε να επικαλεστεί το άρθρο 11 του κανονισμού μόνο στο Βέλγιο προκειμένου να έχει πρόσβαση, εντός αυτού του κράτους μέλους, στην αγορά εργασίας υπό τους αυτούς όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του εν λόγω κράτους. 28     Βάσει των ανωτέρω, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 11 του κανονισμού δεν παρέχει σε υπήκοο τρίτου κράτους το δικαίωμα προσβάσεως σε μισθωτή δραστηριότητα εντός κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ο/η σύζυγός του, κοινοτικός υπήκοος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ασκεί ή έχει ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα. Επί των δικαστικών εξόδων 29     Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (πρώτο τμήμα) αποφαίνεται: Υπό περιστάσεις όπως αυτές της υποθέσεως της κύριας δίκης, το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΟΚ) 1612/68 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στο εσωτερικό της Κοινότητας, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2434/92 του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1992, δεν παρέχει σε υπήκοο τρίτου κράτους το δικαίωμα προσβάσεως σε μισθωτή δραστηριότητα εντός κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο ο/η σύζυγός του, κοινοτικός υπήκοος που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, ασκεί ή έχει ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα. (υπογραφές) * Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.

62006CJ0528

sv

Fördragsbrott – Underlåtelse att inom den föreskrivna fristen vidta nödvändiga åtgärder för att följa Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, s. 90). Domslut Konungariket Belgien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn genom att inte inom den föreskrivna fristen anta de lagar och andra författningar som krävs för att följa direktivet. Konungariket Belgien ska ersätta rättegångskostnaderna.

62001TJ0192

lv

Divas prasības atbilstoši EKL 238. pantam, kuras attiecīgi cēluši Lior GEIE un Komisija saistībā ar septiņiem līgumiem, kas noslēgti starp Komisiju un Lior Thermie programmas ietvaros, un vienu līgumu, kas noslēgts starp Komisiju un Lior programmas Altener II ietvaros Rezolutīvā daļa: 1)         piespriest Lior GEIE samaksāt Komisijai: – EUR 6156,75 saistībā ar Biogaz līgumu, Biomasse līgumu un Maxibrochure bioclimatique līgumu, pieskaitot procentus no 2002. gada 28. februāra atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām EUR valūtā, kas ir spēkā no 2002. gada februāra un kas ir palielināta par vienu ar pusi punktu līdz 2002. gada 31. decembrim un trīs ar pusi punktiem no 2003. gada 1. janvāra, un tā līdz pilnīgai samaksai; – EUR 16 325,11 saistībā ar Biomasse līgumu, pieskaitot procentus no 2002. gada 30. jūnija atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām EUR valūtā, kas ir spēkā no 2002. gada jūnija un kas ir palielināta par vienu ar pusi punktu līdz 2002. gada 31. decembrim un trīs ar pusi punktiem no 2003. gada 1. janvāra, un tā līdz pilnīgai samaksai; – EUR 3980 saistībā ar Wind Energy līgumu, pieskaitot procentus no 2002. gada 15. janvāra atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām EUR valūtā, kas ir spēkā no 2002. gada janvāra un kas ir palielināta par vienu ar pusi punktu līdz 2002. gada 31. decembrim un trīs ar pusi punktiem no 2003. gada 1. janvāra, un tā līdz pilnīgai samaksai; – EUR 36 000 saistībā ar Transport līgumu, pieskaitot procentus no 2001. gada 31. augusta atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām EUR valūtā, kas ir spēkā no 2001. gada augusta un kas ir palielināta par vienu ar pusi punktu līdz 2002. gada 31. decembrim un trīs ar pusi punktiem no 2003. gada 1. janvāra, un tā līdz pilnīgai samaksai; – EUR 36 000 saistībā ar Photovoltaïque līgumu, pieskaitot procentus no 2001. gada 31. augusta atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām EUR valūtā, kas ir spēkā no 2001. gada augusta un kas ir palielināta par vienu ar pusi punktu līdz 2002. gada 31. decembrim un trīs ar pusi punktiem no 2003. gada 1. janvāra, un tā līdz pilnīgai samaksai; 2)         piespriest Lior samaksāt Komisijai EUR 32 800 saistībā ar Agores līgumu, pieskaitot procentus no 2003. gada 28. februāra atbilstoši likmei, ko Eiropas Centrālā banka piemēro savām kapitāla refinansēšanas operācijām EUR valūtā, kas ir spēkā no 2003. gada februāra un kas ir palielināta par vienu ar pusi punktu, un tā līdz pilnīgai samaksai. 3)         izbeigt tiesvedību saistībā ar Komisijas prasījumiem lietā T‑245/04, saskaņā ar kuriem tika lūgts, lai Lior International NV tiktu solidāri piespriests samaksāt summas, kuras ir parādā Lior ; 4) Lior papildus saviem tiesāšanās izdevumiem, kuri ir saistīti ar pamata tiesvedību apvienotajās lietās T‑192/01 un T‑245/04, atlīdzina ceturto daļu Komisijas tiesāšanās izdevumu, kuri ir saistīti ar šo tiesvedību; 5) Lior atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus, kas ir saistīti ar pagaidu noregulējuma procesu lietā T‑192/01 R; 6)         Komisija sedz trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu, kas saistīti ar pamata tiesvedību lietā T‑192/01, un trīs ceturtdaļas savu tiesāšanās izdevumu, kas saistīti ar tiesvedību, kas vērsta pret Lior lietā T‑245/04; 7)         Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas saistīti ar prasību pret Lior International lietā T‑245/04; 8) Lior International sedz savus tiesāšanās izdevumus pati .

62006FJ0110

lt

1. Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Komisijos įtvirtinta pareigų paaukštinimo tvarka – Paaukštinimo procedūros užbaigimas aktu, kuris apima sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą ir sprendimą nustatyti pareigūnams suteikiamus pirmenybės balus – Atskiri sprendimai, dėl kurių galima pareikšti atskirus ieškinius ar vieną ieškinį (Pareigūnų tarnybos nuostatų 45, 90 ir 91 straipsniai) 2. Pareigūnai – Pareigų paaukštinimas – Nuopelnų palyginimas (Pareigūnų tarnybos nuostatų 45 straipsnis) 1. Pagal Komisijos vidaus teisės aktuose įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką, pagal kurią pareigų paaukštinimo procedūra užbaigiama kompleksiniu aktu, nes jis apima du skirtingus sprendimus, t. y. Paskyrimų tarnybos sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą ir šios tarnybos sprendimą nustatyti bendrą pareigūnų balų skaičių, kuriuo grindžiamas pirmasis sprendimas, šis bendrą balų skaičių nustatantis sprendimas yra atskiras aktas, dėl kurio galima pateikti skundą ir prireikus pareikšti ieškinį teisme remiantis Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytomis teisių gynimo priemonėmis. Tačiau pareigūnas, kurio pareigos nebuvo paaukštintos dėl tariamai nepagrįstai suteikto nepakankamo pareigoms paaukštinti balų skaičiaus, gali apskųsti ir Paskyrimų tarnybos sprendimą nustatyti bendrą balų skaičių, ir jos sprendimą patvirtinti pareigūnų, kurių pareigos buvo paaukštintos, sąrašą. Nors šie du aktai gali būti teisiškai tinkamai atskirti ir galima atskirai reikalauti panaikinti kiekvieną iš jų, akivaizdu, kad iš tikrųjų jie glaudžiai susiję atsisakymo paaukštinti pareigas atveju, kuris būtinai susijęs su bendru pareigūnui suteiktų balų skaičiumi, palyginti su pareigoms paaukštinti reikalingų balų skaičiumi. (žr. 32 ir 33 punktus) 2. Pagal Komisijos įtvirtintą pareigų paaukštinimo tvarką dėl techninės klaidos pareigūno pavardės neįrašymas į jo generalinio direktorato pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, elektronine forma parengiamą sąrašą, kurį naudoja generalinis direktorius, suteikdamas pirmenybės balus generalinio direktorato pareigūnams, yra procedūros pažeidimas, dėl kurio paaukštinimo procedūra negali būti tinkamai vykdoma. Tačiau tam, kad dėl šio procedūros pažeidimo būtų galima panaikinti sprendimą, kuris buvo priimtas vėliau, siekiant ištaisyti klaidą ir suteikti suinteresuotajam asmeniui pirmenybės balus, kurių skaičiaus vis dėlto nepakako, kad jis būtų paaukštintas, ir sprendimą, patvirtinantį pareigūnų, kurių pareigos paaukštinamos, sąrašą, reikia įrodyti, kad jeigu šis procedūros pažeidimas nebūtų buvęs padarytas, šių sprendimų turinys būtų kitoks. Taip yra tuomet, kai neatsižvelgus į suinteresuotojo asmens atvejį tuo metu, kai jo generalinio direktorato generalinis direktorius išdėstė formalius ketinimus dėl pirmenybės balų suteikimo, o tai yra esminis paaukštinimo procedūros etapas, šis pažeidimas nebuvo tinkamai ištaisytas, nors tai buvo įmanoma, vėliau Paaukštinimų komitetui suteikiant pakankamą pirmenybės balų skaičių. Dėl šio pažeidimo gali būti pakenkta atitinkamo pareigūno interesams ir paaukštinimo procedūra pripažinta neteisėta. (žr. 91–95 ir 102 punktus) Nuoroda: 1986 m. balandžio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo Bernardi prieš Parlamentą , 150/84, Rink. p. 1375, 28 punktas. Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 1995 m. lapkričio 23 d. Sprendimo Benecos prieš Komisiją , T‑64/94, Rink. VT p. I‑A‑257 ir II‑769, 80 punktas; 1999 m. kovo 9 d. Sprendimo Hubert prieš Komisiją , T‑212/97, Rink. VT p. I‑A‑41 ir II‑185, 53 punktas; 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Hendrickx prieš Cedefop , T‑87/99, Rink. VT p. I‑A‑147 ir II‑679, 64 punktas.

61986CJ0076

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição que deu entrada na Secretaria do Tribunal em 12 de Março de 1986, a Comissão das Comunidades Europeias intentou, nos termos do artigo 169.° do Tratado CEE, uma acção que visa obter a declaração de que a República Federal da Alemanha não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado ao proibir a comercialização no mercado alemão dos sucedâneos do leite legalmente fabricados e comercializados noutros Estados-membros. 2 Nos termos do n.° 1 do artigo 36.° da Milchgesetz (lei do leite), de 31 de Julho de 1930 (RGBl. I, p. 421), é proibido, na República Federal, imitar o leite e os produtos lácteos destinados à alimentação humana, bem como pôr à venda, vender ou comercializar por outras formas tais imitações. De acordo com as disposições conjugadas do n.° 2 do citado artigo 36.° e do n.° 2 do artigo 12.° da Margarinegesetz (lei da margarina), na versão adoptada em 1 de Julho de 1975 (BGBl. I, p. 1841), essa proibição não se aplica à margarina nem à minarina. 3 A Comissão instaurou um processo nos termos do artigo 169.° do Tratado CEE por entender que a proibição de importação e comercialização dos sucedâneos do leite legalmente fabricados e comercializados noutro Estado-membro é uma medida de efeito equivalente a uma restrição quantitativa à importação, na acepção do artigo 30.° do Tratado CEE, que se não justifica, nem nos termos do artigo 36.° do citado Tratado, nem por outras razões de interesse geral ou exigências imperativas. 4 Enquanto decorria o processo no Tribunal, o Conselho adoptou o Regulamento n.° 1898/87, de 2 de Julho de 1987, relativo à protecção da denominação do leite e dos produtos lácteos aquando da sua comercialização (JO L 182, p. 36), que estabelece, no artigo 2.°, as condições que o leite e os produtos lácteos devem satisfazer para se poder utilizar a denominação "leite" ou uma série de denominações protegidas constantes de um anexo. Nos termos do artigo 5.° do citado regulamento, até ao fim do quinto período de aplicação do artigo 5.° C do Regulamento (CEE) n.° 804/68 do Conselho, de 27 de Junho de 1968, que estabelece a organização comum de mercado no sector do leite e dos produtos lácteos (JO L 148, p. 13; EE 03 F2 p. 146), ou seja, até 31 de Março de 1989, os Estados-membros, no respeito pelas regras gerais do Tratado, podem manter a sua regulamentação nacional que restringe o fabrico e a comercialização no seu território dos produtos que não correspondem às condições referidas no artigo 2.° do referido regulamento. 5 Para mais ampla exposição dos factos e da tramitação processual, bem como dos fundamentos e argumentos das partes, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos do processo apenas serão adiante retomados na medida do necessário para a fundamentação do Tribunal. Quanto à admissibilidade 6 O Governo federal arguiu a excepção de inadmissibilidade da acção, com o fundamento de o Regulamento n.° 1898/87 ter vindo modificar de forma sensível a situação jurídica do caso presente. Entende que, nessas condições, lhe devia ter sido dada a possibilidade de tomar posição a este respeito no âmbito do processo pré-contencioso previsto no primeiro parágrafo do artigo 169.° do Tratado. A presente acção seria actualmente inadmissível, visto a Comissão não ter reaberto a fase pré-contenciosa. 7 A Comissão observa que os elementos de facto e de direito em que se baseia foram já expostos aquando do processo prévio à presente acção, e que não invoca a violação do novo regulamento. Assim sendo, não há qualquer violação dos direitos da defesa. 8 Deve recordar-se, a este respeito, a jurisprudência constante do Tribunal, expressa por último nos acórdãos de 7 de Maio de 1987, Comissão/Bélgica (186/85, Recueil, p. 2029, n.° 13) e de 14 de Julho de 1988, Comissão/Bélgica (298/86, Colect. p. 4343, n.° 10), de acordo com a qual o objecto de uma acção intentada nos termos do artigo 169.° do Tratado fica delimitado pelo processo pré-contencioso previsto nessa disposição. O parecer fundamentado da Comissão e a acção devem fundar-se nos mesmos fundamentos e argumentos, pelo que o Tribunal não pode examinar uma acusação que não tenha sido formulada no parecer fundamentado. 9 Deve dizer-se que, no caso presente, a Comissão não formulou qualquer nova acusação na sequência da adopção do Regulamento n.° 1898/87, e que a entrada em vigor deste regulamento em nada agrava a posição da demandada. Pelo contrário, esta retira dele novos argumentos para negar que a proibição nacional impugnada constitua uma violação do direito comunitário. Assim sendo, não houve violação dos direitos da defesa, mantendo-se a acção admissível. Quanto ao mérito 10 O Governo federal sublinha, a título liminar, que a proibição decorrente do artigo 36.° da Milchgesetz apenas se aplica aos produtos que, pelas suas características aparentes, constituem imitações do leite e dos produtos lácteos. Pelo contrário, nada proíbe a comercialização na República Federal dos produtos de substituição que apresentem características diferentes. 11 Deve observar-se, a este respeito, que, apesar de, ao longo de todo o processo, a Comissão se ter referido globalmente aos sucedâneos do leite, não é objecto de contestação o facto de a medida nacional em causa apenas visar os produtos de substituição que, por apresentarem características aparentes análogas às do leite, podem com ele ser confundidos. Assim sendo, não pode subsistir qualquer dúvida quanto ao objecto do presente processo, nada se opondo a que o Tribunal examine se a proibição nacional assim definida é compatível com o artigo 30.° do Tratado CEE. 12 No acórdão de 23 de Fevereir de 1988, Comissão/República Francesa (216/84, Colect. 1988, p. 793), o Tribunal declarou que, na ausência de normas comuns ou harmonizadas relativas ao fabrico e à comercialização dos sucedâneos do leite, compete a cada Estado-membro regulamentar, no seu território, tudo o que se refere à composição, ao fabrico e à comercialização desses produtos (n.° 6). 13 Contudo, de acordo com a jurisprudência constante do Tribunal, decorre dos artigos 30.° e seguintes do Tratado CEE que a aplicação dessas regulamentações nacionais aos produtos importados de outros Estados-membros, em que são legalmente fabricados e comercializados, apenas é compatível com o citado Tratado na medida em que se revele necessária para satisfazer os motivos de interesse geral enumerados no artigo 36.° ou exigências imperativas atinentes, designadamente, à lealdade das transacções comerciais e à defesa dos consumidores. Dela decorre, igualmente, que um Estado-membro apenas pode invocar os citados motivos de interesse geral ou exigências imperativas para justificar uma medida restritiva das importações se nenhuma outra medida menos restritiva do ponto de vista da livre circulação de mercadorias for susceptível de atingir o mesmo objectivo. 14 Cabe, pois, examinar sucessivamente, à luz da citada jurisprudência, os diversos argumentos apresentados pelo Governo federal para justificar a proibição de qualquer transacção comercial relativa aos produtos em causa. Quanto à lealdade das transacções comerciais e à defesa dos consumidores 15 O Governo federal, apoiado pelo Governo francês, entende que a medida controvertida é necessária para satisfazer exigências imperativas atinentes à lealdade das transacções comerciais e à defesa dos consumidores. O facto de as disposições da Milchgesetz apenas se aplicarem aos produtos susceptíveis de confusão com o leite comprova bem ser essa a sua função e objectivo. A proibição consequente é também conforme com o princípio da proporcionalidade, visto que nenhum outro processo, menos radical, bastaria para proteger os consumidores dos riscos de engano resultantes, designadamente, da comercialização de produtos que constituem imitações servis. 16 No citado acórdão de 23 de Fevereiro de 1988, o Tribunal pronunciou-se sobre uma proibição decorrente de uma disposição legislativa francesa análoga ao artigo 36.° da Milchgesetz. Declarou que a informação do consumidor pode ser garantida, designadamente, por uma rotulagem adequada, existindo idêntica possibilidade quando os produtos são vendidos em distribuidores automáticos de bebidas, bem como, em princípio, nos locais de restauração colectiva. Embora, neste último caso, uma completa e detalhada informação dos consumidores possa suscitar algumas dificuldades, o problema coloca-se em relação à totalidade dos géneros oferecidos nos referidos locais. Nenhum motivo especial exige que os consumidores sejam informados de forma mais rigorosa quando se trate de sucedâneos do leite e dos produtos lácteos (n.° 10). Deve acrescentar-se que idênticas considerações se aplicam no que se refere à necessidade de impedir a concorrência desleal. 17 Decorre também da jurisprudência do Tribunal (acórdão de 16 de Dezembro de 1980, Fietje, 27/80, Recueil, p. 3839, n.° 11) que as medidas nacionais, quando sejam necessárias para garantir a correcta denominação dos produtos, para evitar qualquer confusão no espírito do consumidor e para garantir a lealdade das transacções comerciais, não infringem o princípio da livre circulação de mercadorias consagrado nos artigos 30.° e seguintes do Tratado CEE. O direito comunitário não se opõe, portanto, a uma medida nacional que garanta a correcta informação dos consumidores, evitando, dessa forma, qualquer confusão. Contudo, a medida em causa vai além dessa garantia. 18 Daqui decorre que uma proibição absoluta de comercialização dos sucedâneos do leite não é necessária para garantir a lealdade das transacções comerciais e a defesa dos consumidores; assim sendo, deve rejeitar-se o primeiro fundamento de defesa do Governo federal. Quanto à necessidade da medida controvertida para a consecução dos objectivos da política agrícola comum 19 No que se refere ao argumento do Governo federal, de acordo com o qual a proibição da comercialização dos produtos em causa é necessária para a consecução dos objectivos da política agrícola comum, o Tribunal decidiu já, nos acórdãos de 23 de Fevereiro de 1988 (já citado, n.os 18 e 19), de 14 de Julho de 1988, Drei Glocken (407/85, Colect. p. 4233, n.° 26) e de 2 de Fevereiro de 1989, Comissão/República Federal da Alemanha (274/87, Colect. p. 0000, n.os 21 e 22), que, desde que a Comunidade tenha estabelecido uma organização comum de mercado num sector determinado, os Estados-membros ficam obrigados a abster-se de adoptar qualquer medida unilateral que, por esse motivo, caiba na competência da Comunidade. Incumbe, portanto, à Comunidade, e não a um Estado-membro, encontrar soluções para qualquer problema suscitado no âmbito da política agrícola comum. 20 Deve acrescentar-se, neste contexto, que as medidas nacionais, ainda que sustentem uma política comum da Comunidade, não podem contrariar um dos princípios fundamentais da Comunidade, no caso presente o da livre circulação de mercadorias, a não ser que se justifiquem por motivos reconhecidos pelo direito comunitário. 21 Resulta do que precede que a medida controvertida não pode justificar-se pelas exigências da política agrícola comum. Assim sendo, deve concluir-se ser contrária à proibição estabelecida no artigo 30.° do Tratado CEE. Quanto à justificação da medida controvertida pelo artigo 5.° do Regulamento n.° 1898/87 22 O Governo federal, apoiado pelo Governo francês, interpreta ainda o artigo 5.° do Regulamento n.° 1898/87, segundo o qual durante um determinado período os Estados-membros "no respeito pela regras gerais do Tratado, podem manter a sua regulamentação nacional que restringe o fabrico e a comercialização no seu território dos produtos que não correspondem às condições referidas no artigo 2.° do presente regulamento", como significando que a legislação alemã em causa pode, em qualquer caso, continuar a ser aplicada. 23 Este argumento não pode ser acolhido. Sem que seja sequer necessário decidir a questão de saber se a disposição em causa é dotada de efeito retroactivo, basta verificar que ela apenas justifica a manutenção de uma regulamentação nacional na condição de as regras gerais do Tratado CEE serem respeitadas. Ora, como o Tribunal já salientou, a regulamentação em causa é contrária ao artigo 30.° do Tratado CEE e, portanto, não preenche as condições exigidas pelo artigo 5.° do Regulamento n.° 1898/87. 24 Resulta do que precede estar provado o incumprimento. Deve, portanto, declarar-se que a República Federal da Alemanha não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE, ao proibir a comercialização no mercado alemão dos sucedâneos do leite legalmente fabricados e comercializados noutros Estados-membros. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 25 Por força do disposto no n.° 2 do artigo 69.° do Regulamento Processual, a parte vencida deve ser condenada nas despesas, se a parte vencedora o houver requerido. Tendo a demandada sido vencida, deve ser condenada nas despesas. As despesas da parte interveniente ficarão a seu próprio cargo. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL, decide: 1) Ao proibir a comercialização no mercado alemão dos sucedâneos do leite legalmente fabricados e comercializados noutros Estados-membros, a República Federal da Alemanha não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 30.° do Tratado CEE. 2) A República Federal da Alemanha é condenada nas despesas. A República Francesa suportará as suas próprias despesas.

62006CJ0174

el

Σκεπτικό της απόφασης 1. Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απόφασης αφορά την ερμηνεία του άρθρου 13, Β, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49, στο εξής: έκτη οδηγία). 2. Το ερώτημα αυτό ανέκυψε στο πλαίσιο δίκης μεταξύ του Ministero delle Finanze – Ufficio IVA di Milano (στο εξής: Ufficio) και της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης CO.GE.P., που ασχολείται με την παρασκευή και μίξη παραγώγων πετρελαίου (στο εξής: CO.GE.P.) σχετικά με το νομότυπο ορισμένων τιμολογίων για φόρο προστιθεμένης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) που εξέδωσε προς αυτή το Consorzio Autonomo del Porto di Genova (στο εξής: κοινοπραξία) για την παραχώρηση χώρων του θαλασσίου δημοσίου τομέα που προορίζονται για την αποθήκευση και την επεξεργασία ορυκτελαίων. Το νομικό πλαίσιο Η κοινοτική ρύθμιση 3. Κατά την ενδέκατη αιτιολογική σκέψη της, η έκτη οδηγία σκοπεί, μεταξύ άλλων, να καταρτίσει κοινό πίνακα απαλλαγών από τον ΦΠΑ με σκοπό την ομοιόμορφη είσπραξη ιδίων πόρων σε όλα τα κράτη μέλη. 4. Κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας, στον ΦΠΑ υπόκεινται «οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο εσωτερικό της χώρας υπό υποκειμένου στον φόρο, που ενεργεί υπό την ιδιότητά του αυτήν.» 5. Το άρθρο 4, παράγραφοι 1, 2 και 5 της εν λόγω οδηγίας ορίζει: «1. Θεωρείται ως “υποκείμενος στον φόρο” οποιοσδήποτε ασκεί, κατά τρόπο ανεξάρτητο και σε οποιονδήποτε τόπο, μία από τις οικονομικές δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, ανεξαρτήτως του επιδιωκομένου σκοπού των αποτελεσμάτων της δραστηριότητος αυτής. 2. Οικονομικές δραστηριότητες, κατά την έννοια της παραγράφου 1, είναι όλες οι δραστηριότητες του παραγωγού, του εμπόρου η του παρέχοντος υπηρεσίες, περιλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων εξορύξεως, των γεωργικών δραστηριοτήτων καθώς και των δραστηριοτήτων των ελευθέρων επαγγελμάτων η των εξομοιουμένων προς αυτά. Ως οικονομική δραστηριότητα θεωρείται επίσης η εκμετάλλευση ενσωμάτου η άυλου αγαθού, προς τον σκοπό αντλήσεως εσόδων διαρκούς χαρακτήρος. […] 5. Τα κράτη, οι περιφέρειες, οι νομοί, οι δήμοι και κοινότητες και οι λοιποί οργανισμοί δημοσίου δικαίου δεν θεωρούνται ως υποκείμενοι στον φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις, τις οποίες πραγματοποιούν ως δημοσία εξουσία, έστω και αν, επ’ ευκαιρία αυτών των δραστηριοτήτων ή πράξεων, εισπράττουν δικαιώματα, τέλη, εισφορές ή άλλες επιβαρύνσεις Εντούτοις, όταν πραγματοποιούν τέτοιες δραστηριότητες ή πράξεις, πρέπει να θεωρούνται ως υποκείμενοι σε φόρο για τις δραστηριότητες ή πράξεις αυτές κατά το μέτρο που η μη υπαγωγή τους στον φόρο θα οδηγούσε σε σημαντικές στρεβλώσεις των όρων του ανταγωνισμού. Οπωσδήποτε, οι προαναφερθέντες οργανισμοί θεωρούνται ως υποκείμενοι σε φόρο, ιδίως για τις πράξεις, που απαριθμούνται στο παράρτημα Δ, και κατά το μέτρο που οι πράξεις αυτές δεν είναι αμελητέες. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεωρούν ως δραστηριότητες δημοσίας αρχής, τις δραστηριότητες των προαναφερθέντων οργανισμών, που απαλλάσσονται δυνάμει των άρθρων 13 και 28.» 6. Το άρθρο 13, B, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας, που υπάγεται στον τίτλο X ο οποίος τιτλοφορείται «Απαλλαγές», ορίζει: «Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και απλή εφαρμογή των προβλεπομένων κατωτέρω απαλλαγών και να αποτρέπεται κάθε ενδεχόμενη φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή και κατάχρηση: […] β) τις μισθώσεις ακινήτων, εξαιρέσει: 1. των πράξεων παροχής καταλύματος, όπως ορίζονται από την νομοθεσία των κρατών μελών, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ξενοδοχειακού τομέως ή άλλων τομέων παρεμφερούς χαρακτήρος, περιλαμβανομένης και της μισθώσεως κατασκηνώσεων διακοπών ή γηπέδων, διαρρυθμισμένων καταλλήλως για κατασκήνωση· 2. των μισθώσεων χώρων για τη στάθμευση αυτοκινήτων· 3. των μισθώσεων εργαλείων και μηχανημάτων μονίμως εγκατεστημένων· 4. των μισθώσεων χρηματοθυρίδων. Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν περαιτέρω εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής.» Η εθνική νομοθεσία 7. Το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 633 της 26ης Οκτωβρίου 1972, που θεσπίζει και ρυθμίζει τον φόρο προστιθεμένης αξίας, ορίζει τα ακόλουθα: «Στον φόρο προστιθεμένης αξίας υπόκεινται οι παραδόσεις αγαθών και οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας στο πλαίσιο της εκμεταλλεύσεως επιχείρησης ή της άσκησης τέχνης ή επαγγέλματος και οι εισαγωγές, ανεξαρτήτως του προσώπου που τις πραγματοποιεί.» 8. Κατά το άρθρο 10, παράγραφος 8, του εν λόγω διατάγματος, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 bis του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 69, της 2ας Μαρτίου 1989, νυν, κατόπιν τροποποιήσεων, νόμος 154 της 27ης Απριλίου 1989, απαλλάσσονται από τον φόρο οι μη χρηματοοικονομικές μισθώσεις και οι μισθώσεις, καθώς και οι συναφείς προς αυτές εκχωρήσεις, λύσεις και παρατάσεις, γεωργικών εκτάσεων και επιχειρήσεων, χώρων πλην των προοριζομένων για τη στάθμευση αυτοκινήτων, […] κτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων τους, των βοηθητικών χώρων και γενικά των κινητών τα οποία προορίζονται να εξυπηρετούν διαρκώς τον σκοπό των εκμισθουμένων ακινήτων, εξαιρουμένων των κατασκευών που, λόγω των χαρακτηριστικών τους, δεν επιδέχονται διαφορετική μεταχείριση άνευ ριζικής μετατροπής, καθώς και των ακινήτων που προορίζονται για κατοικίες και εκμισθώνονται από τις επιχειρήσεις οι οποίες τα έχουν κατασκευάσει με σκοπό την πώληση. 9. Το άρθρο 36 του ιταλικού ναυτιλιακού κώδικα (Codice della navigazione approvato con Regio decreto n. 327), της 30ής Μαρτίου 1942 ( Gazzetta ufficiale αριθ. 93, της 18ης Απριλίου 1942, ειδική έκδοση), ορίζει ότι η λιμενική διοίκηση δύναται, τηρώντας τους όρους που επιβάλλει η δημόσια χρήση, να παραχωρεί την κατοχή και τη χρήση, ακόμα και αποκλειστική, δημοσίων αγαθών και ζωνών των χωρικών υδάτων επί ορισμένο χρόνο. Η κύρια δίκη και τα προδικαστικά ερωτήματα 10. Η κοινοπραξία, αφού θεώρησε ότι η παραχώρηση ζωνών του δημοσίου θαλασσίου τομέα αποτελεί πράξη που δεν υπόκειται στον ΦΠΑ, εξέδωσε προς την CO.GE.P. τιμολόγια χωρίς ΦΠΑ. Η εφορία όμως κοινοποίησε στην εταιρία διορθωτικές πράξεις επιβολής ΦΠΑ για τα έτη 1991 έως 1993. 11. Με προσφυγή που άσκησε στις 30 Μαΐου 1996 ενώπιον της Commissione tributaria di primo grado di Milano (πρωτοβάθμιο φορολογικό δικαιοδοτικό όργανο του Μιλάνου), η CO.GE.P. προσέβαλε τις προαναφερθείσες διορθωτικές πράξεις αμφισβητώντας την υπαγωγή στον ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρέσχε η κοινοπραξία λόγω, μεταξύ άλλων, ελλείψεως των προϋποθέσεων εφαρμογής του ΦΠΑ. 12. Το προαναφερθέν δικαιοδοτικό όργανο δέχτηκε την προσφυγή με απόφαση της 19ης Νοεμβρίου 1996. 13. Στις 2 Φεβρουαρίου 1998, η εφορία άσκησε έφεση κατά της αποφάσεως αυτής ισχυριζόμενη ότι οι πραγματοποιηθείσες πράξεις υπόκεινται στον ΦΠΑ ως υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας. 14. Με απόφαση της 20ής Σεπτεμβρίου και της 20ής Οκτωβρίου 1999, η Commissione tributaria regionale della Lombardia (περιφερειακό φορολογικό δικαιοδοτικό όργανο) απέρριψε την έφεση και δέχθηκε το επιχείρημα της CO.GE.P ότι οι παραχωρήσεις αγαθών του δημοσίου τομέα, αντίθετα προς τις κατά κυριολεξία μισθώσεις ακινήτων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ούτε ως παραχωρήσεις αγαθών ούτε ως παροχές υπηρεσιών κατά την έννοια της νομοθεσίας περί ΦΠΑ και, κατά συνέπεια, δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ. 15. Με δικόγραφο που κατέθεσε στις 13 Μαρτίου 2000, η εφορία άσκησε αναίρεση ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου. 16. Ενώπιον του δικαστηρίου αυτού, η εφορία υποστήριξε ότι η κοινοπραξία είναι αναμφισβήτητα δημόσιος οργανισμός οικονομικού χαρακτήρα. 17. Η εφορία υποστήριξε επίσης ότι η πράξη παραχωρήσεως ενέχει μεν διακριτική εξουσία, η φύση της οποίας ανάγεται στον δημόσιο τομέα, πλην όμως συνήφθη στο πλαίσιο της ασκήσεως οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων με σκοπό την είσπραξη εσόδων υπό μορφή τελών που προορίζονται για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας του δημοσίου οργανισμού. Εξάλλου, η παραχώρηση ενός παράκτιου αποθηκευτικού χώρου που πραγματοποιήθηκε στην υπόθεση της κύριας δίκης δεν εξυπηρετεί γενικό συμφέρον ή σκοπούς δημοσίας ωφελείας αλλά σκοπούς αμιγώς οικονομικούς. 18. Το αιτούν δικαστήριο παρατηρεί συναφώς ότι, κατά την ιταλική φορολογική αρχή, όταν η παραχώρηση πραγματοποιείται, όπως στην υπόθεση της κύριας δίκης, από οργανισμό διαχειρίσεως λιμένα και όχι από τη λιμενική αρχή, η πράξη αυτή θεωρείται ως αναγόμενη στην άσκηση οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας λόγω του επαγγελματικού και εμπορικού χαρακτήρα του οργανισμού αυτού. 19. Το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει συναφώς ορισμένα στοιχεία του εθνικού δικαίου. 20. Συγκεκριμένα υπογραμμίζει ότι, ακόμη και αν η σχέση μεταξύ του παραχωρούντος και του προς ον η παραχώρηση αποτελεί διοικητική πράξη ενέχουσα την άσκηση εξουσίας, μονομερή και κατά διακριτική ευχέρεια, προϋποθέτει κατ’ ανάγκη ότι ο ενδιαφερόμενος δηλώνει τη βούλησή του να λάβει την παραχώρηση. Η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ του παραχωρούντος οργανισμού και του προς ον η παραχώρηση αποτυπώνεται σε διμερή σύμβαση. 21. Το αιτούν δικαστήριο παρατηρεί εξάλλου ότι στο παρόν στάδιο του εθνικού δικαίου αποκλείεται να θεωρηθούν ως «λι μενικές υπηρεσίες» οι παραχωρήσεις αγαθών του λιμενικού τομέα. 22. Τέλος, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι, κατά τη νομολογία του Corte suprema di cassazione (αποφάσεις της 26ης Μαΐου 1992, αριθ. 6281, και της 25ης Ιουλίου 2001, αριθ. 10097), παρά τη διοικητική φύση τους οι πράξεις παραχωρήσεως δημοσίων αγαθών όταν προέρχονται από δημοσίους οργανισμούς διαχειρίσεως λιμένα δεν εξομοιώνονται με παραχώρηση κατά την έννοια του δημοσίου δικαίου παρέχουσα το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσεως των αγαθών αυτών. Συγκεκριμένα, στο μέτρο που οι πράξεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας που ασκούν οι εν λόγω οργανισμοί, εξομοιώνονται ρητά με συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων παρά το διαφορετικό νομικό καθεστώς που τις διέπει. Κατά συνέπεια, οι παραχωρήσεις δημοσίων ακινήτων πρέπει να θεωρηθούν υποκείμενες στον ΦΠΑ πράξεις. 23. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Corte suprema di cassazione ανέστειλε τη δίκη και υπέβαλε στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Αποτελεί μίσθωση ακινήτου, απαλλασσόμενη του ΦΠΑ δυνάμει του άρθρου 13, Β, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας η χορήγηση, εκ μέρους δημοσίου οργανισμού που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, του δικαιώματος χρήσεως, ακόμη και αποκλειστικής, δημοσίου ακινήτου, χωρίς παροχή υπηρεσιών κατισχύουσα της δυνατότητας χρήσεως του ακινήτου, για ορισμένο χρόνο, έναντι ανταλλάγματος σημαντικά μικρότερου από την αξία του πράγματος και μέσω της εκδόσεως διοικητικής πράξεως, όπως συμβαίνει στις διεπόμενες από το εθνικό δίκαιο περιπτώσεις παραχωρήσεως δημοσίων ακινήτων, και όχι μέσω συμβάσεως;» Επί του προδικαστικού ερωτήματος 24. Προκαταρκτικώς διαπιστώνεται ότι από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι η κοινοπραξία αποτελεί δημόσιο οργανισμό οικονομικού χαρακτήρα που ενεργεί, όσον αφορά τη διαχείριση των δημοσίων ακινήτων που του παραχωρούνται, όχι στο όνομα και για λογαριασμό του δημοσίου, που παραμένει κύριος των ακινήτων αυτών, αλλά ιδίω ονόματι στο μέτρο που τα διαχειρίζεται λαμβάνοντας ιδίως αυτόνομες αποφάσεις. 25. Για τον λόγο αυτό δεν πληρούνται στην περίπτωση της κοινοπραξίας οι σωρευτικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για να έχει εφαρμογή ο κανόνας της μη υπαγωγής στον φόρο του άρθρου 4, παράγραφος 5, πρώτο εδάφιο, της έκτης οδηγίας, δηλαδή η άσκηση δραστηριοτήτων από οργανισμό δημοσίου δικαίου και η άσκηση δραστηριοτήτων που ασκούνται κατά δημόσια εξουσία (βλ., κατ’ αυτή την έννοια, απόφαση της 14ης Δεκεμβρίου 2000, C‑446/98, Fazenda Pública, Συλλογή 2000, σ. I‑11435, σκέψη 15). 26. Όσον αφορά το ζήτημα αν η επίδικη στην κύρια δίκη έννομη σχέση υπάγεται στην έννοια της «μίσθωσης ακινήτων» κατά την έννοια του άρθρου 13, Β, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας, υπενθυμίζεται, πρώτον, ότι κατά πάγια νομολογία οι προβλεπόμενες στο άρθρο 13 της έκτης οδηγίας απαλλαγές αποτελούν αυτοτελείς έννοιες του κοινοτικού δικαίου και επιβάλλεται επομένως να τους δίδεται κοινοτικός ορισμός (βλ. αποφάσεις της 12ης Ιουνίου 2003, C‑275/01, Sinclair Collis, Συλλογή 2003, σ. I‑5965, σκέψη 22· της 18ης Νοεμβρίου 2004, C‑284/03, Temco Europe, Συλλογή 2004, σ. I‑11237, σκέψη 16, και της 3ης Μαρτίου 2005, C‑428/02, Fonden Marselisborg Lystbådehavn, Συλλογή 2005, σ. I‑1527, σκέψη 27). 27. Δεύτερον, οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των απαλλαγών του άρθρου 13 της έκτης οδηγίας πρέπει να ερμηνεύονται στενά, δεδομένου ότι οι απαλλαγές αυτές αποτελούν παρεκκλίσεις από τη γενική αρχή σύμφωνα με την οποία ο ΦΠΑ επιβάλλεται για κάθε παροχή υπηρεσιών πραγματοποιούμενη εξ επαχθούς αιτίας από υποκείμενο στον φόρο (βλ., συναφώς, απόφαση της 12ης Σεπτεμβρίου 2000, C-358/97, Επιτροπή κατά Ιρλανδίας, Συλλογή 2000, σ. I-6301, σκέψη 52· της 18ης Ιανουαρίου 2001, C‑150/99, Stockholm Lindöpark, Συλλογή 2001, σ. I‑493, σκέψη 25, και Sinclair Collis, όπ.π, σκέψη 23). 28. Ωστόσο, αυτός ο κανόνας περί συσταλτικής ερμηνείας δεν σημαίνει ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των απαλλαγών πρέπει να ερμηνεύονται κατά τρόπο που τους καθιστά ανενεργούς (βλ. απόφαση Temco Europe, όπ.π., σκέψη 17). 29. Τρίτον, διαπιστώνεται ότι το άρθρο 13, Β, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας δεν δίνει τον ορισμό της «μίσθωσης» ούτε παραπέμπει στους σχετικούς ορισμούς που περιέχουν οι νομοθεσίες των κρατών μελών (βλ. απόφαση της 4ης Οκτωβρίου 2001, C‑326/99, Goed Wonen, Συλλογή 2001, σ. I‑6831, σκέψη 44). 30. Συνεπώς, η διάταξη αυτή πρέπει να ερμηνευθεί με γνώμονα το πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται, τους σκοπούς και την οικονομία της έκτης οδηγίας λαμβανομένης, ιδίως υπόψη της ratio legis της απαλλαγής που προβλέπει (βλ., κατ’ αυτή την έννοια, προαναφερθείσες αποφάσεις Goed Wonen, σκέψη 50, και Fonden Marselisborg Lystbådehavn, σκέψη 28). 31. Με τη νομολογία του το Δικαστήριο έχει διευκρινίσει ότι η μίσθωση αγαθών κατά την έννοια του άρθρου 13, Β, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας συνίσταται κατά τα ουσιώδη στο γεγονός ότι ο εκμισθωτής παραχωρεί στον μισθωτή, για ορισμένη διάρκεια και έναντι αντιπαροχής, το δικαίωμα κατοχής ενός ακινήτου ως εάν ήταν κύριος αυτού και αποκλεισμού κάθε άλλου προσώπου από την άσκηση του δικαιώματος αυτού (βλ., κατ’ αυτήν την έννοια, αποφάσεις Goed Wonen, όπ.π., σκέψη 55· της 9ης Οκτωβρίου 2001, C-409/98, Mirror Group, Συλλογή 2001, σ. I-7175, σκέψη 31· της 8ης Μαΐου 2003, C-269/00, Seeling, Συλλογή 2003, σ. I-4101, σκέψη 49, και Temco Europe, όπ.π., σκέψη 19). 32. Στην υπόθεση της κύριας δίκης, επίδικη είναι η νομική σχέση στο πλαίσιο της οποίας παραχωρείται σε μια εταιρία το δικαίωμα κατοχής και χρήσεως, ακόμη και αποκλειστικής, ζωνών του δημοσίου θαλασσίου τομέα, συγκεκριμένα μιας παράκτιας αποθήκης που προορίζεται για την αποθήκευση και την επεξεργασία ορυκτελαίων για συγκεκριμένη διάρκεια και αντί ποσού κατά πολύ χαμηλότερου της αξίας του αγαθού. 33. Λαμβανομένου υπόψη του περιεχομένου της, η σχέση αυτή προσομοιάζει με συμβατική πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο των βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων της κοινοπραξίας. 34. Πράγματι, διαπιστώνεται ότι το βασικό χαρακτηριστικό της σχέσης αυτής, που εμφανίζεται και στη μίσθωση ακινήτου, συνίσταται στην παραχώρηση της διάθεσης μιας επιφάνειας και δη τμήματος του λιμενικού τομέα, έναντι αμοιβής, με παράλληλη εξασφάλιση στον αντισυμβαλλόμενο του δικαιώματος να κατέχει τον χώρο αυτό και ή να τον χρησιμοποιεί και να αποκλείει κάθε άλλο πρόσωπο από την άσκηση του δικαιώματος αυτού. 35. Κατά συνέπεια, ο σεβασμός της αρχής της ουδετερότητας του ΦΠΑ, καθώς και η ανάγκη συνεπούς εφαρμογής των διατάξεων της έκτης οδηγίας, και ιδίως των διατάξεων περί απαλλαγών, επιβάλλουν να εξομοιώνεται μια σχέση όπως η επίδικη στην κύρια δίκη με μίσθωση ακινήτου κατά την έννοια του άρθρου 13, Β, στοιχείο β΄, της εν λόγω οδηγίας. 36. Βάσει των προεκτεθέντων, στο προδικαστικό ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι το άρθρο 13, B, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας έχει την έννοια ότι μια έννομη σχέση όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται σε ένα πρόσωπο το δικαίωμα κατοχής και χρήσεως, ακόμη και αποκλειστικής, δημοσίου ακινήτου και συγκεκριμένα ζωνών του θαλασσίου τομέα για συγκεκριμένη περίοδο και έναντι αμοιβής εμπίπτει στην έννοια της «μισθώσεως ακινήτων» κατά την έννοια του άρθρου αυτού. Επί των δικαστικών εξόδων 37. Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την υποβολή παρατηρήσεων στο Δικαστήριο, εκτός των παρατηρήσεων των εν λόγω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) αποφαίνεται: Το άρθρο 13, B, στοιχείο β΄, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι μια έννομη σχέση όπως η επίδικη στην κύρια δίκη, στο πλαίσιο της οποίας παρέχεται σε ένα πρόσωπο το δικαίωμα κατοχής και χρήσεως, ακόμη και αποκλειστικής, δημοσίου ακινήτου και συγκεκριμένα ζωνών του θαλασσίου τομέα για συγκεκριμένη περίοδο και έναντι αμοιβής εμπίπτει στην έννοια της «μισθώσεως ακινήτων» κατά την έννοια του άρθρου αυτού.

61998CJ0451

da

Dommens præmisser 1 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 27. februar 1997 og registreret under nr. T-41/97 har Antillean Rice Mills NV (herefter »ARM«) i medfør af EF-traktatens artikel 173, stk. 4 (efter ændring nu artikel 230, stk. 4, EF), nedlagt påstand om annullation af Rådets forordning (EF) nr. 304/97 af 17. februar 1997 om beskyttelsesforanstaltninger mod indførsel af ris med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (EFT L 51, s. 1). 2 Ved kendelse af 15. maj 1997 fik Kongeriget Nederlandene tilladelse til at intervenere til støtte for de af ARM nedlagte påstande. Ved kendelser af 15. maj, 5. august og 5. september 1997 fik Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilladelse til at intervenere til støtte for de af Rådet for Den Europæiske Union nedlagte påstande. 3 Ved stævning indleveret til Domstolens Justitskontor den 17. marts 1997, registreret under nr. C-110/97, har Kongeriget Nederlandene ligeledes nedlagt påstand om annullation af forordning nr. 304/97. 4 Da genstanden for både sag T-41/97 og sag C-110/97 er annullation af forordning nr. 304/97, har Retten ved kendelse af 16. november 1998 i henhold til artikel 47, stk. 3, i EF-statutten for Domstolen og artikel 80 i Rettens procesreglement besluttet at erklære sig inkompetent i sag T-41/97 til fordel for Domstolen. De relevante retsregler EF-traktaten 5 Ifølge EF-traktatens artikel 3, litra r) [efter ændring nu artikel 3, stk. 1, litra s), EF], skal Fællesskabets virke indebære associering af de oversøiske lande og territorier (herefter »OLT«) med henblik på at forøge samhandelen og på at fremme den økonomiske og sociale udvikling i fællesskab. 6 EF-traktatens artikel 227, stk. 3 (efter ændring nu artikel 299, stk. 3, EF), bestemmer, at på de OLT, der er opregnet i EF-traktatens bilag IV (efter ændring nu bilag II EF), anvendes den associeringsordning, som er nærmere fastlagt i traktatens fjerde del. De Nederlandske Antiller er nævnt i dette bilag. 7 EF-traktatens fjerde del, der har titlen »De oversøiske landes og territoriers associering«, omfatter bl.a. artikel 131 (efter ændring nu artikel 182 EF), 132 (nu artikel 183 EF), 133 (efter ændring nu artikel 184 EF), 134 (nu artikel 185 EF) og 136 (efter ændring nu artikel 187 EF). 8 Ifølge traktatens artikel 131, stk. 2 og 3, har associeringen af OLT med Det Europæiske Fællesskab til formål at fremme den økonomiske og sociale udvikling i OLT og at oprette nære økonomiske forbindelser mellem disse og Fællesskabet som helhed. I overensstemmelse med principperne i EF-traktatens præambel skal associeringen først og fremmest åbne mulighed for at tjene befolkningernes interesser i OLT og øge deres velstand for herved at lede dem frem til den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling, som de tilstræber. 9 Traktatens artikel 132, stk. 1, bestemmer, at medlemsstaterne i deres samhandel med OLT anvender samme regler, som de i henhold til traktaten anvender indbyrdes. 10 Ifølge traktatens artikel 133, stk. 1, nyder varer med oprindelse i OLT ved indførsel til medlemsstaterne godt af den fuldstændige afskaffelse af tolden mellem medlemsstaterne, som gradvis finder sted i overensstemmelse med traktatens bestemmelser. 11 Det bestemmes i traktatens artikel 134, at såfremt toldsatsernes niveau for varer hidrørende fra et tredjeland ved indførsel til et OLT, når bestemmelserne i artikel 133, stk. 1, finder anvendelse, vil kunne fremkalde omlægninger af samhandelen til skade for en medlemsstat, kan denne begære, at Kommissionen foreslår de øvrige medlemsstater nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe denne situation. 12 Traktatens artikel 136 bestemmer, at Rådet med udgangspunkt i de opnåede resultater som led i associeringen mellem OLT og Fællesskabet og på grundlag af de principper, der er nedfældet i traktaten, enstemmigt vedtager bestemmelserne om de nærmere retningslinjer for og fremgangsmåden ved OLT's associering med Fællesskabet. Afgørelse 91/482/EØF 13 Med hjemmel i traktatens artikel 136 traf Rådet den 25. juli 1991 afgørelse 91/482/EØF om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EFT L 263, s. 1, herefter »OLT-afgørelsen«). 14 I medfør af OLT-afgørelsens artikel 101, stk. 1, fritages varer med oprindelse i OLT ved indførsel i Fællesskabet for told og afgifter med tilsvarende virkning. 15 Det bestemmes i artikel 6, stk. 2, i OLT-afgørelsens bilag II, at såfremt varer, der fuldt ud er fremstillet i Fællesskabet eller i AVS-staterne (stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet), bearbejdes eller forarbejdes i OLT, anses de for værende fuldt ud fremstillet i OLT. 16 Som en undtagelse fra det i artikel 101, stk. 1, fastslåede princip bemyndiger OLT-afgørelsens artikel 109, stk. 1, Kommissionen til at træffe de fornødne beskyttelsesforanstaltninger, »såfremt anvendelsen af denne afgørelse medfører alvorlige forstyrrelser i en erhvervssektor i Fællesskabet eller i en eller flere medlemsstater eller bringer disses finansielle stabilitet udadtil i fare, eller såfremt der opstår vanskeligheder, der vil kunne medføre en forringelse af situationen i en erhvervssektor inden for Fællesskabet eller i en af dettes regioner«. 17 Ifølge artikel 109, stk. 2, skal der ved anvendelsen af stk. 1 fortrinsvis vælges foranstaltninger, som bringer mindst mulig forstyrrelse i associeringens og Fællesskabets funktion. Disse foranstaltninger må ikke gå ud over, hvad der er absolut nødvendigt for at afhjælpe de opståede vanskeligheder. 18 Ifølge artikel 1, stk. 5 og 7, i OLT-afgørelsens bilag IV kan enhver medlemsstat indbringe Kommissionens afgørelse om indførelse af beskyttelsesforanstaltninger for Rådet inden for en frist på ti arbejdsdage fra dagen for meddelelsen af afgørelsen. I dette tilfælde kan Rådet med kvalificeret flertal træffe anden afgørelse inden for en frist på tyve arbejdsdage. Forordning (EF) nr. 21/97 19 Den 29. november og den 10. december 1996 anmodede den italienske og den spanske regering Kommissionen om at indføre beskyttelsesforanstaltninger over for ris med oprindelse i OLT. 20 Med hjemmel i OLT-afgørelsens artikel 109 har Kommissionen udstedt forordning (EF) nr. 21/97 af 8. januar 1997 om beskyttelsesforanstaltninger over for indførsel af ris med oprindelse i de oversøiske lande og territorier (EFT L 5, s. 24). 21 Ved artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 21/97 blev der indført et toldkontingent for indførsel af ris med oprindelse i OLT henhørende under KN-kode 1006 med toldfritagelse på indtil 4 594 tons ris med oprindelse på Montserrat, 1 328 tons ris med oprindelse på Turks- og Caicosøerne og 36 728 tons ris med oprindelse i andre OLT. 22 Forordning nr. 21/97 anvendtes ifølge artikel 7, stk. 2, fra den 1. januar til den 30. april 1997. 23 Det Forenede Kongeriges regering indbragte dernæst i henhold til artikel 1, stk. 5, i OLT-afgørelsens bilag IV forordning nr. 21/97 for Rådet og anmodede det om at forhøje det kontingent, der var tildelt Montserrat og Turks- og Caicosøerne. 24 Ved skrivelse af 21. januar 1997 tilkendegav den nederlandske regering ligeledes, at den modsatte sig forordning nr. 21/97, og opfordrede Rådet til at træffe anden afgørelse. Forordning nr. 304/97 25 Den 17. februar 1997 udstedte Rådet forordning nr. 304/97, som ifølge artikel 7, stk. 1, ophæver forordning nr. 21/97. 26 I det væsentlige adskiller Rådets forordning sig kun fra Kommissionens på et enkelt punkt, nemlig størrelsen af det kontingent, der er fastsat for Montserrat og Turks- og Caicosøerne. 27 Artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 304/97 bestemmer følgende: »Indførsel til Fællesskabet af ris henhørende under KN-kode 1006 med oprindelse i OLT med toldfritagelse begrænses i perioden 1. januar til 30. april 1997 til følgende mængder udtrykt som afskallet ris: a) 8 000 tons ris med oprindelse på Montserrat og Turks- og Caicosøerne fordelt således: - 4 594 tons med oprindelse i Montserrat, og - 3 406 tons med oprindelse i Montserrat eller Turks- og Caicosøerne b) 36 728 tons ris med oprindelse i andre OLT.« 28 Forordning nr. 304/97 anvendtes i henhold til artikel 8, stk. 2, fra den 1.januar til den 30. april 1997, bortset fra artikel 1, stk. 1, litra a), andet led, som først blev anvendt fra forordningens ikrafttræden den 21. februar 1997, datoen for dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Fællesskabets rismarked 29 Der sondres mellem ris af japonica-typen og ris af indica-typen. 30 I Fællesskabet er de risproducerende lande i det væsentlige Frankrig, Spanien og Italien. Ca. 80% af den ris, der produceres i Fællesskabet, er japonica-ris, og 20% er indica-ris. Japonica-ris bruges især i de sydlige medlemsstater, mens indica-ris navnlig bruges i de nordlige medlemsstater. 31 Fællesskabet har en overskudsproduktion af japonica-ris og er totalt eksportør af denne rissort. Derimod producerer det ikke indica-ris i tilstrækkeligt omfang til at dække sine egne behov og er totalt importør af denne rissort. 32 Risen skal forarbejdes for at kunne anvendes som levnedsmiddel. Efter høsten afskalles risen, hvorefter den slibes i flere omgange. 33 Normalt sondres mellem fire forarbejdningstrin: - Uafskallet ris: Dette er risen, som den høstes, og hvor den endnu er uegnet som levnedsmiddel. - Afskallet ris (også betegnet »brown rice«): Skallerne er fjernet fra denne ris, der kan anvendes som levnedsmiddel, men som også kan forarbejdes yderligere. - Delvis sleben ris (også betegnet delvis poleret ris): Ris, hvorfra en del af sølvhinderne er fjernet. Denne ris er et halvfabrikata, der normalt sælges med henblik på at blive forarbejdet og ikke med henblik på forbrug. - Sleben ris (også betegnet poleret ris): Færdigforarbejdet ris, hvorfra skallerne og sølvhinderne er helt fjernet. 34 Fællesskabet producerer kun sleben ris, mens De Nederlandske Antiller kun producerer delvis sleben ris. Den delvis slebne ris med oprindelse i De Nederlandske Antiller må derfor underkastes en endelig bearbejdning for at kunne anvendes som levnedsmiddel i Fællesskabet. 35 Et halvt dusin virksomheder, der er etableret i De Nederlandske Antiller, heriblandt ARM, forarbejder dér afskallet ris med oprindelse i Surinam og Guyana til delvis sleben ris. 36 Denne forarbejdning er tilstrækkelig til at give denne ris status som ris med oprindelse i OLT ifølge bestemmelserne i OLT-afgørelsens bilag II. 37 Siden 1992 har ARM udført den slebne ris, som selskabet producerer, til Fællesskabet, hvor det sælger den til risvirksomheder, der forarbejder den til sleben ris. Denne ris er af indica-typen. Søgsmålet 38 ARM, støttet af Kongeriget Nederlandene, har nedlagt påstand om annullation af forordning nr. 304/97 og om, at Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger. 39 Under søgsmålet har sagsøgeren påberåbt sig fire anbringender, henholdsvis tilsidesættelse af traktatens artikel 133, stk. 1, og OLT-afgørelsens artikel 101, stk. 1, tilsidesættelse af OLT-afgørelsens artikel 109, stk. 1, tilsidesættelse af OLT-afgørelsens artikel 109, stk. 2, og endelig tilsidesættelse af princippet om omhu ved udarbejdelsen af retsakter og af EF-traktatens artikel 190 (nu artikel 253 EF). 40 Rådet har nedlagt påstand om afvisning af annullationssøgsmålet vedrørende forordning nr. 304/97, subsidiært om frifindelse, og om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. 41 Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik og Kommissionen har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse, og om, at sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger. Formaliteten 42 Ifølge traktatens artikel 173, stk. 4, kan enhver fysisk eller juridisk person indbringe klage over beslutninger, der retter sig til ham, samt over beslutninger, som, skønt de er udfærdiget i form af en forordning eller en beslutning rettet til en anden person, dog berører ham umiddelbart og individuelt. 43 Eftersom forordning nr. 304/97 ikke er en beslutning, der er rettet til sagsøgeren i traktatens artikel 173, stk. 4's forstand, skal det undersøges, om den udgør en almengyldig retsakt, eller om den må betragtes som en beslutning, der er udfærdiget i form af en forordning. Ved afgørelsen af, om en retsakt har generel rækkevidde, skal der tages stilling til dens beskaffenhed og de retsvirkninger, den er tænkt at skulle have eller faktisk har (dom af 6.10.1982, sag 307/81, Alusuisse Italia mod Rådet og Kommissionen, Sml. s. 3463, præmis 8). 44 Vedrørende den foreliggende sag bemærkes, at da Rådet udstedte forordning nr. 304/97, fastsatte det foranstaltninger af generelt indhold, der uden forskel finder anvendelse på indførsel af ris med oprindelse i alle OLT. 45 Følgelig har forordning nr. 304/97 efter sin art generel rækkevidde og udgør ikke en beslutning i EF-traktatens artikel 189's forstand (nu artikel 249 EF). 46 Det skal imidlertid undersøges, om sagsøgeren, uanset denne forordnings generelle rækkevidde, alligevel kan betragtes som umiddelbart og individuelt berørt af denne. Den omstændighed, at en retsakt har almengyldig karakter, udelukker således ikke, at visse erhvervsdrivende vil kunne være umiddelbart og individuelt berørt af den (jf. dom af 18.5.1994, sag C-309/89, Codorníu mod Rådet, Sml. I, s. 1853, præmis 19). 47 Med hensyn til spørgsmålet, om ARM er individuelt berørt af forordning nr. 304/97, har sagsøgeren og den nederlandske regering gjort gældende, at ARM er en berørt virksomhed som omhandlet i Rettens dom af 14. september 1995 (forenede sager T-480/93 og T-483/93, Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 2305), for så vidt virksomheden tilhører en begrænset gruppe af erhvervsdrivende, hvis retsstilling berøres på grund af en faktisk situation, der adskiller dem fra alle andre og derfor individualiserer dem på samme måde som en adressat. 48 Derimod har såvel Rådet som Den Franske Republik, Den Italienske Republik og Kommissionen bestridt, at ARM skulle være individuelt berørt af forordning nr. 304/97. Hvad navnlig angår Rettens dom i sagen Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen har Rådet fremhævet, at Retten ikke udtrykkeligt har udtalt sig om spørgsmålet, om ARM i denne sag var individuelt berørt. Retten har ikke fastslået, at ARM faktisk indtog en stilling som berørt virksomhed i den betydning, der præciseres i den nævnte doms præmis 73 og 74. 49 Det bemærkes først, som Domstolen har præciseret gentagne gange (jf. bl.a. dom af 15.7.1963, sag 25/62, Plaumann mod Kommissionen, Sml. s. 411, på s. 414, org.ref.: Rec. s. 197, på s. 223, og kendelse af 21.6.1993, sag C-276/93, Chiquita Banana m.fl. mod Rådet, Sml. I, s. 3345, præmis 9), at det er en betingelse for, at fysiske eller juridiske personer kan anses for individuelt berørt, at de rammes i deres retsstilling på grund af visse egenskaber, som er særlige for dem, eller på grund af en faktisk situation, der adskiller dem fra alle andre og derfor individualiserer dem på lignende måde som en adressat. 50 Hvad for det første angår de egenskaber, som er særlige for ARM, har selskabet, støttet af den nederlandske regering, gjort gældende, at det som eksportør af ris fra De Nederlandske Antiller udelukkende beskæftiger sig med at udføre ris til Fællesskabet. Følgelig medfører beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til forordning nr. 304/97 uundgåeligt, at dets aktiviteter ophører. 51 Hertil bemærkes, at sagsøgeren kun er berørt af forordning nr. 304/97 i sin egenskab af eksportør af ris til Fællesskabet. Der er tale om en handelsaktivitet, som på et hvilket som helst tidspunkt kan udøves af en hvilken som helst virksomhed. Denne forordning berører kun sagsøgeren på grund af dennes objektive egenskab af erhvervsdrivende, der virker inden for handel med ris fra OLT, ligesom enhver anden erhvervsdrivende, der befinder sig i samme situation. Selskabets egenskab af riseksportør eller endog eksportør og forhandler af ris fra OLT til Fællesskabet er derfor ikke i sig selv tilstrækkelig til, at det kan godtgøre, at det er individuelt berørt af forordning nr. 304/97 (jf. hertil ligeledes dom af 17.1.1985, sag 11/82, Piraiki-Patraiki m.fl. mod Kommissionen, Sml. s. 207, præmis 14, og kendelsen i sagen Chiquita Banana m.fl. mod Rådet, præmis 12, samt kendelse af 23.11.1995, sag C-10/95 P, Asocarne mod Rådet, Sml. I, s. 4149, præmis 42). 52 Selv om det i dette tilfælde fremgår af sagen, at der kun er seks eller syv virksomheder på det marked, som forordning nr. 304/97 angår, bemærkes, at den omstændighed, at det er muligt med større eller mindre nøjagtighed at fastlægge antallet eller endog identiteten af de retssubjekter, som en foranstaltning finder anvendelse på, ikke indebærer, at de pågældende retssubjekter må anses for individuelt berørt af foranstaltningen, når det kan fastslås, at denne retsvirkning som grundlag har objektive retlige eller faktiske kriterier, som er opstillet i den pågældende retsakt (jf. bl.a. kendelse af 24.5.1993, sag C-131/92, Arnaud m.fl. mod Rådet, Sml. I, s. 2573, præmis 13, og i sagen Chiquita Banana m.fl. mod Rådet, præmis 8). 53 Desuden kan ARM ikke med rette hævde, at beskyttelsesforanstaltningerne har medført, at selskabets aktiviteter, som helt er koncentreret om eksport af ris til Fællesskabet, helt er ophørt. Som Retten allerede har udtalt i kendelsen i sagen om foreløbige forholdsregler af 21. marts 1997 (sag T-41/97 R, Antillean Rice Mills mod Rådet, Sml. II, s. 447, præmis 49), og som Kommissionen har henvist til i sit indlæg, har sagsøgeren i de første tre måneder af 1997 eksporteret ca. 12 000 tons ris til Fællesskabet. Sammenlignet med de 68 186 tons, som ARM erklærer at have eksporteret i 1996, viser eksporten for første kvartal af 1997 kun et fald i eksportaktiviteten. Dette fald kan i øvrigt ikke fuldt ud tilskrives beskyttelsesforanstaltningerne, da ARM som nævnt i nærværende doms præmis 65 sammen med sine kunder har kunnet gøre det nødvendige for at opnå importlicenser, før beskyttelsesforanstaltningerne trådte i kraft. Endelig kan ARM ikke uden at modsige sig selv både hævde, at selskabet er blevet tvunget af beskyttelsesforanstaltningerne til at ophøre med sin virksomhed, og erklære, at det udøver 10% af sin virksomhed på det lokale marked. 54 Under disse omstændigheder er det ikke bevist, at forordning nr. 304/97 har haft alvorlige følger for sagsøgeren til forskel fra enhver anden erhvervsdrivende, der driver virksomhed med forhandling af ris fra OLT, og heller ikke, at sagsøgeren er blevet ramt af de pågældende beskyttelsesforanstaltninger på grund af egenskaber, der adskiller denne fra enhver anden erhvervsdrivende, som også er omfattet af forordning nr. 304/97. 55 ARM har følgelig ikke godtgjort, at selskabet er individuelt berørt af forordning nr. 304/97 på grund af særlige egenskaber. 56 Hvad for det andet angår spørgsmålet, om ARM befinder sig i en faktisk situation, der adskiller selskabet fra alle andre og individualiserer det på lignende måde som en adressat, har ARM og den nederlandske regering gjort gældende, at ARM før vedtagelsen af forordning nr. 304/97 havde indgået forskellige kontrakter om salg af delvis sleben ris med kunder etableret i Fællesskabet. Disse kontrakter kunne ikke opfyldes på grund af de beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført ved forordning nr. 304/97. Desuden har selskabet gjort gældende, at for at opfylde disse kontrakter havde det indkøbt afskallet ris i Surinam og indgået befragtningsaftaler på sædvanlige betingelser for at få denne ris fragtet til De Nederlandske Antiller. Opfyldelsen af disse kontrakter er blevet forhindret, og de nævnte befragtningsaftaler er blevet forstyrret på grund af beskyttelsesforanstaltningerne i henhold til forordning nr. 304/97. ARM og den nederlandske regering er af den opfattelse, at sagsøgerens individuelle interesser under disse betingelser er blevet berørt af den nævnte forordning. ARM og den nederlandske regering har endelig anført, at Kommissionen og Rådet havde kendskab til ARM's særlige situation, før beskyttelsesforanstaltningerne blev truffet. 57 Det bemærkes, at den omstændighed, at Rådet eller Kommissionen i medfør af særlige bestemmelser er forpligtet til at tage hensyn til følgerne af den retsakt, som de påtænker at vedtage, for visse personers situation, kan være egnet til at individualisere disse (jf. i denne retning dommen i sagen Piraiki-Patraiki m.fl. mod Kommissionen, præmis 28 og 31, og dom af 11.2.1999, sag C-390/95 P, Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen, Sml. I, s. 769, præmis 25). 58 Herved bemærkes, at når Kommissionen påtænker at træffe beskyttelsesforanstaltninger med hjemmel i OLT-afgørelsens artikel 109, stk. 1, skal den, for så vidt som omstændighederne konkret ikke er til hinder derfor, tilvejebringe oplysninger om de skadelige virkninger, som dens beslutning muligvis kan have for det pågældende OLT's økonomi såvel som for de berørte virksomheder (jf. dommen i sagen Antillean Rice Mills m.fl. mod Kommissionen, præmis 25). 59 Forordning nr. 304/97 blev vedtaget med hjemmel i artikel 1, stk. 5-7, i OLT-afgørelsens bilag IV, og Rådet var derfor også forpligtet til at tage hensyn til de konsekvenser, som de påtænkte beskyttelsesforanstaltninger kunne have for de pågældende OLT og for de berørte virksomheder. 60 Det fremgår imidlertid af dommen i sagen Piraiki-Patraiki m.fl. mod Kommissionen, at konstateringen af denne forpligtelse ikke er tilstrækkelig til at bevise, at disse OLT og disse virksomheder er individuelt berørt af disse foranstaltninger i traktatens artikel 173, stk. 4's forstand. 61 Efter at Domstolen således i den nævnte doms præmis 28 havde fastslået, at Kommissionen var forpligtet til at tilvejebringe oplysninger vedrørende de skadelige virkninger, som dens beslutning muligvis kunne have for den pågældende medlemsstats økonomi såvel som for de berørte virksomheder, antog den på ingen måde blot på grundlag af denne konstatering, at alle de berørte virksomheder var individuelt berørt i traktatens artikel 173, stk. 4's forstand. Den fandt tværtimod, at kun de virksomheder, der allerede havde indgået kontrakter med opfyldelsestermin inden for den periode, hvor den omtvistede beslutning var gældende, og hvis opfyldelse helt eller delvis blev forhindret af denne, var individuelt berørt i traktatens artikel 173, stk. 4's forstand (jf. dommen i sagen Piraiki-Patraiki m.fl. mod Kommissionen, præmis 28, 31 og 32). 62 Det følger af det anførte, at konstateringen af, at Rådet, for så vidt som omstændighederne ikke var til hinder derfor, på tidspunktet for vedtagelsen af forordning nr. 304/97 skulle tage hensyn til de skadelige virkninger, som denne forordning muligvis kunne have for de pågældende OLT's økonomi såvel som for de berørte virksomheder, på ingen måde fritager sagsøgeren fra kravet om, at denne skal bevise, at forordningen rammer sagsøgeren på grund af en faktisk situation, der adskiller denne fra alle andre. 63 Sagsøgeren og den nederlandske regering har i denne forbindelse påberåbt sig en række omstændigheder, som er nævnt i nærværende doms præmis 56. Sagsøgeren har, før forordning nr. 304/97 trådte i kraft, indgået kontrakter med kunder etableret i Fællesskabet. Disse kontrakter har ikke kunnet opfyldes på grund af de beskyttelsesforanstaltninger, der blev indført ved forordning nr. 304/97. 64 Det fremgår faktisk af dokumenter fremlagt af sagsøgeren under sagens behandling, at der blev indgået to kontrakter den 17. december 1996. 65 Forordning nr. 304/97 trådte i kraft den 1. januar 1997. Det fremgår imidlertid af dens artikel 1, stk. 3, at ansøgninger om importlicenser, der blev indgivet indtil den 3. januar 1997, ikke var omfattet af beskyttelsesforanstaltningerne. Der er således forløbet mere end 14 dage mellem underskrivelsen af kontrakterne og beskyttelsesforanstaltningernes ikrafttræden. ARM, som var klar over, at disse foranstaltningers indførelse var umiddelbart forestående, kunne meget vel sammen med sine kunder have gjort det nødvendige for at opnå importlicenser. Kommissionen har i øvrigt under den mundtlige forhandling påpeget, at før beskyttelsesforanstaltningerne fik virkning, var udstedelsen af importlicenser steget meget betydeligt i december 1996. 66 ARM kan følgelig ikke med rette under henvisning til disse kontrakter gøre gældende, at selskabet på grund af dem befandt sig i en faktisk situation med hensyn til beskyttelsesforanstaltningerne, der kunne adskille det fra alle andre. Af samme grunde kan det heller ikke påberåbe sig de forsynings- og befragtningskontrakter, der blev indgået i august 1996, angiveligt for at kunne opfylde kontrakterne af 17. december 1996, da opfyldelsen af de førstnævnte afhang af de sidstnævnte. 67 Det følger af det foregående i sin helhed, at ARM ikke har godtgjort, at selskabet er individuelt berørt af forordning nr. 304/97. Det er derfor ikke nødvendigt at undersøge, om sagsøgeren er umiddelbart berørt af forordningen. 68 Det følger heraf, at sagen må afvises. Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 69 I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Da Rådet har nedlagt påstand om, at ARM tilpligtes at betale sagens omkostninger, og selskabet har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagens omkostninger. I overensstemmelse med procesreglementets artikel 69, stk. 4, skal Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene og Kommissionen som intervenienter bære deres egne omkostninger. Afgørelse På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer DOMSTOLEN 1) Sagen afvises. 2) Antillean Rice Mills NV betaler sagens omkostninger. 3) Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Kongeriget Nederlandene og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer deres egne omkostninger.

62003CJ0243

nl

1       De Commissie van de Europese Gemeenschappen verzoekt het Hof vast te stellen dat de Franse Republiek, door een bijzondere regel in te voeren die de aftrekbaarheid van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna: „BTW”) ter zake van de aanschaf van kapitaalgoederen beperkt op grond dat deze goederen zijn gefinancierd door middel van subsidies, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens het gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 17 en 19 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB L 145, blz. 1), zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995 (PB L 102, blz. 18; hierna: „Zesde richtlijn”). Toepasselijke bepalingen Bepalingen van gemeenschapsrecht 2       Artikel 2, tweede alinea, van de Eerste richtlijn (67/227/EEG) van de Raad van 11 april 1967 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (PB 1967, 71, blz. 1301), zoals gewijzigd bij de Zesde richtlijn (hierna: „Eerste richtlijn”), bepaalt dat „[b]ij elke transactie […] de belasting over de toegevoegde waarde, berekend over de prijs van het goed of van de dienst volgens het tarief dat voor dat goed of voor die dienst geldt, verschuldigd [is] onder aftrek van het bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde waarmede de onderscheidene elementen van de prijs rechtstreeks zijn belast”. 3       Volgens artikel 11, A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn is de maatstaf van de heffing: „voor […] goederenleveringen en diensten […]: alles wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ontvanger of van een derde, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van de handelingen verband houden”. 4       Artikel 17, lid 2, sub a, van deze richtlijn, in de versie voortvloeiend uit artikel 28 septies van dezelfde richtlijn, bepaalt dat „[v]oorzover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen, […] de belastingplichtige van de door hem verschuldigde belasting [mag] aftrekken […] de belasting over de toegevoegde waarde welke in het binnenland is verschuldigd of is voldaan voor de door een andere belastingplichtige aan hem geleverde of te leveren goederen en voor de te zijnen behoeve verrichte of te verrichten diensten”. 5       Lid 5 van dit artikel preciseert: „Voor goederen en diensten die door een belastingplichtige zowel worden gebruikt voor handelingen als bedoeld in de leden 2 en 3, waarvoor recht op aftrek bestaat, als voor handelingen waarvoor geen recht op aftrek bestaat, wordt aftrek slechts toegestaan voor dat gedeelte van de belasting over de toegevoegde waarde, dat evenredig is aan het bedrag van de eerstbedoelde handelingen (pro rata). Dit pro rata wordt overeenkomstig de bepalingen van artikel 19 bepaald voor het totaal van de door de belastingplichtige verrichte handelingen. […]” 6       Artikel 19, lid 1, van de Zesde richtlijn, getiteld „Berekening van het pro rata voor de toepassing van de aftrek”, bepaalt: „Het pro rata voor de toepassing van de aftrek, als bedoeld in artikel 17, lid 5, eerste alinea, is de uitkomst van een breuk, waarvan: –       de teller bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot de handelingen waarvoor overeenkomstig artikel 17, leden 2 en 3, recht op aftrek bestaat, en –       de noemer bestaat uit het totale bedrag van de per jaar berekende omzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot de handelingen die in de teller zijn opgenomen, alsmede die waarvoor geen recht op aftrek bestaat. De lidstaten kunnen in de noemer ook het bedrag van subsidies opnemen, met uitzondering van die bedoeld in artikel 11, A, lid 1, sub a. […]” Bepalingen van nationaal recht 7       Artikel 271 van de Code général des impôts (Franse algemene belastingwet; hierna: „CGI”) bepaalt: „I. 1. De belasting over de toegevoegde waarde waarmee de elementen van de prijs van een belastbare handeling zijn belast, kan worden afgetrokken van de belasting over de toegevoegde waarde die van toepassing is op die handeling. […] II. 1. Voorzover belastingplichtigen de goederen en diensten gebruiken voor hun belastbare handelingen, is, mits voor deze handelingen recht op aftrek bestaat, de belasting die zij mogen aftrekken [onder meer]: a) Die welke vermeld staat op de facturen die hun worden afgegeven door hun verkopers, voorzover deze laatste ze op die facturen opvoeren; […]” 8       Artikel 212 van bijlage II bij de CGI, zoals dit voortvloeit uit artikel 2 van decreet nr. 94‑452 van 3 juni 1994 (JORF van 5 juni 1994, blz. 8143), bepaalt: „1.      Belastingplichtigen die in het kader van hun binnen de werkingssfeer van de belasting over de toegevoegde waarde vallende activiteiten niet uitsluitend handelingen verrichten waarvoor recht op aftrek bestaat, mogen een gedeelte aftrekken van de belasting over de toegevoegde waarde die rust op de goederen die voor het verrichten van die activiteiten gebruikte duurzame activa vormen. Dit gedeelte is gelijk aan het bedrag van de aftrekbare belasting dat wordt verkregen na toepassing, in voorkomend geval, van het bepaalde in artikel 207 bis, vermenigvuldigd met een breuk waarvan: a)      de teller bestaat uit het totale bedrag van de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot de handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat, met inbegrip van subsidies die rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden; b)      de noemer bestaat uit het totale bedrag van de jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde, met betrekking tot de handelingen die in de teller zijn opgenomen, alsmede die waarvoor geen recht op aftrek bestaat, en alle subsidies, met inbegrip van die welke niet rechtstreeks met de prijs van deze handelingen verband houden. […]” 9       De instructie van 8 september 1994 van de Service de la législation fiscale (Franse dienst voor belastingwetgeving) ( Bulletin officiel des impôts , speciaal nummer 3 CA-94 van 22 september 1994; hierna: „instructie van 8 september 1994”), preciseert in boek 2, betreffende de regels inzake het recht op aftrek: „150.          Het begrip ‚kapitaalsubsidies’ Dit zijn niet-aftrekbare subsidies die bij hun uitbetaling worden toegekend voor de financiering van een bepaald kapitaalgoed. […] 151.      De regels voor subsidiëring van kapitaalgoederen. De belasting die betrekking heeft op met subsidies gefinancierde investeringen kan onder de gebruikelijke voorwaarden worden afgetrokken, wanneer de belastingplichtige de toewijzingen aan afschrijvingen op goederen die geheel of gedeeltelijk door middel van deze subsidies zijn gefinancierd, doorberekent in de prijs van zijn handelingen. Wanneer blijkt dat niet is voldaan aan de voorwaarde dat de afschrijvingen op deze goederen in de prijzen worden doorberekend, dan kan de BTW op deze goederen, voor het gedeelte dat betrekking heeft op het bedrag dat gefinancierd is met de kapitaalsubsidie, niet worden afgetrokken. Voorbeeld: Een voor 1 186 000 FRF (inclusief BTW ten bedrage van 186 000 FRF) aangekocht kapitaalgoed wordt voor een deel (20 %) gefinancierd met een kapitaalsubsidie van 237 200 FRF. De belastingplichtige heeft het gedeelte van de afschrijving van het goed dat overeenkomt met dat gedeelte dat is gefinancierd met de kapitaalsubsidie, niet in de prijzen van zijn belastbare handelingen doorberekend. Bijgevolg kan van de belasting op het goed (186 000 FRF) slechts een bedrag van 186 000 FRF x 80 % = 148 800 FRF worden afgetrokken. De belastingplichtige past in voorkomend geval onder de gebruikelijke voorwaarden het aftrekpercentage van de onderneming toe op de aldus berekende belasting.” Precontentieuze procedure 10     Naar aanleiding van een klacht zond de Commissie de Franse regering op 23 april 2001 een aanmaningsbrief, waarin zij deze regering verweet de artikelen 17, leden 2 en 5, en 19 van de Zesde richtlijn te schenden door, enerzijds, een pro rata voor de toepassing van de BTW-aftrek toe te passen op alle belastingplichtigen, met inbegrip van diegenen die enkel belaste handelingen verrichten die recht geven op aftrek (hierna: „volledig belastingplichtigen”) en, anderzijds, door middel van de regeling van kapitaalsubsidies, het recht op aftrek te beperken onder voorwaarden waarin deze richtlijn niet voorziet. 11     Toen zij op deze aanmaningsbrief niet binnen de gestelde termijn een antwoord had ontvangen, bracht de Commissie op 20 december 2001 een met redenen omkleed advies uit, waarin zij deze lidstaat verzocht om binnen een termijn van twee maanden na betekening de nodige maatregelen te nemen om aan dat advies gevolg te geven. 12     In antwoord op de aanmaningsbrief van de Commissie heeft de Franse regering bij brief van 7 januari 2002 met name gepreciseerd dat het pro rata voor de toepassing van de aftrek alleen geldt voor belastingplichtigen die zowel belaste als van BTW vrijgestelde handelingen verrichten (hierna: „gemengd belastingplichtigen”) en niet voor volledig belastingplichtigen. 13     Op 26 juni 2002 bracht de Commissie een aanvullend met redenen omkleed advies uit, waarin zij haar eerste bezwaar, ontleend aan het hanteren van een pro rata voor de toepassing van de aftrek op volledig belastingplichtigen, introk, en haar tweede bezwaar, aangaande de beperking van het recht op aftrek van BTW op met subsidies gefinancierde goederen, herhaalde. 14     Daar zij geen genoegen kon nemen met het antwoord van de Franse regering op dit aanvullend met redenen omkleed advies, besloot de Commissie het onderhavige beroep in te stellen. Het beroep Argumenten van partijen 15     De Commissie verwijt de Franse regering, in de punten 150 en 151 van de instructie van 8 september 1994 een beperking van het recht op aftrek van BTW te hebben ingevoerd waarin de Zesde richtlijn niet voorziet en die evenmin kan worden gerechtvaardigd op basis van artikel 2 van de Eerste richtlijn. 16     In dit verband merkt de Commissie op dat, wat betreft gemengd belastingplichtigen, de BTW-aftrek krachtens de Zesde richtlijn enkel werd toegekend voor de handelingen die recht geven op aftrek, hetzij door op de onderneming een globaal pro rata toe te passen, zoals aangegeven in artikel 19, lid 1, van deze richtlijn, hetzij in voorkomend geval, indien de lidstaat dit – met name om misbruik te voorkomen – wenst, volgens een van de methoden van artikel 17, lid 5, derde alinea, van deze richtlijn (afzonderlijke pro rata voor de verschillende sectoren van zijn bedrijfsuitoefening, of rechtstreekse indeling van een goed bij een bepaalde activiteit). Wanneer een lidstaat een pro rata voor de toepassing van de aftrek hanteert, staat geen enkele bepaling in de Zesde richtlijn toe dat voorafgaande aan deze toepassing de belastinggrondslag waarop dit pro rata van toepassing is, wordt verlaagd op basis van de herkomst van de ter verwerving van een goed aangewende middelen of op grond van de wijze van berekening van de prijs van de door de betrokken belastingplichtige verrichte belaste handelingen. 17     Ten aanzien van volledig belastingplichtigen staat geen enkele bepaling in de Zesde richtlijn toe dat de aftrek van BTW op kapitaalgoederen wordt onderworpen aan een beperking in verband met de herkomst van de ter verwerving van deze goederen aangewende middelen, of met de wijzen van berekening van de prijs van de verrichte handelingen. 18     Aangaande de door een belastingplichtige ontvangen subsidies wordt nergens in de Zesde richtlijn, behalve in de artikelen 11, A, lid 1, sub a, en 19 ervan, bepaald, dat subsidies in aanmerking moeten worden genomen bij de heffing van door belastingplichtigen verschuldigde BTW. Volgens vaste rechtspraak zijn beperkingen van het recht op aftrek slechts toegestaan in de gevallen die de Zesde richtlijn uitdrukkelijk vermeldt (zie arresten van 21 september 1988, Commissie/Frankrijk, 50/87, Jurispr. blz. 4797, punten 16 en 17, en 6 juli 1995, BP Soupergaz, C‑62/93, Jurispr. blz. I‑1883). 19     De Commissie voert aan dat artikel 2, tweede alinea, van de Eerste richtlijn geen andere inhoud heeft dan artikel 17, lid 2, van de Zesde richtlijn. 20     De Franse regering stelt zich op het standpunt dat de bepalingen inzake kapitaalsubsidies, met name de voorwaarde met betrekking tot de afschrijving van het goed, enkel de uitvoering vormen van de in artikel 2, tweede alinea, van de Eerste richtlijn gestelde en in artikel 17, lid 2, van de Zesde richtlijn aangepaste algemene voorwaarden voor het recht op aftrek. 21     Uit de gezamenlijke bepalingen van deze twee artikelen volgt namelijk dat het recht op aftrek kan worden uitgeoefend wanneer een goed wordt gebruikt voor het verrichten van handelingen waarvoor recht op aftrek bestaat en wanneer de kosten van dit goed – ongeacht of het wordt gefinancierd met een kapitaalsubsidie of met andere middelen van de belastingplichtige – worden doorberekend in de prijs van de aan BTW-heffing onderworpen handelingen in een later stadium. 22     Volgens de Franse regering volgt namelijk uit de rechtspraak van het Hof, dat enkel het bedrag aan BTW waarmee de diverse bestanddelen van de prijs van een belaste handeling rechtstreeks zijn belast, kan worden afgetrokken, en dat voor het recht op aftrek er een rechtstreeks en onmiddellijk verband moet bestaan tussen de door een belastingplichtige gemaakte kosten en een aan BTW onderworpen handeling of een gelijksoortige handeling (zie met name arresten van 5 mei 1982, Schul, 15/81, Jurispr. blz. 1409, punt 10, en 27 september 2001, Cibo Participations, C‑16/00, Jurispr. blz. I‑6663, punten 31-33). 23     De Franse regering preciseert eveneens dat gebruikmaking van de door artikel 19, lid 1, van de Zesde richtlijn geboden mogelijkheid om kapitaalsubsidies op te nemen in de noemer van het pro rata voor de toepassing van de aftrek, leidt tot een beperking van de uitoefening van het recht op aftrek voor alle door een belastingplichtige gemaakte uitgaven, terwijl de toekenning van deze subsidies noodzakelijkerwijs een eenmalig karakter heeft. 24     Bovendien kan gebruikmaking van deze mogelijkheid, doordat zij enkel betrekking heeft op gemengd belastingplichtigen, leiden tot ernstige verstoringen van de mededinging tussen deze belastingplichtigen en volledig belastingplichtigen. 25     De Franse regering is voorts van mening dat met de voorwaarde dat de door de belastingplichtige gemaakte kosten worden doorberekend in de prijs van de aan BTW onderworpen handelingen, wordt voorkomen dat ontvangers van niet‑belastbare subsidies te eigen voordele misbruik maken van het mechanisme van aftrek van deze belasting. In dit verband wijst deze regering met name erop dat dit mechanisme, wat betreft met kapitaalsubsidies gefinancierde kapitaalgoederen, zodanig kan worden toegepast dat het bedrag aan BTW dat in een later stadium aftrekbaar is, hoger uitvalt dan dat van de BTW in een eerder stadium. 26     De Spaanse regering betoogt dat de rechtstreekse beperking van het recht op aftrek van de BTW die is betaald bij de verwerving van door middel van subsidies gefinancierde kapitaalgoederen, een concrete toepassing vormt van de beginselen die ten grondslag liggen aan het, krachtens artikel 19, lid 1, van de Zesde richtlijn, opnemen in de noemer van het pro rata voor de toepassing van de aftrek van subsidies die niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 11, A, lid 1, sub a, van deze richtlijn in de maatstaf van de heffing zijn opgenomen. Genoemde beperking is dus verenigbaar met het gemeenschapsrecht en wordt gerechtvaardigd door de voorschriften van de Zesde richtlijn. 27     Deze regering voert eveneens aan, dat de lidstaten artikel 19 van de Zesde richtlijn onafhankelijk van artikel 17, lid 5, ervan kunnen toepassen, en deze bepaling dus niet alleen op gemengd belastingplichtigen, maar op alle belastingplichtigen kunnen toepassen. Beoordeling door het Hof 28     Volgens vaste rechtspraak maakt het recht op aftrek waarin de artikelen 17 en volgende van de Zesde richtlijn voorzien integrerend deel uit van de BTW‑regeling en kan het in beginsel niet worden beperkt. Het wordt onmiddellijk uitgeoefend voor alle belasting die op de in de eerdere stadia verrichte handelingen rust. Elke beperking van het recht op aftrek van BTW heeft gevolgen voor de hoogte van de belastingdruk en moet in alle lidstaten op dezelfde wijze worden toegepast. Afwijkingen zijn dus slechts toegestaan in de gevallen die de Zesde richtlijn uitdrukkelijk vermeldt (zie met name reeds aangehaalde arresten Commissie/Frankrijk, punten 15-17, en BP Soupergaz, punt 18, en arrest van 8 januari 2002, Metropol en Stadler, C‑409/99, Jurispr. blz. I‑81, punt 42). 29     In dit verband bepaalt artikel 17, lid 1, van genoemde richtlijn, dat het recht op aftrek ontstaat op het tijdstip waarop de aftrekbare belasting verschuldigd wordt. Ingevolge lid 2 van dit artikel mag de belastingplichtige, voorzover de goederen en diensten worden gebruikt voor belaste handelingen, van de door hem verschuldigde BTW de belasting aftrekken welke verschuldigd of voldaan is voor de hem door een andere belastingplichtige geleverde of te leveren goederen en voor de te zijnen behoeve door een andere belastingplichtige verrichte of te verrichten diensten. 30     Wat de gemengd belastingplichtigen betreft, volgt uit artikel 17, lid 5, eerste en tweede alinea, van de Zesde richtlijn dat het recht op aftrek wordt berekend aan de hand van een overeenkomstig artikel 19 van deze richtlijn vastgesteld pro rata. Artikel 17, lid 5, derde alinea, staat de lidstaten echter toe een van de andere in deze alinea genoemde methoden voor de berekening van het recht op aftrek vast te stellen, waaronder de vaststelling van een afzonderlijk pro rata voor elke sector van bedrijfsuitoefening, of aftrek volgens het gebruik van de goederen en diensten of van een deel daarvan voor een specifieke activiteit. 31     Artikel 11, A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn bepaalt dat subsidies die rechtstreeks met de prijs van een goed of een dienst verband houden, op dezelfde voet als dit goed of deze dienst belastbaar zijn. Aangaande subsidies die niet rechtstreeks met de prijs verband houden, met inbegrip van de subsidies die thans aan de orde zijn, bepaalt artikel 19, lid 1, van deze richtlijn dat de lidstaten deze kunnen opnemen in de noemer voor de berekening van het pro rata dat van toepassing is wanneer een belastingplichtige zowel handelingen verricht waarvoor recht op aftrek bestaat, als handelingen die zijn vrijgesteld. 32     Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, is, buiten deze twee bepalingen, in de Zesde richtlijn niets geregeld over de inaanmerkingneming van subsidies bij de berekening van de BTW. 33     Vastgesteld moet worden dat de aan de orde zijnde nationale bepalingen het recht op BTW-aftrek, wanneer de verwerving van het betrokken goed is gefinancierd met subsidies, onderwerpt aan de voorwaarde dat de afschrijvingen van dit goed worden doorberekend in de prijs van de door de belastingplichtige verrichte handelingen, een voorwaarde waarin de Zesde richtlijn niet voorziet en die derhalve een door deze richtlijn verboden beperking van het recht op aftrek vormt. 34     In dit verband moet in de eerste plaats het door de Franse regering aan artikel 2, tweede alinea, van de Eerste richtlijn ontleende argument worden afgewezen. Deze bepaling, die enkel het beginsel vastlegt van het recht op aftrek, dat in de desbetreffende bepalingen van de Zesde richtlijn verder is uitgewerkt, kan immers niet als grondslag dienen voor een beperking van het recht op aftrek waarin deze bepalingen niet voorzien (zie arrest Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 23). 35     In de tweede plaats moet worden gepreciseerd dat, zoals de advocaat-generaal in punt 23 van zijn conclusie heeft opgemerkt, de lidstaten verplicht zijn de Zesde richtlijn toe te passen, zelfs wanneer zij deze voor verbetering vatbaar achten. Uit het arrest van 8 november 2001, Commissie/Nederland (C‑338/98, Jurispr. blz. I‑8265, punten 55 en 56), volgt immers dat de lidstaten niet mogen afwijken van de in deze richtlijn uitdrukkelijk voorziene bepalingen, ook wanneer de door bepaalde lidstaten voorgestelde uitlegging beter strookt met bepaalde doelstellingen van de Zesde richtlijn, zoals de neutraliteit van de belasting. 36     Aangaande de argumenten die het Koninkrijk Spanje ontleent aan artikel 19 van de Zesde richtlijn moet worden vastgesteld dat deze bepaling, die alleen van toepassing is op gemengd belastingplichtigen, slechts geldt voor de in deze bepaling vermelde situaties (zie arrest van heden, Commissie/Spanje, C‑204/03, punten 24 en 25). 37     Mitsdien moet worden vastgesteld dat de Franse Republiek, door een bijzondere regel in te voeren die de aftrekbaarheid van de BTW ter zake van de aanschaf van kapitaalgoederen beperkt op grond dat deze goederen zijn gefinancierd door middel van subsidies, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens het gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 17 en 19 van de Zesde richtlijn. Kosten 38     Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. Aangezien de Franse Republiek in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten te worden verwezen. Krachtens lid 4, eerste alinea, van hetzelfde artikel draagt het Koninkrijk Spanje, dat in het geding is tussengekomen, zijn eigen kosten. Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart: 1) Door een bijzondere regel in te voeren die de aftrekbaarheid van de belasting over de toegevoegde waarde ter zake van de aanschaf van kapitaalgoederen beperkt op grond dat deze goederen zijn gefinancierd door middel van subsidies, heeft de Franse Republiek niet voldaan aan de verplichtingen die op haar rusten krachtens het gemeenschapsrecht, inzonderheid de artikelen 17 en 19 van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, zoals gewijzigd bij richtlijn 95/7/EG van de Raad van 10 april 1995. 2) De Franse Republiek wordt verwezen in de kosten. 3) Het Koninkrijk Spanje draagt zijn eigen kosten. ondertekeningen * Procestaal: Frans.

62005CJ0161

pt

Incumprimento de Estado – Violação dos artigos 15.º, n.º 4, e 18.º, n.º 1, do Regulamento (CEE) n.º 2847/93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo aplicável à política comum das pescas (JO L 261, p. 1) – Falta de notificação das informações relativas às espécies e às quantidades de peixes capturados. Parte decisória Não tendo comunicado, relativamente aos anos de 1999 e 2000, os dados previstos nos artigos 15.º, n.º 4, e 18.º, n.º 1, do Regulamento (CEE) n.º 2847/93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo aplicável à política comum das pescas, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força destas disposições. A República Italiana é condenada nas despesas.

61997CJ0213

en

Grounds 1 By application lodged at the Court Registry on 4 June 1997, the Commission of the European Communities brought an action under Article 169 of the EC Treaty for a declaration, first, that by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary fully and properly to implement Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC (OJ 1986 L 181, p. 16), as amended by Council Directive 88/347/EEC of 16 June 1988 (OJ 1988 L 158, p. 35) and, in the alternative, that by failing immediately to inform the Commission of those measures, the Portuguese Republic has failed to fulfil its obligations under the third paragraph of Article 189 of the EC Treaty and under Article 7(1) of Directive 86/280 and the first paragraph of Article 2 of Directive 88/347 respectively. 2 Directive 86/280, as amended by Directive 88/347, constitutes a specific directive implementing Council Directive 76/464 of 4 May 1976 on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community (OJ 1976 L 129, p. 23). Annex I to Directive 86/280 sets out the general provisions governing the establishment of limit values for emission standards, quality objectives and reference methods of measurement, whilst Annex II clarifies and completes those general provisions by a series of specific provisions applicable to each substance. 3 Directive 86/280 thus lays down the limit values and quality objectives for three of the substances in List I in Directive 76/464, carbon tetrachloride, DDT and pentachlorophenol (Annex II), to which Directive 88/347 added aldrin, dieldrin, endrin, isodrin, hexachlorobenzene, hexachlorobutadiene and chloroform. 4 Article 3 of Directive 86/280 governs, more particularly, the authorisations referred to in Article 3 of Directive 76/464, which are granted by the Member States in respect of discharges of the above substances by existing or new plant. 5 In particular, Article 3(3) of Directive 86/280 provides that the authorisations referred to in Article 3 of Directive 76/464 must contain provisions as stringent as those set out under heading A in the Annexes, except where a Member State is complying with Article 6(3) of Directive 76/464 on the basis of heading B in the Annexes. Those authorisations must be reviewed at least every four years. 6 Furthermore, Article 3(5) of Directive 86/280 provides that the reference method of analysis to be used in determining the presence of the substances referred to in Article 2(a) is given under heading C in Annex II. Other methods may be used provided that the limits of detection, precision and accuracy of such methods are at least as good as those laid down under heading C. 7 As regards the substances referred to in Annex II, Article 5 of Directive 86/280 requires Member States to draw up specific programmes to avoid or eliminate pollution from significant sources of those substances (including multiple and diffuse sources) other than sources of discharges subject to Community limit value rules or national emission standards. According to Article 5(3), those programmes must be implemented not later than five years after the date of notification of the Directive which relates specifically to the substance concerned. 8 According to Article 7(1) thereof, Directive 86/280 was to be transposed into national law by 1 January 1988. 9 Pursuant to the first paragraph of Article 2 thereof, Directive 88/347 was to be transposed into national law by 1 January 1989 with regard to aldrin, dieldrin, endrin and isodrin and by 1 January 1990 with regard to the other substances added to Annex II to Directive 86/280. 10 The Portuguese Government informed the Commission that Directive 86/280, as amended by Directive 88/347, had been transposed into domestic law by Decree-Law No 74/90 of 7 March 1990. By letter of 4 February 1993 the Commission drew its attention to the fact that those directives could not be considered to have been fully and properly transposed into Portuguese law. 11 In its reply of 24 June 1993 the Portuguese Government provided further particulars concerning Decree-Law No 74/90. 12 The Commission considered that the explanations provided did not enable it to consider that the Portuguese Republic had complied with the directives in question and initiated the procedure for failure to fulfil obligations provided for in Article 169 of the Treaty by sending a letter of formal notice on 16 May 1994. 13 Having received no written communication, except a letter dated 12 July 1995 in which the Portuguese authorities requested that the time-limit for replying to the letter of formal notice be extended by 90 days, the Commission sent a reasoned opinion to the Portuguese Republic by letter of 2 July 1996 requesting it to take the necessary measures to comply with its obligations under Directives 86/280 and 88/347 within two months of its notification. 14 Since that reasoned opinion had no effect, the Commission brought the present proceedings. 15 In its application, the Commission sets out its grounds for complaint against the Portuguese Republic and states that: - Article 44(3) of Decree-Law No 74/90 provides that the authority with power to grant authorisations may lay down less stringent emission standards than those contained under heading A of the Annexes to Directive 86/280, as amended, and does not impose any obligation to review those authorisations, thereby infringing Article 3(3) of Directive 86/280, as amended; - Decree-Law No 74/90 does not lay down any emission limit values for discharges of certain substances from industrial plant not referred to in heading A of Annex II to Directive 86/280, as amended; - Decree-Law No 74/90 does not transpose Article 3(5) of Directive 86/280 as regards the reference method of analysis to be used in determining the presence of the substances referred to in Article 2(a) of that directive; - Decree-Law No 74/90 does not transpose paragraph 5 of heading A of Annex I to Directive 86/280 on the monitoring procedure which must be instituted to check whether the discharges of the substances referred to in Article 2(a) of that directive comply with the emission standards; - Decree-Law No 74/90 does not establish any specific programme referred to in Article 5 of Directive 86/280, as amended, intended to avoid or eliminate pollution from significant sources of substances to which specific reference is made in Annex II. 16 In its defence, the Portuguese Republic does not specifically comment on those allegations and does not dispute the alleged failure to fulfil its obligations. It states however that Directives 86/280 and 88/347 will be fully transposed by means of an amendment to Decree-Law No 74/90. That revision, which is currently taking place, rectifies and supplements the transposition of those two directives. 17 As regards the specific programmes to avoid or eliminate pollution from significant sources of substances specifically referred to in Annex II to Directive 86/280, as amended, the Portuguese Government claims that it endeavoured to implement the provisions of Article 5 of that directive. However, in view of the complexity of the matter and the practical and technical difficulties confronted by the competent authorities, the work has not yet been completed. 18 It follows from the foregoing that Directives 86/280 and 88/347 were not transposed within the periods prescribed therein. 19 The action brought by the Commission must therefore be considered well founded. 20 It must therefore be held that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary fully and properly to implement Directive 86/280, as amended by Directive 88/347, the Portuguese Republic has failed to fulfil its obligations under Article 7(1) of Directive 86/280 and the first paragraph of Article 2 of Directive 88/347 respectively. Decision on costs Costs 21 Under Article 69(2) of the Rules of Procedure, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs. Since the Portuguese Republic has been unsuccessful, it must be ordered to pay the costs. Operative part On those grounds, THE COURT (Sixth Chamber) hereby: 1. Declares that, by failing to adopt all the laws, regulations and administrative provisions necessary fully and properly to implement Council Directive 86/280/EEC of 12 June 1986 on limit values and quality objectives for discharges of certain dangerous substances included in List I of the Annex to Directive 76/464/EEC, as amended by Council Directive 88/347/EEC of 16 June 1988, the Portuguese Republic has failed to fulfil its obligations under Article 7(1) of Directive 86/280 and the first paragraph of Article 2 of Directive 88/347 respectively; 2. Orders the Portuguese Republic to pay the costs.

62006CJ0117

en

1       The reference for a preliminary ruling relates to the interpretation of Articles 2(3) and 4(1) of Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan (OJ 2002 L 139, p. 9), as amended by Council Regulation (EC) No 561/2003 of 27 March 2003 (OJ 2003 L 82, p. 1) (‘Regulation No 881/2002’). 2       This reference has been made in the course of proceedings brought by Gerda Möllendorf and Christiane Möllendorf-Niehuus (‘the sellers’) against a decision of the Grundbuchamt (the Land Registry) rejecting their application for registration in the Grundbuch (‘the Land Register’) of the transfer of the ownership of some immovable property, in implementation of a notarially recorded instrument of sale. Legal context The United Nations Security Council Resolutions 3       On 16 January 2002, the United Nations Security Council (‘the Security Council’) adopted Resolution 1390 (2002), laying down the measures that States must take with respect to Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list created pursuant to Security Council Resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000). 4       Paragraph 2(a) of Resolution 1390 (2002) states: ‘[The Security Council] [ d]ecides that all States shall take the following measures with respect to Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and entities associated with them, as referred to in the list created pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) to be updated regularly by the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) hereinafter referred to as “the Committee” [the Sanctions Committee]: (a)      Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of these individuals, groups, undertakings and entities, including funds derived from property owned or controlled, directly or indirectly, by them or by persons acting on their behalf or at their direction, and ensure that neither these nor any other funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly, for such persons’ benefit, by their nationals or by any persons within their territory’. 5       On 20 December 2002, the Security Council adopted Resolution 1452 (2002), designed to facilitate the implementation of counter-terrorism obligations. In relation to the freezing of funds and economic resources imposed by Resolutions 1267 (1999), 1333 (2000) and 1390 (2002), paragraph 1 of Resolution 1452 (2002) provides for a certain number of derogations and exceptions which States may apply on humanitarian grounds, subject to the approval of the Sanctions Committee. 6       Paragraph 2 of Resolution 1452 (2002) provides: ‘[The Security Council] [ d]ecides that all States may allow for the addition to accounts subject to the provisions of paragraph 4(b) of resolution 1267 (1999) and paragraphs 1 and 2(a) of resolution 1390 (2002) of: (a)      interest or other earnings due on those accounts, or (b)      payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), or 1390 (2002), provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to those provisions. ‘ 7       On 6 July 2004, the Sanctions Committee added the name ‘Aqeel Abdulaziz Al‑Aqil’ to the consolidated list of natural persons and entities to be made subject to the freezing of funds pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000). Legislation of the European Union and the European Community 8       On 27 May 2002, in order to give effect to Resolution 1390 (2002), the Council of the European Union adopted Common Position 2002/402/CFSP concerning restrictive measures against Usama bin Laden, members of the Al-Qaida organisation and the Taliban and other individuals groups, undertakings and entities associated with them and repealing Common Positions 96/746/CFSP, 1999/727/CFSP, 2001/154/CFSP and 2001/771/CFSP (OJ 2002 L 139, p. 4). 9       As is clear in particular from Recital 4 in the preamble thereto, Regulation No 881/2002 was adopted in order to implement, inter alia, Resolution 1390 (2002). 10     Article 1 of Regulation No 881/2002 provides: ‘For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply: … 2.      “economic resources” means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, which are not funds but can be used to obtain funds, goods or services; … 4.      “freezing of economic resources” means preventing their use to obtain funds, goods or services in any way, including, but not limited to, by selling, hiring or mortgaging them.’ 11     Article 2 of Regulation No 881/2002 states: ‘1.      All funds and economic resources belonging to, or owned or held by, a natural or legal person, group or entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I shall be frozen. 2.      No funds shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I. 3.      No economic resources shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I, so as to enable that person, group or entity to obtain funds, goods or services.’ 12     Under Article 4(1) of Regulation No 881/2002: ‘The participation, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is, directly or indirectly, to circumvent Article 2 or to promote the transactions referred to in Article 3, shall be prohibited.’ 13     Article 7(1) of Regulation No 881/2002 empowers the Commission of the European Communities, inter alia, to ‘amend or supplement Annex I on the basis of determinations made by either the … Security Council or the Sanctions Committee’. 14     Article 9 of Regulation No 881/2002 is worded as follows: ‘This Regulation shall apply notwithstanding any rights conferred or obligations imposed by any international agreement signed or any contract entered into or any licence or permit granted before the entry into force of this Regulation.’ 15     Annex I to Regulation No 881/2002 contains the ‘(l)ist of persons, groups and entities referred to in Article 2’ thereof. 16     On 27 February 2003, on the view that Community action was necessary to give effect to Resolution 1452 (2002), the Council adopted Common Position 2003/140/CFSP concerning exceptions to the restrictive measures imposed by Common Position 2002/402 (OJ 2003 L 53, p. 62). 17     Recital 4 in the preamble to Regulation No 561/2003 states that, in view of Resolution 1452 (2002), it is necessary to adjust the measures imposed by the Community. 18     Paragraph 4 of Article 2a of Regulation No 881/2002 – an article inserted in that regulation by Regulation No 561/2003 – provides: ‘Article 2(2) [of Regulation No 881/2002] shall not apply to the addition to frozen accounts of: (a)      interest or other earnings due on those accounts; or (b)      payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of … Security Council resolutions implemented successively through Regulation (EC) No 337/2000 …, Regulation (EC) No 467/2001 … or this Regulation. In the same manner as the account to which they are added, such interest, other earnings and payments shall also be frozen.’ 19     On 12 July 2004, the Commission adopted Regulation (EC) No 1277/2004 amending for the 37th time Regulation No 881/2002 (OJ 2004 L 241, p. 12). 20     Pursuant to Article 1 of Regulation No 1277/2004 and paragraph 2 of the Annex thereto, Annex I to Regulation No 881/2002 was amended so as to include the entry ‘Aqeel Abulaziz Al-Aqil. Date of birth: 29 April 1949’ under the heading ‘Natural persons’. 21     In accordance with Article 2 thereof, Regulation No 1277/2004 entered into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union , that is to say, on 13 July 2004. The main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling 22     By notarially recorded instrument of 19 December 2000, a contract of sale was concluded between the sellers, as members of a partnership constituted under civil law, and Salem-Abdul Ghani El-Rafei, Kamal Rafehi and Ageel A. Al-Ageel (‘the buyers’), also acting as members of such a partnership. 23     By that contract, the sellers agreed to sell land and buildings belonging to them in Berlin to the buyers in exchange for payment by the latter of a sale price of DEM 2 375 000. 24     Under the contract of sale, the parties agree that ownership of the immovable property is to be transferred to the buyers and the transfer of ownership registered in the Land Register. 25     Under the same contract, the sale price had to be deposited in a trust account of the attesting notary (‘the notary’), and then paid to the sellers when the property transfer was provisionally registered in the Land Register, pending final registration. 26     On 8 March 2001, the transfer of ownership to the buyers was provisionally registered in the Land Register. 27     By decision of 29 October 2003, the Grundbuchamt attached to the Amtsgericht (Local Court) Lichtenberg rejected the application made by the notary on 22 January 2003 for final registration in the Land Register of the transfer of ownership, on the ground that certain documents, production of which had been requested by letter of 28 March 2003, had not been provided in the time allowed. 28     On 9 December 2004, the notary submitted a new application for final registration in the Land Register of the transfer of ownership to the buyers on the basis of the notarially recorded instrument of 19 December 2000. 29     By decision of 21 April 2005, the Grundbuchamt – having ascertained that the name of one of the buyers appeared in the list in Annex I to Regulation No 881/2002 – refused to accept the application for final registration, relying on Articles 2(3) and 4(1) of that regulation. 30     On 3 May 2005, the notary submitted a complaint against that decision to the Grundbuchamt. Acting on its own initiative, the Grundbuchamt referred the complaint, by decision of 11 May 2005, to the Landgericht (Regional Court) Berlin, which dismissed it by order of 27 September 2005. 31     On 7 October 2005, the notary brought an appeal against that decision before the Kammergericht (Higher Regional Court) Berlin. 32     According to the order for reference, the sellers submit before that court, first, that Articles 2(3) and 4(1) of Regulation No 881/2002 – and, in particular, the phrases ‘made … available to’ and ‘made available for the benefit of’ in Article 2(3) – should be interpreted as referring only to transactions in which there is an economic imbalance between the consideration given and the consideration received. As it is, in the present case, the sale price agreed by the parties for the immovable property was a substantial sum and, what is more, it had already been paid to the sellers. 33     The second submission of the sellers before the Kammergericht Berlin is that, if the contract of sale were to be annulled, the buyers would have a right, enforceable against the sellers, to repayment of the purchase price for the immovable property: in other words, a sum of money equivalent to the purchase price would be made available to the buyers. That, however, would be contrary to Recital 7 in the preamble to Regulation No 881/2002 and to Article 2(1) thereof. 34     The referring court explains that, under German law, ownership of immovable property cannot be acquired directly as a result of a notarially recorded contract of sale between seller and buyer. If title to the property is effectively to pass to the buyer, it is also necessary for the two parties to conclude, in accordance with Article 925 of the Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, ‘the BGB’), an agreement that ownership is to be transferred and for that transfer to be registered in the Land Register, in accordance with Article 873 of the BGB. 35     The order for reference adds that, under German law, if there is any restriction on the right to dispose of property – as in the case before the referring court because of the supervening obligation to freeze the funds of one of the buyers – and if that restriction comes into being after conclusion of both the notarially recorded contract of sale and the agreement to transfer ownership, but before the application for registration of the transfer in the Land Register, the Grundbuchamt must, as a general rule, take account of that restriction. 36     The Kammergericht Berlin adds that the legal impediment to registration of the transfer of ownership in the Land Register precludes completion of the contract of sale, with the consequence that the sellers are required, under Articles 275 and 323 of the BGB, to repay the sale price to the buyers. 37     The question arises, however, whether such a repayment is compatible with the prohibition laid down in Article 2(2) of Regulation No 881/2002. 38     In a supplementary order of 23 February 2006, the referring court observes that it cannot be inferred from Articles 2(1) to (3) and 4(l) of Regulation No 881/2002 that the seller may be ordered to deposit a sum of money corresponding to the sale price of the property concerned if, at the time when the sale contract was concluded or the sale price was received, the seller had no knowledge of the sanctions affecting the buyer. 39     In the same order, the referring court states that it is also unclear whether, in cases where there is more than one buyer or, as in the main proceedings, where a number of buyers are members of a partnership, the right to repayment of the sale price must be suspended in its entirety or only in proportion to the entitlement of the buyer affected by the restrictive measures. 40     In those circumstances, on the view that the outcome of the proceedings before it is dependent on the interpretation of Regulation No 881/2002, the Kammergericht Berlin decided to stay proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘(1)      Do the provisions of Articles 2(3) and 4(1) of Council Regulation (EC) No 881/2002 … prohibit property from being conveyed in performance of a sale and purchase agreement to a natural person listed in Annex I to that regulation? (2)      If Question 1 is to be answered in the affirmative: does Regulation … No 881/2002 prohibit the entry in the land register necessary for transferring ownership in the property even when the underlying sale and purchase agreement has been concluded, and the conveyance declared binding, before publication of the restriction on disposal in the Official Journal of the European Communities , and the contractual purchase price to be paid by the natural person listed in Annex I to the regulation, as buyer, has already been (a)      deposited in the notarial trust account, or (b)      paid to the seller?’ The questions referred for a preliminary ruling 41     By the two questions, which it is appropriate to examine together, the referring court asks in essence whether, in a situation where both the contract for the sale of immovable property and the agreement on transfer of ownership of that property have been concluded before the date on which the buyer is included in the list in Annex I to Regulation No 881/2002 and where the sale price has also been paid before that date, Articles 2(3) and 4(1) of that regulation must be interpreted as prohibiting the final registration, in performance of that contract, of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that date. 42     By way of preliminary, it should be pointed out that those questions must be examined solely in the light of Article 2(3) of Regulation No 881/2002. 43     As the Advocate General stated in point 62 of his Opinion, there is nothing in the order for reference to explain why Article 4(1) of Regulation No 881/2002, which concerns the possible circumvention of Article 2 thereof, could be relevant in a situation such as that at issue in the main proceedings. 44     As the Commission has stated without being contradicted, the fact that the buyers have concluded the contract of sale in question as members of a partnership does not entail any risk of circumvention since, if final registration of the transfer of ownership in the Land Register were to be accepted, the names of all of the members – including the name of the person listed in Annex I to Regulation No 881/2002 – would have to be entered in the Register. 45     In the present case, the essential question is whether, in circumstances such as those of the case before the referring court, final registration of transfer of ownership in the Land Register implies that an economic resource is made available, directly or indirectly, to natural or legal persons, groups or entities designated by the Sanctions Committee and listed in Annex I to Regulation No 881/2002 so as to enable them to obtain funds, goods or services within the meaning of Article 2(3) of that regulation. 46     In that regard, it is important to note, first, that the asset in question in the main proceedings, namely immovable property consisting in buildings and land, is an economic resource for the purposes of Article 2(3) of Regulation No 881/2002 and, accordingly, such an asset is clearly covered by the definition of ‘economic resources’ in Article 1(2) of that regulation, since it is tangible immoveable property which does not consist of funds, but can be used to obtain funds, goods or services. 47     Next, it is clear from the order for reference that one of the three buyers is a natural person who is included both in the list drawn up by the Sanctions Committee and in the list in Annex I to Regulation No 881/2002. 48     Consequently, there remains only the question whether final registration in the Land Register of the transfer of ownership of the property concerned is an act which must be categorised, for the purposes of Article 2(3) of Regulation No 881/2002, as ‘[making an economic resource] available, directly or indirectly’ to the natural person included in those lists, ‘so as to enable [that person] to obtain funds, goods or services’. 49     There is nothing in the wording of Article 2(3) of Regulation No 881/2002 to support the inference, argued for by the sellers, that that provision does not cover the obtaining of economic resources in the particular context of the case before the referring court, namely a transaction in which there is an economic balance between the consideration given and the consideration received. 50     On the contrary, the prohibition laid down in Article 2(3) of Regulation No 881/2002 is framed in particularly broad terms, as evidenced by the use of the words ‘directly or indirectly’. 51     In addition, the expression ‘made available’ has a wide meaning: rather than denoting a specific legal category of act, it encompasses all the acts necessary under the applicable national law if a person is effectively to obtain full power of disposal in relation to the property concerned. 52     The inescapable conclusion is that final registration in the Land Register of the transfer of ownership of property constitutes such an act, since it is common ground that, under German law, it is only after final registration that the buyer has the power not only to mortgage the immovable property, ownership of which has thus been transferred to him, but also and above all to transfer title to that property. 53     Moreover, it is precisely acts of that kind that Article 2(3) of Regulation No 881/2002 seeks to prohibit, since they enable a person on the list in Annex I to that regulation to obtain funds, goods or services. 54     It is relevant to add that, for the purposes of interpreting Regulation No 881/2002, account must also be taken of the wording and purpose of Resolution 1390 (2002) which, according to Recital 4 in the preamble to Regulation No 881/2002, that regulation is designed to implement (see, to that effect, Case C‑84/95 Bosphorus [1996] ECR I‑3953, paragraphs 13 and 14, and Case C‑371/03 Aulinger [2006] ECR I‑2207, paragraph 30). 55     Under paragraph 2(a) of Resolution 1390 (2002), States must ‘ensure that neither these nor any other funds [belonging to individuals, groups, undertakings or entities associated with them, as referred to in the list created pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000)], financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly, for such persons’ benefit, by their nationals or by any persons within their territory’. 56     The broad and unambiguous terms of that provision confirm that Article 2(3) of Regulation No 881/2002 applies to any mode of making available an economic resource and therefore also to any act, such as that at issue in the main proceedings, which flows from the execution of a contract imposing mutual obligations and which has been agreed in exchange for payment of pecuniary consideration. 57     Lastly, it cannot be disputed that application, in the case before the referring court, of the prohibition laid down in Article 2(3) of Regulation No 881/2002, in so far as it affects a person considered to be associated with Usama Bin Laden, the Al-Qaida network or with the Taliban, who participates in the financing of acts of terrorism – that is to say, who may even organise such acts, facilitate them, prepare them, carry them out or support them – falls within the objectives of the sanctions provided for by Resolution 1390 (2002), as is apparent in particular from the third and ninth recitals in the preamble to that resolution and from paragraph 4 thereof, those objectives being to combat and root out international terrorism, inter alia by cutting off international terrorism networks from their financial sources. 58     Moreover, as the German Government rightly states, if the argument put forward by the sellers were to be accepted, it would be necessary to determine on the facts of each case whether there is a true economic balance between the consideration given under a contract and the consideration received, with the attendant risk that the prohibition might be circumvented, and presenting the Member States with difficult problems of implementation. 59     As the German Government further submits, even if there were such an economic balance in the case before the referring court, the possibility remains that the asset obtained by the person on the list in Annex I to Regulation No 881/2002 may offer better prospects for value enhancement: that asset may, for example, be easier to convert, or it may even be possible, as observed by the Advocate General in point 72 of his Opinion, by a subsequent act of disposal of the property, to obtain sums of money greater than those expended for its acquisition. 60     The conclusion from the foregoing must be that a transaction such as final registration of transfer of ownership of immovable property in the Land Register is prohibited under Article 2(3) of Regulation No 881/2002 if, in consequence of that transaction, were it to be allowed, an economic resource is made available to a person listed in Annex I to that regulation, which would enable the latter to obtain funds, goods or services. 61     That conclusion cannot be affected, first, by the fact that, in the case before the referring court, a number of steps in the property transaction which are necessary, under the relevant German law, to transfer the ownership of immovable property – in particular, conclusion both of the contract of sale and of the agreement on transfer of ownership, and in addition payment of the sale price – had already been accomplished before that prohibition became applicable to one of the buyers following his inclusion on the list. 62     Article 9 of Regulation No 881/2002 must be understood as meaning that the measures laid down in that regulation, including the freezing of economic resources, preclude also the completion of acts which implement contracts concluded before the entry into force of that regulation, such as final registration of transfer of ownership in the Land Register. 63     As the Advocate General stated in point 78 of his Opinion, the application in that way of those measures, with immediate effect, is moreover consistent with the objective pursued by Regulation No 881/2002 – namely, immediately to prevent persons associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network or the Taliban from having at their disposal any financial or economic resources, in order to impede the financing of terrorist activities – which could not be achieved as effectively if those persons were allowed to complete transactions concluded before their inclusion in the list in Annex I to that regulation. 64     Further confirmation that the provisions of Regulation No 881/2002 are to apply immediately is to be found in the fact that the Community legislation allows no exception under which it would be possible, after the date on which the regulation entered into force, to carry out an act in implementation of a contract concluded before that date, such as (as in the case before the referring court) final registration of the transfer of ownership in the Land Register, an act which, as has already been stated, entails making available the property concerned within the meaning of Article 2(3) of the regulation. 65     In that connection, it should be noted that Article 2a(4)(b) of Regulation No 881/2002, which reproduces verbatim the content of paragraph 2 of Resolution 1452 (2002), provides for an exception to the prohibition laid down in Article 2(2) of that regulation, as regards the addition to frozen accounts of payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of the Security Council resolutions implemented, inter alia, by Regulation No 881/2002, requiring such payments also to be frozen, in the same manner as the account to which they are added. 66     However, no such exception is provided for in the Community legislation as regards the prohibition laid down in Article 2(3) of Regulation No 881/2002 concerning the making available of economic resources such as those at issue in the main proceedings. Nor is any such exception to be found in the relevant Security Council Resolutions. 67     Next, the conclusion reached as to the applicability of the prohibition laid down in Article 2(3) of Regulation No 881/2002 in circumstances such as those of the case before the referring court cannot be called in question, either, by the difficulties which would be caused, according to the referring court, by the fact that it would not be possible to proceed with final registration of the transfer of ownership of the immovable property concerned in the Land Register. 68     As the referring court stated, it follows from the relevant national law that, since the lack of such registration precludes completion of the contract of sale, the sellers are under an obligation to repay to the buyers the sale price paid by the latter for the immovable property. There then arises the question whether such repayment is compatible with the prohibition provided for in Article 2(2) of Regulation No 881/2002. 69     In that regard, it must be stated that, even if such a difficulty were to arise as a result of the implications under national law of the application of Article 2(3) of Regulation No 881/2002, it cannot on any view have any effect on the answer to be given to the question whether, under Community law, the prohibition laid down in that provision applies in a case such as that before the referring court. 70     In any event, the repayment of the sale price, as provided for under national law, certainly seems to be permitted under Article 2a(4)(b) of Regulation No 881/2002. That provision in fact provides for an exception to the prohibition laid down in Article 2(2) of that regulation, provided that the conditions for the application of that exception are met, one such condition being the freezing of the funds repaid. 71     Furthermore, as regards the question whether, in cases where there is more than one buyer and, in particular, where the buyers are all members of a partnership, repayment of the sale price for the property concerned must be suspended in its entirety or only in proportion to the entitlement of the buyer affected by the restrictive measures, it must be held that this also is a question which relates to the implementation, in the light of the national law, of the prohibition laid down in Article 2(3) of Regulation No 881/2002. 72     However, as has already been stated in paragraph 69 of this judgment, such a question, which concerns the implications of rules of national law relating to the consequences entailed by application of the prohibition, cannot affect the interpretation which must be given by the Court to Article 2(3) of Regulation No 881/2002. 73     On that point, it is appropriate to point out that, in accordance with Article 8 of Regulation No 881/2002, the Commission and the Member States are to inform each other, inter alia, of any problems relating to the implementation of the regulation. 74     Lastly, the sellers and the notary submitted at the hearing that the application, in the proceedings before the referring court, of the prohibition laid down in Article 2(3) of Regulation No 881/2002 is incompatible with the fundamental right of disposal enjoyed by the owners of property. 75     In that regard, it should be stated that there is no question in this case of an alleged disproportionate infringement of the right to property of a person listed in Annex I to Regulation No 881/2002 as a result of the restrictive measures provided for in that regulation in respect of such a person. 76     The alleged infringement of the right to property concerns indirect effects, on the property rights of persons other than those so listed, brought about by the obligation to repay which may arise, in accordance with the applicable national law, as a result of the fact that, pursuant to Article 2(3) of Regulation No 881/2002 it is not possible to proceed with final registration of the transfer of ownership of the immovable property in the Land Register. 77     Consequently, the question whether, in view of the special features of the case before the referring court, such an obligation to make repayment is a disproportionate infringement of the right to property cannot have any effect on the question whether Article 2(3) of Regulation No 881/2002 applies to a situation such as that in the case before the referring court. That question is therefore a matter of national law and cannot be examined in the context of the present reference for a preliminary ruling. 78     However, as regards the application of Regulation No 881/2002, it should also be pointed out that, in accordance with settled case-law, the requirements flowing from the protection of fundamental rights within the Community legal order are also binding on Member States when they implement Community rules, and that consequently they are bound, as far as possible, to apply the rules in accordance with those requirements (see, inter alia, Joined Cases C‑20/00 and C‑64/00, Booker Aquaculture and Hydro Seafood [2003] ECR I‑7411, paragraph 88 and case-law cited there). 79     Accordingly, it is for the referring court to determine whether, in view of the special features of the case before it, repayment of the sums received by the sellers would constitute a disproportionate infringement of their right to property and, if that is the case, to apply the national legislation in question, so far as is possible, in such a way that the requirements flowing from Community law are not infringed. 80     In the light of the foregoing, the answer to the questions referred must be that in a situation where both the contract for the sale of immovable property and the agreement on transfer of ownership of that property have been concluded before the date on which the buyer is included in the list in Annex I to Regulation No 881/2002 and where the sale price has also been paid before that date, Article 2(3) of that regulation must be interpreted as prohibiting the final registration, in performance of that contract, of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that date. Costs 81     Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Second Chamber) hereby rules: In a situation where both the contract for the sale of immovable property and the agreement on transfer of ownership of that property have been concluded before the date on which the buyer is included in the list in Annex I to Council Regulation (EC) No 881/2002 of 27 May 2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001 prohibiting the export of certain goods and services to Afghanistan, strengthening the flight ban and extending the freeze of funds and other financial resources in respect of the Taliban of Afghanistan, as amended by Council Regulation (EC) No 561/2003 of 27 March 2003, and where the sale price has also been paid before that date, Article 2(3) of that regulation, as amended by Regulation No 561/2003, must be interpreted as prohibiting the final registration, in performance of that contract, of the transfer of ownership in the Land Register subsequent to that date. [Signatures] * Language of the case: German.

61996CJ0260

en

Grounds 1 By order of 18 April 1996, received at the Court Registry on 24 July 1996, the Corte d'Appello di Venezia (Court of Appeal, Venice) referred to the Court of Justice for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty a question on the interpretation of Community law concerning recovery of sums unduly paid. 2 That question was raised in proceedings between the Italian Ministry of Finance and Spac SpA (hereinafter `Spac') concerning the tassa di concessione governativa (administrative charge) for entering companies on the register of companies (hereinafter `the registration charge'). 3 The registration charge was introduced by Decree No 641 of the President of the Republic of 26 October 1972 (GURI No 292 of 11 November 1972, Supplement No 3, hereinafter `Decree No 641/72'). It has, in so far as it applies to the registration of documents recording the incorporation of companies, been the subject of successive amendments regarding its amount and periodicity. 4 The amount of the registration charge was first substantially increased by Decree-Law No 853 of 19 December 1984 (GURI No 347 of 19 December 1984), converted into law by Law No 17 of 17 February 1985 (GURI No 41bis of 17 February 1985), which also provided that from then on the charge would be payable not only upon registration of the document incorporating the company but also on 30 June of each calendar year thereafter. The amount of the charge was then further altered in 1988 and 1989. In 1989 it amounted to LIT 12 million for public limited companies and partnerships limited by shares, LIT 3.5 million for private limited companies and LIT 500 000 for other companies. 5 In its judgment in Joined Cases C-71/91 and C-178/91 Ponente Carni and Cispadana Construzioni [1993] ECR I-1915 (hereinafter `Ponente Carni'), concerning the registration charge, the Court held that Article 10 of Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969 concerning indirect taxes on the raising of capital (OJ, English Special Edition 1969 (II), p. 412) was to be interpreted as prohibiting, subject to the derogating provisions of Article 12, an annual charge due in respect of the registration of capital companies even though the product of that charge contributed to financing the department responsible for keeping the register of companies. The Court also held that Article 12 of Directive 69/335 was to be interpreted as meaning that duties paid by way of fees or dues referred to in Article 12(1)(e) might constitute payment collected by way of consideration for transactions required by law in the public interest such as, for example, the registration of capital companies. The amount of such duties, which might vary according to the legal form taken by the company, was to be calculated on the basis of the cost of the transaction, which might be assessed on a flat-rate basis. 6 Following that judgment, the registration charge was reduced to LIT 500 000 for all companies by Decree-Law No 331 of 30 August 1993 (GURI No 203 of 30 August 1993), converted into law by Law No 427 of 29 October 1993 (GURI No 255 of 29 October 1993), and it ceased to be payable annually. 7 According to the order for reference, the Ministry of Finance appealed against a judgment of the Tribunale di Venezia requiring it to refund to Spac the amount of the registration charge paid by the latter on the ground that the charge, as in force until 1993, was contrary to Directive 69/335, as interpreted by the Court in Ponente Carni. In its judgment, the Tribunale di Venezia, taking the view that the 10-year limitation period under the ordinary law was applicable, rejected the objection raised by the Ministry that the action for repayment was inadmissible, being time-barred by virtue of Article 13 of Decree No 641/72. According to that provision, `[t]he taxpayer may request repayment of charges wrongly paid within a period of three years reckoned from the date of payment, failing which his action shall be barred ...'. 8 The Ministry of Finance takes exception to that part of the judgment in particular. It contends, in contrast to Spac, that repayment of the registration charge is a matter covered by Article 13 of Decree No 647/72, which applies to all charges that have, for whatever reason, been paid when not due. 9 In its order for reference, the Corte d'Appello takes the view, referring to the case-law of the Court, that the rights which companies liable for the registration charge derive from Community law would be sufficiently safeguarded if proceedings for the repayment of that charge could be classified as actions for the recovery of sums paid but not due, subject to the 10-year limitation period under the ordinary law. It doubts, on the other hand, whether the position would be the same if the time-limit provided for by Article 13 of Decree No 641/72 applied, since that period is shorter, it is reckoned from the date of the contested payment and it cannot be interrupted. 10 The national court observes, however, that, in judgment No 3458 of 23 February 1996, the Corte Suprema di Cassazione held that repayment of the registration charge fell within the scope of the latter provision, thus accepting by implication that it was compatible with Community law. 11 In those circumstances, the Corte d'Appello di Venezia stayed proceedings pending a preliminary ruling from the Court of Justice on the following question: `In proceedings before an Italian court for reimbursement of charges paid pursuant to provisions of national law which, in view of the interpretation given by the Court of Justice in Joined Cases C-71/91 and C-178/91 Ponente Carni and Another v Amministrazione delle Finanze dello Stato, conflict with Article 10 of Council Directive 69/335/EEC of 17 July 1969, is a provision of national law which, by removing such actions from the scope of the ordinary rules governing actions for the recovery of charges paid but not due, and making them subject to special rules governing the reimbursement of charges paid in error, requires that the right of action be exercised within a time-limit reckoned from the date of payment rather than from the time when the relevant Community directive was properly transposed into national law, compatible with the principles laid down in that directive and adopted in its interpretation, and the general principles of Community law upheld by the Court of Justice in Case C-208/91?' The first part of the question 12 The Commission considers that the first part of the question concerns the interpretation of Italian law and is therefore, as it stands, inadmissible. It therefore suggests that it be recast. The essence of the first part of the question is, in its view, whether Community law precludes national legislation which makes actions for repayment of a charge levied in breach of Directive 69/335 subject to a peremptory time-limit which presupposes the existence both of a power to tax and of a revenue debt owed to the State rather than a limitation period which, under that same legislation, is applicable to cases of objective undue payment deriving from the absence of any such power or debt.. 13 By the first part of its question, the national court seeks to ascertain whether Community law precludes a Member State from resisting actions for repayment of charges levied in breach of Community law by relying on a time-limit under national law of three years, by way of derogation from the ordinary rules governing actions between private individuals for the recovery of sums paid but not due, for which the period allowed is more favourable. The national court is thus asking the Court of Justice to clarify its case-law according to which national detailed procedural rules governing actions for safeguarding rights which individuals derive from Community law must not be less favourable than those governing similar actions under national law (see, in particular, Case 33/76 Rewe v Landwirtschaftskammer Saarland [1976] ECR 1989 and Case 45/76 Comet v Produktschap voor Siergewassen [1976] ECR 2043). 14 It follows that an answer must be given to the question. 15 Spac considers that the case-law of the Court precludes a Member State from taking actions to secure repayment of the registration charge out of the sphere of the ordinary law governing the recovery of sums paid but not due and subjecting them to less favourable rules such as those laid down by Article 13 of Decree No 641/72. It submits that only the first set of rules can adequately safeguard the right of capital companies to secure repayment of sums paid, though not due, by way of the registration charge. 16 Conversely, in the view of the three Governments which have submitted observations, a Member State is entitled, in fiscal matters, to impose a time-bar different from that applicable under the ordinary law, provided that it applies in the same way to claims for repayment under Community law as to claims under national law, that being the position in this case. 17 As the Court has held on several occasions, a comparison of the national systems shows that the problem of disputing charges which have been unlawfully claimed or refunding charges which have been paid when not due is settled in different ways in the various Member States, and even within a single Member State, according to the various kinds of taxes or charges in question. In certain cases, objections or claims of this type are subject to specific procedural conditions and time-limits under the law with regard both to complaints submitted to the tax authorities and to legal proceedings. In other cases, claims for repayment of charges which were paid but not due must be brought before the ordinary courts, mainly in the form of claims for the refunding of sums paid but not owed, such actions being available for varying lengths of time, in some cases for the limitation period laid down under the general law (see Case 68/79 Just v Ministry for Fiscal Affairs [1980] ECR 501, paragraphs 22 and 23; Case 61/79 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Denkavit Italiana [1980] ECR 1205, paragraphs 23 and 24; Case 811/79 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Ariete [1980] ECR 2545, paragraphs 10 and 11, and Case 826/79 Amministrazione delle Finanze dello Stato v Mireco [1980] ECR 2559, paragraphs 11 and 12). 18 This diversity between national systems derives mainly from the lack of Community rules on the refunding of national charges levied though not due. In such circumstances, in accordance with settled case-law of the Court of Justice, it is for the national legal system of each Member State to designate the courts and tribunals having jurisdiction and to lay down the detailed procedural rules governing actions for safeguarding rights which individuals derive from Community law, provided that such rules are not less favourable than those governing similar domestic actions (principle of equivalence) and that they do not render virtually impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law (principle of effectiveness) (Rewe, paragraph 5, Comet, paragraphs 13 and 16, both cited above, and, more recently, Case C-312/93 Peterbroeck v Belgian State [1995] ECR I-4599, paragraph 12). 19 As regards the latter principle, the Court has held that it is compatible with Community law to lay down reasonable limitation periods for bringing proceedings in the interests of legal certainty which protects both the taxpayer and the administration concerned (see Rewe, paragraph 5, Comet, paragraphs 17 and 18, and Denkavit Italiana, paragraph 23, all cited above; see also Case C-261/95 Palmisani v INPS [1997] ECR I-4025, paragraph 28, and Case C-90/94 Haahr Petroleum v benrå Havn and Others [1997] ECR I-4085, paragraph 48). Such time-limits are not liable to render virtually impossible or excessively difficult the exercise of rights conferred by Community law. In that regard, a time-limit of three years under national law, reckoned from the date of the contested payments, appears reasonable (see the judgment of today's date in Case C-231/96 Edis v Ministero delle Finanze [1998] ECR I-4951, paragraph 35). 20 Observance of the principle of equivalence implies, for its part, that the procedural rule at issue applies without distinction to actions alleging infringements of Community law and to those alleging infringements of national law, with respect to the same kind of charges or dues. That principle cannot, however, be interpreted as obliging a Member State to extend its most favourable rules governing repayment to all actions for repayment of charges or dues levied in breach of Community law (Edis, cited above, paragraph 36). 21 Thus, Community law does not preclude the legislation of a Member State from laying down, alongside a limitation period applicable under the ordinary law to actions between private individuals for the recovery of sums paid but not due, special detailed rules, which are less favourable, governing claims and legal proceedings to challenge the imposition of charges and other levies. The position would be different only if those detailed rules applied solely to actions based on Community law for the repayment of such charges or levies (Edis, cited above, paragraph 37). 22 In this case, it should be noted that the time-limit at issue applies not only to repayment of the contested registration charge but also to that of all governmental charges of that kind. Moreover, according to information provided by the Italian Government and not disputed, a similar time-limit also applies to actions for repayment of certain indirect taxes. Nor does it appear from the wording of the provision at issue that it applies only to actions based on Community law. Furthermore, as the Advocate General observed in point 26 of his Opinion in this case and in points 62 to 64 of his Opinion in Edis, it is clear from the case-law of the Corte Suprema di Cassazione that time-limits relating to taxes apply also to actions for repayment of charges or dues levied under laws that have been declared incompatible with the Italian Constitution (Edis, cited above, paragraph 38). 23 The answer to the first part of the question must therefore be that Community law does not prohibit a Member State from resisting actions for repayment of charges levied in breach of Community law by relying on a time-limit under national law of three years, by way of derogation from the ordinary rules governing actions between private individuals for the recovery of sums paid but not due, for which the period allowed is more favourable, provided that that time-limit applies in the same way to actions based on Community law for repayment of such charges as to those based on national law. The second part of the question 24 By the second part of its question, the national court seeks to ascertain whether Community law prohibits a Member State from resisting actions for repayment of charges in breach of a directive by relying on a time-limit under national law which is reckoned from the date of payment of the charges in question even though, at that date, the directive concerned had not yet been properly transposed into national law. 25 The three Governments which have submitted observations consider, unlike Spac, that this question should be answered in the negative. In their view, Member States are entitled to rely on a national time-limit like the one at issue provided that it meets the conditions laid down in Rewe and Comet, cited above. According to those Governments, the judgment in Emmott, cited above, must be confined to its own particular facts, as indeed the Court confirmed in its judgments in Case C-338/91 Steenhorst-Neerings [1993] ECR I-5475 and Case C-410/92 Johnson v Chief Adjudication Officer [1994] ECR I-5483. 26 Initially, the Commission maintained that Steenhorst-Neerings and Johnson, cited above, concerned social benefits that had been improperly withheld and were not therefore relevant to this case. It thus considered that the ratio of Emmott should be followed in proceedings for repayment of charges levied in breach of Community law, otherwise a defaulting Member State might be allowed to profit from its own non-compliance. However, at the hearing the Commission abandoned that thesis, acknowledging that it had been undermined by the judgment in Case C-188/95 Fantask and Others [1997] ECR I-6783. 27 It is clear from the answer given to the first part of the question that Community law does not in principle prohibit a Member State from resisting actions for repayment of charges levied in breach of Community law by relying on a time-limit under national law of three years. 28 It is true that in paragraph 23 of Emmott, cited above, the Court held that, until such time as a directive has been properly transposed, a defaulting Member State may not rely on an individual's delay in initiating proceedings against it in order to protect rights conferred on him by the provisions of a directive and that a period laid down by national law within which proceedings must be initiated cannot begin to run before that time. 29 However, as was confirmed by the Court in paragraph 26 of Johnson, cited above, it is clear from the judgment in Steenhorst-Neerings, cited above, that the solution adopted in Emmott was justified by the particular circumstances of that case, in which a time-bar had the result of depriving the plaintiff in the main proceedings of any opportunity whatever to rely on her right to equal treatment under a Community directive (see also Haahr Petroleum, cited above, paragraph 52, and Joined Cases C-114/95 and C-115/95 Texaco and Olieselskabet Danmark [1997] ECR I-4263, paragraph 48). 30 The Court thus held in Fantask and Others, cited above, that Community law does not prevent a Member State which has not properly transposed Directive 69/335 from resisting actions for repayment of duties levied in breach thereof by relying on a limitation period under domestic law of five years reckoned from the date on which those duties became payable (see also Edis, cited above, paragraph 47). 31 Moreover, having regard to the documents before the Court and the arguments presented at the hearing, it does not appear that the conduct of the Italian authorities, in conjunction with the existence of the contested time-limit, had the effect in this case, as it did in Emmott, of depriving the plaintiff company of any opportunity of enforcing its rights before the national courts. 32 The answer to the second part of the question must therefore be that, in circumstances such as those of the main proceedings, Community law does not prevent a Member State from resisting actions for repayment of charges levied in breach of a directive by relying on a time-limit under national law which is reckoned from the date of payment of the charges in question, even if, at that date, the directive concerned had not yet been properly transposed into national law. Decision on costs Costs 33 The costs incurred by the Italian, French and United Kingdom Governments and the Commission of the European Communities, which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Operative part On those grounds, THE COURT in answer to the question referred to it by the Corte d'Appello di Venezia by order of 18 April 1996, hereby rules: 1. Community law does not prohibit a Member State from resisting actions for repayment of charges levied in breach of Community law by relying on a time-limit under national law of three years, by way of derogation from the ordinary rules governing actions between private individuals for the recovery of sums paid but not due, for which the period allowed is more favourable, provided that that time-limit applies in the same way to actions based on Community law for repayment of such charges as to those based on national law. 2. In circumstances such as those of the main proceedings, Community law does not prevent a Member State from resisting actions for repayment of charges levied in breach of a directive by relying on a time-limit under national law which is reckoned from the date of payment of the charges in question, even if, at that date, the directive concerned had not yet been properly transposed into national law.

61994CJ0257

it

Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 16 settembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 377, pag. 1), e della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/688/CEE, recante modifica della direttiva 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche e di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 377, pag. 18), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del Trattato CE. 2 Risulta dai rispettivi artt. 2 delle direttive 91/685 e 91/688 che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alle stesse entro il 1º luglio 1992 e ne informano immediatamente la Commissione. 3 Il governo italiano, nel suo controricorso, ha comunicato il decreto ministeriale 26 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 1994, destinato a trasporre la direttiva 91/688. 4 La Commissione, nella replica, ha preso atto dell' adozione di tali norme e, constatata la corretta trasposizione della direttiva 91/688 nell' ordinamento italiano, ha dichiarato di rinunciare agli atti relativamente a tale domanda, ma ha mantenuto il ricorso nella parte in cui riguarda la direttiva 91/685. 5 La Repubblica italiana non nega che la direttiva 91/685 non è stata recepita nel termine previsto, ma fa valere, per contro, che il regolamento che deve trasporla è in preparazione. 6 Poiché la trasposizione della direttiva 91/685 non ha avuto luogo nel termine fissato dal suo art. 2, l' inadempimento dedotto al riguardo dalla Commissione deve essere ritenuto accertato. 7 Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 91/685, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva stessa. Decisione relativa alle spese Sulle spese 8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. 9 A norma del n. 5 dello stesso articolo, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese, a meno che la rinuncia non sia giustificata dal comportamento della controparte. 10 La Commissione ha rinunciato ad alcuni dei motivi esposti nel ricorso, in quanto, dopo la sua presentazione, la Repubblica italiana ha comunicato i provvedimenti necessari ad attuare la trasposizione della direttiva 91/688 nel proprio ordinamento. 11 Da ciò discende che la parziale rinuncia della Commissione è giustificata dal comportamento della Repubblica italiana, che, peraltro, è rimasta soccombente nel resto del ricorso. 12 La Repubblica italiana va quindi condannata alle spese. Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato nel termine previsto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al dettato della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1991, 91/685/CEE, recante modifica della direttiva 80/217/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell' art. 2 della direttiva 91/685. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

62002TJ0210

lt

Bylos aplinkybės British Aggregates Association yra asociacija, vienijanti mažas nepriklausomas Jungtinėje Karalystėje karjerus eksploatuojančias įmones. Jai priklauso 55 nariai, eksploatuojantys daugiau nei 100 karjerų. Nerūdinės medžiagos yra chemiškai inertiškos nuotrupinės medžiagos, naudojamos statybos ar viešųjų darbų sektoriuje. Jos gali būti naudojamos tokios kokios yra, pavyzdžiui, ertmėms užpildyti arba kaip balastas, arba maišomos su rišamosiomis medžiagomis, pavyzdžiui, cementu (tai leidžia gauti betoną) arba bitumu. Kai kurios natūraliai nuotrupinės medžiagos, pavyzdžiui, smėlis ir žvirgždas, gali būti išgaunamos sijojant. Kitos medžiagos, pavyzdžiui, kietos uolienos, turi būti sutrupinamos prieš sijojimą. Skirtingiems tikslams naudojamos nerūdinės medžiagos turi atitikti tam tikras pradinės medžiagos, lemiančios, ar jos tinka numatytam naudojimui, specifikacijas ir fizines savybes. Taigi specifikacijos ertmių užpildymui yra ne tokios griežtos, kaip apatiniams kelių pagrindų sluoksniams, kurios savo ruožtu yra ne tokios griežtos, kaip intensyviai naudojamiems paviršiams, pavyzdžiui, kelio paviršiui arba geležinkelio balastui. Daugiau įvairių medžiagų gali būti naudojamos kaip nerūdinės medžiagos ten, kur reikalavimai yra ne tokie griežti, kita vertus, griežtesnius reikalavimus atitinkančios medžiagos yra retesnės. Finance Act 2001 Finance Act 2001 (2001 m. Finansų įstatymas, toliau – Įstatymas) antrosios dalies 16–49 straipsniai ir 4–10 priedai Jungtinėje Karalystėje nustato Aggregates Levy (nerūdinių medžiagų mokestis, toliau – AGL arba mokestis). Nuostatos, numatančios AGL įvedimą, įsigaliojo 2002 m. balandžio 1 d., priėmus Įstatymo įgyvendinimo taisykles. Įstatymas iš dalies buvo pakeistas Finance Act 2002 (2002 m. Finansų įstatymas) 129–133 straipsniais ir 38 priedu. Pakeistos nuostatos numato atliekų ( spoils ), susidariusių išgaunant kai kuriuos mineralus, būtent šiferį, skalūną, molį ir kaoliną, neapmokestinimą. Be to, jos numato pereinamąjį laikotarpį mokesčio įvedimui Šiaurės Airijoje. AGL yra 1,60 svaro sterlingo (GBP) už nerūdinių medžiagų, naudojamų komerciniams tikslams, toną (Įstatymo 16 straipsnio 4 dalis). Iš dalies pakeisto Įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad AGL tampa mokėtinas, kai apmokestinamas nerūdinių medžiagų kiekis panaudojamas komerciniams tikslams Jungtinėje Karalystėje, pradedant skaičiuoti nuo Įstatymo įsigaliojimo dienos. Jis taikomas tiek importuotoms, tiek Jungtinėje Karalystėje išgautoms nerūdinėms medžiagoms. Įgyvendinimo taisyklių 13 straipsnio 2 dalies a punktas leidžia sumažinti mokėtiną mokestį, kai apmokestinamos nerūdinės medžiagos yra eksportuojamos arba išvežamos iš Jungtinės Karalystės neapdirbtos. Iš dalies pakeisto Įstatymo 17 straipsnio 1 dalis nustato: „Šioje dalyje „nerūdinės medžiagos“ apima (su šio įstatymo 18 straipsnio išlyga) uolieną, žvirgždą ar smėlį, taip pat visas medžiagas, kurios į juos tuo metu yra laikinai įmaišytos ar natūraliai įsimaišiusios.“ Įstatymo 17 straipsnio 2 dalis numato, kad nerūdinės medžiagos neapmokestinamos keturiais atvejais: jei jos yra aiškiai atleistos nuo mokesčio; jei jos anksčiau buvo naudojamos statybos tikslais; jei jos jau buvo apmokestintos nerūdinių medžiagų mokesčiu; arba jei Įstatymo įsigaliojimo dieną jos nėra savo kilmės vietoje. Iš dalies pakeisto Įstatymo 17 straipsnio 3 ir 4 dalys numato tam tikrus neapmokestinimo atvejus. Be to, iš dalies pakeisto Įstatymo 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys nustato neapmokestinamus procesus ir su šiuo neapmokestinimu susijusias medžiagas. Administracinė procedūra ir ginčas nacionaliniame teisme 2001 m. rugsėjo 24 d. laišku Komisija gavo dviejų įmonių, neturinčių jokio ryšio su ieškove, skundą (toliau – pirmasis skundas), kuriame pagal 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB sutarties (88) straipsnio taikymo taisykles (OL L 83, p. 1), 6 straipsnio 2 dalį buvo prašoma, kad jų tapatybė nebūtų atskleista suinteresuotai valstybei narei. Iš esmės skundą pateikę asmenys tvirtino, kad tam tikrų medžiagų neapmokestinimas AGL, eksporto neapmokestinimas ir išimtys, susijusios su Šiaurės Airija, yra valstybės pagalba. 2001 m. gruodžio 20 d. laišku Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė pranešė Komisijai apie valstybės pagalbos schemą „Laipsniškas nerūdinių medžiagų mokesčio įvedimas Šiaurės Airijoje“. 2002 m. vasario 6 d. laišku Komisija perdavė šiai valstybei narei pirmojo skundo santrauką ir nurodė, pirma, pateikti pastabas dėl šio skundo ir, antra, pateikti papildomą informaciją apie AGL, ką pastaroji padarė 2002 m. vasario 19 d. laišku. 2002 m. vasario 11 d. ieškovė pateikė ieškinį High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Karalienės teismo skyrius). Ji, be kita ko, nurodė Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės pagalbą, pažeidimą. 2002 m. balandžio 19 d. sprendimu High Court of Justice ieškinį atmetė, bet suteikė ieškovei teisę pateikti apeliacinį skundą Court of Appeal (England & Wales) (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas). Šiai pateikus apeliacinį skundą, Court of Appeal nurodė sustabdyti bylos nagrinėjimą dėl Pirmosios instancijos teisme pareikšto nagrinėjamo ieškinio. Tuo metu 2002 m. balandžio 15 d. laišku ieškovė pateikė skundą Komisijai dėl AGL (toliau – ieškovės skundas). Iš esmės ji tvirtino, kad tam tikrų medžiagų neapmokestinimas AGL bei eksporto neapmokestinimas yra valstybės pagalba, o Šiaurės Airijai taikomos išimtys, apie kurias pranešė Jungtinė Karalystė, yra nesuderinamos su bendrąja rinka. Skundžiamas sprendimas 2002 m. balandžio 24 d. Komisija priėmė sprendimą nepareikšti prieštaravimų dėl AGL (toliau – skundžiamas sprendimas). 2002 gegužės 2 d. skundžiamas sprendimas per Jungtinės Karalystės institucijas buvo perduotas ieškovei. Formaliai Komisija apie jį pranešė ieškovei 2002 m. birželio 27 d. laišku. Šiame sprendime (43 konstatuojamoji dalis) Komisija nusprendė, kad mokestis neapima valstybės pagalbos elementų EB 87 straipsnio 1 dalies prasme, nes jo taikymo sritis yra pateisinama mokesčių sistemos logika bei bendrąja jos schema. Be to, ji teigia, kad Šiaurės Airijai suteikta išimtis, apie kurią buvo pranešta Komisijai, yra suderinama su bendrąja rinka. Aprašydama AGL taikymo sritį Komisija iš esmės pabrėžia, kad šis mokestis bus taikomas neapdirbtoms nerūdinėms medžiagoms, „kurios apibrėžiamos kaip nerūdinės medžiagos, gaunamos iš natūralių mineralų telkinių per pirmąjį išgavimą“ ir susidedančios iš „uolienų, smėlio ir žvirgždo fragmentų, kurie gali būti panaudojami neapdoroti arba po mechaninio apdirbimo, pavyzdžiui, smulkinimo, plovimo ir rūšiavimo“ (8 ir 9 konstatuojamosios dalys). Dėl medžiagų, kurioms mokestis nebus taikomas, ir siekiamų tikslų ji skundžiamo sprendimo 11–13 konstatuojamosiose dalyse nurodo: „AGL neapmokestinamos medžiagos, kurios yra kitų procesų subproduktai ar atliekos. Britanijos institucijų teigimu, tarp šių medžiagų yra skalūno ir kaolino atliekos, bergždas, pelenai, aukštakrosnių atliekos, stiklo ir kaučiuko atliekos. Taip pat juo neapmokestinami perdirbtos nerūdinės medžiagos, kurios apima uolienas, smėlį ir žvirgždą, kurie bent kartą jau buvo panaudoti (paprastai statybose ir viešuosiuose darbuose). Britanijos institucijų teigimu, tokių medžiagų neapmokestinimu AGL siekiama paskatinti jų panaudojimą kaip statybinių medžiagų ir sumažinti per didelį neapdirbtų nerūdinių medžiagų išgavimą, taip skatinant racionalų resursų valdymą. Pradiniai Britanijos institucijų apskaičiavimai remiasi prielaida, kad AGL leis sumažinti neapdirbtų nerūdinių medžiagų paklausos apimtis vidutiniškai 20 mln. tonų per metus nuo metinės Jungtinės Karalystės 230–250 mln. tonų paklausos per metus.“ Kalbant apie AGL taikymo srities įvertinimą, skundžiamas sprendimas 29 ir 31 konstatuojamosiose dalyse nustato: „Komisija pažymi, kad AGL bus taikomas tik komerciniais tikslais kaip nerūdinės medžiagos naudojamai uolienai, smėliui ir žvirgždui. Jis nebus taikomas šioms medžiagoms, naudojamoms kitiems tikslams. AGL bus renkamas tik už neapdirbtas nerūdinės medžiagos. Jis nebus renkamas nei už nerūdines medžiagas, išgautas kaip kitų procesų subproduktai arba atliekos (antrinės nerūdinės medžiagos), nei už perdirbtas nerūdines medžiagas. Todėl Komisija tvirtina, kad AGL yra susijęs tik su tam tikrais veiklos sektoriais ir tam tikromis įmonėmis. Ji pažymi, kad reikia įvertinti, ar AGL taikymo sritis yra pateisinama mokesčių sistemos logika ir jos schema. <...> Jungtinė Karalystė, pasinaudodama savo laisve nustatyti nacionalinę mokesčių sistemą, įvedė AGL tam, kad padidintų perdirbtų nerūdinių medžiagų ar kitų pakaitų naudojimą, palyginti su neapdirbtomis nerūdinėmis medžiagomis, ir paskatintų racionalų neapdirbtų nerūdinių medžiagų ? neatsinaujinančių gamtinių išteklių ? naudojimą. Nerūdinių medžiagų išgavimo žala aplinkai, kurią Jungtinė Karalystė siekia sumažinti įvesdama AGL, apima triukšmą, dulkes, žalą biologinei įvairovei ir gamtovaizdžiui.“ Iš to Komisija 32 konstatuojamojoje dalyje padarė išvadą, kad „AGL yra specialus mokestis, kurio taikymo sritis labai ribota ir kurią apibrėžia valstybė narė, atsižvelgdama į atitinkamo veiklos sektoriaus savitas charakteristikas“, ir kad „mokesčio struktūra ir taikymo sritis rodo aiškų skirtumą tarp neapdirbtų nerūdinių medžiagų išgavimo, kuris sukelia nepageidaujamas pasekmes aplinkai, ir antrinių ar perdirbtų nerūdinių medžiagų, kurių didelė dalis susidaro apdorojant uolieną, žvirgždą ir smėlį, atsirandančius kasant žemę ar teisėtai įvairiais tikslais atliekant kitus darbus ar kitaip apdorojant, gamybos“. Kalbant apie eksportuojamų Jungtinės Karalystės teritorijoje neapdorotų nerūdinių medžiagų neapmokestinimą, skundžiamas sprendimas 33 konstatuojamojoje dalyje nustato: „<...> toks sprendimas yra pateisinamas aplinkybe, kad nerūdinės medžiagos Jungtinėje Karalystėje gali būti neapmokestinamos, jei jos yra naudojamos neapmokestinamame gamybos procese (pvz., stiklo, plastiko, popieriaus, trąšų ir pesticidų gamyba). Kadangi Britanijos institucijos negali kontroliuoti nerūdinių medžiagų naudojimo ne savo teritorijoje, eksporto neapmokestinimas numatomas dėl teisinio nerūdinių medžiagų eksportuotojų saugumo ir tam, kad būtų išvengta nevienodo nerūdinių medžiagų, kurios galėtų būti neapmokestinamos Jungtinės Karalystės viduje, eksporto traktavimo.“ 34 konstatuojamojoje dalyje Komisija nusprendė: „Atsižvelgiant į tokio apmokestinimo pobūdį ir bendrąją schemą, jis neturi būti taikomas nei antrinėms, nei perdirbtoms nerūdinėms medžiagoms. Neapdirbtų nerūdinių medžiagų išgavimo apmokestinimas prisidės prie pirminių nerūdinių medžiagų išgavimo, neatsinaujinančių išteklių naudojimo ir žalingų pasekmių aplinkai sumažinimo. Komisijos nuomone, bet kokia nauda kai kurioms įmonėms, atsiradusi dėl AGL taikymo srities apibrėžimo, yra pateisinama mokesčių sistemos pobūdžiu ir bendrąja jos schema.“ Procesas Pareiškimu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2002 m. liepos 12 d., ieškovė pareiškė šį ieškinį. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai tą pačią dieną pateiktu atskiru dokumentu ieškovė paprašė, kad byla būtų sprendžiama pagreitinta tvarka, numatyta Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 76a straipsnyje. 2002 m. liepos 30 d. Pirmosios instancijos teismas atmetė šį prašymą. Dokumentu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2002 m. spalio 29 d., Jungtinės Karalystės institucijos paprašė leisti įstoti į šią bylą atsakovės pusėje. Šis prašymas įstoti į bylą buvo patenkintas 2002 m. lapkričio 28 d. Pirmosios instancijos teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartimi. Įstojusi į bylą šalis pateikė savo paaiškinimus, o kitos šalys dėl jų pateikė savo pastabas per nustatytą terminą. Remdamasis teisėjo pranešėjo pranešimu, Pirmosios instancijos teismas (antroji išplėstinė kolegija) nusprendė pradėti žodinę proceso dalį be tyrimo priemonių. Šalys per nustatytą terminą atsakė į Pirmosios instancijos teismo raštu pateiktus klausimus ir pateikė reikalingus dokumentus. 2005 m. gruodžio 13 d. įvykusiame posėdyje buvo išklausyti šalių pasisakymai ir atsakymai į Pirmosios instancijos teismo pateiktus klausimus. Šalių reikalavimai Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo: –        panaikinti skundžiamą sprendimą, išskyrus Šiaurės Airijai suteiktą išimtį nagrinėjančią dalį, –        priteisti iš Komisijos bylinėjimosi išlaidas. Komisija ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo: –        atmesti ieškinį kaip nepriimtiną arba nepagrįstą, –        priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Dėl priimtinumo Šalių argumentai Komisija ginčija ieškinio priimtinumą nepareikšdama formalaus prieštaravimo dėl priimtinumo. Ji tvirtina, kad skundžiamas sprendimas nėra konkrečiai susijęs su ieškove EB 230 straipsnio ketvirtosios pastraipos prasme. Komisija tvirtina, kad toks sprendimas, koks yra skundžiamas sprendimas, kuriuo pritariama valstybės pagalbai, yra bendro pobūdžio teisinis aktas. Taigi pagal klasikinį konkretaus ryšio kriterijų (2002 m. liepos 25 d. Teisingumo Teismo sprendimo Unión de Pequeños Agricultores prieš Tarybą , C‑50/00 P, Rink. p. I‑6677) pasibaigus preliminariai tyrimo procedūrai, numatytai EB 88 straipsnio 3 dalyje, priimtas sprendimas, kuriuo nereiškiami prieštaravimai, nėra konkrečiai susijęs su ieškove. Ieškovė neįrodė, kad skundžiamas sprendimas yra konkrečiai susijęs su bent vienu iš jos narių. Savo atsiliepime į ieškinį Komisija tvirtina, kad jei ji nusprendžia, kaip ir šiuo atveju, nepradėti formalios tyrimo procedūros, siekiant nustatyti konkretaus ryšio buvimą reikia įrodyti, kad ginčijama pagalba daro poveikį konkurencinei vieno iš ieškovės narių padėčiai. Ji remiasi 1996 m. birželio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu Kahn Scheepvaart prieš Komisiją (T‑398/94, Rink. p. II‑477, 43 ir 50 punktai), 1998 m. rugsėjo 16 d. Sprendimu Waterleiding Maatschappij prieš Komisiją (T‑188/95, Rink. p. II‑3713, 60–65 punktai) ir 2001 m. kovo 21 d. Sprendimu Hamburger Hafen- und Lagerhaus ir kt. prieš Komisiją (T‑69/96, Rink. p. II‑1037, 41 punktas). Triplike Komisija galutinai tvirtina, kad tiek Komisijos sprendimo nepareikšti prieštaravimų, tiek galutinio sprendimo dėl formalios tyrimo procedūros atveju konkretaus ryšio nustatymui taikomas kriterijus yra didelis poveikis ieškovo konkurencinei padėčiai (1986 m. sausio 28 d. Teisingumo Teismo sprendimas COFAZ ir kt. prieš Komisiją , 169/84, Rink. p. 391). Šiuo klausimu Komisija teigia, kad minėtame sprendime Waterleiding Maatschappij prieš Komisiją ir 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendime Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum prieš Komisiją (T‑114/00, Rink. p. II‑5121) Pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas, jog 1993 m. gegužės 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Cook prieš Komisiją (C‑198/91, Rink. p. I‑2487) ir 1993 m. birželio 15 d. Sprendimas Matra prieš Komisiją (C‑225/91, Rink. p. I‑3203) įtvirtino dvigubą kriterijų, kuris priklauso nuo to, ar sprendimas buvo priimtas po preliminarios tyrimo procedūros ar po formalios tyrimo procedūros, padarė klaidą. Per posėdį pakviesta pateikti nuomonę dėl 2005 m. gruodžio 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum (C‑78/03 P, Rink. p. I-10737) reikšmės, Komisija tvirtino, kad, atsižvelgiant į generalinio advokato F. Jacobs nuomonę, šis sprendimas patvirtino svarstomos valstybės pagalbos schemos didelio poveikio ieškovo konkurencinei padėčiai kriterijų. Šioje byloje ieškovė ieškinyje nepateikė tikslios informacijos nė apie vieną savo narį, todėl neįmanoma nustatyti, ar bent vienas iš jų turi teisę pareikšti ieškinį. Komisija priduria, kad naujos faktinės aplinkybės apie keturis ieškovės narius, nurodytos tik dubliko stadijoje, yra nepriimtinos. Bet kuriuo atveju šios naujos faktinės aplinkybės neleido manyti, kad skundžiamas sprendimas padarė didelį poveikį atitinkamų įmonių konkurencinei padėčiai. Šiuo klausimu Komisija teigia, kad ieškovės nurodyti skaičiai rodo, jog dviejų jos narių ? Torrington Stone Ltd ir Cloburn Quarry Co. Ltd ? didžiausiai verslo daliai mokestis nėra taikomas. Be to, nepakanka, kad įmonei būtų nurodyta išmesti dalį savo antrinių medžiagų kaip atliekas. Galiausiai Komisija tvirtina, kad net jei Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, jog ieškovė turi teisę pareikšti ieškinį, atsižvelgiant į aplinkybę, kad skundžiamas sprendimas buvo priimtas pasibaigus preliminariai tyrimo procedūrai, vienintelis priimtinas panaikinimo pagrindas būtų formalios tyrimo procedūros nepradėjimas. Iš tiesų toks procesinis pažeidimas galėtų būti ištaisytas pradedant formalią tyrimo procedūrą. Tačiau ieškovė neturėtų teisės pareikšti ieškinio dėl galutinio sprendimo. Ieškovė tvirtina, kad skundžiamas sprendimas yra tiesiogiai ir konkrečiai su ja susijęs, atsižvelgiant tiek į jos narių teisę pareikšti ieškinį, tiek į jos, kaip skundą pateikusio asmens, vaidmenį. Iš tiesų vienas iš pagrindinių AGL, kuris, be kita ko, yra skirtas skatinti perdirbtų nerūdinių medžiagų ir kitų apmokestinamųjų medžiagų pakaitų naudojimą, tikslų yra padaryti poveikį rinkos struktūrai. Todėl šis mokestis daro neigiamą poveikį visų ieškovės narių, kurie visi gamina AGL apmokestinamąsias medžiagas, konkurencinei padėčiai. Dublike ieškovė kaip pavyzdį pateikė keleto narių konkurencinę padėtį. Ieškovė priduria, kad Komisijos nurodyti įvairių pagrindų priimtinumo skirtumai yra dirbtiniai. Iš tiesų, ieškovės teigimu, jei ieškovas įrodo, jog Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, tai būtinai parodo, kad ji susidūrė su sunkumais, dėl kurių turėjo būti pradėta formali tyrimo procedūra. Pirmosios instancijos teismo vertinimas Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką kiti subjektai nei tie, kuriems skiriamas sprendimas, galėtų manyti, jog sprendimas yra su jais konkrečiai susijęs tik tokiu atveju, jeigu jis būtų jiems taikomas dėl tam tikrų jiems būdingų savybių arba dėl tam tikros faktinės situacijos, kuri juos išskiria iš kitų asmenų ir todėl juos individualizuoja taip pat kaip ir sprendimo adresatą (1963 m. liepos 15 d. Teisingumo Teismo sprendimas Plaumann prieš Komisiją , 25/62, Rink. p. 197, 223; minėto sprendimo Cook prieš Komisiją 20 punktas; minėto sprendimo Matra prieš Komisiją 14 punktas ir galiausiai minėto sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 33 punktas). Šioje byloje aplinkybės, kuria remiasi asociacija ieškovė, jog ji pateikė skundą Komisijai dėl AGL ir išreiškė norą dalyvauti procese kaip suinteresuotoji šalis EB 88 straipsnio 2 dalies prasme, nepakanka tam, kad jai būtų suteikta teisė pareikšti ieškinį dėl skundžiamo sprendimo nepradėti formalios tyrimo procedūros. Aplinkybė, kad dėl ieškovės skundo ir trečiųjų įmonių pateikto pirmojo skundo Komisija skundžiamame sprendime išnagrinėjo AGL taikymo sritį, neleidžia ieškovės prilyginti derybų dalyvei, kurios padėtį paveikė šis sprendimas (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 56 ir 57 punktus). Tačiau ieškovė teisingai primena, kad asociacijos, veikiančios vieno ar kelių turinčių teisę pareikšti priimtiną ieškinį narių vardu, pareikštas ieškinys yra priimtinas (1995 m. liepos 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo AITEC ir kt. prieš Komisiją , T‑447/93–T‑449/93, Rink. p. II‑1971, 60 punktas ir 1996 m. spalio 22 d. Sprendimo Skibsværftsforeningen ir kt. prieš Komisiją , T‑266/94, Rink. p. II‑1399, 50 punktas). Todėl Pirmosios instancijos teismas turi patikrinti, ar šioje byloje skundžiamas sprendimas gali būti laikomas konkrečiai susijusiu su ieškovės nariais ar bent jau su kai kuriais iš jų. Šiuo klausimu reikia priminti, kad EB 88 straipsnyje numatytoje valstybės pagalbos kontrolės procedūroje reikia atskirti du dalykus: šio straipsnio 3 dalyje nustatytą preliminarų pagalbos tyrimo etapą, kuriuo siekiama tik leisti Komisijai susidaryti pradinę nuomonę dėl ginčijamos pagalbos dalinio ar visiško suderinamumo, ir to paties straipsnio 2 dalyje numatytą tyrimo etapą. Tik vykstant pastarajam, kurio tikslas suteikti Komisijai visą informaciją apie bylos aplinkybių visumą, EB sutartis nustato Komisijai pareigą paraginti suinteresuotuosius asmenis pateikti pastabas (minėto sprendimo Cook prieš Komisiją 22 punktas; minėto sprendimo Matra prieš Komisiją 16 punktas; 1998 m. balandžio 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France , C‑367/95 P, Rink. p. I‑1719, 38 punktas ir minėto sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 34 punktas). Jeigu neatlikusi EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytos formalios tyrimo procedūros Komisija to paties straipsnio 3 dalies pagrindu priimtu sprendimu nusprendė, kad pagalba yra suderinama su bendrąja rinka, asmenys, kurie gali pasinaudoti šio straipsnio 2 dalyje numatytomis garantijomis, gali užsitikrinti jų laikymąsi tik turėdami galimybę ginčyti šį sprendimą Bendrijos teisme (minėto sprendimo Cook prieš Komisiją 23 punktas; minėto sprendimo Matra prieš Komisiją 17 punktas ir minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 40 punktas). Dėl šių motyvų Bendrijos teismas pripažįsta priimtiną suinteresuotojo asmens pagal EB 88 straipsnio 2 dalį pareikštą ieškinį dėl EB 88 straipsnio 3 dalimi pagrįsto sprendimo panaikinimo, kai tokį ieškinį pateikęs asmuo siekia apginti savo procesines teises, kurias numato pirmoji nuostata (minėto sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 35 punktas). Tačiau suinteresuotieji asmenys EB 88 straipsnio 2 dalies prasme, kurie pagal EB 230 straipsnio ketvirtąją pastraipą gali pareikšti ieškinį dėl panaikinimo, yra asmenys, įmonės ar asociacijos, kurių interesams gali padaryti poveikį pagalbos suteikimas, pavyzdžiui, pagalbos gavėjų įmonės konkurentės ir verslininkų organizacijos (minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 41 punktas). Tačiau jei ieškovas kelia klausimą dėl paties sprendimo, kuriuo vertinama pagalba, tik aplinkybės, kad jis gali būti laikomas suinteresuotuoju asmeniu EB 88 straipsnio 2 dalies prasme, neturėtų pakakti pripažinti ieškinį nepriimtiną. Taigi jis turi įrodyti, kad turi ypatingą statusą pagal Bendrijos teismų praktiką minėtame sprendime Plaumann prieš Komisiją . Taip yra, pavyzdžiui, tada, kai ieškovo padėtį rinkoje smarkiai paveikia valstybės pagalba, kuri yra skundžiamo sprendimo objektas (minėto sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 37 punktas). Šiuo ieškiniu ieškovė siekia ne tik ginčyti Komisijos atsisakymą pradėti formalią tyrimo procedūrą, bet ir skundžiamo sprendimo pagrįstumą. Todėl reikia išnagrinėti, ar ji tinkamai nurodė priežastis, dėl kurių AGL gali labai paveikti bent vieno jos nario padėtį nerūdinių medžiagų rinkoje. Šiuo atveju, kalbant visų pirma apie materialią AGL taikymo sritį, reikia pastebėti, jog iš skundžiamo sprendimo yra aišku (12 ir 13 konstatuojamosios dalys), kad šio mokesčio tikslas yra dalį neapdirbtų nerūdinių medžiagų paklausos pakeisti kitais produktais, kurie yra neapmokestinti, siekiant paskatinti jų naudojimą vietoj nerūdinių medžiagų ir sumažinti neapdirbtų nerūdinių medžiagų išgavimą. Remiantis skundžiamame sprendime išdėstytais ir niekieno neginčytais Jungtinės Karalystės institucijų skaičiavimais, šis mokestis leistų sumažinti neapdirbtų nerūdinių medžiagų paklausą vidutiniškai apie 8–9 % per metus. Kadangi AGL iš esmės siekiama perskirstyti neapdirbtų nerūdinių medžiagų, kurios apmokestinamos šiuo mokesčiu, ir pakaitų, kurie yra neapmokestinami, rinką, dar reikia nustatyti, ar jis gali labai pakeisti kai kurių ieškovės narių konkurencinę padėtį. Šiuo atžvilgiu, priešingai nei tvirtina Komisija, dublike ieškovės pateikta informacija dėl detalesnės kai kurių jos narių padėties neturėtų būti laikoma pateikta pavėluotai pagal Procedūros reglamento 48 straipsnio 1 dalį. Iš tiesų tai yra besitęsiančio ginčo tarp šalių dalis. Ji, atsakant į Komisijos argumentus dėl nepriimtinumo, tik papildo ieškinyje pateiktus argumentus, jog AGL turi neigiamą poveikį įmonių, ieškovės narių, prekiaujančių apmokestinamomis mokesčiu medžiagomis, konkurencinei padėčiai. Kadangi bet kuriuo atveju ieškinio priimtinumo sąlygas Bendrijos teismas gali nagrinėti bet kuriuo metu savo iniciatyva, niekas jam nedraudžia atsižvelgti į dublike pateiktą papildomą informaciją. Tačiau pagal dublike pateiktą papildomą informaciją, kurios neginčija nei Komisija, nei įstojusi į bylą šalis, kai kurie ieškovės nariai, pavyzdžiui, Torrington Stone , Sherburn Stone Co. Ltd ir Cloburn Quarry , yra tiesioginiai neapmokestinamųjų medžiagų gamintojų, kurie tapo konkurencingi dėl nustatyto mokesčio įvedimo, konkurentai. Konkrečiai kalbant, ieškovė nurodė, kad Torrington Stone , eksploatuojanti Devone karjerą, gamindavo nepjautą statybinį akmenį ir grindinio akmenį, parduodamą gamyklos kaina vidutiniškai po <...> GBP už toną, bei pjautą statybinį akmenį, parduodamą gamyklos kaina vidutiniškai po <...> GBP už toną . Šie produktai sudaro 3–5 % išgaunamos uolienos. Likusius 95 % sudaro subproduktai, šiuo atveju įprasti ertmėms užpildyti skirti produktai (parduodami gamyklos kaina vidutiniškai po <...> GBP už toną) ir smulkinti ertmėms užpildyti skirti produktai (parduodami gamyklos kaina vidutiniškai <...> GBP už toną). Tik pjautas statybinis akmuo yra neapmokestinamas AGL. Iki šio mokesčio įvedimo ertmėms užpildyti skirti produktai buvo parduodami 50 kilometrų spinduliu. Po mokesčio įvedimo jie šioje vietovėje konkuruoja su neapmokestinamomis AGL antrinėmis medžiagomis, išgaunamomis, pavyzdžiui, iš kaolino karjerų, esančių toliau nei už 80 kilometrų. Dėl Sherburn Stone , kuri eksploatuoja Barton karjerą Jorkšyre, ieškovė pažymėjo, kad ji išgauna griežtus techninius reikalavimus atitinkančias medžiagas, skirtas aukštos kokybės betonui gaminti. Šie produktai, sudarantys 50 % išgautos uolienos, kurių vidutinė gamyklos pardavimo kaina siekia <...> GBP už toną, apmokestinami AGL. Iš likusių 50 % išgautos uolienos Sherburn Stone gamina molingą mišinį, naudojamą ertmėms užpildyti, parduodamą gamykline kaina vidutiniškai po <...> GBP už toną. Įvedus AGL šių produktų pardavimas tapo sudėtingesnis, o jų sankaupos sunkiai valdomos. Dėl Cloburn Quarry, kuri eksploatuoja karjerą Škotijoje, ieškovė paaiškino, kad gamindama savo produkciją ji orientavosi į aukštos kokybės nerūdines medžiagas, dėl kurių gali atsipirkti didesnės transportavimo išlaidos. Visi šie produktai yra apmokestinami AGL. Šios įmonės gaminama rausva skalda ir griežtus techninius reikalavimus atitinkantis granitas, naudojami kaip balastas ar aukštos kokybės betonui arba su asfaltu, yra parduodami gamyklos kaina vidutiniškai po <...> GBP už toną, nekonkuruoja su mokesčiu neapmokestinamomis medžiagomis, išgautomis iš kaolino ar skalūno produkcijos. Tačiau 25 % antrinių produktų, išgautų Cloburn Quarry karjere, kurių didžiausią dalį sudaro smulkinti ertmes užpildantys produktai, parduodami gamyklos kaina vidutiniškai po <...> GBP už toną , konkuruoja su neapmokestinamomis medžiagomis. Šiame kontekste, siekiant įrodyti, kad minėtų įmonių konkurencinė padėtis nėra paveikta, Komisijos nurodyta aplinkybė, jog didžiausia pagal apyvartą jų veiklos dalis yra nesusijusi su nerūdinėmis medžiagomis ir todėl neapmokestinama mokesčiu, nėra tinkama, nes šių įmonių veikla nerūdinių medžiagų rinkoje nėra visai nereikšminga, lyginant su jų pagrindine veikla. Bet kuriuo atveju iš pateiktų skaičių yra aišku, kad antrinių produktų panaudojimas kaip nerūdinių medžiagų komerciniams tikslams sudaro sąlygiškai svarbią minėtų įmonių veiklos dalį. Atsižvelgiant į įvairią ieškovės pateiktą informaciją reikia nuspręsti, kad ji įrodė ne tik tai, jog ginčijama valstybės priemonė galėjo paveikti kai kurių jos narių, kurie galėjo pareikšti ieškinį dėl Komisijos skundžiamo sprendimo nepradėti formalios tyrimo procedūros, konkurencinę padėtį, bet dar ir tai, kad šis poveikis buvo didelis. Iš to yra aišku, kad Komisijos šio ieškinio atžvilgiu pareikštas pagrindas dėl nepriimtinumo, kiek jis susijęs su skundžiamame sprendime numatytu materialios AGL taikymo srities apibrėžimo patvirtinimu, turi būti atmestas. Antra, kalbant apie eksporto neapmokestinimą, ieškovė tvirtina, kad šis neapmokestinimas turi taip pat neigiamą poveikį jos narių, kurie eksportuoja labai mažai arba visai neeksportuoja, priešingai nei jų svarbiausi konkurentai Jungtinės Karalystės rinkoje, konkurencinei padėčiai. Iš tiesų eksporto neapmokestinimas suteikia jų konkurentams, o ypač eksploatuojantiems Glesanda karjerą, iš kurio išgaunama daugiau nei 90 % eksportuojamų nerūdinių medžiagų, privalumą į Jungtinėje Karalystėje parduodamų produktų kainą neįtraukti nuostolių. Priešingai, ieškovės nariai turi parduoti savo apmokestinamąsias nerūdines medžiagas nuostolingai ir padalyti mokesčio išlaidas visiems savo produktams. Atsakant į raštu pateiktus Pirmosios instancijos teismo klausimus, ieškovės papildomai pateikta informacija leidžia spręsti, kad eksporto neapmokestinimas gali padaryti didelį poveikį bent vieno ieškovės nario konkurencinei padėčiai. Iš tiesų ieškovė nurodo, o tam neprieštaravo nei Komisija, nei įstojusi į bylą šalis, kad aukštus techninius reikalavimus atitinkančių nerūdinių medžiagų, naudojamų kaip geležinkelių balastas (apmokestinami AGL), rinkoje Cloburn Quarry tiesiogiai konkuruoja su Glensanda karjeru, kuris taip pat kaip ir Cloburn Quarry yra Škotijoje. Tačiau kaip dublike, neprieštaraujant kitoms šalims, teigia ieškovė, Glensanda karjeras eksportuoja 50 % savo produkcijos. Ieškovė iš to padarė tinkamą išvadą, kad neaukštus techninius reikalavimus atitinkančių medžiagų eksporto neapmokestinimas šį karjerą eksploatuojančioms įmonėms suteikia konkurencinį pranašumą Škotijos aukštus techninius reikalavimus atitinkančių nerūdinių medžiagų rinkoje, nes, priešingai nei Cloburn Quarry , kuri nuostolingai parduoda savo neaukštus techninius reikalavimus atitinkančias nerūdines medžiagas Jungtinėje Karalystėje ir šį nuostolį padengia aukštus techninius reikalavimus atitinkančių medžiagų kaina, bendra AGL suma, kurią Glensanda karjeras turi atsiimti iš savo klientų vidaus rinkoje, yra 50 % proporcingai mažesnė, palyginti su suma, kurią atsiima neeksportuojantis konkurentas. Darytina išvada, kad šio ieškinio, kiek jis yra nukreiptas prieš skundžiamo sprendimo pritarimą eksporto neapmokestinimui, atžvilgiu Komisijos pareikštas prieštaravimas dėl priimtinumo taip pat turi būti atmestas. Dėl minėtų priežasčių reikia taip pat atmesti papildomą Komisijos argumentą, jog nagrinėjant ieškinį dėl Komisijos sprendimo pasibaigus preliminaraus valstybės pagalbos tyrimo etapui nepareikšti prieštaravimų dėl valstybės pagalbos priemonės, priimtinas yra tik vienintelis, su pareigos pradėti formalią tyrimo procedūrą pažeidimu susijęs ieškinio pagrindas. Šiuo atveju, atsižvelgiant į didelį poveikį kai kurių jos narių konkurencinei padėčiai rinkoje, ieškovė turi teisę remtis bet kuriuo EB 230 straipsnio antrojoje pastraipoje išvardytu neteisėtumo pagrindu (žr. minėto sprendimo Komisija prieš Aktionsgemeinschaft Recht und Eigentum 37 punktą). Todėl visi šio ieškinio pagrindai turi būti pripažinti priimtini. Dėl bylos esmės Pagrįsdama savo ieškinį ieškovė nurodė, pirma, EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimą, antra, nemotyvavimą, trečia, Komisijos pareigos pradėti formalią tyrimo procedūrą pažeidimą ir, ketvirta, šios institucijos netinkamą pareigų atlikimą per preliminarų tyrimą. Pirmosios instancijos teismas mano, kad reikia sujungti pirmus du pagrindus. Dėl pagrindų, susijusių su EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir nemotyvavimu Šalių argumentai Ieškovė pirmiausia pažymi, kad sąlyga, susijusi su pagalbos atrankiniu taikymu, yra įvykdyta, nes siekiamų tikslų atžvilgiu mokesčių sistema skirtingai traktuoja panašioje padėtyje esančius ūkio subjektus, o tai yra nepateisinama remiantis sistemos pobūdžiu ir bendrąja jos schema (2001 m. lapkričio 8 d. Teisingumo Teismo sprendimo Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke , C‑143/99, Rink. p. I‑8365, 41 ir 42 punktai). Minėtame sprendime Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke Teisingumo Teismas nusprendė, kad neapmokestinimas ekologiniu mokesčiu, taikomu energiją vartojančioms įmonėms, kurių suvartojimas viršijo tam tikrą ribą, apėmė valstybės pagalbos elementus, nes šis neapmokestinimas galėjo būti taikomas tik prekes gaminančioms įmonėms. Šiuo klausimu ieškovė pažymi, kad Adria-Wien Pipeline buvo paslaugų teikimo bendrovė, kuri nekonkuravo su neapmokestinimu besinaudojančiomis įmonėmis. Šiuo atveju AGL kvalifikavimas kaip išskirtinės mokestinės naštos, o ne išskirtinės mokestinės naudos, būtų tik formalus ir neturėtų įtakos analizei. Šiuo klausimu Komisijos argumentai, pagrįsti atrankiniu mokesčio taikymu, yra labai artimi generalinio advokato J. Mischo argumentacijai jo išvadoje minėtam sprendimui Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Rink. p. I‑8369). Tačiau sprendime Teisingumo Teismas atmetė generalinio advokato argumentaciją, kurioje buvo pateikta nuomonė, kad ginčijama mokesčių sistema nėra pasirenkamojo pobūdžio, nes, pirma, neapmokestinimas nėra įprastos taisyklės išimtis, antra, nevienodai traktuojama buvo skirtingiems sektoriams ir, trečia, mokesčio taikymo sritis buvo pagrįsta objektyviais kriterijais. Šiuo atveju Komisija padarė akivaizdžią vertinimo klaidą nuspręsdama, kad materiali ir geografinė AGL taikymo sritis yra pateisinama šios mokesčių sistemos logika ir schema ir todėl AGL nėra valstybės pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme. Pirmiausia dėl apmokestinamų ir neapmokestinamų mokesčiu medžiagų atskyrimo ieškovė teigia, kad Komisija skundžiamame sprendime neapibrėžė objektyviai atitinkamos neapdirbtų nerūdinių medžiagų rinkos. Toliau neapdirbtų nerūdinių medžiagų atveju ieškovė iš esmės remiasi skirtumu tarp pirminės medžiagos, kuri yra pagrindinis iš karjero išgautas produktas, ir antrinės medžiagos, kuri yra nedidelės vertės subproduktas, neišvengiamai gaunamas išgaunant pirminę medžiagą. Ieškovės nuomone, nagrinėjamos mokesčio sistemos logika reikalavo, kad AGL būtų taikomas pirminėms medžiagoms, naudojamoms kaip nerūdinės medžiagos, kurias gali pakeisti pakaitai (antriniai karjerų ar kasyklų produktai, perdirbti produktai ar kiti pakaitai). Tačiau pirminės medžiagos, kurios negali būti pakeistos, bei antrinės medžiagos, gautos išgaunant pirmines medžiagas, turėtų būti neapmokestinamos. Iš tiesų pastarųjų dviejų medžiagų rūšių apmokestinimas, nesant pirminių medžiagų pakaitų, negali nukreipti paklausos į mažiau žalingus aplinkai pakaitus. Ieškovė sutinka, kad Įstatymas, kuris nustatė apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų medžiagų sąrašą, nevartoja terminų „pirminės“ ir „antrinės“ medžiagos ir kad tai nėra vienintelės galimos sąvokos. Tačiau ji priekaištauja Komisijai dėl to, kad ji vartojo šiuos terminus skundžiamame sprendime jų neapibrėžusi, o tai sukėlė painiavą. Be to, Komisija skundžiamame sprendime (29 konstatuojamoji dalis) klaidingai patvirtino, kad AGL „netaikomas nerūdinėms medžiagoms, išgautoms kaip kitų procesų subproduktai arba atliekos (antrinės nerūdinės medžiagos)“. Tačiau kai kurios antrinės nerūdinės medžiagos (pavyzdžiui, produktai, gauti iš kalkakmenio, skirti kalkėms arba cementui gaminti, arba produktai, gauti išgaunant kvarcinį smėlį, naudojamą stiklo gamyboje) yra apmokestinamos. Šis teiginys rodo Komisijos akivaizdžiai klaidingą AGL pobūdžio įvertinimą. Be to, skundžiamas sprendimas yra pagrįstas Įstatyme nustatytu AGL vertinimu. Be to, kalbant apie AGL tikslus, Komisija, kaip ir įstojusi į bylą šalis, skundžiamame sprendime rėmėsi tik aplinkos apsaugos problemomis, susijusiomis su medžiagų, naudojamų kaip nerūdinės medžiagos, išgavimu. Tačiau, priešingai Komisijos teiginiui, mokesčio taikymo srities apibrėžimas neatitinka siekiamo tikslo ir iš esmės siekia internalizuoti nerūdinių medžiagų gavybos aplinkos apsaugos sąnaudas ir paskatinti perdirbtų medžiagų ar kitų pakaitų naudojimą, siekiant sumažinti išgavimo daromą žalą aplinkai. Šiuo aspektu iš esmės Įstatymas skirtingai traktuoja panašias situacijas. Pirmiausia didelė pirminių produktų grupė, būtent molžemis, šiferis, kaolinas, molis ir skalūnas bei jų antriniai produktai neapmokestinami AGL. Šių produktų išgavimas karjeruose daro tokį patį poveikį aplinkai, kaip ir apmokestinamųjų, pavyzdžiui, kalkakmenio ar granito. Tačiau kai kurie iš šių pirminių produktų, pavyzdžiui, molis, naudojamas plytelių gamyboje, arba skalūnas, naudojamas plytų gamyboje, gali būti pakeisti medžiagomis, išgautomis karjeruose, esančiuose srityse, kur aplinka yra mažiau jautri, arba antrinėmis medžiagomis, siekiant gaminti kitokių rūšių plyteles ar statybinius blokelius, kurie yra plytų pakaitai. Be to, medžiagos, pavyzdžiui, žemos kokybės skalūnas ir šiferis, taip pat ir molžemis, kaolinas bei molis, išgaunamos daugelyje Jungtinės Karalystės karjerų ir kaip pirminės medžiagos naudojamos kaip nerūdinės medžiagos, yra neapmokestintos, nepaisant to, kad jas gali pakeisti pakaitai. Šiuo atveju ieškovė atmeta Komisijos ir įstojusios į bylą šalies argumentus, jog šios medžiagos yra neapmokestinamos, nes jos nėra nerūdinės medžiagos. Ji teigia, kad sąvoka „nerūdinės medžiagos“ nurodo galutinę medžiagos paskirtį, o ne konkrečią medžiagų grupę. Minėtos neapmokestinamosios medžiagos daugiausia dėl jų transportavimo išlaidų praeityje Jungtinėje Karalystėje buvo retai naudojamos kaip nerūdinės medžiagos. Tačiau jų neapmokestinimas paskatino šių pirminių medžiagų naudojimą kaip nerūdinių medžiagų. Mokesčio netaikymas šioms medžiagoms nepateisinamas nei AGL pobūdžiu, nei jo bendra schema. Ieškovė šiuo klausimu remiasi minėtu sprendimu Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (52 ir 53 punktai) ir 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu Diputación Foral de Guipúzcoa ir kt. prieš Komisiją (T‑269/99, T‑271/99 ir T‑272/99, Rink. p. II‑4217, 62 punktas). Antra, kitos pirminės medžiagos yra apmokestinamos AGL, nors jos negali būti pakeistos pakaitais. Ieškovė nurodo rausvą skaldą, dėl savo ypatingos spalvos naudojamą pėsčiųjų ir dviračių takų paviršiams, aukštus techninius reikalavimus atitinkančias nerūdines medžiagas, pavyzdžiui, kelių tiesimui naudojamas medžiagas, arba aukštus techninius reikalavimus atitinkantį granitą, naudojamą geležinkelių balastui, ir nerūdines medžiagas, naudojamas silpno susitraukimo ar didelio atsparumo betono gamyboje. Dėl šių medžiagų techninių charakteristikų jų beveik neįmanoma pakeisti pakaitais. Dėl aukštos kainos jie nenaudojami ertmėms užpildyti. Trečia, AGL taikomas didelei pirminių medžiagų, kurios yra neapmokestinamos, antrinių produktų grupei, pavyzdžiui, kalkakmeniui, naudojamam cemento ar kalkių gamyboje, uolienai plokštėms gaminti, ir medžiagoms, kaip antai kvarcinis smėlis arba kalkakmenis, skirtoms tam tikram pramoniniam naudojimui (pavyzdžiui, stiklo gamyboje). Šios pirminės medžiagos negali būti pakeistos pakaitais. Šie nukrypimai nuo mokesčių sistemos ir schemos, kuriais remiasi Komisija, rodo, kad AGL taikymo sritis iš tiesų atspindi norą neapmokestinti mokesčiu tam tikrų sektorių, kad būtų apsaugotas jų konkurencingumas. Tai patvirtina įvairūs Jungtinės Karalystės institucijų pareiškimai, būtent prie ieškinio pridėtas nerūdinių medžiagų apmokestinimo poveikio įvertinimas, kuriame pabrėžiama, jog „kai kurios (neapmokestinamosios) medžiagos yra svarbios produktų, kuriais prekiaujama pasauliniu mastu, sudėtinės dalys, kurių Jungtinės Karalystės gamintojai būtų nepalankioje konkurencinėje padėtyje importuotojų ir eksporto rinkų atžvilgiu“, ir Europos Sąjungos ekologinių mokesčių studija, taip pat pridėta prie ieškinio. Antra, ieškovė teigia, kad nerūdinių medžiagų eksporto neapmokestinimas taip pat prieštarauja tariamiems AGL aplinkos apsaugos tikslams. Šiuo neapmokestinimu siekiama apsaugoti tik Britanijos produktų konkurencingumą eksporto rinkose. Tačiau, kalbant apie ekologinius mokesčius, principas „teršėjas moka“ yra esminis kriterijus nustatant valstybės pagalbos buvimą (generalinio advokato F. Jacobs išvada 2003 m. lapkričio 20 d. Teisingumo Teismo sprendimui GEMO , C‑126/01, Rink. p. I‑13769, I‑13772). Šiuo klausimu ieškovė ginčija Komisijos atsiliepime į ieškinį pateiktą paaiškinimą, jog AGL yra netiesioginis vartojimo mokestis. Šio paaiškinimo nebuvo skundžiamame sprendime, be to, jis yra klaidingas. Jis nepadaro eksporto neapmokestinimo teisėto, kaip rodo Švedijoje įvestas nerūdinių medžiagų mokesčio pavyzdys, kur eksportas nėra neapmokestinamas. Kadangi nerūdinių medžiagų mokesčiu siekiama išspręsti aplinkos apsaugos problemas, susijusias su gamyba, paprastai neturėtų kilti dvigubo apmokestinimo rizika. Skundžiamo sprendimo motyvai, pagrįsti tuo, jog Jungtinės Karalystės institucijos nekontroliuoja eksportuojamų nerūdinių medžiagų paskirties vietos, yra klaidingi. Iš tiesų dėl cheminių savybių yra lengva atskirti nerūdines medžiagas, naudojamas neapmokestinamuosiuose procesuose, nuo apmokestinamų mokesčiu nerūdinių medžiagų. Galiausiai ieškovė teigia, kad ginčijamas sprendimas yra ydingas dėl to, jog jame nėra nurodyti motyvai. Komisija turi apsispręsti dėl nurodytų traktavimo skirtumų, kurie yra nesuderinami su AGL tikslais, nes jie nėra „akivaizdžiai nesusiję, nesvarbūs ar aiškiai antraeiliai“ (minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 64 punktas). Komisija atmeta šį argumentą. Ji tvirtina, kad sektorinės priemonės atveju atrankinio taikymo kriterijus yra tenkinamas, jei ši priemonė suteikia išskirtinį pranašumą (1999 m. birželio 17d. Teisingumo Teismo sprendimo Belgija prieš Komisiją , „Maribel“, C‑75/97, Rink. p. I‑3671, 32 ir 33 punktai ir minėto sprendimo Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke , 48 punktas). Priešingai, schema, tam tikrame sektoriuje uždedanti išskirtinę naštą, nėra valstybės pagalba. Iš tiesų ji nekelia grėsmės vidaus rinkai, kurią saugo su valstybės pagalba susijusios nuostatos. Taigi išskirtinis mokestis neturi jokių valstybės pagalbos požymių, jei jis taikomas nustatytame sektoriuje arba jei jį reglamentuojančios nuostatos susijusios su sistemos pobūdžiu ar jos bendrąja schema. Šiuo atveju AGL yra išskirtinė mokestinė našta, apsunkinanti nustatytą ir apibrėžtą sektorių, t. y. neapdirbtų nerūdinių medžiagų naudojimo komerciniais tikslais sektorių. Jis nesuteikia jokio atrankinio pranašumo ir todėl į Jungtinę Karalystę nepritraukia investuotojų ar naujas darbo vietas kuriančių subjektų, neišstumia iš Britanijos rinkos nerūdinių medžiagų iš kitų valstybių narių ir nesubsidijuoja eksporto. Todėl AGL netaikomos EB 87 straipsnio 1 dalies nuostatos, apibrėžiančios valstybės pagalbą, tačiau taikomos sutarties nuostatos, reglamentuojančios mokesčių sritį. Todėl ieškovės nurodytas minėtas sprendimas Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke su šia byla nesusijęs. Kalbant apie Įstatymo pakeitimus, padarytus po pranešimo apie ginčijamos pagalbos schemos projektą, kuriais remiasi ieškovė, Komisija pabrėžia, kad iki skundžiamo sprendimo priėmimo ji buvo informuota raštu, o vėliau ir žodžiu, apie Įstatymo pakeitimo projektus. AGL neturi jokių pagalbos požymių, nes, Komisijos teigimu, nurodytos išimtys dėl neapmokestinamųjų medžiagų yra susijusios su sistemos pobūdžiu ir jos schema. Pirmiausia Komisija atmeta ieškovės nurodytus nenuoseklumus, susijusius su AGL taikymo sritimi. Ji teigia, kad tik neapdirbtos nerūdinės medžiagos yra apmokestinamos AGL. Be to, kai kurios medžiagos, naudojamos kaip nerūdinės medžiagos, dėl savo mažesnės kainos naudojasi neapmokestinimu, būdingu sistemos pobūdžiui ir jos schemai, nes jos gali pakeisti neapdirbtas nerūdines medžiagas. Tačiau kalkakmenis arba smėlis, būdami pirmojo išgavimo antriniai produktai, naudojami kaip nerūdinės medžiagos, galėtų būti pakeisti perdirbtomis nerūdinėmis medžiagomis arba kitais pakaitais, o tai pateisina jų apmokestinimą AGL. Be to, jų apmokestinimas rodo ir norą atsižvelgti į jų išgavimo aplinkos apsaugos sąnaudas. Kadangi kai kurių medžiagų neapmokestinimas, Komisijos teigimu, yra pateisinamas sistemos ir jos schema, ieškovės nurodyta aplinkybė, kad šios medžiagos konkuruoja su mokesčiu apmokestinamomis nerūdinėmis medžiagomis, neleidžia daryti išvados, kad mokestis turi valstybės pagalbos elementų. Antra, eksporto neapmokestinimas taip pat atitinka AGL logiką. Galiausiai skundžiams sprendimas yra pakankamai motyvuotas. Įstojusi į bylą šalis sutinka su Komisijos pastabomis. Ji pabrėžia, kad AGL buvo nuspręsta įvesti tam, kad jis užtikrintų, jog neapdirbtų nerūdinių medžiagų išgavimo poveikis aplinkai atsispindėtų kainoje. Prioritetiniai šio mokesčio tikslai yra paskatinti pakaitų, pavyzdžiui, perdirbtų nerūdinių medžiagų ar kitų neapdirbtų nerūdinių medžiagų pakaitų naudojimą ir efektyvų nerūdinių medžiagų naudojimą bei pakaitų vystymą. Papildomas tikslas yra išlaikyti Jungtinės Karalystės konkurencingumą apmokestinant importuotus produktus ir neapmokestinant eksporto. Kaip patvirtino High Court of Justice minėtame 2002 m. balandžio 19 d. sprendime, AGL struktūra ir taikymo sritis yra suderinama su mokesčių sistemos pobūdžiu ir jos schema. Iš tiesų atsižvelgiant į mokesčio tikslus jis yra taikomas visoms neapdirbtoms nerūdinėms medžiagoms. Jis netaikomas nei medžiagoms, naudojamoms kitiems tikslams nei naudojimas kaip nerūdinių medžiagų, nei per kitus procesus gaunamoms atliekoms. Kaolinas ir molis neapmokestinami AGL, nes jie nėra nerūdinės medžiagos. Juos išgaunat iškastos žemės, atliekos ir kiti subproduktai yra taip pat neapmokestinami, siekiant paskatinti jų, kaip neapdirbtų nerūdinių medžiagų, naudojimą. Šiferis, anglis ir lignitas nėra neapdirbtos nerūdinės medžiagos, naudojamos kaip nerūdinės. Jų atliekos sudarytos iš tokių pačių medžiagų ir todėl yra taip pat neapmokestinamos. Kalkakmenis yra apmokestinamas, nes yra priskiriamas neapdirbtų nerūdinių medžiagų kategorijai. Todėl jo mineralogijos požiūriu identiški subproduktai taip pat yra apmokestinami. Tik kalkių ar cemento gamyboje naudojamas kalkakmenis yra neapmokestinamas. Pirmosios instancijos teismo vertinimas Šioje byloje ginčas vyksta dėl Komisijos atrankos kriterijų taikymo skundžiamame sprendime, kai ji atmetė valstybės pagalbos kvalifikavimą tuo pagrindu, kad „AGL taikymo sritis pateisinama mokesčių sistemos logika ir jos schema“ (43 konstatuojamoji dalis). Reikia priminti, kad priemonė turi suteikti atrankinį pranašumą, naudingą tik kai kurioms įmonėms ar veiklos sektoriams, kad ją būtų galima pripažinti valstybės pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme. Iš tiesų šiame straipsnyje kalbama apie pagalbą, kuri iškraipo konkurenciją ar gali ją iškraipyti „palaikydama tam tikras įmones ar tam tikrų prekių gamybą“. Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką EB 87 straipsnio 1 dalis neskirsto priemonių, kurios sumažina įprastai nustatytą mokesčių naštą įmonėms, pagal jų priežastis ar tikslus, bet apibrėžia priemonę pagal jos poveikį. Todėl nei mokestinio pobūdžio, nei ekonominių, socialinių, aplinkos ar asmenų apsaugos tikslų, kurių yra siekiama tokia priemone, nepakanka tam, kad jai nebūtų taikomas minėtas straipsnis (žr. apie atrankinįį neapmokestinimą socialiniais mokesčiais 1974 m. liepos 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo Italija prieš Komisiją , 173/73, Rink. p. 709, 27 ir 28 punktus ir minėto sprendimo Maribel 25 punktą; apie atrankinio palūkanų subsidijavimo schemą, skirtą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), siekiant renovuoti pramoninių transporto priemonių parką aplinkos apsaugos ir kelių eismo saugumo pagerinimo tikslais, žr. 2003 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo Ispanija prieš Komisiją , C‑409/00, Rink. p. I‑1487, 46 punktą ir 2000 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo CETM prieš Komisiją , T‑55/99, Rink. p. II‑3207, 53 punktą). Nagrinėdamas priemonės pasirenkamąjį pobūdį, Bendrijos teismas tikrina, ar Komisija teisingai padarė išvadą, kad aptariamos priemonės įvesta įmonių diferenciacija pranašumo ar mokesčių naštos atžvilgiu atsiranda dėl bendros taikomos sistemos pobūdžio ar jos schemos. Jei ši diferenciacija grindžiama ne bendros sistemos siekiamais tikslais, aptariama priemonė iš esmės yra laikoma tenkinančia atrankinio pobūdžio sąlygą, numatytą EB 87 straipsnio 1 dalyje (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo Italija prieš Komisiją 33 punktą; minėto sprendimo Maribel 33 ir 39 punktus ir minėto sprendimo Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke 49 punktą). Ieškovė turi pateikti pakankamus įrodymus (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo Ispanija prieš Komisiją 53 punktą ir 2002 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą Diputación Foral de Álava ir kt. prieš Komisiją , T‑127/99, T‑129/99 ir T‑148/99, Rink. p. II‑1275). Šia Bendrijos teismų praktika Komisija rėmėsi 1998 m. gruodžio 10 d. pranešime dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo su tiesioginiu verslo apmokestinimu susijusioms priemonėms (OL C 384, p. 3). Šiuo atveju reikia išnagrinėti, ar nagrinėjamas mokestis, atsižvelgiant į jo pobūdį ir charakteristikas, yra pasirenkamojo pobūdžio, vertinant pagal nurodytos Bendrijos teismų praktikos nustatytus kriterijus. Ieškovė, siekdama įrodyti, kad šie kriterijai yra įvykdyti, nurodo AGL materialios taikymo srities apibrėžimo ir eksporto neapmokestinimo neatitikimą iškeltiems aplinkos apsaugos tikslams. –       Materiali mokesčio taikymo sritis Pirmiausia reikia išnagrinėti ieškovės kaltinimą, jog Komisija, apsiribodama tik nuoroda į Įstatymo nustatytą apmokestinamųjų medžiagų sąrašą, iš tiesų rėmėsi netiksliu materialios AGL taikymo srities apibrėžimu, dėl ko skundžiamame sprendime buvo padaryta akivaizdi mokesčio pobūdžio vertinimo klaida. Pirmiausia ieškovė nepateikia jokių rimtų įrodymų, leidžiančių manyti, kad skundžiamas sprendimas pagrįstas pradinėje Įstatymo redakcijoje nustatytu AGL vertinimu. Nors atitinkamos Įstatymo nuostatos, nustatančios AGL, dar nebuvo pakeistos tuo metu, kai 2001 m. gruodžio 20 d. laišku buvo pranešta apie šį mokestį, reikia konstatuoti, kad pranešimas aiškiai informavo Komisiją, jog pakeitimai bus padaryti Finance Act 2002 ir kad numatytas projektas, kuris, kaip teigiama pranešime, sudarys dalį Finance Act 2002 , dar nebuvo parengtas. Be to, skundžiamas sprendimas bei kai kurie bylos dokumentai patvirtina, kad vėliau Komisija, priimdama skundžiamą sprendimą, atsižvelgė į pakeitimus, būtent į jų nustatytą anglies, lignito, šiferio ir skalūno ar kitų Įstatymo 18 straipsnio 3 dalyje išvardytų mineralų išgavimo atliekų neapmokestinimą. Iš tiesų 2002 m. vasario 19 d. laiške Komisijai Jungtinės Karalystės institucijos, atsakydamos į šios institucijos klausimą, paaiškino, kad kai kurių šių medžiagų atleidimu nuo mokesčio siekiama, kad jos būtų naudojamos kaip neapdirbtų nerūdinių medžiagų pakaitai. Be to, iš skundžiamo sprendimo (11 ir 29 konstatuojamosios dalys) yra aišku, kad Komisija atsižvelgė į šių atliekų neapmokestinimą. Ieškovės tvirtinimas, kad ypač skundžiamo sprendimo 29 konstatuojamoji dalis rodo, kad Komisija padarė klaidą nuspręsdama, jog visi uolienų, smėlio ar žvirgždo išgavimo antriniai produktai arba atliekos yra neapmokestinamos, taip pat turi būti atmestas. Ieškovės pasiūlytos ginčytinos 29 konstatuojamosios dalies nuostatos, kurios teigia, kad AGL „neapmokestinamos nerūdinės medžiagos, išgautos kaip kitų procesų subproduktai arba atliekos (antrinės nerūdinės medžiagos)“, aiškinimas yra pagrįstas terminu „antrinės nerūdinės medžiagos“ aiškinimu, kuris skiriasi nuo Komisijos termino, kurio ji laikėsi visame skundžiamame sprendime. Iš tiesų iš atsakovės atsakymų į Pirmosios instancijos teismo raštu pateiktus klausimus yra aišku, kad ji vartojo terminą „pirminės nerūdinės medžiagos“ iš esmės apibrėždama AGL apmokestinamąsias nerūdines medžiagas, o terminą „antrinės nerūdinės medžiagos“ – apibrėždama neapmokestinamąsias, tiksliai išvardytas Įstatyme, nerūdines medžiagas. Todėl terminus, kurie, šalių nuomone, gali reikšti skirtingus dalykus, ieškovė vartoja karjero pagrindinės veiklos produktams (pirminės medžiagos) atskirti nuo antrinių produktų, gaunamų išgaunant pirmines medžiagas (antrinės medžiagos). Esant šioms aplinkybėms, atsižvelgiant į skundžiamo sprendimo kontekstą ir į Komisijos pateiktus paaiškinimus, skundžiamo sprendimo ginčijama 29 konstatuojamoji dalis reiškia tik tai, kad pirmojo išgavimo antriniai produktai ir atliekos neapmokestinami AGL, jei tai numatyta iš dalies pakeistame Įstatyme. Tokį 29 konstauojamosios dalies aiškinimą patvirtina ir tai, kad 2002 m. vasario 19 d. laiške Komisijai Jungtinės Karalystės institucijos aiškiai ir tiksliai pateikė žemesnės nei kai kurių neapmokestinamųjų medžiagų antriniai produktai kokybės (žr. šio sprendimo 137 punktą) nerūdinių medžiagų apmokestinimo AGL motyvus. Esant šioms aplinkybėms ieškovės teiginys, kad skundžiamas sprendimas yra pagrįstas klaidingu AGL materialios taikymo srities apibrėžimu, turi būti atmestas. Kalbant apie tariamą neatitikimą tarp AGL taikymo srities ir jo aplinkos apsaugos tikslų pirmiausia reikia pažymėti, kad mokestis gali būti laikomas aplinkosauginiu arba ekologiniu, „jei šio mokesčio bazė turi aiškų neigiamą poveikį aplinkai“, kaip nusprendė Komisija 1997 m. kovo 26 d. pranešime dėl aplinkosauginių mokesčių ir rinkliavų vieningoje rinkoje (COM (97) 9 galutinis, 11 punktas). Taigi ekologinis mokestis yra savarankiška mokestinė priemonė, pasižyminti aplinkosauginiu tikslu ir specifine mokesčio baze. Ji numato tam tikrų prekių ar paslaugų apmokestinimą tam, kad į jų kainą būtų įtrauktos aplinkos apsaugos sąnaudos ir (ar) kad perdirbti produktai būtų konkurencingesni, o gamintojai ir vartotojai labiau orientuotųsi į palankesnę aplinkai veiklą. Šiuo klausimu svarbu pabrėžti, kad valstybės narės, kurios dabartinėje Bendrijos teisės būklėje, nesant koordinavimo šioje srityje, išlaiko savo kompetenciją aplinkos politikos srityje, siekdamos tam tikrų 114 punkte nurodytų aplinkos apsaugos tikslų gali įsivesti sektorinius ekologinius mokesčius. Valstybės narės, vertindamos esamus skirtingus interesus, gali apibrėžti savo prioritetus aplinkos apsaugos srityje ir nustatyti prekes ar paslaugas, kurias jos nusprendžia apmokestinti ekologiniu mokesčiu. Vadinasi, iš esmės vienintelė aplinkybė, jog ekologinis mokestis yra specifinė priemonė, taikoma tik tam tikroms prekėms ar paslaugoms ir nėra bendros mokesčių sistemos, taikomos visoms panašioms veiklos rūšims, darančioms panašų poveikį aplinkai, dalis, neleidžia daryti išvados, kad neapmokestinamos šiuo ekologiniu mokesčiu panašios veiklos rūšys naudojasi atrankiniu pranašumu. Tokių panašių veiklos rūšių neapmokestinimas ekologiniu mokesčiu, nustatytu tam tikriems specialiems produktams, neturėtų būti prilygintas mokestinei lengvatai šiuose veiklos sektoriuose, panašiai į minėtuose sprendimuose Ispanija prieš Komisiją , CETM prieš Komisiją ir Diputación Foral de Álava ir kt. prieš Komisiją nagrinėjamas priemones. Iš tiesų kitaip nei ekologinis mokestis, kuris kaip tik apibūdinamas pagal jo taikymo sritį ir tikslus (žr. šio sprendimo 114 punktą) ir todėl negali būti priskirtas jokiai bendrai sistemai, minėtos mokestinės lengvatos yra įprastai įmonėms taikomos mokesčių sistemos išimtis. Dviejuose pirmuose minėtuose sprendimuose kalbama apie naštos, kuri esant įprastoms ekonominėms sąlygoms atsirado dėl būtinumo įmonėms atnaujinti pramonines transporto priemones, palengvinimą palūkanų subsidijų forma. Atsižvelgiant į tokio pobūdžio naštos sistemą, aplinkybės, kad šios palūkanų subsidijos, kurios, beje, buvo suteiktos tik MVĮ, buvo skirtos skatinti pramoninių transporto priemonių parkų atnaujinimą atitinkamoje valstybėje narėje, siekiant apsaugoti aplinką ir pagerinti kelių eismo saugumą, nepakako nuspręsti, kad šis pranašumas yra sistemos dalis, o šito ieškovė net neidentifikavo (minėto sprendimo CETM prieš Komisiją 53 ir 54 punktai). Minėtame trečiame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad aptariamas mokestinis kreditas, suteikiamas tik didelius finansinius išteklius turinčioms įmonėms, pažeidė atitinkamos valstybės narės mokesčių sistemos esminius principus (sprendimo 166 punktas). Eant tokiam teisiniam kontekstui, kadangi ekologiniai mokesčiai pagal savo pobūdį yra specialios valstybių narių taikomos priemonės aplinkos apsaugos politikos srityje, kurioje nesant teisės derinimo priemonių jos išlaiko kompetenciją, Komisija, vertindama pagal Bendrijos valstybės pagalbos taisykles ekologinį mokestį, turi atsižvelgti į aplinkos apsaugos reikalavimus, nurodytus EB 6 straipsnyje. Šis straipsnis numato, kad nustatant ir įgyvendinant inter alia sistemą, užtikrinančią, kad nebūtų iškraipyta konkurencija vidaus rinkoje, turi būti atsižvelgiama į šiuos reikalavimus. Be to, reikia priminti, kad kontroliuodamas Komisijos sprendimą nepradėti EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytos formalios tyrimo procedūros, Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į plačius Komisijos įgaliojimus taikant EB 88 straipsnio 3 dalį, turi apsiriboti tik procedūrą ir motyvavimą reglamentuojančių nuostatų laikymosi ir motyvavimo, aplinkybių, kuriomis remiantis buvo priimti sprendimai, tikslumo, akivaizdžios šių aplinkybių vertinimo klaidos nebuvimo, taip pat piktnaudžiavimo įgaliojimais nebuvimo patikrinimu (minėto sprendimo Matra prieš Komisiją 25 punktas ir minėto sprendimo Skibsværftsforeningen ir kt. prieš Komisiją 169 ir 170 punktai). Šioje byloje atsižvelgdamas į visas aplinkybes Pirmosios instancijos teismas turi išnagrinėti, ar Komisija viršijo savo įgaliojimus skundžiamame sprendime nuspręsdama, kad AGL taikymo srities apibrėžimas pateisinamas iškeltais aplinkos apsaugos tikslais. Šis ginčas skiriasi nuo minėtame sprendime Adria-Wien Pipeline ir Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke nagrinėto dalyko, kuriuo remiasi ieškovė. Tame sprendime Teisingumo Teismas turėjo išnagrinėti ne ekologinio mokesčio taikymo srities apibrėžimą, kaip šiuo atveju, o dalinį neapmokestinimą, suteikiamą tik prekes gaminčioms įmonėms, tokiu mokesčiu, kurį nustatė 1996 m. Strukturanpassungsgesetz (Austrijos įstatymas dėl struktūrinio suderinimo) dėl įmonių gamtinių dujų ir elektros energijos vartojimo. Taigi minėtame sprendime ginčijama diferenciacija buvo susijusi ne su nagrinėjamu ekologiniu mokesčiu apmokestinamo produkto rūšimi, o su pramoniniais vartotojais, atsižvelgiant į tai, ar jie vykdė veiklą nacionalinės ekonomikos pirminiame ar antriniame sektoriuose. Teisingumo Teismas nusprendė, kad pranašumo suteikimo įmonėms, kurių pagrindinė veikla yra prekių gamyba, nepateisina bendros mokesčių sistemos, nustatytos Strukturanpassungsgesetz, pobūdis ir jos schema. Iš esmės jis nusprendė, kad kadangi įmonių, gaminančių prekes, ir įmonių, teikiančių paslaugas, sektorių energijos suvartojimas buvo vienodai žalingas aplinkai, ekologiniai motyvai, kuriais rėmėsi Strukturanpassungsgesetz, nepateisino skirtingo šių dviejų sektorių traktavimo. Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas atmetė Austrijos vyriausybės argumentą, pagrįstą mintimi, jog turi būti išsaugotas prekes gaminančių įmonių konkurencingumas, kad dalies nagrinėjamų aplinkosauginių mokesčių grąžinimas tik šioms įmonėms yra pateisinamas tuo, jog tie mokesčiai joms darė proporcingai didesnį poveikį nei kitoms įmonėms (sprendimo 44, 49 ir 52 punktai). Grįsdama savo ieškinį šioje byloje ieškovė tvirtina, kad AGL apmokestinamų medžiagų apibrėžimas neatitinka iškeltų aplinkos apsaugos tikslų, bet iš tikrųjų rodo ketinimą netaikyti mokesčio kai kuriems sektoriams ir apsaugoti jų konkurencingumą. Todėl reikia išnagrinėti AGL materialios taikymo srities apibrėžimo nenuoseklumus, apie kuriuos kalba ieškovė. Šiuo atveju iš pranešimo ir skundžiamo sprendimo (5, 16 ir 31 konstuojamosios dalys) yra aišku, kad AGL iš esmės numato, pirma, maksimaliai padidinti perdirbtų nerūdinių medžiagų ar kitų pakaitų panaudojimą, palyginti su neapdirbtomis nerūdinėmis medžiagomis, ir skatinti racionalų neapdirbtų nerūdinių medžiagų, neatsinaujinančių gamtinių išteklių, naudojimą. Antra, pranešimas ir skundžiamas sprendimas taip pat tik labiau netiesiogiai kalba apie aplinkos apsaugos sąnaudų internalizavimą pagal principą „teršėjas moka“, kai juose AGL tikslų nustatymo klausimu sakoma, jog „nerūdinių medžiagų išgavimo aplinkos apsaugos sąnaudos, kurias apima mokestis, yra triukšmas, dulkės, žala biologinei įvairovei ir gamtovaizdžiui“. Šie tikslai yra aiškiai nurodyti 2002 m. vasario 19 d. Jungtinės Karalystės laiške Komisijai. Skundžiamame sprendime (8 konstatuojamoji dalis) neapdirbtos nerūdinės medžiagos yra apibrėžtos kaip „pirmojo išgavimo nerūdinės medžiagos, susidariusios iš natūralių mineralų sąnašų“ ir „uolienų, smėlio ir žvirgždo fragmentai, kurie gali būti panaudojami natūralūs arba po mechaninio apdirbimo, pavyzdžiui, smulkinimo, plovimo ir rūšiavimo“. Šalys sutaria, kad terminas „nerūdinės medžiagos“ nereiškia konkrečios medžiagų, apibrėžtų tik pagal jų fizines ir chemines savybes, grupės. Medžiagos (uolienos, smėlio ar žvirgždo) naudojimas kaip nerūdinės medžiagos priklauso taip pat nuo jos kainos ir transportavimo išlaidų. Taip pat šalys sutaria, kad kai kurios neapmokestinamosios medžiagos, pavyzdžiui, skalūnas, blogos kokybės šiferis, molžemis, kaolinas ir molis, kai kuriais atvejais išgauti pirmą kartą būna naudojami kaip nerūdinės medžiagos. AGL yra ir ekologinis mokestis, kuris iš esmės apsunkina neapdirbtų nerūdinių medžiagų, t. y. nuotrupinių pirmo išgavimo medžiagų, naudojamų statybose ir viešuosiuose darbuose, išskyrus tam tikras medžiagas, nurodytas Įstatyme, panaudojimą komerciniams tikslams. Reikia išnagrinėti šios taikymo srities atitiktį iškeltiems aplinkos apsaugos tikslams (žr. šio sprendimo 124 punktą). Pirmiausia reikia konstatuoti, kad medžiagos, parduodamos kitiems naudojimo tikslams nei nerūdinės medžiagos, nepatenka į sektorių, apmokestinamą AGL. Priešingai nei teigia ieškovė, jų neapmokestinimas nėra aptariamo ekologinio mokesčio schemos išimtis. Sprendimas įvesti ekologinį mokestį tik nerūdinių medžiagų sektoriuje, o ne bendrai visuose karjerų ir kasyklų eksploatavimo sektoriuose, kurių poveikis aplinkai yra toks pats, koks ir nerūdinių medžiagų išgavimo, išreiškia atitinkamos valstybės narės kompetenciją nusistatyti prioritetus politikos, ekonomikos, mokesčių ir aplinkos apsaugos klausimais. Toks pasirinkimas, net jei pagrįstas ketinimu išsaugoti tam tikrų sektorių tarptautinį konkurencingumą, neleidžia abejoti AGL suderinamumu su siekiamais aplinkos apsaugos tikslais (žr. šio sprendimo 115 punktą). Šiame kontekste ieškovės argumentai, susiję su medžiagų, pavyzdžiui, šiferio, aukštos kokybės skalūno, molio, kaolino, anglies ir lignito, kurie iš esmės negali būti naudojami kaip nerūdinės medžiagos dėl jų fizinių savybių ar kainos, neapmokestinimu, yra netinkami šioje byloje. Antra, reikia konstatuoti, kad atitinkama valstybė narė, vykdydama aplinkos politiką, gali laisvai nuspręsti, kurios medžiagos, naudojamos kaip nerūdinės medžiagos, yra apmokestinamos, ir, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos tikslus, neįtraukti į AGL taikymo sritį tam tikrų medžiagų, būtent šiferio ir žemos kokybės skalūno, molžemio, kaolino ir molio atliekų, net jei išgautos jos naudojamos kaip nerūdinės medžiagos. Šiuo klausimu įstojusios į bylą šalies ir Komisijos pateiktas paaiškinimas, kad šių medžiagų, iki šiol retai naudotų kaip nerūdinės medžiagos dėl didelių jų transportavimo išlaidų, neapmokestinimas leidžia jas naudoti kaip neapdirbtų nerūdinių medžiagų, apmokestinamų ekologiniu mokesčiu, pakaitus ir todėl gali padaryti pastarųjų išgavimą ir panaudojimą racionalesnius, yra priimtinas atsižvelgiant į siekiamus aplinkos apsaugos tikslus. Iš tiesų iš AGL taikymo srities bei 2002 m. vasario 19 d. Jungtinės Karalystės institucijų laiško Komisijai yra aišku, kad AGL įvedimu aiškiai buvo siekiama racionalizuoti ir sumažinti medžiagų, paprastai naudojamų kaip nerūdinės medžiagos, kurios sudaro 70 % Jungtinėje Karalystėje išgautų mineralų, išgavimą, be kita ko, skatinant jų pakeitimą perdirbtais produktais arba kitomis išgaunamomis neapdirbtomis neapmokestinamosiomis medžiagomis, pavyzdžiui, šiferio, skalūno, molžemio, kaolino arba molio nuolaužomis arba atliekomis. Be to, Komisija nurodė, o ieškovė dėl to neprieštaravo, kad yra didelės ir dažnai senos šiferio nuolaužų (arba žemos kokybės šiferio) sankaupos Velso šlako krūvose, o molio ir kaolino – Devone ir Kornvalyje. Šios sankaupos iš tiesų yra laikomos šiukšlėmis ir gadina kraštovaizdį. Pagal 2002 m. vasario 19 d. Jungtinės Karalystės institucijų laišką Komisijai, kai kada jos būna nacionaliniuose parkuose. Prekybos šiomis medžiagomis, naudojamų kaip nerūdinės medžiagos, neapmokestinimas daro jas konkurencingas, palyginti su kitomis neapdirbtomis nerūdinėmis medžiagomis, ir taip leidžia sumažinti jų sankaupas. Be to, kaip pažymėjo per posėdį Komisija, išgaunant kalkakmenį gali ir nesusidaryti daug atliekų, priešingai nei šiferį, kuris yra trapus ir kurį išgaunant neišvengiamai susidaro daug atliekų. Šiame kontekste ieškovės argumento, susijusio su šiferio, skalūno, molio ir kaolino išgavimo įtaka aplinkai, nepakanka nuspręsti, kad šių medžiagų neapmokestinimas prieštarauja siekiamiems aplinkos apsaugos tikslams ir kad tai suteikia atrankinį privalumą atitinkamiems veiklos sektoriams. Šiuo klausimu ieškovė nepateikė jokio įtikinančio argumento, atsižvelgiant į iškeltus tikslus leidžiančio suabejoti nacionalinio įstatymo leidėjo pasirinkimo apmokestinti AGL tik nerūdines medžiagas, kurių išgavimas laikomas pagrindiniu žalos aplinkai šaltiniu, kas yra aišku iš minėto 2002 m. vasario 19 d. laiško, teisėtumu. Tokiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad kai kurių neapdirbtų medžiagų, naudojamų kaip nerūdinės medžiagos, neapmokestinimas, kurį numato iš dalies pakeistas Įstatymas, neprieštarauja iškeltiems aplinkos apsaugos tikslams ir gali būti pagrįstai pateisinamas AGL pobūdžiu ir schema. Trečia, reikia išnagrinėti ieškovės argumentus, susijusius, pavyzdžiui, su aukštus techninius reikalavimus atitinkančių nerūdinių medžiagų (medžiagų, naudojamų kelių paviršiams, kaip balastas naudojamo granito, nerūdinių medžiagų, naudojamų silpno susitraukimo ir didelio atsparumo betonui gaminti) ir rausvos skaldos (naudojamos pėsčiųjų ir dviratininkų takų paviršiams), kurie negali būti pakeisti pakaitais, apmokestinimo AGL nenuoseklumu. Tiesa, kad, kaip teigia ieškovė, šių medžiagų, dėl aukštos kainos nenaudojamų ertmėms užpildyti, apmokestinimas iš esmės neturėtų jų paklausos perorientuoti į pakaitus, pavyzdžiui, perdirbtas nerūdines medžiagas taip, kad sumažintų neapdirbtų nerūdinių medžiagų išgavimą. Tačiau reikia konstatuoti, kad toks apmokestinimas gali pagrįstai atitikti vieną iš AGL tikslų ? internalizuoti neapdirbtų nerūdinių medžiagų gamybos aplinkos apsaugos sąnaudas. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad šioje byloje mokesčio suma, kuri yra 1,60 GBP už apmokestinamų nerūdinių medžiagų toną, apytikriai atitinka nerūdinių medžiagų išgavimo Jungtinėje Karalystėje aplinkos apsaugos sąnaudas, kurios remiantis ieškovės pateiktu 2001 m. balandžio mėn. Ecotec Research & Consulting parengto pranešimo „Study on the Economic and Environmental Implications of the use of Environmental Taxes and Charges in the European Union and its Member States“ (Tyrimas dėl Europs Sąjungoje ir jos valstybėse narėse taikomų aplinkosauginių mokesčių ir rinkliavų poveikio ekonomikai ir aplinkai) duomenimis, siekia 1,80 GBP už toną. Be kita ko, šiame pranešime pabrėžiama pakankamo mokesčio dydžio svarba. Taigi pateikti duomenys patvirtina, kad atitinkamų medžiagų apmokestinimas gali būti laikomas teisėtu, atsižvelgiant į principo „teršėjas moka“ reikalavimus. Principas „teršėjas moka“ taip pat leidžia pateisinti produktų, gaunamų išgaunant pakaitais nepakeičiamas medžiagas, apmokestinimą, ypač žemos kokybės nerūdinių medžiagų, kurios gaunamos išgaunant kalkakmenį ir yra skirtos cemento ar kalkių gamybai, uolienos plokštėms gaminti, ir kvarcinio smėlio, naudojamo stiklo gamybai, apmokestinimą, – tai taip pat yra aišku iš 2002 m. vasario 19 d. Jungtinės Karalystės institucijų laiško. Be to, šių produktų apmokestinimą taip pat gali pateisinti tikslas, taip pat įstojusios į bylą šalies nurodytas minėtame laiške, skatinti racionalesnį nerūdinių medžiagų išgavimą ir naudojimą, siekiant sumažinti žemesnės kokybės nerūdinių medžiagų proporciją. Iš tiesų ši proporcija, kuri skirtinguose karjeruose yra kitokia, kaip pažymi ieškovė, gali būti pakeista konkrečiame karjere. Tačiau šiuo klausimu Komisija, be kita ko, savo atsiliepime į ieškinį pabrėžė, o ieškovė to neginčijo, sąlygiškai nedidelį skirtumą tarp žemesnės kokybės nerūdinių medžiagų ir nepakeičiamų medžiagų, kurių subproduktai jos yra, kainos. Iš to yra aišku, kad visi ieškovės argumentai, susiję su tariamais nenuoseklumais apibrėžiant materialią AGL taikymo sritį, atsižvelgiant į siekiamus aplinkos apsaugos tikslus, yra visiškai nepagrįsti. Darytina išvada, kad ieškovė neįrodė, jog skundžiamame sprendime buvo padaryta akivaizdi vertinimo klaida nusprendžiant, kad materialios AGL taikymo srities apibrėžime nėra valstybės pagalbos elementų. Šiame etape reikia išnagrinėti pagrindą dėl skundžiamo sprendimo nemotyvavimo, kiek tai susiję su materialios AGL taikymo srities nustatymu. Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad Komisija nemotyvavo skirtingo apmokestinimo AGL, kuris ką tik buvo išnagrinėtas, traktavimo. Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką EB 253 straipsnyje numatytas motyvavimas turi atitikti nagrinėjamo akto pobūdį ir turi padaryti aiškų ir nedviprasmišką jį priėmusios institucijos pagrindimą, kuris leistų suinteresuotiesiems asmenims sužinoti priimtos priemonės teisinį pagrindimą, o kompetentingam teismui – kontroliuoti. Motyvavimo reikalavimai turi būti įvertintinti atsižvelgiant į kiekvieno atvejo aplinkybes, būtent į akto turinį, pateiktų motyvų pobūdį ir adresatų ar kitų tiesiogiai ir asmeniškai susijusių su aktu asmenų galimą suinteresuotumą gauti paaiškinimus. Nėra būtina, kad motyvavimas apimtų visas esamas fakto ir teisės aplinkybes, nes klausimas, ar akto motyvavimas atitinka visus EB 253 straipsnio reikalavimus, turi būti įvertintas atsižvelgiant ne tik į jo turinį, bet taip pat ir į kontekstą bei visas atitinkamą sritį reglamentuojančias teisės normas (minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 63 punktas ir minėto sprendimo Thermenhotel Stoiser Franz ir kt. prieš Komisiją 94 punktas). Iš to yra aišku, kad reikalavimas motyvuoti sprendimą dėl valstybės pagalbos neturėtų būti nustatytas remiantis tik valstybės narės, kuriai šis sprendimas yra skirtas, suinteresuotumu gauti informaciją (1998 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo British Airways ir kt. ir British Midland Airways prieš Komisiją , T‑371/94 ir T‑394/94, Rink. p. II‑2405, 92 punktas). Jei Komisija po EB 88 straipsnio 3 dalyje numatytos preliminarios tyrimo procedūros pritaria nagrinėjamai priemonei, ji privalo pateikti pagrindinių pritarimo sprendimo motyvų santrauką, kad tretieji suinteresuotieji asmenys galėtų susipažinti su jo pagrindimu ir įvertinti galimybę pareikšti ieškinį dėl minėto sprendimo, remdamiesi EB 88 straipsnio 2 dalyje jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis. Konkrečiau kalbant apie Komisijos sprendimą užbaigti preliminarią tyrimo procedūrą, kuriame buvo nuspręsta, kad skundą pateikusio asmens nurodyta valstybės pagalba neegzistuoja, Komisija bet kuriuo atveju privalo skundą pateikusiam asmeniui pakankamai aiškiai nurodyti priežastis, kodėl skunde pateiktos faktinės ir teisinės informacijos nepakako įrodyti valstybės pagalbos egzistavimą. Tačiau Komisija neprivalo išsakyti savo nuomonės dėl akivaizdžiai nesusijusių, nesvarbių arba antraeilių aplinkybių (minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 64 punktas). Šiuo atveju ypač iš skundžiamo sprendimo 31, 32 ir 34 punktų yra aišku, kad Komisija nusprendė, jog AGL taikymo sritis yra pateisinama mokesčių sistemos logika ir jos schema, nes AGL yra specialus ekologinis mokestis, kurio labai ribotą taikymo sritį apibrėžė atitinkama valtybė narė, atsižvelgdama į atitinkamo veiklos sektoriaus savitas charakteristikas, galinti laisvai nustatyti savo nacionalinę mokesčių sistemą. Iš esmės Komisija pabrėžė, kad diferenciacija tarp apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjųsektorių pateisinama siekiu, pirma, sumažinti nerūdinių medžiagų išgavimą, kuris sukelia nepageidaujamas pasekmes aplinkai, ir skatinti racionalų nerūdinių medžiagų naudojimą bei, antra, skatinti perdirbtų nerūdinių medžiagų ar kitų pakaitalų naudojimą, kad būtų sumažintas neatsinaujinančių resursų naudojimas ir jo žalingos pasekmės aplinkai. Komisija taip pat trumpai bet aiškiai išdėstė motyvus, dėl kurių ji atmetė ieškovės kaltinimus, trumpai aprašytus skundžiamo sprendimo 14 ir 15 punktuose. Ieškovė kritikavo diferenciaciją tarp, pirma, AGL apmokestinamųjų medžiagų, pavyzdžiui, antrinių žemos kokybės produktų (pavyzdžiui, produktai iš kalkakmenio, išgauto kalkėms arba cementui gaminti) arba smiltainio, kuris, ieškovės teigimu, yra apmokestinamas nepaisant to, kad jis nėra skirtas naudoti kaip nerūdinės medžiagos, ir, antra, kai kurių neapmokestinamų antrinių produktų (pavyzdžiui, skundžiamo sprendimo 11 punkte minėtos šiferio ir kaolino atliekos, naudojamos kaip nerūdinės medžiagos). Ji tvirtino, kad toks diferencijavimas gali iškraipyti konkurenciją tarp šių įvairių medžiagų rūšių ir nėra pagrįstas sistemos pobūdžiu bei jos schema. Tokiomis aplinkybėmis, atsižvelgiant tiek į valstybių narių laisvę, apie kurią kalbama skundžiamame sprendime (31 ir 32 konstatuojamosios dalys), apibrėžti savo mokesčių ir aplinkos apsaugos politiką nustatant, kaip šioje byloje, sektorinį ekologinį mokestį (žr. šio sprendimo 115, 116, 128 ir 130 punktus), tiek į aplinkybę, kad ieškovė yra asociacija, vienijanti gerai informuotus ūkio subjektus, skundžiamas sprendimas, kuris trumpai nurodo pagrindus, kuriais jis yra pagrįstas, negali būti laikomas nemotyvuotu. –       Eksporto neapmokestinimas Ieškovė tvirtina, kad nerūdinių medžiagų eksporto neapmokestinimas taip pat prieštarauja tariamiems AGL gamtos apsaugos tikslams. Šis neapmokestinimas skirtas tik apsaugoti Britanijos gamintojų konkurencingumą eksporto rinkose. Pirmiausia reikia priminti, kad AGL taikomas neapdirbtų nerūdinių medžiagų naudojimui arba prekybai jais Jungtinėje Karalystėje. Neapdirbtų nerūdinių medžiagų importas yra apmokestinamas, o šių medžiagų eksportas neapmokestinamas siekiant, Jungtinės Karalystės institucijų teigimu, „užtikrinti Jungtinėje Karalystėje pagamintų neapdirbtų nerūdinių medžiagų ir neapdirbtų nerūdinių medžiagų, pagamintų kitose valstybėse narėse, vienodą traktavimą“ (skundžiamo sprendimo 22 konstatuojamoji dalis). Komisija skundžiamame sprendime (33 konstatuojamoji dalis) šį neapmokestinimą pateisino tuo, kad Jungtinės Karalystės institucijos negali kontroliuoti tokių medžiagų kaip nerūdinės medžiagos panaudojimo ne savo teritorijoje. Pirmosios instancijos teisme Komisija ir įstojusi į bylą šalis patikslino šį pagrindimą. Komisija, be kita ko, pabrėžė, kad AGL yra netiesioginis vartojimo mokestis, iš esmės taikomas valstybėse narėse, kuriose vyksta suvartojimas, siekiant išvengti galimo eksportuojamų produktų dvigubo apmokestinimo. Įstojusi į bylą šalis savo ruožtu teigė, kad EB 91 straipsnis leidžia neapmokestintinti nacionaliniu mokesčiu eksporto su sąlyga, kad mokesčio suma, kurios nereikia sumokėti, neviršija sumokėto mokesčio sumos. Į tokią motyvaciją, pagrįstą tuo, kad AGL yra netiesioginis mokestis, turi būti atsižvelgta, nes, priešingai nei teigia ieškovė, jis susijęs su Komisijos pateiktais motyvais skundžiamame sprendime ir todėl neturėtų būti laikomas papildoma motyvacija, pateikta po šio sprendimo priėmimo. Iš tiesų atitinkamų medžiagų panaudojimo kaip nerūdinių medžiagų kontrolės akcentavimas rodo, kad Komisija skundžiamame sprendime rėmėsi tuo, jog aptariama priemonė yra netiesioginis mokestis, taikomas patiems produktams, o ne įmonėms. Šioje byloje reikia konstatuoti, kad mokestis, kuris taikomas, priešingai nei tvirtina ieškovė, nerūdinių medžiagų naudojimui komerciniais tikslais ir kuriuo apmokestinami produktai, o ne gamintojų pajamos, yra netiesioginis mokestis, reglamentuojamas remiantis paskirties valstybės narės mokesčių principais pagal EB 91 straipsnį. Pagal Bendrijos teismų praktiką specialiai mokesčių priemonei, kuri yra pateisinama vidine mokesčių sisitemos logika, netaikoma EB 87 straipsnio 1 dalis (minėto sprendimo Diputación Foral de Álava ir kt. prieš Komisiją 164 punktas ir minėto sprendimo Diputación Foral de Guipúzcoa ir kt. prieš Komisiją 61 punktas). Todėl šiuo atveju eksporto neapmokestinimas neturėtų būti laikomas eksportuotojams taikomu atrankiniu pranašumu tiek, kiek jis yra pateisinamas tuo, jog AGL yra netiesioginis mokestis. Iš tiesų atitinkama valstybė narė laisvai galėjo teikti pirmenybę argumentams, susijusiems su atitinkamos mokesčių sisitemos struktūra, o ne su siekiamais aplinkos apsaugos tikslais. Aplinkybė, kad kitos valstybės narės elgiasi kitaip, kuria remiasi ieškovė, nėra svarbi. Iš to yra aišku, jog Komisija nepadarė akivaizdžios vertinimo klaidos skundžiamame sprendime konstatuodama, kad eksporto neapmokestinimas nėra valstybės pagalba. Be to, kalbant apie skundžiamo sprendimo motyvavimą, Komisija, pasiremdama AGL struktūra, teisiškai pakankamai pagrindė sprendimą atmesti ieškovės skunde nurodytus kaltinimus, susijusius su tariamu eksportuotojams suteikiamu atrankiniu pranašumu, neapmokestinant eksporto. Dėl visų minėtų motyvų ieškinio pagrindai dėl EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir nemotyvavimo turi būti atmesti. Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su pareigos pradėti formalią tyrimo procedūrą pažeidimu Šalių argumentai Ieškovė teigia, kad tariami AGL taikymo srities apibrėžimo nenuoseklumai neišvengiamai veda prie išvados, kad AGL kvalifikavimas kėlė rimtų sunkumų. Šių sunkumų egzistavimą taip pat rodo didelis High Court of Justice jiems skirtas dėmesys minėtame 2002 m. balandžio 19 d. sprendime, taip pat Jungtinės Karalystės institucijų pareiškimai, jog AGL taikymo sritis buvo nustatyta siekiant apsaugoti neapmokestinamųjų sektorių tarptautinį konkurencingumą. Be to, skalūno, šiferio bei eksporto neapmokestinimas prieštaravo principui „teršėjas moka“. Be to, pati Komisija paaiškinimuose pripažino, kad AGL kvalifikavimas pagal EB 87 straipsnio 1 dalį iškėlė daug sudėtingų klausimų, tarp jų klausimą, susijusį su atitinkamos rinkos nustatymu. Be to, 2002 m. gruodžio 9 d. Jungtinės Karalystės institucijų paskelbtas konsultacinis dokumentas rodo, kad jos susidūrė su sunkumais bandydamos suderinti mokesčio taikymo sritį su siekiamais gamtos apsaugos tikslais. Be to, tai, kad atsiliepime į ieškinį užsimenama apie atitinkamos valstybės narės suinteresuotumą greitu sprendimo priėmimu bei apie blogo valstybės pagalbos kontrolės sistemos funkcionavimo riziką, rodo, kad Komisija rėmėsi kitais kriterijais, o ne susijusiu su „rimtais sunkumais“ kriterijumi. Esant šioms aplinkybėms, net teigiant, kad skundžiamame sprendime nėra padaryta akivaizdžios vertinimo klaidos, ką ieškovė ginčija, jame padarytas EB 88 straipsnio 3 dalies, pagal kurią Komisija turėjo pradėti formalią tyrimo procedūrą, pažeidimas. Komisija į tai atsikerta, kad buvo aišku, jog mokestis yra išskirtinė mokestinė našta, nesusijusi su atitinkamomis valstybės pagalbą reglamentuojančiomis nuostatomis, kad pakaitų išskyrimas iš neapdirbtų nerūdinių medžiagų kategorijos yra pateisinamas sistemos pobūdžiu ir jos bendrąja schema ir kad paprastai netiesioginiams vartojimo mokesčiams taikomas mechanizmas nepriklauso valstybės pagalbos sričiai. Įstojusi į bylą šalis pažymi, kad 2002 m. gruodžio 9 d. pradėta konsultacija dėl iš atliekų gautų nerūdinių medžiagų buvo siekiama surinkti informaciją, susijusią su nerūdinėmis medžiagomis, tam, kad būtų išnagrinėta, ar jos turi būti neapmokestinamos, ar toks neapmokestinimas yra naudingas pramonei ir ar gali jis būti atliekamas be papildomų išlaidų įmonėms ir piktnaudžiavimo rizikos. Ieškovės nurodytame konsultaciniame dokumente neteigiama, kad atliekų apdorojimas yra nesuderinamas su mokesčio tikslais. Pirmosios instancijos teismo vertinimas Pirmiausia reikia išnagrinėti Komisijos argumentą, jog, priešingai nei remdamasi Bendrijos teismų praktika, nusistovėjusia iki Reglamento Nr. 659/1999 įsigaliojimo 1999 m. balandžio mėn. teigia ieškovė, rimtų sunkumų nustatant valstybės pagalbą buvimas daugiau jos neįpareigoja pradėti formalią tyrimo procedūrą. Komisija tvirtina, kad valstybės pagalbos, apie kurią nepranešta, atveju ji turi teisę, nepradėjusi EB 88 straipsnio 2 dalyje numatytos procedūros, iš anksto iš atitinkamų valstybių narių gauti būtiną informaciją pagal Reglamento Nr. 659/1999 10 straipsnio 2 dalį. Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad apie ginčijamą valstybės priemonę buvo pranešta tik tiek, kiek ji numato išimtį Šiaurės Airijai, tačiau nebuvo pranešta apie mokesčio taikymo sritį, dėl kurios vyksta ginčas šioje byloje. Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad Komisijos pareiga iš anksto išnagrinėti galimą neteisėtą pagalbą su atitinkama valstybe nare, esant reikalui jos prašant informacijos (2005 m. gegužės 10 d. Teisingumo Teismo sprendimo Italija prieš Komisiją , C‑400/99, Rink. p. I‑3657, 29 ir 30 punktai), šios institucijos neatleidžia nuo pareigos pradėti formalią tyrimo procedūrą ypač tais atvejais, kai, atsižvelgiant į gautą informaciją, ji vis dar susiduria su rimtais atitinkamos priemonės vertinimo sunkumais. Iš tiesų tokia pareiga tiesiogiai kyla iš EB 88 straipsnio 3 dalies, kaip ją išaiškino Bendrijos teismų praktika, be to, ją aiškiai patvirtina Reglamento Nr. 659/1999 4 straipsnio 4 dalies ir 13 straipsnio 1 dalies nuostatos, kai Komisija po preliminaraus tyrimo konstatuoja, kad kyla abejonių dėl neteisėtos priemonės suderinamumo (2002 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas Gibraltaro vyriausybė prieš Komisiją , T‑195/01 ir T‑207/01, Rink. p. II‑2309, 69 ir 72 punktai). Iš tiesų pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką EB 88 straipsnio 2 dalies procedūra yra privaloma, jei Komisija susiduria su rimtais sunkumais vertindama, ar pagalba yra suderinama su bendrąja rinka. Taigi Komisija, priimdama valstybės priemonei palankų sprendimą, negali apsiriboti 88 straipsnio 3 dalies preliminaria stadija, nebent po pirminio tyrimo ji yra įsitikinusi, kad ši priemonė nėra pagalba EB 87 straipsnio 1 dalies prasme arba, jei ji yra pagalba, kad ji yra suderinama su bendrąja rinka. Tačiau jei po pirminio tyrimo Komisijos įsitikinimas yra kitoks arba jei ji neįveikia visų kilusių sunkumų vertinant atitinkamos priemonės suderinamumą su bendrąja rinka, ji privalo surinkti visas būtinas nuomones ir tuo klausimu pradėti EB 88 straipsnio 2 dalies procedūrą (minėto sprendimo Matra prieš Komisiją 33 punktas ir minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 39 punktas; 2000 m. gegužės 10 d. Pirmosios instancijos teismo SIC prieš Komisiją , T‑46/97, Rink. p. II‑2125, 71 punktas ir 2001 m. kovo 15 d. Sprendimo Prayon-Rupel prieš Komisiją , T‑73/98, Rink. p. II‑867, 42 punktas). Laikytis šios formalios tyrimo procedūros pradėjimo pareigos būtina ypač tada, kai Komisija, atitinkamos valstybės narės pateiktos informacijos pagrindu atlikusi pakankamą ginčijamos valstybės pagalbos tyrimą, vis dar turi abejonių dėl valstybės pagalbos požymių EB 87 straipsnio 1 dalies prasme egzistavimo, taip pat dėl jos suderinamumo su bendrąja rinka (minėto 2005 m. gegužės 10 d. Sprendimo Italija prieš Komisiją 47 ir 48 punktai). Šiuo atveju pažymėtina, priešingai nei tvirtina ieškovė, kad aplinkybė, jog Komisija atsižvelgė į atitinkamos valstybės narės suinteresuotumą greitu sprendimo priėmimu, savaime neleidžia teigti, kad ši institucija, nuspręsdama nepradėti formalios tyrimo procedūros, rėmėsi kitais kriterijais, o ne tuo, kad nėra rimtų vertinimo klaidų. Kalbant apie vėlesnį nei skundžiamas sprendimas 2002 m. gruodžio 9 d. konsultacinį dokumentą, į jį nebuvo galima atsižvelgti siekiant įvertinti šio sprendimo teisėtumą. Iš tiesų pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką, susijusią su ieškiniais dėl panaikinimo, Komisijos atlikti sudėtingi vertinimai turi būti nagrinėjami tik remiantis jų atlikimo metu turėtais įrodymais (1999 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Kneissl Dachstein prieš Komisiją , T‑110/97, Rink. p. II‑2881, 47 punktas ir 1999 m. spalio 6 d. Sprendimo Salomon prieš Komisiją , T‑123/97, Rink. p. II‑2925, 48 punktas). Iš to yra aišku, kad vieninteliai šį ieškinio pagrindą pagrindžiantys rimti ieškovės argumentai, susiję su tariamais mokesčio taikymo srities apibrėžimo nenuoseklumais, atkartoja jos pateiktus argumentus dėl pagrindo, susijusio su EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimu. Tačiau kaip jau nusprendė Pirmosios instancijos teismas, ekologinio mokesčio, pavyzdžiui AGL, materialios taikymo srities nustatymas priklauso atitinkamos valstybės narės kompetencijai, kuri laisvai gali nustatyti prioritetus aplinkos apsaugos politikos klausimu (žr. šio sprendimo 115 ir 116 punktus). Tokiu atveju iš to, kas pasakyta (žr. šio sprendimo 138 ir 139 punktus), yra aišku, kad Komisija, nepadarydama akivaizdžios vertinimo klaidos, galėjo nuspręsti, jog nėra abejonių, kad AGL materialios taikymo srities apibrėžimas neapima valstybės pagalbos elementų. Be to, eksporto neapmokestinimas neabejotinai galėjo būti pateisinamas tuo, jog AGL yra netiesioginis mokestis (žr. šio sprendimo 152 ir 153 punktus). Esant tokioms aplinkybėms nei 2002 m. balandžio 19 d. High Court of Justice sprendime esantys teiginiai, nei įstojusios į bylą šalies paaiškinimai dėl AGL netaikymo kai kurioms medžiagoms, siekiant išsaugoti atitinkamų sektorių tarptautinį konkurencingumą, nei atitinkamos rinkos nustatymo tariamas sudėtingumas, kuriais remiasi ieškovė, nerodo, jog egzistavo rimtų sunkumų kvalifikuojant AGL atsižvelgiant į pasirinktinumo kriterijų. Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad Komisija neviršijo savo įgaliojimų nuspręsdama, kad tiek materialios AGL taikymo srities apibrėžimo, tiek eksporto neapmokestinimo nagrinėjimas pagal EB 87 straipsnio 1 dalį nesukėlė jokių didelių sunkumų, kurie reikalautų pradėti formalią tyrimo procedūrą. Iš to yra aišku, kad ieškinio pagrindas dėl pareigos pradėti formalią tyrimo procedūrą turi būti atmestas. Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su Komisijos pareigų pažeidimu atliekant preliminarų tyrimą Šalių argumentai Ieškovė tvirtina, kad Komisija kruopščiai ir nešališkai neišnagrinėjo jos skundo. Be to, savo atsiliepime į ieškinį Komisija sutiko, kad įstojusios į bylą šalies prašymu ji sprendimą priėmė greitai. Be to, skundžiamame sprendime Komisija nepakankamai išdėstė jos skundo atmetimo motyvus. Ji neaptarė ieškovės skunde nurodytų nenuoseklumų, pavyzdžiui, iš neapmokestinamo kalkakmenio išgaunamų antrinių medžiagų apmokestinimo ir šiferio, išgauto panaudoti kaip nerūdinės medžiagos, neapmokestinimo. Be to, kalbant apie eksportą, skundžiamame sprendime nebuvo išnagrinėtas žemos kokybės medžiagų eksporto neapmokestinimo klausimas. Komisija atmeta šiuos argumentus. Ji teigia, kad visi šiame skunde iškelti klausimai, identiški nurodytiems pirmame skunde, buvo išnagrinėti skundžiamame sprendime. Tik tam skirtas laikas paaiškina skundžiamo sprendimo 3 konstatuojamoje dalyje, kurioje yra nurodytas pirmas skundas, nuorodos į ieškovės skundą nebuvimą. Pirmosios instancijos teismo vertinimas Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką, jei tretieji suinteresuotieji asmenys Komisijai pateikia skundus, susijusius su valstybės priemonėmis, apie kurias nebuvo pranešta pagal EB 88 straipsnio 1 dalį, ši institucija per šioje nuostatoje numatytą preliminarų tyrimo etapą turi kruopščiai ir nešališkai išnagrinėti šiuos skundus, kad būtų užtikrintas tinkamas pagrindinių Sutarties nuostatų, susijusių su valstybės pagalba, administravimas (minėto sprendimo Komisija prieš Sytraval ir Brink’s France 62 punktas ir minėto sprendimo SIC prieš Komisiją 105 punktas). Šioje byloje ieškovė nepateikė jokių rimtų priežasčių, leidžiančių teigti, kad Komisija nepakankamai išnagrinėjo bylą. Priešingai, iš bylos dokumentų yra aišku, kad ši institucija Jungtinės Karalystės institucijų paprašė pateikti savo pastabas dėl kaltinimų, nurodytų pirmame skunde, iš esmės panašių į esančius ieškovės skunde, ir kad ji jų paprašė papildomos informacijos, kuri buvo suteikta minėtame 2002 m. vasario 19 d. laiške. Esant šioms aplinkybėms, nesant kitų įrodymų, vienintelė aplinkybė, jog skundžiamas sprendimas buvo priimtas greitai, neleidžia daryti išvados dėl nepakankamo tyrimo. Be to, reikia pažymėti, kad Komisija pagal gero administravimo principą informavo ieškovę apie skundžiamą sprendimą, skirtą atitinkamai valstybei narei. Šis sprendimas, kaip jau buvo nuspręsta (žr. šio sprendimo 144, 145 ir 155 punktus), pakankamai nurodo ieškovės skundo atmetimo priežastis. Iš to yra aišku, kad ieškinio pagrindas dėl Komisijos pareigų pažeidimo atliekant preliminarųjį tyrimą turi būti atmestas. Dėl visų šių motyvų turi būti atmestas visas ieškinys. Dėl bylinėjimosi išlaidų Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti Komisijos išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus. Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 4 dalies pirmąją pastraipą į bylą įstojančios valstybės narės pačios padengia savo išlaidas. Todėl Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinė Karalystė padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Remdamasis šiais motyvais, PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji išplėstinė kolegija) nusprendžia: 1. Atmesti ieškinį. 2. Ieškovė padengia savo ir Komsijos bylinėjimosi išlaidas. 3. Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Pirrung Meij Forwood Pelikánová Papasavvas Paskelbta 2006 m. rugsėjo 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge. Sekretorius Pirmininkas E. Coulon J. Pirrung Turinys Bylos aplinkybės Finance Act 2001 Administracinė procedūra ir ginčas nacionaliniame teisme Skundžiamas sprendimas Procesas Šalių reikalavimai Dėl priimtinumo Šalių argumentai Pirmosios instancijos teismo vertinimas Dėl bylos esmės Dėl pagrindų, susijusių su EB 87 straipsnio 1 dalies pažeidimu ir nemotyvavimu Šalių argumentai Pirmosios instancijos teismo vertinimas – Materiali mokesčio taikymo sritis – Eksporto neapmokestinimas Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su pareigos pradėti formalią tyrimo procedūrą pažeidimu Šalių argumentai Pirmosios instancijos teismo vertinimas Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su Komisijos pareigų pažeidimu atliekant preliminarų tyrimą Šalių argumentai Pirmosios instancijos teismo vertinimas Dėl bylinėjimosi išlaidų * Proceso kalba: anglų.

61996CJ0122

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por acórdão de 11 de Março de 1996, que deu entrada no Tribunal em 16 de Abril seguinte, o Oberster Gerichtshof submeteu, nos termos do artigo 177._ do Tratado CE, uma questão prejudicial relativa à interpretação do artigo 6._, primeiro parágrafo, do mesmo Tratado. 2 Esta questão foi suscitada no âmbito de uma acção intentada por S. Saldanha e pela MTS Securities Corporation contra a Hiross Holding AG, sociedade anónima austríaca (a seguir «Hiross») de que são accionistas, para que esta fosse condenada a não vender ou ceder, sem o assentimento da assembleia geral, participações que detém no capital de algumas das suas filiais em benefício da sua filial italiana ou das filiais desta com sede em Itália. 3 A Hiross pediu então ao Handelsgericht Wien que fosse exigida a S. Saldanha, nacional dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, residente na Florida, e à MTS Securities Corporation, com sede nos Estados Unidos, a prestação de uma caução para o pagamento das custas do processo, nos termos do § 57, n._ 1, do Zivilprozeßordnung (Código de Processo Civil austríaco, a seguir «ZPO»). 4 Nos termos daquela disposição, os nacionais estrangeiros que sejam autores em acção intentada nos tribunais austríacos devem, a pedido do réu, depositar uma importância destinada a garantir o pagamento das custas judiciais (cautio judicatum solvi), salvo disposições em contrário constantes de tratados internacionais. O § 57, n._ 2, do ZPO dispõe, contudo, que essa obrigação não se aplica, designadamente, se o autor tiver residência habitual na Áustria ou se uma decisão judicial que condene o autor no pagamento das custas do réu puder ser executada no Estado da residência habitual do autor. 5 A este respeito, resulta da decisão de reenvio que não existe entre a República da Áustria e os Estados Unidos da América qualquer convenção que permita executar na Florida uma decisão austríaca sobre custas judiciais (v. o § 37 do decreto de 21 de Outubro de 1986 sobre a cooperação judiciária e outras relações jurídicas com o estrangeiro em matéria cível, JABl 1986/53). Segundo o Governo austríaco, embora pareça que alguns tribunais americanos reconheceram títulos executivos austríacos, o reconhecimento e a execução desses títulos nos Estados Unidos da América não estão garantidos, dado que, não existindo qualquer convenção, não é possível executar decisões americanas na Áustria. Seja como for, resulta da decisão de reenvio que o Oberster Gerichtshof já decidiu que a um autor estrangeiro com residência habitual na Florida deve ser em princípio exigido o depósito de uma importância como garantia do pagamento de custas judiciais, devido à inexistência de uma convenção sobre essa matéria. 6 Embora a convenção de cooperação judiciária concluída em 31 de Março de 1931 entre a República da Áustria e o Reino Unido (BGBl n._ 45/1932) preveja, no artigo 11._, a dispensa dos nacionais dos Estados signatários da prestação de uma cautio judicatum solvi, tal dispensa está limitada às pessoas com domicílio num desses dois Estados. Por força da Convenção relativa à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, concluída em Lugano em 16 de Setembro de 1988 (JO L 319, p. 9), que, desde 1 de Setembro de 1996, vincula a República da Áustria e o Reino Unido, uma decisão proferida num Estado contratante e susceptível de ser aí executada é em princípio também reconhecida noutro Estado contratante depois de nele ter sido declarada executória. Contudo, o § 57, n._ 2, ponto 1a, do ZPO faz depender a sua aplicação da possibilidade de execução no Estado da residência habitual do autor, neste caso os Estados Unidos da América. 7 Por despacho de 22 de Novembro de 1994, o Handelsgericht Wien exigiu solidariamente a S. Saldanha e à MTS Securities Corporation o depósito de um montante de 500 000 ÖS como garantia de pagamento das custas judiciais da Hiross, por não poderem beneficiar de qualquer derrogação ao abrigo do § 57, n._ 2, do ZPO, tendo indicado que, se a Hiross o requeresse, se consideraria terem desistido da instância caso não cumprissem essa exigência no prazo fixado. 8 Em 1 de Janeiro de 1995 a República da Áustria aderiu à União Europeia e aos Tratados em que esta assenta, incluindo o Tratado CE. O artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado dispõe: «No âmbito de aplicação do presente Tratado, e sem prejuízo das suas disposições especiais, é proibida toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade.» 9 Em recurso, o Oberlandesgericht Wien anulou o despacho do Handelsgericht na parte que dizia respeito a S. Saldanha, por ele ter nacionalidade britânica e, portanto, ser contrário ao artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado impor-lhe a prestação de uma caução. Aquele tribunal considerou que a sua dupla nacionalidade ou o facto de não ter residência habitual num Estado-Membro não era susceptível de modificar esta conclusão. 10 A Hiross interpôs recurso de revista dessa decisão para o Oberster Gerichtshof. Considerando que o artigo 6._ do Tratado é uma disposição de ordem pública que, por força do direito processual austríaco, deve ser tida em conta pelos órgãos jurisdicionais nacionais, mesmo num processo anterior à adesão da República da Áustria às Comunidades Europeias, o Oberster Gerichtshof suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal a seguinte questão prejudicial: «Um nacional britânico, que tem também a nacionalidade dos Estados Unidos da América, onde tem domicílio (na Florida), que intenta num tribunal austríaco, contra uma sociedade anónima com sede na Áustria, uma acção em que pede que esta seja condenada a não vender ou ceder por outro modo, à sua filial italiana ou às filiais desta com sede em Itália, participações sociais em determinadas filiais sem autorização da assembleia geral por maioria qualificada de três quartos ou - subsidiariamente - por maioria simples, e que não tem domicílio ou património na Áustria, é discriminado em razão da nacionalidade, em violação do primeiro parágrafo do artigo 6._ do Tratado CE, pelo facto de o tribunal austríaco competente (de primeira instância) lhe impor a prestação de caução para pagamento das custas judiciais, nos termos do n._ 1 do § 57 do Código de Processo Civil austríaco e a pedido da sociedade anónima demandada?» 11 Com a sua questão, o tribunal nacional pergunta, portanto, se o artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado se opõe a que um Estado-Membro exija a prestação de uma cautio judicatum solvi a um nacional de outro Estado-Membro que é também nacional de um país terceiro, onde tem domicílio, quando esse nacional, que não tem domicílio nem bens no primeiro Estado-Membro, tenha, na qualidade de accionista, intentado num dos seus tribunais cíveis uma acção contra uma sociedade nele estabelecida, apesar de essa exigência não ser imposta aos seus próprios nacionais que nele não têm bens nem domicílio. Quanto ao âmbito de aplicação temporal do artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado 12 A título liminar, a Hiross alega que o processo principal se situa fora do âmbito de aplicação temporal do direito comunitário, uma vez que os factos, incluindo o despacho do Handelsgericht que impõe a S. Saldanha a prestação de uma caução, são anteriores à adesão da República da Áustria às Comunidades Europeias. A Hiross conclui daí que não existe, portanto, discriminação contrária ao artigo 6._ do Tratado. 13 A este respeito, deve observar-se que o artigo 2._ do Acto relativo às condições de adesão do Reino da Noruega, da República da Áustria, da República da Finlândia e do Reino da Suécia e às adaptações dos Tratados em que se funda a União Europeia (JO 1994, C 241, p. 21, a seguir «acto de adesão») especifica que, a partir da adesão, as disposições dos Tratados originários vinculam os novos Estados-Membros e são aplicáveis nesses Estados nas condições previstas por esses Tratados e pelo acto de adesão. 14 Atendendo a que o acto de adesão não prevê quaisquer condições específicas quanto à aplicação do artigo 6._ do Tratado, deve considerar-se que esta disposição é imediatamente aplicável e vincula a República da Áustria a partir da data da sua adesão, de modo que se aplica aos efeitos futuros das situações surgidas antes da adesão deste novo Estado-Membro às Comunidades. Uma norma processual que efectua uma discriminação em razão da nacionalidade deixa, pois, a partir da data da adesão, de poder ser invocada relativamente aos nacionais de outro Estado-Membro, desde que essa norma se integre no âmbito de aplicação material do Tratado CE. Quanto ao âmbito de aplicação pessoal e material do artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado 15 Importa observar antes de mais que o simples facto de um nacional de um Estado-Membro possuir simultaneamente a nacionalidade de um país terceiro, onde tem o seu domicílio, não o priva do direito de invocar, enquanto nacional desse Estado-Membro, a proibição de discriminação em razão da nacionalidade consagrada no artigo 6._, primeiro parágrafo (v., neste sentido, no respeitante ao artigo 52._ do Tratado, o acórdão de 7 de Julho de 1992, Micheletti e o., C-369/90, Colect., p. I-4239, n._ 15). 16 Como o artigo 6._ do Tratado produz os seus efeitos no âmbito de aplicação do Tratado, deve em seguida examinar-se se é abrangida por este artigo uma disposição de um Estado-Membro, como a que está em causa no processo principal, que obriga os nacionais de outro Estado-Membro a prestar uma cautio judicatum solvi quando, na qualidade de accionistas, intentem uma acção contra uma sociedade nele estabelecida, quando os seus próprios nacionais não estão sujeitos a essa exigência. 17 A este respeito, deve recordar-se que, no acórdão de 26 de Setembro de 1996, Data Delecta e Forsberg (C-43/95, Colect., p. I-4661, n._ 15), bem como no acórdão de 20 de Março de 1997, Hayes (C-323/95, Colect., p. I-1711, n._ 17), o Tribunal decidiu que uma norma processual nacional dessa natureza entra no âmbito de aplicação do Tratado, na acepção do artigo 6._, n._ 1, numa situação em que a acção principal está conexa com o exercício das liberdades fundamentais garantidas pelo direito comunitário, como, naqueles processos, uma acção para pagamento de mercadorias fornecidas. 18 A Hiross alega que, no caso presente, o litígio no processo principal - em que se pede que a Hiross seja condenada a não vender ou ceder, sem o assentimento da assembleia geral, participações que detém no capital de algumas das suas filiais em benefício da sua filial italiana ou das filiais desta com sede em Itália - não tem qualquer relação com o exercício de uma liberdade fundamental garantida pelo direito comunitário. Além disso, a disposição nacional em questão no processo principal não se incluiria no âmbito de aplicação do Tratado, através do artigo 220._ do Tratado CE. 19 A este respeito, deve recordar-se que, embora uma norma processual como a que está em causa no processo principal seja, em princípio, da competência dos Estados-Membros, é jurisprudência constante que ela não pode efectuar discriminações relativamente a pessoas a quem o direito comunitário confere o direito à igualdade de tratamento nem restringir as liberdades fundamentais garantidas pelo direito comunitário (acórdão de 2 de Fevereiro de 1989, Cowan, 186/87, Colect., p. I-195, n._ 19). 20 Nos acórdãos Data Delecta e Forsberg, n._ 15, e Hayes, n._ 17, já referidos, o Tribunal decidiu que uma norma processual nacional que, por ocasião de uma acção judicial como a que estava em causa naqueles processos, exige a prestação de uma cautio judicatum solvi podia ter incidência, ainda que indirecta, nas trocas intracomunitárias de bens e serviços, de modo que se incluía no âmbito de aplicação do Tratado. 21 Sem que seja necessário examinar o argumento da Hiross segundo o qual, atendendo ao objecto do litígio no processo principal, a norma controvertida não restringe no presente caso, nem de modo indirecto, qualquer liberdade fundamental garantida pelo direito comunitário, deve declarar-se que tal norma não pode, em caso algum, efectuar uma discriminação relativamente a pessoas a quem o direito comunitário confere o direito à igualdade de tratamento. 22 O litígio no processo principal visa a protecção dos interesses invocada por um sócio, nacional de um Estado-Membro, contra uma sociedade estabelecida noutro Estado-Membro. 23 O artigo 54._, n._ 3, alínea g), do Tratado CE atribui ao Conselho e à Comissão competência para concretizarem a liberdade de estabelecimento, para coordenarem, na medida em que tal seja necessário e a fim de as tornar equivalentes, as garantias que são exigidas nos Estados-Membros às sociedades, na acepção do segundo parágrafo do artigo 58._ do Tratado CE, para protecção dos interesses dos sócios e de terceiros. Daqui resulta que normas que, no domínio do direito das sociedades, visam a protecção dos interesses dos sócios se incluem no âmbito de aplicação do Tratado. Estão, portanto, sujeitas à proibição de qualquer discriminação em razão da nacionalidade. 24 Quando o direito comunitário proíbe assim qualquer discriminação em razão da nacionalidade em matéria de garantias que são exigidas nos Estados-Membros às sociedades, na acepção do segundo parágrafo do artigo 58._ do Tratado, para proteger os interesses dos sócios, os nacionais de um Estado-Membro devem também poder recorrer aos órgãos jurisdicionais de outro Estado-Membro para a resolução dos litígios que possam gerar os seus interesses em sociedades aí estabelecidas, sem que sejam discriminados relativamente aos nacionais desse Estado. Quanto à discriminação na acepção do artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado 25 Ao proibir «toda e qualquer discriminação em razão da nacionalidade», o artigo 6._ do Tratado exige, nos Estados-Membros, a plena igualdade de tratamento das pessoas que se encontrem numa situação regida pelo direito comunitário e dos nacionais do Estado-Membro considerado. 26 É manifesto que uma disposição como a que está em causa no processo principal constitui uma discriminação directa em razão da nacionalidade. Efectivamente, nos termos dessa disposição, um Estado-Membro não exige uma caução aos seus nacionais, mesmo que não tenham bens nem domicílio nesse Estado. 27 A Hiross considera, contudo, que a diferenciação em função da nacionalidade se justifica por razões objectivas. Em apoio desta tese, a Hiross sustenta que a finalidade da disposição controvertida é garantir que o réu poderá obter a execução do direito à restituição das custas caso obtenha vencimento. Invoca, designadamente, os problemas de execução que podem pôr-se quando o autor não tem domicílio nem bens na Comunidade, o que acontece no processo principal. 28 Neste contexto, a posse da nacionalidade austríaca como critério que permite renunciar à obrigação de prestar uma cautio judicatum solvi justificar-se-ia pela grande probabilidade de se conseguir, no território nacional, a execução do direito à restituição das custas decretado contra um cidadão nacional solvente, probabilidade essa que se deveria, designadamente, à existência presumida de um nexo patrimonial com o território nacional e à tendência para se respeitarem decisões judiciais nacionais. 29 A este respeito, basta observar que, embora o objectivo de uma disposição como a que está em causa no processo principal - garantir a execução de uma decisão que, em matéria de custas, se pronuncia a favor de um réu que obtém vencimento - não seja enquanto tal contrário ao artigo 6._ do Tratado, não é menos certo que tal disposição não impõe a prestação de uma cautio judicatum solvi aos nacionais austríacos, mesmo que não tenham bens nem domicílio na Áustria e residam num país terceiro onde não está garantida a execução de uma decisão que em matéria de custas dá vencimento ao réu. 30 Nestas condições, deve responder-se à questão submetida que o artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que um Estado-Membro exija a prestação de uma cautio judicatum solvi a um nacional de outro Estado-Membro que é também nacional de um país terceiro, onde tem domicílio, quando esse nacional, que não tem domicílio nem bens no primeiro Estado-Membro, tenha, na qualidade de accionista, intentado num dos seus tribunais cíveis uma acção contra uma sociedade nele estabelecida, quando essa exigência não seja imposta aos seus próprios nacionais que nele não têm bens nem domicílio. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 31 As despesas efectuadas pelos Governos austríaco e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Sexta Secção), pronunciando-se sobre a questão submetida pelo Oberster Gerichtshof, por acórdão de 11 de Março de 1996, declara: O artigo 6._, primeiro parágrafo, do Tratado CE deve ser interpretado no sentido de que se opõe a que um Estado-Membro exija a prestação de uma cautio judicatum solvi a um nacional de outro Estado-Membro que é também nacional de um país terceiro, onde tem domicílio, quando esse nacional, que não tem domicílio nem bens no primeiro Estado-Membro, tenha, na qualidade de accionista, intentado num dos seus tribunais cíveis uma acção contra uma sociedade nele estabelecida, quando essa exigência não seja imposta aos seus próprios nacionais que nele não têm bens nem domicílio.

62007CJ0219

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 30 EG en van verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer ( PB 1997, L 61, blz. 1 ). Dit verzoek is ingediend in het kader van het onderzoek van twee beroepen tot nietigverklaring die bij de Raad van State zijn ingediend respectievelijk door de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW en Andibel VZW, een vereniging zonder winstoogmerk bestaande uit handelaars in de sector van de verkoop van vogels, gezelschapsdieren en accessoires daarvoor, tegen het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van dieren die gehouden mogen worden ( Belgisch Staatsblad van 14 februari 2002, blz. 5479; hierna: „koninklijk besluit”). Toepasselijke bepalingen Gemeenschapsregeling Punt 3 van de considerans van verordening nr. 338/97 luidt: „Overwegende dat de bepalingen van deze verordening geen afbreuk doen aan de strengere maatregelen die de lidstaten met inachtneming van het Verdrag kunnen nemen of handhaven, met name wat betreft het houden van specimens van soorten die onder deze verordening vallen”. Artikel 1 van verordening nr. 338/97 bepaalt: „Deze verordening heeft ten doel, in het wild levende dier- en plantensoorten te beschermen en in stand te houden door de controle op het desbetreffende handelsverkeer overeenkomstig de in de volgende artikelen vastgestelde bepalingen. Deze verordening is van toepassing met inachtneming van de doelstellingen, beginselen en bepalingen van de in artikel 2 omschreven Overeenkomst.” Artikel 2 van die verordening bevat de volgende definities: „[…] b) ‚de Overeenkomst’: de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES); […] s) ‚soort’: een soort, ondersoort of populatie daarvan; t) ‚specimen’: elk dier of elke plant, dood of levend, van de in de bijlagen A tot en met D genoemde soorten, elk deel daarvan en elk daarvan verkregen product, al dan niet in andere goederen vervat, alsmede alle goederen waarvan op grond van een bewijsstuk, verpakking, merkteken of etiket of enige andere omstandigheid moet worden aangenomen dat het gaat om delen of producten van tot deze soorten behorende dieren of planten, tenzij deze delen of producten door middel van een aanduiding in die zin in de bijlagen waarin de betrokken soorten genoemd worden, expliciet van het toepassingsgebied van deze verordening of van de bepalingen met betrekking tot de betrokken bijlage zijn uitgesloten. Een specimen wordt beschouwd als een specimen behorend tot één van de in de bijlagen A tot en met D genoemde soorten indien het een dier of een plant is, dan wel een deel of een afgeleid product van een dier of een plant, waarvan ten minste één ‚ouder’ tot een dergelijke soort behoort. Wanneer de ‚ouders’ van een dergelijk dier of een dergelijke plant behoren tot soorten die in verschillende bijlagen worden genoemd, of tot soorten waarvan er slechts één in een bijlage wordt genoemd, zijn de bepalingen van de meest restrictieve bijlage van toepassing. Voor specimens van hybride planten waarvan slechts een ‚ouder’ behoort tot een in bijlage A genoemde soort, zijn de bepalingen van de meest restrictieve bijlage evenwel slechts van toepassing indien zulks met betrekking tot deze soort in de bijlage is vermeld; u) ‚handel’: het binnenbrengen in de Gemeenschap met inbegrip van de aanvoer vanuit zee, de uitvoer en wederuitvoer vanuit de Gemeenschap en het gebruik, het vervoer en de overdracht van eigendom, in de Gemeenschap of in een lidstaat, van specimens waarop de bepalingen van deze verordening van toepassing zijn; […]” In artikel 3 van die verordening staat: „1.   Bijlage A bij deze verordening omvat: a) de in bijlage I bij de Overeenkomst opgenomen soorten waarvoor de lidstaten geen voorbehoud hebben gemaakt; b) soorten: i) die voor gebruik in de Gemeenschap afgenomen worden of kunnen worden of die het voorwerp van internationale handel uitmaken of kunnen uitmaken, en die met uitsterven bedreigd worden dan wel zo zeldzaam zijn dat ook het meest beperkte handelsverkeer het voortbestaan van de soort in gevaar zou brengen, of ii) die behoren tot een genus waarvan de meeste soorten, of die een soort vormen waarvan de meeste ondersoorten, op basis van de sub a of sub b-i, vermelde criteria in bijlage A zijn opgenomen en die zelf ook in die bijlage dienen te worden opgenomen, omdat anders een doeltreffende bescherming van de beoogde taxa onmogelijk is. 2.   Bijlage B bij deze verordening omvat: a) de in bijlage II bij de Overeenkomst opgenomen soorten die niet in bijlage A zijn opgenomen, en waarvoor de lidstaten geen voorbehoud hebben gemaakt; b) de in bijlage I bij de Overeenkomst opgenomen soorten waarvoor een voorbehoud is gemaakt; c) niet in de bijlagen I of II bij de Overeenkomst opgenomen soorten: i) die het voorwerp uitmaken van zo veel internationale handel dat deze een bedreiging zou kunnen vormen: — voor het voortbestaan van deze soorten, of het voortbestaan van de populaties daarvan in bepaalde landen, of — voor de instandhouding van de populatie op een voldoende getalsterkte opdat deze soorten in de ecosystemen waarin ze voorkomen hun rol naar behoren zouden kunnen vervullen; of ii) waarvan de opneming in de bijlage, gezien hun uiterlijke gelijkenis met andere in bijlage A of bijlage B opgenomen soorten, onontbeerlijk is om de handel in tot deze soorten behorende specimens daadwerkelijk te kunnen controleren; d) soorten waarvan vaststaat dat het binnenbrengen van levende specimens in het natuurlijk milieu van de Gemeenschap een ecologische bedreiging vormt voor inheemse, in het wild levende dier- en plantensoorten van de Gemeenschap. 3.   Bijlage C bij deze verordening omvat: a) de in bijlage III bij de Overeenkomst opgenomen soorten die niet in de bijlagen A of B zijn opgenomen en waarvoor de lidstaten geen voorbehoud hebben gemaakt; b) de in bijlage II bij de Overeenkomst opgenomen soorten waarvoor een voorbehoud is gemaakt. 4.   Bijlage D bij deze verordening omvat: a) niet in de bijlagen A, B en C vermelde soorten waarvan de omvang van de invoer in de Gemeenschap een controle rechtvaardigt, en b) de in bijlage III bij de Overeenkomst opgenomen soorten waarvoor een voorbehoud is gemaakt. 5.   Waar het bestand van de soorten die onder deze verordening vallen, hun opname in één van de bijlagen bij deze Overeenkomst noodzakelijk maakt, zullen de lidstaten aan de nodige wijzigingen bijdragen.” Artikel 8 van die verordening luidt: „1.   De aankoop, het te koop vragen, de verwerving voor commerciële doeleinden, het tentoonstellen voor commerciële doeleinden, het gebruik met winstoogmerk en het verkopen, het in bezit hebben met het oog op verkoop, het ten verkoop aanbieden of het vervoeren met het oog op verkoop van specimens van de in bijlage A genoemde soorten, is verboden. 2.   De lidstaten kunnen het in bezit hebben van specimens, met name van tot de in bijlage A genoemde soorten behorende levende dieren, verbieden. […] 5.   De in lid 1 genoemde verbodsbepalingen gelden ook voor specimens van de soorten genoemd in bijlage B, behalve indien ten genoegen van de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat is aangetoond dat die specimens verkregen werden en, indien zij niet uit de Gemeenschap afkomstig zijn, daarin werden binnengebracht overeenkomstig de geldende wetgeving inzake de instandhouding van de wilde flora en fauna. 6.   De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen de specimens van de in de bijlagen B tot en met D bij deze verordening genoemde soorten die zij uit hoofde van deze verordening verbeurd hebben verklaard, verkopen op voorwaarde dat zij op deze wijze niet rechtstreeks terugkeren naar de natuurlijke of rechtspersoon waarvan zij in beslag werden genomen of die medeschuldig aan de inbreuk is.” Nationale regeling Artikel 3 bis van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren ( Belgisch Staatsblad van 3 december 1986, blz. 16382; hierna: „dierenwelzijnswet”), ingevoegd bij artikel 3 van de wet van 4 mei 1995 ( Belgisch Staatsblad van 28 juli 1995, blz. 20360), luidt als volgt: „§ 1.   Het is verboden dieren te houden die niet behoren tot de soorten of categorieën vermeld op een door de Koning vastgestelde lijst. Deze lijst doet geen afbreuk aan de wetgeving betreffende de bescherming van bedreigde diersoorten. § 2.   In afwijking van § 1 mogen dieren van andere soorten of categorieën dan die aangewezen door de Koning worden gehouden: 1° in dierentuinen; 2° door laboratoria; 3° a) door particulieren, op voorwaarde dat zij bewijzen kunnen voorleggen dat de dieren werden gehouden voor de inwerkingtreding van het in dit artikel bedoelde besluit. Dit bewijs moet niet worden voorgelegd voor de nakomelingen van deze dieren, op voorwaarde dat ze zich bij de eerste eigenaar bevinden; b) door particulieren erkend door de minister tot wiens bevoegdheid de landbouw behoort, op advies van het in artikel 5, § 2, tweede lid, bedoelde comité van deskundigen. De Koning bepaalt de procedure voor de toepassing van het bepaalde in a en b. Hij kan bovendien bijzondere voorwaarden vaststellen voor het houden en het identificeren van de bedoelde dieren; 4° door dierenartsen, voor zover het dieren van derden betreft die tijdelijk gehouden worden voor diergeneeskundige verzorging; 5° door dierenasielen, voor zover het een tijdelijk verblijf betreft van dieren die in beslag zijn genomen, waarvan afstand werd gedaan of die aangetroffen werden zonder dat vastgesteld kon worden wie de houder ervan is; 6° door handelszaken voor dieren, voor zover zij de dieren gedurende korte tijd houden en voor zover vooraf een schriftelijke overeenkomst met natuurlijke personen of rechtspersonen bedoeld in de punten 1°, 2°, 3° b en 7°, werd gesloten; 7° in circussen of in rondreizende tentoonstellingen. § 3.   Onverminderd de afwijkingen voorzien in § 2, kan de Koning het houden van door hem aangewezen dieren van andere soorten of categorieën verbieden aan sommige van de in § 2 opgesomde natuurlijke personen of rechtspersonen.” Artikel 1 van het koninklijk besluit heeft voor zoogdieren de inwerkingtreding van artikel 3 bis van de dierenwelzijnswet vastgesteld op 1 juni 2002. Artikel 2 van dat koninklijk besluit heeft de lijst vastgesteld van de zoogdieren die kunnen worden gehouden, en de artikelen 3 tot en met 5 hebben de in artikel 3 bis, lid 2, 3°, tweede alinea, van die wet bedoelde uitvoeringsbepalingen vastgesteld. Het koninklijk besluit is gewijzigd bij koninklijk besluit van 22 augustus 2002 ( Belgisch Staatsblad van 25 september 2002, blz. 43346), waarbij een heffing is ingevoerd over aanvragen tot erkenning als particulier die zoogdieren wenst te houden welke niet vermeld zijn op de lijst van de soorten waarvan specimens kunnen worden gehouden (artikel 1) en deze lijst is uitgebreid tot 46 betrokken soorten (artikel 2). Hoofdgedingen en prejudiciële vragen Voor de verwijzende rechter betogen de Nationale Raad van Dierenkwekers en Liefhebbers VZW en Andibel VZW dat het koninklijk besluit, gelezen in samenhang met de dierenwelzijnswet, een absoluut verbod meebrengt om zoogdieren van soorten die niet zijn opgenomen in de zogenaamde „positieve” lijst die bij het koninklijk besluit is gevoegd, in te voeren uit een andere lidstaat, in bezit te hebben en te verhandelen, hoewel een dergelijk verbod in strijd is met verordening nr. 338/97 en met het Verdrag, in het bijzonder met artikel 30 EG. De verwijzende rechter merkt op dat het koninklijk besluit tot gevolg heeft dat, behoudens de in artikel 3 bis, lid 2, van de dierenwelzijnswet genoemde gevallen, in België geen zoogdieren die niet tot de in die lijst vermelde soorten behoren, kunnen worden gehouden. Een dergelijk reglementair besluit heeft volgens hem onmiskenbaar een invloed op het handelsverkeer tussen de lidstaten. Daarop heeft de Raad van State de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld: „1) Moet artikel 30 [EG], op zichzelf beschouwd of samengelezen met [verordening nr. 338/97], aldus uitgelegd worden dat een invoer- en verhandelingsverbod van dieren, ingesteld ter uitvoering van artikel 3 bis, § 1, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, niet gerechtvaardigd is ten aanzien van zoogdieren die vanuit een andere EU-lidstaat worden ingevoerd en die vallen onder [bijlage] B, C of D [bij die] verordening of die niet genoemd worden in [die] verordening, wanneer deze zoogdieren in die lidstaat worden gehouden volgens de wetgeving van die staat en die wetgeving in overeenstemming is met de bepalingen van [die] verordening? 2) Verzet artikel 30 [EG] of [verordening nr. 338/97] zich tegen een regelgeving van een lidstaat die op grond van de bestaande wetgeving inzake het dierenwelzijn, elk commercieel gebruik van specimens verbiedt behalve zo deze specimens uitdrukkelijk vermeld zijn in die nationale regelgeving, wanneer de doelstelling van de bescherming van deze soorten, zoals bedoeld in artikel 30 [EG], even doeltreffend kan worden bereikt door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder beperken?” Beantwoording van de prejudiciële vragen Met zijn twee vragen, die samen moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of de artikelen 28 EG en 30 EG, afzonderlijk of in combinatie met verordening nr. 338/97, in de weg staan aan een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, volgens welke het verbod, zoogdieren van andere soorten dan die welke uitdrukkelijk in die regeling zijn genoemd, in te voeren, in bezit te hebben en te verhandelen, van toepassing is op zoogdiersoorten die niet in bijlage A bij die verordening zijn opgenomen. Om te beginnen doen overeenkomstig punt 3 van de considerans van verordening nr. 338/97 de bepalingen van deze verordening geen afbreuk aan de strengere maatregelen die de lidstaten met inachtneming van het Verdrag kunnen nemen of handhaven, met name wat betreft het houden van specimens van soorten die onder die verordening vallen. Overigens bepaalt artikel 176 EG dat de beschermende maatregelen die, zoals verordening nr. 338/97, worden vastgesteld uit hoofde van artikel 175 EG, niet beletten dat een lidstaat verder gaande beschermende maatregelen treft, die verenigbaar moeten zijn met het Verdrag (zie arrest van 23 oktober 2001, Tridon, C-510/99, Jurispr. blz. I-7777 , punt 45). Blijkens de verwijzingsbeslissing kunnen volgens de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling alleen de zoogdieren die behoren tot een van de in de lijst van bijlage I bij het koninklijk besluit genoemde soorten in België worden gehouden, ingevoerd en verhandeld, behoudens de in artikel 3 bis, lid 2, van de dierenwelzijnswet bedoelde gevallen. De prejudiciële vragen hebben enkel betrekking op het door de aan de orde zijnde regeling opgelegde verbod, zoogdieren in te voeren, in bezit te hebben en te verhandelen, voor zover het geldt voor de zoogdiersoorten die in de bijlagen B, C en D bij verordening nr. 338/97 zijn genoemd alsmede voor die welke niet onder die verordening vallen. Verordening nr. 338/97 bevat geen algemeen verbod op de invoer en de verhandeling van andere soorten dan die welke in bijlage A daarbij zijn bedoeld. Wat meer bepaald het verbod op commercieel gebruik van specimens van de in bijlage B bij verordening nr. 338/97 genoemde soorten betreft, heeft het Hof reeds geoordeeld dat het een strengere maatregel in de zin van artikel 176 EG is (arrest Tridon, reeds aangehaald, punt 49). Dit is ook het geval voor de specimens van soorten die in de bijlagen C en D bij die verordening zijn genoemd, aangezien deze laatste geen specifieke bepaling bevat die een algemeen verbod op commercieel gebruik van deze specimens stelt. Dezelfde conclusie geldt a fortiori voor de specimens van soorten die niet onder die verordening vallen, aangezien op communautair niveau geen harmonisatiemaatregelen zijn genomen die het commerciële gebruik van deze specimens verbieden. Aangezien het koninklijk besluit meebrengt dat specimens van soorten die niet in bijlage A bij verordening nr. 338/97 zijn genoemd, als algemene regel niet kunnen worden ingevoerd, gehouden en verhandeld in België, is dat koninklijk besluit een strengere regeling dan die verordening, die derhalve aan artikel 28 EG moet worden getoetst. Een regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, vindt toepassing op specimens die afkomstig zijn uit een andere lidstaat, en belemmert dus de intracommunautaire handel in de zin van artikel 28 EG (zie in die zin arrest Tridon, reeds aangehaald, punt 49). Een wettelijke bepaling van een lidstaat waarbij verbod wordt opgelegd, goederen die niet vooraf zijn toegelaten in de handel te brengen, te verwerven, aan te bieden, tentoon of te koop te stellen, in bezit te hebben, te bereiden, te vervoeren, te verkopen, af te staan onder bezwarende titel of kosteloos, in te voeren of te gebruiken, is immers een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking in de zin van artikel 28 EG (zie in die zin met name arrest van 17 september 1998, Harpegnies, C-400/96, Jurispr. blz. I-5121 , punt 30). Het Hof heeft voorts geoordeeld dat een regeling die voor het in de handel brengen van bepaalde goederen de voorafgaande inschrijving van die goederen op een „positieve lijst” verlangt, het in de handel brengen van die goederen moeilijker en duurder maakt, zodat zij het handelsverkeer tussen de lidstaten belemmert (zie in die zin met name arrest van 5 februari 2004, Commissie/Frankrijk, C-24/00, Jurispr. blz. I-1277 , punt 23). Volgens de Belgische regering belemmert de in het hoofdgeding aan de orde zijnde regeling weliswaar het vrije verkeer van goederen, maar heeft zij een legitiem doel, namelijk het welzijn van gevangen gehouden dieren. Zij berust op de vaststelling dat het in bezit hebben van zoogdieren slechts in een beperkt aantal gevallen aanvaardbaar is, rekening houdend met de fysiologische en ethologische minimumbehoeften van deze zoogdieren. Die regering merkt in dit verband op dat wanneer blijkt dat, gelet op die behoeften, specimens van een bepaalde zoogdiersoort niet door eender wie in bezit kunnen worden gehouden zonder dat hun welzijn in gevaar wordt gebracht, zij niet op de positieve lijst kunnen worden geplaatst en dus verhandeld, onverminderd de afwijkende regeling van artikel 3 bis, lid 2, van de dierenwelzijnswet. Die regeling vindt derhalve haar rechtvaardiging in de bescherming van de gezondheid en het leven van de betrokken dieren. Bovendien is de aan de orde zijnde regeling volgens de Belgische regering evenredig aan het nagestreefde doel. In de eerste plaats bevat zij geen absoluut verbod op de invoer van die dieren. Overeenkomstig artikel 3 bis, lid 2, van de dierenwelzijnswet kunnen de specimens van andere soorten of categorieën dan die welke in de lijst van bijlage I bij het koninklijk besluit zijn genoemd, echter worden gehouden in met name dierentuinen, laboratoria, circussen en rondreizende tentoonstellingen, maar ook door particulieren die zijn erkend door de voor de bescherming van dieren bevoegde minister en door handelszaken voor dieren voor zover vooraf een schriftelijke overeenkomst met onder een van de bovenvermelde categorieën vallende natuurlijke personen of rechtspersonen is gesloten. In de tweede plaats is de positieve lijst vastgesteld na de vastlegging door de Nationale Raad voor dierenwelzijn van objectieve criteria, met name op basis van bijdragen van wetenschappers en specialisten. Die criteria zijn de volgende. Ten eerste moeten de dieren gemakkelijk te houden zijn en gehuisvest kunnen worden met inachtneming van hun essentiële fysiologische, ethologische en ecologische behoeften; ten tweede mogen zij niet van nature agressief zijn en geen ander bijzonder gevaar voor de gezondheid van de mens inhouden; ten derde mogen het geen soorten zijn waarvoor duidelijke aanwijzingen bestaan dat zij zich bij ontsnapping uit gevangenschap in de natuur kunnen handhaven en daardoor een ecologische bedreiging vormen, en ten vierde moeten bibliografische gegevens over het houden van deze dieren beschikbaar zijn. In gevallen van tegenstrijdige gegevens of informatie over de houdbaarheid van een dier moet het voordeel van de twijfel aan het dier worden gegeven. In dit verband moet in de eerste plaats in herinnering worden gebracht dat de bescherming van het dierenwelzijn een legitiem doel van algemeen belang is, waarvan het belang met name tot uitdrukking is gekomen in de vaststelling door de lidstaten van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de bescherming en het welzijn van dieren ( PB 1997, C 340, blz. 110 ). Het Hof heeft overigens meermaals het belang vastgesteld dat de Gemeenschap hecht aan de gezondheid en de bescherming van dieren (zie arrest van 17 januari 2008, Viamex Agrar Handel en ZVK, C-37/06 en C-58/06, Jurispr. blz. I-69 , punten 22 en 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In de tweede plaats vormt overeenkomstig artikel 30 EG het bepaalde in de artikelen 28 EG en 29 EG geen beletsel voor verboden of beperkingen welke gerechtvaardigd zijn, onder meer, uit hoofde van de bescherming van de gezondheid en het leven van personen en dieren, op voorwaarde dat deze verboden of beperkingen geen middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormen, en heeft het Hof geoordeeld dat de bescherming van de gezondheid en het leven van dieren een door het gemeenschapsrecht erkend fundamenteel vereiste is (zie in die zin arrest van 11 mei 1999, Monsees, C-350/97, Jurispr. blz. I-2921 , punt 24). Met betrekking tot het gevaar dat de specimens zich bij ontsnapping uit gevangenschap in de natuur kunnen handhaven en daardoor een ecologische bedreiging vormen, is het in de derde plaats vaste rechtspraak dat beperkingen van het vrije verkeer van goederen kunnen worden gerechtvaardigd door dwingende vereisten als de bescherming van het milieu (zie arresten van 14 juli 1998, Bettati, C-341/95, Jurispr. blz. I-4355 , punt 62, en 12 oktober 2000, Snellers, C-314/98, Jurispr. blz. I-8633 , punt 55). Het evenredigheidsbeginsel, dat ten grondslag ligt aan de laatste volzin van artikel 30 EG, verlangt weliswaar dat de bevoegdheid van de lidstaten om de invoer van dieren uit andere lidstaten, waarin zij rechtmatig in de handel zijn gebracht, te verbieden, beperkt blijft tot hetgeen noodzakelijk is ter verwezenlijking van de rechtmatig nagestreefde beschermingsdoelstellingen (zie in die zin met name arrest Harpegnies, reeds aangehaald, punt 34), maar bij de toepassing van dit beginsel in een context zoals die van het hoofdgeding moet rekening worden gehouden met de bijzondere aard van de betrokken soorten en met de belangen en de vereisten die in de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht. Het feit dat in de ene lidstaat minder strikte bepalingen gelden dan in de andere, betekent op zich niet dat de in laatstbedoelde lidstaat geldende bepalingen onevenredig zijn en derhalve onverenigbaar met het gemeenschapsrecht. De enkele omstandigheid dat de ene lidstaat voor een ander stelsel van bescherming heeft gekozen dan de andere, kan namelijk niet van invloed zijn op de beoordeling van de noodzaak en de evenredigheid van de ter zake getroffen regelingen (zie met name arrest van 1 februari 2001, Mac Quen e.a., C-108/96, Jurispr. blz. I-837 , punten 33 en 34). Anders dan verzoeksters in het hoofdgeding betogen, volstaat een negatieve lijst, waarbij het verbod enkel voor de zoogdiersoorten op die lijst geldt, wellicht niet om het doel van bescherming of eerbiediging van de belangen en de vereisten vermeld in de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest te verwezenlijken. De toepassing van een dergelijke regeling zou immers kunnen betekenen dat zolang een zoogdiersoort niet op deze lijst is geplaatst, specimens van die soort vrij kunnen worden gehouden, hoewel geen wetenschappelijke beoordeling zou zijn verricht die waarborgt dat dit in bezit hebben geen enkel gevaar voor de bescherming van die belangen en vereisten inhoudt (zie naar analogie arrest van 12 juli 2005, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 en C-155/04, Jurispr. blz. I-6451 , punt 70). Volgens de rechtspraak van het Hof is een regeling die, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, aan het houden van zoogdieren de voorwaarde verbindt dat de soorten waartoe zij behoren, eerst op een positieve lijst zijn geplaatst, en die ook van toepassing is op specimens van soorten die rechtmatig worden gehouden in andere lidstaten, slechts in overeenstemming met het gemeenschapsrecht indien aan diverse voorwaarden is voldaan (zie naar analogie met name arrest van 16 juli 1992, Commissie/Frankrijk, C-344/90, Jurispr. blz. I-4719 , punten 8 en 16, en arrest Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 25). In de eerste plaats moeten de opstelling van een dergelijke lijst en de latere wijzigingen daarvan berusten op criteria die objectief en niet discriminerend zijn (zie in die zin met name arrest van 23 september 2003, Commissie/Denemarken, C-192/01, Jurispr. blz. I-9693 , punt 53). Voorts moet die regeling voorzien in een procedure die de belanghebbenden in staat stelt, te verkrijgen dat nieuwe zoogdiersoorten op de nationale lijst van toegestane soorten worden geplaatst. Die procedure moet gemakkelijk toegankelijk zijn — hetgeen veronderstelt dat zij uitdrukkelijk bij een handeling met algemene strekking is vastgesteld — en binnen een redelijke termijn kunnen worden afgesloten, en indien zij uitloopt op een weigering van plaatsing op de lijst — welke weigering moet worden gemotiveerd — moet hiertegen in rechte kunnen worden opgekomen (zie naar analogie arresten van 16 juli 1992, Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 9, en 5 februari 2004, Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punten 26 en 37). Tot slot kunnen de bevoegde administratieve autoriteiten een verzoek tot plaatsing van een zoogdiersoort op die lijst slechts afwijzen wanneer het houden van specimens van die soort een reëel gevaar voor de bescherming of de eerbiediging van de belangen en de vereisten vermeld in de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest oplevert (zie naar analogie met name arresten van 16 juli 1992, Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 10, en 5 februari 2004, Commissie/Frankrijk, reeds aangehaald, punt 27). Hoe dan ook kunnen de bevoegde autoriteiten een verzoek tot plaatsing van een soort op de lijst van zoogdiersoorten waarvan het in bezit hebben is toegestaan, slechts afwijzen op grond van een uitgebreid onderzoek van het gevaar dat het houden van specimens van de betrokken soort inhoudt voor de bescherming van de belangen en de vereisten vermeld in de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest, welk onderzoek berust op de meest betrouwbare wetenschappelijke gegevens die beschikbaar zijn en de meest recente resultaten van het internationale onderzoek (zie naar analogie met name arrest Alliance for Natural Health e.a., reeds aangehaald, punt 73). Wanneer het onmogelijk blijkt te zijn het bestaan of de omvang van het gestelde gevaar met zekerheid te bepalen omdat de resultaten van de studies ontoereikend, niet overtuigend of onnauwkeurig zijn, maar reële schade voor de gezondheid van personen of dieren of voor het milieu waarschijnlijk blijft ingeval het gevaar intreedt, rechtvaardigt het voorzorgsbeginsel de vaststelling van beperkende maatregelen. Wat bovendien afwijkingen zoals die van artikel 3 bis, lid 2, van de dierenwelzijnswet betreft, deze mogen niet leiden tot begunstiging van binnenlandse producten, hetgeen een willekeurige discriminatie of een verkapte beperking ten opzichte van uit andere lidstaten ingevoerde producten zou betekenen (zie met name arrest van 16 december 1980, Fietje, 27/80, Jurispr. blz. 3839 , punt 14). Meer specifiek met betrekking tot voorwaarden zoals die van artikel 3 bis, lid 2, punten 3, sub b, en 6, van de dierenwelzijnswet, inzake het houden van specimens van zoogdiersoorten die niet in de bij het koninklijk besluit gevoegde lijst zijn genoemd, door particulieren of handelszaken voor dieren, moet worden nagegaan of dergelijke voorwaarden objectief gerechtvaardigd zijn en niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om de doelstelling van de nationale regeling in haar geheel te waarborgen. In casu kan over de evenredigheid van een regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, inzonderheid over de vraag of het beoogde doel kan worden bereikt door maatregelen die minder nadelige gevolgen hebben voor de intracommunautaire handel, niet worden geoordeeld zonder bijkomende informatie over die regeling en over de uitvoering daarvan. De beoordeling van de vastgelegde criteria en van de toepassing daarvan, van de draagwijdte van de afwijkingen van artikel 3 bis, lid 2, van de dierenwelzijnswet en van de kenmerken van de procedure voor de plaatsing op de lijst — zoals de toegankelijkheid daarvan en de mogelijkheden om in rechte tegen een weigering van plaatsing op de lijst op te komen — vereist een concrete analyse, welke door de verwijzende rechter moet worden verricht, met name aan de hand van de diverse toepasselijke teksten en de praktijk en aan de hand van wetenschappelijke studies (zie in die zin arrest Tridon, reeds aangehaald, punt 58). Gelet op het voorgaande moet op de gestelde vragen worden geantwoord dat de artikelen 28 EG en 30 EG, afzonderlijk of in combinatie met verordening nr. 338/97, niet in de weg staan aan een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, volgens welke het verbod, zoogdieren die behoren tot andere soorten dan die welke uitdrukkelijk in die regeling zijn genoemd, in te voeren, in bezit te hebben en te verhandelen, van toepassing is op zoogdiersoorten die niet in bijlage A bij die verordening zijn opgenomen, indien de bescherming of de eerbiediging van de belangen en de vereisten vermeld in de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest, niet even doeltreffend kan worden gewaarborgd door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder beperken. De verwijzende rechter moet nagaan: — of de opstelling en de latere wijzigingen van de nationale lijst van zoogdiersoorten waarvan het in bezit hebben toegestaan is, berusten op criteria die objectief en niet discriminerend zijn; — of is voorzien in een procedure die de belanghebbenden in staat stelt te verkrijgen dat zoogdiersoorten op de bedoelde lijst worden geplaatst, of deze procedure gemakkelijk toegankelijk is en binnen een redelijke termijn kan worden afgesloten en of, indien die procedure uitloopt op een weigering van plaatsing op de lijst — welke weigering moet worden gemotiveerd — hiertegen in rechte kan worden opgekomen; — of de bevoegde administratieve autoriteiten de verzoeken tot plaatsing van een zoogdiersoort op de bedoelde lijst of tot verkrijging van een individuele afwijking voor het houden van specimens van niet in die lijst genoemde soorten, slechts kunnen afwijzen wanneer het houden van specimens van de betrokken soorten een reëel gevaar voor de bescherming van de hierboven vermelde belangen en vereisten oplevert, en — of de voorwaarden voor het houden van specimens van niet in die lijst genoemde zoogdiersoorten, zoals de voorwaarden van artikel 3 bis, lid 2, punten 3, sub b, en 6, van de dierenwelzijnswet, objectief gerechtvaardigd zijn en niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om de doelstelling van de nationale regeling in haar geheel te waarborgen. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht: De artikelen 28 EG en 30 EG, afzonderlijk of in combinatie met verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer, staan niet in de weg aan een nationale regeling zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, volgens welke het verbod, zoogdieren die behoren tot andere soorten dan die welke uitdrukkelijk in die regeling zijn genoemd, in te voeren, in bezit te hebben en te verhandelen, van toepassing is op zoogdiersoorten die niet in bijlage A bij die verordening zijn opgenomen, indien de bescherming of de eerbiediging van de belangen en de vereisten vermeld in de punten 27 tot en met 29 van het onderhavige arrest niet even doeltreffend kan worden gewaarborgd door maatregelen die het intracommunautaire handelsverkeer minder beperken. De verwijzende rechter moet nagaan: — of de opstelling en de latere wijzigingen van de nationale lijst van zoogdiersoorten waarvan het in bezit hebben toegestaan is, berusten op criteria die objectief en niet discriminerend zijn; — of is voorzien in een procedure die de belanghebbenden in staat stelt te verkrijgen dat zoogdiersoorten op de bedoelde lijst worden geplaatst, of deze procedure gemakkelijk toegankelijk is en binnen een redelijke termijn kan worden afgesloten en of, indien zij uitloopt op een weigering van plaatsing op de lijst — welke weigering moet worden gemotiveerd — hiertegen in rechte kan worden opgekomen; — of de bevoegde administratieve autoriteiten de verzoeken tot plaatsing van een zoogdiersoort op de bedoelde lijst of tot verkrijging van een individuele afwijking voor het houden van specimens van niet in die lijst genoemde soorten, slechts kunnen afwijzen wanneer het houden van specimens van de betrokken soorten een reëel gevaar voor de bescherming van de hierboven vermelde belangen en vereisten oplevert, en — of de voorwaarden voor het houden van specimens van niet in die lijst genoemde zoogdiersoorten, zoals de voorwaarden van artikel 3 bis, lid 2, punten 3, sub b, en 6, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995, objectief gerechtvaardigd zijn en niet verder gaan dan hetgeen noodzakelijk is om de doelstelling van de nationale regeling in haar geheel te waarborgen. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Nederlands.

62009CJ0100

pt

Incumprimento de Estado – Não adopção, no prazo previsto, de todas as disposições necessárias para dar cumprimento à Directiva 2007/14/CE da Comissão, de 8 de Março de 2007, que estabelece as normas de execução de determinadas disposições da Directiva 2004/109/CE relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado (JO L 69, p. 27) Dispositivo 1) Ao não adoptar, no prazo estabelecido, as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à Directiva 2007/14/CE da Comissão, de 8 de Março de 2007, que estabelece as normas de execução de determinadas disposições da Directiva 2004/109/CE relativa à harmonização dos requisitos de transparência no que se refere às informações respeitantes aos emitentes cujos valores mobiliários estão admitidos à negociação num mercado regulamentado, a República Checa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 24.° dessa directiva. 2) A República Checa é condenada nas despesas.

62004CJ0484

pl

W swej skardze Komisja Wspólnot Europejskich wnosi o stwierdzenie, że stosując względem pracowników, których część czasu pracy nie jest mierzona lub wcześniej określona lub może być określona przez samego pracownika, odstępstwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 307, str. 18), zmienionej dyrektywą 2000/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2000 r. (Dz.U. L 195, str. 41, dalej zwanej „dyrektywą 93/104”), oraz nie podejmując kroków niezbędnych do zagwarantowania pracownikom prawa do odpoczynku dziennego i tygodniowego, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy wyżej wskazanego art. 17 ust. 1, a także art. 249 WE. Ramy prawne Uregulowania wspólnotowe Stosownie do art. 1 ust. 1 dyrektywy 93/104 dyrektywa ta określa minimalne wymagania w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla organizacji czasu pracy. Artykuły 3 i 5 dyrektywy, znajdujące się w jej sekcji II, określają minimalne okresy odpoczynku dziennego i tygodniowego pracowników. A zatem państwa członkowskie zobowiązane są podjąć niezbędne kroki, aby każdemu pracownikowi zapewnić minimalny okres odpoczynku w ilości 11 nieprzerwanych godzin w okresie obejmującym 24 godziny (art. 3) oraz w siedmiodniowym okresie pracy minimalny nieprzerwany okres odpoczynku w ilości 24 godzin, łącznie z dziennym okresem odpoczynku w ilości jedenastu godzin, określonym w art. 3 (art. 5 akapit pierwszy). Stosownie do art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/104: „Z jednoczesnym poszanowaniem ogólnych zasad ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników państwa członkowskie mogą odstąpić od stosowania art. 3, 4, 5, 6, 8 lub 16, kiedy ze względu na szczególne cechy charakterystyczne wykonywanej działalności długość czasu pracy nie jest mierzona i/lub wcześniej określona, lub może być określona przez samych pracowników […]”. Stosownie do art. 18 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy państwa członkowskie przyjmują przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania do dnia 23 listopada 1996 r. Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz.U. L 299, str. 9) zastąpiła, począwszy od dnia 2 sierpnia 2004 r., dyrektywę 93/104. Jednakże zarzucane przez Komisję uchybienie dotyczy tej ostatniej dyrektywy i to ona obowiązywała w dniu, w którym upłynął termin wyznaczony w uzasadnionej opinii. Uregulowania krajowe Rozporządzenie w sprawie czasu pracy z 1998 r. (Working Time Regulations 1998) w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. (zwane dalej „WTR”) stanowi w art. 10, dokonującym transpozycji art. 3 dyrektywy 93/104, że pełnoletni pracownik uprawniony jest do minimalnego okresu odpoczynku wynoszącego nieprzerwanie 11 godzin w trakcie każdych 24 godzin. Artykuł 11 WTR, dokonujący transpozycji art. 5 wyżej wskazanej dyrektywy, stanowi, że z zastrzeżeniem przepisów jego ust. 2, pełnoletni pracownik uprawniony jest do minimalnego nieprzerwanego okresu odpoczynku wynoszącego 24 godziny w każdym okresie czasu obejmującym 7 dni. Artykuł 20 ust. 2 WTR ma następujące brzmienie: „Jeżeli część czasu pracy pracownika jest mierzona lub wcześniej określona lub nie może być określona przez samego pracownika, jednakże szczególne cechy charakterystyczne działalności umożliwiają pracownikowi, bez sformułowania takiego żądania przez pracodawcę, również wykonywanie pracy, której czas nie jest mierzony lub wcześniej określony, lub może być określony przez samego pracownika, przepisy art. 4 ust 1, art. 6 ust. 1, 2 i 7 znajdują zastosowanie jedynie do tej części czasu pracy, która jest mierzona, wcześniej określona lub nie może być określona przez samego pracownika”. Dla ułatwienia zrozumienia WTR przez pracodawców i pracowników Department of Trade and Industry (ministerstwo handlu i przemysłu) wydało przewodnik zawierający zbiór wytycznych dotyczących różnych przepisów tego rozporządzenia (zwanych dalej „wytycznymi”). Jak wynika z niektórych akapitów sekcji 5 i 6 wytycznych, „pracodawcy muszą umożliwić pracownikom korzystanie z okresów odpoczynku, ale nie mają obowiązku dokładania starań, aby pracownicy rzeczywiście z nich korzystali”. Postępowanie poprzedzające wniesienie skargi W dniu 21 marca 2002 r. Komisja wystosowała do Zjednoczonego Królestwa w oparciu o art. 226 WE wezwanie do usunięcia uchybienia. W wezwaniu zarzucała Zjednoczonemu Królestwu nieprawidłową transpozycję art. 3, 5, 8 i 17 ust. 1 dyrektywy 93/104. Władze Zjednoczonego Królestwa odpowiedziały pismem z dnia 31 maja 2002 r. Jako że odpowiedź ta nie zadowoliła Komisji, w dniu 2 maja 2003 r. wystosowała ona do Zjednoczonego Królestwa uzasadnioną opinię, wzywając je do podjęcia środków niezbędnych do dostosowania się do dyrektywy 93/104 w terminie dwóch miesięcy od daty doręczenia tej opinii. Pismem z dnia 30 czerwca 2003 r. władze tego państwa członkowskiego odpowiedziały na uzasadnioną opinię, wskazując na fakt, że nowelizacja dotycząca obliczania czasu pracy pracowników pracujących w porze nocnej została już, zgodnie z art. 8 dyrektywy 93/104, opublikowana, lecz jednocześnie podkreślając, że krajowe przepisy dokonujące transpozycji art. 17 ust. 1, 3 i 5 tej dyrektywy, jak również wytyczne, są z nią zgodne. W tych okolicznościach Komisja podjęła decyzję o wniesieniu niniejszej skargi. W przedmiocie skargi W przedmiocie zarzutu pierwszego dotyczącego odstępstwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/104 W swym pierwszym zarzucie Komisja podnosi, że art. 20 ust. 2 WTR wykracza poza granice odstępstwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/104. Jej zdaniem odstępstwo to bowiem ma zastosowanie do pracowników, których cały czas pracy nie jest mierzony lub wcześniej określony lub może być określony przez samych pracowników. Komisja stwierdza natomiast, że WTR stanowi, iż w sytuacjach, gdy tylko część czasu pracy pracownika jest mierzona, wcześniej określona lub może być określona przez pracownika, przepisy dotyczące tygodniowego wymiaru czasu pracy i pracy w porze nocnej mają zastosowanie tylko do tej części czasu pracy, która jest mierzona, wcześniej określona lub nie może być określona przez samego pracownika. Zjednoczone Królestwo stwierdza w odpowiedzi na skargę, iż nie kwestionuje już pierwszego zarzutu i zobowiązuje się do uchylenia spornego przepisu WTR. Na rozprawie poinformowało ono, iż rozporządzenie zmieniające art. 20 ust. 2 WTR wejdzie w życie w dniu 6 kwietnia 2006 r. W swej replice Komisja twierdzi, że środki niezbędne dla uzgodnienia uregulowań krajowych z art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/104 nie zostały jeszcze przez Zjednoczone Królestwo podjęte i tym samym przedmiot skargi pozostaje niezmieniony. Należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wystąpienie uchybienia powinno być oceniane w odniesieniu do sytuacji mającej miejsce w państwie członkowskim w momencie upływu terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii, a zmiany, które nastąpiły w okresie późniejszym, nie mogą być uwzględniane przez Trybunał (zob. w szczególności wyroki: z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie C‑420/02 Komisja przeciwko Grecji, Zb. Orz. str. I‑11175, pkt 23 oraz z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie C‑433/03 Komisja przeciwko Niemcom, Zb. Orz. str. I‑6985, pkt 32). Jeżeli chodzi o zakres odstępstwa z art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/104, to z samego brzmienia tego przepisu wynika, jak słusznie podnosi Komisja, że ma on zastosowanie tylko do pracowników, których czas pracy nie jest w całości mierzony lub wcześniej określony albo może być określony przez samych pracowników z uwagi na charakter wykonywanej pracy. W tym konkretnym przypadku poza sporem jest to, że wraz z upływem terminu wyznaczonego w uzasadnionej opinii Zjednoczone Królestwo nie przyjęło środków niezbędnych do dostosowania się do tej dyrektywy, co oznacza, że pierwszy zarzut Komisji należy uznać za zasadny. W przedmiocie zarzutu drugiego dotyczącego wytycznych i okresów odpoczynku, o których mowa w art. 3 i 5 dyrektywy 93/104 W przedmiocie dopuszczalności Zjednoczone Królestwo stoi na stanowisku, że drugi zarzut Komisji należy odrzucić jako niedopuszczalny. Podnosi ono, po pierwsze, że w uzasadnionej opinii Komisja ograniczyła swe zarzuty wyłącznie do wytycznych, podczas gdy skarga nie zawiera takiego ograniczenia, ponieważ dotyczy braku odpowiednich środków zapewniających pełną i skuteczną transpozycję dyrektywy 93/104, wykraczając tym samym poza granice uzasadnionej opinii. Po drugie, Zjednoczone Królestwo twierdzi, że podniesienie naruszenia ogólnego obowiązku nałożonego na państwa członkowskie na podstawie art. 249 akapit trzeci WE jest niewystarczający, w sytuacji, gdy podniesiona powinna była zostać nieprawidłowa transpozycja przedmiotowej dyrektywy. Jego zdaniem Komisja powinna była jasno i punkt po punkcie określić każdą dziedzinę, w której środki przyjęte przez państwa członkowskie są niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej transpozycji przedmiotowej dyrektywy. W tej kwestii należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem postępowanie poprzedzające wniesienie skargi ma na celu umożliwienie zainteresowanemu państwu członkowskiemu, z jednej strony zastosowania się do zobowiązań, które nakłada na nie prawo wspólnotowe, a z drugiej strony skutecznego podniesienia argumentów na swoją obronę w stosunku do zarzutów sformułowanych przez Komisję (zob. w szczególności wyroki: z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie C‑152/98 Komisja przeciwko Niderlandom, Rec. str. I‑3463, pkt 23 oraz z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie C‑29/04 Komisja przeciwko Austrii, Zb. Orz. str. I‑9705, pkt 25). Wynika stąd, po pierwsze, że przedmiot skargi wniesionej na podstawie art. 226 WE jest ograniczony przez postępowanie poprzedzające wniesienie skargi przewidziane w tym przepisie w ten sposób, że skarga musi być oparta na tym samych uzasadnieniu i zarzutach co uzasadniona opinia (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Komisja przeciwko Austrii, pkt 26). Wymóg ten nie może jednak oznaczać, by w każdym przypadku istniała całkowita zbieżność między brzmieniem zarzutów w sentencji uzasadnionej opinii i żądaniami skargi, o ile przedmiot sporu określony w uzasadnionej opinii nie został rozszerzony lub zmieniony (zob. wyrok z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie C‑147/03 Komisja przeciwko Austrii, Zb. Orz. str. I 5969, pkt 24). Po drugie, umotywowana opinia powinna przedstawiać w sposób spójny i szczegółowy powody, dla których Komisja uznała, że zainteresowane państwo uchybiło jednemu ze zobowiązań, jakie nakłada na nie prawo wspólnotowe (zob. w szczególności wyroki: z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie C‑439/99 Komisja przeciwko Włochom, Rec. str. I‑305, pkt 12 oraz ww. wyrok z 10 listopada 2005 r. w sprawie Komisja przeciwko Austrii, pkt 27). W tym konkretnym przypadku zarówno z umotywowanej opinii, jak i skargi Komisji rozpoczynającej postępowanie, jasno wynika, że drugi zarzut podniesiony przez nią dotyczy utrzymania w mocy – w formie wytycznych – wyraźnego pouczenia pracodawców o tym, że nie mają obowiązku zagwarantowania, by pracownicy rzeczywiście korzystali z okresów odpoczynku. W tych właśnie okolicznościach Komisja uznała, że Zjednoczone Królestwo nie podjęło wszystkich środków niezbędnych dla osiągnięcia celu dyrektywy 93/104. Przedmiot skargi, który został jasno określony, nie zmienił się w trakcie postępowania i pierwszy zarzut niedopuszczalności podniesiony przez Zjednoczone Królestwo winien zatem zostać oddalony. W odniesieniu do argumentu Zjednoczonego Królestwa, jakoby dla stwierdzenia nieprawidłowej transpozycji dyrektywy 93/104 odwołanie się do art. 249 akapit trzeci WE było niewystarczające, należy przypomnieć, że drugi zarzut Komisji nie dotyczy samej nieprawidłowej transpozycji art. 3 i 5 tej dyrektywy, ale raczej istnienia – w formie wytycznych – środków krajowych mogących zachęcać do praktyki niezgodnej z jej przepisami, dotyczącymi uprawnienia do odpoczynku dziennego i tygodniowego pracowników, który to zarzut jasno wynika z brzmienia uzasadnionej opinii oraz ze skargi. Tymczasem w niniejszej sprawie zarówno z postępowania poprzedzającego wniesienie skargi, jak i z postępowania przed Trybunałem wynika, że Zjednoczone Królestwo mogło podnieść argumenty na swoją obronę wobec zarzutów sformułowanych przez Komisję w tej kwestii, ponieważ zarzuty te sformułowane zostały w możliwie szczegółowy sposób, tak by umożliwić temu państwu członkowskiemu udzielenie stosownej odpowiedzi. Okoliczność, że Komisja zdecydowała się oprzeć swój zarzut jedynie na art. 249 akapit trzeci WE – a nie na art. 3 i 5 dyrektywy 93/104, które są przepisami tej dyrektywy, będącymi pośrednio przedmiotem sporu, lecz których formalna transpozycja do WTR nie była, jako taka, przedmiotem skargi Komisji – nie może w tych okolicznościach powodować niedopuszczalności drugiego zarzutu podniesionego przez Komisję. Drugi zarzut niedopuszczalności podniesiony przez Zjednoczone Królestwo musi zatem zostać oddalony i tym samym drugi zarzut Komisji należy uznać za dopuszczalny. Co do istoty sprawy Według Komisji wytyczne sankcjonują i zachęcają do stosowania praktyki stanowiącej uchybienie zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy 93/104. Jej zdaniem pracodawców informuje się, że nie mają obowiązku zagwarantowania, by pracownicy wnioskowali o okresy odpoczynku, do których mają prawo, i rzeczywiście z nich korzystali, lecz mają tylko zapewnić, by tym, którzy chcą z nich korzystać, tego nie utrudniano. Komisja twierdzi, że takie jasne przesłanie za pośrednictwem wytycznych przekazane pracodawcom zniechęca tych ostatnich do zagwarantowania, by pracownicy wykorzystywali obowiązkowe minimalne okresy odpoczynku dziennego i tygodniowego przewidziane przez tę dyrektywę. Zjednoczone Królestwo twierdzi, że wytyczne, dalekie od zachęcania do nieprzestrzegania krajowych przepisów dokonujących transpozycji dyrektywy, kładą nacisk na obowiązek pracodawców do zagwarantowania, by pracownicy mogli korzystać z okresów odpoczynku, które im przysługują, przy jednoczesnym uwzględnieniu ewidentnych granic odpowiedzialności tychże pracodawców w tej kwestii. Ci ostatni nie powinni zachowywać się tak by utrudniać pracownikom korzystanie z okresów odpoczynku, do którego mają prawo, np. zobowiązując ich do wykonania pracy, której nie można pogodzić z takim odpoczynkiem. Zjednoczone Królestwo podnosi, że wykładnia dyrektywy 93/104, zgodnie z którą dyrektywa ta wymaga od pracodawców nie tylko tego, by pozwolili pracownikom wykorzystać przepisane okresy odpoczynku, lecz również zobowiązuje tych ostatnich do korzystania z tego odpoczynku, nie wynika z żadnej wersji językowej tej dyrektywy, jest nie do zrealizowania oraz jest nieostra, gdy uwzględni się wątpliwości podnoszone w odniesieniu do zakresu środków, które pracodawcy zobowiązani są podjąć, oraz okoliczności umożliwiające uznanie, że z odpoczynku prawidłowo skorzystano. Jeżeli chodzi o cel dyrektywy 93/104, to należy przypomnieć, że z art. 118a traktatu WE (art. 117–120 traktatu WE zastąpione zostały przez art. 136–143 WE) stanowiącego podstawę prawną dla wydania tej dyrektywy, z pierwszego, czwartego, siódmego i ósmego motywu tej dyrektywy, z Wspólnotowej Karty Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników przyjętej podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Strasburgu w dniu 9 grudnia 1989 r., o której mowa w art. 136 WE i której pkt 8 i 19 akapit pierwszy są przywołane w czwartym motywie dyrektywy, jak również z samego brzmienia jej art. 1 ust. 1 wynika, że celem dyrektywy jest ustanowienie minimalnych wymogów mających poprawić warunki życia i pracy pracowników poprzez zbliżanie przepisów krajowych dotyczących w szczególności czasu pracy (zob. w szczególności wyroki: z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie C‑173/99 BECTU, Rec. str. I‑4881, pkt 37 oraz z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie C‑14/04 Dellas i in., Zb.Orz. str. I‑10253, pkt 40). Zgodnie z tymi samymi przepisami harmonizacja na szczeblu wspólnotowym w dziedzinie organizacji czasu pracy ma na celu zapewnienie lepszej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników poprzez zagwarantowanie im odpowiednich minimalnych okresów odpoczynku, w szczególności dobowego i tygodniowego, jak również odpowiednich przerw w pracy oraz poprzez wprowadzenie maksymalnego limitu średniego tygodniowego wymiaru czasu pracy w wysokości 48 godzin, w odniesieniu do którego wyraźnie zaznaczono, że obejmuje również godziny nadliczbowe (zob. ww. wyrok w sprawie BECTU, pkt 38 oraz w sprawie Dellas i in., pkt 41). Stosownie do przepisów art. 3 i 5 dyrektywy 93/104 państwa członkowskie są zobowiązane podjąć niezbędne kroki, aby każdemu pracownikowi zapewnić odpowiednio minimalny okres odpoczynku w ilości 11 nieprzerwanych godzin w okresie czasu obejmującym 24 godziny oraz w siedmiodniowym okresie pracy minimalny nieprzerwany okres odpoczynku w ilości 24 godzin, łącznie z 11 godzinami odpoczynku dziennego, o których stanowi wyżej wspomniany art. 3. Przepisy te nakładają na państwa członkowskie jasne i precyzyjne zobowiązanie do zagwarantowania rezultatu, jeżeli chodzi o przyznanie takiego prawa do odpoczynku. Ponadto zważywszy zarówno na brzmienie owej dyrektywy, jak i jej cel oraz systematykę, zawarte w niej różnego rodzaju przepisy dotyczące minimalnego okresu odpoczynku stanowią zasady wspólnotowego prawa socjalnego o szczególnym znaczeniu, z których powinien móc skorzystać każdy pracownik, gdyż jest to wzmaganie minimalne, niezbędne dla zapewnienia ochrony jego bezpieczeństwa i zdrowia (zob. ww. wyrok w sprawie BECTU, pkt 43 i 47; wyrok z dnia 5 października 2004 r. w sprawach połączonych od C‑397/01 do C‑403/01 Pfeiffer i in., Zb. Orz. str. I‑8835 pkt 100 oraz ww. wyrok w sprawie Dellas i in., pkt 49). Stąd też zarówno z samego brzmienia art. 3 i 5 dyrektywy 93/104, jak i ósmego jej motywu, zgodnie z którym pracownicy winni korzystać z minimalnych okresów odpoczynku, oraz z celów realizowanych przez tę dyrektywę, przypomnianych w pkt 35–38 niniejszego wyroku, oraz z wprowadzonego przez nią systemu wynika, że pracownicy powinni rzeczywiście korzystać z okresów odpoczynku dziennego i tygodniowego, o których stanowi ta dyrektywa. Ważne bowiem jest zapewnienie pełnej skuteczności (effet utile) uprawnień przyznanych pracownikom przez dyrektywę 93/104, co wiąże się nierozerwalnie z obowiązkiem państw członkowskich zagwarantowania przestrzegania każdego z minimalnych wymagań ustalonych w tej dyrektywie, włączając w to prawo do rzeczywistego odpoczynku (ww. wyrok w sprawie Dellas i in., pkt 53). Jest to bowiem jedyna wykładnia zgodna z celem dyrektywy, jakim jest zagwarantowanie skutecznej ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników poprzez spowodowanie rzeczywistego korzystania przez nich z minimalnych okresów odpoczynku, do których są uprawnieni (zob. wyrok z dnia 9 września 2003 r. w sprawie C‑151/02 Jaeger, Rec. str. I‑8389, pkt 70). Jak orzekł już Trybunał, biorąc pod uwagę zasadniczy cel dyrektywy 93/104, jakim jest skuteczna ochrona bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, każdy z nich powinien korzystać z odpowiednich okresów odpoczynku, które muszą być nie tylko faktycznie wykorzystane, pozwalając osobom z nich korzystającym odpocząć po wysiłku związanym z pracą, ale również mieć charakter prewencyjny, tak by w największym możliwym stopniu zmniejszyć ryzyko pogorszenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, jakie może nieść kumulacja okresów pracy bez wymaganego odpoczynku (ww. wyrok w sprawie Jaeger, pkt 92). Państwo członkowskie, które w przepisie krajowym dokonującym transpozycji dyrektywy 93/104 przewiduje, że pracownicy mogą skorzystać z takiego uprawnienia do odpoczynku i które w wytycznych dotyczących realizacji tych uprawnień, skierowanych do pracodawców i pracowników, stwierdza, że pracodawca jednakże nie ma obowiązku zagwarantowania, by pracownicy rzeczywiście korzystali z tego uprawnienia – nie zapewnia przestrzegania zarówno wymogów minimalnych ustanowionych w art. 3 i 5 tej dyrektywy, jak i jej zasadniczego celu. Jak słusznie zauważył rzecznik generalny w pkt 67 swej opinii, a także jak przyznała Komisja na rozprawie, przestrzeganie obowiązków ustanowionych w dyrektywie 93/104 nie może, co do zasady, iść tak daleko, by zmuszać pracodawcę do narzucania pracownikom rzeczywistego korzystania z okresów odpoczynku, do których są uprawnieni. Odpowiedzialność pracodawcy za przestrzeganie korzystania z okresów odpoczynku, o których stanowi ta dyrektywa, nie może zatem być nieograniczona. Jednakże w tym konkretnym przypadku ograniczając obowiązki ciążące na pracodawcach w odniesieniu do uprawnienia pracowników do rzeczywistego korzystania z minimalnych okresów odpoczynku, o których mowa w art. 3 i 5 dyrektywy 93/104, oraz dając im do zrozumienia, że o ile nie mogą utrudniać korzystania z tych okresów odpoczynku przez pracowników, to nie mają w ogóle obowiązku dokładania starań, aby ci ostatni faktycznie byli w stanie korzystać z tego uprawnienia, wytyczne niewątpliwie mogą pozbawić znaczenia uprawnienia przyznane pracownikom przez art. 3 i 5 tej dyrektywy i nie są zgodne z celem tej dyrektywy, która uznaje okresy minimalne odpoczynku za nieodzowne w ochronie bezpieczeństwa i zdrowia pracowników (zob. podobnie, ww. wyrok w sprawie BECTU, pkt 49). Jeżeli chodzi o argument Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z którym z samego brzmienia dyrektywy 93/104 wynikać ma jasne rozróżnienie między art. 3, 4, 5 i 7 dyrektywy, które odnoszą się do uprawnień indywidualnego pracownika i przewidują samą tylko możliwość, a jej art. 6 i 8, które nakładają wyraźnie precyzyjne zobowiązanie do zagwarantowania rezultatu, jaki ma być osiągnięty, jeżeli chodzi o ograniczenie czasu pracy, to wykładnia taka nie jest wsparta ani przez inne wersje językowe dyrektywy, ani przez orzecznictwo Trybunału dotyczące tej dyrektywy, ani przez jej cel i charakter ustanawianych przez nią praw do odpoczynku. Jeżeli chodzi o art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/104, który przy użyciu tych samych sformułowań co w art. 3 i 5 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdemu pracownikowi „został przyznany” coroczny płatny urlop w wymiarze co najmniej czterech tygodni, Trybunał orzekł też w pkt 44 ww. wyroku w sprawie BECTU, że zgodnie z tym przepisem pracownik powinien mieć możliwość rzeczywistego skorzystania z okresu odpoczynku w trosce o skuteczną ochronę jego bezpieczeństwa i zdrowia. W świetle powyższego należy stwierdzić, że stosując wobec pracowników, których część czasu pracy nie jest mierzona lub wcześniej określona lub może być określona przez samego pracownika, odstępstwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy 93/104 oraz nie podejmując kroków niezbędnych do zagwarantowania pracownikom prawa do odpoczynku dziennego i tygodniowego, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 17 ust. 1, 3 i 5 tej dyrektywy. W przedmiocie kosztów Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Komisja wniosła o obciążenie Zjednoczonego Królestwa kosztami postępowania, a Zjednoczone Królestwo przegrało sprawę, należy obciążyć je kosztami postępowania. Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje: 1) Stosując wobec pracowników, których część czasu pracy nie jest mierzona lub wcześniej określona lub może być określona przez samego pracownika, odstępstwa, o którym mowa w art. 17 ust. 1 dyrektywy Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, zmienionej dyrektywą 2000/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2000 r., oraz nie podejmując kroków niezbędnych do zagwarantowania pracownikom prawa do odpoczynku dziennego i tygodniowego, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uchybiło zobowiązaniom ciążącym na nim na mocy art. 17 ust. 1, 3 i 5 tej dyrektywy. 2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostaje obciążone kosztami postępowania. Podpisy * Język postępowania: angielski.

62009CJ0515

mt

Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu - Nuqqas milli jadotta, fit-terminu previst, id-dispożizzjonijiet kollha neċessarji sabiex jikkonforma ruħu mad-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Marzu 2006, dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE (ĠU L 102, p. 15). Dispożittiv 1) Billi ma adottatx, fit-terminu previst, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex tikkonforma ruħha mad-Direttiva 2006/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-15 ta’ Marzu 2006, dwar l-immaniġġar ta’ skart mill-industriji ta’ estrazzjoni u li temenda d-Direttiva 2004/35/KE, ir-Repubblika tal-Estonja naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt din id-direttiva. 2) Ir-Repubblika tal-Estonja hija kkundannata għall-ispejjeż.

61991CJ0216

de

1 Die Rima Eletrometalurgia SA (im folgenden: Klägerin) hat mit Klageschrift, die am 14. August 1991 bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingegangen ist, gemäß Artikel 173 EWG-Vertrag Klage erhoben auf Nichtigerklärung von Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1115/91 des Rates vom 29. April 1991 zur Einführung endgültiger Antidumpingzölle im Rahmen der Überprüfung der Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in Brasilien (ABl. L 111, S. 1; im folgenden: streitige Verordnung). 2 Die Klägerin ist eine brasilianische Gesellschaft mit Sitz in Belo Horizonte, deren Tätigkeit in der Herstellung und dem Verkauf von Eisenlegierungen, u. a. Ferrosilicium, besteht. Am 12. September 1986 leitete die Kommission auf eine Beschwerde der Hersteller von Ferrosilicium in der Gemeinschaft ein Verfahren hinsichtlich der Einfuhren von Ferrosilicium aus Brasilien ein. Die Klägerin beantwortete den Antidumping-Fragebogen. Diese Antwort wurde von den Dienststellen der Kommission in den Geschäftsräumen der Klägerin in Belo Horizonte überprüft. Da die Untersuchung ergab, daß durch die Klägerin, deren Firma damals Electrometalur SA Indústria e Comércio lautete, kein Dumping erfolgt war, nahm Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2409/87 der Kommission vom 6. August 1987 zur Einführung eines vorläufigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in Brasilien und zur Annahme von Verpflichtungen von Italmagnésio SA, Brasilien, und von Promsyrio-Import, UdSSR (ABl. L 219, S. 24), die von der Klägerin hergestellten und ausgeführten Waren von der Anwendung des Zolles aus. Dieser Ausschluß wurde durch Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 3650/87 des Rates vom 3. Dezember 1987 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ferro-Silicium mit Ursprung in Brasilien (ABl. L 343, S. 1) bestätigt. 3 Am 3. Mai 1990 leitete die Kommission gemäß Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2423/88 des Rates vom 11. Juli 1988 über den Schutz gegen gedumpte oder subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gehörenden Ländern (ABl. L 209, S. 1; im folgenden: Grundverordnung) ein Verfahren zur Überprüfung der mit der vorgenannten Verordnung Nr. 3650/87 getroffenen Antidumpingmaßnahmen ein. 4 Diese Verfahrenseinleitung erfolgte auf Überprüfungsantrag einiger brasilianischer Exporteure, die dem Antidumpingzoll unterworfen waren. Diese Unternehmen machten geltend, daß ihre Ausfuhren im Jahr 1989 nicht mehr zu Dumpingpreisen erfolgt seien und daß sich mithin daraus kein materieller Schaden mehr für die Industrie in der Gemeinschaft ergebe. 5 Das Überprüfungsverfahren wurde nicht auf die Exporteure beschränkt, die das Verfahren beantragt hatten. Es wurde vielmehr auf alle brasilianischen Exporteure einschließlich der Klägerin erstreckt. Die Bekanntmachung über die Einleitung des Überprüfungsverfahrens (ABl. C 109 vom 3. Mai 1990, S. 5) stellte hierzu fest: "Die Kommission hat nach Konsultation entschieden, daß genügend Beweismittel vorliegen, um eine Überprüfung zu rechtfertigen, und gemäß Artikel 14 der Verordnung (EWG) Nr. 2423/88 des Rates vom 11. Juli 1988 eine Untersuchung eingeleitet. Da die Kommission ausserdem Grund zu der Annahme hat, daß die von einigen brasilianischen Ausführern geltend gemachten Umstände auch für die anderen Hersteller/Ausführer in Brasilien zutreffen, und da sich die Situation auf dem Ferrosiliciummarkt nach dem erheblichen Rückgang der Verkaufspreise auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zuge der weltweiten Überkapazität stark verändert hat, wird das Überprüfungsverfahren auf alle brasilianischen Hersteller/Ausführer ausgedehnt." 6 Die Kommission sandte einen zweiten Antidumping-Fragebogen an die Klägerin. Die Untersuchung betraf den Zeitraum vom 1. September 1989 bis zum 30. April 1990. Nach Eingang der Antwort nahm die Kommission eine Überprüfung am Sitz des Unternehmens vor. In der Folge teilte die Kommission ihre ersten Berechnungen mit, aus denen sich für die Klägerin eine Dumpingspanne von 38,2 % ergab. Nachdem die Klägerin Stellung genommen hatte, erließ der Rat auf Vorschlag der Kommission die streitige Verordnung. 7 Nach Artikel 1 Absatz 3 dieser Verordnung, dessen Nichtigerklärung beantragt wird, wurde der Klägerin ein endgültiger Antidumpingzoll von 12,2 % des Nettopreises der Ware frei Grenze der Gemeinschaft auf die Einfuhren von Ferrosilicium auferlegt. 8 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts des Rechtsstreits, des Verfahrensablaufs und des Parteivorbringens wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt wird im folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfordert. 9 Die Klägerin macht für ihre Klage die folgenden vier Nichtigkeitsgründe geltend: ° Die Gemeinschaftsorgane hätten wesentliche Formvorschriften verletzt, indem sie die Klägerin in das Überprüfungsverfahren einbezogen und ihr einen Antidumpingzoll auferlegt hätten; ° die Feststellung des Bestehens von Dumping durch die Gemeinschaftsorgane beruhe auf Faktoren ausserhalb des von der Kommission bestimmten Untersuchungszeitraums; ° die Feststellung von Dumping durch die Gemeinschaftsorgane ergebe sich aus einem ungerechten Vergleich zwischen dem Normalwert und dem Ausfuhrpreis, was gegen Artikel 2 Absatz 9 Buchstabe a der Grundverordnung verstosse; ° die Klägerin sei zu den von der Kommission vorgeschlagenen Antidumpingmaßnahmen unter Verstoß gegen die grundlegenden Verteidigungsrechte nicht angehört worden. Zum ersten Klagegrund 10 Mit diesem Klagegrund, wie er in der mündlichen Verhandlung präzisiert worden ist, macht die Klägerin geltend, da die ursprüngliche Untersuchung zur Feststellung geführt habe, daß auf seiten der Klägerin kein Dumping vorliege, sei die neue Untersuchung, die ihr gegenüber im Rahmen der auf Antrag von fünf Exporteuren, denen ein Antidumpingzoll auferlegt worden sei, eingeleiteten Überprüfung durchgeführt worden sei, rechtswidrig. Eine neue Untersuchung wäre nur dann rechtmässig gewesen, wenn Beweismittel in bezug auf Dumpingpraktiken der Klägerin vorgelegen hätten. 11 Demgegenüber halten der Rat und die Kommission diese Untersuchung für völlig rechtmässig, da das Antidumpingverfahren, das die Erzeugnisse aus Brasilien und nicht diejenigen bestimmter Unternehmen betreffe, trotz des für die Klägerin negativen Ergebnisses der ersten Untersuchung noch immer anhängig sei. Zwar sei nach Artikel 7 Absatz 1 der Grundverordnung das Vorliegen hinreichender Beweismittel hinsichtlich einer Dumpingpraxis und einer Schädigung für die Industrie in der Gemeinschaft notwendig, um die Einleitung eines Verfahrens zu rechtfertigen, doch gelte dieses Erfordernis nicht, wenn es, wie im vorliegenden Fall, um die Einleitung einer neuen Untersuchung im Rahmen eines nicht abgeschlossenen Verfahrens gehe. Gemäß Artikel 14 Absatz 1 der Grundverordnung bezögen sich die für eine Überprüfung erforderlichen Beweismittel im Gegensatz zu denen, die für die Einleitung eines Antidumpingverfahrens verlangt würden, nicht auf das Vorliegen von Dumpingpraktiken und einer Schädigung für die Industrie der Gemeinschaft, sondern auf veränderte Umstände, die geeignet seien, die Überprüfung zu rechtfertigen. 12 Es ist auf folgenden Wortlaut der einschlägigen Bestimmungen des Artikels 14 der Grundverordnung über das Verfahren zur Überprüfung der Antidumpingmaßnahmen hinzuweisen: "(1) Verordnungen zur Festsetzung von Antidumping- oder Ausgleichszöllen und Entscheidungen über die Annahme von Verpflichtungen werden im Bedarfsfall ganz oder teilweise einer Überprüfung unterzogen. Diese Überprüfung wird auf Antrag eines Mitgliedstaats oder auf Veranlassung der Kommission vorgenommen. Eine Überprüfung findet auch auf Antrag einer betroffenen Partei statt, wenn diese Beweismittel hinsichtlich veränderter Umstände vorlegt, die ausreichen, um die Notwendigkeit einer Überprüfung zu rechtfertigen und sofern mindestens ein Jahr seit Abschluß der Untersuchung vergangen ist. Entsprechende Anträge sind an die Kommission zu richten, die die Mitgliedstaaten benachrichtigt. (2) Haben Konsultationen ergeben, daß eine Überprüfung angebracht ist, so wird die Untersuchung gemäß Artikel 7 erneut eröffnet, sofern die Umstände dies erfordern. Diese Wiedereröffnung berührt nicht per se die in Anwendung befindlichen Maßnahmen. (3) Die Maßnahmen werden ... geändert oder mit oder ohne Rückwirkung aufgehoben, sofern die gegebenenfalls nach Wiedereröffnung der Untersuchung durchgeführte Überprüfung dies rechtfertigt." 13 Nach diesen Bestimmungen muß, wenn die Überprüfung die Notwendigkeit einer neuen Untersuchung ergibt, die gegenüber einem oder mehreren Unternehmen die gleiche Tragweite wie die ursprüngliche Untersuchung hat, die Untersuchung nach den Bestimmungen des Artikels 7 erneut eröffnet werden. Artikel 7 Absatz 1 verlangt jedoch genügend Beweismittel, die sich nach Artikel 5 Absatz 2 auf das Vorliegen von Dumping und eine dadurch verursachte Schädigung beziehen müssen. 14 Diese Schlußfolgerung wird durch Artikel 5 Absatz 1 des Antidumpingkodex des GATT bestätigt, der, wie die Klägerin hervorgehoben hat, die Einleitung jedes Verfahrens, mit dem das Bestehen, der Umfang und die Wirkung eines behaupteten Dumpings ermittelt werden sollen, unabhängig davon, ob die Untersuchung von Amts wegen oder auf Antrag der Betroffenen erfolgt, vom Vorhandensein hinreichender Beweismittel bezueglich des Vorliegens des Dumpings, einer Schädigung und eines Kausalzusammenhangs zwischen den Einfuhren, die Gegenstand des Dumpings sind, und der behaupteten Schädigung abhängig macht. 15 Zweck der genannten Bestimmungen der Grundverordnung wie des Artikels 5 Absatz 1 des Antidumpingkodex des GATT ist es, zu verhindern, daß gegenüber Exporteuren Antidumpinguntersuchungen eingeleitet werden, die nicht durch objektive Gründe gerechtfertigt sind. 16 Aus dem Vorstehenden folgt, daß Voraussetzung für die Einleitung einer Untersuchung unabhängig davon, ob es sich um die Eröffnung eines Antidumpingverfahrens oder um die Überprüfung einer Verordnung, mit der Antidumpingzölle eingeführt werden, handelt, stets das Vorhandensein hinreichender Beweismittel für das Vorliegen eines Dumpings und der dadurch verursachten Schädigung ist. 17 Entgegen der Auffassung der Klägerin müssen sich die verlangten Beweismittel jedoch nicht notwendig auf das Bestehen von Dumpingpraktiken seitens der Unternehmen beziehen, die Gegenstand der Untersuchung sind. Wie der Beklagte und die Streithelferin zu Recht ausgeführt haben, betreffen die Antidumpingverfahren nämlich grundsätzlich alle Einfuhren einer bestimmten Erzeugnisgruppe aus einem Drittland und nicht die Einfuhren von Erzeugnissen bestimmter Unternehmen. 18 Daher ist nicht auszuschließen, daß die Kommission angesichts hinreichender Beweismittel hinsichtlich des Vorliegens eines Dumpings bei der Einfuhr bestimmter Erzeugnisse aus einem Drittland beschließt, eine Untersuchung gegenüber Unternehmen einzuleiten, die die betreffenden Waren herstellen oder ausführen, auch wenn sie nicht über Beweismittel hinsichtlich des Bestehens einer Dumpingpraktik bei jedem der von der Untersuchung betroffenen Unternehmen verfügt. 19 Demnach ist zu prüfen, ob im vorliegenden Fall die von der Kommission gegenüber der Klägerin eingeleitete Untersuchung durch das Vorhandensein hinreichender Beweismittel gerechtfertigt war. 20 Insoweit beziehen sich der Beklagte und die Streithelferin auf die in der Bekanntmachung über das Überprüfungsverfahren enthaltenen Angaben, und zwar zum einen auf die von den fünf Exporteuren, die die Überprüfung beantragt hatten, vorgelegten Beweise und zum anderen auf die geänderte Situation auf dem Ferrosiliciummarkt nach dem erheblichen Rückgang der Verkaufspreise auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zuge der weltweiten Überkapazität. 21 Bei den von den fünf Exporteuren vorgelegten Beweisen kann in Ermangelung genauerer Angaben nicht davon ausgegangen werden, daß sie im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 der Grundverordnung genügend Beweismittel hinsichtlich des Vorliegens eines Dumpings darstellen, da mit diesen Beweisen, die zur Stützung des Überprüfungsantrags vorgelegt wurden, vielmehr dargetan werden sollte, daß die Unternehmen, die diesen Antrag stellten, im Jahr 1989 nicht mehr zu Dumpingpreisen ausgeführt hatten. 22 Zur geänderten Situation auf dem Ferrosiliciummarkt infolge des erheblichen Rückgangs der Verkaufspreise auf dem Gemeinschaftsmarkt im Zuge der weltweiten Produktionsüberkapazität ist zu bemerken, daß diese Überkapazität ebenso Ursache eines Preisrückgangs auf anderen Märkten einschließlich des brasilianischen Marktes sein konnte. Dieses Argument ist im übrigen von den Exporteuren, die den Überprüfungsantrag gestellt haben, vorgebracht worden, um ihre Behauptung zu stützen, daß sie nicht mehr zu Dumpingpreisen ausführten. 23 Da der Begriff des Dumpings voraussetzt, daß der auf dem Gemeinschaftsmarkt praktizierte Preis unter demjenigen liegt, der auf dem Markt des Ausfuhr- oder Ursprungslandes praktiziert wird, konnte die geänderte Situation auf dem Ferrosiliciummarkt infolge des erheblichen Rückgangs der Verkaufspreise auf dem Gemeinschaftsmarkt nicht als hinreichender Beweis für das Vorliegen eines Dumpings angesehen werden. 24 Aus dem Vorstehenden folgt, daß die Voraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 der Grundverordnung für die Einleitung einer Untersuchung in Ermangelung jedes Beweismittels für das Vorliegen eines Dumpings nicht erfuellt waren. 25 Der Beklagte und die Streithelferin machen ausserdem geltend, sie seien verpflichtet, die Klägerin in das Überprüfungsverfahren einzubeziehen, um sie nicht einer Ungleichbehandlung auszusetzen. 26 Dieses Argument ist zurückzuweisen. Zwar konnten Gleichheitsanforderungen die Ausdehnung des Überprüfungsverfahrens auf die vom Antidumpingzoll betroffenen Hersteller oder Exporteure, die diese Überprüfung nicht beantragt hatten, rechtfertigen, nicht jedoch die Einleitung einer neuen Untersuchung gegenüber der Klägerin, deren Erzeugnisse aufgrund der ersten Untersuchung von der Anwendung des Antidumpingzolls ausgenommen waren. 27 Hieraus folgt, daß die Gemeinschaftsorgane nicht die in der Grundverordnung aufgestellten Voraussetzungen erfuellt haben, um die Klägerin einem Antidumpingzoll zu unterwerfen, 28 Daher ist Artikel 1 Absatz 3 der angefochtenen Verordnung für nichtig zu erklären, ohne daß die übrigen Klagegründe geprüft zu werden brauchten. Kostenentscheidung Kosten 29 Gemäß Artikel 69 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Rat mit seinem Vorbringen unterlegen ist, sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Die Kommission, die dem Rechtsstreit beigetreten ist, trägt nach Artikel 69 § 4 Absatz 1 ihre eigenen Kosten. Tenor Aus diesen Gründen hat DER GERICHTSHOF (Fünfte Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1) Artikel 1 Absatz 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1115/91 des Rates vom 29. April 1991 zur Einführung endgültiger Antidumpingzölle im Rahmen der Überprüfung der Antidumpingmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von Ferrosilicium mit Ursprung in Brasilien wird für nichtig erklärt. 2) Der Rat trägt die Kosten des Verfahrens. 3) Die Kommission trägt ihre eigenen Kosten.

61999CJ0190

sv

Domskäl 1 Europeiska gemenskapernas kommission har genom ansökan, som inkom till domstolens kansli den 21 maj 1999, med stöd av artikel 226 EG väckt talan om fastställelse av att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 96/43/EG av den 26 juni 1996 om ändring och kodifiering av direktiv 85/73/EEG om finansieringen av veterinära besiktningar och kontroller av levande djur och vissa animaliska produkter och om ändring av direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG (EGT L 162, s. 1, och rättelse EGT L 8, 1997, s. 32) genom att inte anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet och/eller genom att inte underrätta kommissionen om sådana åtgärder. 2 Enligt artikel 1 i direktiv 96/43 skall titeln på, artiklarna i och bilagorna till rådets direktiv 85/73/EEG av den 29 januari 1985 om finansiering av hygienundersökningar och kontroller av färskt kött och fjäderfäkött (EGT L 32, s. 14; svensk specialutgåva, område 3, volym 18, s. 104) ersättas med den text som återfinns i bilagan till direktiv 96/43. Den nya titeln på direktiv 85/73 är hädanefter rådets direktiv 85/73/EEG av den 29 januari 1985 om finansieringen av de veterinära besiktningar och kontroller som anges i direktiven 89/662/EEG, 90/425/EEG, 90/675/EEG och 91/496/EEG. 3 För genomförandet av bestämmelserna i direktiv 85/73, i dess lydelse enligt direktiv 96/43, föreskrivs följande i artikel 4.1 första stycket i direktiv 96/43: "Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa i) bestämmelserna i artikel 7 och kapitel I punkt 1 e i bilaga A, den 1 juli 1996, ii) bestämmelserna i kapitel II och kapitel III avsnitt II i bilaga A samt kapitel II i bilaga C, den 1 januari 1997, iii) andra ändringar, den 1 juli 1997." 4 I artikel 4.1 andra stycket i direktiv 96/43 anges dock följande: "Medlemsstaterna förfogar över en förlängd tidsfrist som kan löpa fram till den 1 juli 1999 för att rätta sig efter bestämmelserna i kapitel III, avsnitt I i bilaga A." 5 I artikel 4.2 i direktiv 96/43 föreskrivs följande: "Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de viktigaste bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar på det område som omfattas av detta direktiv." 6 Eftersom kommissionen inte hade fått något meddelande om åtgärder för införlivande av direktiv 96/43 med den irländska rättsordningen och inte heller förfogade över andra uppgifter som gjorde det möjligt för den att dra slutsatsen att Irland hade uppfyllt sina skyldigheter, sände den i enlighet med artikel 226 EG den 5 november 1997 en formell underrättelse till denna stat och uppmanade den att inkomma med ett yttrande inom två månader. 7 De irländska myndigheterna svarade inte på denna formella underrättelse. 8 Kommissionen ansåg därför att Irland ännu inte hade införlivat direktiv 96/43 och riktade den 10 augusti 1998 ett motiverat yttrande till Irland, varvid den uppmanade denna stat att inom två månader från delgivningen av det motiverade yttrandet vidta nödvändiga åtgärder för att följa direktivet. 9 Eftersom ingen annan uppgift om införlivande av direktiv 96/43 i den irländska rättsordningen hade sänts till kommissionen, beslutade den att väcka följande talan. Kommissionen har i punkt 8 i sin ansökan angett att talan rör de bestämmelser som avses i de tre punkterna i artikel 4.1 första stycket i direktiv 96/43. 10 Den irländska regeringen har i sitt svaromål inte bestritt att Irland underlåtit att införliva direktiv 96/43, men har gjort gällande att nödvändiga bestämmelser för att garantera ett sådant införlivande skall antas inom kort och har därför yrkat att domstolen skall förklara målet vilande under en period om tre månader under vilken dessa bestämmelser skall antas. 11 I detta hänseende erinrar domstolen om att, inom ramen för en talan i enlighet med artikel 226 EG, skall förekomsten av ett fördragsbrott bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet och att domstolen inte skall beakta senare förändringar (se bland annat dom av den 23 mars 2000 i mål C-327/98, kommissionen mot Frankrike, REG 2000, s. I-1851, punkt 28). 12 Det framgår av de förklaringar som lämnats av den irländska regeringen att de bestämmelser som avses i artikel 4.1 första stycket i direktiv 96/43 inte har införlivats inom den tidsfrist som föreskrivs i denna artikel. Kommissionens talan bör därför bifallas i denna del. 13 Det finns således anledning att fastställa att Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 första stycket i direktiv 96/43, genom att inte inom den föreskrivna tidsfristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta stycke. Beslut om rättegångskostnader Rättegångskostnader 14 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Irland skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Irland i väsentliga delar har tappat målet, skall kommissionens yrkande bifallas. Domslut På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN (första avdelningen) följande dom: 1) Irland har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 första stycket i rådets direktiv 96/43/EG av den 26 juni 1996 om ändring och kodifiering av direktiv 85/73/EEG om finansieringen av veterinära besiktningar och kontroller av levande djur och vissa animaliska produkter och om ändring av direktiv 90/675/EEG och 91/496/EEG genom att inte inom den föreskrivna tidsfristen anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet. 2) Irland förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

62004TJ0107

fi

Asian taustalla olevat tosiseikat Kantaja on Sveitsin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka muun muassa myy piimetallin puolivalmisteita yhteisön markkinoilla. Se hankkii piimetallin kahdelta tuottajalta, eli SUAL Kremny-Ural LLC:ltä (jäljempänä SKU) ja JSC ZAO Kremnylta (jäljempänä ZAO). Molemmat yhtiöt kuuluvat OAO SUALiin (jäljempänä SUAL). Koska SUALia ja kantajaa hallitsee viime kädessä sama osakkeenomistaja, eli SUAL International Ltd, SKU ja ZAO ovat kantajaan sidoksissa olevia tuottajia. Piimetalli on tuote, jota myydään paloina, rakeina, hiutaleina tai jauhona, ja sitä valmistetaan eri laatuluokkia, jotka määräytyvät ensisijaisesti raudan, kalsiumin ja muiden hivenaineiden pitoisuuksien perusteella. Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä oleva tuote on sellainen piimetalli, jonka piipitoisuus on 95–99,99 prosenttia, ja tällä tuotteella on yhteisön markkinoilla kaksi asiakasryhmää, eli etupäässä silikoneja valmistava kemianteollisuus ja alumiinia valmistava metalliteollisuus. Sen jälkeen, kun EuroAlliages (Euroopan rautayhdisteteollisuuden yhdyskomitea) oli tehnyt komissiolle asiassa kantelun, komissio aloitti polkumyynnin vastaisen menettelyn, joka koski Venäjältä peräisin olevaa piimetallin tuontia, polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22.12.1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (EYVL 1996, L 56, s. 1) nojalla, sellaisena kuin mainittu asetus on viimeksi muutettuna 5.11.2002 annetulla neuvoston asetuksella N:o 1972/2002 (EYVL L 305, s. 1; jäljempänä perusasetus). Polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamista koskeva ilmoitus julkaistiin 12.10.2002 (EYVL C 246, s. 12). Komissio antoi 10.7.2003 asetuksen (EY) N:o 1235/2003 väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa (EUVL L 173, s. 14; jäljempänä väliaikaista tullia koskeva asetus). Komissio suoritti polkumyyntiä ja vahinkoa koskevan tutkimuksen, joka kattoi ajanjakson 1.10.2001–30.9.2002 (jäljempänä tutkimusajanjakso), ja tutki myös vahinkoa koskevia kehityssuuntauksia, miltä osin tarkastelu kattoi 1.1.1998 ja tutkimusajanjakson päättymisajankohdan välisen ajan (jäljempänä tarkastelujakso), minkä jälkeen se päätti ottaa käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin SKU:n ja ZAO:n tuottaman, Venäjältä peräisin olevan, CN-koodiin 2804 69 00 luokiteltavan piimetallin, jonka piipitoisuus on alle 99,99 painoprosenttia, tuonnissa. Väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa esitellään useiden sellaisten taloudellisten osoittimien kehitystä, jotka koskevat piimetallin markkinatilannetta yhteisössä ja venäläisten tuottaja-viejien ja yhteisön tuotannonalan tilannetta. Tiettyjä tätä koskevia tietoja esitetään jäljempänä seuraavasti: Taulukko 1 Yhteisön kulutus (myyntimäärien perusteella) Tutkimus-ajanjakso Tonnia Indeksi Vuosimuutos +12 % +20 % –4 % –1 % Taulukko 3 Venäjältä tulevan tuonnin markkinaosuus (myyntimäärien perusteella) Tutkimus-ajanjakso Prosenttia EU:n markkinoista 3,7 1,9 3,6 4,5 4,8 Vuosimuutos (prosenttiyksikköä) –1,8 % +1,7 % +0,9 % +0,3 % Taulukko 4 Polkumyynnillä tapahtuneen myynnin keskihinta Tutkimus-ajanjakso Euroa 1 048 1 131 Indeksi Vuosimuutos –8 % +17 % –12 % –7 % Taulukko 8 Myynnin määrä (yhteisön tuotannonalan osalta) Tutkimus-ajanjakso Tonnia Indeksi Vuosimuutos +32 % +17 % –7 % [–4 % ks. jäljempänä 87 kohta] +6 % Taulukko 9 Yhteisön tuotannonalan piimetallin myynti Tutkimus-ajanjakso Euroa/tonni 1 415 1 184 1 231 1 271 1 185 Indeksi Vuosimuutos –16 % +4 % +3 % –7 % Taulukko 10 Markkinaosuus (yhteisön tuotannonalan osalta) Tutkimus-ajanjakso Markkinaosuus 29,8 35,2 34,3 34,3 36,7 Indeksi Taulukko 12 Kannattavuus (yhteisön tuotannonalan osalta) Vertailu-ajanjakso Kannattavuus 12,6 1,8 5,0 1,7 –2,1 Vuosimuutos –10,8 % +3,2 % –3,3 % –3,8 % Neuvosto antoi 22.12.2003 asetuksen (EY) N:o 2229/2003 lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta (EUVL L 339, s. 3; jäljempänä kanteen kohteena oleva asetus). Kanteen kohteena olevassa asetuksessa säädetään siitä, että yhteisöön tuotuun SKU:n ja ZAO:n tuottamaan piimetalliin sovelletaan 22,7 prosentin suuruista polkumyyntitullia. Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.3.2004 jättämällään kannekirjelmällä. Komissio hyväksyttiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kolmannen jaoston puheenjohtajan 26.1.2005 antamalla määräyksellä asiassa väliintulijaksi tukemaan neuvoston vaatimuksia. Komissio luopui kuitenkin mahdollisuudesta esittää kirjallisia huomautuksia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (kolmas jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ja pyysi prosessinjohtotoimena asianosaisia vastaamaan kirjallisesti tiettyihin kysymyksiin. Asianosaiset noudattivat tätä kehotusta määräajassa. Asianosaiset esittivät suulliset lausumansa ja vastauksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin 9.11.2005 pidetyssä istunnossa. Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin –        ottaa kanteen tutkittavaksi –        kumoaa kanteen kohteena olevan asetuksen niiltä osin kuin sillä otetaan käyttöön SKU:n ja ZAO:n harjoittamaan vientiin kohdistuvia tulleja –        velvoittaa neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Neuvosto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin –        hylkää kanteen –        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Kumoamisvaatimuksen tarkastelu Kantaja vetoaa kumoamisvaatimuksensa tueksi viiteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee ”samankaltaisen tuotteen” virheellistä määrittelyä, ja se perustuu harkintavallan väärinkäyttöön ja perusasetuksen 1 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 7 kohdan rikkomiseen. Toinen kanneperuste koskee vientihinnan määrittämistä, ja se perustuu perusasetuksen 2 artiklan 9 kohdan ja EY 253 artiklan rikkomiseen. Kolmas kanneperuste koskee merkittävän vahingon olemassaoloa, ja se perustuu perusasetuksen 3 artiklan 2 ja 5 kohdan, Maailman kauppajärjestöstä (WTO) tehdyn sopimuksen liitteessä 1A olevan tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 336, s. 103) 3.1 ja 3.4 artiklan sekä EY 253 artiklan rikkomiseen. Neljäs kanneperuste koskee väitetysti polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin ja aiheutuneen vahingon välistä syy-yhteyttä, ja se perustuu perusasetuksen 3 artiklan 2, 6 ja 7 kohdan ja tullitariffeja ja kauppaa koskevan vuoden 1994 yleissopimuksen VI artiklan soveltamisesta tehdyn sopimuksen 3.1 ja 3.5 artiklan rikkomiseen, ilmeiseen arviointivirheeseen ja EY 253 artiklan rikkomiseen. Viides kanneperuste koskee vahingon poistamisessa saavutetun tason määrittämiseksi käytettyä menetelmää, ja se perustuu perusasetuksen 3 artiklan 3 kohdan ja EY 253 artiklan rikkomiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että on asianmukaista tarkastella ensiksi kolmannen kanneperusteen ensimmäistä osaa, joka koskee perusasetuksen rikkomista kyseisen asetuksen 3 artiklassa tarkoitetun merkittävän vahingon toteamisen osalta, ja neljännen kanneperusteen ensimmäistä osaa, joka perustuu siihen, että kantajan mukaan perusasetusta on rikottu, koska kanteen kohteena olevassa asetuksessa todetun vahingon ja polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin välillä on virheellisesti todettu olevan syy-yhteys. Asianosaisten lausumat Kantaja toteaa, että kanteen kohteena olevan asetuksen mukaan vahingon osoittimet osoittivat vuosina 1998–2000 positiivista kehitystä yhteisön tuotannonalan kannalta ja sen jälkeen vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välillä negatiivista kehitystä muun muassa hintojen osalta. Kantaja esittää kuitenkin, että yhteisön toimielimet ovat jättäneet ilmoittamatta, että yhteisön tuotannonalan pääasialliset hinnanlaskut tapahtuivat myös vuosina 1998–1999. Asetuksen johdanto-osan 44 perustelukappaleessa todetaan, että ”vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana lähes kaikkien [yhteisön tuotannonalaa koskevien] osoittimien mukaan kehitys oli joko lievästi positiivista, pysyi muuttumattomana tai oli joissain tapauksissa jopa negatiivista”, ja tältä osin kantaja toteaa, että ainoat osoittimet, joiden mukaan kehitys oli negatiivista, koskivat hintoja, kannattavuutta ja kassavirtaa, kun taas muiden osoittimien mukaan kehitys oli positiivista. Kantaja toteaa tältä osin muun muassa, että yhteisön tuotannonalan tuotanto ja tuotantokapasiteetti kasvoivat. Kantaja korostaa lisäksi, että hintojen lasku osui yhteen yhteisön yritysten tuotannon, tuotantokapasiteetin, myyntivolyymien ja markkinaosuuksien voimakkaan nousun kanssa. Kantaja toteaa, että vuonna 1999 yhteisön tuottajat kasvattivat myyntiään 32 prosentilla ja tutkimusajanjaksona 6 prosentilla. Neuvoston väitteen siitä, että sen lisäksi, mitä kolme edellä mainittua osoitinta osoittavat, myös sijoitusten määrä ja tuotto kehittyivät negatiivisesti, kantaja riitauttaa toteamalla, että kyseinen kehitys oli johdonmukainen seuraus siitä, että yhteisön tuotannonala teki vuosina 1998–2000 massiivisia investointeja lisätäkseen tuotantoaan, jotta se voisi vastata lisääntyvään kysyntään, ja ettei tällaista investointien määrää ollut mahdollista pitää yllä seuraavien vuosien aikana, joiden kuluessa kysyntä supistui. Kantaja katsoo, että edellä esitetyt väitteet osoittavat, ettei neuvosto ole ottanut huomioon tiettyjä sellaisia tekijöitä, jotka sen olisi pitänyt ottaa huomioon, eikä myöskään arvioinut asianmukaisesti niitä tekijöitä, jotka se otti huomioon, mikä merkitsee perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdan rikkomista. Kantaja on lopuksi istunnossa huomauttanut, että kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleeseen sisältyvä toteamus siitä, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuus väheni, on virheellinen, koska väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa esitetyt tiedot ovat ristiriidassa sen kanssa. Syy-yhteyden virheelliseksi väitetyn arvioinnin osalta kantaja katsoo, että piimetallin kysynnän kehityksellä on ollut määräävä osa yhteisön tuotannonalan kannattavuuden kehityksen kannalta. Vuosina 1998–2000 tapahtunut myönteinen kehitys, erityisesti tuotannon ja myynnin voimakas kasvu, johtuu kantajan mukaan pääasiallisesti siitä, että piin kysyntä kasvoi 32 prosentilla, eikä yhteisön tuotannonalan päätöksistä investoida uusiin tuotantolaitoksiin. Kantaja toteaa vastaavasti, että vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tapahtunut yhteisön tuotannonalan hintojen (ja kannattavuuden) lasku heijastaa pääasiassa piimetallin kysynnän vähentymistä ja sitä, että yhteisön tuotannonala kasvatti markkinaosuuttaan taantuvilla markkinoilla aggressiivista hintapolitiikkaa noudattaen. Kantaja toteaa lisäksi, että halu lisätä myyntimääriä metalliteollisuuden asiakkaille (jotka ovat ainoat markkinat Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnille; jäljempänä Venäjältä peräisin oleva tuonti) suunnatun myynnin osalta pakotti luonnollisesti laskemaan myyntihintoja tuntuvasti ja johti sellaiseen hintojen laskuun (suuruudeltaan 19 prosenttia), joka kantajan mukaan on huomattavasti merkittävämpi kuin Venäjältä peräisin olevaa tuontia koskeva hintojen lasku (11 prosenttia). Venäjältä peräisin oleva tuonti ei kantajan mukaan näin ollen vaikuttanut kielteisesti yhteisön tuotannonalan myyntiin ja hintoihin. Kantaja väittää lisäksi, että venäläisten tuottaja-viejien markkinaosuuden kasvu vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yltää ainoastaan puoleen yhteisön tuottajien markkinaosuuden kasvusta. Kantajan mukaan on joka tapauksessa mahdotonta hyväksyä ajatusta siitä, että venäläiset tuottaja-viejät olisivat alle viiden prosentin markkinaosuudella voineet määrittää hinnat yhteisön markkinoilla. Kantaja toteaa, ettei neuvosto vastineessaan riitauta ratkaisevia tosiasioita eikä ota niihin kantaa. Nämä tosiseikat ovat kantajan mukaan seuraavat: ensinnäkin vuonna 2001 kemianteollisuudesta lähtöisin olevan kysynnän kasvu pysähtyi ja tutkimusajanjakson aikana yhteisön tuottajien myynti kemianteollisuuden asiakkaille itse asiassa väheni merkittävästi. Toiseksi yhteisön tuottajien metalliteollisuuden asiakkaille suuntautuvan myynnin määrä kasvoi massiivisesti tutkimusajanjakson aikana. Tämä on kantajan mukaan yksi pääasiallisista syistä siihen, että yhteisön tuotannonalan veloittama keskihinta laski. Kolmanneksi samanaikaisesti tapahtui noin kymmenen prosentin lasku niissä hinnoissa, joita yhteisön tuottajat veloittivat metalliteollisuuden asiakkailta. Neljänneksi hintojen lasku oli huomattavasti tuntuvampaa kuin Venäjältä peräisin olevaa tuontia koskeva hintojen lasku samalla ajanjaksolla. Venäläisten tuottaja-viejien veloittamien hintojen ja yhteisön tuottajien hintojen eron osalta kantaja katsoo, että tämän erotuksen selittämiseksi on olemassa lukuisia syitä, kuten erot tuotevalikoimassa ja paikallistuotteiden hinnoissa. Neuvosto on esittänyt väitteen, joka koskee venäläisten tuottaja-viejien vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana toteuttamien hinnanalennusten kumulatiivista vaikutusta, ja tämän väitteen kantaja riitauttaa toteamalla, että venäläisten tuotteiden hintataso oli jo vuonna 2000 huomattavasti yhteisön tuotannonalan keskihintaa alempi ja että Venäjältä peräisin oleva tuonti edusti noin kymmenesosaa yhteisön tuotannonalan markkinaosuudesta, mikä osoittaa, etteivät Venäjältä peräisin olevan tuonnin osalta veloitetut hinnat olleet yhteisön tuotannonalan hintojen kannalta merkittävä kilpailuun liittyvä tekijä. Kantaja esittää lopuksi, että koska yhteisön toimielimet eivät ole esittäneet tosiseikkoja kokonaisuudessaan ja koska ne eivät ole ottaneet huomioon muita tiedossa olevia yhteisön tuotannonalaan haitallisesti vaikuttavia tekijöitä kuin polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin, kyseiset toimielimet ovat rikkoneet perusasetuksen 3 artiklan 2, 6 ja 7 kohtaa. Neuvosto korostaa merkittävän vahingon toteamisen osalta, että vaikka vuosina 1998–1999 todellakin tapahtui merkittäviä hinnanalennuksia, hinnat nousivat tämän jälkeen uudelleen ja laskivat sitten jälleen tuntuvasti vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson lopun välisenä aikana. Tämä toinen hintojen lasku tapahtui yhtäaikaisesti Venäjältä peräisin olevan tuonnin kasvun kanssa. Neuvosto huomauttaa myös, että vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana hinnat, kannattavuus ja kassavirta kehittyivät negatiivisesti. Lisäksi investointien määrä väheni 26 prosentilla, investointien tuotto 26,1 prosentilla ja keskipalkkojen kasvu alitti inflaation tason (alle yksi prosentti vuodessa). Neuvoston mukaan sama koskee koko tarkastelujaksoa. Kantaja on väittänyt, että investointien ja niiden tuoton negatiivinen kehitys aiheutui merkittävistä investoinneista tuotantokapasiteettiin (edellä 17 kohta), ja tältä osin neuvosto esittää vastauksenaan, että väite on perusteeton ja virheellinen, koska yhteisön tuotannonalan tuotantokapasiteetti kasvoi säännöllisesti vuoteen 2001 saakka. Neuvosto toteaa myös, että toisin kuin kantaja väittää, vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana ei tapahtunut minkäänlaista myynnin määrän massiivista kasvua eikä markkinaosuuden tuntuvaa kasvua. Kyseisenä aikana yhteisön tuotannonalan myynnin määrä kasvoi 2 prosentilla ja markkinaosuus 2,4 prosenttiyksiköllä. Neuvosto on tältä osin myöntänyt istunnossa nimenomaisesti, että kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleeseen sisältyy virhe, koska siinä todetaan, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuus oli voimakkaasti pienentynyt, mutta todennut, että kantaja vetosi tähän seikkaan ensimmäisen kerran istunnossa, mikä merkitsee sitä, että väite on esitetty liian myöhään ja ettei se näin ollen täytä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 ja 46 artiklassa tarkoitettuja tutkittavaksi ottamista koskevia edellytyksiä. Neuvosto katsoo yleisesti, että perusasetuksen rikkomista koskevat kantajan väitteet ovat perusteettomia ja että se on asianmukaisesti arvioinut kaikkia vahinkoa koskevia relevantteja tekijöitä väliaikaista tullia koskevan asetuksen 33–73 perustelukappaleessa ja kanteen kohteena olevan asetuksen 37–48 perustelukappaleessa. Neuvosto toteaa lisäksi, ettei kantaja täsmennä, mitä tekijöitä neuvosto olisi jättänyt arvioimatta tai millä tavalla tehty arviointi olisi puutteellinen. Neuvosto vetoaa tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C‑318/92 P, Moat vastaan komissio, 1.2.1993 antamaan määräykseen (Kok. 1993, s. I‑481) ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T‑102/92, Viho vastaan komissio, 12.1.1995 antamaan tuomioon (Kok. 1995, s. II‑17), joiden mukaan väitteet on muotoiltava täsmällisesti kannekirjelmässä. Aiheutuneen vahingon ja polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin välisen syy‑yhteyden osalta neuvosto väittää, että käytettävissä olevat tiedot osoittavat virheelliseksi väitteen siitä, että yhteisön tuotannonala oli määräävässä asemassa määritettäessä metalliteollisuuden asiakkaille suunnatussa myynnissä veloitettavia hintoja. Neuvosto muistuttaa, että vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana venäläisten tuotteiden keskihinnat olivat jatkuvasti yhteisön tuotannonalan veloittamia keskihintoja alempia ja että asia oli näin siinäkin tapauksessa, että ainoastaan metalliteollisuudelle suunnattu myynti otettaisiin huomioon. Seuraavaksi neuvosto riitauttaa kantajan väitteen siitä, etteivät venäläisten tuotteiden hinnat ole voineet aiheuttaa yhteisön tuotannonalan hintojen laskua, koska viimeksi mainitut hinnat ovat laskeneet voimakkaammin kuin venäläisten tuotteiden hinnat. Neuvosto huomauttaa tältä osin, että venäläisten tuotteiden hinnat ovat laskeneet 11 prosentilla koko tutkimusajanjakson aikana. Neuvosto väittää lisäksi, että kun kyse on syy-yhteyden tarkastelusta, polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin hintojen laskun suuruudella ja yhteisön tuotannonalan veloittamien hintojen suuruudella ei ole merkitystä silloin, kun tuontihinnat ovat alempia kuin yhteisön tuotannonalan hinnat. Kun otetaan huomioon, että venäläisten tuotteiden hintataso oli vuodesta 2000 alkaen tuntuvasti alempi kuin yhteisön tuotannonalan hintataso ja että se on sen jälkeen laskenut entisestään, on neuvoston mukaan kohtuullista katsoa, että Venäjältä peräisin olevan tuonnin hinta on yhteisön hintojen laskun aiheuttaja. Neuvosto katsoo, että kantajan väite siitä, että yhteisön tuotannonalan hintojen lasku ja kannattavuuden heikkeneminen vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana heijastaa markkinoiden taantumista, on perusteeton. Neuvosto toteaa tältä osin, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä on hienoisesti kasvanut vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Neuvosto päättelee tämän perusteella, ettei kysynnän vähentyminen ole vaikuttanut yhteisön tuotannonalan myyntiin. Neuvosto toteaa lisäksi, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden hienoinen kasvu edellä mainittuna aikana on johdonmukainen seuraus myynnin vakaudesta taantuvilla markkinoilla. Neuvosto muistuttaa lisäksi siitä, että myös kantajan markkinaosuus on kasvanut kyseisenä aikana. Neuvosto kiistää myös sen, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden kasvu olisi vaikuttanut yhteisön tuotannonalan veloittamiin hintoihin. Neuvosto väittää, että komissio on väliaikaista tullia koskevan asetuksen 52 perustelukappaleessa tarkastellut tätä kysymystä ja katsonut, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä oli vuonna 2001 pienentynyt, kun se oli yrittänyt säilyttää hintansa entisellään, ja myynnin määrä oli tutkimusajanjaksona palannut entiselle tasolle, kun hintoja oli laskettu. Neuvosto toteaa tämän olettaman perusteella, että yhteisön tuotannonala on joutunut vaikeuksiin sen kohdattua venäläisten taholta tulevaa kilpailua, jolle on ollut ominaista hintojen huomattava lasku ja metalliteollisuuteen suuntautuvan myynnin määrien tuntuva kasvu. Näin ollen yhteisön tuotannonalan myynnin määrien kasvua ja hintojen laskua tutkimusajanjakson aikana on neuvoston mukaan pidettävä defensiivisinä toimenpiteinä, jotka on toteutettu vastauksena vuonna 2001 todettuun myynnin määrän laskuun ja venäläisten tuotteiden uuteen hinnanalennukseen. Neuvosto katsoo, että käytettävissä olevat tiedot vahvistavat sen päätelmät. Neuvoston mukaan kantaja ei kiistä sitä, että venäläisten tuotteiden hinnat ovat koko ajan olleet yhteisön hintoja alempia siinäkin tapauksessa, että huomioon otettaisiin ainoastaan yhteisön tuotannonalan sellainen myynti, joka suuntautuu metalliteollisuuden asiakkaisiin. Kantaja on väittänyt, ettei Venäjältä peräisin olevasta tuonnista voinut sen vähäisen markkinaosuuden takia aiheutua todellista painetta yhteisön tuotannonalan hintoihin, ja tältä osin neuvosto toteaa, ettei väitteellä ole merkitystä, koska Venäjältä peräisin olevan tuonnin määrä on vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana pysyvästi ylittänyt de minimis -tason. Neuvosto toteaa, että myös sellaisia päätelmiä, joita kantaja on tehnyt kemianteollisuudelle suunnatun piimetallin kysynnän supistumisesta, on pidettävä virheellisinä. Neuvosto toteaa tältä osin, että kuten kanteen kohteena olevan asetuksen 63 perustelukappaleessa selitetään, piimetallin myynti kemianteollisuuden asiakkaille väheni tutkimusajanjakson aikana 4 783 tonnilla. Tämä määrä oli neuvoston mukaan ainoastaan 1,3 prosenttia yhteisön kokonaiskulutuksesta. Samana ajanjaksona Venäjältä peräisin oleva tuonti kuitenkin kasvoi noin 18 000 tonnilla, mikä edustaa 4,8 prosenttia yhteisön kokonaiskulutuksesta. Neuvosto toteaa, ettei kyseisen myynnin ja näin ollen myöskään kemianteollisuudelle suunnatun piimetallin kysynnän supistumisen perusteella voida asettaa kyseenalaiseksi polkumyynnillä tapahtuneen myynnin ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen vahingon välistä syy-yhteyttä. Perusasetuksen rikkomisen osalta neuvosto toteaa, että kantaja on ymmärtänyt kyseisen lainsäädännön väärin. Neuvoston mukaan perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdassa ei aseteta toimielimille velvollisuutta esittää tosiseikkoja kokonaisuudessaan. Neuvoston mukaan kyseisissä säännöksissä velvoitetaan toimielimet tutkimaan tosiseikat objektiivisesti, minkä ne ovat tehneetkin sekä kanteen kohteena olevan asetuksen että väliaikaista tullia koskevan asetuksen osalta. Neuvosto katsoo myös, ettei kantaja ole esittänyt riittävän täsmällisesti, mitkä tosiseikat toimielimet ovat jättäneet esittämättä. Komissio yhtyy neuvoston väitteisiin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta Kolmannen kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee perusasetuksen rikkomista sillä perusteella, että vahinkoa koskevia osoittimia on kanteen kohteena olevassa asetuksessa arvioitu virheellisesti Perusasetuksen 3 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Vahingon toteamisen on perustuttava selkeään näyttöön, ja siihen on sisällyttävä puolueeton tarkastelu a) polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin määrästä ja tämän tuonnin vaikutuksesta samankaltaisten tuotteiden hintoihin yhteisön markkinoilla ja b) tämän tuonnin seurausvaikutuksista yhteisön tuotannonalaan.” Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin yhteisön tuotannonalaan kohdistuvien seurausvaikutusten tarkastelun osalta perusasetuksen 3 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa: ”[Kyseisessä tarkastelussa] on otettava huomioon kaikki olennaiset taloudelliset tekijät ja seikat, jotka vaikuttavat kyseisen teollisuuden tilanteeseen, – – tosiasiallisen polkumyyntimarginaalin merkittävyys, myynnin tosiasiallinen ja mahdollinen pieneneminen, voitot, tuotanto, markkinaosuus, tuottavuus, investointien tuotto tai kapasiteetin käyttöaste, hintaan vaikuttavat tekijät yhteisössä, tosiasialliset ja mahdolliset negatiiviset vaikutukset kassavirtoihin, varastot, työllisyys, palkat, kasvu sekä pääoman saanti tai investoinnit. Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, eikä yksi tai useampi näistä tekijöistä välttämättä ole ratkaiseva.” Hyvin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan vahingon määrittäminen edellyttää monitahoisten taloudellisten kysymysten arviointia. Yhteisön toimielimillä on tältä osin laaja harkintavalta (asia C‑69/89, Nakajima v. neuvosto, tuomio 7.5.1991, Kok. 1991, s. I‑2069, 86 kohta ja asia T‑164/94, Ferchimex v. neuvosto, tuomio 28.9.1995, Kok. 1995, s. II‑2681, 131 kohta). Yhteisön tuomioistuimen harjoittama valvonta kohdistuu näin ollen vain siihen, että menettelysääntöjä on noudatettu, että riidanalaisen valinnan perusteena olevat tosiseikat pitävät asiallisesti paikkansa ja ettei tosiseikkoja ole arvioitu ilmeisen virheellisesti ja ettei harkintavaltaa ole käytetty väärin (em. asia Ferchimex v. neuvosto, tuomion 67 kohta ja asia T‑210/95, EFMA v. neuvosto, tuomio 28.10.1999, Kok. 1999, s. II‑3291, 57 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa on näin ollen tutkittava, onko neuvosto kanteen kohteena olevan asetuksen osalta ylittänyt laajan harkintavaltansa rajat, kun se todennut, että yhteisön tuotannonalalle on aiheutunut merkittävää vahinkoa. Kanteen kohteena olevan asetuksen 44 perustelukappaleessa – jossa toistetaan väliaikaista tullia koskevan asetuksen 71 perustelukappaleen sisältö – todetaan seuraavaa: ”Vahingon osoittimien lähempi tarkastelu osoitti kuitenkin, että yhteisön tuotannonalan myönteisin kehitys sijoittui vuosille 1998–2000 – –. Vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana lähes kaikkien osoittimien mukaan kehitys oli joko lievästi positiivista, pysyi muuttumattomana tai oli joissain tapauksissa jopa negatiivista. Yhteisön tuotannonalalle aiheutunut merkittävä vahinko on kyseisenä ajanjaksona mitä ilmeisin.” Kanteen kohteena olevan asetuksen 45 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”– – yhteisön tuotannonalan suhteellisen hyvä tulos vuoteen 2000 asti oli suoraan yhdistettävissä yhteisön tuotannonalan tekemiin päätöksiin investoida uusiin yhteisön tuotantolaitoksiin. Yhteisön tuotannonalan tuotanto, tuotantokapasiteetti, myynnin määrä, markkinaosuus, työllisyys ja tuottavuus kasvoivatkin tuona ajanjaksona. – –” Tätä seuranneen ajanjakson eli vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisen ajan osalta neuvosto täsmentää kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleessa seuraavaa: ”– – yhteisön tuotannonalan tilanne heikkeni polkumyynnillä Venäjältä tapahtuneen halpatuonnin lisääntyessä. Markkinaosuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto vähenivät merkittävästi.” Neuvosto toteaa lisäksi kanteen kohteena olevan asetuksen 47 perustelukappaleessa, että ”lisäksi muiden vahingon osoittimien kehitys, erityisesti yhteisön tuotannonalan kannattavuuden ja sen veloittamien myyntihintojen lasku tarkastelujaksolla, tuki päätelmää siitä, että yhteisön tuotannonalalle aiheutui merkittävää vahinkoa”. Neuvosto esittää kanteen kohteena olevan asetuksen 48 perustelukappaleessa päätelmänään, että ”yhteisön tuotannonalalle aiheutui tutkimusajanjaksolla merkittävää vahinkoa erityisesti hintojen ja kannattavuuden osalta” ja että ”väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 71–73 kappaleessa esitetyt päätelmät voidaan vahvistaa”. Kantaja arvostelee neuvostoa ensinnäkin siitä, ettei tämä ole kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät yhteisön tuotannonalan hinnat laskeneet ainoastaan vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, vaan myös vuosina 1998 ja 1999. Tältä osin on todettava, että väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa esitettyjen tietojen mukaan yhteisön tuotannonalan veloittamat hinnat laskivat ensin voimakkaasti eli 16 prosentilla vuonna 1999, nousivat sitten 4 prosentilla vuonna 2000 ja 3 prosentilla vuonna 2001 ja laskivat uudelleen 7 prosentilla tutkimusajanjakson kuluessa. Näin ollen tutkimusajanjakson kuluessa myyntihinnat laskivat ainoastaan vuoden 1999 tasolle (ks. edellä 5 kohdassa oleva taulukko 9). Kyseisistä luvuista ilmenee, että yhteisön tuotannonalan veloittamien hintojen pääasiallinen lasku tapahtui vuonna 1999 eikä vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Neuvosto on kuitenkin kanteen kohteena olevan asetuksen 44 perustelukappaleessa todennut, että yhteisön tuotannonalan myönteinen kehitys tapahtui pääasiallisesti vuosina 1998–2000. Tämä toteamus kuvastaa sitä, että yhteisön tuotannonalan veloittama hinta on ainoastaan yksi niistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon vahinkoa arvioitaessa, eikä se itsessään ole tältä osin ratkaiseva tekijä, koska muut tekijät voivat paitsi kompensoida hintojen laskua, myös johtaa siihen, että neuvosto toteaa yhteisön tuotannonalan tilanteen parantuneen. Sen perusteella, ettei kanteen kohteena olevaan asetukseen sisälly mainintaa siitä, että yhteisön tuotannonalan veloittaman hinnan pääasiallinen lasku tapahtui vuonna 1999, ei näin ollen voida katsoa, että kyseinen asetus olisi lainvastainen, kun otetaan huomioon myös se, että väliaikaista tullia koskevasta asetuksesta ilmenee, että mainittu hinta laski myös vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. On kuitenkin todettava, että koska neuvosto katsoi, että yhteisön tuotannonalalle oli tutkimusajanjakson kuluessa aiheutunut merkittävää vahinkoa erityisesti hintojen ja kannattavuuden osalta, neuvosto on näin ollen välttämättä myös katsonut, että toisin kuin vuosien 1998–2000 osalta muut vahinkoon liittyvät tekijät eivät olleet omiaan kompensoimaan tutkimusajanjakson kuluessa todettua hintojen laskua ja kannattavuuden heikkenemistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiana on näin ollen tarkistaa, onko neuvosto näin toimiessaan tehnyt ilmeisen arviointivirheen, kuten kantaja väittää. Neuvosto toteaa tältä osin vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisen ajan osalta, joka vastaa tarkastelujakson jälkimmäistä puolikasta, että ”lähes kaikkien osoittimien mukaan kehitys oli joko lievästi positiivista, pysyi muuttumattomana tai oli joissain tapauksissa jopa negatiivista” ja että ”yhteisön tuotannonalalle aiheutunut merkittävä vahinko on kyseisenä ajanjaksona mitä ilmeisin”. On todettava, ettei neuvosto näin todetessaan suorita minkäänlaista punnintaa vahinkoon liittyvien eri tekijöiden välillä, vaikka se myöntääkin, että osa tällaisista tekijöistä on ollut myönteisiä, joten on katsottava, ettei mainittu toteamus voi mitenkään osoittaa, että yhteisön tuotannonalalle olisi vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana aiheutunut merkittävää vahinkoa. On lisäksi todettava, että neuvosto on kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleessa todennut, että yhteisön tuotannonalan tilanne oli vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana heikentynyt, esittämällä, että ”markkinaosuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto [olivat vähentyneet] merkittävästi”. Neuvosto korosti 47 perustelukappaleessa myös muiden vahinkoon liittyvien tekijöiden kehittymistä, erityisesti yhteisön tuotannonalan myyntihintojen ja kannattavuuden kehitystä tarkastellun ajanjakson kuluessa, ja päätteli, että yhteisön tuotannonalalle oli aiheutunut merkittävää vahinkoa. Kuten kantaja on esittänyt, on kuitenkin todettava yhtäältä, että kun neuvosto on esittänyt edellä mainitut päätelmät, se on jättänyt kokonaan huomioon ottamatta sen, että koko tarkastelujakson aikana voitiin todeta paikoin huomattavaakin edistymistä tuotantomäärien (+34 prosenttia), kapasiteetin (+30 prosenttia), kapasiteetin käyttöasteen (+3 prosenttiyksikköä), yhteisöön suuntautuvan myynnin määrän (+57 prosenttia), markkinaosuuden (+23 prosenttia, tai +6,9 prosenttiyksikköä), varastojen (–29 prosenttia), työvoiman (+16 prosenttia) ja tuottavuuden (+15 prosenttia) osalta, ja toisaalta, että vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenkään ajan osalta neuvosto ei ole ottanut huomioon sitä, että tietyt sellaiset tekijät, joita ei voida jättää ottamatta huomioon, ovat osoittaneet myönteistä kehitystä. Sen lisäksi, että tilanne parani hienoisesti työvoiman ja palkkojen osalta, on erityisesti korostettava, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä kasvoi 2 prosentilla ja saavutti tutkimusajanjakson kuluessa 136 421 tonnin ennätystason ja tuotantokapasiteetti puolestaan kasvoi 2,5 prosentilla. Seuraavaksi on muistettava, että neuvosto toteaa kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleessa, että vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana ”markkinaosuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto vähenivät merkittävästi”. Tältä osin kantaja on kuitenkin esittänyt istunnossa, että kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleessa on virheellisesti todettu, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuus oli voimakkaasti laskenut. Neuvosto on myöntänyt, että kyse on virheestä, mutta katsoo, että tähän väitteeseen on vedottu myöhässä ja ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin näin ollen voi ottaa sitä huomioon. On muistettava, että työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ja 48 artiklan 2 kohdasta ilmenee, että kannekirjelmässä on mainittava oikeudenkäynnin kohde ja yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista ja että asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin. Peruste, jolla laajennetaan aikaisemmin – nimenomaisesti tai implisiittisesti – kanteessa esitettyä perustetta ja jolla on läheinen yhteys tähän perusteeseen, on kuitenkin otettava tutkittavaksi (ks. vastaavasti asia 108/81, Amylum v. neuvosto, tuomio 30.9.1982, Kok. 1982, s. 3107, 25 kohta; ks. asia T‑37/89, Hanning v. parlamentti, tuomio 20.9.1990, Kok. 1990, s. II‑463, 38 kohta ja asia T‑118/96, Thai Bicycle v. neuvosto, tuomio 17.7.1998, Kok. 1998, s. II‑2991, 142 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että kantaja on jo kannekirjelmässään vedonnut siihen, että kanteen kohteena oleva asetus oli ristiriidassa perusasetuksen kanssa muun muassa sen takia, että taloudellisia osoittimia on arvioitu virheellisesti vahingon määrittämisen yhteydessä (kolmannen kanneperusteen ensimmäinen osa). Kantaja väittää kannekirjelmässään erityisesti, että ”kanteen kohteena olevaan asetukseen ei sisälly pienintäkään viittausta siihen, että hinnan lasku – – osui yhteen – – yhteisön yritysten markkinaosuuksien huomattavan kasvun kanssa”. Näin ollen kantajan nyt esillä oleva huomautus liittyy kolmanteen kanneperusteeseen, johon kantaja on vedonnut jo kannekirjelmässä, ja se on näin ollen täsmennys, jolla on läheinen yhteys niihin väitteisiin, joita se esittää kyseisen kanneperusteen osalta. Kyseinen väite on näin ollen otettava tutkittavaksi. Kuten neuvosto myöntää, kanteen kohteena olevassa asetuksessa oleva toteamus siitä, että ”[yhteisön tuotannonalan] markkinaosuus väheni merkittävästi”, on selvästi virheellinen ja ristiriidassa väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa esitettyjen tietojen – joiden paikkansapitävyydestä asianosaiset ovat yksimielisiä – kanssa. Väliaikaista tullia koskevasta asetuksesta nimittäin ilmenee, ettei markkinaosuus ollut vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana pienentynyt – saatikka pienentynyt merkittävästi – vaan päinvastoin kasvanut huomattavasti 34,3 prosentista 36,7 prosenttiin eli 2,4 prosenttiyksiköllä (ks. edellä 5 kohdassa oleva taulukko 10). Näin ollen on määritettävä, onko kyseinen virhe omiaan johtamaan kanteen kohteena olevan asetuksen kumoamiseen. Tältä osin on kiistatonta, että yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden kehitys on huomattavan tärkeä tekijä arvioitaessa sitä, onko yhteisön tuotannonalalle aiheutunut merkittävää vahinkoa. Lisäksi on aiheellista todeta, että kun neuvosto on todennut, että kyseinen tekijä on osoittanut ”merkittävää vähenemistä”, se on paitsi antanut kyseisen tekijän kehityksestä totuudenvastaisen kuvan, myös antanut kyseiselle seikalle välttämättä huomattavan merkityksen, kun se on tehnyt päätelmänsä yhteisön tuotannonalalle aiheutuneesta merkittävästä vahingosta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tässä tilanteessa – ilman, että olisi tarpeen tutkia sitä, riittävätkö edellä 54–56 kohdassa kuvatut seikat sellaisenaan sellaisen päätelmän tekemiseen, että neuvosto on tehnyt ilmeisen arviointivirheen todetessaan kyseisen merkittävän vahingon olemassaolon –, että koska neuvosto on tehnyt tosiseikastoa koskevan virheen, joka liittyy yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden kehitykseen vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana – jonka ajan neuvosto katsoo olevan se aika, jolloin aiheutunut vahinko oli ilmeisin – neuvosto on tukeutunut sellaiseen selvästi virheelliseen lähtökohtaan mainitun vahingon olemassaolon toteamisessa, jonka pitäisi olla neuvoston asiaankuuluvina pitämien, niin negatiivisten kuin positiivisten seikkojen kehityksen punninnan lopputulos. Kun otetaan huomioon yhtäältä, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi omalla asiaa koskevalla arvioinnillaan korvata neuvoston arviointia, ja toisaalta, ettei voida sulkea pois sitä, että jos kyseistä virhettä ei olisi tehty, neuvosto ei olisi päätellyt, että kyse oli merkittävästä vahingosta, kanteen kohteena oleva asetus on kumottava jo tälläkin perusteella (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T‑163/94 ja T‑165/94, NTN Corporation ja Koyo Seiko v. neuvosto, tuomio 2.5.1995, Kok. 1995, s. II‑1381, 115 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo kuitenkin, että on aiheellista tarkastella myös neljännen kanneperusteen ensimmäistä osaa, joka koskee yhteisön tuotannonalan myyntihinnan laskun ja Venäjältä peräisin olevan tuonnin välistä syy-yhteyttä. Neljännen kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee perusasetuksen rikkomista sillä perusteella, että on virheellisesti todettu, että yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeksi väitetyn vahingon ja polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin välillä on syy-yhteys Perusasetuksen 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”tutkittaessa polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin vaikutusta hintoihin on harkittava, onko polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin osalta esiintynyt huomattavaa alihinnoittelua suhteessa yhteisön tuotannonalan samankaltaisen tuotteen hintaan tai onko tällaisen tuonnin vaikutuksesta muutoin ilmennyt merkittävää hintojen alenemista tai onko tuonti huomattavassa määrin estänyt sellaisia hinnankorotuksia, jotka muuten olisi tehty”. Kyseisen asetuksen 3 artiklan 6 kohdassa säädetään seuraavaa: ”On näytettävä 2 kohtaan liittyvien olennaisten todisteiden avulla, että polkumyynnillä tapahtuva tuonti aiheuttaa vahinkoa tässä asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä. Tässä tapauksessa se merkitsee sen näyttämistä, että 3 kohdassa tarkoitetuilla määrillä ja hinnoilla on yhteisön tuotannonalaan vaikutusta 5 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä ja että tämä vaikutus on sellaista, että sitä voidaan pitää merkittävänä.” Kyseisen asetuksen 3 artiklan 7 kohdassa säädetään lopuksi seuraavaa: ”Polkumyynnillä tapahtuvan tuonnin lisäksi on tutkittava muut tiedossa olevat tekijät, jotka samaan aikaan aiheuttavat vahinkoa yhteisön tuotannonalalle, eikä näiden tekijöiden aiheuttamaa vahinkoa saa pitää polkumyynnillä tapahtuvasta tuonnista johtuvana 6 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Tässä suhteessa olennaisina tekijöinä voidaan pitää – – kysynnän supistumista tai kulutustottumusten muutoksia – –.” Edellä 43 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että yhteisön tuotannonalalle aiheutuneen merkittävän vahingon ja polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin välisen syy-yhteyden toteaminen edellyttää monitahoisten taloudellisten kysymysten arviointia. Yhteisön toimielimillä on tätä arviointia tehdessään laaja harkintavalta, ja yhteisön tuomioistuimen harjoittama valvonta kohdistuu näin ollen vain siihen, että menettelysääntöjä on noudatettu, että riidanalaisen valinnan perusteena olevat tosiseikat pitävät asiallisesti paikkansa ja ettei tosiseikkoja ole arvioitu ilmeisen virheellisesti ja ettei harkintavaltaa ole käytetty väärin. Neuvosto ja komissio ovat vahinkoa määritettäessä kuitenkin velvollisia tutkimaan, johtuuko vahinko, johon ne aikovat perustaa päätelmänsä, tosiasiallisesti polkumyynnillä tapahtuneesta tuonnista, ja niiden on jätettävä ottamatta huomioon muiden tekijöiden aiheuttama vahinko ja erityisesti vahinko, jonka syynä olisi yhteisön tuotannonalan oma toiminta (asia C‑358/89, Extramet Industrie v. neuvosto, tuomio 11.6.1992, Kok. 1992, s. I‑3813, 16 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa neuvosto täsmentää kanteen kohteena olevan asetuksen 46 perustelukappaleessa vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisen ajan osalta seuraavaa: ”– – yhteisön tuotannonalan tilanne heikkeni polkumyynnillä Venäjältä tapahtuneen halpatuonnin lisääntyessä. Markkinaosuus, kassavirta, investoinnit ja investointien tuotto vähenivät merkittävästi.” Tämän jälkeen neuvosto toteaa kanteen kohteena olevan asetuksen 66 perustelukappaleessa seuraavaa: ”Yhteisössä tuotetun ja Venäjältä tuodun piimetallin väliseksi hintaeroksi [on vahvistettu] keskimäärin 11 prosenttia tutkimusajanjaksolla, – – vaikka yhteisön tuotannonalan hinta laski seitsemän prosenttia vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana. Tätä pidetään selvänä osoituksena vaikutuksesta, joka Venäjän veloittamilla hinnoilla oli yhteisön tuotannonalan hintoihin.” Tältä osin on todettava, että väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa esitettyjen tietojen (ks. edellä 5 kohdassa taulukot 4 ja 9) mukaan venäläisten tuotteiden hintojen ja yhteisön tuotannonalan veloittamien hintojen ero vuosina 1998–2000 oli samansuuruinen kuin vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana vallinnut hintaero. Neuvosto ja komissio eivät kuitenkaan kanteen kohteena olevassa asetuksessa tai oikeudenkäyntiasiakirjoissa nimenomaisesti väitä, että yhteisön tuotannonalan hintojen lasku vuonna 1999 (ainoa lasku vuosina 1998–2000) aiheutui venäläisten tuotteiden alihinnoittelusta. Neuvosto jopa kuvailee kanteen kohteena olevassa asetuksessa ajanjakson 1998–2000 ajanjaksoksi, jolloin yhteisön tuotannonalan tulokset olivat varsin tyydyttävät. On myös todettava, ettei venäläisten tuotteiden keskihinnan ja yhteisön tuotannonalan hintojen välisen eron tuntuva kasvu vuosina 2000 ja 2001 estänyt yhteisön tuotannonalaa nostamasta keskihintaansa vuosina 2000 ja 2001 (ks. edellä 5 kohdassa olevat taulukot 4 ja 9). Kanteen kohteena olevassa asetuksessa esitetyt perustelut ja väliaikaista tullia koskevassa asetuksessa esitetyt tiedot osoittavat näin ollen, että hintojen ero on ainoastaan yksi sellaisista tekijöistä, jotka on otettava huomioon tutkittaessa Venäjältä peräisin olevan tuonnin ja väitetyn vahingon välistä syy-yhteyttä, eikä yksinomaan kyseisen tekijän perusteella voida mitenkään päätellä, että yhteisön tuotannonalan hintojen lasku tutkimusajanjakson kuluessa olisi aiheutunut ainoastaan tai suurimmaksi osaksi Venäjältä peräisin olevasta tuonnista. Neuvosto ja komissio esittävät, että vahinko on aiheutunut polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin perusteella seuraavalla tavalla: vuonna 2001 yhteisön tuotannonalan myynnin määrä väheni, kun kyseinen tuotannonala yritti säilyttää hintansa entisellään Venäjältä peräisin olevan tuonnin hintojen samanaikaisesti laskiessa. Tutkimusajanjakson kuluessa yhteisön tuotannonala oli lopulta pakotettu reagoimaan hintapaineisiin voidakseen säilyttää myyntimääränsä, ja se laski näin ollen hintojaan voimakkaasti, mistä aiheutui kannattavuuden heikkeneminen (väliaikaista tullia koskevan asetuksen 52 perustelukappale). Kantajan mukaan yhteisön toimielimet ovat virheellisesti katsoneet, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrän pienentyminen vuonna 2001 ja sen hintojen lasku tutkimusajanjakson kuluessa aiheutui Venäjältä peräisin olevasta tuonnista. Yhteisön toimielimet ovat kantajan mukaan jättäneet ottamatta huomioon sellaiset vaikutukset, joita seurasi ensinnäkin kysynnän supistumisesta piimetallimarkkinoilla, toiseksi yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden kasvusta ja kolmanneksi siitä, että suuri osa siitä myynnin määrästä, jonka yhteisön tuotannonala oli myynyt kemianteollisuuden asiakkaille, oli tutkimusajanjakson kuluessa siirtynyt metalliteollisuuden asiakkaille. Näin ollen on aiheellista tutkia sitä, ovatko kantajan väitteet perusteltuja, ja sitä, ovatko ne omiaan osoittamaan, että neuvosto on ylittänyt sen laajan harkintavallan rajat, joka sillä on edellä 43 kohdassa mainitun oikeuskäytännön nojalla. –       Kysynnän supistuminen kaikkien asiakkaiden taholta Neuvosto on istunnossa väittänyt, ettei kantaja ole kirjelmissään esittänyt sellaisia väitteitä, jotka koskisivat kysynnän supistumista yleisesti, vaan ainoastaan kemianteollisuuden asiakkaiden kysynnän supistumista. On todettava, että kantaja on kannekirjelmänsä 44 kohdassa todennut, että ”yhteisön tuotannonalan hintojen lasku (ja kannattavuuden heikkeneminen) vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana heijastaa pääasiallisesti piimetallin kysynnän supistumista”. Tästä seuraa, ettei neuvoston huomautuksella, joka koskee kysynnän supistumista koskevien väitteiden tutkimatta jättämistä, ole minkäänlaista perustaa. Aineellisen kysymyksen osalta on muistettava, ettei kanteen kohteena oleva asetus sisällä minkäänlaista arviointia kysynnän kehityksestä, koska neuvosto tyytyy kyseisen asetuksen 48 perustelukappaleessa ainoastaan vahvistamaan sellaiset vahinkoa koskevat päätelmät, jotka sisältyivät väliaikaista tullia koskevaan asetukseen. Väliaikaista tullia koskevasta asetuksesta (ks. edellä 5 kohdassa oleva taulukko 1) ilmenee, että piimetallin kulutus Euroopan unionissa laski neljällä prosentilla vuonna 2001 ja sitten yhdellä prosentilla tutkimusajanjakson kuluessa. On uudestaan huomautettava, että lähtökohta neuvoston näkemykselle siitä, että Venäjältä peräisin olevasta tuonnista aiheutui vahinkoa vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, on se, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä väheni vuonna 2001, kun yhteisön tuotannonala yritti pitää yllä hintojaan samalla kun venäläiset tuottaja-viejät laskivat hintojaan, mikä lopulta pakotti yhteisön tuotannonalan laskemaan hintojaan, jotta se voisi säilyttää myyntinsä määrän entisellään tai palauttaa sen myöhemmin entiselleen tutkimusajanjakson kuluessa. Näin ollen on tutkittava, saattoiko neuvosto ilmeistä arviointivirhettä tekemättä katsoa, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrän vähentyminen vuonna 2001 aiheutui yksinomaan Venäjältä peräisin olevasta tuonnista, huolimatta siitä, että yhteisön kulutus oli kyseisenä vuonna supistumisvaiheessa. Tältä osin on aluksi todettava, että väliaikaista tullia koskevan asetuksen taulukkoon 8 (ks. edellä 5 kohta) sisältyy laskuvirhe, minkä neuvosto on myöntänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa, ja että kyseisestä taulukosta ilmenee korjauksen jälkeen, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä laski vuonna 2001 ainoastaan neljällä prosentilla eikä seitsemällä, kuten alkuperäisessä taulukossa esitettiin. Kyseisen korjauksen perusteella voidaan todeta, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrän vähentyminen vuonna 2001 (–4 prosenttia) heijastaa täsmällisesti kysynnän supistumista (–4 prosenttia) ja että näin ollen on ilmeistä, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä on ainoastaan seurannut tiukasti yhteisön kulutuksen yleistä kehitystä. Tämä seikka johtaa siihen, että on asetettava kyseenalaiseksi neuvoston toteamus siitä, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrän vähentyminen vuonna 2001 aiheutui venäläisten tuottaja-viejien alihinnoittelusta, koska kyseinen vähentyminen on kohtuudella selitettävissä yhteisön kysynnän supistumisella. On todettava, ettei neuvosto ottanut kyseistä ratkaisevaa seikkaa huomioon. Lisäksi on korostettava, että yhteisön tuotannonala säilytti vuonna 2001 markkinaosuutensa huolimatta siitä, että sen hinnat nousivat 3 prosentilla, kun taas venäläisten tuotteiden keskihinta laski 12 prosentilla, minkä voidaan katsoa osoittavan, ettei Venäjältä tuotujen tuotteiden hintatasolla ollut minkäänlaista suurempaa vaikutusta yhteisön tuotannonalan tilanteeseen. Tästä seuraa, että kyseisten osoittimien kehitys ei tue neuvoston näkemystä siitä, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrän vähentyminen vuonna 2001 oli seurausta yksinomaan Venäjältä peräisin olevasta tuonnista, vaan se tukee kantajan näkemystä siitä, että kyseinen myynnin määrän vähentyminen aiheutui pääasiallisesti kysynnän supistumisesta vuonna 2001. Tutkimusajanjakson osalta on muistettava, että piimetallin kysyntä laski vielä yhdellä prosentilla. Yhteisön tuotannonalan myynnin määrä ja markkinaosuus kuitenkin kasvoivat 6 prosentilla ja 2,4 prosenttiyksiköllä saavuttaen uuden ennätystason. Neuvosto katsoo kuitenkin, ettei kysynnän lasku ole vaikuttanut negatiivisesti yhteisön tuotannonalan myyntiin, kun otetaan huomioon, että myynnin määrä on kasvanut, ja että yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden kasvu vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana on johdonmukainen seuraus myynnin vakaudesta taantuvilla markkinoilla. Neuvoston kyseinen näkemys ei voi menestyä. Avoimilla ja kilpailluilla markkinoilla, joita piimetallinkin markkinat kanteen kohteena olevan asetuksen mukaan ovat, kysynnän heikkeneminen merkitsee sitä, että hintoihin kohdistuu painetta. Talouden toimija, joka kohtaa kysynnän heikkenemistä, joutuu valitsemaan myynnin vähäisemmän määrän ja hintojensa alentamisen välillä. Lisäksi on todettava, ettei neuvosto ole vedonnut mihinkään erityisiin olosuhteisiin, jotka olisivat mahdollistaneet sen, että yhteisön tuotannonala säilyttää myynnin määrän ennallaan tai jopa kasvattaa sitä pitäen samalla noudattamansa hintatason ennallaan samalla kun tutkimusajanjakson kuluessa tapahtunut kysynnän supistuminen ilmeni. Edellä esitetty huomioon ottaen on katsottava, että kanteen kohteena olevaa asetusta annettaessa on tehty ilmeinen arviointivirhe, koska neuvosto on jättänyt ottamatta huomioon kysynnän supistumisen vaikutuksen yhteisön tuotannonalan tilanteeseen. –       Yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden ja myynnin määrän kasvu Kantaja katsoo, että yhteisön toimielimet ovat tehneet ilmeisen arviointivirheen myös sen takia, että ne ovat jättäneet ottamatta huomioon sen johdonmukaisen suhteen, joka vallitsi tutkimusajanjakson kuluessa tapahtuneen yhteisön tuotannonalan hintojen laskun ja yhteisön tuotannonalan myynnin määrän ja markkinaosuuden kasvun välillä. Tältä osin on aiheellista muistuttaa, että yhteisön tuotannonalan hallussa oleva markkinaosuus on asianomaisen ajanjakson aikana kasvanut 29,8 prosentista 36,7 prosenttiin, eli 6,9 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana – jolloin vahinko oli neuvoston mukaan ilmeisin – yhteisön tuotannonala kasvatti myyntinsä määrää 2 prosentilla ja markkinaosuuttaan 2,4 prosenttiyksiköllä taantuvilla markkinoilla (ks. edellä 5 kohdassa oleva taulukko 10). Neuvoston mukaan myynnin määrän kasvu tutkimusajanjakson kuluessa oli vähäistä, ja se merkitsi defensiivistä toimenpidettä, jonka avulla yhteisön tuotannonala palautti ennalleen myynnin sellaisia määriä, jotka olivat laskeneet vuonna 2001, kun se yritti säilyttää hintansa entisellään kilpaillessaan Venäjältä peräisin olevan tuonnin kanssa (–4 prosenttia). Myynnin määrän ja markkinaosuuden kasvu tutkimusajanjakson kuluessa ei neuvoston mukaan edellyttänyt minkäänlaista hintojen laskua, koska hintojen lasku seurasi yksinomaan venäläisten tuotteiden alihinnoittelusta. Väliaikaista tullia koskevan asetuksen taulukon 8 korjatuista tiedoista (ks. edellä 87 kohta) ilmenee ensinnäkin, että tutkimusajanjakson kuluessa yhteisön tuotannonala paitsi palautti ennalleen vuonna 2001 laskeneen myynnin määrän (–4 prosenttia), myös kasvatti myynnin määrää 6 prosentilla saavuttaen koko kyseistä ajanjaksoa koskevan ennätystason. Sama koskee yhteisön tuotannonalan markkinaosuutta, joka vuonna 2001 pysyi vakaana ja tutkimusajanjaksona kasvoi 2,4 prosenttiyksikköä (34,3 prosentista 36,7 prosenttiin) saavuttaen myös ennätystason. Käsiteltävänä olevassa asiassa yhteisön tuotannonala on näin ollen vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana kasvattanut myyntiään taantuvilla markkinoilla ja kasvattanut markkinaosuuttaan osuudella, joka vastaa puolta venäläisten tuottaja-viejien koko markkinaosuudesta. Neuvosto kiistää sen, että yhteisön tuotannonalan toteuttama hintojen lasku olisi merkinnyt sellaista kilpailuetua, joka olisi mahdollistanut kyseisen tuloksen saavuttamisen. Hintojen lasku oli neuvoston mukaan ainoastaan defensiivinen toimenpide, jolla pyrittiin vastaamaan venäläisten tuotteiden alihinnoitteluun sen estämiseksi, että myynnin määrä vähenisi. Neuvosto tai komissio eivät kuitenkaan ole esittäneet yhtäkään argumenttia selittääkseen sen, miten yhteisön tuotannonalan olisi hintoja laskematta onnistunut vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana kasvattaa taantuvilla markkinoilla markkinaosuuttaan 2,4 prosenttiyksiköllä. On muistettava, että neuvosto perustaa väitteensä näkemykseen siitä, että ensinnäkin vuonna 2001 yhteisön tuotannonalan kyseisen myynnin määrä väheni venäläisten tuotteiden alihinnoittelun takia ja toiseksi yhteisön tuotannonala oli tutkimusajanjakson kuluessa näin ollen pakotettu laskemaan hintojaan voimakkaasti välttääkseen myynnin määrän vähentymisen entisestään tai jopa palauttaakseen vuonna 2001 vähentyneen myynnin määrän entiselleen. Kuten edellä 88 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa on todettu, tämän näkemyksen taustalla oleva perusoletus on virheellinen, koska neuvosto ei ole ottanut huomioon järkeenkäypää selitystä siitä, että vuonna 2001 tapahtunut myynnin määrän vähentyminen (–4 prosenttia) aiheutui yksinomaan tai pääasiassa kysynnän supistumisesta (–4 prosenttia), ja koska se ei myöskään ole esittänyt päteviä argumentteja tämän selityksen torjumiseksi. Kun otetaan lisäksi huomioon se, että neuvoston esittämät perustelut nojautuvat oletukseen siitä, että yhteisön tuotannonala on omaksunut defensiivisen asenteen säilyttääkseen myyntinsä määrän ennallaan, kyseiset perustelut ovat kestämättömiä, kun otetaan huomioon, että tutkimusajanjakson kuluessa on tapahtunut kuuden prosentin suuruinen kasvu, jota ei voida pitää ainoastaan myynnin määrän ylläpitämisenä. Tällä kasvulla on ylikompensoitu vuonna 2001 tapahtunut neljän prosentin suuruinen väheneminen, joten yhteisön tuotannonalan myynnin määrä kasvoi vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yli kahdella prosentilla. Näin ollen on todettava, etteivät neuvosto ja komissio ole esittäneet yhtäkään pätevää argumenttia sen osoittamiseksi, että yhteisön tuotannonalan tutkimusajanjaksolla tapahtunut markkinaosuuden huomattava kasvu taantuvilla markkinoilla olisi ollut mahdollinen ilman sen hintojen laskemisesta saatua kilpailuetua. Sellaisen arvioinnin osalta, joka koskee vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana tapahtuneen myynnin määrän ja markkinaosuuden kasvun vaikutusta yhteisön tuotannonalan tilanteeseen, neuvosto tyytyy kanteen kohteena olevan asetuksen 46 kohdassa toteamaan seuraavaa: ”– – yhteisön tuotannonalan tilanne heikkeni polkumyynnillä Venäjältä tapahtuneen halpatuonnin lisääntyessä. Markkinaosuus – – [väheni] merkittävästi.” Kun otetaan huomioon, että vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana yhteisön tuotannonalan markkinaosuus ei suinkaan ”vähentynyt merkittävästi” vaan huomattavasti kasvoi, on todettava, että neuvosto on kanteen kohteena olevassa asetuksessa paitsi jättänyt tarkastelematta sitä, oliko hintojen laskeminen välttämätön edellytys myynnin määrän ja markkinaosuuden kasvattamiselle, ja sitä, oliko hintojen laskemisessa kyse sellaisesta edellä 72 kohdassa mainitussa asiassa Extramet Industrie vastaan neuvosto annetussa tuomiossa tarkoitetusta vahingosta, jonka syynä on yhteisön tuotannonalan oma toiminta, myös lukenut olemattoman vahinkoa koskevan tekijän Venäjältä peräisin olevan tuonnin syyksi. Näin ollen on katsottava, että neuvosto on tehnyt kanteen kohteena olevan asetuksen osalta ilmeisen arviointivirheen tutkiessaan yhteisön tuotannonalan markkinaosuuden ja myynnin määrän kasvun yhteyttä yhteisön tuotannonalan toteuttamaan hintojen laskuun. –       Yhteisön tuotannonalan myynnin siirtyminen kemianteollisuuden asiakkailta metalliteollisuuden asiakkaille Kantaja väittää, että neuvosto on kanteen kohteena olevassa asetuksessa katsonut virheellisesti, että kemianteollisuuden tekemien piimetallin ostojen vähentyminen ei ollut myötävaikuttamassa yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeseen vahinkoon, ja että kyseisessä asetuksessa on näin ollen perusteettomasti katsottu, että kyseisen vähentymisen vaikutukset olivat seurausta Venäjältä peräisin olevasta tuonnista. Aluksi on muistettava, että kanteen kohteena olevan asetuksen 63 ja 64 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, jolloin vahinko syveni hintojen ja kannattavuuden osalta, myynti kemianteollisuuden käyttäjille laski noin 5 000 tonnia (7 %), kun taas keskihinnat nousivat 14 euroa tonnilta (1,1 %). Kokonaismyynnin osalta luvut osoittavat noin 3 000 tonnin (2,1 %) nousua ja keskihintojen laskua 46 eurolla tonnilta (3,7 %). Näin ollen ei ole perusteltua olettaa, että yhteisön tuotannonalalle aiheutunut vahinko johtui myynnissä kemianteollisuuden asiakkaille tapahtuneesta laskusta. Aiheutuneen vahingon luonne huomioon ottaen tilanne on päinvastainen.” Kanteen kohteena olevan asetuksen 61 perustelukappaleessa ja väliaikaista tullia koskevan asetuksen taulukossa 8 (ks. edellä 5 kohta) esitetyistä tiedoista ilmenee, että yhteisön tuotannonalan myynti kemianteollisuuden asiakkaille – jotka käyttävät enimmäkseen korkealuokkaista piimetallia – on hienoisesti vähentynyt vuonna 2001 (–0,6 prosenttia, eli –445 tonnia) ja vähentynyt tuntuvasti tutkimusajanjakson kuluessa (–6,4 prosenttia, eli –4 783 tonnia). Sitä vastoin myynti metalliteollisuuden asiakkaille – jotka käyttävät enimmäkseen peruslaatuista tai alemman laatuluokan piimetallia – on ensin vähentynyt vuonna 2001 (–8,4 prosenttia, eli –4 904 tonnia) ja sen jälkeen tutkimusajanjakson kuluessa kasvanut erittäin voimakkaasti (+24,1 prosenttia, eli +12 985 tonnia). Näin ollen yhteisön tuotannonalan kemianteollisuuden asiakkaille suuntautuvan myynnin määrän osuus suhteessa sen yhteisössä tapahtuvaan piimetallin kokonaismyyntiin muuttui 58 prosentista vuonna 2001 51 prosenttiin tutkimusajanjaksolla, ja sama suhde metalliteollisuuden asiakkaille suuntautuvan myynnin osalta muuttui 42 prosentista 49 prosenttiin. On kiistatonta, että yhteisön tuotannonalan näille kahdelle asiakasryhmälle myymän piimetallin hinnat ovat keskenään erilaiset, ja kuten edellä 112 kohdassa mainituista lähteistä ilmenee, keskihinta on kemianteollisuuden asiakkaille myydyn piimetallin osalta noussut 1 301 euroon tonnilta ja metalliteollisuuden asiakkaille myydyn piimetallin osalta 1 063 euroon. Tästä seuraa, että edellä 112 kohdassa kuvailtu merkittävä kehitys, joka koskee yhteisön tuotannonalan yhtäältä kemianteollisuuden asiakkaille ja toisaalta metalliteollisuuden asiakkaille suuntautuvan piimetallin myynnin osuutta suhteessa piimetallin kokonaismyyntiin, on välttämättä vaikuttanut siihen, että yhteisön tuotannonalan myymän piimetallin kokonaismäärän keskihinta on tutkimusajanjakson kuluessa laskenut. Kantaja on hallinnollisen menettelyn kuluessa esittänyt – ilman, että neuvosto olisi sitä riitauttanut – että kyseisen myynnin siirtyminen ei millään tavalla riippunut Venäjältä peräisin olevasta tuonnista. Oikeudenkäynnissä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on lisäksi ilmennyt, että ainoa yhteisön toimielinten tietoon saatettu esimerkki venäläisten tuotteiden myynnistä kemianteollisuuden asiakkaille oli 200 tonnin suuruinen näyte-erä, jota voidaan pitää täysin merkityksettömänä määränä verrattuna yhteisön tuotannonalan kyseiselle asiakasryhmälle suuntautuvan myynnin määrään (69 652 tonnia tutkimusajanjakson kuluessa). Neuvosto ei sitä paitsi ole myöskään kiistänyt sitä, että syy kemianteollisuuden asiakkaille suuntautuvan myynnin määrän vähentymiseen oli se, että kysyntä niiden taholta supistui. Tästä seuraa, että neuvosto on kanteen kohteena olevan asetuksen osalta tehnyt ilmeisen arviointivirheen arvioidessaan sellaista vaikutusta, joka kemianteollisuuden asiakkaiden kysynnän supistumisella, tähän liittyvällä kyseiselle asiakasryhmälle suuntautuvan myynnin vähentymisellä ja samanaikaisella metalliteollisuuden käyttäjille suuntautuvan myynnin kasvulla oli yhteisön tuotannonalan veloittamaan keskihintaan. Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kun neuvosto on suorittanut arviointiaan, joka on johtanut siihen, että Venäjältä peräisin olevan tuonnin ja yhteisön tuotannonalalle aiheutuneeksi väitetyn vahingon välillä on syy-yhteys, se on tehnyt ilmeisiä arviointivirheitä, koska se on jättänyt ottamatta huomioon sellaisen vaikutuksen, joka väistämättä oli ensiksi kysynnän supistumisella siihen, että yhteisön tuotannonalan myynnin määrä väheni vuoden 2000 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana, toiseksi sen markkinaosuuden ja myynnin määrän kasvulla vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana sen veloittamien hintojen tasoon ja kolmanneksi sen myynnin rakenteen muuttumisella vuoden 2001 ja tutkimusajanjakson välisenä aikana sen myynnin keskihinnan laskun suuruuteen. Näin toimimalla neuvosto on väistämättä katsonut, että Venäjältä peräisin olevalla tuonnilla oli yhteisön teollisuudenalan kannalta sellaisia epäedullisia vaikutuksia, joiden alkuperä oli itse asiassa riippumaton kyseisestä tuonnista. Lisäksi on todettava yhtäältä, että edellä mainitut virheet vievät pohjan yhteisön toimielinten sellaiselta pääasialliselta näkemykseltä, johon syy-yhteyden toteaminen perustuu, ja toisaalta, että perusasetuksessa mainitaan nimenomaisesti kysynnän supistuminen ja kulutustottumusten muutokset sellaisina tekijöinä, joiden vaikutus vahinkoon on tutkittava, jotta vahingon ei katsottaisi aiheutuneen polkumyynnillä tapahtuneen tuonnin takia. Edellä esitetystä seuraa, että vaikka oletettaisiinkin, että yhteisön tuotannonalalle on aiheutunut sellaista merkittävää vahinkoa, johon neuvosto on vedonnut, on katsottava, että ne ilmeiset arviointivirheet, jotka neuvosto on kanteen kohteena olevan asetuksen osalta tehnyt syy-yhteyden arvioinnissa, merkitsevät perusasetuksen rikkomista. Kaikista edellä esitetyistä näkökohdista seuraa, että kolmas ja neljäs kanneperuste on hyväksyttävä. Kanteen kohteena oleva asetus on näin ollen kumottava kantajaa koskevilta osin ilman, että olisi aihetta tarkastella kantajan esittämiä muita kanneperusteita ja väitteitä. Oikeudenkäyntikulut Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan mukaan asiassa väliintulijana esiintyneet toimielimet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Koska neuvosto on hävinnyt asian, sen on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Näillä perusteilla YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Venäjältä peräisin olevan piimetallin tuonnissa ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta 22.12.2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2229/2003 1 artikla kumotaan siltä osin kuin siinä otetaan käyttöön kantajaa koskeva polkumyyntitulli. 2) Neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut. 3) Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Jaeger Tiili Czúcz Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä maaliskuuta 2007. E. Coulon M. Jaeger kirjaaja jaoston puheenjohtaja * Oikeudenkäyntikieli: englanti.

62007CJ0310

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 8a i Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens ( EFT L 283, s. 23 ), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002 ( EFT L 270, s. 10 , herefter »direktiv 80/987«). Anmodningen er indgivet under en retssag mellem Svenska staten ved Tillsynsmyndigheten i konkurser (tilsynsmyndighed i insolvensprocedurer, herefter »myndigheden«) og Anders Holmqvist om, hvorvidt han har ret til løngaranti i henhold til den svenske lovgivning, efter at hans arbejdsgiver er blevet erklæret konkurs. Retsforskrifter Fællesskabsbestemmelser Syvende betragtning til direktiv 2002/74 har følgende ordlyd: »Med henblik på at garantere arbejdstagernes retssikkerhed i forbindelse med insolvens hos virksomheder, der virker i flere medlemsstater, og fastslå arbejdstagernes rettigheder i overensstemmelse med retspraksis ved EF-Domstolen er det nødvendigt at indføje en bestemmelse, hvori det eksplicit fastsættes, hvilken garantiinstitution der skal dække løntilgodehavender i disse tilfælde, samt at målet for samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne er, at arbejdstagerne får udbetalt deres løntilgodehavender så hurtigt som muligt. Det er nødvendigt at sikre en korrekt anvendelse af bestemmelserne på området ved at indføre et samarbejde mellem medlemsstaternes kompetente administrationer.« Artikel 8a i direktiv 80/987 bestemmer: »1.   Såfremt en virksomhed, der har aktiviteter i mindst to medlemsstater, bliver insolvent som defineret i artikel 2, stk. 1, er det garantiinstitutionen i den medlemsstat, hvor arbejdstageren sædvanligvis udfører eller udførte sit arbejde, der skal dække betalingen af arbejdstagernes tilgodehavender. 2.   Omfanget af arbejdstagernes rettigheder fastslås i henhold til den lovgivning, der gælder for den pågældende garantiinstitution. 3.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der tages hensyn til de afgørelser, der i de i stk. 1 omhandlede tilfælde træffes inden for rammerne af en insolvensbehandling, jf. artikel 2, stk. 1, som er begæret indledt i en anden medlemsstat, når arbejdsgiverens insolvens som defineret i dette direktiv skal fastslås.« De nationale bestemmelser Den forelæggende ret har anført, at direktiv 80/987 er gennemført i svensk ret ved lov (1992:497) om statslig løngaranti (Lönegarantilagen (1992:497)) af 4. juni 1992 (SFS 1992, nr. 497, herefter »løngarantiloven«). Løngarantilovens § 1 har følgende ordlyd: »Staten indestår i henhold til denne lov for betalingen af arbejdstageres krav (statslig løngaranti) mod en arbejdsgiver, som 1. er erklæret konkurs i Sverige eller i et andet nordisk land 2. er genstand for virksomhedsrekonstruktion i henhold til lov (1996:764) om virksomhedsrekonstruktion [lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion], eller 3. i et andet land i Den Europæiske Union […] eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde […] er genstand for en sådan insolvensprocedure, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 80/987 […]« I lovens § 2a er følgende fastsat: »I de i § 1, stk. 3, omhandlede tilfælde dækkes betaling i henhold til garantien kun, såfremt arbejdstageren hovedsageligt udfører eller udførte sit arbejde for arbejdsgiverens regning i Sverige. Såfremt arbejdsgiveren er erklæret konkurs i Sverige, og arbejdstageren hovedsageligt udfører eller udførte sit arbejde for arbejdsgiverens regning i et andet land [i Den Europæiske Union] eller [i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde], sker der ikke betaling i henhold til garantien.« Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål Anders Holmqvist var ansat i det svenske aktieselskab Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition AB (herefter »Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition«) som chauffør. Selskabet havde sit eneste driftssted i Tjörnarp (Sverige), og det havde ingen filialer i udlandet. Anders Holmqvists arbejde bestod i at levere varer til og fra henholdsvis Sverige og Italien, hvorved han kørte igennem Tyskland og Østrig. Varerne blev aflæsset i Italien af personale fra forskellige selskaber, som regelmæssigt eller lejlighedsvist var kunder hos Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition, ved hjælp af udstyr, som fandtes på leveringsstedet. Anders Holmqvist transporterede også varer fra Italien til Sverige for regelmæssige og lejlighedsvise kunder for deres regning. Lastningen blev udført af personalet og ved hjælp af udstyret på stedet. Anders Holmqvist overvågede lastningen for at sikre, at den opfyldte gældende trafik- og sikkerhedsforskrifter, men selve lastningen blev udført af andre personer. Aflæsning og lastning i Sverige skete på tilsvarende vilkår. Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition blev erklæret konkurs af Lunds tingsrätt den 10. april 2006. Kurator tilkendte ved afgørelse af 27. juni 2006 Anders Holmqvist ret til dækning i henhold til løngarantiloven. Myndigheden har ved Lunds tingsrätt nedlagt påstand om, at det fastslås, at Anders Holmqvist ikke har ret til løngaranti inden for rammerne af den igangværende insolvensbehandling af Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition. Myndigheden har ved Lunds tingsrätt gjort gældende, at Anders Holmqvist ikke er berrettiget til løngarantien, eftersom Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition har udøvet sine aktiviteter i andre medlemsstater end Kongeriget Sverige, og Anders Holmqvist hovedsageligt har udført sit arbejde i disse andre medlemsstater. Myndigheden har anført, at det efter direktiv 80/987 ikke kræves, at et selskab skal have et driftssted eller en filial i en anden medlemsstat, for at selskabet kan anses for at have aktiviteter i denne medlemsstat, og at såvel Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition som Anders Holmqvist i den foreliggende sag hovedsageligt har udøvet aktiviteter i Tyskland, Østrig og Italien. Følgelig skulle Anders Holmqvist ikke være berettiget til løngaranti i henhold til svensk ret. Anders Holmqvist har ved Lunds tingsrätt principalt anført, at Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition udelukkende har udøvet sine aktiviteter i Sverige, og subsidiært, at selv hvis det antages, at selskabet har haft aktiviteter i flere medlemsstater, skal han anses for at have udøvet sit sædvanlige arbejde i Sverige. Han har for det første henvist til, at Jörgen Nilsson Åkeri och Spedition blev administreret fra selskabets eneste kontor, som var beliggende i Tjörnarp, at selskabets garage og værksted også var beliggende på denne lokalitet, og at al aktivitet udgik fra og endte i Sverige. Anders Holmqvist har desuden gjort gældende, at det følger af Domstolens praksis, at det afgørende kriterium for bestemmelsen af den stat, hvor en arbejdstager kan kræve dækning i henhold til en løngaranti, er eksistensen af et driftssted eller en handelsmæssig tilstedeværelse (dom af 17.9.1997, sag C-117/96, Mosbæk, Sml. I, s. 5017 , og af 16.12.1999, sag C-198/98, Everson og Barrass, Sml. I, s. 8903 ). Endelig har Anders Holmqvist anført, at han har ret til løngarantien i Sverige uafhængigt af bestemmelserne i løngarantiloven, idet artikel 8a i direktiv 80/987 har direkte virkning. Da Lunds tingsrätt finder, at sagens afgørelse må bero på en fortolkning af artikel 8a i 80/987, har den besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Skal artikel 8a i […] direktiv 80/987 […] fortolkes således, at det, for at et selskab kan anses for at have aktiviteter på en bestemt medlemsstats område, kræves, at selskabet har en filial eller et fast driftssted i denne medlemsstat? 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, hvilke betingelser skal da være opfyldt, for at et selskab kan anses for at have aktiviteter i flere medlemsstater? 3) Såfremt selskabet anses for at have aktiviteter på flere medlemsstaters område, og en arbejdstager udfører arbejde for selskabet i flere medlemsstater, hvilke kriterier er da afgørende for, hvor arbejdet sædvanligvis udføres? 4) Har artikel 8a i […] direktiv 80/987 […] direkte virkning?« Om de præjudicielle spørgsmål Det første og det andet præjudicielle spørgsmål For at kunne give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar på dens første og andet spørgsmål, som behandles samlet, skal det fastlægges, på hvilke betingelser en virksomhed må anses for at have aktiviteter i flere medlemsstater i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8a i direktiv 80/987. Ifølge artikel 8a i direktiv 80/987, som er indeholdt i direktivets afdeling IIIa under overskriften »Bestemmelser vedrørende situationer, der er grænseoverskridende«, befinder en virksomhed sig i en sådan situation, hvis den har »aktiviteter i mindst to medlemsstater«, men dette begreb er ikke defineret i hverken denne eller nogen anden bestemmelse i direktivet. Det bemærkes, at den oprindelige ordlyd af direktiv 80/987 ikke indeholdt bestemmelser om grænseoverskridende situationer, idet artikel 8a blev indsat i direktivet ved direktiv 2002/74. Det følger af syvende betragtning til sidstnævnte direktiv, at det bl.a. er blevet vedtaget »[m]ed henblik på at garantere arbejdstagernes retssikkerhed i forbindelse med insolvens hos virksomheder, der virker i flere medlemsstater, og fastslå arbejdstagernes rettigheder i overensstemmelse med retspraksis ved […] Domstolen […]«. For det første bemærkes, som den nederlandske regering har anført, at dette formål kun kan opfyldes, hvis begrebet »aktiviteter i mindst to medlemsstater« fortolkes vidt. En sådan fortolkning er nemlig nødvendig for at sikre en minimumsbeskyttelse af rettigheder for arbejdstagere, som er berørt af deres arbejdsgivers insolvens, og hvis situation har tilknytning til et andet land, idet der skal tages hensyn til, at de fleste tilfælde, der falder ind under anvendelsesområdet for artikel 8a i direktiv 80/987, vedrører ansættelsesforhold, der har grænseoverskridende karakter. For det andet bemærkes, at nævnte syvende betragtning bekræfter, hvad Anders Holmqvist såvel som den italienske regering og Det Forenede Kongeriges regering har anført, at retspraksis fra før vedtagelsen af direktiv 2002/74 stadig er relevant for fortolkningen af visse bestemmelser i direktiv 80/987. Det skal imidlertid bemærkes under hensyntagen til ovennævnte formål, som bl.a. består i beskyttelse af rettigheder for arbejdstagere, der gør brug af deres ret til fri bevægelighed, og tilblivelseshistorien for ordlyden af artikel 8a under den lovgivningsprocedure, der har ført til vedtagelsen af direktiv 2002/74, at der — som generaladvokaten har anført i punkt 35 i sit forslag til afgørelse — ved fortolkningen af bestemmelsens ord »aktiviteter i mindst to medlemsstater« skal lægges afstand til begrebet »driftssted« som anvendt i Mosbæk-dommen og i Everson og Barrass-dommen. Hvad angår denne lovgivningsprocedure bemærkes, at det oprindelige forslag fra Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber vedrørende ændringen af direktiv 80/987, som det fremgår af Kommissionens skriftlige indlæg, indeholdt formuleringen »virksomhed, der har forretningssteder i mindst to medlemsstater«, og at »forretningssted« i forslaget var defineret som »ethvert sted, hvor arbejdsgiveren udøver en ikke-forbigående økonomisk eller erhvervsmæssig aktivitet under anvendelse af menneskelige ressourcer og reelle produktionsfaktorer«. Det bemærkes for det første, at Kommissionen, da forslaget blev behandlet af Rådet for Den Europæiske Union, foreslog, at ordet »forretningssted« i direktivets artikel 8a ændredes til »aktiviteter«, som er den formulering, der til sidst blev valgt, og for det andet, at ovenstående definition heller ikke forekommer i den endelige udgave af direktiv 2002/74. Denne ændring af ordlyden af artikel 8a viser, at fællesskabslovgiver har villet udvide artiklens anvendelsesområde frem for at begrænse den til virksomheder med filialer eller driftssteder i flere medlemsstater. Som den nederlandske regering har anført, ville begrebet »aktiviteter«, hvis det blev fortolket sådan, at det forudsætter virksomhedens tilstedeværelse i form af filialer eller driftssteder, indebære, at en arbejdstager, der udfører sit arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor hans arbejdsgiver er etableret, som det var tilfældet i Mosbæk-sagen, ikke ville være omfattet af beskyttelsen i henhold til artikel 8a i direktiv 80/987. Følgelig skal det fastslås, at det efter artikel 8a i direktiv 80/987 ikke kræves, for at en virksomhed, der er etableret i én medlemsstat, kan anses for også at have aktiviteter i en anden medlemsstat, at virksomheden har en filial eller et fast driftssted i sidstnævnte stat. Selv om bestemmelsen ikke indebærer krav om tilknytning, men sigter til en svagere tilknytning end virksomhedens tilstedeværelse i form af en filial eller et fast driftssted, kan den svenske regerings argumentation dog ikke lægges til grund, hvorefter det skulle være tilstrækkeligt til at anse en virksomhed for at have aktiviteter i en anden medlemsstat, at en arbejdstager udfører en eller anden form for arbejde i den anden medlemsstat for sin arbejdsgivers regning, og at arbejdet er baseret på arbejdsgiverens behov og dennes instruktion. Som anført af Det Forenede Kongeriges regering skal begrebet »aktiviteter« i artikel 8a i direktiv 80/987 forstås som en henvisning til forhold, der indebærer en vis grad af tilstedeværelse i en anden medlemsstat. Som den nederlandske regering har bemærket, kan denne tilstedeværelse bestå i en varig beskæftigelse af en eller flere arbejdstagere i den anden medlemsstat. Efter Kommissionens opfattelse er det også nødvendigt, at der er en fysisk infrastruktur i en anden medlemsstat end den stat, hvor virksomheden har etableret sit hjemsted, for at virksomheden kan anses for at have en varig tilstedeværelse i denne medlemsstat, men Kommissionen finder dog, at det er tilstrækkeligt, at virksomheden har et enkelt kontor i den anden medlemsstat. I betragtning af de forskellige former for grænseoverskridende arbejde, der findes, og under hensyntagen til den seneste udvikling inden for arbejdsvilkår og til de fremskridt, der er gjort i telekommunikationssektoren, kan det dog ikke hævdes, at en virksomhed nødvendigvis skal have en fysisk infrastruktur for at have en fast, økonomisk tilstedeværelse i en anden medlemsstat end den, hvor virksomheden har sit hjemsted. Det er således muligt at varetage forskellige aspekter af et ansættelsesforhold pr. distance, bl.a. at meddele instruktioner til arbejdstageren, oversende dennes afrapporteringer til arbejdsgiveren såvel som at foretage lønoverførsler. Således kan en virksomhed beskæftige et stort antal arbejdstagere i en anden medlemsstat end den, hvor den har sit hjemsted, og være i stand til at udøve en betydelig økonomisk aktivitet dér uden overhovedet at have en fysisk infrastruktur eller et kontor på den anden medlemsstats område. For at kunne anses for at have aktiviteter på en anden medlemsstats område skal en virksomhed, der er etableret i en medlemsstat, imidlertid i den anden medlemsstat have en fast, økonomisk tilstedeværelse, som er karakteriseret ved, at der er menneskelige ressourcer til stede, som gør det muligt for virksomheden at udføre aktiviteter dér. Hvad angår en transportvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, er den blotte omstændighed, at en arbejdstager, ansat af virksomheden i denne stat, leverer varer til og fra denne og en anden medlemsstat ved at køre gennem andre medlemsstater, ikke tilstrækkelig til at opfylde kriteriet, nævnt i denne doms foregående præmis, og derfor heller ikke til, at denne virksomhed i henhold til artikel 8a i direktiv 80/987 kan anses for at udøve aktiviteter andetsteds end i den stat, hvor virksomheden er etableret. Henset til disse betragtninger skal det første og andet spørgsmål besvares med, at artikel 8a i direktiv 80/987 skal fortolkes således, at det ikke er nødvendigt for at kunne anse en virksomhed, etableret i en medlemsstat, for at have aktiviteter på en anden medlemsstats område, at virksomheden har en filial eller et fast driftssted i denne anden stat. Virksomheden skal dog i sidstnævnte stat have en fast, økonomisk tilstedeværelse, som er karakteriseret ved, at der er menneskelige ressourcer til stede, som gør det muligt for virksomheden at udføre aktiviteter dér. Hvad angår en transportvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, er den blotte omstændighed, at en arbejdstager, ansat af virksomheden i denne stat, leverer varer til og fra denne og en anden medlemsstat, ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at nævnte virksomhed har en fast, økonomisk tilstedeværelse i en anden medlemsstat. Det tredje og det fjerde spørgsmål Under hensyn til besvarelsen af det første og andet spørgsmål er det ufornødent at besvare det tredje og fjerde spørgsmål. Sagens omkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Fjerde Afdeling) for ret: Artikel 8a i Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/74/EF af 23. september 2002, skal fortolkes således, at det ikke er nødvendigt for at kunne anse en virksomhed, etableret i en medlemsstat, for at have aktiviteter på en anden medlemsstats område, at virksomheden har en filial eller et fast driftssted i denne anden stat. Virksomheden skal dog i sidstnævnte stat have en fast, økonomisk tilstedeværelse, som er karakteriseret ved, at der er menneskelige ressourcer til stede, som gør det muligt for virksomheden at udføre aktiviteter dér. Hvad angår en transportvirksomhed, der er etableret i en medlemsstat, er den blotte omstændighed, at en arbejdstager, ansat af virksomheden i denne stat, leverer varer til og fra denne og en anden medlemsstat, ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at nævnte virksomhed har en fast, økonomisk tilstedeværelse i en anden medlemsstat. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: svensk.

62003CJ0435

sk

1       Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka najmä výkladu článkov 2, 5 a 27 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23, ďalej len „smernica“). 2       Tento návrh bol predložený v rámci konania vedeného spoločnosťami British American Tobacco International Ltd (ďalej len „BATI“) a Newman Shipping & Agency Company NV (ďalej len „Newman“) proti Belgickému kráľovstvu, ktorého predmetom je platenie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) z tabakových výrobkov uskladnených v daňovom sklade, ktoré boli vykázané ako chýbajúce v dôsledku krádeží. Právny rámec Právna úprava Spoločenstva 3       Podľa článku 2 smernice: „Dani z pridanej hodnoty podlieha: 1.      dodávka tovaru alebo služieb za úhradu [protihodnotu – neoficiálny preklad ] v rámci územia štátu osobou podliehajúcou dani [platiteľom dane – neoficiálny preklad ], 2.      dovoz tovaru.“ 4       Článok 5 ods. 1 smernice stanovuje: „Pojem ‚dodávka tovarov‘ predstavuje prevod práva nakladať s hmotným majetok na iného majiteľa [ako vlastník – neoficiálny preklad ].“ 5       Článok 10 ods. 1 a 2 smernice stanovuje: „1.      a)     Pojem ‚zdaniteľný prípad [obchod – neoficiálny preklad ]‘ predstavuje udalosť, na základe ktorej sú splnené právne podmienky potrebné na vznik daňového nároku [daňovej povinnosti – neoficiálny preklad ], b)      ‚Daňový nárok [daňová povinnosť – neoficiálny preklad ]‘ vzniká, keď sa daňový úrad podľa zákona stane v danom momente oprávneným požadovať daň od osoby povinnej túto daň zaplatiť, odhliadnuc od toho, že čas platby sa môže odsunúť. 2.      Zdaniteľný prípad [obchod – neoficiálny preklad ] a daňový nárok [daňová povinnosť – neoficiálny preklad ] vzniknú, keď sa dodá tovar alebo poskytnú služby. ...“ 6       Podľa článku 11 smernice je zdaniteľným základom v prípade poskytovania tovaru alebo služieb všetko, čo predstavuje protihodnotu, ktorú získal alebo získa dodávateľ od kupujúceho, od zákazníka alebo od tretej strany za tento tovar alebo služby. 7       Podľa článku 27 smernice s názvom „Zjednodušujúce postupy“: „1.      Rada konajúca [jednomyseľne – neoficiálny preklad ] na základe návrhu Komisie, môže dať ktorémukoľvek členskému štátu právo zaviesť špeciálne opatrenia na zrušenie platnosti [povoliť ktorémukoľvek členskému štátu, aby zaviedol osobitné opatrenia na odchýlenie sa od – neoficiálny preklad ] ustanovení tejto smernice v záujme zjednodušenia postupu pri účtovaní [výbere – neoficiálny preklad ] dane alebo zabráneniu daňovým únikom alebo obchádzaniu daňových povinností. Opatrenia zamerané na zjednodušenie postupu pri účtovaní [výbere – neoficiálny preklad ] dane, s výnimkou zanedbateľnej čiastky, nesmú mať vplyv na sumu splatnej dane v konečnej spotrebnej etape. 2.      Členský štát, ktorý by chcel zaviesť opatrenia definované v odseku 1 musí o tom informovať Komisiu a poskytnúť jej potrebné informácie. ... 5.      Členské štáty, ktoré zaviedli od 1. januára 1977 špeciálne opatrenia [ktoré k 1. januáru 1977 uplatňujú osobitné opatrenia – neoficiálny preklad ], o ktorých sa hovorí v odseku 1 vyššie, môžu si ich ponechať v platnosti za predpokladu, že upovedomia o tom Komisiu do 1. januára 1978 s tým, že kde boli takéto derogácie [odchýlky – neoficiálny preklad ] navrhnuté kvôli zjednodušeniu postupov pri účtovaní dane [výberu dane – neoficiálny preklad ], zodpovedajú [musia zodpovedať – neoficiálny preklad ] požiadavkám uvedeným v odseku 1 vyššie.“ 8       Smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (Ú. v. ES L 76, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 179) sa v zmysle článku 3 ods. 1 uplatňuje okrem iného aj na tabakové výrobky. 9       Článok 6 ods. 1 smernice 92/12 stanovuje: „Spotrebná daň sa začne vyberať v čase uvoľnenia výrobkov na spotrebu, alebo ak sa zaznamená nedostatok, čo musí podliehať spotrebnej dani v súlade s článkom 14(3) [Daňová povinnosť vzniká uvedením výrobkov do daňového voľného obehu alebo zistením chýbajúcich výrobkov, ktoré podliehajú dani v súlade s článkom 14 ods. 3 – neoficiálny preklad ]. Uvoľnenie výrobkov na spotrebu, ktoré podliehajú spotrebnej dani [uvedenie výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani, do daňového voľného obehu – neoficiálny preklad ] bude znamenať: a)      akúkoľvek odchýlku, vrátane nepravidelnej výnimky z dohody o pozastavení [akékoľvek vyňatie vrátane neoprávneného vyňatia z režimu pozastavenia dane – neoficiálny preklad ], ...“ Vnútroštátna právna úprava 10     Článok 58 ods. 1 belgického zákonníka o DPH stanovuje: „Pokiaľ ide o tabakové výrobky, ktoré sú dovážané, nadobudnuté podľa článku 25ter alebo vyrobené v Belgicku, daň sa vyberie v každom prípade, v ktorom podľa ustanovení zákonov alebo iných právnych predpisov upravujúcich zdaňovanie tabaku vzniká povinnosť zaplatiť spotrebnú daň. ... ... Takto vybraná daň nahrádza daň, ktorej podlieha dovoz tabakových výrobkov, ich nadobudnutie v rámci Spoločenstva a dodanie. Kráľ určí spôsoby výberu dane z tabakových výrobkov a osoby, ktoré sú povinné platiť túto daň.“ 11     V čase prijatia smernice bol už článok 58 ods. 1 zákonníka o DPH v účinnosti. Podľa článku 27 ods. 5 smernice oznámilo Belgické kráľovstvo 19. decembra 1997 tento článok 58 Komisii. Toto oznámenie znelo takto: „B. Platenie dane vopred 1.      Tabakové výrobky S cieľom zjednodušiť kontrolu vyberania DPH v tejto oblasti sa daň splatná v čase dovozu a dodania tabakových výrobkov vyberie spolu so spotrebnou daňou. Pri kúpe kontrolných známok výrobcom alebo dovozcom sa DPH zaplatí z ceny, ktorú má platiť spotrebiteľ. Neskôr sa nevyberá žiadna DPH, ale rovnako nemožno vykonať žiadne odpočítania. Všetky predaje tabakových výrobkov musia byť faktúrované vrátane dane...“ 12     Podľa článku 1 kráľovského dekrétu č. 13 z 29. decembra 1992 o dani z pridanej hodnoty z tabakových výrobkov ( Belgisch Staatsblad z 31. decembra 1992, s. 28086, ďalej len „kráľovský dekrét č. 13“): „Daňová povinnosť k dani z pridanej hodnoty z tabakových výrobkov... vzniká spolu s daňovou povinnosťou k spotrebnej dani. ...“ Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky 13     Spoločnosť Newman prevádzkuje v Antverpách daňový sklad, v ktorom boli uskladnené tabakové výrobky, ktoré v Belgicku vyrába a balí BATI, vlastník týchto tovarov. Tovary neboli označené kontrolnými známkami. 14     V dňoch 4. decembra 1995 a 29. januára 1996, ako aj v noci zo 14. na 15. júna 1998 došlo ku krádežiam cigariet umiestených v tomto sklade. Tieto krádeže boli oznámené polícii. 15     Belgická správa ciel a spotrebných daní doručila spoločnosti Newman platobný výmer, ktorým jej z dôvodu chýbajúcich cigariet uložila povinnosť zaplatiť spotrebnú daň a DPH v súlade s úpravou zavedenou článkom 58 ods. 1 zákonníka o DPH. Po neúspešnej sťažnosti spoločnosť Newman zaplatila uloženú sumu, ale vyhradila si všetky práva týkajúce sa DPH. Spoločnosť BATI tieto sumy spoločnosti Newman v celom rozsahu nahradila. 16     Spoločnosti Newman a BATI podali na rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen žalobu proti Belgickému kráľovstvu na náhradu zaplatených súm. 17     Táto žaloba bola zamietnutá rozsudkom zo 4. apríla 2001. V tomto rozsudku dospel uvedený súd k záveru, že povinnosť zaplatiť spotrebnú daň sa týkala tovarov chýbajúcich v dôsledku krádeží a že v dôsledku toho v zmysle článku 58 ods. 1 zákonníka o DPH a článku 1 kráľovského dekrétu č. 13 vznikla pri týchto tovaroch tiež povinnosť zaplatiť DPH. Okrem toho rechtbank van eerste aanleg rozhodol, že tieto ustanovenia mali za cieľ zjednodušiť výber dane a boli v súlade s článkom 27 smernice. 18     Dňa 7. mája 2001 podali žalobkyne vo veci samej proti tomuto rozsudku odvolanie na hof van beroep te Antwerpen. 19     Tento súd zistil, že pokiaľ ide o spotrebnú daň, účastníčky konania uzavreli a splnili dohodu a týmto spôsobom ukončili spor týkajúci sa povinnosti zaplatiť túto daň. 20     Pokiaľ ide o DPH, hof van beroep te Antwerpen zdôraznil, že pri prijatí názoru správy ciel a spotrebných daní, z ktorého vychádzal prvostupňový súd, by nebolo potrebné skúmať, či možno krádež tovarov považovať za „dodávku tovaru“ v zmysle smernice. Zdaniteľným obchodom na účely DPH by nebolo ani dodanie tovaru, ani jeho dovoz, ale výber spotrebnej dane. 21     Keďže hof van beroep te Antwerpen považoval odvolací dôvod uplatnený žalobkyňami vo veci samej a vychádzajúci z rozporu úpravy zavedenej článkom 58 ods. 1 zákonníka o DPH a článkom 1 kráľovského dekrétu so smernicou za závažný, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky: „1.      Dôjde k dodávke v zmysle… smernice, ktorej následkom je možnosť vybrať [DPH], –       pri neexistencii protihodnoty alebo plnenia za protihodnotu, –       v prípade, ak nedôjde k prevodu práva slobodne nakladať s tovarmi ako vlastník, –       v prípade, ak tovary nemohli byť legálne uvedené na trh z dôvodu, že ide o odcudzené alebo pašované tovary? 2.      Je odpoveď na prvú otázku odlišná v prípade, ak ide o výrobky podliehajúce spotrebnej dani a predovšetkým tabakové výrobky? 3.      Ak z výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani nie je táto daň vybraná, je v súlade s ustanoveniami... smernice vybrať v takomto prípade [DPH]? 4.      Môžu členské štáty [v prípade DPH] na základe oznámenia podľa článku 27 ods. 2 alebo 5... smernice doplniť skupiny zdaniteľných plnení s cieľom uložiť na vnútroštátnej úrovni [DPH] v prípade krádeže výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani umiestnených v daňovom sklade alebo je výpočet uvedený v článku 2... smernice taxatívny? 5.      Je členský štát v prípade oznámenia podľa článku 27 ods. 5... smernice, ktoré sa týka iba platenia [DPH] vopred pomocou kontrolných známok, oprávnený doplniť skupiny zdaniteľných plnení podliehajúcich [DPH] napríklad stanovením povinnosti platiť [DPH] v prípade, keď došlo ku krádeži výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani umiestnených v daňovom sklade?“ O relevantnosti prejudiciálnych otázok 22     Na úvod je potrebné vyjadriť sa k tvrdeniu belgickej vlády, podľa ktorej sú otázky predložené vnútroštátnym súdom irelevantné a musia byť v celom rozsahu preformulované. 23     Belgická vláda tvrdí, že tieto otázky vychádzajú z nesprávneho výkladu ustanovení článku 58 ods. 1 zákonníka o DPH, ktorého zachovanie Rada povolila podľa článku 27 ods. 5 smernice. 24     Jediným cieľom týchto ustanovení je zjednodušenie výberu DPH skôr, ako dôjde k zdaniteľnému obchodu, a nie vytvorenie novej skupiny zdaniteľných plnení, ktorá nie je upravená v smernici. Štát definitívne získa takto zaplatenú DPH len v prípade, ak ju neskôr možno pripísať zdaniteľnému plneniu. 25     Ak takéto pripísanie napokon nie je možné z dôvodu, že neskôr nedôjde k uskutočneniu zdaniteľného plnenia, suma DPH sa platiteľovi dane vráti v súlade s článkom 77 zákonníka o DPH a článkami 5 a 11 kráľovského dekrétu č. 13. Za okolností, ako sú tie v konaní vo veci samej, by to mohol byť prípad, ak podnik preukáže, že chýbajúce tovary boli skutočne odcudzené a že neboli dodané. Právna úprava oznámená 19. decembra 1977 teda nijakým spôsobom neovplyvnila pojem „dodávk[y] tovaru“ v zmysle článku 2 smernice, takže štvrtá a piata prejudiciálna otázka nie sú pri rozhodovaní vo veci samej použiteľné. Aj prvá, druhá a tretia otázka sú rovnako irelevantné. 26     Tvrdenie belgickej vlády však neumožňuje dospieť k záveru, že prejudiciálne otázky nie sú pre vnútroštátny súd použiteľné. 27     Po prvé, zo znenia rozhodnutia vnútroštátneho súdu nevyplýva, že by v prípade krádeže tovarov podliehajúcich spotrebnej dani bolo možné vrátenie vopred zaplatenej DPH. 28     Po druhé, aj za predpokladu, že by vnútroštátna právna úprava takúto možnosť v tomto prípade predvídala, podmienky dôkazu vyžadované pre vrátenie by mohli byť splnené iba málokedy. V skutočnosti z vyjadrenia belgickej vlády na otázku písomne položenú Súdnym dvorom týkajúcu sa podmienok dôkazu vyplýva, že obeť krádeže tovarov by mohla získať vrátenie DPH len v prípade, ak by dokázala preukázať, po prvé, že tovary boli skutočne odcudzené, a po druhé, že po krádeži neboli uvedené na trh. Vyžadovanie dôkazu tejto negatívnej skutočnosti, o ktorej nemôže obeť krádeže vedieť, by prakticky znemožňovalo výkon práva na vrátenie (pozri v súvislosti s vrátením dane, ktorej zavedením došlo k porušeniu práva Spoločenstva, rozsudky z 9. novembra 1983, San Giorgio, 199/82, Zb. s. 3595, bod 14, a z 9. februára 1999, Dilexport, C‑343/96, Zb. s. I‑579, bod 48). 29     Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že tabakové výrobky dotknuté v konaní vo veci samej boli skutočne odcudzené. Skutočnosť, že zaplatenie DPH z týchto tovarov podliehajúcich spotrebnej dani bolo požadované práve po krádeži, napriek tomu preukazuje, že to bola samotná krádež, ktorá spôsobila vznik povinnosti odviesť túto daň. Rozhodujúcou skutočnosťou nebola neskoršia udalosť, akou je prípadné uvedenie tovarov do obchodného obehu zlodejmi. Je to teda samotná krádež, ktorú belgické daňové úrady posúdili ako zdaniteľný obchod. 30     Za týchto podmienok je potrebné preskúmať otázky položené vnútroštátnym súdom. O prvej, druhej a tretej otázke 31     Prostredníctvom týchto otázok, ktoré je vhodné preskúmať spolu, chce vnútroštátny súd zistiť, po prvé, či možno krádež tovarov považovať za „dodávk[u] tovaru za úhradu [protihodnotu – neoficiálny preklad ]“ v zmysle článku 2 smernice a či z tohto dôvodu podlieha DPH, a po druhé, či má na túto úvahu vplyv skutočnosť, že ide o tovary podliehajúce spotrebnej dani. 32     Na úvod, ako to správne tvrdia žalobkyne vo veci samej a Komisia, z definície krádeže tovarov vyplýva, že táto neprináša osobe, ktorá je jej obeťou, žiadnu finančnú protihodnotu. Z tohto dôvodu ju nemožno ako takú považovať za dodanie tovarov uskutočnené „za úhradu [protihodnotu – neoficiálny preklad ]“ v zmysle článku 2 smernice (pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. marca 1994, Tolsma, C‑16/93, Zb. s. I‑743, bod 14). 33     Ďalej, ako vyplýva zo smernice, pojem „dodávka tovaru“ sa nevzťahuje na krádež tovarov. 34     Podľa článku 5 ods. 1 smernice „predstavuje pojem ‚dodávka tovarov‘ prevod práva nakladať s hmotným majetok na iného majiteľa [ako vlastník – neoficiálny preklad ]“. 35     Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že pojem dodanie tovaru sa nevzťahuje na prevod vlastníctva spôsobmi, ktoré upravuje použiteľná vnútroštátna úprava, ale že zahŕňa všetky prevody hmotného majetku jednou stranou, ktorá poskytne druhej strane oprávnenie nakladať s týmto majetkom tak, ako by bola jeho vlastníkom. Táto koncepcia je v súlade s účelom smernice, ktorej cieľom je okrem iného založiť spoločný systém DPH na jednotnej definícii zdaniteľných plnení (rozsudok z 8. februára 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C‑320/88, Zb. s. I‑285, body 7 a 8). 36     Osoba, ktorá sa dopustí krádeže tovarov, sa však stáva len ich obyčajným detentorom. Krádež teda neoprávňuje páchateľa, aby s tovarom nakladal za rovnakých podmienok ako vlastník. Z tohto dôvodu nemožno krádež považovať za prevod uskutočnený medzi stranou, ktorá je jej obeťou, a páchateľom protiprávneho konania v zmysle citovaného ustanovenia smernice. 37     Napokon na rozdiel od tvrdenia belgickej a gréckej vlády zásada daňovej neutrality nijakým spôsobom neukladá klásť krádež tovarov na jednu úroveň s ich dodaním a nebráni úvahe, podľa ktorej krádež ako taká nepredstavuje plnenie podliehajúce DPH. 38     Je nepochybné, že nelegálny dovoz a dodanie tovarov, ako sú napríklad dotknuté tabakové výrobky vo veci samej, ktoré nie sú zakázané z dôvodu ich povahy alebo osobitných vlastností, podlieha DPH z dôvodu, že tieto tovary môžu byť uvedené na legálny trh a stať sa súčasťou hospodárskeho obehu. Okrem toho zásade daňovej neutrality odporuje zovšeobecnené rozlišovanie medzi dovolenými a nedovolenými plneniami (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. júna 2000, Salumets a i., C‑455/98, Zb. s. I‑4993, body 19 a 20). 39     Povinnosť odviesť DPH však vzniká len za predpokladu, že po krádeži dôjde k dovozu alebo dodaniu tovarov, ktoré je zdaniteľným obchodom, a že možno určiť protihodnotu tohto plnenia, ktorá je zdaniteľným základom. 40     Ako uviedla Komisia, túto úvahu nemožno použiť v prípade krádeže ako takej, ktorá sama osebe nie je zdaniteľným obchodom. Takúto úvahu môže odôvodniť iba následné, aj keď pravdepodobné, uvedenie odcudzených tovarov na trh pripísateľné obeti krádeže, ktorá nie je osobou v skutočnosti dovážajúcou alebo dodávajúcou tieto tovary. Okrem toho, ak by bola krádež považovaná v mene zásady daňovej neutrality za zdaniteľný obchod úplne nezávisle od dovozu alebo dodania a v dôsledku toho pri neexistencii určiteľnej protihodnoty, bol by zdaniteľný základ iba fiktívny. 41     Skutočnosť, že tovary, ako sú tie v konaní vo veci samej, podliehajú spotrebnej dani, nemá žiaden vplyv na odpoveď, ktorú je potrebné poskytnúť vnútroštátnemu súdu. V skutočnosti žiadne ustanovenie smernice nespája povinnosť zaplatiť DPH so spotrebnými daňami. Zdaniteľným obchodom na účely DPH, ktorého uskutočnenie je zákonnou podmienkou vzniku daňovej povinnosti, je dodanie alebo dovoz tovaru, nie výber spotrebnej dane z tohto tovaru. 42     Z tohto dôvodu je potrebné odpovedať na prvú, druhú a tretiu otázku tak, že krádež tovarov nie je „dodávk[ou] tovaru za úhradu [protihodnotu – neoficiálny preklad ]“ v zmysle článku 2 smernice, a preto nemôže ako taká podliehať DPH. Skutočnosť, že tovary, ako sú tie vo veci samej, podliehajú spotrebnej dani, nemá na túto úvahu vplyv. O štvrtej a piatej otázke 43     Týmito otázkami sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či je členský štát, ktorému bolo podľa článku 27 ods. 5 smernice povolené uplatniť možnosť DPH platenej vopred pomocou kontrolných známok, oprávnený na základe toho istého povolenia podriadiť DPH iné plnenia, ako sú tie uvedené v článku 2 smernice, tým, že uplatňuje túto daň na odcudzené výrobky podliehajúce spotrebnej dani, ktoré boli umiestnené v daňovom sklade. 44     Ako už Súdny dvor rozhodol, vnútroštátne odchylné opatrenia predvídané v článku 27 ods. 5 smernice, ktoré boli povolené „v záujme zjednodušenia postupu pri účtovaní [výbere – neoficiálny preklad ] dane alebo zabráneniu daňovým únikom alebo obchádzaniu daňových povinností“ sa vykladajú doslovne (pozri v tomto zmysle rozsudok z 10. apríla 1984, Komisia/Belgicko, 324/82, Zb. s. 1861, bod 29). Tieto opatrenia umožňujú odchýliť sa od zdaniteľného základu DPH uvedeného v článku 11 iba v rozsahu striktne nevyhnutnom pre dosiahnutie tohto cieľa (rozsudok z 29. mája 1997, Skripalle, C‑63/96, Zb. s. I‑2847, bod 24). Povolenie poskytnuté podľa článku 27 ods. 5 smernice nemožno preto rozširovať nad účel, na ktorý bolo požadované (pozri v tomto zmysle rozsudok Skripalle, už citovaný, bod 30). 45     Ako pripúšťa belgická vláda, jediným cieľom opatrení, ktorých zachovanie bolo Belgickému kráľovstvu povolené podľa článku 27 ods. 5 smernice, bolo „zjednodušenie kontroly výberu DPH“ tým, že tieto opatrenia okrem iného stanovili, že DPH sa vyberie spolu so spotrebnou daňou skôr, ako dôjde k zdaniteľnému obchodu. Tieto opatrenia sa teda týkajú okamihu vzniku povinnosti odviesť DPH tak, že sa tento zhoduje s okamihom výberu spotrebnej dane. Netýkajú sa pravidiel stanovenia plnení podliehajúcich DPH a z tohto dôvodu nemôžu vytvárať novú skupinu zdaniteľných plnení, ktorá nie je uvedená v smernici. 46     Iste, Rada povolila zachovanie týchto opatrení s cieľom zjednodušenia výberu dane a zároveň s cieľom boja proti podvodu alebo daňovému úniku, ako tomu nasvedčujú podmienky oznámenia uskutočneného podľa článku 27 ods. 5 smernice (s cieľom zjednodušiť kontrolu výberu DPH). Skutočnosť, že povolenie bolo poskytnuté rovnako s cieľom boja proti podvodu alebo daňovému úniku, však neoprávňovala Belgické kráľovstvo na to, aby uplatňovalo DPH na iné plnenia, ako sú tie uvedené v článku 2 smernice. 47     V každom prípade na rozdiel od tvrdenia gréckej vlády vytvorenie skupiny plnení, ktoré patria do pôsobnosti uplatňovania DPH a nie sú uvedené v článku 2 a 10 smernice, nemožno považovať za odchýlku, ktorá je striktne nevyhnutná s cieľom vyhnúť sa nebezpečenstvu podvodu alebo daňového úniku a z tohto dôvodu nemohlo byť v súlade s právnou úpravou Spoločenstva prijaté alebo zachované na základe článku 27 ods. 5 smernice (pozri v súvislosti s príliš všeobecnou úpravou zdaniteľného základu rozsudky Komisia/Belgicko, už citovaný, body 26 a 31, z 9. júla 1992, „K“ Line Air Service Europe, C‑131/91, Zb. s. I‑4513, body 24 a 25, ako aj Skripalle, už citovaný, body 26 a 31). 48     Povolenie udelené Belgickému kráľovstvu na základe článku 27 ods. 5 smernice nijakým spôsobom neoprávňovalo tento členský štát, aby uplatnil DPH na krádež tabakových výrobkov. 49     Z tohto dôvodu je potrebné odpovedať na štvrtú a piatu otázku tak, že povolenie uskutočniť opatrenia zjednodušujúce kontrolu výberu DPH, udelené členskému štátu na základe článku 27 ods. 5 smernice, neoprávňuje tento štát uplatňovať túto daň na iné plnenia, ako sú tie uvedené v článku 2 smernice. Takéto povolenie teda nepredstavuje právny základ pre vnútroštátnu právnu úpravu uplatňujúcu DPH na krádež tovarov v daňovom sklade. O trovách 50     Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené. Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto: 1. Krádež tovarov nie je „dodávk[ou] tovaru za úhradu [protihodnotu – neoficiálny preklad ]“ v zmysle článku 2 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, a preto nemôže ako taká podliehať dani z pridanej hodnoty. Skutočnosť, že tovary, ako sú tie vo veci samej, podliehajú spotrebnej dani, nemá na túto úvahu vplyv. 2. Povolenie uskutočniť opatrenia zjednodušujúce kontrolu výberu dane z pridanej hodnoty, udelené členskému štátu na základe článku 27 ods. 5 šiestej smernice 77/388, neoprávňuje tento štát uplatňovať túto daň na iné plnenia, ako sú tie uvedené v článku 2 smernice. Takéto povolenie teda nepredstavuje právny základ pre vnútroštátnu právnu úpravu uplatňujúcu daň z pridanej hodnoty na krádež tovarov v daňovom sklade. Podpisy * Jazyk konania: holandčina.

62005TJ0189

sl

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. februarja 2005 (zadeva R 411/2004‑1) glede postopka z ugovorom med Usinor SA in Corus UK Ltd. Podatki o zadevi Prijavitelj znamke Skupnosti: Corus UK Ltd. Zadevna znamka Skupnosti: besedna znamka GALVALLOY za proizvode iz razreda 6 – prijava št. 796557 Imetnik znamke ali znaka, navajanega v postopku z ugovorom: Usinor SA Znamka ali znak, navajan v postopku z ugovorom: nacionalna besedna znamka GALVALLIA za proizvode iz razreda 6 Odločba oddelka za ugovore: zavrnitev registracije Odločba odbora za pritožbe: razveljavitev odločbe odbora za ugovore Izrek 1) Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. februarja 2005 (zadeva R 411/2004‑1) se razveljavi. 2) UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Usinor SA. 3) Corus UK Ltd nosi svoje stroške.

61982CJ0236

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 36 Σύμφωνα με το άρθρο 69 , παράγραφος 2 , του κανονισμού διαδικασίας , ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα . Δεδομένου ότι το Συμβούλιο ηττήθηκε , πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα . Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς TO ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ( πρώτο τμήμα ) αποφασίζει : 1 ) Ακυρώνει την απόφαση του Συμβουλίου , η οποία κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα με υπηρεσιακό σημείωμα της 29ης Ιανουαρίου 1982 , με την οποία το Συμβούλιο αρνήθηκε να επιτρέψει τη μεταφορά μέρους των αποδοχών του προσφεύγοντος στην Commerzbank , την οποία είχε ζητήσει ο προσφεύγων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 , παράγραφος 2 , στοιχείο β ), του παραρτήματος VII του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως . 2 ) Καταδικάζει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα .

62007CJ0438

sl

S tožbo Komisija Evropskih skupnosti predlaga Sodišču, naj ugotovi, da Kraljevina Švedska s tem, da najpozneje do 31. decembra 1998 ni zagotovila, da bi vsi izpusti iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom (PE), večjim od 10.0 00, ki se neposredno izlivajo na občutljiva območja ali njihova zbiralna področja, ustrezali zadevnim zahtevam iz Priloge I k Direktivi Sveta 91/271/EGS z dne o čiščenju komunalne odpadne vode ( UL L 135, str. 40 ), kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne ( UL L 67, str. 29 , v nadaljevanju: Direktiva 91/271), ni izpolnila obveznosti iz člena 5(2), (3) in (5) Direktive 91/271. Pravni okvir Konvencija o varstvu morskega okolja območja Baltika Evropska skupnost je skupaj z nekaterimi državami članicami in Rusko federacijo podpisnica Konvencije o varstvu morskega okolja območja Baltika (Helsinška konvencija, kakor je bila revidirana leta 1992, UL 1994, L 73, str. 20 , v nadaljevanju: Konvencija o Baltiku), h kateri je pristopila s Sklepom Sveta 94/157/ES z dne 21. februarja 1994 o sklenitvi Konvencije o varstvu morskega okolja območja Baltiškega morja (Helsinške konvencije, kakor je bila revidirana leta 1992) v imenu Skupnosti ( UL L 73, str. 19 ). Skupnostna ureditev Člen 1 Direktive 91/271 določa, da ta direktiva ureja zbiranje, čiščenje in odvajanje komunalne odpadne vode ter čiščenje in odvajanje odpadne vode iz določenih industrijskih sektorjev ter sledi cilju varstva okolja pred škodljivimi vplivi zgoraj navedenega odvajanja odpadne vode. Člen 2 te direktive določa: „Za namene te direktive pomeni izraz: 1. ‚komunalna odpadna voda‘ odpadno vodo iz gospodinjstev ali mešanico odpadne vode iz gospodinjstev s tehnološko odpadno vodo in/ali s padavinsko vodo; […] 4. ‚aglomeracija‘ območje, kjer je poseljenost in/ali gospodarska aktivnost zgoščena v takšni meri, da je možno zbiranje odpadne vode in odvajanje v komunalno čistilno napravo ali končno mesto izpusta; 5. ‚kanalizacijski sistem‘ sistem kanalov, ki zbira in odvaja komunalno odpadno vodo; 6. ‚1 PE (populacijski ekvivalent)‘ organsko, biološko razgradljivo breme, ki ima petdnevno biokemijsko porabo kisika (BPK5) 60 g kisika na dan; […] 8. ‚sekundarno čiščenje‘ čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, ki večinoma vključuje biološko čiščenje s sekundarnim posedanjem, ali drug postopek, v katerem se upoštevajo zahteve, določene v tabeli 1 Priloge I; 9. ‚primerno čiščenje‘ čiščenje komunalne odpadne vode po katerem koli postopku in/ali v sistemu odvajanja, ki po izpustu omogoča, da dosegajo vode, v katere se odpadne vode izlijejo, ustrezne cilje kakovosti in da so v skladu z določbami te in drugih direktiv Skupnosti; […] 11. ‚evtrofikacija‘ obogatitev vode s hranili, posebno spojinami dušika in/ali fosforja, kar povzroči pospešeno rast alg in višjih rastlinskih vrst, posledica česar je neželena motnja ravnotežja organizmov, prisotnih v vodi, ter kakovosti zadevne vode; […] 13. ‚obalne vode‘ vode zunaj črte oseke ali zunanjih meja estuarija.“ Splošna pravila, ki veljajo za odpadno vodo, na katero se nanaša navedena direktiva, so v njenem členu 4, katerega prvi odstavek določa: „Države članice zagotovijo, da bo komunalna odpadna voda, ki vstopa v kanalizacijske sisteme, pred izpustom obdelana v sekundarnem postopku čiščenja ali primerljivem postopku […]“ Člen 5 Direktive 91/271 določa: „1.   Za namene iz odstavka 2 države članice do 31. decembra 1993 opredelijo občutljiva območja v skladu z merili, določenimi v Prilogi II. 2.   Države članice zagotovijo, da bodo komunalne odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva območja podvržene strožjemu postopku čiščenja, kot je tisti, opisan v členu 4, in sicer najkasneje do 31. decembra 1998 za vse aglomeracije s PE večjim od 10.000. 3.   Izpust iz komunalnih čistilnih naprav, opisanih v odstavku 2, mora izpolnjevati ustrezne zahteve iz Priloge I B. […] […] 5.   Za izpuste iz komunalnih čistilnih naprav, postavljenih na zbiralnih področjih občutljivih območij, ki prispevajo k onesnaževanju teh območij, veljajo odstavki 2, 3 in 4. […]“ V Prilogi I B, odstavka 2 in 3, k tej direktivi je navedeno: „2. Izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, ki so podvrženi čiščenju v skladu s členoma 4 in 5, morajo izpolnjevati zahteve iz tabele 1. 3. Izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, ki se stekajo v tista občutljiva območja, ki so podvržena evtrofikaciji, kot je določeno v Prilogi II A(a), morajo dodatno izpolnjevati zahteve iz tabele 2 te priloge.“ V tabeli 2 navedene Priloge I je navedeno: „Tabela 2: Zahteve glede izpustov iz komunalnih čistilnih naprav na občutljivih območjih, kjer se pojavlja evtrofikacija, kot je določeno v Prilogi II A(a). Eden ali oba parametra se lahko uporabita glede na lokalne razmere. Veljajo vrednosti za koncentracijo ali odstotek znižanja.“ V skladu z drugo vrstico te tabele je lahko največja koncentracija celotnega dušika 15 mg/l za aglomeracije s PE med 10.000 in 100.000 ter 10 mg/l za večje aglomeracije ali pa se mora celotni dušik znižati za vsaj od 70 do 80%. V Prilogi II A(a), drugi odstavek, k Direktivi 91/271 je navedeno: „Pri odločanju, katero hranilo bi bilo potrebno zmanjšati z nadaljnjim čiščenjem, lahko upoštevamo naslednje elemente: (i) jezera in tokovi, ki se izlivajo v jezera/rezervoarje/zaprte zalive, ki imajo majhno vodno izmenjavo, s čimer lahko pride do kopičenja. V teh območjih je potrebno vključiti odstranjevanje fosforja, razen če je mogoče pokazati, da odstranjevanje fosforja ne bo vplivalo na stopnjo evtrofikacije. Kjer prihaja do izpustov iz velikih aglomeracij, je vredno premisliti tudi o odstranjevanju dušika; (ii) estuariji, zalivi in druge obalne vode, ki imajo majhno vodno izmenjavo ali ki prejmejo velike količine hranil. Izpusti iz majhnih aglomeracij v teh območjih večinoma niso zelo pomembni, v primeru velikih aglomeracij pa je potrebno vključiti odstranjevanje fosforja in/ali dušika, razen če je mogoče pokazati, da odstranjevanje ne bo vplivalo na stopnjo evtrofikacije.“ Nacionalna ureditev Iz opisa nacionalne ureditve v vlogah Kraljevine Švedske je razvidno, da se za vse dejavnosti in ukrepe z nezanemarljivim pomenom za okolje uporablja švedski zakonik o okolju (miljöbalken). Poleg tega mora biti za vsako švedsko čistilno napravo za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 2000, izdano dovoljenje, ki temelji na presoji posameznega primera. Med preučitvijo zahteve za izdajo dovoljenja se opravi celovita presoja položaja zbiralnega območja, ki temelji na zbranih izpustih iz vseh virov, skupaj s presojo nadaljnjih učinkov izpustov. Predhodni postopek Kraljevina Švedska je leta 1994 opredelila vse svoje vode kot občutljiva območja. To razvrstitev je leta 1998 in 2000 potrdila Komisiji. Poleg tega je ta država članica navedla, da je kot merilo uporabila evtrofikacijo in da je na podlagi zadevnega vodnega telesa določila vrsto potrebnega čiščenja. Po mnenju Kraljevine Švedske je na podlagi meril iz Priloge II A(a), pododstavka (i) in (ii), k Direktivi 91/271 celotno švedsko ozemlje občutljivo za evtrofikacijo oziroma je zanj značilna nevarnost evtrofikacije zaradi izpustov fosforja. Komisija je 23. oktobra 2002 Kraljevini Švedski poslala uradni opomin, ker ta država članica ni prilagodila svoje zakonodaje obveznostim, ki jih ima na podlagi člena 5 Direktive 91/271. Obveznosti naj ne bi bile izpolnjene, ker vsi izpusti iz komunalnih čistilnih naprav na občutljiva območja niso izpolnjevali zahtev iz Priloge I, črka B, k navedeni direktivi. Kraljevina Švedska bi morala najpozneje do prilagoditi zakonodajo navedenim zahtevam, ki bi morale veljati za vse izpuste iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, ter za vse izpuste iz takšnih čistilnih naprav, postavljenih na zbiralnih področjih občutljivih območij. Kraljevina Švedska je v odgovoru z dne 5. februarja 2003 zavrnila trditve Komisije in navedla, da je zakonodajo prilagodila Direktivi 91/271. Švedski organi so menili, da odstranjevanje dušika iz izpustov v Baltsko morje iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, na območju severno od občine Norrtälje ni nujno. Poleg tega so menili, da izpusti dušika iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz drugih aglomeracij s PE, večjim od 10.000, v osrednji in južni Švedski ne prispevajo k evtrofikaciji obalnih voda, ker se na poti po zbiralnem področju med virom onesnaženja in morjem naravno zadrži dovolj dušika. Komisija je 1. aprila 2004 poslala Kraljevini Švedski obrazloženo mnenje, v katerem je navedla znanstvene študije, ki dokazujejo, da odstranjevanje dušika v izpustih v severni in južni del Botnijskega zaliva vpliva na raven evtrofikacije v Baltskem morju. Navedla je, da bi bilo treba vse izpuste v Baltsko morje, vključno s severnim in z južnim delom Botnijskega zaliva, iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000 čistiti z odstranjevanjem fosforja in dušika. Komisija je poleg tega menila, da izpusti dušika iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, v osrednji in južni Švedski prispevajo k onesnaževanju Baltskega morja, ki je občutljivo območje. V zvezi s tem je opozorila, da naravno zadržanje na zbiralnih področjih ni sprejemljiva metoda zmanjševanja obremenjenosti obalnih območij z dušikom. Kraljevina Švedska je na obrazloženo mnenje Komisije odgovorila z dopisoma z dne 14. in in navedla, da ko mora država članica oblikovati stališče glede območij, ki so občutljiva za evtrofikacijo v smislu Direktive 91//271, mora tudi presoditi, katera hranila prispevajo k evtrofikaciji. Ko je ta država članica o tem sprejela stališče, mora odvisno od lokalnih razmer zagotavljati strožji postopek čiščenja dušika in/ali fosforja. Kraljevina Švedska je poleg tega poudarila, da lahko države članice prosto izberejo metodo, ki jo želijo uporabljati za odstranjevanje dušika iz komunalnih odpadnih voda. Direktivo 91/271 bi bilo torej treba razlagati tako, da se naravno zadržanje lahko upošteva kot metoda odstranjevanja dušika iz komunalnih odpadnih voda iz notranjih regij, ki se izlivajo v reke in vodne tokove in tečejo nato proti občutljivim obalnim območjem. Ker Komisija ni bila zadovoljna z odgovorom Kraljevine Švedske na navedeno obrazloženo mnenje, je vložila to tožbo. S sklepom predsednika Sodišča z dne 28. januarja 2008 je bila Republiki Finski dovoljena intervencija v podporo predlogom Kraljevine Švedske. Tožba Trditve strank Kraljevina Švedska je 141 čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se neposredno izlivajo na občutljiva območja ali njihova zbiralna področja, razdelila v pet skupin, ki so navedene v prvih petih prilogah k njenemu odgovoru na tožbo. Ta država članica je v dupliki pojasnila, da je treba popraviti položaj petih od 141 navedenih čistilnih naprav. Tako je treba čistilne naprave aglomeracij Kristianstad ter Jönköping in Huskvarna, ki tvorita odslej eno aglomeracijo, izbrisati iz priloge 1 k odgovoru na tožbo te države članice in dodati k prilogi 3 k temu odgovoru na tožbo. Čistilno napravo aglomeracije Lysekil je treba izbrisati iz navedene priloge 1 in dodati k prilogi 2 k navedenemu odgovoru na tožbo. Nazadnje je treba izbrisati čistilno napravo aglomeracije Hammarö iz priloge 2 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo in jo dodati k prilogi 1 k temu odgovoru na tožbo. Prvič, v prilogi 1 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, kakor je bila spremenjena z njeno dupliko (v nadaljevanju: spremenjena priloga 1), so navedene čistilne naprave, za katere ta država članica meni, da izpolnjujejo zahteve iz Direktive 91/271. Neizpolnitev obveznosti naj ne bi bila utemeljena glede navedenih naprav, saj naj bi vse imele posebno opremo za odstranjevanje dušika, ki izpolnjuje zahteve iz te direktive. Komisija le ugotavlja, da čistilne naprave aglomeracij Eslöv, Kristianstad in Jönköping ob kršitvi navedene direktive ne odstranjujejo dušika iz komunalnih odpadnih voda, ki jih čistijo. Drugič, v zvezi s čistilnimi napravami, ki so naštete v prilogi 2 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, kakor je bila spremenjena z njeno dupliko (v nadaljevanju: spremenjena priloga 2), in s čistilnimi napravami, ki so naštete v prilogi 3 k navedenemu odgovoru na tožbo, kakor je bila spremenjena z navedeno dupliko (v nadaljevanju: spremenjena priloga 3), Komisija navaja, da se strinja s stališčem Kraljevine Švedske, da navedene naprave ne izpolnjujejo zahtev Direktive 91/271, ker prve niso opremljene za odstranjevanje dušika in druge ne odstranijo dovolj dušika iz komunalnih odpadnih voda, ki jih čistijo. Tretjič, Komisija čistilne naprave, naštete v prilogi 5 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, razlikuje glede na to, ali se njihovi izpusti izlivajo neposredno ali posredno v severni del Botnijskega zaliva in neposredno ali posredno v njegov južni del. Komisija meni, da ker se večina švedskih notranjih voda izliva v Baltsko morje, v katerem evtrofikacijo povzročata predvsem fosfor in dušik, je treba ti vodni telesi šteti za občutljivi za ti hranili. V vseh teh čistilnih napravah bi bilo torej treba – poleg fosforja – zagotoviti strožje čiščenje dušika v smislu člena 5(2), (3) in (5) Direktive 91/271 (v nadaljevanju: terciarno čiščenje). Komisija priznava, da je voda v severnem delu Botnijskega zaliva občutljiva le za fosfor, vendar meni, da tega dela ni mogoče obravnavati izolirano, kajti hranila, vključno z dušikom, se prenašajo iz njegove morske kotline proti drugim delom Baltskega morja. Komisija, ki se opira zlasti na poročilo, ki ga je leta 2003 na njeno zahtevo pripravil Water Research Center, o prenosu Direktive 91/271 na Švedskem (v nadaljevanju: poročilo iz leta 2003), meni, da je voda v južnem delu Botnijskega zaliva vsaj delno občutljiva za dušik. Tako naj bi se zaradi vodnega toka iz severnega in južnega dela Botnijskega zaliva proti Baltskemu morju prenesla precejšnja količina dušika. Nazadnje, v čistilnih napravah, ki so naštete v prilogi 4 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo in za katere ta država članica meni, da izpolnjujejo zahteve iz Direktive 91/271, naj prav tako ne bi bilo treba zagotoviti odstranjevanja dušika, ker naj bi bilo naravno zadržanje tako pomembno, da naj njihovi izpusti ne bi prispevali k evtrofikaciji obalnih voda. Republika Finska v intervencijski vlogi v zvezi s tem dodaja, da se takšen proces naravnega čiščenja lahko upošteva, ko se v skladu z navedeno direktivo presoja, ali je odstranjevanje dušika nujno. Komisija trdi, da stopnje zadržanja, ki jih navaja Kraljevina Švedska, ne omogočajo zadostnega odstranjevanja dušika in da temeljijo izračuni na povprečnem zmanjšanju dušika, česar pa Direktiva 91/271 ne dopušča. Zadržanje se torej ne more obravnavati, kot da ustreza zahtevam iz Priloge I, tabela 2, k navedeni direktivi glede zadostne in stalne ravni čiščenja. Komisija v repliki trdi, da je iz zahteve po doseganju visoke ravni varstva, ki temelji na previdnostnem načelu in načelu, po katerem je treba delovati preventivno, in ki je določena z okoljsko politiko Skupnosti v članu 174(2) ES ter potrjena v ustaljeni sodni praksi, razvidno, da je treba onesnaževanje odpravljati pri viru. V zvezi s tem Komisija meni, da Kraljevina Švedska ni dokazala, da odstranjevanje dušika iz notranjih in obalnih voda ne bi vodilo k izboljšanju ravni evtrofikacije Baltskega morja. Kraljevina Švedska v zvezi s tem odgovarja, da odstranjevanje dušika tam, kjer lokalne razmere tega ne zahtevajo, lahko pospešuje razvoj cianobakterij. Če Komisija v teh okoliščinah ne dokaže, da lokalne razmere zahtevajo odstranjevanje dušika, naj bi se bilo treba v skladu s previdnostnim načelom vzdržati takšnega odstranjevanja. Presoja Sodišča Iz člena 5(2) Direktive 91/271 izhaja, da bi moral za vso komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, ki se izliva na občutljivo območje, najpozneje 31. decembra 1998 veljati strožji postopek čiščenja od tistega, ki je določen v členu 4 navedene direktive. V zvezi s tem je Sodišče že razsodilo, da gre za izpust v smislu člena 5(2) Direktive, ne glede na to, ali se odpadna voda neposredno ali posredno izliva na občutljivo območje (glej v tem smislu sodbo z dne 25. aprila 2002 v zadevi Komisija proti Italiji, C-396/00, Recueil, str. I-3949, točke od 29 do 32). Kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 72 sklepnih predlogov, to ustreza tudi visoki ravni varstva okoljske politike Skupnosti v skladu s členom 174(2) ES. Opredelitev občutljivih območij lahko v skladu s Prilogo II A k Direktivi 91/271 temelji na evtrofikaciji, zajemu pitne vode ali zahtevah drugih direktiv. V obravnavanem primeru ni sporno, da je Kraljevina Švedska v letu 1994 vse svoje vode opredelila kot območja, občutljiva za evtrofikacijo, in da se izpusti vseh čistilnih naprav te države članice neposredno ali posredno izlivajo na ta območja. Iz stališč, ki sta jih predložili stranki, izhaja, da je večinoma ena od hranljivih snovi, ali fosfor ali dušik, prisotna v manjši količini od druge in da ta razlika omejuje rast alg. Ta snov se tako imenuje „omejevalni dejavnik“. Vode na nekem območju so lahko občutljive za eno ali drugo od teh snovi oziroma celo za obe. Zmanjševanje fosforja in/ali dušika, odvisno od občutljivosti navedenih voda, torej omogoča omejitev rasti alg. Za vse švedske vode je bilo presojeno, da so občutljive za evtrofikacijo oziroma da je zanje značilna nevarnost evtrofikacije zaradi izpustov fosforja. Le za obalne vode med norveško mejo in občino Norrtälje je bila ugotovljena občutljivost za evtrofikacijo oziroma nevarnost evtrofikacije zaradi izpustov dušika. Zato je treba navesti, v nasprotju s trditvami Komisije, da je Kraljevina Švedska pojasnila v okviru opredelitve občutljivih območij, katera hranila je treba v skladu s tabelo 2 Priloge I k Direktivi 91/271 odstraniti ob izpuščanju komunalnih odpadnih voda v švedske notranje vode. Kot je namreč navedla Kraljevina Švedska, v zvezi s tem ni bila določena nobena razlika med obalnimi in notranjimi vodami. Poleg tega člen 5(3) Direktive 91/271 določa, katero pravilo velja za terciarno čiščenje izpustov na takih občutljivih območjih. Iz te določbe, brane v povezavi z določbami, na katere napotuje, je razvidno, da morajo izpusti iz komunalnih čistilnih naprav na občutljiva območja, na katerih se pojavlja evtrofikacija, izpolnjevati zahteve, navedene v tabeli 2 Priloge I k tej direktivi. Sodišče je že ugotovilo, da se te zahteve uporabljajo ob upoštevanju Priloge II A(a), drugi odstavek, k Direktivi 91/271 (sodba z dne 23. septembra 2004 v zadevi Komisija proti Franciji, C-280/02, ZOdl., str. I-8573, točki 104 in 105). Točka (ii) te določbe tako glede obalnih voda, ki imajo majhno vodno izmenjavo ali prejmejo velike količine hranil, določa, da je treba pri velikih aglomeracijah vključiti odstranjevanje fosforja in/ali dušika, razen če je mogoče dokazati, da odstranjevanje ne bo vplivalo na stopnjo evtrofikacije. Tabela 2 Priloge I k tej direktivi se nanaša na zmanjšanje fosforja in dušika v komunalni odpadni vodi. Kot izhaja iz naslova te tabele, je določeno, da se glede na lokalne razmere uporabi samo en parameter ali oba. Glede na lokalne razmere je treba namreč zmanjšati dušik ali fosfor oziroma oba. Država članica se lahko torej odloči za uporabo vrednosti koncentracije ali odstotka zmanjšanja. Treba je navesti, da se Komisija in Kraljevina Švedska strinjata glede tega, da je evtrofikacija Baltskega morja velik okoljski problem ter da ta pojav povzroča povečana koncentracija dušika in fosforja, ki sta snovi, ki sta vseeno nujno potrebni za morsko življenje. Kot je navedla Kraljevina Švedska, ni enotne rešitve problema evtrofikacije za celotno Baltsko morje. Iz spisa je razvidno, da v takih okoliščinah v različnih delih Baltskega morja ni treba sprejeti istih ukrepov za zmanjšanje evtrofikacije. Direktiva 91/271 glede tega določa, da države članice na podlagi lokalnih razmer presodijo, katera snov – fosfor in/ali dušik – prispeva k evtrofikaciji in v skladu s to presojo sprejmejo ustrezne ukrepe za čiščenje. Direktiva 91/271 torej avtomatično ne predpisuje zmanjšanja obremenitve z dušikom, tudi če se izpusti iz komunalnih čistilnih naprav izlivajo v sprejemne vode na občutljivih območjih. Ali je treba zmanjšati dušik in/ali fosfor, je odvisno od občutljivosti teh sprejemnih voda, pri čemer se preučijo še lokalne razmere. Zato ni mogoče sprejeti razlage, ki jo zagovarja Komisija, da že okoliščina, da se izpusti iz komunalnih čistilnih naprav na koncu izlijejo na občutljivo območje, omogoča ugotovitev, da Direktiva 91/271 zahteva terciarno čiščenje dušika. V skladu s členom 5(5) navedene direktive je obveznost zmanjšanja obremenitve z dušikom odvisna od tega, koliko izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, postavljenih na zbiralnih področjih občutljivih območij, prispevajo k njihovemu onesnaževanju. Ker opredelitev omejevalnega dejavnika ni izključno povezana z občutljivostjo sprejemnih voda, ampak tudi z obstojem onesnaževalnega učinka izpustov nanje, ni mogoče trditi, kakor v bistvu zatrjuje Komisija, da je zato, ker se v Baltskem morju pojavlja močna evtrofikacija tako zaradi dušika kot zaradi fosforja in ker se večina švedskih notranjih voda izliva v to morje, treba šteti, da so tudi švedska jezera in reke ter obalne vode občutljivi za ti snovi. Iz teh ugotovitev izhaja, da v nasprotju z navedbami Komisije Direktiva 91/271 ne določa splošne obveznosti določitve terciarnega čiščenja dušika iz izpustov iz vsake čistilne naprave za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000. Ker Direktiva 91/271 nalaga zmanjšanje fosforja in/ali dušika glede na lokalne razmere, to je glede na občutljivost sprejemnih voda za eno in/ali drugo od teh hranil in glede na obstoj onesnaževalnega učinka izpustov nanje, je mogoče zadevne čistilne naprave, katerih izpusti se izlivajo na isto zbiralno področje, preučiti skupaj. Poleg tega, ne glede na to, ali so izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, postavljenih na istem zbiralnem področju občutljivega območja, neposredni ali posredni, zanje na podlagi člena 5(5) Direktive 91/271 veljajo zahteve za občutljiva območja samo, če ti izpusti prispevajo k onesnaževanju tega območja. Tako mora biti podana vzročna zveza med navedenimi izpusti in onesnaženjem občutljivih območij. Glede na te ugotovitve je treba presoditi, ali je Komisija dokazala obstoj take vzročne zveze. Spomniti je namreč treba, da mora v skladu z ustaljeno sodno prakso Komisija v postopku zaradi neizpolnitve obveznosti na podlagi člena 226 ES dokazati obstoj zatrjevane neizpolnitve obveznosti. Predložiti mora vse dokaze, ki jih Sodišče potrebuje za preizkus, ali je ta neizpolnitev podana, pri čemer se ne more sklicevati na nikakršno domnevo (glej zlasti sodbi z dne 25. maja 1982 v zadevi Komisija proti Nizozemski, 96/81, Recueil, str. 1791, točka 6, in z dne v zadevi Komisija proti Italiji, C-135/05, ZOdl., str. I-3475, točka 26). Poleg tega, kadar Komisija predloži dovolj dokazov, ki razkrivajo dogodke na ozemlju tožene države članice, mora ta vsebinsko in podrobno izpodbijati predložene podatke in njihove posledice (glej v tem smislu sodbi z dne 22. septembra 1988 v zadevi Komisija proti Grčiji, 272/86, Recueil, str. 4875, točka 21, in z dne v zadevi Komisija proti Italiji, C-365/97, Recueil, str. I-7773, točki 84 in 86). Prvič, v zvezi s čistilnimi napravami, naštetimi v spremenjeni prilogi 1, Komisija trdi, ne da bi to dokazala, da na eni strani čistilne naprave Eslöv, Kristianstad in Jönköping niso opremljene za odstranjevanje dušika iz komunalnih odpadnih voda, ki jih čistijo. Na drugi strani Komisija samo trdi, da dušik ni bil odstranjen iz odpadnih voda aglomeracij Hönö, Strömstad, Lidköping, Sävsjö, Borgholm, Bjuv, Svedala, Klippan, Torekov in Åmål. V teh okoliščinah Sodišče nima na voljo dovolj dokazov, da bi lahko natančno presodilo o obsegu kršitve prava Skupnosti, ki se očita Kraljevini Švedski, in tako ugotovilo obstoj neizpolnitve obveznosti, ki jo zatrjuje Komisija (glej sodbo z dne 26. aprila 2007 v zadevi Komisija proti Finski, C-195/04, ZOdl., str. I-3351, točka 32). Drugič, v zvezi s čistilnimi napravami, naštetimi v spremenjenih prilogah 2 in 3, je treba spomniti, da je v okviru tožbe zaradi neizpolnitve obveznosti Sodišče pristojno za ugotovitev, ali je očitana neizpolnitev podana ali ne, tudi če zadevna država ne prereka neizpolnitve (glej v tem smislu sodbi z dne 15. januarja 2002 v zadevi Komisija proti Italiji, C-439/99, Recueil, str. I-305, točka 20, in z dne v zadevi Komisija proti Nemčiji, C-43/05, točka 11). Treba je poudariti, da je Kraljevina Švedska priznala, da v zvezi s tem ni izpolnila obveznosti iz Direktive 91/271. Ta država članica je navedla, da ob izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju, čistilne naprave, naštete v spremenjenih prilogah 2 in 3, niso izpolnjevale zahtev iz Priloge I k navedeni direktivi. Iz odgovorov Kraljevine Švedske na pisna vprašanja je namreč razvidno, da na eni strani čistilne naprave, naštete v spremenjeni prilogi 2, niso bile opremljene s posebno tehnologijo za odstranjevanje dušika. Na drugi strani je Kraljevina Švedska priznala, da so čistilne naprave, naštete v spremenjeni prilogi 3, opremljene s posebno tehnologijo za odstranjevanje dušika, vendar so izpusti dušika iz teh čistilnih naprav tako veliki, da kljub višji stopnji zadržanja prispevajo k evtrofikaciji. Tudi če je Komisija v tožbi uporabila splošni pristop glede vseh izpustov iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, ki se neposredno izlivajo na občutljiva območja ali njihova zbiralna področja, ta okoliščina ne preprečuje, da bi se lahko neizpolnitev obveznosti ugotovila glede nekaterih od teh čistilnih naprav. To sklepanje je podprto z dejstvom, da je Kraljevina Švedska priznala, da čistilne naprave, naštete v spremenjenih prilogah 2 in 3, ne izpolnjujejo zahtev iz Priloge 1 k Direktivi 91/271, in izrecno navedla, da ne izpodbija tega dela tožbe Komisije. Iz navedenega izhaja, da Kraljevina Švedska ni izpolnila obveznosti iz Direktive 91/271 glede izpustov dušika iz čistilnih naprav, naštetih v spremenjenih prilogah 2 in 3. Tretjič, v zvezi s čistilnimi napravami, naštetimi v prilogi 4 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, in čistilnimi napravami, ki so naštete v prilogi 5 k temu odgovoru na tožbo in za katere naj posebna oprema za odstranjevanje dušika ne bi bila potrebna, ker naj njihovi izpusti ne bi prispevali k evtrofikaciji občutljivih območij, je treba preveriti, ali je Komisija dokazala, da izpusti iz navedenih čistilnih naprav prispevajo k evtrofikaciji teh območij. V zvezi s tem je treba ugotoviti, kot izhaja iz spisa, da so navedene čistilne naprave razporejene po zbiralnih področjih, katerih sprejemne vode sta Botnijski zaliv, ki je rokav Baltskega morja, in Baltsko morje. Čistilne naprave, katerih izpusti se izlivajo v Botnijski zaliv Med čistilnimi napravami, navedenimi v prilogi 5 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, se iz nekaterih izpusti neposredno ali posredno izlivajo v severni del Botnijskega zaliva, iz drugih pa neposredno ali posredno v njegov južni del. Zadevne čistilne naprave, katerih izpusti se izlivajo na isto zbiralno področje, je torej mogoče preučiti skupaj. Prvič, čistilne naprave za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo neposredno v severni del Botnijskega zaliva ali na njegovo zbiralno področje, so čistilne naprave Haparanda, Luleå, Piteå, e Skellefteå in Umeå ter Kiruna, Gällivare in Boden. Stranki se strinjata z ugotovitvijo, da je severni del Botnijskega zaliva edini večji del Baltskega morja, v katerem se evtrofikacija večinoma ne pojavlja. Poleg tega Komisija priznava, da je fosfor omejevalni dejavnik v severnem delu Botnijskega zaliva. V teh okoliščinah Komisija ni dokazala, da bi Kraljevina Švedska zaradi razmer v severnem delu Botnijskega zaliva morala določiti terciarno čiščenje dušika za vsako čistilno napravo za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katere izpusti se izlivajo v severni del Botnijskega zaliva. Drugič, čistilne naprave za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo neposredno v južni del Botnijskega zaliva ali na njegovo zbiralno področje, so čistilne naprave Örnsköldsvik, Härnösand, Timrå, Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn in Gävle ter Sollefteå, Östersund, Åre, Ljusdal, Bollnäs, Mora, Falun, Borlänge, Avesta in Sandviken. Stranki ne soglašata glede obstoja evtrofikacije in opredelitve omejevalnega dejavnika v južnem delu Botnijskega zaliva ter glede obstoja in morebitnih učinkov prenosa dušika iz Botnijskega zaliva proti Baltskemu morju. – Obstoj evtrofikacije in opredelitev omejevalnega dejavnika v južnem delu Botnijskega zaliva Na podlagi izsledkov raziskav, ki jih je v spis predložila Kraljevina Švedska, je Botnijski zaliv, in sicer tudi njegov južni del, edini del Baltskega morja, v katerem se ne kažejo očitni znaki evtrofikacije. Komisija utemeljuje svojo trditev, da je dušik pomemben omejevalni dejavnik evtrofikacije južnega dela Botnijskega zaliva, s poročilom iz leta 2003. Vendar je v tem poročilu poudarjeno, da na splošno velja, da evtrofikacija ni problem v odprtih vodah Botnijskega zaliva. Iz navedenega izhaja, da Komisija ni dokazala, da bi bil dušik pomemben omejevalni dejavnik evtrofikacije v odprtih vodah južnega dela Botnijskega zaliva. V skladu s sklepi poročila iz leta 2003 je evtrofikacija problem v Baltskem morju, v Cattégatu, Sundu in na obalnih območjih južnega dela Botnijskega zaliva, na katerih je mešanje vode majhno in obremenitev s hranili visoka. Glede obalnih voda je v poročilu iz leta 2003 navedeno, da se v njih pojavlja evtrofikacija zaradi majhnega mešanja vode in visokih obremenitev s hranili v teh vodah. Poleg tega je v tem poročilu navedeno, da je v švedskih obalnih vodah fosfor glavni omejevalni dejavnik. Glede tega je treba upoštevati točko (ii) Priloge II A(a), drugi odstavek, k Direktivi 91/271, na podlagi katere v zvezi z obalnimi vodami, ki imajo majhno vodno izmenjavo ali prejmejo velike količine hranil, izpusti iz majhnih aglomeracij večinoma niso zelo pomembni, pri velikih aglomeracijah pa je treba vključiti odstranjevanje fosforja in/ali dušika, razen če je mogoče dokazati, da odstranjevanje ne bo vplivalo na stopnjo evtrofikacije. V zvezi s tem je iz poročila iz leta 2003 razvidno, da obstajajo dvomi o učinkovitosti odstranjevanja dušika in da bi imelo zmanjšanje obremenitve z dušikom v delih Baltskega morja, v katerih je fosfor omejevalni dejavnik, le omejen učinek na evtrofikacijo. Poleg tega pa je Kraljevina Švedska navedla, Komisija pa ni predložila nasprotnih dokazov, da bi odstranjevanje dušika povzročilo zmanjšanje prenosa dušika iz severnega dela Botnijskega zaliva proti njegovemu južnemu delu za približno 19 ton, kar je manj kot 0,1% skupnega prenosa dušika med tema morskima območjema. Učinek odstranjevanja dušika v Botnijskem zalivu na raven evtrofikacije Baltskega morja torej ne bi bil pomemben. V takih okoliščinah je treba ugotoviti, da Komisija ni dokazala, da bi Kraljevina Švedska zaradi razmer v južnem delu Botnijskega zaliva morala določiti terciarno čiščenje dušika v izpustih iz vsake čistilne naprave za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, ki se izlivajo v južni del Botnijskega zaliva. – Prenos dušika iz Botnijskega zaliva proti Baltskemu morju in njegovi morebitni učinki Komisija trdi, da se v vsakem primeru prenese pomembna količina hranil med različnimi morskimi kotlinami. Tako naj bi se 62% celotnega dušika, izpuščenega neposredno ali posredno v severni del Botnijskega zaliva, preneslo nato proti njegovemu južnemu delu, ki naj bi bil morsko območje, na katerem je dušik pomemben omejevalni dejavnik. Na eni strani, kot trdita Komisija in Kraljevina Švedska, je sicer treba presojati obveznost čiščenja dušika s splošnega vidika, ob upoštevanju občutljivosti notranjih voda in občutljivosti sprejemne obalne vode. Vendar pa je treba upoštevati, da je obseg pojma zbiralno področje omejen. V zvezi s tem je treba poudariti, da je Komisija na obravnavi navedla, da nasprotno od tega, kar je razvidno iz točke 44 njene replike, ne trdi, da se lahko severni in južni del Botnijskega zaliva obravnavata kot zbiralni področji Baltskega morja. Na drugi strani je treba v zvezi s trditvijo Kraljevine Švedske, da je mešanje vode iz severnega in južnega dela Botnijskega zaliva ter iz Baltskega morja izredno omejeno, navesti, da je – kot je razvidno iz spisa, predloženega Sodišču – Baltsko morje plitko morje, kar ne pospešuje mešanja vode. Poleg tega je iz priloge 11 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, v kateri je prikazana topografija Baltskega morja, razvidno, da mešanje vode iz severnega in južnega dela Botnijskega zaliva ovirajo naravne prepreke na ravni severa arhipelaga Kvarken. V skladu s to topografsko karto sta severni in južni del Botnijskega zaliva povezana s plitvinami, v katerih je voda globoka največ 25 metrov. Ta ugotovitev je poleg tega podprta s prilogo 12 k temu odgovoru na tožbo, v kateri je prikazan profil dna Baltskega morja. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da Komisija ni dokazala, da ne obstajajo fizične prepreke, ki ovirajo prenos dušika med zadevnimi morskimi kotlinami. Poleg tega, kot je navedla generalna pravobranilka v točki 93 sklepnih predlogov, lahko južni del Botnijskega zaliva učinkovito redči dušik. Prav tako je v poročilu iz leta 2003 navedeno, da problemi evtrofikacije v zvezi z dušikom v Botnijskem zalivu niso veliki in da se le majhna količina dušika prenese do Baltskega morja. Na podlagi obstoja plitvin in zoženja Botnijskega zaliva pri Ålandskem otočju se prav tako lahko sklepa, da takšna topografija ne pospešuje vodnih tokov in s tem prenosa dušika. Čeprav se torej dušik prenaša med Botnijskim zalivom in Baltskim morjem, pa Komisija ni dokazala, da vodni tok iz severnega in južnega dela Botnijskega zaliva proti Baltskemu morju prenese pomembno količino onesnaženja z dušikom iz severnih regij Švedske, v katerih se v čistilnih napravah dušik ne odstranjuje. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da med strankami ni sporna okoliščina, da se približno 11% dušika, prisotnega v južnem delu Botnijskega zaliva, prenese v Baltsko morje. Vendar kot je razvidno iz dokumentov v spisu in stališč, ki jih je na obravnavi predstavila Kraljevina Švedska, in kot ta država članica poudarja, je treba upoštevati tisti odstotek, ki pomeni količino dušika, ki je izpuščena iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo v Botnijski zaliv, in ki se prenaša proti Baltskemu morju. Nasprotno pa skupnega toka dušika v obravnavanem primeru ni mogoče šteti za upošteven dejavnik pri ugotavljanju, ali je za dušik iz navedenih čistilnih naprav potrebno terciarno čiščenje. Na podlagi dokumentov iz spisa je namreč mogoče sklepati, da hranila, med njimi tudi dušik, izvirajo iz različnih človekovih dejavnosti in prispejo nazadnje do morja, prvič, z emisijami v zrak in s posledično nastalimi usedlinami, drugič, z izpusti iz točkovnih virov ob obali ali iz zbiralnih področij po rekah, in tretjič, z izpusti iz razpršenih virov. V zvezi s tem je na podlagi dokumentov v spisu na eni strani mogoče sklepati, da velik del količine dušika, prisotnega v Botnijskem zalivu, izvira iz izpustov iz razpršenih virov. Na drugi strani pa je v okviru te kategorije kmetijstvo tista človekova dejavnost, ki povzroči velik del izpustov dušika. Iz tega je razvidno, da količina dušika, izpuščenega iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, ne ustreza količini dušika, ki jo je navedla Komisija. V teh okoliščinah je težko razbrati, čemu ustreza 62-odstotna stopnja prenosa, ki jo je poudarila Komisija. Takšna stopnja nikakor ne more ustrezati količini dušika v izpustih iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000. V skladu s stališčem Kraljevine Švedske, predstavljenim na obravnavi, je stopnja prenosa dušika, ki obsega le izpuste tega hranila iz zadevnih čistilnih naprav, približno 1,2%. V teh okoliščinah Komisija ni dokazala, da se lahko prenos dušika iz švedskih čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo v Botnijski zaliv proti Baltskemu morju, opredeli kot precejšen v smislu sodne prakse, v skladu s katero je mogoče tok dušika, ki ga povzročijo komunalne odpadne vode, ki se izlivajo v evtrofne vode, opredeliti kot precejšen, če pomeni 10% skupnega toka dušika (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Komisija proti Franciji, točka 77). Poleg tega je komisija Helcom, ki deluje na podlagi Konvencije o varstvu morskega okolja območja Baltika, na srečanju ministrov v Krakovu 15. novembra 2007 sprejela akcijski načrt za Baltsko morje (Helcom Baltic Sea Action Plan). Ta načrt, ki je bil predmet razprave na obravnavi, določa zgornjo mejo za izpuste dušika in fosforja ter nujno zmanjšanje dušika in fosforja v različnih delih Baltskega morja. Iz njega je razvidno, da v severnem in južnem delu Botnijskega zaliva zmanjšanje stopnje dušika ni nujno. Čeprav se z navedenim akcijskim načrtom hkrati spodbuja zmanjšanje dušika v Baltskem morju do 94.000 ton na leto, pa je treba poudariti, da se ta zahteva ne nanaša na Kraljevino Švedsko. Nanaša se namreč na države, ki so na zbiralnem področju Baltskega morja. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da Komisija ni dokazala, da izpusti dušika iz notranjih voda in obalnih voda severnega dela Botnijskega zaliva prispevajo k evtrofikaciji njegovega južnega dela niti da je dušik glavni omejevalni dejavnik evtrofikacije južnega dela Botnijskega zaliva. Iz navedenega izhaja, da Komisija ni dokazala, da količina dušika iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo v Botnijski zaliv, prispeva k evtrofikaciji v Baltskem morju. Komisija torej ni dokazala, da bi morala Kraljevina Švedska določiti, da se opravi terciarno čiščenje dušika v vseh čistilnih napravah za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo v Botnijski zaliv. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da Komisija ni dokazala, da Kraljevina Švedska ni izpolnila obveznosti iz Direktive 91/271 glede vseh čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, katerih izpusti se izlivajo v Botnijski zaliv. Čistilne naprave, katerih izpusti se izlivajo na zbiralno področje Baltskega morja V zvezi z izpusti iz čistilnih naprav v notranjosti južnega dela Švedske, ki so naštete v prilogi 4 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo in čistijo komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, na zbiralnem področju, s katerega voda teče proti obalnim vodam, občutljivim za dušik, med norveško mejo in občino Norrtälje, Kraljevina Švedska trdi, da terciarno čiščenje dušika ni nujno, ker pojav naravnega zadržanja omogoča zadostno odstranjevanje tega hranila. V zvezi s tem je iz spisa, predloženega Sodišču, razvidno, da je zadržanje naravni proces, ki poteka v jezerih in vodnih tokovih, ki prestrežejo večino izpuščenega dušika in ga pretvorijo v neškodljiv plin, kar tudi ustreza postopku, ki se uporablja med odstranjevanjem dušika v čistilnih napravah. Zadržanje poteka zlasti v kotlinah, v katerih se vodni tok upočasni in dušik običajno ostane več let. Ta pojav poteka tako, da se dušik ali odstrani z organskimi snovmi v usedlinah jezerskih kotlin ali pa po postopku nitrifikacije/denitrifikacije mikrobov uide v zrak kot plinasti dušik. Komisija ne prereka, da je zadržanje kemični proces, ki poteka v vodi in zmanjša koncentracijo dušika, vendar pa trdi, da ta proces ne more nadomestiti odstranjevanja dušika v čistilnih napravah, določenega z Direktivo 91/271, ker to nasprotuje previdnostnemu načelu. Komisija poleg tega meni, da proces zadržanja dušika ne omogoča njegovega trajnega odstranjevanja in da je odvisen od letnih časov. Najprej je treba ugotoviti, da nobena določba Direktive 91/271 ne nasprotuje temu, da se lahko naravno zadržanje dušika šteje za metodo odstranjevanja dušika iz komunalne odpadne vode. V zvezi s trditvijo Komisije, da proces zadržanja dušika ni dovolj zanesljiv, da bi ga bilo mogoče upoštevati, je treba poudariti, da je Kraljevina Švedska navedla, da izračun izpustov iz vsake aglomeracije v občutljive obalne vode temelji na dejanskih izpustih iz aglomeracij in zadržanju, izračunanem za vsak posamezen primer. Uporabljena metoda vključuje rezultate dejanskih merjenj vsebnosti dušika v različnih vodnih tokovih in izračuni običajno temeljijo na programu merjenj, izvedenih v obdobjih do deset let. Iz tega je razvidno, da se pri izračunih prav tako upošteva dušik, ki se vrne v vodo, in da ta rezultat torej izraža neto zadržanje, ki zajema celoten dušik, vključno s tistim, ki je bil prestrežen prej in ponovno spuščen. Nato je treba poudariti, da je v poročilu iz leta 2003 prav tako navedeno, da je naravno zadržanje pravno dopustna možnost. Nazadnje je treba opozoriti, kot je bilo navedeno v točki 47 te sodbe, da mora obstajati ustrezna vzročna zveza med izpusti in onesnaženjem občutljivih območij. Čeprav torej v Baltskem morju prihaja do evtrofikacije zlasti zaradi dušika, pa dokler Komisija ne dokaže, da izpusti dušika iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, ki se izlivajo v Baltsko morje, prispevajo k evtrofikaciji tega morja, ni mogoče zahtevati terciarnega čiščenja dušika v vsaki od teh čistilnih naprav. Poleg tega, kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 82 sklepnih predlogov, se v tabeli 2 Priloge I k Direktivi 91/271 v okviru terciarnega čiščenja ne zahteva popolno čiščenje, ampak se glede dušika zahteva ali zmanjšanje, ki omogoča doseganje vrednosti 15 mg/l za aglomeracije s PE med 10.000 in 100.000, ali zmanjšanje za vsaj od 70 do 80%. Neposreden izpust dušika v vodo, ki je občutljiva za dušik, povzroči torej nastanek obveznosti zmanjšanja dušika le, če v zvezi s čistilno napravo več kot 30% dušika iz komunalne odpadne vode doseže to občutljivo vodo. Ugotoviti je torej treba, ali je Komisija dokazala, da izpusti iz zadevnih sedmih čistilnih naprav ne izpolnjujejo teh zahtev. Najprej je treba navesti, kot je poudarila Kraljevina Švedska, da so na ozemlju te države članice številna jezera in reke. Kraljevina Švedska je tudi dodala, da preteče precej časa, preden dušik, ki pride v vodni krog, doseže obalo, in da naravni proces ločevanja dušika v izpustih poteka torej v dolgem obdobju. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da se zdi, da naravne značilnosti švedskega ozemlja pospešujejo zadržanje dušika. Na eni strani je Kraljevina Švedska trdila, ne da bi Komisija temu nasprotovala, da klasična čistilna naprava, opremljena za mehansko, biološko in kemično čiščenje, vedno do določene mere odstrani tudi dušik, čeprav za to ni posebej opremljena. Zmanjšanje dušika v takšni čistilni napravi naj bi bilo povprečno 30-odstotno. Na drugi strani je iz podatkov, ki jih je Kraljevina Švedska sporočila v odgovoru na pisna vprašanja, razvidno, da je glede na izračune iz leta 2008 stopnja zadržanja dušika 54-odstotna za čistilno napravo Filipstad, 81-odstotna za čistilno napravo Kumla, 47-odstotna za čistilno napravo Flen, 92-odstotna za čistilno napravo Nässjö, 74-odstotna za čistilno napravo Tranås, 70-odstotna za čistilno napravo Vimmerby in 48-odstotna za čistilno napravo Olofström. Ugotoviti je treba, da v teh okoliščinah Komisija ni dokazala, da za vsako čistilno napravo, našteto v prilogi 4 k odgovoru Kraljevine Švedske na tožbo, skupni učinki zmanjšanja dušika v čistilnih napravah in naravnega zadržanja ne omogočajo doseganja minimalne stopnje odstranjevanja dušika, določene z Direktivo 91/271. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da Komisija ni dokazala zatrjevane neizpolnitve obveznosti glede navedenih čistilnih naprav. Iz navedenega je razvidno, da Kraljevina Švedska s tem, da najpozneje do 31. decembra 1998 ni zagotovila, da bi izpusti iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s PE, večjim od 10.000, naštetih v spremenjenih prilogah 2 in 3, ki se neposredno izlivajo na občutljiva območja ali njihova zbiralna področja, ustrezali zadevnim zahtevam iz Priloge I k Direktivi 91/271, ni izpolnila obveznosti iz člena 5(2), (3) in (5) navedene direktive. V preostalem se tožba zavrne. Stroški V skladu s členom 69(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Čeprav Komisija z večino predlogov ni uspela, je treba odločiti, da nosi vsaka stranka svoje stroške, ker Kraljevina Švedska ni predlagala, naj se Komisiji naloži plačilo stroškov. Države članice, ki se kot intervenientke udeležijo postopka, nosijo v skladu s členom 69(4) Poslovnika svoje stroške. Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo: 1. Kraljevina Švedska s tem, da najpozneje do 31. decembra 1998 ni zagotovila, da bi izpusti iz čistilnih naprav za komunalno odpadno vodo iz aglomeracij s populacijskim ekvivalentom, večjim od 10.000, naštetih v prilogah 2 in 3 k njenemu odgovoru na tožbo, kakor sta bili spremenjeni z njeno dupliko, ki se neposredno izlivajo na občutljiva območja ali njihova zbiralna področja, ustrezali zadevnim zahtevam iz Priloge I k Direktivi Sveta 91/271/EGS z dne o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne , ni izpolnila obveznosti iz člena 5(2), (3) in (5) navedene direktive. 2. V preostalem se tožba zavrne. 3. Komisija Evropskih skupnosti, Kraljevina Švedska in Republika Finska nosijo svoje stroške. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: švedščina.

62007TJ0086

fr

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2) relative à une procédure d’opposition entre Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG et Design for Woman SA. Données relatives à l'affaire Demandeur de la marque communautaire : Design for Woman SA Marque communautaire concernée : Marque figurative DEITECH pour les produits des classes 18 et 25 – demande n° 3378643 Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l’opposition : Heinrich Deichmann-Schuhe GmbH & Co. KG Marques ou signes invoqués à l’appui de l'opposition : Marques figuratives allemande et internationale DEI-tex pour les produits de la classe 25, l’opposition contre la demande d’enregistrement étant dirigée contre l’enregistrement pour cette classe Décision de la division d’opposition : Rejet de l’opposition Décision de la chambre de recours : Rejet du recours Dispositif 1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 22 janvier 2007 (affaire R 791/2006-2) est partiellement annulée en ce qu’elle retient que la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures n’a pas été établie en ce qui concerne les « chaussures », relevant de la classe 25, visées par la demande de marque communautaire. 2) Le recours est rejeté pour le surplus. 3) L’OHMI est condamné aux dépens.

61993CJ0406

en

Grounds 1 By judgment of 13 September 1993, received at the Court on 29 September 1993, the Tribunal du Travail (Labour Court), Neufchâteau, referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty a question on the interpretation of the last sentence of Article 46(2)(a) of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as codified by Council Regulation (EEC) No 2001/83 of 2 June 1983 (OJ 1983 L 230, p. 6). 2 That question was raised in proceedings between Mr Reichling and the Institut National d' Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) concerning the calculation by the INAMI of Mr Reichling' s invalidity pension. 3 Before setting out the facts of the case, it is appropriate to rehearse the relevant provisions of Community law. Legal background 4 As is apparent from the case-file, the laws of the Member States on invalidity benefits are of two types. In some the amount of invalidity benefit is independent of the length of the periods of insurance completed by the worker ("Type A" schemes). In others the amount of those benefits depends on the periods of insurance ("Type B" schemes). 5 In order to cope with possible problems for migrant workers moving from a Type B legislation to a Type A legislation, Article 40(1) of Regulation No 1408/71 provides that if a worker suffering from invalidity has been successively subject to both types of legislation, the provisions of Chapter 3 (old age and death (pensions)) of Title III of the regulation, in other words Articles 44 to 51, apply by analogy. 6 Article 45 lays down the principle of the aggregation of periods of insurance for the acquisition, retention or recovery of the rights to benefits. 7 Article 46 sets out rules for the award of benefits. With respect more particularly to the calculation of the theoretical amount of the benefit, paragraph 2(a) of that article provides that: "2. Where an employed or self-employed person has been subject to the legislation of a Member State and where the conditions for entitlement to benefits are not satisfied unless account is taken of the provisions of Article 45 and/or Article 40(3), the competent institution of that Member State shall apply the following rules: a) the institution shall calculate the theoretical amount of benefit that the person concerned could claim if all the periods of insurance or residence completed under the legislation of the Member States to which the employed or self-employed person has been subject had been completed in the Member State in question and under the legislation administered by it on the date the benefit is awarded. If, under that legislation, the amount of the benefit does not depend on the length of the periods completed then that amount shall be taken as the theoretical amount referred to in this subparagraph". The parties to the main proceedings disagree on the interpretation of that last sentence. The main proceedings 8 According to the case-file, Mr Reichling, of Belgian nationality and residing at Fauvillers (Belgium), was employed successively in Belgium (which has Type A legislation) for a period of insurance of 7 569 days and then in Luxembourg (which has Type B legislation) for a period of insurance of 734 days. Because of illness, Mr Reichling was unable to work from 11 November 1989, and on 8 November 1990 he applied to the INAMI for the award of an invalidity pension. 9 By a decision of 20 August 1991, the INAMI awarded him a daily allowance on a pro rata basis of BF 548.35 from 11 November 1990. 10 In making that award the INAMI, in accordance with Article 45 of Regulation No 1408/71, aggregated the periods of insurance he had completed in Belgium and in Luxembourg. 11 For calculating the amount of the invalidity benefit the INAMI referred to Articles 28(1) and 27(2) of the Belgian Royal Decree of 31 December 1963 on the payment of allowances. 12 In Belgian law the amount of the benefit, which is independent of the length of the periods of insurance, is calculated on the basis of the remuneration last received before the risk materialises. Since at the time when he became incapacitated Mr Reichling was working in Luxembourg and thus did not receive any salary in Belgium, the INAMI, to calculate the theoretical amount of the pension, applied Article 28(1) of the Royal Decree, which provides that: "If at the moment when the person entitled became incapacitated for work he had ceased for more than 14 days to be covered by the Belgian compulsory sickness and invalidity insurance scheme, the remuneration which shall be used for the purpose of calculating an invalidity allowance which is wholly or partly payable by that scheme under an international convention or regulation on social security shall be that referred to in Article 27(2)." 13 Article 27(2) of the Decree reads as follows: "In the case of a person entitled who does not fulfil the conditions prescribed in Articles 22 to 27(1) at the time when he becomes incapacitated for work, the remuneration lost shall be equal to the minimum remuneration laid down for a category I employee by the Commission Paritaire Nationale Auxiliaire pour Employés (National Auxiliary Joint Committee for Employees), having regard to the age of the person entitled at the date on which he becomes incapacitated for work." 14 Since the amount of benefit so calculated was lower than that which Mr Reichling would have been entitled to if the calculation of the theoretical amount had been based on his last remuneration in Luxembourg, he challenged the INAMI' s decision before the Tribunal du Travail, Neufchâteau. Mr Reichling argued inter alia that the INAMI' s decision was contrary to Community law, since for the purposes of calculating the theoretical amount of his invalidity pension, it treated him as a worker without remuneration, whereas at the time when he became incapacitated he was receiving remuneration in Luxembourg. 15 In those circumstances the Tribunal du Travail, Neufchâteau, stayed the proceedings and referred the following question to the Court for a preliminary ruling: "Must the last sentence of Article 46(2)(a) of Regulation No 1408/71 of 14 June 1971 be interpreted as meaning that the amount of the benefit is necessarily and exclusively that to which the person concerned could lay claim if all the periods of insurance had been completed in the Member State in question under the legislation applicable at the time when the benefit was awarded, so that the competent institution could not rely on any period during which the person concerned was not subject to the social security system of the Member State in question in determining the amount of the benefit without taking account of the pay last received by the worker, that is to say, in a different manner from that applicable to workers having ceased work on grounds of illness in the Member State in question?" 16 It is apparent from the file that during the main proceedings, Regulation No 1408/71 was amended in certain respects by Council Regulation (EEC) No 1248/92 of 30 April 1992 (OJ 1992 L 136, p. 7). The latter regulation inter alia added, with effect from 1 June 1992, subparagraphs 9 and 10 in the part of Annex VI of Regulation No 1408/71 dealing with Belgium. The effect of those subparagraphs is that in a situation such as that which gave rise to the main proceedings, the Belgian institution must take as the basis for the calculation of the theoretical amount the income received by the employee at the time when the risk materializes, in a Member State other than Belgium. Following that amendment, the INAMI took into account the remuneration received by Mr Reichling in Luxembourg and proceeded to recalculate his benefit from 1 June 1992 (the date when the amending regulation came into force). The main proceedings are therefore concerned only with the period before that date, that is to say, the period from 11 November 1990 to 31 May 1992. The question referred to the Court 17 In its question the national court is essentially asking whether the last sentence of Article 46(2)(a) of Regulation No 1408/71 must be interpreted as meaning that where, under the applicable legislation of a Member State, the amount of the invalidity benefit depends on the remuneration received by the worker at the time when invalidity occurred, and the worker in question was not at that time subject to the social security scheme of that State because he was working in another Member State, the competent institution must calculate the theoretical amount of the benefit on the basis of the remuneration last received by the worker in the other Member State. 18 Mr Reichling and the Commission observe that Article 46 of Regulation No 1408/71 is intended to implement the principles set out in Article 51 of the EC Treaty which requires the aggregation of the periods of insurance completed by the worker, not only for the purposes of the acquisition and retention of the right to benefit but also for the purpose of the calculation of the benefit. 19 Since under Article 46(2)(a) of Regulation No 1408/71 the theoretical amount is the benefit the worker would have received if he had completed all his periods of insurance in a single Member State, Mr Reichling and the Commission consider that that amount must be calculated by notionally transposing the migrant worker' s insurance position in another Member State, even if the applicable legislation is a Type A legislation, like the Belgian legislation. Otherwise, a worker who had exercised the right to freedom of movement conferred on him by the Treaty would be disadvantaged, since he would receive an invalidity benefit lower than he would have received if he had always been subject to Belgium legislation. 20 The INAMI concedes that by virtue of Regulation No 1408/71 the principle of aggregation of the periods of insurance comes into play for the acquisition of the right to benefits (Article 45) and also for calculation of the actual amount (on a pro rata basis) of the benefit if the worker' s right has been acquired by aggregation. However, the length of the periods of insurance completed by the worker has no effect on the determination of the theoretical amount referred to in Article 46(2)(a) if under the applicable legislation the amount of the benefit depends on the remuneration last received by the worker, as in the case of Belgian legislation. Consequently, in the INAMI' s opinion, if at the time when the invalidity occurs the worker is not in receipt of remuneration in Belgium, Article 46(2)(a) does not authorize the competent institution to calculate the theoretical amount of the benefit on the basis of the remuneration last received by the worker in another Member State. Otherwise, the last sentence of Article 46(2)(a) would be nugatory. 21 It must be observed in this respect that Article 46 of Regulation No 1408/71 must be interpreted in the light of Article 51 of the EC Treaty, as indeed must all the provisions of that regulation. 22 The purpose of Article 51 is to facilitate freedom of movement for workers by securing for migrant workers and their dependants "aggregation, for the purpose of acquiring and retaining the right to benefit and of calculating the amount of benefit, of all periods taken into account under the laws of the several countries." 23 The same objective is moreover pursued by Regulation No 1408/71, as can be seen from its sixth recital (OJ, English Special Edition 1971 (II), p. 416), which is couched in similar terms to Article 51 of the Treaty. 24 That objective entails that migrant workers must not lose their right to social security benefits or have the amount of those benefits reduced because they have exercised the right to freedom of movement conferred on them by the Treaty. 25 That situation may arise in a case such as that which is the subject of the main proceedings. It is common ground that if Mr Reichling had always worked and had completed all his periods of insurance in Belgium, he would have received remuneration there and would thus not have been considered as a worker without remuneration. He would therefore have been entitled to an invalidity pension higher than that awarded him. 26 At the time when he became incapacitated, Mr Reichling was not in receipt of remuneration in Belgium, but was in receipt of remuneration in another Member State. That remuneration should have been taken into account by the competent Belgian institution as if it had been remuneration received in Belgium, pursuant to Article 46(2)(a) interpreted in the light of the objective referred to in paragraph 24 above, because a migrant worker must not suffer a reduction in the amount of the benefit he would have received had he not been migrant. 27 That interpretation is not affected by the last sentence of the provision in question. The problem it addresses relates solely to the effect of the length of the completed periods of insurance and residence on the amount of the benefit. 28 It follows that in a situation such as that at issue in the main proceedings, Article 46(2)(a) of Regulation No 1408/71, interpreted in the light of Article 51 of the EC Treaty and the objectives of Regulation No 1408/71, requires that account be taken, for the purposes of calculating the theoretical amount of benefit, of the remuneration received by the worker at the time when he became incapacitated in a Member State other than that under whose legislation the theoretical amount is calculated. 29 That interpretation of Article 46(2)(a) of Regulation No 1408/71 is borne out by the provision which was inserted into Annex VI to Regulation No 1408/71, dealing with Belgium, by Regulation No 1248/92 (see paragraph 16 above). Contrary to the arguments of the INAMI, which regards that provision as a change to the existing rules and develops an argument a contrario therefrom, Regulation No 1248/92 in fact merely clarified those rules, as is shown by the fact that the preamble to the regulation does not contain any explanation of the new provision. 30 Finally, it should be noted that in the judgment in Case 67/79 Fellinger v Bundesanstalt fuer Arbeit [1980] ECR 535 a similar interpretation was adopted with respect to the calculation of the unemployment benefit to be awarded to a frontier worker. 31 In Fellinger the Court held that Article 68(1) of Regulation No 1408/71, viewed in the light of Article 51 of the Treaty and the objectives it pursues, had to be interpreted as meaning that in the case of a frontier worker who is wholly unemployed, the competent institution of the Member State of residence, whose legislation provides that the calculation of benefits is based on the amount of the previous salary, must calculate those benefits taking into account the salary received by the worker in the last employment held by him in the Member State in which he worked immediately before becoming unemployed. 32 Consequently, the answer to the question referred to the Court should be that Article 46(2)(a) of Regulation No 1408/71 must be interpreted as meaning that where under the applicable legislation of a Member State the amount of the invalidity benefit depends on the remuneration received by the worker at the time when invalidity occurred, and the worker in question was not at that time subject to the social security scheme of that State because he was working in another Member State, the competent institution must calculate the theoretical amount of benefit on the basis of the remuneration last received by the worker in the other Member State. Decision on costs Costs 33 The costs incurred by the Commission of the European Communities, which has submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Operative part On those grounds, THE COURT (Sixth Chamber), in answer to the question referred to it by the Tribunal du Travail, Neufchâteau, by judgment of 13 September 1993, hereby rules: Article 46(2)(a) of Council Regulation (EEC) 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as codified by Regulation (EEC) No 2001/83 of 2 June 1983, must be interpreted as meaning that where under the applicable legislation of a Member State the amount of the invalidity benefit depends on the remuneration received by the worker at the time when invalidity occurred, and the worker in question was not at that time subject to the social security system of that State because he was working in another Member State, the competent institution must calculate the theoretical amount of benefit on the basis of the remuneration last received by the worker in the other Member State.

61981CJ0090

it

1 CON ATTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 APRILE 1982 , IL SIG . BURG , DIPENDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA INQUADRATO AL GRADO C 4 , HA PROPOSTO A QUESTA CORTE , IN FORZA DELL ' ART . 90 DELLO STATUTO DEL PERSONALE , UN RICORSO INTESO ALL ' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE IN DATA 21 GENNAIO 1981 CON LA QUALE SI RESPINGEVA IL SUO PRECEDENTE RECLAMO AMMINISTRATIVO , NONCHE DELLA DECISIONE DEL CANCELLIERE DELLA CORTE IN DATA 6 NOVEMBRE 1980 , CON LA QUALE GLI VENIVA NEGATA L ' INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE DI CUI ALL ' ART . 5 DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO . 2 L ' ART . 5 DELL ' ALLEGATO VII DELLO STATUTO DISPONE , PER QUANTO E RILEVANTE NELLA PRESENTE CAUSA , - AL N . 1 , CHE : ' UN ' INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE PARI A DUE MESI DI STIPENDIO BASE , SE TRATTASI DI UN FUNZIONARIO AVENTE DIRITTO ALL ' ASSEGNO DI FAMIGLIA , E PARI A UN MESE DI STIPENDIO BASE , SE TRATTASI DI UN FUNZIONARIO NON AVENTE DIRITTO ALL ' ASSEGNO DI FAMIGLIA , E DOVUTA AL FUNZIONARIO DI RUOLO CHE SODDISFI ALLE CONDIZIONI RICHIESTE PER ESSERE AMMESSO AL BENEFICIO DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE O CHE GIUSTIFICHI DI AVER DOVUTO CAMBIARE LA RESIDENZA PER SODDISFARE AGLI OBBLIGHI DELL ' ART . 20 DELLO STATUTO ' ; -AL N . 3 , 2* COMMA , CHE : ' L ' INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE E VERSATA DIETRO PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI COMPROVANTI L ' AVVENUTA SISTEMAZIONE DEL FUNZIONARIO , COME ANCHE DELLA FAMIGLIA SE IL FUNZIONARIO HA DIRITTO ALL ' ASSEGNO DI FAMIGLIA , NELLA SEDE DI SERVIZIO ' . 3 RISULTA CHE IL RICORRENTE SODDISFA LE CONDIZIONI PER FRUIRE DELL ' INDENNITA DI DISLOCAZIONE . AL MOMENTO DELL ' ASSUNZIONE , NEL 1977 , EGLI ABITAVA CON LA MOGLIE E LA FIGLIA A PERL , LOCALITA SITUATA SULLA RIVA TEDESCA DELLA MOSELLA . NEL 1978 EGLI CHIEDEVA CHE GLI VENISSE ATTRIBUITA L ' INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE E PRODUCEVA , A SOSTEGNO DELLA DOMANDA , UN CONTRATTO DI LOCAZIONE - CHE NON PREVEDEVA ALCUN CANONE - IN DATA 12 NOVEMBRE 1978 , RELATIVO AD UNA CAMERA A SCHENGEN , COMUNE SITUATO SULLA RIVA LUSSEMBURGHESE DELLA MOSELLA . 4 QUESTA DOMANDA VENIVA RESPINTA UNA PRIMA VOLTA IL 20 DICEMBRE 1978 DAL CAPO DEL SERVIZIO DEL PERSONALE DELLA CORTE E COSTITUIVA POI OGGETTO DI UNO SCAMBIO DI LETTERE FRA IL RICORRENTE E IL CANCELLIERE . SULLA RICEVIBILITA 5 L ' AMMINISTRAZIONE DELLA CORTE SOSTIENE CHE IL RICORSO E IRRICEVIBILE , IN QUANTO DIRETTO CONTRO UNA DECISIONE DATATA 6 NOVEMBRE 1980 , PURAMENTE CONFERMATIVA DI PRECEDENTI DECISIONI DI RIGETTO E IN PARTICOLARE DI QUELLA CONTENUTA NEL MEMORANDUM DEL CANCELLIERE IN DATA 7 NOVEMBRE 1979 . 6 IL RICORRENTE SOSTIENE INVECE CHE SOLTANTO IL MEMORANDUM 6 NOVEMBRE 1980 PUO ESSERE CONSIDERATO ' COME UN ATTO IDONEO A RECARE PREGIUDIZIO E COME UNA DECISIONE AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 1 , DELLO STATUTO ' , POICHE TUTTI I PRECEDENTI MEMORANDA NON ERANO ALTRO CHE LETTERE FACENTI PARTE DI UNA CORRISPONDENZA INTESA A DISCUTERE LA QUESTIONE DELLA PROVA DEL TRASLOCO DEL RICORRENTE DA PERL A SCHENGEN ; PERCIO , A SUO AVVISO , LA LETTERA DEL CANCELLIERE IN DATA 7 NOVEMBRE 1979 DEV ' ESSERE CONSIDERATA COME UNA RICHIESTA DI ULTERIORI PROVE , RIVOLTA AL RICORRENTE . 7 PERTANTO , DI FRONTE A QUESTE DUE TESI CONTRAPPOSTE , SI DEVE ANZITUTTO DETERMINARE LA NATURA GIURIDICA DEL MEMORANDUM 7 NOVEMBRE 1979 . 8 IN QUESTO DOCUMENTO , IL CANCELLIERE PRECISA , NEL SECONDO E NEL TERZO CAPOVERSO : ' MI SPIACE DI NON POTER ACCOGLIERE I SUOI ARGOMENTI . . . ' ' INOLTRE , NON POSSO CONDIVIDERE IL SUO PUNTO DI VISTA . . . ' E DICHIARA , NELL ' ULTIMO CAPOVERSO , ' TENGO AD INFORMARLA DEL FATTO CHE , IN PRIMO LUOGO , UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER UNA CAMERA SITUATA A 2 KM DALLA SUA DIMORA ATTUALE NON PUO COSTITUIRE UNA PROVA DELLA SUA EFFETTIVA SISTEMAZIONE IN DETTA CAMERA E , IN SECONDO LUOGO , ANCHE QUALORA ELLA POTESSE PROVARE IL TRASFERIMENTO DAL SUO LUOGO DI RESIDENZA , UNA DISTANZA DI 2 KM NON POTREBBE COMUNQUE ESSERE SUFFICIENTE A PROVARE L ' INSERIMENTO IN UN AMBIENTE NUOVO , COME RICHIESTO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IN MATERIA ' . 9 UN DOCUMENTO DEL GENERE NON PUO COSTITUIRE UN ATTO PREPARATORIO DELL ' ATTO RECANTE PREGIUDIZIO , POICHE DALL ' ULTIMO CAPOVERSO RISULTA CHE IL CANCELLIERE NON SOLTANTO RESPINGEVA LA PROVA PROPOSTA DAL RICORRENTE , MA SOTTOLINEAVA INOLTRE CHE , ANCHE QUALORA UNA SIFFATTA PROVA AVESSE POTUTO ESSERE VALIDAMENTE FORNITA , LA DOMANDA FORMULATA DAL RICORRENTE AVREBBE DOVUTO CIONONDIMENO ESSERE RESPINTA PER RAGIONI DI MERITO . 10 DALL ' INSIEME DELLE ESPRESSIONI USATE E DALL ' INTERO CONTESTO RISULTA CHE QUESTO DOCUMENTO RAPPRESENTA UN PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO DELL ' INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE E COSTITUISCE UN ATTO IDONEO A INCIDERE DIRETTAMENTE , IN MODO NEGATIVO , SULLA SITUAZIONE DELL ' INTERESSATO , E CIOE UN ATTO RECANTE PREGIUDIZIO AI SENSI DELL ' ART . 90 , N . 2 , DELLO STATUTO . INOLTRE , ANCHE AMMETTENDO CHE IL RICORRENTE AVESSE POTUTO NUTRIRE UN QUALSIASI DUBBIO CIRCA LA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DI QUESTO MEMORANDUM , TALE INCERTEZZA AVREBBE DOVUTO ESSERE DISSIPATA DEFINITIVAMENTE DAL MEMORANDUM DEL CANCELLIERE IN DATA 29 NOVEMBRE 1979 , CHE SI RIFERIVA A QUELLO DEL 7 NOVEMBRE QUALIFICANDOLO COME DECISIONE DI NON ATTRIBUIRE L ' INDENNITA DI PRIMA SISTEMAZIONE . 11 STANDO COSI LE COSE , A TORTO IL RICORRENTE CERCA DI DIMOSTRARE CHE SOLO IL MEMORANDUM DEL 6 NOVEMBRE 1980 COSTITUIREBBE UN ATTO RECANTE PREGIUDIZIO , SOSTENENDO CHE , NELLA SUA DOMANDA DEL 3 SETTEMBRE 1980 , EGLI AVEVA FORNITO NUOVE PROVE DEL SUO TRASFERIMENTO A SCHENGEN . IN EFFETTI , POICHE LA DECISIONE DEL CANCELLIERE IN DATA 7 NOVEMBRE 1979 RESPINGEVA LA DOMANDA DEL RICORRENTE IN DATA 4 LUGLIO 1979 PER IL MOTIVO CHE UNO SPOSTAMENTO DI 2 KM NON POTEVA ESSERE CONSIDERATO , DI PER SE , COME INSERIMENTO IN UN NUOVO AMBIENTE , E POICHE IL RICORRENTE , NELLA SUA DOMANDA DEL 3 SETTEMBRE 1980 , NON HA ADDOTTO NUOVI ELEMENTI A RIPROVA DI UNO SPOSTAMENTO CONFIGURANTESI IN MODO DIVERSO DA QUELLO FATTO VALERE NELLE PRECEDENTI DOMANDE , RISULTA CHE IL MEMORANDUM DEL CANCELLIERE IN DATA 6 NOVEMBRE 1980 E UN ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO DELLE PRECEDENTI DECISIONI ADOTTATE DAL CANCELLIERE E IN PARTICOLARE DI QUELLA DEL 7 NOVEMBRE 1979 . 12 E PERCIO IRRILEVANTE CHE QUEST ' ULTIMA DECISIONE SIA STATA SEGUITA DA UNA CORRISPONDENZA FRA IL RICORRENTE E LA CONVENUTA , CORRISPONDENZA CONCLUSASI CON UNA LETTERA DEL PRESIDENTE DI QUESTA CORTE IN DATA 19 GENNAIO 1981 , NELLA QUALE SI DICHIARAVA CHE IL RECLAMO ERA NON SOLO IRRICEVIBILE , MA , COMUNQUE , INFONDATO . 13 DI CONSEGUENZA , POICHE IL RICORRENTE NON HA PROPOSTO RECLAMO , ENTRO IL TERMINE STABILITO , CONTRO L ' ATTO CHE GLI ARRECAVA PREGIUDIZIO - MEMORANDUM 7 NOVEMBRE 1979 - , IL RICORSO REGISTRATO IL 14 APRILE 1981 , DIRETTO CONTRO UN ATTO PURAMENTE CONFERMATIVO , VA DICHIARATO IRRICEVIBILE . Decisione relativa alle spese SULLE SPESE 14 A NORMA DELL ' ART . 69 , PAR 2 , DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA , LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . 15 TUTTAVIA , A NORMA DELL ' ART . 70 DELLO STESSO REGOLAMENTO , NELLE CAUSE PROMOSSE DA DIPENDENTI DELLE COMUNITA , LE SPESE SOSTENUTE DALLE ISTITUZIONI RESTANO A CARICO DI QUESTE . Dispositivo PER QUESTI MOTIVI , LA CORTE ( TERZA SEZIONE ) DICHIARA E STATUISCE :

62008CJ0249

nl

Niet-nakoming – Schending van artikel 1, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten (PB L 207, blz. 1), en van de artikelen 2 en 31, leden 1 en 2, van verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid (PB L 261, blz. 1) – Inspectie en controle van vissersvaartuigen en hun activiteiten – Maatregelen die moeten worden genomen in geval van niet-naleving van de geldende regeling – Voorschriften betreffende het aan boord hebben of gebruiken van drijfnetten Dictum 1) Door na te laten om op haar grondgebied en in de wateren die onder haar soevereiniteit of rechtsmacht vallen de uitoefening van de visserij op bevredigende wijze te controleren, te inspecteren en te bewaken, inzonderheid met betrekking tot de eerbiediging van de voorschriften betreffende het aan boord hebben en het gebruiken van drijfnetten, en er niet op bevredigende wijze op toe te zien dat passende maatregelen worden getroffen tegen de overtreders van de gemeenschapvoorschriften inzake het aan boord hebben en het gebruiken van drijfnetten, met name door het opleggen van afschrikkende sancties aan genoemde overtreders, is de Italiaanse Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 1, lid 1, van verordening (EEG) nr. 2241/87 van de Raad van 23 juli 1987 houdende vaststelling van bepaalde maatregelen voor controle op de visserijactiviteiten, alsmede de artikelen 2, lid 1, en 31, leden 1 en 2, van verordening (EEG) nr. 2847/93 van de Raad van 12 oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het gemeenschappelijk visserijbeleid, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2846/98 van de Raad van 17 december 1998. 2) De Italiaanse Republiek wordt verwezen in de kosten.

62002CJ0160

en

By order of 26 March 2002, received at the Court on 30 April 2002, the Oberster Gerichtshof (Supreme Court) referred for a preliminary ruling under Article 234 EC a question on the interpretation of Articles 4(2a) and 10a of, and Annex IIa to, Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996 (OJ 1997 L 28, p. 1) (‘Regulation No 1408/71’). This question was posed in proceedings between Mr Skalka and the Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (Social Insurance Institution for Trade and Commerce) (‘the Sozialversicherungsanstalt’) concerning that institution’s refusal to grant Mr Skalka the ‘compensatory supplement’ to his retirement pension provided for by the Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (Federal Law of 11 October 1978 – ‘the GSVG’). Legal background Community legislation Article 4(1) of Regulation No 1408/71 states: ‘This Regulation shall apply to all legislation concerning the following branches of social security: ... (c) old-age benefits; …’ Under Article 4(2a), the regulation applies to special non-contributory benefits which are provided under legislation or schemes other than those referred to in Article 4(1) or excluded under Article 4(4), where such benefits are intended inter alia to provide supplementary, substitute or ancillary cover against the risks covered by the branches referred to in Article 4(1)(a) to (h). Article 10a(1) of Regulation No 1408/71 provides: ‘Notwithstanding the provisions of Article 10 and Title III, persons to whom this Regulation applies shall be granted the special non-contributory cash benefits referred to in Article 4(2a) exclusively in the territory of the Member State in which they reside, in accordance with the legislation of that State, provided that such benefits are listed in Annex IIa. Such benefits shall be granted by and at the expense of the institution of the place of residence.’ In Annex IIa to Regulation No 1408/71, entitled ‘Special non-contributory benefits’, the following is listed at (a) under ‘Point K, Austria’: ‘Compensatory supplement (Federal Act of 9 September 1955 on General Social Insurance – ASVG, Federal Act of 11 October 1978 on Social Insurance for Persons engaged in Trade and Commerce – GSVG and Federal Act of 11 October 1978 on Social Insurance for Farmers – BSVG)’. National legislation The Austrian pension insurance system is intended to provide the person insured, in old age and in the event of impaired capacity for work, with a benefit linked to that person’s standard of living before retirement or invalidity. If the level of pension benefit is not sufficient to ensure an appropriate way of life, known as the ‘standard rate’, where the period of insurance is too short or the basis of assessment applied is too low, Austrian law provides for payment of a compensatory supplement. The compensatory supplement system is governed, in a situation such as that in the main proceedings, by the Federal Law of 9 September 1955 on General Social Insurance and by the GSVG. If the pension plus, in accordance with Paragraph 150 of the GSVG, other net income received by the pensioner and any other amount to be taken into account falls short of the standard rate, the pensioner is entitled, under Paragraph 149(1) of the GSVG, as long as he is habitually resident in Austria, to a compensatory supplement equal to the difference between the standard rate and his personal income. That supplement can only be paid to a person receiving a pension under the statutory pension insurance scheme and is a benefit ancillary to that pension. It is calculated automatically by the administration when the pension is claimed without need for a separate application and is paid by the insurance institution at the same time as the pension. The financing of the compensatory supplement is governed by Paragraph 156 of the GSVG. Paragraph 156(1) provides that, notwithstanding the provisions of Paragraph 156(2), the compensatory supplement is to be reimbursed by the Austrian Land in which the head office of the social assistance agency which makes the payment to the recipient is situated. Under Paragraph 156(2), the Federation bears part of the costs of the payment of compensatory supplements and its participation in that cost is determined by the Finanzausgleichsgesetz (Law on the Equalisation of Financial Burdens). Compensatory supplement is thus financed entirely by the Federation. The main proceedings and the question referred for a preliminary ruling The claimant in the main proceedings, Mr Skalka, is an Austrian national. Since 1 May 1990, he has received a disability pension paid by the Sozialversicherungsanstalt. Since he reached the age of 60, the same amount of benefit has been paid as an early retirement pension based on a long period of insurance. Mr Skalka has been habitually resident in Tenerife (Spain) since the end of 1990. On 16 December 1999 he applied, on the basis of the GSVG, to the Sozialversicherungsanstalt for a compensatory supplement. On 12 October 2000 that institution refused his application on the ground that Mr Skalka had his habitual residence abroad and that the benefit in question could not be exported. Mr Skalka brought an action to challenge that refusal. On the substance it was held, at first instance and on appeal, that the compensatory supplement was a special non-contributory benefit within the meaning of Article 10a of Regulation No 1408/71 and could not, according to that article, be granted to a person habitually resident in a Member State other than the Republic of Austria. At both instances it was considered that there was no reason to request a preliminary ruling from the Court on the legal classification of the benefit under Regulation No 1408/71, on the ground that the judgment of the Court of Justice in Case C-215/99 Jauch [2001] ECR I-1901 gave a sufficient answer on that point. Mr Skalka, considering that the question should have been referred to the Court of Justice for a preliminary ruling, appealed on a point of law to the Oberster Gerichtshof, which decided to stay the proceedings and refer the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘Is Article 10a of Regulation … No 1408/71 … , in conjunction with Annex IIa, to be interpreted as meaning that the compensatory supplement provided for under [the GSVG] falls within its scope and therefore constitutes a special non-contributory benefit within the meaning of Article 4(2a) of the regulation, so that only the coordinating provisions laid down by Article 10a of the regulation are applicable to a person who, like the claimant, fulfils after 1 June 1992 the conditions for the granting of that benefit?’ The question referred for a preliminary ruling By its question the referring court asks essentially whether the compensatory supplement provided for by the GSVG, a benefit included in Annex IIa to Regulation No 1408/71, constitutes a special non-contributory benefit within the meaning of Article 4(2a) of that regulation, so that the situation of a person who, like the claimant in the main proceedings, fulfils after 1 June 1992 the conditions for the granting of that benefit is governed with effect from 1 January 1995, the date of Austria’s accession to the European Union, solely by the coordinating provisions in Article 10a of that regulation and the benefit can therefore be paid only to a person habitually resident in Austria. The provisions in Article 10a of Regulation No 1408/71 derogating from the principle of the exportability of social security benefits must be interpreted strictly. That provision can apply only to benefits which satisfy the conditions defined in Article 4(2a) of Regulation No 1408/71, that is, benefits which are both special and non-contributory and which are listed in Annex IIa to that regulation (see Case C-215/99 Jauch , cited above, paragraph 21). As stated in paragraph 6 above, the compensatory supplement is included in the list of special non-contributory benefits within the meaning of Article 4(2a) of Regulation No 1408/71, to which Annex IIa to that regulation applies. It therefore remains to be examined whether, firstly, the benefit in question is special in nature and is intended to provide supplementary, substitute or ancillary cover against the risks covered by one or more of the branches of social security referred to in Article 4(1) of Regulation No 1408/71, and secondly whether such benefit is non-contributory. Special benefit For the Sozialversicherungsanstalt, all the governments which lodged observations and the Commission, the special benefits which fall under Article 4(2a) are special benefits of a mixed kind. They are characterised by the fact that they are connected partly to social security, in that they benefit as of right persons who fulfil the conditions for the grant of the social security benefits to which they are linked, and partly to social assistance, in the sense that they are not dependent on periods of work or contributions and that they are intended to relieve a clear need. The Austrian compensatory supplement fulfils the criteria identified by the Court in its judgment in Case 313/86 Lenoir [1988] ECR 5391. It ensures the provision of an income supplement to those persons receiving insufficient social security benefit by guaranteeing a minimum means of subsistence to those persons whose total income falls below a statutory threshold. As it is intended to guarantee a minimum subsistence income for pensioners, the benefit is by nature social assistance. Such a benefit is always closely linked to the socio-economic situation of the country concerned and its amount, fixed by law, takes account of the standard of living in that country. As a result its purpose would be lost if it were to be granted outside the State of residence. A special benefit within the meaning of Article 4(2a) of Regulation No 1408/71 is defined by its purpose. It must either replace or supplement a social security benefit and be by its nature social assistance justified on economic and social grounds and fixed by legislation setting objective criteria (see to that effect Case C-20/96 Snares [1997] ECR I-6057, paragraphs 33, 42 and 43, Case C-297/96 Partridge [1998] ECR I-3467, paragraph 34, and Case C-43/99 Leclère and Deaconescu [2001] ECR I-4265, paragraph 32). As all the interveners have stated, the Austrian compensatory supplement tops up a retirement pension or an invalidity pension. It is by nature social assistance in so far as it is intended to ensure a minimum means of subsistence for its recipient where the pension is insufficient. Its grant is dependent on objective criteria defined by law. Consequently, it must be classified as a ‘special benefit’ within the meaning of Regulation No 1408/71. Non-contributory benefit For the Sozialversicherungsanstalt, all the governments which have lodged observations and the Commission, the Austrian compensatory supplement is non-contributory in nature. The relevant determining criterion is how the benefit is actually financed (see to that effect Jauch , cited above, paragraphs 32 and 33). The Court must consider whether that financing comes directly or indirectly from social contributions or from public resources. In the case of the Austrian compensatory supplement, the costs are borne by a social institution which then receives reimbursement in full from the relevant Land, which in turn receives from the Federal budget the sums necessary to finance the benefit. At no time do the contributions of insured persons form part of this financing arrangement. Consequently, it is established that the Austrian compensatory supplement must be regarded as being non-contributory within the meaning of Article 4(2a) of Regulation No 1408/71. The answer to the question referred for a preliminary ruling by the Oberster Gerichtshof must therefore be that the provisions of Article 10a of Regulation No 1408/71 and those of Annex IIa thereto must be interpreted as meaning that the compensatory supplement, within the meaning of the GSVG, falls within the scope of that regulation and therefore constitutes a special non-contributory benefit within the meaning of Article 4(2a) of that regulation, so that the situation of a person who, after 1 June 1992, fulfils the conditions for the grant of that benefit is governed with effect from 1 January 1995, the date of the Republic of Austria’s accession to the European Union, solely by the coordinating provisions laid down by Article 10a. Costs The costs incurred by the Austrian, German, Netherlands, Finnish and United Kingdom Governments and by the Commission, which have submitted observations to the Court, are not recoverable. Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. On those grounds, THE COURT (Fourth Chamber), in answer to the questions referred to it by the Oberster Gerichtshof by order of 26 March 2002, hereby rules: The provisions of Article 10a of Council Regulation (EEC) No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, self-employed persons and to members of their families moving within the Community, as amended and updated by Council Regulation (EC) No 118/97 of 2 December 1996, and those of Annex IIa thereto must be interpreted as meaning that the compensatory supplement, within the meaning of the Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz (Austrian Federal Law of 11 October 1978 on Social Insurance for self-employed persons engaged in trade and commerce), falls within the scope of that regulation and therefore constitutes a special non-contributory benefit within the meaning of Article 4(2a) of that regulation, so that the situation of a person who, after 1 June 1992, fulfils the conditions for the grant of that benefit is governed with effect from 1 January 1995, the date of the Republic of Austria’s accession to the European Union, solely by the coordinating provisions laid down by Article 10a. Cunha Rodrigues Puissochet Macken Delivered in open court in Luxembourg on 29 April 2004. R. Grass J.N. Cunha Rodrigues Registrar President of the Fourth Chamber – Language of the case: German.

61990CJ0093

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par jugement du 19 mars 1990, parvenu à la Cour le 29 mars suivant, le tribunal du travail de Bruxelles a posé, en application de l' article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l' interprétation de l' article 51 du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté ( JO L 149, p . 2 ). 2 Ces questions ont été posées dans le cadre du litige qui oppose Mme Cassamali à l' Office national des pensions ( ci-après "ONP "), qui est l' organisme belge compétent en matière de paiement de prestations de vieillesse . 3 Il ressort du dossier que Mme Cassamali a exercé des activités professionnelles en Italie et en Belgique . 4 Sa carrière professionnelle lui a permis d' acquérir des droits à l' octroi d' une pension de retraite en Italie et de deux pensions de retraite, l' une au titre de ses activités salariées, l' autre au titre de ses activités non salariées, en Belgique . Ses droits à pension de retraite se sont ouverts dans ces deux États à compter du 1er octobre 1976 . A cette date, le montant total des trois pensions s' élevait à 78 868 BFR . 5 Par ailleurs, à compter de la même date, Mme Cassamali, dont le conjoint avait, avant son décès, exercé des activités en Belgique, a pu bénéficier d' une pension de survie au titre de la législation belge . Son montant aurait dû être égal à 98 127 BFR . 6 Cependant, pour le calcul de cette pension de survie, l' institution belge compétente, la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, à laquelle l' ONP a succédé en 1987, a tenu compte de la règle anticumul figurant à l' article 52 de l' arrêté royal belge du 21 décembre 1967 . En vertu de cette règle, une pension de survie ne peut être cumulée avec une ou plusieurs pensions de retraite ou tout autre avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d' une législation belge ou étrangère, qu' à concurrence d' un certain plafond . 7 Dans le cas de Mme Cassamali, ce plafond s' élevait, au 1er octobre 1976, à 139 277 BFR, alors que le montant total des pensions de retraite, belge et italienne, et de la pension de survie belge auxquelles elle aurait pu prétendre était de 176 995 BFR et dépassait ainsi le plafond à concurrence de 37 718 BFR . La pension de survie finalement liquidée par l' institution belge a donc été diminuée de cette dernière somme et ramenée ainsi de 98 127 BFR à 60 409 BFR au 1er octobre 1976 . 8 Lors des échéances ultérieures, l' institution belge a continué à calculer le montant de la pension de survie de telle sorte que le montant cumulé des pensions versées à Mme Cassamali ne dépassât pas le plafond fixé par la réglementation nationale . Compte tenu de l' augmentation importante que connaissait la pension italienne de retraite en raison des règles relatives à l' indexation des pensions en Italie, il en est résulté une diminution du montant effectif de la pension de survie versée à l' intéressée . 9 Mme Cassamali a, alors, saisi le tribunal du travail de Bruxelles en faisant valoir que cette méthode de calcul était contraire aux dispositions de l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, du 14 juin 1971, précité . 10 C' est dans ces conditions que la juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes : "- L' article 51 du règlement n 1408/71 permet-il de recalculer une pension belge du fait de l' augmentation d' une pension italienne due uniquement à l' augmentation du coût de la vie? - Dans la négative, existe-t-il une autre disposition de droit communautaire autorisant ce recalcul?" 11 Pour un plus ample exposé des faits du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d' audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour . 12 Au vu des éléments du dossier du litige au principal, il y a lieu de comprendre les deux questions préjudicielles, qu' il convient d' examiner ensemble, comme tendant à savoir si, lorsque, en vertu de règles anticumul nationales, la pension versée à un travailleur par un État membre a été liquidée à un montant tel que, cumulé avec celui d' une prestation, quelle qu' en soit la nature, versée par un autre État membre, il ne dépasse pas un certain plafond, l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, ou une autre disposition du droit communautaire permet de modifier le montant de cette pension en vue d' éviter le dépassement du plafond, en cas de variations ultérieures de l' autre prestation intervenues en raison de l' évolution générale de la situation économique et sociale . 13 Il convient de rappeler que, pour calculer le montant des prestations de vieillesse dues à un travailleur qui a été soumis à la législation de deux ou de plusieurs États membres, l' institution compétente de chacun de ces États doit établir une comparaison entre le montant dû en vertu de la seule législation nationale, y compris ses règles anticumul, et celui résultant de l' application de l' article 46 du règlement n 1408/71 . Pour la liquidation de chacune des prestations, le travailleur doit bénéficier de celui de ces deux régimes qui lui est le plus favorable . 14 Ainsi que la Cour l' a relevé, notamment, dans l' arrêt du 21 mars 1990, Ravida ( C-85/89, Rec . p . I-1063 ), toute modification ultérieure de l' une des prestations impliquerait, en principe, de procéder pour chacune des prestations à une nouvelle comparaison entre le régime national et le régime communautaire, afin de déterminer lequel serait, à la suite de la modification intervenue, le plus favorable aux travailleurs . 15 Dans le même arrêt, la Cour a, toutefois, rappelé que, en vue de réduire la charge administrative que représenterait le réexamen de la situation du travailleur pour toute modification des prestations perçues, l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 excluait de procéder à un nouveau calcul des prestations conformément à l' article 46, et donc à une nouvelle comparaison entre le régime national et le régime communautaire, lorsque la modification, qui affectait l' une des prestations, procédait d' événements étrangers à la situation individuelle du travailleur et était la conséquence de l' évolution générale de la situation économique et sociale . 16 C' est seulement dans le cas où la modification est due à un changement du mode d' établissement ou des règles de calcul d' une prestation, en raison notamment d' un changement dans la situation personnelle du travailleur, qu' il y a lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations de vieillesse, en vertu du paragraphe 2 de l' article 51 du règlement n 1408/71 . 17 Par conséquent, ainsi qu' il résulte encore de l' arrêt du 21 mars 1990, Ravida, précité, même si, dans une situation telle que celle faisant l' objet du litige au principal, la pension de survie versée par un État membre à un travailleur a été plafonnée lors de sa liquidation initiale, en vertu des règles anticumul contenues dans la législation de cet État, pour tenir compte, notamment, d' une pension de retraite versée par un autre État membre à ce travailleur, l' article 51, paragraphe 1, s' oppose à ce que la pension de survie soit recalculée en raison des revalorisations de la pension de retraite, lorsque ces revalorisations sont la conséquence de l' évolution générale de la situation économique et sociale . 18 Il est vrai que, dans ses observations devant la Cour, l' ONP fait valoir que le nouveau calcul auquel l' article 51, paragraphe 1, interdirait de procéder serait seulement le calcul, prévu à l' article 46, destiné à comparer la prestation offerte par le régime national et celle offerte par le régime communautaire . Or, selon l' ONP, les nouveaux calculs des montants de la pension de survie, qu' il a effectués en vue d' assurer, malgré les augmentations de la pension de retraite versée par l' autre État membre, le respect du plafond fixé par la règle anticumul nationale, ne constitueraient pas le calcul comparatif interdit par l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 . 19 Cette argumentation doit être écartée . 20 Dans la situation considérée, les augmentations intervenues en raison de l' évolution générale de la situation économique et sociale de l' État débiteur de la pension de retraite doivent, comme l' indiquent les dispositions mêmes de l' article 51, paragraphe 1, être appliquées directement à cette pension . Qu' elle ait été liquidée en application des seules dispositions du régime national ou selon le régime de l' article 46 du règlement n 1408/71, la pension de survie ne doit, quant à elle, subir aucune conséquence de ces augmentations, et, en particulier, elle ne doit pas en être modifiée, même en vue de maintenir le respect de la règle nationale fixant un plafond de cumul . En effet, cette modification ne pourrait intervenir qu' à la condition de s' être assuré préalablement qu' ainsi modifiée la pension de survie reste au moins aussi avantageuse en continuant d' appliquer le régime, national ou communautaire, selon lequel elle a été initialement liquidée, qu' en appliquant l' autre régime; cela impliquerait de procéder à nouveau à une comparaison entre ces deux régimes, ce à quoi s' oppose précisément l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 . 21 Enfin, il y a lieu de relever qu' il n' existe aucune autre disposition du droit communautaire qui autoriserait un nouveau calcul des prestations dans les cas où il est interdit par l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71 . 22 Ainsi, en dehors des cas, visés au paragraphe 2 de l' article 51, où survient une modification du mode d' établissement ou des règles de calcul des prestations, les seules évolutions que peut connaître une prestation de vieillesse sont constituées par les variations, en pourcentage ou en valeur absolue, résultant des règles nationales d' indexation mises en oeuvre par l' État débiteur de cette prestation . Celle-ci, en revanche, ne saurait être affectée, ni directement ni indirectement, par la modification, survenue pour l' une des causes énumérées au paragraphe 1 de l' article 51, de toute autre prestation . 23 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre aux deux questions préjudicielles posées par la juridiction nationale que, lorsque, en vertu de règles anticumul nationales, la pension versée à un travailleur par un État membre a été liquidée à un montant tel que, cumulé avec celui d' une prestation, quelle qu' en soit la nature, versée par un autre État membre, il ne dépasse pas un certain plafond, ni l' article 51, paragraphe 1, du règlement n 1408/71, du 14 juin 1971, ni aucune autre disposition du droit communautaire ne permettent de modifier le montant de cette pension en vue d' éviter le dépassement du plafond, en cas de variations ultérieures de l' autre prestation intervenues en raison de l' évolution générale de la situation économique et sociale . Décisions sur les dépenses Sur les dépens 24 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement . La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens . Dispositif Par ces motifs, LA COUR ( troisième chambre ), statuant sur les questions à elle posées par le tribunal du travail de Bruxelles, par jugement du 19 mars 1990, dit pour droit : Lorsque, en vertu de règles anticumul nationales, la pension versée à un travailleur par un État membre a été liquidée à un montant tel que, cumulé avec celui d' une prestation, quelle qu' en soit la nature, versée par un autre État membre, il ne dépasse pas un certain plafond, ni l' article 51, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, ni aucune autre disposition du droit communautaire ne permettent de modifier le montant de cette pension en vue d' éviter le dépassement du plafond, en cas de variations ultérieures de l' autre prestation intervenues en raison de l' évolution générale de la situation économique et sociale .

62000CJ0318

da

Dommens præmisser 1 Ved kendelse af 28. juli 2000, indgået til Domstolen den 14. august 2000, har High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, i medfør af artikel 234 EF forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af EF-traktatens artikel 59 (efter ændring nu artikel 49 EF). 2 Spørgsmålene er rejst i forbindelse med en af Bacardi-Martini SAS og Cellier des Dauphins (herefter »sagsøgerne i hovedsagen«) anlagt retssag mod Newcastle United Football Company Ltd (herefter »Newcastle«), hvorunder sagsøgerne i hovedsagen har nedlagt påstand om erstatning for det tab, de angiveligt har lidt som følge af Newcastles påståede indgriben i gennemførelsen af aftaler om udsendelse af reklamer, som sagsøgerne i hovedsagen havde indgået med Dorna Marketing (UK) Ltd (herefter »Dorna«). Relevante retsregler 3 Den franske lov nr. 91/32 af 10. januar 1991 om bekæmpelse af tobaksrygning og alkoholisme (loi relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, JORF af 12.1.1991, s. 615, herefter »Evin-loven«) ændrede artikel L. 17 i Code des débits de boissons (den franske lov om udskænkning af drikkevarer), som herefter blev til artikel L. 3323-2 i Code de la santé publique (den franske lov om folkesundheden). 4 Denne bestemmelse tillader i begrænset omfang visse former for direkte eller indirekte propaganda eller reklame for alkoholholdige drikkevarer. 5 Det fremgår af Evin-loven, at al reklame for alkoholholdige drikkevarer, der defineres som drikkevarer med et alkoholindhold på over 1,2%, som ikke udtrykkeligt er tilladt, er forbudt. Eftersom tv-reklame for alkoholholdige drikkevarer ikke udtrykkeligt er tilladt, er en sådan reklame forbudt. 6 Dette forbud bekræftes ved artikel 8 i dekret nr. 92-280 af 27. marts 1992, som gennemfører artikel 27, nr. 1, i lov af 30. september 1986 om kommunikationsfrihed og om fastsættelse af generelle principper vedrørende den ordning, som gælder for reklame og sponsorering (loi relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, JORF af 28.3.1992, s. 4313), hvori det hedder: »Reklame for produkter, for hvilke der gælder et lovfastsat forbud mod tv-reklamer, samt for følgende produkter og erhvervssektorer: - drikkevarer, som indeholder mere end 1,2% alkohol er forbudt. [...]« 7 Conseil supérieur de l'audiovisuel (herefter »CSA«) er en uafhængig administrativ myndighed, der har til opgave at sikre udøvelsen af kommunikationsfriheden. CSA fører navnlig kontrol med reklamer, som udsendes af tv-selskaber. CSA kan pålægge tv-selskaber, der ikke overholder de forpligtelser, som pålægges dem i bl.a. Evin-loven, administrative sanktioner. 8 I 1995 vedtog CSA en adfærdskodeks, som indeholder principper vedrørende franske tv-stationers transmission af sportsbegivenheder, som finder sted i Frankrig eller i udlandet, og hvor der vises reklameskilte med reklamer for alkoholholdige drikkevarer. De principper, som indeholdes i kodeksen, der er ændret flere gange, har ikke karakter af retsforskrifter, men i henhold til de indledende betragtninger til kodeksen anses de for at være en anerkendt fortolkning, der loyalt er tiltrådt. 9 Ifølge den af CSA vedtagne adfærdskodeks, således som den forelå på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, må de franske producenter og annoncører ikke behandles anderledes end deres udenlandske konkurrenter. Dette gælder alene med forbehold af begrænsningerne i henhold til det lands lov, hvor begivenheden afholdes. 10 Kodeksen tager udgangspunkt i det princip, at tv-stationen skal afstå fra stiltiende at acceptere reklamer for alkoholholdige drikkevarer. 11 I den forbindelse sondres der i kodeksen mellem »multinationale begivenheder« og »andre begivenheder«, der finder sted i udlandet. 12 For så vidt angår »multinationale begivenheder«, hvor billederne retransmitteres til et stort antal lande og derfor ikke kan anses for hovedsageligt at være bestemt for et fransk publikum, kan franske tv-stationer, når de udsender billeder, hvis optagelse de ikke selv kontrollerer, ikke mistænkes for stiltiende at have accepteret de pågældende reklamer, selv om disse fremkommer på skærmen. 13 Hvad angår »andre begivenheder«, hvor værtslandets lovgivning tillader reklame for alkoholholdige drikkevarer på det sted, hvor sportsbegivenheden afholdes, men hvor retransmissionen specifikt er rettet mod et fransk publikum, påhviler det alle, der indgår kontrakter med indehavere af tv-rettigheder, at anvende ethvert muligt middel for at forhindre, at der på franske tv-stationer vises varemærker for alkoholholdige drikkevarer. 14 British Code of Advertising (den britiske lov om reklamer) forbyder ikke reklame for alkoholholdige drikkevarer og begrænser heller ikke de forskellige former for reklame herfor. Imidlertid begrænser den i flere henseender det tilladte indhold af disse reklamer. Hovedsagen og præjudicielle spørgsmål 15 Sagsøgerne i hovedsagen er franske selskaber, som bl.a. producerer og sælger alkoholholdige drikkevarer. Newcastle er et engelsk selskab, som ejer og administrerer en fodboldklub og et fodboldstadion. 16 I forbindelse med en i 1994 indgået aftale mellem på den ene side et fodboldforbund og flere fodboldklubber, herunder Newcastle, og på den anden side Dorna, fik sidstnævnte til opgave at sælge og fremvise reklamer langs sidelinjerne på klubbernes fodboldbaner ved hver hjemmekamp for disse klubbers førstehold. 17 I henhold til to aftaler indgået i november 1996 mellem sagsøgerne i hovedsagen og Dorna forpligtede Dorna sig til at levere reklametid til sagsøgerne i hovedsagen på sit rullende, elektroniske reklamesystem under en kamp mellem Newcastle og den franske fodboldklub Metz. Kampen skulle spilles den 3. december 1996 i Newcastle i tredje runde af UEFA Cup (det europæiske fodboldforbunds turnering). 18 Kampen skulle transmitteres på engelsk og fransk tv. Newcastle havde ved en aftale indgået med CSI Ltd (herefter »CSI«), som er et engelsk selskab, der især beskæftiger sig med salg af tv-rettigheder til sportsbegivenheder, bl.a. forpligtet sig til at tillade og/eller sørge for, at kampen blev transmitteret direkte på fransk tv. 19 De reklamer for alkoholholdige drikkevarer, som i henhold til de indgåede aftaler mellem sagsøgerne i hovedsagen og Dorna skulle fremvises under kampen, var i overensstemmelse med kravene i engelsk ret. 20 Kort før kampens start fik Newcastle kendskab til, at Dorna havde solgt reklameplads til sagsøgerne i hovedsagen i den hensigt at fremvise reklamer for alkoholholdige drikkevarer under kampen. Som følge heraf meddelte Newcastle Dorna, at kampen skulle udsendes af et fransk tv-selskab, hvorfor fransk lovgivning om begrænsning af reklame for alkoholholdige drikkevarer ville være gældende, og at Dorna derfor med henblik på at overholde de franske bestemmelser skulle fjerne reklamerne for sagsøgerne i hovedsagen fra sine reklameskilte. 21 Da de pågældende reklamer ikke kunne fjernes fra skiltene så kort tid før kampens start, blev fremvisningssystemet programmeret således, at reklamerne under kampen kun blev vist i et til to sekunder ad gangen i stedet for de i kontrakterne aftalte 30 sekunder. Eftersom CSI havde solgt tv-rettighederne til det franske tv-selskab Canal+, blev kampen transmitteret direkte på fransk tv. 22 Sagsøgerne i hovedsagen anlagde den 23. juli 1998 sag mod Dorna og Newcastle ved High Court (England & Wales), Queen's Bench Division, med påstand om bl.a. erstatning og foranstaltninger til genoprettelse af retsstillingen ved hjælp af påbud. Kravene mod Dorna blev efterfølgende frafaldet. 23 Til støtte for kravene mod Newcastle gjorde sagsøgerne i hovedsagen gældende, at misligholdelsen af kontrakterne mellem sagsøgerne i hovedsagen og Dorna måtte tilregnes Newcastle, at Newcastles indgriben i disse kontrakter ikke kunne være berettiget i henhold til gennemførelsesbestemmelserne til Evin-loven, eftersom disse er uforenelige med traktatens artikel 59, og at Newcastle derfor var ansvarlig for det tab, som sagsøgerne i hovedsagen havde lidt som følge af den af Newcastle forårsagede misligholdelse af kontrakterne. 24 Sagsøgerne i hovedsagen er af den opfattelse, at Evin-lovens bestemmelser, navnlig som disse fortolkes og anvendes af CSA, er i strid med traktatens artikel 59, for så vidt som de udgør en restriktion for den grænseoverskridende levering af tjenesteydelser, eftersom de begrænser reklame for alkoholholdige drikkevarer ved sportsbegivenheder, som finder sted i andre medlemsstater end Frankrig, når begivenhederne vises på fransk tv, og/eller de forbyder eller begrænser udsendelse på fransk tv af sportsbegivenheder, der finder sted i andre medlemsstater end Frankrig, når der på stedet for begivenheden reklameres for alkoholholdige drikkevarer. 25 Ifølge sagsøgerne i hovedsagen er den almene interesse, som søges varetaget i Evin-lovens bestemmelser, tilstrækkeligt beskyttet gennem de i Det Forenede Kongerige gældende bestemmelser om reklame for alkoholholdige drikkevarer. 26 Desuden har sagsøgerne i hovedsagen gjort gældende, at de restriktioner, som er pålagt i henhold til Evin-lovens bestemmelser, af flere grunde er uforholdsmæssige. 27 Newcastle har i sit svarskrift bl.a. gjort gældende, at det på baggrund af Evin-lovens bestemmelser var berettiget at pålægge Dorna at fjerne reklamerne for sagsøgerne i hovedsagen, eftersom disse bestemmelser er forenelige med traktatens artikel 59. 28 High Court har for det første bemærket, at flere franske domstole har afsagt divergerende afgørelser vedrørende Evin-lovens anvendelse på grænseoverskridende transmission af sportsbegivenheder. Endvidere har den henvist til en sagkyndig erklæring vedrørende de praktiske virkninger af Evin-lovens bestemmelser, som den har fået forelagt. Heraf fremgår det især, at kampe forud for kvartfinalerne i UEFA Cup anses for »andre begivenheder« ifølge definitionen i den af CSA vedtagne adfærdskodeks. 29 Efter at High Court er nået frem til, at de for retten rejste spørgsmål ikke falder ind under Rådets direktiv 89/552/EØF af 3. oktober 1989 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne vedrørende udøvelse af tv-spredningsvirksomhed (EFT L 298, s. 23), er det rettens opfattelse, at den relevante fællesskabsretlige bestemmelse er traktatens artikel 59. 30 Imidlertid finder retten det ikke hensigtsmæssigt, at den som engelsk domstol endeligt skal afgøre, hvorvidt en fransk lov er i overensstemmelse med traktatens artikel 59, især ikke uden at den franske regering har haft lejlighed til at afgive indlæg om spørgsmålet. 31 High Court har herefter besluttet at udsætte sagen og forelægge følgende præjudicielle spørgsmål for Domstolen: »1) Er artikel L.17 - L.21 i Code des débits de boissons (de såkaldte »Loi-Evin«- bestemmelser), artikel 8 i dekret nr. 92-280 af 27. marts 1992 og bestemmelserne i adfærdskodeksen af 28. marts 1995 i strid med EF-traktatens artikel 59 (efter ændring nu artikel 49 EF), for så vidt som de forhindrer eller begrænser a) reklame for alkoholholdige drikkevarer ved sportsbegivenheder, der finder sted i andre medlemsstater end Frankrig, når disse begivenheder skal vises på fransk tv, og b) udsendelse i Frankrig af sportsbegivenheder, der finder sted i andre medlemsstater, hvor der reklameres for alkoholholdige drikkevarer? 2) Såfremt det første spørgsmål besvares benægtende, er den måde, hvorpå Conseil Supérieur de l'Audiovisuel i praksis fortolker og anvender disse bestemmelser, da i strid med EF-traktatens artikel 59 (efter ændring nu artikel 49 EF), for så vidt som de forhindrer eller begrænser a) reklame for alkoholholdige drikkevarer ved sportsbegivenheder, der finder sted i andre medlemsstater end Frankrig, når disse begivenheder skal vises på fransk tv, og b) udsendelse på fransk tv af sportsbegivenheder, der finder sted i andre medlemsstater, hvor der reklameres for alkoholholdige drikkevarer?« 32 Da det på baggrund af de til Domstolen fremsendte dokumenter ikke var fuldstændig klart, hvorfor en besvarelse af de præjudicielle spørgsmål var nødvendig for, at den forelæggende ret kunne træffe afgørelse i hovedsagen, har Domstolen i henhold til procesreglementets artikel 104, stk. 5, anmodet den forelæggende ret om nærmere at redegøre for, på hvilket grundlag Newcastle ville kunne påberåbe sig Evin-loven - såfremt det forudsættes, at denne er forenelig med traktatens artikel 59 - med henblik på frifindelse i den mod klubben anlagte sag. 33 High Court har i sin besvarelse af dette spørgsmål anført, at de over for Newcastle rejste krav er begrundet i »det tab, som skyldes tilskyndelsen til kontraktbrud«. I engelsk ret er det imidlertid anerkendt, at en part kan påberåbe sig, at en sådan indgriben i en kontrakt er berettiget. Spørgsmålet om, hvad der i denne forbindelse må anses for berettiget, hører under den nationale domstols kompetence, og denne skal træffe afgørelse under hensyntagen til samtlige omstændigheder i sagen. 34 I den foreliggende sag har Newcastle gjort gældende, at selskabet var berettiget til at beordre reklamerne fjernet fra stadion, bl.a. eftersom »ordren blev givet med den begrundelse, at det med rimelighed kunne forventes, at en manglende ordre herom ville have til følge, at fransk ret blev overtrådt«. 35 Hvad angår sagsøgerne i hovedsagen har disse gjort gældende, at denne indsigelse efter fællesskabsretten er uacceptabel, eftersom Evin-loven under alle omstændigheder er i strid med traktatens artikel 59. 36 High Court har som følge heraf fundet anledning til at anmode Domstolen om at træffe præjudiciel afgørelse vedrørende det fællesskabsretlige problem, som den har forelagt for Domstolen. Formaliteten Indlæggene for Domstolen 37 Den franske regering og Kommissionen har gjort gældende, at de præjudicielle spørgsmål bør afvises. Ifølge den franske regering er der ikke tale om, at den franske lovgivning anvendes eksterritorialt. Det er den franske tv-station, som har købt tv-rettighederne, der må være ansvarlig for en eventuel overtrædelse af fransk lovgivning i forbindelse med udsendelsen på fransk tv af en kamp, som finder sted i England. Newcastle har alene påberåbt sig, at fransk lovgivning finder anvendelse, af frygt for at gå glip af indtægten ved salg af tv-rettighederne. 38 Kommissionen har tilføjet, at den forelæggende ret ikke har præciseret, hvorvidt og på hvilken måde sådanne økonomiske hensyn kan begrunde en indgriben i en kontrakt mellem andre parter. Mere generelt set har den forelæggende ret ikke for Domstolen fremlagt nogen oplysning om, hvorledes besvarelserne på de stillede spørgsmål kan være til hjælp for retten i forbindelse med afgørelsen af den sag, som er indbragt for den. 39 Ifølge sagsøgerne i hovedsagen skal den præjudicielle forelæggelse derimod antages til realitetsbehandling, fordi den forelæggende ret skal tage stilling til alle hensyn, der er fremført for den. Det er ikke bestridt, at Newcastles beslutning var foranlediget af eksistensen og retsvirkningerne af den franske lovgivning. Sagsøgerne i hovedsagen har gjort gældende, at dette forsøg på at fremføre en begrundelse ikke er berettiget, da Evin-loven er uforenelig med traktatens artikel 59. 40 Det Forenede Kongeriges regering har tilsluttet sig denne argumentation og har tilføjet, at såfremt den mellem Newcastle og CSI indgåede aftale udtrykkeligt eller indirekte forudsatte, at fransk lovgivning blev overholdt ved kampens udsendelse, har fransk lovgivnings overensstemmelse med traktatens artikel 59 i realiteten betydning for hovedsagen. Under alle omstændigheder medfører kravet til det franske tv-selskab om, som et led i forhandlingerne om transmission af kampe, der finder sted i udlandet, at sørge for, at Evin-loven overholdes, at denne lov får eksterritoriale virkninger. Domstolens bemærkninger 41 Det bemærkes, at det i overensstemmelse med fast retspraksis udelukkende tilkommer den nationale retsinstans, for hvilken en tvist er indbragt, og som har ansvaret for den retsafgørelse, som skal træffes, på grundlag af omstændighederne i den konkrete sag at vurdere, såvel om en præjudiciel afgørelse er nødvendig for, at den kan afsige dom, som relevansen af de spørgsmål, den forelægger Domstolen. Når de stillede spørgsmål vedrører fortolkningen af fællesskabsretten, er Domstolen derfor principielt forpligtet til at træffe afgørelse herom (jf. bl.a. dom af 15.12.1995, sag C-415/93, Bosman, Sml. I, s. 4921, præmis 59, af 13.3.2001, sag C-379/98, PreussenElektra, Sml. I, s. 2099, præmis 38, og af 10.12.2002, sag C-153/00, Der Weduwe, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 31). 42 Domstolen har dog også fastslået, at den i særlige tilfælde er beføjet til at undersøge de omstændigheder, hvorunder den nationale domstol har forelagt sagen (jf. i denne retning PreussenElektra-dommen, præmis 39). Den samarbejdsånd, der må beherske udførelsen af opgaverne i forbindelse med den præjudicielle forelæggelsesprocedure, indebærer således, at den nationale retsinstans tager hensyn til Domstolens opgave, som er at bidrage til retsplejen i medlemsstaterne og ikke at udøve responderende virksomhed vedrørende generelle eller hypotetiske spørgsmål (jf. Bosman-dommen, præmis 60, og Der Weduwe-dommen, præmis 32). 43 Domstolen har således udtalt, at den ikke kan træffe afgørelse vedrørende et præjudicielt spørgsmål fra en national ret, når det klart fremgår, at den af den nationale ret ønskede fortolkning eller vurdering af en fællesskabsbestemmelses gyldighed savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand, når problemet er af hypotetisk karakter, eller når Domstolen ikke råder over de faktiske og retlige oplysninger, som er nødvendige for, at den kan foretage en saglig korrekt besvarelse af de stillede spørgsmål (jf. Bosman-dommen, præmis 61, dom af 9.3.2000, sag C-437/97, EKW og Wein & Co., Sml. I, s. 1157, præmis 52, og af 13.7.2000, sag C-36/99, Idéal tourisme, Sml. I, s. 6049, præmis 20). 44 Med henblik på at give Domstolen mulighed for at udfylde sin rolle i overensstemmelse med traktaten, er det ubetinget nødvendigt, at de nationale retsinstanser i tilfælde, hvor grundene til, at de finder, at en besvarelse af deres spørgsmål er nødvendig for tvistens løsning, ikke klart fremgår af sagen, redegør for disse (dom af 16.12.1981, sag 244/80, Foglia, Sml. s. 3045, præmis 17). Domstolen har således fastslået, at det er nødvendigt, at den nationale ret i det mindste i et vist omfang angiver begrundelsen for udvælgelsen af de fællesskabsbestemmelser, som den ønsker fortolket, og angiver den forbindelse, som efter rettens opfattelse består mellem disse bestemmelser og den nationale lovgivning, der finder anvendelse i sagen (kendelse af 28.6.2000, sag C-116/00, Laguillaumie, Sml. I, s. 4979, præmis 16). 45 Desuden skal Domstolen udvise særlig agtpågivenhed, når den i forbindelse med en sag mellem private får forelagt et spørgsmål, der skal give den nationale domstol mulighed for at vurdere, om en anden medlemsstats lovgivning er forenelig med fællesskabsretten (Foglia-dommen, præmis 30). 46 I den foreliggende sag, hvor de rejste spørgsmål skal give den forelæggende ret mulighed for at vurdere, om en anden medlemsstats lovgivning er forenelig med fællesskabsretten, skal Domstolen derfor have udførlige oplysninger om de grunde, som har ført til, at retten har fundet, at en besvarelse af disse spørgsmål er nødvendig for, at den kan træffe afgørelse. 47 Det fremgår imidlertid af den forelæggende rets beskrivelse af de relevante retsforskrifter, at retten i hovedsagen skal anvende engelsk ret. Alligevel finder retten, at »spørgsmålet om lovligheden af Evin-lovens bestemmelser er af central betydning for løsningen af den sag, som er forelagt [for den]«, uden dog at hævde, at besvarelsen af dette spørgsmål er nødvendigt for, at den kan træffe afgørelse. 48 Efter at den forelæggende ret af Domstolen er blevet opfordret til mere detaljeret at redegøre for, med hvilken begrundelse Newcastle kunne påberåbe sig Evin-loven, har retten i det store og hele kun gentaget det af sagsøgte i hovedsagen anførte argument om, at denne med rimelighed kunne forvente, at en undladelse af at beordre reklamerne fjernet fra stadion ville have til følge, at fransk ret blev overtrådt. 49 Derimod har den forelæggende ret ikke angivet, hvorvidt retten selv er af den opfattelse, at Newcastle med rimelighed kunne antage, at selskabet var forpligtet til at overholde fransk lovgivning, og Domstolen råder ikke over oplysninger, der peger i den retning. 50 Endvidere har Det Forenede Kongeriges regering anført, at en begrundelse for at anse de præjudicielle spørgsmål for relevante kunne være, at Newcastle i henhold til den med CSI indgåede aftale, hvorefter kampen Newcastle-Metz skulle transmitteres af et fransk tv-selskab, var forpligtet til at overholde fransk lovgivning. I denne forbindelse skal det blot bemærkes, at den forelæggende ret ikke har redegjort for, hvorvidt der foreligger en sådan kontraktforpligtelse. 51 Hertil kommer, som generaladvokaten med rette har fremhævet i punkt 34 i sit forslag til afgørelse, at selv om den forelæggende ret måtte være af den opfattelse, at Newcastle med rimelighed kunne antage, at selskabets indgriben i de pågældende kontrakter var påkrævet med henblik på at sikre, at fransk lovgivning blev overholdt, fremgår det ikke klart, med hvilken begrundelse dette ikke længere skulle være tilfældet, såfremt den bestemmelse, som Newcastle ville sikre blev overholdt, skulle vise sig at være i strid med traktatens artikel 59. 52 Forelæggelseskendelsen indeholder heller ingen oplysninger vedrørende dette punkt. 53 Under disse omstændigheder må det konstateres, at Domstolen ikke råder over oplysninger, hvoraf det kan udledes, at det er påkrævet, at den udtaler sig om, hvorvidt en anden medlemsstats lovgivning end den medlemsstats, hvorunder den forelæggende ret hører, er forenelig med traktaten. 54 Følgelig skal de præjudicielle spørgsmål, som er forelagt for Domstolen, afvises. Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger 55 De udgifter, der er afholdt af Det Forenede Kongeriges regering, af den franske regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Afgørelse På grundlag af disse præmisser kender DOMSTOLEN vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, ved kendelse af 28. juli 2000, for ret: Den anmodning om præjudiciel afgørelse, der er fremsat ved kendelse afsagt den 28. juli 2000 af High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division, afvises.

62007CJ0453

el

Η αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80 του συμβουλίου συνδέσεως, της 19ης Σεπτεμβρίου 1980, σχετικά με την προώθηση της σύνδεσης (στο εξής: απόφαση 1/80). Το συμβούλιο συνδέσεως συστάθηκε με τη συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 1963, στην Άγκυρα, από τη Δημοκρατία της Τουρκίας, αφενός, και από τα κράτη μέλη της ΕΟΚ και την Κοινότητα, αφετέρου, και συνήφθη, εγκρίθηκε και επικυρώθηκε εξ ονόματος της Κοινότητας με την απόφαση 64/732/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 23ης Δεκεμβρίου 1963 (ΕΕ ειδ. έκδ. 11/001, σ. 48). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ του Η. Er, Τούρκου υπηκόου, και της Wetteraukreis (διαμέρισμα του Wetterau), σχετικά με διαδικασία απελάσεως από το γερμανικό έδαφος. Το νομικό πλαίσιο Το άρθρο 6, παράγραφος 1, της αποφάσεως 1/80 έχει ως εξής: «Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 περί ελεύθερης προσβάσεως των μελών της οικογενείας του στην απασχόληση, ο Τούρκος εργαζόμενος που είναι ενταγμένος στη νόμιμη αγορά εργασίας κράτους μέλους: — εφόσον έχει απασχοληθεί νομίμως επί ένα έτος, δικαιούται, εντός αυτού του κράτους μέλους, ανανεώσεως της ισχύουσας αδείας εργασίας του στον ίδιο εργοδότη, αν εξακολουθεί να κατέχει θέση εργασίας· — εφόσον έχει απασχοληθεί νομίμως επί τρία έτη, και υπό την επιφύλαξη της αποδοτέας στους εργαζομένους των κρατών μελών της Κοινότητας προτεραιότητας, δικαιούται, εντός αυτού του κράτους μέλους, να αποδεχθεί, κατ’ επιλογή του, άλλη προσφορά εργασίας, στο ίδιο επάγγελμα, που του γίνεται υπό συνήθεις συνθήκες από άλλο εργοδότη και έχει καταγραφεί από τις υπηρεσίες απασχολήσεως του οικείου κράτους μέλους· — εφόσον έχει απασχοληθεί νομίμως επί τέσσερα έτη, έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έμμισθη δραστηριότητα της επιλογής του εντός αυτού του κράτους μέλους.» Το άρθρο 7 της αποφάσεως 1/80 ορίζει τα εξής: «Τα μέλη της οικογένειας Τούρκου εργαζομένου ενταγμένου στη νόμιμη αγορά εργασίας κράτους μέλους, στα οποία έχει επιτραπεί να ζήσουν μαζί του: — εφόσον διαμένουν νομίμως στο κράτος αυτό επί τρία τουλάχιστον έτη και υπό την επιφύλαξη της αποδοτέας στους εργαζομένους των κρατών μελών της Κοινότητας προτεραιότητας, δικαιούνται να αποδεχθούν οποιαδήποτε προσφορά εργασίας· — εφόσον διαμένουν νομίμως στο κράτος αυτό επί πέντε τουλάχιστον έτη, έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε οποιαδήποτε έμμισθη δραστηριότητα της επιλογής του. Τα τέκνα Τούρκων εργαζομένων που έχουν ολοκληρώσει την επαγγελματική τους κατάρτιση εντός της χώρας υποδοχής μπορούν, ανεξαρτήτως της διαρκείας διαμονής τους στο συγκεκριμένο κράτος μέλος, να αποδεχθούν οποιαδήποτε προσφορά εργασίας εντός αυτού, υπό τον όρο ότι ο ένας από τους γονείς έχει ασκήσει νόμιμη εργασία επί τρία τουλάχιστον έτη εντός του εν λόγω κράτους μέλους.» Σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1, της ίδιας αποφάσεως: «Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που δικαιολογούνται από λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας.» Η διαφορά της κύριας δίκης και το προδικαστικό ερώτημα Από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι ο Η. Er γεννήθηκε στην Τουρκία τον Απρίλιο του 1984. Δύο έτη αργότερα, ήτοι το 1986, μετέβη στο Βερολίνο για να κατοικήσει με τον πατέρα του ο οποίος ήταν ενταγμένος στη νόμιμη αγορά εργασίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και έζησε με αυτόν στο γερμανικό έδαφος επί πέντε τουλάχιστον έτη. Ο πατέρας του, εν συνεχεία, επέστρεψε στην Τουρκία χωρίς την οικογένειά του. Το 1998, ο Η. Er ζήτησε για πρώτη φορά να του χορηγηθεί άδεια διαμονής, η οποία του χορηγήθηκε για διάρκεια ενάμισι έτους. Στο έγγραφο αυτό υπήρχε η μνεία «μητέρα με άδεια διαμονής αορίστου χρόνου» και «πατέρας καταχωρισμένος στο Βερολίνο». Ο Η. Er περάτωσε τη φοίτησή του στο σχολείο το 2000, σε ηλικία 16 ετών, χωρίς να λάβει δίπλωμα. Η άδεια διαμονής του παρατάθηκε μέχρι τις 21 Μαρτίου 2002. Το 2002, ο Η. Er ζήτησε να του χορηγηθεί δεύτερη άδεια διαμονής, η οποία του χορηγήθηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2003, ήτοι μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία η μητέρα του θα έπαυε να τον συντηρεί. Ο Η. Er υπέβαλε εν συνεχεία αίτηση παρατάσεως της αδείας διαμονής του, η οποία του χορηγήθηκε για διάρκεια ενός έτους παρά τις αλλαγές που είχαν επέλθει στην κατάστασή του, ήτοι παρά το ότι δεν τον συντηρούσε πλέον η μητέρα του και του είχε καταβληθεί επί τέσσερις μήνες επίδομα διατροφής. Η υπηρεσία αλλοδαπών για το διαμέρισμα του Watterau (στο εξής: υπηρεσία αλλοδαπών) ζήτησε ωστόσο από τον Η. Er να καταβάλει εμφανώς προσπάθειες προς εξεύρεση εργασίας. Ο Η. Er μετέσχε σε ένα μάθημα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων του επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένταξης, αλλά διέκοψε το μάθημα αυτό λόγω ανεπαρκούς ικανότητας. Έλαβε παροχές κοινωνικής πρόνοιας επί ένα μήνα και καταχωρίστηκε ως άνεργος σε αναζήτηση εργασίας. Τον Σεπτέμβριο του 2004, ο Η. Er υπέβαλε νέα αίτηση παρατάσεως. Κατά την εξέταση της αιτήσεως αυτής, η υπηρεσία αλλοδαπών συνομίλησε επανειλημμένα με τον Η. Er. Ο Η. Er δήλωσε ότι αναζητούσε εργασία, ότι θα μπορούσε να βρει μια θέση αν υπέβαλλε πιστοποιητικό χρηστών ηθών και ότι θα ερχόταν πάλι σε επαφή με την υπηρεσία αλλοδαπών. Όλα όσα δήλωσε όμως δεν είχαν κανένα έμπρακτο αποτέλεσμα και ο Η. Er δεν προσλήφθηκε. Έλαβε επίδομα ανεργίας επί 18 μήνες. Με απόφαση της 17ης Αυγούστου 2005, η υπηρεσία αλλοδαπών απέρριψε την αίτηση παρατάσεως που ο Η. Er υπέβαλε τον Σεπτέμβριο 2004 και του υπέβαλε υποχρέωση εξόδου από την επικράτεια εντός ορισμένης προθεσμίας, σε περίπτωση δε μη συμμορφώσεώς του θα απελαυνόταν στην Τουρκία. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, το δικαίωμα διαμονής που χορηγείται στο πλαίσιο του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως, 1/80 προϋποθέτει ότι ο ενδιαφερόμενος, κατά την υποβολή της αιτήσεώς του, είναι παρών στην αγορά εργασίας και διαθέτει πραγματικές πιθανότητες ευρέσεως εργασίας στο εγγύς μέλλον. Η υπηρεσία αλλοδαπών θεώρησε ότι δεν μπορεί κατ’ αρχήν να επικριθεί ο περιορισμός της διάρκειας της διαμονής στους έξι μήνες με σκοπό την εύρεση εργασίας. Στις 9 Σεπτεμβρίου 2005, ο Η. Er άσκησε διοικητική ένσταση κατά της εν λόγω αποφάσεως, επί της οποίας δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση. Υπέβαλε επίσης αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, το οποίο, με διάταξη της 4ης Δεκεμβρίου 2006, αποφάσισε ότι η διοικητική ένστασή του είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Κατά τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, ο Η. Er ισχυρίστηκε ότι προσπαθούσε να εξεύρει εργασίας. Προσκόμισε μια επιστολή του εκπαιδευτικού κέντρου της Φρανκφούρτης, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, με την οποία εκαλείτο να παρακολουθήσει επί ένα μήνα ένα πρόγραμμα αρωγής προς εύρεση εργασίας. Ο Η. Er άρχισε να παρακολουθεί το πρόγραμμα αυτό, αλλά το διέκοψε με το αιτιολογικό ότι δεν ήταν κατάλληλο για αυτόν. Στην έκθεση αξιολογήσεως των ικανοτήτων του Η. Er σημειωνόταν ότι είχε μέτριες ικανότητες, ότι είχε ελάχιστη επιμονή και ότι δεν ήταν καθόλου ακριβής. Η άμεση ένταξή του στην αγορά εργασίας κρίθηκε μη ενδεδειγμένη, η δε απόκτηση περισσότερων γνώσεων δεν ήταν σκόπιμη. Ο Η. Er θεωρήθηκε, αντιθέτως, ικανός να εκτελεί απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες. Ο Η. Er απευθύνθηκε κατόπιν αυτού σε έναν οργανισμό ευρέσεως εργασίας στους αερολιμένες, για την οποία προβλεπόταν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο. Λόγω της επιτυχούς συμμετοχής του στο σεμινάριο αυτό, από τις αρχές Φεβρουαρίου 2006, προβλέφθηκε ότι ο Η. Er θα προσλαμβανόταν ως χειριστής αποσκευών στον αερολιμένα της Φρανκφούρτης. Το αιτούν δικαστήριο αναφέρει ότι ο φάκελος με την αίτηση εργασίας του Η. Er δεν απεστάλη ωστόσο στον προβλεπόμενο εργοδότη, λόγω μη προσκομίσεως πιστοποιητικού χρηστών ηθών. Ο Η. Er δεν ανέφερε καμία άλλη συμμετοχή σε πρόγραμμα αρωγής προς εύρεση εργασίας ή άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας, πλην της εργασίας μιας ημέρας. Το αιτούν δικαστήριο μνημονεύει επίσης ένα σημείωμα του ομοσπονδιακού γραφείου εργασίας, της 18ης Αυγούστου 2006, σχετικά με μια συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε με τον Η. Er. Σύμφωνα με το σημείωμα αυτό, ο Η. Er δεν κατέβαλε προσπάθειες για να ενταχθεί στην αγορά εργασίας, έχει, επιπλέον, προβλήματα λόγω χρεών και η μητέρα του θα ήθελε να φύγει ο γιος της από την οικογενειακή κατοικία. Στις 22 Ιανουαρίου 2007, μετά την περάτωση της διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων, ο Η. Er άσκησε την προσφυγή την οποία αφορά η διαφορά της κύριας δίκης. Ζήτησε να υποχρεωθεί η υπηρεσία αλλοδαπών να παρατείνει την άδεια διαμονής του, ισχυριζόμενος ότι έχει αποκτήσει το δικαίωμα που παρέχει το άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως 1/80, ανεξάρτητα από το αν κατέχει ή αν επιδιώκει να αποκτήσει θέση εργασίας στο γερμανικό έδαφος. Η απόφαση περί παραπομπής αναφέρει ότι ο Η. Er δεν λαμβάνει επί του παρόντος επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλ’ ότι, δεδομένου ότι δεν είναι διατεθειμένος να εξεύρει εργασία, δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει μόνιμα τα προς το ζην παρά μόνο χάρη στις παροχές της κοινωνικής πρόνοιας. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Verwaltungsgericht Gießen αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «Χάνει ο Τούρκος υπήκοος, στον οποίο χορηγήθηκε η άδεια να μετοικήσει, ως μέλος της οικογένειας, στη Γερμανία, όπου κατοικούσε ο πατέρας του, ο οποίος ήταν ενταγμένος ως Τούρκος εργαζόμενος στη νόμιμη αγορά εργασίας της χώρας αυτής, το δικαίωμα που είχε αποκτήσει κατόπιν πενταετούς νόμιμης συμβίωσης με τον πατέρα του βάσει του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80, λόγω του ότι μετά το τέλος της σχολικής του εκπαίδευσης δεν εργάσθηκε ποτέ επί μία και πλέον επταετία (εκτός από μία μονοήμερη, κατά τους ισχυρισμούς του, απόπειρα εργασίας) και, επιπλέον, διακόπτει τη συμμετοχή του σε κάθε κρατικό μέτρο ή πρόγραμμα δράσης για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης και δεν καταβάλλει ο ίδιος καμία σοβαρή προσπάθεια εξεύρεσης εργασίας, αλλά επιβιώνει χάρη είτε στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας δημόσιων φορέων είτε στα χρήματα που του δίδει η μητέρα του, η οποία ζει στη Γερμανία, είτε σε πόρους άγνωστης προέλευσης;» Επί του προδικαστικού ερωτήματος Με το ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ερωτά κατ’ ουσίαν αν ένας Τούρκος υπήκοος που έχει εντός κράτους μέλους το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε κάθε μισθωτή δραστηριότητα της επιλογής του, βάσει του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80, χάνει το δικαίωμά του διαμονής εντός του κράτους μέλους αυτού και ως εκ τούτου και το ως άνω δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης, για τον λόγο ότι, ενώ έχει ηλικία 23 ετών, δεν άσκησε μισθωτή δραστηριότητα μετά το πέρας της σχολικής του εκπαίδευσης στην ηλικία των 16 ετών και μετέσχε σε κρατικά προγράμματα διευκολύνσεως ευρέσεως εργασίας χωρίς ωστόσο να περατώσει τα προγράμματα αυτά. Προκειμένου να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, πρέπει να υπομνησθεί ότι το άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως 1/80 παράγει άμεσο αποτέλεσμα εντός των κρατών μελών, οπότε οι Τούρκοι υπήκοοι που πληρούν τις προϋποθέσεις του μπορούν να επικαλούνται απευθείας τα δικαιώματα που τους παρέχει η διάταξη αυτή. Ειδικότερα, έχουν το δικαίωμα, δυνάμει της δεύτερης περιπτώσεως της διατάξεως αυτής, να έχουν άμεση πρόσβαση ελεύθερα σε κάθε μισθωτή δραστηριότητα της επιλογής τους εντός του κράτους μέλους υποδοχής, αφού διαμείνουν νόμιμα εντός του κράτους αυτού επί πέντε τουλάχιστον έτη (βλ. αποφάσεις της 17ης Απριλίου 1997, C-351/95, Kadiman, Συλλογή 1997, σ. I-2133 , σκέψεις 27 και 28, και της 18ης Ιουλίου 2007, C-325/05, Derin, Συλλογή 2007, σ. I-6495 , σκέψη 47). Τα δικαιώματα που η διάταξη αυτή παρέχει στα τέκνα των Τούρκων εργαζομένων όσον αφορά την απασχόληση εντός του οικείου κράτους μέλους συνεπάγονται κατ’ ανάγκη την ύπαρξη σχετικού δικαιώματος διαμονής του δικαιούχου, καθόσον άλλως θα καθίστατο άνευ αντικειμένου το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και πραγματικής άσκησης μισθωτής δραστηριότητας (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 2004, C-467/02, Cetinkaya, Συλλογή 2004, σ. I-10895 , σκέψη 31, και Derin, προπαρατεθείσα, σκέψη 47). Το Δικαστήριο έχει θεωρήσει ότι το ανεπιφύλακτο δικαίωμα προσβάσεως του ενδιαφερομένου σε οποιαδήποτε δραστηριότητα της ελεύθερης επιλογής του θα καθίστατο κενό περιεχομένου αν οι αρμόδιες εθνικές αρχές είχαν δυνατότητα να επιβάλουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, όρους ή περιορισμούς στην άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων που παρέχει απευθείας στον Τούρκο μετανάστη η απόφαση 1/80 (βλ. απόφαση της 16ης Μαρτίου 2000, C-329/97, Ergat, Συλλογή 2000, σ. I-1487 , σκέψη 41). Επομένως, τα κράτη μέλη δεν διαθέτουν πλέον την ευχέρεια θεσπίσεως μέτρων σχετικών με τη διαμονή που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει ρητά η απόφαση 1/80 στον ενδιαφερόμενο που πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις και ο οποίος, ως εκ τούτου, είναι ήδη νομίμως ενταγμένος στο κράτος μέλος υποδοχής (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Ergat, σκέψη 42). Είναι σημαντικό, ειδικότερα, ένα τέτοιο άτομο να μη στερηθεί το δικαίωμά του διαμονής, κατά τη χρονική ακριβώς στιγμή κατά την οποία, χάρη στην ελεύθερη πρόσβαση για εργασία της επιλογής του, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί μόνιμα στο κράτος μέλος υποδοχής (βλ., υπ’ αυτή την έννοια, προπαρατεθείσα απόφαση Ergat, κέψη 43). Κατά πάγια, συνεπώς, νομολογία του Δικαστηρίου, τα όρια που τίθενται στα δικαιώματα που το άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως 1/80 αναγνωρίζει στα μέλη της οικογενείας των Τούρκων εργαζομένων που πληρούν τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στο εν λόγω εδάφιο μπορούν να είναι μόνο δύο ειδών, δηλαδή είτε το γεγονός ότι η παρουσία του Τούρκου μετανάστη στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής συνιστά, λόγω της ατομικής του συμπεριφοράς, πραγματικό και σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, κατά την έννοια του άρθρου 14, παράγραφος 1, της αποφάσεως αυτής, είτε το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εγκαταλείψει το έδαφος του κράτους αυτού για σημαντικό διάστημα χωρίς να συντρέχουν θεμιτοί λόγοι (βλ. προπαρατεθείσες αποφάσεις Ergat, σκέψεις 45, 46 και 48· Cetinkaya, σκέψεις 36 και 38· Derin, σκέψη 54· αποφάσεις της 7ης Ιουλίου 2005, C-373/03, Aydinli, Συλλογή 2005, σ. I-6181 , σκέψη 27· της 16ης Φεβρουαρίου 2006, C-502/04, Torun, Συλλογή 2006, σ. I-1563 , σκέψη 21, και της 4ης Οκτωβρίου 2007, C-349/06, Polat, Συλλογή 2007, σ. I-8167 , σκέψη 21). Το Δικαστήριο έχει, ως εκ τούτου, κρίνει ότι ο Τούρκος υπήκοος στον οποίο έχουν αναγνωριστεί δικαιώματα βάσει του άρθρου 7 της αποφάσεως 1/80 δεν μπορεί να απολέσει τα δικαιώματα αυτά ούτε λόγω μη παροχής εργασίας εξαιτίας της καταδίκης του σε ποινή φυλακίσεως, έστω και πολυετούς και χωρίς αναστολή, ούτε λόγω του ότι δεν απέκτησε ποτέ δικαιώματα εργασίας και διαμονής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6, παράγραφος 1, της αποφάσεως αυτής. Το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, αντίθετα προς ό,τι ισχύει για τους Τούρκους εργαζομένους στους οποίους εφαρμόζεται η τελευταία αυτή διάταξη, το καθεστώς των μελών της οικογενείας τους, που διαλαμβάνεται στο άρθρο 7 της εν λόγω αποφάσεως, δεν εξαρτάται από την άσκηση μισθωτής δραστηριότητας (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Derin, σκέψη 56). Έτσι, το γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν διαθέσιμος στην αγορά εργασίας επί πολλά έτη δεν τον εμποδίζει να επικαλεστεί τις διατάξεις του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80 για να διεκδικήσει δικαίωμα διαμονής εντός του κράτους μέλους υποδοχής (βλ. προπαρατεθείσα απόφαση Polat, σκέψη 21). Τα ανωτέρω ισχύουν κατά μείζονα λόγο στην περίπτωση Τούρκου υπηκόου, όπως ο Η. Er, ο οποίος δεν εγκατέλειψε την αγορά εργασίας. Το γεγονός ότι στην ηλικία των 23 ετών εξακολουθεί να μην ασκεί μισθωτή δραστηριότητα δεν συνιστά εμπόδιο για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής. Συγκεκριμένα, ένας Τούρκος υπήκοος ο οποίος ήλθε να ζήσει με τους γονείς του εντός κράτους μέλους στο πλαίσιο της οικογενειακής επανενώσεως και έζησε μαζί τους από την ηλικία των 2 ετών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80. Αν, στην ηλικία των 23 ετών, δεν έχει ουδέποτε ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα, δεν χάνει για τον λόγο αυτό το δικαίωμά του διαμονής. Αντιθέτως, είναι σημαντικό να μη του αφαιρεθεί το δικαίωμα αυτό χωρίς το οποίο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε τέτοια δραστηριότητα και να ασκήσει το δικαίωμα που του αναγνωρίζει η διάταξη αυτή προκειμένου να ενταχθεί περισσότερο εντός του κράτους μέλους υποδοχής. Επομένως, στο υποβληθέν ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι ένας Τούρκος υπήκοος, στον οποίο επιτράπηκε να εισέλθει, σε παιδική ηλικία, στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο της οικογενειακής επανενώσεως και ο οποίος απέκτησε το δικαίωμα ελεύθερης προσβάσεως σε οποιαδήποτε μισθωτή δραστηριότητα της επιλογής του, βάσει του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80, δεν χάνει το δικαίωμα διαμονής εντός του κράτους μέλους, το οποίο απορρέει από αυτό το δικαίωμα ελεύθερης προσβάσεως, έστω και αν, στην ηλικία των 23 ετών, δεν έχει ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα μετά το πέρας της σχολικής του εκπαιδεύσεως στην ηλικία των 16 ετών και μετέσχε σε κρατικά προγράμματα αρωγής προς εύρεση εργασίας, χωρίς ωστόσο να τα ολοκληρώσει. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται: Ένας Τούρκος υπήκοος, στον οποίο επιτράπηκε να εισέλθει, σε παιδική ηλικία, στο έδαφος κράτους μέλους στο πλαίσιο της οικογενειακής επανενώσεως και ο οποίος απέκτησε το δικαίωμα ελεύθερης προσβάσεως σε οποιαδήποτε μισθωτή δραστηριότητα της επιλογής του, βάσει του άρθρου 7, πρώτο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση, της αποφάσεως 1/80, της 19ης Σεπτεμβρίου 1980, σχετικά με την προώθηση της σύνδεσης, η οποία εκδόθηκε από το συμβούλιο συνδέσεως που συστάθηκε με τη συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Τουρκίας, δεν χάνει το δικαίωμα διαμονής εντός του κράτους μέλους, το οποίο απορρέει από αυτό το δικαίωμα ελεύθερης προσβάσεως, έστω και αν, στην ηλικία των 23 ετών, δεν έχει ασκήσει μισθωτή δραστηριότητα μετά το πέρας της σχολικής του εκπαιδεύσεως στην ηλικία των 16 ετών και μετέσχε σε κρατικά προγράμματα αρωγής προς εύρεση εργασίας, χωρίς ωστόσο να τα ολοκληρώσει. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

61999TJ0168

fr

Motifs de l'arrêt Cadre juridique Intensité d'aide maximale admise au Pays basque 1 Selon la carte espagnole des aides à finalité régionale, proposée par la Commission (JO 1996, C 25, p. 3), le plafond applicable à celles-ci au Pays basque est de 25 % en équivalent subvention net. Avantages fiscaux en vigueur sur le territoire historique d'Álava 2 Le cadre fiscal en vigueur au Pays basque relève du régime de la concertation économique, mis en place par la loi espagnole n_ 12/1981, du 13 mai 1981, ultérieurement modifiée par la loi n_ 38/1997, du 4 août 1997. En vertu de cette législation, la Diputación Foral de Álava peut, sous certaines conditions, organiser le régime fiscal applicable sur son territoire. 3 À ce titre, la Diputación Foral de Álava a pris diverses mesures d'aides fiscales, sous la forme, notamment, d'un crédit d'impôt de 45 % et d'une réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés. Crédit d'impôt de 45 % 4 La sixième disposition additionnelle de la Norma Foral n_ 22/1994, du 20 décembre 1994, portant exécution du budget du Territorio Histórico de Álava pour l'année 1995 [Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (ci-après le «BOTHA») n_ 5, du 13 janvier 1995] est libellée comme suit: «Les investissements en immobilisations corporelles neuves, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, qui excèdent 2,5 milliards de [pesetas espagnoles (ESP)] selon l'accord de la Diputación Foral de Álava, bénéficieront d'un crédit d'impôt de 45 % du montant de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava, applicable au montant final d'impôt à payer. La déduction non appliquée pour insuffisance d'impôt pourra être appliquée dans les neuf ans qui suivent l'année durant laquelle l'accord de la Diputación Foral de Álava a été conclu. Cet accord de la Diputación Foral de Álava fixera les délais et les restrictions applicables dans chaque cas. Les avantages reconnus en vertu de la présente disposition seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal existant en raison de ces mêmes investissements. La Diputación Foral de Álava déterminera également la durée du processus d'investissement, laquelle pourra englober des investissements réalisés durant la phase de préparation du projet à la base des investissements.» 5 La validité de cette disposition a été prorogée, pour l'année 1996, par la cinquième disposition additionnelle de la Norma Foral n_ 33/1995, du 20 décembre 1995 (BOTHA n_ 4, du 10 janvier 1996), telle que modifiée par le point 2.11 de la disposition dérogatoire unique de la Norma Foral n_ 24/1996, du 5 juillet 1996 (BOTHA n_ 90, du 9 août 1996). Pour l'année 1997, la mesure fiscale a été prorogée par la septième disposition additionnelle de la Norma Foral n_ 31/1996 du 18 décembre 1996 (BOTHA n_ 148, du 30 décembre 1996). Le crédit d'impôt de 45 % du montant des investissements a été maintenu, sous une forme modifiée, pour les années 1998 et 1999, respectivement, par la onzième disposition additionnelle de la Norma Foral n_ 33/1997, du 19 décembre 1997 (BOTHA n_ 150, du 31 décembre 1997), et par la septième disposition additionnelle de la Norma Foral n_ 36/1998, du 17 décembre 1998 (BOTHA n_ 149, du 30 décembre 1998). Réduction de la base d'imposition pour l'impôt sur les sociétés 6 L'article 26 de la Norma Foral n_ 24/1996, du 5 juillet 1996, visée au point précédent, prévoit ce qui suit: «1. Les entreprises qui commencent leur activité bénéficieront d'une réduction de 99, 75, 50 et 25 %, respectivement, de la base d'imposition positive correspondant à leur résultat d'exploitation, avant compensation avec des bases d'imposition négatives des exercices d'imposition précédents, au cours des quatre périodes d'imposition consécutives, à partir du premier exercice durant lequel, dans les quatre ans qui suivent la mise en route de leur activité, elles enregistrent des bases d'imposition positives. [...] 2. Pour bénéficier de la présente réduction, les contribuables devront respecter les conditions suivantes: a) commencer leur activité avec un capital libéré d'au moins 20 millions de ESP; b) [...] c) [...] d) ne pas avoir exercé la nouvelle activité précédemment, de manière directe ou indirecte, sous une autre dénomination; e) exercer une nouvelle activité dans un local ou un établissement où aucune autre activité n'est exercée par d'autres personnes physiques ou morales; f) réaliser des investissements en immobilisations corporelles au cours des deux premières années d'activité pour un montant d'au moins 80 millions de ESP, étant entendu que tous les investissements doivent être destinés à des biens affectés à l'activité, à l'exclusion de ceux qui sont loués ou cédés à un tiers pour son utilisation. À cet effet seront également considérés comme investissements en immobilisations corporelles les biens acquis par location financière, pourvu que l'acquéreur s'engage à exercer l'option d'achat; g) créer au minimum dix emplois dans les six mois suivant le début de leur activité et maintenir à ce chiffre la moyenne annuelle du personnel à partir de ce moment et jusqu'à l'exercice où le droit d'appliquer la réduction de la base d'imposition arrive à son terme; h) [...] i) disposer d'un plan d'entreprise pour une période d'au moins cinq ans. 3. [...] 4. Le montant minimal d'investissements indiqué au paragraphe 2, point f) ci-dessus, ainsi que le nombre d'emplois mentionné au paragraphe 2, point g), seront incompatibles avec tout autre avantage fiscal institué pour ces investissements ou cette création d'emplois. 5. La réduction établie dans la présente disposition sera sollicitée auprès de l'administration fiscale, laquelle, après vérification du respect des conditions initialement requises, communiquera le cas échéant son autorisation provisoire à la société requérante, ladite autorisation devant être avalisée par la Diputación Foral de Álava. [...]» Faits à l'origine du litige 7 Ramondín, SA, est une société de droit espagnol spécialisée dans la fabrication de capsules de surbouchage pour les bouteilles de vin, de champagne et d'autres boissons de qualité. Depuis 1971, elle était établie à Logroño dans la communauté autonome de La Rioja. 8 En 1997, Ramondín a décidé de transférer ses installations industrielles de Logroño vers Laguardia, située sur le territoire historique d'Álava au Pays basque. À cette fin, Ramondín a constitué, le 15 décembre 1997, la nouvelle société Ramondín Cápsulas, SA, dont elle détient 99,8 % du capital. Il est prévu que Ramondín Cápsulas reprenne toutes les activités de Ramondín. 9 En vertu de la décision n_ 738/1997, du 21 octobre 1997, de la Diputación Foral de Álava, Ramondín a obtenu le crédit d'impôt de 45 % visé aux points 4 et 5 ci-dessus. Ramondín Cápsulas, en tant que société nouvellement créée bénéficie de la réduction de la base d'imposition visée au point 6 ci-dessus. Procédure administrative 10 Par lettre du 2 octobre 1997, la Commission a reçu du président de la communauté autonome de La Rioja une plainte concernant des aides d'État qui auraient été accordées à Ramondín à l'occasion du transfert des activités de cette dernière vers le Pays basque. 11 Le 31 mars 1999, la Commission a pris la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE. Elle a considéré en effet, que le crédit d'impôt et la réduction de la base d'imposition dont bénéficiaient, respectivement, Ramondín et Ramondín Cápsulas, constituaient des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE et a exprimé des doutes sérieux quant à la compatibilité de ces mesures avec le marché commun. 12 Dans la même décision, la Commission a enjoint aux autorités espagnoles de suspendre le versement des aides fiscales concernées. 13 La décision du 31 mars 1999 (ci-après la «décision attaquée») a été notifiée à l'Espagne, par lettre du 30 avril 1999, et cette dernière a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, le 10 juillet 1999 (JO C 194, p. 18). Procédure et conclusions des parties 14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juillet 1999, la partie requérante a introduit le présent recours en annulation de la décision attaquée. 15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d'ouvrir la procédure orale. 16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 26 juin 2001. 17 La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - déclarer le recours recevable et fondé; - annuler la décision attaquée dans la mesure où elle ouvre une procédure d'aides d'État contre les mesures fiscales prévues dans les Normas Forales de Álava nos 22/1994 et 24/1996, tout en enjoignant à l'État espagnol de suspendre le versement de ces aides à Ramondín; - condamner la Commission aux dépens. 18 La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - déclarer le recours irrecevable; - à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé; - condamner la partie requérante aux dépens. Sur l'objet du litige 19 Dans sa requête, la partie requérante soutient que le crédit d'impôt institué par la Norma Foral n_ 22/1994 et la réduction de la base imposable instituée par la Norma Foral n_ 24/1996 (ci-après les «mesures fiscales litigieuses») ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Dans ces conditions, la décision d'ouvrir la procédure en vertu de l'article 88, paragraphe 2, CE à l'encontre des mesures fiscales litigieuses ainsi que l'injonction adressée aux autorités espagnoles de suspendre l'application de ces mesures seraient illégales. 20 Le Tribunal rappelle que, à l'issue de la procédure qui a été ouverte par la décision attaquée, la Commission a adopté la décision 2000/795/CE, du 22 décembre 1999, concernant l'aide d'État mise à exécution par l'Espagne en faveur de Ramondín et de Ramondín Cápsulas (JO 2000, L 318, p. 36). 21 Dans la décision 2000/795, la Commission a qualifié les mesures fiscales litigieuses d'aides d'État. En outre, la décision 2000/795 déclare ces mesures totalement ou partiellement incompatibles avec le marché commun dans les termes suivants: «Sont incompatibles avec le marché commun les aides d'État accordées par l'Espagne: a) à Ramondín Cápsulas et consistant dans la réduction de l'assiette imposable au titre des entreprises nouvellement créées, prévue à l'article 26 de la Norma Foral 24/1996 du 5 juillet 1996; b) à Ramondín et consistant dans l'octroi d'un crédit d'impôt pour un montant correspondant à 45 % du coût de l'investissement déterminé par la Diputación Foral de Álava dans sa décision n_ 738/1997 du 21 octobre 1997, pour la partie de l'aide qui, en application des règles de cumul des aides, excède le plafond de 25 % [équivalent subvention net] des aides à finalité régionale au Pays basque.» (Article 2 de la décision 2000/795.) 22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 avril 2000, la partie requérante a introduit un recours en annulation de la décision 2000/795 (affaire T-92/00). 23 Dans la requête dans l'affaire T-92/00, la requérante a, sur la base d'une argumentation identique à celle invoquée dans la présente affaire, contesté la qualification d'aide d'État des mesures fiscales litigieuses. 24 Par arrêt de ce jour dans l'affaire T-92/00, le Tribunal a jugé que la Commission a correctement qualifié les mesures fiscales litigieuses d'aides d'État et a rejeté le recours (arrêt du Tribunal du 6 mars 2002, Territorio Histórico de Álava e.a./Commission, T-92/00 et T-103/00, non encore publié au Recueil). 25 Au vu de la teneur de l'argumentation présentée par la requérante dans le cadre du présent recours (voir ci-dessus point 19), il s'ensuit que ce dernier est devenu sans objet. 26 Il doit être souligné à cet égard que la partie requérante elle-même a reconnu dans sa requête dans l'affaire T-92/00 que l'adoption de la décision 2000/795 a eu «pour effet de rendre le [...] recours [dans l'affaire T-168/99] sans objet». 27 Il n'y a donc plus lieu de statuer sur le présent recours. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 28 Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer. Compte tenu de ce que la partie requérante a succombé dans le recours qu'elle a introduit contre la décision 2000/795, décision prise à l'issue de la procédure ouverte par la décision attaquée, il y a lieu de la condamner aux dépens de la présente affaire (voir arrêt de la Cour du 5 octobre 1988, Brother/Commission, 56/85, Rec. p. 5655, point 8). Dispositif Par ces motifs, LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie) déclare et arrête: 1) Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours. 2) La partie requérante est condamnée aux dépens.

62008TJ0483

cs

Žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 28. července 2008 (věc R 1864/2007-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi José Dias Magalhães & Filhos Lda a Giordano Enterprises Ltd. Údaje týkající se věci Přihlašovatelka ochranné známky Společenství: Giordano Enterprises Ltd Dotčená ochranná známka Společenství: Slovní ochranná známka GIORDANO pro výrobky zařazené do tříd 18 a 25 Majitelka ochranné známky nebo označení namítaných v námitkovém řízení: José Dias Magalhães & Filhos lda. Namítaná ochranná známka nebo označení: Portugalská slovní ochranná známka GIORDANO pro výrobky zařazené do 25 třídy (č. 22534) Rozhodnutí námitkového oddělení: Částečné vyhovění námitkám Rozhodnutí odvolacího senátu: Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení v té části, ve které bylo částečně vyhověno námitkám pro některé výrobky zařazené do třídy 18. Zamítnutí odvolání ve zbývající části. Výrok 1) Žaloba se zamítá. 2) Společnost Giordano Enterprises Ltd. ponese vlastní náklady řízení a ukládá se jí rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

61994CJ0002

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij beschikking van 23 november 1993, ingekomen ten Hove op 5 januari 1994, heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven krachtens artikel 177 EG-Verdrag drie vragen gesteld betreffende de uitlegging van richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal (PB 1969, L 249, blz. 25; hierna: "richtlijn 69/335"). 2 Deze vragen zijn gerezen in het kader van gedingen tussen Denkavit Internationaal (hierna: "Denkavit"), Galveston, Heklicht Scheepvaartbelangen, C. Roeleveld Beheer e.a., R. J. Schippefelt, Sigarenhandel Ben Sterk vof en J. H. van Werkhoven Holding Maarssen en verweersters in het hoofdgeding, de Kamers van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Gelderland, voor 's-Gravenhage, voor Amsterdam en voor Utrecht en omstreken, betreffende de betaling van de handelsregisterbijdrage. 3 Blijkens het dossier in de zaak in het hoofdgeding wordt in Nederland overeenkomstig artikel 1 van de Wet op het handelsregister van 26 juli 1918, zoals nadien gewijzigd (hierna: "wet"), het handelsregister gehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken, ieder voor zoveel haar gebied betreft. 4 Artikel 1, lid 1, van de wet bepaalt, dat in het handelsregister worden ingeschreven alle ondernemingen die a) in Nederland gevestigd zijn, of b) in Nederland een nevenvestiging hebben, of c) in Nederland worden vertegenwoordigd door een gevolmachtigde handelsagent. De ondernemingen worden ingeschreven in het handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welk gebied zij gevestigd zijn of een nevenvestiging hebben. 5 Voorts moeten overeenkomstig artikel 1, lid 7, van de wet in het handelsregister worden ingeschreven alle naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, cooeperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en Europese economische samenwerkingsverbanden, als bedoeld in de verordening (EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van Europese Economische Samenwerkingsverbanden (EESV) (PB 1985, L 199, blz. 1), die hun statutaire zetel in Nederland hebben. 6 Artikel 9, sub c, van de Wet luidt als volgt: "Indien een in artikel 1, zevende lid, genoemde rechtspersoon eigenaar is van een onderneming, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied die rechtspersoon haar statutaire zetel heeft, geldt de inschrijving van de onderneming bij die Kamer mede als inschrijving van die rechtspersoon." 7 Er bestaat geen afzonderlijk register voor vennootschappen. Bijgevolg heeft het Nederlandse handelsregister een tweeledige functie: in de eerste plaats wordt het, als vennootschapsregister, geacht te voldoen aan de eisen inzake publikatie en registratie van rechtshandelingen van vennootschappen, die worden gesteld door de Eerste richtlijn (68/151/EEG) van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het cooerdineren van de waarborgen, welke in de Lid-Staten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks ten einde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB 1968, L 65, blz. 8; hierna: "richtlijn 68/151"); als ondernemingsregister fungeert het daarnaast als bestand en als bron voor economische informatie over de in het gebied van elke Kamer van Koophandel en Fabrieken gevestigde ondernemingen. 8 Artikel 22 van de wet bepaalt, dat de Kamers van Koophandel en Fabrieken jaarlijks van de ondernemingen een bijdrage voor hun inschrijving heffen, waarvan het tarief door de bevoegde Kamer wordt vastgesteld. De ondernemingen worden in groepen ingedeeld naar gelang van het in de onderneming gestoken kapitaal, met aftrek van de verliezen. De Kamer van Koophandel en Fabrieken kan geen hoger bedrag vaststellen dan het bij algemene maatregel van bestuur voor de betrokken groep van ondernemingen bepaalde bedrag. De Kamer van Koophandel en Fabrieken kan een onderneming evenwel in een groep rangschikken, waarvoor een hoger bedrag geldt dan hetwelk geldt voor de groep, waartoe die onderneming volgens de aangifte behoort, indien zij van oordeel is dat de onderneming tot eerstbedoelde groep behoort of de betekenis van de onderneming rangschikking in die groep wettigt. 9 Volgens artikel 22, lid 6, van de wet is voor de inschrijving van een in artikel 1, lid 7, genoemde rechtspersoon over elk kalenderjaar waarin de rechtspersoon is ingeschreven of behoort te zijn ingeschreven, aan de betrokken Kamer verschuldigd een bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag, dat is vastgesteld op 61 HFL. Deze bepaling is niet van toepassing indien de inschrijving van de aan de rechtspersoon toebehorende onderneming op grond van artikel 9c mede geldt als inschrijving van de rechtspersoon. 10 Artikel 26 bepaalt dat de bijdrage verschuldigd is door degene aan wie de onderneming behoort, dan wel, indien het de inschrijving van een in artikel 1, lid 7, van de wet genoemde rechtspersoon betreft, door de ingeschreven rechtspersoon. Behoort de onderneming aan meer dan één persoon, dan zijn allen hoofdelijk verbonden om deze bijdrage te betalen. 11 Verzoeksters in het hoofdgeding, aan geen van wie de forfaitaire heffing van 61 HFL is opgelegd, zijn bij de verwijzende rechter in beroep gekomen tegen het feit dat de Kamers van Koophandel en Fabrieken bezwaarschriften hebben verworpen die zij hadden ingediend tegen besluiten waarbij aan hen heffingen ter zake van de handelsregisterbijdrage werden opgelegd. 12 De verwijzende rechter vraagt zich in de eerste plaats af, of de handelsregisterbijdrage zich verdraagt met richtlijn 69/335, in het bijzonder gelet op het arrest van het Hof van 20 april 1993 (gevoegde zaken C-71/91 en C-178/91, Ponente Carni en Cispadana Costruzioni, Jurispr. 1993, blz. I-1915; hierna: "arrest Ponente Carni"). 13 Indien richtlijn 69/335 zich naar het oordeel van het Hof zou verzetten tegen de heffing van een bijdrage als de hier in geding zijnde, vraagt de verwijzende rechter zich voorts af, of gelet op de rechtspraak van het Hof, in het bijzonder het arrest van 25 juli 1991 (zaak C-208/90, Emmott, Jurispr. 1991, blz. I-4269), een Kamer van Koophandel en Fabrieken tegenover een vennootschap die terugbetaling van onwettige heffingen vordert, een beroep kan doen op een termijn van dertig dagen, zoals deze in de wet administratieve rechtspraak bedrijfsorganisatie wordt bepaald voor bezwaar en beroep. Blijkens de verwijzingsuitspraak was de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift in het geval van Denkavit verstreken. 14 Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft derhalve de behandeling van de zaak geschorst en het Hof bij uitspraak van 23 november 1993, ingekomen bij het Hof op 5 januari 1994, krachtens artikel 177 EG-Verdrag de volgende vragen voorgelegd: "1.a. Moet artikel 10 van richtlijn 69/335/EEG aldus worden uitgelegd dat behalve een belasting ter zake van de inschrijving van de in dat artikel bedoelde vennootschappen, verenigingen en rechtspersonen, ook een bijdrage zoals die welke jaarlijks verschuldigd is wegens de ° verplichte ° inschrijving van een onderneming bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken en waarvoor als maatstaf geldt de economische betekenis van de onderscheiden ondernemingen, zoals die tot uitdrukking komt in ° primair ° het in de onderneming werkzame vermogen, zonder meer valt onder het in dat artikel neergelegde verbod, zelfs indien geen verband bestaat tussen de verplichting tot inschrijving van de onderneming en de rechtsvorm van degene aan wie de onderneming toebehoort? Is, indien met een inschrijving als onder 1.a bedoeld tevens, met betrekking tot de eigenaar van de onderneming, de formaliteit wordt vervuld die wordt omschreven in artikel 10, onder c, van richtlijn 69/335/EEG, de wegens de inschrijving van de onderneming aan de eigenaar opgelegde heffing dan te beschouwen als een belasting in de zin van voormeld artikel, ook indien zulks niet gepaard gaat met een verhoging van de onder 1.a bedoelde heffing? 2. Bij bevestigende beantwoording van (een van) de vorige vragen: Kan onder het in artikel 12, onder e, van richtlijn 69/335/EEG gebezigde begrip 'rechten met het karakter van vergoeding' ook vallen een recht zoals een door een Kamer van Koophandel en Fabrieken opgelegde heffing, die behalve tot dekking van de kosten welke voor de Kamer zijn gemoeid met het opnemen van inschrijvingen in het door haar gehouden handelsregister, tevens strekt tot financiering van taken en activiteiten die de Kamer ten behoeve van het collectief van de in haar werkgebied gevestigde ondernemingen verricht, waarbij de kosten van die taken en activiteiten worden omgeslagen over de ondernemingen volgens de maatstaf van de economische betekenis van de onderscheiden ondernemingen zoals die tot uitdrukking komt in ° primair ° het in de onderneming werkzame vermogen? 3. Kan, indien van de onwettigheid van een heffing, zoals in de voorgaande vragen bedoeld, moet worden uitgegaan, aan de justitiabele die in het kader van een bij de nationale rechter aanhangig gemaakt geschil die onwettigheid inroept onder verwijzing naar richtlijn 69/335/EEG, de overschrijding van de door het nationale recht voorgeschreven rechtsmiddeltermijn niet worden tegengeworpen zolang de aan de belastingheffing ten grondslag liggende, met voormelde richtlijn onverenigbare nationale wettelijke voorschriften niet zijn ingetrokken?" 15 Om te beginnen dient te worden herinnerd aan de strekking en de inhoud van richtlijn 69/335, zoals nader omschreven in het arrest Ponente Carni. 16 Zoals blijkt uit haar considerans, strekt richtlijn 69/335 tot bevordering van het vrije kapitaalverkeer, dat essentieel wordt geacht voor de verwezenlijking van een economische unie waarvan de kenmerken overeenkomen met die van een binnenlandse markt. Het nastreven van dit doel veronderstelt met betrekking tot de belastingheffing op het bijeenbrengen van kapitaal, dat de tot dan toe in de Lid-Staten van kracht zijnde indirecte belastingen worden afgeschaft en vervangen door een eenmalig binnen de gemeenschappelijke markt geheven belasting, waarvan de hoogte in alle Lid-Staten gelijk is. 17 Daartoe voorziet richtlijn 69/335 in de heffing van een recht op de inbreng van kapitaal, dat, teneinde het kapitaalverkeer niet te verstoren, blijkens de zevende overweging van de considerans dient te worden geharmoniseerd binnen de Gemeenschap, niet alleen wat betreft de percentages, maar ook wat betreft de "structuur" (arrest van 27 juni 1979, zaak 161/78, Conradsen, Jurispr. 1979, blz. 2221, r.o. 11). Dit kapitaalrecht wordt geregeld door de bepalingen van de artikelen 2 tot en met 9 van de richtlijn. 18 Artikel 3 bepaalt, op welke kapitaalvennootschappen de bepalingen van richtlijn 69/335 van toepassing zijn; tot deze vennootschappen behoren met name de naamloze vennootschap, de commanditaire vennootschap op aandelen en de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 19 Artikel 4, artikel 8, zoals gewijzigd bij richtlijn 85/303/EEG van de Raad van 10 juni 1985 tot wijziging van richtlijn 69/335/EEG (PB 1985, L 156, blz. 23), en artikel 9 noemen, onverminderd de bepalingen van artikel 7, de verrichtingen die aan het kapitaalrecht zijn onderworpen, en bepaalde verrichtingen die door de Lid-Staten kunnen worden uitgezonderd. Volgens de bepalingen van lid 1, sub a, van artikel 4 behoort de oprichting van een kapitaalvennootschap tot de belastbare verrichtingen. 20 Richtlijn 69/335 voorziet eveneens, overeenkomstig de laatste overweging van haar considerans, in de afschaffing van andere indirecte belastingen die dezelfde kenmerken hebben als het kapitaalrecht of het zegelrecht op aandelen en waarvan handhaving de beoogde doelstellingen in gevaar zou kunnen brengen. Deze indirecte belastingen, waarvan de heffing verboden is, worden opgesomd in de artikelen 10 en 11 van de richtlijn. Artikel 10 bepaalt: "Behoudens het kapitaalrecht heffen de Lid-Staten met betrekking tot de op het maken van winst gerichte vennootschappen, verenigingen of rechtspersonen geen enkele andere belasting, in welke vorm ook, ter zake van: a) de in artikel 4 bedoelde verrichtingen; b) (...) c) de inschrijving of elke andere formaliteit die een op het maken van winst gerichte vennootschap, vereniging of rechtspersoon vanwege haar rechtsvorm in acht moet nemen alvorens met haar werkzaamheden te kunnen beginnen." 21 In artikel 12, lid 1, van richtlijn 69/335 wordt een limitatieve opsomming gegeven van de heffingen en rechten, anders dan het kapitaalrecht, die in afwijking van de artikelen 10 en 11 aan kapitaalvennootschappen kunnen worden opgelegd naar aanleiding van de verrichtingen bedoeld in deze artikelen (zie in deze zin arrest van 2 februari 1988, zaak 36/86, Dansk Sparinvest, Jurispr. 1988, blz. 409, r.o. 9). Artikel 12 van de richtlijn doelt met name, in lid 1, sub e, op "rechten met het karakter van een vergoeding". Lid 2 van artikel 12 verbiedt bepaalde vormen van discriminatie ten aanzien van de heffingen en rechten genoemd in lid 1 van datzelfde artikel. De eerste vraag 22 Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of een heffing als de Nederlandse handelsregisterbijdrage, voor zover zij jaarlijks verschuldigd is wegens de inschrijving van een onderneming bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken en deze verrichting mede geldt als inschrijving van de kapitaalvennootschap die in voorkomend geval eigenaar is van deze onderneming, zonder dat deze laatste formaliteit evenwel gepaard gaat met een verhoging van de betrokken heffing, onder de werkingssfeer van de bepalingen van artikel 10, sub c, van richtlijn 69/335 valt. 23 Artikel 10 van richtlijn 69/335, gelezen met inachtneming van haar laatste overweging, verbiedt met name indirecte belastingen die dezelfde kenmerken vertonen als het kapitaalrecht. Bedoeld zijn onder meer de belastingen die, in welke vorm ook, verschuldigd zijn voor de oprichting of vermeerdering van het vennootschappelijk kapitaal van een kapitaalvennootschap (artikel 10, sub a) of voor de inschrijving of elke andere formaliteit die een vennootschap vanwege haar rechtsvorm in acht moet nemen alvorens met haar werkzaamheden te kunnen beginnen (artikel 10, sub c). Zoals de advocaat-generaal in punt 44 van zijn conclusie heeft opgemerkt, wordt dit laatste verbod gerechtvaardigd door het feit dat hoewel de betrokken belastingen niet worden geheven over de inbreng van kapitaal als zodanig, zij niettemin worden geheven ter zake van formaliteiten die verband houden met de rechtsvorm van de vennootschap, dat wil zeggen het medium dat voor het bijeenbrengen van kapitaal wordt gebruikt, zodat de handhaving van deze belastingen eveneens de doelstellingen van de richtlijn zou dreigen te doorkruisen. 24 Gelijk de verwijzende rechter opmerkt, is in casu het belastbare feit van de onderhavige bijdrage volgens de Nederlandse wet niet de inschrijving van de vennootschap of rechtspersoon die eigenaar is van een onderneming, doch de inschrijving van de onderneming zelf. Het is een last die op basis van hun eigen vermogen rust op alle entiteiten die, buiten bepaalde sectoren, deelnemen aan het economisch verkeer en een winstoogmerk hebben. 25 Deze bijdrage is onafhankelijk van de rechtsvorm van de entiteit die eigenaar is van de onderneming waarvoor de belasting verschuldigd is. Het kan zowel een natuurlijk als een rechtspersoon zijn, een personenvennootschap of een kapitaalvennootschap. Daarentegen is een vennootschap die geen onderneming drijft, niet bijdrageplichtig en hoeft een vennootschap waaraan geen onderneming toebehoort binnen het gebied van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarin zij gevestigd is, deze bijdrage niet aan deze Kamer te betalen. 26 Onderhavige bijdrage kan dus geen verband houden met formaliteiten die kapitaalvennootschappen vanwege hun rechtsvorm in acht moeten nemen. Een onderneming waarvan de eigenaar in de loop van het jaar de rechtsvorm van een kapitaalvennootschap aanneemt, behoeft de betrokken bijdrage dus niet opnieuw te betalen. Indien deze nieuwe rechtspersoon het jaar daarop haar bijdrage niet betaalt, zal zij daarom nog niet het voordeel van haar inschrijving als vennootschap verliezen. 27 Zo gezien onderscheidt de onderhavige Nederlandse bijdrage zich van de Italiaanse heffing welke in het arrest Pontente Carni aan de orde was. Deze laatste werd namelijk specifiek geïnd bij de inschrijving van vennootschappen in het vennootschapsregister en vervolgens elk jaar als tegenprestatie voor de enkele instandhouding van hun inschrijving. 28 Aan de voorgaande uitlegging wordt niet afgedaan door het feit dat de inschrijving van een onderneming bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken volgens de Nederlandse wetgeving mede geldt als inschrijving van de rechtspersoon die eigenaar is van de onderneming, wanneer de statutaire zetel van deze rechtspersoon in het gebied van dezelfde Kamer gevestigd is. Deze bepaling, die overigens slechts in de Nederlandse wetgeving is ingevoerd ter verzekering van de omzetting van richtlijn 68/151, kan namelijk op zichzelf het belastbare feit van de onderhavige heffing niet wijzigen en deze maken tot een belasting welke verschuldigd is wegens de inschrijving van de rechtspersoon die eigenaar is van de onderneming, waar zij bovendien niet gepaard gaat met een verhoging van de betrokken bijdrage. 29 Aan deze conclusie wordt evenmin afgedaan door de door verzoeksters in het hoofdgeding aangevoerde en door de Nederlandse regering niet betwiste omstandigheid, dat elke kapitaalvennootschap wordt geacht een onderneming in de zin van de relevante Nederlandse wetgeving te drijven. Enerzijds geldt dit vermoeden niet voor de zogenaamde "lege" vennootschappen, dat wil zeggen vennootschappen die in het geheel geen activa meer hebben en daarom geen activiteiten meer ontplooien. Anderzijds betwisten verzoeksters in het hoofdgeding niet, dat elke oprichting van een vennootschap in beginsel is gericht op het drijven van een onderneming, doch zij leiden uit het feit dat de oprichting van een vennootschap correspondeert met het drijven van een onderneming, af dat de betrokken bijdrage moet worden geacht verschuldigd te zijn, wegens de inschrijving van de vennootschap. De omstandigheid dat elke kapitaalvennootschap in beginsel een onderneming drijft, kan het belastbare feit van de heffing, dat in dit geval eveneens is gelegen in de inschrijving van de onderneming zelf, evenwel niet wijzigen. 30 Subsidiair stelt Denkavit evenwel, dat haar activiteiten als houdstermaatschappij zich beperken tot het beheer en de financiering van haar dochterondernemingen. Zij zou als zodanig dus slechts aan de onderhavige heffing zijn onderworpen, voor zover zou worden vastgesteld dat houdstermaatschappijen geen ondernemingsactiviteiten in materiële zin uitoefenen. Ter terechtzitting heeft Denkavit in het bijzonder verwezen naar de arresten van het Hof van 20 juni 1991 (zaak C-60/90, Polysar Investments Netherlands, Jurispr. 1991, blz. I-3111) en 22 juni 1993 (zaak C-333/91, Sofitam, Jurispr. 1993, blz. I-3513). 31 In deze beide arresten heeft het Hof het louter financieel deelnemen in andere ondernemingen niet aanvaard als een economische activiteit in de zin van de Zesde richtlijn (77/187/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ° Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB 1977, L 145, blz. 1; hierna: "Zesde richtlijn"). Dit ligt volgens het Hof evenwel anders, wanneer de deelneming gepaard gaat met een zich direct of indirect moeien in het beheer van de vennootschappen waarin wordt deelgenomen, onverminderd de rechten die de houder van de deelnemingen als aandeelhouder of vennoot heeft. In elk geval heeft de uitlegging van het Hof slechts betrekking op de Zesde richtlijn. Zij kan niet dwingend gelden voor de Lid-Staten op een gebied waar het gemeenschapsrecht geen enkele specifieke bepaling bevat die de bevoegdheid van deze Lid-Staten beoogt uit te sluiten of te beperken. Zoals verweersters in het hoofdgeding en de Commissie ter terechtzitting hebben beklemtoond, staat het aan de Nederlandse wetgever om het begrip onderneming in de zin van de betrokken wettelijke regeling te definiëren. Bijgevolg moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 10, sub c, van richtlijn 69/335 aldus moet worden uitgelegd, dat het niet een heffing verbiedt, die jaarlijks verschuldigd is wegens de inschrijving van een onderneming bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken, zelfs indien deze verrichting mede geldt als inschrijving van de kapitaalvennootschap die in voorkomend geval eigenaar is van deze onderneming, zonder dat deze laatste formaliteit gepaard gaat met een verhoging van de betrokken heffing. De tweede en de derde vraag 33 Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeven de tweede en de derde vraag niet te worden beantwoord. Beslissing inzake de kosten Kosten 34 De kosten door de Nederlandse, de Deense, de Griekse en de Britse regering, alsmede door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Dictum HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door het College van Beroep voor het Bedrijfsleven bij uitspraak van 23 november 1993 gestelde vragen, verklaart voor recht: Artikel 10, sub c, van richtlijn 69/335/EEG van de Raad van 17 juli 1969 betreffende de indirecte belastingen op het bijeenbrengen van kapitaal, moet aldus worden uitgelegd, dat het niet een heffing verbiedt, die jaarlijks verschuldigd is wegens de inschrijving van een onderneming bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken, zelfs indien deze verrichting mede geldt als inschrijving van de kapitaalvennootschap die in voorkomend geval eigenaar is van deze onderneming, zonder dat deze laatste formaliteit gepaard gaat met een verhoging van de betrokken heffing.

62003CJ0346

de

1       Die Vorabentscheidungsersuchen betreffen die Rechtmäßigkeit der Entscheidung 97/612/EG der Kommission vom 16. April 1997 über die von der Region Sardinien (Italien) im Sektor Landwirtschaft gewährten Beihilfen (ABl. L 248, S. 27, im Folgenden: angefochtene Entscheidung). 2       Diese Ersuchen ergehen im Rahmen von zwei Rechtsstreitigkeiten zwischen Herrn Atzeni u. a. (im Folgenden: Atzeni u. a.) bzw. Herrn Scalas und Herrn Lilliu (im Folgenden: Scalas und Lilliu) einerseits und der Regione autonoma della Sardegna (im Folgenden: Region) andererseits über die von dieser geforderte Rückzahlung von bereits an die Betroffenen ausgezahlten Beihilfen und die Unterbrechung der Auszahlung weiterer Beihilfen. Das nationale Recht und die gewährten Beihilfen 3       Mit Artikel 5 des Regionalgesetzes Nr. 44 vom 13. Dezember 1988 (im Folgenden: Gesetz Nr. 44/88) wurde zugunsten landwirtschaftlicher Betriebe, deren Finanzlage durch widrige Ereignisse beeinträchtigt worden war, eine Beihilferegelung in Form von zinsverbilligten Darlehen eingeführt, um es den Betrieben zu ermöglichen, ihre Liquidität wiederherzustellen. Diese Darlehen sollten zur Konsolidierung kurzfristiger Verbindlichkeiten der betroffenen Betriebe verwendet werden und hatten eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren. 4       Die Regionalverwaltung (Giunta regionale) legte die konkreten Modalitäten für die Gewährung dieser Beihilfen fest, insbesondere, welche widrigen Ereignisse das Eingreifen der Region rechtfertigen sollten, die betroffenen Sektoren, den Darlehensbetrag im Verhältnis zur Verschuldung des Betriebes und die Laufzeit des Darlehens. 5       Seit 1988 hat die Regionalverwaltung in vier Fällen beschlossen, Beihilfen in Form zinsverbilligter Darlehen nach Artikel 5 des Gesetzes Nr. 44/88 zu gewähren (im Folgenden: vier Beihilfemaßnahmen). 6       Am 30. Dezember 1988 wurde eine erste Beihilfemaßnahme zugunsten von Erzeugnissen des Unterglasanbaus erlassen. Das widrige Ereignis, das das Eingreifen der Region rechtfertigte, war der Preisverfall für diese Erzeugnisse. Die einzige Voraussetzung für die Gewährung der Beihilfe war eine kurzfristige Verschuldung des Betriebes. Diese musste sich auf mindestens 75 % des Wertes der Bruttoerzeugung des Betriebes im Bezugsjahr belaufen. 7       Eine zweite Beihilfemaßnahme vom 27. Juni 1990 betraf forstwirtschaftliche Betriebe, die für einen rentablen Einschlag noch nicht reife Bestände besaßen. Die Beihilfe diente der Tilgung bzw. Konsolidierung der vor dem 30. Juni 1990 im Zusammenhang mit der Realisierung von Investitionen, der Bewirtschaftung der Bestände, Kontenüberziehungen, Lohnzahlungen, Pachtzahlungen und Zahlungen an Lieferanten fällig gewordenen Verbindlichkeiten. Die kurzfristige Verschuldung musste sich auf mindestens 75 % der Bruttoerzeugung des betroffenen Betriebes im Bezugsjahr belaufen. Die Laufzeit des Darlehens war auf 13 Jahre festgesetzt und umfasste einen tilgungsfreien Zeitraum von drei Jahren. 8       Eine dritte Beihilfemaßnahme vom 20. November 1990 betraf Kaninchenzüchter, die aufgrund einer im Frühjahr 1990 in der Region grassierenden Seuche mindestens 20 % ihres Tierbestands verloren hatten. Die zinsverbilligten Darlehen mit einer Laufzeit von 15 Jahren nach einem tilgungsfreien Zeitraum von drei Jahren konnten sich auf zwei Jahresraten oder vier Halbjahresraten von bereits eingegangenen langfristigen Verbindlichkeiten und einen Betrag in Höhe des Finanzbedarfs der betroffenen Betriebe während eines Jahres belaufen. 9       Die am 26. Juni 1992 beschlossene vierte Beihilfemaßnahme betraf alle landwirtschaftlichen Betriebe, die aufgrund einer sich fortlaufend verschlechternden Marktlage und witterungsbedingter Schwierigkeiten verschuldet waren. Die kurzfristige Verschuldung dieser Betriebe musste sich auf mindestens 51 % ihrer Bruttoerzeugung im Bezugsjahr 1991 belaufen. Die Laufzeit des Darlehens betrug 15 Jahre bei drei tilgungsfreien Jahren. Bei der Verschuldung wurden die 1991 laufenden Darlehen mit einer Laufzeit von weniger als zwölf Monaten berücksichtigt, auch wenn sie inzwischen bereits getilgt worden waren, sowie die Jahresraten mehrjähriger Darlehen, die 1991 fällig geworden oder gezahlt bzw. in den Vorjahren fällig geworden und noch nicht gezahlt worden waren. 10     Mit der im Rahmen dieser vierten Maßnahme gewährten Beihilfe konnten zinsverbilligte Betriebskredite, Schulden aufgrund mittelfristiger Darlehen, ausgenommen für den Kauf von Landmaschinen, und Jahresraten für mehrjährige zinsverbilligte Darlehen, die von der Region nach Naturkatastrophen gewährt wurden, gedeckt werden. Das Verfahren vor der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 11     Mit Schreiben vom 1. September 1992 meldete die Italienische Republik nach Artikel 93 Absatz 3 EG‑Vertrag (jetzt Artikel 88 Absatz 3 EG) das Regionalgesetz Nr. 17 vom 27. August 1992 (im Folgenden: Gesetz Nr. 17/92) bei der Kommission an. 12     Mit Artikel 12 des Gesetzes Nr. 17/92 wurde Artikel 5 des Gesetzes Nr. 44/88 geändert, das nicht bei der Kommission angemeldet worden war. 13     Mit Schreiben vom 1. August 1994 teilte die Kommission der Italienischen Republik mit, dass sie beschlossen habe, das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG‑Vertrag im Hinblick auf Artikel 5 des Gesetzes Nr. 44/88 und die vier Beihilfemaßnahmen einzuleiten. 14     Die italienische Regierung gab ihre Stellungnahme mit Schreiben vom 30. Januar, 25. August und 1. Dezember 1995 ab. 15     Die Kommission erließ die angefochtene Entscheidung am 16. April 1997. Die angefochtene Entscheidung 16     In Artikel 1 der angefochtenen Entscheidung stellte die Kommission fest, dass die von der Region nach Artikel 5 des Gesetzes Nr. 44/88 und den vier Beihilfemaßnahmen gewährten Beihilfen rechtswidrig seien, da sie nicht in der Planungsphase bei ihr angemeldet worden seien, und dass sie nach Artikel 92 Absätze 1 bis 3 EG‑Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 87 Absätze 1 bis 3 EG) mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar seien. 17     In Artikel 2 der angefochtenen Entscheidung verpflichtete die Kommission die Italienische Republik, die betreffenden Beihilfen innerhalb von zwei Monaten vom Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Entscheidung aufzuheben und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um innerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe die bereits ausgezahlten Beträge wieder einzuziehen. Ausgangsverfahren und Vorlagefragen 18     Nachdem die angefochtene Entscheidung ergangen war, hob der Regionalrat Artikel 5 des Gesetzes Nr. 44/88 auf und erließ am 18. Dezember 1997 die Dekrete zur Rückforderung bereits gewährter Beihilfen (im Folgenden: Dekrete vom Dezember 1997). Rechtssache C‑346/03 19     Mit Klageschrift vom 23. Januar 2002 erhoben die Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe Atzeni u. a. Klage beim Tribunale Cagliari auf Feststellung, dass die Dekrete vom Dezember 1997 nicht anwendbar gewesen seien, und auf Verurteilung der Region zur Zahlung der nach den vier Beihilfemaßnahmen noch ausstehenden Beihilfebeträge. 20     Hilfsweise beantragten Atzeni u. a., festzustellen, dass die Region die beihilferechtlichen Gemeinschaftsvorschriften und verschiedene Grundsätze, insbesondere die der Transparenz und der ordnungsgemäßen Verwaltung, verletzt habe. Sie beantragten außerdem die Verurteilung der Region zum Ersatz des Schadens, den diese ihnen dadurch verursacht habe, dass sie es unterlassen habe, die Kläger über die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 93 Absatz 2 EG‑Vertrag und den Erlass der angefochtenen Entscheidung zu informieren sowie ihnen die Dekrete vom Dezember 1997 und vom 16. November 2001 mitzuteilen. 21     Das vorlegende Gericht hat es für erforderlich gehalten, den Gerichtshof nach der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu fragen, die die Grundlage für die Dekrete vom Dezember 1997 darstellt. Das Tribunale Cagliari hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt: Ist die angefochtene Entscheidung in Anbetracht folgender Mängel ungültig: a)      fehlende Zuständigkeit der Kommission für den Erlass der angefochtenen Entscheidung wegen Verstoßes gegen die Artikel 38, 40 und 43 EG‑Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 32 EG, 34 EG und 37 EG), 39, 41, 42 und 46 EG‑Vertrag (jetzt Artikel 33 EG, 35 EG, 36 EG und 38 EG); b)      Verstoß gegen die Vorschriften, die das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 1 EG‑Vertrag regeln; c)      Verstoß gegen die Vorschriften, die das Verfahren nach Artikel 93 Absätze 2 und 3 EG‑Vertrag regeln; d)      mangelhafte Begründung der Entscheidung nach Artikel 190 EG‑Vertrag (jetzt Artikel 253 EG) in Verbindung mit den Artikeln 93 Absatz 3 und 92 Absatz 1 EG‑Vertrag; e)      Verletzung und falsche Anwendung der Verordnung Nr. 797/85 des Rates zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur; f)      Verletzung und Nichtbeachtung der „Vorschriften für Beihilfen zugunsten in Schwierigkeiten geratener landwirtschaftlicher Betriebe“ und der „Leitlinien für die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten“? Rechtssache C‑529/03 22     Mit Klageschrift vom 31. Juli 2002 erhoben Scalas und Lilliu als Bevollmächtigte von 389 Personen beim Tribunale Cagliari Klage auf Feststellung, dass keine Pflicht zur Rückzahlung der von der Region in Anwendung der vier Beihilfemaßnahmen gewährten Beihilfen bestehe, oder hilfsweise auf Verurteilung der Region zum Ersatz des den betroffenen Landwirten entstandenen Schadens. 23     Das Tribunale Cagliari hat das Verfahren ausgesetzt und den Gerichtshof ersucht, die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf die sechs in der Rechtssache C‑346/03 angeführten und in Randnummer 21 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Gesichtspunkte sowie auf drei Vorlagefragen zu prüfen, die wie folgt formuliert werden können: 1.      Verstößt die angefochtene Entscheidung in Anbetracht der zwischen den vier folgenden Schritten, nämlich der Veröffentlichung des Gesetzes Nr. 44/88 im Jahr 1988, der Einleitung des Vertragsverletzungsverfahrens im Jahr 1994, dem Erlass der angefochtenen Entscheidung im Jahr 1997 und der Bekanntgabe der Rückzahlungsaufforderung gegenüber den Landwirten im November 2001, verstrichenen Zeit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes? 2.      Ist die angefochtene Entscheidung insoweit hinreichend begründet, als sie feststellt, dass die fraglichen Beihilfen „den Wettbewerb verfälschen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen“, ohne die konkrete Form der jeweils gewährten Beihilfe zu untersuchen, ohne zu berücksichtigen, dass die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen auf Sardinien verhindern, dass die lokale Erzeugung den Wettbewerb in den Mitgliedstaaten stören könnte oder eine solche Gefahr bestünde, ohne der Besorgnis erregenden lokalen Lage in Bezug auf die Arbeitslosigkeit Rechnung zu tragen und ohne einen stichhaltigen Grund für den Ausschluss der Beihilfen anzugeben, die dazu bestimmt waren, den Folgen von Naturkatastrophen oder anderen außergewöhnlichen Ereignissen abzuhelfen? 3.      Weist die angefochtene Entscheidung auch insoweit einen Begründungsmangel auf, als die gewährten Beihilfen als „Betriebsbeihilfen“ für kurzfristige Verbindlichkeiten eingestuft werden, ohne zu berücksichtigen, dass sie auf eine langfristige Umschuldung von Verbindlichkeiten abzielten, die bereits bestanden, aber wegen auf betriebsfremde Faktoren, wie z. B. außergewöhnliche Witterungsbedingungen, zurückzuführender Schwierigkeiten nicht bedient worden waren? 24     Mit Beschluss vom 6. Mai 2004 sind die Rechtssachen C‑346/03 und C‑529/03 zu gemeinsamem mündlichem Verfahren und zu gemeinsamer Entscheidung verbunden worden. Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens 25     Mit Schreiben vom 19. September 2005 haben Atzeni u. a. sowie Scalas und Lilliu beim Gerichtshof die Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens nach Artikel 61 der Verfahrensordnung beantragt. Zur Begründung ihres Antrags haben sie geltend gemacht, dass das Ausgangsverfahren komplex sei und dass sie nicht mit den Schlussanträgen des Generalanwalts übereinstimmten. 26     Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof von Amts wegen, auf Vorschlag des Generalanwalts oder auf Antrag der Parteien die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung anordnen kann, wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen als entscheidungserheblich ansieht (vgl. Urteile vom 19. Februar 2002 in der Rechtssache C‑309/99, Wouters u. a., Slg. 2002, I‑1577, Randnr. 42, und vom 14. Dezember 2004 in der Rechtssache C‑210/03, Swedish Match, Slg. 2004, I‑11893, Randnr. 25). 27     Im vorliegenden Fall haben Atzeni u. a. sowie Scalas und Lilliu nichts vorgetragen, was eine Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens rechtfertigen könnte, und der Gerichtshof ist nach Anhörung des Generalanwalts der Ansicht, dass er über sämtliche Angaben verfügt, die er für die Beantwortung der gestellten Fragen benötigt. Der Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens ist daher zurückzuweisen. Zu den Vorabentscheidungsfragen Vorbemerkungen 28     Mit seinen in den Randnummern 21 und 23 des vorliegenden Urteils wiedergegebenen Fragen fragt das Tribunale Cagliari den Gerichtshof nach der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf folgende Aspekte, die den in diesen Fragen aufgeworfenen Gesichtspunkten entsprechen: –       die Rechtsgrundlage der angefochtenen Entscheidung und ihre Bedeutung für die Zuständigkeit der Kommission für den Erlass der Entscheidung (C‑346/03, Buchstabe a); –       Nichtanwendung des Artikels 93 Absatz 1 EG‑Vertrag über bestehende Beihilfen (C‑346/03, Buchstabe b); –       überlange Dauer des Verfahrens, die dessen Ordnungsmäßigkeit und das berechtigte Vertrauen der Beihilfeempfänger beeinträchtigt (C‑346/03, Buchstabe c, und C‑529/03, Frage 1); –       unzureichende Begründung und Beurteilungsfehler hinsichtlich der Vereinbarkeit der vier Beihilfemaßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt (C‑346/03, Buchstaben d, e und f, sowie C‑529/03, Fragen 2 und 3). 29     Darüber hinaus wirft das Tribunale Cagliari die Frage der Zulässigkeit der Vorlagefragen auf. In Anbetracht der Bemerkungen des vorlegenden Gerichts und der Erklärungen von Scalas und Lilliu sowie der Kommission zu diesem Punkt ist diese Frage zuerst zu prüfen. Zur Zulässigkeit der Vorlagefragen 30     Die Frage der Zulässigkeit der Vorlagefragen stellt sich insoweit, als Atzeni u. a. am 25. Januar 2002 bereits eine Klage auf Nichtigerklärung der angefochtenen Entscheidung beim Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften erhoben haben. Mit Beschluss vom 29. Mai 2002 in der Rechtssache T‑21/02 (Atzeni u. a./Kommission, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht) hat das Gericht die Klage wegen Verspätung als unzulässig abgewiesen, ohne sich jedoch zu einem von der Kommission geltend gemachten zweiten Unzulässigkeitsgrund – fehlendes Rechtsschutzinteresse der Kläger vor dem Gericht – zu äußern. Hätten die Kläger ein Rechtsschutzinteresse gehabt, ihre Klage aber lediglich nicht fristgemäß erhoben, wären die vorliegenden Vorabentscheidungsersuchen bezüglich der Gültigkeit der angefochtenen Entscheidung vor dem Gerichtshof unzulässig. 31     Die Erfordernisse der Rechtssicherheit, insbesondere die sich aus dem Grundsatz der Bestandskraft ergebenden, schließen es nämlich aus, dass der Empfänger einer Beihilfe, der eine auf der Grundlage von Artikel 93 EG‑Vertrag erlassene Entscheidung der Kommission, die diese Beihilfe zum Gegenstand hatte, hätte anfechten können und die hierfür in Artikel 173 Absatz 5 EG‑Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 230 Absatz 5 EG) vorgesehene Ausschlussfrist hat verstreichen lassen, die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidung vor den nationalen Gerichten anlässlich einer Klage gegen die von den nationalen Behörden getroffenen Maßnahmen zur Durchführung der Entscheidung erneut in Frage stellen kann. Ließe man in derartigen Fällen zu, dass sich der Betroffene vor dem nationalen Gericht unter Berufung auf die Rechtswidrigkeit der Entscheidung ihrer Durchführung widersetzen kann, würde ihm damit die Möglichkeit geboten, die Bestandskraft zu umgehen, die die Entscheidung ihm gegenüber nach Ablauf der Klagefrist besitzt (vgl. Urteil vom 9. März 1994 in der Rechtssache C‑188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, Slg. 1994, I‑833, Randnrn. 17 und 18). 32     In der dem Urteil TWD Textilwerke Deggendorf zugrunde liegenden Rechtssache erwähnte die an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtete Entscheidung der Kommission ausdrücklich den Empfänger der fraglichen Einzelbeihilfe, und der Mitgliedstaat hatte diesem die Entscheidung mitgeteilt und ihn darauf hingewiesen, dass er sie mit einer Klage anfechten könne. 33     In den Ausgangsverfahren betrifft die angefochtene Entscheidung, die an die Italienische Republik gerichtet ist, hingegen Regelungen über Beihilfen, die für allgemein umschriebene Personengruppen und nicht für genau bezeichnete Empfänger bestimmt sind. Der Mitgliedstaat hat diese Entscheidung darüber hinaus weder Atzeni u. a. noch einem anderen Empfänger der fraglichen Beihilfen bekannt gegeben. 34     Somit war es anders als im dem Urteil TWD Textilwerke Deggendorf zugrunde liegenden Fall nicht offensichtlich, dass eine von den Empfängern der vier Beihilfemaßnahmen gegen die angefochtene Entscheidung erhobene Nichtigkeitsklage zulässig gewesen wäre. Die Vorabentscheidungsersuchen sind daher als zulässig anzusehen. Zur Rechtsgrundlage der angefochtenen Entscheidung und ihrer Bedeutung für die Zuständigkeit der Kommission für den Erlass dieser Entscheidung Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen 35     Scalas und Lilliu tragen vor, dass die Wettbewerbsregeln, insbesondere die der Artikel 92 und 93 EG‑Vertrag, nicht auf den Agrarsektor anwendbar seien. Unter Hinweis auf Artikel 42 EG‑Vertrag machen sie geltend, dass diese Regeln nur anwendbar seien, soweit der Rat der Europäischen Union dies bestimme. Die auf der Grundlage des Artikels 42 EWG‑Vertrag (jetzt Artikel 42 EG) erlassene Verordnung Nr. 26 des Rates zur Anwendung bestimmter Wettbewerbsregeln auf die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeugnissen (ABl. 1962, Nr. 30, S. 993) sehe nur eine sehr begrenzte Anwendung der beihilferechtlichen Bestimmungen des Vertrages im Agrarsektor vor. Die Kommission habe daher weder das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG‑Vertrag einleiten noch die angefochtene Entscheidung über die Aufhebung der gewährten Beihilfen erlassen können. 36     Die Kommission ist der Ansicht, dass alle Regelungen des EG‑Vertrags über staatliche Beihilfen in den Artikeln 92 und 93 EG‑Vertrag auf die vier Beihilfemaßnahmen anwendbar seien: –       Die Beihilfen für die Kaninchenzüchter unterlägen diesen Vorschriften nach der Verordnung (EWG) Nr. 827/68 des Rates vom 28. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für bestimmte in Anhang II des Vertrages aufgeführte Erzeugnisse (ABl. L 151, S. 16); –       die Beihilfen für die forstwirtschaftlichen Betriebe fielen unmittelbar in den Anwendungsbereich dieser Vorschriften; –       die Beihilfen für den Unterglasanbau und die Beihilfen für die verschuldeten landwirtschaftlichen Betriebe müssten diesen Vorschriften entweder entsprechen, weil sie sich auf Erzeugnisse bezögen, die von einer gemeinsamen Marktorganisation erfasst würden, und somit nach der Verordnung zur Errichtung dieser Marktorganisation unter diese Vorschriften fielen oder deshalb, weil sie in den Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 797/85 des Rates vom 12. März 1985 zur Verbesserung der Effizienz der Agrarstruktur (ABl. L 93, S. 1) oder ihrer Nachfolgerin, der Verordnung (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 (ABl. L 218, S. 1), fielen. Antwort des Gerichtshofes 37     Nach Artikel 42 EG‑Vertrag finden die Wettbewerbsregeln auf die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse, wie sie in Artikel 38 EG‑Vertrag definiert sind, und den Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als der Rat dies bestimmt. 38     Dieser hat verschiedene Verordnungen erlassen. 39     Zunächst sieht die Verordnung Nr. 26 eine auf Artikel 93 Absätze 1 und 3 Satz 1 EG‑Vertrag beschränkte Anwendung der Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen im Agrarsektor vor. Bei unter diese Verordnung fallenden Erzeugnissen ist die Kommission daher nicht befugt, das Verfahren nach Artikel 93 Absatz 2 EG‑Vertrag zu eröffnen. Sie kann Stellung nehmen, nicht aber der Gewährung der fraglichen Beihilfen widersprechen. 40     Sodann sehen die für die meisten landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Sinne des Artikels 38 EG‑Vertrag erlassenen Verordnungen über die gemeinsame Marktorganisation vor, dass alle Regelungen des EG‑Vertrags über staatliche Beihilfen in den Artikeln 92, 93 und 94 EG‑Vertrag (Letzterer jetzt Artikel 89 EG) – gegebenenfalls vorbehaltlich bestimmter Grenzen – anwendbar sind. Folglich fallen nur die keiner gemeinsamen Marktorganisation unterliegenden Erzeugnisse unter die Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen, deren Anwendung durch die Verordnung Nr. 26 eingeschränkt ist. 41     Schließlich wurden verschiedene andere Verordnungen erlassen, insbesondere die Verordnung Nr. 797/85 mit Vorschriften über die Gewährung von staatlichen Beihilfen, aus denen sich ergibt, dass Beihilfemaßnahmen, die von den in der jeweiligen Verordnung enthaltenen Regeln abweichen, zugelassen werden können, wenn sie im Einklang mit den Artikeln 92 bis 94 EG‑Vertrag erlassen werden. 42     Es ist folglich zu prüfen, ob die von den vier Beihilfemaßnahmen betroffenen Erzeugnisse landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Artikels 38 EG‑Vertrag sind und, wenn ja, inwieweit sie den Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen unterworfen sind. 43     Die Beihilfemaßnahme zugunsten der forstwirtschaftlichen Betriebe bezieht sich auf einen nicht in der Liste der landwirtschaftlichen Erzeugnisse in Anhang II des EG‑Vertrags aufgeführten Sektor, nämlich den Forstsektor, und betrifft daher kein landwirtschaftliches Erzeugnis im Sinne des Artikels 38 EG‑Vertrag. Die Beihilfen für die forstwirtschaftlichen Betriebe sind daher nicht Gegenstand einer Sonderregelung, sondern fallen voll und ganz unter die Artikel 92 und 93 EG‑Vertrag. 44     Die Beihilfemaßnahme zugunsten der Kaninchenzüchter betrifft ein landwirtschaftliches Erzeugnis, das Gegenstand einer mit der Verordnung Nr. 827/68 errichteten gemeinsamen Marktorganisation ist. Nach Artikel 5 dieser Verordnung sind die Artikel 92 und 93 EG‑Vertrag auf die Erzeugung und den Handel mit diesen Erzeugnissen uneingeschränkt anwendbar. 45     Die beiden anderen Beihilfemaßnahmen schließlich beziehen sich auf den Unterglasanbau und auf verschuldete landwirtschaftliche Betriebe und können daher eine Vielzahl landwirtschaftlicher Erzeugnisse betreffen. 46     Es ist nicht vorgetragen worden, dass diese Maßnahmen Erzeugnisse betreffen, die keiner gemeinsamen Marktorganisation unterliegen und daher unter die Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen fallen, deren Anwendung durch die Verordnung Nr. 26 eingeschränkt ist. 47     Die Beihilfen für die verschuldeten landwirtschaftlichen Betriebe beziehen sich nicht auf spezifische Erzeugnisse, sondern stellen vielmehr allgemeine Hilfen für diese Betriebe dar. Sie könnten daher insbesondere in den Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 797/85 fallen, deren Artikel 31 jedenfalls auf die Vertragsbestimmungen über staatliche Beihilfen verweist. 48     Demnach hat die Kommission die angefochtene Entscheidung dadurch, dass sie die vier Beihilfemaßnahmen auf der Grundlage der Artikel 92 und 93 EG‑Vertrag geprüft hat, nicht auf eine falsche Rechtsgrundlage gestützt, so dass sie für den Erlass dieser Entscheidung zuständig war. Zur Nichtanwendung des Artikels 93 Absatz 1 EG‑Vertrag über bestehende Beihilfen Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen 49     Scalas und Lilliu machen geltend, dass die vier Beihilfemaßnahmen nicht nur auf das Gesetz Nr. 44/88, sondern auch auf ein früheres Gesetz aus dem Jahr 1928 gestützt seien, das im Gesetz Nr. 44/88 zitiert werde. Die Kommission hätte diese Maßnahmen daher nicht unter Zugrundelegung des Artikels 93 Absatz 3 EG‑Vertrag über neue Beihilfen, sondern des Artikels 93 Absatz 1 EG‑Vertrag prüfen müssen, der auf bestehende Beihilfen anwendbar sei. Nach der letztgenannten Bestimmung hätten die auf den vier im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Maßnahmen beruhenden Beihilfen bis zum Erlass der angefochtenen Entscheidung durch die Kommission rechtmäßig weiter ausgezahlt werden können und brauchten daher nicht zurückgezahlt zu werden. 50     Nach Ansicht der Kommission geht dieses Vorbringen fehl. Antwort des Gerichtshofes 51     Als neue Beihilfen sind Maßnahmen anzusehen, die nach dem Inkrafttreten des EG‑Vertrags erlassen worden und auf die Einführung oder Umgestaltung von Beihilfen gerichtet sind, wobei sich die Umgestaltung auf bestehende Beihilfen oder auf der Kommission mitgeteilte ursprüngliche Vorhaben beziehen kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 17. Juni 1999 in der Rechtssache C‑295/97, Piaggio, Slg. 1999, I‑3735, Randnr. 48). 52     Die bloße Erwähnung eines Gesetzes von 1928 im Gesetz Nr. 44/88 genügt daher keineswegs für den Nachweis, dass die vier Beihilfemaßnahmen auf das Gesetz von 1928 gestützt sind und bestehende Beihilfen darstellen, denn dieses Gesetz ist später geändert und ergänzt worden. 53     Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorliegenden Informationen, dass die vier Beihilfemaßnahmen unmittelbar auf Artikel 5 des Gesetzes Nr. 44/88 gestützt sind, der die Gewährung von zinsverbilligten Darlehen erlaubt, um die Liquidität landwirtschaftlicher Betriebe wiederherzustellen, deren wirtschaftliche Lage sich infolge widriger Ereignisse verschlechtert hat. 54     Daraus folgt, dass die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Beihilfen neue Beihilfen und keine bestehenden Beihilfen sind und dass die Kommission keinen Rechtsfehler begangen hat, als sie sich nicht auf Artikel 93 Absatz 1 EG‑Vertrag gestützt hat. Zu der als überlang gerügten Dauer des Verfahrens, die dessen Ordnungsmäßigkeit und den Grundsatz des Vertrauensschutzes beeinträchtigen soll Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen 55     Scalas und Lilliu tragen vor, dass die Kommission bei der Prüfung der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Beihilfen nicht mit der gebotenen Eile gehandelt habe. Die Kommission hätte diese Prüfung unverzüglich vornehmen müssen, nachdem das Gesetz Nr. 44/88 mit Schreiben vom 1. September 1992 bei ihr angemeldet worden sei. Sie hätte innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt des Schreibens zu den vier Beihilfemaßnahmen Stellung nehmen und der Italienischen Republik aufgeben müssen, die Auszahlung der Beihilfe unverzüglich auszusetzen. 56     Stattdessen habe die Kommission zunächst zwei Jahre verstreichen lassen, bevor sie 1994 ein förmliches Prüfverfahren eingeleitet habe, und dann weitere drei Jahre, bevor sie 1997 die angefochtene Entscheidung erlassen habe. So seien zwischen der Einführung der Beihilferegelung 1988 und dem Erlass dieser Entscheidung über neun Jahre und zwischen dieser Einführung und der Bekanntgabe der Dekrete vom Dezember 1997 gegenüber den Beteiligten im November 2001 über dreizehn Jahre vergangen. In Anbetracht dieser Zeitspannen sei der Grundsatz des Vertrauensschutzes verletzt. 57     Die Kommission hält die gegen sie erhobenen Vorwürfe für unbegründet und macht geltend, dass die italienische Regierung für die einzelnen Verzögerungen verantwortlich sei. Diese habe auf zwei Anfragen der Kommission erst nach fünf bzw. sechs Monaten reagiert. Antwort des Gerichtshofes 58     Was den Vorwurf eines Verfahrensfehlers angeht, der in unangemessenen Verzögerungen bei der Prüfung der vier Beihilfemaßnahmen durch die Kommission liegen soll, so ist erstens festzustellen, dass bestimmte Verzögerungen der italienischen Regierung zur Last zu legen sind. 59     So hat die italienische Regierung es versäumt, das Gesetz Nr. 44/88 vor seinem Erlass bei der Kommission anzumelden und diese erst vier Jahre später davon in Kenntnis gesetzt. 60     Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten ergibt sich ferner, dass sich die Kommission allein anhand einer Prüfung des Wortlauts des Gesetzes nicht zur Rechtmäßigkeit der darin enthaltenen Beihilferegelung äußern konnte. Sie benötigte weitere Informationen, die sie von der italienischen Regierung anforderte. Diese hat die Anfragen der Kommission aber wiederholt – bisweilen um mehrere Monate – verspätet beantwortet. 61     Zweitens ist darauf hinzuweisen, dass die Dauer des Verfahrens zur Prüfung des Gesetzes Nr. 44/88 und der vier Beihilfemaßnahmen durch die Kommission zwar relativ lang erscheint, dass diese aber bis zum Erlass der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. März 1999 über besondere Vorschriften für die Anwendung von Artikel 93 EG‑Vertrag (ABl. L 83, S. 1) keine besonderen Fristen einzuhalten hatte. Um das grundlegende Erfordernis der Rechtssicherheit zu wahren, musste sie jedoch trotz fehlender entsprechender Vorschriften bestrebt sein, nicht unbegrenzt lange zu warten, ehe sie von ihren Befugnissen Gebrauch machte (vgl. Urteil vom 24. September 2002 in den Rechtssachen C‑74/00 P und C‑75/00 P, Falck und Acciaierie di Bolzano/Kommission, Slg. 2002, I‑7869, Randnr. 140). 62     Wie der Generalanwalt bei seiner Analyse der Zeitabläufe in den Nummern 160 bis 167 seiner Schlussanträge festgestellt hat, hat die Prüfung des Verfahrensablaufs keine Verzögerung erkennen lassen, die dieses grundlegende Erfordernis verletzt hätte. So hat sich eine erste Phase von 1992 bis 1994 als erforderlich erwiesen, um die relevanten Tatsachen zu ermitteln, da die italienische Regierung das Gesetz Nr. 44/88 und die vier Beihilfemaßnahmen nicht von sich aus angemeldet hatte. Eine zweite Phase erstreckte sich von 1994 bis zum Erlass der angefochtenen Entscheidung 1997. In dieser zweiten Phase hielt die Kommission es für zweckmäßig, die Regierung wiederholt um Auskünfte zu ersuchen, insbesondere weil die italienische Regelung im letzten Quartal 1995 geändert worden war. 63     Was den Vorwurf einer Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes betrifft, so ist auf die ständige Rechtsprechung des Gerichtshofes im Bereich der Beihilfen hinzuweisen. 64     Da die Überwachung der staatlichen Beihilfen durch die Kommission in Artikel 93 EG‑Vertrag zwingend vorgeschrieben ist, darf ein beihilfebegünstigtes Unternehmen auf die Ordnungsmäßigkeit der Beihilfe grundsätzlich nur dann vertrauen, wenn diese unter Einhaltung des in diesem Artikel vorgesehenen Verfahrens gewährt wurde. Einem sorgfältigen Gewerbetreibenden ist es regelmäßig möglich, sich zu vergewissern, dass dieses Verfahren eingehalten wurde (vgl. Urteil vom 20. März 1997 in der Rechtssache C‑24/95, Alcan Deutschland, Slg. 1997, I‑1591, Randnr. 25). 65     Wird eine Beihilfe ohne vorherige Anmeldung bei der Kommission gewährt, so dass sie gemäß Artikel 93 Absatz 3 EG‑Vertrag rechtswidrig ist, kann der Empfänger dieser Beihilfe zu diesem Zeitpunkt kein berechtigtes Vertrauen in die Ordnungsmäßigkeit ihrer Gewährung haben (vgl. Urteile Alcan Deutschland, Randnrn. 30 und 31, und vom 11. November 2004 in den Rechtssachen C‑183/02 P und C‑187/02 P, Demesa und Territorio Histórico de Álava/Kommission, Slg. 2004, I‑10609, Randnr. 45). 66     Da das Gesetz Nr. 44/88 nicht ordnungsgemäß bei der Kommission angemeldet worden war, konnten die betroffenen sardischen Landwirte somit kein Vertrauen in die Rechtmäßigkeit der ihnen gewährten Beihilfen haben, und die behauptete Langsamkeit des Verfahrens konnte ein solches Vertrauen nicht entstehen lassen. 67     Daraus folgt, dass der Nachweis einer unangemessenen Verzögerung, die einen Verfahrensfehler oder eine Verletzung des Grundsatzes des Vertrauensschutzes darstellen kann, nicht erbracht worden ist. Zum Vorwurf einer unzulänglichen Begründung und zur Rüge eines Beurteilungsfehlers in Bezug auf die Vereinbarkeit der Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt Vorbemerkungen 68     Das vorlegende Gericht ersucht den Gerichtshof um Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung im Hinblick auf, erstens, die Begründungspflicht, und, zweitens, die Beurteilung der Vereinbarkeit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt. Was den zweiten Punkt angeht, so möchte das vorlegende Gericht wissen, ob die Kommission bei dieser Beurteilung insbesondere Artikel 92 Absätze 2 Buchstabe b und 3 Buchstabe a EG‑Vertrag beachtet hat, und zwar in Anbetracht der zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens bestehenden Praxis der Kommission in diesem Bereich (im Folgenden wie in der angefochtenen Entscheidung: besondere Vorschriften der Kommission für Beihilfen zugunsten in Schwierigkeiten geratener landwirtschaftlicher Betriebe) und der Leitlinien für die Beurteilung von staatlichen Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (ABl. 1994, C 368, S. 12, im Folgenden: Leitlinien). Das vorlegende Gericht stellt ferner die Frage, ob die angefochtene Entscheidung gegen die Verordnung Nr. 797/85 verstößt. Beim Gerichtshof eingereichte Erklärungen 69     Scalas und Lilliu tragen vor, dass die angefochtene Entscheidung unzureichend begründet sei, da nicht ausgeführt werde, wie die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Beihilfen den Wettbewerb bedroht hätten oder hätten bedrohen können. Insbesondere sei die Prüfung der Wirkungen der Entscheidung auf den Wettbewerb unvollständig, da sie keine Marktbeschreibung umfasse. 70     Die angefochtene Entscheidung sei auch im Hinblick auf die Auswirkung auf den Handel unzureichend begründet. In Anbetracht der wirtschaftlichen und sozialen Situation Sardiniens sei es ausgeschlossen, dass der Handel durch die Beihilfen beeinträchtigt werden könne. 71     Jedenfalls seien die Beihilfen mit Artikel 92 Absätze 2 Buchstabe b und 3 Buchstaben a und c EG‑Vertrag vereinbar. Die Kommission habe auch die Kriterien falsch angewandt, die in den besonderen Vorschriften der Kommission für Beihilfen zugunsten in Schwierigkeiten geratener landwirtschaftlicher Betriebe sowie in den Leitlinien, die zudem nicht bindend seien, herausgearbeitet worden seien. Darüber hinaus habe die Kommission die Richtlinien 72/159/EWG des Rates vom 17. April 1972 über die Modernisierung der landwirtschaftlichen Betriebe (ABl. L 96, S. 1) und 75/268/EWG des Rates vom 28. April 1975 über die Landwirtschaft in Berggebieten und in bestimmten benachteiligten Gebieten (ABl. L 128, S. 1) sowie die Verordnung Nr. 797/85 falsch angewandt. 72     Die Kommission macht geltend, dass die angefochtene Entscheidung alle Begründungserfordernisse erfülle. Was die Vereinbarkeit der im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt angehe, so seien die Kriterien, nach denen die streitigen Beihilfen durch Artikel 92 Absätze 2 Buchstabe b und 3 EG‑Vertrag gedeckt sein könnten, nicht erfüllt. Antwort des Gerichtshofes 73     Was die Begründungspflicht nach Artikel 190 EG‑Vertrag betrifft, so muss die Begründung der Natur des betreffenden Rechtsakts angepasst sein und die Überlegungen des Gemeinschaftsorgans, das den Rechtsakt erlassen hat, so klar und eindeutig zum Ausdruck bringen muss, dass die Betroffenen ihr die Gründe für die erlassene Maßnahme entnehmen können und das zuständige Gericht seine Kontrollaufgabe wahrnehmen kann. Je nach den Umständen des Einzelfalls brauchen in der Begründung nicht alle tatsächlich oder rechtlich einschlägigen Gesichtspunkte genannt zu werden, da die Frage, ob die Begründung eines Rechtsakts den Erfordernissen des Artikels 190 EG‑Vertrag genügt, nicht nur anhand seines Wortlauts zu beurteilen ist, sondern auch anhand seines Kontextes sowie sämtlicher Rechtsvorschriften auf dem betreffenden Gebiet (vgl. u. a. Urteil des Gerichtshofes vom 19. September 2002 in der Rechtssache C‑113/00, Königreich Spanien/Kommission, Slg. 2002, I‑7601, Randnrn. 47 und 48). 74     Bei Beihilfen, die nicht in der Planungsphase angemeldet wurden, muss die Kommission in der Begründung ihrer Entscheidung daher zumindest die Umstände aufführen, unter denen diese Beihilfen gewährt worden sind, wenn sie den Nachweis ermöglichen, dass die Beihilfen geeignet sind, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, sie ist jedoch nicht verpflichtet, die tatsächlichen Auswirkungen bereits gewährter Beihilfen darzutun. Wäre dies nämlich der Fall, so würde dieses Erfordernis diejenigen Mitgliedstaaten, die Beihilfen unter Verstoß gegen die Mitteilungspflicht gemäß Artikel 93 Absatz 3 EG‑Vertrag zahlen, zu Lasten derjenigen begünstigen, die die Beihilfen in der Planungsphase anmelden (Urteil Königreich Spanien/Kommission, Randnr. 54). 75     Im vorliegenden Fall hat die Kommission in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, inwiefern die gewährten Beihilfen ihren Empfängern einen Vorteil verschafft haben. Die Kommission weist ebenfalls darauf hin, dass bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen jede Beihilfe für die nationale Erzeugung den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen kann. Sie hat daher erläutert, warum sie der Ansicht war, dass die gewährten Beihilfen den Wettbewerb verfälschen und den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen könnten. Da das Gesetz Nr. 44/88 und die vier Beihilfemaßnahmen nicht angemeldet worden waren, war sie nicht verpflichtet, den Markt zu beschreiben oder den Handel mit den betroffenen Erzeugnissen zwischen Mitgliedstaaten im Einzelnen darzustellen. 76     Darüber hinaus hat die Kommission in den Abschnitten IV und V der angefochtenen Entscheidung im Einzelnen ausgeführt, warum die Voraussetzungen für die Anwendung der Ausnahmen nach Artikel 92 Absätze 2 und 3 EG‑Vertrag in Anbetracht der von den italienischen Behörden erteilten Auskünfte nicht erfüllt seien. 77     Der Vorwurf einer unzureichenden Begründung ist folglich zurückzuweisen. 78     Sodann ist die Vereinbarkeit der Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt im Hinblick auf Artikel 92 Absätze 2 Buchstabe b und 3 Buchstabe a und c EG‑Vertrag zu prüfen. 79     Nach Artikel 92 Absatz 2 Buchstabe b EG‑Vertrag sind Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse entstanden sind, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar. Da es sich um eine Ausnahme vom allgemeinen Grundsatz der Unvereinbarkeit staatlicher Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt handelt, ist diese Vorschrift eng auszulegen. So hat der Gerichtshof entschieden, dass nur die unmittelbar durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse verursachten Nachteile im Sinne dieser Vorschrift ausgeglichen werden dürfen. Daraus folgt, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den durch das außergewöhnliche Ereignis verursachten Schäden und der staatlichen Beihilfe bestehen muss und die den betroffenen Erzeugern entstandenen Schäden möglichst genau zu bewerten sind (Urteil vom 11. November 2004 in der Rechtssache C‑73/03, Königreich Spanien/Kommission, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 37). 80     Im vorliegenden Fall ist kein Zusammenhang zwischen den vier Beihilfemaßnahmen und einer Naturkatastrophe oder einem außergewöhnlichen Ereignis dargetan worden. Die italienische Regierung hat vorgetragen, dass bestimmte Beihilfen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit einer Krise des betreffenden Marktes und hohen Zinsraten abhelfen sollten, doch sind diese Erscheinungen, wie die Kommission in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt hat, Ausdruck der Marktkräfte, denen sich jeder Unternehmer stellen muss. 81     Was die von der italienischen Regierung angeführten witterungsbedingten Schwierigkeiten wie Dürre angeht, so werden diese nur ganz allgemein erwähnt. Es ist weder dargelegt worden, dass diese im Vergleich zu den gewöhnlichen Wetterverhältnissen besonders erheblich waren, noch ist eine Schätzung der den Landwirten durch solche Schwierigkeiten entstandenen Verluste vorgelegt worden. 82     Was die den Kaninchenzüchtern gewährte Beihilfe betrifft, so ergibt sich aus deren Merkmalen, dass sie nicht den Züchtern vorbehalten war, die ihren gesamten Bestand verloren hatten, sondern ab einem Verlust von 20 % des Bestands gewährt wurde. Die italienische Regierung hat außerdem nicht nachgewiesen, dass die gewährte Beihilfe den erlittenen Schäden entspricht. 83     Daraus folgt, dass im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 92 Absatz 2 Buchstabe b EG‑Vertrag durch die Kommission kein Beurteilungsfehler nachgewiesen worden ist. 84     Was die Beurteilung der Rechtmäßigkeit der Beihilfen im Hinblick auf Artikel 92 Absatz 3 Buchstaben a und c EG‑Vertrag betrifft, wo es um Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung bestimmter Gebiete oder Wirtschaftszweige geht, so ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission bei der Anwendung dieser Bestimmung über ein weites Ermessen verfügt, dessen Ausübung wirtschaftliche und soziale Wertungen voraussetzt, die in einem Gemeinschaftskontext vorzunehmen sind, und dass der Gerichtshof bei der Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Ausübung dieser Entscheidungsfreiheit die Beurteilung durch die zuständige Behörde nicht durch seine eigene Beurteilung ersetzen darf, sondern sich darauf beschränken muss, zu prüfen, ob diese Beurteilung offensichtlich irrig oder ermessensmissbräuchlich ist (vgl. Urteil vom 12. Dezember 2002 in der Rechtssache C‑456/00, Frankreich/Kommission, Slg. 2002, I‑11949, Randnr. 41). 85     Insoweit ergibt sich aus der angefochtenen Entscheidung, dass die vier Beihilfemaßnahmen anhand der in den besonderen Vorschriften der Kommission für Beihilfen zugunsten in Schwierigkeiten geratener landwirtschaftlicher Betriebe genannten Kriterien geprüft wurden. Die Kommission hat in der angefochtenen Entscheidung auch ausgeführt, dass die Leitlinien noch nicht in Kraft getreten und nicht anwendbar seien. Sie stellt jedoch fest, dass die in diesen Leitlinien aufgestellten Voraussetzungen jedenfalls nicht erfüllt seien. 86     Die Kommission hat dadurch, dass sie sich auf die Kriterien in den besonderen Vorschriften der Kommission für Beihilfen zugunsten in Schwierigkeiten geratener landwirtschaftlicher Betriebe, die von der italienischen Regierung nicht beanstandet worden sind, gestützt hat, keinen Rechtsfehler begangen. Es handelt sich um Kriterien, die sie zum Zeitpunkt der Eröffnung des Verfahrens nach Artikel 92 Absatz 2 EG‑Vertrag allgemein angewandt hat. 87     Nach diesen Kriterien mussten die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden Beihilfen drei Voraussetzungen erfüllen: Sie mussten zur Finanzierung bereits realisierter Investitionen beitragen, sie durften die von der Kommission normalerweise genehmigten Sätze nicht überschreiten, und sie mussten entweder nach einer Anpassung der Zinssätze aufgrund der Veränderung der Geldmarktsätze gewährt werden oder landwirtschaftliche Betriebe betreffen, die die Gewähr für wirtschaftliche Lebensfähigkeit boten. 88     Wie sich aus der angefochtenen Entscheidung und den beim Gerichtshof eingereichten Erklärungen ergibt, erfüllen die vier Beihilfemaßnahmen diese Voraussetzungen nicht. Zum einen setzte die Gewährung der Beihilfen nicht voraus, dass Investitionen getätigt worden waren. Zum anderen ist nicht nachgewiesen worden, dass die beiden anderen Voraussetzungen erfüllt waren, selbst wenn die begünstigten Landwirte in bestimmten Fällen Investitionen getätigt hatten. Die Kommission hat demnach keinen offensichtlichen Beurteilungsfehler oder Ermessensfehler begangen, als sie aufgrund ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis gelangte, dass die vier Beihilfemaßnahmen Betriebsbeihilfen darstellten, die die Bedingungen des betreffenden Wirtschaftszweigs und des betreffenden Gebietes nicht dauerhaft verbessern konnten. 89     Was die Leitlinien angeht, so machen Scalas und Lilliu geltend, dass diese vorschrieben, dass bei der Beurteilung der Vereinbarkeit von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt bei Fördergebieten wie Sardinien eine gewisse Flexibilität geboten sei, und dass die Kommission die Vereinbarkeit der vier Beihilfemaßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt hätte feststellen müssen. 90     Aus den dem Gerichtshof vorliegenden Akten ergibt sich jedoch, dass, selbst wenn diese Leitlinien hätten angewandt werden können, Scalas und Lilliu mit ihren allgemeinen Bemerkungen nicht dartun, dass die dort aufgestellten Voraussetzungen erfüllt waren. 91     Was schließlich den Vorwurf fehlerhafter Anwendung der Verordnung Nr. 797/85 sowie der Richtlinien 72/159 und 75/159 angeht, so genügt die Feststellung, dass die Prüfung der Vereinbarkeit der vier Beihilfemaßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt keineswegs auf diese Rechtsakte gestützt ist. Die angefochtene Entscheidung verweist lediglich auf die Richtlinie 75/268 und die Verordnung Nr. 797/85, um den Begriff „benachteiligtes Gebiet“ zu erläutern. Die Richtlinie 72/159 wird in der Entscheidung überhaupt nicht erwähnt. 92     Daraus folgt, dass im Hinblick auf die Anwendung des Artikels 92 Absatz 3 Buchstabe a und b EG‑Vertrag kein Beurteilungsfehler nachgewiesen worden ist. 93     In Anbetracht der vorstehenden Erwägungen ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass die Prüfung der angefochtenen Entscheidung nichts ergeben hat, was deren Gültigkeit beeinträchtigen könnte. Kosten 94     Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Dritte Kammer) für Recht erkannt: Die Prüfung der Entscheidung 97/612/EG der Kommission vom 16. April 1997 über die von der Region Sardinien (Italien) im Sektor Landwirtschaft gewährten Beihilfen hat nichts ergeben, was die Gültigkeit dieser Entscheidung beeinträchtigen könnte. Unterschriften. * Verfahrenssprache: Italienisch.

62007TJ0366

en

ACTION brought against the decision of the Second Board of Appeal of OHIM of 19 July 2007 (Case R 681/2006-2) relating to opposition proceedings between Prestige Cosmetics Srl and The Procter & Gamble Company. Information relating to the case Applicant for the Community trade mark: The Procter & Gamble Company Community trade mark sought: Word mark P&G PRESTIGE BEAUTE for, inter alia, goods in Class 3 Proprietor of the mark or sign cited in the opposition proceedings: Prestige Cosmetics Srl Mark or sign cited in opposition: National figurative marks Prestige for goods in Class 3 Decision of the Opposition Division: Opposition partially upheld Decision of the Board of Appeal: Appeal dismissed Operative part The Court: 1. Annuls the decision of the Second Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) of 19 July 2007 (Case R 681/2006-2); 2. Orders OHIM to pay, in addition to its own costs, the costs incurred by The Procter & Gamble Company in the proceedings before the Court; 3. Orders Prestige Cosmetics SpA to pay, in addition to its own costs, the costs incurred by The Procter & Gamble Company in the proceedings before the Board of Appeal; 4. Dismisses the action as to the remainder.

62009CJ0232

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (EFT L 348, s. 1). Anmodningen er indgivet i forbindelse med en sag mellem Dita Danosa og LKB Līzings SIA (herefter »LKB«) vedrørende en beslutning truffet af dette anpartsselskabs generalforsamling om at bringe Dita Danosas funktion som medlem af styrelseskomitéen i nævnte selskab til ophør. Retsforskrifter EU-retlige forskrifter Direktiv 76/207/EØF Artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår (EFT L 39, s. 40), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 (EFT L 269, s. 15, herefter »direktiv 76/207«), bestemmer, at »[p]rincippet om ligebehandling […] indebærer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn, hverken direkte eller indirekte under henvisning særlig til ægteskabelig eller familiemæssig stilling«. Artikel 2, stk. 7, i direktiv 76/207 bestemmer, at dette direktiv »gælder med forbehold af bestemmelser vedrørende beskyttelse af kvinder, særligt i forbindelse med graviditet og moderskab«. Den fastsætter endvidere, at enhver ulige behandling af en kvinde i forbindelse med svangerskab eller barselsorlov som omhandlet i direktiv 92/85 udgør forskelsbehandling som defineret i direktiv 76/207. Artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 76/207 bestemmer: »Anvendelse af princippet om ligebehandling betyder, at der i den offentlige eller den private sektor, herunder offentlige organer, ikke må finde direkte eller indirekte forskelsbehandling sted på grund af køn, for så vidt angår: […] c)      ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse […]« Direktiv 86/613/EØF Artikel 1 i Rådets direktiv 86/613/EØF af 11. december 1986 om anvendelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i selvstændige erhverv, herunder i landbrugserhverv, samt om beskyttelse af kvinder i selvstændige erhverv i forbindelse med graviditet og barsel (EFT L 359, s. 56) bestemmer: »Dette direktiv har til formål at sikre, at princippet om ligebehandling i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser anvendes i medlemsstaterne på mænd og kvinder i selvstændige erhverv eller medhjælpende mænd og kvinder i sådanne erhverv for så vidt angår de områder, der ikke er omfattet af direktiv 76/207/EØF og [Rådets direktiv] 79/7/EØF [af 19.december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT 1979 L 6, s. 24)].« En selvstændig erhvervsdrivende defineres i artikel 2, litra a), i direktiv 86/613 som enhver, der på vilkår fastsat i den nationale lovgivning arbejder i egen virksomhed med gevinst for øje. Direktivets artikel 3 bestemmer, at princippet om ligebehandling i henhold til dette direktiv indebærer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted på grundlag af køn, hverken direkte eller indirekte bl.a. under henvisning til ægteskabelig eller familiemæssig stilling. Direktivets artikel 8 har følgende ordlyd: »Medlemsstaterne forpligter sig til at undersøge, om og i givet fald på hvilke betingelser kvindelige selvstændige erhvervsdrivende og selvstændige erhvervsdrivendes ægtefæller, i tilfælde af afbrydelse af erhvervsaktiviteten som følge af graviditet eller barsel: –      kan få adgang til en afløsningsordning eller til sociale tjenester, der ydes lokalt eller –      kan sikres ret til kontante ydelser inden for rammerne af en social sikringsordning eller enhver anden offentlig ordning med henblik på social tryghed.« Direktiv 92/85 Niende og femtende betragtning til direktiv 92/85 har følgende ordlyd: »[F]oranstaltninger til beskyttelse af sikkerheden og sundheden for arbejdstagere, som er gravide, som ammer, eller som lige har født, må ikke føre til forringelse af kvindernes stilling på arbejdsmarkedet, og må ikke berøre bestemmelserne i direktiverne om ligebehandling af mænd og kvinder. […] [R]isikoen for, at arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, afskediges på grund af deres tilstand, kan skade deres fysiske og psykiske tilstand, og der bør derfor vedtages et forbud mod afskedigelse.« Artikel 2, litra a), i direktiv 92/85 definerer en gravid arbejdstager som »enhver arbejdstager, som er gravid, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis«. Direktivets artikel 10 har følgende ordlyd: »For at sikre, at arbejdstagere[, som er gravide, som lige har født, eller som ammer,] som defineret i artikel 2 kan udøve den ret til beskyttelse af sikkerhed og sundhed, som er anerkendt i nærværende artikel, fastsættes følgende: 1)      Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at forbyde afskedigelse af arbejdstagere som defineret i artikel 2 i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af den i artikel 8, stk. 1, fastsatte barselsorlov, undtagen i særlige tilfælde, som ikke har forbindelse med deres tilstand, hvor afskedigelse er tilladt efter national lovgivning og/eller praksis, eventuelt med den kompetente myndigheds samtykke. 2)      Når en arbejdstager som defineret i artikel 2 afskediges i den periode, der er nævnt i stk. 1, skal arbejdsgiveren skriftligt give en berettiget begrundelse af afskedigelsen. 3)      Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at beskytte arbejdstageren som defineret i artikel 2 mod følgerne af en afskedigelse, som ville være ulovlig efter nr. 1).« Nationale bestemmelser Lov om arbejdsforhold Artikel 3 i lov om arbejdsforhold (Darba likums, Latvijas Vēstnesis , 2001, nr. 105) definerer en arbejdstager som en fysisk person, der på grundlag af en arbejdskontrakt mod et aftalt vederlag udfører et bestemt arbejde efter en arbejdsgivers anvisninger. Denne lovs artikel 4 definerer en arbejdsgiver som en fysisk eller juridisk person, eller et personselskab med status af juridisk person, der beskæftiger mindst én arbejdstager på grundlag af en arbejdskontrakt. Nævnte lovs artikel 44, stk. 3, bestemmer: »Der indgås en arbejdskontrakt med medlemmerne af et kapitalselskabs ledende instanser, medmindre de ansættes på grundlag af en anden civilretlig kontrakt. Hvis et selskabs medlemmer af de ledende instanser udnævnes på grundlag af en arbejdskontrakt, indgås denne for en bestemt varighed.« Artikel 109 i lov om arbejdsforhold, der har overskriften »Forbud og begrænsninger for arbejdsgiveren med hensyn til at bringe en arbejdskontrakt til ophør«, bestemmer: »1.      Det er forbudt en arbejdsgiver at opsige en kvindes arbejdskontrakt under hendes graviditet og i året efter, at hun har født, og hvis hun ammer, i hele ammeperioden, med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i artikel 101, stk. 1, nr. 1), 2), 3), 4), 5) og 10).« Lov om handel Artikel 221 i lov om handel (Komerclikums, Latvijas Vēstnesis , 2000, nr. 158/160) er affattet som følger: »1.      Styrelseskomitéen er selskabets udøvende organ, som leder og repræsenterer selskabet. […] 5.      Styrelseskomitéen har pligt til at informere generalforsamlingen om de aftaler, der indgås mellem selskabet og en selskabsdeltager, samt mellem et bestyrelsesmedlem og et medlem af styrelseskomitéen. 6.      Styrelseskomitéen har pligt til mindst én gang i kvartalet at tilstille bestyrelsen en redegørelse for selskabets aktiviteter og finansielle situation og pligt til uden ophold at informere bestyrelsen, hvis selskabets finansielle situation forværres, eller om andre omstændigheder, der er af væsentlig betydning for selskabets økonomiske aktiviteter. […] 8.      Styrelseskomitéens medlemmer har krav på et vederlag, der modsvarer deres ansvar og selskabets finansielle situation. Vederlagets størrelse besluttes af bestyrelsen eller af generalforsamlingen, såfremt en bestyrelse ikke er oprettet.« Artikel 224 i lov om handel, der har overskriften »Udnævnelse og afskedigelse af medlemmer af styrelseskomitéen«, bestemmer: »1.      Generalforsamlingen udnævner og afskediger medlemmerne af styrelseskomitéen. Generalforsamlingen tilstiller handelsregisterkontoret en meddelelse om tilbagekaldelse af mandatet for medlemmerne af komitéen, ændring af deres ret til repræsentation eller udnævnelse af nye medlemmer. Meddelelsen er vedlagt et uddrag af generalforsamlingens mødereferat, der indeholder den pågældende beslutning. […] 3.      Medlemmerne af styrelseskomitéen udnævnes for tre år, medmindre vedtægterne fastsætter en kortere varighed. 4.      Medlemmerne af styrelseskomitéen kan afskediges ved en beslutning truffet af generalforsamlingen. Hvis selskabet har en bestyrelse, kan denne suspendere medlemmerne af styrelseskomitéen, indtil generalforsamlingen træffer beslutning, men kun i en periode på højst to måneder. […] 6.      Vedtægterne kan bestemme, at medlemmerne af styrelseskomitéen kun kan afskediges af en alvorlig grund. Ved alvorlig grund forstås en overtrædelse af mandatet, manglende opfyldelse af forpligtelser, manglende evne til at lede selskabet, handlinger i strid med selskabets interesser, samt at tilliden til medlemmet er ophørt.« Lov om social sikring Lov om social sikring (Likums par valsts sociālo apdrošināšanu, Latvijas Vēstnesis , 1997, nr. 274/276), som indeholder de grundlæggende principper om social sikring og regulerer de finansielle og organisatoriske strukturer, anerkender i sin artikel 1, litra c), medlemmer af handelsselskabers styrelseskomité som lønmodtagere. Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål Aktieselskabet Latvijas Krājbanka AS udnævnte ved beslutning af 21. december 2006 om stiftelsen af LKB sagsøgeren i hovedsagen til eneste medlem af sidstnævnte selskabs styrelseskomité (»valde«). Ved beslutning af 11. januar 2007 fastsatte LKB’s bestyrelse (»padome«) vederlaget for medlemmerne af selskabets styrelseskomité samt supplerende betingelser, og overlod det til sin formand at indgå de nødvendige aftaler for at sikre denne beslutnings gennemførelse. Ifølge forelæggelsesafgørelsen blev der ikke indgået en civilretlig kontrakt om udførelse af opgaven som medlem af styrelseskomitéen. LKB har bestridt denne påstand og har gjort gældende, at der blev indgået en fuldmagtsaftale med Dita Danosa. Sidstnævnte ønskede at indgå en ansættelseskontrakt, men LKB foretrak at lade hende udføre opgaven som medlem af styrelseskomitéen på grundlag af et mandat. LKB’s generalforsamling (»dalībnieku sapulce«) besluttede den 23. juli 2007 at bringe Dita Danosas funktion som medlem af styrelseskomitéen til ophør. Et attesteret eksemplar af generalforsamlingens mødereferat blev tilstillet hende den 24. juli 2007. Dita Danosa var af den opfattelse, at hun ulovligt var blevet afsat fra sit hverv, og hun anlagde derfor den 31. august 2007 sag ved Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa (Rigas distriktsdomstol) mod LKB. Dita Danosa gjorde for denne ret gældende, at hun efter sin udnævnelse korrekt havde varetaget sine erhvervsmæssige forpligtelser, som fulgte af selskabets vedtægter og styrelseskomitéens forretningsorden. Sagsøgeren anførte endvidere, at eftersom hun havde modtaget et vederlag for sit arbejde og optjent ret til ferie, måtte det antages, at der forelå et ansættelsesforhold. Eftersom hun på afskedigelsestidspunktet var i 11. graviditetsuge, var afskedigelsen i strid med artikel 109 i lov om arbejdsforhold, hvoraf fremgår, at det er forbudt at afskedige gravide arbejdstagere. Ifølge Dita Danosa foreligger der en konflikt mellem artikel 224, stk. 4, i lov om handel, som bemyndiger generalforsamlingen til på ethvert tidspunkt at afskedige medlemmer af styrelseskomitéen, og artikel 109, stk. 1, i lov om arbejdsforhold, som inden for det sociale område giver gravide kvinder visse garantier. LKB blev frifundet ved både første instans og appelretten, og Dita Danosa indgav derfor kassationsanke til den forelæggende ret. Dita Danosa gjorde for kassationsinstansen gældende, at hun bør anses for arbejdstager i EU-retlig forstand, uanset om hun betragtes som sådan i henhold til lettisk ret. Når der i øvrigt tages hensyn til forbuddet mod afskedigelse i artikel 10 i direktiv 92/85 og til den væsentlige interesse, som denne bestemmelse skal beskytte i retsforhold af enhver art, hvori et retligt ansættelsesforhold kan identificeres, har Letland pligt til med alle midler, herunder retslige midler, at sikre overholdelsen af de retlige og sociale garantier, som gives til fordel for gravide arbejdstagere. LKB gjorde heroverfor gældende, at medlemmerne af et kapitalselskabs styrelseskomité ikke udfører de opgaver, der påhviler dem, efter en anden persons anvisninger og derfor ikke kan anses for arbejdstagere i EU-retlig forstand. Under hensyntagen til det tillidsforhold, der kræves til varetagelsen af den opgave, som medlemmerne af et kapitalselskabs styrelseskomité er pålagt, er det således fuldt berettiget at fastsætte forskellige beskyttelsesniveauer for arbejdstagere og medlemmer af en sådan komité. EU-retten sondrer udtrykkeligt mellem personer, der udfører deres opgaver efter arbejdsgiverens anvisninger, og personer, der udøver en ledelsesbeføjelse, og som grundlæggende er arbejdsgiverens repræsentanter og ikke dennes underordnede. Den forelæggende ret har anført, at det kan udledes af Domstolens praksis vedrørende begrebet arbejdstager samt af formålet om beskyttelse af gravide kvinder mod afskedigelse som omhandlet i direktiv 92/85, at når et medlem af et selskabs styrelseskomité falder ind under anvendelsesområdet for dette begreb, finder artikel 10 i direktiv 92/85 anvendelse på vedkommende, selv om artikel 224, stk. 4, i lov om handel ikke indeholder nogen begrænsninger med hensyn til afskedigelse af de personer, som er omhandlet heri, uanset om medlemmet af nævnte komité er ansat i henhold til en ansættelseskontrakt eller ej. Ifølge den forelæggende ret indeholder både direktiv 76/207 og direktiv 92/85 et forbud mod at bringe en gravid kvindes ansættelsesforhold til ophør. Da Augstākās tiesas Senāts mener, at den indbragte sag rejser spørgsmål om fortolkning af EU-retten, har den besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1)      Skal et medlem af et kapitalselskabs ledende organ anses for en »arbejdstager« i fællesskabsrettens forstand? 2)      Er den omstændighed, at artikel 224, stk. 4, i den lettiske handelslov tillader at afskedige et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité uden nogen begrænsninger, navnlig uden hensyn til det pågældende medlems graviditet, uforenelig med artikel 10 i direktiv 92/85 og Domstolens praksis?« Om de præjudicielle spørgsmål Indledende bemærkninger Det bemærkes indledningsvis, at baggrunden for tvisten i hovedsagen under retsmødet gav anledning til indsigelser, der hovedsageligt omhandlede de grunde, der førte til LKB’s beslutning om at bringe Dita Danosas funktion som medlem af selskabets styrelseskomité til ophør, og spørgsmålet om sagsøgeren i hovedsagen havde underrettet selskabet om sin graviditet og, såfremt dette var tilfældet, på hvilket tidspunkt. Mens LKB har gjort gældende, at Dita Danosas graviditet ikke havde nogen indflydelse på beslutningen om at bringe hendes funktion til ophør, og har anført, at sidstnævnte ikke selv har hævdet, at hendes afskedigelse skete på grundlag af hendes graviditet, har sagsøgeren i hovedsagen bestridt den af LKB fremførte version af de faktiske omstændigheder og har gjort gældende, at hendes afskedigelse var begrundet i hendes graviditet, og hun har forsøgt at klarlægge omstændighederne i forbindelse med vedtagelsen af beslutningen om afskedigelse. Det tilkommer den nationale ret at fastslå de faktiske omstændigheder, der har givet anledning til tvisten i hovedsagen, og at fastslå, hvilke konsekvenser disse har for den afgørelse, som retten skal træffe (jf. bl.a. dom af 16.9.1999, sag C-435/97, WWF m.fl., Sml. I, s. 5613, præmis 32). Inden for rammerne af kompetencefordelingen mellem Unionens retsinstanser og de nationale domstole tilkommer det nemlig principielt den nationale ret at efterprøve, at de betingelser, der indebærer, at en EU-retlig bestemmelse finder anvendelse, er opfyldt i den sag, der verserer for den, idet Domstolen dog i en præjudiciel forelæggelsessag i givet fald kan give nærmere oplysninger med henblik på at vejlede den nationale ret i dens fortolkning (jf. i denne retning dom af 4.7.2000, sag C-424/07, Haim, Sml. I, s. 5123, præmis 58, og af 4.6.2009, forenede sager C-22/08 og C-23/08, Vatsouras og Koupatantze, Sml. I, s. 4585, præmis 23). Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, er spørgsmålene i den foreliggende sag baseret på en forudsætning om, at afskedigelsen af Dita Danosa fra hendes funktion som medlem af LKB’s styrelseskomité enten skete eller kunne være sket hovedsageligt på grund af hendes graviditet. Den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt en national bestemmelse, der, selv om den forbyder afskedigelser begrundet i graviditet, dog ikke fastsætter nogen begrænsninger med hensyn til afskedigelse af et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité, er forenelig med EU-retten. Det tilkommer under disse omstændigheder Domstolen at besvare de præjudicielle spørgsmål om fortolkning af EU-retten, som den forelæggende ret har stillet, idet det overlades til sidstnævnte at efterprøve de konkrete elementer i den tvist, som er indbragt for den, og herunder navnlig at træffe afgørelse vedrørende spørgsmålet, om den omtvistede afskedigelse hovedsageligt var begrundet i sagsøgeren i hovedsagens graviditet. For så vidt som det synspunkt, som den lettiske regering og Europa-Kommissionen har indtaget vedrørende de faktiske omstændigheder i hovedsagen, har rejst tvivl om de præjudicielle spørgsmåls relevans for afgørelsen af den tvist, som den nationale ret skal tage stilling til, er det tilstrækkeligt at bemærke, at intet i forelæggelsesafgørelsen giver grundlag for at antage, at disse spørgsmål, hvis nytte den forelæggende ret i øvrigt har forklaret, er af en åbenbar hypotetisk karakter eller savner enhver forbindelse med realiteten i hovedsagen eller dennes genstand. Om det første spørgsmål Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité, som udfører ydelser for selskabet, skal anses for en arbejdstager i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktiv 92/85. Ifølge fast retspraksis kan begrebet arbejdstager i dette direktivs forstand ikke fortolkes forskelligt, alt efter hvilken national lovgivning der er tale om, og det må defineres på grundlag af objektive kriterier, som karakteriserer de pågældende personers rettigheder og pligter i arbejdsforholdet. Det væsentligste kendetegn ved arbejdsforholdet er, at en person i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger (jf. analogt, i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed og princippet om lige løn til mænd og kvinder, dom af 3.7.1986, sag 66/85, Lawrie-Blum, Sml. s. 2121, præmis 16 og 17, af 13.1.2004, sag C-256/01, Allonby, Sml. I, s. 873, præmis 67, og, i forbindelse med direktiv 92/85, af 20.9.2007, sag C-116/06, Kiiski, Sml. I, s. 7643, præmis 25). Det forhold, at arbejdsforholdet efter national ret har en sui generis-karakter, er ikke afgørende for arbejdstagerbegrebet i EU-rettens forstand (jf. Kiiski-dommen, præmis 26 og den deri nævnte retspraksis). Såfremt en person opfylder de betingelser, der er opregnet i denne doms præmis 39, er karakteren af retsforholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver ikke afgørende for anvendelsen af direktiv 92/85 (jf. analogt, i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, dom af 31.5.1989, sag 344/87, Bettray, Sml. s. 1621, præmis 16, og af 26.2.1992, sag C-357/89, Raulin, Sml. I, s. 1027, præmis 10). Den formelle betegnelse som selvstændig erhvervsdrivende i henhold til national ret er endvidere ikke til hinder for, at en person bør kvalificeres som arbejdstager i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktiv 92/85, hvis vedkommendes uafhængighed kun er fiktiv og dermed skjuler, at der foreligger et arbejdsforhold i dette direktivs forstand (jf. analogt Allonby-dommen, præmis 71). Heraf følger, at den betegnelse, der i lettisk ret anvendes om forholdet mellem et kapitalselskab og medlemmerne af dette selskabs styrelseskomité, eller den omstændighed, at et sådant selskab og medlemmerne af nævnte komité ikke har indgået en ansættelseskontrakt, i modsætning til hvad LKB har gjort gældende, ikke kan være afgørende for det nævnte forholds kvalificering med henblik på anvendelsen af direktiv 92/85. Som det fremgår af indlæggene for Domstolen, er det i den foreliggende sag ubestridt, at Dita Danosa mod vederlag på behørig vis har udført ydelser for LKB, idet hun som eneste medlem af styrelseskomitéen udførte de opgaver, som var hende pålagt i medfør af selskabets vedtægter og styrelseskomitéens interne forretningsorden. I modsætning til hvad LKB har gjort gældende, er det i denne henseende uden betydning, at sagsøgeren i hovedsagen selv var ansvarlig for at udarbejde denne forretningsorden. I de nævnte indlæg gøres der derimod forskellige opfattelser gældende vedrørende spørgsmålet, om der mellem Dita Danosa og LKB fandtes et underordnelsesforhold, og ligeledes om, hvilken grad af underordnelsesforhold der ifølge Domstolens praksis kræves for så vidt angår begrebet arbejdstager i EU-retlig forstand i almindelighed og i forhold til direktiv 92/85 i særdeleshed. LKB og den lettiske og den græske regering har gjort gældende, at hvad angår medlemmer af et kapitalselskabs styrelseskomité findes der ikke for sådanne medlemmer det underordnelsesforhold, som ifølge Domstolens praksis kræves. LKB og den lettiske regering har gjort gældende, at et medlem af en styrelseskomité, såsom sagsøgeren i hovedsagen, i almindelighed udfører sine forpligtelser på selvstændig vis på grundlag af en fuldmagtsaftale og uden at modtage anvisninger. De har understreget, at forholdet mellem på den ene side deltagerne i et kapitalselskab og/eller alt efter omstændighederne bestyrelsen og på den anden side medlemmerne af styrelseskomitéen skal være baseret på tillid, således at arbejdsforholdet mellem parterne skal kunne bringes til ophør, hvis denne tillid er forsvundet. Spørgsmålet, om der foreligger et underordnelsesforhold i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i den ovenstående definition af begrebet arbejdstager, skal besvares i hvert enkelt tilfælde under hensyntagen til alle de elementer og omstændigheder, der kendetegner forholdet mellem parterne. Betegnelsen medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité kan ikke i sig selv udelukke, at sagsøgeren i hovedsagen befandt sig i et underordnelsesforhold i forhold til dette selskab. Der skal nemlig foretages en undersøgelse af de betingelser, hvorunder komitémedlemmet er blevet ansat, arten af de funktioner, som medlemmet er blevet tildelt, rammerne, inden for hvilke disse funktioner udføres, rækkevidden af den pågældendes beføjelser og det tilsyn, den pågældende er underlagt i selskabet, såvel som de omstændigheder, hvorunder den pågældende kan afskediges. For det første viser en undersøgelse af disse elementer i hovedsagen, således som generaladvokaten har anført i punkt 77-84 i forslaget til afgørelse, at Dita Danosa frem for alt blev udnævnt som eneste medlem af LKB’s styrelseskomité for en tidsbegrænset periode på tre år, at hun forvaltede selskabets formue, ledede selskabet og repræsenterede det i dets relationer udadtil, og at hun indgik som en integrerende del af selskabet. Som svar på et spørgsmål stillet af Domstolen under retsmødet fremgår det, at det ikke er muligt at fastslå, hvem eller hvilket organ der udnævnte sagsøgeren i hovedsagen. Selv om Dita Danosa rådede over et skøn i udøvelsen af sine funktioner, skulle hun endvidere aflægge beretning om sin forvaltning til bestyrelsen og skulle samarbejde med denne. Det fremgår endelig af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, at et medlem af en styrelseskomité i henhold til lettisk ret kan afskediges fra sin funktion ved beslutning truffet af generalforsamlingen, i givet fald efter at være blevet suspenderet af bestyrelsen. Beslutningen om afskedigelse af Dita Danosa er således blevet truffet af et organ, som hun i så fald ikke kontrollerede, og som på ethvert tidspunkt kunne træffe beslutninger mod hendes vilje. Selv om det ikke kan udelukkes, at medlemmer af et selskabs ledende organ, såsom en styrelseskomité, ikke er omfattet af begrebet arbejdstager, således som dette er defineret i denne doms præmis 39 – i betragtning af de specifikke funktioner, som disse er pålagt, de rammer, inden for hvilke disse funktioner udføres og på hvilken måde – forholder det sig ikke desto mindre således, at et medlem af en sådan komité, som mod vederlag udfører ydelser for det selskab, som har udnævnt vedkommende, og hvori vedkommende indgår som en integrerende del, som udfører sin virksomhed efter anvisninger fra eller under tilsyn af et andet organ i selskabet, og som på ethvert tidspunkt kan afskediges fra sin funktion uden begrænsninger, umiddelbart opfylder betingelserne for at blive anset for arbejdstager i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i Domstolens ovennævnte praksis. Hvad angår begrebet »gravid arbejdstager« bemærkes, at dette i artikel 2, litra a), i direktiv 92/85 defineres som »enhver arbejdstager, som er gravid, og som underretter arbejdsgiveren om sin tilstand i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis«. Med henblik på anvendelsen af dette direktiv har EU-lovgiver villet give begrebet »gravid arbejdstager« en selvstændig betydning i EU-retten, selv om der i den del af definitionen, der omhandler de nærmere bestemmelser for arbejdstagerens underretning af sin arbejdsgiver om graviditeten, henvises til national lovgivning og/eller praksis (Kiiski-dommen, præmis 24). Hvad angår spørgsmålet, om LKB i hovedsagen var blevet underrettet om Dita Danosas graviditet, bemærkes på den ene side – således som det fremgår af denne doms præmis 33 – at det tilkommer den forelæggende ret og ikke Domstolen at bedømme de relevante faktiske omstændigheder i den foreliggende sag. Selv om artikel 2, litra a), i direktiv 92/85 henviser til national lovgivning og/eller praksis for så vidt angår de nærmere bestemmelser for arbejdstagerens underretning af sin arbejdsgiver om graviditeten, forholder det sig ikke desto mindre således, at disse nærmere bestemmelser imidlertid på den anden side ikke kan medføre, at den særlige beskyttelse af kvinder, der er fastsat i samme direktivs artikel 10, der forbyder afskedigelse af arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, undtagen i særlige tilfælde, som ikke har forbindelse med deres tilstand, mister sit indhold. Hvis arbejdsgiveren fik kendskab til arbejdstagerens graviditet uden formelt at være blevet underrettet herom af den pågældende selv, ville det være i strid med formålet og ånden i direktiv 92/85 at fortolke direktivets artikel 2, litra a), indskrænkende og at nægte den omhandlede arbejdstager den beskyttelse mod afskedigelse, der er omhandlet i nævnte artikel 10. På baggrund af disse betragtninger skal det første spørgsmål herefter besvares med, at et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité, som udfører ydelser for selskabet og indgår som en integrerende del heraf, skal anses for at have egenskab af arbejdstager i henhold til direktiv 92/85, såfremt medlemmets virksomhed udføres inden for en vis periode, efter anvisninger fra eller under tilsyn af et andet organ i selskabet, og såfremt medlemmet for denne virksomhed modtager et vederlag. Det tilkommer den forelæggende ret at foretage den nødvendige efterprøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at vurdere, om dette er tilfældet i den tvist, som er blevet indbragt for den. Om det andet spørgsmål Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 10 i direktiv 92/85 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som tillader at afskedige et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité uden begrænsninger, navnlig uden hensyn til den pågældendes graviditet. For så vidt angår rækkevidden af forbuddet mod afskedigelse i artikel 10 i direktiv 92/85 bemærkes indledningsvis, at formålet med direktiv 92/85 er en forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer. Domstolen havde allerede før direktiv 92/85 trådte i kraft fastslået, at i medfør af princippet om forbud mod forskelsbehandling, og navnlig bestemmelserne i direktiv 76/207, skal en kvinde beskyttes mod afskedigelse ikke blot under barselsorloven, men under hele graviditeten. Ifølge Domstolen kan en afskedigelse i denne periode kun berøre kvinder og er følgelig udtryk for direkte forskelsbehandling på grundlag af køn (jf. i denne retning dom af 8.11.1990, sag C-179/88, Handels‑ og Kontorfunktionærernes Forbund, Sml. I, s. 3979, præmis 13, af 30.6.1998, sag C-394/96, Brown, Sml. I, s. 4185, præmis 24-27, og af 11.10.2007, sag C-460/06, Paquay, Sml. I, s. 8511, præmis 29). Det er netop i betragtning af risikoen for, at en eventuel afskedigelse kan indvirke på den fysiske og psykiske tilstand hos arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer, herunder den særlig alvorlige risiko for, at den gravide arbejdstager tilskyndes til frivilligt at lade sit svangerskab afbryde, at EU-lovgiver ved artikel 10 i direktiv 92/85 har indført en særlig beskyttelse af kvinder ved at udstede forbuddet mod afskedigelse i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af barselsorloven (jf. Paquay-dommen, præmis 30 og den deri nævnte retspraksis). Hvad angår denne periode foreskriver artikel 10 i direktiv 92/85 ikke nogen undtagelse fra eller fravigelse af forbuddet mod afskedigelse af gravide arbejdstagere, undtagen i særlige tilfælde, som ikke har forbindelse med deres tilstand, og på betingelse af, at arbejdsgiveren skriftligt giver en berettiget begrundelse for afskedigelsen (dom af 14.7.1994, sag C-32/93, Webb, Sml. I, s. 3567, præmis 22, Brown-dommen, præmis 18, dom af 4.10.2001, sag C-109/00, Tele Danmark, Sml. I, s. 6993, præmis 27, og Paquay-dommen, præmis 31). I tilfælde af at den forelæggende ret i den foreliggende sag måtte finde, at Dita Danosa er omfattet af begrebet »gravid arbejdstager« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktiv 92/85, og at beslutningen om afskedigelse i hovedsagen hovedsageligt blev truffet af grunde, der har forbindelse med hendes graviditet, bemærkes, at en sådan beslutning, selv om den er truffet i henhold til nationale bestemmelser, der tillader afskedigelse af et medlem af en styrelseskomité uden begrænsninger, er uforenelig med forbuddet mod afskedigelse som fastsat i direktivets artikel 10. En beslutning om afskedigelse, der er truffet i perioden fra graviditetens indtræden til udløbet af barselsorloven som følge af grunde, der ikke har forbindelse med sagsøgeren i hovedsagens graviditet, er derimod ikke uforenelig med nævnte artikel 10, dog på den betingelse, at arbejdsgiveren skriftligt har givet en berettiget begrundelse af afskedigelsen, og at afskedigelsen af den pågældende var tilladt efter national lovgivning og/eller praksis i henhold til bestemmelserne i direktivets artikel 10, nr. 1) og 2). I tilfælde af at den forelæggende ret i den foreliggende sag måtte finde, at der under hensyntagen til den virksomhed, som Dita Danosa har udført, og de rammer, inden for hvilke denne virksomhed er udført, ikke af direktiv 92/85 kan udledes en beskyttelse mod afskedigelse af et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité, idet hun ikke har egenskab af »gravid arbejdstager« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dette direktiv, skal det undersøges, om sagsøgeren i hovedsagen eventuelt kan påberåbe sig beskyttelsen mod forskelsbehandling på grundlag af køn i henhold til direktiv 76/207, en regel, som den forelæggende ret ikke har henvist til i sine præjudicielle spørgsmål, men som denne ret og visse parter i sagen, der har afgivet indlæg for Domstolen, har nævnt. I denne forbindelse bemærkes, at i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 76/207 betyder »[a]nvendelse af princippet om ligebehandling […], at der i den offentlige eller den private sektor, herunder offentlige organer, ikke må finde direkte eller indirekte forskelsbehandling sted på grund af køn for så vidt angår […] ansættelses- og arbejdsvilkår, herunder afskedigelse«. Som det fremgår af denne doms præmis 59, skal en kvinde i medfør af princippet om forbud mod forskelsbehandling, og navnlig bestemmelserne i direktiv 76/207, beskyttes mod afskedigelse ikke blot under barselsorloven, men under hele graviditeten. Ifølge Domstolen kan en afskedigelse af en arbejdstager som følge af graviditet eller af grunde, der hovedsageligt har forbindelse med graviditet, kun berøre kvinder og er følgelig udtryk for direkte forskelsbehandling på grundlag af køn (jf. Paquay-dommen, præmis 29 og den deri nævnte retspraksis). Det bemærkes, at den omstændighed, at opdragsgiveren ensidigt tilbagekalder mandatet inden udløbet af den aftalte periode som følge af opdragstagerens graviditet eller af grunde, der hovedsageligt har forbindelse hermed, kun kan berøre kvinder. Selv hvis det antages, at Dita Danosa ikke har egenskab af »gravid arbejdstager« i den brede forstand, der er fastsat i direktiv 92/85, ville det være uforeneligt med det beskyttelsesformål, der forfølges med artikel 2, stk. 7, i direktiv 76/207, at anerkende, at et selskab kan afskedige medlemmer af dets styrelseskomité, der udfører funktioner som de i hovedsagen beskrevne, for så vidt som denne afskedigelse hovedsageligt er begrundet i den pågældendes graviditet. Som Domstolen allerede har fastslået, er formålet med EU-reglerne vedrørende lighed mellem mænd og kvinder på området for de rettigheder, der tilkommer kvinder, som er gravide eller lige har født, at beskytte kvindelige arbejdstagere før og efter fødslen (jf. dom af 8.9.2005, sag C-191/03, McKenna, Sml. I, s. 7631, præmis 42). Dette formål, som ligger til grund for både direktiv 92/85 og direktiv 76/207, kan ikke opnås, hvis den beskyttelse mod afskedigelse, som i henhold til EU-retten tilkommer gravide kvinder, afhænger af den formelle kvalifikation af deres ansættelsesforhold i national ret eller af det valg, der med hensyn til deres ansættelse er foretaget mellem den ene eller anden type kontrakt. Som det fremgår af denne doms præmis 33, tilkommer det den forelæggende ret at fastslå de relevante omstændigheder i den tvist, som er blevet indbragt for den, og at efterprøve, om beslutningen om afskedigelse hovedsageligt var begrundet i sagsøgeren i hovedsagens graviditet, således som de forelagte præjudicielle spørgsmål forudsætter. I bekræftende fald er det uden betydning, om nævnte sagsøger er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 92/85, direktiv 76/207, eller, for så vidt som den forelæggende ret måtte betegne hende som »selvstændig erhvervsdrivende«, direktiv 86/613, der finder anvendelse på selvstændige erhvervsdrivende, og som, således som det fremgår af direktivets artikel 1, supplerer direktiv 76/207 for så vidt angår anvendelsen af princippet om ligebehandling for disse arbejdstagere ved i lighed med sidstnævnte direktiv at forbyde enhver form for direkte og indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn. Uanset hvilket direktiv der finder anvendelse, er den afgørende omstændighed, at der sikres den pågældende den beskyttelse, som der tilkommer gravide kvinder i henhold til EU-retten i de tilfælde, hvor det retsforhold, der forbandt hende med en anden person, er blevet brudt som følge af hendes graviditet. Denne konklusion styrkes desuden af det princip om ligestilling af mænd og kvinder, der er fastsat i artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, som bestemmer, at denne ligestilling skal sikres på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn. For så vidt angår den bevisbyrderegel, der finder anvendelse på omstændigheder som de i hovedsagen omhandlede, bemærkes endelig, at det påhviler den nationale ret at anvende de relevante bestemmelser i Rådets direktiv 97/80/EF af 15. december 1997 om bevisbyrden i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn (EFT 1998 L 14, s. 6), der i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), finder anvendelse på situationer, som er omhandlet i direktiv 76/207 og 92/85, for så vidt som der er tale om forskelsbehandling på grundlag af køn. Med hensyn hertil følger det af artikel 4, stk. 1, i direktiv 97/80, at når personer, der anser sig for krænket, fordi ligebehandlingsprincippet ikke er anvendt over for dem, og for en domstol eller en anden kompetent myndighed fremfører faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der har været tale om direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det indklagede at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. På baggrund af ovenstående betragtninger skal det andet spørgsmål herefter besvares med, at artikel 10 i direktiv 92/85 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som tillader at afskedige et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité uden begrænsninger, når den pågældende person har egenskab af »gravid arbejdstager« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dette direktiv, og når beslutningen om afskedigelse af vedkommende hovedsageligt er begrundet i dennes graviditet. Selv hvis det antages, at det omhandlede medlem af en styrelseskomité ikke har denne egenskab, kan en afskedigelse af et medlem af en styrelseskomité, som udfører funktioner som de i hovedsagen beskrevne, der er sket som følge af graviditet eller af en grund, der hovedsageligt har forbindelse hermed, ikke desto mindre kun berøre kvinder og er følgelig udtryk for direkte forskelsbehandling på grundlag af køn i strid med artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 76/207. Sagens omkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret: 1) Et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité, som udfører ydelser for selskabet og indgår som en integrerende del heraf, skal anses for at have egenskab af arbejdstager i henhold til Rådets direktiv 92/85/EØF af 19. oktober 1992 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af sikkerheden og sundheden under arbejdet for arbejdstagere, som er gravide, som lige har født, eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF), såfremt medlemmets virksomhed udføres inden for en vis periode, efter anvisninger fra eller under tilsyn af et andet organ i selskabet, og såfremt medlemmet for denne virksomhed modtager et vederlag. Det tilkommer den forelæggende ret at foretage den nødvendige efterprøvelse af de faktiske omstændigheder med henblik på at vurdere, om dette er tilfældet i den tvist, som er blevet indbragt for den. 2) Artikel 10 i direktiv 92/85 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som tillader at afskedige et medlem af et kapitalselskabs styrelseskomité uden begrænsninger, når den pågældende person har egenskab af »gravid arbejdstager« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dette direktiv, og når beslutningen om afskedigelse af vedkommende hovedsageligt er begrundet i dennes graviditet. Selv hvis det antages, at det omhandlede medlem af en styrelseskomité ikke har denne egenskab, kan en afskedigelse af et medlem af en styrelseskomité, som udfører funktioner som de i hovedsagen beskrevne, der er sket som følge af graviditet eller af en grund, der hovedsageligt har forbindelse hermed, ikke desto mindre kun berøre kvinder og er følgelig udtryk for direkte forskelsbehandling på grundlag af køn i strid med artikel 2, stk. 1 og 7, og artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets direktiv 76/207/EØF af 9. februar 1976 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002. Underskrifter * Processprog: lettisk.

62001CJ0104

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante resolución de 23 de febrero de 2001, recibida en el Tribunal de Justicia el 5 de marzo siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 234 CE, cuatro cuestiones prejudiciales sobre la interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»). 2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad Libertel Groep BV (en lo sucesivo, «Libertel») y el Benelux-Merkenbureau (Oficina de Marcas del Benelux; en lo sucesivo, «BMB») a causa de la negativa de éste a proceder al registro como marca de un color naranja para productos y servicios de telecomunicaciones, solicitado por Libertel. Marco jurídico El Convenio de París 3 En el plano internacional, el Derecho de marcas se rige por el Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Série des traités des Nations unies, nº 11851, vol. 828, pp. 305 a 388; en lo sucesivo, «Convenio de París»). Todos los Estados miembros son partes en este Convenio. 4 El Convenio de París dispone, en su artículo 6 quinquies, B, punto 2, que podrá denegarse el registro o declararse la nulidad de una marca que carezca de carácter distintivo. 5 El artículo 6 quinquies, C, apartado 1, del Convenio de París, precisa: «Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.» Normativa comunitaria 6 El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone: «Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.» 7 El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», dispone, en sus apartados 1 y 3: «1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de: a) los signos que no puedan constituir una marca; b) las marcas que carezcan de carácter distintivo; c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos; d) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio; e) los signos constituidos exclusivamente por: - la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o - la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o - la forma que da un valor sustancial al producto; [...] 3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.» 8 El artículo 6 de la Directiva precisa: «1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. 2. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a los terceros el uso, en el tráfico económico, de un derecho anterior de ámbito local, cuando tal derecho esté reconocido por las leyes del Estado miembro de que se trate y dentro de los límites del territorio en que esté reconocido.» La Ley uniforme Benelux sobre marcas 9 El Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos recogieron su Derecho de marcas en una ley común, la Ley uniforme Benelux sobre marcas (Trb. 1962, 58). Esta Ley fue modificada, con efecto a partir del 1 de enero de 1996, por el Protocolo de 2 de diciembre de 1992, por el que se modifica dicha Ley (Trb. 1993, 12), con objeto de adaptar el ordenamiento jurídico de estos tres Estados miembros a la Directiva. 10 El artículo 6 bis de la Ley uniforme Benelux sobre marcas en su versión modificada (en lo sucesivo, «LBM») dispone: «1. El Benelux-Merkenbureau denegará el registro solicitado cuando: a) el signo cuyo registro se solicita no constituya una marca en el sentido del artículo 1, en particular por carecer totalmente de carácter distintivo, como prevé el artículo 6 quinquies, B, punto 2, del Convenio de París; b) el registro se refiere a una marca contemplada en el artículo 4, puntos 1 y 2. 2. La denegación del registro afectará al signo constitutivo de la marca en su totalidad. Puede limitarse a uno o a varios de los productos a los que se destina la marca. 3. El Benelux-Merkenbureau comunicará al solicitante inmediatamente y por escrito su intención de denegar total o parcialmente la solicitud de registro, indicándole los motivos, y le permitirá presentar alegaciones al respecto en un plazo que se determinará en el reglamento de aplicación. 4. Si el Benelux-Merkenbureau no retira sus objeciones al registro en el plazo previsto a tal efecto, se denegará total o parcialmente la solicitud de registro. El Benelux-Merkenbureau informará al solicitante inmediatamente y por escrito, indicándole los motivos de la denegación y el recurso que puede interponerse contra dicha resolución, contemplado en el artículo 6 ter. 5. La denegación de la solicitud de registro para la totalidad o una parte de los productos conlleva la nulidad total o parcial de la solicitud de registro. Dicha nulidad sólo surte efecto una vez transcurrido el plazo para la interposición del recurso contemplado en el artículo 6 ter sin que se haya hecho uso de él o una vez desestimada de manera definitiva la solicitud de que se ordene el registro.» 11 El artículo 6 ter de la LBM prevé: «En el plazo de dos meses a partir de la comunicación contemplada en el artículo 6 bis, párrafo cuarto, el solicitante podrá interponer ante la Cour d'appel de Bruselas, el Gerechtshof de La Haya o la Cour d'appel de Luxemburgo un recurso destinado a obtener que se ordene el registro. La dirección del solicitante, de su mandatario o la dirección postal mencionada en la solicitud determinará el órgano jurisdiccional con competencia territorial.» El litigio principal y las cuestiones prejudiciales 12 Libertel es una sociedad con domicilio social en los Países Bajos, cuya actividad principal consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones móviles. 13 El BMB es la autoridad competente en materia de marcas para el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos. Desde el 1 de enero de 1996, el BMB se encarga de examinar los registros de solicitud de marcas a la luz de los motivos de denegación absolutos. 14 El 27 de agosto de 1996, Libertel solicitó ante el BMB el registro de un color naranja como marca para determinados productos y servicios de telecomunicaciones, a saber, por lo que respecta a los productos de la clase 9, el material de telecomunicaciones y, por lo que respecta a los servicios de las clases 35 a 38, los servicios de telecomunicaciones así como los de gestión material, financiera y técnica de los medios de telecomunicación. 15 El formulario de solicitud contenía, en el espacio destinado a la reproducción de la marca, una superficie rectangular de color naranja y, en el espacio destinado a la descripción de la marca, la mención «naranja», sin que se mencione ningún código de color. 16 Mediante escrito de 21 de febrero de 1997, el BMB informó a Libertel que denegaba provisionalmente la inscripción de dicho signo. Consideró que, dado que Libertel no había demostrado que el signo presentado, compuesto exclusivamente por el color naranja, hubiera adquirido un carácter distintivo por el uso, el referido signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 6 bis, apartado 1, letra a), de la LBM. 17 Libertel se opuso a esta denegación provisional. El BMB, por considerar que no procedía reconsiderar esta denegación, notificó su denegación definitiva mediante escrito de 10 de septiembre de 1997. 18 Con arreglo al artículo 6 ter de la LBM, Libertel interpuso un recurso contra esta denegación ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), el cual lo desestimó mediante sentencia de 4 de junio de 1998. 19 El 3 de agosto de 1998, Libertel interpuso un recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden. 20 Durante el examen del litigio por parte del Hoge Raad, se suscitaron cuestiones acerca de la aplicación correcta del artículo 6 bis, apartado 1, letra a), de la LBM y, por tanto, también acerca de la interpretación del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. Por consiguiente, mediante resolución de 23 de febrero de 2001, el Hoge Raad planteó al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales: «1) ¿Es posible que un simple color, representado como tal o designado con un código aplicado internacionalmente, tenga carácter distintivo para determinados productos o servicios, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva? 2) De responderse afirmativamente a la primera cuestión: a) ¿En qué circunstancias cabe admitir que un simple color tiene carácter distintivo en el sentido antes mencionado? b) ¿Puede modificar la respuesta a la primera cuestión el hecho de que el registro se haya solicitado para una amplia gama de productos o servicios, para un producto o servicio específico o para una clase específica de productos o servicios? 3) ¿Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, debe examinarse si existe un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos, como ocurre con los signos que indican una procedencia geográfica? 4) Para responder a la cuestión de si un signo registrado como marca posee el carácter distintivo a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, ¿debe limitarse el [BMB] a apreciar in abstracto dicho carácter distintivo o ha de tener en cuenta todas las circunstancias concretas del caso, en particular el uso que se haga del signo y el modo en que se utilice?» Sobre las cuestiones prejudiciales Consideraciones preliminares 21 Las cuestiones prejudiciales, que se refieren al artículo 3 de la Directiva, tienen por objeto determinar si un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener un carácter distintivo para ciertos productos o servicios y, en su caso, en qué circunstancias. 22 El examen de dichas cuestiones requiere que se determine previamente si un color por sí solo puede constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva. 23 Para ello, un color por sí solo debe satisfacer tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. 24 El Consejo de la Unión Europea y la Comisión efectuaron una declaración conjunta recogida en el acta del Consejo en que se adoptó la Directiva, según la cual «consideran que el artículo 2 no excluye la posibilidad de [...] registrar como marca una combinación de colores o un solo color [...] siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas» (DO OAMI nº 5/96, p. 607). 25 No obstante, una declaración de esta índole no puede ser tenida en cuenta para interpretar una disposición de Derecho derivado cuando, como ocurre en el presente caso, su contenido no figure de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tenga, por consiguiente, ningún alcance jurídico (sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, apartado 18, y de 29 de mayo de 1997, VAG Sverige, C-329/95, Rec. p. I-2675, apartado 23). Por otra parte, el Consejo y la Comisión reconocieron expresamente esta limitación en el preámbulo de su declaración, según el cual «como las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura a continuación no forman parte integrante del texto legal, no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas». 26 Por consiguiente, corresponde al Tribunal de Justicia determinar si el artículo 2 de la Directiva debe ser interpretado en el sentido de que un color por sí solo puede constituir una marca. 27 A este respecto, procede señalar que no cabe presumir que un color por sí solo constituya un signo. Normalmente un color es una simple propiedad de las cosas. No obstante, puede constituir un signo. Ello depende del contexto en que se utilice el color. En cualquier caso, cabe la posibilidad de que un color por sí solo constituya un signo, en relación con un producto o un servicio. 28 Además, como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, una representación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud (sentencia de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C-273/00, Rec. p. I-0000, apartado 46). 29 Para desempeñar su función, la representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva debe ser clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva (sentencia Sieckmann, antes citada, apartados 47 a 55). 30 En el presente caso, la pregunta dirigida al Tribunal de Justicia tiene por objeto la solicitud de registro de un color por sí solo, cuya representación consiste en una muestra del color sobre una superficie plana, de una descripción verbal del color y/o de un código de identificación de color internacionalmente reconocido. 31 Ahora bien, una simple muestra de un color no responde a las exigencias mencionadas en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia. 32 En particular, una muestra de un color puede alterarse con el tiempo. No cabe descartar que determinados soportes permitan registrar un color de manera inalterable. No obstante, otros soportes, en particular el papel, no permiten proteger los tonos del color frente al deterioro del tiempo. En tal caso, el depósito de una muestra de un color no tendría el carácter duradero requerido por el artículo 2 de la Directiva (véase la sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 53). 33 De ello se desprende que el depósito de una muestra de un color no constituye en sí mismo una representación gráfica a efectos del artículo 2 de la Directiva. 34 En cambio, la descripción verbal de un color, en la medida en que está formada por palabras compuestas a su vez de caracteres, constituye una representación gráfica de éste (véase, en este sentido, la sentencia Sieckmann, antes citada, apartado 70). 35 Una descripción verbal del color no cumple necesariamente en todos los supuestos los requisitos mencionados en los apartados 28 y 29 de la presente sentencia. Esta cuestión debe apreciarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto. 36 Por tanto, la asociación de una muestra de un color y de una descripción verbal de éste puede constituir una representación gráfica en el sentido del artículo 2 de la Directiva, siempre que la descripción sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible y objetiva. 37 Por las mismas razones expuestas en el apartado 34 de la presente sentencia, puede considerarse que la designación de un color por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido constituye una representación gráfica. Tales códigos se suponen precisos y estables. 38 Si una muestra de un color, acompañada de una descripción verbal, no cumple los requisitos establecidos en el artículo 2 de la Directiva para constituir una representación gráfica, en particular por falta de precisión o carácter duradero, esta carencia puede, en su caso, ser subsanada mediante la adición de una designación del color a través de un código de identificación internacionalmente reconocido. 39 Por lo que respecta a si un color por sí solo es apropiado para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, es necesario examinar si los colores por sí solos pueden o no transmitir una información precisa, especialmente en lo que atañe al origen de una mercancía o de un servicio. 40 A este respecto, es preciso recordar que, si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa. Tanto menos cuanto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso. 41 Sin embargo, no estaría justificado deducir de esta apreciación de hecho que esté prohibido, por principio, considerar que los colores por sí solos puedan ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. En efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación de origen de los productos o de los servicios de una empresa. Por tanto, ha de admitirse que los colores por sí solos pueden ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras, en el sentido del artículo 2 de la Directiva. 42 De lo anterior se desprende que un color por sí solo puede constituir, en las condiciones expuestas, una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva. 43 El examen de las cuestiones prejudiciales es posible a la luz de las consideraciones desarrolladas en los apartados 22 a 42 de la presente sentencia. Sobre la tercera cuestión 44 Procede examinar en primer lugar la tercera cuestión, mediante la cual el órgano jurisdiccional remitente pregunta si, para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, debe examinarse si existe un interés general que justifique que dicho color siga a disposición de todos, como ocurre con los signos que indican una procedencia geográfica. 45 Según algunas de las observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, con los medios técnicos actuales es posible distinguir un gran número de tonos de color. Esta afirmación puede ser cierta, pero es irrelevante para la presente cuestión. A efectos de determinar si un color por sí solo puede ser registrado como marca, es preciso situarse en la perspectiva del público pertinente. 46 A falta de toda indicación contraria en la resolución de remisión, procede considerar que el asunto principal atañe a productos y servicios destinados a todos los consumidores. Por consiguiente, debe estimarse que en el presente caso el público pertinente está constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26). 47 El número de colores que dicho público es capaz de distinguir no es muy elevado, debido a que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente productos con diferentes tonos de color. De ello se desprende que el número de colores diferentes efectivamente disponibles, como marcas potenciales, para distinguir los productos o servicios, debe considerarse reducido. 48 Según jurisprudencia reiterada, el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer y mantener (véanse las sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG II, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13, y de 23 de febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 62). Los derechos y facultades que la marca confiere a su titular deben ser examinados en función de este objetivo. 49 Además, conforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, la marca registrada confiere a su titular, para productos o servicios determinados, un derecho exclusivo que le permite monopolizar el signo registrado como marca sin limitación en el tiempo. 50 La posibilidad de registrar una marca puede ser objeto de restricciones basadas en el interés público. 51 Así, procede interpretar las distintas causas de denegación del registro enumeradas en el artículo 3 de la Directiva a la luz del interés general que subyace en cada una de ellas (véase la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 77). 52 Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el Tribunal de Justicia ha reconocido que dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las categorías de productos o servicios para las que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos (sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25, y de 8 de abril de 2003, Linde y otros, asuntos acumulados C-53/01 a C-55/01, Rec. p. I-0000, apartado 73). 53 Igualmente, en lo que atañe al artículo el artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que una forma, cuyas características esenciales respondan a una función técnica y hayan sido elegidas para cumplirla, pueda ser libremente utilizada por todos (sentencias, antes citadas, Philips, apartado 80, y Linde y otros, apartado 72). 54 Por lo que respecta al registro como marca de colores por sí solos, sin delimitación espacial, el reducido número de colores efectivamente disponibles tiene el resultado de que un pequeño número de registros como marcas para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles. Un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico. Tampoco se ajustaría al desarrollo económico y a la promoción del espíritu de empresa que los operadores ya establecidos pudieran registrar para sí todos los colores efectivamente disponibles en detrimento de nuevos operadores. 55 Por tanto, es preciso reconocer, en el ámbito del Derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. 56 Cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido, en su caso, por la marca presente un carácter exorbitante y sea por ello contrario al mantenimiento de un sistema de competencia no falseado y al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. 57 En sus observaciones, la Comisión manifiesta que la idea de que determinados signos deben seguir estando disponibles y por tanto no pueden ser objeto de protección se expresa en el artículo 6 de la Directiva y no en los artículos 2 y 3 de ésta. No cabe acoger esta alegación. 58 En efecto, el artículo 6 de la Directiva se refiere a la limitación de los efectos de la marca, una vez que ésta se ha registrado. El argumento de la Comisión equivale a postular un control mínimo de las causas de denegación previstas en el artículo 3 de la Directiva al examinar la solicitud de registro, por cuanto el riesgo de que algunos operadores puedan apropiarse de determinados signos que deberían seguir estando disponibles queda neutralizado por los límites impuestos, en virtud de dicho artículo 6, en el momento de la aplicación de los efectos de la marca registrada. Esta argumentación conduce básicamente a retirar a la autoridad competente la apreciación de las causas de denegación que figuran en el artículo 3 de la Directiva en el momento del registro de la marca, para transferirla a los jueces encargados de garantizar el ejercicio concreto de los derechos que confiere la marca. 59 Este enfoque es incompatible con el sistema de la Directiva, que se basa en un control previo al registro y no en un control a posteriori. Ningún elemento de la Directiva permite extraer tal conclusión de su artículo 6. Por el contrario, el número y el carácter detallado de los obstáculos al registro enunciados en los artículos 2 y 3 de la Directiva, así como el amplio abanico de recursos disponibles en caso de denegación, indican que el examen efectuado en el momento de la solicitud de registro no debe ser mínimo. Dicho examen ha de ser estricto y completo para evitar que se registren marcas de manera indebida. Como ya ha declarado el Tribunal de Justicia, es preciso, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, asegurarse de que aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse con éxito ante los Tribunales no sean registradas (sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 21). 60 Por consiguiente, procede responder a la tercera cuestión prejudicial que, para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. Sobre la primera cuestión y la segunda cuestión, letra a) 61 Mediante su primera cuestión y su segunda cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pregunta básicamente si puede considerarse que un color por sí solo tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva y, en su caso, en qué circunstancias. 62 Según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (véanse, en particular, las sentencias Canon, antes citada, apartado 28, y de 4 octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959, apartado 22). Una marca debe distinguir los productos o los servicios de que se trate atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. A este respecto, es preciso tener en cuenta a la vez la utilización habitual de las marcas como indicación de origen en los sectores afectados y la percepción del público pertinente. 63 El público pertinente, tal como se define en el apartado 46 de la presente sentencia, está constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. 64 Debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (véanse, en contextos diferentes, las sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26, y de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion, C-291/00, Rec. p. I-0000, apartado 52). 65 La percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de un signo que consiste en un color por sí solo y en el caso de una marca denominativa o gráfica, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, si bien el público está acostumbrado a percibir, inmediatamente, las marcas denominativas o gráficas como signos identificadores del origen del producto, no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del producto para el que se solicita el registro del signo como marca. Los consumidores no están acostumbrados a deducir el origen de los productos sobre la base de su color o el de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, puesto que, en principio, un color por sí solo no se emplea, en la práctica comercial actual, como medio de identificación. Un color por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. 66 En el caso de un color por sí solo, la existencia de un carácter distintivo previo al uso sólo puede concebirse en circunstancias excepcionales y, principalmente, cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico. 67 No obstante, aun cuando un color por sí solo no tiene ab initio un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, puede adquirirlo, en relación con los productos o servicios correspondientes, a raíz de su uso conforme al apartado 3 de dicho artículo. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado. En tal caso, la autoridad competente debería apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 49). 68 Por tanto, debe responderse a la primera cuestión prejudicial que un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido. 69 Procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letra a), que cabe la posibilidad de reconocer que un color por sí solo tenga carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, siempre que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas. Sobre la segunda cuestión, letra b) 70 Mediante su segunda cuestión, letra b), el órgano jurisdiccional remitente pregunta si el hecho de que el registro como marca de un color por sí solo se haya solicitado para una amplia gama de productos o servicios, o bien para un producto o servicio específico o para una clase específica de productos o servicios es relevante para apreciar si dicho color tiene carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva. 71 A la luz de las consideraciones expuestas en los apartados 56, 66 y 67 de la presente sentencia, procede responder a la segunda cuestión prejudicial, letra b), que el hecho de que el registro como marca de un color por sí solo se haya solicitado para una amplia gama de productos o servicios, o bien para un producto o servicio específico o para una clase específica de productos o servicios es relevante, junto con las demás circunstancias del caso de que se trate, tanto para apreciar el carácter distintivo del color cuyo registro se solicita como para apreciar si su registro es contrario al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. Sobre la cuarta cuestión 72 Mediante su cuarta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber fundamentalmente si para apreciar si una marca posee el carácter distintivo al que se refiere el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, la autoridad competente en materia de registro de marcas debe efectuar un examen abstracto o concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el uso que se ha hecho de la marca. 73 Es preciso señalar, en primer lugar, que el duodécimo considerando de la Directiva precisa que «todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial» y «que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con las del Convenio de París». 74 Pues bien, el artículo 6 quinquies, C, apartado 1, del Convenio de París, precisa que «para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca». 75 En segundo lugar, el registro de un signo como marca siempre se solicita respecto a productos o servicios mencionados en la solicitud de registro. Así, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por un lado, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otro lado, en relación con su percepción por parte del público pertinente. 76 Toda vez que la autoridad competente en materia de registro de marcas debe asegurarse de que el signo no carece de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de la empresa que solicita su registro como marca, no puede realizar un examen in abstracto, sino que este examen debe necesariamente efectuarse in concreto. Dicho examen debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como marca se solicita. 77 Por tanto, es preciso responder a la cuarta cuestión prejudicial que, para apreciar si una marca posee el carácter distintivo al que se refiere el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva, la autoridad competente en materia de registro de marcas debe efectuar un examen concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el uso que se ha hecho de la marca. Decisión sobre las costas Costas 78 Los gastos efectuados por los gobiernos neerlandés y del Reino Unido y por la Comisión, que han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA, pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden, mediante resolución de 23 de febrero de 2001, declara: 1) Un color por sí solo, sin delimitación espacial, puede tener, para determinados productos y servicios, un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, a condición, principalmente, de que pueda ser objeto de una representación gráfica clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva. Este último requisito no puede satisfacerse mediante la simple reproducción en papel del color de que se trate, pero puede cumplirse mediante la designación de este color con un código de identificación internacionalmente reconocido. 2) Para apreciar el carácter distintivo como marca de un color determinado, es necesario tener en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. 3) Cabe la posibilidad de reconocer que un color por sí solo tenga carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, siempre que, en relación con la percepción del público pertinente, la marca sea apropiada para identificar el producto o servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto o servicio de los de otras empresas. 4) El hecho de que el registro como marca de un color por sí solo se haya solicitado para una amplia gama de productos o servicios, o bien para un producto o servicio específico o para una clase específica de productos o servicios es relevante, junto con las demás circunstancias del caso de que se trate, tanto para apreciar el carácter distintivo del color cuyo registro se solicita como para apreciar si su registro es contrario al interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro. 5) Para apreciar si una marca posee el carácter distintivo al que se refiere el artículo 3, apartados 1, letra b), y 3, de la Directiva 89/104, la autoridad competente en materia de registro de marcas debe efectuar un examen concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, y en particular el uso que se ha hecho de la marca.

62005CJ0441

mt

Motivi tas-sentenza 1. It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-validità: – ta' l-Artikolu 24(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1785/81, tat-30 ta' Ġunju 1981, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (ĠU L 177, p. 4); – ta' l-Artikolu 27(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2038/1999, tat-13 ta' Settembru 1999, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (ĠU L 252, p. 1); – ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2000, tad-29 ta' Settembru 2000, dwar tnaqqis, għas-sena tas-suq 2000/2001, fil-kwantità garantita taħt l-iskema ta’ kwoti ta' produzzjoni għas-settur taz-zokkor u l-bżonnijiet massimi preżunti ta’ provvista tar-raffineriji taz-zokkor taħt l-arranġamenti preferenzjali ta' l-importazzjoni (ĠU 246, p. 38); – ta' l-Artikolu 11(2) (KE) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/2001 tad-19 ta' Ġunju 2001 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor (ĠU L 178, p. 1); – ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) tal-Kummissjoni Nru 1745/2002, tat-30 ta' Settembru 2002, dwar, tnaqqis, għas-sena tas-suq 2002/2003, il-kwantità garantita taħt il-kwoti tal-produzzjoni taħt l-iskema ta’ kwoti ta' produzzjoni għas-settur taz-zokkor u l-bżonnijiet massimi preżunti ta’ provvista tar-raffineriji taz-zokkor taħt l-arranġamenti preferenzjali ta' l-importazzjoni (ĠU L 263, p. 31), u – ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1739/2003 tat-30 ta' Settembru 2003 li jnaqqas, għas-sena tas-suq 2003/2004 il-kwantità garantita taħt il-kwoti tal-produzzjoni għas-settur taz-zokkor u l-provvista massima meqjusa meħtieġa għar-raffineriji taz-zokkor taħt l-importazzjonijiet preferenzjali (ĠU L 249, p. 38). 2. Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża bejn il-kumpannija Roquette Frères (aktar 'il quddiem "Roquette"), prodottur uniku ta' isoglukożju stabbilita fi Franza metropolitana, u l-ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et de la Ruralité (aktar 'il quddiem il-"ministru"), fuq il-kwoti ta' produzzjoni ta' isoglukożju attribwiti lil Roquette fil-kuntest ta' l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fil-qasam taz-zokkor. Il-kuntest ġuridiku Ir-Regolament (KEE) Nru 1111/77 kif emendat mir-Regolament (KEE) Nru 1293/79 3. Skond l-Artikolu 9 tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1111/77, tas-17 ta' Mejju 1977, li jistabbilixxi dispożizzjonijiet komuni għall-isoglukożju (ĠU L 134, p. 4), kif emendat mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1293/79, tal-25 ta' Ġunju 1979 (ĠU L 162, p. 10): "1. Kwota bażika għandha tiġi attribwita lill kull impriża stabbilita fil-Komunità li tipproduċi isoglukożju, għall-perijodu [mill-1 ta' Lulju 1979 sat-30 ta' Ġunju 1980]. […] il-kwota bażika ta' kull impriża in kwistjoni għandha tkun ugwali għad-doppju tal-produzzjoni tagħha kkonstatata, skond dan ir-Regolament, waqt il-perijodu mill-1ta' Novembru 1978 sat-30 ta' April 1979. 2. Għandha tiġi attribwita lil kull impriża li għandha kwota bażika wkoll kwota massima ugwali għall-kwota tagħha bażika mmultiplikata b'koeffiċjent. [...] […]" [traduzzjoni mhux uffiċjali] 4. Skond il-paragrafu 4 ta' dan l-istess Artikolu, il-kwoti bażiċi kienu attribwiti bl-isem lil kull impriża kkonċernata. L-Anness II tar-Regolament Nru 1111/77 kif emendat bir-Regolament Nru 1293/79 kien jiddisponi illi l-kwota bażika għal Roquette kienet stabbilita għal 15 887 t espressi f'materjal niexef. 5. Wara rikors imressaq minn din ta' l-aħħar, ir-Regolament Nru 1293/79 ġie annullat mill-Qorti tal-Ġustizzja minħabba ksur ta' forom sostanzjali (sentenza tad-29 ta' Ottubru 1980, Roquette Frères vs Il-Kunsill, 138/79, Ġabra p. 3333). Ir-Regolamenti (KEE) Nri 387/81 u 388/81 6. Bħala konsegwenza ta' l-annullament tar-Regolament Nru 1293/79, il-Kunsill kien adotta r-Regolament (KEE) Nru 387/81, ta' l-10 ta' Frar 1981, li jemenda r-Regolament Nru 1111/77 (ĠU L 44, p. 1), li stabbilixxa mill-ġdid b'mod partikolari, permezz ta' riferiment għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 1111/77, sistema ta' kwoti b'effett retroattiv għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 1979 sat-30 ta' Ġunju 1980. 7. Wara dan, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 388/81, ta' l-10 ta' Frar 1981, li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1592/80 dwar l-applikazzjoni tas-sistema ta' produzzjoni għas-setturi taz-zokkor u l-isoglukożju għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 1980 sat-30 ta' Ġunju 1981 (ĠU L 44, p. 4), estenda l-iskema ta' kwoti bażiċi għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 1980 sat-30 ta' Ġunju 1981. Ir-Regolament Nru 1785/81 8. Ir-Regolament Nru 1111/77 ġie abrogat u sostitwit bir-Regolament Nru 1785/81. F'dan l-aħħar Regolament, il-kwoti ta' produzzjoni ta' isoglukożju ġew stabbiliti mhux biss b'mod li tiġi indikata kull impriża li tipproduċi, iżda fuq bażi reġjonali. 9. Skond l-erbatax-il premessa tar-Regolament: “[…] huwa fondat li jingħata lill-Istati Membri, fil-kuntest ta' regoli u kriterji Komunitarji partikolari, barra l-kompetenza li tattribwixxi l-kwoti minn impriża li tipproduċi […] l-isoglukożju, dik li temenda ulterjorment il-kwoti ta' impriżi eżistenti bi tnaqqis ta' dawn ta' kwantità totali li ma tistax teċċedi madankollu, għall-perijodu kollu mill-1 ta' Lulju 1981 sat-30 ta' Ġunju 1986, 10 % tal-kwoti stabbiliti inizjalment skond il-kriterji in kwistjoni, u li jiġu attribwiti mill-ġdid lill-impriżi oħrajn il-kwantitajiet tal-kwoti mnaqqsa; […]" [traduzzjoni mhux uffiċjali] 10. Ir-Regolament Nru 1785/81 kien inizjalment applikabbli għas-snin tas-suq 1981/1982 sa 1985/1986. L-Artikolu 24 jiddisponi: "1. L-Istati Membri għandhom jattribwixxu, taħt il-kundizzjonijiet ta' dan it-titlu, kwota A u kwota B lil kull impriża li tipproduċi […] l-isoglukożju, stabbilita fuq it-territorju tagħha, u li […] ġiet mogħtija, waqt il-perijodu mill-1 ta' Lulju 1980 sat-30 ta' Ġunju 1981, kwota bażika kif definita […] mir-Regolament (KEE) Nru 1111/77 […] [...] 3. Il-kwota A ta' kull impriża ta' produzzjoni […] għandha tkun ugwali għall-kwota bażika li ngħatat lilha għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 1980 sat-30 ta' Ġunju 1981. […] 5. Il-kwota B ta' kull impriża ta' produzzjoni ta' isoglukożju għandha tkun ugwali għal 23,55 % tal-kwota tagħha A stabbilita skond il-paragrafu 3 […] […]" [traduzzjoni mhux uffiċjali] 11. Skond il-paragrafu 2 ta' l-istess Artikolu, il-kwantitajiet bażiċi għall-attribuzzjoni ta’ l-imsemmija kwoti għal Franza Metropolitana kienu ffissati, rispettivament, għal 15 887 t (kwantitajiet bażiċi A) u għal 4 135 t (kwantitajiet bażiċi B), u dawn ifissru tunnellati ta' materjal niexef. 12. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 1785/81 jippermetti t-trasferiment u t-tnaqqis tal-kwoti A u tal-kwoti B fiċ-ċirkustanzi li ġejjin: "1. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu trasferimenti ta' kwoti A u ta' kowti B bejn impriżi taħt dawn il-kundizzjonijiet l-Artikolu u meta jieħdu in kunsiderazzjoni l-interess ta' kull parti kkonċernata […] 2. L-Istati Membri jistgħu jnaqqsu l-kwota A u l-kwota B ta' kull impriża li tipproduċi […] l-isoglukożju [stabbilita] fit-territorju tagħhom ta' kwantità totali li ma taqbżix […] 10 %, skond il-każ, tal-kwota A jew tal-kwota B […] […] 3. Il-kwantitajiet tal-kwoti A jew tal-kwoti B mnaqqsa huma attribwiti kif inhuma mill-Istati Membri lil impriża jew lil diversi impriżi oħra li għandhom jew m'għandhomx kwota u li huma stabbiliti fl-istess reġjun, fis-sens ta' l-Artikolu 24(2), ta’ l-impriżi li għalihom dawn il-kwantitajiet ġew imnaqqsa. […]" [traduzzjoni mhux uffiċjali] Ir-Regolamenti Nri 2038/1999 u 2073/2000 13. Bir-Regolament Nru 2038/1999, il-Kunsill adotta organizzazzjoni komuni ġdida tas-swieq fis-settur taz-zokkor, bili kkodifika r-Regolament Nru 1785/81, li kien ġie abrogat. 14. L-ewwel inċiż ta' l-Artikolu 26(5), tar-Regolament Nru 2038/1999 jippreċiża: "Il-garanziji għar-rimi […] ta' isoglukożju […] [iffabbrikat] permezz tal-kwota jistgħu jitnaqqsu għal sena tas-suq waħda jew aktar sabiex ikunu konformi ma' l-obbligi tal-Komunità taħt il-Ftehim Agrikolu konkluż skond l-Artikolu 300(2) [KE]." [traduzzzjoni mhux uffiċjali] 15. L-Artikolu 27 (1) ta' l-imsemmi Regolament jiddisponi: "L-Istati Membri għandhom jattribwixxu, taħt il-kundizzjonijiet ta' dan il-Kapitolu, kwota A u kwota B lil kull impriża stabbilita fit-territorju tagħha li tipproduċi […] l-isoglukożju u li: – […] kellha, waqt is-sena tas-suq 1994/1995, kwota A u kwota B, […]" [traduzzzjoni mhux uffiċjali] 16. Il-kwatitajiet bażiċi għall-attribuzzjoni ta' l-imsemmija kwoti, kif previsti mill-paragrafu 3 ta' l-istess Artikolu, kienu identiċi għal dawk stabbiliti preċedentement għas-snin tas-suq 1981/1982 sa 1985/1986 fl-Artikolu 24(2) tar-Regolament Nru 1785/81. 17. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 30 tar-Regolament Nru 2038/1999 jipprevedi t-trasferiment u t-tnaqqis tal-kwoti A u tal-kwoti B f'kundizzjonijiet analogi għal dawk li kienu previsti qabel fl-Artikolu 25 tar-Regolament Nru 1785/81. 18. Ir-Regolament Nru 2073/2000, adottat abbażi ta' l-Artikolu 26(5) tar-Regolament Nru 2038/1999, huwa intiż li jnaqqas, għas-sena tas-suq 2000/2001, il-kwoti attribwiti minn dan ta' l-aħħar. L-Artikolu 1(2) u (3) jiddisponi: "2. Id-differenza msemmija fil-paragarfu 1 [498 800 t] għandha tiġi allokata skond il-prodott u skond ir-reġjun konformement ma l-Anness I. Wara li titnaqqas id-differenza, il-kwantitajiet bażiċi li jservu sabiex jattribwixxu l-kwoti ta' produzzjoni lil impriżi li jipproduċu skond is-sena tas-suq 2000/2001 għandhom ikunu dawk li jinsabu fl-Anness II. 3. Għal kull impriża li tipproduċi li għaliha kwota ta' produzzjoni ġiet attribwita għas-sena tas-suq 2000/2001, l-Istati Membri għandom jistabbilixxu t-tnaqqis speċifiku, kif ukoll il-kwota tagħha A u l-kwota tagħha B immodifikati wara l-applikazzjoni ta' din id-differenza [...]"[traduzzzjoni mhux uffiċjali] Ir-Regolamenti Nri 1260/2001, 1745/2002 u 1739/2003 19. Ir-Regolament Nru 1260/2001 kien applikabbli għas-snin tas-suq mill-2001/2002 sa l-2005/2006. 20. Jirriżulta mill-Artikoli 10(2) u 11(2) ta' l-imsemmi Regolament illi l-kwantitajiet bażiċi ta' produzzjoni ta' isoglukożju kienu, għal Franza metroplitana, ta' 15 747,1 t (kwantità ta' bażi A) u ta' 4 098,6 t (kwantitajiet bażiċi B), li jirreferu għal tunnellati ta' materjal niexef. 21. L-Artikolu 11(3) ta' dan ir-regolament jippreċiża: "Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 10(3), (4), (5) u (6) u l-Artikolu 12, il-kwoti A u B għal […] azjenda li tipproduċi [l-isoglukożju] [… ] u pprovduti [mill-Istati Membri] bi kwota A u B matul is-sena tas-suq 2000/2001 qabel l-applikazzjoni ta' l-Artikolu 26(5) tar-Regolament (KE) Nru 2038/1999 […]" 22. L-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 1260/2001 jippermetti, bħall-Artikolu 26(5) tar-Regolament Nru 2038/1999, tnaqqis tal-kwantità garantita fil-kuntest ta' kwoti ta' produzzjoni sabiex jitħarsu impenji internazzjonali. 23. Fl-aħħar nett, bħall-Artikoli 25 tar-Regolament Nru 1785/81 u 30 tar-Regolament 2038/1999, l-Artikolu 12 tar-Regolament Nru 1260/2001 jipprevedi illi l-Istati Membri jistgħu jagħmlu trasferimenti ta' kwoti A u kwoti B bejn impriżi. 24. Abbażi ta' l-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 1260/2001, il-Kummissjoni adottat ir-Regolament Nru 1745/2002, li huwa intiż li jnaqqas il-kwantitajiet garantiti fil-kuntest tal-kwoti ta' produzzjoni għas-sena tas-suq 2002/2003. L-Artikolu 1(2) u (3) tiegħu jiddisponi: "2. It-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 1 [862 475 t] għandu jiġi allokat skond il-prodott u skond ir-reġjun konformement ma' l-Anness I. Wara t-tnaqqis, il-kwantitajiet bażiċi li jservu sabiex jattribwixxu l-kwoti ta' produzzjoni lill-impriżi ta' produzzjoni għas-sena tas-suq 2002/2003 għandhom ikunu dawk li jinsabu fl-Anness II. 3. Għal kull impriża li tipproduċi li għaliha kwota ta' produzzjoni ġiet attribwita għas-sena tas-suq 2002/2003, l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu t-tnaqqis speċifiku, kif ukoll il-kwota A tagħha u l-kwota B tagħha immodifikati wara l-applikazzjoni ta' dan it-tnaqqis […]" [traduzzjoni mhux uffiċjali] 25. Fl-aħħar nett, tnaqqis ġdid tal-kwoti ta' produzzjoni ta' isoglukożju sar abbażi ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1739/2003 għas-sena tas-suq 2003/2004. Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari 26. B'deċiżjoni tat-28 ta' Ġunju 2000, id-Direttur tal-Politika Ekonomika u Internazzjonali tal-Ministeru ta' l-Agrikoltura kkonferma lil Roquette l-livell tal-kwoti annwali ta' produzzjoni ta' isoglukożju li ġew attribwiti lilha skond ir-Regolamenti Nri 1785/81 u 2038/1999 mis-sena tas-suq 1981/1982, jiġifieri 15 887 t għall-isoglukożju A u 4 135 t għall-isoglukożju B. 27. Wara dan, b'deċiżjoni tas-26 ta' Ottubru 2000, il-Ministru naqqas l-imsemmija kwoti attribwiti lil Roquette abbażi tar-Regolament Nru 2073/2000 b’606.6 t ta' isoglukożju A u b’157.9 t ta' isoglukożju B, u b’hekk stabbilixxa dawn il-kwoti għas-sena tas-suq 2000/2001 għal, rispettivament, għal 15 280.4 t u għal 3 977.1 t. 28. B'deċiżjoni tat-13 ta' Lulju 2001, meħuda skond ir-Regolament Nru 1260/2001, il-Ministru stabbilixxa, għas-snin tas-suq 2001/2002 sa 2005/2006, il-kwoti ta' produzzjoni ta' Roquette għal 15 747.1 t għall-isoglukożju A u għal 4 098.6 t għall-isoglukożju B. 29. B'deċiżjoni tat-23 ta' Ottubru 2002, meħuda skond ir-Regolamenti Nri 1745/2002 u 1739/2003, dan il-Ministru, għas-sena tas-suq 2002/2003, "iddeklassifika" 1 048.9 t ta' isoglukożju A u 273 t ta' isoglukożju B u b’hekk iffissa l-kwoti ta' produzzjoni ta' Roquette, rispettivament, għal 14 698.2 t u għal 3 825.6 t. Bl-istess mod, b'deċiżjoni tas-17 ta' Ottubru 2003, huwa "ddeklassifika" 262.1 t ta' isoglukożju A u 68.2 t ta’isoglukożju B għas-sena tas-suq 2003/2004 u b’hekk iffissa l-imsemmija kwoti għal din is-sena, rispettivament, għal 15 485 t u għal 4 030.4 t. 30. Roquette ressqet rikors quddiem it-Tribunal Administratif de Lille (Qorti Amminstrattiva, Lille) sabiex tannulla d-Deċiżjoni tat-28 ta' Ġunju 2000 u l-erba' deċiżjonijiet iċċitati qabel, billi invokat l-illegalità ta' sitt Regolamenti li fuqhom huma bbażati dawn id-Deċiżjonijiet. 31. Wara li għaqqdet dawn il-ħames rikorsi, din il-qorti ċaħdihom b'sentenza tal-11 ta' Marzu 2004, billi kkunsidrat illi Roquette kellha tressaq rikors ta' annullament quddiem il-qrati komunitarji kontra r-Regolament Nru 1785/81 u l-ħames regolamenti ulterjuri. 32. It-talbiet ġew miċħuda kollha flimkien mingħajr ma ġie eżaminat il-mertu, peress li l-imsemmija qorti applikat l-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li tirriżulta mis-sentenza tal-15 ta' Frar 2001, Nachi Europe (C‑239/99, Ġabra p. I‑1197), li tgħid illi rikorrent ma jistax jeċċepixxi quddiem il-qorti nazzjonali, permezz ta’ eċċezzjoni, l-illegalità ta' att Kommunitarju li ma kkontestax direttament quddiem il-qrati Komunitarji fit-termini previsti għal rikors. 33. Roquette għamlet appell minn din is-sentenza quddiem il-cour administrative d’appel de Douai (Qorti Amministattiva ta’ l-Appell, Douai). 34. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-cour administrative d’appel ta' Douai ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tressaq lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin: "1) […] il-kumpannija Roquette Frères setgħet mingħajr ebda dubju tikkontesta direttament quddiem [il-Qorti tal-Gustizzja] il-legalità tal-[paragrafu] 2 ta' l-Artikolu 24 tar-Regolament Nru 1785/81, tal-[paragrafu] 3 ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament Nru 2038/1999, ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 2073/2000, tal-[paragrafu] 2 ta' l-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 1260/2001, ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1745/2002 u ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1739/2003[?] 2) Fil-każ fejn il-kumpannija Roquette Frères tista’ teċċepixxi l-illegalità ta' l-imsemmija dispożizzjonijiet [quddiem il-qrati nazzjonali], [...] il-[paragrafu] 2 ta' l-Artikolu 24 tar-Regolament Nru 1785/81, il-[paragrafu] 3 ta' l-Artikolu 27 tar-Regolament Nru 2038/1999, l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 2073/2000, il-[paragrafu] 2 ta' l-Artikolu 11 tar-Regolament Nru 1260/2001, l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1745/2002 u l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1739/2003 huma validi safejn huma jiffissaw il-kwantitajiet bażiċi massimi ta' produzzjoni ta' isoglukożju għal Franza metropolitana mingħajr ma ħadu kont ta’ l-isoglukożju prodott f'dan l-Istat Membru bejn l-1 ta' Novembru 1978 u t-30 ta' April bħala prodott intermedjarju għall-manifattura ta’ prodotti oħrajn intiżi għall-bejgħ [?]" Fuq id-domandi preliminari Fuq l-ewwel domanda 35. Bl-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju ssaqsi, essenzjalment, jekk persuna fiżika jew morali bħal Roquette, f'ċirkustanzi ta' fatt u ta' dritt bħal dawk f'din il-kawża prinċipali, setgħetx mingħajr ebda dubju tressaq rikors ammissibbli għal annullament abbażi ta' l-Artikolu 230 KE kontra d-dispożizzjonijiet imsemmija f'din id-domanda (aktar 'il quddiem id-"dispożizzjonijiet ikkontestati"). 36. Għal din il-qorti, kienet kwistjoni, fil-fatt, li jiġi assigurat illi Roquette, ikkunsidrata l-ġurisprudenza li tirriżulta b'mod partikolari mis-sentenza Nachi Europe, iċċitata aktar 'il fuq, tista' tinvoka quddiemha l-illegalità tad-dispożizzjonijet ikkontestati, għalkemm hija ma ressqitx rikors għal anullament kontra dawn id-dispożizzjonijiet quddiem il-qrati Komunitarji fit-terminu previst fl-Artikolu 230 KE. 37. F'dan ir-rigward, il-Gvern Franċiż u l-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej isostnu illi Roquette setgħet mingħajr ebda dubju tressaq rikors ta' annullament kontra d-dispożizzjonijiet ikkontestati, safejn dawn jikkonċernawha direttament u individwalment, b'mod partikolari minħabba l-fatt li hija kienet l-uniku produttur Franċiż ta' isoglukożju u kienet tgawdi, abbażi ta’ dan, mill-kwantitajiet bażiċi kollha mogħtija lil Franza metropolitana. 38. Għall-kuntrarju, Roquette u l-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea iqisu illi d- dispożizzjonijiet ikkontestati ma kinux jikkonċernaw direttament u individwalment ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali u li, fi kwalunkwe każ, jibqa' ċertu dubju dwar il -locus standi tagħha li tressaq rikors għal anullament kontra dawn id-dispożizzjonijiet. Għalhekk, il-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza Nachi Europe, iċċitata aktar 'il fuq, ma tapplikax f'din il-kawża, b’tali mod li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali tista' tużhom fl-invalidità eventuali tad-dispożizzjonijiet ikkontestati u li, għalhekk, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tevalwa l-validità tagħhom. 39. Għandu jiġi mfakkar, l-ewwel nett, illi l-Artikolu 241 KE jesprimi prinċipju ġenerali ta' dritt li jassigura r-rikorrent id-dritt, fil-kuntest ta' rikors magħmul skond id-dritt nazzjonali kontra ċ-ċaħda tat-talba tiegħu, li jeċċepixxi l-illegalità ta' Att Komunitarju li jservi ta' bażi għal deċiżjoni nazzjonali meħuda kontra l-individwu, u l-kwistjoni tal-validità ta' dan l-att Komunitarju tista', għalhekk, tiġi riferuta lill-Qorti tal-Ġustizzja fil-kuntest ta' proċedura preliminari (sentenza Nachi Europe, iċċitata aktar 'il fuq, punt 35, u l-ġurisprudenza ċċitata). 40. Madankollu, dan il-prinċipju ġenerali, intiż sabiex jiggarantixxi li kull persuna jkollha jew kellha possibbiltà li tikkontesta Att Kommunitarju li jservi ta' bażi għal deċiżjoni li taffetwha b’mod ħażin, bl-ebda mod ma jipprekludi li Regolament isir definittiv fil-konfronti ta’ individwi li fir-rigward ta’ liema dan għandu jitqies bħala deċiżjoni individuali u li seta’ mingħajr dubju jitlob l-annullament tagħha skond l-Artikolu 230 KE, fatt li jimpedixxi lil dan l-individwu milli jeċċepixxi quddiem il-qorti nazzjonali l-illegalità ta' dan ir-Regolament (sentenza Nachi Europe, iċċitata aktar 'il fuq, punt 37). 41. Għalhekk, il-kwistjoni tqum dwar jekk rikors ta' Roquette skond ir-raba' inċiż ta' l-Artikolu 230 KE kontra dispożizzjonijiet ikkontestati kienx mingħajr ebda dubju ammissibbli, peress li dawn jikkonċernawha direttament u individwalment (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta' Diċembru 1996, Accrington Beef et ., C‑241/95, Ġabra p. I‑6699, punt 15). 42. F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġi kkonstatat li r-Regolamenti li minnhom ħarġu dawn l-imsemmija dispożizzjonijiet jistabbilixxu b'mod partikolari sistema ta' kwantitajiet bażiċi ta' produzzjoni allokati lill-Istati Membri, u dawn għandhom iqassmuhom bejn l-impriżi differenti li jipproduċu stabbiliti fuq it-territorji tagħhom. 43. Issa, f'sistema simili bħal din fejn hija r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri li jqassmu kwantitajiet bażiċi ta' produzzjoni li huma ġew allokati bejn l-impriżi ta' produzzjoni mal-possibbiltà li jħaddmu t-trasferimenti ta' kwoti bejniethom, għandu jiġi kkonstatat illi kull produttur għandu l-kwoti tiegħu ffissati direttament u definittivament b'deċiżjoni ta' l-Istat Membru li fih huwa jinsab. 44. Barra dan, għandu jiġi mfakkar illi, f'din is-sistema, l-Istati Membri jgawdu minn ċertu grad ta' diskrezzjoni, peress li jistgħu jipproċedu, taħt il-kundizzjonijiet previsti bil-leġiżlazzjoni Komunitarja, għal tqassim ġdid ta' kwoti bejn l-impriżi produttriċi sabiex, b'mod partikolari, tippermetti lil dawk li jidħlu ġodda li jibdew il-produzzjoni ta' isoglukożju. 45. Għalhekk impriża produttriċi ma tistax, fil-prinċipju, tkun direttament ikkonċernata fis-sens ta' r-raba inċiż ta' l-Artikolu 230 KE bl-allokazzjoni ta' kwantitajiet bażiċi lill-Istati Membri kif inhuma maħduma fuq livell Komunitarju bid-dispożizzjonijiet ikkonetstati. 46. Fl-aħħar nett, il-fatt illi Roquette kienet l-unika produttriċi ta' isoglukożju stabbilita fi Franza metroplitana u li hija gawdiet, minħabba dan, mill-kwantità bażika kollha ta' produzzjoni allokata lil din ta' l-aħħar ma jbiddel xejn minn din il-konklużjoni, peress illi, fin-nuqqas ta' deċiżjoni nazzjonali f'dan is-sens, xejn ma jassigura fir-realtà li din l-impriża dan il-livell ta' kwoti fuq il-bażi biss ta' Regolamenti Komunitarji, peress li parti minn dawn il-kwoti tagħha setgħu ġew attribwiti mill-ġdid mill-Istat Membru kkonċernat, b'mod partikolari lil produttur eventwali ġdid ta' isoglukożju. 47. Jirriżulta mill-konstatazzjonijiet li saru qabel illi impriża bħal Roquette ma tistax tiġi kkunsidrata li hija kkonċernata direttament fis-sens tar-raba inċiż ta' l-Artikolu 230 KE mid-dispożizzjonijiet ikkontestati. Għalhekk, ma jistax jiġi sostnut illi hija setgħet mingħajr dubju ressaq rikors ammissibbli għal anullament ta' dawn id-dispożizzjonijiet quddiem il-qrati Komunitarji. 48. Għalhekk, ir-risposta għall-ewwel domanda preliminari għandha tkun illi persuna fiżika jew morali bħal m'hi Roquette, f'ċirkustanzi ta' fatt u ta' dritt bħal dawk f'din il-kawża prinċipali, ma setgħetx mingħajr dubju tressaq rikors ammissibbli għal annullament abbażi ta' l-Artikolu 230 KE kontra d-dispożizzjonijiet ikkontestati.. Għalhekk, din il-persuna tista' tinvoka, fil-kuntest ta' rikors imressaq skond id-dritt nazzjonali, l-illegalità ta' dawn id-dispożizzjonijiet, għalkemm hija ma ressqitx rikors għal annullament kontra l-imsemmija dispożizzjonijiet quddiem il-qrati komunitarji fit-terminu previst fl-Artikolu 230 KE. Fuq it-tieni domanda 49. B'din id-domanda, il-qorti tar-rinviju titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja li tevalwa l-validità tad-dispożizzjonijiet ikkontestati, safejn huma jiffissaw il-kwantitajiet bażiċi massimi ta' produzzjoni ta' isoglukożju għal Franza metropolitana mingħajr ma ħadu kont ta’ l-isoglukożju prodott f'dan l-Istat Membru bejn l-1 ta' Novembru 1978 u t-30 ta' April 1979 (aktar 'il quddiem il-"perijodu ta' riferenza") bħala prodott intermedjarju għall-manifattura finali ta' prodotti oħrajn intiżi għall-bejgħ. 50. F'dan ir-rigward, Roquette ssostni illi d-dispożizzjonijiet ikkontestati huma invalidi. Hija ssostni illi l-iffissar inizjali tal-kwoti ta' isoglukożju fil-kuntest tar-Regolament Nru 1111/77 kif emendat bir-Regolament Nru 387/81 kien illegali, fir-rigward tal-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza tat-13 ta' Frar 1992, Roquette Frères (C‑210/90, Ġabra p. I‑731), fil-miżura fejn il-kwantitajiet ta' isoglukożju prodotti bħala prodott intermedjarju ma kinux mgħadda fil-produzzjoni tal-perijodu ta' riferenza, li serva għad-determinazzjoni tal-kwoti inizjali, u li skondhom il-kwantitajiet ta' produzzjoni allokati lill-Istati Membri kienu ġew ddeterminati ulterjorment mid-dispożizzjonijiet ikkontestati. 51. Rigward l-informazzjoni dwar il-perijodu ta' riferenza, Roquette tqis illi hija ma kellha ebda indikazzjoni fil-leġiżlazzjoni dak iż-żmien fis-seħħ dwar il-bżonn li tinkludi, fl-informazzjoni li l-produtturi għandhom jibagħtu lill-awtoritajiet kompetenti, il-kwantitajiet ta' isoglukożju prodott bħala prodott intermedjarju. Din l-inċertezza kienet miżjuda bl-aġir ta' l-Istati Membri u, fl-aħħar lok, mill-Kummissjoni, li eżiġiet biss fil-qosor illi l-informazzjoni dwar il-kapaċitajiet ta' produzzjoni tal-produtturi ta' isoglukożju tkun mibgħuta lilha, mingħajr ma tat preċiżazzjoni addizjonali. Roquette tikkonkludi li ma tistax għalhekk tiġi kkritikata m’ikkalkulatx il-kwantitajiet ta' isoglukożju prodott bħal prodott intermedjarju fl-informazzjoni li srviet għall-iffissar tal-kwoti inizjali. 52. Għall-kuntrarju, il-gvern Franċiż, il-Kunsill u l-Kummissjoni jqisu illi d-dispożizzjonijiet ikkontestati huma validi. Huma jsostnu b'mod partikolari illi huwa ġustament in-nuqqas li ssir differenza, fil-leġiżlazzjoni f’dak iż-żmien applikabbli, bejn d-destinazzjoni ta' produzzjonijiet ta' isoglukożju li kellha tħeġġeġ lil Roquette li ma tagħmilx distinzjoni u għalhekk tibgħat l-informazzjoni kollha ta' produzzjoni ta' isoglukożju, inklużi dawk dwar l-isoglukożju prodott bħala prodott intermedjarju. Għalhekk, ma jistax jiġi deċiż li kien hemm żball manifest ta' evalwazzjoni min-naħa tal-Kunsill waqt l-iffissar ta' kwantiajiet bażiċi kif jirriżultaw mid-dispożizzjonijiet ikkontestati. 53. L-ewwel nett, għandu jiġi mfakkar illi l-Kunsill, bir-Regolament tiegħu Nru 1111/77 kif emendat bir-Regolament Nru 387/81, attribwixxa kwota bażika inizjali lil Roquette għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 1979 sat-30 ta' Ġunju 1980. Hekk kif jirriżulta mit-termini tat-tieni inċiż ta' l-Artikolu 9(1) ta' dan ir-Regolament, din il-kwota għandha tkun ugwali għad-doppju tal-produzzjoni tagħha kkonstatata għall-perijodu ta' riferenza. 54. Sabiex tiġi ddeterminata l-produzzjoni ta' kull waħda mill-impriżi kkonċernati waqt dan il-perijodu, il-Kummissjoni użat l-informazzjoni dwar il-produzzjoni tagħhom f’kull xahar tal-kalendarju illi l-Istati Membri kienu bagħtulha b'applikazzjoni ta' l-Artikolu 1 tar-Regolament (KEE) Nru 1471/77, tat-30 ta' Ġunju 1977, dwar il-komunikazzjonijiet ta' l-Istati Membri dwar l-isoglukożju (ĠU L 162, p.13). Din l-informazzjoni ġiet miksuba mill-Istati Membri permezz ta' dikjarazzjonijiet magħhula mill-impriżi produttriċi stess. 55. Fuq din il-bażi, il-Kunsill iffissa, f'tabella mdaħħla fl-Anness II tar- Regolament Nru 1111/77 kif emednat bir-Regolament Nru 387/81, il-kwota bażika għal Roquette ta' 15 887 t espressi f'materjal niexef, jiġifieri d-doppju tal-produzzjoni kkonstat waqt il-perijodu ta' riferenza konformement mal-proċedura spjegata fil-punt preċedenti ta' din is-sentenza. F'dan ir-rigward, huwa paċifiku illi Roquette m’ikkalkulatx il-kwantitajiet ta' isoglukożju prodott bħala prodott intermedjarju fl-informazzjoni dwar il-produzzjoni mibgħuta lill-awtoritajiet nazzjonali. 56. Jirriżulta mid-dispożizzjonijiet ikkontestati illi, sussegwentement, il-kwantitajiet bażiċi ġew iffissati għall-istess livell tal-kwoti bażiċi mogħtija inizjalment, suġġetti għal tnaqqis li jirriżulta mill-impenji internazzjonali meħuda mill-Komunità. 57. F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat illi l-kwoti inizjali għall-perijodu mill-1 ta' Lulju 1979 sat-30 ta' Ġunju 1980 kienu ġew iffissati, konformement ma’ l-Artikolu 9(1) tar-Regolament Nru 1111/77 kif emendat bir-Regolament Nru 387/81, abbażi tal-produzzjoni kkonstatata minn impriżi li jipproduċu waqt il-perijodu ta' riferenza, peress li din il-konstatazzjoni kienet ibbażata fuq l-informazzjoni li dawn l-impriżi li jipproduċu stess kienu bagħtu lill-Istati Membri li, wara li ħadu Att tagħhom u pproċedew għal verifiki eventwali, kienu ikkomunikawhom lill-Kummissjoni konformement ma’ l-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 1471/77. Meta l-Kunsill kien iddeċieda li jirreferi għall-imsemmija kwoti, huwa ma kellux jerġa’ jiġbor mill-ġdid l-imsemmija informazzjoni mogħtija waqt l-adozzjoni tar-Regolamenti in kwistjoni fil-kawża prinċipali. 58. Għalhekk, il-fatt illi, fid-dispożizzjonijiet ikkontestati, il-Kunsill kompla jibbaża ruħhu fuq il-kwoti bażiċi inizjali ma jistax, fih innifsu, irendi d-dispożizzjonijiet ikkontestati invalidi. 59. F'kull każ, għandu jiġi osservat illi Roquette, peress illi setgħet manifestament tikkontesta l-kalkolu tal-kwoti bażiċi tar-Regolament Nru 1111/77 kif emendat bir-Regolament Nru 387/81 quddiem il-qrati Komunitarji skond l-Artikolu 230 KE, ma tistax tikkontesta jkunx poġġa fid-dubju, fil-kuntest tal-kawża prinċipali, il-validità ta' dan ir-Regolament. 60. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta għad-tieni domanda magħmula għandha tkun li l-eżami ta' din ta' l-aħħar ma wera ebda element li jista’ jaffettwa l-validità tad-dispożizzjonijiet ikkontestati. Fuq l-ispejjeż 61. Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta' kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni ta' l-osservazzjonijiet lill-Qorti, barra dawk ta' l-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Parti operattiva Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja, (it-Tieni Awla) taqta' u tiddeċiedi: 1) persuna fiżika jew morali bħal m'hi Roquette, f'ċirkustanzi ta' fatt u ta' dritt bħal dawk f'din il-kawża prinċipali, ma setgħetx mingħajr dubju tressaq rikors ammissibbli għal annullament abbażi ta' l-Artikolu 230 KE kontra: – l-Artikolu 24(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1785/81, tat-30 ta' Ġunju 1981, dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor; – l-Artikolu 27(3) tar-Regolament (KE) Nru 2038/1999, tat-13 ta' Settembru 1999, dwar organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor; – l-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2073/2000, tad-29 ta' Settembru 2000, dwar tnaqqis, għas-sena tas-suq 2000/2001, fil-kwantità garantita taħt l-iskema ta’ kwoti ta' produzzjoni għas-settur taz-zokkor u l-bżonnijiet massimi preżunti ta’ provvista tar-raffineriji taz-zokkor taħt l-arranġamenti preferenzjali ta' l-importazzjoni; – l-Artikolu 11(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1260/2001 tad-19 ta' Ġunju 2001 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fis-settur taz-zokkor; – l-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) tal-Kummissjoni Nru 1745/2002, tat-30 ta' Settembru 2002, dwar, tnaqqis, għas-sena tas-suq 2002/2003, il-kwantità garantita taħt il-kwoti tal-produzzjoni taħt l-iskema ta’ kwoti ta' produzzjoni għas-settur taz-zokkor u l-bżonnijiet massimi preżunti ta’ provvista tar-raffineriji taz-zokkor taħt l-arranġamenti preferenzjali ta' l-importazzjoni, u – l-Artikolu 1 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1739/2003 tat-30 ta' Settembru 2003 li jnaqqas, għas-sena tas-suq 2003/2004 il-kwantità garantita taħt il-kwoti tal-produzzjoni għas-settur taz-zokkor u l-provvista massima meqjusa meħtieġa għar-raffineriji taz-zokkor taħt l-importazzjonijiet preferenzjali. Għalhekk, kull persuna jista' jinvoka, fil-kuntest ta' rikors magħmul skond id-dritt nazzjonali, l-illegalità ta' dawn id-dispożizzjonijiet, anki jekk ma ressqitx rikors għal annullament kontra l-imsemmija dispożizzjonijiet quddiem il-qrati komunitarji fit-terminu previst fl-Artikolu 230 KE. 2) L-eżami tat-tieni domanda mressqa m'għandha ebda element li jista’ jaffettwa l-validità ta' l-Artikoli 24 (2) tar-Regolament Nru 1785/81, 27(3) tar-Regolament Nru 2038/1999, 1 tar-Regolament Nru 2073/2000, 11(2) tar-Regolament Nru 1260/2001, 1 tar-Regolament Nru 1745/2002 u 1 tar-Regolament Nru 1739/2003.

62006CJ0192

ro

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea prevederilor coroborate ale articolului 9 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (CEE) nr. 3887/92 al Comisiei din 23 decembrie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului integrat de gestionare și control referitor la anumite scheme de ajutoare comunitare ( JO L 391, p. 36 ), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1648/95 al Comisiei din 6 iulie 1995 ( JO L 156, p. 27 , denumit în continuare „Regulamentul nr. 3887/92”), pe de o parte, și, pe de altă parte, ale articolului 7 alineatul (6) primul paragraf din Regulamentul (CEE) nr. 1765/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 de stabilire a unei scheme de sprijin pentru producătorii de anumite culturi arabile ( JO L 181, p. 12 ), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2989/95 al Consiliului din 19 decembrie 1995 ( JO L 312, p. 5 , denumit în continuare „Regulamentul nr. 1765/92”). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Kruck, agricultor, pe de o parte, și Landkreis Potsdam-Mittelmark, pe de altă parte, cu privire la plățile compensatorii pe care le pretinde domnul Kruck pentru anul comercial 1996/1997. Cadrul juridic Reglementarea comunitară Regulamentul nr. 1765/92 Din al doilea considerent al Regulamentului nr. 1765/92 rezultă că „în scopul asigurării unui echilibru mai bun al pieței, se impune instituirea unei noi scheme de ajutor; că cea mai eficientă modalitate pentru a îndeplini acest obiectiv constă în apropierea prețurilor comunitare ale anumitor culturi arabile de prețurile existente pe piața mondială și compensarea pierderii de venit cauzate de reducerea prețurilor instituționale printr-o plată compensatorie pentru producătorii care cultivă aceste produse; că, prin urmare, se impune să nu fie considerate zone eligibile decât terenurile însămânțate cu culturi arabile sau cele care, fiind retrase din circuitul agricol, au beneficiat de un sistem finanțat din fonduri publice.” [traducere neoficială] În temeiul articolului 2 din Regulamentul nr. 1765/92: „(1)   Producătorii de culturi arabile din cadrul Comunității pot solicita o plată compensatorie în condițiile stabilite în prezentul titlu. (2)   Plățile compensatorii se stabilesc pe hectar și sunt diferite în funcție de regiune. Se acordă plăți compensatorii pentru suprafețele destinate culturilor arabile sau pentru cele retrase din circuitul agricol în conformitate cu articolul 7 din prezentul regulament și care nu depășesc o suprafață regională de bază. Această suprafață este calculată ca fiind numărul mediu de hectare dintr-o regiune, care în cursul anilor 1989, 1990 și 1991 au fost destinate unor culturi arabile sau, după caz, retrase din circuitul agricol în conformitate cu un sistem finanțat din fonduri publice. Prin «regiune» se înțelege un stat membru sau o regiune dintr-un stat membru, la alegerea statului membru respectiv. […]” [traducere neoficială] Articolul 7 alineatul (1) din acest regulament impune fiecărui producător care solicită plăți compensatorii să retragă din circuitul agricol o parte din terenurile sale potrivit unor modalități precise. Articolul 7 alineatul (5) din regulamentul menționat prevede cuantumul plății compensatorii acordate pentru retragerea terenurilor din circuitul agricol. Articolul 7 alineatul (6) primul paragraf din același regulament prevede: „Producătorii pot beneficia de compensația prevăzută la alineatul (5) pentru terenurile retrase din circuitul agricol care excedează obligației lor, în scopul de a contribui mai eficient la controlul producției. În acest caz, suprafața retrasă din circuitul agricol nu poate depăși suprafața destinată culturilor arabile pentru care se solicită o plată compensatorie. […] Statele membre pot prevedea o limită mai mică de retragere a terenurilor din circuitul agricol pentru a ține cont de exigențele specifice agriculturii lor, precum protecția mediului sau riscul unei reduceri excesive a activității agricole în anumite regiuni.” [traducere neoficială] Articolul 9 primul paragraf din Regulamentul nr. 1765/92, care exclude anumite terenuri de la beneficiul plăților compensatorii, este astfel formulat: „Nu se pot adresa cereri pentru plăți compensatorii și declarații de retragere din circuitul agricol pentru terenuri care la data de 31 decembrie 1991 erau folosite ca pășuni permanente, pentru culturi permanente, ca păduri sau în scopuri neagricole.” [traducere neoficială] Regulamentul (CE) nr. 762/94 În temeiul celui de al șaselea considerent al Regulamentului (CE) nr. 762/94 al Comisiei din 6 aprilie 1994 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului nr. 1765/1992 în ceea ce privește retragerea terenurilor din circuitul agricol ( JO L 90, p. 8 ), acest ultim regulament „prevede o compensație pentru terenurile retrase din circuitul agricol care excedează obligației producătorilor în scopul de a contribui mai eficient la controlul producției; […] acest obiectiv nu poate fi atins decât dacă terenurile retrase din circuitul agricol se deduc din suprafața cultivată cu culturi arabile; […] dispozițiile necesare în acest domeniu trebuie să țină cont de diversitatea structurilor agricole în cadrul Comunității”. [traducere neoficială] În conformitate cu articolul 2 primul paragraf din Regulamentul nr. 762/94 „prin «retragerea terenurilor din circuitul agricol» se înțelege întreruperea cultivării unei suprafețe care în anul anterior a fost cultivată în vederea recoltării”. [traducere neoficială] Regulamentul (CEE) nr. 3887/92 Regulamentul (CEE) nr. 3887/92 stabilește normele de aplicare a sistemului integrat de gestionare și control pentru anumite scheme de ajutoare comunitare. Acesta instituie, printre altele, controale menite să verifice respectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor în sectorul ajutorului pe suprafață. În temeiul articolului 9 din Regulamentul nr. 3887/92: „(1)   În cazul în care se constată că suprafața efectiv determinată este mai mare decât cea declarată în cererea de ajutor pe suprafață, pentru calculul ajutorului se ia în considerare suprafața declarată. (2)   În cazul în care se constată că suprafața declarată într-o cerere de ajutor pe suprafață este mai mare decât suprafața determinată, cuantumul ajutorului se calculează pe baza suprafeței efectiv determinate în urma controlului. Cu toate acestea, cu excepția cazurilor de forță majoră, din suprafața efectiv determinată se scade dublul diferenței constatate în cazul în care aceasta depășește 3 % sau două hectare, fără a depăși 20 % din suprafața determinată. În cazul în care diferența constatată este mai mare de 20 % din suprafața determinată, nu se acordă niciun ajutor pe suprafață. […] Reducerile mai sus menționate nu se aplică dacă agricultorul dovedește că pentru determinarea suprafeței s-a întemeiat în mod corect pe informații recunoscute de autoritatea competentă. […] În sensul prezentului articol, prin «suprafață determinată» se înțelege suprafața pentru care au fost respectate toate condițiile de reglementare. (3)   Pentru aplicarea alineatelor (1) și (2) se iau în considerare în mod separat numai suprafețele furajere, suprafețele retrase din circuitul agricol și cele cu diferite culturi arabile cărora li se aplică un cuantum diferit al ajutoarelor. (a) Suprafețele determinate potrivit alineatelor (1)-(3) pentru calculul ajutorului sunt utilizate pentru calculul limitei primelor menționate la articolele 4g și 4h din Regulamentul (CEE) nr. 805/68, precum și pentru calculul indemnizației compensatorii. Calculul suprafeței maxime care dă dreptul la plățile compensatorii pentru producătorii de culturi arabile se efectuează pe baza suprafeței retrase din circuitul agricol efectiv determinată și proporțional cu diferitele culturi. (b) În cazul transferului obligației de retragere a terenurilor din circuitul agricol, calculul menționat la litera (a) al suprafeței maxime eligibile pentru plățile compensatorii destinate producătorilor de culturi arabile se efectuează după cum urmează: — pe baza suprafeței determinate retrase din circuitul agricol, din care se scade suprafața transferată retrasă din circuitul agricol, în ceea ce privește exploatația unde se execută obligația transferată de a retrage terenuri din circuitul agricol; — pe baza suprafeței determinate retrase din circuitul agricol, inclusiv a suprafeței transferate retrase din circuitul agricol, în ceea ce privește exploatația care a transferat obligația de a retrage terenuri din circuitul agricol. […]” [traducere neoficială] Reglementarea națională Articolul 1 din Decretul privind o schemă de sprijin pentru producătorii de anumite culturi arabile (Verordnung über eine Stützungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen, BGBl. 1995 I, p. 1561, denumit în continuare „KVO”) prevede: „Dispozițiile prezentului regulament au ca obiectiv punerea în aplicare a actelor juridice ale Consiliului și ale Comisiei Comunităților Europene privind introducerea unei scheme de sprijin pentru producătorii de anumite culturi arabile și a unui sistem integrat de gestionare și control pentru anumite reglementări comunitare referitoare la ajutoarele care privesc: 1. plățile compensatorii simplificate pentru micii producători; 2. plățile compensatorii generale pentru producătorii care retrag terenuri din circuitul agricol; 3. retragerea terenurilor din circuitul agricol în cadrul reglementării privind plățile compensatorii generale; 4. cultivarea materiilor prime regenerabile pe terenuri retrase din circuitul agricol în cadrul reglementării privind plățile compensatorii generale.” În temeiul articolului 12a alineatul 1 prima teză din KVO: „Plățile compensatorii pentru suprafețele retrase din circuitul agricol nu pot fi acordate decât pentru maximum 33 % din suprafețele unei exploatații pentru care a fost formulată o cerere de plăți compensatorii în conformitate cu actele juridice menționate la articolul 1.” Acțiunea principală și întrebarea preliminară Din decizia de trimitere rezultă că domnul Kruck, agricultor stabilit în landul Brandenburg, a introdus, pentru anul comercial 1996/1997, o cerere de plăți compensatorii pe suprafață pentru 13,3830 ha de culturi proteice și 45,9521 ha de in pentru ulei, precum și pentru scoaterea voluntară din circuitul agricol a unei suprafețe de 29,2247 ha. Prin Decizia din 6 ianuarie 1997, Landkreis Potsdam-Mittelmark a refuzat să acorde un ajutor pentru suprafețele exploatate, cu motivarea că o parte din suprafețele declarate nu era eligibilă, și anume 2,5 ha din suprafața de culturi proteice și 29,5998 ha din suprafața cu in pentru ulei și că diferența astfel constatată depășea în ambele cazuri 20 % din suprafețele efectiv determinate. În plus, potrivit Landkreis Potsdam-Mittelmark, plata compensatorie pentru retragerea din circuitul agricol nu se putea acorda decât în limita de 33 % din suprafața care putea fi eligibilă. În cazul domnului Kruck, având în vedere suprafața exploatată recunoscută ca fiind eligibilă și după luarea în considerare a reducerii globale pentru landul Brandenburg, plata compensatorie pentru retragerea din circuitul agricol a fost acordată numai pentru o suprafață de 12,76 ha. Plângerea formulată de reclamant împotriva acestei decizii a fost respinsă de Landkreis Potsdam-Mittelmark la 6 mai 1997. În cursul procedurii judiciare care a urmat, Verwaltungsgericht Potsdam (Tribunalul Administrativ din Potsdam) a modificat decizia menționată, considerând eligibilă o suprafață de 11,1530 ha pentru culturile proteice. În schimb, acțiunea a fost respinsă în măsura în care se referea la suprafețele de in pentru ulei. Această decizie a fost confirmată de Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg (Tribunalul Administrativ Regional Superior din Landul Brandenburg). Bundesverwaltungsgericht (Curtea Administrativă Federală) a respins cererea de recurs („Revision”) formulată de domnul Kruck împotriva hotărârii pronunțate de Oberverwaltungsgericht für das Land Brandenburg în măsura în care acest recurs viza plata compensatorie pentru in pentru ulei. În fața instanței de trimitere, se află încă în litigiu problema dreptului la plata compensatorie pentru retragerea voluntară din circuitul agricol. În această privință, instanța de trimitere arată că nu s-a constatat că reclamantul din acțiunea principală ar fi supraevaluat suprafața retrasă din circuitul agricol sau că ar fi utilizat această suprafață în mod ilegal. Aceasta precizează, de altfel, că suprafața solicitată nu depășea 33 % din suprafețele exploatației pentru care a fost depusă o cerere de plăți compensatorii. Prin urmare, suprafața solicitată putea, în principiu, să beneficieze de un ajutor. Cu toate acestea, în măsura în care plățile compensatorii pentru suprafețele respective au fost reduse în urma neregularităților constatate cu privire la suprafețele exploatate de culturi arabile, instanța de trimitere se întreabă dacă acest fapt are vreo consecință asupra plății compensatorii pentru retragerea din circuitul agricol. Bundesverwaltungsgericht subliniază că respectivele consecințe ale neregularității, care constă în nerespectarea condițiilor impuse pentru culturile proteice și inul pentru ulei, se limitează la ajutorul acordat pentru culturile respective. Într-adevăr, articolul 9 din Regulamentul nr. 3887/92 nu prevede niciun efect subsidiar cu privire la plata compensatorie pentru retragerea de terenuri din circuitul agricol. Potrivit instanței de trimitere, în temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 3887/92, suprafețele retrase din circuitul agricol constituie, dimpotrivă, în mod expres un „bloc” distinct. În aceste condiții, Bundesverwaltungsgericht a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară: „Articolul 9 alineatele (2)-(4) din Regulamentul [nr. 3887/92] trebuie interpretat în sensul că suprafața maximă care trebuie luată în considerare pentru plățile compensatorii aferente retragerii de terenuri din circuitul agricol în temeiul articolului 7 alineatul (6) a doua și a patra teză din Regulamentul [nr. 1765/92] se calculează pe baza suprafeței exploatate solicitate sau efectiv determinate?” Cu privire la întrebarea preliminară În primul rând, se impune să se amintească faptul că, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1765/92 care instituie o schemă de ajutor pentru producătorii de anumite culturi arabile, plata compensatorie se acordă pentru suprafața destinată culturilor arabile sau retragerii de terenuri din circuitul agricol în conformitate cu articolul 7 din regulamentul menționat. În lumina celui de al șaselea considerent al Regulamentului nr. 762/94, obiectivul retragerii voluntare din circuitul agricol, care este de a contribui mai eficient la controlul producției, nu poate fi îndeplinit decât dacă suprafețele retrase din circuitul agricol care excedează obligației producătorilor se deduc din suprafața cultivată de culturi arabile. În temeiul articolului 7 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1765/92, „suprafața retrasă [voluntar] din circuitul agricol nu poate depăși suprafața destinată culturilor arabile pentru care se solicită o plată compensatorie”. În plus, statele membre pot prevedea o limită mai mică de retragere din circuitul agricol pentru a ține cont de exigențele specifice agriculturii lor. În Germania, această limită a fost stabilită la 33 % prin articolul 12a alineatul 1 prima teză din KVO. Este necontestat că legătura care există între suprafața destinată retragerii voluntare din circuitul agricol și suprafața însămânțată cu culturi arabile care face obiectul unei cereri de plăți compensatorii nu vizează decât să stabilească procentajul terenurilor care pot fi retrase voluntar din circuitul agricol. Noțiunea de suprafață destinată culturilor arabile pentru care se solicită o plată compensatorie, menționată la articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1765/92, implică faptul că suprafața menționată trebuie să fie efectiv folosită pentru aceste culturi. De altfel, întrucât anumite terenuri sunt excluse prin articolul 9 din Regulamentul nr. 1765/92 de la beneficiul plăților compensatorii, aceleași terenuri nu ar putea fi suprafețe destinate culturilor arabile, în sensul articolului 7 alineatul (6) din același regulament, în vederea calculării suprafeței eligibile retrase din circuitul agricol. În al doilea rând, se impune să se amintească faptul că Regulamentul nr. 3887/92 are drept obiective, potrivit celui de al șaptelea și celui de al nouălea considerent, să controleze în mod eficient respectarea dispozițiilor în domeniul ajutoarelor comunitare și să instituie prevederi care urmăresc să prevină și să sancționeze în mod eficient neregularitățile și fraudele (a se vedea în acest sens Hotărârea din 1 iulie 2004, Gerken, C-295/02, Rec., p. I-6369 , punctul 41, și Hotărârea din 24 mai 2007, Maatschap Schonewille-Prins, C-45/05, Rep., p. I-3997 , punctul 63). Într-adevăr, pentru a atinge aceste obiective, articolul 9 alineatul (2) din regulamentul menționat prevede sancțiuni sub formă de reduceri sau excluderi de la ajutorul comunitar, variabile în funcție de gravitatea neregularității comise pentru cazul în care suprafața declarată în cererea de ajutor pe suprafață este mai mare decât suprafața determinată în urma unui control. În această privință, se impune să se constate că, pentru aplicarea alineatelor (1) și (2) ale articolului 9 din Regulamentul nr. 3887/92, se iau în considerare în mod separat numai suprafețele furajere, suprafețele retrase din circuitul agricol și cele cu diferite culturi arabile. Rezultă astfel că fiecare dintre aceste categorii de suprafețe declarate de producător în vederea acordării de ajutoare trebuie luată în considerare separat din punctul de vedere al controlului referitor la respectarea condițiilor impuse pentru acordarea plăților compensatorii și al consecințelor juridice care rezultă dintr-un astfel de control. În consecință, se impune să se răspundă întrebării adresate că articolul 9 din Regulamentul nr. 3887/92 trebuie interpretat în sensul că suprafața maximă care trebuie luată în considerare pentru plățile compensatorii aferente retragerii de terenuri din circuitul agricol în temeiul articolului 7 alineatul (6) primul paragraf a doua și a patra teză din Regulamentul nr. 1765/92 se calculează pe baza suprafeței exploatate solicitate, cu condiția ca această suprafață să fie efectiv destinată culturilor arabile și să nu cuprindă terenuri care sunt excluse de la beneficiul plăților compensatorii conform articolului 9 din Regulamentul nr. 1765/92. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară: Articolul 9 din Regulamentul (CEE) nr. 3887/92 al Comisiei din 23 decembrie 1992 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului integrat de gestionare și control referitor la anumite scheme de ajutoare comunitare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1648/95 al Comisiei din 6 iulie 1995, trebuie interpretat în sensul că suprafața maximă care trebuie luată în considerare pentru plățile compensatorii aferente retragerii de terenuri din circuitul agricol în temeiul articolului 7 alineatul (6) primul paragraf a doua și a patra teză din Regulamentul (CEE) nr. 1765/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 de stabilire a unei scheme de sprijin pentru producătorii de anumite culturi arabile, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 2989/95 al Consiliului din 19 decembrie 1995, se calculează pe baza suprafeței exploatate solicitate, cu condiția ca această suprafață să fie efectiv destinată culturilor arabile și să nu cuprindă terenuri care sunt excluse de la beneficiul plăților compensatorii conform articolului 9 din Regulamentul nr. 1765/92, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 2989/95. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: germana.

62004CJ0259

fr

1       La demande de décision préjudicielle introduite par The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (personne désignée par le Lord Chancellor en vertu de l’article 76 de la loi de 1994 sur les marques pour statuer en degré d’appel sur les décisions du registre des marques, ci‑après la «personne désignée») porte sur l’interprétation des articles 3, paragraphe 1, sous g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1). 2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige qui oppose le couturier M me Emanuel à la société Continental Shelf 128 Ltd (ci-après «CSL»). Ce litige a pour objet deux actions dirigées par M me Emanuel contre cette société, à savoir, d’une part, une opposition à l’enregistrement de la marque «ELIZABETH EMANUEL», en lettres majuscules (ci-après la «marque ‘ELIZABETH EMANUEL’»), pour les vêtements produits par CSL et, d’autre part, une demande de déchéance de la marque «Elizabeth Emanuel», en lettres minuscules à l’exception des initiales, enregistrée en 1997 par une autre société qui l’a ultérieurement cédée à CSL (ci-après la «marque ‘Elizabeth Emanuel’» ou la «marque enregistrée»). Le cadre juridique 3       Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 89/104: «Sont refusés à l’enregistrement ou susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés: […] g)       les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service; […]» 4       Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, de la même directive: «Le titulaire d’une marque peut […] être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque: […] b)       est propre, par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.» Le litige au principal et les questions préjudicielles 5       M me Emanuel, couturier renommé dans le domaine de la mode nuptiale, a créé en 1990 une entreprise sous la dénomination «Elizabeth Emanuel». 6       En 1996, M me Emanuel a constitué avec la société Hamlet International Plc la société Elizabeth Emanuel Plc (ci-après «EE Plc»). M me Emanuel a cédé à cette dernière société son activité de création et de commercialisation de vêtements, l’ensemble des actifs de l’entreprise parmi lesquels la clientèle ainsi que la demande d’enregistrement de la marque «Elizabeth Emanuel» qui sera enregistrée en 1997. 7       En septembre 1997, EE Plc a cédé son fonds de commerce, la clientèle et la marque enregistrée à la société Frostprint Ltd, laquelle a immédiatement changé son nom, devenant la société Elizabeth Emanuel International Ltd (ci-après «EE International»). EE International a employé M me Emanuel qui a quitté son emploi un mois plus tard. 8       En novembre 1997, EE International a cédé la marque enregistrée à une autre société, Oakridge Trading Ltd (ci-après «Oakridge»). Le 18 mars 1998, Oakridge a introduit une demande d’enregistrement de la marque «ELIZABETH EMANUEL». 9       Le 7 janvier 1999, une requête en opposition contre cette demande a été formée. Le 9 septembre suivant, une requête en déchéance a été introduite contre la marque enregistrée, «Elizabeth Emanuel». 10     Saisi en première instance des actions en opposition et en déchéance, le Hearing Officer les a rejetées par une décision du 17 octobre 2002, au motif que, si le public avait été effectivement victime d’une tromperie et d’une confusion, celles‑ci étaient licites comme étant la conséquence inévitable de la cession d’une entreprise et d’une clientèle précédemment exploitées sous le nom de leur propriétaire originaire. 11     La personne désignée a été saisie d’un recours contre cette décision et n’a pas renvoyé l’affaire à la High Court of Justice malgré la demande qui en avait été faite par CSL, devenue en cours de procédure cessionnaire de la marque enregistrée et de la demande d’enregistrement de la marque «ELIZABETH EMANUEL», en vertu de l’article 76 de la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994, ci-après la «loi sur les marques») qui prévoit la possibilité d’un tel renvoi s’il apparaît à la personne désignée que l’affaire soulève une question juridique d’importance générale. 12     La discussion s’est, comme devant le Hearing Officer, concentrée sur la question de savoir si les articles 3, paragraphe 1, sous g), et 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104 peuvent servir de fondement aux actions dirigées contre CSL. 13     Dans ces circonstances, la personne désignée a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1)      Une marque est-elle de nature à tromper le public et à être, de ce fait, interdite d’enregistrement en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), [de la directive 89/104] dans les circonstances suivantes: –       la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise dont l’activité consiste à fabriquer les produits revêtus de ladite marque; –       avant cette cession, cette marque signifiait pour une partie significative du public pertinent qu’une personne déterminée intervenait dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels ladite marque était utilisée; –       après ladite cession, le cessionnaire a demandé l’enregistrement de la marque, et –       au moment du dépôt de cette demande, une partie significative du public pertinent croyait à tort que l’utilisation de ladite marque indiquait que la personne susvisée intervenait encore dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels cette marque était utilisée, cette croyance influençant probablement cette partie du public dans ses achats? 2)      Si la première question ne peut pas recevoir une réponse affirmative sans réserve, quelles sont les autres circonstances qu’il faut prendre en considération pour apprécier si une marque est de nature à tromper le public et doit, dès lors, être interdite d’enregistrement en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous g), [de la directive 89/104], et, en particulier, peut-on tenir compte du fait que le risque d’erreur diminuera probablement avec l’écoulement du temps? 3)      Une marque enregistrée est-elle propre à induire le public en erreur par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement de telle sorte que ledit titulaire peut être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b), [de la directive 89/104], dans les circonstances suivantes: –       cette marque et la clientèle qui lui était attachée ont été cédées avec l’entreprise dont l’activité consiste à fabriquer les produits revêtus de ladite marque; –       avant cette cession, cette marque signifiait pour une partie significative du public pertinent qu’une personne déterminée intervenait dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels ladite marque était utilisée; –       après ladite cession, une demande de déchéance a été introduite, et –       au moment du dépôt de cette demande, une partie significative du public pertinent croyait à tort que l’utilisation de ladite marque indiquait que la personne susvisée intervenait encore dans la création ou la fabrication des produits pour lesquels cette marque était utilisée, cette croyance influençant probablement cette partie du public dans ses achats? 4)      Si la troisième question ne peut pas recevoir une réponse affirmative sans réserve, quelles sont les autres circonstances qu’il faut prendre en considération pour apprécier si une marque est propre à induire le public en erreur par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire ou avec son consentement de telle sorte que ledit titulaire peut être déchu de ses droits en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b), [de la directive 89/104] et, en particulier, peut-on tenir compte du fait que le risque d’erreur diminuera probablement avec l’écoulement du temps?» Sur les observations suscitées par les conclusions de M. l’avocat général 14     Par lettre du 22 février 2006, M me Emanuel a présenté des observations sur les conclusions de M. l’avocat général. Elle a fait état d’erreurs qu’aurait commises M. l’avocat général dans l’interprétation, d’une part, des articles 3 et 12 de la directive 89/104 et, d’autre part, de la jurisprudence de la Cour dans des affaires précédentes. 15     Le statut de la Cour de justice et son règlement de procédure ne prévoyant pas la possibilité pour les parties de déposer des observations en réponse aux conclusions présentées par l’avocat général (voir ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I‑665, point 2), les observations de M me Emanuel ne peuvent être accueillies. 16     Toutefois, la Cour peut d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir arrêts du 19 février 2002, Wouters e.a., C‑309/99, Rec. p. I‑1577, point 42, ainsi que du 14 décembre 2004, Arnold André, C 434/02, Rec. p. I‑11825, point 27, et Swedish Match, C‑210/03, Rec. p. I‑11893, point 25). 17     En l’espèce, la Cour considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour répondre aux questions posées. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la procédure orale. Sur la recevabilité des questions préjudicielles 18     Avant de répondre aux questions posées, il convient d’examiner si la personne désignée doit être considérée comme une juridiction au sens de l’article 234 CE. 19     Pour apprécier si un organisme possède le caractère d’une juridiction au sens de cette disposition, question qui relève uniquement du droit communautaire, la Cour tient compte d’un ensemble d’éléments, tels l’origine légale de l’organe, sa permanence, le caractère obligatoire de sa juridiction, la nature contradictoire de la procédure, l’application par l’organe des règles de droit ainsi que son indépendance (voir, notamment, arrêts du 30 juin 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Rec. p. 377, 380; du 17 septembre 1997, Dorsch Consult, C‑54/96, Rec. p. I‑4961, point 23, et du 2 mars 1999, Nour Eddline El-Yassini, C‑416/96, Rec. p. I‑1209, point 17). 20     La personne désignée a été instituée par la loi sur les marques. 21     Conformément aux articles 76 et 77 de cette loi, la personne désignée, nommée par le Lord Chancellor après consultation du Lord Advocate, peut être saisie de recours contre les décisions du Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (autrement dénommé Registrar of Trade Marks). En Angleterre et au Pays de Galles, elle partage cette compétence avec la High Court of Justice et, en Écosse, avec la Court of Session. 22     Il revient à la partie requérante de choisir devant quelle juridiction elle introduit son recours. Toutefois, la personne désignée peut, dans certains cas, décider de renvoyer l’appel devant la High Court of Justice, notamment s’il lui paraît que l’affaire soulève une question juridique d’importance générale. 23     La personne désignée est un organe permanent, qui statue en droit, en application de la loi sur les marques et selon les règles de procédure prévues par les articles 63 à 65 du règlement de 2000 sur les marques (Trade Marks Rules 2000). La procédure est contradictoire. Les décisions de la personne désignée ont force obligatoire et sont, en principe, définitives, sous réserve qu’elles ne fassent pas, exceptionnellement, l’objet d’un recours en contrôle de légalité («judicial review»). 24     Pendant l’exercice de son mandat, la personne désignée bénéficie des mêmes garanties d’indépendance que les juges. 25     Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la personne désignée doit être considérée comme une juridiction au sens de l’article 234 CE, de telle sorte que les questions préjudicielles sont recevables. Sur les deux premières questions 26     Par ses deux premières questions, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, connaître les conditions dans lesquelles une marque peut être refusée à l’enregistrement au motif qu’elle serait de nature à tromper le public, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104, lorsque la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus et que ladite marque, qui correspond au nom du créateur et premier fabricant desdits produits, a été précédemment enregistrée sous une forme graphique différente. Observations soumises à la Cour 27     Le juge de renvoi est sensible aux arguments des deux thèses en présence. Il estime, d’une part, que l’intérêt général commande que la marque ne doit pas être susceptible d’induire en erreur un consommateur moyen, considéré comme raisonnablement attentif et avisé, et, d’autre part, qu’il est cependant conforme à l’intérêt général de permettre la vente et la cession d’entreprises et de clientèles avec les marques auxquelles ces dernières sont attachées. 28     M me Emanuel, requérante au principal, fait prévaloir l’intérêt général de protection du consommateur garanti par l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104. Pour que celui-ci s’applique, il suffirait qu’il existe au moins un risque réel que l’utilisation de la marque litigieuse induise en erreur le consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé en ce qui concerne leur origine et influence les décisions d’achat de ce consommateur. L’existence d’un tel risque serait une question de fait, de telle sorte que toutes les circonstances qui rendent la méprise probable devraient être prises en considération. 29     La requérante au principal estime, par suite, que, dès lors que le risque de confusion est établi, peu importe que la clientèle et la marque aient été cédées à l’entreprise qui croit pouvoir faire usage de cette marque. 30     CSL, partie défenderesse au principal, soutient que l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 ne fait aucune distinction selon que les marques correspondent au nom d’une personne ou non. Le seul critère pertinent consisterait à déterminer, de façon objective, si les marques sont de nature à tromper le public ou à l’induire en erreur, notamment en créant une confusion avec d’autres produits. 31     Selon la défenderesse au principal, la thèse de M me Emanuel sur les risques de confusion pour un consommateur moyen est fondée sur une jurisprudence de la Cour relative à des règlements spécifiques qui ne peut être transposée pour interpréter la directive 89/104. 32     Concernant la perception par un consommateur moyen d’une marque correspondant à un nom, CSL estime que ce consommateur sait, notamment dans le domaine de la mode, qu’un nom commercial reste attaché au produit fabriqué par une entreprise et que celle-ci peut être cédée avec ce nom. Selon cette société, cette considération vaut également pour des boulangers, des vignerons ou des fabricants de produits de luxe. Ainsi, le transfert d’un nom commercial ne saurait, à lui seul, créer une confusion automatique, que ce transfert soit assorti de publicité ou non. 33     CSL insiste particulièrement sur le fait que si la thèse de M me Emanuel était retenue, il serait impossible de procéder à une cession d’entreprise assortie de la cession de la clientèle et de la marque des produits qui y sont fabriqués. Très souvent, la valeur de cession d’une entreprise reposerait essentiellement sur la marque transférée. 34     Selon le gouvernement du Royaume-Uni, la finalité de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 est d’empêcher l’enregistrement de marques qui trompent le public, non sur l’origine des produits ou services concernés par l’enregistrement ou sur les caractéristiques de cette origine, mais sur les caractéristiques des produits ou services eux-mêmes. 35     Cette disposition n’aurait pas été conçue dans le but de permettre l’interdiction d’une marque simplement parce que les produits concernés n’atteignent pas un niveau de qualité conforme aux attentes de l’acheteur, que ce soit en raison du fait qu’une personne déterminée n’intervient plus dans la création et la fabrication de ces produits ou pour toute autre raison. Si une marque doit permettre de garantir que des produits proviennent d’une entreprise unique qui répond de leur qualité, elle ne reflète généralement pas cette qualité elle‑même. 36     Le gouvernement du Royaume-Uni soutient que le public sait que la qualité de produits portant une marque déterminée peut varier, que cela soit dû à une décision du titulaire de la marque, à un changement de propriétaire ou de direction, ou encore à des modifications intervenues au sein de l’équipe de conception ou de l’usine de fabrication. Un consommateur moyen ne pourrait donc pas être trompé par le changement de propriétaire d’une marque. 37     La Commission des Communautés européennes constate tout d’abord que la Cour n’a pas encore eu l’occasion de donner une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 pour les cas dans lesquels une marque est de nature à tromper le public et, par suite, n’a pas encore identifié l’intérêt public que protège cette disposition, intérêt public qui peut être différent de celui analysé pour d’autres motifs de refus absolu d’enregistrement tels ceux examinés dans les arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779), du 18 juin 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475) ou du 6 mai 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793). 38     Elle rappelle toutefois que la Cour a identifié la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêt du 12 novembre 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec. p. I‑10273, point 48). 39     La Commission en déduit que cette fonction ne signifie pas que le consommateur doit être capable d’identifier le fabricant par référence à la marque, mais que la marque fournit la garantie que les biens ont été mis sur le marché avec le consentement du titulaire de celle-ci. 40     Elle fait également valoir que le seul fait qu’une marque corresponde au nom d’une personne ne signifie pas que cette personne est liée au titulaire de la marque ou qu’un tel lien doit être présumé et, par conséquent, ne permet pas de conclure à l’implication de ladite personne dans la fabrication des produits portant cette marque. La Commission estime que cette thèse est confirmée par le raisonnement tenu par la Cour dans l’arrêt du 16 septembre 2004, Nichols (C‑404/02, Rec. p. I‑8499), selon lequel aucune règle particulière du droit des marques ne s’applique à un nom de personne. 41     La Commission considère encore qu’un consommateur moyen ne peut être trompé, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104, par une marque correspondant au nom d’une personne que si un argument de vente consiste à faire croire que cette personne participe à la fabrication du produit revêtu de la marque concernée alors qu’elle n’a plus aucun lien avec le titulaire de ladite marque. 42     Enfin, l’ensemble des intéressés ayant présenté des observations devant la Cour estime que le temps écoulé depuis que la personne portant le nom auquel correspond la marque n’est plus titulaire de celle-ci est sans incidence sur le fait que cette marque puisse ou non être susceptible de tromper un consommateur moyen. Appréciation de la Cour 43     L’article 2 de la directive 89/104 contient une liste, qualifiée d’exemplative par le septième considérant de cette directive, de signes susceptibles de constituer une marque s’ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, c’est-à-dire à remplir la fonction d’origine de la marque. Cette liste vise expressément les noms de personnes (arrêt Nichols, précité, point 22). 44     Ainsi que l’a rappelé la Commission, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêt Arsenal Football Club, précité, point 48). 45     Une marque telle que «ELIZABETH EMANUEL» peut avoir cette fonction de distinguer les produits fabriqués par une entreprise, notamment quand ladite marque a été cédée à cette entreprise et que cette dernière fabrique le même type de produits que ceux qui portaient initialement la marque en cause. 46     Toutefois, s’agissant d’une marque correspondant au nom d’une personne, le motif d’ordre public qui justifie l’interdiction édictée par l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 d’enregistrer une marque susceptible de tromper le public, à savoir la protection du consommateur, doit conduire à s’interroger sur le risque de confusion qu’une telle marque risque de créer dans l’esprit d’un consommateur moyen, notamment quand la personne au nom de laquelle correspond la marque personnifiait à l’origine les produits portant cette marque. 47     Cependant, les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104 supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur (arrêt du 4 mars 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C‑87/97, Rec. p. I‑1301, point 41). 48     En l’espèce, quand bien même un consommateur moyen pourrait être influencé dans son acte d’achat d’un vêtement portant la marque «ELIZABETH EMANUEL» en imaginant que la requérante au principal a participé à la création de ce vêtement, les caractéristiques et les qualités dudit vêtement restent garanties par l’entreprise titulaire de la marque. 49     Par suite, la dénomination Elizabeth Emanuel ne peut être considérée comme étant, à elle seule, de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou la provenance de la marchandise qu’elle désigne. 50     En revanche, il appartiendrait au juge national d’examiner si, dans la présentation de la marque «ELIZABETH EMANUEL», il n’existe pas une volonté de l’entreprise ayant introduit la demande d’enregistrement de celle-ci de faire croire au consommateur que M me Emanuel est toujours la créatrice des produits portant ladite marque ou qu’elle participe à leur création. Il s’agirait, en effet dans ce cas, d’une manœuvre qui pourrait être jugée dolosive mais qui ne pourrait être analysée comme une tromperie au sens de l’article 3 de la directive 89/104 et qui, de ce fait, n’affecterait pas la marque elle‑même et, par voie de conséquence, la possibilité de l’enregistrer. 51     Il convient en conséquence de répondre aux deux premières questions qu’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l’enregistrement au motif qu’elle induirait le public en erreur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque, précédemment enregistrée sous une forme graphique différente, a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. Sur les deux dernières questions 52     Par ses deux dernières questions, la juridiction de renvoi souhaite, en substance, connaître les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits au motif que cette marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, quand la clientèle attachée à ladite marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus et que cette marque correspond au nom du créateur et premier fabricant desdits produits. 53     Les conditions de la déchéance prévues à l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104 étant identiques à celles du refus d’enregistrement fondé sur l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la même directive, dont l’examen a fait l’objet de la réponse aux deux premières questions, il y a lieu de répondre aux deux dernières questions que le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. Sur les dépens 54     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit: 1) Une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être refusée à l’enregistrement au motif qu’elle induirait le public en erreur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous g), de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment quand la clientèle attachée à ladite marque, précédemment enregistrée sous une forme graphique différente, a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. 2) Le titulaire d’une marque correspondant au nom du créateur et premier fabricant des produits portant cette marque ne peut, en raison de cette seule particularité, être déchu de ses droits au motif que ladite marque induirait le public en erreur, au sens de l’article 12, paragraphe 2, sous b), de la directive 89/104, notamment quand la clientèle attachée à cette marque a été cédée avec l’entreprise fabriquant les produits qui en sont revêtus. Signatures * Langue de procédure: l’anglais.

62000CJ0340

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 15 de septiembre de 2000, la Comisión interpuso un recurso de casación, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE y a las disposiciones concordantes de los Estatutos CECA y CEEA del Tribunal de Justicia, contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de julio de 2000, Cwik/Comisión (T-82/99, RecFP pp. I-A-155 y II-713; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la cual dicho órgano jurisdiccional anuló la decisión de la Comisión, de 10 de julio de 1998, por la que se denegaba al Sr. Cwik la autorización para publicar el texto de una conferencia que había dado el 30 de octubre de 1997 (en lo sucesivo, «decisión controvertida»). Marco jurídico 2 El artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo, «Estatuto») establece: «El funcionario deberá abstenerse de publicar o hacer publicar, individualmente o en colaboración, cualquier texto cuyo objeto tenga relación con la actividad de las Comunidades sin autorización de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos. La autorización sólo podrá ser denegada en el caso en que la publicación en cuestión sea susceptible de comprometer los intereses de las Comunidades.» Hechos que originaron el litigio 3 Los hechos que originaron el litigio se exponen en la sentencia recurrida en los siguientes términos: «3. El demandante, economista de formación, entró al servicio de la Comisión en 1970. En la época en que se interpuso el recurso, estaba destinado en la unidad 5 "Información, publicaciones y documentación económica", directamente dependiente del Director General adjunto encargado de las Direcciones B, C y E de la Dirección General "Asuntos Económicos y Financieros" (DG II). Su función consistía en recibir a grupos de visitantes y en dar conferencias sobre el euro, sobre la Unión económica y monetaria y sobre el conjunto de las actividades y programas correspondientes a dicha Dirección General. 4. Mediante carta de 12 de marzo de 1997, la Diputación Provincial de Córdoba invitó al demandante a dar una conferencia en el marco del V Congreso Internacional de Cultura Económica. 5. El 20 de octubre de 1997, el demandante solicitó autorización a su superior jerárquico, el Sr. G. Ravasio, para dar dicha conferencia el 30 de octubre siguiente. En la solicitud se indicaba como título de la conferencia: "The need for economic fine-tuning at the local and regional level in the Monetary Union of the European Union" ("La necesidad de adaptar las políticas económicas a nivel local y regional en la Unión monetaria de la Unión Europea"). Adjuntó a su solicitud un resumen y un sumario detallado de su intervención, que incluía un anexo. 6. El 26 de octubre de 1997, el Sr. Ravasio otorgó su autorización, si bien efectuó la siguiente precisión: "Esto no es muy económico. Presentación más clásica, por favor. Atención a los riesgos del fine-tuning." 7. El 27 de octubre de 1997 el demandante obtuvo una orden de misión sin dietas para viajar a Córdoba del 29 de octubre al 2 de noviembre de 1997, y el 30 de octubre de 1997 dio su conferencia. 8. En febrero de 1998, los organizadores del congreso le pidieron el texto de su intervención para publicarlo junto con los de los demás ponentes. 9. El demandante redactó el texto y solicitó autorización al Sr. Ravasio, en su calidad de autoridad facultada para proceder a los nombramientos (en lo sucesivo, "AFPN"), para su publicación, con arreglo al artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto. 10. El Sr. Ravasio consultó al Sr. Östberg, economista del Banco Central de Suecia en comisión de servicios en la DG II, acerca de la oportunidad de tal publicación. 11. El Sr. Östberg emitió un dictamen muy crítico sobre el texto mencionado, que, antes de su transmisión al Sr. Ravasio, presentó a sus superiores jerárquicos, el Sr. Kröger, Jefe de la unidad 3 "Unión monetaria: relaciones de tipos de cambio y políticas monetarias internas" de la Dirección D "Asuntos monetarios" de la DG II, y el Sr. H. Carré, Director de la misma Dirección. El primero rubricó el dictamen sin añadir ningún comentario y el segundo anotó que "la publicación del texto de que se trata sería inoportuna". Por su parte, el Sr. Ravasio consultó también al Sr. Schutz, Jefe de la unidad "Recursos presupuestarios; información y documentación económica; relaciones con el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones", directamente dependiente del Director General de la DG II, que rubricó el texto controvertido sin efectuar comentario alguno. 12. Habida cuenta de lo anterior, el Sr. Ravasio informó al demandante el 20 de abril de 1998 de que "la publicación [era] inoportuna". 13. El 5 de junio de 1998, el demandante sometió al Sr. Ravasio para su autorización una nueva versión del texto, modificado conforme a las críticas vertidas por el Sr. Östberg. El Sr. Ravasio solicitó al Sr. Schmidt, Director de la Dirección B "Servicio económico" de la DG II, encargado, en particular, de la evaluación de la repercusión económica de las políticas comunitarias, que emitiera un dictamen sobre el contenido del texto modificado. El Sr. Schmidt formuló ciertas críticas y llego a la conclusión de que: "DG II has so far had a very prudent, almost negative, position towards the usefulness of discretionary fiscal policy. This article seems to advocate its full use referring to fine-tuning." ("La DG II ha adoptado hasta la fecha una postura muy prudente, incluso negativa, con respecto a la utilidad de una política fiscal discrecional. Este artículo parece defender la aplicación de dicha política mediante la referencia a políticas económicas territorialmente diferenciadas [en el seno de la Unión monetaria].") 14. A iniciativa propia, el demandante comunicó la segunda versión del texto al Sr. Östberg y le preguntó si mantenía las objeciones formuladas respecto de la primera versión, negándose el Sr. Östberg a examinar el texto por estimar que no podía pronunciarse sin haber recibido instrucciones concretas del Sr. Ravasio. 15. Mediante escrito de 10 de julio de 1998, el Sr. Ravasio informó al demandante de que no autorizaba la publicación del texto controvertido debido a "que [presentaba] un punto de vista que no es el de los servicios de la Comisión, aunque esta última no haya adoptado una política oficial sobre ese tema". Y añadía: "Aunque reconozco la importancia de entablar debates internos que reflejen las distintas opciones de política económica, cuando salimos afuera sería deseable que presentásemos un punto de vista común [...]. Me temo que los intereses de la Comunidad podrían quedar comprometidos si la Comisión y sus funcionarios manifestasen puntos de vista diferentes. Por otra parte, mis colaboradores que han leído su artículo tienen dudas sobre su calidad. Por estas razones, no autorizo su publicación." 16. El 25 de agosto de 1998, el demandante interpuso una reclamación administrativa contra dicha decisión, con arreglo al artículo 90, apartado 2, del Estatuto. 17. Mediante resolución de 5 de enero de 1999 se desestimó dicha reclamación.» 4 En la resolución desestimatoria de la reclamación, la Comisión efectuó las siguientes observaciones: «[...] los posibles conflictos de intereses relativos a una publicación entre el funcionario y su institución no se limitan al supuesto de una oposición pública a una política de la institución, ya que el interés de ésta puede residir en reservarse el máximo margen de maniobra antes de adoptar una posición definitiva. Es evidente que el hecho de que el reclamante se exprese claramente y por escrito sobre [si la Unión económica y monetaria necesita o no una adaptación territorial de las políticas salariales o fiscales ("fine-tuning")] supone precisamente que se comprometa el mantenimiento de este margen de maniobra; aunque presentase su opinión como puramente personal, no podría excluirse que un lector, a pesar de esta reserva, asociase el parecer del funcionario que trabaja en ese sector con el de su institución, justamente porque no existe una opinión de ésta. [...] En ningún caso puede asimilarse un resumen de una página con un artículo de más de veinte. La autorización en base al primero no comporta de ninguna manera la autorización del segundo. Este principio es tanto más aplicable a este caso concreto, cuanto que se detectan importantes divergencias entre el resumen de la conferencia y el texto del artículo.» 5 El 12 de abril de 1999, el Sr. Cwik interpuso un recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia contra la decisión controvertida. La sentencia recurrida 6 En apoyo de su recurso, el Sr. Cwik formuló, en particular, un motivo basado en la interpretación y la aplicación erróneas del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto. 7 El Tribunal de Primera Instancia estimó este motivo por las siguientes razones: «56. Procede señalar que, en la decisión impugnada, la AFPN se limita a declarar que los intereses de las Comunidades pueden verse afectados cuando la Comisión y sus funcionarios expresan públicamente puntos de vista diferentes. Esta decisión no explica por qué existe dicho riesgo en el presente caso. 57. Ahora bien, en una sociedad democrática basada en el respeto de los derechos fundamentales, no cabe considerar que el mero hecho de que un funcionario exprese públicamente puntos de vista distintos de los de su institución pueda menoscabar los intereses de las Comunidades. 58. Es indudable que la utilidad de la libertad de expresión consiste precisamente en la posibilidad de expresar opiniones distintas de las oficialmente mantenidas. Admitir que pueda limitarse la libertad de expresión únicamente porque la opinión de que se trata difiere de la defendida por las instituciones equivaldría a privar de objeto a dicho derecho fundamental. 59. De igual modo, el artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto quedaría sin efecto, dado que su tenor prevé con claridad el principio de concesión de la autorización de publicación, al establecer expresamente que sólo es posible denegar dicha autorización si la publicación en cuestión puede comprometer los intereses de las Comunidades. 60. Por consiguiente, la disparidad de opiniones entre el demandante y la Comisión no permite justificar que se restrinja el ejercicio de la libertad de expresión, puesto que no se ha demostrado que la expresión pública de dicha disparidad pueda comprometer en el presente caso los intereses de las Comunidades.» 8 Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia declaró: «66. [...] se desprende de los autos que, en la época en que se produjeron los hechos, la Comisión ya se había pronunciado pública y claramente sobre el "fine-tuning" en documentos oficiales, y que, cuando menos en casos no excepcionales, albergaba dudas acerca de la utilidad de este tipo de medidas y de la aplicación por parte de los Estados miembros de políticas presupuestarias discrecionales. Además, el autor del texto controvertido es un funcionario que no ocupa ningún puesto de dirección y que manifiesta su opinión a título individual. Asimismo, el texto se refiere a una materia con respecto a la cual la Comisión afirma no poseer una política oficial. A mayor abundamiento, al estar prevista su publicación en una recopilación de las ponencias del congreso mencionado, el texto se dirige a un público constituido por especialistas en la materia, que con toda probabilidad pueden ponerse al corriente de la postura de la Comisión. 67. En estas circunstancias, carece manifiestamente de fundamento la tesis de la demandada, según la cual la publicación del texto controvertido puede entrañar un riesgo significativo de que el público confunda la opinión del demandante con la de la institución, de modo que se limite el margen de maniobra de ésta en la materia y se comprometan, en consecuencia, los intereses de las Comunidades. 68. Además, aun cuando existiera una diferencia entre el alcance de una conferencia y el de la publicación de su texto, tal diferencia no bastaría, en el presente caso, para justificar el temor a que se reduzca el margen de maniobra de la Comisión. A este respecto [...] el texto controvertido expone la tesis ya defendida por el demandante en la conferencia, titulada "La necesidad de adaptar las políticas económicas a nivel local y regional en la Unión monetaria de la Unión Europea" ("The need for local and regional economic fine-tuning in the monetary union of the European Union"). Asimismo, el hecho de que la AFPN haya autorizado la conferencia confirma que no existe riesgo de confusión entre la opinión del demandante y la de la Comisión. En estas circunstancias, la demandada no puede sostener que albergaba un temor razonable a ver reducido su margen de maniobra por la publicación del texto de que se trata. 69. Resulta de todo lo que precede que la demandada cometió un error manifiesto de apreciación al no autorizar la publicación del texto controvertido por estimar que podía comprometer los intereses de las Comunidades.» 9 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión controvertida. El recurso de casación 10 La Comisión solicita al Tribunal de Justicia que: Declare el recurso de casación admisible y fundado. Anule la sentencia recurrida. Por consiguiente, desestime el recurso del demandante en dicho asunto o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia. Condene al demandante en dicho asunto a cargar con las costas en que incurra en el presente procedimiento. 11 El Sr. Cwik solicita al Tribunal de Justicia que: Declare la inadmisibilidad del recurso de casación o, por lo menos, lo desestime por infundado. Condene a la Comisión a cargar con la totalidad de las costas del recurso de casación. 12 En su recurso de casación, la Comisión invoca dos motivos, basados, por un lado, en una interpretación errónea del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto y, por otro lado, en una motivación deficiente de la sentencia recurrida. Sobre el primer motivo 13 Mediante su primer motivo, la Comisión alega que, especialmente en los apartados 52, 56, 57 y 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia rebasó los límites de su facultad de control de los actos de la AFPN e interpretó el artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto de una manera en exceso restrictiva. 14 En efecto, considera que, por un lado, el Tribunal de Primera Instancia hizo caso omiso de la función preventiva de dicha disposición, reconocida en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de mayo de 1999, Connolly/Comisión (asuntos acumulados T-34/96 y T-163/96, RecFP pp. I-A-87 y II-463), apartado 153, al declarar que la Comisión debía probar concretamente que sus intereses se habían visto comprometidos y al afirmar que dicha Institución no había demostrado, en las circunstancias del presente caso, que la manifestación pública de una diferencia de pareceres entre ella y el funcionario interesado podía poner en peligro los intereses de las Comunidades. 15 Asimismo, estima que, por otro lado, el Tribunal de Primera Instancia no respetó el margen de apreciación de la AFPN en relación con el contenido científico del texto de la conferencia del Sr. Cwik y en cuanto al riesgo de que comprometiese los intereses de las Comunidades. La Comisión hace referencia, a este respecto, a las consultas efectuadas por la AFPN a varios especialistas antes de adoptar la decisión controvertida, al contexto económico y político de la puesta en marcha de la Unión económica y monetaria, y a la necesaria reserva de su posición oficial en una materia extremadamente delicada, circunstancias que demuestran que la AFPN no cometió ningún error manifiesto de apreciación. 16 La Comisión afirma que, al tomar en consideración, en el marco del control de la aplicación del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto, la triple circunstancia de que el Sr. Cwik no ocupaba ningún puesto de dirección, de que el texto en cuestión se dirigía a un público constituido por especialistas y de que, en cualquier caso, no existía aún una posición definitiva de la Institución en la materia, el Tribunal de Primera Instancia ignoró claramente el margen de apreciación de la AFPN, ya que añadió a dicha disposición del Estatuto requisitos que ésta no prevé. 17 A este respecto, procede recordar que, conforme a lo declarado por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 6 de marzo de 2001, Connolly/Comisión (C-274/99 P, Rec. p. I-1611), apartado 53, el régimen del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto establece claramente el principio de concesión de la autorización, que sólo podrá ser denegada excepcionalmente. 18 En efecto, esta disposición debe ser objeto de interpretación restrictiva, puesto que permite a las instituciones denegar la autorización de publicación y prevé así la posibilidad de una importante injerencia en la libertad de expresión, que constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática, de modo que sólo podrá denegarse la autorización de publicación si esta última puede causar un perjuicio grave a los intereses de las Comunidades (sentencia del Tribunal de Justicia Connolly/Comisión, antes citada, apartado 53). 19 Al aplicar el artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto, la AFPN debe ponderar los diferentes intereses en juego, para lo que debe tener en cuenta, por un lado, la libertad del funcionario de expresar, oralmente o por escrito, opiniones disconformes o minoritarias en relación con las sostenidas por la institución de la que dependa libertad que deriva del derecho fundamental de la persona a la libertad de expresión y, por otro lado, la gravedad del perjuicio para los intereses de las Comunidades irrogado por la publicación del texto de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia Connolly/Comisión, antes citada, apartados 43 y 57). A este respecto, sólo un riesgo real de perjuicio grave para los intereses de las Comunidades, que se deduzca de circunstancias concretas y objetivas, puede tomarse en consideración a efectos de la aplicación del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto. 20 Estas circunstancias deben comunicarse al funcionario interesado junto con la decisión por la que se deniega la autorización de publicación o, a más tardar, con la resolución desestimatoria de la reclamación, con objeto de permitir al Juez comunitario ejercer su control sobre la legalidad de tal decisión de denegación y de proporcionar a dicho funcionario una indicación suficiente para poder apreciar el fundamento de ésta. 21 En el presente caso, en el apartado 69 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Comisión había cometido un error manifiesto de apreciación al no autorizar la publicación del texto de la conferencia del Sr. Cwik por estimar que dicha publicación podía comprometer los intereses de las Comunidades. 22 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, que la Comisión se había limitado a afirmar en la decisión controvertida que los intereses de las Comunidades pueden verse comprometidos si la Comisión y sus funcionarios manifiestan públicamente puntos de vista diferentes, sin haber demostrado que este riesgo exista en el presente caso. Ahora bien, por definición, tal como destacó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 58 de dicha sentencia, la libertad de expresión comprende «la posibilidad de expresar opiniones distintas de las oficialmente mantenidas». 23 Procede observar que, en contra de lo alegado por la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia no ignoró la función preventiva del artículo 17, párrafo segundo, del Estatuto cuya conformidad con el derecho fundamental a la libertad de expresión reconoció el Tribunal de Justicia en los apartados 52 a 55 de su sentencia Connolly/Comisión, antes citada, sino que se limitó a considerar insuficientes las razones invocadas por la AFPN para justificar la decisión controvertida, que se reducen a indicar que la existencia de una divergencia entre la opinión del funcionario y la postura de la institución de la que depende puede poner en peligro los intereses de las Comunidades. Ahora bien, tal como se recuerda en el apartado 19 de la presente sentencia, sólo un riesgo real de perjuicio grave para dichos intereses, que se deduzca de circunstancias concretas y objetivas, puede justificar que se deniegue una autorización de publicación. 24 En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia examinó, en los apartados 62 a 68 de la sentencia recurrida, las razones que se exponen en la resolución desestimatoria de la reclamación para completar la motivación de la decisión controvertida. 25 En la resolución desestimatoria de la reclamación, la Comisión invocó la necesidad de mantener un margen de maniobra antes de pronunciarse definitivamente sobre si la Unión económica y monetaria requería o no un ajuste territorial de las políticas salariales o fiscales («fine-tuning»), y sostuvo que dicho margen de maniobra se habría visto comprometido por la publicación de que se trata, debido al posible riesgo de confusión entre la opinión del funcionario interesado y la postura de la institución de la que depende. 26 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 66 y 67 de la sentencia recurrida, que dicha apreciación carecía manifiestamente de fundamento, puesto que, en primer lugar, la Comisión ya se había pronunciado pública y claramente sobre la cuestión; en segundo lugar, el texto de la conferencia del Sr. Cwik era obra de un funcionario que no ocupaba ningún puesto de dirección y que manifestaba su opinión a título individual, y, por último, dicho texto se dirigía a un público constituido por especialistas que con toda probabilidad podían ponerse al corriente de la postura de la Comisión, la cual, por añadidura, afirmaba no tener ninguna política oficial sobre la materia. 27 Ahora bien, es jurisprudencia reiterada que tales apreciaciones, meramente fácticas, no pueden ser objeto de control por el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los datos obrantes en autos aportados ante el Tribunal de Primera Instancia (sentencia de 18 de noviembre de 1999, Tzoanos/Comisión, C-191/98 P, Rec. p. I-8223, apartado 23, y de 10 de julio de 2001, Ismeri Europa/Tribunal de Cuentas, C-315/99 P, Rec. p. I-0000, apartado 48). A este respecto, la Comisión no ha demostrado ni ha alegado siquiera que dichas apreciaciones fueran contradictorias o incurrieran en alguna inexactitud material con respecto a los documentos obrantes en autos aportados ante el Tribunal de Primera Instancia. En cualquier caso, debe señalarse que la apreciación soberana de los hechos, efectuada por el Juez de instancia y discutida por la Comisión, no incurre en error manifiesto de apreciación. 28 En lo que atañe a la alegación basada en que la sentencia recurrida redujo ilícitamente el margen de apreciación de la AFPN en cuanto al contenido científico del texto de la conferencia del Sr. Cwik y al riesgo de perjuicio para los intereses de las Comunidades, especialmente en un ámbito delicado como el relativo a la Unión económica y monetaria, basta con remitirse a los apartados 22 a 25 de la presente sentencia, de los que se desprende que en la sentencia recurrida se tuvieron debidamente en cuenta los motivos que podían justificar que se denegase la autorización para publicar el texto de la conferencia del Sr. Cwik. En este sentido, es evidente que no basta con remitirse al contexto económico y político vigente en la fecha en que se adoptó la decisión controvertida, al carácter delicado de la cuestión tratada o a la calidad científica del texto de la conferencia circunstancias que, por otro lado, no se mencionan ni en la referida decisión ni en la que desestima la reclamación, tal como ha destacado el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones para demostrar la existencia de un riesgo real de perjuicio grave para los intereses de las Comunidades que pueda justificar una limitación del derecho fundamental del funcionario a la libertad de expresión. 29 Habida cuenta de todo lo que antecede, procede desestimar el primer motivo. Sobre el segundo motivo 30 Mediante el segundo motivo, la Comisión alega que el Tribunal de Primera Instancia ha incumplido la obligación de motivación al no haber examinado importantes argumentos que dicha Institución había formulado tanto en la fase escrita como en la fase oral del procedimiento en primera instancia. 31 Por un lado, considera que el Tribunal de Primera Instancia no dio respuesta alguna al argumento según el cual la Comisión debía apreciar la solicitud de autorización para la publicación a la luz del delicado contexto económico y político que existía cuando se presentó, es decir, el de la puesta en marcha de la Unión económica y monetaria, habida cuenta de que, en dicho contexto, la Comisión se había abstenido voluntariamente de adoptar una postura definitiva sobre numerosos temas controvertidos, como el examinado en la conferencia del Sr. Cwik. 32 Por otro lado, sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no precisó por qué, conforme a lo declarado en el apartado 68 de la sentencia recurrida, el hecho de que la AFPN hubiera autorizado una conferencia confirma la inexistencia de riesgo de confusión entre la opinión del funcionario interesado y la postura de la Comisión, cuando esta última había defendido en primera instancia que existía una diferencia fundamental entre la participación en un congreso, que es efímera, y una publicación, que tiene carácter duradero. 33 A este respecto, procede señalar que la Comisión formuló, por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, la alegación basada en el contexto económico y político en el que se adoptó la decisión controvertida con objeto de apoyar la tesis de que era razonable temer que el público atribuyese a la Institución el parecer de uno de sus funcionarios. Ahora bien, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia indicó expresamente los motivos por los que procedía desestimar dicha tesis, motivos que, como ya se ha declarado en el apartado 27 de la presente sentencia, corresponden a su apreciación soberana de los hechos. 34 Por lo que respecta a la diferente naturaleza de una intervención oral, en un congreso, y de la publicación del texto de dicha intervención, el Tribunal de Primera Instancia estimó precisamente, en el apartado 68 de la sentencia recurrida, que tal diferencia no bastaba para demostrar el riesgo de confusión, alegado en la resolución desestimatoria de la reclamación, entre la opinión del funcionario interesado y la postura de la Comisión. 35 En consecuencia, el segundo motivo, basado en la insuficiencia de motivación, ha de ser también desestimado. 36 Resulta de lo anterior que el recurso de casación debe desestimarse en su totalidad. Decisión sobre las costas Costas 37 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haberlo solicitado así el Sr. Cwik y por haber sido desestimados los motivos formulados por la Comisión, procede condenarla en costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA decide: 1) Desestimar el recurso de casación. 2) Condenar en costas a la Comisión de las Comunidades Europeas.

62006TJ0215

el

Το νομικό πλαίσιο Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα ( ΕΕ 1994, L 11, σ. 1 ), όπως έχει τροποποιηθεί, ορίζει τα εξής: «1.   Δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση: […] η) τα σήματα τα οποία, ελλείψει αδείας των αρμόδιων αρχών, απορρίπτονται δυνάμει του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων· […]» Τα άρθρα 1, 6, 6β, 6στ και 7 της Συμβάσεως των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της 20ής Μαρτίου 1883, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί (Συλλογή Συνθηκών των Ηνωμένων Εθνών, τόμος 828, αριθ. 11847, σ. 108, στο εξής: Σύμβαση των Παρισίων), ορίζουν τα εξής: «Άρθρο 1 […] 2) Η προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας έχει ως αντικείμενο τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα υποδείγματα χρησιμότητας, τα σχέδια ή βιομηχανικά υποδείγματα, τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, την εμπορική επωνυμία και τις ενδείξεις προέλευσης ή τοπωνυμικές ονομασίες, καθώς και την καταστολή του αθέμιτου ανταγωνισμού. […] Άρθρο 6 1)   Οι όροι της καταθέσεως και καταχωρίσεως των εμπορικών και βιομηχανικών σημάτων θα καθορίζονται σε κάθε κράτος της Ένωσης [των κρατών στα οποία η Σύμβαση των Παρισίων έχει εφαρμογή] από την εθνική του νομοθεσία. […] Άρθρο 6β α) Τα κράτη της Ένωσης συμφωνούν να απορρίπτουν ή να ακυρώνουν την καταχώριση και να απαγορεύουν, με κατάλληλα μέτρα, τη χρήση, χωρίς άδεια των αρμοδίων αρχών, είτε ως εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων είτε ως στοιχείων των σημάτων αυτών, των θυρεών, σημαιών και λοιπών κρατικών εμβλημάτων των χωρών της Ένωσης, των σημείων και επισημάτων ελέγχου και γνησιότητας που χρησιμοποιούνται από αυτές καθώς και κάθε απομίμηση εξ επόψεως εραλδικής. β) Οι ανωτέρω υπό […] στοιχείον α' διατάξεις εφαρμόζονται επίσης επί θυρεών, σημαιών και λοιπών εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων ή ονομασιών των διεθνών διακυβερνητικών οργανισμών, των οποίων ένα ή περισσότερα κράτη της Ένωσης είναι μέλη, με εξαίρεση τους θυρεούς, τις σημαίες και τα λοιπά εμβλήματα, τα αρχικά γραμμάτων ή τις ονομασίες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εν ισχύ διεθνών συμφωνιών που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της προστασίας τους. γ) Κανένα κράτος της Ένωσης δεν υποχρεούται να εφαρμόσει τις ανωτέρω υπό […] στοιχείον β' διατάξεις προς βλάβη των κατόχων δικαιωμάτων που έχουν καλοπίστως αποκτηθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας Συμβάσεως στο εν λόγω κράτος. Τα κράτη της Ένωσης δεν υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις οσάκις η προβλεπόμενη από το ανωτέρω […] στοιχείο α' χρήση ή καταχώριση δεν είναι ικανή να δημιουργεί στο κοινό την εντύπωση δεσμού μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και των θυρεών, σημαιών, εμβλημάτων, αρχικών γραμμάτων και ονομασιών ή οσάκις η χρήση ή καταχώριση αυτή δεν είναι προδήλως ικανή να εξαπατά το κοινό ως προς την ύπαρξη δεσμού μεταξύ του χρήστη και του οργανισμού. […] α) Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, τα κράτη της Ένωσης συμφωνούν να κοινοποιήσουν αμοιβαίως μέσω του διεθνούς [γ]ραφείου κατάλογο των κρατικών εμβλημάτων, σημείων και επισημάτων ελέγχου και γνησιότητας που επιθυμούν ή θα επιθυμήσουν στο μέλλον να θέσουν απολύτως ή υπό ορισμένους όρους υπό την προστασία του παρόντος άρθρου καθώς και κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του καταλόγου αυτού. Κάθε κράτος της Ένωσης θα θέσει εγκαίρως στη διάθεση του κοινού τους κοινοποιηθέντες καταλόγους. Πάντως, η κοινοποίηση αυτή δεν είναι υποχρεωτική όσον αφορά τις σημαίες των κρατών. […] Άρθρο 6στ Τα κράτη της Ένωσης υποχρεούνται να προστατεύουν τα σήματα υπηρεσιών. Δεν υποχρεούνται να προβλέπουν την καταχώριση των σημάτων αυτών. Άρθρο 7 Η φύση του προϊόντος επί του οποίου τίθεται το εμπορικό ή βιομηχανικό σήμα δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποτελέσει εμπόδιο στην καταχώριση του σήματος. […]» Ιστορικό της διαφοράς Στις 23 Ιουλίου 2002, η προσφεύγουσα υπέβαλε στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος δυνάμει του κανονισμού 40/94. Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και αναπαράγεται αμέσως κατωτέρω αποτελείται από την εικόνα φύλλου σφενδάμνου και τα γράμματα «rw» σε κεφαλαία κάτω από την εικόνα αυτή: Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση, υπάγονται στις κλάσεις 18, 25 και 40 του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: — «Δέρμα και απομιμήσεις δέρματος, είδη από αυτά τα υλικά μη περιλαμβανόμενα σε άλλες κλάσεις· δέρματα ζώων· κιβώτια ταξιδίου και βαλίτσες· ομπρέλες, αλεξήλια και ράβδοι περιπάτου· μαστίγια, ιπποσκευές και είδη σελλοποιίας» (κλάση 18)· — «Ενδύματα, υποδήματα και είδη πιλοποιίας» (κλάση 25)· — «Υπηρεσίες ραπτικής· παραγέμισμα και προετοιμασία ζώων· βιβλιοδεσία· επεξεργασία, κατεργασία και βελτίωση δερμάτων, γουναρικών και υφασμάτων· εμφάνιση φιλμ και εκτύπωση φωτογραφιών· κατεργασία ξύλου· έκθλιψη φρούτων· άλεση δημητριακών· επεξεργασία, σκλήρυνση και βελτίωση επιφανειών από μέταλλο» (κλάση 40). Ο εξεταστής, με απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2005, απέρριψε, βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94, την αίτηση καταχωρίσεως του εν λόγω σήματος για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούσε, με την αιτιολογία ότι το επίμαχο σήμα είναι ικανό να προκαλέσει στο κοινό την εντύπωση ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του σήματος αυτού και του Καναδά, αφού το φύλλο σφενδάμνου που το σήμα απεικονίζει αποτελεί απομίμηση του κρατικού εμβλήματος του Καναδά. To έμβλημα αυτό, όπως προκύπτει, αφενός, από την ανακοίνωση του διεθνούς γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΠΙ) προς τα συμβαλλόμενα κράτη της Συμβάσεως των Παρισίων, της 1ης Φεβρουαρίου 1967, και, αφετέρου, από τη βάση δεδομένων του ΠΟΠΙ, απεικονίζεται ευθύς κατωτέρω: Στις 6 Δεκεμβρίου 2005, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή βάσει των άρθρων 57 έως 62 του κανονισμού 40/94 κατά της αποφάσεως του εξεταστή. Το πρώτο τμήμα προσφυγών, με απόφαση της 4ης Μαΐου 2006 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 29 Μαΐου 2006, απέρριψε την προσφυγή της προσφεύγουσας και επικύρωσε την απόφαση του εξεταστή. Το τμήμα προσφυγών, στηριζόμενο στα στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω σκέψη 7, διαπίστωσε ότι το φύλλο σφενδάμνου ερυθρού χρώματος αποτελεί το έμβλημα του Καναδά (σημείο 11 της προσβαλλόμενης απόφασης). Το τμήμα προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη τη νομολογία [απόφαση του Πρωτοδικείου της 21ης Απριλίου 2004, Τ- 127/02, Concept κατά ΓΕΕΑ (ECA), Συλλογή 2004, σ. II-1113 , σκέψη 40], έκρινε ότι, στην προκειμένη περίπτωση, έπρεπε να εξεταστεί αν το προς καταχώριση σήμα περιλαμβάνει στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το καναδικό έμβλημα ή απομίμησή του «εξ επόψεως εραλδικής». Η παρουσία του λεκτικού στοιχείου «rw» στο προς καταχώριση σήμα δεν παρακωλύει την εφαρμογή του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων (σημεία 12 έως 14 της προσβαλλόμενης απόφασης). Συναφώς, το τμήμα προσφυγών απέρριψε το επιχείρημα της προσφεύγουσας που αντλείται από τη διαφορά χρώματος μεταξύ του φύλλου σφενδάμνου που απεικονίζεται στο προς καταχώριση σήμα και του καναδικού εμβλήματος. Δεδομένου ότι η αίτηση καταχωρίσεως της προσφεύγουσας δεν προσδιόριζε συγκεκριμένο χρώμα, το προς καταχώριση σήμα θα μπορούσε να απεικονίζεται με οποιονδήποτε συνδυασμό χρωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ερυθρού χρώματος του καναδικού εμβλήματος (σημείο 15 της προσβαλλόμενης απόφασης). Εξάλλου, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι δεν υπήρχε ουσιώδης διαφορά μεταξύ των σχεδίων των δύο φύλλων σφενδάμνου. Και στις δύο περιπτώσεις, επρόκειτο για το ίδιο φύλλο με ένδεκα άκρες, εν είδει άστρου με πέντε γωνίες πάνω σε μίσχο, και με ορατά ίδια απόσταση μεταξύ των άκρων και των γωνιών. Επομένως, το ενδιαφερόμενο κοινό θα μπορούσε να θεωρήσει το φύλλο σφενδάμνου του προς καταχώριση σήματος ως εραλδική απομίμηση του καναδικού εμβλήματος (σημείο 16 της προσβαλλόμενης απόφασης). Ως εκ τούτου, η καταχώριση του εν λόγω σήματος θα μπορούσε να παραπλανήσει το κοινό ως προς την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορά το σήμα αυτό, λαμβανομένης επίσης υπόψη της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει και να προωθήσει ο Καναδάς (σημείο 17 της προσβαλλόμενης απόφασης). Κατά το τμήμα προσφυγών, η φήμη που το σήμα της προσφεύγουσας RIVER WOODS φέρεται να έχει στο Βέλγιο δεν δύναται να ανατρέψει τις ανωτέρω θεωρήσεις, αφού η απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα ενός σήματος λόγω χρήσης δεν ισχύει στις περιπτώσεις του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94 (σημείο 19 της προσβαλλόμενης απόφασης). Το τμήμα προσφυγών απέρριψε επίσης τα λοιπά επιχειρήματα της προσφεύγουσας που υποστήριξε ότι έχει καταχωρίσει πλείονα παρόμοια εθνικά σήματα, μεταξύ των οποίων και καναδικά σήματα, και επικαλέστηκε την προγενέστερη πρακτική που ακολουθούσε το ΓΕΕΑ με τις αποφάσεις του όσον αφορά σήματα που περιλαμβάνουν σημαία ή κρατικό έμβλημα (σημεία 20 έως 22 της προσβαλλόμενης απόφασης). Αιτήματα των διαδίκων Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο: — να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση· — να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα. Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Πρωτοδικείο: — να απορρίψει την προσφυγή· — να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. Σκεπτικό Η προσφεύγουσα, προς στήριξη της προσφυγής της, επικαλείται ένα μόνο λόγο ακυρώσεως, αντλούμενο από παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94. Το Πρωτοδικείο κρίνει απαραίτητο να εξετάσει τον λόγο αυτό πρώτα ως προς τις υπηρεσίες της κλάσης 40 τις οποίες αφορά η αίτηση καταχωρίσεως και, στη συνέχεια, ως προς τα προϊόντα των κλάσεων 18 και 25 τα οποία αφορά η ίδια αίτηση. Επί των υπηρεσιών της κλάσης 40 Επιχειρήματα των διαδίκων Η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι, μολονότι το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων στα σήματα υπηρεσιών δύναται να αμφισβητηθεί, θα αναπτύξει την επιχειρηματολογία της χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών που αφορά η επίμαχη αίτηση καταχωρίσεως. Το ΓΕΕΑ δέχεται ότι το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, σύμφωνα με το γράμμα του, έχει εφαρμογή μόνο στα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, ήτοι στα σήματα προϊόντων. Επομένως, η διάταξη αυτή δεν υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως των Παρισίων καθώς και τα κράτη ή τους διεθνείς οργανισμούς —συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης— που είναι μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και δεσμεύονται από το άρθρό 6β, να αρνηθούν ή να ακυρώσουν την καταχώριση ως σημάτων υπηρεσιών ή ως στοιχείων σημάτων υπηρεσιών των σημείων που περιλαμβάνουν ή αντιγράφουν κρατικά εμβλήματα και λοιπά επίσημα σύμβολα. Πάντως, κατά το ΓΕΕΑ, τα κράτη και το ίδιο το ΓΕΕΑ είναι αναμφισβήτητα ελεύθερα να το πράξουν. Καταρχάς, το ΓΕΕΑ που εφαρμόζει τη Σύμβαση των Παρισίων αναγνωρίζει ρητώς τη δυνατότητα αυτή, όπως προκύπτει από την παράγραφο 7 των «γενικών πληροφοριών περί του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων» που είναι διαθέσιμες στον διαδικτυακό τόπο του ΠΟΠΙ. Περαιτέρω, το άρθρο 1 του κανονισμού 40/94 αναφέρεται ρητώς στην προστασία των «σημάτων προϊόντων ή υπηρεσιών», ενώ το άρθρο 7 του ίδιου κανονισμού σχετικά με τους απόλυτους λόγους απαραδέκτου δεν διακρίνει μεταξύ των σημάτων προϊόντων και των σημάτων υπηρεσιών. Τέλος, το Πρωτοδικείο έχει κρίνει, με την προπαρατεθείσα στη σκέψη 10 απόφαση ECA, ότι το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων έχει επίσης εφαρμογή στα σήματα υπηρεσιών, αφού το επίμαχο στην υπόθεση αυτή σήμα προσδιόριζε τόσο προϊόντα της κλάσης 9 όσο και υπηρεσίες της κλάσης 41 και το Πρωτοδικείο δεν διέκρινε μεταξύ προϊόντων και υπηρεσιών όταν αποφάνθηκε ότι νομίμως δεν έγινε δεκτή η καταχώριση του σήματος αυτού βάσει του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, το ΓΕΕΑ υποστήριξε τη διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, βάσει της οποίας θα μπορούσαν να εμπέσουν στο πεδίο εφαρμογής του και τα σήματα υπηρεσιών αφού μάλιστα, από τη θέσπιση του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, η τελευταία αυτή κατηγορία σημάτων έχει γίνει εξίσου σημαντική με τα σήματα προϊόντων. Εξάλλου, κατά το ΓΕΕΑ, ο ΠΟΠΙ προτείνει αυτή την ερμηνεία της εν λόγω διάταξης. Το ΓΕΕΑ, με το απαντητικό υπόμνημά του, υποστηρίζει επίσης ότι, εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων στα σήματα υπηρεσιών δεν τίθεται ενώπιον του Πρωτοδικείου, αφού, αφενός, το ζήτημα αυτό δεν θίχτηκε κατά τη διαδικασία ενώπιον του ΓΕΕΑ και, αφετέρου, η προσφεύγουσα, με την προσφυγή της, δεν υποστήριξε επαρκώς την άποψή της κατά την οποία η εν λόγω διάταξη δεν έχει εφαρμογή στα σήματα υπηρεσιών. Πάντως, κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, το ΓΕΕΑ δέχθηκε ότι το Πρωτοδικείο δύναται να εξετάσει το ζήτημα αυτό, παρά την απουσία σχετικής ειδικής επιχειρηματολογίας εκ μέρους της προσφεύγουσας, όπως αναφέρεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Εκτίμηση του Πρωτοδικείου Σημειωτέον καταρχάς ότι η προσφεύγουσα, τόσο ενώπιον του ΓΕΕΑ όσο και ενώπιον του Πρωτοδικείου, επικαλέστηκε στην ουσία ένα μόνο λόγο ακυρώσεως, αντλούμενο από παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94, σύμφωνα με τον οποίο η καταχώριση του επίμαχου σήματος δεν δύναται να απορριφθεί βάσει του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων, αφού το σήμα αυτό δεν αποτελεί ούτε το κρατικό έμβλημα του Καναδά ούτε απομίμησή του «εξ επόψεως εραλδικής». Πάντως, το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων στα σήματα υπηρεσιών αποτελεί πρόβλημα που πρέπει να λυθεί πρώτα ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του κανονισμού 40/94 όσον αφορά τον λόγο ακυρώσεως που προβάλλει η προσφεύγουσα. Πράγματι, για να κριθεί αν το επίμαχο σήμα, στο μέτρο που αφορά υπηρεσίες, αποτελεί σήμα του οποίου η καταχώριση αντίκειται ενδεχομένως στο άρθρο 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', πρέπει προηγουμένως να εξεταστεί αν η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στα σήματα υπηρεσιών. Αν η διάταξη αυτή δεν έχει εφαρμογή στα σήματα υπηρεσιών, η άρνηση του ΓΕΕΑ να καταχωρίσει το σήμα αυτό για υπηρεσίες θα συνιστούσε πράγματι παράβαση του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94, όπως υποστηρίζει η προσφεύγουσα, και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να εξεταστεί αν το προς καταχώριση σήμα περιλαμβάνει το κρατικό έμβλημα του Καναδά ή απομίμησή του «εξ επόψεως εραλδικής». Επομένως, το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων στα σήματα υπηρεσιών περιλαμβανόταν στα νομικά στοιχεία της ενώπιον του τμήματος προσφυγών διαφοράς, έστω και αν οι διάδικοι δεν διατύπωσαν άποψη επί του οικείου ζητήματος και το ΓΕΕΑ δεν αποφάνθηκε συναφώς [απόφαση του Πρωτοδικείου της 1ης Φεβρουαρίου 2005, T-57/03, SPAG κατά ΓΕΕΑ — Dann και Backer (HOOLIGAN), Συλλογή 2005, σ. II-287 , σκέψη 21]. Κατά συνέπεια, το ζήτημα αυτό δύναται να ανακύψει για πρώτη φορά ενώπιον του Πρωτοδικείου (προπαρατεθείσα απόφαση HOOLIGAN, σκέψη 22). Για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 23, το ζήτημα αυτό συμπεριλαμβάνεται στα νομικά στοιχεία της ενώπιον του Πρωτοδικείου διαφοράς. Πράγματι, επισημαίνεται ότι ο δικαστής, αν και οφείλει να αποφαίνεται μόνον επί των αιτημάτων των διαδίκων, στους οποίους απόκειται ο καθορισμός του πλαισίου της διαφοράς, δεν δεσμεύεται μόνον από τα επιχειρήματα που προβάλλουν οι διάδικοι προς στήριξη των ισχυρισμών τους, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να θεμελιώσει την απόφασή του σε εσφαλμένους νομικούς ισχυρισμούς (διατάξεις του Δικαστηρίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2004, C-470/02 P, UER κατά Μ6 κ.λπ., μη δημοσιευθείσα στη Συλλογή, σκέψη 69, και της 13ης Ιουνίου 2006, C-172/05 P, Mancini κατά Επιτροπής, μη δημοσιευθείσα στη Συλλογή, σκέψη 41). Τούτο ισχύει στην προκειμένη περίπτωση, αφού η προσφεύγουσα εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την εφαρμογή του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων στα σήματα υπηρεσιών. Επομένως, όπως δέχθηκε και το ΓΕΕΑ κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, το ζήτημα αυτό δεν εκφεύγει του πλαισίου της συζήτησης και πρέπει να εξετασθεί από το Πρωτοδικείο, αφού η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη για να δοθεί απάντηση στον μοναδικό λόγο ακυρώσεως που προβάλλει η προσφεύγουσα. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί αν το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων έχει εφαρμογή και στα σήματα υπηρεσιών. Συναφώς, διαπιστώνεται ότι το γράμμα της διάταξης αυτής αφορά μόνον τα «εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα». Από το άρθρο 1, παράγραφος 2, το άρθρο 6, παράγραφος 1, και, τέλος, από το άρθρο 6στ, της Συμβάσεως των Παρισίων προκύπτει σαφώς ότι η Σύμβαση αυτή διακρίνει, αφενός, τα «εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα» των οποίων η καταχώριση, όπως προκύπτει από το άρθρο 7, αφορά προϊόντα και, αφετέρου, τα «σήματα υπηρεσιών». Δεδομένου ότι το άρθρο 6β αφορά μόνον τα εμπορικά ή βιομηχανικά σήματα, ήτοι τα σήματα προϊόντων, προκύπτει ότι η απαγόρευση καταχωρίσεως και χρήσεως που θεσπίζει η διάταξη αυτή δεν αφορά τα σήματα υπηρεσιών. Πάντως, το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι ο κοινοτικός νομοθέτης δύναται να απαγορεύσει και επί υπηρεσιών την καταχώριση σημάτων που περιλαμβάνουν κρατικό έμβλημα ως στοιχείο, ακόμη και αν δεν την απαγόρευε βάσει του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94 παραπέμπει απλώς στο άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, ορίζοντας ότι «δεν γίνονται δεκτά για καταχώριση τα σήματα που […] απορρίπτονται δυνάμει του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων». Δεδομένου ότι το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων δεν αφορά τα σήματα υπηρεσιών, τα σήματα αυτά δεν αποτελούν σήματα που «απορρίπτονται» δυνάμει της διατάξεως αυτής και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τους αντιταχθεί απόλυτος λόγος απαραδέκτου βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94. Το γεγονός και μόνον που επικαλείται το ΓΕΕΑ ότι το άρθρο 7 του κανονισμού 40/94 δεν διακρίνει μεταξύ σημάτων προϊόντων και σημάτων υπηρεσιών δεν αρκεί για να θεμελιώσει το αντίθετο συμπέρασμα, αφού η διάκριση αυτή εισάγεται από το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94. Πράγματι, αν ο κοινοτικός νομοθέτης ήθελε να απαγορεύσει και για τις υπηρεσίες την καταχώριση των σημάτων που περιλαμβάνουν «θυρεούς, σημαίες και λοιπά κρατικά εμβλήματα», δεν θα είχε αρκεστεί στην απλή παραπομπή στο άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, αλλά θα είχε εισαγάγει στο ίδιο το κείμενο του άρθρου 7 του κανονισμού 40/94 την απαγόρευση καταχωρίσεως, είτε ως κοινοτικού σήματος είτε ως στοιχείου ενός τέτοιου σήματος «των θυρεών, σημαιών και λοιπών κρατικών εμβλημάτων […] καθώς και κάθε απομιμήσεως εξ επόψεως εραλδικής», χωρίς να διακρίνει έτσι, εμμέσως πλην αναγκαίως, από την παραπομπή και μόνο στο άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, μεταξύ σημάτων προϊόντων και σημάτων υπηρεσιών. Η απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, που επικαλείται το ΓΕΕΑ, δεν καταρρίπτει τα προηγούμενα επιχειρήματα, αφού, το Πρωτοδικείο, με την απόφαση αυτή, ουδόλως εξέτασε το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων στα σήματα υπηρεσιών, ζήτημα άλλωστε που δεν τέθηκε από τους διαδίκους της υπόθεσης αυτής. Τέλος, το επιχείρημα του ΓΕΕΑ ότι το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων πρέπει να ερμηνευθεί διασταλτικώς είναι απορριπτέο. Αφενός, το μοναδικό έγγραφο του ΠΟΠΙ που επικαλείται το ΓΕΕΑ και ασκεί επιρροή στην υπόθεση (βλ. ανωτέρω σκέψη 19) αναφέρει μόνον ότι το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων «δεν υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη της Συμβάσεως των Παρισίων να αρνηθούν ή να ακυρώσουν την καταχώριση και να απαγορεύσουν τη χρήση ως σημάτων υπηρεσιών ή ως στοιχείων σημάτων υπηρεσιών των κρατικών εμβλημάτων ή λοιπών επισήμων συμβόλων. Πάντως, τα κράτη είναι ελεύθερα να το πράξουν […]». Επομένως, αντιθέτως προς τους ισχυρισμούς του ΓΕΕΑ, το έγγραφο αυτό δεν συνηγορεί υπέρ της διασταλτικής ερμηνείας της διάταξης αυτής. Σημειωτέον εξάλλου ότι ακριβώς για την επέκταση στα σήματα υπηρεσιών της προστασίας των σημάτων προϊόντων βάσει της Συμβάσεως των Παρισίων προστέθηκε ειδική διάταξη στο άρθρο 16 της Συμβάσεως περί του δικαίου των σημάτων που υπογράφηκε στη Γενεύη στις 27 Οκτωβρίου 1994. Πάντως, η εν λόγω σύμβαση που υπογράφηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν έχει κυρωθεί από αυτήν. Αφετέρου και κυρίως, μπορεί να συναχθεί ότι ο κοινοτικός νομοθέτης, κατά τη σχετικά πρόσφατη θέσπιση του κανονισμού 40/94, ήταν εν γνώσει της σημασίας των σημάτων υπηρεσιών στο σύγχρονο εμπόριο και θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να επεκτείνει και σε αυτή την κατηγορία σημάτων την προστασία των κρατικών εμβλημάτων βάσει του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων. Αφού λοιπόν ο νομοθέτης δεν έκρινε σκόπιμο να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των επίμαχων διατάξεων, δεν πρέπει ο δικαστής να τον υποκαταστήσει και να δεχθεί μια contra legem ερμηνεία των εν λόγω διατάξεων, των οποίων η έννοια είναι σαφής. Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, απορρίπτοντας την καταχώριση του επίμαχου σήματος για τις υπηρεσίες της κλάσης 40, παρέβη το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94 και πρέπει να ακυρωθεί. Επί των προϊόντων των κλάσεων 18 και 25 Επιχειρήματα των διαδίκων H προσφεύγουσα υπενθυμίζει, καταρχάς, τη νομολογία του Πρωτοδικείου σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων (απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 39) και καταλήγει ότι η καταχώριση παρόμοιου σήματος με το επίμαχο, το οποίο δεν παρακωλύει το δικαίωμα του κράτους να ελέγχει τη χρήση των κυριαρχικών του συμβόλων και δεν παραπλανά το κοινό ως προς την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών, δεν μπορεί να απορριφθεί βάσει της διατάξεως αυτής. Πρώτον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών εσφαλμένως θεώρησε ότι η ύπαρξη του λεκτικού στοιχείου «rw» στο προς καταχώριση σήμα δεν ασκεί επιρροή. Κατά την προσφεύγουσα, πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η αντίληψη του μέσου καταναλωτή και ειδικότερα η συνολική εντύπωση που προκαλεί το σήμα σε αυτόν (βλ., αναλογικά, απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, C-404/02, Nichols, Συλλογή 2004, σ. I-8499 , σκέψη 35· βλ., επίσης, απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 64). Εξάλλου, ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται συνήθως το σήμα ως ενιαίο σύνολο (απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 1997, C-251/95, SABEL, Συλλογή 1997, σ. I-6191 , σκέψη 23). Στην προκειμένη περίπτωση, το λεκτικό στοιχείο «rw», σύντμηση του κυρίου σήματος της προσφεύγουσας RIVER WOODS, αποτελεί ενιαίο σύνολο με το εικονιστικό στοιχείο του προς καταχώριση σήματος. Κατά τα λοιπά, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται το σήμα κατά τη συνήθη χρήση του. Η προσφεύγουσα αναπαράγει στην προσφυγή της εικόνες που, κατά την άποψή της, δίνουν την εντύπωση μιας τέτοιας αντίληψης. Η θεώρηση της συνολικής εντύπωσης του προς καταχώριση σήματος, όπως γίνεται αντιληπτό κατά τη συνήθη χρήση του, αποκλείει κάθε δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94 στην προκειμένη περίπτωση. Δεύτερον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών επίσης εσφαλμένως εκτίμησε, με το σημείο 16 της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι «μπορεί να δοθεί η εντύπωση στο ενδιαφερόμενο κοινό ότι [το φύλλο σφενδάμνου που απεικονίζεται στο προς καταχώριση σήμα] αποτελεί εραλδική απομίμηση του καναδικού εμβλήματος». Η προσφεύγουσα υπενθυμίζει ότι η προβλεπόμενη από το άρθρο 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων προστασία των κρατικών εμβλημάτων αφορά τις ομοιότητες σε έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα, ήτοι τις απομιμήσεις «εξ επόψεως εραλδικής». Η προσφεύγουσα επισημαίνει συναφώς ότι «[η] επισήμανση αυτή περιορίζει πράγματι το περιεχόμενο της απαγορευμένης απομίμησης σε σχέση με ό,τι συνήθως θεωρείται ως απαράδεκτο στο δίκαιο των σημάτων. Δεδομένου ότι τα κρατικά εμβλήματα περιλαμβάνουν συχνά κοινά σύμβολα, όπως ένα λέοντα, έναν αετό ή έναν ήλιο, οι απομιμήσεις απαγορεύονται μόνον εφόσον αφορούν τα εραλδικά χαρακτηριστικά του συμβόλου του οικείου κράτους. Επομένως, η χρήση του συμβόλου αφεαυτού είναι ελεύθερη και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση των εμπορικών ή βιομηχανικών σημάτων» (πρακτικά αναθεωρητικής διασκέψεως της Χάγης του 1925, σ. 245). Η προσφεύγουσα παραπέμπει επίσης στις διαπραγματεύσεις της διάσκεψης της Λισαβόνας, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1958 για την αναθεώρηση της Συμβάσεως των Παρισίων όσον αφορά το ζήτημα αν ο περιορισμός της προστασίας του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', στις απομιμήσεις «εξ επόψεως εραλδικής» πρέπει να εξαλειφθεί (πρακτικά διάσκεψης της Λισαβόνας, σ. 129, 131, 139 και 140). Εξάλλου, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, εκτός εξαιρετικών περιστάσεων, το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων σκοπεί στην προστασία ενός εμβλήματος μόνον ως προς τη λειτουργία του ως εμβλήματος. Ωστόσο, όπως τα σήματα ή κάθε άλλο διακριτικό σημείο, το έμβλημα δύναται να παρουσιάζει λιγότερο ή περισσότερο συνηθισμένα χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό ασκεί επιρροή, κατά την προσφεύγουσα, στην προστασία του εν λόγω εμβλήματος βάσει του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων. Επομένως, ένα έμβλημα με συνηθισμένα χαρακτηριστικά το οποίο δεν έχει έντονα εραλδικά χαρακτηριστικά τυγχάνει πολύ περιορισμένης προστασίας. Στην προκειμένη περίπτωση, η Καναδική Κυβέρνηση κοινοποίησε στον ΠΟΠΙ, ως κρατικό έμβλημα, το ίδιο φύλλο σφενδάμνου ερυθρού χρώματος που αποτελεί τμήμα της εθνικής σημαίας του Καναδά. Κατά την προσφεύγουσα, το ερυθρό χρώμα του φύλλου αυτού αποτελεί κεφαλαιώδους σημασίας στοιχείο, όπως αποδεικνύεται, πρώτον, από τη μνεία στη στήλη «τύπος» της εγγραφής του εμβλήματος αυτού στη βάση δεδομένων του ΠΟΠΙ ότι το εν λόγω έμβλημα είναι «έγχρωμο», δεύτερον, από τη γραφιστική απεικόνιση του εμβλήματος στη βάση αυτή και, τρίτον, από το γεγονός ότι η χρησιμοποιούμενη απόχρωση του ερυθρού είναι ιδιαίτερη και δεν ανταποκρίνεται στο ευρέως διαδεδομένο χρώμα ενός φύλλου σφενδάμνου. Το στοιχείο αυτό διακρίνει το καναδικό έμβλημα από την εντύπωση που συνήθως προκαλεί η σκέψη ενός φύλλου σφενδάμνου. Κατά την προσφεύγουσα, εξυπακούεται ότι το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων δεν σκοπεί στη μονοπώληση, εκ μέρους του Καναδά, της φυσικής απεικόνισης του φύλλου σφενδάμνου, αφού μάλιστα το δένδρο αυτό δεν ευδοκιμεί μόνο στον Καναδά. Το προς καταχώριση σήμα περιλαμβάνει μόνον τη φυσική απεικόνιση ενός μέλανος φύλλου σφενδάμνου. Εξάλλου, σε σύγκριση με το καναδικό έμβλημα εξ επόψεως γραφιστικής, το φύλλο σφενδάμνου που απεικονίζεται στο προς καταχώριση σήμα διαφέρει όσον αφορά το πλάτος του μίσχου. Τέλος, κατά την αντίληψη του μέσου καταναλωτή ως προς το προς καταχώριση σήμα υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης του, το φύλλο σφενδάμνου που απεικονίζεται στο σήμα αυτό αποτελεί ενιαίο σύνολο με το διακριτικό και κυρίαρχο λεκτικό στοιχείο «rw» και δεν παρουσιάζει εραλδικά χαρακτηριστικά. Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι αδύνατο να θεωρηθεί το προς καταχώριση σήμα ως απομίμηση του καναδικού εμβλήματος «εξ επόψεως εραλδικής». Πράγματι, η καταχώριση του σήματος αυτού δεν προσβάλλει ούτε το καναδικό έμβλημα, αυτό καθ’ εαυτό, ούτε εμποδίζει τον έλεγχο της χρήσης του εν λόγω εμβλήματος από το καναδικό κράτος. Τρίτον, η προσφεύγουσα βάλλει κατά του συμπεράσματος της προσβαλλόμενης απόφασης (σκέψη 17) ότι η καταχώριση του επίμαχου σήματος δύναται να παραπλανήσει το κοινό ως προς την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα προσδιορίζει. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος πλάνης ως προς την προέλευση των προϊόντων ή των υπηρεσιών του προς καταχώριση σήματος, πρέπει να ληφθούν υπόψη, αφενός, η αντίληψη του μέσου καταναλωτή και, αφετέρου, τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες. Εξάλλου, είναι απαραίτητο ο συνειρμός που ενδεχομένως το προς καταχώριση σήμα δημιουργεί μεταξύ των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά και ενός κράτους να είναι τόσο άμεσος και συγκεκριμένος που να δύναται να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή [βλ., αναλογικά, απόφαση του Πρωτοδικείου της 12ης Ιανουαρίου 2005, Τ- 334/03, Deutsche Post EURO EXPRESS κατά ΓΕΕΑ (EUROPREMIUM), Συλλογή 2005, σ. II-65 , σκέψεις 24, 25 και 41]. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση, το προς καταχώριση σήμα, λαμβανόμενο υπόψη στο σύνολό του, δεν δύναται να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή. Η αναφορά της προσβαλλόμενης απόφασης στη μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει και να προωθήσει ο Καναδάς, μια από τις μεγαλύτερες οικονομίες σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν πείθει αφού παρόμοιες θεωρήσεις ισχύουν επίσης για πολλές άλλες χώρες. Η ύπαρξη επαρκούς και άμεσης σχέσης μεταξύ των προϊόντων και υπηρεσιών που αφορά το προς καταχώριση σήμα και της εν λόγω χώρας, ήτοι του Καναδά, δεν αποδεικνύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αντιθέτως, ο καταναλωτής, ενώπιον του προς καταχώριση σήματος σε σχέση με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αφορά, αντιλαμβάνεται ένα λεκτικό στοιχείο που αποτελεί ενιαίο σύνολο με ένα φανταστικό διακοσμητικό στοιχείο, το οποίο προκαλεί έναν ελαφρύ γεωγραφικό συνειρμό και τίποτε παραπάνω. Ο συνειρμός αυτός είναι ακόμη λιγότερο αισθητός σε σχέση με άλλα σήματα όπως για παράδειγμα το σήμα Μont Blanc που έχει καταχωριστεί για στυλογράφους και κρέμες. Πράγματι, στις τελευταίες αυτές περιπτώσεις ο καταναλωτής δεν αντιλαμβάνεται καμιά σχέση μεταξύ της προέλευσης του στυλογράφου ή της σχετικής κρέμας και της περιοχής του Mont Blanc. Κατά τα λοιπά, είναι συχνή η χρήση στον τομέα των ενδυμάτων σημείων της ίδιας κατηγορίας με το προς καταχώριση σήμα. Τέταρτον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι κακώς το τμήμα προσφυγών δεν εξέτασε, ως αλυσιτελώς προβαλλόμενη στην προκειμένη περίπτωση, τη φήμη του σήματος της προσφεύγουσας RIVER WOODS και της χρήσης από αυτήν παράγωγων σημάτων, όπως το προς καταχώριση σήμα. Ως προς τα πραγματικά περιστατικά, η προσφεύγουσα προσκομίζει με την προσφυγή της πλείονα στοιχεία που αποδεικνύουν, κατά την άποψή της, ότι ήδη χρησιμοποιεί ευρέως τα παράγωγα αυτά σήματα, μεταξύ των οποίων το προς καταχώριση σήμα και ότι, άλλωστε, το σήμα της RIVER WOODS είναι από τα πιο γνωστά σήματα στο Βέλγιο. Σε νομικό επίπεδο, η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι το επιχείρημα που πρόβαλε ενώπιον του τμήματος προσφυγών δεν αφορούσε την απόκτηση διακριτικού χαρακτήρα λόγω χρήσεως. Η προσφεύγουσα παραδέχεται ότι το επιχείρημα αυτό είναι άστοχο δεδομένου του περιεχομένου του άρθρου 6β της Συμβάσεως του Παρισιού. Πάντως, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι, λόγω της έντονης χρήσης των παράγωγων αυτών σημάτων και της φήμης του σήματος της RIVER WOODS, ο καταναλωτής ενώπιον του προς καταχώριση σήματος ουδόλως θα θεωρήσει ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που το σήμα αυτό αφορά προέρχονται από τον Καναδά ή τυγχάνουν επίσημης αναγνώρισης εκ μέρους του κράτους αυτού. Επομένως, οι εν λόγω χρήση και φήμη λυσιτελώς προβάλλονται για την εκτίμηση του απόλυτου λόγου απαραδέκτου που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94 και του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, καθόσον μάλιστα κανένα κράτος και κανένας διεθνής οργανισμός δεν διατύπωσε αντιρρήσεις για τη χρήση του σήματος RIVER WOODS ή των λοιπών παράγωγων σημάτων της προσφεύγουσας. Τέλος, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το τμήμα προσφυγών δεν έλαβε επαρκώς υπόψη τα διάφορα προγενέστερα εθνικά και κοινοτικά σήματα που περιλαμβάνουν σημαίες ή κρατικά εμβλήματα και τα οποία επικαλέστηκε η προσφεύγουσα ενώπιον του ΓΕΕΑ. Βεβαίως, κάθε σήμα πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τα δικά του χαρακτηριστικά και όχι βάσει προγενέστερης πρακτικής του ΓΕΕΑ ή βάσει προγενέστερων καταχωρίσεων σε άλλα ευρωπαϊκά ή μη ευρωπαϊκά κράτη. Πάντως, τα στοιχεία αυτά μπορούν να αποτελέσουν καθοριστικές ενδείξεις όσον αφορά τη δυνατότητα καταχωρίσεως ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος. Τούτο ισχύει ακόμη περισσότερο οσάκις οι λοιπές καταχωρίσεις των οποίων γίνεται επίκληση δίνουν σαφή εικόνα της εφαρμογής διατάξεων διεθνών συνθηκών, όπως οι διατάξεις της Συμβάσεως των Παρισίων, ή της πρακτικής στο κράτος προελεύσεως του οικείου εμβλήματος. Το κράτος αυτό είναι αρμόδιο για να προσδιορίσει το πεδίο προστασίας του εμβλήματός του και από το κράτος αυτό άλλωστε προέρχεται η κοινοποίησή του ως εμβλήματος που αφορά το άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων. Επομένως, μια στενότερη αντίληψη της προστασίας του εθνικού εμβλήματος εκτός του εν λόγω κράτους σε σύγκριση με την αντίληψη στο εσωτερικό του δικαιολογείται δύσκολα. Πράγματι, το ΓΕΕΑ, αφού, στην προκειμένη περίπτωση, εκπροσωπεί, τρόπον τινά, τον Καναδά, είναι υποχρεωμένο να λάβει υπόψη την καναδική πρακτική όσον αφορά την προστασία του οικείου εμβλήματος. Συναφώς, η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι είχε ζητήσει την καταχώριση ενός πανομοιότυπου με το επίμαχο σήματος ως καναδικού σήματος. Στο σήμα αυτό δεν αντιτάχθηκε απόλυτος λόγος απαραδέκτου, αλλά εγκαταλείφθηκε στη συνέχεια για άλλους λόγους. Το Γραφείο σημάτων του Καναδά, για να καταχωρίσει το εν λόγω σήμα, ζήτησε απλώς από την προσφεύγουσα να κάνει την ακόλουθη δήλωση παραίτησης (disclaimer text): «[H προσφεύγουσα] παραιτείται από το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της απεικόνισης του φύλλου σφενδάμνου με ένδεκα άκρες πέρα από το σήμα». Η άποψη αυτή του Γραφείου σημάτων του Καναδά ανταποκρίνεται απλώς στην αρχή κατά την οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η «συνολική εντύπωση» του σήματος και η «αντίληψή του ως ενιαίο σύνολο». Εξάλλου, η προσφεύγουσα έχει καταχωρίσει στο Γραφείο σημάτων του Καναδά δύο άλλα σήματα που περιλαμβάνουν αμφότερα ένα φύλλο σφενδάμνου, το οποίο, στην πρώτη περίπτωση, καλύπτεται από ένα σχέδιο εμπνευσμένο από τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και, στη δεύτερη περίπτωση, φέρει πάνω του τα γράμματα «rw». Για τις καταχωρίσεις αυτές είχε προηγηθεί δήλωση παραίτησης με το ίδιο περιεχόμενο με αυτό που αναφέρεται στην προηγούμενη σκέψη. Τόσο τα τελευταία αυτά δύο σήματα όσο και ένα πανομοιότυπο με το επίμαχο σήμα έχουν επίσης καταχωριστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, το ΓΕΕΑ δεν απαίτησε για την καταχώριση του επίμαχου σήματος παρόμοια δήλωση παραίτησης από την προσφεύγουσα, μολονότι θα μπορούσε να προβλέψει μια τέτοια δυνατότητα, σε περιπτώσεις σημάτων που περιλαμβάνουν στοιχεία δανεισμένα από κρατικά εμβλήματα και σύνολα που μπορούν να προκαλέσουν αμφιβολίες ως προς το περιεχόμενο της προστασίας τους. Εξάλλου, η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι το ΓΕΕΑ έχει καταχωρίσει άλλα σήματα της προσφεύγουσας που, υπό το φως της προσβαλλόμενης απόφασης, θα έπρεπε να απορριφθούν. Συναφώς, αναπαράγει στην προσφυγή της τρία κοινοτικά σήματα των οποίων είναι δικαιούχος. Το πρώτο, καταχωρισμένο υπό τον αριθμό 2793479, περιλαμβάνει ένα φύλλο σφενδάμνου που φέρει πάνω του τα γράμματα «rw». Το δεύτερο, καταχωρισμένο υπό τον αριθμό 2788115 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα φύλλο σφενδάμνου που καλύπτεται από ένα σχέδιο που μιμείται τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το τρίτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων στοιχείων, μια παρόμοια με την αμερικάνικη σημαία. Η προσφεύγουσα, ισχυρίζεται, εξάλλου, ότι τόσο το προς καταχώριση σήμα όσο και τα τρία προαναφερθέντα σήματα έχουν γίνει δεκτά από το Γραφείο πνευματικής ιδιοκτησίας του Benelux και από άλλα εθνικά γραφεία σημάτων. Τέλος, η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι η άρνηση του ΓΕΕΑ να καταχωρίσει το επίμαχο σήμα δεν συνάδει με την πρακτική του στον τομέα των σημάτων που απεικονίζουν φύλλα σφενδάμνου ή άλλα κρατικά εμβλήματα. Η προσφεύγουσα αναπαράγει στην προσφυγή της 29 διακριτικά σημεία που περιλαμβάνουν φύλλο σφενδάμνου ή σημαίες και λοιπά κρατικά εμβλήματα και προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία βάσει των οποίων όλα τα διακριτικά αυτά σημεία έχουν καταχωριστεί ως κοινοτικά σήματα. Το ΓΕΕΑ αμφισβητεί τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας. Εκτίμηση του Πρωτοδικείου Tο άρθρο 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων έχει ως αντικείμενο τον αποκλεισμό της καταχωρίσεως και της χρήσεως βιομηχανικών ή εμπορικών σημάτων που είναι όμοια προς κρατικά εμβλήματα ή παρουσιάζουν ορισμένη ομοιότητα με αυτά (απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 39). Τα κρατικά εμβλήματα προστατεύονται όχι μόνον έναντι της καταχωρίσεως και της χρήσεως σημάτων που είναι όμοια προς αυτά ή τα ενσωματώνουν, αλλά και έναντι της προσθήκης στα σήματα αυτά οποιασδήποτε απομιμήσεως εμβλημάτων «εξ επόψεως εραλδικής». Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι το προς καταχώριση σήμα περιλαμβάνει και το λεκτικό στοιχείο «rw» δεν παρακωλύει, αφεαυτού, την εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, αντίθετα προς τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας (βλ., σχετικώς, απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 41). Υπό τις συνθήκες αυτές, η προσφεύγουσα κακώς παραπέμπει στην απόφαση Νichols, ανωτέρω σκέψη 35 (σκέψη 35). Διαπιστώνεται εκ προοιμίου, ότι η σκέψη 35 της απόφασης αυτής, την οποία επικαλείται η προσφεύγουσα, είναι άσχετη. Εν πάση περιπτώσει, επισημαίνεται ότι η απόφαση αυτή αφορά την ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων ( ΕΕ 1989, L 40, σ. 1 ). Το γράμμα της διάταξης αυτής είναι ανάλογο με το γράμμα του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχεία α' και β', του κανονισμού 40/94, που προβλέπει ότι δεν καταχωρίζονται ως κοινοτικά σήματα, αφενός, τα σημεία που δεν είναι σύμφωνα προς τα άρθρο 4 του ίδιου κανονισμού, ήτοι τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα κοινοτικό σήμα, και, αφετέρου, τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα. Πάντως, ανεξάρτητα από την εσφαλμένη παράθεση της προσφεύγουσας, κατά πάγια νομολογία, όσον αφορά ένα σύνθετο σήμα, ο τυχόν διακριτικός χαρακτήρας μπορεί να εξεταστεί εν μέρει για καθένα χωριστά από τους όρους και τα στοιχεία του, πρέπει όμως εν πάση περιπτώσει να στηρίζεται στη συνολική αντίληψη εκ μέρους του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με το σήμα αυτό και όχι στο τεκμήριο ότι τα στοιχεία που μεμονωμένα στερούνται διακριτικού χαρακτήρα δεν μπορούν, συνδυαζόμενα, να τον εμφανίσουν. Πράγματι, το γεγονός απλώς και μόνον ότι το καθένα από τα εν λόγω στοιχεία, λαμβανόμενο μεμονωμένα, στερείται διακριτικού χαρακτήρα δεν αποκλείει το ότι μπορεί να τον εμφανίζει ο συνδυασμός που αυτά σχηματίζουν (βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, C-37/03 Ρ, BioID κατά ΓΕΕΑ, Συλλογή 2005, σ. I-7975, σκέψη 29, και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Επομένως, από τη νομολογία αυτή προκύπτει ότι το γεγονός και μόνον ότι ένα στοιχείο σύνθετου σήματος στερείται διακριτικού χαρακτήρα δεν παρακωλύει την καταχώριση του εν λόγω σήματος ως κοινοτικού σήματος, εφόσον αυτό, ως σύνολο, αποκτά διακριτικό χαρακτήρα. Αντιθέτως, τούτο δεν ισχύει όσον αφορά τον απόλυτο λόγο απαραδέκτου που προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 6β της Συμβάσεως των Παρισίων. Πράγματι, η τελευταία αυτή διάταξη απαγορεύει, όχι μόνον την καταχώριση σημάτων που αποτελούνται αποκλειστικώς από κρατικά εμβλήματα ή απομιμήσεις τους «εξ επόψεως εραλδικής», αλλά και την καταχώριση ή χρήση κρατικών εμβλημάτων ή απομιμήσεών τους «εξ επόψεως εραλδικής» ως στοιχείων σύνθετων σημάτων. Ως εκ τούτου, για την εκτίμηση των σύνθετων σημάτων υπό το πρίσμα της διάταξης αυτής, πρέπει να ληφθεί υπόψη καθένα από τα στοιχεία των εν λόγω σημάτων και αρκεί ένα από αυτά να αποτελεί κρατικό έμβλημα ή απομίμησή του «εξ επόψεως εραλδικής» για να μη γίνει δεκτή η καταχώριση του επίμαχου σήματος ανεξάρτητα από τη συνολική θεώρησή του. Είναι επίσης εσφαλμένη η αναφορά της προσφεύγουσας στην απόφαση ΕCA, ανωτέρω σκέψη 10 (σκέψη 64). Αφενός, το Πρωτοδικείο, με τη σκέψη 64 της απόφασης αυτής, περιορίζεται στην παράθεση των όρων της επίμαχης στην υπόθεση αυτή απόφασης του τμήματος προσφυγών. Αφετέρου, η ίδια σκέψη περιλαμβάνεται στο τμήμα της απόφασης που αφορά την εξαίρεση του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο γ', της Συμβάσεως των Παρισίων και, ειδικότερα, την αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού σχετικά με την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του δικαιούχου του προς καταχώριση σήματος και του διεθνούς οργανισμού, του οποίου το έμβλημα περιλαμβάνεται στο σήμα αυτό. Επομένως, αυτή η σκέψη της απόφασης ECA, ανωτέρω σκέψη 10, δεν δύναται να ερμηνευθεί υπέρ της καταχωρίσεως, ως κοινοτικού σήματος, ενός σήματος που περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία εκτός από το έμβλημα κράτους ή διεθνούς οργανισμού. Πράγματι, η απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, απέρριψε ρητώς την άποψη αυτή (βλ. ανωτέρω σκέψη 59). Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση, πρέπει να ερευνηθεί αν το φύλλο σφενδάμνου που απεικονίζεται στο προς καταχώριση σήμα γίνεται αντιληπτό ως το κρατικό έμβλημα του Καναδά ή απομίμησή του «εξ επόψεως εραλδικής». Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και επισημαίνει, αφενός, τη διαφορά χρώματος του φύλλου σφενδάμνου μεταξύ του προς καταχώριση σήματος και του κρατικού εμβλήματος του Καναδά και, αφετέρου, τις γραφιστικές διαφορές του μίσχου των δύο αυτών φύλλων. Όσον αφορά τη διαφορά χρώματος, δεδομένου ότι στην αίτηση καταχωρίσεως δεν μνημονεύονται τα χρώματα του υποβληθέντος σχετικώς σήματος, τούτο θα μπορούσε να παρουσιάζεται με οποιοδήποτε συνδυασμό χρωμάτων και, επομένως, και με ερυθρού χρώματος φύλλο σφενδάμνου. Ως εκ τούτου, στερείται σημασίας εν προκειμένω το γεγονός ότι το φύλλο σφενδάμνου του καναδικού σήματος είναι ερυθρού χρώματος (βλ., σχετικώς, απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 45). Σημειωτέον, εξάλλου, ότι το καναδικό έμβλημα, όπως και το φύλλο σφενδάμνου του προς καταχώριση σήματος, δύναται να εμφανίζεται ασπρόμαυρο στις ανατυπώσεις (βλ., σχετικώς, απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 46). Επομένως, ορθώς η προσβαλλόμενη απόφαση απέρριψε, με τη σκέψη 15, το επιχείρημα της προσφεύγουσας σχετικά με τη διαφορά χρώματος μεταξύ των δύο φύλλων σφενδάμνου. Όσον αφορά τις γραφιστικές διαφορές του μίσχου των δύο φύλλων, προκειμένου να καθοριστεί αν ένα σήμα αντίκειται ή όχι στις διατάξεις του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων, πρέπει να γίνει σύγκριση «εξ επόψεως εραλδικής» μεταξύ του σήματος αυτού και του εμβλήματος του οικείου κράτους. Συναφώς, επισημαίνεται ότι οι θυρεοί και τα λοιπά εραλδικά εμβλήματα σχεδιάζονται βάσει σχετικά απλής περιγραφής που περιλαμβάνει κανόνες ως προς τη διάταξη και το χρώμα του βάθους καθώς και απαρίθμηση των διαφόρων στοιχείων (όπως ενός λέοντα, ενός αετού, ενός άνθους, κ.λπ.) που αποτελούν το έμβλημα με μνεία των χρωμάτων τους και των θέσεών τους στο έμβλημα. Ωστόσο, η εραλδική αυτή περιγραφή δεν περιλαμβάνει λεπτομερείς κανόνες ως προς το σχέδιο του εμβλήματος και των ειδικών χαρακτηριστικών που το απαρτίζουν, ούτως ώστε να είναι δυνατές πλείονες καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις του ίδιου εμβλήματος βάσει της ίδιας εραλδικής περιγραφής. Αν και καθεμιά από τις αναπαραστάσεις αυτές μπορεί να διαφέρει ως προς μια λεπτομέρεια από τις άλλες, δεν χωρεί αμφιβολία ότι όλες οι αναπαραστάσεις αυτές θα αποτελούν απομιμήσεις «εξ επόψεως εραλδικής» του οικείου εμβλήματος. Επομένως, κατά τη σύγκριση «εξ επόψεως εραλδικής» υπό την έννοια του άρθρου 6β της Συμβάσεως των Παρισίων, επιβάλλεται να γίνεται αναφορά στην εραλδική περιγραφή του οικείου εμβλήματος και όχι στη γεωμετρική περιγραφή που είναι, εκ φύσεως, πολύ πιο λεπτομερής (απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 44). Στην προκειμένη περίπτωση, ο Καναδάς κοινοποίησε στο διεθνές γραφείο του ΠΟΠΙ την απεικόνιση του φύλλου σφενδάμνου που αποτελεί το κρατικό του έμβλημα (βλ. ανωτέρω σκέψη 7) χωρίς να προσθέσει οποιαδήποτε περιγραφή. Πάντως, είναι προφανές ότι η εραλδική περιγραφή του εμβλήματος αυτού θα περιελάμβανε αποκλειστικώς τη μνεία ότι πρόκειται περί φύλλου σφενδάμνου ερυθρού χρώματος, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς το ιδιαίτερο σχέδιό του, αφού τέτοιες διευκρινίσεις δεν είναι ούτε απαραίτητες ούτε συνηθισμένες επί εραλδικών περιγραφών. Βεβαίως, η σύγκριση μεταξύ του φύλλου σφενδάμνου που κοινοποιήθηκε στο ΠΟΠΙ ως κρατικό έμβλημα του Καναδά και του προς καταχώριση σήματος φανερώνει ορισμένες διαφορές του σχεδίου του μίσχου των δύο φύλλων, αφού οι δύο εσοχές του φύλλου εκατέρωθεν του κεντρικού τρίτου είναι βαθύτερες στην περίπτωση του φύλλου σφενδάμνου του καναδικού εμβλήματος. Ωστόσο, μια λεπτομέρεια όπως το ακριβές βάθος των εσοχών αυτών δεν θα περιλαμβανόταν ποτέ στην εραλδική περιγραφή του εν λόγω εμβλήματος αλλά, ενδεχομένως, σε μια λεπτομερέστερη γεωμετρική περιγραφή η οποία είναι πάντως αλυσιτελής για τη σύγκριση «εξ επόψεως εραλδικής». Επομένως, το τμήμα προσφυγών ορθώς κατέληξε, με τη σκέψη 16 της προσβαλλόμενης απόφασης, ότι, παρά την «ελάχιστη διαφορά μεταξύ του πλάτους των μίσχων» των δύο φύλλων, «το ενδιαφερόμενο κοινό στην Κοινότητα θα αντιλαμβάνεται το [προς καταχώριση σήμα] κυρίως ως απομίμηση του καναδικού εμβλήματος». Πράγματι, αν και το κοινό αυτό δεν προσδιορίζεται με την προσβαλλόμενη απόφαση, πρόκειται ασφαλώς για το ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνονται τα τρέχοντα καταναλωτικά προϊόντα που αφορά το προς καταχώριση σήμα. Το κοινό όμως αυτό που αποτελείται από τους μέσους καταναλωτές, οι οποίοι, κατά τη νομολογία [απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Σεπτεμβρίου 2005, T-320/03, Citicorp κατά ΓΕΕΑ (LIVE RICHLY), Συλλογή 2005, σ. II-3411 , σκέψη 69], έχουν τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικοί και ενημερωμένοι, δεν προσέχει ιδιαίτερα τις λεπτομέρειες των εμβλημάτων και των σημάτων, όπως, εν προκειμένω, τη διαφορά πλάτους του μίσχου των εν λόγω δύο φύλλων σφενδάμνου. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα βάλλει κατά του συμπεράσματος της προσβαλλόμενης απόφασης, στη σκέψη 17, κατά το οποίο «η καταχώριση του επίμαχου σήματος δύναται να παραπλανήσει το κοινό ως προς την προέλευση των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα προσδιορίζει το σήμα αυτό». Συναφώς επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων δεν προϋποθέτει τη δυνατότητα παραπλάνησης του ενδιαφερόμενου κοινού ως προς την προέλευση των προϊόντων που προσδιορίζει το προς καταχώριση σήμα ή ως προς την ύπαρξη σχέσης μεταξύ του δικαιούχου του σήματος αυτού και του κράτους του οποίου το έμβλημα περιλαμβάνεται στο εν λόγω σήμα. Πράγματι, το άρθρο 6β, παράγραφος 1, στοιχείο γ', δεύτερο εδάφιο, που αναφέρεται σε έναν τέτοιο δεσμό αφορά μόνον τα εμβλήματα και λοιπά σύμβολα των διακυβερνητικών διεθνών οργανισμών που αφορά η ίδια παράγραφος, στοιχείο β', και όχι τα εμβλήματα και λοιπά κρατικά σύμβολα που αφορά η ίδια παράγραφος, στοιχείο α'. «[Ο]ι εν λόγω διατάξεις» του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο γ', δεύτερο εδάφιο, είναι προφανώς οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου 1, στοιχείο γ', πρώτο εδάφιο, ήτοι οι «διατάξεις του στοιχείου β'» σχετικά με τα εμβλήματα των διεθνών οργανισμών. Η ερμηνεία αυτή επιβεβαιώνεται από την αναφορά, δύο φορές, στον επίμαχο «οργανισμό» στο κείμενο της παραγράφου 1, στοιχείο γ', δεύτερο εδάφιο. Η αναφορά του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο γ', δεύτερο εδάφιο, στην «καταχώριση που αφορά το ανωτέρω […] στοιχείο α'» σκοπεί μόνο να διευκρινίσει ότι η διάταξη της παραγράφου 1, στοιχείο γ', αφορά μόνον την καταχώριση ή τη χρήση «είτε ως εμπορικού ή βιομηχανικού σήματος είτε ως στοιχείου των σημάτων αυτών» των εμβλημάτων των οργανισμών που αναφέρονται στο στοιχείο β', «καθώς και κάθε απομίμησης εξ επόψεως εραλδικής». Αντιθέτως, η μοναδική αυτή αναφορά δεν μπορεί να ερμηνευθεί κατά τρόπον ώστε να εφαρμόζεται και στα κρατικά εμβλήματα η προβλεπόμενη από το στοιχείο γ' εξαίρεση, αφού αυτό αντίκειται στην υπόλοιπη σαφή διατύπωση της τελευταίας αυτής διάταξης. Από τις ανωτέρω σκέψεις προκύπτει ότι τα σημεία 17 και 18 της προσβαλλόμενης απόφασης σχετικά με τη δυνατότητα του ενδιαφερόμενου να κοινού να θεωρήσει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της προσφεύγουσας και του Καναδά δεν ασκούν επιρροή στο διατακτικό της απόφασης αυτής, αφού το διατακτικό αυτό θεμελιώνεται επαρκώς κατά νόμο στους λόγους που αναφέρονται στις σκέψεις 14 έως 16 της προσβαλλόμενης απόφασης, σύμφωνα με τα οποία το προς καταχώριση σήμα περιλαμβάνει απομίμηση «εξ επόψεως εραλδικής» του κρατικού εμβλήματος του Καναδά. Επομένως, το επιχείρημα της προσφεύγουσας που αντλείται από σφάλμα του συμπεράσματος του τμήματος προσφυγών που περιλαμβάνεται στο σημείο 17 της προσβαλλόμενης απόφασης πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελές. Το ίδιο ισχύει και για το επιχείρημα σχετικά με τη μη θεώρηση της φήμης που φέρεται να έχει το σήμα της προσφεύγουσας RIVER WOODS. Πράγματι, από τις εξηγήσεις που έδωσε συναφώς η προσφεύγουσα ενώπιον του Πρωτοδικείου (βλ. ανωτέρω σκέψη 50) προκύπτει ότι η προσφεύγουσα επικαλέστηκε τη φήμη αυτή για να καταρρίψει το επιχείρημα ότι το ενδιαφερόμενο κοινό βρισκόμενο ενώπιον του προς καταχώριση σήματος θα συσχετίζει την προσφεύγουσα και τον Καναδά. Ωστόσο, όπως μόλις επισημάνθηκε, ο συσχετισμός αυτός, ακόμη και αν θεωρηθεί ότι αποδεικνύεται, δεν ασκεί επιρροή στην υπό κρίση διαφορά. Τέλος, αλυσιτελώς προβάλλονται τα επιχειρήματα της προσφεύγουσας που αντλούνται από ενδεχόμενες καταχωρίσεις άλλων εθνικών ή κοινοτικών σημάτων που είναι όμοια ή παρόμοια με το προς καταχώριση σήμα ή, γενικότερα, περιλαμβάνουν απεικονίσεις σημαιών ή άλλων κρατικών εμβλημάτων. Πράγματι, όσον αφορά την πρακτική του ΓΕΕΑ, επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις που αφορούν την καταχώριση ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος, τις οποίες καλούνται να λαμβάνουν τα τμήματα προσφυγών δυνάμει του κανονισμού 40/94, εμπίπτουν στη δέσμια αρμοδιότητα και όχι στη διακριτική τους ευχέρεια. Επομένως, ο χαρακτήρας ενός σημείου το οποίο είναι δεκτικό καταχωρίσεως ως κοινοτικό σήμα πρέπει να εκτιμάται με βάση μόνον τον κανονισμό 40/94, όπως αυτός ερμηνεύθηκε από τον κοινοτικό δικαστή, και όχι με βάση προγενέστερη πρακτική των τμημάτων προσφυγών (βλ. απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 71 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Όσον αφορά τις προγενέστερες εθνικές καταχωρίσεις, υπενθυμίζεται ότι το κοινοτικό καθεστώς σημάτων συνιστά σύστημα αυτόνομο, αποτελούμενο από σύνολο σκοπών και κανόνων που προσιδιάζουν σ’ αυτό, δεδομένου ότι η εφαρμογή του είναι ανεξάρτητη από κάθε εθνικό σύστημα. Κατά συνέπεια, η δυνατότητα καταχωρίσεως ενός σημείου ως κοινοτικού σήματος πρέπει να εκτιμάται μόνο βάσει της οικείας κοινοτικής νομοθεσίας. Επομένως, το ΓΕΕΑ και, ενδεχομένως, ο κοινοτικός δικαστής δεν δεσμεύονται από αποφάσεις που εκδίδονται σε επίπεδο κράτους μέλους ή, πόσο μάλλον, τρίτου κράτους περί της δυνατότητας καταχωρίσεως του ιδίου σημείου ως εθνικού σήματος. Οι καταχωρίσεις που πραγματοποιούνται εφεξής στα κράτη μέλη συνιστούν απλώς στοιχεία τα οποία, χωρίς να είναι καθοριστικά, μπορούν μόνο να λαμβάνονται υπόψη για την καταχώριση κοινοτικού σήματος. Το ίδιο ισχύει ακόμη περισσότερο για τις καταχωρίσεις διαφορετικών σημάτων από το επίμαχο στην προκειμένη περίπτωση (βλ. απόφαση ECA, ανωτέρω σκέψη 10, σκέψη 70 και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία). Όσον αφορά, ειδικότερα, την υποτιθέμενη λιγότερο αυστηρή πρακτική του Γραφείου σημάτων του Καναδά, διαπιστώνεται ότι η προσφεύγουσα ούτε απέδειξε ούτε ισχυρίστηκε σαφώς ότι είχε λάβει άδεια από τις αρμόδιες καναδικές αρχές για την καταχώριση του οικείου σήματος. Το γεγονός που επικαλείται η προσφεύγουσα ότι είχε καταθέσει στον Καναδά αίτηση καταχωρίσεως ομοίου με το επίμαχο σήματος, η οποία στη συνέχεια ανακλήθηκε για άσχετους προς το άρθρο 6β της Συμβάσεως της Ρώμης λόγους, ουδόλως αποδεικνύει τη λήψη μιας τέτοιας άδειας. Ελλείψει οριστικής καταχωρίσεως του επίμαχου σήματος στον Καναδά, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι καναδικές αρχές δεν θα προέβαλλαν, σε μεταγενέστερο της διαδικασίας καταχωρίσεως στάδιο, ένσταση λόγω της απεικονίσεως στο επίμαχο σήμα του ίδιου φύλλου σφενδάμνου με αυτό που αποτελεί το έμβλημα του καναδικού κράτους. Από το σύνολο των ανωτέρω σκέψεων προκύπτει ότι το τμήμα προσφυγών απέρριψε την καταχώριση του επίμαχου σήματος για τα υπαγόμενα στις κλάσεις 18 και 25 προϊόντα χωρίς να παραβεί τις διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού 40/94 και του άρθρου 6β, παράγραφος 1, στοιχείο α', της Συμβάσεως των Παρισίων. Επομένως, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη, καθό μέτρο βάλλει κατά της αρνήσεως καταχωρίσεως του επίμαχου σήματος για τα υπαγόμενα στις δύο αυτές κλάσεις προϊόντα. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα. Δυνάμει του άρθρου 87, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού, το Πρωτοδικείο μπορεί να κατανείμει τα έξοδα ή να αποφασίσει ότι κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα σε περίπτωση μερικής ήττας των διαδίκων ή εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η προσφεύγουσα όσο και το ΓΕΕΑ ηττήθηκαν εν μέρει. Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε διάδικος φέρει τα δικά του έξοδα. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Ακυρώνει την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 4ης Μαΐου 2006 (υπόθεση R 1463/2005-1), καθό μέτρο αφορά την καταχώριση του επίμαχου σήματος για τις υπηρεσίες που υπάγονται στην κλάση 40 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούν στην ακόλουθη περιγραφή: «Υπηρεσίες ραπτικής· παραγέμισμα και προετοιμασία ζώων· βιβλιοδεσία· επεξεργασία, κατεργασία και βελτίωση δερμάτων, γουναρικών και υφασμάτων· εμφάνιση φιλμ και εκτύπωση φωτογραφιών· κατεργασία ξύλου· έκθλιψη φρούτων· άλεση δημητριακών· επεξεργασία, σκλήρυνση και βελτίωση επιφανειών από μέταλλο». 2) Απορρίπτει κατά τα λοιπά την προσφυγή. 3) Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα. Βηλαράς Dehousse Šváby Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 28 Φεβρουαρίου 2008. Ο Γραμματέας E. Coulon Ο Πρόεδρος M. Βηλαράς ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική.

62000CJ0363

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 49 Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η Επιτροπή είχε ζητήσει την καταδίκη της Ιταλικής Δημοκρατίας στα δικαστικά έξοδα και η Ιταλική Δημοκρατία ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Η Ιταλική Δημοκρατία, παραλείποντας να θέσει στη διάθεση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ποσό του 1 484 936 000 000 ITL ως ίδιο πόρο εντός της προθεσμίας που προβλέπουν τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μα_ου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, και αρνούμενη να καταβάλει τους τόκους υπερημερίας που όφειλε επ' αυτού του ποσού κατ' εφαρμογήν του άρθρου 11 αυτού του κανονισμού, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 9, 10 και 11 του κανονισμού 1150/2000, ο οποίος κατάργησε και αντικατέστησε, από 31ης Μα_ου 2000, τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) 1552/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μα_ου 1989, για την εφαρμογή της απόφασης 88/376/ΕΟΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων, που έχει το ίδιο αντικείμενο. 2) Καταδικάζει την Ιταλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

62008CJ0184

pt

Incumprimento de Estado – Não aprovação ou comunicação, no prazo fixado, das sanções dissuasivas, eficazes e proporcionais a aplicar no caso de violação do Regulamento (CE) n.° 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativo aos detergentes (JO L 104, p. 1) Dispositivo 1) Não tendo aprovado, no prazo fixado, sanções nos termos do artigo 18.° do Regulamento (CE) n.° 648/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de Março de 2004, relativo aos detergentes, o Grão‑Ducado do Luxemburgo não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força desse artigo. 2) O Grão‑Ducado do Luxemburgo é condenado nas despesas.

62008CJ0408

fr

Par son pourvoi, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (ci-après «Lancôme») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI — CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION) ( T-160/07, Rec. p. II-1733 , ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du annulant l’enregistrement de la marque verbale COLOR EDITION pour des produits cosmétiques et de maquillage. Le cadre juridique L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1 , ci-après le «règlement»), dispose: «Sont refusés à l’enregistrement: […] c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci». L’article 55, paragraphe 1, du règlement est libellé comme suit: «Une demande en déchéance ou en nullité de la marque communautaire peut être présentée auprès de l’Office: a) dans les cas définis aux articles 50 et 51, par toute personne physique ou morale ainsi que par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui lui est applicable, a la capacité d’ester en justice; b) dans les cas définis à l’article 52 paragraphe 1, par les personnes visées à l’article 42 paragraphe 1; c) dans les cas définis à l’article 52 paragraphe 2, par les titulaires des droits antérieurs visés dans cette disposition ou par les personnes habilitées à exercer les droits en question en vertu de la législation de l’État membre concerné». Selon l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement, la nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l’OHMI, lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7. L’article 42, paragraphe 1, du règlement désigne les personnes pouvant former opposition à l’enregistrement d’une marque en invoquant un motif relatif de refus, tandis que l’article 52 du même règlement détermine les causes de nullité relative. Les antécédents du litige Le 9 décembre 2002, Lancôme a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «COLOR EDITION» en tant que marque communautaire. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Produits cosmétiques et de maquillage». La marque faisant l’objet de ladite demande a été enregistrée le 11 février 2004. Le 12 mai 2004, le cabinet d’avocats Norton Rose Vieregge a introduit devant l’OHMI une demande en nullité de cet enregistrement sur le fondement des articles 51, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement. Le 21 décembre 2005, la division d’annulation de l’OHMI a rejeté cette demande. Le 9 février 2006, le cabinet d’avocats CMS Hasche Sigle, venant aux droits de Norton Rose Vieregge, a formé un recours contre la décision de la division d’annulation. Par décision du 26 février 2007, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli ledit recours. Elle a considéré, d’une part, que ce dernier était recevable et, d’autre part, que le signe verbal «COLOR EDITION» était descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement et, partant, également dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2007, Lancôme a formé un recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du . À l’appui de son recours, Lancôme soulevait trois moyens tirés de la violation, respectivement, des articles 55, paragraphe 1, sous a), 7, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 1, sous b), du règlement. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours et a condamné Lancôme aux dépens. Le Tribunal, faisant une analyse textuelle et téléologique de l’article 55, paragraphe 1, du règlement, a écarté le premier moyen invoqué en considérant que, s’agissant des demandes en nullité fondées sur une cause de nullité absolue, cet article se limite à exiger du demandeur qu’il ait la personnalité juridique ou la capacité d’ester en justice, mais n’exige pas de ce dernier qu’il démontre un intérêt à agir. À cet égard, le Tribunal a notamment considéré, au point 25 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de l’article 55, paragraphe 1, du règlement que le législateur avait entendu permettre à toute personne physique ou morale et à tout groupement ayant la capacité d’ester en justice de former des demandes en nullité fondées sur des causes de nullité absolue, alors que, en ce qui concerne les demandes en nullité fondées sur des causes de nullité relative, il avait explicitement restreint le cercle des demandeurs en nullité. Cette analyse est corroborée, selon les énonciations du point 26 de l’arrêt attaqué, par le fait que, à la différence des motifs relatifs de refus, qui ne protègent que les intérêts privés des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus sont fondés sur différents intérêts généraux et doivent, afin d’assurer la protection de ces intérêts, pouvoir être soulevés par le plus grand nombre d’acteurs possible. Le Tribunal en a conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que, étant donné qu’il n’était pas contesté que CMS Hasche Sigle pouvait être assimilé à une personne morale, c’était à bon droit que la chambre de recours avait déclaré recevable la demande de celui-ci. De même, s’agissant du deuxième moyen invoqué, le Tribunal a estimé que la chambre de recours n’avait pas commis d’erreur en retenant que la marque COLOR EDITION était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Il a estimé, à cet égard, que, considérée dans son ensemble, cette marque présentait un rapport suffisamment direct et concret avec les produits cosmétiques et de maquillage visés par elle. Dans ce cadre, il a notamment relevé, aux points 48 et 49 de l’arrêt attaqué, que le signe «COLOR EDITION» était composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause et qu’il ne créait pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui le composaient. Rappelant enfin qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire, le Tribunal a rejeté le recours sans examiner le troisième moyen qui lui était présenté. Les conclusions des parties Lancôme demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de rejeter le recours dirigé contre la décision de la division d’annulation de l’OHMI, de condamner ce dernier aux dépens exposés devant le Tribunal et la Cour, et de condamner CMS Hasche Sigle aux frais relatifs à la procédure de recours devant l’OHMI. L’OHMI conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation de Lancôme aux dépens. Sur le pourvoi À l’appui de son pourvoi, Lancôme soulève formellement deux moyens tirés, respectivement, de la violation par le Tribunal des articles 55, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement Par son premier moyen, Lancôme fait grief au Tribunal d’avoir admis qu’un cabinet d’avocats disposait d’un droit d’agir pour demander en son propre nom l’annulation d’une marque communautaire. Ce moyen est divisé en deux branches. En premier lieu, Lancôme soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement en considérant qu’un intérêt à agir n’était pas nécessaire pour qu’une demande en nullité d’une marque communautaire fondée sur une cause de nullité absolue puisse être introduite. En second lieu, elle fait valoir que le fait, pour un cabinet d’avocats, de former une telle demande, pour son propre compte et en son propre nom, n’est pas compatible avec le profil de la profession d’avocat reconnu à l’échelle de l’Union. Sur la première branche du premier moyen, tirée de l’interprétation erronée de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement quant à l’intérêt à agir — Argumentation des parties Lancôme fait valoir que l’actio popularis est totalement étrangère au droit de l’Union. Si l’article 230 CE, exigeant que le requérant soit individuellement et directement concerné pour introduire un recours, n’est pas directement applicable en l’espèce, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit néanmoins être interprété, selon elle, au regard des principes qui prévalent, en règle générale, dans le droit de l’Union. De plus, tous les ordres juridiques établiraient une distinction entre la capacité juridique et la capacité d’ester en justice, cette dernière supposant un intérêt à agir. Il ne devrait donc pas être déduit du fait que le législateur n’a pas expressément exigé un tel intérêt que celui-ci n’est pas requis. La distinction établie par le Tribunal entre la procédure administrative et le recours juridictionnel serait sans pertinence, car il ne serait pas concevable que le droit d’agir devant l’autorité administrative soit plus large que le droit de former un recours contre les décisions de cette autorité devant les juridictions de l’Union. De même, serait sans pertinence la distinction établie par le Tribunal entre les causes de nullité absolue et les causes de nullité relative, puisqu’il ne pourrait être déduit de cette distinction qu’il n’est absolument pas nécessaire de faire valoir un intérêt pour former une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue. S’agissant du refus d’enregistrement d’une marque descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement, l’intérêt général qui sous-tend ce motif de refus serait celui, reconnu par la jurisprudence, de tous les concurrents du demandeur ou du titulaire de la marque qui, dans leur droit d’utiliser une indication descriptive pour leurs propres marchandises ou services, doivent être protégés contre les enregistrements acquis irrégulièrement par un concurrent. Il en résulterait que seule une entrave effective ou potentielle subie en tant que concurrent effectif ou potentiel du demandeur permettrait de faire valoir ce motif de refus. Cette interprétation serait confirmée par la règle explicite contenue à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement, qui ouvre le droit d’introduire une demande en nullité à tout groupement constitué de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, c’est-à-dire de personnes pouvant être affectées par l’enregistrement entaché d’irrégularité d’une marque. Lancôme en conclut que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être interprété en ce sens que, outre la capacité d’agir, il exige que le demandeur soit concerné économiquement, de manière effective ou potentielle et, par conséquent, qu’il ait un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée. Or, cela ne saurait être le cas d’un cabinet d’avocats qui demande l’annulation d’une marque communautaire couvrant des produits cosmétiques. L’OHMI fait valoir, en réponse, que les demandes en nullité introduites devant lui ne sont régies que par le règlement et son règlement d’exécution, et que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement est dépourvu d’ambiguïté, autorisant toute personne à déposer une requête en annulation. Selon l’OHMI, Lancôme fait une lecture erronée de la jurisprudence concernant l’intérêt général qui sous-tend le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En effet, cet intérêt ne serait pas seulement celui des opérateurs professionnels à pouvoir utiliser des signes descriptifs, mais l’intérêt de toute personne, professionnelle ou non, à ce que les signes descriptifs ne soient pas possédés de manière exclusive par une seule entreprise. Cela serait d’ailleurs confirmé par le fait que le caractère descriptif d’un signe s’apprécie par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, lequel n’est pas restreint aux professionnels du secteur concerné, puisqu’il comprend avant tout les consommateurs et les utilisateurs finals. Lancôme ferait également une lecture erronée de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement. La référence qui y est faite aux «groupements» ne viserait qu’à compléter la liste des personnes recevables à former une demande en nullité. Ledit article autoriserait des groupements ayant la capacité d’ester en justice, mais dépourvus, selon la législation nationale, de personnalité morale, à introduire une telle demande. — Appréciation de la Cour Le droit d’agir aux fins de présenter à l’OHMI une demande en nullité d’une marque communautaire n’est pas soumis aux règles de recevabilité applicables aux recours juridictionnels, propres à ces derniers. C’est, à cet égard, sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a constaté, au point 32 de l’arrêt attaqué, que la demande en nullité en vertu de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement relève d’une procédure non pas juridictionnelle mais administrative, et qu’il a notamment considéré pour ce motif, au point 30 dudit arrêt, que la jurisprudence relative à l’article 230 CE n’était pas pertinente en l’espèce ni directement ni par analogie. S’agissant de répondre à la question de savoir si l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement subordonne la recevabilité d’une demande en nullité à la démonstration d’un intérêt à agir, le Tribunal a fait une exacte interprétation dudit article. En effet, il est constant, d’abord, que, ainsi que le Tribunal l’a relevé au point 21 de l’arrêt attaqué, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement ne fait mention d’aucun intérêt à agir. Ensuite, ainsi que le Tribunal l’a relevé en substance aux points 22 à 25 de l’arrêt attaqué, l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement prévoit qu’une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d’ester en justice, tandis que l’article 55, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir. Le Tribunal en a justement conclu qu’il ressort de l’économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité dans le second cas, mais non dans le premier. Enfin, c’est également à bon droit que le Tribunal a énoncé en substance, au point 26 de l’arrêt attaqué, que, alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir. Par ailleurs, est dépourvue de fondement l’allégation de Lancôme, selon laquelle l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être interprété en ce sens qu’il exige un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée pour que puisse être présentée à l’OHMI une demande en nullité de celle-ci. En effet, d’une part, contrairement à ce qu’affirme Lancôme, une telle interprétation n’est pas corroborée par la mention faite, audit article 55, paragraphe 1, sous a), des groupements constitués pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité d’ester en justice. Cette énumération, comprenant d’ailleurs les consommateurs auxquels ne peut généralement être attribué un intérêt économique tel que celui décrit par Lancôme, vise seulement à inclure, dans la liste des personnes pouvant présenter à l’OHMI une demande en nullité au titre de cette disposition, les groupements de cette nature qui, bien qu’ayant la capacité d’agir selon la législation qui leur est applicable, ne sont pas dotés de la personnalité morale. D’autre part, une telle interprétation ne ressort pas de l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee ( C-108/97 et C-109/97, Rec. p. I-2779 ), auquel Lancôme fait référence. En effet, au point 25 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’intérêt général exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il s’en déduit que l’intérêt général qui sous-tend le motif de refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif n’est pas exclusivement celui des concurrents du demandeur ou du titulaire de celle-ci qui sont susceptibles de subir une entrave quelconque et qui, de ce fait, ont un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée, mais qu’il s’agit de l’intérêt de tous. Il découle de ce qui précède que les arguments avancés par Lancôme à l’appui de cette branche du premier moyen ne sont pas fondés et que celle-ci doit, par conséquent, être écartée. Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de l’absence de compatibilité entre le droit d’un cabinet d’avocats de présenter une demande en nullité d’une marque à l’OHMI, pour son propre compte et en son propre nom, et le profil de la profession d’avocat — Argumentation des parties Lancôme expose que, même dans l’hypothèse où la Cour retiendrait une interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement autre que la sienne, l’annulation de l’arrêt attaqué s’impose, en tout état de cause, dès lors que le droit d’un cabinet d’avocats de présenter, pour son propre compte et en son propre nom, une demande en nullité d’une marque communautaire n’est pas compatible avec le profil de la profession d’avocat reconnu à l’échelle de l’Union. Dans le droit de l’Union, le profil de la profession d’avocat serait, depuis toujours, celui d’un collaborateur de justice. L’article 19 du statut de la Cour de justice reposerait sur cette conception de la profession d’avocat, qui résulterait également de la jurisprudence et, notamment, de l’arrêt du 18 mai 1982, AM & S Europe/Commission ( 155/79, Rec. p. 1575 , point 24). L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de cette seconde branche du premier moyen, en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, au motif que la question de la compatibilité entre la qualité de demandeur devant l’OHMI et celle d’avocat n’a pas été soulevée devant le Tribunal. — Appréciation de la Cour Bien qu’elle soit présentée comme une branche du moyen tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement, il y a lieu de constater que cette branche est fondée non pas sur cette disposition, mais sur d’autres éléments de droit, indépendants de celle-ci. En effet, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’argumentation développée à son soutien que ladite branche est avancée par Lancôme pour le cas où la Cour ne ferait pas sienne l’interprétation qu’elle fait de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement, l’arrêt attaqué devant être annulé selon elle, «en tout état de cause», pour d’autres motifs que l’erreur d’interprétation alléguée. D’autre part, les motifs avancés, qui sont relatifs à la profession d’avocat, n’ont pas trait à l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement. Ce dernier ne comporte d’ailleurs pas de règles applicables à l’exercice de cette profession, celles-ci étant en principe, en l’absence de règles spécifiques du droit de l’Union en la matière, établies par chaque État membre (voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 1996, Reisebüro Broede, C-3/95, Rec. p. I-6511 , point 37, ainsi que du , Wouters e.a., C-309/99, Rec. p. I-1577 , point 99). Partant, la seconde branche du premier moyen constitue en réalité un moyen de droit distinct de celui tiré de la violation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement. Or, ce moyen n’a pas été soulevé devant le Tribunal et, s’agissant non pas de la recevabilité d’un recours juridictionnel mais de celle d’une demande présentée à l’OHMI, il ne constitue pas un moyen d’ordre public que le Tribunal aurait dû examiner d’office. Un tel moyen est irrecevable, la compétence de la Cour, dans le cadre d’un pourvoi, étant limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir en ce sens, notamment, arrêt du 1 er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233 , point 95 et jurisprudence citée). Par conséquent, il y a lieu d’écarter la seconde branche du premier moyen et, par suite, de rejeter ce dernier. Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement Argumentation des parties Par ce moyen, Lancôme fait grief au Tribunal d’avoir appliqué des critères erronés dans son appréciation du signe «COLOR EDITION» en tant qu’association de termes. Il conviendrait, selon la jurisprudence, pour qu’une marque ainsi composée puisse être considérée comme descriptive, de vérifier que les termes choisis et leur association sont connus et habituels dans le langage courant du public ciblé. En retenant qu’une marque, constituée d’éléments dont chacun est descriptif, est elle-même descriptive sauf s’il existe un écart perceptible entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la simple somme des éléments qui la composent, le Tribunal aurait enfreint le principe énoncé dans l’arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI ( C-383/99 P, Rec. p. I-6251 ). En effet, suivant ce principe, le Tribunal aurait dû rechercher, plutôt, s’il existe un écart perceptible entre l’association des termes et le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée pour désigner les produits et les services ou leurs caractéristiques essentielles. En outre, l’appréciation du Tribunal ne reposerait sur aucun élément factuel concernant le langage du public ciblé. L’OHMI répond en substance que, en soutenant qu’un signe n’est descriptif que lorsqu’il est connu et habituel dans le langage courant du public ciblé, Lancôme méconnaît la différence fondamentale existant entre les articles 7, paragraphe 1, sous d), et 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Pour l’application de ce dernier, il serait indifférent que le syntagme contesté soit ou non connu et habituel dans le langage courant du public ciblé, cette disposition s’appliquant également aux signes qui sont susceptibles d’être communément utilisés dans l’avenir pour présenter les produits ou les services concernés. C’est ainsi que, dans l’arrêt Procter & Gamble/OHMI, précité, la Cour se serait bornée à vérifier si la construction grammaticale du syntagme «baby-dry» rendait son usage plausible dans le futur. L’examen du caractère descriptif du signe «COLOR EDITION» effectué par le Tribunal serait en outre conforme à la jurisprudence postérieure à cet arrêt. Par ailleurs, en reprochant au Tribunal de ne fonder sa décision sur aucun élément factuel, Lancôme chercherait en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits à laquelle celui-ci a procédé, de sorte que la branche de ce moyen serait irrecevable. Cette dernière serait en outre manifestement infondée, puisque le point de savoir si les consommateurs de produits cosmétiques emploient actuellement dans le langage courant une expression telle que «color edition» est dépourvu de pertinence. Appréciation de la Cour Il ressort de la jurisprudence que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion desdits éléments (voir arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619 , points 98 et 99; Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699 , points 39 et 40, ainsi que du , OHMI/Celltech, C-273/05 P, Rec. p. I-2883 , points 77 et 78). Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir arrêts précités Koninklijke KPN Nederland, point 100, et Campina Melkunie, point 41). En l’espèce, le Tribunal, après avoir considéré que le signe «COLOR EDITION» était composé exclusivement d’indications pouvant servir à désigner certaines caractéristiques des produits en cause, a jugé, au point 49 dudit arrêt, que l’association des termes «color» et «edition» présentait une structure non pas inhabituelle, mais courante au vu des règles lexicales de la langue anglaise, et que la marque dont l’enregistrement avait été demandé ne créait donc pas, auprès du public ciblé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments verbaux qui la composaient de nature à en modifier le sens ou la portée. Ce raisonnement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 98 de ses conclusions, n’est, au regard de la jurisprudence rappelée aux points 61 et 62 du présent arrêt, entaché d’aucune erreur de droit. Il s’ensuit que les griefs formulés par Lancôme dans le cadre du second moyen ne sont pas fondés et qu’il y a lieu, par conséquent, de rejeter ce dernier. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté. Sur les dépens Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de Lancôme aux dépens et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête: 1) Le pourvoi est rejeté. 2) Lancôme parfums et beauté & Cie SNC est condamnée aux dépens. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: le français.

62004TJ0233

it

Contesto normativo L’art. 6 CE stabilisce quanto segue: «Le esigenze connesse con la tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all’articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile». L’art. 87 CE così dispone: « 1.   Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (…) 3.   Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione». Dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente ( GU 2001, C 37, pag. 3 ) risulta quanto segue: «69. Gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra potranno essere raggiunti dagli Stati membri e dalla Comunità, in quanto parti del protocollo, da un lato con l’attuazione di politiche e misure comuni e coordinate a livello comunitario, ivi inclusi gli strumenti economici, e d’altro lato usando gli strumenti istituiti dallo stesso protocollo, ossia le autorizzazioni negoziabili, l’attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo ecologico. 70. In assenza di normative comunitarie, e fermo restando il diritto d’iniziativa della Commissione di proporle, spetta ai singoli Stati membri definire le politiche, le misure e gli strumenti che intendono utilizzare per conformarsi agli obiettivi sottoscritti nel quadro del protocollo di Kyoto. 71. La Commissione ritiene che alcune delle modalità adottate dagli Stati membri per conformarsi agli obiettivi di tale protocollo potrebbero configurare aiuti di Stato, ma che sia prematuro definirne fin d’ora le relative condizioni di autorizzazione». Ai sensi del ‘considerando’ 11 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici ( GU L 309, pag. 22 ): «Un sistema di limiti nazionali per ciascuno Stato membro per le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili ed ammoniaca costituisce un metodo economicamente conveniente di conseguire obiettivi ambientali provvisori. Un simile sistema lascerà alla Comunità e agli Stati membri la flessibilità necessaria per decidere le modalità di adeguamento ai limiti di emissione». L’art. 4 della direttiva 2001/81, dal titolo «Limiti nazionali di emissione», così recita: «1.   Entro il 2010 gli Stati membri riducono le emissioni nazionali annue di biossido di zolfo (SO ), ossidi di azoto (NO x ), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH ) al di sotto dei limiti massimi di emissione indicati all’allegato I, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate dalle misure comunitarie adottate in seguito alle relazioni di cui all’articolo 9». L’allegato I della direttiva 2001/81 fissa in 260 chilotonnellate il limite per l’emissione di ossidi di azoto (in prosieguo: gli «NO x ») che il Regno dei Paesi Bassi dovrà rispettare entro il 2010. Gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2001/81 entro il 27 novembre 2002 ed informarne immediatamente la Commissione. Fatti all’origine della controversia Con lettera 23 gennaio 2003 le autorità olandesi notificavano alla Commissione, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, un sistema di scambio di diritti di emissione per gli NO x (in prosieguo: la «misura controversa»). Esse chiedevano alla Commissione di adottare una decisione che constatasse l’inesistenza di un aiuto, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE ( GU L 83, pag. 1 ). Il 24 giugno 2003 la Commissione adottava la decisione C (2003) 1761 def., relativa all’aiuto di Stato n. N 35/2003, riguardante la misura controversa (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Nella decisione impugnata la Commissione descrive anzitutto, al punto 1, la misura controversa. Nell’ambito del limite nazionale olandese di emissione di NO x fissato dalla direttiva 2001/81, le autorità olandesi hanno stabilito un obiettivo di 55 chilotonnellate di emissione di NO x nel 2010 per i loro grandi impianti industriali, vale a dire per circa 250 imprese. Al punto 1.2 della decisione impugnata la Commissione espone il funzionamento di tale sistema: una legge nazionale stabilisce, per ogni impianto industriale, un parametro relativo di emissione di NO x da rispettare. L’impresa può rispettare il parametro di emissione così prescritto o adottando misure di riduzione delle emissioni di NO x nel proprio impianto, o acquistando diritti di emissione da altre imprese, oppure combinando le due opzioni. Le riduzioni delle emissioni, in forma di crediti di NO x , sono proposte sul mercato di scambio dei diritti di emissione da parte degli impianti le cui emissioni sono inferiori al parametro prescritto. L’emissione annuale complessiva di NO x di un impianto, corretta dagli eventuali crediti di NO x venduti o acquistati, deve corrispondere al livello di emissione autorizzato per il detto impianto. L’emissione annuale autorizzata, in valore assoluto, è calcolata in base al parametro di emissione relativo e alla quantità di energia utilizzata dal detto impianto. Alla fine di ogni anno le autorità olandesi verificano se gli impianti hanno rispettato il parametro di emissione prescritto. Ogni anno possono essere acquistati, risparmiati o dati in prestito crediti di NO x per periodi futuri. Se un impianto supera il parametro di emissione prescritto, esso deve compensare l’eccedenza l’anno successivo. Questa eccedenza da compensare è aumentata inoltre del 25% per scoraggiare ogni superamento del parametro. Se un impianto non riesce a rispettare il suo parametro di emissione, le autorità olandesi gli infliggono un’ammenda effettiva, proporzionata e dissuasiva. Infine, nel contesto della misura controversa, le imprese non devono acquistare diritti di emissione per poter produrre. Esse si devono limitare a rispettare il parametro di emissione. Al punto 1.3 della decisione impugnata la Commissione descrive il metodo di calcolo del parametro di emissione, poi, al punto 1.4 di quest’ultima, le differenze tra i sistemi del tipo «cap-and-trade» e i sistemi del tipo «dynamic cap», tra i quali rientra la misura controversa. Essa spiega che, secondo le autorità olandesi, la misura controversa differisce dall’altra variante dei sistemi di diritti negoziabili, del tipo «cap-and-trade», nell’ambito della quale vengono assegnate alle imprese quote di emissione. Le nuove imprese o quelle che vogliono accrescere le loro attività devono anzitutto acquistare la quantità necessaria di quote. Nell’ambito della misura controversa tali imprese non hanno quest’obbligo, ma devono semplicemente rispettare il loro parametro di emissione, che dipende dal loro consumo di energia e viene adeguato in funzione di quest’ultimo. Successivamente, ai punti 1.5 e 1.6 della decisione impugnata, la Commissione precisa che la misura controversa sarà applicata a tutte le imprese industriali che possiedano una potenza installata superiore a 20 megawatt termici (in prosieguo: «MWth»), conformemente alla normativa comunitaria. Le autorità olandesi continueranno ad applicare i valori limite di emissione stabiliti dalle diverse direttive comunitarie in vigore. Nell’ambito della sua valutazione della misura controversa (punto 3 della decisione impugnata) la Commissione richiama in primo luogo la sua prassi decisionale relativa ai regimi di scambio di diritti di emissione e distingue due tipi di sistemi, come di seguito indicato: «1) I sistemi nei quali i permessi di emissione o di inquinamento negoziabili sono considerati attivi immateriali rappresentanti un valore commerciale che lo Stato avrebbe altresì potuto vendere o aggiudicare, con la conseguenza di un mancato guadagno (o di una perdita di risorse statali) e la configurazione di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE; 2) i sistemi in cui i permessi di emissione o di inquinamento negoziabili sono considerati come prova ufficiale del fatto che una determinata produzione non potrà essere venduta o aggiudicata al beneficiario del permesso, in modo che non si configuri un mancato guadagno, e quindi nessuna risorsa statale controversa, il che a sua volta esclude la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE». Successivamente la Commissione espone le ragioni che l’hanno condotta a ravvisare un aiuto di Stato nella misura controversa, vale a dire, in sostanza, nella concessione gratuita da parte dello Stato di crediti di NO x ad un gruppo specifico di imprese che esercitano il commercio tra Stati membri. Secondo la decisione impugnata le autorità olandesi avevano la possibilità di vendere o aggiudicare i diritti di emissione. Offrendo gratuitamente crediti di NO x come attivi immateriali, lo Stato membro subirebbe quindi un danno nella forma di un mancato guadagno. La Commissione ne deduce che tale regime riguardi risorse statali ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Il rafforzamento della posizione delle imprese interessate inciderebbe sul commercio tra Stati membri. Infine, al punto 3.3 della decisione impugnata la Commissione esamina la compatibilità della misura controversa con il mercato comune. Concludendo, al punto 4 della decisione impugnata la Commissione constata che la misura controversa dà luogo ad un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, aggiungendo che tale aiuto è compatibile con il mercato comune in conformità all’art. 87, n. 3, CE e all’art. 61, n. 3, lett. c), dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Commissione invita le autorità olandesi a trasmetterle annualmente una relazione riguardante l’esecuzione della misura controversa e a notificarle preventivamente qualsiasi modifica delle condizioni alle quali l’aiuto è concesso. Procedimento Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 5 settembre 2003 il Regno dei Paesi Bassi presentava un ricorso avverso la decisione impugnata (causa C-388/03). Con ordinanza 17 febbraio 2004 il presidente della Corte ammetteva l’intervento nel presente procedimento della Repubblica federale di Germania a sostegno del Regno dei Paesi Bassi. Con ordinanza 8 giugno 2004 la Corte rinviava la causa dinanzi al Tribunale in applicazione della decisione del Consiglio 26 aprile 2004, 2004/407/CE, Euratom, che modifica gli articoli 51 e 54 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia ( GU L 132, pag. 5 ). Con lettera 13 dicembre 2004 il Tribunale invitava il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania a presentare le loro osservazioni sulle conclusioni che occorreva trarre dall’ordinanza della Corte 28 gennaio 2004, causa C-164/02, Paesi Bassi/Commissione (Racc. pag. I-1177) , riguardo alla ricevibilità del presente ricorso. Tali paesi depositavano le loro osservazioni rispettivamente il 14 e il 12 gennaio 2005. Conclusioni delle parti Il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ritiene che la misura controversa configuri un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE; — condannare la Commissione alle spese. La Commissione chiede che il Tribunale voglia: — in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo; — condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese. Sulla ricevibilità Argomenti delle parti Pur non sollevando un’eccezione di irricevibilità, la Commissione si chiede se il presente ricorso sia ricevibile. Essa rileva che la decisione impugnata è una decisione di approvazione che non produce effetti giuridici che possano incidere sugli interessi del Regno dei Paesi Bassi. Questa decisione non potrebbe quindi modificare la situazione giuridica di tale Stato né arrecargli pregiudizio. Secondo la giurisprudenza la decisione impugnata non potrebbe pertanto costituire oggetto di ricorso. La Commissione rinvia, al riguardo, all’ordinanza della Corte 27 novembre 2001, causa C-208/99, Portogallo/Commissione (Racc. pag. I-9183) , nonché alle sentenze della Corte 18 giugno 2002, causa C-242/00, Germania/Commissione (Racc. pag. I-5603) , e del Tribunale 30 gennaio 2002, causa T-212/00, Nuove Industrie Molisane/Commissione (Racc. pag. II-347) . Questa giurisprudenza sarebbe stata recentemente confermata dall’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata sopra, punto 24, relativa ad una controversia simile a quella del caso di specie. La Commissione ritiene che il Regno dei Paesi Bassi abbia un concetto troppo esteso della nozione di ricevibilità. Non sarebbe sufficiente invocare l’eventualità che interessi futuri possano essere compromessi. Secondo la Commissione, un ricorso di annullamento è ricevibile soltanto qualora la decisione ivi contestata abbia un’incidenza negativa specifica su interessi reali ed esistenti del ricorrente. Orbene, tale circostanza non sarebbe riscontrabile nel caso di specie. Dal fatto che terzi possano un giorno, nel contesto di procedimenti nazionali, invocare la decisione impugnata per affermare che regimi analoghi alla misura controversa costituiscono aiuti di Stato non conseguirebbe che la decisione impugnata modifichi in modo negativo e specifico la situazione del Regno dei Paesi Bassi. La Commissione ritiene inoltre che si debba leggere l’art. 230 CE alla luce dell’art. 233 CE. La possibilità di presentare un ricorso ai sensi dell’art. 230 CE dovrebbe limitarsi alle situazioni in cui, in caso di annullamento della decisione impugnata, l’istituzione sarebbe tenuta ad adottare determinate misure di esecuzione della sentenza che modificherebbero effettivamente e concretamente la situazione giuridica del Regno dei Paesi Bassi. Nel caso di specie la Commissione, in caso di annullamento, non dovrebbe tuttavia adottare alcun atto che modificherebbe la situazione giuridica del Regno dei Paesi Bassi. Secondo il Regno dei Paesi Bassi, il proprio ricorso è ricevibile. Esso rileva che, affinché i ricorsi che gli Stati membri presentano siano ricevibili, è sufficiente che la misura contestata produca effetti giuridici atti ad incidere sui loro interessi. Non sarebbe pertanto necessario che gli interessi olandesi risultino effettivamente compromessi al momento della presentazione del ricorso. Un ricorso potrebbe essere presentato in considerazione di effetti giuridici futuri e potenziali. Il Regno dei Paesi Bassi ricorda che la qualifica di aiuto di Stato comporta l’applicazione degli artt. 17-19 del regolamento n. 659/1999. Pertanto la Commissione potrebbe, in futuro, imporre qualsiasi misura che ritenesse utile, il che costituirebbe un rischio per la continuità e la certezza giuridica della misura controversa. Inoltre, le modifiche apportate a tale misura dovrebbero essere notificate alla Commissione e il Regno dei Paesi Bassi avrebbe l’obbligo di redigere annualmente una relazione sulla sua esecuzione. Del pari, la Repubblica federale di Germania sostiene che la decisione impugnata produce effetti giuridici nei confronti del Regno dei Paesi Bassi in quanto rende applicabili alla misura controversa le disposizioni del diritto comunitario sostanziale e procedurale in materia di aiuti di Stato. D’altronde, il Regno dei Paesi Bassi afferma che il presunto aiuto concesso nell’ambito della misura controversa potrebbe giustificare una decisione di incompatibilità di un nuovo aiuto in applicazione delle disposizioni relative al cumulo previste nella disciplina adottata dalla Commissione. La decisione impugnata costituirebbe altresì un precedente che obbligherebbe in futuro gli Stati membri a notificare alla Commissione i sistemi simili. I terzi potrebbero inoltre invocare la decisione impugnata dinanzi ai giudici nazionali. Riguardo agli insegnamenti che possono essere tratti dall’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata sopra, punto 24, il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, rileva in particolare che il suo ricorso era diretto, nell’ambito della detta causa, ad ottenere l’annullamento di un’affermazione che figurava nei motivi della decisione impugnata. Diversamente, nella presente fattispecie, il ricorso sarebbe diretto avverso il dispositivo della decisione impugnata e non contro uno dei suoi motivi. Il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, osserva di aver chiesto alla Commissione di adottare una decisione confermativa del fatto che la misura controversa non costituisse un aiuto di Stato. Orbene, concludendo per l’esistenza di tale aiuto, la Commissione avrebbe respinto la sua domanda in tal senso. Secondo la Repubblica federale di Germania, tale circostanza differenzia altresì la presente fattispecie da quella della causa che ha dato luogo all’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata sopra, punto 24. Infine, secondo il Regno dei Paesi Bassi, le misure di esecuzione previste nell’art. 233 CE non rientrano tra le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento. Inoltre la Commissione potrebbe, dopo l’annullamento della decisione impugnata, adottare una nuova decisione attestante l’assenza di aiuti di Stato. Giudizio del Tribunale L’art. 230 CE opera una netta distinzione tra il diritto di presentare un ricorso di annullamento delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri, da un lato, e quello delle persone fisiche e giuridiche, dall’altro, attribuendo nel suo secondo comma agli Stati membri il diritto di contestare, con un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni della Commissione, senza che l’esercizio di questo diritto sia subordinato alla prova dell’esistenza di un interesse ad agire. Uno Stato membro non è tenuto quindi a dimostrare che un atto della Commissione che esso impugna produca effetti giuridici nei propri confronti affinché il suo ricorso sia ricevibile. Tuttavia, affinché un atto della Commissione possa essere impugnato con ricorso di annullamento, è necessario che esso sia destinato a produrre effetti giuridici (v. ordinanza Portogallo/Commissione, citata sopra, punto 28, punti 22-24 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, facendo seguito alla notifica da parte del Regno dei Paesi Bassi della misura controversa e alla sua domanda diretta ad ottenere la dichiarazione che essa non costituiva un aiuto, ai sensi dell’art. 4, n. 2, del regolamento n. 659/1999, la Commissione dichiara, nella decisione impugnata, che tale sistema costituisce un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune. Occorre anzitutto rilevare che, in circostanze analoghe, la Corte ha considerato ricevibile il ricorso di uno Stato membro (sentenza della Corte 26 settembre 1996, causa C-241/94, Francia/Commissione, Racc. pag. I-4551 ). Al riguardo, anche se è vero che la Commissione, in questa causa, non aveva contestato la ricevibilità del ricorso, si deve sottolineare che l’irricevibilità costituisce un’eccezione di ordine pubblico che il giudice comunitario può esaminare d’ufficio in ogni momento. La mancata contestazione da parte della Commissione della ricevibilità del ricorso nella detta causa non implicava pertanto che la Corte rinunciasse a sollevare tale questione. Inoltre, contrariamente al contesto della sentenza Germania/Commissione, citata sopra, punto 28, invocata dalla Commissione, quest’ultima non ha aderito alla domanda del Regno dei Paesi Bassi nel qualificare come aiuto di Stato la misura controversa. Tale qualificazione ha consentito alla Commissione di esaminare, nell’ambito della decisione impugnata, la compatibilità della misura controversa con il mercato comune. Essa comporta peraltro l’applicazione della procedura prevista per i regimi di aiuto esistenti dal regolamento n. 659/1999, in particolare dai suoi artt. 17-19 e dal suo art. 21, il quale impone allo Stato membro l’obbligo di presentare una relazione annuale su tutti i regimi di aiuto esistenti. Tale qualificazione come aiuto di Stato può anche avere un’incidenza sulla concessione di un nuovo aiuto, in virtù delle norme relative al cumulo di aiuti di diversa origine previste in particolare al punto 74 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente. Ne consegue che la decisione impugnata produce in modo certo effetti giuridici obbligatori. Il ricorso del Regno dei Paesi Bassi è quindi ricevibile. Tale conclusione non è inficiata né dalla giurisprudenza citata né dagli argomenti avanzati dalla Commissione. Contrariamente alle circostanze indicate nella sentenza del Tribunale 17 settembre 1992, causa T-138/89, NBV e NVB/Commissione (Racc. pag. II-2181) , la decisione impugnata produce effetti giuridici pregiudizievoli nei confronti del Regno dei Paesi Bassi (v. sopra, punto 42). La posizione giuridica di quest’ultimo relativamente all’art. 230 CE non è inoltre analoga (v. sopra, punto 37) a quella della ricorrente nella detta causa, la quale era un’impresa che doveva dimostrare un interesse ad agire (v. sopra, punto 37). Inoltre, pur se nella sua ordinanza Portogallo/Commissione, citata sopra, punto 28, la Corte ha dichiarato il ricorso irricevibile, essa si è basata sul fatto che la Repubblica portoghese aveva chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate solo nella parte in cui vi era designata come destinataria, designazione che la Corte ha dichiarato superflua e senza alcun effetto giuridico autonomo (punti 25 e 28). Orbene, nella presente fattispecie, il Regno dei Paesi Bassi contesta la qualifica di aiuto di Stato, che non può essere considerata superflua e priva di efficacia giuridica autonoma. Nella sentenza Nuove Industrie Molisane/Commissione, citata sopra, punto 28, il Tribunale ha dichiarato il ricorso irricevibile per mancanza di interesse ad agire, dopo aver osservato che la ricorrente non contestava il dispositivo della decisione ed aver esaminato se la valutazione da essa contestata producesse effetti giuridici vincolanti tali da compromettere i suoi interessi (punti 34 e 38). Orbene, nel caso di specie, da un lato, il Regno dei Paesi Bassi non deve dimostrare il proprio interesse ad agire (v. sopra, punto 37) e, dall’altro, contesta il dispositivo della decisione impugnata nel quale figura la qualifica di aiuto di Stato cui esso si oppone. Riguardo a quest’ultimo punto, la presente fattispecie dev’essere altresì distinta da quella che ha dato luogo all’ordinanza Paesi Bassi/Commissione, citata sopra, punto 24. Infatti, in questa causa, il Regno dei Paesi Bassi aveva chiesto nel suo ricorso l’annullamento della decisione controversa «nella parte in cui la Commissione conclude[va] che i contributi assegnati alle autorità portuali (…) costitui[va]no aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE» (punto 9). Orbene, tale conclusione non figurava nel dispositivo della detta decisione. Infine, relativamente all’argomento della Commissione secondo il quale la lettura del combinato disposto degli artt. 230 CE e 233 CE autorizzerebbe il ricorso ai sensi dell’art. 230 CE soltanto quando dovessero essere adottati i provvedimenti di esecuzione previsti dall’art. 233 CE, si deve constatare che tale interpretazione non risulta dalla struttura del Trattato. L’art. 233 CE impone all’istituzione o alle istituzioni da cui emana l’atto annullato, o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al Trattato, di prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta. Tale articolo mira dunque chiaramente a garantire l’esecuzione delle sentenze che hanno annullato un atto ai sensi dell’art. 230 CE. Viceversa, l’art. 230 CE non collega in alcun modo la sua applicazione a quella dell’art. 233 CE. Esso non subordina la presentazione di un ricorso alla condizione che l’istituzione da cui emana l’atto impugnato, in caso di annullamento di quest’ultimo, possa prendere provvedimenti. Tenuto conto di quanto precede, il ricorso dev’essere dichiarato ricevibile. Sul merito Il Regno dei Paesi Bassi adduce due motivi, uno relativo alla violazione dell’art. 87 CE e l’altro relativo all’obbligo di motivazione. Con riferimento al primo motivo, il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, rileva che la misura controversa non costituisce un vantaggio finanziato mediante risorse statali e, in subordine, che la condizione di selettività non è soddisfatta. Sull’assenza di vantaggio finanziato mediante risorse statali Argomenti delle parti Il Regno dei Paesi Bassi ritiene errato il ragionamento della Commissione in quanto basato sulla concessione di diritti di emissione, mentre, in realtà, la misura controversa si fonda sull’imposizione di un parametro ambientale di origine legale. Tale parametro uniforme si applicherebbe a tutte le imprese industriali con una potenza installata complessiva superiore a 20 MWth. Esso rappresenterebbe un onere per le imprese e non vantaggio. La caratteristica del sistema consisterebbe nel fatto che le imprese possono scegliere il modo di soddisfare tale parametro, riducendo le proprie emissioni o acquistando crediti di emissione resi disponibili da altre imprese. La Commissione si baserebbe erroneamente sul principio che i crediti di emissione sono creati dalle autorità olandesi. Poiché queste ultime, secondo il Regno dei Paesi Bassi, non attribuiscono diritti di emissione, non possono quindi aggiudicarli o venderli. Il Regno dei Paesi Bassi ricorda, al riguardo, che si può parlare di aiuti di Stato soltanto in caso di trasferimento di risorse statali. Esso cita diverse sentenze a sostegno di tale affermazione, fra cui la sentenza della Corte 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I-2099) , nella quale la Corte avrebbe deciso che un obbligo d’acquisto imposto per legge, e la conseguente ripartizione degli oneri finanziari tra le imprese private, non comporta alcun trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. Orbene, a suo parere, la misura controversa presenta analogie con quella esaminata nella detta causa. Peraltro il Regno dei Paesi Bassi afferma che la misura controversa non è paragonabile ai sistemi danese o britannico, nei quali i diritti, il cui numero è stabilito ex ante, vengono distribuiti gratuitamente dalle autorità. In tali sistemi, l’aggiudicazione o la vendita costituirebbe incontestabilmente un’alternativa considerabile. La misura controversa presenterebbe maggiori analogie con il sistema belga, nel quale il permesso di emissione o di inquinamento negoziabile non avrebbe alcun valore per il suo beneficiario nella sua relazione con lo Stato e sarebbe soltanto utile come prova di una determinata produzione o emissione. In ogni caso il Regno dei Paesi Bassi ritiene che i tentativi della Commissione di qualificare la misura controversa nell’ambito di una delle due categorie da essa stessa create portino soltanto a confondere il dibattito. Infine, il Regno dei Paesi Bassi contesta l’interpretazione che la Commissione fornisce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente, secondo la quale il rilascio di permessi di emissione è considerato in alcuni casi un aiuto di Stato. Esso contesta altresì il fatto che la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( GU L 275, pag. 32 ), sottolinei più volte che l’art. 87 CE si applica all’assegnazione di diritti di emissione. La Repubblica federale di Germania invoca l’assenza di vantaggi per le imprese. Pur considerando che nella fattispecie vi sia attribuzione di diritti di emissione, questi ultimi rappresenterebbero soltanto la concretizzazione dell’obbligo di rispettare il limite di emissione fissato. La situazione delle imprese risulterebbe peggiorata rispetto alla situazione precedente. Peraltro le imprese possono, a suo parere, ottenere diritti negoziabili soltanto grazie ai loro stessi sforzi di riduzione delle loro emissioni. Tale vantaggio economico non potrebbe essere imputato allo Stato membro. D’altronde la Commissione incorrerebbe in errore applicando, nel caso di specie, il criterio della rinuncia a entrate statali, essendo tale criterio non idoneo a comprendere, nell’ambito della normativa in materia di aiuti, l’attribuzione gratuita di diritti di emissione. Quest’ultima rappresenterebbe l’emanazione del diritto degli Stati membri di decidere liberamente sull’introduzione di oneri e non potrebbe essere considerata analoga, riguardo alla normativa in materia di aiuti, all’alienazione di beni da parte dei pubblici poteri. Il principio dell’investitore privato operante in condizioni normali di mercato non sarebbe applicabile, poiché lo Stato offre agli operatori economici una disciplina vincolante senza partecipare esso stesso al mercato. La Commissione ritiene che la misura controversa costituisca un aiuto di Stato, poiché, ogni anno, il Regno dei Paesi Bassi mette gratuitamente a disposizione delle imprese interessate diritti di emissione. Lo Stato creerebbe pertanto un attivo immateriale negoziabile che offrirebbe gratuitamente alle dette imprese, riducendo gli oneri che avrebbero normalmente dovuto gravare sul loro bilancio. Il valore di tale diritti di emissione consisterebbe soprattutto nel fatto che un’impresa che pensi di superare il suo parametro di emissioni può, acquistando i diritti necessari, evitare che le autorità olandesi le infliggano un’ammenda. Tali diritti sarebbero già negoziabili all’inizio dell’anno, cosicché un’impresa posta di fronte ad un problema di liquidità potrebbe venderli. Secondo la Commissione, il Regno dei Paesi Bassi non contesta il valore economico di tali diritti di emissione. La Commissione rileva che nel caso di specie esiste un trasferimento di risorse statali sotto forma di una perdita di risorse statali. Il Regno dei Paesi Bassi terrebbe conto soltanto della seconda fase del sistema, nel corso della quale le imprese negoziano tra loro i permessi di emissione. L’aiuto di Stato sarebbe tuttavia concesso nel corso della prima fase, nella quale il Regno dei Paesi Bassi concede gratuitamente alle imprese interessate permessi di emissione, che le stesse possono successivamente vendere. Il fatto che le autorità olandesi creino diritti negoziabili e li concedano in seguito gratuitamente alle dette imprese invece di venderli loro comporterebbe una perdita di entrate per lo Stato. La Commissione sostiene che il Regno dei Paesi Bassi potrebbe organizzare in maniera diversa il suo sistema e vendere ogni anno diritti di emissione. Anche nel sistema scelto dalle autorità olandesi, queste ultime potrebbero riscattare dalle imprese la cui emissione è inferiore al parametro i diritti di emissione non utilizzati. Lo Stato potrebbe successivamente vendere tali diritti al valore di mercato alle imprese che ne hanno bisogno. Il risultato sarebbe analogo sul piano degli effetti sull’ambiente, ma sarebbero le autorità olandesi a percepire la quasi totalità del prezzo dei crediti non utilizzati. Nell’ambito della misura controversa sarebbero invece le imprese che possiedono e vendono crediti di NO x a ricevere l’intero prezzo di mercato. Quanto al confronto della misura controversa con i sistemi danese e britannico, la Commissione afferma che il fatto che tale misura non stabilisca ex ante la quantità esatta di diritti di emissione di cui dispone una determinata impresa non la differenzia da questi altri due sistemi al punto che non si configurerebbe più un trasferimento di risorse statali ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. La misura controversa non sarebbe paragonabile al sistema belga e la giurisprudenza PreussenElektra, citata sopra, punto 53, non si applicherebbe alla presente fattispecie. Giudizio del Tribunale Secondo una giurisprudenza costante, la qualifica di aiuto richiede che tutte le condizioni indicate nell’art. 87, n. 1, CE siano soddisfatte. Tale disposizione definisce gli aiuti di Stato incompatibili in linea di principio con il mercato comune come gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri (v. sentenza della Corte 20 novembre 2003, causa C-126/01, GEMO, Racc. pag. I-13769 , punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata). Per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, determinati vantaggi devono, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (sentenza GEMO, citata sopra, punto 63, punto 24). La nozione di aiuto può designare non soltanto prestazioni positive come le sovvenzioni, i prestiti o le assunzioni di partecipazione al capitale di imprese, ma anche gli interventi che, in varie forme, alleviano gli oneri normalmente gravanti sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono effetti identici (v. sentenza GEMO, citata sopra, punto 63, punto 28, e giurisprudenza citata). Ne consegue che può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a determinate imprese un vantaggio che comporta un onere supplementare per i pubblici poteri sotto forma di una rinuncia effettiva ai crediti pubblici, di un’esenzione dall’obbligo di pagamento di ammende o altre sanzioni pecuniarie (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 giugno 1999, causa C-295/97, Piaggio, Racc. pag. I-3735 , punti 42 e 43). Alla luce di tali principi, occorre esaminare se la misura controversa attribuisca ai suoi beneficiari un vantaggio finanziato mediante risorse statali. Il Regno dei Paesi Bassi sostiene di non concedere diritti di emissione alle imprese interessate. Al riguardo si deve constatare che, contrariamente ad altri sistemi, la misura controversa non si basa su diritti di emissione attribuiti direttamente dallo Stato. Del resto, la stessa Commissione lo ammette al punto 3.2, primo comma, della decisione impugnata. Tuttavia, se è vero che il Regno dei Paesi Bassi non concede in modo diretto diritti di emissione alle imprese interessate, non si limita nemmeno ad imporre loro un parametro di emissione da rispettare. Esso autorizza le imprese che vi sono sottoposte a negoziare tra loro i diritti di emissione risultanti indirettamente da tale parametro, entro il limite applicabile a ciascuna di esse. Orbene, rendendo questi diritti negoziabili, il Regno dei Paesi Bassi attribuisce loro un valore sul mercato. Ogni impresa rientrante in tale regime può, in ogni momento, venderli. Al riguardo il Regno dei Paesi Bassi ha precisato, nella sua risposta ai quesiti posti dal Tribunale, che ogni possessore di un’autorizzazione di emissione aveva un conto nel registro di emissione degli NO x e poteva vendere tutti i diritti relativi agli anni per i quali era stato fissato un parametro, compresi gli anni futuri. Ne risulta che tutti i diritti sono negoziabili e non soltanto i crediti resi disponibili a fine anno dalle imprese che hanno emesso meno NO x rispetto al parametro fissato, crediti, questi ultimi, che rappresentano la differenza positiva tra l’emissione di NO x autorizzata e l’emissione di NO x realizzata. Certamente, come afferma il Regno dei Paesi Bassi, i crediti di emissione che determinate imprese renderanno eventualmente disponibili a fine anno costituiranno, in linea di principio, il frutto e la prova dei loro sforzi. Tuttavia, mancando la possibilità, prevista nel sistema, di negoziare tali crediti, essi sarebbero senza valore sul mercato. Le imprese potrebbero pertanto, vendendoli, recuperare soltanto in parte i costi sopportati per ridurre le loro emissioni di NO x . Quanto alle imprese che hanno emesso più NO x rispetto al parametro di emissione stabilito e il cui saldo a fine anno è pertanto negativo, la misura controversa dà loro la possibilità di evitare un’ammenda acquistando diritti di emissione dalle imprese che hanno determinato un’eccedenza. Ne consegue che la negoziabilità dei diritti di emissione prevista nell’ambito della misura controversa costituisce un vantaggio per le imprese sottoposte al parametro di emissione di NO x stabilito. Peraltro, istituendo un regime che prevede la possibilità di negoziare i diritti di emissione di NO x sul mercato, il Regno dei Paesi Bassi ha conferito a questi ultimi la natura di attivi immateriali che le imprese interessate possono vendere liberamente, anche se sono vincolati ad un limite massimo applicabile all’impresa considerata. Orbene, tali attivi sono stati messi gratuitamente a disposizione delle imprese interessate, laddove avrebbero potuto essere venduti o aggiudicati. Il Regno dei Paesi Bassi ha quindi rinunciato a risorse statali. A tale riguardo, il Regno dei Paesi Bassi erroneamente invoca la somiglianza della misura controversa con il sistema belga. Infatti, nella sua decisione 25 luglio 2001, relativa all’aiuto n. N 550/2000 — Belgio — Certificati elettricità verde ( GU C 330, pag. 3 ), la Commissione ha considerato che i certificati verdi si limitavano a fornire la prova ufficiale attestante che l’elettricità verde era stata prodotta e che lo Stato non aveva quindi rinunciato ad un guadagno nel fornirli gratuitamente ai produttori. Il Regno dei Paesi Bassi ha altresì erroneamente invocato la somiglianza della misura controversa con quella contemplata nella sentenza PreussenElektra, citata sopra, punto 53. Tale regime imponeva, infatti, un obbligo d’acquisto tra operatori. Peraltro, esso non si basava su permessi di emissione o di inquinamento. Di conseguenza la misura controversa costituisce, in conformità alla giurisprudenza citata nei precedenti punti 63-66, un vantaggio concesso alle imprese interessate mediante risorse statali. Sulla mancanza di selettività Argomenti delle parti Il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, rileva che la condizione di selettività non risulta soddisfatta nel caso di specie. La misura controversa sarebbe vincolante per circa 250 grandi imprese industriali non appartenenti ad alcuno specifico settore di produzione. Poiché tutti i grandi impianti devono rispettare lo stesso parametro, tale gruppo di imprese non sarebbe favorito. Secondo il Regno dei Paesi Bassi, sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, dalla sentenza della Corte 8 novembre 2001, causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke (Racc. pag. I-8365 , punto 41), risulta che il paragone va fatto rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato. Il Regno dei Paesi Bassi sottolinea che la Commissione non indica in relazione a quali imprese i grandi impianti industriali interessati sarebbero favoriti. A parere della Repubblica federale di Germania questi ultimi non si trovano in una situazione analoga a quella delle altre imprese, dal momento che non sono costrette al rispetto dei diversi limiti di emissione. La Commissione afferma, da parte sua, che tutte le imprese aventi una sede nei Paesi Bassi sono sottoposte a limiti di emissione, mentre la misura controversa riguarda un gruppo molto ristretto di imprese olandesi che possiedono una potenza installata superiore a 20 MWth. Soltanto tali imprese otterrebbero gratuitamente diritti di emissione dalle autorità olandesi. Anche se queste imprese non producono tutte gli stessi beni, la condizione di selettività imposta dall’art. 87, n. 1, CE sarebbe soddisfatta. Richiamando la sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata sopra, punto 80, la Commissione afferma che il fatto che le imprese beneficiarie appartengano a settori diversi non implica che la misura controversa costituisca un provvedimento generale di politica economica. Giudizio del Tribunale Come risulta dal testo dell’art. 87, n. 1, CE, un vantaggio economico concesso da uno Stato membro costituisce un aiuto solo se, presentando una determinata selettività, è tale da favorire talune imprese o talune produzioni (sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata sopra, punto 80, punto 34). Di conseguenza, un provvedimento statale che avvantaggia indistintamente l’insieme delle imprese ubicate nel territorio nazionale non può costituire un aiuto di Stato (sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata sopra, punto 80, punto 35). Ai fini dell’applicazione dell’art. 87 CE, è irrilevante che la situazione del presunto beneficiario del provvedimento sia migliorata o aggravata rispetto alla situazione giuridica precedente o, all’opposto, non sia evoluta nel tempo. Occorre unicamente determinare se, nell’ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE rispetto ad altre imprese che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga tenuto conto dell’obiettivo perseguito dal provvedimento interessato (v. sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata sopra, punto 80, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Secondo il punto 1.5, primo comma, della decisione impugnata, la misura controversa si applica a tutti gli impianti industriali la cui capacità termica totale installata sia superiore a 20 MWth. Al punto 3.3 della decisione impugnata è inoltre indicato che la misura controversa è destinata ad un gruppo diversificato di grandi imprese industriali ed implica pertanto un approccio multisettoriale. Si deve quindi, da un lato, constatare che tutti i grandi impianti industriali sono sottoposti al limite di emissione di NO x fissato dalla misura controversa e possono beneficiare del vantaggio che offre, nei limiti di quest’ultimo, la negoziabilità dei diritti di emissione. Il criterio di applicazione della misura controversa è quindi oggettivo, senza alcuna considerazione di carattere geografico o settoriale. Dal momento che la misura controversa riguarda le imprese più inquinanti, questo criterio oggettivo è inoltre conforme allo scopo perseguito, vale a dire la tutela dell’ambiente, e alla logica interna del sistema. D’altro lato, come indica la decisione impugnata, soltanto alle imprese rientranti in tale regime è imposto, a pena di ammenda, un parametro di emissione o un rigoroso livello standard di prestazione (Performance Standard Rate; in prosieguo: «PSR») che sarà progressivamente ridotto sino al 2010. Si deve pertanto constatare che, sia riguardo all’obiettivo perseguito, sia riguardo alle obbligazioni specifiche imposte ai grandi impianti industriali nell’ambito della misura controversa, la situazione fattuale e giuridica delle imprese soggette a tale limite di emissione di NO x non può essere ritenuta analoga a quella delle imprese cui questo limite non si applica. Su tale punto la Commissione ha in realtà invocato l’esistenza nei Paesi Bassi di leggi relative, da un lato, alla gestione dell’ambiente e, dall’altro, all’inquinamento atmosferico che non prevedono sistemi di scambio di diritti di emissione, suggerendo che tutte le imprese si trovavano sottoposte alle stesse obbligazioni in materia di riduzione delle emissioni di NO x . Tuttavia tale affermazione è in contraddizione con la descrizione della misura controversa effettuata al punto 1 della decisione impugnata. Da essa risulta, infatti, che il calcolo del parametro di emissione previsto da detta misura e le ammende che sanzionano il superamento di tale parametro riguardano soltanto gli impianti contemplati da tale regime (v. sopra punti 10-16). Inoltre la Commissione non ha fornito alcun elemento preciso che dimostri che le imprese destinatarie delle leggi da essa richiamate siano sottoposte ad obblighi della stessa natura di quelli delle imprese interessate dalla misura controversa né che, in caso di violazione di tali obblighi, alle prime sarebbe inflitta una ammenda. Parimenti, nessun elemento permette di considerare che le imprese che consumano meno di 20 MWth si trovano in una situazione analoga a quella in cui versano le imprese interessate dalla misura controversa. In particolare, la Commissione non ha fornito elementi per dimostrare che esse sarebbero sottoposte al PSR. La Commissione non ha pertanto provato l’esistenza di un regime generale che s’imporrebbe ad imprese in una situazione fattuale e giuridica analoga a quella degli impianti soggetti alla misura controversa, ma che non offrirebbe il vantaggio rappresentato dalla negoziabilità dei diritti di emissione di NO x . La misura controversa non deroga dunque a nessun regime generale. Neppure il fatto che il numero di imprese interessate possa essere limitato a circa 250 è di per sé sufficiente a dimostrare la selettività della misura. Questo gruppo di imprese, anche volendolo considerare un gruppo ristretto, rappresenta infatti la totalità delle imprese che si trovano in una determinata situazione fattuale e giuridica, non paragonabile, tenuto conto dell’obiettivo perseguito, a quella in cui si trovano imprese che non vi appartengono. La misura controversa, globalmente considerata, non favorisce quindi talune imprese o talune produzioni, ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. In ogni caso, anche supponendo si debba ritenere che la misura controversa stabilisca una differenziazione tra imprese e sia pertanto, a priori, selettiva, si dovrebbe verificare se nel caso di specie tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema nel quale essa s’inserisce (v., in tal senso, sentenza della Corte 6 settembre 2006, causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. pag. I-7115 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, conformemente alla giurisprudenza della Corte, non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata sopra, punto 80, punto 42). Nel caso di specie, infatti, la determinazione delle imprese beneficiarie trova la sua giustificazione nella natura e nella struttura generale del sistema a causa delle loro rilevanti emissioni di NO x e del parametro specifico di riduzione che grava su di esse. Le considerazioni di carattere ecologico giustificano la distinzione tra le imprese che emettono elevate quantità di NO x e le altre imprese (v., in tal senso, sentenza Adria-Wien Pipeline e Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke, citata sopra, punto 80, punti 49 e 52). L’attuazione di tali principi deve tenere conto del combinato disposto degli artt. 6 CE e 87 CE. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la misura controversa non può essere quindi qualificata un aiuto di Stato. Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sul secondo motivo addotto dal Regno dei Paesi Bassi, la sentenza impugnata dev’essere annullata in quanto dichiara che la misura controversa costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Sulle spese Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Regno dei Paesi Bassi ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Repubblica federale di Germania sopporterà pertanto le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della Commissione 24 giugno 2003, C (2003) 1761 def., relativa all’aiuto di Stato n. N 35/2003 riguardante un sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi d’azoto comunicato dal Regno dei Paesi Bassi, è annullata. 2) La Commissione è condannata alle spese. 3) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese. Vilaras Martins Ribeiro Dehousse Šváby Jürimäe Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2008. Il cancelliere E. Coulon Il presidente M. Vilaras ( *1 ) Lingua processuale: l’olandese.

62006TJ0140

et

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti neljanda apellatsioonikoja 24. veebruari 2006. aasta otsuse (asi R 0075/2005-4) peale, mis käsitleb sigaretipakikujulise ühenduse ruumilise kaubamärgi taotlust. Kohtuasja asjaolud Ühenduse kaubamärgi taotleja: Philip Morris Products SA Asjaomane ühenduse kaubamärk: sigaretipakikujuline ruumiline kaubamärk, mille registreerimist taotletakse klassi 34 kuuluvatele kaupadele – taotlus nr 2681351 Kontrollija otsus: jätta registreerimistaotlus rahuldamata Apellatsioonikoja otsus: jätta kaebus rahuldamata Resolutiivosa 1.         Jätta hagi rahuldamata. 2.         Mõista kohtukulud välja Philip Morris Products SA-lt.

62008TJ0289

nl

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 29 mei 2008 (zaak R 318/2008‑4) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Deutsche BKK als gemeenschapsmerk Gegevens betreffende de zaak Aanvrager van het gemeenschapsmerk: Deutsche BKK Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk Deutsche BKK voor diensten van de klassen 36, 41 en 44 – aanvraag nr. 4724894 Beslissing van de onderzoeker: weigering van inschrijving Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep Dictum 1) Het beroep wordt verworpen. 2) Deutsche Betriebskrankenkasse (Deutsche BKK) wordt verwezen in de kosten.

62008CJ0032

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 14. o , n. os 1 e 3, e 88. o , n. o 2, do Regulamento (CE) n. o 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários ( JO 2002, L 3, p. 1 , a seguir «regulamento»). Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Fundación Española para la Innovación de la Artesanía (a seguir «FEIA»), às sociedades Cul de Sac Espacio Creativo SL (a seguir «Cul de Sac») e Acierta Product & Position SA (a seguir «Acierta»), a respeito da propriedade de desenhos ou modelos comunitários de relógios de parede. Quadro jurídico Regulamentação comunitária Decorre do primeiro considerando do regulamento que este tem por objectivo criar «um desenho ou modelo comunitário, beneficiando de protecção uniforme e produzindo os mesmos efeitos em todo o território da Comunidade». O oitavo considerando do regulamento prevê: «É essencial para a indústria comunitária a instituição de um sistema de protecção dos desenhos ou modelos que seja mais acessível e adaptado às necessidades do mercado interno.» O nono considerando deste regulamento enuncia: «As disposições substantivas do presente regulamento sobre desenhos ou modelos deveriam ser alinhadas com as correspondentes disposições da Directiva 98/71/CE [do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de Outubro de 1998, relativa à protecção legal de desenhos e modelos ( JO L 289, p. 28 )].» Nos termos do décimo sexto considerando do regulamento: «Alguns [dos sectores da indústria da Comunidade] produzem grandes quantidades de desenhos ou modelos para produtos que frequentemente têm um ciclo de vida económica curto, para os quais uma protecção que não implique formalidades de registo constitui uma vantagem e a duração da protecção desempenha um papel secundário. […]» O vigésimo primeiro considerando do regulamento dispõe: «[…] o desenho ou modelo comunitário não registado apenas deve conferir o direito de impedir a sua reprodução. […]» O vigésimo quinto considerando do regulamento tem a seguinte redacção: «Os sectores da indústria que produzem, em breves períodos de tempo, grandes quantidades de desenhos ou modelos com um tempo de vida relativamente curto, dos quais apenas uma pequena proporção acabará por ser comercializada, terão vantagem em utilizar o desenho ou modelo comunitário não registado. Estes sectores necessitam igualmente de poder recorrer mais facilmente aos desenhos ou modelos comunitários registados. Esta necessidade seria pois resolvida pela possibilidade de combinar diversos desenhos ou modelos num pedido múltiplo. Todavia, os desenhos ou modelos incluídos num pedido múltiplo podem ser tratados independentemente uns dos outros para efeitos de […] cessão […].» O trigésimo primeiro considerando do regulamento dispõe: «O presente regulamento não exclui a aplicação aos desenhos ou modelos protegidos pelo desenho ou modelo comunitário das regulamentações relativas à propriedade industrial ou de outras regulamentações relevantes dos Estados-Membros, tal como as relativas à protecção obtida por via de registo ou as relativas a direitos aos desenhos ou modelos não registados […].» Nos termos do artigo 1. o , n. o 2, alínea a), do regulamento: «Um desenho ou modelo comunitário será protegido: a) Enquanto ‘desenho ou modelo comunitário não registado’, se divulgado ao público nos termos do presente regulamento.» No entanto, nos termos do n. o 3 do mesmo artigo: «O desenho ou modelo comunitário possui carácter unitário. Produz efeitos idênticos em toda a Comunidade. Só pode ser […] transmitido […] em toda a Comunidade. Este princípio é aplicável salvo disposição em contrário do presente regulamento.» O título II do regulamento, sob a epígrafe «Direito relativo aos desenhos e modelos», contém, nomeadamente, uma secção 1, sob a epígrafe «Requisitos de protecção», constituída pelos artigos 3. o a 9. o , uma secção 3, sob a epígrafe «Direito ao desenho ou modelo comunitário», constituída pelos artigos 14. o a 18. o , e uma secção 5, sob a epígrafe «Nulidade», constituída pelos artigos 24. o a 26. o O artigo 3. o , alínea a), do regulamento define «Desenho ou modelo» como «a aparência da totalidade ou de uma parte de um produto resultante das suas características, nomeadamente, das linhas, contornos, cores, forma, textura e/ou materiais do próprio produto e/ou da sua ornamentação». O artigo 11. o do regulamento, sob a epígrafe «Início e duração da protecção do desenho ou modelo comunitário não registado», dispõe, no seu n. o 1: «Um desenho ou modelo que preencha os requisitos definidos na secção 1 será protegido enquanto desenho ou modelo comunitário não registado por um período de três anos a contar da data em que o desenho ou modelo tiver sido pela primeira vez divulgado ao público na Comunidade.» O artigo 14. o do regulamento, sob a epígrafe «Direito ao desenho ou modelo comunitário», dispõe, nos seus n. os 1 e 3: «1.   O direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador ou ao seu sucessível. […] 3.   Contudo, sempre que um desenho ou modelo for realizado por um trabalhador por conta de outrem no desempenho das suas funções ou segundo instruções dadas pelo seu empregador, o direito ao desenho ou modelo pertence a este último, salvo convenção ou disposição da legislação nacional aplicável em contrário.» O artigo 19. o do regulamento, sob a epígrafe «Direitos conferidos pelo desenho ou modelo comunitário», dispõe, no seu n. o 2: «Todavia, um desenho ou modelo comunitário não registado só confere ao seu titular o direito de proibir os actos mencionados no n. o 1, se o uso em litígio resultar de uma cópia do desenho ou modelo protegido.» O artigo 25. o do regulamento, sob a epígrafe «Causas de nulidade», prevê, no seu n. o 1, alínea c), que um desenho ou modelo comunitário só pode ser declarado nulo «[s]e, na sequência de uma decisão judicial, o titular do desenho ou modelo comunitário não tiver direito ao mesmo nos termos do artigo 14. o ». O artigo 27. o , sob a epígrafe «Equiparação dos desenhos ou modelos comunitários a desenhos ou modelos nacionais», enuncia, no seu n. o 1: «Salvo disposição em contrário dos artigos 28. o , 29. o , 30. o , 31. o e 32. o , um desenho ou modelo comunitário enquanto objecto de propriedade será considerado, na sua totalidade e em relação a todo o território comunitário, como um desenho ou modelo nacional do Estado-Membro em que: a) O titular tenha a sua sede ou domicílio na data considerada relevante; ou, b) Caso a alínea a) não seja aplicável, o titular tenha um estabelecimento, na data considerada relevante.» O título IX do regulamento, sob a epígrafe «Competência e procedimento em acções judiciais relativas a desenhos e modelos comunitários», compreende uma secção 2, sob a epígrafe «Litígios em matéria de infracção e validade dos desenhos ou modelos comunitários», na qual se inclui o artigo 88. o Este artigo, sob a epígrafe «Direito aplicável», dispõe, nos seus n. os 1 e 2: «1.   Os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão as disposições do presente regulamento. 2.   Às questões não abrangidas pelo presente regulamento, os tribunais de desenhos e modelos comunitários aplicarão o seu direito nacional, incluindo o seu direito internacional privado.» O artigo 96. o , sob a epígrafe «Relação com outras formas de protecção ao abrigo do direito nacional», prevê, no seu n. o 1: «O disposto no presente regulamento não prejudica as disposições do direito comunitário ou do direito dos Estados-Membros em questão aplicáveis aos desenhos ou modelos não registados […]» Nos termos do seu terceiro considerando, a Directiva 98/71 visa aproximar as legislações dos Estados-Membros em matéria de protecção de desenhos e modelos. Esta directiva esclarece, no seu artigo 2. o , que é aplicável, nomeadamente, aos registos de desenhos e modelos nos serviços centrais de propriedade industrial dos Estados-Membros ou no Instituto de Desenhos e Modelos do Benelux. Nos termos do artigo 11. o , n. o 1, alínea c), da Directiva 98/71: «O registo de um desenho ou modelo será recusado ou, se já tiver sido efectuado, será anulado se: […] c) O requerente do registo, ou o seu titular, não tiver o direito ao desenho ou modelo nos termos da legislação do Estado-Membro em causa […]» Legislação nacional A Lei 20/2003, de 7 de Julho de 2003, relativa à protecção jurídica do desenho [ou modelo] industrial [Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (BOE n. o 162, de 8 de Julho de 2003, p. 26348, a seguir «LPJDI»)], só diz respeito aos desenhos ou modelos registados. O artigo 14. o , n. o 1, da LPJDI estabelece que «[o] direito de registar o desenho [ou modelo] pertence ao criador ou ao seu sucessível». O artigo 15. o da LPJDI, sob a epígrafe «Desenhos [ou modelos] criados no quadro de uma relação de trabalho ou de prestação de serviços», dispõe: «Quando o desenho [ou modelo] tenha sido desenvolvido por um trabalhador por conta de outrem, em execução das suas funções ou seguindo as instruções do seu empregador, ou por encomenda no quadro de uma relação de prestação de serviços, o direito a registar o desenho [ou modelo] pertence ao empregador ou ao contraente que tenha encomendado a realização do desenho [ou modelo], salvo convenção em contrário.» Litígio no processo principal e questões prejudiciais A FEIA concebeu um projecto denominado «D’ARTES», no âmbito do qual cinquenta oficinas de artesãos de diversos sectores podiam criar, mediante um projecto de desenho ou modelo realizado por um profissional na matéria, uma colecção de objectos para comercialização. A sociedade AC&G SA (a seguir «AC&G»), na qualidade de comissária do projecto, concretizou os parâmetros de execução material do projecto D’ARTES e ficou encarregada de seleccionar os desenhadores e de celebrar acordos com eles. Foi nestas circunstâncias que a AC&G celebrou com a Cul de Sac um contrato verbal, que não está sujeito ao Código de Trabalho espanhol, nos termos do qual esta última ficou encarregada da elaboração de um desenho ou modelo e da prestação de assistência técnica ao artesão, na criação, por este, de uma nova colecção de produtos. Como contrapartida da sua prestação, a Cul de Sac recebeu da AC&G a quantia de 1800 euros, excluindo imposto. A Cul de Sac desenhou uma série de relógios de parede (de cuco) que foram realizados, no âmbito do projecto D’ARTES, pela artesã Verónica Palomares e apresentados, em Abril de 2005, com a denominação de colecção «Santamaría». Subsequentemente, a Cul de Sac e a Acierta fabricaram e comercializaram relógios de cuco, com a denominação de colecção «TIMELESS». A FEIA, considerando que estes relógios de cuco constituíam uma cópia dos desenhos e modelos comunitários não registados que faziam parte da colecção «Santamaría», de que se considera titular, tanto devido à sua qualidade de patrocinador e de principal financiador do projecto D’ARTES como devido à cessão que lhe foi feita, pela AC&G, dos direitos exclusivos de exploração dos produtos realizados no âmbito da primeira edição do referido projecto, intentou uma acção contra a Cul de Sac e a Acierta, a título principal, por violação dos referidos desenhos ou modelos comunitários e, a título subsidiário, por actos de concorrência desleal. A FEIA alega, nomeadamente, que é titular dos desenhos ou modelos comunitários não registados relativos aos relógios da colecção «Santamaría», em conformidade com o disposto no artigo 15. o da LPJDI, na medida em que estes foram realizados pela Cul de Sac em execução de uma encomenda da AC&G, agindo na qualidade de comissária «visível» da FEIA, no âmbito de uma prestação de serviços remunerada. A Cul de Sac e a Acierta contestam que a AC&G e/ou a FEIA tenham sido ou sejam titulares dos referidos desenhos ou modelos e, consequentemente, que a FEIA tenha legitimidade activa. O Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca Comunitaria considera que a FEIA só pode invocar a titularidade dos desenhos ou modelos em causa no processo principal, se a AC&G, que lhos tinha cedido, fosse, ela própria, titular do direito aos referidos desenhos ou modelos. Nestas condições, o Juzgado de lo Mercantil n o 1 de Alicante y n o 1 de Marca Comunitaria decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) O artigo 14. o , n. o 3, do Regulamento n. o 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que apenas abrange os desenhos e modelos comunitários realizados no quadro de uma relação laboral em que o criador-autor está vinculado por um contrato sujeito ao direito do trabalho, caracterizado pela dependência e pelo trabalho por conta de outrem? ou 2) Há que interpretar as expressões ‘trabalhador por conta de outrem’ e ‘empregador’, do artigo 14. o , n. o 3, do Regulamento n. o 6/2002, em sentido amplo, a fim de abranger situações diferentes da relação laboral, como aquelas em que, em virtude de um contrato civil/comercial (e, portanto, sem existir dependência, trabalho por conta de outrem e habitualidade), uma pessoa (o criador) se obriga a executar um desenho/modelo a outra, por um preço certo, e, por conseguinte, entende-se que pertence à pessoa que o encomenda, salvo se o contrato estipular o contrário? 3) Em caso de resposta negativa à segunda questão, uma vez que a criação de desenhos/modelos, no quadro de uma relação laboral, e a criação de desenhos/modelos, no quadro de uma relação não laboral, são realidades de facto diferentes: a) Há que aplicar a regra geral do artigo 14. o , n. o 1, do Regulamento n. o 6/2002 e, por conseguinte, deve entender-se que pertencem ao autor, salvo se as partes dispuserem o contrário no contrato? b) O tribunal de desenhos e modelos comunitários deve aplicar a legislação nacional que regula os desenhos e modelos, por remissão do artigo 88. o , n. o 2, do Regulamento n. o 6/2002? 4) No caso de se considerar aplicável a remissão para a legislação nacional, se esta equiparar (como acontece no direito espanhol) os desenhos/modelos criados no quadro de uma relação laboral (pertencem ao empregador, salvo convenção em contrário) aos desenhos/modelos criados por encomenda (pertencem à parte que os encomenda, salvo convenção em contrário), é possível a aplicação do direito nacional nesse caso? 5) Em caso de resposta afirmativa à quarta questão, tal solução (pertencem à parte que os encomenda, salvo convenção em contrário) não estaria em contradição com a resposta negativa à segunda questão?» Quanto às questões prejudiciais Quanto à primeira e segunda questões, relativas ao âmbito de aplicação do artigo 14. o , n. o 3, do regulamento Com estas questões, que importa analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 14. o , n. o 3, do regulamento é igualmente aplicável ao desenho ou modelo comunitário que foi criado por encomenda e, portanto, fora de uma relação laboral. Observações submetidas ao Tribunal de Justiça A FEIA e o Governo do Reino Unido pronunciaram-se a favor da aplicação do artigo 14. o , n. o 3, do regulamento aos desenhos e modelos criados por encomenda, considerando que esta disposição e, em particular, os conceitos de «empregador» e de «trabalhador por conta de outrem», aos quais se refere, devem ser interpretados não só com base na redacção da referida disposição mas também à luz da economia geral e dos objectivos do sistema em que se inserem. A Comissão das Comunidades Europeias, a Cul de Sac e a Acierta alegam, ao invés, que a regra prevista no artigo 14. o , n. o 3, do regulamento é aplicável exclusivamente aos desenhos e modelos criados no quadro de uma relação de trabalho subordinado. A Acierta e a Comissão observam, além disso, que o artigo 14. o , n. o 3, contém uma norma derrogatória ou uma excepção ao princípio geral enunciado no n. o 1 do referido artigo, que, como tal, não permite nem uma interpretação extensiva, nem uma aplicação por analogia a casos não expressamente previstos. A Comissão considera, por último, que a interpretação proposta é confirmada pelos trabalhos preparatórios e pelo processo de adopção do regulamento e que é coerente com a legislação comunitária e internacional relativa aos outros direitos de propriedade industrial. Resposta do Tribunal de Justiça Tal como decorre do artigo 14. o , n. o 1, do regulamento, o direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador ou ao seu sucessível. Ao invés, resulta do n. o 3 desse artigo que o direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao empregador sempre que esse desenho ou modelo for realizado por um trabalhador por conta de outrem no desempenho das suas funções ou segundo instruções dadas pelo seu empregador, salvo convenção ou disposição da legislação nacional aplicável em contrário. Por conseguinte, deve rejeitar-se a argumentação da FEIA e do Governo do Reino Unido, segundo a qual, em particular, os conceitos de «empregador» e de «trabalhador por conta de outrem», que constam do referido parágrafo, devem ser interpretados de forma ampla, a fim de serem igualmente aplicáveis aos desenhos ou modelos realizados por encomenda. A este respeito, há que observar que o legislador comunitário previu nesse parágrafo um regime específico relativo aos desenhos ou modelos comunitários realizados no quadro de uma relação laboral. Isto decorre, em particular, do facto de, na redacção do referido parágrafo, ter optado pelo termo «empregador», para se referir ao titular do desenho ou modelo comunitário realizado no quadro de uma relação de trabalho, e não pelo termo nitidamente mais amplo de «comitente». Resulta, aliás, da redacção do artigo 14. o , n. o 3, do regulamento que o «empregador» se torna titular do desenho ou modelo comunitário, sempre que o «trabalhador por conta de outrem» o realize no desempenho das suas funções ou segundo instruções dadas pelo seu empregador. No que diz respeito à expressão «trabalhador por conta de outrem», há que referir ainda que o legislador comunitário não optou, na referida disposição, relativamente à pessoa que realizou um desenho ou modelo, pelo termo, nitidamente mais amplo, de «comissário». Por conseguinte, o conceito de «trabalhador por conta de outrem» refere-se à pessoa que está subordinada ao seu «empregador», quando realiza um desenho ou modelo comunitário no quadro de uma relação laboral. No que se refere ao excerto do referido parágrafo que dispõe «salvo convenção ou disposição da legislação nacional aplicável em contrário», há que esclarecer que, por um lado, permite que as partes num contrato de trabalho designem o «trabalhador por conta de outrem» como titular de um desenho ou modelo comunitário e, por outro, confere aos Estados-Membros a faculdade de, na sua legislação nacional, dispor que o «trabalhador por conta de outrem» seja o titular de um desenho ou modelo comunitário, desde que, nos dois casos mencionados, esse desenho ou modelo tenha sido realizado no quadro de uma relação laboral. Daqui decorre que o legislador comunitário pretendeu definir o regime especial previsto no artigo 14. o , n. o 3, do regulamento, por referência a um tipo específico de relação contratual, ou seja, a relação laboral, o que exclui a aplicabilidade do referido parágrafo às outras relações contratuais, como a relativa a um desenho ou modelo comunitário criado por encomenda. Esta interpretação é, além do mais, confirmada pelos trabalhos preparatórios do regulamento. A este respeito, a Comissão alega que se afirma especificamente na exposição de motivos da Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos desenhos ou modelos comunitários [COM (93) 342 final, de 3 de Dezembro de 1993] que o empregador é o titular de um desenho ou modelo comunitário, sempre que esse desenho ou modelo tenha sido realizado por um trabalhador por conta de outrem no exercício das suas funções que decorrem do contrato de trabalho. De resto, segundo a Comissão e tal como decorre dos n. os 27 a 32 das conclusões do advogado-geral, embora seja verdade que o primeiro anteprojecto de proposta de regulamento da Comissão continha, além de uma disposição relativa à titularidade de um desenho ou modelo comunitário realizado por um trabalhador por conta de outrem, uma disposição expressa relativa à titularidade de um desenho ou modelo comunitário criado por encomenda, esta última disposição não foi mantida no regulamento. Atendendo a todas as considerações precedentes, há que responder à primeira e segunda questões que o artigo 14. o , n. o 3, do regulamento não é aplicável ao desenho ou modelo comunitário realizado por encomenda. Quanto à terceira questão, alínea a), relativa à interpretação do artigo 14. o , n. o 1, do regulamento Com esta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 14. o , n. o 1, do regulamento deve ser interpretado no sentido de que o direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador, salvo se tiver sido transferido para o seu sucessível através de um contrato. Observações submetidas ao Tribunal de Justiça A FEIA considera que o artigo 14. o deve ser interpretado, no seu todo, à luz dos objectivos do regulamento e tendo em conta a intenção do legislador de estabelecer apenas uma regulamentação mínima na matéria. Invoca, em especial, por um lado, os artigos 27. o , 88. o e 96. o do regulamento, que remetem para as legislações nacionais e permitem que estas estabeleçam uma protecção dos desenhos e modelos comunitários mais ampla do que a prevista pelo regulamento, e, por outro, o sexto, oitavo e nono considerandos do mesmo regulamento, nos quais figuram as exigências relativas ao respeito dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e se define o objectivo do alinhamento das disposições substantivas do regulamento pelas da Directiva 98/71. A FEIA propõe ainda que se interprete o conceito de «sucessível», que figura no artigo 14. o , n. o 1, do regulamento, como uma referência às diversas modalidades possíveis de aquisição do direito ao desenho ou modelo previstas pela legislação dos Estados-Membros, incluindo a da LPJDI, pelo comitente do referido desenho ou modelo. Segundo a Comissão, a Acierta e a Cul de Sac, o artigo 14. o , n. o 1, do regulamento contém uma disposição geral a favor da atribuição do direito ao desenho ou modelo ao seu criador. A única excepção a esta regra consta do n. o 3 e diz unicamente respeito ao caso dos desenhos e modelos realizados pelo trabalhador por conta de outrem, no âmbito da relação de trabalho subordinado. Não há, pois, nenhuma lacuna no regulamento, quanto à determinação da titularidade do direito ao desenho ou modelo comunitário. A Acierta e a Cul de Sac indicam que o direito ao desenho ou modelo comunitário pode ser transferido para o sucessível através de contrato. O Governo do Reino Unido alega que o artigo 14. o , n. o 1, do regulamento não prevê o caso do titular de um desenho ou modelo criado por encomenda. Por conseguinte, entende que os Estados-Membros podem, em conformidade com o trigésimo primeiro considerando e com o artigo 88. o , n. o 2, do regulamento, aplicar a sua legislação nacional relativa aos desenhos ou modelos não registados. Resposta do Tribunal de Justiça Antes de mais, deve recordar-se que, no presente processo, o Tribunal de Justiça foi chamado a conhecer unicamente de um caso que, por um lado, diz respeito a desenhos ou modelos comunitários não registados, que foram criados por encomenda, e em que, por outro, a LPJDI não equipara esses desenhos ou modelos aos realizados no quadro de uma relação laboral. Assim, decorre das exigências tanto de aplicação uniforme do direito comunitário como do princípio da igualdade que os termos de uma disposição do direito comunitário que não contenha nenhuma remissão expressa para o direito dos Estados-Membros, para determinar o seu sentido e alcance, devem normalmente encontrar, em toda a Comunidade, uma interpretação autónoma e uniforme que deve ser procurada tendo em conta o contexto da disposição e o objectivo prosseguido pelas normas em causa (v., designadamente, acórdãos de 18 de Janeiro de 1984, Ekro, 327/82, Recueil, p. 107, n. o 11; de 19 de Setembro de 2000, Linster, C-287/98, Colect., p. I-6917, n. o 43; e de 14 de Dezembro de 2006, Nokia, C-316/05, Colect., p. I-12083, n. o 21). É este o caso dos conceitos de «criador» e de «sucessível» que constam do artigo 14. o do regulamento. Ora, se os referidos conceitos fossem interpretados de modo diferente nos diversos Estados-Membros, as mesmas circunstâncias podiam dar origem a que o direito ao desenho ou modelo comunitário pertencesse, em determinados Estados, ao criador e, noutros, ao seu sucessível. Nesse caso, a protecção garantida aos referidos desenhos ou modelos comunitários não seria uniforme em todo o território da Comunidade (v., por analogia, acórdão Nokia, já referido, n. o 27). É essencial, por isso, que os conceitos acima mencionados sejam objecto de interpretação uniforme na ordem jurídica comunitária. Esta interpretação é corroborada pelo primeiro considerando do regulamento, segundo o qual «[a] instituição de um sistema unificado para a obtenção de um desenho ou modelo comunitário, [beneficia] de protecção uniforme e [produz] os mesmos efeitos em todo o território da Comunidade […]». Além disso, resulta do artigo 1. o , n. o 3, do regulamento que o referido desenho ou modelo só pode ser transferido em toda a Comunidade, salvo disposição em contrário do regulamento. No que se refere, mais concretamente, à transferência do direito a um desenho ou modelo comunitário do criador para o seu sucessível, na acepção do artigo 14. o , n. o 1, do regulamento, importa referir, conforme observam, no essencial, a FEIA, a Cul de Sac e a Acierta, que a possibilidade de tal transferência decorre implicitamente da redacção do referido artigo. Além disso, essa interpretação decorre expressamente de certas versões linguísticas do conceito de «sucessível», como as versões alemã, polaca, eslovena, sueca e inglesa, que mencionam, respectivamente, «Rechtsnachfolger», «następcy prawnemu», «pravni naslednik», «den till vilken rätten har övergått» e «successor in title». Uma tal transferência inclui a transferência através de contrato. Com efeito, resulta dos trabalhos preparatórios do regulamento, como sublinha o advogado-geral nos n. os 46 a 50 das suas conclusões, que o criador pode transferir para o seu sucessível, através de um contrato, o direito ao desenho ou modelo comunitário. Esta interpretação é corroborada pelo oitavo e décimo quinto considerandos do regulamento, que sublinham a necessidade de adaptar a protecção dos desenhos ou modelos comunitários às necessidades de todos os sectores da indústria da Comunidade. Além disso, é essencial, para efeitos da protecção, em particular, dos desenhos ou modelos comunitários não registados, fazer valer, em conformidade com o disposto no vigésimo primeiro considerando e no artigo 19. o , n. o 2, do regulamento, o direito à proibição de cópias desses desenhos ou modelos. Com efeito, com excepção dos criadores individuais referidos no sétimo considerando do regulamento, decorre do décimo sexto e vigésimo quinto considerandos do mesmo que determinados sectores da indústria da Comunidade podem também ser produtores de desenhos ou modelos comunitários não registados. Em tais circunstâncias, não se pode excluir, conforme observou, no essencial, o Governo do Reino Unido, que o sucessível seja uma parte economicamente mais forte do que o criador e disponha de meios mais substanciais de modo a intentar uma acção judicial destinada a impedir a cópia dos referidos desenhos ou modelos. Daqui se infere que a adaptação da protecção dos desenhos ou modelos comunitários às necessidades de todos os sectores da indústria da Comunidade, que decorre do oitavo e décimo quinto considerandos do regulamento, através da transferência contratual do direito ao desenho ou modelo comunitário, pode contribuir para o objectivo essencial do exercício eficaz dos direitos conferidos por um desenho ou modelo comunitário em todo o território da Comunidade, tal como resulta do vigésimo nono considerando do regulamento. De resto, o reforço da protecção da estética industrial tem como efeito, de acordo com o sétimo considerando do regulamento, não só encorajar os criadores individuais a contribuir para estabelecer uma superioridade da Comunidade neste domínio mas também para incentivar a inovação e o desenvolvimento de novos produtos e o investimento na sua produção. Resulta do exposto que a possibilidade de transferir, através de contrato, o direito ao desenho ou modelo comunitário do criador para o seu sucessível, na acepção do artigo 14. o , n. o 1, do regulamento, é conforme tanto com a redacção do referido artigo como com os objectivos prosseguidos pelo dito regulamento. No entanto, compete ao órgão jurisdicional nacional verificar o conteúdo de tal contrato e, a este respeito, determinar se, eventualmente, o direito ao desenho ou modelo comunitário não registado foi efectivamente transferido do criador para o seu sucessível. As considerações anteriores não se opõem, evidentemente, a que o órgão jurisdicional nacional, no âmbito da referida análise, aplique a legislação relativa aos contratos, a fim de determinar a quem pertence, nos termos do artigo 14. o , n. o 1, do regulamento, o direito ao desenho ou modelo comunitário não registado. À luz de todas as considerações precedentes, há que responder à terceira questão, alínea a), que, em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, o artigo 14. o , n. o 1, do referido regulamento deve ser interpretado no sentido de que o direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador, salvo se tiver sido transferido para o seu sucessível através de um contrato. Quanto à terceira questão, alínea b), e à quarta e quinta questões À luz da resposta dada à terceira questão, alínea a), não é necessário responder à terceira questão, alínea b), nem à quarta e quinta questões. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara: 1) O artigo 14. o , n. o 3, do Regulamento (CE) n. o 6/2002 do Conselho, de 12 de Dezembro de 2001, relativo aos desenhos ou modelos comunitários, não é aplicável ao desenho ou modelo comunitário realizado por encomenda. 2) Em circunstâncias como as que estão em causa no processo principal, o artigo 14. o , n. o 1, do Regulamento n. o 6/2002 deve ser interpretado no sentido de que o direito ao desenho ou modelo comunitário pertence ao criador, salvo se tiver sido transferido para o seu sucessível através de um contrato. Assinaturas ( *1 ) Língua do processo: espanhol.

62007CJ0150

et

Liikmesriigi kohustuste rikkumine – Nõukogu 29. mai 1989. aasta määruse (EMÜ, Euratom) nr 1552/89, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 88/376/EMÜ, Euratom (EÜT L 155, lk 1), artikli 2, artikli 6 lõike 2 ja artiklite 9, 10 ning 11 rikkumine – ATA‑protseduuri raames omavahendite viivitusega ülekandmise eest intressi maksmisest keeldumine – Raamatupidamiseeskirjad. Resolutsioon 1. Kuna Portugali Vabariik keeldus maksmast Euroopa Ühenduste Komisjonile viivist, mida tal tuli maksta ATA‑protseduuri raames omavahendite viivitusega ülekandmise eest, on Portugali Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad nõukogu 29. mai 1989. aasta määruse (EMÜ) nr 1552/89, millega rakendatakse ühenduste omavahendite süsteemi käsitlev otsus 88/376/EMÜ, Euratom (EÜT L 155, lk 1), artiklist 2, artikli 6 lõikest 2 ja artiklitest 9–11. 2. Ülejäänud osas jätta hagi rahuldamata. 3. Portugali Vabariik kannab lisaks oma kohtukuludele kolm neljandikku Euroopa Ühenduste Komisjoni kohtukuludest. 4. Ülejäänud osas kannab Euroopa Ühenduste Komisjon oma kohtukulud ise.

62005CJ0243

mt

1       Bl-appell tagħhom, ir-rikorrenti jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla parzjlament is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tas-17 ta' Marzu 2005, Agraz et vs Il-Kummissjoni (T‑285/03, Ġabra p. II‑1063, iktar 'il quddiem is-"sentenza kkontestata"), li biha din ċaħditilhom rikors li kien jipprevedi l-kisba ta' kumpens għal dannu allegatament subit minħabba l-metodu adottat għall-kalkolu ta' l-ammont ta' għajnuna għall-produzzjoni prevista mir-Regolament (KE) Nru 1519/2000 tal-Kummissjoni, tat-12 ta' Lulju 2000, li jistabbilixxi, għas-sena tal-marketing 2000/2001, il-prezz minimu u l-ammont ta' għajnuna għal prodotti tat-tadam ipproċessat (ĠU L 174, p. 29), minħabba li d-dannu allegat ma kienx ċert u li l-kundizzjonijiet ta' impenn tar-responsabbiltà extrakuntrattwali tal-Komunità għalhekk ma kienux marbutin flimkien. Il-kuntest ġuridiku Ir-Regolament Nru 2201/96 2       L-Artikolu 2 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2201/96 tat-28 ta’ Ottubru 1996 dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (JO L 297, p. 29, iktar 'il quddiem ir-"Regolament ta' bażi"), jipprevedi li: "1.      Sistema ta’ għajnuna għall-produzzjoni għandha tkun applikabbli għall-prodotti elenkati fl-Anness I miksuba mill-frott u l-ħxejjex maħsuda fil-Komunità. 2.      Għajnuna għall-produzzjoni għandha tingħata lill-proċessuri li jkunu ħallsu lill-produtturi għall-materja prima tagħhom prezz li ma kienx anqas mill-prezz minimu skond kuntratti bejn, min-naħa, l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li għandhom l-għarfien jew awtorizzati provviżorjament skond ir-Regolament (KE) Nru 2200/96, u l-proċessuri min-naħa l-oħra. […]" 3       L-Artikolu 4 tar-Regolament ta' bażi jippreċiża li: "1.      L-għajnuna għall-produzzjoni tista’ ma teċċedix id-differenza bejn il-prezz minimu mħallas lill-produttur fil-Komunità u l-prezz tal-materja prima fil-pajjiżi terzi prinċipali li jipproduċu u jesportaw. 2.      L-ammont ta’ l-għajnuna għall-produzzjoni għandu jkun hekk iffissat li jkun jippermetti li l-prodott tal-Komunità jkun jista’ jiġi disponut fil-limitu mniżżel fil-paragrafu 1. Fl-għarfien ta’ l-ammont ta’ l-għajnuna, mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni ta’ l-Artikolu 5, għandu jittieħed kont b’mod partikolari ta’: a)      id-differenza bejn il-prezz tal-materja prima fil-Komunità u dak miksub fil-pajjiżi prinċipali kompetituri; b)      l-ammont ta’ l-għajnuna ffissat jew ikkalkolat qabel it-tnaqqis imsemmi fil-paragrafu 10, fejn huwa applikabbli, għas-sena ta’ marketing ta’ qabel; u c)      meta l-produzzjoni tal-Komunità ta’ prodott tkun tagħti kont għal sehem sostanzjali tas-suq, xejriet fil-volum tal-kummerċ barra l-pajjiż u l-prezzijiet miksuba f’dak il-kummerċ, meta l-kriterju ta’ l-aħħar jirriżulta fi tnaqqis fl-ammont ta’ l-għajnuna. 3.      L-għajnuna tal-produzzjoni għandha tkun stabbilita skond il-piż nett tal-prodott ipproċessat. Il-koeffiċjenti li jesprimu r-relazzjoni bejn il-piż tal-materja prima użata u l-piż nett tal-prodott ipproċessat għandhom ikunu ddefiniti fuq bażi standardizzata. Dawn għandhom ikunu regolarment aġġornati fuq il-bażi ta’ l-esperjenza. […] 5.      Il-prezz tal-materja prima fil-pajjiżi terzi prinċipali li jikkompetu għandu jkun stabbilit prinċipalment fuq il-bażi tal-prezzijiet li jkunu attwalment japplikaw fl-istadju tax-xatba tar-razzett għal prodotti friski ta’ kwalità komparabbli użata fl-ipproċessar, marbuta mal-bażi tal-kwantitajiet tal-prodotti lesti u esportati minn dawk il-pajjiżi terzi. 6.      Meta l-produzzjoni tal-Komunità tkun għal ta’ l-anqas tammonta għall-50 % tal-kwantitajiet ta’ xi prodott li jagħmel sehem mis-suq tal-konsum tal-Komunità, ix-xejriet fil-prezzijiet u l-kwantitajiet ta’ l-importazzjonijiet u l-esportazzjonijiet għandhom ikunu stmati billi jitqabbel it-tagħrif għas-sena kalendarja ta’ qabel il-bidu tas-sena tas-suq mat-tagħrif għas-sena kalendarja ta’ qabel. 7.      Fil-każ ta’ prodotti pproċessati mit-tadam, l-għajnuna tal-produzzjoni għandha tkun ikkalkolata għal: (a) tadam ikkonċentrat li jinsab fil-kodiċi NK 200290; […] 9.      Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-ammont ta’ l-għajnuna tal-produzzjoni qabel il-bidu ta’ kull sena tas-suq, skond il-proċedura mniżżla fl-Artikolu 29. Il-coefficients imsemmija fil-paragrafu 3, il-ħtiġijiet minimi tal-kwalità u regoli oħra dettaljati għat-tħaddim ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu adottati skond l-istess proċedura. 10.      Għall-prodotti pproċessati mit-tadam, l-ispiża sħiħa m’għandhiex teċċedi għal kull sena tal-marketing, l-ammont li kien ikun intlaħaq kieku l-kwoti Franċiżi u Portugiżi għall-konċentrati għas-sena tal-marketing 1997/1998 kienu ġew stabbiliti kif ġej: –       Franza : 224323 tunellata –       Portugall : 670451 tunellata. Għal dak il-għan, l-għajnuna stabbilita għall-konċentrat tat-tadam u ta’ l-estratti tiegħu skond il-paragrafu 9 għandhom jitnaqqsu b’5,37 %. Jista’ jitħallas supplement wara s-sena tal- marketing jekk iż-żieda fil-kwoti Franċiżi u Portugiżi ma jkunux ġew użati kollha." Ir-Regolament Nru 1519/2000 4       Ir-Regolament Nru 1519/2000 jipprevedi f'Artikolu 2(1), li, "[għ]as-sena ta' marketing 2000/2001, l-għajnuna għall-produzzjoni stabbilita f'Artikolu 4 [tar-Regolament ta' bażi] hija ffissata fl-Anness II". L-ammont ta' l-għajnuna tal-produzzjoni ġie stabbilit f'17,178 EUR għal kull 100kg net ta' konċentrat tat-tadam b'kontenut niexef li jiżen 28% jew aktar imma inqas minn 30%. Il-fatti li wasslu għall-kawża 5       Il-fatti li wasslu għall-kawża huma esposti fis-sentenza kkontestata kif ġej: "5      B'ittra ta' l-4 ta' Frar 2000, il-Kummissjoni talbet lill-awtoritajiet Ċiniżi jgħaddulha malajr kemm jista' jkun l-informazzjoni neċessarja, billi jimlew il-kwestjonarju li ntbagħat flimkien ma' l-ittra, sabiex tiġi stabbilita l-għajnuna għas-sena ta' marketing 2000/2001 fis-settur tal-frott u ħxejjex ipproċessati. Din l-ittra baqgħet mingħajr risposta. 6      Wara li ġie adottat ir-Regolament Nru 1519/2000, delegazzjonijiet u assoċjazzjonijiet rappreżentattivi tal-produtturi tal-prodotti pproċessati abbażi tat-tadam ta' Spanja, ta' Franza, tal-Greċja, ta' l-Italja u tal-Portugall ressqu flimkien l-oġġezzjonijiet tagħhom lill-Kummissjoni u huma kkontestaw il-fatt li ma ttiħidx in kunsiderazzjoni l-prezz tat-tadam Ċiniż sabiex jiġi stabbilit l-ammont ta' l-għajnuna konċessa. 7      L-organizzazzjoni ewropea ta' l-industriji tal-kunserva tat-tadam (minhawn 'il quddiem imsejħa l' "OEICT") u l’Associação Portuguesa dos Industriais de Tomate indirizzaw lill-Kummissjoni aktar talbiet għall-modifika ta' l-ammont konċess. Waħda minn dawn it-talbiet kellha magħha kopja ta' kuntratt li kien fih il-prezz tal-prodott imħallas lill-produttur Ċiniż. 8      B'ittra tal-5 ta' Marzu 2001, indirizzata lill-Ministru ta' l-Agrikoltura Portugiż, bħala risposta lit-talba għar-reviżjoni tal-kalkolu ta' l-ammont ta' l-għajnuna, il-Kummissjoni indikat li l-iffissar ta' l-ammont ta' l-għajnuna għall-ipproċessar tat-tadam għas-sena tal-marketing 2000/2001 ġie effettwat strettament skond l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament ta' bażi. Hija kkonfermat ukoll li rċeviet risposta, fit-13 ta' Diċembru 2000, għall-ittra ta' l-OEICT li fiha kienet indikat il-prezz ta' kuntratt konkluż maċ-Ċina, iżda hi żiedet ukoll li kien impossibbli għaliha li timmodifika d-deċiżjoni tagħha abbażi ta' prezz stipulat f'kuntratt, li mhux ikkonfermat mill-awtoritajiet nazzjonali kkonċernati. 9      F'Settembru 2001, is-servizzi diplomatiċi Spanjoli f'Pekin kisbu ċertifikat li kien ġej mill-awtoritajiet Ċiniżi li kien jindika, għas-snin tal-marketing 1999 u 2000, il-prezz medju tat-tadam li ġie mħallas lill-produtturi tal-provinċja Xinjiang, li tirrappreżenta bejn wieħed u ieħor 88% tal-produzzjoni totali Ċiniża tat-tadam ipproċessat. Dan id-dokument ġie trasmess lill-membru tal-Kummissjoni responsabbli, M. Fischler, fid-9 ta' Novembru 2001, mill-Ministru ta' l-Agrikoltura Portugiż, u kif ukoll, fis-7 ta' Diċembru 2001, mill-OEICT. 10      Fil-31 ta' Jannar 2002, il-Kummissjoni rrispondiet lil din l-organizzazzjoni ta' l-aħħar fejn għal darb'oħra enfasizzat il-konformità ta' l-iffissar ta' l-ammont ta' l-għajnuna skond l-Artikoli 3 u 4 tar-Regolament ta' bażi. Barra minnhekk, il-Kummissjoni bbażat ruħha fuq il-fatt, li skond hi l-industrija komunitarja tat-tadam kienet laħqet livell rekord ta' trasformazzjoni, u ma ġiet bl-ebda mod żvantaġġata, għaldaqstant kienet tal-fehma li ma kienx neċessarju li tirrivedi r-Regolament Nru 1519/2000. 11      Wara laqgħa, li nżammet fis-6 ta' Novembru 2002, u korrispondenza varja indirizzata mir-rikorrenti lill-Kummissjoni, din ta' l-aħħar iddikjarat, b'ittra tas-7 ta' Jannar 2003, li hija ma kellha l-ebda raġuni li tirrevedi r-Regolament Nru 1519/2000." Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza u s-sentenza kkontestata 6       B’att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim'Istanza fit-18 ta' Awwissu 2003, ir-rikorrenti ressqu rikors intiż sabiex il-Kummissjoni tiġi ordnata tħallashom kumpens għad-dannu mġarrab wara l-adozzjoni tar-Regolament Nru 1519/2000. 7       Wara li fakkret li l-istabbiliment tar-responsabbiltà extrakuntrattwali tal-Komunità jippreżupponi l-għaqda ta' serje ta' kundizzjonijiet li jwasslu għall-illegalità ta' l-aġir allegat fil-konfront ta' l-istituzzjonijiet komunitarji, ir-realtà tad-dannu u l-eżistenza ta' rabta kawżali bejn l-aġir illegali u d-dannu invokat, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkonstatat aġir illegali tal-Kummissjoni. 8       Fil-punt 54 tas-sentenza kkontestata, fil-fatt ġie kkunsidrat, minn naħa, li "l-inattività tal-Kummissjoni wara li bagħtet l-ittra ta' l-4 ta' Frar 2000 [tikkostitwixxi] ksur, skond il-ġurisprudenza, suffiċjentement karatterizzat, skond il-ġurisprudenza, tal-prinċipji ta' premura u amministrazzjoni tajba". 9       Fil-punt 61 ta' l-istess sentenza, hija qieset, min-naħa l-oħra, li, "peress li l-kontenut tar-Regolament Nru 1519/2000 ma jiħux in kunsiderazzjoni l-prezz tal-materja prima ta' pajjiż wieħed prinċipali produttur u esportatur, li hu ċ-Ċina, dan ir-Regolament jinjora l-kundizzjonijiet imperattivi stabbiliti fl-Artikolu 4(1)(2) tar-Regolament ta' bażi [u li illegalità bħal din, li tikkostitwixxi ksur suffiċjentement ikkaratterizzat ta' regola li għandha bħala għan li tagħti d-drittijiet lill-individwi, hi suxxettibbli li tpoġġi l-Komunità b'responsabbiltà extrakuntrattwali minħabba l-konsegwenzi dannużi tagħha". 10     F'dak li jikkonċerna d-dannu allegat, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet kif ġej: "70      Huwa tajjeb li nfakkru li, skond il-ġurisprudenza (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-27 ta' Jannar 1982, De Franceschi vs Il-Kunsill u L-Kummissjoni, 51/81, Ġabra p.117, punt 9, u Birra Wührer et vs Il-Kunsill u L-Kummissjoni, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 u 5/81, Ġabra p.85, punt 9; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tat-18 ta' Mejju 1995, Wafer Zoo vs Il-Kummissjoni, T-478/93, Ġabra p.II - 1479, punt 49), id-dannu li għalih qed jintalab kumpens irid ikun reali u ċert. 71      Hija r-responsabbiltà tal-parti rikorrenti li ġġib elementi ta' prova lill-Imħallef Komunitarju sabiex tiġi stabbilta l-eżistenza u l-iskop ta' dannu bħal dan (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta' Mejju 1976, Roquette Frères vs Il-Kummissjoni, 26/74, Ġabra p.677, punti 22 sa 24; sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tad-9 ta' Jannar 1996, Koelman vs Il-Kummissjoni, T-575/93, Ġabra p.II - 1, punt 97, u tat- 28 ta' April 1998, Dorsch Consult vs Il-Kunsill u L-Kummissjoni, T-184/95, Ġabra p.II - 667, punt 60). 72      Ir-rikorrenti evalwaw id-dannu tagħhom mad-differenza preċiża bejn l-ammont ta' l-għajnuna li kienet ġiet stabbilita fir-Regolament Nru 1519/2000 u dik li kienet ser tiġi stabbilita li kieku l-Kummissjoni ħadet in kunsiderazzjoni l-prezz Ċiniż. 73      Fl-ewwel lok, huwa tajjeb li jiġi msemmi li l-prezzijiet Ċiniżi li huma bbażaw fuqhom huma dawk miksuba minnhom mingħand l-intermedjarju tas-servizzi diplomatiċi Spanjoli f'Pekin. Kien jikkonsisti fi prezz medju tat-tadam imħallas lill-produtturi tal-provinċja ta' Xinjiang, li kienet tirrappreżenta, skond ir-rikorrenti, madwar 88% tal-produzzjoni Ċiniża tat-tadam ipproċessat. Dawn iċ-ċifri ġew ikkontestati mill-Kummissjoni bħala ċifri li jirrappreżentaw medja baxxa. Mill-bqija l-Kummissjoni ma kinitx f'pożizzjoni li tevalwa jekk dawn kinux konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament ta' bażi. Fl-istess ħin, fl-evalwazzjoni ta' sitwazzjoni ekonomika kumplessa, is-setgħa diskrezzjonali tagħha tapplika wkoll għal konstatazzjoni ta' fatti bażiċi (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Ottubru 1980, Roquette vs il-Kunsill, 138/79, Ġabra p.3333, punt 25). 74      Fil-fatt, bil-mod kif ir-Regolament ta' bażi jikkonferixxi lill-Kummissjoni ċertu marġni ta' diskrezzjoni fl-istabbiliment ta' l-ammont ta' l-għajnuna, huwa impossibbli li tiddetermina fiċ-ċert l-impatt li kien ser ikun hemm fuq l-ammont għall-għajnuna, li kieku l-prezz li suppost tħallas lill-produtturi Ċiniżi tat-tadam ittieħed in kunsiderazzjoni. L-Artikolu 4(1), [tar-Regolament ta' bażi] ma jistabbilixxix li l-għajnuna għal produzzjoni trid tkun daqs id-differenza bejn il-prezz minimu mħallas lill-produttur fil-Komunità u l-prezz tal-materja prima tal-pajjiżi terzi prinċipali. Iżda jistabbilixxi biss limitu massimu. 75      F'dan ir-rigward, huwa tajjeb li jissemma li l-fatt li l-Kummissjoni setgħet fil-passat tiffissa l-ammont ta' l-għajnuna f'livell li jirrifletti eżattament id-differenza bejn il-prezz minimu mħallas mill-produttur fil-Komunità u l-prezz tal-materja prima fil-pajjiżi terzi prinċipali produtturi u esportaturi ma jobbligahiex bl-ebda mod li żżomm l-għajnuna fuq dan il-livell. L-istess tkun qed tmur kontra l-iskop tar-Regolament ta' bażi jekk il-Kummissjoni ma tiħux in kunsiderazzjoni l-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni tas-swieq internazzjonali u toħloq f'eventwalità bħal din aktar diffikultà għaċ-ċirkulazzjoni tal-prodotti komunitarji. 76      Ir-rikorrenti ma jistgħux jinvokaw dritt għall-għajnuna massima li hi ekwivalenti għad-differenza bejn il-prezz minimu mħallas lill-produtturi fil-Komunità u l-prezz tal-materja prima tal-pajjiżi terzi prinċipali wara li jittieħdu in kunsiderazzjoni l-prezzijiet Ċiniżi. 77      Fl-istess ħin, id-dannu kkalkulat mir-rikorrenti u dettaljat fl-iskeda ta' l-Anness A.27 mar-rikors m'hemmx għalfejn ikollu karattru ċert." 11     Billi kkunsidrat li l-kundizzjonijiet kollha flimkien li jwasslu għar-responsabbiltà extrakuntrattwali tal-Komunità ma ġewx sodisfatti, il-Qorti tal-Prim'Istanza ċaħdet ir-rikors. It-talbiet tal-partijiet u l-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja 12     Ir-rikorrenti jitolbu lill-Qorti tal-Ġustizzja: –       tannulla parzjalment is-sentenza kkontestata, sa fejn hija qieset li d-dannu ma kienx ċert u ċaħdet ir-rikors; u, li, billi tiddeċiedi mill-ġdid, –       preliminarjament, peress li l-kundizzjonijiet tar-responsabbiltà extrakuntrattwali tal-Komunità ġew sodisfatti f'dan il-każ, tordna lill-Kummissjoni tħallas, lil kull waħda minnhom, il-bqija ta' l-għajnuna għall-produzzjoni flimkien ma' l-interessi b’rata li tiġi ffissata mill-Qorti tal-Ġustizzja, li tibda tgħodd mit-12 ta' Lulju – jew, sussidjarjament, li tibda tgħodd mit-13 ta' Lulju 2000 jew, sussidjarjament għat-talba preċedenti, li tibda tgħodd mis-16 ta' Lulju 2000 – sal-ġurnata tal-ħlas effettiv, u tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż kollha fiż-żewġ istanzi, inklużi wkoll dawk tagħhom; –       sussidjarjament, tibgħat lura l-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, sabiex tippronunzja ruħha fuq l-ammonti ta' kumpens li jridu jitħallsu lilhom, wara li jinstemgħu mill-ġdid, u tordna lill-Kummissjoni tbati l-ispejjeż – inklużi dawk tagħhom – fil-proċedura ta' l-appell u fil-proċedura ta' l-ewwel istanza quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza. 13     Il-Kummissjoni titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja: –       tiċħad l-appell bħala parzjalment inammissibbli u, f’kull każ, bħala infondat; –       tordna lir-rikorrenti jbatu l-ispejjeż. 14     Bid-digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-19 ta' Ottubru 2005, il-kumpanniji Carmine Tagliamonte & C. Srl, Cbcotti Srl, Cirio del Monte Italia SpA, Fratelli Longobardi Srl, G3 Srl, La Regina del Pomodoro Srl, La Regina di San Marzano di Antonio, Felice e Luigi Romano Snc, Lodato Gennaro & C. SpA, Pelati Sud di De Stefano Catello Sas, Prodakta SA, Rispoli Luigi & C. Srl, Saviano Pasquale Srl, Sevath SA, Silaro Conserve Srl u Transformaciones Agrícolas de Badajoz, SA, li ċedew l-appell tagħhom, ġew imħassra mis-sentenza C‑243/05 P u l-ispejjeż korrispondenti għall-appell imressaq minn dawn il-kumpanniji kellhom ibatuhom huma stess. Fuq l-Appell L-argumenti tal-partijiet 15     In sostenn ta' l-appell tagħhom, ir-rikorrenti żviluppaw erba' motivi. L-ewwel motiv huwa bbażat fuq żball ta' dritt fil-kwalifika tad-dannu. It-tieni huwa dwar ksur tal-prinċipju ta' audi alteram partem u d-dritt li tinstema’. It-tielet motiv huwa bbażat fuq denaturazzjoni tat-talbiet tar-rikorrenti. Ir-raba' motiv huwa dwar in-nuqqas ta' teħid in kunsiderazzjoni mill-Qorti tal-Prim’Istanza tas-setgħat tagħha ta' ġurisdizzjoni sħiħa u tad-dover tagħha li tiddeċiedi, kif ukoll ta' l-eżistenza ta' ċaħda ta' ġustizzja. 16     L-ewwel motiv ġie maqsum f'żewġ partijiet. L-ewwel waħda minn dawn il-partijiet hija dwar in-nuqqas ta' teħid in kunsiderazzjoni tal-ġurisprudenza komunitarja u tal-prinċipji magħrufa fis-sistemi legali nazzjonali fil-qasam ta' responsabbiltà extrakuntrattwali, fejn il-Qorti tal-Prim'Istanza kienet interpretat b'mod żbaljat il-kunċett ta' "dannu ċert" u kkonfondiet id-determinazzjoni tan-natura tad-dannu u l-kalkolu eżatt ta' l-ammont ta' dan ta' l-aħħar. It-tieni parti hija bbażata fuq il-fatt li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma kinitx waslet, fir-rigward tar-rikonoxximent tad-dritt għal dannu tar-rikorrenti, għall-konsegwenzi tal-kostatazzjonijiet tagħhom dwar l-illegalità ta' l-aġir tal-Kummissjoni. 17     Fil-kuntest ta' l-ewwel parti ta' dan l-ewwel motiv, ir-rikorrenti jqisu li l-kundizzjoni li l-Kummissjoni għandha marġni ta' diskrezzjoni fl-iffissar ta' l-ammont ta' għajnuna għall-produzzjoni ma tippermettix li dannu allegat jitqies bħala wieħed li mhuwiex ċert. Sakemm dan huwa prevedibbli b'ċertezza suffiċjenti u jista’ jiġi evalwat, dannu jista' jagħti lok għal kumpens, indipendentement mill-fatt li dan ma jkunx għadu ġie kkwantifikat. F'dan il-każ, id-dannu allegat kien, mill-bqija ġie ddeliminat u evalwat bi preċiżjoni. L-eventwali inċertezza li tibqa’ kienet tikkonċerna biss id-determinazzjoni ta' l-ammont ta' dan id-dannu. Fin-nuqqas ta’ elementi neċessarji għall-kalkolu ta' dan l-ammont il-Qorti tal-Prim'Istanza kellha, skond ir-rikorrenti, tordna miżuri istruttorji u ta' organizzazzjoni tal-proċedura, jew tagħti sentenza intelokutorja. 18     Ir-rikorrenti jaffermaw li, ċertament, jekk l-eżistenza ta' dannu reali u ċert tiġi eskluża fin-nuqqas ta' ħsara attwali ta' dritt jew ta' interess leġittimu, dannu bħal dan jeżisti meta minn naħa l-oħra, bħal f'dan il-każ, id-dannu allegat jirriżulta mill-impediment ta’ l-eżerċizzju, minħabba l-aġir illegali ta' l-istituzzjoni in kawża, ta’ dritt li l-eżistenza tiegħu hija stabbilita. 19     Huma jsostnu li l-evalwazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza tmur kontra l-prinċipji aċċettati mill-ordinamenti ġuridiċi nazzjonali f'dak li jirrigwarda l-kunċett ta' dannu ċert. 20     Fir-rigward ta' l-argument, żviluppat mill-Kummissjoni fir-risposta tagħha, li jgħid li r-rikorrenti ma stabilixxewx id-dannu reali allegat fin-nuqqas li ma wrewx li l-ammont ta' l-għajnuna ffissat fir-Regolament Nru 1519/2000 ma kienx ippermetta li jiġi estiż l-għan mogħti għall-għotja ta' għajnuna għall-produzzjoni, jiġifieri li tiddisponi mill-produzzjoni komunitarja, huma jsostnu li dan l-argument huwa ġdid u, għalhekk, inammissibbli. 21     F'kull każ, dan l-għan m'għandux jiġi kkunsidrat biss, taħt piena li jeskludi b'mod inġustifikat l-eżistenza ta' kwalunkwe dannu mill-mument li l-produzzjoni komunitarja jiddisponu minnha totalment, meta l-istess ammont ta' l-għajnuna akkordat għal dawk li jipproċessaw sabiex tittieħed in kunsiderazzjoni d-differenza bejn il-prezz minimu ordnat mill-Kummissjoni u l-prezz tal-pajjiżi terzi prinċipali kien ġie ffissat fuq livell inferjuri għal dak li ripetutament irriżulta mill-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti. 22     Il-Kummissjoni tikkontesta, fis-sentenza kkontestata, żball ta' dritt. 23     Hija ssostni li, fir-rigward tal-marġni ta' diskrezzjoni li hija għandha f'dan il-qasam, id-dannu allegat mir-rikorrenti m'għandux jiġi kkwalifikat bħala wieħed ċert. Wara kollox, l-ebda element ma kien jindika, f'dak iż-żmien, li hija kienet ser tirrinunzja milli tagħmel użu minn dan il-marġni ta' diskrezzjoni. B'mod partikolari, hija qatt ma kienet tat xi assigurazzjoni, li tista’ toħloq aspettattiva leġittima f'dawk li jipproċessaw, fir-rigward tal-fatt li hija ħadet in kunsiderazzjoni l-prezzijiet Ċiniżi għall-iffissar ta' l-għajnuna għas-sena ta’ marketing 2000/2001. 24     Barra minn hekk, il-Kummissjoni tqis li l-ilment invokat mir-rikorrenti, li jgħid li l-Qorti tal-Prim'Istanza ma kkwantifikatx l-ammont tad-dannu tagħhom u lanqas ma ħadet il-miżuri istruttorji għal dan il-għan, huwa bbażat fuq motiv ġdid, dwar l-eżistenza ta' dannu reali, li għandu, għaldaqstant, jiġi ddikjarat inammissibbli. 25     F'kull każ, sabiex jistabbilixxu d-dannu reali allegat, ir-rikorrenti kellhom, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, juru li l-għan ta' l-għajnuna, li huwa dak li jippermetti l-għotja tal-prodotti komunitarji, ma ġiex irrispettat. Issa, dawn qatt ma stabbilixxew, lanqas sostnew quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, li l-ammont ta' l-għajnuna ffissat mill-Kummissjoni ma kienx jippermetti li jintlaħaq dan il-għan. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja 26     Jirriżulta minn ġurisprudenza kostanti li l-obbligu tar-responsabbiltà extrakuntrattwali tal-Komunità skond it-tieni subparagrafu ta' l-Artikolu 288, KE huwa suġġett għal numru ta’ kundizzjonijiet f'dak li jikkonċerna l-illegalità ta' l-imġiba kkontestata lill-istituzzjonijiet komunitarji, id-dannu reali u l-eżistenza ta' rabta ta' każwalità bejn l-imġiba ta' l-istituzzjoni u d-dannu invokat (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi Birra Wührer et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, iċċitata iktar 'il fuq, u tat-30 ta' Ġunju 2005, Alessandrini et vs Il-Kummissjoni, C‑295/03 P, Ġabra p. I‑5673, punt 61). 27     It-tieni kundizzjoni, dwar id-dannu teżiġi li d-dannu li qiegħed jiġi mitlub kumpens għalih huwa reali u ċert (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq, De Franceschi vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, punt 9, u Birra Wührer et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, punt 9), li dan huwa fl-obbligu tar-rikorrenti li tippruvah (ara s-sentenzi Roquette Frères vs Il-Kummissjoni, iċċitata iktar 'il fuq, punt 24, u tas-16 ta' Settembru 1997, Blackspur DIY et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C‑362/95 P, Ġabra p. I‑4775, punt 31). 28     F'dan il-każ, il-Qorti tal-Prim'Istanza ddeċidiet li d-dannu allegat mir-rikorrenti kien nieqes minn natura ċerta. 29     Hija ssostni, minn naħa, li l-marġni ta' diskrezzjoni kkonferit mir-Regolament ta' bażi lill-Kummissjoni għall-iffissar ta' l-ammont ta' għajnuna għall-produzzjoni jżomm milli tiġi ddeterminata b'ċertezza l-karatteristika tat-teħid in kunsiderazzjoni tal-prezz imħallas lill-produtturi tat-tadam Ċiniżi fuq l-ammont ta' din l-għajnuna. Min-naħa l-oħra, hija rrilevat li l-Kummissjoni kkontestat ir-rappreżentattività tad-data relattiva għall-prezzijiet ċiniżi li fuqhom ir-rikorrenti bbażaw lilhom infushom sabiex jivvalutaw id-dannu tagħhom. 30     F'dan ir-rigward, huwa tajjeb li jiġi osservat li ċ-ċirkustanza li l-istituzzjoni komunitarja għandha setgħa kbira ta' diskrezzjoni fil-qasam ikkonċernat m'għandhiex, bħala tali, twassal awtomatikament għaċ-ċaħda ta' natura ċerta għad-dannu allegat, li jirriżulta mill-aġir illegali ta' din l-awtorità. 31     Li ssostni l-kuntrarju jfisser li tippriva kull portata utli tar-rikors għal kumpens f'dawn l-oqsma, bħal dawk ta' l-organizzazzjoni komuni tas-swieq, fejn l-istituzzjonijiet komunitarji jgawdu, fl-eżerċizzju tas-setgħa tagħhom regolamentari u deċiżjonali, marġni kbir ta' diskrezzjoni billi jittieħdu in kunsiderazzjoni, b'mod partikolari, il-valur u l-għażliet ekonomiċi marbutin ma' dawn l-oqsma. 32     Ir-rikonoxximent ta' marġni ta' diskrezzjoni lill-istituzzjoni kkontestata, barra minn hekk f'ċertu numru ta' każijiet ma kinitx ta' ostaklu, f’ċertu numru ta’ każijiet, għall-Qorti tal-Ġustizzja li tikkonstata l-eżistenza ta' dannu li jista' jiġi kkumpensat (ara, b'mod partikolari, is-sentenzi ta' l-14 ta' Mejju 1975, CNTA vs Il-Kummissjoni, 74/74, Ġabra p. 533, u ta' l-4 ta' Ottubru 1979, Ireks-Arkady vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, 238/78, Ġabra p. 2955). 33     F'dawn iċ-ċirkustanzi, hemm bżonn li jiġi vverifikat, fid-dawl taċ-ċirkustanzi partikolari li jikkaretterizzaw din il-kawża (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tal-15 ta' Ġunju 2000, Dorsch Consult vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C‑237/98 P, Ġabra p. I‑4549, punt 25), jekk il-Qorti tal-Prim'Istanza hijiex intitolata tikkunsidra li l-marġni ta' diskrezzjoni li għandha l-Kummissjoni għall-iffissar ta' l-ammont ta' għajnuna għall-produzzjoni bis-saħħa tar-Regolament ta' bażi hijiex tali li teskludi milli jiġi rrikonoxxut lid-dannu allegat mir-rikorrenti natura ċerta. 34     F'dan ir-rigward, hemm lok li jiġi osservat li l-eżistenza ta' din il-marġni ta' diskrezzjoni, kif ukoll ir-riżervi maħruġa mill-Kummissjoni fuq ir-rappreżentattività tad-data relattiva għall-prezz Ċiniż indikati mir-rikorrenti, kienu, ċertament, ta' natura li jostakolaw lill-Qorti tal-Prim'Istanza milli tiddetermina b'ċertezza l-karatteristika preċiża tan-nuqqas illegali tal-Kummissjoni li tieħu in kunsiderazzjoni l-prezz Ċiniż fuq l-ammont ta' l-għajnuna in kwistjoni. 35     Barra minnhekk, meta tittieħed in kunsiderazzjoni din il-marġni ta' diskrezzjoni, mhuwiex ċert jekk ir-rikorrenti għandhomx dritt għall-ammont eżatt li fuqu huma kkalkolaw id-dannu tagħhom quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, jiġifieri, hekk kif ġie mfakkar fil-punt 72 tas-sentenza kkontestata, dak li jikkorrispondi mad-"differenza bejn l-ammont għall-għajnuna stabbilit fir-Regolament Nru 1519/2000 u dak li suppost ġie stabbilit li kieku l-Kummissjoni ħadet in kunsiderazzjoni l-prezzijiet Ċiniżi". 36     Għalhekk kunsiderazzjonijiet bħal dawn jawtorizzaw biss lill-Qorti tal-Prim'Istanza tikkonstata inċertezza fir-rigward ta' l-estensjoni eżatta tad-dannu invokat, iżda mhux li tikkonkludi nuqqas ta' natura ċerta ta' l-istess eżistenza ta' dan id-dannu. 37     Fil-fatt, hekk kif osservat il-Qorti tal-Prim'Istanza fil-punt 50 tas-sentenza kkontestata, huwa kostanti li ċ-Ċina kienet meqjusa, fil-mument ta' l-iffissar ta' l-għajnuna in kwistjoni, bħala waħda mill-pajjiżi terzi ewlenin li l-produzzjoni tagħhom qegħda f'kompetizzjoni mal-produzzjoni komunitarja. 38     Barra minn hekk, in-nuqqas illegali ta’ teħid in kunsiderazzjoni mill-Kummissjoni tal-prezzijiet Ċiniżi wassal għal prezz stmat, tat-tadam tal-pajjiżi terzi ewlenin produtturi u esportaturi sensibbilment superjuri għal dak li kellu jirriżulta wara t-teħid in kunsiderazzjoni ta' dawn il-prezzijiet. Il-Qorti tal-Prim'Istanza stess ħadet nota, fil-punt 67 tas-sentenza kkontestata, tad-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni li tgħid li t-teħid in kunsiderazzjoni seta' jwassal għal diminuzzjoni "sensibbli" tal-prezz stmat tal-materja prima tal-pajjiżi terzi produtturi u esportaturi. 39     Quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, ir-rikorrenti impenjaw ruħhom li jistabbilixxu li, bit-teħid in kunsiderazzjoni ta' dawn l-elementi, l-ammont ta' għajnuna għall-produzzjoni kien, fin-nuqqas ta' aġir illegali tal-Kummissjoni, jiġi bilfors iffissat f'livell superjuri għal dak previst mir-Regolament Nru 1519/2000. 40     Hekk kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 32 tal-konklużjonijiet tiegħu, f'dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kummissjoni kellha, sabiex tiċħad in-natura ċerta taż-żieda ta' l-għajnuna allegata mir-rikorrenti, tistabbilixxi li ż-żamma ta' l-għajnuna f'livell preċiż iffissat bir-Regolament Nru 1519/2000 huwa kompatibbli ma' l-applikazzjoni korretta ta' l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta' bażi. Issa, analiżi bħal din manifestament kienet nieqsa, billi fil-fatt il-Kummissjoni llimitat ruħha li tuża s-setgħa diskrezzjonali tagħha f'dan il-qasam, kif jirriżulta mill-punt 67 tas-sentenza kkontestata. 41     Konsegwentement, il-Qorti tal-Prim'Istanza wettqet żball ta' dritt meta kkonstatat nuqqas ta' natura ċerta ta' dannu allegat abbażi ta' elementi msemmija fil-punt 29 ta' din is-sentenza. 42     Barra minhekk, anki jekk wieħed jissoponi, skond dak li sostniet il-Kummissjoni fis-seduta quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, li fattur bħal dan previst fl-Artikolu 4(2)(c) tar-Regolament ta' bażi, dwar l-evoluzzjoni tal-kummerċ fis-swieq internazzjonali, seta’ jagħti lok għal tweżin differenti fil-kuntest ta' kalkolu bit-teħid in kunsiderazzjoni tal-prezzijiet Ċiniżi, bilfors għandu jiġi kkonstatat, minn dak kollu li ntqal fil-punti 37 sa 40 ta' din is-sentenza, li r-rikorrenti bilfors kienu jsibu lilhom infushom f'sitwazzjoni aħjar li kieku l-Kummissjoni ma naqsitx illegalment li tieħu in kunsiderazzjoni l-prezzijiet Ċiniżi waqt l-iffissar ta' l-ammont ta' għajnuna għall-produzzjoni. L-eżistenza tad-dannu invokat mir-rikorrenti, għaldaqstant, 'l bogħod milli tkun ipotetika jew purament eventwali, hija inkontestabbli. Minkejja l-eżistenza ta' inċertezza fir-rigward tal-kwantifikazzjoni eżatta tiegħu, dan id-dannu jista’ barra minn hekk jiġi ekonomikament ivvalutat. 43     L-analiżi preċedenti ma tistax tiġi kkontestata bl-argument tal-Kummissjoni dwar in-nuqqas ta' diffikultajiet ta' għotja tal-produzzjoni komunitarja matul is-sena ta' marketing ikkonċernata. 44     Fil-fatt, mingħajr ma huwa neċessarju li tiddeċiedi fuq l-ammissibbiltà ta' dan l-argument, huwa tajjeb li jiġi osservat li s-sistema ta' għajnuna għal produzzjoni istitwita, favur dawk li jipproċessaw, mir-Regolament ta' bażi sabiex tikkumpensa d-differenza bejn il-prezz minimu mħallas lill-produtturi komunitarji u l-prezz medju fil-pajjiżi terzi hija stabbilita b'dan ir-Regolament u bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 504/97 tad-19 ta' Marzu 1997, li jistipula regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament Nru 2201/96 fir-rigward tas-sistema ta' għajnuna għall-produzzjoni fis-settur tal-prodotti pproċessati minn frott u ħxejjex (ĠU L 78, p. 14) ta' sistema li tistrieħ fuq il-konklużjoni, qabel il-perijodu ta' tħawwil, tal-kuntratti preliminari bejn dawk li jipproċessaw u l-produtturi kif ukoll fuq l-iffissar tal-kwoti tal-produzzjoni, iddestinati li jassiguraw il-korrispondenza bejn il-kwantitajiet prodotti u l-kwantitajiet ipproċessati, u, b’hekk, li jiġu evitati d-diffikultajiet ta' l-għotjiet li jistgħu jirriżultaw minn espansjoni kunsiderevoli tal-produzzjoni (ara l-ħames premessa tar-Regolament ta' bażi u s-seba' premessa tar-Regolament Nru 504/97). 45     Kif osserva l-Avukat Ġenerali fil-punt 39 tal-konklużjonijiet tiegħu, dawk li jipproċessaw jiġu b’hekk inkoraġġati li jimpenjaw ruħhom, permezz ta' kuntratti preliminari, sabiex jiddisponu mill-produzzjoni komunitarja limitata skond il-bżonnijiet reali ta' l-industrija ta' l-ipproċessar, li titpatta bl-għajnuna ddestinata li tikkumpensa, b'osservanza tal-kriterji imperattivi msemmija fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta' bażi, ir-riskju kummerċjali kollu jew parti minnu marbut max-xiri tat-tadam fil-Komunità bi prezz superjuri għal dak ipprattikat mill-produtturi tal-pajjiżi terzi. 46     F'dawn iċ-ċirkustanzi, il-fatt li din is-sistema ta' tmexxija ppjanifikata hija permessa sabiex tassigura li tiġi disposta l-produzzjoni komunitarja matul is-sena ta' marketing in kwistjoni ma tippermettix li tħassar l-eżistenza ta' dannu kummerċjali subit mir-rikorrenti wara l-iffissar, għal din is-sena ta' marketing , ta' l-ammont ta' għajnuna f'livell insuffiċjenti minħabba l-fatt li l-Kummissjoni f'din l-okkażjoni naqset, bi ksur ta' l-Artikolu 4(2) tar-Regolament ta' bażi, li tieħu in kunsiderazzjoni l-prezzijiet Ċiniżi. 47     Fid-dawl ta’ dak kollu li ntqal qabel, u mingħajr ma hemm bżonn li tiġi eżaminata t-tieni parti, l-ewwel motiv għandu jiġi kkunsidrat bħala fondat. 48     Mingħajr m'hemm bżonn li jiġu eżaminati l-motivi l-oħra ta' l-appell, hemm lok li l-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza kkontestata safejn ġie miċħud ir-rikors tar-rikorrenti f'dan l-appell minħabba li d-dannu allegat ma kienx ċert u, konsegwentement, safejn dawn ġew ordnati jbatu ħames partijiet minn sitta ta' l-ispejjeż tagħhom u l-Kummissjoni tbati, minnbarra l-ispejjeż tagħha, parti waħda mis-sitt partijiet ta' l-ispejjeż tar-rikorrenti. Fuq ir-rinviju tal-kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza 49     Skond l-ewwel paragrafu ta' l-Artikolu 61 ta' l-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja, din il-Qorti tista' fil-każ ta' annullament tad-deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, taqta' definittivament il-kawża meta din tkun fi stat li tiġi deċiża, jew tirrinvija l-kwistjoni quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex din tiddeċiedi fuqha. 50     F'dan il-każ, peress li d-determinazzjoni ta' l-estensjoni eżatta tad-dannu subit mir-rikorrenti jimplika kunsiderazzjonijiet kumplessi, hemm lok li l-kawża tintbagħat lura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex hija tiddeċiedi fuq l-ammont ta' kumpens ta' dan id-dannu. 51     Peress li l-kawża ntbagħtet lura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza, hemm lok li jiġu rriżervati l-ispejjeż ta' din il-proċedura ta' appell. Għal dawn il-motivi, il-Qorti tal-Ġustizzja (l-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi li: 1) Is-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej tas-17 ta' Marzu 2005, Agraz et vs Il-Kummissjoni (T‑285/03), hija annullata safejn ġie miċħud ir-rikors tar-rikorrenti f'dan l-appell minħabba li d-dannu allegat ma kienx ċert u, konsegwentement, safejn dawn ġew ordnati jbatu ħames partijiet minn sitta ta' l-ispejjeż tagħhom u l-Kummissjoni tbati, minnbarra l-ispejjeż tagħha, parti waħda mis-sitt partijiet ta' l-ispejjeż tar-rikorrenti. 2) Il-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza tal-Komunitajiet Ewropej. 3) L-ispejjeż huma rriżervati. Firem * Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

62009CJ0248

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 4, точка 10 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 302, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58), изменен с Регламент (EО) № 82/97 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 година (ОВ L 17, 1997 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 9, стр. 250, наричан по-нататък „Митнически кодекс“), на член 448 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент № 2913/92 (ОВ L 253, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 7, стр. 3), изменен с Регламент (ЕО) № 2787/2000 на Комисията от 15 декември 2000 година (ОВ L 330, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 13, стр. 17, наричан по-нататък „Регламент за прилагане“), както и на глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 236, 2003 г., стр. 33, наричан по-нататък „Акт за присъединяване“). Запитването е отправено в рамките на спор между Pakora Pluss SIA (наричано по-нататък „Pakora Pluss“) и Valsts ieņēmumu dienests (латвийската данъчна администрация, наричана по-нататък „VID“) относно плащането на мита и данък върху добавената стойност (наричан по-нататък „ДДС“), които дружеството дължи за извършения на 3 май 2004 г. внос по море на автомобил от Германия в Латвия. Правна уредба Правна уредба на Съюза Митническият кодекс Според член 4, точка 10 от Митническия кодекс под „Вносни сборове“ следва да се разбира: „—      митата и таксите с равностоен ефект, дължими при вноса на стоки, —      [налозите] при внос, въведени съгласно общата селскостопанска политика или съгласно специфични режими, приложими за определени стоки, получени от преработката на селскостопански продукти“. Член 79 от Митническия кодекс гласи следното: „Допускането за свободно обращение придава на необщностните стоки митнически статут на общностни стоки. Допускането за свободно обращение води до прилагането на мерките на търговската политика, извършването на други формалности, предвидени при вноса на стоки и облагането със законно дължимите сборове“. Член 161 от Митническия кодекс предвижда: „1.      Режимът износ позволява изнасяне на общностни стоки извън митническата територия на Общността. Той включва прилагане на формалностите, предвидени за изнасянето, включително и на мерките на търговската политика, а когато е предвидено — облагане с износни сборове. 2.      Общностните стоки, предназначени да бъдат изнесени, трябва да се поставят под режим износ с изключение на стоките, поставени под режим пасивно усъвършенстване или транзит съгласно член 163 и без да се засяга член 164. […] 4.      Случаите и условията, при които стоки, напускащи митническата територия на Общността, не подлежат на деклариране за износ, се определят съгласно процедурата на комитета. 5.      Декларацията за износ трябва да бъде представена в митническото учреждение, в района на което износителят е установен или стоките се опаковат или товарят за износ. Дерогациите се определят съгласно процедурата на комитета“. Член 162 от Митническия кодекс предвижда: „Износът се разрешава, когато стоките напускат митническата територия на Общността в същото състояние, в което са били при приемане на декларацията за износ“. Регламентът за прилагане Съгласно член 448 от Регламента за прилагане: „1.      Шипингови компании имат право да кандидатстват за разрешително да използват единен манифест вместо транзитна декларация, когато извършва[т] значителен брой редовни рейсове между държави членки (опростен режим — ниво [2]). По изключение от член 373, параграф 1, буква а), шипинговата компания не [трябва да е установена] на територията на Общността, ако разполага с регионални офиси там. 2.      При получаване на заявление за разрешение митническите органи известяват останалите държави членки, на чиято територия се намират началните и крайни пристанища. Когато в рамките на 60 (шестдесет) дни от датата на известието не се получат възражения, митническите органи издават разрешителното. Разрешителното е в сила във всички въпросни държави членки и се прилага само за митнически режим [общностен] транзит между пристанища, които упоменава. 3.      С цел облекчаване на режима, шипинговата компания има право да използва единен манифест за всички превозвани стоки; когато постъпи така, тя маркира със следните позиции манифестите си: a)      със символа „Т1“ когато стоките се поставят под митнически режим [вътрешен общностен] транзит; б)      със символа „ТF“ когато стоките се поставят под митнически режим вътрешен [общностен] транзит по реда на член 340в, параграф 1; в)      с буквите „TD“ стоки поставени под митнически режим транзит, или пренасяни по реда на митнически режим активно усъвършенстване, митническо складиране или временен внос. В подобни случаи шипинговата компания вписва буквите „TD“ в съответната товарителница или друг подобен търговски документ, както и препратка към използвания митнически режим, референтния номер и датата на транзитната декларация или трансферния документ и името на издаващата служба; г)      с буквата „С“ (равностойна на „Т2L“) стоки, чиито [общностен] статут може да се докаже; д)      с буквата „Х“ [общностни] стоки, които предстои да бъдат изнесени и които не са поставени под режим транзит. Манифестът съдържа задължително и информацията по реда на член 447, параграф 4. 4.      Митническият режим [общностен] транзит се счита за приключен, когато манифестът е на лице за митническите органи в крайното пристанище и стоките са им представени. Записите водени от шипинговите компании по реда на член 373, параграф 2, буква б) съдържат като минимум информацията, посочена в първа алинея на параграф 3. При необходимост от проверка или сверяване митническите органи от крайното пристанище изпращат до митническите органи от началното пристанище данните от получени манифести. 5.      Без да се [засяга действието на] разпоредбите на членове 365 и 366, членове от 450а до 450г и дял VII на Кодекса: a)      шипинговите компании известяват митническите органи за всички нарушения или нередности; б)      митническите органи от крайното пристанище известяват митническите органи на началното пристанище [и органа, издал разрешението,] за всички нарушения и нередности при първа предоставена им възможност.“ Актът за присъединяване Член 2 от Акта за присъединяване гласи: „От датата на присъединяване разпоредбите на Учредителните договори и актовете, приети от институциите и от Европейската централна банка преди присъединяването, са задължителни за новите държави членки и се прилагат в тези държави при условията, предвидени в посочените договори и в настоящия акт“. Според член 22 от Акта за присъединяване: „Мерките, изброени в приложение ІV на настоящия акт, се прилагат съобразно условията, предвидени това приложение“. Приложение IV към Акта за присъединяване е озаглавено „Списък по смисъла на член 22 от Акта за присъединяване“. Глава 5 от посоченото приложение, озаглавена „Митнически съюз“, предвижда: „[…] [Митническият кодекс и Регламентът за прилагане] се прилагат в новите държави членки при спазването на следните особени разпоредби: 1.      Въпреки член 20 от Регламент (Е[И]О) № 2913/92, стоките, които към датата на присъединяването са временно складирани или попадат в обхвата на митнически направления и режими, посочени в член 4, параграф[…] 15, [буква] б) и [параграф] 16, [букви] б)—ж) от този [p]егламент в разширената Общност, или които се транспортират в рамките на разширената Общност след като са били предмет на износни формалности, се освобождават от мита и други митнически мерки, когато са пуснати за свободно [обращение] при условие, че е налице едно от следните: a)      доказателство за преференциален произход, издадено преди датата на присъединяване по смисъла на едно от следните Европейски споразумения (изброени по-долу) или по силата на някое от идентичните споразумения, сключени между самите нови държави членки, и които съдържат забрана за избягване на, или освобождаване от митата, прилагани за материалите, които са използвани за производството на продуктите, за които е издадено или съставено доказателството за произход; б)      всяко от доказателствата за статут на стока от Общността по смисъла на член 314 в и 315 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. […]“ Шеста директива Считано от 1 януари 2007 г., Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) отменя и заменя съществуващата в областта на ДДС правна уредба на Съюза, и по-конкретно Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стр. 1). Въпреки това Директива 2006/112, която влиза в сила след настъпване на фактите по главното производство, не е приложима. Член 2, параграф 2 от Шеста директива 77/388, изменена с Директива 91/680/ЕИО на Съвета от 16 декември 1991 година (ОВ L 376, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 1, стр. 110, наричана по-нататък „Шеста директива“), предвижда, че вносът на стоки се облага с ДДС. Член 7 от Шеста директива, озаглавен „Внос“, предвижда в параграф 1, буква a): „1.      „Внос на стоки“ означава: a)      влизането в Общността на стоки, които не отговарят на условията, предвидени в членове 9 и 10 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност […]“ Член 11, част Б от Шеста директива, отнасящ се до вноса на стоки, предвижда в параграф 3, буква a): „3.      Данъчната основа включва, доколкото вече не са включени:: a)      данъци, мита, налози и други такси, дължими извън внасящата държава членка, както и дължимите при внос, без [ДДС], подлежащ на събиране; […]“ Член 21 от Шеста директива, озаглавен „Лица — платци на данъка върху добавената стойност“ предвижда в параграф 2, че при внос ДДС се дължи от лицето или лицата, посочено/посочени или прието/приети за платец/платци в държавата членка на вноса. Национална правна уредба Съгласно член 2, параграф 2, точка 3 от Закона за данъка върху добавената стойност (likums par pievienotās vērtības nodokļi, Latvijas Vēstnesis , 1995 г., № 49) в редакцията, действаща към момента на настъпване на фактите по главното производство (наричан по-нататък „Закон за ДДС“), вносът на стоки се облага с ДДС в рамките на икономическата дейност. Член 2, параграф 8 от Закона за ДДС гласи: „При внос на стоки облагаемата стойност е митническата стойност на стоките, стойността на услугите по транспортиране на стоките от границите на Европейския съюз до получателя им (или до първото място на претоварване на територията на Република Латвия, посочено в придружаващите документи), митата и акцизите, както и други данъци и такси, дължими по силата на отделни нормативни актове, с изключение на ДДС, като включва и стойността на услугите, посочени в член 7, първа част, параграф 2 от настоящия закон, ако тази стойност не е включена в митническата стойност. […]“ Член 12, параграф 2 от Закона за ДДС, уреждащ условията за възстановяване на данъка, предвижда: „При внос на стоки данъкът се дължи от всяко лице, което пуска стоките в свободно обращение. Тогава данъкът върху внесените стоки става изискуем едновременно с митото“. Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси От акта за преюдициално запитване е видно, че на 30 април 2004 г. в Германия е съставен товарен манифест с оглед на транспортирането по море на автомобил с местоназначение Латвия. В Германия тази операция е обложена с ДДС при нулева ставка. На 3 май 2004 г. Pakora Pluss в качеството му на главно отговорно лице поставя посочения автомобил под режим общностен транзит. Митническата процедура не е проведена докрай. На 1 март 2006 г. с решение на Valsts ieņēmumu dienesta galvenā muitas pārvalde (главната митническа дирекция на VID) Pakora Pluss е осъдено да заплати в полза на бюджета сума, включваща мита и други такси, по съображение че не е представило документи, установяващи приключването на митническата процедура. Това решение е потвърдено от VID на 21 април 2006 г. С решение от 9 август 2007 г. Administratīvā rajona tiesa (окръжен административен съд) уважава жалбата на Pakora Pluss срещу посоченото решение. С решение от 22 юли 2008 г. Administratīvā apgabaltiesa (областен административен съд) отменя това съдебно решение. Pakora Pluss подава касационна жалба пред Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departaments (административно отделение на Сената на Върховния съд). То изтъква по-конкретно, че апелативната юрисдикция е приложила членове 447 и 448 от Регламента за прилагане, отнасящи се до транзита между държавите членки, въпреки че разглежданият товарен манифест е изготвен преди присъединяването на Република Латвия към Съюза. Освен това апелативната юрисдикция била приложила неправилно член 96 от Митническия кодекс, като го определила като главно отговорно лице за плащането на ДДС. При тези обстоятелства Augstākās tiesas Senāts Administratīvo lietu departaments решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1)      Може ли да се приеме, че са изпълнени формалностите при износ по смисъла на [глава 5,] точка 1 [от приложение IV към] Акта за присъединяване, в случай че е подаден товарен манифест, но не са извършени действията, предвидени в член 448 от Регламент № 2454/93 (германската митническа служба не е уведомила надлежно латвийската митническа служба за заявлението на шипинговата компания)? 2)      При отрицателен отговор на първия въпрос, може ли да се приеме при обстоятелства като тези по главното производство, че изобщо не са приложими правилата за митническите процедури (Регламенти № 2913/92 и № 2454/93)? 3)      При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване […] да се тълкува в смисъл, че ако стока, която се транспортира в разширената Общност, след като е била предмет на формалности за износ, не е допусната до свободно обращение, тя не се ползва от освобождаване от мита и други митнически мерки, макар да няма съмнение за общностния ѝ характер? С други думи, при обстоятелствата в конкретния случай от решаващо значение ли е въпросът дали е приключила процедурата за допускане до свободно обращение? 4)      Следва ли [ДДС] да се включи в понятието „вносни сборове“ по член 4, точка 10 от Регламент № 2913/92? 5)      При утвърдителен отговор на четвъртия въпрос, тежи ли задължението за плащане на [ДДС], дължим като част от митните сборове при внос на стока, върху главното отговорно лице или върху крайния получател на стоката? Възможно ли е това задължение да се раздели и при какви обстоятелства?“. По преюдициалните въпроси По първия въпрос С този въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване трябва да се тълкува в смисъл, че предвидените в нея формалности при износ са изпълнени, когато е съставен товарен манифест, но не са извършени действията, предвидени в член 448 от Регламента за прилагане. В това отношение следва да се посочи, че глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване предвижда по-специално че стоките, които към датата на присъединяването се транспортират в разширената Общност, след като са били предмет на формалности за износ, се допускат до свободно обращение при освобождаване от мита и други митнически мерки, ако се представи надлежно издадено преди датата на присъединяването доказателство за преференциален произход или някое от доказателствата за общностен характер, посочени в член 314 в и член 315 от Регламента за прилагане. Така глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване позволява стоки, които към 1 май 2004 г. се транспортират в разширената Общност, да бъдат внесени в нова държава членка при освобождаване от мита и други митнически мерки само ако са изпълнени три кумулативни условия. На първо място, стоките, които напускат митническата територия на Съюза и са с местоназначение държава, която все още не е членка на Съюза, трябва да са поставени под режим износ. Следователно формалностите, които трябва да бъдат извършени, са предвидените в членове 161 и 162 от Митническия кодекс, уреждащи износа. На второ място, тъй като транспортирането приключва след датата на присъединяване, стоките, внесени в държава — членка на Съюза, трябва да са допуснати до свободно обращение, за да получат митническия статут на общностна стока при условията, предвидени в член 79 от Митническия кодекс. На трето място, трябва да се представи доказателство за преференциалния произход на стоките или за техния общностен характер като посоченото в член 314 в и член 315 от Регламента за прилагане. След като към датата на присъединяването стоките се транспортират в разширената Общност, се прилага режимът, предвиден в глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване, който изключва прилагането на другите митнически режими. Следователно, тъй като режимът, предвиден в глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване, е изчерпателен, в такъв случай не се прилага член 448 от Регламента за прилагане, отнасящ се до облекчените процедури при транспортиране по море между държавите членки в рамките на режима на общностния транзит. Ето защо, включително когато е съставен товарен манифест при обстоятелствата, които следват от акта за преюдициално запитване, предвидените в член 448 от Регламента за прилагане действия не могат да заместят формалностите при износ, посочени в глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване. С оглед на изложените по-горе съображения на първия въпрос следва да се отговори, че глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване трябва да се тълкува в смисъл, че за да се провери дали са спазени посочените в нея формалности при износ, е без значение дали са извършени действията, предвидени в член 448 от Регламента за прилагане, дори когато е съставен товарен манифест. По втория въпрос Тъй като отговорът на първия въпрос е отрицателен, вторият въпрос следва да се разгледа. Този въпрос следва да се схваща в смисъл, че по същество с него се иска да се установи до каква степен Митническият кодекс и Регламентът за прилагане са приложими за новите държави — членки на Съюза, в случай че не са извършени предвидените в глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване формалности при износ по отношение на стоки, които към датата на присъединяването на тези нови държави членки се транспортират в разширената Общност. В това отношение следва да се отбележи, че в глава 5 от приложение IV към Акта за присъединяване е посочено, че Митническият кодекс и Регламентът за прилагане „се прилагат в новите държави членки при спазване на […] особени разпоредби“, една от които е точка 1 от посочената глава. От тази разпоредба, разглеждана във връзка с член 2 от Акта за присъединяване, следва, че считано от 1 май 2004 г., Митническият кодекс и Регламентът за прилагане са приложими в новите държави членки, освен ако към датата на присъединяването на тези държави към Съюза стоките се транспортират в разширената Общност. В такъв случай трябва да се приложи глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване. По аргумент за противното, когато по отношение на стоките, които се транспортират в разширената Общност, не са изпълнени формалностите при износ, не може да има позоваване на режима, предвиден в глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта. Поради това на втория въпрос следва да се отговори, че Митническият кодекс и Регламентът за прилагане са приложими в новите държави членки, считано от 1 май 2004 г., без да е възможно да се твърди, че се прилага режимът, предвиден в глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта за присъединяване, когато предвидените в нея формалности при износ не са изпълнени за стоки, които към датата на присъединяването на тези нови държави членки към Съюза се транспортират в разширената Общност. По третия въпрос Тъй като третият въпрос е зададен само в случай на утвърдителен отговор на първия въпрос, не следва да му се отговаря. По четвъртия въпрос С този въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 4, параграф 10 от Митническия кодекс трябва да се тълкува в смисъл, че вносните сборове включват подлежащия на събиране във връзка с вноса на стоките ДДС. Съгласно член 4, точка 10 от Митническия кодекс вносните сборове включват по-специално митата и таксите с равностоен ефект, дължими при вноса на стоки. От друга страна, член 2, параграф 2 от Шеста директива предвижда, че вносът на стоки се облага с ДДС. Член 11, част Б, параграф 3, буква a) от посочената директива уточнява по-специално че в данъчната основа трябва да се включат, доколкото вече не са включени, дължимите при внос данъци, мита, налози и други такси, с изключение на подлежащия на събиране ДДС. От тези разпоредби следва, че вносните сборове по смисъла на член 4, точка 10 от Митническия кодекс се включват в данъчната основа на подлежащия на събиране при вноса на стоки ДДС. При това положение на четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 4, параграф 10 от Митническия кодекс трябва да се тълкува в смисъл, че вносните сборове не включват подлежащия на събиране във връзка с вноса на стоки ДДС. По петия въпрос С този въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали при внос на стока ДДС се дължи от главното отговорно лице или от крайния получател на стоката и дали това задължение е делимо. Най-напред следва да се подчертае, че макар ДДС да не се включва във вносните сборове по смисъла на член 4, точка 10 от Митническия кодекс, той се дължи при вноса на стоки в съответствие с член 2, параграф 2 от Шеста директива. Ето защо, въпреки че петият въпрос е поставен само в случай на утвърдителен отговор на четвъртия въпрос, Съдът намира за уместно да му отговори. В това отношение е важно да се посочи, че според член 21, параграф 2 от Шеста директива при внос ДДС се дължи от лицето или лицата, посочено/посочени или прието/приети за платец/платци в държавата членка на вноса. Следователно на петия въпрос следва да се отговори, че при внос на стока ДДС се дължи лицето или лицата, посочено/посочени или прието/приети за платец/платци в държавата членка на вноса. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (първи състав) реши: 1) Глава 5, точка 1 от приложение IV към Акта относно условията на присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в учредителните договори на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че за да се провери дали са спазени посочените в нея формалности при износ, е без значение дали са извършени действията, предвидени в член 448 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 2787/2000 на Комисията от 15 декември 2000 година, дори когато е съставен товарен манифест. 2) Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността, изменен с Регламент (EО) № 82/97 на Европейския парламент и на Съвета от 19 декември 1996 година, и Регламент № 2454/93, изменен с Регламент № 2787/2000, са приложими в новите държави членки, считано от 1 май 2004 г., без да е възможно да се твърди, че се прилага режимът, предвиден в глава 5, точка 1 от приложение IV към посочения акт за присъединяване, когато предвидените в нея формалности при износ не са изпълнени за стоки, които към датата на присъединяването на тези нови държави членки към Европейския съюз се транспортират в разширената Общност. 3) Член 4, параграф 10 от Регламент № 2913/92, изменен с Регламент № 82/97, трябва да се тълкува в смисъл, че вносните сборове не включват подлежащия на събиране при вноса на стоки данък върху добавената стойност. 4) При внос на стока данъкът върху добавената стойност се дължи от лицето или лицата, посочено/посочени или прието/приети за платец/платци в държавата членка на вноса. Подписи * Език на производството: латвийски.

62003CJ0205

hu

Fellebbezésével a Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (a továbbiakban: a FENIN) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága által a T‑319/99. sz., FENIN kontra Bizottság ügyben 2003. március 4‑én hozott ítélet (EBHT 2003., II‑357. o., a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon helyezését kéri, amely elutasította a Bizottság 1996. augusztus 26‑i határozatának (a továbbiakban: a vitatott határozat) megsemmisítése iránt benyújtott keresetét, amely határozattal ez utóbbi elutasította a FENIN által 26 közjogi testület, köztük a nemzeti egészségügyi rendszert (Sistema Nacional de Salud, a továbbiakban: SNS) irányító három minisztérium ellen benyújtott panaszt azon az alapon, hogy ezek a testületek (a továbbiakban: az SNS‑t irányító testületek) nem minősülnek vállalkozásnak az EK 82. cikk értelmében. Az eljárás alapjául szolgáló tényállás A ténybeli és jogi háttér a megtámadott ítélet alapján a következőképpen foglalható össze. A FENIN Spanyolországban a kórházakban alkalmazott gyógyászati eszközöket, és különösen orvosi műszereket forgalmazó vállalkozások többségét tömörítő társulás. E társulás tagjai a termékeket különösen az SNS‑t irányító testületek számára értékesítik. A gyógyászati eszközöknek az utóbbiak részére történő értékesítése a FENIN tagjai forgalmának több mint 80%‑át teszi ki. 1997 decemberében a FENIN panaszt nyújtott be az Európai Közösségek Bizottságához az SNS‑t irányító testületek általi rendszeres késedelmes fizetés miatt, amely álláspontja szerint az EK 82. cikk szerinti erőfölénnyel való visszaélésnek minősül. Előadta, hogy a fenti testületek átlagosan 300 napos késedelemmel rendezték a tagjaival szembeni tartozásokat, míg más szállítók esetében sokkal ésszerűbb határidőn belül fizettek. Ezt a hátrányos megkülönböztetés magyarázata az, hogy a FENIN tagjai nem tudnak e testületekre üzleti nyomást gyakorolni, mivel azok a gyógyászati eszközök spanyolországi piacán erőfölényben vannak. A Bizottság a vitatott határozattal elutasította a fenti panaszt egyrészt azért, mert az SNS‑t irányító testületek nem vállalkozásként működnek, amikor a közegészségügyi szolgáltatás irányításában vesznek részt. Másrészt vásárlói minőségüket nem lehet különválasztani attól, hogy a gyógyászati eszközöket megvásárlásukat követően utóbb milyen célra használják fel. Következésképpen a Bizottság álláspontja szerint ezek a testületek – amikor gyógyászati eszközöket vásárolnak – nem a közösségi versenyjog értelmében vett vállalkozásként járnak el, és így az EK 81. cikk és EK 82. cikk nem vonatkozik rájuk. Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás és a megtámadott ítélet Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 1999. november 10‑én benyújtott keresetével a FENIN a vitatott határozat megsemmisítését kérte. Keresetének alátámasztására a FENIN három jogalapra hivatkozott: először, hogy a Bizottság megsértette védelemhez való jogát, másodszor, az EK 82. cikk és az EK 86. cikk alkalmazása során elkövetett jogban való tévedésre vagy nyilvánvaló mérlegelési hibára, harmadszor az indokolási kötelezettség megsértésére és a vitatott határozat átláthatóságának hiányára. Az Elsőfokú Bíróság mindenekelőtt elutasította az EK 82. cikk és EK 86. cikk alkalmazására vonatkozó jogalapot, megállapítva a megtámadott ítélet 40. pontjában, hogy az SNS‑t irányító testületek nem vállalkozásként járnak el, amikor az SNS tagjai részére történő ingyenes egészségügyi szolgáltatás nyújtása céljából a FENIN tagjai által értékesített gyógyászati eszközöket vásárolnak. Az Elsőfokú Bíróság álláspontja szerint ez a következtetés ugyanezen ítélet 39. pontjában leírt helyzetből következik, miszerint az SNS társadalombiztosítási befizetések és más állami hozzájárulások útján történő finanszírozási módja, valamint a tagok részére történő ingyenes és általános szolgáltatás tekintetében a szolidaritás elve szerint működik, és az SNS‑t irányító testületek ezért nem vállalkozásként járnak el az egészségügyi rendszer irányítása során. Az Elsőfokú Bíróság pontosította a megtámadott ítélet 41‑44. pontjában, hogy azt az érvet, amely szerint az SNS‑hez tartozó spanyol közkórházak – legalábbis esetenként – ellenszolgáltatás fejében nyújtanak szolgáltatást nem tag személyek, különösen külföldi turisták részére, nem vetették fel a Bizottság előtt, és ezt az érvet először a válasz szakaszában terjesztették elő. Ezért úgy döntött, hogy ezt az érvet nem lehet a vitatott határozat jogszerűségének felülvizsgálata során figyelembe venni. Ezután az Elsőfokú Bíróság elutasította a védelemhez való jog megsértésére vonatkozó első jogalapot, miután megállapította a megtámadott ítélet 49. és 50. pontjában, hogy a Bizottság megalapozottan utasította el a panaszt arra hivatkozással, hogy az SNS‑t irányító testületek nem vállalkozásként járnak el az EK 82. cikk értelmében. Az Elsőfokú Bíróság ezért úgy döntött, hogy a Bizottságnak nem kellett a panasz többi részét is megvizsgálnia. Végül – ami az indokolási kötelezettség megsértésére és a vitatott határozat átláthatóságának hiányára vonatkozó harmadik jogalapot illeti – a megtámadott ítélet 58. és 59. pontjából következik, hogy az Elsőfokú Bíróság álláspontja szerint a Bizottság kifejtette a jelen döntésben alapvető fontosságú jogi érveket. Miután emlékeztetett arra, hogy a Bizottság nem volt köteles a panaszban felhozott minden érv tekintetében állást foglalni, az Elsőfokú Bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a határozat nem volt jogszerűtlen az indokolási kötelezettség megszegése miatt. Ami az átláthatóság állítólagos hiányát illeti, az Elsőfokú Bíróság úgy döntött a fenti ítélet 63. pontjában, hogy a Bizottság eleget tett egyetlen kötelezettségének a jelen ügyben, vagyis lehetővé tette a FENIN számára, hogy írásban közölje az észrevételeit válaszul a Bizottság előzetes álláspontjára. Mivel a FENIN által a keresete alátámasztására előadott három jogalapot a fentiek szerint elvetette, az Elsőfokú Bíróság a keresetet teljes egészében elutasította. A fellebbezés A felek kérelmei és a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatos jogalap A FENIN azt kéri, hogy a Bíróság: –        helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, és –        kötelezze a Bizottságot a jelen, valamint az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás költségeinek viselésére. A Bizottság azt kéri, hogy a Bíróság: –        állapítsa meg a fellebbezés részbeni elfogadhatatlanságát, –        a fellebbezést ezt meghaladó részében utasítsa el, és –        kötelezze a FENIN-t a költségek viselésére. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Spanyol Királyság, amelyek beavatkozását a Bizottság kérelmének támogatása végett a Bíróság elnöke 2003. október 17‑i végzésével megengedte, a fellebbezés elutasítását kérik, tekintettel arra, hogy az részben elfogadhatatlan, részben pedig megalapozatlan, valamint kérik a FENIN költségekben való marasztalását. A FENIN fellebbezése alátámasztásaként egyetlen jogalapra hivatkozik, amely szerint az Elsőfokú Bíróság tévedett a „vállalkozás” fogalmának az EK‑Szerződés versenyjogi szabályai szerinti értelmét illetően. Ez a jogalap két részből áll. Az első részben a FENIN fenntartja, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen mulasztotta el annak megállapítását, hogy a vásárlás önmagában gazdasági tevékenység, amelyet el lehet különíteni az utóbb nyújtott szolgáltatástól, és ezért az SNS‑t irányító testületek a versenyjog hivatkozott szabályainak hatálya alá esnek. A jogalap másodlagosan előadott második részében a FENIN arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróságnak meg kellett volna állapítani, hogy a vásárlás gazdasági jellegű tevékenység, és mivel ez a versenyjog hatálya alá tartozik, a későbbi tevékenység, vagyis a gyógykezelési szolgáltatás is ilyen jellegű. A fellebbezésről Az elfogadhatóságról A Bizottság a FENIN által előadott jogalap második részének elfogadhatatlanságára hivatkozik. A Bizottság mindenekelőtt a jogalap második részének alapjául szolgáló érvelés késedelmes előadására hivatkozik, mivel azt először a fellebbezés során vetették fel. Előadja továbbá, hogy a FENIN mindeddig elismerte, hogy az SNS‑t irányító testületek tevékenysége tisztán szociális jellegű. Végül a Bizottság álláspontja szerint, ez a második rész a tények értékelését kívánja meg, amelyet nem lehet a fellebbezés vizsgálata keretében a Bíróság előtt elvégezni. Meg kell jegyezni, hogy – amint azt a Bizottság helyesen megállapította – a FENIN először a fellebbezési szakban hivatkozott az SNS‑t irányító testületek által végzett gyógykezelési szolgáltatási tevékenység gazdasági jellegére, csakúgy, mint a termékek megvásárlása és annak későbbi felhasználása közötti kapcsolatra, valamint a vásárlási tevékenység jellegének következményeire. Következésképpen a FENIN által hivatkozott egyetlen jogalap második részét mint elfogadhatatlant el kell utasítani. Az ügy érdeméről –       A felek érvei A jogalap első részének alátámasztása érdekében a FENIN arra hivatkozik, hogy az Elsőfokú Bíróság a gazdasági tevékenység fogalmát túlságosan szűken értelmezte, amikor megállapította, hogy az szükségszerűen magában foglalja termékek vagy szolgáltatások kínálását, továbbá azzal, hogy a fenti fogalomból kizárt minden vásárlási tevékenységet. A FENIN álláspontja szerint az Elsőfokú Bíróság megközelítése számos jogalany számára lehetővé tenné, hogy kibújjanak a Szerződés versenyjogi szabályai alól, még akkor is, ha e jogalanyok magatartása befolyásolná a versenyt. A Bizottság előadja, hogy a gazdasági tevékenységet adott piacon termékek vagy szolgáltatások kínálása jellemzi és nem önmagában a vásárlási tevékenység. Következésképpen nem lehet elkülöníteni a vásárlás műveletét a megvásárolt javak felhasználási céljától. –       A Bíróság álláspontja Az Elsőfokú Bíróság helyesen állapította meg a megtámadott ítélet 35. pontjában, hogy a közösségi versenyjogban a „vállalkozás” fogalma minden gazdasági tevékenységet folytató jogalanyra kiterjed, függetlenül azok jogállásától és finanszírozási módjuktól (lásd különösen a C‑41/90. sz., Höfner és Elser ügyben 1991. április 23‑án hozott ítélet [EBHT 1991., I‑1979. o.] 21. pontját és a C‑306/01., C‑354/01. és C‑355/01. sz., AOK-Bundesverband és társai egyesített ügyekben 2004. március 16‑án hozott ítélet [EBHT 2004., I‑2493. o.] 46. pontját). A Bíróság ítélkezési gyakorlatának megfelelően azt is ki kell emelni, hogy – amint azt a fenti ítélet 36. pontja is megállapítja – a gazdasági tevékenységet adott piacon termékek vagy szolgáltatások kínálásának ténye jellemzi (a C‑35/96. sz., Bizottság kontra Olaszország ügyben 1998. június 18‑án hozott ítélet [EBHT 1998., I‑3851. o.] 36. pontja). Az Elsőfokú Bíróság helyesen jutott arra a következtetésre a megtámadott ítélet 36. pontjában, hogy nem lehet elkülöníteni a vásárlási tevékenységet a termék utólagos felhasználásától a vásárlási tevékenység értékelésének keretében, és hogy az utólagos felhasználás gazdasági jellege, illetve annak hiánya szükségszerűen meghatározza a vásárlási tevékenység jellegét is. Következésképpen megalapozatlansága miatt el kell utasítani a FENIN által a fellebbezése alátámasztására előadott egyetlen jogalap első részét, amely szerint az SNS‑t irányító testületek által végzett vásárlás önmagában gazdasági tevékenység, amelyet el lehet különíteni az utóbb nyújtott szolgáltatástól, és amelyet ezért az Elsőfokú Bíróságnak külön meg kellett volna vizsgálnia. Figyelemmel a fenti megfontolásokra a fellebbezést – mint részben megalapozatlant, részben pedig elfogadhatatlant – el kell utasítani. A költségekről Az eljárási szabályzat 69. cikke 2. §‑ának első bekezdése alapján, amelyet ugyanezen szabályzat 118. cikke értelmében a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell, a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. A FENIN‑t, mivel pervesztes lett, a Bizottság kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére. A fenti 69. cikk 4. §‑ának első bekezdése értelmében az eljárásba beavatkozó tagállamok és intézmények maguk viselik saját költségeiket. A fenti indokok alapján a Bíróság (nagytanács) a következőképpen határozott: 1) A fellebbezést elutasítja. 2) A Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitariát (FENIN) kötelezi a költségek viselésére. 3) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint a Spanyol Királyság maguk viselik saját költségeiket. Aláírások * Az eljárás nyelve: spanyol.

62000TJ0241

nl

Overwegingen van het arrest Juridisch kader 1 Artikel 1, lid 1, van verordening (EEG) nr. 4028/86 van de Raad van 18 december 1986 inzake communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquacultuur (PB L 376, blz. 7), machtigt de Commissie om ten behoeve van dergelijke acties communautaire financiële bijstand te verlenen. 2 Artikel 44, lid 1, van verordening nr. 4028/86 bepaalt: 1. Tijdens de volledige duur van de communautaire bijstand verstrekt de daartoe door de betrokken lidstaat aangewezen autoriteit of instantie de Commissie op haar verzoek alle bewijsstukken of bescheiden waarmee kan worden aangetoond dat met betrekking tot elk project aan de financiële of andere voorwaarden is voldaan. De Commissie kan volgens de procedure van artikel 47 besluiten de bijstand te schorsen, te verminderen of in te trekken, indien: - het project niet zoals voorzien wordt uitgevoerd [...], [...] De beschikking wordt ter kennis gebracht van de betrokken lidstaat en van de begunstigde. De Commissie vordert de onverschuldigd betaalde bedragen terug. [...]" Voorgeschiedenis van het geschil 3 Bij beschikking C(90) 1923/99 van 30 oktober 1990 heeft de Commissie verzoekster, Le Canne Srl, financiële bijstand ten bedrage van 1 103 646 181 Italiaanse lires (ITL) (569 986 euro) verleend, zijnde 40 % van de in aanmerking komende uitgaven van 2 759 115 453 ITL (1 424 964 euro), uit hoofde van project I/16/90/02. 4 Dit project, dat betrekking had op de modernisering en verbouwing van de visteeltinstallaties van Le Canne, voorzag in het tot stand brengen van hydraulische infrastructuur (kanalen, bekkens en opvang van zeewater) en de aankoop van installaties. 5 Volgens artikel 1 van beschikking C(90) 1923/99 wordt de financiële bijstand van de Gemeenschap onder de in de beschikking vastgestelde voorwaarden toegekend ten behoeve van het investeringsproject waarvan de financieringsvoorwaarden als bijlage zijn opgenomen. 6 De bijlage bij deze beschikking bevatte onder andere de volgende twee preciseringen: - Het bedrag van de bijstand die de Commissie daadwerkelijk aan het beëindigde project zal geven, hangt af van de aard van de werkzaamheden die, gelet op die welke in het project zijn voorzien, zijn voltooid." - Overeenkomstig de aanwijzing in deel B van het door de begunstigde ingediende verzoek om bijstand, kunnen de voorgenomen werkzaamheden niet gewijzigd of veranderd worden zonder de voorafgaande toestemming van de nationale overheid of, in voorkomend geval, de Commissie. Aanzienlijke wijzigingen die zonder toestemming van de Commissie zijn aangebracht, kunnen ertoe leiden dat de bijstand verminderd of ingetrokken wordt, wanneer de nationale overheid of de Commissie deze onaanvaardbaar achten [...]" 7 Bij beschikking C(94) 1531/99, van 27 juli 1994 heeft de Commissie Le Canne voor de tweede maal financiële bijstand verleend, nu in het kader van project ITA/100/94. 8 Bij brief van 12 december 1994 aan het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Bosbouw (hierna: ministerie") en de Commissie heeft Le Canne opgemerkt, dat zich buiten haar toedoen omstandigheden hadden voorgedaan, waardoor enkele aanpassingen aan de in het kader van project I/16/90/02 geplande werkzaamheden nodig waren geworden. Le Canne was evenwel van mening dat het project, over het geheel genomen, niet substantieel was gewijzigd, met uitzondering van een verschil in plaats en vorm van de intensieve-kweekbassins. Daarom verzocht Le Canne, die verklaarde dat zij zich - weliswaar eerst na de beëindiging van de werkzaamheden - ervan bewust was dat zij de verplichte formaliteit van de voorafgaande mededeling van deze aanpassingen niet had vervuld, de nationale autoriteiten en, in voorkomend geval, de Commissie zelf, een technisch onderzoek in te stellen, zij het dan achteraf, naar de aangebrachte wijzigingen, teneinde de gegrondheid hiervan en de noodzaak en opportuniteit van de gemaakte keuzen vast te stellen. 9 Na controle op 1 februari 1995 van de uiteindelijke stand van de werkzaamheden met betrekking tot project I/16/90/02 heeft het ministerie Le Canne een op 24 mei 1995 opgesteld proces-verbaal (hierna: proces-verbaal") doen toekomen. 10 Volgens het ministerie zijn naar aanleiding van deze controle divergenties vastgesteld tussen het project en hetgeen uit hoofde daarvan is gerealiseerd, zodat Le Canne verplicht was om overeenkomstig de gemeenschapsrechtelijke regeling toestemming te vragen alvorens tot deze wijzigingen over te gaan. Het ministerie concludeerde daaruit dat deze wijzigingen, afgezien van hun technische implicaties, tot hogere uitgaven hadden geleid dan bij de begroting van de verschillende in aanmerking genomen posten, onder andere met betrekking tot de graafwerkzaamheden, waren voorzien. 11 Het ministerie heeft bijgevolg het totaalbedrag van de uit hoofde van project I/16/90/02 in aanmerking komende uitgaven teruggebracht tot ongeveer 69,13 % van het oorspronkelijk door de Commissie goedgekeurde bedrag. 12 De Commissie heeft daarom met een laatste betalingsopdracht op 5 juli 1995 Le Canne als saldo van de communautaire bijstand voor project I/16/90/02, 419 822 440 ITL (216 820 euro) betaald. Aldus heeft de Commissie op grond van het proces-verbaal het totale bedrag van deze bijstand teruggebracht van 1 103 646 181 ITL (569 986 euro) tot 762 940 040 ITL (394 026 euro), dat wil zeggen met 340 706 141 ITL (175 960 euro). 13 Bij brief van 26 juli 1995, binnengekomen bij de Commissie op 3 augustus daaropvolgend, en eveneens gericht aan het ministerie, heeft Le Canne het proces-verbaal aangevochten en om een heronderzoek van haar situatie verzocht. 14 Le Canne stelde onder andere dat de betrokken afwijkingen, die geen enkele wijziging van de doelstellingen, de winstgevendheid van het project of de plaats daarvan inhielden, in de loop van de uitvoering van de werkzaamheden ter zake van project I/16/90/02 noodzakelijk waren geworden door ontwikkelingen die zich buiten haar toedoen hadden voorgedaan. 15 Bij telexbericht nr. 12497 van 27 oktober 1995 heeft de Commissie de nationale autoriteiten laten weten dat, gezien de beschikbare inlichtingen, een herziening van de procedure volgens welke het ministerie het dossier van project I/16/90 had behandeld, niet noodzakelijk leek. 16 Op 14 november 1995 heeft ook het ministerie het verzoek om heronderzoek van verzoekster verworpen. 17 Bij arrest van 7 november 1997, Le Canne/Commissie (T-218/95, Jurispr. blz. II-2055), heeft het Gerecht het door Le Canne ingestelde beroep tot nietigverklaring van telexbericht nr. 12497 en tot schadevergoeding verworpen. 18 Bij arrest van 5 oktober 1999, Le Canne/Commissie (C-10/98 P, Jurispr. blz. I-6831), gewezen op de door verzoekster ingestelde hogere voorziening, heeft het Hof het reeds aangehaalde arrest van 7 november 1997, Le Canne/Commissie, vernietigd. Het Hof heeft telexbericht nr. 12497 nietig verklaard wegens niet-inachtneming van de procedure die is voorzien in de artikelen 44, lid 1, en 47 van verordening nr. 4028/86 en in artikel 7 van verordening (EEG) nr. 1116/88 van de Commissie van 20 april 1988 inzake de wijze van uitvoering van de bijstandsbeschikkingen voor projecten betreffende communautaire acties voor verbetering en aanpassing van de structuur van de visserij en de aquacultuur en voor de inrichting van beschermde kustzones (PB L 112, blz. 1). 19 Deze bepalingen eisen in het bijzonder, dat de begunstigde vóór de verlaging van de financiële bijstand wordt verzocht kenbaar te maken waarom de voorwaarden die aan het verlenen van de bijstand zijn verbonden, niet in acht zijn genomen en dat ieder plan voor een maatregel tot verlaging aan het Permanent Comité voor de visserijstructuur wordt voorgelegd (hierna: Comité"). 20 Bij brief van 23 november 1999, waarvan een afschrift aan de bevoegde Italiaanse autoriteiten is overgelegd, heeft de Commissie Le Canne in kennis gesteld van haar voornemen, de in het kader van project I/16/90/02 toegekende bijstand te verlagen, en heeft zij verzoekster uitgenodigd haar mee te delen, waarom de aan de verlening van de bijstand verbonden voorwaarden niet in acht waren genomen. 21 In haar antwoord van 14 december 1999 aan het ministerie en aan de Commissie heeft Le Canne opgemerkt dat de in project I/16/90/02 aangebrachte wijzigingen, zoals zij ook meende te hebben aangetoond in haar opmerkingen van 26 juli 1995, geen substantiële wijzigingen, maar eenvoudige aanpassingen inhielden. 22 Le Canne stelde onder andere, dat volgens de bewoordingen van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 4028/86 een beschikking tot vermindering van financiële bijstand een louter discretionaire en niet een gebonden beschikking is, zelfs wanneer het project niet is uitgevoerd zoals voorzien. De Commissie diende daarom volgens Le Canne zelfs achteraf duidelijk aan te geven, waarom zij van mening was dat de in het project aangebrachte wijzigingen onaanvaardbaar waren. Le Canne stelde eveneens, dat het dus niet volstond om een wijziging in een project onaanvaardbaar te verklaren op grond van het enkele feit dat deze niet van tevoren was aangemeld. 23 Bij beschikking 882/00 van 30 maart 2000 heeft het Tribunale amministrativo regionale van Venetië (hierna: TAR") het besluit van het ministerie van 14 november 1995 tot afwijzing van het door Le Canne ingediende verzoek tot een heronderzoek nietig verklaard. Volgens het TAR vertoonde deze afwijzing, die in haar geheel gebaseerd was op de overwegingen van de Commissie in haar telex nr. 12497, dezelfde procedurele gebreken als de telex, welke bij arrest van 5 oktober 1999, Le Canne/Commissie, reeds aangehaald, nietig was verklaard. 24 Het Comité heeft overeenkomstig de bepalingen van artikel 47 van verordening nr. 4028/86 op 11 mei 2000 zijn advies over de beoogde vermindering van de financiële bijstand uitgebracht. 25 Bij beschikking C(2000) 1754, van 11 juli 2000 heeft de Commissie het bedrag van de oorspronkelijk in het kader van project I/16/90/02 verleende communautaire financiële bijstand met 340 706 141 ITL (175 960 euro) verminderd. 26 Ter onderbouwing van deze vermindering heeft de Commissie onder andere het volgende overwogen: [...] Begunstigde heeft pas op 12 december 1994 - veertien maanden na voltooiing van de werkzaamheden - het ministerie en de Commissie van de in het project aangebrachte wijzigingen op de hoogte gesteld, hoewel de voorwaarden voor de uitbetaling van de bijstand bepaalden dat er geen veranderingen of wijzigingen konden worden uitgevoerd zonder voorafgaande toestemming van de nationale overheid en, in voorkomend geval, de Commissie; [...] [...] bij brief van 23 november 1999 heeft de Commissie de bevoegde nationale autoriteiten en de begunstigde in kennis gesteld van haar voornemen de communautaire bijstand te verminderen en wel wegens de substantiële wijzigingen die in het ingediende en goedkeurde project waren aangebracht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en zonder voorafgaande mededeling of machtiging van de nationale overheid. [...] Anders dan begunstigde in haar brief van 14 december 1999 stelt: - is de vermindering van de bijstand het gevolg van het proces-verbaal van de controle van de eindtoestand van de werkzaamheden, dat door de vertegenwoordigers van het ministerie is opgesteld na de inspectie van 1 februari 1995; in dit proces-verbaal worden zowel de communautaire als de nationale motieven voor de vermindering van de bijstand uitvoerig uiteengezet; - volgt overigens uit het zojuist aangehaalde proces-verbaal van controle dat de uitgevoerde wijzigingen geen eenvoudige aanpassingen betreffen; het gaat juist om wezenlijke veranderingen die zijn uitgevoerd zonder dat eerst de nationale overheid ervan in kennis is gesteld. De begunstigde heeft de wijzigingen bij brief van 12 december 1994 meegedeeld, dat wil zeggen meer dan een jaar nadat de werkzaamheden waren beëindigd, en enkele maanden nadat het verzoek tot betaling van het saldo van de bijstand aan het ministerie was gezonden; volgens de als bijlage bij [beschikking C(90) 1923/99] gevoegde ,voorwaarden voor de uitbetaling van de bijstand is voor de eventuele veranderingen of wijzigingen van de voorgenomen werkzaamheden de voorafgaande toestemming van de nationale overheid en eventueel de Commissie vereist; - hebben naar de mening van de nationale overheid en de Commissie dergelijke wijzigingen het betrokken project aanzienlijk gewijzigd, zodat deze niet aanvaardbaar zijn; de omstandigheid dat voor het latere project ITA/100/94 communautaire bijstand is verleend, impliceert geenszins dat de Commissie de in de uitvoering van het eerste project aangebrachte wijzigingen heeft aanvaard; - zijn uit hoofde van project ITA/100/94 voorziene werkzaamheden uitgevoerd in het kader van project I/16/90/02, zodat zij niet in aanmerking kunnen komen voor communautaire financiering uit hoofde van project I/16/90/02; daarentegen is een deel van de uit hoofde van het huidige project voorziene werkzaamheden niet uitgevoerd en zijn voorziene installaties niet gekocht; De nationale autoriteiten hebben hun advies ten gunste van vermindering van de bijstand niet gewijzigd; Overeenkomstig artikel 44, lid 1, van [verordening nr. 4028/86] kan de bijstand worden geschorst, verminderd of ingetrokken, indien het project niet zoals voorzien wordt uitgevoerd; [...]" 27 Bij verzoekschrift, neergelegd op 14 september 2001, heeft Le Canne het onderhavige beroep ingesteld. 28 Bij op dezelfde dag neergelegde afzonderlijke akte heeft Le Canne in kort geding ten eerste om opschorting van de tenuitvoerlegging van beschikking C(2000) 1754 en ten tweede om vaststelling van voorlopige maatregelen verzocht. 29 Bij beschikking van de president van het Gerecht van 15 januari 2001, Le Canne/Commissie (T-241/00 R, Jurispr. blz. II-37), is dit verzoek afgewezen. 30 Bij besluit van het Gerecht is de rechter-rapporteur aan de Eerste kamer toegevoegd, zodat de zaak aan die kamer is toegewezen. 31 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Eerste kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan. 32 Partijen zijn ter terechtzitting van 28 november 2001 in hun pleidooien en antwoorden op de mondelinge vragen van het Gerecht gehoord. Conclusies van partijen 33 Le Canne concludeert dat het het Gerecht behage: - beschikking C(2000) 1754 nietig te verklaren; - de Commissie te veroordelen tot vergoeding van de schade op basis van de in Italië geldende wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag van de eerdere gedeeltelijke betaling tot betaling van het saldo; - subsidiair, in voorkomend geval, een deskundigenonderzoek te gelasten teneinde vast te stellen of de in project I/16/90/02 aangebrachte wijzigingen als substantieel moeten worden aangemerkt; - de Commissie in de kosten te verwijzen. 34 De Commissie concludeert dat het het Gerecht behage: - het beroep te verwerpen; - verzoekster in de kosten te verwijzen. De gevolgen van het arrest van 5 oktober 1999, Le Canne/Commissie 35 Het Gerecht merkt allereerst op dat de nietigverklaring, bij arrest van 5 oktober 1999, Le Canne/Commissie, reeds aangehaald, van telex nr. 12497 op grond van het verzuim Le Canne te horen en het Comité te raadplegen, de geldigheid van de maatregelen ter voorbereiding van de nietig verklaarde, aan de vastgestelde onregelmatigheden voorafgaande handeling niet heeft aangetast. 36 Uit het dossier volgt bovendien niet dat de reeds aangehaalde beschikking 882/00 van het TAR, waarbij de weigering van het ministerie van 14 november 1995 tot het door Le Canne verzochte heronderzoek over te gaan, nietig werd verklaard, de wettigheid van het op 24 mei 1995 opgestelde proces-verbaal heeft aangetast. 37 Er moet dus van worden uitgegaan dat het proces-verbaal op basis waarvan de Commissie beschikking C(2000) 1754 heeft vastgesteld, niet nietig is verklaard noch door een latere handeling ongeldig is geworden, zodat dit in de procedure tot vaststelling van deze beschikking in aanmerking kon worden genomen. De vordering tot nietigverklaring Het middel: schending van de motiveringsplicht Argumenten van de partijen 38 Le Canne herinnert eraan dat hoofdstuk II/B van de richtlijnen van het directoraat-generaal Visserij voor de behandeling van uit hoofde van verordening nr. 4028/86 ingediende verzoeken om communautaire financiële bijstand onderscheid maakt tussen enerzijds aanpassingen die firmanaam, doeleinden, rentabiliteit en plaats van uitvoering van het project ongewijzigd laten en krachtens deze verordening geoorloofd zijn, en anderzijds wijzigingen die de aard van het oorspronkelijke project vanuit technisch-economisch oogpunt wijzigen, welke als enige verboden zijn. 39 Le Canne is van mening dat zij herhaalde malen heeft aangetoond dat de wijzigingen in project I/16/90/02 niet substantieel waren en slechts eenvoudige aanpassingen betroffen die op generlei wijze van invloed waren op de doeleinden van genoemd project. Deze aanpassingen waren noodzakelijk geworden door de verandering van het waterstelsel ter plaatse en de visteelt van de visserijen als gevolg van de gelijktijdige uitvoering van andere, door de Commissie medegefinancierde werkzaamheden in het kader van hetzelfde programma. 40 In beschikking C(2000) 1754 wordt slechts verwezen naar het proces-verbaal. Dit document is echter van vroegere datum dan de technische argumenten die Le Canne zowel in haar opmerkingen van 26 juli 1995 als in die van 14 december 1999 heeft uiteengezet, zodat in het proces-verbaal geen rekening met deze argumenten kon worden gehouden. 41 Aangezien de Commissie op grond van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 4028/86 over een discretionaire bevoegdheid beschikt ter zake van de vermindering van financiële bijstand, had zij bovendien dienen uit te leggen waarom deze of gene, in het project aangebrachte wijziging niet - zelfs niet achteraf - kon worden aanvaard. 42 Uit beschikking C(2000) 1754 blijkt evenmin dat Le Canne de betrokken aanpassingen zowel aan het ministerie als aan de Commissie had meegedeeld, en dat dezelfde aanpassingen naderhand nogmaals waren gemeld bij gelegenheid van het verzoek tot verificatie van de eindtoestand van de werkzaamheden. 43 In deze omstandigheden kan de motivering dat niet vooraf toestemming voor substantiële wijzigingen van het project was gegeven, niet volstaan, te meer waar beschikking C(2000) 1754 het bedrag van de oorspronkelijk verleende financiële steun achteraf vermindert (arrest Hof van 4 juni 1992, Consorgan/Commissie, C-181/90, Jurispr. blz. I-3557, punt 18). 44 Volgens de Commissie kan een beschikking tot vermindering van financiële bijstand worden geacht naar behoren met redenen te zijn omkleed, wanneer zij voldoende duidelijk verwijst naar een handeling van de nationale autoriteiten waarin deze duidelijk de redenen voor een dergelijke vermindering uiteenzetten (arrest Gerecht van 12 januari 1995, Branco/Commissie, T-85/94, Jurispr. blz. II-45, punt 36). 45 Beschikking C(2000) 1754 geeft haars inziens een antwoord op de door verzoekster in haar opmerkingen van 14 december 1999 aangevoerde argumenten, door expliciet te verwijzen naar het proces-verbaal. Dit document geeft aan, welke wijzigingen zonder voorafgaande mededeling aan de nationale overheid in het project zijn aangebracht. De gedetailleerde preciseringen daarin ter verklaring waarom niet aantoonbare bedragen niet voor bijstand in aanmerking kwamen, zetten beknopt maar voldoende duidelijk de gronden van beschikking C(2000) 1754 uiteen (arrest Hof van 4 juni 1992, Cipeke/Commissie, C-189/90, Jurispr. blz. I-3573, punt 18). 46 Het proces-verbaal van het ministerie verklaart, welke werkzaamheden in aanvulling op die van project I/16/90/02 zijn uitgevoerd, welke werkzaamheden niet zijn uitgevoerd, alsmede welke uitgaven wel en welke niet voor bijstand in aanmerking kwamen. 47 Beschikking C(2000) 1754 benadrukt dat de vastgestelde afwijkingen geen eenvoudige aanpassingen betreffen maar substantiële wijzigingen die meer dan een jaar na de beëindiging van de werkzaamheden ter kennis zijn gebracht, dat zij niet-aanvaardbaar zijn en dat de nationale autoriteiten hun advies ten gunste van vermindering van de betrokken bijstand niet hebben gewijzigd. 48 Rekening houdend met het aan de toekenning van financiële bijstand ten grondslag liggende systeem van samenwerking tussen de Commissie en de lidstaten (arrest Branco/Commissie, reeds aangehaald, punt 36), wijkt beschikking C(2000) 1754 niet van het proces-verbaal van het ministerie af, terwijl aan de opmerkingen van Le Canne geen enkel geldig motief kan worden ontleend om aan de gefundeerdheid van dit document te twijfelen. Beoordeling door het Gerecht 49 Artikel 44, lid 1, eerste alinea, tweede zin, van verordening nr. 4028/86 geeft de Commissie de bevoegdheid financiële bijstand te schorsen, te verminderen of in te trekken, indien het project niet zoals voorzien wordt uitgevoerd. 50 Uit de bewoordingen van deze bepaling, zoals door het Hof uitgelegd, volgt dat de Commissie niet verplicht is deze bevoegdheid uit te oefenen (arrest van 5 oktober 1999, Le Canne/Commissie, reeds aangehaald, punt 25). 51 De praktijk van de Commissie is overigens met deze uitlegging in overeenstemming. Volgens de bewoordingen zelf van de bijlage bij beschikking C(90) 1923/99 (zie hierboven punt 6) leiden zonder toestemming van de Commissie in een project aangebrachte wijzigingen immers slechts tot een vermindering of intrekking van de financiële bijstand, wanneer is voldaan aan de cumulatieve voorwaarden dat zij, ten eerste, aanzienlijk zijn en, ten tweede, door de nationale overheid of de Commissie als onaanvaardbaar worden beschouwd. 52 De Commissie beschikte daarom zelfs indien zonder haar toestemming aanzienlijke wijzigingen in project I/16/90/02 werden aangebracht, over een beoordelingsvrijheid om de vastgestelde afwijkingen tussen hetgeen in het project was voorzien en de feitelijke uitvoering te toetsen aan het voorwerp, de opzet en het doel van het project, om uit te maken of deze afwijkingen al dan niet geoorloofd waren. 53 Wanneer de instellingen van de Gemeenschap, zoals in casu, over een beoordelingsvrijheid beschikken, is de naleving van de door de communautaire rechtsorde in administratieve procedures aan ondernemers geboden waarborgen van fundamenteel belang (zie in deze zin arrest Hof van 21 november 1991, Technische Universität München, C-269/90, Jurispr. blz. I-5469, punt 14). 54 In een dergelijk geval is een van deze waarborgen de verplichting van de betrokken instelling om haar beschikkingen toereikend te motiveren. Deze motivering heeft ten doel, de geadresseerde van de beschikking op de hoogte te stellen van de feitelijke gronden en de rechtsgronden waarop deze is gebaseerd, zodat de betrokkene onder andere kan beoordelen of het opportuun is de beschikking ter beoordeling aan de bevoegde rechter voor te leggen. 55 Wanneer het om een beschikking tot vermindering van communautaire financiële bijstand gaat voor een project dat niet zoals voorzien is uitgevoerd, moet in de motivering van een dergelijke handeling worden aangegeven waarom de in aanmerking genomen afwijkingen niet aanvaardbaar zijn geacht. Overwegingen betreffende de omvang van deze afwijkingen of het ontbreken van voorafgaande toestemming kunnen op zichzelf in dit verband geen toereikende motivering vormen. 56 In de hierboven in punt 26 bedoelde beschikking C(2000) 1754 wordt op dit punt enkel verwezen naar de in het proces-verbaal vermelde gronden voor de vermindering van de financiële bijstand, aangezien daarin wordt verklaard dat de daarin beschreven afwijkingen het betrokken project aanzienlijk hebben gewijzigd zodat deze niet aanvaardbaar zijn". 57 Beschikking C(2000) 1754 geeft dus geen andere grond voor de vermindering van de financiële bijstand dan de omvang van de, zonder voorafgaande mededeling, in het project aangebrachte wijzigingen; deze beschikking vermeldt wel dat genoemde wijzigingen niet aanvaardbaar zijn, doch zij geeft niet aan, in hoeverre deze wijzigingen onaanvaardbaar zijn, los van overwegingen ter zake van de omvang van deze wijzigingen. In het bijzonder geeft zij niet aan waarom het project in zijn gewijzigde vorm minder geschikt zou zijn om voor communautaire financiële bijstand in aanmerking te komen dan het oorspronkelijke project. 58 Beschikking C(2000) 1754 stelt de begunstigde van de financiële bijstand dus niet in staat kennis te nemen van het oordeel van de Commissie betreffende de conformiteit van de vastgestelde afwijkingen met het voorwerp, de opzet en het doel van het project. Deze conformiteit is evenwel bepalend voor de vraag, of de gedurende de uitvoering van het project aangebrachte wijzigingen wel of niet aanvaardbaar zijn. 59 Beschikking C(2000) 1754 onthoudt verzoekster en het Gerecht dus informatie die onder andere noodzakelijk is voor de rechterlijke controle van de betrokken handeling; uit dien hoofde is zij ontoereikend gemotiveerd. 60 Gelet op het voorgaande, dient dit middel te worden aanvaard en beschikking C(2000) 1754 nietig te worden verklaard, zonder dat over de andere door Le Canne aangevoerde middelen tot nietigverklaring of het door haar ingediende verzoek tot deskundigenonderzoek uitspraak behoeft te worden gedaan. De vordering tot schadevergoeding 61 In het tweede punt van haar conclusies verzoekt Le Canne het Gerecht om de Commissie te veroordelen, de financiële schade die zij beweert te hebben geleden als gevolg van de bestreden vermindering, te vergoeden op basis van de in Italië geldende wettelijke rente, te rekenen vanaf de dag van de eerste gedeeltelijke betaling tot de betaling van het saldo. 62 Krachtens artikel 233 EG is het echter aan de Commissie om te bepalen, welke maatregelen nodig zijn voor de uitvoering van het onderhavige arrest en, in voorkomend geval, een nieuwe beschikking vast te stellen die toereikend is gemotiveerd. 63 Hieruit volgt dat het Gerecht in het onderhavige beroep niet zonder op de inhoud van een nog vast te stellen nieuwe beschikking te prejudiciëren, uitspraak op de vordering van Le Canne kan doen. 64 Deze vordering dient dus te worden afgewezen. Beslissing inzake de kosten Kosten 65 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dit is gevorderd. 66 Aangezien de Commissie in het ongelijk is gesteld, moet zij worden verwezen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die op het kort geding zijn gevallen. Dictum HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer), rechtdoende: 1) Verklaart beschikking C(2000) 1754 van 11 juli 2000 nietig. 2) Verwerpt het beroep voor het overige. 3) Verwijst de Commissie in de kosten, daaronder begrepen de kosten die op het kort geding zijn gevallen.

61986CJ0250

pt

Nem as disposições regulamentares que instituem uma ajuda à refinação dos açúcares em bruto originários dos departamentos franceses ultramarinos, concedida a todas as refinarias situadas nos territórios europeus dos Estados-membros, nem as que instituem uma ajuda à refinação, nas refinarias portuguesas, de açúcar em bruto obtido a partir de beterrabas colhidas na Comunidade dizem individualmente respeito, na acepção do artigo 173.°, segundo parágrafo, do Tratado, a uma das refinarias portuguesas. Estas disposições só dizem respeito a uma refinaria portuguesa na sua qualidade objectiva de refinaria de açúcar, como qualquer outro operador económico em idêntica situação, pelo que, em relação a ela, não está preenchida uma das condições a que, segundo uma jurisprudência constante (ver acórdão de 24 de Fevereiro de 1987, Deutz und Geldermann, 26/86, Colect. p. 941), está sujeita a admissibilidade do recurso de anulação, interposto por um particular, de um acto adoptado sob a forma de regulamento. Partes Nos processos apensos 250/86 e 11/87, Refinarias de Açúcar Reunidas SA (RAR), com sede no Porto, patrocinada pelo advogado Nuno Ruiz, de Lisboa, com domicílio escolhido no escritório do advogado Guy Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, Luxemburgo, recorrente, contra Conselho das Comunidades Europeias, representado por Antonio Sacchettini, director no Serviço Jurídico, assistido por Antonio Lucidi e I. Lopes Cardoso, membros do Serviço Jurídico, os dois primeiros na qualidade de agentes e a terceira na qualidade de co-agente, com domicílio escolhido no gabinete do Dr. Joerg Kaeser, director dos Assuntos Jurídicos do Banco Europeu de Investimento, Luxemburgo (processo 250/86), recorrido, apoiado por Comissão das Comunidades Europeias, representada por Luís Antunes e Peter Oliver, membros do seu Serviço Jurídico, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no gabinete de Georgios Kremlis, membro do mesmo Serviço Jurídico, Centro Wagner, Luxemburgo, interveniente, e contra Comissão das Comunidades Europeias, representada por Luís Antunes e Peter Oliver, membros do seu Serviço Jurídico, na qualidade de agentes, com domicílio escolhido no gabinete de Georgios Kremlis, membro do mesmo Serviço Jurídico, Centro Wagner, Luxemburgo (processo 11/87), recorrida, que têm por objecto a anulação, nos termos do segundo parágrafo do artigo 173.° do Tratado CEE: - do artigo 3.° do Regulamento n.° 2225/86 do Conselho, de 15 de Julho de 1986, que adopta medidas para o escoamento dos açúcares produzidos nos departamentos franceses ultramarinos e para a igualização das condições de preços com o açúcar bruto preferencial (JO L 194, p. 7), e - dos artigos 2.°, n.° 1, alínea b), e 6.°, alínea b), do Regulamento n.° 3214/86 da Comissão, de 22 de Outubro de 1986, que adopta medidas para o abastecimento das refinarias portuguesas, durante a campanha de comercialização de 1986-1987, em açúcar em bruto de beterrabas colhidas na Comunidade (JO L 299, p. 24), O TRIBUNAL (Sexta Secção), constituído pelos Srs. T. Koopmans, presidente de secção, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler e M. Díez de Velasco, juízes, (os fundamentos não são reproduzidos) decide: Parte decisória 1) Os recursos são julgados inadmissíveis. 2) A recorrente suportará as despesas do Conselho e da Comissão.

62008CJ0221

sl

Komisija Evropskih skupnosti s tožbo Sodišču predlaga, naj ugotovi, da: –        Irska s tem, da je določila najnižjo in najvišjo drobnoprodajno ceno za cigarete, ni izpolnila obveznosti iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov (UL L 291, str. 40), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002 (UL L 46, str. 26, v nadaljevanju: Direktiva 95/59), in –        Irska s tem, da ni zagotovila potrebnih podatkov z namenom, da se Komisiji omogoči izpolnitev dolžnosti nadzorovati izpolnjevanje Direktive 95/59, ni izpolnila obveznosti iz člena 10 ES. Pravni okvir Skupnostna ureditev V uvodnih izjavah 2, 3 in 7 Direktive 95/59 je navedeno: „(2) ker je cilj Pogodbe [ES] vzpostavitev ekonomske unije, znotraj katere je zdrava konkurenca, katere značilnosti so podobne tistim na domačem trgu; glede tobačnih izdelkov doseganje tega cilja predpostavlja, da v državah članicah obdavčenje, ki vpliva na porabo izdelkov iz tega sektorja, ne izkrivlja pogojev konkurenčnosti in ne ovira prostega pretoka znotraj Skupnosti; (3)   ker mora, kar zadeva trošarine, uskladitev struktur imeti za posledico konkurenco med različnimi kategorijami tobačnih izdelkov iz iste skupine, ki naj je obračunavanje davkov ne izkrivlja in mora pripeljati do odprtja nacionalnih trgov držav članic; […] (7)   ker konkurenca zahteva sistem svobodnega oblikovanja cen za vse skupine tobačnih izdelkov.“ Člen 2(1) te direktive določa: „Za tobačne izdelke se štejejo: (a)   cigarete; (b)   cigare in cigarilosi; (c)   tobak za kajenje: –        drobno rezan tobak za zvijanje cigaret, –        drug tobak za kajenje, kot so določeni v členih od 3 do 7.“ Člen 8 Direktive 95/59 določa: „1.   Cigarete, proizvedene v Skupnosti, in tiste, uvožene iz držav nečlanic, se obdavčijo s proporcionalno trošarino, izračunano glede na najvišjo maloprodajno [drobnoprodajno] ceno, vključno s carinami, in tudi s specifično trošarino, ki se izračuna po enoti izdelka. 2.     Odstotek proporcionalne trošarine in znesek specifične trošarine sta za vse cigarete enaka. […]“ Člen 9(1) te direktive določa: „Fizična ali pravna oseba s sedežem v Skupnosti, ki predela tobak v končne izdelke, pripravljene za maloprodajo [prodajo na drobno], se šteje za proizvajalca. Proizvajalci oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščeni posredniki v Skupnosti in uvozniki tobaka iz držav nečlanic lahko svobodno določijo najvišjo drobnoprodajno ceno za vsak svoj izdelek in za vsako državo članico, v kateri se zadevni izdelki sprostijo v porabo. Vendar pa drugi odstavek ne sme ovirati delovanja nacionalnih pravnih sistemov glede nadzora cen ali upoštevanja predpisanih cen, če so sistemi združljivi z zakonodajo Skupnosti.“ Člen 16 navedene direktive določa: „1.   Znesek specifične trošarine od [za] cigaret[e] se določi glede na najbolje prodajane cigarete [cigarete cenovnega razreda, po katerem je največje povpraševanje], v skladu s podatki, ki so na voljo 1. januarja vsakega leta, z začetkom na dan 1. januar 1978. 2.     Specifična trošarina ne sme biti nižja od 5 % ali višja od 55 % zneska celotne davčne obremenitve, ki vključuje agregacijo proporcionalne trošarine, specifične trošarine in prometnega davka, ki se obračunajo od cigaret. […] 5.     Države članice lahko obračunavajo najnižjo trošarino za cigarete, prodajane po ceni, ki je nižja od drobnoprodajne cene za cigarete cenovnega razreda, po katerem je največje povpraševanje, pod pogojem, da taka trošarina ne presega zneska trošarine, ki se obračunava za cigarete cenovnega razreda, po katerem je največje povpraševanje.“ Direktiva Sveta 92/79/EGS z dne 19. oktobra 1992 o približevanju davkov na cigarete (UL L 316, str. 8), kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2003/117/ES z dne 5. decembra 2003 (UL L 333, str. 49), določa najnižje stopnje in zneske skupne trošarine za cigarete in za predelani tobak razen cigaret. Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru tobaka, podpisana 21. maja 2003 v Ženevi (v nadaljevanju: Konvencija SZO), je bila v imenu Skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 2004/513/ES z dne 2. junija 2004 (UL L 213, str. 8). Člen 6 te konvencije z naslovom „Cenovni in davčni ukrepi za zmanjšanje povpraševanja po tobaku“ določa: „1. Podpisnice priznavajo, da so cenovni in davčni ukrepi učinkovito in pomembno sredstvo za zmanjšanje porabe tobaka pri različnih skupinah prebivalstva, zlasti pri mladih. 2. Ne glede na suverene pravice podpisnic glede določanja in sprejemanja njihove davčne politike vsaka podpisnica upošteva svoje nacionalne zdravstvene cilje o nadzoru tobaka in sprejema oziroma ohranja v veljavi ukrepe, med katere lahko spada: (a)   uresničevanje davčne in cenovne politike tobačnih izdelkov kot sredstvo za uresničevanje zdravstvenih ciljev, katerih namen je zmanjšanje porabe tobaka […] […]“ Nacionalna ureditev Minister za zdravstvo lahko na podlagi člena 2(1) zakona o tobačnih izdelkih iz leta 1978 (nadzor oglaševanja, sponzoriranja in pospeševanja prodaje) št. 27/1978 (Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion), Act 1978, N 27/1978) sprejme uredbe za nadzor in ureditev oglaševanja tobačnih izdelkov, sponzoriranja in drugih dejavnosti, katerih cilj bi lahko bil pospeševanje prodaje tobačnih izdelkov. V skladu s členom 2(2)(i) tega zakona se lahko z uredbami določi „prepoved prodaje tobačnih izdelkov po cenah, ki so toliko nižje od cen primerljivih tobačnih izdelkov v določenem trenutku, da prodaja po teh nižjih cenah po mnenju ministra (za zdravstvo) pomeni obliko pospeševanja prodaje.“ Zakonodaja na tem področju je bila podprta z uredbo o tobačnih izdelkih iz leta 1991 (nadzor oglaševanja, sponzoriranja in pospeševanja prodaje) (Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion) Regulations 1991, S.I. n°326/1991, v nadaljevanju: uredba iz leta 1991), s katero je bila razveljavljena tudi uredba o tobačnih izdelkih iz leta 1986 (nadzor oglaševanja, sponzoriranja in pospeševanja prodaje) (št. 2) (Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion) (N°2) Regulations 1986, S.I. n 107/1986, v nadaljevanju : uredba iz leta 1986). Člen 16 uredbe iz leta 1991, ki ustreza členu 18 uredbe iz leta 1986, določa: „(1) Pri prodaji na drobno nihče ne sme prodajati tobačnega izdelka določene znamke po ceni, ki je nižja od cene, ki sicer velja za to znamko. (2)   Pri prodaji na drobno nihče ne sme prodajati tobačnega izdelka določene znamke po ceni, ki je nižja od cene, ki sicer velja za to znamko, tako, da bi osebam razdeljeval kupone ali podobne listine. (3)   Pri prodaji ali nakupu tobačnega izdelka na drobno nihče ne sme uporabljati bonov, znamk, kuponov, bonusov, žetonov ali daril (vključno z darili tobačnih izdelkov).“ Člen 17 uredbe iz leta 1991, ki ustreza členu 19 uredbe iz leta 1986, določa: „(1) Pri prodaji na drobno nihče ne sme prodajati tobačnega izdelka določene znamke po ceni, za katero je minister (za zdravstvo) pri izvajanju svojih pristojnosti iz člena 2(2)(i) zakona (o tobačnih izdelkih iz leta 1978) ugotovil, da prodaja tega izdelka po tej ceni pomeni neke vrste pospeševanje prodaje. (2)   Mnenje ministra na podlagi prvega odstavka tega člena se zadevni osebi posreduje pisno.“ Minister za zdravstvo je leta 1986 izdal pojasnitveni akt (Memorandum of Clarification) v zvezi z uredbo iz leta 1986. Prvi stavek točke 2 dela navedenega akta v zvezi s členom 19 uredbe iz leta 1986 določa: „Povprečna ponderirana cena za vse cigarete v vsaki kategoriji, ki jih prodajajo družbe, članice Irish Tobacco Manufacturers Advisory Council (svetovalni odbor proizvajalcev tobaka na Irskem), se bo izračunala na podlagi obsega neto prodaje iz skladišča za vsako znamko za prejšnje leto do 31. decembra in priporočene drobnoprodajne cene, ki velja, ko se določa povprečna ponderirana cena za vsako kategorijo.“ V skladu s prvim stavkom točke 3 tega dela navedenega akta „do oblike pospeševanja prodaje pride, če je priporočena drobnoprodajna cena neke blagovne znamke za več kot 3 % nižja od ponderirane povprečne cene te kategorije.“ Predhodni postopek Ker je Komisija menila, da irska zakonodaja o prodaji tobačnih izdelkov ni združljiva s členom 9(1) Direktive 95/59, je 23. oktobra 2001 na Irsko naslovila pisni opomin. Komisija je 27. julija 2002 na to državo članico naslovila tudi zahtevo za posredovanje podatkov o veljavni irski zakonodaji. Ker je Komisija ocenila, da odgovor Irske z dne 4. septembra 2002 na pisni opomin ni vseboval zahtevanih podatkov, je 1. oktobra 2002 tej državi članici poslala novo zahtevo za posredovanje podatkov, na katero ni dobila odgovora. Komisija je tako na Irsko 17. oktobra 2003 in 9. julija 2004 naslovila pisni opomin in obrazloženo mnenje, v katerih je ugotovila, da ta država članica ni izpolnila obveznosti iz člena 10 ES, ker ni posredovala zahtevanih podatkov. S tem obrazloženim mnenjem jo je pozvala, naj v roku dveh mesecev od prejetja tega mnenja izpolni svoje obveznosti. Irski minister za zdravstvo in otroke je 10. decembra 2004 S. Medghoulu, direktorju, odgovornemu za davke in carinsko unijo pri Komisiji, poslal dopis, v katerem je na kratko predstavil pred kratkim sprejeto irsko zakonodajo glede javnega zdravja in tobaka, pri čemer je poudaril, da je bila ta predmet postopka pred irskimi sodišči, zato še ni začela veljati. Navedena zakonodaja ob izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju z dne 15. decembra 2006, navedenem v točki 21 te sodbe, še ni začela veljati. Na predlog Komisije je 10. februarja 2005 potekal sestanek med njo in irskimi organi. Komisija je 10. aprila 2006 Irski poslala pisni opomin in 15. decembra 2006 novo obrazloženo mnenje, v katerem je zatrjevala, da ta država članica s tem, da je vzpostavila sistem najvišjih in najnižjih drobnoprodajnih cen za cigarete, ni izpolnila obveznosti iz člena 9(1) Direktive 95/59. Z navedenim obrazloženim mnenjem jo je pozvala, naj v roku dveh mesecev od njegovega prejetja te obveznosti izpolni. Irska je na to obrazloženo mnenje odgovorila z dopisom z dne 15. januarja 2007, v katerem je zatrjevala, da je bila zadevna nacionalna zakonodaja nujna za varovanje javnega zdravja. Komisija je tako 29. junija 2007 izdala dodatno obrazloženo mnenje. Ker je menila, da je v zvezi z odgovorom Irske na to obrazloženo mnenje položaj ostal nezadovoljiv, je vložila to tožbo. Tožba Očitek kršitve člena 9(1) Direktive 95/59 Trditve strank Komisija na podlagi podatkov, ki jih ima, zlasti tistih iz zapisnika sestanka z dne 10. februarja 2005, meni, da so v skladu z zadevno irsko zakonodajo in ob upoštevanju prakse irskih organov za prodajo cigaret na drobno določene, na eni strani, najnižje cene, ker je prepovedano uporabljati ceno, za več kot 3 % nižjo od ponderirane povprečne cene za upoštevno kategorijo, in, na drugi strani, najvišje cene, ker je prepovedano prekoračiti navedeno ponderirano povprečno ceno za več kot 3 %. Ta sistem naj bi omejeval svobodo proizvajalcev in uvoznikov, da določijo najvišje drobnoprodajne cene za njihove proizvode, in naj bi bil torej v nasprotju s členom 9(1) Direktive 95/59. Ta sistem naj bi preprečeval prodajo cigaret po ceni, nižji od tiste, ko jo določi zadevna država članica, enako kot drugi podobni nacionalni sistemi, ki jih je Sodišče preučilo. Člen 9(1) Direktive 95/59 naj ne bi nasprotoval tej ugotovitvi. Zadevni sistem najnižjih in najvišjih cen naj tudi ne bi bil utemeljen s ciljem varovanja javnega zdravja iz člena 30 ES. Iz sodbe z dne 17. aprila 2007 v zadevi AGM-COS.MET (C-470/03, ZOdl., str. I‑2749) je med drugim razvidno, da vprašanja, ki je bilo usklajeno, ni mogoče preučevati ob upoštevanju določb primarnega prava, ki določajo odstopanje od temeljnih svoboščin. Države članice bi lahko vsekakor zagotovile dovolj visoke drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov, kadar bi bilo to nujno zaradi boja proti odvisnosti od kajenja, s splošnim povišanjem davčne stopnje zanje in tudi s specifičnim povišanjem, tako da bi pripisale posebno težo različnim elementom trošarine in da bi določile najnižjo trošarino. Direktive v zvezi z obdavčenjem cigaret naj bi državam članicam pustile svobodo, da to obdavčitev prilagodijo svojim potrebam. Komisija poleg tega meni, da je člen 9(1) Direktive 95/59 združljiv s Konvencijo SZO. Na eni strani ta konvencija podpisnic naj ne bi zavezovala k uporabi najnižjih cen. Na drugi strani pa državam članicam naj ne bi dajala pravice, ki bi jo bilo mogoče uveljavljati proti Skupnosti, do izbire med uporabo davčnih politik in cenovnih politik, saj se to vprašanje nanaša na notranje delovanje Skupnosti. Komisija meni tudi, da besedilo Priporočila Sveta 2003/54/ES z dne 2. decembra 2002 o preprečevanju odvisnosti od kajenja in o ukrepih za izboljšan nadzor tobaka (UL 2003, L 22, str. 31), na katerega se sklicuje Irska, v delu, v katerem se nanaša na „primerne cenovne ukrepe za tobačne izdelke za odvračanje od uživanja tobaka“, ni zavezujoče in da ga nikakor ni mogoče razlagati tako, da spodbuja h kršitvi člena 9(1) Direktive 95/59. Poleg tega stališča v zvezi z javnim zdravjem naj ne bi bila popolnoma nepovezana z usklajenimi trošarinami za tobačne izdelke. Irska zatrjuje, da niti zadevna nacionalna ureditev niti pojasnitveni akt iz leta 1986 ne določata prepovedi prekoračitve za več kot 3 % ponderirane povprečne cene za vsako kategorijo cigaret. Najvišje cene torej naj ne bi bile določene. Irska meni, da zapisnik sestanka z dne 10. februarja 2005 ne odraža realnega stanja v zvezi s tem. Ta država članica tudi meni, da v členu 9(1) Direktive 95/59, ki določa, da proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov svobodno določijo najvišjo drobnoprodajno ceno za svoje proizvode, najnižje cene niso navedene in tako ne prepoveduje določitve teh najnižjih cen. Določitev najnižje cene naj bi proizvajalce in uvoznike ovirala pri določanju najvišjih cen le v tehničnem in popolnoma umetnem smislu. Poleg tega naj bi bil – drugače kot v drugih nacionalnih ureditvah, ki jih je Sodišče preučilo - namen irskega sistema zgolj boj proti prodaji tobaka po nizkih cenah. Irska meni, da sodne prakse, ki jo navaja Komisija v utemeljitev svoje trditve, da se v obravnavani zadevi ni mogoče sklicevati na člen 30 ES, ni mogoče prenesti na to zadevo. Sodišče naj bi v sodbi z dne 19. oktobra 2000 v zadevi Komisija proti Grčiji (C‑216/98, Recueil, str. I‑8921) potrdilo, da je mogoče na podlagi člena 30 ES, zlasti cilja varovanja življenja in zdravja oseb, določitev najnižjih drobnoprodajnih cen za tobačne izdelke načeloma utemeljiti. Države članice naj bi imele široko diskrecijsko pravico za presojo ukrepov, ki so nujni in ustrezni za varovanje javnega zdravja. V zvezi s tem naj bi zadevna irska zakonodaja ustrezala merilu sorazmernosti. Izhajala naj bi iz utemeljene politične izbire med določitvijo najnižjih cen in zvišanjem obdavčitve. Irska zatrjuje tudi, da davčni ukrepi sami po sebi niso zadostno sredstvo za uresničevanje cilja varovanja javnega zdravja, ki je preprečevanje prodaje cigaret po nizkih cenah. Učinki teh ukrepov bi bili negotovi, ker bi se proizvajalci lahko odločali, ali bodo nosili posledice povišanja trošarin. Poleg tega se ta država članica ne bi mogla učinkovito boriti proti prodaji tobaka po nizkih cenah z določitvijo najnižje trošarine, ne da bi povišala splošno obdavčitev cigaret, torej obdavčitev, ki je na Irskem že zelo visoka. Zaradi povišane stopnje trošarin naj bi se povečalo tudi tveganje za tihotapstvo. Sorazmernost, ob upoštevanju tega cilja, irskega sistema določitve najnižjih cen naj bi bila potrjena v točki 7 Priporočila št. 2003/54 in členu 6(2)(a) Konvencije SZO. Irska glede navedenega priporočila meni, da čeprav priporočila niso zavezujoča, bi jih bilo treba upoštevati, vsaj kadar bi lahko pojasnila razlago prava Skupnosti. V zvezi s Konvencijo SZO meni, da čeprav ta ne določa obveznosti uporabe sistema najnižjih cen, pa zahteva, da podpisnice uravnavajo drobnoprodajne cene za tobačne izdelke bodisi z davčnimi bodisi s cenovnimi politikami glede na to, katera rešitev je najustreznejša. Irska naj bi na podlagi svoje diskrecijske pravice menila, da so bile cenovne politike ustrezna dopolnitev njenih davčnih politik. Irska nazadnje zatrjuje, da Direktiva 95/59 temelji na cilju zagotavljanja konkurence in da ne upošteva stališč v zvezi z javnim zdravjem. Komisija naj bi v zvezi s tem pred kratkim sama predlagala spremembe te direktive (predlog direktive COM(2008) 459 konč.), katerih namen je bil predvsem zmanjšanje porabe tobaka. Potrdila je tudi, da obstoječi sistem Skupnosti ni omogočal preprečevanja bistvenih razlik v cenah v državah članicah in da so te razlike vodile k tihotapstvu in večji čezmejni trgovini, kar naj bi povzročilo izkrivljanje konkurence na trgu tobaka, proračunske izgube v državah članicah, v katerih velja relativno visoka obdavčitev, in poleg tega spodkopavanje uresničevanja ciljev javnega zdravja. Presoja Sodišča Najprej je treba spomniti, da je iz uvodne izjave 3 Direktive 95/59 razvidno, da je ta direktiva del politike uskladitve struktur trošarin za tobačne izdelke, katere cilj je, da se konkurenca med različnimi kategorijami tobačnih izdelkov iz iste skupine ne izkrivlja in da tako pride do odprtja nacionalnih trgov držav članic. Člen 8(1) te direktive s tem namenom določa, da se cigarete, proizvedene v Skupnosti, in tiste, uvožene iz držav nečlanic, v vsaki državi članici obdavčijo s proporcionalno trošarino, izračunano glede na najvišjo drobnoprodajno ceno, skupaj s carinami, in tudi s specifično trošarino, ki se izračuna po enoti izdelka (zgoraj navedena sodba Komisija proti Grčiji, točka 19). Poleg tega je iz uvodne izjave 7 Direktive 95/59 razvidno, da konkurenca zahteva sistem svobodnega oblikovanja cen za vse skupine tobačnih izdelkov. Člen 9(1) te direktive v zvezi s tem določa, da lahko proizvajalci ali – kadar je to potrebno – njihovi zastopniki ali pooblaščeni posredniki v Skupnosti in uvozniki tobaka iz držav nečlanic svobodno določijo najvišjo drobnoprodajno ceno za vsak svoj izdelek, da bi se dejansko zagotovila konkurenca med njimi (zgoraj navedena sodba Komisija proti Grčiji, točka 20). Namen te določbe je zagotoviti, da se za osnovo za izračun proporcionalne trošarine za tobačne izdelke, in sicer najvišjo drobnoprodajno ceno za te proizvode, uporabljajo enaka pravila v vseh državah članicah. Njen namen je tudi, kot zatrjuje generalna pravobranilka v točki 40 sklepnih predlogov, ohraniti svobodo zgoraj navedenih gospodarskih subjektov, ki jim omogoča, da dejansko izkoristijo konkurenčno prednost, ki jo imajo na podlagi morebitnih nižjih proizvodnih cen. Dejstvo, da javni organ določi najnižje drobnoprodajne cene, pomeni, da najnižja drobnoprodajna cena, ki jo določijo proizvajalci in uvozniki, nikakor ne more biti nižja od predpisane najnižje cene. Ureditev, s katero je določena ta najnižja cena, torej lahko škodi konkurenci s tem, da nekaterim proizvajalcem ali uvoznikom onemogoča izkoristiti nižje proizvodne cene, zaradi katerih bi lahko predlagali privlačnejše drobnoprodajne cene. Sistema najnižje drobnoprodajne cene za tobačne izdelke zato ni mogoče šteti za združljivega s členom 9(1) Direktive 95/59, ker nikakor ni zastavljen tako, da bi zagotovil, da ni škode za konkurenčno prednost, ki bi jo lahko imeli nekateri proizvajalci ali uvozniki takih proizvodov zaradi nižjih proizvodnih cen, in da tako ne pride do izkrivljanja konkurence (glej sodbi z dne 4. marca 2010 v zadevi Komisija proti Franciji, C‑197/08, še neobjavljena v ZOdl., točka 38, in Komisija proti Avstriji, C‑198/08, še neobjavljena v ZOdl., točka 30). Zadevno nacionalno ureditev je treba preučiti ob upoštevanju teh načel. S to ureditvijo je za proizvajalce in uvoznike, ki delujejo na irskem trgu, določena najnižja drobnoprodajna cena za cigarete, ki znaša 97 % ponderirane povprečne cene na tem trgu za vsako kategorijo cigaret. Nasprotno pa Komisija ni dokazala, da je s tem sistemom za proizvajalce in uvoznike določene najvišja drobnoprodajna cena za cigarete. Ugotoviti je treba, da navedeni sistem nikakor ne omogoča, da bi se izključilo, da naložene najnižje cene škodujejo konkurenčni prednosti, ki bi jo lahko imeli nekateri proizvajalci ali uvozniki tobačnih izdelkov zaradi nižjih proizvodnih cen. Nasprotno, kot je Komisija poudarila na obravnavi, ne da bi ji Irska glede tega nasprotovala, bi se lahko zaradi takega sistema, ki poleg tega določa najnižjo ceno glede na ponderirano povprečno ceno na trgu za vsako kategorijo cigaret, odpravile razlike med cenami konkurenčnih proizvodov in te cene približale ceni najdražjega proizvoda. Navedeni sistem torej škoduje svobodi proizvajalcev in uvoznikov glede določitve njihove najvišje drobnoprodajne cene, zagotovljene s členom 9(1), drugi pododstavek, Direktive 95/59. Kot poudarja generalna pravobranilka v točkah 50 in 51 sklepnih predlogov, Konvencija SZO podpisnicam z vidika cenovne politike pri tobačnih izdelkih ne določa konkretnih obveznosti in določa samo mogoče načine ravnanja, da bi se upoštevali nacionalni zdravstveni cilji o nadzoru tobaka. Člen 6(2) te konvencije namreč določa samo, da podpisnice sprejemajo ali ohranjajo v veljavi ukrepe, „med katere lahko spada“ uresničevanje davčne in „po potrebi“ cenovne politike tobačnih izdelkov. Iz Priporočila 2003/54, ki sicer ni zavezujoče, prav tako ni razvidna nobena konkretna navedba v zvezi z uporabo sistema najnižjih cen. Odlomki iz teh besedil, na katere se sklicuje Irska, izražajo le stališče, da je posledica visokih cen tobačnih izdelkov odvračanje od njihove porabe. Vsekakor, kot je razvidno iz točke 41 te sodbe, Direktiva 95/59 ne nasprotuje cenovni politiki, če ta ni v nasprotju s cilji navedene direktive, predvsem s ciljem preprečevanja izkrivljanja konkurence med različnimi kategorijami tobačnih izdelkov, ki spadajo v isto skupino. Irska zatrjuje tudi, da je zadevni sistem najnižjih cen utemeljen s ciljem varovanja zdravja in življenja oseb, ki je določen v členu 30 ES. Ta država članica meni, da povišanje davčne stopnje ne bi moglo zagotoviti dovolj visokih cen tobačnih izdelkov, ker bi lahko posledice tega povišanja nosili proizvajalci ali uvozniki s tem, da bi se odpovedali delu svojega dobička oziroma celo da bi prodajali z izgubo. V zvezi s tem je treba spomniti, da člena 30 ES ni mogoče razumeti tako, da dovoljuje ukrepe, ki niso količinske omejitve pri uvozu in izvozu, ter ukrepe z enakim učinkom iz členov 28 ES in 29 ES (glej v tem smislu sodbo z dne 27. februarja 2002 v zadevi Komisija proti Franciji, C‑302/00, Recueil, str. I‑2055, točka 33). Komisija pa se v obravnavanem primeru ni sklicevala na kršitev zadnjenavedenih določb. Ni dvoma, da Direktiva 95/59 Irski ne preprečuje boja proti odvisnosti od kajenja, kar spada k cilju varovanja javnega zdravja. Prav tako ni mogoče trditi, da se ta cilj v tej direktivi ne upošteva. Kot je namreč navedeno v uvodni izjavi 7 Direktive 2002/10, ki je zadnji akt, s katerim je bila spremenjena Direktiva 95/59/ES, katere člen 9 pa je ostal nespremenjen glede na njeno prvotno različico, Pogodba ES, predvsem člen 152(1), prvi pododstavek, zahteva, da se pri opredeljevanju in izvajanju vseh politik in dejavnosti Skupnosti zagotavlja visoka raven varovanja zdravja ljudi. V tej uvodni izjavi je navedeno tudi, da je stopnja obdavčenja glavni dejavnik v ceni tobačnih izdelkov, ki vpliva na kadilske navade potrošnikov. Sodišče je že tudi odločilo, da je pri tobačnih izdelkih davčna zakonodaja pomembno in učinkovito orodje boja zoper porabo teh proizvodov in torej varovanje javnega zdravja (sodba z dne 5. oktobra 2006 v zadevi Valeško, C‑140/05, ZOdl., str. I‑10025, točka 58) in da je mogoče cilj, ki je zagotavljanje zelo visokih cen navedenih proizvodov, ustrezno doseči z višjo obdavčitvijo teh proizvodov, saj mora povišanje trošarin neizogibno povzročiti povišanje drobnoprodajnih cen, ne da bi to posegalo v svobodo določanja cen (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Komisija proti Grčiji, točka 31). Poleg tega, če želijo države članice dokončno izločiti vsako možnost, da bi proizvajalci ali uvozniki nosili, čeprav začasno, posledice vpliva davkov na drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov, tako da bi jih prodajali z izgubo, lahko navedenim proizvajalcem in uvoznikom prepovejo prodajo tobačnih izdelkov po ceni, nižji od zneska proizvodne cene in vseh davkov, in jim hkrati omogočijo, da izkoristijo konkurenčno prednost, ki bi jo lahko imeli zaradi nižjih proizvodnih cen (glej zgoraj navedeni sodbi Komisija proti Franciji z dne 4. marca 2010, točka 53, in Komisija proti Avstriji, točka 43). Iz vsega navedenega je razvidno, da je treba tožbi Komisije ugoditi v delu, v katerem se nanaša na očitek glede določitve najnižjih drobnoprodajnih cen za cigarete na Irskem, in zavrniti v delu, v katerem se nanaša na očitek glede določitve najvišjih drobnoprodajnih cen za cigarete v tej državi članici. Zato je treba ugotoviti, da Irska s tem, da je določila najnižjo drobnoprodajno ceno za cigarete, ni izpolnila obveznosti iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/59. Očitek kršitve člena 10 ES Trditve strank Komisija meni, da ji morajo države članice na podlagi člena 10 ES olajševati izpolnjevanje nalog, zlasti izpolnjevanje zahtev za posredovanje podatkov, podanih v okviru postopka kršitve. Ker torej Irska kljub zahtevah Komisije z dne 27. julija in 1. oktobra 2002 ni posredovala podatkov o veljavni irski zakonodaji, ni izpolnila obveznost iz navedenega člena. V odgovoru te države članice z dne 4. septembra 2002 na pisni opomin z dne 23. oktobra 2001 naj namreč ne bi bilo zahtevanih podatkov. Poleg tega Irska naj ne bi odgovorila niti na pisni opomin z dne 17. oktobra 2003 niti na obrazloženo mnenje z dne 9. julija 2004. Irska z dopisom z dne 10. decembra 2004 naj ne bi izpolnila obveznosti sodelovanja, ker je bil zadnjenavedeni dopis posredovan dve leti po tem, ko je bila nanjo naslovljena zahteva za posredovanje podatkov. Irska trdi, da je minister za zdravje in otroke 30. maja 2002 S. Medghoulu poslal kopijo dokumentov, ki jih je Komisija navedla v zahtevi za posredovanje podatkov. Ta država članica naj bi 4. septembra 2002 odgovorila na pisni opomin z dne 23. oktobra 2001 in na zahtevo Komisije za posredovanje podatkov. Nazadnje, irski organi naj bi z dopisom z dne 10. decembra 2004 podrobno pojasnili nedavno sprejeto nacionalno zakonodajo. Komisija naj bi bila torej v celoti seznanjena z irsko zakonodajo. Irska naj bi zato ugovarjala temu, da ni izpolnila obveznosti iz člena 10 ES. Presoja Sodišča Na podlagi člena 10 ES morajo države članice v dobri veri sodelovati v vseh poizvedbah Komisije na podlagi člena 226 ES in ji posredovati vse informacije, ki jih s tem namenom zahteva (glej sodbo z dne 13. julija 2004 v zadevi Komisija proti Italiji, C‑82/03, ZOdl., str. I‑6635, točka 15 in navedena sodna praksa). Irska torej po izteku roka, določenega v obrazloženem mnenju z dne 9. julija 2005 v zvezi z neizpolnitvijo člena 10 ES, še vedno ni posredovala zahtevanih podatkov, čeprav je bila večkrat pozvana, da to stori. Iz spisa namreč izhaja, da so irski organi šele z dopisom z dne 10. decembra 2004 na kratko predstavili najnovejšo nacionalno zakonodajo na področju javnega zdravja in tobaka. Zato je treba ugotoviti, da Irska s tem, da ni zagotovila potrebnih podatkov, ki Komisiji omogočijo izpolnitev dolžnosti nadzorovati spoštovanje Direktive 95/59, ni izpolnila obveznosti iz člena 10 ES. Stroški V skladu s členom 69(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V skladu s členom 69(3), Poslovnika lahko Sodišče odloči, da se stroški delijo ali da vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka stranka uspe samo deloma ali če so okoliščine izjemne. Vendar je treba, čeprav se tožba Komisije v delu zavrne, ugotoviti, da je v bistvenem utemeljena. Ob upoštevanju teh pogojev je treba Irski v skladu s predlogi Komisije naložiti plačilo stroškov. Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo: 1. Irska s tem, da je določila najnižjo drobnoprodajno ceno za cigarete, ni izpolnila obveznosti iz člena 9(1) Direktive Sveta 95/59/ES z dne 27. novembra 1995 o davkih, razen prometnih davkov, ki vplivajo na porabo tobačnih izdelkov, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2002/10/ES z dne 12. februarja 2002. 2. Irska s tem, da ni zagotovila potrebnih podatkov, ki Evropski komisiji omogočijo izpolnitev dolžnosti nadzorovati spoštovanje Direktive 95/59, kakor je bila spremenjena z Direktivo Sveta 2002/10, ni izpolnila obveznosti iz člena 10 ES. 3. V preostalem se tožba zavrne. 4. Irski se naloži plačilo stroškov. Podpisi * Jezik postopka: angleščina.

62003TJ0440

mt

Il-kuntest ġuridiku L-Artikolu 4(17) tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2913/92, tat-12 ta’ Ottubru 1992, li jwaqqaf il-Kodiċi Doganali tal-Komunità (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 2, Vol. 4, p. 307), jiddefinixxi d-dikjarazzjoni doganali bħala l-att li bih persuna tindika bil-forma u l-mod preskritti x-xewqa li tqiegħed merkanzija taħt proċedura doganali partikolari. L-Artikolu 4(19) tar-Regolament Nru 2913/92 jiddefinixxi l-preżentazzjoni ta’ merkanzija lid-dwana bħala n-notifika lill-awtoritajiet doganali, bil-mod stipulat, tal-wasla tal-merkanzija fl-uffiċċju doganali jew f’kull post ieħor indikat jew approvat mill-awtoritajiet doganali. L-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 jipprovdi: “1.   Taħt il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 64(2) u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet adottati fi ħdan il-qafas ta’ l-Artikolu 243(2)(b), kull persuna tista’ taħtar rappreżentant fin-negozjati tagħha ma’ l-awtoritajiet doganali biex jesegwixxi l-atti u l-formalitajiet stipulati mir-regoli doganali. 2.   Din ir-rappreżentazzjoni tista’ tkun: — diretta, f’liema każ ir-rappreżentant għandu jaġixxi f’isem u għan-nom ta’ persuna oħra, jew — indiretta, f’liema każ ir-rappreżentant għandu jaġixxi f’ismu proprju iżda għan-nom ta’ persuna oħra. Stat Membru jista’ jirrestrinġi d-dritt li jsiru dikjarazzjonijiet doganali: — b’rappreżentazzjoni diretta, jew — b’rappreżentazzjoni indiretta, għalhekk [b’tali mod li] ir-rappreżentant għandu jkun aġent doganali li jwettaq il-kummerċ tiegħu fit-territorju ta’ dak il-pajjiż.” L-Artikolu 64 tar-Regolament Nru 2913/92 jipprovdi: “1.   Bla ħsara għall-Artikolu 5, dikjarazzjoni doganali tista’ ssir minn kull persuna li hija kapaċi tippreżenta l-merkanzija konċernata jew tara li tkun preżentata lill-awtorità kompetenti doganali, flimkien mad-dokumenti kollha li huma meħtieġa li jiġu prodotti għall-applikazzjoni tar-regoli li jamministraw il-proċedura doganali li fir-rigward tagħha ġiet dikjarata l-merkanzija. 2.   Iżda, a) fejn l-aċċettazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali timponi obligazzjonijiet partikolari fuq persuna speċifika, id-dikjarazzjoni għandha ssir minn dik il-persuna jew għan-nom tagħha […]” L-Artikolu 38(1) tar-Regolament Nru 2913/92 jipprovdi: “Merkanzija mdaħħla fit-territorju doganali tal-Komunità għandha titwassal mill-persuna li ddaħħalha fil-Komunità mingħajr dewmien, mir-rotta speċifikata mill-awtoritajiet doganali u skond l-istruzzjonijiet tagħhom, jekk ikun hemm: a) fl-uffiċċju doganali nominat mill-awtoritajiet doganali jew f’xi post ieħor nominat jew approvat minn dawk l-awtoritajiet; jew, b) f’żona ħielsa, jekk il-merkanzija ser tiddaħħal f’dik iż-żona ħielsa direttament: — bil-baħar jew bl-ajru, jew — minn fuq l-art mingħajr ma tgħaddi minn parti oħra tat-territorju doganali tal-Komunità, fejn iż-żona ħielsa tmiss mal-fruntiera ta’ l-art bejn Stat Membru u pajjiż terz.” L-Artikolu 40 tar-Regolament Nru 2913/92, fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-każ ineżami, jipprovdi: “Merkanzija li, skond l-Artikolu 38(1)(a), tasal fl-uffiċċju doganali jew post ieħor nominat jew approvat mill-awtoritajiet doganali għandha tkun preżentata lid-dwana mill-persuna li daħħlet il-merkanzija fit-territorju doganali tal-Komunità jew, jekk ikun xieraq, mill-persuna li tassumi responsabbilità għall-ġarr tal-merkanzija wara dak id-dħul.” L-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 2913/92, fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-każ ineżami, jipprovdi: “Bla ħsara għall-Artikolu 45, merkanzija preżentata lid-dwana fit-tifsira ta’ l-Artikolu 40 għandha tkun koperta b’dikjarazzjoni sommarja. Id-dikjarazzjoni sommarja għandha tkun preżentata meta l-merkanzija tkun ġiet preżentata lid-dwana. L-awtoritajiet doganali jistgħu, madankollu, jikkonċedu perjodu għall-preżentazzjoni tad-dikjarazzjoni li m’għandux jestendi aktar mill-ewwel jum ta’ xogħol wara l-jum li fih il-merkanzija tiġi ppreżentata lid-dwana.” L-Artikolu 44 tar-Regolament Nru 2913/92, fil-verżjoni tiegħu applikabbli għall-każ ineżami, jindika: “1.   Id-dikjarazzjoni sommarja għandha ssir fuq formola li tikkorrispondi mal-mudell preskritt mill-awtoritajiet doganali. Madankollu, l-awtoritajiet doganali jistgħu jippermettu l-użu, bħala dikjarazzjoni sommarja, ta’ kull dokument kummerċjali jew uffiċjali li jkollu fih id-dettalji neċessarji għall-identifikazzjoni tal-merkanzija. 2.   Id-dikjarazzjoni sommarja għandha tiġi pprezentata minn: a) il-persuna li daħħlet il-merkanzija fit-territorju doganali tal-Komunità jew minn kull persuna li tassumi r-responsabbilità għall-ġarr tal-merkanzija wara dak id-dħul; b) il-persuna li f’isimha aġixxew il-persuni li ssir referenza għalihom fis-subparagrafu (a).” Il-fatti L-istatus inizjali tas-sensara marittimi L-istorja u n-natura tal-istatus ta’ sensar marittimu Fil-code de commerce Franċiż (Kodiċi tal-Kummerċ, iktar ’il quddiem il-“Kodiċi tal-Kummerċ”), il-korp tas-sensara interpreti u aġenti ta’ bastimenti (iktar ’il quddiem is-“sensara marittimi”) kien jibbenefika minn status ibridu peress li kien jgħaqqad l-istatus ta’ uffiċjal pubbliku, li kellu monopolju fir-rigward ta’ ċerti operazzjonijiet, u l-istatus ta’ negozjant. Dan l-istatus inħoloq mix-xewqa tal-leġiżlatur Franċiż li jipproteġi l-kaptani barranin li ma kinux jafu l-Franċiż, kif ukoll lill-kaptani Franċiżi, kontra intermedjarji li kienu japplikaw tariffi eċċessivi. Konsegwenzi tal-istatus ibridu tas-sensara marittimi — Qafas ġenerali tal-obbligi u tad-drittijiet rilevanti Mill-kwalitajiet tas-sensara marittimi bħala negozjanti u bħala uffiċjali pubbliċi kienu jirriżultaw ċertu numru ta’ drittijiet u obbligi (iktar ’il quddiem il-“privileġġ”). B’hekk, l-istatus ta’ negozjant kien jimplika ż-żamma ta’ ktieb u ta’ operazzjonijiet kontabbli, l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-fallimenti u l-projbizzjoni li n-negozjant jissieħeb f’soċjetà inkorporata taħt id-dritt ċivili. L-istatus ta’ uffiċjal pubbliku, li kien jirriżulta mill-Artikoli L-131-1 et seq tal-Kodiċi tal-Kummerċ, kien jimplika l-ħatra permezz ta’ deċiżjoni tal-Ministru tat-Trasport Franċiż u l-eżerċizzju tal-kariga f’suq irriżervat mil-leġiżlatur. L-Artikolu 131-2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ kien jipprovdi hekk: “[Is-sensara marittimi] jagħmluha ta’ sensara fir-rigward ta’ noleġġi; huma biss għandhom, barra minn hekk, id-dritt li jittraduċu, fil-każ ta’ kontestazzjoni mressqa quddiem il-qrati, id-dikjarazzjonijiet, il-kuntratti ta’ noleġġ, il-poloz tat-tagħbija, il-kuntratti u l-atti kummerċjali kollha li tkun meħtieġa t-traduzzjoni tagħhom; fl-aħħar nett, huma jikkonstataw il-prezz tal-ġarr jew in-nol. Fil-kawżi kummerċjali kontenzjużi, u għal finijiet doganali, huma biss għandhom jagħmulha ta’ interpreti għall-barranin kollha, għall-kaptani ta’ bastimenti, għall-kummerċjanti, għall-membri tal-ekwipaġġ tal-bastimenti u għal baħħara oħra.” — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae tal-privileġġ Fil-kuntest tal-privileġġ tagħhom, is-sensara marittimi kienu jeżerċitaw żewġ funzjonijiet distinti marbuta, minn naħa, mat-twettiq tal-formalitajiet meħtieġa mill-amministrazzjoni doganali u/jew mill-amministraturi tal-port u, min-naħa l-oħra, mal-funzjoni ta’ interpretu ġuramentat quddiem il-qrati. Fir-rigward tal-monopolju marbut mat-twettiq tal-atti u tal-formalitajiet marbuta mat-trattament doganali, dawn l-atti u formalitajiet kienu jinkludu l-kontroll tar-rotazzjoni tal-bastimenti mal-wasla u mat-tluq, it-trażmissjoni tal-karatteristiċi fiżiċi li jippermettu li jiġi stabbilit il-volum taxxabbli, it-tħejjija tad-“déclarations Navire” (dikjarazzjonijiet dwar il-bastiment) (wasla u tluq), ir-redazzjoni ta’ attestazzjonijiet u ta’ ċertifikati mitluba mid-dwana u t-trażmissjoni ta’ kopji tal-listi tal-ekwipaġġ lill-awtoritajiet kompetenti, bħalma huma l-awtoritajiet doganali, il-pulizija tal-ajru u tal-fruntieri u l-ġendarmerija marittima. — Kamp ta’ applikazzjoni territorjali u personali tal-privileġġ Il-privileġġ miżmum mis-sensara marittimi kien limitat ġeografikament għall-port li għalih kien maħtur is-sensar marittimu u kien japplika, bħala regola ġenerali, għall-bastimenti kollha. Dan il-privileġġ seta’ jitgawda minn diversi sensara marittimi bl-istess kompetenza. — Obbligi li jirriżultaw mill-kariga ta’ uffiċjal pubbliku Il-kariga, li hija waħda mill-elementi li jikkostitwixxu l-uffiċċju ta’ uffiċjal pubbliku, kienet timplika li s-sensar marittimu kien marbut jeżerċita l-uffiċċju tiegħu għall-benefiċċju ta’ kull min jagħmel talba f’dan is-sens. Barra minn hekk, kull sensar marittimu kien marbut jeżerċita l-kompetenzi tiegħu kollha u, sabiex tkun iggarantita l-indipendenza tiegħu, kien ipprojbit milli jwettaq operazzjonijiet kummerċjali jew bankarji għan-nom tiegħu stess. — Drittijiet li jirriżultaw mill-kariga ta’ uffiċjal pubbliku Minn naħa, kull sensar marittimu kellu dritt jirċievi, għas-servizzi pprovduti minnu, onorarji li t-tariffi tagħhom kienu stabbiliti permezz ta’ digriet. Min-naħa l-oħra, kull sensar marittimu kellu “droit de présentation” (dritt ta’ preżentazzjoni) li kien jippermettilu jippreżenta s-suċċessur tiegħu sabiex jiġi approvat mill-Ministru responsabbli għall-bastimenti merkantili. Dan id-“droit de présentation” kien ikkunsidrat bħala dritt patrimonjali li seta’ jiġi ttrasferit, li kien suġġett għall-preskrizzjoni u li kien jirrappreżenta l-korrispettiv għall-akkwist b’titolu oneruż tal-kariga ta’ uffiċjal pubbliku. Tneħħija tal-privileġġ tas-sensara marittimi Adozzjoni tar-Regolament Nru 2913/92 u l-proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu Ir-Regolament Nru 2913/92, li daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 1994, illiberalizza l-eżerċizzju ta’ ċerti professjonijiet marbuta mal-kummerċ portwali. B’mod partikolari, dan ir-regolament stabbilixxa, bħala prinċipju, il-libertà ta’ rappreżentazzjoni quddiem l-awtoritajiet doganali billi pprojbixxa, fl-Artikolu 5 tiegħu, ir-rappreżentazzjoni doppja quddiem l-awtoritajiet doganali. Fl-1997, l-Artikolu L-131-2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, li kien jirriżerva għas-sensara marittimi monopolju fir-rigward tat-twettiq tal-atti u tal-formalitajiet marbuta mat-trattament doganali kien għadu fis-seħħ. Peress li kkunsidrat li din il-leġiżlazzjoni ma kinitx konformi mal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92, il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej bdiet proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kontra r-Repubblika Franċiża. B’hekk, fit-12 ta’ Frar 1997, il-Kummissjoni intimat lir-Repubblika Franċiża sabiex tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha dwar il-monopolju fir-rigward tat-trattament doganali rriżervat lis-sensara marittimi. Fit-3 ta’ Diċembru 1997 il-Kummissjoni ħarġet opinjoni motivata fis-sens tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 226 KE dwar ksur tal-Artikolu 5(1) u (2) tar-Regolament Nru 2913/92. F’din l-opinjoni l-Kummissjoni kkunsidrat, b’mod partikolari, li: “Fir-rigward tas-sensara marittimi, l-Artikolu [L-131-2] tal-Kodiċi tal-Kummerċ Franċiż jirriżervalhom l-privileġġ ta’ rappreżentazzjoni quddiem l-awtoritajiet doganali. Dawn huma responsabbli għat-trattament tal-bastiment, jiġifieri għall-formalitajiet amministrattivi u doganali kollha li huwa meħtieġ li jitwettqu mal-wasla u t-tluq tal-bastiment tagħhom. It-tieni subparagrafu tal-Artikolu 5(2) [tar-Regolament Nru 2913/92] iħalli lill-Istati Membri l-possibbiltà li jirriżervaw ir-rappreżentazzjoni iżda, fid-dawl tal-fatt li tidderoga mill-prinċipju tal-libertà ta’ rappreżentazzjoni, din id-dispożizzjoni għandha tiġi interpretata b’mod strett. Din id-dispożizzjoni tista’ tkopri biss ir-redazzjoni tad-dikjarazzjoni doganali u għalhekk ma tistax tiġi estiża għal atti u formalitajiet oħra minbarra dawk marbuta direttament mad-dikjarazzjoni doganali kif iddefinita fl-Artikoli 4(17) u 62 sa 77 [tar-Regolament Nru 2913/92]. […] Għal dawn il-motivi, il-Kummissjoni […] tagħti l-opinjoni motivata, taħt [l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 226 KE] li, […] billi rriżervat permezz tal-Artikolu [L-131-2] tal-Kodiċi tal-Kummerċ Franċiż lis-sensara marittimi r-rappreżentazzjoni fir-rigward tat-twettiq tal-atti u l-formalitajiet marbuta mat-trattament doganali, […] ir-Repubblika Franċiża naqset mill-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 5(1) u (2) [tar-Regolament Nru 2913/92]. Il-Kummissjoni tistieden lir-Repubblika Franċiża tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma ruħha ma’ din l-opinjoni motivata f’terminu ta’ xahrejn min-notifika tagħha.” [traduzzjoni mhux uffiċjali] Emenda tal-leġiżlazzjoni Franċiża Il-leġiżlatur Franċiż adotta l-Liġi Nru 2001-43, tas-16 ta’ Jananr 2001, dwar diversi dispożizzjonijiet ta’ adattament għad-dritt Komunitarju fis-settur tat-trasport (JORF tas-17 ta’ Jannar 2001, p. 848). Din il-liġi neħħiet il-monopolju li kienu jgawdu s-sensara marittimi. Fil-fatt, l-Artikolu 1 ta’ din il-liġi jipprovdi: “I.   L-Artikolu L-131-2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ huwa mħassar. II.   Is-sensarija fir-rigward ta’ noleġġi, il-konstatazzjoni tal-prezz tal-ġarr jew tan-nol, il-formalitajiet marbuta mat-trattament doganali, it-traduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet, tal-kuntratti ta’ noleġġ, tal-poloz tat-tagħbija, tal-kuntratti u tal-atti kummerċjali kollha, meta jikkonċernaw il-bastimenti, huma mwettqa b’mod liberu mis-sid tal-bastiment jew mir-rappreżentant tiegħu, li jista’ jkun il-kaptan.” L-Artikoli 2 u 4 tal-Liġi Nru 2001-43 jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li fihom is-sensara marittmi jistgħu jingħataw kumpens għat-telf tad-dritt tagħhom. L-Artikolu 5 tal-Liġi Nru 2001-43 jispeċifika li, permezz ta’ digriet, kellhom jiġu stabbiliti l-kundizzjonijiet li fihom is-sensara marittimi se jkunu jistgħu jeżerċitaw il-professjonijiet ta’ amministratur tat-trasport, ta’ reġistratur fil-qrati kummerċjali, ta’ marixxall fil-qrati jew ta’ rappreżentant ġudizzjarju fil-likwidazzjoni ta’ kumpanniji, b’mod partikolari fir-rigward tad-dispensi totali jew parzjali mid-diplomi u mill-formazzjoni professjonali. Il-proċedura Permezz ta’ rikorsi ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza (li saret il-Qorti Ġenerali fl-1 ta’ Diċembru 2009) bejn id-29 ta’ Diċembru 2003 u d-9 ta’ Diċembru 2004, ir-rikorrenti, Jean Arizmendi u s-60 sensar marittimu l-oħra li isimhom jidher fl-anness, ippreżentaw dawn ir-rikorsi għad-danni. Permezz ta’ att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fit-8 ta’ Marzu 2004, ix-Chambre nationale des courtiers maritimes de France (il-Kamra nazzjonali ta’ sensara marittimi ta’ Franza) talbet sabiex tintervjeni f’dawn il-proċeduri insostenn tar-rikorrenti fil-Kawża T-440/03. Permezz ta’ digriet tat-30 ta’ Ġunju 2004, il-President tat-Tielet Awla tal-Qorti Ġenerali laqa’ dan l-intervent. L-intervenjenti ppreżentat in-nota ta’ intervent tagħha fit-termini mogħtija. Permezz ta’ atti separati ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali bejn id-29 ta’ Marzu 2004 u d-19 ta’ Jannar 2005, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea qajjem żewġ eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà, taħt l-Artikolu 114 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, f’kull waħda mill-kawżi ineżami. Permezz ta’ atti separati ppreżentati fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali bejn it-30 ta’ Marzu 2004 u l-20 ta’ Jannar 2005, il-Kummissjoni qajmet tliet eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà, taħt l-Artikolu 114 tar-Regoli tal-Proċedura, f’kull waħda mill-kawżi ineżami, kif ukoll eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà oħra fil-Kawża T-121/04. Permezz ta’ digriet tal-President tat-Tielet Awla tal-Qorti Ġenerali tat-28 ta’ April 2005, il-Kawżi T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 u T-484/04 ġew magħquda għall-finijiet tal-proċedura bil-miktub, tal-proċedura orali u tas-sentenza, skont l-Artikolu 50 tar-Regoli tal-Proċedura. Permezz ta’ digriet tal-Qorti Ġenerali tal-5 ta’ Diċembru 2005, l-eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kunsill u mill-Kummissjoni ġew irrinvijati għas-sentenza finali dwar il-mertu skont l-Artikolu 114(4) tar-Regoli tal-Proċedura u l-ispejjeż ġew irriżervati. Wara r-rapport tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (It-Tielet Awla) ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura orali. Fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura, hija stiednet lill-partijiet sabiex iwieġbu għal ċerti mistoqsijiet. Il-partijiet laqgħu din l-istedina. It-trattazzjoni tal-partijiet u t-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet tal-Qorti Ġenerali nstemgħu fis-seduta tat-30 ta’ Ġunju 2009. It-talbiet tal-partijiet Ir-rikorrenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: — tiċħad l-eċċezzjonijiet ta’ inammissibbiltà tal-Kunsill u tal-Kummissjoni u tiddikjara r-rikorsi ammissibbli; — prinċipalment, tirrikonoxxi r-responsabbiltà tal-Komunità Ewropea fil-konfront ta’ kull wieħed mir-rikorrenti minħabba li adottat, u sussegwentement applikat fir-rigward tagħhom, l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 b’mod illegali; — sussidjarjament, tirrikonoxxi r-responsabbiltà tal-Komunità fil-konfront ta’ kull wieħed mir-rikorrenti minħabba l-adozzjoni, anki jekk legali, u sussegwentement l-applikazzjoni, tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92, li kkawża għal dawn tal-aħħar dannu mhux normali u speċjali; — konsegwentement, tikkundanna lill-Kunsill u lill-Kummissjoni in solidum sabiex jikkumpensaw id-dannu mġarrab fl-ammonti speċifikati fl-atti tagħhom; — tikkundanna lill-Kunsill u lill-Kummissjoni in solidum għall-ispejjeż. Ix-Chambre nationale des courtiers maritimes de France titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha: — tiddikjara r-rikors fil-Kawża T-440/03 ammissibbli u fondat; — tikkundanna lill-Kunsill u lill-Kummissjoni għall-ispejjeż. Il-Kunsill u l-Kummissjoni jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: — tiċħad ir-rikorsi bħala inammissibbli; — sussidjarjament, tiċħad ir-rikorsi bħala infondati; — tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż. Barra minn hekk, il-Kummissjoni titlob lill-Qorti Ġenerali jogħġobha tikkundanna lix-Chambre nationale des courtiers maritimes de France tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha fl-eventwalità ta’ sentenza favur ir-rikorrenti. Osservazzjonijiet preliminari Fuq il-prinċipji dwar l-involviment tar-responsabbiltà mhux kuntrattwali Kif deċiż permezz ta’ ġurisprudenza stabbilita, sabiex tiġi stabbilita r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità huwa meħtieġ li jiġu sodisfatti numru ta’ kundizzjonijiet, jiġifieri l-illegalità tal-aġir allegat fil-konfront tal-istituzzjonijiet, ir-realtà tad-dannu u l-eżistenza ta’ rabta kawżali bejn dan l-aġir u d-dannu invokat (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Novembru 2006, Agraz et vs Il-Kummissjoni, C-243/05 P, Ġabra p. I-10833, punt 26; tad-9 ta’ Settembru 2008, FIAMM et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C-120/06 P u C-121/06 P, Ġabra p. I-6513, punt 106, u tat-30 ta’ April 2009, CAS Succhi di Frutta vs Il-Kummissjoni, C-497/06 P, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 39). In-natura kumulattiva ta’ dawn il-kundizzjonijiet timplika li, jekk waħda minnhom ma tkunx sodisfatta, ir-rikors għad-danni għandu jiġi miċħud fl-intier tiegħu mingħajr ma jkun meħtieġ li jiġu eżaminati l-kundizzjonijiet l-oħra (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Settembru 1999, Lucaccioni vs Il-Kummissjoni, C-257/98 P, Ġabra p. I-5251, punti 14 u 63; tat-8 ta’ Mejju 2003, T. Port vs Il-Kummissjoni, C-122/01 P, Ġabra p. I-4261, punt 30, u CAS Succhi di Frutta vs Il-Kummissjoni, punt 43 iktar ’il fuq, punt 40). Fuq il-portata tar-rikors Sunt tal-argumenti tal-partijiet Fir-rikorsi tagħhom, ir-rikorrenti, sensara marittimi, qegħdin jitolbu li l-Komunità, irrappreżentata mill-Kummissjoni u l-Kunsill, tiġi kkundannata tħallashom kumpens għat-telf ikkawżat mit-tneħħija tal-privileġġ tagħhom. Mar-rikorsi tagħhom huma annettew evalwazzjoni li tindika, b’mod prinċipali, l-ammont ta’ dan it-telf għal kull wieħed minnhom u, b’mod sussidjarju, dan l-istess ammont bil-kumpens riċevut taħt il-Liġi Nru 2001-43 imnaqqas minnu. Ir-rikorrenti jifformulaw żewġ talbiet alternattivi li jikkonċernaw, it-tnejn li huma, il-kumpens ta’ dan it-telf. B’mod prinċipali, ir-rikorrenti jitolbu li jiġu kkumpensati għad-dannu li huma ġarrbu minħabba t-tneħħija, b’applikazzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92, tal-privileġġ li kien jagħtihom l-istatus ta’ sensar marittimu. Din it-talba hija bbażata fuq il-premessa li l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 jipprojbixxi ż-żamma tal-privileġġ. B’mod iktar partikolari, kien l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 li wassal għall-adozzjoni, mir-Repubblika Franċiża, tal-Liġi Nru 2001-43 li abolixxiet il-monopolju tas-sensara marittimi. Issa, l-adozzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 timplika kemm ir-responsabbiltà minħabba tort u kif ukoll ir-responsabbiltà mingħajr tort tal-Komunità. Fil-fatt, ir-rikorrenti jqisu li l-adozzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 hija illegali minħabba li tikser l-Artikolu 45 KE, il-prinċipju ta’ ċertezza legali, l-aspettattivi leġittimi, il-prinċipju ta’ nondiskriminazzjoni, il-prinċipju ta’ proporzjonalità kif ukoll id-dritt tagħhom għal proprjetà. Barra minn hekk, huma jikkunsidraw li, irrispettivament mill-kwistjoni tal-legalità ta’ din id-dispożizzjoni, id-dannu mġarrab mis-sensara marittimi b’konsegwenza tal-adozzjoni tal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 huwa ta’ natura speċjali u mhux normali. B’mod sussidjarju, ir-rikorrenti jitolbu li jiġu kkumpensati għad-dannu li huma ġarrbu minħabba t-tneħħija tal-privileġġ li kien jagħtihom l-istatus ta’ sensar marittimu b’konsegwenza tal-ftuħ indebitu, mill-Kummissjoni, ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kontra r-Repubblika Franċiża. Din it-talba hija bbażata fuq il-premessa li l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92, li indirizza r-rappreżentazzjoni doganali, ma japplikax għall-attivitajiet ta’ sensara marittimi, li jagħmlu attivitajiet ta’ sensarija doganali. Għaldaqstant, il-Kummissjoni żbaljat meta indirizzat lir-Repubblika Franċiża, fit-3 ta’ Diċembru 1997, opinjoni motivata fejn essenzjalment ikkunsidrat li ż-żamma tal-monopolju tas-sensara marittimi kien inkompatibbli mal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92. Din l-opinjoni motivata rabbtet lir-Repubblika Franċiża sabiex tadotta l-Liġi Nru 2001-43 li abolixxiet il-monopolju tas-sensara marittimi, b’tali mod li l-Komunità hija responsabbli għad-dannu kkawżat lir-rikorrenti minħabba t-tneħħija tal-privileġġ tagħhom. Il-Kummissjoni u l-Kunsill jikkontestaw l-ammissibbiltà u l-fondatezza tar-rikorsi, u dan kemm fir-rigward tat-talba prinċipali u kif ukoll fir-rigward tat-talba sussidjarja. Barra minn hekk, fil-Kawża T-121/04, il-Kummissjoni teċċepixxi l-inammissibbiltà tar-rikors ta’ Anne Le Boutillier minħabba li ma ġiex speċifikat b’liema titolu din il-persuna hija s-suċċessura tad-drittijiet ta’ Martine Le Boutillier. Preċiżjonijiet dwar il-portata tal-kwistjoni mogħtija mill-partijiet fil-mori tal-kawża Fil-mori tal-kawża l-partijiet ippreċiżaw il-portata tal-kwistjoni bejniethom. Fir-risposta tagħha, il-Kummissjoni rrinunzjat għall-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma fil-konfront tar-rikors ta’ A. Le Boutillier fil-Kawża T-121/04. Barra minn hekk, fit-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet bil-miktub tal-Qorti Ġenerali, ir-rikorrenti, wara li fakkru li s-sensara marittimi jagħmlu sensarija u mhux rappreżentazzjoni, ippreċiżaw li huma jwettqu t-trattament doganali tal-bastiment u mhux it-trattament doganali tal-merkanzija. L-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92, għalhekk, ma japplikax għalihom peress li jikkonċerna biss ir-rappreżentazzjoni waqt it-trattament doganali tal-merkanzija. Matul is-seduta, ir-rikorrenti indikaw li l-attività ta’ sensara marittimi quddiem l-awtoritajiet doganali taqa’ taħt l-Artikoli 38, 43 u 44 tar-Regolament Nru 2913/92, li jirregolaw il-preżentazzjoni fid-dwana tal-merkanzija introdotta fit-territorju doganali. Skont ir-rikorrenti, id-dikjarazzjoni sommarja quddiem l-awtoritajiet doganali msemmija fl-Artikolu 43 tar-Regolament Nru 2913/92 tikkorrispondi għall-preżentata tal-“Manifeste” li fir-rigward tiegħu jagħmluha ta’ sensara. Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti ddikjaraw waqt is-seduta li l-kawża tad-dannu tagħhom ma hijiex l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 iżda l-opinjoni motivata tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Diċembru 1997 fejn din tat interpretazzjoni żbaljata ta’ din id-dispożizzjoni meta kkunsidrat li dan l-artikolu kien jipprojbixxi ż-żamma tal-monopolju tas-sensara marittimi. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali L-ewwel nett, il-Qorti Ġenerali tikkonstata li, fid-dawl tar-risposta tal-Kummissjoni, ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma minnha fil-konfront tar-rikors ta’ A. Le Boutillier fil-Kawża T-121/04. It-tieni nett, il-Qorti Ġenerali tqis li, fid-dawl tad-dikjarazzjoni tar-rikorrenti waqt is-seduta, riprodotta fil-punt 53 iktar ’il fuq, fis-sens li l-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997 waħedha hija l-kawża tad-dannu tagħhom, ma għadx hemm lok li tingħata deċiżjoni dwar it-talba għad-danni mressqa mir-rikorrenti b’mod prinċipali fir-rikorsi tagħhom, li hija bbażata fuq il-premessa li l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92 huwa l-kawża tad-dannu allegat sa fejn jipprojbixxi ż-żamma tal-monopolju tas-sensara marittimi (ara l-punt 46 iktar ’il fuq). Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali ma hijiex se teżamina l-kwistjonijiet ta’ ammissibbiltà u ta’ mertu mqajma permezz tat-talba għad-danni tar-rikorrenti bbażata fuq din il-premessa tal-aħħar. Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali se teżamina biss it-talba għad-danni mressqa mir-rikorrenti b’mod sussidjarju fir-rikorsi tagħhom, li hija bbażata fuq il-premessa li d-dannu li ġarrbu kien ikkawżat mill-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997. Il-Qorti Ġenerali se teżamina, l-ewwel nett, l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kummissjoni fil-konfront tar-rikorsi minħabba li l-Komunità ma tistax tiġi obbligata tagħmel tajjeb għal dannu kkawżat mill-ftuħ ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu. Fil-fatt, minn fost l-eċċezzjonijiet imqajma f’dawn il-kawżi, din l-eċċezzjoni biss hija bbażata fuq din il-premessa tal-aħħar u hija din l-eċċezzjoni biss li ma tikkonċernax il-kwistjoni tal-imputabbiltà, kwistjoni relatata mal-mertu u mhux mal-ammissibbiltà ta’ rikors għad-danni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-29 ta’ Jannar 1998, Dubois u Fils vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, T-113/96, Ġabra p. II-125, punt 34). It-tieni nett, fl-eventwalità li din l-eċċezzjoni tiġi miċħuda, il-Qorti Ġenerali se teżamina l-kwistjonijiet marbuta mal-mertu mqajma minn dawn ir-rikorsi. Fuq l-ammissibbiltà L-argumenti tal-partijiet Il-Kummissjoni teċċepixxi l-inammissibbiltà tar-rikors minħabba li hija ma tistax tiġi obbligata tagħmel tajjeb għal dannu kkawżat mill-ftuħ ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu. Il-Kummissjoni tfakkar li l-Komunità ma tistax tinżamm responsabbli talli ma tkunx fetħet proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu (ara d-digriet tal-Qorti Ġenerali tal-14 ta’ Jannar 2004, Makedoniko Metro u Michaniki vs Il-Kummissjoni, T-202/02, Ġabra p. II-181, punt 43, u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata). Skont il-Kummissjoni, jekk individwu ma jistax jikkontesta l-fatt li l-Kummissjoni ma tkunx fetħet proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, huwa perfettament loġiku li individwu ma jistax jikkontesta l-fatt li l-Kummissjoni tkun fetħet tali proċedura. Fil-kuntest tal-Artikolu 226 KE, huwa l-Istat Membru kkonċernat biss li jista’ jikkontesta l-ftuħ ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu. Il-Kummissjoni tqis li l-konsegwenzi li l-Istat Membru jislet mill-proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu miftuħa fil-konfront tiegħu ma jistgħux jiġu imputati lilha. L-azzjoni tal-Istat Membru kkonċernat, jew in-nuqqas ta’ azzjoni tiegħu, l-istess bħall-fatt jekk fetħitx jew le l-proċedura, ma tistax tiġi imputata lill-Kummissjoni. Ir-rikorrenti, sostnuti mill-intervenjenti, ma jaqblux li r-rikorsi tagħhom jistgħu jkunu inammissibbli minħabba li l-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għad-dannu kkawżat mill-ftuħ ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Il-Kummissjoni tqis li rikors għad-danni bbażat fuq il-fatt li fetħet proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu huwa inammissibbli minħabba li, jekk hija ma tistax tinżamm responsabbli talli ma fetħitx proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, huwa perfettament loġiku li hija ma tistax tinżamm responsabbli talli fetħet tali proċedura. F’dan ir-rigward għandu jiġi mfakkar li, kif ġie rikonoxxut permezz ta’ ġurisprudenza ferm stabbilita, rikors għad-danni bbażat fuq il-fatt li l-Kummissjoni ma fetħitx proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 226 KE [li sar l-Artikolu 258 TFUE] huwa inammissibbli. Fil-fatt, skont din il-ġurisprudenza, sa fejn il-Kummissjoni ma hijiex obbligata tiftaħ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 226 KE, id-deċiżjoni tagħha li ma tiftaħtx tali proċedura ma tikkostitwixxix, fi kwalunkwe każ, illegalità, b’tali mod li din id-deċiżjoni ma hijiex ta’ natura li twassal għar-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità (digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Mejju 1990, Asia Motor France vs Il-Kummissjoni, C-72/90, Ġabra p. I-2181, punti 13 sa 15, u digrieti tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Lulju 1997, Smanor et vs Il-Kummissjoni, T-201/96, Ġabra p. II-1081, punti 30 u 31; Makedoniko Metro u Michaniki vs Il-Kummissjoni, punt 58 iktar ’il fuq, punti 43 u 44). B’hekk, peress li l-Kummissjoni ma għandha ebda obbligu li tiftaħ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, il-fatt li ma tiftaħx tali proċedura ma jistax iwassal għar-responsabbiltà tal-Komunità. Madankollu, mill-fatt li ma hemmx responsabbiltà għall-fatt li ma tinfetaħx proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu ma jistax jiġi konkluż li l-ftuħ ta’ tali proċedura mill-Kummissjoni jeskludi wkoll kull responsabbiltà min-naħa tal-Komunità. F’dan ir-rigward għandu jiġi mfakkar li r-rikors għad-danni huwa rimedju legali awtonomu li għandu l-funzjoni partikolari tiegħu fost ir-rimedji legali (sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-28 ta’ April 1971, Lütticke vs Il-Kummissjoni, 4/69, Ġabra p. 325, punt 6, u tal-Qorti Ġenerali tas-27 ta’ Novembru 2007, Pitsiorlas vs Il-Kunsill u Il-BĊE, T-3/00 u T-337/04, Ġabra p. II-4779 , punt 293). Is-suġġett tar-rikors għad-danni huwa t-talba sabiex jiġi kkumpensat dannu kkawżat minn att jew minn aġir illegali imputabbli lil istituzzjoni (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Marzu 2004, Ombudsman vs Lamberts, C-234/02 P, Ġabra p. I-2803, punt 59, u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata). Għaldaqstant, irrispettivament mill-kwistjoni jekk jikkostitwixxix att li jista’ jiġi kkontestat permezz ta’ rikors għal annullament (ara l-punt 69 iktar ’il quddiem), kull att ta’ istituzzjoni, anki meta jkun ittieħed minn din l-istituzzjoni fl-eżerċizzju ta’ setgħa diskrezzjonali, jista’ jkun, bħala regola ġenerali, is-suġġett ta’ rikors għad-danni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-15 ta’ Ġunju 1999, Ismeri Europa vs Il-Qorti tal-Awdituri, T-277/97, Ġabra p. II-1825, punti 109 u 110, ikkonfermata fl-appell permezz tas-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Lulju 2001, Ismeri Europa vs Il-Qorti tal-Awdituri, C-315/99 P, Ġabra p. I-5281, punt 41). Fil-fatt, is-setgħa diskrezzjonali li tgawdi minnha istituzzjoni ma għandhiex il-konsegwenza li teżentaha mill-obbligu tagħha li taġixxi inkonformità kemm man-normi superjuri tad-dritt, bħalma huma t-Trattat u l-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju, u kif ukoll mad-dritt sekondarju rilevanti. Meta l-legalità ta’ dan l-att tiġi kkontestata f’rikors għad-danni, din il-legalità tkun għalhekk suġġetta għal evalwazzjoni fid-dawl tal-obbligi tal-istituzzjoni msemmija. Jekk jittieħed approċċ kuntrarju, dan ikun kontra l-prinċipju ta’ Komunità bbażata fuq id-dritt u jċaħħad lir-rikors għad-danni mill-effett utli tiegħu sa fejn tali approċċ jipprekludi lill-qorti milli tevalwa l-legalità ta’ att ta’ istituzzjoni meta jiġi ppreżentat tali rikors (sentenza Ombudsman vs Lamberts, punt 64 iktar ’il fuq, punt 61). Għaldaqstant, għalkemm, fil-kuntest tal-kompetenzi tagħha taħt l-Artikolu 226 KE, il-Kummissjoni tista’ tevalwa b’mod liberu jekk huwiex opportun li tiftaħ jew le azzjoni għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kontra Stat Membru mingħajr ma hija obbligata tiġġustifika l-għażla tagħha (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-26 ta’ Ġunju 2001, Il-Kummissjoni vs Il-Portugall, C-70/99, Ġabra p. I-4845, punt 17), u għalkemm hija tista’, għaldaqstant, tindirizza fl-istess kundizzjonijiet opinjoni motivata lil Stat Membru fil-kuntest tal-eżerċizzju tal-kompetenzi tagħha, ma jistax jiġi eskluż li, f’ċirkustanzi verament eċċezzjonali, individwu jista’ juri li tali opinjoni motivata hija vvizjata b’illegalità li tikkostitwixxi ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali ta’ natura li jikkawżalu dannu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Ombudsman vs Lamberts, punt 64 iktar ’il fuq, punt 52, u s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-10 ta’ April 2002, Lamberts vs Ombudsman, T-209/00, Ġabra p. II-2203, punt 57). Il-fatt li opinjoni motivata tal-Kummissjoni maħruġa skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 226 KE ma tikkostitwixxix att intiż li jipproduċi effetti legali vinkolanti fir-rigward ta’ terzi u, għalhekk, li din l-opinjoni ma hijiex att li jista’ jkun is-suġġett ta’ rikors għal annullament (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-1 ta’ Marzu 1966, Lütticke et vs Il-Kummissjoni, 48/65, Ġabra p. 27, 39; digrieti tal-Qorti Ġenerali tas-16 ta’ Frar 1998, Smanor et vs Il-Kummissjoni, T-182/97, Ġabra p. II-271, punt 28, u tal-5 ta’ Settembru 2006, AEPI vs Il-Kummissjoni, T-242/05, mhux ippubblikat fil-Ġabra, punt 30) ma jaffettwax l-evalwazzjoni preċedenti. Fil-fatt, bħala regola ġenerali, opinjoni motivata tista’, minħabba l-kontenut illegali tagħha, tikkawża dannu lil terzi. B’hekk, pereżempju, ma jistax jiġi eskluż li l-Kummissjoni tikkawża dannu lil persuni li jkunu għaddewlha informazzjoni kunfidenzjali jekk tiżvela din l-informazzjoni f’opinjoni motivata. Bl-istess mod, ma jistax jiġi eskluż li opinjoni motivata jkun fiha informazzjoni ineżatta dwar ċerti persuni li tkun ta’ natura li tikkawżalhom dannu. Issa, il-kwistjoni ta’ jekk opinjoni motivata tistax twassal għar-responsabbiltà tal-Kummissjoni taqa’ taħt l-eżami tal-mertu u mhux taħt l-eżami tal-ammissibbiltà tar-rikors. Għaldaqstant, l-eċċezzjoni ta’ inammissibbiltà mqajma mill-Kummissjoni għandha tiġi miċħuda. Fuq il-mertu Fuq l-eżistanza ta’ ksur suffiċjentement serju L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti essenzjalment isostnu li l-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997, li tistieden lir-Repubblika Franċiża sabiex temenda l-Artikolu L-131-2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ sa fejn jagħti lis-sensara marittimi privileġġ inkompatibbli mal-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 2913/92, hija żbaljata sa fejn dan l-artikolu ma japplikax għall-attivitajiet tas-sensara marittimi. Il-Kummissjoni u l-Kunsill ma jaqblux ma’ dan l-argument. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali L-ewwel nett, għandu jiġi mfakkar li, meta l-illegalità ta’ att legali tkun inkwistjoni, sabiex tkun stabbilita r-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Komunità huwa meħtieġ li jkun hemm ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li l-għan tagħha jkun li tagħti drittijiet lill-individwi (ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Settembru 2007, Nikolaou vs Il-Kummissjoni, T-259/03, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 39, u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata). Fir-rigward ta’ din il-kundizzjoni, il-kriterju deċiżiv sabiex jiġi kkunsidrat li ksur tad-dritt Komunitarju huwa suffiċjentement serju huwa l-kriterju tan-nuqqas ta’ osservanza manifest u gravi, min-naħa ta’ istituzzjoni, tal-limiti imposti fuq is-setgħa diskrezzjonali tagħha [sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-4 ta’ Lulju 2000, Bergaderm u Goupil vs Il-Kummissjoni, C-352/98 P, Ġabra p. I-5291, punti 43 u 44, u tad-19 ta’ April 2007, Holcim (Deutschland) vs Il-Kummissjoni, C-282/05 P, Ġabra p. I-2941, punt 47]. It-tieni nett, għandu jiġi mfakkar li l-proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu kif prevista fl-Artikolu 226 KE hija proċedura speċifika intiża sabiex tippermetti lill-Kummissjoni, bħala l-gwardjana tat-Trattat (ara, f’dan is-sens l-Artikolu 211 KE), tiżgura l-osservanza tad-dritt Komunitarju min-naħa tal-Istati Membri (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-11 ta’ Awwissu 1995, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, C-431/92, Ġabra p. I-2189, punt 21). Din il-proċedura tippermetti lill-Kummissjoni tikseb, wara l-adozzjoni ta’ opinjoni motivata, sakemm l-Istat Membru indirizzat ma jimxix ma’ din l-opinjoni, il-konstatazzjoni ġudizzjarja tan-nuqqasijiet imqajma fil-konfront ta’ dan l-Istat Membru. Il-Qorti tal-Ġustizzja biss għandha l-kompetenza sabiex tikkonstata li Stat Membru naqas milli jwettaq l-obbligi tiegħu taħt id-dritt Komunitarju (digriet tas-16 ta’ Frar 1998, Smanor et vs Il-Kummissjoni, punt 69 iktar ’il fuq, punt 28). Għalhekk, għalkemm il-Kummissjoni tista’ tevalwa b’mod liberu jekk huwiex opportun li tiftaħ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu (sentenza Il-Kummissjoni vs Il-Portugall, punt 68 iktar ’il fuq, punt 17), hija ma tistax tikkonstata b’mod vinkolanti tali nuqqas. Fil-fatt, matul proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, il-Kummissjoni tista’ tagħti biss opinjoni dwar in-nuqqas ta’ osservanza min-naħa ta’ Stat Membru tad-dritt Komunitarju. Sa fejn, f’din l-opinjoni, hija sempliċement tieħu pożizzjoni dwar l-eżistenza ta’ nuqqas ta’ Stat Membru li jwettaq l-obbligi tiegħu taħt id-dritt Komunitarju, l-adozzjoni ta’ din l-opinjoni ma tistax twassal għal ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li l-għan tagħha huwa li tagħti drittijiet lill-individwi. Għaldaqstant, lanqas it-teħid ta’ pożizzjoni żbaljata mill-Kummissjoni, f’opinjoni motivata, dwar il-portata tad-dritt Komunitarju ma jista’ jikkostitwixxi ksur suffiċjentement serju li jista’ jwassal għar-responsabbiltà tal-Komunità. It-talbiet għad-danni tar-rikorrenti, għalhekk, ma humiex fondati. Għall-kuntrarju, jekk l-evalwazzjonijiet magħmula f’opinjoni motivata jmorru lil hinn mid-determinazzjoni tal-eżistenza ta’ nuqqas ta’ Stat Membru li jwettaq obbligu jew jekk aġir ieħor min-naħa tal-Kummissjoni fl-okkażjoni ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu jmur lil hinn mill-kompetenzi mogħtija lilha, pereżempju l-iżvelar indebitu ta’ sigrieti kummerċjali jew ta’ informazzjoni li tista’ tippreġudika r-reputazzjoni ta’ persuna, dawn l-evalwazzjonijiet jew dan l-aġir jistgħu jikkostitwixxu ksur ta’ natura li jwassal għar-responsabbiltà tal-Komunità. Madankollu, għandu jiġi kkonstatat li f’din il-kawża ma huwiex allegat tali ksur. Fuq ir-rabta kawżali Introduzzjoni Irrispettivament mill-kwistjoni tal-eżistenza ta’ ksur suffiċjentement serju, il-Qorti Ġenerali tqis li hemm lok li jiġi vverifikat ukoll jekk teżistix rabta kawżali bejn l-adozzjoni mill-Kummissjoni tal-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997 u d-dannu allegat mir-rikorrenti. L-argumenti tal-partijiet Skont ir-rikorrenti, il-Kunsill jirrikonoxxi li l-Liġi Nru 2001-43, li kkonfermat it-telf tal-privileġġ tas-sensara marittimi, u għalhekk id-dannu mġarrab minnhom, kienet adottata fuq il-bażi tal-opinjoni motivata tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Diċembru 1997. Ir-Repubblika Franċiża, id-destinatarja ta’ din l-opinjoni motivata, ma kellha ebda diskrezzjoni sabiex tieħu l-miżura nazzjonali li tapplika d-dritt Komunitarju. L-isem tal-Liġi Nru 2001-43 juri l-fatt li l-awtoritajiet Franċiżi sempliċement ċedew għall-ordnijiet tal-Kummissjoni mogħtija fl-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997. Għalhekk, il-Liġi Nru 2001-43 ma tistax titqies bħala separazzjoni bejn l-att Komunitarju li kkawża d-dannu u dan tal-aħħar. Id-dannu mġarrab mir-rikorrenti huwa għalhekk imputabbli kompletament lill-Kummissjoni, minkejja l-adozzjoni mir-Repubblika Franċiża tal-Liġi Nru 2001-43, u hija biss il-qorti Komunitarja li għandha l-ġurisdizzjoni sabiex tisma’ talba għad-danni intiża sabiex jiġi kkumpensat tali dannu. Ir-rikorrenti jenfasizzaw li r-responsabbiltà esklużiva tal-Komunità, irrappreżentata mill-Kummissjoni fid-dawl tar-rwol tagħha fir-redazzjoni tal-att kontenzjuż, hija l-kontroparti tal-limiti u taċ-ċedimenti ta’ sovranità tal-Istati Membri għall-ħolqien tal-unjoni doganali. Il-Kunsill u l-Kummissjoni ma jaqblux ma’ dan l-argument. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fil-kuntest ta’ rikors għad-danni, rabta kawżali tkun stabbilita meta jkun hemm rabta suffiċjentement diretta ta’ kawża u effett bejn l-aġir allegat fil-konfront tal-istituzzjoni u d-dannu invokat, rabta li għandha tiġi pprovata mir-rikorrent. L-aġir allegat, għalhekk, għandu jkun il-kawża determinanti tad-dannu (ara, f’dan is-sens, is-sentenza CAS Succhi di Frutta vs Il-Kummissjoni, punt 43 iktar ’il fuq, punt 59; sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-30 ta’ Settembru 1998, Coldiretti et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, T-149/96, Ġabra p. II-3841, punt 101; ara d-digriet tal-Qorti Ġenerali tat-12 ta’ Diċembru 2000, Royal Olympic Cruises et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, T-201/99, Ġabra p. II-4005, punt 26, u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata, ikkonfermata fl-appell b’digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-15 ta’ Jannar 2002, Royal Olympic Cruises et vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C-49/01 P, mhux ippubblikat fil-Ġabra; sentenza Pitsiorlas vs Il-Kunsill u Il-BĊE, punt 64 iktar ’il fuq, punt 292). Issa, fir-rigward tal-eżistenza ta’ rabta kawżali bejn l-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997 u d-dannu allegat mir-rikorrenti, għandu jiġi osservat, l-ewwel nett, li l-uniċi atti li l-Kummissjoni tista’ tasal sabiex tieħu fil-kuntest ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu rregolata mill-Artikolu 226 KE huma atti indirizzati lill-Istati Membri (ara d-digriet tal-Qorti Ġenerali tat-2 ta’ Diċembru 2003, Viomichania Syskevasias Typopoiisis Kai Syntirisis Agrotikon Proïonton vs Il-Kummissjoni, T-334/02, Ġabra p. II-5121, punt 44, u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata). Din il-proċedura għalhekk tikkonċerna biss ir-relazzjonijiet bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. It-tieni nett, għandu jiġi osservat li l-proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu prevista fl-Artikolu 226 KE tagħmel distinzjoni bejn fażi prekontenzjuża jew amministrattiva u fażi kontenzjuża jew ġudizzjarja. Għalhekk, jekk il-Kummissjoni tqis li Stat Membru naqas minn wieħed mill-obbligi tiegħu, hija l-ewwel tibda fażi prekontenzjuża li matulha hija tagħti lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà li jieħu pożizzjoni dwar in-nuqqas allegat fil-konfront tiegħu. Il-Kummissjoni tikkonkludi din il-fażi prekontenzjuża billi tindirizza opinjoni motivata lil dan l-Istat Membru. L-għan tal-proċedura prekontenzjuża prevista fl-Artikolu 226 KE huwa li tagħti lill-Istat Membru kkonċernat l-opportunità li jikkonforma ruħu mal-obbligi tiegħu taħt id-dritt Komunitarju jew li jqajjem b’mod utli l-motivi ta’ difiża tiegħu kontra l-ilmenti mqajma mill-Kummissjoni (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Lulju 2007, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, C-490/04, Ġabra p. I-6095, punt 25). Għalhekk, l-Istat Membru ma huwiex obbligat isegwi din l-opinjoni motivata iżda jista’, jekk iqis li l-Kummissjoni ma għandhiex raġun li tallega nuqqas fil-konfront tiegħu, ma jikkonformax ruħu ma’ din l-opinjoni. Huwa biss fl-eventwalità li l-imsemmi Stat Membru ma jikkonformax ruħu, fit-terminu mogħti lilu għal dan l-iskop, mal-opinjoni motivata li tkun indirizzata lilu li l-Kummissjoni tista’, skont it-tieni paragrafu tal-Artikolu 226 KE, tiftaħ fażi kontenzjuża billi tippreżenta rikors għal nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja (ara s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-18 ta’ Mejju 2006, Il-Kummissjoni vs Spanja, C-221/04, Ġabra p. I-4515, punt 22, u l-ġurisprudenza hemmhekk iċċitata). Dan ir-rikors ippreżentat taħt l-Artikolu 226 KE għandu l-għan li jiġi kkonstatat li Stat Membru naqas milli jwettaq l-obbligi Komunitarji tiegħu, u hija l-konstatazzjoni ta’ tali nuqqas li tobbliga lill-Istat Membru inkwistjoni jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tiġi eżegwita s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-14 ta’ April 2005, Il-Kummissjoni vs Il-Ġermanja, C-104/02, Ġabra p. I-2689, punt 49). Peress li l-proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu miftuħa mill-Kummissjoni, taħt l-Artikolu 226 KE, tikkonċerna biss ir-relazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istat Membru kkonċernat u peress li, barra minn hekk, tali proċedura twassal inizjalment għal opinjoni motivata li l-Istat Membri jista’ jsegwi jew jinjora, għandu jiġi eżaminat jekk, f’dan il-każ, l-opinjoni motivata tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Diċembru 1997 setgħetx tikkostitwixxi, minħabba l-kontenut tagħha, il-kawża determinanti tad-dannu allegat mir-rikorrenti. F’dan ir-rigward għandu jingħad li, fl-opinjoni motivata msemmija, il-Kummissjoni kkonstatat li, billi rriżervat għas-sensara marittimi, skont l-Artikolu L-131-2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ, ir-rappreżentazzjoni għat-twettiq tal-atti u tal-formalitajiet marbuta mal-proċeduri doganali, ir-Repubblika Franċiża naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt l-Artikolu 5(1) u (2) tar-Regolament Nru 2913/92. Il-Kummissjoni stiednet ukoll lir-Repubblika Franċiża sabiex tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex tikkonforma ruħha ma’ din l-opinjoni motivata f’terminu ta’ xahrejn. Issa, il-fatt li, fl-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997, il-Kummissjoni kkunsidrat li l-Artikolu L-131-2 tal-Kodiċi tal-Kummerċ kien inkompatibbli mad-dritt Komunitarju — u li l-Kummissjoni setgħet żbaljat f’dan ir-rigward — huwa fir-realtà irrilevanti għal dawn il-kawżi peress li l-imsemmija opinjoni motivata ma kinitx tobbliga lill-Istat Membru jemenda l-leġiżlazzjoni tiegħu. Fil-fatt, fil-kuntest ta’ proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, hija biss sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li jista’ jkollha tali effett vinkolanti. Fin-nuqqas ta’ effett vinkolanti tal-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997 sa fejn fiha l-Kummissjoni tallega li r-Repubblika Franċiża naqset milli twettaq l-obbligi tagħha taħt id-dritt Komunitarju, din l-opinjoni motivata ma tistax titqies bħala l-kawża determinanti tad-dannu allegat mir-rikorrenti. Għaldaqstant, ir-rabta kawżali bejn id-dannu allegat u l-fatt li kkawżah, jiġifieri, skont ir-rikorrenti, l-opinjoni motivata tat-3 ta’ Diċembru 1997, ma ġietx stabbilita. Għaldaqstant, ir-rikorsi għandhom jiġu miċħuda bħala infondati. Fuq l-ispejjeż Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-rikorrenti tilfu, hemm lok li jiġu kkundannati għall-ispejjeż kif mitlub mill-Kummissjoni u mill-Kunsill. Barra minn hekk, skont it-tielet inċiż tal-Artikolu 87(4) tar-Regoli tal-Proċedura, il-Qorti Ġenerali tista’ tordna li parti intervenjenti għandha tbati l-ispejjeż tagħha. F’dan il-każ, l-intervenjenti interveniet, fil-Kawża T-440/03, insostenn tar-rikorrenti, li tilfu. Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali tqis li l-intervenjenti għandha tiġi kkundannata tbati l-ispejjeż tagħha stess. Il-Kummissjoni u l-Kunsill għandhom ibatu l-ispejjeż tagħhom stess ikkawżati mill-intervent peress li ma talbux li, fil-każ li jiġu miċħuda r-rikorsi, l-intervenjenti tiġi kkundannata għall-ispejjeż. Għal dawn il-motivi, IL-QORTI ĠENERALI (It-Tielet Awla) taqta’ u tiddeċiedi: 1) Ir-rikorsi huma miċħuda. 2) Jean Arizmendi u s-60 rikorrent l-oħra li isimhom jinsab fl-anness għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom kif ukoll dawk tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u tal-Kummissjoni Ewropea. 3) Ix-Chambre nationale des courtiers maritimes de France għandha tbati l-ispejjeż rispettivi tagħha. 4) Il-Kunsill u l-Kummissjoni għandhom ibatu l-ispejjeż rispettivi tagħhom ikkawżati mill-intervent tax-Chambre nationale des courtiers maritimes de France. Azizi Cremona Frimodt Nielsen Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-18 ta’ Diċembru 2009. Firem Anness Kawża T-440/03, Alain Assier de Pompignan, residenti f’Fort-de-France (Franza), Bruno Bachemont, residenti f’Dunkerque (Franza), Eredi ta’ Frédéric Blanchy, residenti f’Bordeaux (Franza), Stéphane De Borville, residenti f’Dunkerque, Jean-Pierre Caradec, residenti f’Brest (Franza), Jean-Jacques Caruel, residenti f’Baie Mahault (Franza), Christian Colin-Olivier, residenti f’Havre (Franza), Édouard Croze, residenti f’Nice (Franza), Philippe Demonchy, residenti f’Boulogne-sur-mer (Franza), Eredi ta’ Jacques Durand-Viel , residenti f’Lacanau (Franza), Michel Elain, residenti f’Brest, Bernard Flandin, residenti f’Rouen (Franza), Patrick Foissey, residenti f’Calais (Franza), François Boyer de la Giroday, residenti f’Bassens (Franza), Thierry Gelée, residenti f’Tréport (Franza), Stanislas Gomercic, residenti f’Marseille (Franza), Michel Hecquet, residenti f’Dunkerque, Jacques Héliard, residenti f’Nantes (Franza), Xavier Humann, residenti f’Havre, Francis Humann, residenti f’Rouen, Michel Jolivet, residenti f’Montoir (Franza), Guy Jourdan-Barry, residenti f’Marseille, Pierre Lambot, residenti f’Sables-d’Olonne (Franza), Pierre Laurent, residenti f’Rochefort (Franza), Joachim Lefebvre, residenti f’Dunkerque, Didier Levavasseur, residenti f’Havre, Alexis Lobadowski, residenti f’Havre, Eredi ta’ Erik Martin , residenti f’Havre, Éric Mascle, residenti f’Port-la-Nouvelle (Franza), Catherine Meclot, residenti f’Basse-Terre (Franza), Loïc Morice, residenti f’Brest, Roger Phelippeau, residenti f’Toulon (Franza), Serge Pierre, residenti f’Dunkerque, Jean-Pierre Porry, residenti f’Fort-de-Franza, Antoine Ravisse, residenti f’Calais, Eredi ta’ Félix Rogliano, residenti f’Port-de-Bouc (Franza), François Sédard, residenti f’Venosc (Franza), Raymond Schmit, residenti f’Pointe-à-Pitre (Franza), Jean-Philippe Taconet, residenti f’Havre, Lionel Taconet, residenti f’Rouen, Philippe Thillard , residenti f’Havre, Olivier Vallois , residenti f’Dunkerque, Daniel-Guy Voillot , residenti f’Havre. Kawża T-121/04, Henri Boquien, residenti f’Bordeaux, Yves Delamaire, residenti f’Saint-Malo (Franza), Éric Eltvedt, residenti f’Marseille, Thierry Ferran, residenti f’Port-Vendres (Franza), Didier Frisch, residenti f’Sète (Franza), Merri Jacquemin, residenti f’Larmor-Plage (Franza), Eredi ta’ Anne Le Boutillier, residenti f’La Rochelle (Franza), Pierre-Olivier Le Normand de Bretteville, residenti f’Port-de-Bouc, Gérard Lesaignoux, residenti f’Sète, Jean-Pierre Roger, residenti f’Plerin (Franza), Michel Roy, residenti f’Saint-Malo, Léon Ruggiero, residenti f’Sète, Pascal Vialard, residenti f’Sète. Kawża T-171/04, Daniel Surget, residenti f’Cherbourg (Franza). Kawża T-208/04, Dominique Hardy, residenti f’Coudeville-Plage (Franza). Kawża T-365/04, Dominique Cantoni, residenti f’Marseille. François Pilat, residenti f’Honfleur (Franza). Werrej Il-kuntest ġuridiku Il-fatti L-istatus inizjali tas-sensara marittimi L-istorja u n-natura tal-istatus ta’ sensar marittimu Konsegwenzi tal-istatus ibridu tas-sensara marittimi — Qafas ġenerali tal-obbligi u tad-drittijiet rilevanti — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae tal-privileġġ — Kamp ta’ applikazzjoni territorjali u personali tal-privileġġ — Obbligi li jirriżultaw mill-kariga ta’ uffiċjal pubbliku — Drittijiet li jirriżultaw mill-kariga ta’ uffiċjal pubbliku Tneħħija tal-privileġġ tas-sensara marittimi Adozzjoni tar-Regolament Nru 2913/92 u l-proċedura ta’ nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu Emenda tal-leġiżlazzjoni Franċiża Il-proċedura It-talbiet tal-partijiet Osservazzjonijiet preliminari Fuq il-prinċipji dwar l-involviment tar-responsabbiltà mhux kuntrattwali Fuq il-portata tar-rikors Sunt tal-argumenti tal-partijiet Preċiżjonijiet dwar il-portata tal-kwistjoni mogħtija mill-partijiet fil-mori tal-kawża Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq l-ammissibbiltà L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq il-mertu Fuq l-eżistanza ta’ ksur suffiċjentement serju L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq ir-rabta kawżali Introduzzjoni L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq l-ispejjeż ( *1 ) Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.

62007TJ0074

nl

Toepasselijke bepalingen Van 1989 tot en met 1999 waren de regels ter verwezenlijking van de in artikel 158 EG bedoelde economische en sociale samenhang vastgelegd in verordening (EEG) nr. 2052/88 van de Raad van 24 juni 1988 betreffende de taken van de fondsen met structurele strekking, hun doeltreffendheid alsmede de coördinatie van hun bijstandsverlening onderling en met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten ( PB L 185, blz. 9 ). Deze verordening vormde het belangrijkste instrument met betrekking tot de structuurfondsen en in het bijzonder het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Verordening nr. 2052/88 is gewijzigd bij onder meer verordening (EEG) nr. 2081/93 van de Raad van ( PB L 193, blz. 5 ). Artikel 1 van verordening nr. 2052/88 noemt de prioritaire doelstellingen die de actie van de Europese Gemeenschap beoogt te verwezenlijken door middel van de structuurfondsen. Artikel 4 van verordening nr. 2052/88 betreft complementariteit, partnerschap en technische bijstand. Lid 1 daarvan bepaalt: „1.   De actie van de Gemeenschap is bedoeld als aanvulling op of bijdrage tot de overeenkomstige acties van de lidstaten. Zij komt tot stand door nauw overleg tussen de Commissie, de betrokken lidstaat en de door de lidstaat aangewezen nationale, regionale, lokale of andere bevoegde autoriteiten en instanties […] waarbij elke partij handelt als een partner die een gemeenschappelijk doel nastreeft. Dit overleg wordt hierna ‚partnerschap’ genoemd. Het partnerschap omvat de voorbereiding, de financiering en de beoordeling vooraf van, het toezicht op en de evaluatie achteraf van de acties. Het partnerschap eerbiedigt ten volle de respectieve institutionele, juridische en financiële bevoegdheden van elke partner.” Artikel 5 van verordening nr. 2052/88 („Vormen van bijstandsverlening”) bepaalt in lid 2, sub a: „De financiële bijstandsverlening van de Structuurfondsen [kan onder meer plaatsvinden in de vorm van] medefinanciering van operationele programma’s”. Lid 5 van deze bepaling definieert de uitdrukking „operationeel programma” als „een samenhangend geheel van meerjarenmaatregelen, voor de verwezenlijking waarvan een beroep kan worden gedaan op [onder meer] een of meer Structuurfondsen”. Artikel 13 van verordening nr. 2052/88 („Variatie van de hoogte van de bijstandsverlening”) bepaalt in lid 3: „Voor de bijstandsverlening van de Gemeenschap uit hoofde van de [fondsen] gelden de volgende grenzen: — ten hoogste 75% van de totale kosten en, als algemene regel, ten minste 50% van de overheidsuitgaven, voor maatregelen in regio’s die in aanmerking komen voor bijstandsverlening uit hoofde van doelstelling 1; — ten hoogste 50% van de totale kosten en, als algemene regel, ten minste 25% van de overheidsuitgaven, voor maatregelen in de andere regio’s. […]” Op 19 december 1988 heeft de Raad verordening (EEG) nr. 4253/88 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van verordening nr. 2052/88 met betrekking tot de coördinatie van de bijstandsverlening uit de onderscheiden structuurfondsen enerzijds en van die bijstandsverlening met die van de Europese Investeringsbank en de andere bestaande financieringsinstrumenten anderzijds ( PB L 374, blz. 1 ) vastgesteld. Verordening nr. 4253/88 is gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 2082/93 van de Raad van ( PB L 193, blz. 20 ). Artikel 17 van verordening nr. 4253/88 („Financiële participatie van de Fondsen”) bepaalt: „[…] 2.   De financiële participatie van de Fondsen wordt berekend in verhouding tot de totale in aanmerking komende kosten of van de totale in aanmerking komende uitgaven van de overheid of daaraan gelijkgestelde (nationale, regionale, plaatselijke, communautaire) uitgaven voor iedere actie (operationeel programma, steunregeling, globale subsidie, project, technische bijstand of studie). […] 4.   De participatie van de Fondsen in individuele maatregelen binnen de operationele programma’s kan worden gedifferentieerd op basis van in het kader van het partnerschap te sluiten overeenkomsten.” Artikel 24 van verordening nr. 4253/88 („Vermindering, opschorting en intrekking van de bijstand”) bepaalt: „1.   Indien het bedrag van de toegekende financiële bijstand door de stand van de uitvoering van een actie of maatregel noch gedeeltelijk, noch geheel lijkt te worden gerechtvaardigd, gaat de Commissie in het kader van het partnerschap over tot een passend onderzoek van het geval, waarbij zij met name aan de lidstaat of aan de autoriteiten die door de lidstaat voor de tenuitvoerlegging van de actie zijn aangewezen, vraagt om haar binnen een bepaalde termijn hun opmerkingen mee te delen. 2.   Na dit onderzoek kan de Commissie de bijstand voor de betrokken actie of maatregel verminderen of schorsen indien het onderzoek een onregelmatigheid bevestigt of een belangrijke wijziging die strijdig is met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden van de actie of maatregel en waarvoor niet om haar goedkeuring is verzocht. 3.   Ieder bedrag dat tot een terugvordering wegens onverschuldigde betaling aanleiding geeft, moet aan de Commissie worden terugbetaald. […]” Tot slot bepaalt artikel 25 van verordening nr. 4253/88, dat betrekking heeft op het toezicht op het gebruik van de bijstand van de fondsen, in lid 5: „[H]et Toezichtcomité [past], met inachtneming van de beschikbare financiële middelen en de begrotingsvoorschriften, het voorgenomen financieringsplan [aan], met inbegrip van eventuele overdrachten tussen communautaire financieringsbronnen en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van de hoogte van de bijstandsverlening. […] Deze wijzigingen worden de Commissie en de betrokken lidstaat onmiddellijk ter kennis gebracht. Zij zijn van toepassing na bevestiging door de Commissie en de betrokken lidstaat; deze bevestiging vindt plaats binnen twintig werkdagen na ontvangst van de kennisgeving, waarvan de datum door de Commissie met een ontvangstbewijs wordt gecertificeerd. De overige wijzigingen worden door de Commissie in samenwerking met de betrokken lidstaat vastgesteld na advies van het toezichtcomité.” Voorgeschiedenis van het geding Bij beschikking C(95) 2271 van 28 september 1995 heeft de Commissie communautaire financiële bijstand toegekend aan een in het kader van het communautaire initiatief Interreg II opgezet operationeel programma in de regio’s Saarland, Lothringen en Westpfalz. Artikel 2 van de toekenningsbeschikking bepaalt dat „de methoden voor de toekenning van de financiële bijstand, met inbegrip van de participatie van de fondsen in de verschillende subprogramma’s en in de maatregelen die deel uitmaken van het programma […] zijn opgenomen in het financieringsplan dat is gevoegd” bij de beschikking. Terwijl in de beschikking zelf dus naar het derde niveau van de programmering (hierna: „maatregelen of groep maatregelen”) wordt verwezen met het woord „maatregel”, wordt daar in het daarbij gevoegde financieringsplan naar verwezen met de uitdrukking „groep maatregelen”. In het financieringsplan wordt verder, in het opschrift van de kolommen met de communautaire en de nationale bijdragen, gesteld dat elk van deze bijdragen 50% vertegenwoordigt van de totale kosten van elk zwaartepunt en van elke maatregel of groep maatregelen. De toekenningsbeschikking is gewijzigd bij twee beschikkingen van de Commissie van 7 april 1998 en . In de versie die het gevolg is van deze laatste wijziging, voorzag de toekenningsbeschikking in totale kosten ten belope van 66898400 EUR, waarvan 23726800 EUR ten laste van het EFRO en 42171600 EUR ten laste van de nationale autoriteiten. In een voetnoot bij het financieringsplan dat bij elk van die wijzigingsbeschikkingen was gevoegd, werd erop gewezen dat was gewaarborgd dat de communautaire fondsen niet meer zouden bedragen dan 50% van de totale overheidsuitgaven. Volgens de voorschriften ter uitvoering van het programma die waren voorzien in de beschikking tot toekenning van de bijstand, was de uitvoering toevertrouwd aan het toezichtcomité dat in het kader van het partnerschap zou worden opgericht. Het toezichtcomité moest met name zorgen voor de eerbiediging van de regelgeving, met inbegrip van de regels betreffende de acties en projecten die voor bijstand in aanmerking komen, en eventuele voorstellen tot wijziging van de bijstand voorbereiden en beoordelen. Over alle wezenlijke kwesties betreffende de uitvoering van het programma moest worden beslist met eenparigheid van stemmen. De vertegenwoordiger van de Commissie in het toezichtcomité had stemrecht. Bij brief van 12 mei 1999 vroeg de Commissie dat de wijzigingen van het programma haar vóór ter goedkeuring zouden worden voorgelegd voor zover zij een verhoging van het totale bedrag of overdrachten tussen de fondsen impliceerden. Dit verzoek is besproken tijdens de bijeenkomst van het toezichtcomité van . Tijdens die bijeenkomst heeft de vertegenwoordiger van de Commissie daaraan toegevoegd dat het totale bedrag van de bijstand van het EFRO voor het operationeel programma definitief moest worden vastgesteld. Gelet op de afsluiting op 31 december 1999 van de door de structuurfondsen gefinancierde programma’s voor de periode 1994-1999, heeft de Commissie op richtsnoeren voor de financiële afsluiting van de operationele interventies (1994-1999) van de structuurfondsen (hierna: „richtsnoeren”) vastgesteld en deze aan de lidstaten bekendgemaakt. De richtsnoeren bepalen in de Duitse taalversie onder meer: „6. Financieringsplannen 6.1 Het financieringsplan mag geen wijzigingen ondergaan na de einddatum voor de vastleggingen. 6.2 De financiële afsluiting van de programma’s moet geschieden op basis van de geldende versie van het financieringsplan (over het algemeen verdeeld in drie niveaus: programma, subprogramma, maatregel). De afrekeningen die de lidstaten indienen moeten even gedetailleerd zijn als de financieringsplannen die gehecht zijn aan de besluiten tot goedkeuring van de operationele interventies en moeten dus als regel een staat van de werkelijke uitgaven van de verschillende maatregelen bevatten. Een overschrijding van 20% van de bijdrage van elk fonds per maatregel kan worden aanvaard, mits het totale bedrag van het subprogramma, als vastgesteld in het geldende financieringsplan, daardoor niet stijgt. […] 7. Eindafrekening 7.1. De lidstaten zijn verplicht het totale bedrag van de communautaire bijstand door te geven aan de eindbegunstigden. [Omdat] zich in dit verband in het verleden problemen hebben voorgedaan, wordt de communautaire bijdrage, berekend overeenkomstig de in punt 6.2 genoemde modaliteiten, bij de eindafrekening beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: a) uitkomst van de vermenigvuldiging van de aangegeven uitgaven met het communautaire medefinancieringspercentage dat voortvloeit uit het voor de maatregel geldende financieringsplan; b) het bedrag van de communautaire bijstand dat daadwerkelijk aan de eindbegunstigden verschuldigd is (betaald of nog te betalen in het kader van de maatregel) […]” In de schriftelijke procedure die volgde op de bijeenkomst van het toezichtcomité van 10 november 1999, deelde het directoraat-generaal „Regionaal beleid en cohesie” van de Commissie bij brief van mee, dat het geen bezwaar had tegen de voorgestelde wijzigingen in de projecten die op grond van het betrokken programma waren goedgekeurd, en verzocht het niet meer te worden geïnformeerd over latere wijzigingen van de projecten, tenzij er sprake was van een belangrijke wijziging die strijdig was met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden van de actie of maatregel (voorwerp van de projecten, kosten, begunstigde, enz.) in de zin van artikel 24 van verordening nr. 4253/88, en/of van een weerslag op de gemeenschapsbegroting. De afsluitingsdocumenten zijn met het verzoek tot betaling van het saldo aan de Commissie gezonden bij brief van 20 maart 2003. In hun betalingsverzoek betoogden de Duitse autoriteiten dat de totale communautaire participatie moest worden berekend door de communautaire participatie in de verschillende projecten bij elkaar op te tellen, die moest worden berekend door de totale kosten per project te vermenigvuldigen met het participatiepercentage dat door het toezichtcomité was bepaald en dat voor de meeste projecten dicht bij 50% lag, behalve voor de zeer dure projecten waarvoor een lager participatiepercentage was bepaald. Daar de totale in aanmerking komende kosten bij sommige projecten lager waren dan aanvankelijk voorzien, stemden de bedragen in het betalingsverzoek echter niet overeen met de bedragen in het financieringsplan dat bij de laatste wijzigingsbeschikking was gevoegd. Het bedrag waarom als EFRO-bijdrage aan het operationeel programma werd verzocht, was daarom lager dan het in het financieringsplan genoemde bedrag voor alle zwaartepunten en voor alle maatregelen of groepen maatregelen, met uitzondering van de maatregel of de groep maatregelen 3.2, waarvoor het als participatie van het EFRO gevraagde bedrag enigszins hoger was dan het bedrag in het financieringsplan. Bij beschikking C(2006) 7271 van 27 december 2006 (hierna: „bestreden beschikking”) heeft de Commissie de bijstand van het EFRO voor het operationeel programma in het kader van het communautaire initiatief Interreg II in de regio’s Saarland, Lothringen en Westpfalz verminderd met 933691,04 EUR. In de beschikking motiveerde de Commissie de vermindering van de communautaire bijstand als volgt. De door de communautaire fondsen gesubsidieerde programma’s moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de beschikkingen tot toekenning van de bijstand en met de financiële tabellen die door haar zijn goedgekeurd; na 31 december 1999, de uiterste datum voor de vastleggingen, was geen enkele wijziging meer mogelijk geweest, aangezien de programmeringsperiode was afgelopen. Terwijl in de beschikking tot toekenning van de bijstand de participatie van het EFRO was vastgesteld op 50% van de overheidsuitgaven voor het hele programma, was in de wijzigingsbeschikking van voor elke maatregel of groep maatregelen in een ander financieringspercentage voorzien. Het totaal van de daadwerkelijke uitgaven en de bedragen van de participatie van het EFRO voor elke maatregel of groep maatregelen stemmen niet overeen met de bedragen in het geldende financieringsplan. Aangezien de Commissie in de richtsnoeren bepaalde afwijkingen naar boven of naar beneden in vergelijking met het financieringsplan niet als belangrijke wijzigingen heeft aangemerkt, aanvaardt zij overeenkomstig punt 6.2 van die richtsnoeren echter afwijkingen naar boven, door met een zekere flexibiliteit compensaties binnen één zwaartepunt toe te passen. Wanneer er echter enkel sprake is van afwijkingen naar beneden, past zij punt 7 van de richtsnoeren toe en beperkt zij de communautaire bijdrage tot het laagste van twee bedragen: de uitkomst van de vermenigvuldiging van de reële uitgaven met het medefinancieringspercentage voor elke maatregel of groep maatregelen, of het bedrag dat daadwerkelijk aan de begunstigden verschuldigd is. Wat de maatregelen of groepen maatregelen 1.2, 2.2, 3.1, 4.1 en 4.2 betreft, weigert de Commissie het door de Duitse autoriteiten verlangde bedrag, dat overeenkomt met het aan de begunstigden verschuldigde bedrag, omdat betaling daarvan zou leiden tot overschrijding van de in het geldende financieringsplan voor die maatregelen of groepen maatregelen vastgestelde financieringspercentage, en dus tot een wijziging van dat plan. Procesverloop en conclusies van partijen Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 12 maart 2007, heeft de Bondsrepubliek Duitsland het onderhavige beroep ingesteld. De Bondsrepubliek Duitsland concludeert dat het het Gerecht behage: — de bestreden beschikking nietig te verklaren; — de Commissie te verwijzen in de kosten. De Commissie concludeert dat het het Gerecht behage: — het beroep te verwerpen; — de Bondsrepubliek Duitsland te verwijzen in de kosten. In rechte De Bondsrepubliek Duitsland voert in wezen drie middelen aan: schending van artikel 24 van verordening nr. 4253/88, ontoereikende motivering en niet-eerbiediging van het in artikel 4 van verordening nr. 2052/88 bedoelde „partnerschap”. Eerste middel: schending van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 Argumenten van partijen De Bondsrepubliek Duitsland betoogt dat de Commissie artikel 24 van verordening nr. 4253/88 heeft geschonden door de betrokken financiële bijstand te verlagen zonder dat de in deze bepaling vastgelegde voorwaarden waren vervuld. Zij meent enerzijds dat het verschil tussen de totale kosten die waren voorzien in het financieringsplan en de totale eindkosten, evenals de wijzigingen die daaruit voortvloeien in de verhouding tussen de bijdrage van het EFRO en de totale kosten, niet kunnen worden aangemerkt als „belangrijke wijzigingen” in de zin van artikel 24 van verordening nr. 4253/88, en dat de Commissie hoe dan ook vooraf toestemming had gegeven, en anderzijds dat de Commissie heeft verzuimd gebruik te maken van de beoordelingsbevoegdheid die deze bepaling haar verleent om te beslissen of de communautaire bijstand gerechtvaardigd was. Wat in de eerste plaats het belang van de wijziging betreft, stelt de Bondsrepubliek Duitsland ten eerste dat aangezien de financieringsplannen indicatief en naar hun aard slechts voorlopig zijn, niet elke wijziging als een belangrijke wijziging mag worden beschouwd. Daarmee betwist zij het betoog van de Commissie in punt 12 van de bestreden beschikking dat zij „de indiening van een verzoek tot betaling van het saldo niet-ontvankelijk mag achten wanneer een of meer maatregelen afwijken van het uiteindelijke financieringsplan”. Aangezien de bedragen van de bijstand van het EFRO in het financieringsplan maxima zijn, kan de verlaging van een bedrag niet als een afwijking worden beschouwd. De Bondsrepubliek Duitsland stelt ten tweede dat er, los van de definitie van de uitdrukking „belangrijke wijziging”, geen sprake was van dergelijke wijzigingen bij de uitvoering van het programma in kwestie, aangezien dat is uitgevoerd overeenkomstig de laatste versie van de toekenningsbeschikking en de besluiten van het toezichtcomité. In het geldende financieringsplan was enkel voorzien in een maximumbijdrage van het EFRO en in een maximumparticipatie van het EFRO ten bedrage van 50% van de totale kosten op elk niveau van het programma en met name op het niveau van de individuele projecten; die grenzen zijn gerespecteerd. Zij betwist de stelling van de Commissie in de punten 2 en 13 van de bestreden beschikking dat de beschikkingen tot wijziging van de toekenningsbeschikking het financieringsplan aldus hebben gewijzigd dat het op het niveau van de maatregelen of groepen maatregelen voorzag in maximale financieringspercentages van minder dan 50%. Die beschikkingen strekten er enkel toe de maximumbijdrage voor elke maatregel of groep maatregelen te verhogen of te verlagen, maar het voorziene participatiepercentage van maximaal 50% van de totale kosten bleef ongewijzigd, zoals blijkt uit de noten in de bij die beschikkingen gevoegde financieringsplannen, volgens welke werd gegarandeerd dat de communautaire fondsen niet meer zouden bedragen dan 50% van de totale overheidsuitgaven (zie punt 11). Hoewel die plannen voorzagen in een verhoging van de nationale uitgaven, heeft deze verhoging enkel geleid tot een boekhoudkundige verlaging van het aandeel van de fondsen van het EFRO in de financiering, en niet tot de vaststelling van specifieke percentages voor elke maatregel of groep maatregelen. Zij stelt dan ook dat de percentages die de Commissie in de punten 1 en 13 van de bestreden beschikking vermeldt, niet zijn vastgesteld bij de wijzigingsbeschikkingen, maar enkel een gevolg zijn van het feit dat het toezichtcomité de bijstand van het EFRO voor sommige projecten heeft vastgesteld beneden het maximum van 50%, zodat de in de financieringsplannen bij de wijzigingsbeschikkingen genoemde gecumuleerde waarden voor de verschillende maatregelen of groepen maatregelen noodzakelijkerwijs lager liggen dan dat maximumpercentage. De Bondsrepubliek Duitsland stelt ten derde dat de Commissie zich niet, zoals in de punten 17 en 21 van de bestreden beschikking, kan baseren op punt 7a van de richtsnoeren om te beslissen dat de verschillen tussen de voorziene kosten en de werkelijke kosten van de projecten een belangrijke wijziging in de zin van artikel 24, lid 2, van verordening nr. 4253/88 opleveren, aangezien de richtsnoeren niet naar die bepaling verwijzen en zij dus niet de rechtsgrondslag kunnen zijn voor vermindering van de bijdrage van het EFRO. Aangezien die richtsnoeren dateren van september 1999, was het bovendien niet mogelijk een programma dat bestond sedert 4 november 1994, helemaal om te gooien. In punt 24 van de bestreden beschikking beklemtoont de Commissie trouwens zelf dat de richtsnoeren een intern karakter hebben. Zelfs als de toepassing van punt 7a van de richtsnoeren wordt aanvaard, was de vermindering in casu hoe dan ook niet gerechtvaardigd. De keuze voor het laagste bedrag overeenkomstig punt 7a of 7b is volgens punt 7.1 van de richtsnoeren noodzakelijk om te garanderen dat „het totale bedrag van de communautaire bijstand [wordt doorgegeven] aan de eindbegunstigden”. Zij leidt daaruit af dat het in punt 7a bedoelde bedrag slechts een referentiewaarde is voor het bedrag dat daadwerkelijk aan de eindbegunstigde wordt betaald, en meent dat dit punt dus geen eigen regels bevat inzake de vermindering van de bijstand. In het litigieuze programma komt de referentiewaarde echter overeen met de bijstand van het EFRO die is verleend mits het financieringspercentage niet hoger is dan 50% van de totale kosten. Derhalve neemt de Commissie in casu drie verschillende bedragen in aanmerking, waarvan zij telkens slechts het laagste aanvaardt. Ten vierde stelt zij dat de Commissie in de loop van de uitvoering van het programma zelf niet van mening was dat de afwijkingen van de kosten op het niveau van de projecten belangrijk waren, aangezien zij in haar brief van 12 mei 1999 (zie punt 13) heeft vermeld dat haar enkel de wijzigingen moesten worden voorgelegd die een verhoging van het totale bedrag van de participatie van de fondsen of overdrachten tussen de fondsen impliceerden. Bovendien heeft de Commissie in haar brief van (zie punt 15) bevestigd dat de gebruikelijke wijzigingen van de projecten geen „belangrijke wijziging” in de zin van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 opleverden. Wat in de tweede plaats de gestelde toestemming van de Commissie betreft, betoogt de Bondsrepubliek Duitsland dat zelfs indien de wijzigingen in kwestie belangrijke wijzigingen zouden zijn waarvoor de toestemming van de Commissie vereist is, moet worden aangenomen dat zij daarvoor toestemming heeft verleend aangezien die wijzigingen het gevolg zijn van de goedkeuring door het toezichtcomité, waarin een vertegenwoordiger van de Commissie zitting heeft, die haar bevoegdheden uitoefent. Artikel 17, lid 4, van verordening nr. 4253/88, dat de sluiting van overeenkomsten voor individuele projecten toestaat, verbiedt het toezichtcomité niet de bijdrage van het EFRO vast te stellen in samenwerking met de Commissie. Wat in de derde en laatste plaats de omstandigheid betreft dat de Commissie haar beoordelingsbevoegdheid niet heeft uitgeoefend, stelt de Bondsrepubliek Duitsland dat zelfs indien de verschillen tussen het financieringsplan en het verzoek om betaling als niet door de Commissie goedgekeurde belangrijke wijzigingen moeten worden beschouwd, het feit dat niet om goedkeuring van de Commissie is verzocht enkel een schending van de procedurevoorschriften oplevert, die overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel niet kan rechtvaardigen dat de financiële bijstand van het EFRO wordt verminderd en de betaling van het saldo wordt geweigerd. De Commissie had rekening moeten houden met de impact van haar beschikking op de gesubsidieerde projecten die zijn verwezenlijkt zoals voorzien. Verder heeft de Commissie noch op het niveau van de maatregelen of groepen maatregelen, noch op het niveau van de projecten verduidelijkt waarom de verschillende gevallen van door het toezichtcomité verleende bijstand van het EFRO die zijn vermeld in het verzoek om betaling niet gerechtvaardigd waren. De Commissie betwist al deze argumenten. Beoordeling door het Gerecht Gelet op de argumenten van de Bondsrepubliek Duitsland moet achtereenvolgens worden onderzocht of de omstandigheid dat de bedragen in het financieringsplan niet overeenstemmen met die in het verzoek om betaling een belangrijke wijziging in de zin van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 oplevert, of de Commissie die wijziging vooraf heeft goedgekeurd, en of de Commissie heeft verzuimd gebruik te maken van de beoordelingsbevoegdheid die deze bepaling haar verleent om te beslissen of de communautaire bijstand gerechtvaardigd was. Wat in de eerste plaats het bestaan van belangrijke wijzigingen in de zin van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 betreft, stelt de Bondsrepubliek Duitsland in wezen dat de verschillen tussen de in het financieringsplan voorziene kosten en de werkelijke kosten geen belangrijke wijziging opleveren omdat het bij de toekenningsbeschikking gevoegde financieringsplan slechts indicatief is, die verschillen niet indruisen tegen de voorwaarden die waren opgelegd in de laatste versie van de toekenningsbeschikking en door het toezichtcomité, de litigieuze verschillen op grond van punt 7a van de richtsnoeren niet als belangrijke wijzigingen kunnen worden aangemerkt, en de Commissie heeft erkend dat de verschillen op het niveau van de projecten geen belangrijke wijzigingen zijn. Wat ten eerste de gestelde indicatieve en voorlopige aard van het bij de toekenningsbeschikking gevoegde financieringsplan betreft, moet worden verwezen naar de punten 60 tot en met 64 van het arrest van het Gerecht van 9 september 2008, Duitsland/Commissie ( T-349/06, T-371/06, T-14/07, T-15/07 en T-332/07, Jurispr. blz. II-2181 ), waarin een nagenoeg identiek betoog als dat van de Bondsrepubliek Duitsland in deze zaak is afgewezen (zie in die zin, met betrekking tot de mogelijkheid dat de gemeenschapsrechter zijn oordeel motiveert door te verwijzen naar een eerdere uitspraak over nagenoeg identieke vraagstukken, arrest Hof van , Crailsheimer Volksbank, C-229/04, Jurispr. blz. I-9273 , punten 47-49, en arrest Gerecht van , Sison/Raad, T-47/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 102). In dat arrest overwoog het Gerecht dat uit de toepasselijke regelgeving, zoals uitgelegd in de rechtspraak, volgt dat elke door de structuurfondsen verleende financiële bijstand moet worden uitgevoerd overeenkomstig de beschikking waarbij deze is goedgekeurd, en met name overeenkomstig de bij deze beschikking gevoegde financiële tabel, en dat wijzigingen van een door de Commissie goedgekeurd financieringsplan die zonder haar toestemming worden doorgevoerd, in beginsel dus leiden tot vermindering van de bijstand die aan het betrokken programma is toegekend. In dat verband moet het argument van de Bondsrepubliek Duitsland worden afgewezen, dat het toezichtcomité het financieringsplan kan wijzigen zonder die wijzigingen voor te leggen aan de Commissie wanneer zij niet nopen tot toekenning van extra middelen voor het programma. Uit artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88 blijkt immers duidelijk dat elke wijziging van het financieringsplan ofwel onmiddellijk na de goedkeuring ervan door het toezichtcomité ter bevestiging wordt meegedeeld aan de Commissie en de betrokken lidstaat, ofwel rechtstreeks door de Commissie zelf wordt vastgesteld in samenwerking met de betrokken lidstaat na advies van het toezichtcomité. Het financieringsplan mag dus niet worden gewijzigd zonder dat de Commissie daarvoor vooraf of achteraf toestemming verleent. Wat ten tweede het argument van de Bondsrepubliek Duitsland betreft dat de verschillen tussen de bedragen in het financieringsplan en de eindbedragen niet indruisen tegen de voorwaarden die waren opgelegd in de laatste versie van de toekenningsbeschikking, met name omdat het participatiepercentage niet hoger ligt dan het maximum van 50% van de totale kosten, moet worden vastgesteld dat de Bondsrepubliek Duitsland daarmee opkomt tegen de verklaring in de bestreden beschikking dat de laatste versie van de toekenningsbeschikking voorziet in specifieke participatiepercentages voor elke maatregel of groep maatregelen, die in de meeste gevallen lager zijn dan 50%. De participatiepercentages die de Commissie in de bestreden beschikking vermeldt, weerspiegelen de verhouding tussen de bedragen van de bijstand van het EFRO en de in het financieringsplan voorziene totale kosten voor elke maatregel of groep maatregelen. Door de percentages van de participatie van het EFRO te berekenen aan de hand van de bedragen in het financieringsplan, heeft de Commissie enkel artikel 17, lid 2, van verordening nr. 4253/88 toegepast, volgens hetwelk de financiële participatie van het EFRO een percentage is en wordt berekend in verhouding tot de totale in aanmerking komende kosten of de totale in aanmerking komende uitgaven van de overheid zoals die worden vermeld in het financieringsplan (zie in die zin arrest Gerecht van 27 juni 2007, Nuova Gela Sviluppo/Commissie, T-65/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 82). Artikel 17, lid 2, van verordening nr. 4253/88 gaat weliswaar uit van het beginsel dat er voor de gehele actie (operationeel programma, steunregeling, enz.) één participatiepercentage is, maar artikel 17, lid 4, van de verordening staat uitdrukkelijk toe dat een participatiepercentage wordt vastgesteld voor individuele of specifieke maatregelen, waarbij „individuele maatregelen” in de zin van die bepaling noodzakelijkerwijs moeten beantwoorden aan een programmeringsniveau in het financieringsplan. Volgens de rechtspraak is het percentage van de communautaire participatie immers een van de modaliteiten van de bijstand die worden bepaald op het tijdstip van de toekenning ervan, en waarvan de latere wijziging plaatsvindt volgens de procedures van artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88 (arrest Nuova Gela Sviluppo/Commissie, punt 39 supra, punt 92). Enkel deze uitlegging is trouwens verenigbaar met artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88, dat bepaalt dat de aanpassingen van de bij de toekenningsbeschikkingen gevoegde financieringsplannen leiden tot wijzigingen van de hoogte van de bijstandsverlening, en aldus duidelijk te verstaan geeft dat de hoogte van de bijstandsverlening daadwerkelijk wordt vastgesteld in elk financieringsplan en wijziging daarvan een automatisch gevolg is van andere wijzigingen van het plan. Bovendien kan in een geval als het onderhavige, waarin de uiteindelijke kosten lager uitvallen dan in het financieringsplan was voorzien, enkel op deze wijze de kostenverlaging tussen de Gemeenschap en de lidstaten worden verdeeld in de verhouding waarin zij aan de kosten zouden hebben bijgedragen indien deze zo hoog waren uitgevallen als voorzien in het financieringsplan dat is opgesteld in het kader van het partnerschap. De Bondsrepubliek Duitsland kan dus niet stellen dat de wijziging van de nationale en de communautaire bijdrage aan de verschillende maatregelen of groepen maatregelen waartoe in de wijzigingsbeschikkingen is beslist, niet heeft geleid tot een wijziging van de participatie van het EFRO aan elke maatregel of groep maatregelen en dus tot andere percentages van meestal minder dan 50%. Aanvaarding van haar betoog dat enkel één maximumpercentage van 50% is vastgesteld, zou erop neerkomen dat het definitieve percentage van de participatie van het EFRO, in strijd met de reglementering zoals die in de rechtspraak is uitgelegd (zie punt 39), slechts kan worden bepaald bij de afsluiting van het programma. Dat in de motivering van de wijzigingsbeschikkingen niet uitdrukkelijk is vermeld dat de nieuwe verhouding tussen de voorziene totale kosten en de communautaire bijdrage impliceert dat specifieke percentages voor elke maatregel of groep maatregelen in de plaats komen van het ene percentage van 50%, is dus niet relevant, aangezien die vervanging rechtstreeks voortvloeit uit de wetgeving. Verder moet worden vastgesteld dat in de motivering van de betrokken beschikking, zoals de Commissie opmerkt, wordt verwezen naar artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de vaststelling van een specifiek percentage voor elke maatregel of groep maatregelen niet impliceert dat de wijzigingsbeschikkingen hebben geleid tot een vermindering van de bijdrage van het EFRO, aangezien deze, zoals de Commissie beklemtoont, in haar geheel zou zijn betaald indien de uiteindelijke kosten van het programma dezelfde waren geweest als voorzien in het financieringsplan dat voortvloeit uit die beschikkingen. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de argumenten die de Bondsrepubliek Duitsland met name ontleent aan de omstandigheid, ten eerste, dat in de bij de wijzigingsbeschikkingen gevoegde financieringsplannen erop werd gewezen dat was gewaarborgd dat de communautaire fondsen niet meer zouden bedragen dan 50% van de totale overheidsuitgaven, en ten tweede dat het operationeel programma was uitgevoerd overeenkomstig de besluiten van het toezichtcomité. Aangaande het argument betreffende de vermelding in de bij de wijzigingsbeschikkingen gevoegde financieringsplannen dat was gewaarborgd dat de communautaire fondsen niet meer zouden bedragen dan 50% van de totale overheidsuitgaven, moet worden opgemerkt dat, zoals de Commissie betoogt, deze vermelding niet belet aan te nemen dat de toekenningsbeschikking, zoals gewijzigd bij die beschikkingen, voor sommige maatregelen of groepen maatregelen voorzag in lagere participatiepercentages dan 50%, aangezien het maximumpercentage van 50% moest worden geëerbiedigd op het niveau van de individuele projecten. Het was dus niet mogelijk een project te financieren tegen een veel hoger percentage dan 50% en voor andere projecten van dezelfde maatregel of groep maatregelen veel lagere percentages te hanteren, zelfs indien het algemene percentage voor de maatregel of de groep maatregelen was geëerbiedigd. Met betrekking tot het argument dat het operationeel programma is uitgevoerd overeenkomstig de besluiten van het toezichtcomité volstaat de vaststelling dat uit de bestreden beschikking en de daaraan gehechte tabel duidelijk blijkt dat het operationeel programma in kwestie niet overeenkomstig die besluiten is uitgevoerd, aangezien een deel van de voor dat programma toegewezen fondsen uiteindelijk niet is gebruikt. Zoals de Commissie opmerkt, ligt immers juist de omstandigheid dat het programma niet geheel is uitgevoerd zoals voorzien aan de oorsprong van dit geschil, daar partijen het oneens zijn over de wijze waarop de bijdrage van de Gemeenschap moet worden berekend wanneer de totale kosten van het programma lager zijn dan was voorzien. Dat de gerealiseerde projecten correct zijn uitgevoerd, is stellig belangrijk, maar volstaat niet om aan te nemen dat aan het plan correct uitvoering is gegeven, aangezien daarvoor onmisbaar is dat is voldaan aan alle in de toekenningsbeschikking gestelde voorwaarden, met inbegrip van de participatiepercentages. Wat ten derde het argument betreft dat de litigieuze verschillen op grond van punt 7a van de richtsnoeren niet als belangrijke wijzigingen kunnen worden aangemerkt, moet allereerst worden vastgesteld dat blijkens het tweede visum en punt 28 van de bestreden beschikking de Commissie haar verminderingsbeschikking niet heeft gebaseerd op de richtsnoeren, maar op artikel 24 van verordening nr. 4253/88. In de richtsnoeren heeft de Commissie de lidstaten enkel herinnerd aan haar uitlegging van de toepasselijke bepalingen en heeft zij hun meegedeeld dat zij, overeenkomstig de beoordelingsmarge die artikel 24 van verordening nr. 4253/88 haar verleent, had besloten om, zoals zij in punt 15 van de beschikking vermeldt, verschillen die aan bepaalde voorwaarden voldoen, te aanvaarden. Daar de Commissie zich door de mededeling aan de lidstaten ertoe had verbonden haar beoordelingsmarge bij de toepassing van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 uit te oefenen volgens de criteria in de richtsnoeren, heeft zij in de motivering van de bestreden beschikking weliswaar verwezen naar de richtsnoeren, maar dat betekent niet dat de richtsnoeren de rechtsgrondslag van de bestreden beschikking vormen. Overigens impliceert het feit dat de richtsnoeren pas in september 1999 zijn vastgesteld, anders dan de Bondsrepubliek Duitsland betoogt, niet dat die vaststelling noopt tot een herziening van de lopende programma’s. Zoals in de punten 36 tot en met 46 reeds is overwogen, zijn het verbindend karakter van het financieringsplan en het bestaan van een vast participatiepercentage per maatregel of groep maatregelen immers het gevolg van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zodat punt 7 van de richtsnoeren, waarvan de inhoud geenszins in strijd lijkt met die bepalingen, geen enkele wijziging van de programma’s vereiste. Hoe dan ook heeft de Commissie punt 7 van de richtsnoeren in casu niet onjuist toegepast, aangezien het in punt 7a van de richtsnoeren genoemde „medefinancieringspercentage dat voortvloeit uit het […] financieringsplan”, zoals blijkt uit de punten 39 tot en met 46 van dit arrest, niet anders kan worden begrepen dan als een verwijzing naar de financieringspercentages die zijn berekend aan de hand van de verhouding tussen de communautaire bijdrage en de in het financieringsplan voorziene totale kosten voor elke maatregel of groep maatregelen en die de Commissie in punt 1 van de bestreden beschikking vermeldt, en niet als een verwijzing naar één maximumpercentage van 50%. Wat ten slotte het argument betreft dat de Commissie heeft erkend dat de verschillen op het niveau van de projecten geen belangrijke wijzigingen zijn, moet worden vastgesteld dat het feit dat de Commissie in haar brief van 12 mei 1999 (zie punt 13) heeft gevraagd dat wijzigingen die leiden tot een verhoging van het totale bedrag of overdrachten tussen de fondsen, haar voor een bepaalde datum ter goedkeuring zouden worden voorgelegd, niet impliceert dat de nationale autoriteiten volgens haar naar eigen goeddunken andere wijzigingen konden aanbrengen in het programma, ondanks de in artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88 neergelegde verplichting voor het toezichtcomité om elke wijziging ter kennis te brengen van de Commissie en haar bevestiging af te wachten. Uit de brief van (zie punt 15) volgt ook niet dat de wijzigingen van de projecten nooit binnen de werkingssfeer van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 vallen. In die brief stelt de Commissie integendeel duidelijk dat enkel wanneer er geen sprake is van een belangrijke wijziging en er geen weerslag is op de gemeenschapsbegroting, de wijzigingen van de projecten haar niet hoeven te worden meegedeeld. Zoals de Commissie beklemtoont, vallen de verschillen op projectniveau dus enkel binnen de werkingssfeer van artikel 24, lid 2, van verordening nr. 4253/88 wanneer zij leiden tot verschillen met de bedragen in het financieringsplan. Wat in de tweede plaats de omstandigheid betreft dat de Commissie de betrokken wijzigingen zou hebben goedgekeurd, moet het argument van de Bondsrepubliek Duitsland dat de aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de Commissie in het toezichtcomité van het operationeel programma en diens actieve deelname aan de uitvoering van dat programma gelijkstaat aan een goedkeuring door de Commissie, worden afgewezen. Uit artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88 blijkt immers duidelijk dat hoewel het toezichtcomité in beginsel bevoegd is om het financieringsplan aan te passen wanneer dat geen aanleiding geeft tot een verhoging van de totale kosten van het programma, elke wijziging door het comité onmiddellijk ter kennis moet worden gebracht van de Commissie en de betrokken lidstaat, en slechts van toepassing is na hun bevestiging. Deze bepaling kan enkel aldus worden uitgelegd dat de vertegenwoordiger van de Commissie in het toezichtcomité niet de „Commissie” in de zin van die bepaling is, aangezien, nu hij deel uitmaakt van het toezichtcomité, de verplichting om de wijziging na het besluit van het toezichtcomité ter kennis van de Commissie te brengen en haar bevestiging af te wachten, anders geen enkele zin zou hebben. Bovendien staat buiten kijf dat de twee beschikkingen tot wijziging van de toekenningsbeschikking, die zijn vastgesteld op grond van artikel 25, lid 5, derde alinea, van verordening nr. 4253/88 aangezien zij buiten de bevoegdheid van het toezichtcomité vallen, zijn vastgesteld door de Commissie als collegiaal orgaan, en niet door haar vertegenwoordiger in het toezichtcomité. De verwijzing naar de „Commissie” in artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88 kan immers niet aldus worden uitgelegd dat hiermee, afhankelijk van de alinea van deze bepaling waarom het gaat, nu eens het collegiaal orgaan en dan weer zijn vertegenwoordiger in het toezichtcomité is bedoeld. Derhalve moet worden geoordeeld dat slechts kan worden gesteld dat de Commissie een wijziging waartoe het toezichtcomité heeft besloten, heeft goedgekeurd, wanneer die wijziging haar formeel ter goedkeuring is voorgelegd (zie in die zin arrest Nuova Gela Sviluppo/Commissie, punt 39 supra, punten 64 en 66; zie mutatis mutandis arrest Gerecht van 22 november 2006, Italië/Commissie, T-282/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 72 en 78). Daar de Bondsrepubliek Duitsland de betrokken wijzigingen in casu niet ter kennis van de Commissie heeft gebracht, kan zij dus ook niet stellen dat zij zijn goedgekeurd. Wat in de derde en laatste plaats het argument van de Bondsrepubliek Duitsland betreft dat de Commissie geen gebruik heeft gemaakt van de beoordelingsbevoegdheid die artikel 24 van verordening nr. 4253/88 haar verleent, en inzonderheid haar argument dat de omstandigheid dat zij niet heeft verzocht om goedkeuring van de door de Commissie geconstateerde wijzigingen, slechts een schending van de procedurevoorschriften oplevert en niet rechtvaardigt dat de Commissie de financiële bijdrage vermindert en de financiering van de correct uitgevoerde projecten in gevaar brengt, zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak de schending van nationale of gemeenschapsbepalingen betreffende de bijstand van de communautaire fondsen, met inbegrip van die met een financieel karakter, de vermindering of intrekking van de bijstand rechtvaardigt (zie in die zin arresten Hof van 15 september 2005, Ierland/Commissie, C-199/03, Jurispr. blz. I-8027 , punten 29-34, en , Comunità montana della Valnerina/Commissie, C-240/03 P, Jurispr. blz. I-731 , punten 76 en 97). Zo heeft het Gerecht in het arrest Italië/Commissie (punt 52 supra, punten 72 en 78), met betrekking tot door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) gefinancierde plattelandsontwikkelingsplannen, geoordeeld dat de omstandigheid dat de Italiaanse Republiek een bepaling niet had geëerbiedigd waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van artikel 25, lid 5, van verordening nr. 4253/88 de vermindering van de voor het operationeel programma verleende bijstand meebracht. De door de Bondsrepubliek Duitsland verlangde erkenning dat aangezien zij enkel de procedurevoorschriften heeft geschonden, de Commissie de bijstand niet kon verminderen omdat zulks de correct uitgevoerde projecten zou beïnvloeden, zou erop neerkomen dat de schending door de Bondsrepubliek Duitsland van haar verplichting om het operationeel programma overeenkomstig het door de Commissie goedgekeurde financieringsplan uit te voeren, zonder gevolg zou blijven. Dat zou die verplichting van haar inhoud ontdoen, aangezien dan zou volstaan dat de nationale autoriteiten bewijzen dat bepaalde projecten goed zijn uitgevoerd, om de gehele financiering te verkrijgen, ongeacht of de financiële bepalingen waarover zij met de Commissie overeenstemming hebben bereikt, zijn geëerbiedigd. De bestreden beschikking kan de financiering van de uitgevoerde projecten hoe dan ook niet in gevaar brengen. Aangezien de kosten van het operationeel programma in kwestie lager zijn uitgevallen dan was voorzien, kunnen de nationale autoriteiten een deel van de aldus uitgespaarde nationale fondsen gebruiken om de financiering van de correct uitgevoerde projecten aan te vullen. In dat verband is de in antwoord op een vraag van het Gerecht door de Bondsrepubliek Duitsland ter terechtzitting aangevoerde omstandigheid dat de nationale bijdrage, nu het in casu een in het kader van het communautaire initiatief Interreg II opgezet programma betreft, afkomstig is uit de begroting van drie verschillende nationale autoriteiten, irrelevant. Dat in het kader van de verhouding tussen de verschillende nationale autoriteiten de niet-uitgevoerde projecten door één daarvan moeten worden gefinancierd en de uitgevoerde projecten door een andere, belet niet dat kan worden aangenomen dat het deel van de nationale fondsen dat is uitgespaard doordat sommige projecten niet zijn uitgevoerd, kan worden aangewend om de financiering van de uitgevoerde projecten aan te vullen. Zo de betrokken projecten echt van grensoverschrijdend belang zijn, zoals het geval zou moeten zijn voor elk project dat wordt gefinancierd in het kader van een operationeel programma dat onder het communautaire initiatief Interreg II valt, kan de nationale autoriteit waarvan de projecten niet zijn uitgevoerd of minder duur zijn uitgevallen, immers een deel van de nationale bijdrage voor de projecten die zijn uitgevoerd zoals voorzien, voor haar rekening nemen. De aanvragen voor subsidies voor een operationeel programma worden hoe dan ook gezamenlijk ingediend door alle nationale autoriteiten die bevoegd zijn voor het grondgebied waarop het programma betrekking heeft, en in de toekenningsbeschikkingen wordt enkel onderscheid gemaakt tussen de communautaire en de nationale bijdrage, niet tussen de bijdragen van elk van de nationale autoriteiten. Gelet op een en ander wordt het eerste middel van de Bondsrepubliek Duitsland afgewezen. Tweede middel: ontoereikende motivering Argumenten van partijen Met betrekking tot de verwijzing naar punt 6.2 van de richtsnoeren door de Commissie in punt 16 van de bestreden beschikking stelt de Bondsrepubliek Duitsland dat de Commissie niet uiteenzet waarom een afwijking „naar boven” van de in het financieringsplan voorziene uitgaven onder de richtsnoeren zou vallen, terwijl een afwijking „naar beneden” een belangrijke wijziging in de zin van artikel 24, lid 2, van verordening nr. 4253/88 zou zijn. Als de Commissie in casu de in de richtsnoeren voorziene flexibiliteit van 20% had toegepast, zou geen enkele reductie zijn verricht. Dat de Commissie deze flexibiliteit niet heeft toegepast, is trouwens des te onbegrijpelijker nu volgens de Commissie zelfs zonder een beroep te doen op die regel de gehele bijdrage van het EFRO had kunnen worden betaald indien daarom naar behoren was verzocht (punt 20 van de bestreden beschikking). Zij begrijpt niet waarom de Commissie, die in de bestreden beschikking een fundamenteel belang heeft gehecht aan de in het financieringsplan voorziene financieringspercentages voor elke maatregel of groep maatregelen, niet aanvaardt om de richtsnoeren toe te passen om in plaats van een overschrijding met 20% van de in het plan voorziene bijdrage eenzelfde overschrijding van het financieringspercentage mogelijk te maken, en zulks ondanks het feit dat het verlangde bedrag lager is dan de in het plan voorziene bijstand. De Bondsrepubliek Duitsland stelt dat de aan de bestreden beschikking gehechte tabel onbegrijpelijk is, en meent dat dit komt doordat noch de uitleg, noch de opschriften van de kolommen zijn gesteld in het Duits, de taal van de procedure. Deze schending van artikel 3 van verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap ( PB 1958, 17, blz. 385 ) levert een andere motiveringsfout op. Zij betwist het betoog van de Commissie dat de wiskundige formules in de tabel duidelijk zijn. De Commissie betwist dat de bestreden beschikking ontoereikend is gemotiveerd. Beoordeling door het Gerecht Met betrekking tot punt 16 van de bestreden beschikking stelt de Bondsrepubliek Duitsland in de eerste plaats dat de Commissie niet uiteenzet waarom een afwijking„naar boven” van de in het financieringsplan voorziene uitgaven aanvaardbaar zou zijn, terwijl een afwijking „naar beneden” een belangrijke wijziging in de zin van artikel 24 van verordening nr. 4253/88 zou zijn. In de punten 12 en 15 van de bestreden beschikking stelt de Commissie echter dat elke afwijking, naar boven of naar beneden, een belangrijke wijziging vormt. Vervolgens stelt zij in punt 16 van de beschikking dat afwijkingen naar boven kunnen worden aanvaard mits de omvang ervan beperkt is (tot 20% van het bedrag van de maatregel in kwestie) en zij binnen het subprogramma/zwaartepunt worden gecompenseerd door een evenwaardige afwijking naar beneden, zodat „het bedrag van het subprogramma […] niet stijgt”. Derhalve heeft de Commissie niet aangenomen dat afwijkingen „naar boven” altijd zijn toegestaan en afwijkingen „naar beneden” niet, en kon de bestreden beschikking dienaangaande dus ook geen motivering bevatten. De Bondsrepubliek Duitsland betoogt in de tweede plaats dat de Commissie niet verklaart waarom zij in casu niet de in punt 6 van de richtsnoeren bedoelde flexibiliteitsmarge van 20% heeft toegepast. Dienaangaande blijkt uit punt 6.2 van de richtsnoeren en punt 19 van de bestreden beschikking dat de flexibiliteit van 20%, anders dan de Bondsrepubliek Duitsland betoogt, wel is toegepast, maar dat dit enkel kon in het kader van zwaartepunt 3, omdat enkel in dat zwaartepunt een maatregel of groep maatregelen voorkwam waarvoor het in het financieringsplan voorziene bedrag was overschreden. Uit die motivering blijkt duidelijk dat punt 6.2 van de richtsnoeren niet op de andere zwaartepunten kon worden toegepast omdat niet was voldaan aan één van de voorwaarden daarvoor, namelijk de overschrijding van het bedrag dat was voorzien voor ten minste één van de maatregelen of groepen maatregelen. De Bondsrepubliek Duitsland stelt in de derde plaats dat zij niet begrijpt waarom de Commissie de richtsnoeren niet aldus toepast dat een overschrijding van het voor een maatregel of groep maatregelen vastgestelde participatiepercentage met 20% kan worden aanvaard indien dat niet leidt tot een overschrijding van de bijstand die is voorzien voor het zwaartepunt, zoals een overschrijding van het bedrag van de voor een maatregel of groep maatregelen voorziene bijstand volgens punt 6.2 van de richtsnoeren aanvaard wordt indien dat niet leidt tot een overschrijding van het bedrag van de bijstand voor het zwaartepunt. De Bondsrepubliek Duitsland verzoekt eigenlijk om overeenkomstige toepassing van de richtsnoeren. De Commissie heeft in punt 24 van de bestreden beschikking evenwel uiteengezet dat de richtsnoeren, als instructies voor haar diensten, moeten worden uitgevoerd overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling, zodat zij deze op de programma’s van de Bondsrepubliek Duitsland niet anders kan toepassen dan op de programma’s van andere lidstaten. De bestreden beschikking is dienaangaande dus toereikend gemotiveerd. Wat vervolgens de aan de bestreden beschikking gehechte tabel betreft, meent de Bondsrepubliek Duitsland dat die onbegrijpelijk is, omdat noch de uitleg, noch de opschriften van de kolommen in het Duits zijn gesteld, en betwist zij het betoog van de Commissie dat de daarin gehanteerde wiskundige formules makkelijk te begrijpen zijn. Dienaangaande volstaat de vaststelling dat, zoals de Commissie opmerkt, uit de verwijzingen naar de inhoud van de tabel in het verzoekschrift blijkt, dat de Bondsrepubliek Duitsland de tabel juist heeft begrepen. Bovendien maakt de motivering van de bestreden beschikking als zodanig een goed begrip mogelijk van de berekening voor elke maatregel of groep maatregelen en van de redenen waarom het door de Bondsrepubliek Duitsland verlangde bedrag al dan niet is aanvaard. Derhalve moet het tweede middel van de Bondsrepubliek Duitsland worden afgewezen. Derde middel: niet-eerbiediging van het „partnerschap” Argumenten van partijen De Bondsrepubliek Duitsland stelt dat hoewel het litigieuze programma gezamenlijk is opgesteld en de bedragen ter financiering van de projecten zijn vastgelegd met eerbiediging van het programma, de Commissie door af te wijken van de daarin gestelde voorwaarden eenzijdig de bijstand van het EFRO wijzigt en het „partnerschap” niet eerbiedigt. De door de Commissie gehanteerde berekeningsmethode impliceert dat voor geen van deze projecten nog een gegarandeerde totale financiering bestaat, aangezien de bevoegde diensten en de projectverantwoordelijken het bedrag van de bijstand van het EFRO niet kunnen vaststellen vóór het verstrijken van de termijn voor de inaanmerkingneming van de uitgaven op 31 december 2001 en de indiening van het betalingsverzoek. Bovendien eerbiedigt de Commissie evenmin het „partnerschap”, nu haar handelwijze indruist tegen het vertrouwensbeginsel aangezien haar vertegenwoordiger in het toezichtcomité niet vóór de eindtermijn voor de vastleggingen aan haar partners de betekenis heeft uitgelegd van de bedragen in de financiële tabellen, noch ervoor heeft gewaarschuwd dat de financiering van de projecten waartoe in het toezichtcomité was besloten, in gevaar kwam. In repliek stelt zij dat de Commissie haar deelname aan het toezichtcomité poogt te minimaliseren. Die deelneming was evenwel kenmerkend voor de uitvoering van het programma, en bij de medewerking van de Commissie aan de bepaling van de participatie van het EFRO aan de projecten overeenkomstig het reglement van orde van het toezichtcomité, is de geldende regeling nageleefd. De berekeningsmethode van de Commissie is daarentegen onverenigbaar met de besluiten van het toezichtcomité en niet dwingend, althans niet in de zaken waarin de Commissie vooraf betrokken was bij andersluidende besluiten van het toezichtcomité. Wanneer de opvattingen over de uitvoering van het programma wezenlijk verschillen, vereist het „partnerschap” verder dat de Commissie haar toestaat het betalingsverzoek te corrigeren. De Commissie betwist deze argumenten. Beoordeling door het Gerecht Allereerst zij eraan herinnerd dat volgens artikel 4, lid 1, van verordening nr. 2052/88 (zie punt 3) het begrip „partnerschap” wordt gebruikt om te beklemtonen dat de „actie van de Gemeenschap [tot stand komt] door nauw overleg tussen de Commissie, de betrokken lidstaat en de door de lidstaat aangewezen […] bevoegde autoriteiten en instanties”. Het partnerschap omvat met name de voorbereiding en de financiering van, het toezicht op en de evaluatie van de acties, en moet ten volle de respectieve institutionele, juridische en financiële bevoegdheden van elke partner eerbiedigen. Wat vervolgens het argument betreft dat de Commissie het „partnerschap” niet heeft geëerbiedigd doordat zij de voorwaarden voor bijstand van het EFRO eenzijdig heeft gewijzigd, moet worden vastgesteld dat uit het onderzoek van het eerste middel blijkt dat de Commissie, anders dan de Bondsrepubliek Duitsland betoogt, niet is afgeweken van de voorwaarden in de laatste versie van de toekenningsbeschikking en derhalve niet eenzijdig de bijstand van het EFRO heeft gewijzigd. Aangezien de financieringspercentages worden vastgesteld in de beschikking tot toekenning van de bijstand, kan bovendien ook niet worden gesteld dat de berekeningsmethode die de Commissie overeenkomstig de geldende bepalingen en de toekenningsbeschikking heeft gehanteerd, impliceert dat het bedrag van de communautaire bijstand niet op voorhand kan worden bepaald. Aangaande het argument dat de handelwijze van de Commissie indruist tegen het vertrouwensbeginsel wegens de houding van haar vertegenwoordiger in het toezichtcomité, volstaat het eraan te herinneren dat volgens vaste rechtspraak het ontstaan van een gewettigd vertrouwen impliceert dat nauwkeurige en met de toepasselijke bepalingen overeenstemmende toezeggingen zijn gedaan door een daartoe gemachtigd persoon (zie in die zin arresten Gerecht van 6 juli 1999, Forvass/Commissie, T-203/97, JurAmbt. blz. I-A-129 en II-705 , punt 70, en , Branco/Commissie, T-347/03, Jurispr. blz. II-2555 , punt 102). Niet alleen kan in casu de omstandigheid dat de vertegenwoordiger van de Commissie in het toezichtcomité niet heeft gewezen op het bestaan van financieringspercentages op het niveau van de maatregelen of groepen maatregelen niet als een nauwkeurige toezegging worden beschouwd, temeer nu uit de stukken blijkt dat hij heeft gesteld dat hij zich bij de besluitvorming over de projecten van stemming zou onthouden teneinde niet vooruit te lopen op het oordeel van de interne financiële controle van de Commissie, die „toezeggingen” zouden hoe dan ook niet overeenstemmen met het toepasselijke recht zoals dat uit het hiervóór verrichte onderzoek blijkt. Ten slotte moet met betrekking tot het argument van de Bondsrepubliek Duitsland dat de Commissie haar had moeten toestaan haar betalingsverzoek te corrigeren, worden vastgesteld dat de Bondsrepubliek Duitsland, in plaats van de uitlegging van de Commissie te aanvaarden en haar te vragen om een nieuw verzoek te mogen indienen tot betaling van een hoger bedrag voor de maatregelen of groepen maatregelen waarvoor in het oorspronkelijke verzoek een lager bedrag was voorzien dan het bedrag dat voortvloeit uit de toepassing van het financieringspercentage in het financieringsplan, dit beroep heeft ingesteld waarin zij die uitlegging betwist. In die omstandigheden kon de Commissie, zo de toepasselijke regeling dat al mogelijk maakte, niet uit eigen beweging de correctie van het verzoek toestaan. Derhalve moet het onderhavige middel worden afgewezen en moet het beroep dus in zijn geheel worden verworpen. Kosten Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien de Bondsrepubliek Duitsland in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van de Commissie worden verwezen in de kosten. HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer) rechtdoende, verklaart: 1) Het beroep wordt verworpen. 2) De Bondsrepubliek Duitsland wordt verwezen in de kosten. Czúcz Labucka Frimodt Nielsen Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 28 januari 2009. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Duits.

62005TJ0053

de

Vorgeschichte des Rechtsstreits Am 8. März 2001 beantragte die Luis Calvo Sanz SA beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM), die nachstehend wiedergegebene Bildmarke als Gemeinschaftsmarke einzutragen: Die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 29, 30 und 31 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen der folgenden Beschreibung: –        Klasse 29: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und ‑fette“; –        Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis“; –        Klasse 31: „Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz“. Am 24. September 1999 wurde die Anmeldung im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 84/2001 veröffentlicht. Am 21. Dezember 2001 erhob die Calavo Growers Inc. Widerspruch gegen die beantragte Gemeinschaftsmarke. Die Widerspruchsschrift bestand aus zwei Teilen. Der erste, in spanischer Sprache abgefasste Teil mit dem Titel „Escrito de Oposición“ (im Folgenden: Formular) war in Form eines Formulars mit der gleichen Nummerierung und Bezeichnung der Rubriken wie das amtliche Formular des HABM erstellt und trug in der Rubrik „Verfahrenssprache für den Widerspruch“ den Vermerk „ES“ sowie in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ den Vermerk „94 Der Widerspruch stützt sich auf eine ältere Marke und das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr“. Der zweite, in englischer Sprache abgefasste Teil mit dem Titel „Notice of Opposition“ bestand aus drei Textseiten; auf diesen standen unter dem einleitenden Vermerk „99 Explanations of grounds“ die Widerspruchsgründe. Der Widerspruch wurde mit der Eintragung der Gemeinschaftswortmarke Nr. 102 822 „CALAVO“ begründet, die am 1. April 1996 für Waren der Klassen 29 und 31 im Sinne des Abkommens von Nizza angemeldet und am 26. August 1998 eingetragen wurde, die folgender Beschreibung entsprechen: –        Klasse 29: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Fruchtsaucen; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; verarbeitete, zubereitete und gefrorene Avocados und Guacamole; getrocknete Papayas und Mangos“; –        Klasse 31: „Land-, garten- und forstwirtschaftliche Erzeugnisse sowie Samenkörner, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; lebende Tiere; frisches Obst und Gemüse; Sämereien, lebende Pflanzen und natürliche Blumen; Futtermittel, Malz; frische Avocados, Papayas und Mangos“. Der Widerspruch war auf alle von der älteren Marke erfassten Waren gestützt und richtete sich gegen alle von der angemeldeten Marke betroffenen Waren. Mit Entscheidung vom 18. Dezember 2003 gab die Widerspruchsabteilung des HABM dem Widerspruch teilweise statt, indem sie feststellte, dass bei bestimmten Waren zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen Verwechslungsgefahr bestehe. In der Entscheidung wurde darauf hingewiesen, dass der von der Widersprechenden (der Klägerin vor dem Gericht) mit dem Formular vorgetragenen Begründung nicht gefolgt werden könne, weil dieses Dokument in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache vorgelegt und seine Übersetzung in die Verfahrenssprache nicht innerhalb der vom HABM hierfür gesetzten Frist eingereicht worden sei. Am 18. Februar 2004 erhob die Streithelferin gegen diese Entscheidung Beschwerde. Am 8. November 2004 gab die Erste Beschwerdekammer dieser Beschwerde statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Mit ihrer Entscheidung (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 12. November 2004 zugestellt wurde, wies die Beschwerdekammer den Widerspruch zurück und legte der Widersprechenden die der Beschwerdeführerin (Streithelferin vor dem Gericht) im Widerspruchs‑ und im Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten auf. In der angefochtenen Entscheidung stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Widerspruchsabteilung nicht befugt sei, den Widerspruch von Amts wegen zu prüfen, und ihm daher nicht teilweise habe stattgeben können. Die Widerspruchsschrift sei fehlerhaft, weil sie als Widerspruchsgrund nur die „Verwechslungsgefahr“ nenne, ohne irgendeine weitere Begründung in der Verfahrenssprache anzugeben. Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die Widerspruchsabteilung gegen die im Widerspruchsverfahren geltende Dispositionsmaxime, wonach die Parteien über den Streitgegenstand verfügen könnten, und den Grundsatz der Waffengleichheit verstoßen habe, der in Art. 74 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) verankert sei, wonach das HABM den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermitteln dürfe, weil die Prüfung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt sei. Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass es Sache der Widersprechenden sei, die Gründe, auf die sie ihren Widerspruch stütze, darzutun und zu beweisen; der abstrakte Hinweis auf eine „Verwechslungsgefahr“ reiche nicht. Die entscheidenden Kriterien für eine Verwechslungsgefahr müssten im vorliegenden Fall dargelegt und bewiesen werden. Wenn die Widersprechende diesem Erfordernis nicht nachgekommen sei, könne das HABM diesem Verfahrensmangel keinesfalls abhelfen, denn es sei nicht befugt, den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln, es müsse unparteiisch sein und könne nicht zugleich als Gericht und als Partei agieren. Die angefochtene Entscheidung kommt zu dem Ergebnis, dass die sich aus der Nichteinhaltung dieses Verfahrenserfordernisses ergebende Sanktion zu verhängen, der Widerspruch also als unbegründet zurückzuweisen sei. Verfahren vor dem Gericht und Anträge der Beteiligten Die Klägerin hat mit Klageschrift, die am 24. Januar 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, die vorliegende Klage erhoben. Die Streithelferin und das HABM haben ihre Klagebeantwortungen am 20. Juni bzw. am 25. Juli 2005 eingereicht. Mit Schreiben, die am 4. bzw. 5. August 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen sind, haben die Klägerin und die Streithelferin beantragt, ihnen die Einreichung einer Erwiderung zu gestatten. Am 17. August 2005 hat der Präsident der Zweiten Kammer gemäß Art. 135 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichts entschieden, dass ein zweiter Austausch vollständiger Schriftsätze nicht erforderlich ist. Er hat der Streithelferin jedoch gestattet, einen Schriftsatz einzureichen, um zu der Klagebeantwortung des HABM Stellung nehmen zu können, in der dieses dem Vorbringen der Klägerin beigepflichtet hat. Der weitere Schriftsatz der Streithelferin ist am 10. Oktober 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen. Mit Schreiben, das am 27. Oktober 2005 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin ihren Antrag vom 4. August 2005 wiederholt, dass sie auch auf den Vortrag der Streithelferin antworten wolle, für den dieser die Einreichung eines weiteren Schriftsatzes gestattet worden sei. Der Präsident der Zweiten Kammer hat diesen Antrag mit Beschluss vom 22. November 2005 zurückgewiesen. Auf Bericht des Berichterstatters hat das Gericht (Zweite Kammer) beschlossen, die mündliche Verhandlung ohne vorherige Beweisaufnahme zu eröffnen. Die Beteiligten haben in der Sitzung vom 11. Juli 2006 mündlich verhandelt und Fragen des Gerichts beantwortet. Das HABM hat außerdem im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren Kostenanträge gestellt. Die Klägerin beantragt, –        die angefochtene Entscheidung aufzuheben; –        dem HABM die Kosten aufzuerlegen. Das HABM beantragt, –        die angefochtene Entscheidung aufzuheben; –        die Sache zur Entscheidung über die Frage des Bestehens von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen an die Beschwerdekammer zurückzuverweisen; –        jedem Beteiligten seine eigenen Kosten aufzuerlegen. Die Streithelferin beantragt, –        die Klage insgesamt abzuweisen und die angefochtene Entscheidung zu bestätigen; –        der Klägerin die Kosten der Streithelferin in diesem Verfahren aufzuerlegen. Rechtliche Würdigung Ihr Klagebegehren stützt die Klägerin auf den einzigen Klagegrund eines Verstoßes gegen die Art. 42 Abs. 3 und 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1). Zur Zulässigkeit der Anträge des HABM Vorbringen der Beteiligten Nach Ansicht des HABM sind die Anträge der Klägerin begründet, weil die angefochtene Entscheidung mit seiner Praxis hinsichtlich der Zulässigkeit und der Begründung eines Widerspruchs nicht vereinbar sei. Die Streithelferin meint, dass sich das HABM der von der Klägerin erhobenen Klage nicht anschließen könne. Ein solches Vorgehen würde den Grundsätzen des Rechtsschutzes und der Rechtssicherheit zuwiderlaufen. Das HABM beantrage nämlich die Aufhebung einer von ihm selbst erlassenen Entscheidung. Bei einer solchen Änderung des Standpunkts des HABM müsse die Beschwerdekammer gehört werden, es sei denn, diese radikale Änderung sei durch eine Änderung der Rechtsvorschriften oder einen neuen Sachverhalt gerechtfertigt. Dafür gebe es hier jedoch keine Anhaltspunkte. Die Rechtsprechung des Gerichts, auf die sich das HABM zur Rechtfertigung seines Verhaltens berufe, beziehe sich nicht auf Fälle wie den vorliegenden. Außerdem müsse sie sich auf den Schutz verlassen können, der durch die Art. 130 Abs. 1 und 133 Abs. 2 der Verfahrensordnung gewährt werde, wonach sich bei einer Klage gegen das HABM als Beklagten gemäß Art. 134 Abs. 2 der Verfahrensordnung nur die Streithelfer den Anträgen einer Partei anschließen oder deren Anträge unterstützen könnten. Im vorliegenden Fall stehe sie mit der Verteidigung der angefochtenen Entscheidung in der Sache allein, und das HABM habe dadurch ihre Verfahrenssituation beeinträchtigt. Würdigung durch das Gericht Das Gericht hat in einem Verfahren wegen der Entscheidung einer Beschwerdekammer zu einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass das HABM zwar keine Aktivlegitimation für eine Klage gegen die Entscheidung einer Beschwerdekammer besitzt, es jedoch nicht verpflichtet ist, systematisch jede angefochtene Entscheidung einer Beschwerdekammer zu verteidigen oder zwingend die Abweisung jeder gegen eine solche Entscheidung gerichteten Klage zu beantragen (Urteile des Gerichts vom 30. Juni 2004, GE Betz/HABM – Atofina Chemicals [BIOMATE], T‑107/02, Slg. 2004, II‑1845, Randnr. 34, und vom 25. Oktober 2005, Peek & Cloppenburg/HABM [Cloppenburg], T‑379/03, Slg. 2005, II‑4633, Randnr. 22). Daher ist das HABM nicht daran gehindert, sich dem Antrag der Klägerin anzuschließen oder sich damit zu begnügen, die Entscheidung in das Ermessen des Gerichts zu stellen, wobei es zur Information des Gerichts alles vorbringen kann, was es für angebracht hält (Urteile BIOMATE, Randnr. 36, und Cloppenburg, Randnr. 22). Dagegen kann das HABM weder Anträge stellen, die auf die Aufhebung oder Änderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer in einem in der Klageschrift nicht geltend gemachten Punkt gerichtet sind, noch in der Klageschrift nicht geltend gemachte Angriffs- oder Verteidigungsmittel vorbringen (Urteil des Gerichtshofs vom 12. Oktober 2004, Vedial/HABM, C‑106/03 P, Slg. 2004, I‑9573, Randnr. 34, und Urteil Cloppenburg, Randnr. 22). Darüber hinaus hat das Gericht festgestellt, dass diese Rechtsprechung sowohl für Verfahren mit mehreren Beteiligten als auch für solche mit nur einem Beteiligten außer dem Kläger gilt (Urteil Cloppenburg, Randnr. 24). Nach dieser Rechtsprechung sind Anträge, mit denen sich das HABM den Anträgen der Klägerin anschließt, für zulässig zu erklären, da weder diese Anträge des HABM noch dessen Vorbringen zur Untermauerung dieser Anträge über den Rahmen der von der Klägerin vorgebrachten Anträge und Klagegründe hinausgehen. In der vorliegenden Rechtssache ist das HABM innerhalb dieses Rahmens geblieben, denn es hat seinen Antrag auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung auf dieselben Gründe gestützt wie die Klägerin. Daraus folgt, dass das HABM in diesem Fall die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragen kann, ohne die Vorgaben des Rechtsstreits zu ändern. Die Anträge des HABM sind daher zulässig. Zum Umfang des Streitgegenstands Vorbringen der Beteiligten Die Streithelferin meint, dass eine Prüfung der Zulässigkeit des von der Klägerin vor dem HABM erhobenen Widerspruchs für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits nicht erforderlich sei. Der Widerspruch sei mit der angefochtenen Entscheidung nicht als unzulässig, sondern als unbegründet zurückgewiesen worden. Es gehe daher im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits nicht darum, die Vorschriften über den Inhalt der Widerspruchsschrift zu prüfen, sondern vielmehr um Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, denn der Konflikt beruhe darauf, dass zur Stützung des Widerspruchs nichts vorgetragen worden sei. Die Klägerin und das HABM treten dem Vorbringen der Streithelferin entgegen. Würdigung durch das Gericht Nach Prüfung der Begründung der angefochtenen Entscheidung ist trotz einer gewissen terminologischen Unklarheit festzustellen, dass die Beschwerdekammer den Widerspruch aus Zulässigkeitsgründen zurückgewiesen hat. Insbesondere die in Nr. 16 der angefochtenen Entscheidung enthaltenen Erwägungen beziehen sich, wenngleich dieser Begriff nicht verwendet wird, auf die Zulässigkeit des Widerspruchs. Die Beschwerdekammer bringt nämlich mit der Feststellung, dass die Frage nach der Zuständigkeit der Widerspruchsabteilung für die Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs vor der Sachprüfung entschieden werden müsse, zum Ausdruck, dass dies keine Frage nach der Begründetheit ist. Anschließend hat die Beschwerdekammer in Nr. 17 der angefochtenen Entscheidung die Zulässigkeit des Widerspruchs geprüft, denn sie stellte fest, dass das von der Klägerin eingereichte Formular einen wesentlichen Mangel aufweise. Zwar hat sie den Widerspruch in dieser Hinsicht letztlich nicht eindeutig für unzulässig erklärt. Am Ende von Nr. 19 und in Nr. 21, die das abschließende Ergebnis der Fassung der angefochtenen Entscheidung in der Verfahrenssprache enthält, erwähnt die Beschwerdekammer zweimal, dass der Widerspruch „als unbegründet“ zurückgewiesen werde. Im Fall einer Abweichung zwischen dem Wesen einer Entscheidung der Beschwerkammer und den von ihr in ihrer Begründung verwendeten Begriffen ist es Sache des Gerichts, diese Entscheidung auszulegen, um ihren wirklichen Inhalt zu ermitteln. Hierzu ist festzustellen, dass die Beschwerkammer nirgends die Begründetheit des Widerspruchs erwähnt, d. h. die Frage, ob im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen besteht oder nicht. Es ist daher festzustellen, dass der Widerspruch der Klägerin nicht als unbegründet, sondern als unzulässig zurückgewiesen wurde, auch wenn die Formulierungen über die Zurückweisung des Widerspruchs im Rahmen der Begründung der angefochtenen Entscheidung auf das Gegenteil hinzuweisen scheinen. Der Einwand der Streithelferin greift daher nicht durch. Zur Zulässigkeit des Widerspruchs Vorbringen der Beteiligten Die Klägerin trägt vor, dass auf dem von ihr eingereichten Formular ausdrücklich stehe, dass sich der Widerspruch auf eine ältere Marke und auf Verwechslungsgefahr stütze. Diese Angabe erfülle die nach Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 18 der Verordnung Nr. 2868/95 geltende Mindestanforderung für die Begründung, denn zum einen habe sich der Grund des Widerspruchs den in der Widerspruchsschrift enthaltenen Angaben entnehmen lassen, und zum anderen hätten sowohl die Klägerin als auch das HABM anhand dieser Angaben den Grund des Widerspruchs verstehen können. Außerdem sei gemäß Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 das Fehlen detaillierter Angaben zum Sachverhalt und zu den Beweismitteln zum Nachweis der Begründetheit des Widerspruchs eindeutig kein Grund, den Widerspruch für unzulässig zu erklären. Das HABM macht geltend, dass auf dem von der Klägerin eingereichten Formular klar und unmissverständlich in der Verfahrenssprache, d. h. auf Spanisch, angegeben worden sei, dass der Widerspruch sich auf das Bestehen einer älteren Marke – hier auf die klar bezeichnete gemeinschaftliche Eintragung – und auf das Bestehen von Verwechslungsgefahr stütze. Nach Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 sei der Widerspruch schriftlich einzureichen und zu begründen; das bedeute aber nicht, dass der Widerspruch eine detaillierte Beschreibung der Gründe enthalten müsse, auf die der Widersprechende seinen Widerspruch stütze. Art. 42 Abs. 3 letzter Satz der Verordnung Nr. 40/94 sehe das Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen durch den Widersprechenden als eine bloße Möglichkeit vor, was durch die übrigen Sprachfassungen der Verordnung Nr. 40/94 bestätigt werde. Diese Auffassung stimme auch mit seiner Praxis in Fragen der Zulässigkeit eines Widerspruchs überein, die in den Richtlinien für das Widerspruchsverfahren behandelt würden. Die Streithelferin macht geltend, dass sie dem Widerspruch zwar stets nur in materieller Hinsicht entgegengetreten sei, doch dürfe man daraus nicht schließen, dass sie die Zulässigkeit eines derart unvollständig formulierten Widerspruchs bejahe. Außerdem habe die Klägerin in ihrer Klageschrift die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung Nr. 40/94 durch die Beschwerdekammer nicht in Frage gestellt. Die Klägerin sei ihrer Pflicht nicht nachgekommen, Beweise vorzulegen und ihren Widerspruch zu untermauern, und die der Beschwerdekammer vorliegenden angeblichen Beweise und Angaben hätten sich auf den knappen und abstrakten Hinweis der Widersprechenden in dem Formular auf eine „Verwechslungsgefahr“ beschränkt. Würdigung durch das Gericht Regel 18 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer für das Verfahren maßgeblichen Fassung nennt die Voraussetzungen, unter denen das HABM einen Widerspruch als unzulässig zurückweisen kann. Diese Voraussetzungen sind: die Nichteinhaltung der Voraussetzungen im Sinne des Art. 42 oder sonstiger Vorschriften der Verordnungen Nrn. 40/94 und 2868/95 sowie das Fehlen einer klaren Angabe entweder der angemeldeten Marke, gegen die sich der Widerspruch richtet, oder der älteren Marke, aufgrund deren Widerspruch erhoben wird. In der vorliegenden Rechtssache ist unstreitig, dass auf dem von der Klägerin eingereichten Formular die beanstandete Anmeldung und die ältere Gemeinschaftsmarke klar angegeben waren. Es bleibt daher zu prüfen, ob der Widerspruch in Einklang mit Art. 42 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 15 der Verordnung Nr. 2868/95 erhoben wurde. Regel 15 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer für das Verfahren maßgeblichen Fassung nennt die Elemente, die die Widerspruchsschrift enthalten muss. Sie gliedern sich in vier Gruppen und betreffen die Anmeldung, gegen die sich der Widerspruch richtet, die ältere Marke oder das ältere Recht, auf denen der Widerspruch beruht, den Widersprechenden und die Gründe, auf denen der Widerspruch beruht. Hinsichtlich des letzten Punktes, um den es in der vorliegenden Rechtssache geht, wird lediglich eine „Angabe“ der Gründe verlangt. Der Widerspruch ist gemäß Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 schriftlich einzureichen und zu begründen. Der Widersprechende kann gemäß dem letzten Satz von Abs. 3 innerhalb einer vom HABM bestimmten Frist zur Stützung des Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen. Für die Zulässigkeit des Widerspruchs folgt daraus erstens, dass die diesen stützenden Gründe dargelegt werden müssen, und zweitens, dass zwischen dem Begriff „Begründung“ einerseits und den Begriffen „Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen“ andererseits zu unterscheiden ist. Die Begründung des Widerspruchs ist nämlich eine notwendige Voraussetzung für dessen Zulässigkeit, während, wie sich aus der Verwendung des Wortes „kann“ ergibt, die Beibringung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen hierzu nur fakultativ ist (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Juni 2002, Chef Revival USA/HABM – Massagué Marín [Chef], T‑232/00, Slg. 2002, II‑2749, Randnr. 31). Der Hinweis „Der Widerspruch stützt sich auf … das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr“, den die Klägerin auf dem Formular in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ gemacht hat, stellt eine klare und präzise Angabe des Eintragungshindernisses im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 dar. Vor allem konnten sowohl das HABM als auch die Klägerin aufgrund dieses Hinweises wissen, auf welchen Grund sich der Widerspruch stützte, und daraufhin ihre Prüfung des Sachverhalts und ihre Verteidigung gestalten. Diese Feststellung wird durch die Prüfung des offiziellen Formulars des HABM, auch wenn der Inhalt dieses Dokuments als solcher für das Gericht nicht bindend ist, nur bestätigt. Es enthält nämlich in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ ein anzukreuzendes Feld mit der Nr. 94; daneben steht „Verwechslungsgefahr“. Es genügt also, zur Angabe der Begründung des Widerspruchs beim Ausfüllen dieses offiziellen Formulars dieses Feld anzukreuzen. Dazu ist zu bemerken, dass die Verwendung des offiziellen Formulars keineswegs vorgeschrieben ist. Das ergibt sich aus Regel 83 Abs. 6 der Verordnung Nr. 2868/95, wonach Formblätter desselben Inhalts und Formats wie die vom HABM bereitgestellten Formblätter, z. B. durch elektronische Datenverarbeitung erzeugte Formblätter, verwendet werden dürfen. Demnach dürfen an den Inhalt eines nicht amtlichen Dokuments keine höheren Anforderungen gestellt werden als bei einem amtlichen Dokument. Der von der Klägerin in ihrem Formular vorgenommene ausdrückliche Hinweis ist daher ebenso genau wie das Ankreuzen des entsprechenden Feldes im amtlichen Formular. Demzufolge war der von der Klägerin mit Hilfe des Formulars erhobene Widerspruch zulässig. Zu der Frage, ob die Widerspruchsabteilung ihre Befugnisse dadurch überschritten hat, dass sie den Widerspruch wegen der fehlenden Übersetzung der Begründung nicht zurückgewiesen hat Vorbringen der Beteiligten Die Klägerin trägt vor, dass die Widerspruchsabteilung gemäß Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 über den Widerspruch anhand der ihr vorliegenden Beweismittel habe entscheiden können. Ihre in ihrer Begründung enthaltenen Bemerkungen habe die Widerspruchsabteilung zwar für unzulässig erklärt, ihre später am 20. Dezember 2002 in Beantwortung der Stellungnahme der Streithelferin vom 21. Oktober 2002 vorgebrachten Bemerkungen seien jedoch durchaus für zulässig erklärt worden und hätten sich zum Zeitpunkt des Erlasses der Entscheidung der Widerspruchsabteilung bei den Akten befunden. Durch den letztgenannten Schriftsatz in Verbindung mit dem Formular seien der Gegenstand der Auseinandersetzung und die von den Beteiligten vertretenen Auffassungen erläutert und klargestellt worden. Das HABM ist der Ansicht, dass die Widerspruchsabteilung im vorliegenden Fall über den Widerspruch habe entscheiden können, weil ihr alle hierfür maßgeblichen Umstände bekannt gewesen seien, d. h. die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und die Waren, gegen die sich der Widerspruch richte, das ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stütze (da es sich um eine Gemeinschaftsmarke handele), die von diesem Widerspruch betroffenen Waren und die Verwechslungsgefahr als der geltend gemachte Grund. Die Streithelferin erklärt, die Argumentation der Ersten Beschwerdekammer sei fehlerfrei und mit Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sowie mit der Rechtsprechung des Gerichts vereinbar. Das von der Klägerin eingereichte Formular weise einen wesentlichen Mangel auf, weil als Widerspruchsgrund auf ihm – ohne weitergehende Begründung – lediglich „Verwechslungsgefahr“ angegeben worden sei. Die Widerspruchsabteilung habe den Widerspruch trotzdem geprüft und ihm teilweise stattgegeben. Dadurch habe sie gegen die „Dispositionsmaxime“, gegen den Beibringungsgrundsatz und den Grundsatz der Waffengleichheit verstoßen, die im Widerspruchsverfahren zur Anwendung kämen und in Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verankert seien. Das HABM könne gemäß dieser Vorschrift in einem relative Eintragungshindernisse betreffenden Verfahren den Sachverhalt nicht von Amts wegen ermitteln; seine Prüfung sei vielmehr auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Dies sei Ausdruck der Verfahrensregel „iudex iudicare debet secundum allegata et probata partibus“. Der rein abstrakte Hinweis auf „Verwechslungsgefahr“ reiche für die Einhaltung der aus Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 resultierenden Pflicht nicht aus, wonach der Widersprechende für sein Vorbringen und das tatsächliche Vorliegen des geltend gemachten Widerspruchsgrundes beweispflichtig sei. Er müsse dartun und beweisen, dass die entscheidenden Faktoren der Verwechslungsgefahr hier vorlägen. Komme der Widersprechende dieser Pflicht nicht nach, so könne das HABM diesem Versäumnis nicht abhelfen; es sei nämlich nicht befugt, von Amts wegen zu ermitteln, weil es unparteiisch sein müsse und nicht zugleich als Gericht und als Partei agieren könne. Es müsse daher die sich aus der Nichteinhaltung dieses Verfahrenserfordernisses ergebende Sanktion verhängen, d. h. den Widerspruch als unbegründet zurückweisen. Das bestätige die Rechtsprechung des Gerichts (Urteile des Gerichts vom 22. Oktober 2003, Éditions Albert René/HABM – Trucco [Starix], T‑311/01, Slg. 2003, II‑4625, Randnr. 69, und vom 22. Juni 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/HABM – Nabeiro Silveria [Galáxia], T‑66/03, Slg. 2004, II‑1765, Randnr. 43). Die Klägerin vertrete in Nr. 51 der Klageschrift zwar die Auffassung, dass diese Rechtsprechung nicht auf Widerspruchsverfahren erstreckt werden könne, aber das Gericht habe im Urteil Galáxia (Randnrn. 43 und 44) ausdrücklich anders entschieden. Würdigung durch das Gericht In der vorliegenden Rechtssache ist unstreitig, dass das von der Klägerin beim HABM eingereichte Formular in der Rubrik „Begründung des Widerspruchs“ den bloßen Hinweis „Verwechslungsgefahr“ trug und dass die in englischer Sprache abgefasste Begründung von der Widerspruchsabteilung nicht berücksichtigt werden konnte. Die Frage, ob die Widerspruchsabteilung unter diesen Umständen berechtigt war, die Begründetheit des Widerspruchs zu prüfen, ist nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94, wonach die Ermittlung in einem Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist, und nach Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 in ihrer für das Verfahren maßgeblichen Fassung zu beurteilen, wonach das HABM, wenn der Anmelder keine Stellungnahme abgibt, anhand der ihm vorliegenden Beweismittel über den Widerspruch entscheiden kann. Das Gericht hat bereits festgestellt, dass sich die Prüfung des HABM in einem Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse gemäß Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. So darf die Beschwerdekammer ihre Entscheidung über eine Beschwerde, mit der eine ein Widerspruchsverfahren abschließende Entscheidung angefochten wurde, nur auf die von dem betroffenen Verfahrensbeteiligten geltend gemachten relativen Eintragungshindernisse und die von den Beteiligten hierzu vorgetragenen Tatsachen und beigebrachten Beweise stützen. Die Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder jeder anderen Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begründung ihrer Anträge berufen, sind naturgemäß Bestandteil der rechtlichen Gesichtspunkte, die der Prüfung des HABM unterliegen (Urteil des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN], T‑57/03, Slg. 2005, II‑287, Randnr. 21 und die dort angeführte Rechtsprechung). Daher ist erstens zu untersuchen, ob die Widerspruchsabteilung sich tatsächlich darauf beschränkt hat, das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten zu prüfen, und zweitens, ob die Beweise, die ihr bei dieser Prüfung vorlagen, ausreichten, um darauf ihre Entscheidung zu stützen, dem Widerspruch teilweise stattzugeben. Zum ersten Punkt, dem Vorbringen und den gestellten Anträgen, ist bereits festgestellt worden (siehe oben, Randnrn. 46 und 50), dass auf dem von der Klägerin beim HABM eingereichten Formular klar angegeben war, dass die Klägerin gegen die Anmeldung der fraglichen Gemeinschaftsmarke Widerspruch erheben wollte und dass sie sich dazu auf Verwechslungsgefahr berief. Die Widerspruchsabteilung ist also weder über den Antrag noch über das Vorbringen der Klägerin hinausgegangen und hat sich daher innerhalb des von dieser festgelegten rechtlichen Rahmens gehalten. Was zweitens die Frage angeht, ob die Beweise ausreichten, so war die Widerspruchsabteilung berechtigt, die Entscheidung aufgrund der Beweise zu treffen, die ihr bei Erlass der Entscheidung vorlagen. Die Prüfung dieser Entscheidung ergibt nämlich, dass der Widerspruchsabteilung sämtliche Tatsachen, auf die sie sich stützte, vorlagen, ohne dass es nötig gewesen wäre, auf die in englischer Sprache abgefasste Begründung zurückzugreifen, zu der in der genannten Entscheidung ausdrücklich festgestellt wurde, dass sie nicht berücksichtigt werden könne. Die Begründetheit des Widerspruchs wurde auf den Seiten 5 bis 8 der Entscheidung in Form einer Prüfung der Gefahr einer Verwechslung der angemeldeten Marke mit der älteren Marke beurteilt. Die Widerspruchsabteilung stellte zunächst bei einem Vergleich der betroffenen Waren fest, dass die zu den Klassen 29 und 31 gehörenden Waren, für die die Marke angemeldet worden sei, auch von der älteren Marke erfasst würden, außer einer, die sich jedoch auf eine Ware beziehe, die einer von der älteren Marke erfassten Ware sehr ähnlich sei. Außerdem meinte die Widerspruchsabteilung in Bezug auf bestimmte in der Anmeldung bezeichnete Waren der Klasse 30, dass sie entweder eine gewisse Ähnlichkeit mit den von der älteren Marke erfassten Waren hätten oder dass sie eine derartige Waren erfassende Gruppe von Waren darstellten oder mit ihnen identisch seien. Zu den übrigen Waren der Klasse 30 stellte die Widerspruchsabteilung fest, dass sie sich von den von der älteren Marke erfassten Waren unterschieden. Beim Vergleich der fraglichen Zeichen prüfte die Widerspruchsabteilung anschließend unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu dieser Frage (Urteil vom 11. November 1997, SABEL, C‑251/95, Slg. 1997, I‑6191, Randnr. 23) die klanglichen, bildlichen, grafischen und begrifflichen Ähnlichkeiten der beiden Marken. Sie stellte insbesondere eine gewisse phonetische und eine bildliche Ähnlichkeit der beiden Marken fest, hielt jedoch einen grafischen und begrifflichen Vergleich der Zeichen für unmöglich, weil das Wort „calvo“ nur im Spanischen eine Bedeutung („kahl“) habe, während das Wort „Calavo“ in allen Gemeinschaftssprachen als eine Phantasiemarke aufgefasst werde. Im Ergebnis fasste sie zusammen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt betrachtet bildlich ähnlich seien und eine geringe klangliche Ähnlichkeit aufwiesen, während eine grafische und begriffliche Unterscheidung nur für den spanischen Verbraucher möglich sei, und dass bei bestimmten Waren der Klassen 29, 30 und 31, für die die ältere Marke eingetragen sei, und Waren, für die die Marke angemeldet worden sei, eine Identität oder eine Ähnlichkeit der Waren gegeben sei. Außerdem handele es sich bei den betroffenen Waren um Waren des täglichen Verbrauchs, bei deren Kauf der Verbraucher keine besonders hohe Aufmerksamkeit walten lasse. Aus diesen Gründen bestehe die Gefahr einer Verwechslung der fraglichen Marken, was im Hinblick auf die identischen oder ähnlichen Waren die Gefahr einer gedanklichen Verbindung einschließe. Es ist festzustellen, dass diese Prüfung, deren sachliche Richtigkeit von der Streithelferin im Übrigen nicht in Frage gestellt wird, streng im Rahmen dessen liegt, was die Widerspruchsabteilung aufgrund des Antrags der Klägerin zu prüfen hatte, nämlich die Verwechslungsgefahr. Diese Prüfung konnte nur anhand eines Vergleichs der fraglichen Zeichen und der betroffenen Waren erfolgen. Zu diesen beiden Kriterien waren der Anmeldung der Marke, der Eintragung der älteren Marke und dem Formular alle Informationen zu entnehmen, ohne dass auf die Begründung der Klägerin oder auf sonstige Informationsquellen hätte zurückgegriffen werden müssen. Der vorliegende Fall unterscheidet sich insofern von den Fällen, die den Urteilen Starix und Galáxia, auf die sich die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung und die Streithelferin in ihrer Klagebeantwortung berufen, zugrunde lagen. Die Klägerinnen beriefen sich nämlich, wie sich aus Randnr. 64 des Urteils Starix und Randnr. 38 des Urteils Galáxia ergibt, in den beiden Rechtssachen vor dem Gericht auf die Bekanntheit der älteren Marke (Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94). Zwar hatten sich die Klageparteien in diesen beiden Rechtssachen im Rahmen des Verfahrens vor dem HABM auf die Bekanntheit ihrer jeweiligen Marken berufen, jedoch fiel dieser Hinweis nur beiläufig im Rahmen einer Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 betreffenden Erörterung, um das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu untermauern, ohne dass Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung dabei erwähnt worden wäre (Urteile Starix, Randnr. 68, und Galáxia, Randnr. 41) und – in der Rechtssache Starix – ohne dass irgendein Nachweis für die Bekanntheit erbracht worden wäre (Urteil Starix, Randnr. 12). Unter diesen Umständen wies das Gericht die von den Klägerinnen in jenen beiden Rechtssachen geltend gemachte Rüge, dass die Beschwerdekammer Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94, auf den sie sich nicht berufen hatten, hätte prüfen müssen, zurück. In der vorliegenden Rechtssache jedoch hat sich nicht nur, wie oben festgestellt wurde, die Klägerin in dem Verfahren vor dem HABM klar erkennbar auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 berufen, sondern dem HABM lagen darüber hinaus sämtliche tatsächlichen Angaben vor, um die Begründetheit des genannten Vorbringens prüfen zu können. Nach alledem hat die Widerspruchsabteilung ihre Befugnisse dadurch, dass sie den Widerspruch der Klägerin nicht wegen der fehlenden Übersetzung der Widerspruchsbegründung als unbegründet zurückgewiesen hat, nicht überschritten. Die Beschwerdekammer hat deshalb rechtsfehlerhaft gehandelt, als sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung aufgehoben und den Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen hat. Daher ist dem einzigen Klagegrund der Klägerin zu folgen und festzustellen, dass die angefochtene Entscheidung gegen Art. 42 Abs. 3 und Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 in Verbindung mit Regel 20 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2868/95 verstößt. Kosten Nach Art. 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das HABM insofern unterlegen ist, als die angefochtene Entscheidung aufgehoben wurde, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin deren Kosten aufzuerlegen. Die unterlegene Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten. Aus diesen Gründen hat DAS GERICHT (Zweite Kammer) für Recht erkannt und entschieden: 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 8. November 2004 (Sache R 159/2004‑1) wird aufgehoben. 2. Das HABM trägt seine eigenen Kosten und die Kosten der Klägerin. 3. Die Streithelferin trägt ihre eigenen Kosten. Pirrung Meij Pelikánová Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 16. Januar 2007. Der Kanzler Der Präsident E. Coulon J. Pirrung * Verfahrenssprache: Spanisch.

62009CJ0343

mt

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-validità tal-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ April 2009, li temenda d-Direttiva 98/70/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, tad-diżil u taż-żejt tal-gass u li tintroduċi mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-karburant użat mill-bastimenti tal-passaġġi tal-ilma interni u li tħassar id-Direttiva 93/12/KEE (ĠU L 140, p. 88) inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2), u (4) sa (6) ġdid fid-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta’ Ottubru 1998, dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 23, p. 182) Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża ppreżentata fit-2 ta’ Lulju 2009 minn Afton Chemical Limited (iktar ’il quddiem “Afton”) intiża li tiġi awtorizzata tippreżenta rikors għal stħarriġ ġudizzjarju (“judicial review”) “tal-intenzjoni jew/u tal-obbligu” tal-Gvern tar-Renju Unit li jittrasponi d-Direttiva 2009/30. Il-kuntest ġuridiku Il-premessa 35 tad-Direttiva 2009/30 tistabbilixxi: “L-użu ta’ addittivi metalliċi speċifiċi, u b’mod partikolari l-użu tal-Methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT), jista’ jgħolli r-riskju ta’ ħsara lis-saħħa tal-bniedem u jista’ jikkawża ħsara lill-magni tal-vetturi u lit-tagħmir tal-kontroll tal-emissjonijiet. Bosta manifatturi tal-vetturi jwissu kontra l-użu ta’ karburanti li jkun fihom additivi metalliċi u l-użu ta’ karburant bħal dan jista’ jannulla l-validità tal-garanziji tal-vetturi. Għalhekk huwa xieraq li l-effetti tal-użu ta’ additivi metalliċi MMT fil-karburant jiġi rivedut kostantement b’konsultazzjoni ma’ dawk kollha interessati. Sakemm issir aktar reviżjoni huwa neċessarju li jittieħdu passi biex tiġi limitata s-serjetà ta’ kwalunkwe ħsara li tista’ ssir. Għaldaqstant, huwa xieraq li jiġi ffissat limitu massimu għall-użu tal-MMT fil-karburant, ibbażat fuq l-għarfien xjentifiku attwalment disponibbli. Dan il-limitu għandu jiġi rivedut ’il fuq biss jekk l-użu ta’ rati ogħla ta’ dożaġġ jista’ jintwera li ma jikkawżax effetti negattivi. Sabiex jiġi evitat li l-konsumaturi jinvalidaw il-garanziji tal-vetturi tagħhom mingħajr ma jkunu jafu, huwa neċessarju wkoll li jintalab li karburant li jkun fih additivi metalliċi jkollu dan indikat”. L-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30 jintroduċi fid-Direttiva 98/70 Artikolu 8a li jipprovdi s-segwenti: “Additivi metalliċi 1.      Il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni tar-riskji għas-saħħa u għall-ambjent mill-użu ta’ additivi metalliċi fil-karburanti u għandha, għal dan l-għan, tiżviluppa metodoloġija għall-ittestjar. Hija għandha tirrapporta il-konklużjonijiet tagħha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill sal-31 ta’ Diċembru 2012. 2.      Sakemm tiġi żviluppata l-metodoloġija tal-ittestjar imsemmija fil-paragrafu 1, il-preżenza tal-additiv metalliku methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl (MMT) fil-karburant għandha tkun limitata għal 6 mg ta’ manjeżju kull litru mill-1 ta’ Jannar 2011. Il-limitu għandu jkun ta’ 2 mg ta’ manjeżju kull litru mill-1 ta’ Jannar 2014. 3.      Il-limitu tal-kontenut ta’ MMT fil-karburanti speċifikati fil-paragarafu 2 għandu jiġi rivedut fuq il-bażi tar-riżultati tal-evalwazzjoni li tkun saret bil-metodoloġija tal-ittestjar imsemmija fil-paragrafu 1. Dan jista’ jitnaqqas għal żero jekk dan ikun ġustifikat mill-evalwazzjoni tar-riskju. Dan ma jistax jiżdied sakemm ma jkunx ġustifikat mill-evalwazzjoni tar-riskju. Din il-miżura, imfassla biex temenda elementi mhux essenzjali ta’ din id-Direttiva għandha tiġi adottata skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 11(4). 4.      L-Istati Membri għandhom jiżguraw li tikketta rigward il-kontenut tal-additiv metalliku fil-karburanti tkun esposta kull fejn xi karburant b’additivi metalliċi jkun disponibbli għall-konsumaturi. 5.      It-tikketta għandu jkollha l-kliem li ġej: ‘Fih additivi metalliċi’. 6.      It-tikketta għandha titwaħħal fuq il-post fejn ikun hemm it-tagħrif li jindika t-tip ta’ karburant, f’pożizzjoni viżibbli b’mod ċar. It-tikketta għandha tkun ta’ daqs u ta’ font li tkun ċarament viżibbli u li tkun tista’ tinqara tajjeb”. Il-proċedura fil-kawża prinċipali u d-domandi preliminari Afton hija stabbilita fir-Renju Unit u tagħmel parti mill-grupp Afton Chemical li tipproduċi u tikkummerċjalizza l-MMT għal użu fuq skala mondjali. Mill-ispjegazzjonijiet ipprovduti mill-qorti tar-rinviju jirriżulta li l-MMT huwa addittiv metalliku għall-karburanti bbażat fuq il-manganiż, li jservi sabiex iżied in-numru ta’ ottani fil-karburanti mingħajr ċomb u/jew jipproteġi l-valvoli tal-vetturi li jaħdmu bil-petrol li fih addittivi minflok iċ-ċomb. Skont Afton, l-introduzzjoni tal-Artikolu 8a(2) u (4) sa (6) fid-Direttiva 98/70 mid-Direttiva 2009/30 huwa illegali. L-ewwel nett, meta ġiet adottata din l-aħħar direttiva, la kien hemm limitu massimu permess għall-użu tal-MMT u lanqas l-obbligu tal-ittikkettjar għall-addittivi metalliċi u, b’mod partikolari, għall-MMT. Afton ressqet quddiem il-High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) talba intiża sabiex tiġi awtorizzata teżerċita rikors għal stħarriġ ġudizzjarju (“judiċial review”) “tal-intenzjoni jew/u tal-obbligu” tal-Gvern tar-Renju Unit li jittrasponi d-Direttiva 2009/30. Il-High Court of Justice (England & Wales) Queen’s Bench Division (Administrative Court) tat din l-awtorizzazzjoni u ddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari segwenti: “Fir-rigward tad-dispożizzjonijiet dwar l-addittivi metalliċi fid-Direttiva 2009/30 […]: 1.      B’riferiment għal dik il-parti tal-Artikolu 1(8) li tintoduċi Artikolu 8a(2) ġdid fid-Direttiva 98/70 li jillimita l-użu tal-methylcyclopentadienyl manganese tricarbonyl fil-karburant għal 6 mg Mn kull litru mill-1 ta’ Jannar 2011 u għal 2 mg mill-1 ta’ Jannar 2014, l-impożizzjoni ta’ tali limiti hija: a)      Illegali minħabba li hija bbażata fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni? b)      Illegali minħabba li tikser ir-rekwiżiti tal-prinċipju ta’ prekawzjoni? ċ)      Illegali minħabba li hija nieqsa minn proporzjonalità? d)      Illegali minħabba li tmur kontra l-prinċipju ta’ trattament ugwali? e)      Illegali minħabba li tmur kontra l-prinċipju taċ-ċertezza legali? 2.      B’riferiment għal dik il-parti tal-Artikolu 1(8) li tintroduċi Artikolu 8a(4), (5) u (6) ġdid fid-Direttiva 98/70 li jeħtieġ l-ittikettjar tal-karburanti kollha li fihom additivi metalliċi bil-frażi ‘fih additivi metalliċi’, tali rekwiżit ta’ tikettjar huwa: a)      Illegali minħabba li huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni? b)      Illegali minħabba li huwa nieqes minn proporzjonalità?” Fuq l-ammissibbiltà tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari Il-Parlament u l-Kummissjoni jsostnu li t-talba għal deċiżjoni preliminari hija inammissibbli. Fil-fehma tagħhom, din l-inammissibbiltà tirriżulta mill-fatt li, minn naħa, ma hemm l-ebda kawża bejn il-partijiet peress li s-Secretary of State for Transport adotta pożizzjoni newtrali fir-rigward tal-fondatezza tal-azzjoni, u, min-naħa l-oħra, li l-uniku għan tal-proċedura quddiem il-qorti tar-rinviju huwa li jinkiseb l-annullament tal-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30. Il-Kummissjoni ssostni li Afton probabbilment tissodisfa l-kundizzjonijiet sabiex tippreżenta rikors dirett quddiem il-qorti Komunitarja skont l-Artikolu 230 KE. L-ewwel nett, għandu jitfakkar li, meta tqum domanda dwar il-validità ta’ att adottat mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea quddiem qorti nazzjonali, hija dik il-qorti li għandha tiddeċiedi jekk deċiżjoni dwar dan il-punt hijiex neċessarja sabiex tagħti s-sentenza tagħha u, għaldaqstant, tistaqsi lill-Qorti tal-Ġustizzja tiddeċiedi dwar din id-domanda. Konsegwentement, meta d-domandi magħmula mill-qorti nazzjonali jirrigwardaw il-validità ta’ regola tad-dritt Komunitarju, il-Qorti tal-Ġustizzja hija obbligata, bħala regola, li tiddeċiedi [sentenzi tal-10 ta’ Diċembru 2002, British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco, C‑491/01 Ġabra p. I‑11453, punt 34, kif ukoll tat-3 ta’ Ġunju 2008, Intertanko et , C‑308/06, Ġabra p. I‑4057, punt 31]. Huwa biss possibbli għall-Qorti tal-Ġustizzja li tirrifjuta li tiddeċiedi dwar domanda preliminari magħmula minn qorti nazzjonali meta, b’mod partikolari, jkun jidher b’mod manifest li l-interpretazzjoni jew l-evalwazzjoni tal-validità ta’ regola Komunitarja, mitluba mill-qorti nazzjonali, ma jkollhom l-ebda rabta mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawża prinċipali jew meta l-problema tkun ta’ natura ipotetika [sentenzi ċċitati iktar ’il fuq, British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco, punt 35 kif ukoll Intertanko et , punt 32]. Fil-kawża prinċipali, mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li Afton ippreżentat, quddiem il-High Court, rikors għal stħarriġ ġudizzjarju “tal-intenzjoni jew/u tal-obbligu” tal-Gvern tar-Renju Unit li jittrasponi d-Direttiva 2009/30 minkejja li, fid-data li fiha ppreżentat dan ir-rikors, it-terminu previst għat-traspożizzjoni ta’ din id-direttiva ma kienx għadu skada u ebda miżura nazzjonali ta’ traspożizzjoni tal-imsemmija ma kienet ġiet adottata. Barra minn hekk, il-fatt waħdieni li s-Secretary of State for Transport kien wera l-intenzjoni tiegħu li jittrasponi d-Direttiva 2009/30 huwa biżżejjed sabiex jiġi kkunsidrat li hemm nuqqas ta’ ftehim bejn Afton u l-imsemmi Secretary [ara f’dan is-sens is-sentenza British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco, iċċitata iktar ’il fuq, punt 36]. Barra minn hekk, ma huwiex ikkontestat quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li d-domandi magħmula huma rilevanti għall-eżitu tal-kawża prinċipali, għaliex l-adozzjoni ta’ miżuri nazzjonali intiżi sabiex jittrasponu direttiva fis-sistema legali tar-Renju Unit tista’ tkun suġġetta għall-kundizzjoni li din id-direttiva tkun valida (sentenza British Intertanko et , iċċitata iktar ’il fuq, punt 34). Għaldaqstant, ma jidhirx b’mod manifest li l-evalwazzjoni tal-validità tad-Direttiva 2009/30, mitluba mill-qorti tar-rinviju, ma għandha l-ebda rabta mar-realtà jew mas-suġġett tal-kawża prinċipali jew tikkonċerna problema ta’ natura ipotetika. It-tieni nett, fir-rigward tal-kwistjoni dwar il-fatt li tiġi aċċettata l-ammissibbiltà tar-rinviju għal deċiżjoni preliminari dwar l-evalwazzjoni tal-validità f’sitwazzjoni bħal dik tal-kawża prinċipali jista’ jikkostitwixxi mezz sabiex jiġu evitati d-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 230 KE, għandu jiġi rrilevat li, fis-sistema kompluta ta’ rimedji legali u ta’ proċeduri stabbiliti mit-Trattat KE bil-għan li jiġi żgurat stħarriġ ġudizzjarju tal-legalità tal-atti tal-istituzzjonijiet, fejn persuni fiżiċi jew ġuridiċi ma jistgħux, minħabba l-kundizzjonijiet għall-ammissibbiltà stipulati fir-raba’ paragrafu ta’ dan l-Artikolu, direttament jikkontestaw atti Komunitarji ta’ applikazzjoni ġenerali, huma jistgħu, skont il-każ, isostnu l-invalidità ta’ dawn l-atti jew, b’mod indirett taħt l-Artikolu 241 KE, quddiem il-qorti Komunitarja, jew quddiem il-qrati nazzjonali, u jitolbuhom, peress li ma għandhomx il-ġurisdizzjoni sabiex huma stess jikkonstataw l-invalidità tal-imsemmija atti, jistaqsu f’dan ir-rigward lill-Qorti tal-Ġustizzja permezz ta’ domandi preliminari [ara s-sentenza British American Tobacco (Investments) u Imperial Tobacco, iċċitata iktar ’il fuq, punt 39]. Għaldaqstant, tqum il-kwistjoni dwar jekk ir-rikors għal annullament ippreżentat minn Afton, skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 230 KE kontra d-dispożizzjonijiet ikkontestati, kienx ikun mingħajr ebda dubju ammissibbli minħabba li l-imsemmija dispożizzjonijiet kienu jikkonċernawha direttament u individwalment (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-12 ta’ Diċembru 1996, Accrington Beef et , C‑241/95, Ġabra p. I‑6699, punt 15, kif ukoll tat-2 ta’ Lulju 2009, Bavaria u Bavaria Italia, C‑343/07, Ġabra p. I‑5491, punt 40). F’dan ir-rigward, jeħtieġ li jiġi rrilevat li Afton ma tistax tiġi kkunsidrata li kienet mingħajr l-ebda dubju “individwalment [ikkonċernata]” mid-dispożizzjonijiet ikkontestati, skont ir-raba’ paragrafu tal-Artikolu 230 KE (sentenza Bavaria u Bavaria Italia, iċċitata iktar ’il fuq, punt 41). Fil-fatt, minn ġurisprudenza stabbilita jirriżulta li, sabiex operaturi ekonomiċi jkun jistgħu jitqiesu bħala individwalment ikkonċernati mill-att li huma jitolbu l-annullazzjoni tiegħu, hemm bżonn li l-pożizzjoni legali tagħhom tkun ġiet ippreġudikata minn sitwazzjoni ta’ fatt li tikkaratterizzahom, meta mqabbla ma’ kull persuna oħra, u tindividwahom b’mod simili għas-sitwazzjoni tad-destinatarju (ara s-sentenzi tal-15 ta’ Lulju 1963, Plaumann vs Il-Kummissjoni, 25/62, Ġabra p. 197, 223, u tat-18 ta’ Mejju 1994, Codorniu vs Il-Kunsill, C‑309/89, Ġabra p. I‑1853, punt 20). F’din il-kawża, għandu jiġi kkonstatat li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/30, li qed tintalab l-invalidità tagħhom, jirrigwardaw il-produtturi kollha tal-MMT. Fil-fatt, l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30 ma jirrigwardax speċifikament lil Afton u jirrigwardha biss fil-kwalità oġġettiva tagħha ta’ produttriċi tal-MMT, bl-istess mod bħalma kull operatur ekonomiku ieħor li attwalment jew potenzjalment jinsab fis-sitwazzjoni identika. Barra minn hekk, għandu jitfakkar li l-possibbiltà li jiġu ddeterminati, bi ftit jew wisq preċiżjoni, in-numru jew saħansitra l-identità tal-persuni li għalihom tapplika miżura b’ebda mod ma timplika li dawn il-persuni għandhom jitqiesu bħala kkonċernati individwalment minn din il-miżura, kemm-il darba jiġi kkonstatat, bħalma huwa fil-kawża preżenti, li din l-applikazzjoni ssir abbażi ta’ sitwazzjoni oġġettiva ta’ dritt jew ta’ fatt iddefinita mill-att inkwistjoni (ara, b’mod partikolari, is-sentenza tat-22 ta’ Novembru 2001, Antillean Rice Mills vs Il-Kunsill, C‑451/98, Ġabra p. I‑8949, punt 52, kif ukoll id-Digriet tat-8 ta’ April 2008 Saint-Gobain Glass Deutschland vs Il-Kummissjoni, C‑503/07 P, Ġabra p. I‑2217, punt 70). Għaldaqstant, jeħtieġ li jiġi kkonstatat li ma kienx hemm ċertezza li Afton kellha locus standi fuq il-bażi tal-Artikolu 230 KE sabiex tippreżenta rikors għall-annullament tad-dispożizzjonijiet ikkonċernati. Konsegwentement, hija għandha d-dritt li, fil-kuntest ta’ rikors magħmul skont id-dritt nazzjonali, tinvoka l-invalidità ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, anki jekk ma ppreżentatx rikors għal annullament ta’ dawn tal-aħħar quddiem il-qorti Komunitarja fit-terminu previst fl-Artikolu 230 KE (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Bavaria u Bavaria Italia, iċċitata iktar ’il fuq, punt 46). Minn dawn il-kunsiderazzjonijiet kollha jirriżulta li d-domandi magħmula mill-qorti tar-rinviju huma ammissibbli. Fuq id-domandi preliminari Fuq l-ewwel domanda Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, li jintroduċi Artikolu 8a(2) fid-Direttiva 98/70, huwiex validu inkwantu jillimita l-użu tal-MMT fil-karburanti, mill-1 ta’ Jannar 2011. Fuq l-eżistenza ta’ żball manifest ta’ evalwazzjoni Preliminarjament, għandu jiġi enfasizzat li, f’kuntest tekniku ta’ natura evoluttiva, bħal dak fil-kawża prinċipali, il-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea jiddisponi minn setgħa diskrezzjonali wiesgħa, b’mod partikolari fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-elementi fattwali ta’ natura xjentifika u teknika kumplessa ħafna sabiex jiġu stabbiliti n-natura u l-portata tal-miżuri li huma jadottaw, filwaqt li l-istħarriġ tal-qorti Komunitarja għandu jkun limitat għal eżami tal-kwistjoni jekk l-eżerċizzju ta’ tali setgħa huwiex ivvizzjat minn żball manifest jew minn użu ħażin ta’ poter jew jekk il-leġiżlatur eċċediex b’mod manifest il-limiti tas-setgħa diskrezzjonali tiegħu. F’kuntest bħal dan, il-qorti Komunitarja ma tistax fil-fatt tissostitwixxi l-evalwazzjoni tagħha tal-elementi fattwali ta’ natura xjentifika u teknika ma’ dik tal-leġiżlatur li lilu biss it-trattat ta dan il-kompitu [ara f’dan is-sens is-sentenza tal-5 ta’ Ottubru 2009, Enviro Tech (Europe), C‑425/08, Ġabra p. I‑10035, punt 47 u l-ġurisprudenza ċċitata]. Afton issostni li l-kontenut massimu permess tal-MMT ġie impost wara żball manifest ta’ evalwazzjoni tal-fatti mwettaq mill-Kunsill u mill-Parlament. Għal dan l-għan, Afton tosserva li l-imponiment ta’ dan il-limitu massimu permess ma huwiex sostnut mill-konklużjoni tal-Kummissjoni li hija fformulat fl-istudju tal-impatt mehmuż mal-proposta għal direttiva u li l-imsemmi massimu permess huwa imprattikabbli u arbitrarju. F’dan ir-rigward, l-ewwel nett, għandu jiġi rrilevat li l-istudju tal-impatt imwettaq mill-Kummissjoni, li huwa mehmuż mal-proposta tagħha għal direttiva u li ma jipprevedi la l-projbizzjoni tal-addittivi metalliċi u lanqas l-iffissar ta’ valur massimu permess ta’ MMT fil-karburanti, ma jorbot la lill-Kunsill u lanqas lill-Parlament li, fil-kuntest tal-proċedura leġiżlattiva tal-kodeċiżjoni stabbilita fl-Artikolu 251 KE, setgħu jemendaw l-imsemmija proposta. It-tieni nett, skont l-Artikolu 95(3) KE, il-Kummissjoni tieħu bħala bażi livell għoli ta’ protezzjoni u tqis, b’mod partikolari, kull evoluzzjoni ġdida li hija bbażata fuq fatti xjentifiċi. Fil-kuntest tal-kompetenzi rispettivi tagħhom, il-Parlament u l-Kunsill jimpenjaw ruħhom ukoll sabiex jintlaħaq dan l-għan. Barra minn hekk, l-Artikolu 174(1) KE jipprovdi li l-politika tal-[Unjoni] fil-qasam tal-ambjent tikkontribwixxi għal kisba ta’ ċerti għanijiet, fosthom il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmien. Il-paragrafu 3 tal-imsemmi artikolu jipprovdi li fl-iżvilupp tal-politika tagħha fil-qasam tal-ambjent, l-[Unjoni] tikkunsidra d-data xjentifika u teknika disponibbli. Dan l-obbligu jgħodd b’mod partikolari għall-proċedura skont l-Artikolu 95(3) KE, li għaliha t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ data ġdida hija meħtieġa (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tas-6 ta’ Novembru 2008, Il-Pajjiżi l-Baxxi vs Il-Kummissjoni, C‑405/07 P, Ġabra p. I‑8301, punt 61). Madanakollu, għandu jiġi speċifikat li s-setgħa diskrezzjonali wiesgħa tal-leġiżlatur tal-Unjoni, li timplika stħarriġ ġudizzjarju limitat tal-eżerċizzju tiegħu, ma tapplikax esklużivament għan-natura u għall-portata tad-dispożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati, iżda wkoll, f’ċerta miżura, għall-konstatazzjoni tad-data bażika (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi tal-25 ta’ Ottubru 2001, L-Italja vs Il-Kunsill, C‑120/99, Ġabra p. I‑7997, punt 44 u tas-7 ta’ Settembru 2006, Spanja vs Il-Kunsill, C‑310/04, Ġabra p. I‑7285, punt 121). Madankollu, tali stħarriġ ġudizzjarju, anki jekk għandu portata limitata, jirrikjedi li l-istituzzjonijiet Komunitarji, awturi tal-att inkwistjoni, ikunu f’pożizzjoni li jistabbilixxu quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li l-att kien ġie adottat permezz ta’ eżerċizzju effettiv tas-setgħa diskrezzjonali tagħhom, li jippresupponi t-teħid inkunsiderazzjoni tal-elementi kollha u taċ-ċirkustanzi rilevanti tas-sitwazzjoni li dan l-att kien intiż sabiex jirregola (sentenza Spanja vs Il-Kunsill, iċċitata iktar ’il fuq, punt 122). Fil-kawża prinċipali, mill-qari tal-abbozz tar-rapport stabbilit mill-Kumitat tal-Ambjent, tas-Saħħa Pubblika u tas-Sigurtà Alimentari tal-Parlament Ewropew tad-19 ta’ Lulju 2007, jidher li dan tal-aħħar ippreveda l-projbizzjoni, mill-1 ta’ Jannar 2010, tal-użu tal-MMT fil-karburanti minħabba l-fatt li l-użu ta’ dan l-addittiv u addittivi metalliċi oħra jikkawżaw ħsara kbira lill-ambjent; madankollu, dan il-kumitat ma speċifikax il-bażi xjentifika ta’ din l-opinjoni. Madankollu, fil-kuntest tal-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, il-Parlament ippreċiża li l-imsemmi kumitat organizza mhux biss “gruppi ta’ ħidma ġenerali” dwar ir-reviżjoni tad-Direttiva 2003/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-3 ta’ Marzu 2003, li temenda d-Direttiva 98/70/KE dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 31, p. 160), iżda wkoll “gruppi ta’ ħidma speċifiċi” dwar l-MMT fit-3 ta’ April 2008, li matulhom, b’mod partikolari, Afton kien ġie mismugħ. Il-kumitat Parlamentari kkunsidra wkoll bosta studji li jqiegħdu fid-dubju n-nuqqas ta’ ħsara tal-MMT, fosthom ir-rapport “Sierra research”, tad-29 ta’ Awwissu 2008, magħmul fil-Kanada mill-Canadian Vehicle Manufacturers’ Association and Association of International Automobile Manufacturers of Canada, li, fi kwalunkwe każ, peress li huwa studju li sar wara, ma setax jiġi kkunsidrat mill-Kummissjoni meta ppubblikat l-istudju tal-impatt. Il-Kunsill isostni li kkunsidra, matul il-proċeudra leġiżlattiva, studji magħmula fl-2004 mill-International Council on Clean Transportation [Il-Kunsill Internazzjonali għal Trasport Nadif, (ICCT)] li juri li l-użu tal-MMT jikkawża ħsara għas-saħħa tal-bniedem u għall-funzjonament tajjeb tas-sistemi ta’ kontroll tal-emissjonijiet, kif ukoll id-dikjarazzjoni msejħa ta’ Brescia dwar il-prevenzjoni ta’ newrotossiċi ta’ metalli tas-17 u tat-18 ta’ Ġunju 2006, li tirrikkomanda, b’mod partikolari, il-waqfien fiż-żieda tat-taħlit organiku bbażat fuq il-manganiż fil-karburanti. Huwa minnu li Afton, fid-29 ta’ Diċembru 2008, bagħtet lill-Kunsill, lill-Parlament u lill-Kummissjoni, abbażi tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-30 ta’ Mejju 2001, dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 1, Vol 3, p. 331) talba intiża sabiex jintbagħtulha d-dokumenti xjentifiċi u l-provi li ġew ikkunsidrati meta ttieħdet id-deċiżjoni li jiġi ffissat il-kontenut massimu permess ta’ MMT fil-karburanti u li l-ebda mid-dokumenti mibgħuta ma jirrigwardaw informazzjoni xjentifika dwar ir-riskji marbuta mal-użu tal-MMT. Madankollu, għandu jiġi osservat li, minbarra l-fatt li l-Kunsill ma huwiex neċessarjament il-proprjetarju tad-dokumenti xjentifiċi użati mill-Istati Membri matul il-laqgħat, id-dokumenti kollha msemmija iktar ’il fuq jaqgħu taħt l-isfera pubblika u huma, għalhekk, aċċessibbli għal kull persuna jew impriża li hija interessata f’dan is-suġġett. Għaldaqstant, ma jistax jiġi sostnut li dawn id-dokumenti xjentifiċi ma ġewx ikkunsidrati matul il-proċedura leġiżlattiva. Minn dak li ntqal iktar ’il fuq jirriżulta li, matul l- iter leġiżlattiv, il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni kkunsidraw id-data xjentifika disponibbli, inkluża dik li dehret matul din il-proċedura, sabiex jeżerċitaw effettivament s-setgħa diskrezzjonali tagħhom. Fid-dawl tad-dokumenti xjentifiċi li jirrigwardaw kemm l-effetti tal-MMT fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent kif ukoll l-effetti tal-MMT fuq il-vetturi, il-Parlament u l-Kunsill ma wettqu l-ebda żball manifest ta’ evalwazzjoni meta deċidew li jiffissaw kontenut massimu permess ta’ MMT fil-karburanti. Għaldaqstant, l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) fid-Direttiva 98/70, ma huwiex invalidu. Fuq in-nuqqas ta’ osservanza tal-prinċipju ta’ proporzjonalità u tal-prinċipju ta’ prekawzjoni Afton issostni li l-kontenut massimu permess tal-MMT ġie adottat bi ksur tal-prinċipju ta’ proporzjonalità minħabba li l-ebda element ma jista’ jiġġustifika limitazzjoni tant severa li twassal sabiex l-użu tal-MMT isir de facto pprojbit mill-petrol bla ċomb mill-2014 u mill-petrol minflok mill-petrol biċ-ċomb mill-2011. Barra minn hekk, Afton tipprova turi li ma hemm l-ebda prova li tiġġustifika l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni li għandha bħala suġġett l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ prekawzjoni fil-qasam tal-MMT għaliex la twettaq eżami fuq l-effetti tal-MMT u lanqas fuq is-saħħa jew fuq l-evalwazzjoni xjentifika tar-riskji li jikkonċernaw l-impatt negattiv tal-MMT, fuq it-teknoloġiji għal tnaqqis tat-tniġġis u fuq l-ambjent. Barra minn hekk, il-prinċipju ta’ prekawzjoni huwa inġustament invokat bħala ġustifikazzjoni. Skont ġurisprudenza stabbilita, għandu jitfakkar li l-prinċipju ta’ proporzjonalità, li jagħmel parti mill-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju, jeżiġi li l-atti tal-istituzzjonijiet Komunitarji ma jeċċedux il-limiti ta’ dak li huwa meħtieġ u neċessarju għat-twettiq tal-għanijiet leġittimi li jridu jintlaħqu mil-leġiżlazzjoni inkwistjoni, peress li meta jkun hemm possibbiltà ta’ għażla bejn diversi miżuri xierqa, għandha tintgħażel l-inqas waħda restrittiva, u li l-inkonvenjenzi li jinħolqu ma għandhomx ikunu sproporzjonati meta mqabbla mal-għanijiet previsti (sentenzi tat-12 ta’ Lulju 2001, Jippes et, C‑189/01, Ġabra p. I‑5689, punt 81; tas-7 ta’ Lulju 2009, S.P.C.M. et, C‑558/07, Ġabra p. I‑5783, punt 41, kif ukoll tad-9 ta’ Marzu 2010, ERG et , C‑379/08 u C‑380/08, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punt 86 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata). Fir-rigward tal-istħarriġ ġudizzjarju tal-kundizzjonijiet imsemmija fil-punt preċedenti, għandu jiġi rrikonoxxut li l-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea għandu setgħa diskrezzjonali wiesgħa f’qasam li jimplika għażliet, min-naħa tiegħu, ta’ natura politika, ekonomika u soċjali u li fih huwa jkollu jwettaq evalwazzjonijiet kumplessi. Hija biss in-natura manifestament inadegwata ta’ miżura adottata f’dan il-qasam, fid-dawl tal-għan li l-istituzzjonijiet kompetenti jixtiequ jilħqu, li jista’ jolqot il-validità ta’ miżura bħal din (sentenza S.P.C.M. et, iċċitata iktar ’il fuq, punt 42 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata). F’din il-kawża, għandu jiġi eżaminat jekk l-iffissar ta’ kontenut massimu permess ta’ manganiż, kif stabbilit fl-Artikolu 8a(2) tad-Direttiva 98/70, jikkostitwixxi mezz proporzjonat sabiex jinkisbu l-għanijiet ta’ din id-direttiva. Skont il-premessa 35 tad-Direttiva 2009/30, l-għanijiet tal-limiti massimi permessi huma bbażati fuq il-fatt li l-użu ta’ din is-sostanza tippreżenta riskji għas-saħħa tal-bniedem u tista’ tikkawża ħsara fil-magni tal-vetturi u lit-tagħmir tal-kontroll tal-emissjonijiet. Hija tipprovdi għall-ittikkettjar tal-karburanti kollha u tistabbilixxi l-obbligu li l-konsumaturi jiġu informati. L-għanijiet tal-protezzjoni tas-saħħa, tal-ambjent u tal-konsumatur huma msemmija fl-Artikolu 95(3) KE, li għalihom il-leġiżlatur jieħu bħala bażi livell għoli ta’ protezzjoni billi jqis, b’mod partikolari, kull evoluzzjoni ġdida bbażata fuq fatti xjentifiċi, bħalma japplika għall-Artikolu 174(1) u (2) KE, li jistabbilixxi li l-politika tal-Komunità fil-qasam tal-ambjent hija bbażata b’mod partikolari fuq il-prinċipju ta’ prekawzjoni. L-iffissar ta’ limitu massimu permess ta’ MMT fil-karburanti, li jippermetti t-tnaqqis ta’ kwantitajiet ta’ din is-sostanza li tista’ potenzjalment tikkawża dannu lis-saħħa, ma huwiex manifestament inadegwat sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent imfittxa mil-leġiżlatur Komunitarju. Madankollu, jibqa’ l-fatt li hemm bżonn li jiġi vverifikat jekk dan imur lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet. F’din il-kawża, għandu ċertament jiġi rrilevat li l-abbozz tad-direttiva tal-Kummissjoni ma jistabbilixxi la projbizzjoni u lanqas limitazzjoni tal-MMT fil-karburant. Min-naħa l-oħra, il-Kumitat tal-Ambjent, tas-Saħħa Pubblika u tas-Sigurtà Alimentari tal-Parlament Ewropew esprima x-xewqa li l-MMT jiġi totalment ipprojbit. F’dan ir-rigward, fir-rigward tad-Direttiva 2003/17, għandu jiġi kkonstatat li, meta d-Direttiva 2009/30 ġiet adottata, l-istadju tal-għarfien xjentifiku ma kienx jippermetti, jew kien limitatament jippermetti, l-iżvilupp ta’ metodoloġija tal-ittestjar. Barra minn hekk, l-Artikolu 8a(1) tad-Direttiva 98/70 jistabbilixxi l-iżvilupp ta’ metodoloġija tal-ittestjar u l-preżentazzjoni ta’ konklużjonijiet quddiem il-Parlament u l-Kunsill qabel il-31 ta’ Diċembru 2012. B’hekk, il-kontenut massimu permess tal-MMT fil-karburanti ġie ffissat sakemm tiġi żviluppata l-imsemmija metodoloġija tal-ittestjar. Għalhekk, dan huwa ta’ natura temporanja u jista’ jinbidel skont ir-riżultati tal-iżvilupp li ser jiġu osservati. Fl-aħħar nett, id-dispożizzjoni kkonċernata tidħol fil-kuntest iktar globali tad-Direttiva 2009/30, li l-għan tagħha huwa li tiddefinixxi l-ispeċifikazzjonijiet minimi marbuta mal-karburanti sabiex tipproteġi s-saħħa u l-ambjent fil-kuntest tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra. Konsegwentement, fid-dawl tar-riskji għas-saħħa u tad-dannu għall-magni tal-vetturi kif ukoll fid-dawl tad-diffikultajiet li jiġu żviluppati metodoloġiji tal-ittestjar, miżura restrittiva bħalma hija l-limitazzjoni tal-preżenza tal-MMT fil-karburanti ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jiġu sodisfatti l-għanijiet tad-Direttiva 2009/30. F’dan ir-rigward, għandu jiġi vverifikat jekk, meta eżerċita s-setgħa diskrezzjonali tiegħu, il-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea ppruvax jiżgura ċertu ekwilibriju bejn, minn naħa, il-protezzjoni tas-saħħa, tal-ambjent, u tal-konusmaturi u, min-naħa l-oħra, l-interessi ekonomiċi tal-operaturi, fil-kisba tal-għan li ngħatalu mit-trattat li jiżgura livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent. L-ewwel nett, għandu jitfakkar li l-istudju tal-impatt tal-Kummissjoni ma jorbot la lill-Parlament u lanqas lill-Kunsill. F’dan ir-rigward, mid-dokumenti xjentifiċi u mid-diskussjonijiet bejn il-partijiet jirriżulta li, meta ġiet adottata d-Direttiva 2009/30, l-MMT ma kienx is-suġġett ta’ evalwazzjoni xjentifika, magħmula minn korp pubbliku jew entità indipendenti, dwar l-effetti tiegħu fuq is-saħħa. Issa, fir-rigward tal-istudji pprovduti mill-professjonisti tas-settur, għandu jiġi kkonstatat li l-konklużjonijiet li huma jifformulaw f’dan ir-rigward huma bil-bosta diverġenti, skont jekk l-istudju invokat sarx mill-industrija tal-vetturi jew mill-produtturi tal-MMT. Isegwi li l-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea, fin-nuqqas ta’ data xjentifika affidabbli u suffiċjenti, kellu dubji serji dwar in-natura inoffensiva tal-MMT fuq is-saħħa u fuq l-ambjent. Applikazzjoni korretta tal-prinċipju ta’ prekawzjoni tippresupponi, l-ewwel nett, l-identifikazzjoni tal-konsegwenzi potenzjalment negattivi li l-użu propost tal-MMT jista’ jkollu fuq is-saħħa, u, it-tieni nett, evalwazzjoni kompluta tar-riskju għas-saħħa bbażata fuq l-iktar data xjentifika affidabbli disponibbli u fuq l-iktar riżultati reċenti tar-riċerka internazzjonali (ara s-sentenza tat-28 ta’ Jannar 2010, Il-Kummissjoni vs Franza, C‑333/08, Ġabra p. I‑757, punt 92 u l-ġurisprudenza ċċitata). Meta d-determinazzjoni b’ċertezza tal-eżistenza jew tal-portata tar-riskju allegat tirriżulta impossibbli minħabba n-natura insuffiċjenti, mhux konklużiva jew mhux preċiża tar-riżultati tal-istudji magħmula, iżda l-probabbiltà ta’ ħsara reali għas-saħħa pubblika tippersisti fl-ipoteżi li r-riskju jimmaterjalizza ruħu, il-prinċipju ta’ prekawzjoni jiġġustifika l-adozzjoni ta’ miżuri restrittivi, sakemm dawn ma jkunux diskriminatorji u jkunu oġġettivi (ara s-sentenza, Il-Kummissjoni vs Franza, iċċitata iktar ’il fuq, punt 93 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi rrikonoxxut li l-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea jista’, skont il-prinċipju ta’ prekawzjoni, jieħu miżuri ta’ protezzjoni mingħajr ma jkollu għalfejn jistenna li r-realtà u l-gravità ta’ dawn ir-riskji jkunu kompletament stabbiliti (ara s-sentenza, Il-Kummissjoni vs Franza, iċċitata iktar ’il fuq, punt 91). F’kawża bħal dik fil-kawża prinċipali, il-kontenut massimu permess ta’ MMT fil-karburanti ma huwiex diskriminatorju, għaliex japplika fl-Unjoni kollha u għall-produtturi u importaturi kollha tal-MMT. Barra minn hekk, il-leġiżlatur tal-Unjoni seta’ ġustament iqis li l-mod xieraq ta’ kif jikkonċilja l-livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u tal-ambjent u l-interessi ekonomiċi tal-produtturi tal-MMT kien jikkonsisti fil-fatt li jillimita l-kontenut tal-MMT fil-karburanti b’mod digressiv u billi jistabbilixxi l-possibbiltà, fl-Artikolu 8a(3) tad-Direttiva 98/70, li jirrevedi dawn il-limiti massimi permessi billi jibbaża ruħu fuq ir-riżultat ta’ evalwazzjoni. Fl-aħħar nett, Afton tikkontesta l-livell tal-limiti massimi permessi billi tqis li dan ma huwiex imfassal fuq bażi xjentifika, li jiżviluppa ċerti inkonvenjenti fir-rigward ta’ vetturi antiki u li l-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea ma pproċediex b’eżami ta’ dawn l-inkonvenjenti. Hija żżied li dawn il-limiti massimi permessi jwasslu għal projbizzjoni de facto tal-MMT. Madankollu, peress li jeżistu inċertezzi dwar id-dannu li l-MMT jista’ jikkawża, ma jistax ikun hemm informazzjoni iktar preċiża li tippermetti li jiġi ddefinit il-kontenut massimu permess ta’ MMT fil-karburanti li tkun tista’ tippreveni b’mod adegwat dawn l-istess danni. Barra minn hekk, Afton tikkummerċjalizza fl-Unjoni inqas mill-0.5 % tal-bejgħ dinji totali ta’ MMT fl-2008, mibjugħ f’diversi pajjiż. Fl-istess ħin, Stati Membri oħra bħar-Repubblika Federali tal-Ġermanja pprojbixxu l-preżenza tal-MMT fil-karburanti. Konsegwentement, fid-dawl tal-inċertezzi li jirrigwardaw kemm id-dannu kkawżat mill-użu tal-MMT kif ukoll ir-riskju rrappreżentat mill-użu tal-MMT, l-iffissar tal-kontenut massimu permess ta’ MMT fil-karburanti ma jidhirx li huwa manifestament sproporzjonat fir-rigward tal-interessi tal-produtturi tal-MMT, sabiex tiġi żgurata protezzjoni għolja tas-saħħa u tal-ambjent. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) fid-Direttiva 98/70, ma huwiex invalidu minħabba ksur tal-prinċipju ta’ prekawzjoni u tal-prinċipju ta’ proporzjonalità. Fuq in-nuqqas ta’ osservanza tal-prinċipju ta’ trattament ugwali Afton tallega illi ma huwiex iġġustifikat li jiġu stabbiliti limiti massimi permessi għall-MMT mingħajr ma jiġu stabbiliti restrizzjonijiet għall-użu ta’ addittivi metalliċi oħra, fosthom dawk li għandhom il-manganiż. Fil-fehma tagħha, l-MMT taqdi funzjoni simili bħal dik ta’ addittivi metalliċi oħra u ma hemmx riskju supplimentari għas-saħħa u għall-ambjent. Hija tirreferi għas-cyclopentadienyl manganese tricarbonyl (CMT) li fir-rigward tiegħu l-leġiżlazzjoni inkwistjoni ma tistabbilixxi l-ebda limitu ta’ użu. L-istituzzjonijiet li intervjenew quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja essenzjalment isostnu li l-addittivi l-oħra li huma bbażati fuq il-manganiż ma humiex użati jew importati fl-Unjoni Ewropea. Il-Parlament jispeċifika li l-MMT huwa s-suġġett ta’ studji u analiżi tar-riskju minn żmien ilu u li l-użu tiegħu bħala addittiv metalliku jmur lura għal ħafna snin filwaqt li ma hemm l-ebda studju dwar l-addittivi l-oħra. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-prinċipju ta’ trattament ugwali jew ta’ nondiskriminazzjoni jeżiġi li sitwazzjonijiet komparabbli ma jiġux ittrattati b’mod differenti u li sitwazzjonijiet differenti ma jiġux ittrattati bl-istess mod, sakemm tali trattament ma jkunx oġġettivament iġġustifikat (sentenza S.P.C.M. et , iċċitata iktar ’il fuq, punt 95 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li Afton ma tikkontradixxix id-dikjarazzjoni li tipprovdi li l-addittivi l-oħra metalliċi li huma bbażati fuq l-manganiż, fosthom is-CMT, la huma użati u lanqas importati fl-Unjoni Ewropea. B’hekk, jirriżulta li l-MMT ma jinsabx f’sitwazzjoni komparabbli ma’ dik tal-addittiv l-oħra metalliċi u li għalhekk il-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea ma kienx obbligat jiddefinixxi l-limiti massimi permessi għall-imsemmija addittivi. Għaldaqstant, peress li l-ebda ksur tal-prinċipju ta’ trattament ugwali ma ġie kkonstatat, l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) fid-Direttiva 98/70, ma huwiex invalidu minħabba ksur ta’ dan il-prinċipju. Fuq in-nuqqas ta’ osservanza tal-prinċpiju ta’ ċertezza legali Afton issostni li l-Artikolu 8a(2) ġdid tad-Direttiva 98/70 ma huwiex preċiż biżżejjed f’dak li jikkonċerna r-rabta li suppost hemm bejn il-kontentu massimu permess ta’ MMT fil-karburanti u l-iżvilupp ta’ metodoloġija tal-ittestjar. Skont ġurisprudenza stabbilita, il-prinċipju ta’ ċertezza legali, li jikkostitwixxi prinċipju fundamentali tad-dritt Komunitarju, jeżiġi, b’mod partikolari, li liġi tkun ċara u preċiża, sabiex l-individwi jkunu jistgħu jagħrfu d-drittijiet u l-obbligi tagħhom mingħajr ambigwità u jimxu skont dan it-tagħrif (ara s-sentenzi tal-14 ta’ April 2005, Il-Belġju vs Il-Kummissjoni, C‑110/03, Ġabra p. I‑2801, punt 30, IATA u ELFAA, C‑344/04, Ġabra p. I‑403, punt 68, kif ukoll Intertanko et , iċċitata iktar ’il fuq, punt 69). Kuntrarjament għal dak li ssostni Afton, l-evalwazzjoni tar-rabta bejn il-kontenut massimu permess ta’ MMT fil-karburanti u l-iżvilupp ta’ metodoloġiji tal-ittestjar jirrigwardaw biss l-Artikolu 8a(2) tad-Direttiva 98/70. L-ewwel sentenza tal-Artikolu 8a(3) tad-Direttiva 98/70 espressament tistabbilixxi li “[I]l-limitu tal-kontenut ta’ MMT fil-karburanti speċifikati fil-paragarafu 2 għandu jiġi rivedut fuq il-bażi tar-riżultati tal-evalwazzjoni li tkun saret bil-metodoloġija tal-ittestjar imsemmija fil-paragrafu 1”. Isegwi li minn kliem l-Artikolu 8a(2) tad-Direttiva 98/70 ma jirriżulta li hemm l-ebda ambigwità dwar ir-rabta bejn il-valur massimu permess ta’ MMT fil-karburanti u l-iżvilupp ta’ metodoloġiji tal-ittestjar. Għaldaqstant, l-ebda ksur tal-prinċipju ta’ ċertezza legali ma jista’ jiġi kkonstatat u, għaldaqstant, l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) tad-Direttiva 98/70 ma huwiex invalidu minħabba ksur ta’ dan il-prinċipju. Minn dak kollu li ntqal iktar ’il fuq jirriżulta li l-eżami tal-ewwel domanda ma żvela l-ebda element ta’ natura li jaffettwa l-validità tal-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30 inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) fid-Direttiva 98/70. Fuq it-tieni domanda Permezz tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, li jintroduċi l-Artikolu 8a(4) sa (6), huwiex invalidu inkwantu jimponi l-ittikkettjar tal-karburanti li jkollhom addittivi metalliċi. Afton issostni li l-obbligu tal-ittikkettjar ġie impost wara żball manifest ta’ evalwazzjoni u li dan huwa sproporzjonat inkwantu jwassal għal projbizzjoni de facto tal-użu tal-MMT u tal-addittivi metalliċi l-oħra. Skont il-premessa 35 tad-Direttiva 2009/30, l-użu tal-addittivi metalliċi u, b’mod partikolari tal-MMT, jista’ jgħolli r-riskju ta’ ħsara lis-saħħa tal-bniedem u jista’ jikkawża ħsara lill-magni tal-vetturi u lit-tagħmir tal-kontroll tal-emissjonijiet. Wara li rrefera għat-twissijiet mill-manifatturi tal-vetturi, il-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea, fl-aħħar sentenza tal-imsemmija premessa, ipprova jevita li l-konsumaturi jinvalidaw il-garanziji tal-vetturi tagħhom mingħajr ma jkunu jafu. Għaldaqstant, kif tirrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 123 tal-konklużjonijiet tagħha, l-għan tal-obbligu tal-ittikkettjar huwa li jipproteġi lill-konsumaturi li, skont l-Artikolu 153 KE, huwa għan tal-Unjoni Ewropea. Dan tal-aħħar għandu jitwettaq permezz tal-promozzjoni tad-drittijiet tal-konsumatur għall-informazzjoni. It-tqegħid ta’ tikketta, b’mod sew viżibbli u li jkollu t-test “Fih additivi metalliċi” huwa mezz xieraq għal kisba ta’ dan l-għan. Kuntrarjament għal dak li ssostni Afton, il-fatt li l-messaġġ huwa qasir u n-nuqqas ta’ riferiment għall-garanzija tal-manifatturi jissodisfaw l-għan imsemmi. Fil-fatt, sabiex il-konsumatur ikun jista’ jevita r-riskji kemm għal saħħtu kif ukoll għall-vettur tiegħu, huwa għandu jiġi informat bil-preżenza tat-tali addittivi fil-karburant. Barra minn hekk, l-għan tal-protezzjoni tal-konsumatur ma jistax jintlaħaq biss permezz tal-iffissar tal-limiti massimi permessi stabbiliti mill-Artikolu 8a(2) tad-Direttiva 98/70 li għandu bħala għan li jissodisfa l-livell għoli tas-saħħa u tal-ambjent li huwa mitlub mit-trattat u li jirrigwarda biss l-MMT. Barra minn hekk, Afton issostni li l-obbligu tal-ittikkettjar iwassal fil-prattika għal projbizzjoni tal-addittivi metalliċi fil-karburanti. F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, fi kwalunkwe każ, minn naħa, l-ittikkettjar huwa meħtieġ biss għall-bejgħ ta’ karburanti li jkollhom l-addittivi metalliċi u mhux għall-bejgħ tal-MMT bħala addittiv u, min-naħa l-oħra, dan ma jistax iżid b’mod sostanzjali l-ispiża tal-produtturi u tad-distributuri tal-karburanti peress li l-volum ta’ karburant li għandu t-tali addittivi huwa minimu; f’dan il-każ, il-volum huwa inqas minn 0.1 % tal-volum ta’ bejgħ tal-karburant li seħħ fl-Unjoni Ewropea. Isegwi li l-leġiżlatur tal-Unjoni Ewropea ma wettaq l-ebda żball manifest ta’ evalwazzjoni meta stabbilixxa li l-obbligu tal-ittikkettjar, previst fl-Artikolu 8a(4) sa (6) tad-Direttiva 98/70, ma jikkostitwixxix obbligu manifestament mhux xieraq għal kisba tal-għan tal-protezzjoni tal-konsumatur previst mid-Direttiva 2009/30. Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-eżami tat-tieni domanda ma żvela l-ebda element ta’ natura li jaffettwa l-validità tal-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30, li jintroduċi Artikolu 8a(4) sa (6) fid-Direttiva 98/70. Minn dak kollu li ntqal iktar ’il fuq jirriżulta li l-eżami tad-domandi ma żvela l-ebda element ta’ natura li jaffettwa l-validità tal-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30 inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) u (4) sa (6) ġdid fid-Direttiva 98/70. Fuq l-ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi: L-eżami tad-domandi ma żvela l-ebda element ta’ natura li jaffettwa l-validità tal-Artikolu 1(8) tad-Direttiva 2009/30 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-23 ta’ April 2009, li temenda d-Direttiva 98/70/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-petrol, tad-diżil u taż-żejt tal-gass u li tintroduċi mekkaniżmu għall-monitoraġġ u għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/32/KE rigward l-ispeċifikazzjoni tal-karburant użat mill-bastimenti tal-passaġġi tal-ilma interni u li tħassar id-Direttiva 93/12/KEE, inkwantu jintroduċi Artikolu 8a(2) u (4) sa (6) ġdid fid-Direttiva 98/70/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-13 ta’ Ottubru 1998, dwar il-kwalità tal-karburanti tal-petrol u tad-diżil u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/12/KEE. Firem * Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

61982CJ0084

el

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι — Πραγματικά περιστατικά και διαδικασία Α — Οι συναφείς με τη διαφορά περιστάσεις: Κατάσταση κρίσης και κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων Β — Γένεση και εξέλιξη της διαφοράς 1. Από τη θέσπιση ως την έγκριση εφαρμογής του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων Πρώτο στάδιο: 1977-1980: Το σύστημα ενισχύσεων του 1977 Δεύτερο στάδιο: το βελγικό πρόγραμμα ενισχύσεων στην κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων του 1980 και η εξέταση του από την Επιτροπή 2. Το αντικείμενο του προγράμματος αναδιάρθρωσης 3. Διαδικασί α II — Αιτήματα διαδίκων III — Ισχυρισμοί και επιχειρήματα των διαδίκων Επί του παραδεκτού Παρατηρήσεις της καθής Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Επί της ουσίας Ι — Επί των λόγων ακυρώσεως Επί του πρώτου λόγου περί παραβάσεως των δικονομικών κανόνων ελέγχου των ενισχύσεων Α — Η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση να κινήσει, σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 3, την προβλίπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης διαδικασία Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής Β — Η Επιτροπή αγνόησε τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε κάθε μία από τις δύο φάσεις της διαδικασίας ελέγχου α) Όσον αφορά το αντικείμενο της προκαταρκτικής φάσης ελέγχου Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής 6) Όσον αφορά το περιορισμένο έννομο αποτέλεσμα των αποφάσεων της Επιτροπής μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής Γ — Η Επιτροπή παρέτεινε υπερβολικά την εύλογη προθεσμία προκαταρκτικού ελέγχου που το Δικαστήριο υπολόγισε σε δύο μήνες Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής Δ — Η Επιτροπή αγνόησε την προβλεπόμενη στο πλαίσιο της κατ' αμφισβήτηση διαδικασίας υποχρέωση της να διαβουλεύεται με τα λοιπά κράτη μέλη και τους οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους της Κοινότητας Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής Επί του δεύτερου λόγου κατά τον οποίο η Επιτροπή, δηλώνοντας ότι δεν αντιτίθεται, ενέκρινε την εφαρμογή συστήματος ενισχύσεων ασυμβίβαστου προς την κοινή αγορά Α — Όσον αφορά την αναγκαιότητα και την έκταση του ελέγχου του Δικαστηρίου Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καδής Β — Όσον αφορά την εκτίμηση του συμδιβαστού του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης με την κοινή αγορά 1. Η τήρηση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν ένα σύστημα ενισχύσεων, όπως το προβλεπόμενο από το άρθρο 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ), της Συνθήκης, να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά α) Τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής 6) Η τήρηση των κατ' αυτό τον τρόπο καθοριζόμενων κριτηρίων Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας — Η σχεδιαζόμενη ενίσχυση συνεπάγεται τη διατήρηση του status quo — Η αναγκαιότητα του προγράμματος αναδιάρθρωσης — Οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το πρόγραμμα — Η προοδευτική διαχρονική μείωση της ενίσχυσης — Ο περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης Παρατηρήσεις της καθής — Προκαταρκτική απάντηση στις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας σχετικά με «την αναγκαιότητα» του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης — Οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το πρόγραμμα — Χρονικός περιορισμός και προοδευτική μείωση — Περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης στο ελάχιστο όριο — Ιδία συμμετοχή των ωφελούμενων επιχειρήσεων — Διαφάνεια — Υποχρέωση αποφυγής οιασδήποτε αύξησης της παραγωγικής ικανότητας 2. Η αλλοίωση των όρων των εμπορικών ανταλλαγών που αντίκειται ώς ένα βαθμό στο κοινό συμφέρον Παρατηρήσεις της προσφεύγουσας Παρατηρήσεις της καθής 11 — Επί των αιτημάτων που αφορούν την παράλειψη IV — Απαντήσεις της Επιτροπής στις ερωτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο V — Προφορική διαδικασία Περιστατικά Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η εξέλιξη της διαδικασίας, τα αιτήματα, καθώς και οι λόγοι και τα επιχειρήματα των διαδίκων συνοψίζονται ως εξής: Ι — Πραγματικά περιστατικά και έγγραφη διαδικασία Α — Οι συναφείς με τη διαφορά περιστάσεις: Κατάσταση κρίσης και κοινοτικό πλαίσιο ενισχύσεων της κλωστοϋφαντουργίας και της οιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων Η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων γνωρίζουν από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαίτερες δυσχέρειες που ανάγονται σε διάφορους παράγοντες όπως η εν μέρει μη προσαρμογή των δομών των επιχειρήσεων της Κοινότητας, η μαζική αύξηση των εισαγωγών από τρίτες χώρες (χώρες κρατικού εμπορίου και χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας) που αυξήθηκαν από 21 σε 44 ο/ο της αγοράς μεταξύ 1973 και 1980, οι ραγδαίες αλλαγές στη χρησιμοποίηση των πρώτων υλών, ο ρόλος που διαδραματίζει το εμπόριο παθητικής τελειοποίησης που ασκούν ορισμένες επιχειρήσεις της Κοινότητας, καθώς και η δυσχέρεια ορισμένων υποτομέων να εξακολουθούν να πληρούν τους όρους ανταγωνιστικότητας μετά από ένα χρονικό διάστημα περιορισμένης ανάπτυξης. Επιπλέον, τις δυσχέρειες αυτές επέτεινε η ύφεση που έπληξε το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας. Η συσσώρευση των προβλημάτων αυτών δημιούργησε πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των κλωστοϋφαντουργείων και των βιομηχανιών ετοίμων ενδυμάτων των κρατών μελών τόσο στην κοινοτική αγορά όσο και στην αγορά των τρίτων χωρών σ' αυτήν οφείλεται η αύξουσα ανεργία που δεν φαίνεται ότι είναι δυνατόν να απορροφηθεί βραχυπρόθεσμα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων για το σύνολο της Κοινότητας και τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τελευταία, η Επιτροπή αναγκάστηκε να λάβει σειρά μέτρων με σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία δομικής προσαρμογής του τομέα αυτού της οικονομίας και να καταστήσει ανεκτό το κοινωνικό κόστος που συνεπάγεται. Προς το σκοπό αυτόν η Επιτροπή: — αφενός, συνήψε συμφωνίες με τις τρίτες χώρες στο πλαίσιο των συμφωνιών πολυϊνών (14η Γενική Έκθεση δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 1981, αριθ. 566 και επ.) και — αφετέρου, το 1971 καθόρισε κοινοτικό πλαίσιο των χορηγούμενων από τα κράτη μέλη ενισχύσεων, καθεστώς το οποίο, αφού συζητήθηκε στις βασικές γραμμές του με τους εθνικούς εμπειρογνώμονες και τροποποιήθηκε σχετικά το 1977, το γνωστοποίησε στα κράτη μέλη. Το κοινοτικό αυτό πλαίσιο θεσπίστηκε προκειμένου να συγχρονίζει και να καθοδηγεί τις πράξεις των κρατών μελών, επειδή η Επιτροπή παρατήρησε ότι για να αντιμετωπίσουν την κρίση της κλωστοϋφαντουργίας, τα κράτη μέλη τείνουν να χορηγούν ενισχύσεις, οι οποίες, λόγω του ότι θεσπίζονται εσπευσμένα και υπό την πίεση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, αποβλέπουν αποκλειστικά στη διατήρηση της απασχόλησης και την εξασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Κατά την άποψη της Επιτροπής, λοιπόν, οι πολλαπλές εθνικές παρεμβάσεις (απογραφές των κατά τομείς ενισχύσεων υπέρ της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, Μάρτιος 1981, παράρτημα 7, της προσφυγής), το ύψος των οποίων διαφέρει και οι οποίες θεσπίζονται χωρίς κάποια τάξη, είναι ικανές να θίξουν το εμπόριο και τον ανταγωνισμό κατά τρόπο που αντίκειται προς το κοινό συμφέρον, δεδομένου ότι, επειδή δεν υπάρχει πρόβλεψη εκλεκτικής και επακριβούς αναδιάρθρωσης, απαραίτητης για μια αληθή ανάκαμψη του τομέα που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης, οι πρωτοβουλίες αυτές αλληλοεξουδετερώνονται, εκμηδενίζοντας συγχρόνως την προσπάθεια των κρατικών αρχών και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το κοινοτικό πλαίσιο θέτει ορισμένα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία πρέπει να χορηγούνται οι κρατικές ενισχύσεις και σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή εκτιμά τα σχέδια ενισχύσεων που της κοινοποιούνται. Όπως προκύπτει κυρίως από τις κατευθυντήριες γραμμές που χαράσσει η Επιτροπή, τα σχέδια κρατικών ενισχύσεων πρέπει αφενός να έχουν προγραμματιστεί ως συνοδευτικά μέτρα μιας διαδικασίας συγκεκριμένης αναδιάρθρωσης των τομέων που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και να μην οδηγούν σε υπερπαραγωγικότητα κλάδων, στους οποίους ήδη υφίσταται δομική υπερπαραγωγικότητα ή διαρκής στασιμότητα της αγοράς, αφετέρου δε τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο την εθνική όσο και την κοινοτική κατάσταση του τομέα που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η κοινοποίηση του κοινοτικού πλαισίου στα κράτη μέλη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις αποφάσεις που καλείται να λάβει δυνάμει των εξουσιών που τις ανατέθηκαν με τη Συνθήκη. Β — Γένεση και εξέλιξη της διαφοράς 1. Από τη θέσπιση ώς την έγκριση εφαρμογής του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων Πρώτο οτάοιο: 1977-1980: Το ούστη/ια ενισχνοεων του 1977 — Με arrêté royal της 20ής Δεκεμβρίου 1977 (Moniteur belge [επίσημη εφημερίδα της βελγικής κυβέρνησης] της 24. 12. 1977), το Βασίλειο του Βελγίου θέσπισε σύστημα ενισχύσεων υπέρ της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων. — Στις 5 Απριλίου 1977, η Επιτροπή γνωστοποιούσε στον υπουργό εξωτερικών του Βελγίου ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης υποχρέωση κοινοποίησης, αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία ελέγχου του συμβιβασμού με την κοινή αγορά του εν λόγω σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης. — Πάντως, επειδή η βελγική κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι διατεθειμένη να προβεί στις τροποποιήσεις που της υπέδειξε η Επιτροπή και πριν από τον Οκτώβριο 1979 να της κοινοποιήσει νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, η Επιτροπή με έγγραφο της 6ης Μαρτίου 1979 γνωστοποίησε στη βελγική κυβέρνηση την απόφαση της να θέσει τέρμα στη διαδικασία που είχε κινήσει. — Εντούτοις, με απόφαση της 17ης Απριλίου 1980, που κοινοποιήθηκε στη βελγική κυβέρνηση στις 22 Απριλίου 1980, η Επιτροπή κίνησε και πάλι την προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης διαδικασία και κάλεσε τη βελγική κυβέρνηση να καταργήσει το αργότερο μέχρι της 31 Ιουλίου 1980 το σύστημα ενισχύσεων που είχε θεσπίσει με arrete royal στις 20 Δεκεμβρίου 1977 ή να υποβάλει πριν από την ημερομηνία αυτή νέο πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε σε όλα τα κράτη μέλη. Δεύτερο στάόιο: το οελγικό πρόγραμμα ενισχύσεων της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων του 1980 και η εξέταση τον από την Επιτροπή — Στις 28 Ιουλίου 1980, ο βέλγος υπουργός οικονομικών Claes απηύθυνε στην Επιτροπή νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης, προβαίνοντας σε περιγραφή των βασικών γραμμών του σχεδιαζόμενου προγράμματος ενισχύσεων. Το νέο σύστημα ενισχύσεων θεωρήθηκε ότι κοινοποιήθηκε κατά το άρθρο 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης. — Με έγγραφο της 15ης Σεπτεμβρίου 1980, η Επιτροπή κάλεσε τη βελγική κυβέρνηση να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες που θα της επέτρεπαν να προχωρήσει στην εξέταση του συμβιβαστοό του σχεδίου με την κοινή αγορά. — Επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους έλαβαν χώρα πολυάριθμες ανταλλαγές απόψεων αφενός μεταξύ του Βελγίου και της Επιτροπής, αφετέρου μεταξύ της Επιτροπής και των αντιπροσώπων των κρατών μελών. Τα περισσότερα κράτη μέλη επέκριναν το εν λόγω σχέδιο, τις επικρίσεις δε αυτές έλαβε υπόψη η Επιτροπή και η βελγική κυβέρνηση. — Πάντως, επανειλημμένα και για τελευταία φορά στις 4 Δεκεμβρίου 1981 η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κάλεσε την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εφαρμογή του σχεδίου ενισχύσεων, το οποίο κατά την άποψη της εν λόγω κυβέρνησης, ως μόνη συνέπεια θα είχε τη μετατόπιση των προβλημάτων της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων προς τα άλλα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσχέρειες. — Πάντως, με έγγραφο της 7ης Ιανουαρίου 1982, η Επιτροπή κοινοποίησε σε όλα τα κράτη μέλη την από 18 Νοεμβρίου 1981 απόφαση της να μην αντιταχθεί στην εφαρμογή του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης για ένα έτος. 2. Το αντικείμενο του προγράμματος αναδιάρθρωσης Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η απόφαση της βελγικής κυβέρνησης να χορηγήσει ενισχύσεις στην κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων είναι απόρροια της διαπίστωσης, αφενός, ότι ο αριθμός των θέσεων που απωλέσθησαν μεταξύ 1973 και 1980 ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις σε 70000 και, αφετέρου, ότι μια ελαστική πολιτική θα οδηγήσει σε πρόσθετη απώλεια 50000 θέσεων μεταξύ 1980 και 1985, και συνεπώς, με τον καιρό στην πλήρη εξαφάνιση της εν λόγω βιομηχανίας στο Βέλγιο, δηλαδή 120000 θέσεων. Η ύφεση που σημειώθηκε και αναμενόταν στο Βέλγιο είναι υψηλότερη απ' ό,τι στα άλλα κράτη μέλη. Η βελγική κυβέρνηση, λοιπόν, κατήρτισε το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με σκοπό να αντιμετωπίσει την επείγουσα κατάσταση, χωρίς να νοθεύσει τους κανόνες της αγοράς. Κατά τη βελγική κυβέρνηση, ακόμη και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, το σύνολο των τομέων που πλήττονται από την κρίση θα εξακολουθήσει να υφίσταται μείωση του ποσοστού συμμετοχής τους στην παραγωγή της Ευρώπης από 6,4 ο/ο για το 1978-1979 σε 6,1 ο/ο για το 1984. Τόσο οι υποτομείς της εν λόγω βιομηχανίας που εξακολουθούν να είναι ανταγωνιστικοί, όσο και οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις των τομέων που πλήττονται από την κρίση εξαιρούνται εν μέρει από την ενίσχυση. 3. Διαδικασία Η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας άσκησε την παρούσα προσφυγή που πρωτοκολλήθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου στις 9 Μαρτίου 1982. Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή και μετά από ακρόαση του γενικού εισαγγελέα, το Δικαστήριο αποφάσισε, σύμφωνα με τα άρ9ρα 21 του οργανισμού και 45 του κανονισμού διαδικασίας του, να προχωρήσει στη διεξαγωγή αποδείξεων. Με έγγραφο της 20ής Ιουνίου 1983, ο γραμματέας του Δικαστηρίου κάλεσε την Επιτροπή να απαντήσει σε οκτώ ερωτήσεις και να προσκομίσει πριν από τις 21 Ιουλίου το πλήρες και οριστικό κείμενο του προγράμματος αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή τα προσκόμισε στις 19 Ιουλίου 1983. II — Αιτήματα των διαδίκων Λαμβανομένων υπόψη και των διευκρινίσεων που περιέχονται στην απάντηση της, η κυβέρνηση της Ομοοπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ζητεί από το Δικαστήριο: 1. να ακυρώσει, λόγω παραβάσεων του άρ9ρου 93, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος, και του άρθρου 92, παράγραφοι 1 και 3, περίπτωση γ), της Συνθήκης ΕΟΚ, την άδεια την οποία η Επιτροπή χορήγησε στις 18 Νοεμβρίου 1981 για ένα μόνο έτος στην κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου να θέσει σε εφαρμογή το πενταετές πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, το οποίο έχει υποβάλει στην Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 1980. Για την περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο θα απέρριπτε το υπό 1 προβαλλόμενο αίτημα ως απαράδεκτο ή κατά την οποία δεν θα το δεχόταν, υπό την έννοια ότι δεν θα ακυρωνόταν, λόγω παραβάσεως του άρθρου 92, παράγραφοι 1 και 3, περίπτωση γ), της Συνθήκης ΕΟΚ, η άδεια που χορηγήθηκε με το έγγραφο της 18ης Νοεμβρίου 1981: 2. να αναγνωρίσει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 175 της Συνθήκης ΕΟΚ, ότι η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αγνόησε το άρθρο 92, παράγραφοι 1 και 3, και του άρθρου 93, παράγραφος 3, δεύτερη περίοδος της εν λόγω Συνθήκης, επειδή παρέλειψε, αφενός μεν, να κινήσει τη διαδικασία του κυρίως ελέγχου, όπως προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 2, αφετέρου δε, να κρίνει με ρητή απόφαση της ότι το βελγικό πρόγραμμα είναι ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά' 3. να καταδικάσει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα δικαστικά έξοδα. Η Επιτροπτ/ζψεί από το Δικαστήριο: 1. να απορρίψει την προσφυγή, 2. να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. III — Ισχυρισμοί και επιχειρήματα των διαδίκων Επί τον παραδεκτού Όσον αφορά το παραδεκτό της προσφυγής ακυρώσεως του εγγράφου της 18ης Νοεμβρίου 1981 που απηύθυνε προς τη βελγική κυβέρνηση, η Επιτροπή δεν προβάλλει ένσταση, εφόσον το εν λόγω έγγραφο συνιστά νομική πράξη δεσμευτική κατά την έννοια του άρθρου 173, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης Kat «τελική απόφαση» κατά την έννοια του άρθρου 93, παράγραφος 3, τρίτη περίοδος, της Συνθήκης. Αντίθετα, θεωρεί ότι η προσφυγή λόγω παραλείψεως είναι απαράδεκτη, επειδή δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση οι προϋποθέσεις που θέτει σχετικά το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΟΚ. Κατά την Επιτροπή, από τη διατύπωση του άρθρου 175, δεύτερη παράγραφος, προκύπτει σαφέστατα ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή μόνο αν το εν λόγω όργανο, ενώ έχει κληθεί προηγουμένως να ενεργήσει, δεν έλαβε σχετικά θέση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δήλωση στην οποία προέβη, στις 4 Δεκεμβρίου 1981, ο Otto Graf Lambsdorff, γερμανός ομοσπονδιακός υπουργός οικονομικών, προς τον Frans Andriessen, μέλος της Επιτροπής, ότι η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας «δεν 5α αποδεχόταν την εκ μέρους της Επιτροπής έγκριση του σχεδίου ενίσχυσης της βελγικής κυβέρνησης» και ότι επιφυλασσόταν να προσφύγει στο Δικαστήριο, δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσκληση προς ενέργεια. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η πρόσκληση προς ενέργεια, κατά την έννοια του άρθρου 175, δεύτερη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΟΚ πρέπει, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη «η διπλωματική πρακτική», να διατυπωθεί με σαφήνεια. 'Αρα, μολονότι από τη διατύπωση της προαναφερθείσας δήλωσης συνάγεται ότι η Επιτροπή κλήθηκε να μην ενεργήσει προς αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που επιδίωκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, εντούτοις δεν της ζητήθηκε να λάβει αρνητική απόφαση. Αλλά, και αν υποτεθεί ότι η δήλωση του γερμανού ομοσπονδιακού υπουργού μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσκληση προς ενέργεια, κατά την έννοια του άρθρου 175 της Συνθήκης, η Επιτροπή θεωρεί ότι έλαβε θέση εντός δύο μηνών από την πρόσκληση και τη γνωστοποίησε στην προσφεύγουσα με έγγραφο που της απηύθυνε στις 7 Ιανουαρίου 1982. Κατά την άποψη της Επιτροπής, από το κείμενο του εγγράφου της 7ης Ιανουαρίου 1982 (παράρτημα 24 του υπομνήματος αντικρούσεως) προκύπτει σαφώς ότι η Επιτροπή σκόπευε να «ενημερώσει (την προσφεύγουσα) σχετικά με την απόφαση της να μην αντιταχθεί στην εκτέλεση του τροποποιηθέντος σχεδίου ενίσχυσης για ένα έτος». Το γεγονός ότι στο έγγραφο αυτό γίνεται μνεία του εγγράφου της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1981 προς το βέλγο υπουργό οικονομίας δεν σημαίνει ότι δεν έλαβε σχετικά θέση. Πάντως, κατά την Επιτροπή, προσφυγή λόγω παραλείψεως δεν μπορεί να γίνει δεκτή παρά μόνο αν το κοινοτικό θεσμικό όργανο που κλήθηκε να ενεργήσει τηρήσει απόλυτη σιγή ή αντιδράσει με τέτοιο τρόπο που δεν επιτρέπει να συμπεράνει κανείς πώς αυτό κρίνει κατ' ουσία την πρόσκληση προς ενέργεια. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι με την απόφαση που εξέδωσε στις 13 Ιουλίου 1971 στην υπόθεση 8/71 (Komponistenverband κατά Επιτροπής, Sig. σ. 705) , το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι διατάξεις του άρθρου 175 της Συνθήκης αφορούν «την παράλειψη που συνίσταται στο ότι δεν ελήφθη απόφαση ή θέση και όχι τη θέσπιση πράξης διαφορετικής από εκείνη που επιδίωκαν ή έκριναν ως αναγκαία οι ενδιαφερόμενοι». Τη νομολογία αυτή επιβεβαίωσε η απόφαση της 8ης Μαρτίου 1972 στην υπόθεση 42/71 (Nordgetreide κατά Επιτροπής, Sig. σ. 105) , καθώς και η απόφαση της 18ης Οκτωβρίου 1979 στην υπόθεση 125/78 (Gema κατά Επιτροπής, Sig. σ. 3173) . Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή η άποψη της προσφεύγουσας ότι η προσφυγή λόγω παραλείψεως είναι παραδεκτή λόγω του ότι η προσφυγή ακυρώσεως δεν οδηγεί κατ' ανάγκη στην εκ μέρους του Δικαστηρίου αναγνώριση ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της κλωστοϋφαντουργίας είναι ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά, επειδή η επίδικη απόφαση ενδέχεται να ακυρωθεί λόγω μη κινήσεως της διαδικασίας του κυρίως ελέγχου κατά το άρθρο 93, παράγραφος 3, και λόγω του ότι στην περίπτωση αυτή δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα της για έννομη προστασία. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προϋποθέσεις που θέτει η Συνθήκη για το παραδεκτό ορισμένης μορφής δράσης δεν πρέπει να αγνοούνται λόγω του ότι η αυστηρή τήρηση των προϋποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατό να επιφέρει το επιδιωκόμενο με την προσφυγή αποτέλεσμα. Κατά την κυοέρνηση της Ομοοπονοιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, η προσφυγή λόγω παραλείψεως είναι παραδεκτή, καθόσον η Επιτροπή παρέλειψε, κατά παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, αφενός μεν, να κινήσει τη διαδικασία του κυρίως ελέγχου, αφετέρου δε, να κρίνει με ρητή απόφαση της ότι το βελγικό πρόγραμμα είναι ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι κάλεσε την καθής να ενεργήσει προς την κατεύθυνση αυτή κατά τη συνάντηση της 4ης Δεκεμβρίου 1981. Η προσφεύγουσα απορρίπτει κατηγορηματικά το επιχείρημα ότι το έγγραφο της 7ης Ιανουαρίου 1982 συνιστά «λήψη θέσεως» κατά την έννοια του άρθρου 175 της Συνθήκης ΕΟΚ και ότι κατά συνέπεια η προσφυγή λόγω παραλείψεως είναι απαράδεκτη. Επ' αυτού, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι με το έγγραφο της 7ης Ιανουαρίου 1982 η Επιτροπή περιορίστηκε να της κοινοποιήσει «τη βεβαίωση περί μη εναντιώσεως της» που είχε διαβιβάσει στη βελγική κυβέρνηση στις 18 Νοεμβρίου 1981, χωρίς να λάβει δέση στην πρόσκληση της 4ης Δεκεμβρίου 1981 να ενεργήσει. Αν παρ' όλα αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι η κοινοποίηση της 7ης Ιανουαρίου 1982 συνιστά αρνητική θέση και στη συνέχεια κηρύξει απαράδεκτη την προσφυγή λόγω παραλείψεως, η προσφεύγουσα φρονεί ότι στην περίπτωση αυτή δεν διασφαλίζεται το δικαίωμα της για έννομη προστασία. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι η αρχή που καθιερώνει η απόφαση της 13ης Ιουλίου 1971, στη ν υπόθεση 8/71, τη ν οποία αναφέρει η καθής, κατά την οποία η θέσπιση μιας πράξης, έστω κι αν πρόκειται για πράξη μη επιδιωκόμενη ή μη αναγκαία, αποκλείει τη δυνατότητα προσφυγής λόγω παραλείψεως, δεν μπορεί να ισχύσει στην προκειμένη περίπτωση. Πράγματι, η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θεωρεί ότι έχει συμφέρον που επιδέχεται προστασία υπό την έννοια ότι, αν ληφθεί υπόψη πιθανή ακύρωση λόγω παραβάσεως των δικονομικών κανόνων μέτρου που ελήφθη με βάση την ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 173 της Συνθήκης ΕΟΚ προσφυγή, το Δικαστήριο αναγνωρίζει με την εκδοθησόμενη απόφαση του και σύμφωνα με το άρθρο 175 της Συνθήκης ΕΟΚ ότι το βελγικό σχέδιο ενίσχυσης είναι ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά και ότι συνεπώς δεν είναι δυνατό να ισχύσει με την παρούσα μορφή του. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δικαιολογεί την άσκηση της προσφυγής λόγω παραλείψεως επειδή στο κοινοτικό δικονομικό δίκαιο δεν υφίσταται προσφυγή ακυρώσεως και αναγνωρίσεως της αντικανονικής συμπεριφοράς του οικείου οργάνου, προσφυγή που, ακριβώς όπως το προβλεπόμενο από το γερμανικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο «Verpflichtungsklage», θα επέτρεπε στο Δικαστήριο να υποχρεώσει την καθής να θεσπίσει την αιτούμενη από την προσφεύγουσα πράξη. Το άρθρο 176 της Συνθήκης ΕΟΚ, σύμφωνα με το οποίο «στο όργανο, του οποίου η πράξη εκηρύχθη άκυρη ... οφείλει να λάβει τα μέτρα που συνεπάγεται η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου», δεν παρέχει καμία ανάλογη εγγύηση στο θέμα αυτό. Επί της ουσίας Ι — Επί των λόγων ακυρώσεως 1. Επί του πρώτου λόγου περί παραϋάοεως των οικονομικών κανόνων έλεγχου των ενισχύσεων Προς υποστήριξη του λόγου αυτού, η προσφεύγουσα αναπτύσσει τα ακόλουθα επιχειρήματα: Α — Η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση να κινήσει, σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 3, την προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΟΚ διαδικασία Κατά την κυβέρνηση της Ομοσπονόιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΟΚ και από τη νομολογία του Δικαστηρίου, ιδίως εκείνη των αποφάσεων της 11ης Δεκεμβρίου 1973 στην υπόθεση 120/73 (Lorenz κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Sig. σ. 1471) , υπόθεση 121/73 (Markmann κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Sig. σ. 1495) , υπόθεση 122/73 (Nordsee κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Sig. σ. 1511) , και υπόθεση 141/73 (Lohrey κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Sig. σ. 1527) , αν, μετά το πέρας της λεγόμενης προκαταρκτικής φάσης ελέγχου των ενισχύσεων η Επιτροπή διατηρεί αμφιβολίες ως προς το αν το κοινοποιηθέν σχέδιο συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, οφείλει να κινήσει, σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης, τη φάση του κυρίως ελέγχου της παραγράφου 2 της ίδιας διάταξης. Την αβεβαιότητα της Επιτροπής αποδεικνύει το γεγονός ότι θεώρησε αναγκαίο να οργανώσει στις 17 Σεπτεμβρίου 1981 πολυμερή συνεδρίαση μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Την επιβεβαιώνει δε το περιεχόμενο της δήλωσης περί μη εναντιώσεως στο βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, η εφαρμογή του οποίου εγκρίθηκε για ένα έτος υπό την επιφύλαξη ότι θα τηρούνταν — πράγμα που η βελγική κυβέρνηση καλούνταν να επιβεβαιώσει — οι όροι που αναφέρονταν στο έγγραφο, το οποίο αποτελεί αντικείμενο της παρούσας προσφυγής. Με τον τρόπο αυτό, συνδυάζοντας τη δήλωση περί μη εναντιώσεως με όρους, τη στιγμή που οι αμφιβολίες που τους υπαγόρευαν θα έπρεπε να οδηγήσουν στην έναρξη της φάσης του κυρίως ελέγχου, η Επιτροπή παραβίασε τις διατάξεις της Συνθήκης. Εξάλλου, με έγγραφο της 5ης Ιανουαρίου 1977 (παράρτημα 25 της προσφυγής) που απηύθυνε στο γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο των εξωτερικών, η Επιτροπή αναγνώριζε και η ίδια ότι «αν από την εξέταση της ουσίας μιας περίπτωσης αναφύονται ορισμένες αμφιβολίες ως προς το αν το σχέδιο ενίσχυσης συμβιβάζεται με τη Συνθήκη ΕΟΚ, η Επιτροπή οφείλει κατά νόμο να κινήσει τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2». Σε αντίθεση με όσα βεβαιώνει η προσφεύγουσα, η Επιτροπή δηλώνει ότι η συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 1981 δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των επιφυλάξεων που διατηρούσε η ίδια ως προς το αν το βελγικό σχέδιο συμβιβαζόταν με τη Συνθήκη. Επρόκειτο για πολυμερή συνεδρίαση με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών που πραγματοποιείται περιοδικά και αφιερώνεται στο σύνολο των υποθέσεων που εκκρεμούν. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν εξετάσθηκαν μόνο οι υποθέσεις σχετικά με ενισχύσεις για τις οποίες φαίνεται ότι έπρεπε να απορριφθεί η άδεια ή η έγκριση εφαρμογής τους. Β — Η Επιτροπή αγνόησε τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε κάθε μια από τις δύο φάσεις της διαδικασίας ελέγχου Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όπως είναι διατυπωμένη η δήλωση της 18ης Νοεμβρίου 1981 συγχέει την προκαταρκτική με την κύρια φάση της διαδικασίας ελέγχου, δεδομένου ότι η Επιτροπή βεβαιώνει ότι προέβη σε ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη εξέταση του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης. 'Ετσι, η Επιτροπή παρέβη διττά τη Συνθήκη στο μέτρο που αγνόησε, αφενός, το αντικείμενο της προκαταρκτικής φάσης ελέγχου και αποστέρησε τη διαδικασία του κυρίως ελέγχου από την αληθή λειτουργία της, αφετέρου δε, το περιορισμένο αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνονται μετά την προκαταρκτική εξέταση. α) Όσον αφορά το αντικείμενο της προκαταρκτικής φάσης ελέγχου Κατά την προσφεύγουσα, όπως προκύπτει από το κείμενο, τη δομή και το περιεχόμενο του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΟΚ, η προκαταρκτική φάση ελέγχου περιορίζεται σε πρόχειρο έλεγχο περί του αν το κοινοποιηθέν σχέδιο προβλέπεται κατά τη φάση του κυρίως ελέγχου. ΓΕΡΜΑΝΙΑ /ΕΠΙΤΡΟΠΗ Την ερμηνεία αυτή του άρθρου 93 της Συνθήκης ΕΟΚ επιβεβαιώνουν τα χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε κάθε μια από τις δύο φάσεις της διαδικασίας ελέγχου. Όπως προκύπτει από τις προαναφερθείσες αποφάσεις της 11ης Δεκεμβρίου 1973, σκοπός της προκαταρκτικής φάσης είναι να δοθεί στην Επιτροπή προθεσμία προκειμένου να σκεφτεί και να διερευνήσει, ώστε να σχηματίσει μία πρώτη άποψη σχετικά με το αν συμβιβάζονται προς τη Συνθήκη τα σχέδια που της κοινοποιήθηκαν. Επ'αυτού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρατηρεί ότι το άρθρο 92 της Συνθήκης εξαγγέλλει διάφορες μορφές ενισχύσεων, το συμβιβαστό των οποίων με την κοινή αγορά πρέπει να μπορεί να εξακριβωθεί χωρίς να κινείται η φάση του κυρίως ελέγχου. Αυτό συμβαίνει κυρίως με τα σχέδια ενισχύσεων της παραγράφου 2 της ίδιας διάταξης, τα οποία, όταν πληρούνται οι όροι που απαιτούνται από την εν λόγω διάταξη, θεωρούνται ότι «συμβιβάζονται με την κοινή αγορά». Αντίθετα, όταν, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, πρόκειται να εκτιμηθεί, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, αν ένα κοινοποιηθέν σχέδιο ενίσχυσης συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις και ανταποκρίνεται σε μία από τις προβλεπόμενες από το άρθρο 92, παράγραφος 3, της Συνθήκης μορφές που «δύνανται» μόνο εξαιρετικά, κατά τους όρους της εν λόγω διάταξης, «να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά», η εξουσία της Επιτροπής περιορίζεται σε πρόχειρη εξέταση περί του αν, αφενός, φαίνεται να πληρούνται αντικειμενικά οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της ενίσχυσης που είναι δυνατό να εγκριθεί, αφετέρου δε, περί του αν από την προσωρινή εκτίμηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που συνεπάγεται είναι δυνατή η έγκριση της ενίσχυσης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι της γνώμης ότι, η Επιτροπή οφείλει, εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για το συμβιβαστό του σχεδίου με την κοινή αγορά, να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΟΚ κατ' αμφισβήτηση διαδικασία μόνο αν είναι σε θέση να σχηματίσει τη γνώμη αυτή. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι με την προαναφερθείσα απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση Lorenz κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι, προς το συμφέρον της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, η Επιτροπή οφείλει να γνωστοποιήσει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τη θέση της «όταν θεωρεί, μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου στον οποίο προχώρησε, ότι η ενίσχυση συμβιβάζεται με τη Συνθήκη» (σκέψη 5). Κατά την άποψη της, η Επιτροπή, όπως προκύπτει από τους όρους που χρησιμοποίησε το Δικαστήριο, έχει, δυνάμει του άρθρου 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης ΕΟΚ, τη δυνατότητα να αποφασίσει επί του συμβιβαστού μιας ενίσχυσης και, αφού περατώσει τον προκαταρκτικό έλεγχο, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά στο οικείο κράτος μέλος. Μόνο εφόσον κρίνει ότι το σχέδιο δεν συμβιβάζεται προς την κοινή αγορά, υποχρεώνεται να κινήσει αμελλητί την προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, διαδικασία. 6) Όσον αφορά το περιορισμένο έννομο αποτέλεσμα των αποφάσεων που λαμβάνει η Επιτροπή μετά το πέρας του προκαταρκτικού ελέγχου Η ομοοπονοιακή κνΰέρνηοη διατείνεται ότι ο τερματισμός του προκαταρκτικού ελέγχου σημαίνει απλώς και μόνο ότι το οικείο κράτος μέλος έχει τη δυνατότητα να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο ενίσχυσης' αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το τελευταίο μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. 'Ενα σχέδιο ενίσχυσης που εφαρμόζεται ακόμη και ύστερα από δήλωση περί μη εναντιώσεως που έγινε μετά τον τερματισμό του προκαταρκτικού ελέγχου, είναι δυνατό να επανεξεταστεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο του διαρκούς ελέγχου των ενισχύσεων κατά το άρθρο 93, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΟΚ. Επομένως, η οριστική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το συμβιβαστό ενός καθεστώτος ενισχύσεων δεν μπορεί να εκδοθεί παρά μετά το τερματισμό της διαδικασίας του κυρίως ελέγχου. Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, ακριβώς λόγω του περιορισμένου έννομου αποτελέσματος της προκαταρκτικής φάσης της διαδικασίας ελέγχου, το Δικαστήριο έκρινε με τις προαναφερθείσες αποφάσεις της 11ης Δεκεμβρίου 1973 ότι, αν κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής ελέγχου η Επιτροπή καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει περίπτωση να κινήσει την κατ' αμφισβήτηση διαδικασία, δεν οφείλει να εκδώσει απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 189 της Συνθήκης. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει δεκτή η άποψη της καθής, κατά την οποία οι διατάξεις της Συνθήκης δεν διακρίνουν μεταξύ της δήλωσης περί μη εναντιώσεως, στην οποία προβαίνει μετά τη διαδικασία του προκαταρκτικού ελέγχου, και της τελικής, κατά την έννοια του άρθρου 93, τρίτη περίοδος, της Συνθήκης, απόφασης. Κατά την άποψη της Επιτροπής, το αποτέλεσμα μιας απόφασης, η οποία αναγνωρίζει το συμβιβαστό μιας ενίσχυσης με την κοινή αγορά, είναι πάντοτε το αυτό, ανεξάρτητα από τη φάση της διαδικασίας κατά την οποία λαμβάνεται η εν λόγω απόφαση. Η Επιτροπή διατείνεται ότι, αφενός, η Συνθήκη δεν καθιερώνει καμία διάκριση σχετικά και, αφετέρου, ότι όλα τα συστήματα ενίσχυσης εξακολουθούν να υπόκεινται στο διαρκή έλεγχο που διενεργείται βάσει του άρθρου 93, παράγραφοι 1 και 2. Την ερμηνεία αυτή των διατάξεων της Συνθήκης επιβεβαιώνει η απόφαση της 22ας Μαρτίου 1977 στην υπόθεση Steinike και Weinlig κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (υπόθεση 78/76, Sig. σ. 595 ), σύμφωνα με την οποία «η εκτίμηση ... του συμβιβαστού ή του ασυμβιβάστου με την κοινή αγορά κρατικής ενίσχυσης θέτει ερωτήματα που συνεπάγονται το συνυπολογισμό και την εκτίμηση πολύπλοκων οικονομικών γεγονότων και περιστάσεων που είναι δυνατό να τροποποιηθούν ταχέως». 'Ετσι, ανά πάσα στιγμή είναι δυνατό καθεστώς ενισχύσεων που θεωρήθηκε αρχικά ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά να υποστεί νέο έλεγχο της Επιτροπής. Γ — Η Επιτροπή παρέτεινε υπερβολικά την εύλογη προθεσμία προκαταρκτικού ελέγχου που το Δικαστήριο υπολόγισε σε δύο μήνες Η ομοσπονοιακή κυοέρνηση υπογραμμίζει ότι με τις προαναφερθείσες αποφάσεις της 11ης Δεκεμβρίου 1973 το Δικαστήριο έκρινε ότι, εφόσον δεν το διευκρινίζουν οι διατάξεις της Συνθήκης, η εύλογη προθεσμία για την προκαταρκτική εξέταση των σχεδίων ενισχύσεων που κοινοποιούνται καταρχήν δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δύο μήνες, εκτός αν αποφάσισαν άλλως η Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Διατείνεται ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκε η προθεσμία αυτή. Κατά την άποψη της Επιτροπής, αν και σύμφωνα με τη νομολογία που προαναφέρθηκε διαθέτει επαρκή προθεσμία ώστε να προβεί στην εξέταση των κοινοποιηθεισών ενισχύσεων, οφείλει εντούτοις να επιδεικνύει επιμέλεια και να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των κρατών μελών για ταχεία ενημέρωση τους, αυτό σημαίνει ότι στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου πρέπει να ενεργεί ακριβώς όπως της προσάπτει η προσφεύγουσα ότι ενήργησε, ότι δηλαδή προέβη σε εμπεριστατωμένη εξέταση των διαφόρων πλευρών των κοινοποιηθεισών ενισχύσεων για να μην παρατείνει πέραν του αναγκαίου, προκειμένου να εκτιμήσει το συμβιβαστό των ενισχύσεων με την κοινή αγορά, το ανασταλτικό αποτέλεσμα του άρθρου 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης. Δ — Η Επιτροπή αγνόησε την προβλεπόμενη στο πλαίσιο της κατ' αμφισβήτηση διαδικασίας υποχρέωση της να διαβουλεύεται με τα λοιπά κράτη μέλη και τους οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους της Κοινότητας Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η κίνηση της κατ' αμφισβήτηση φάσης της διαδικασίας ελέγχου είναι επιβεβλημένη, επειδή ιδίως η αντικειμενική και ορθή εκ μέρους της Επιτροπής άσκηση της εξουσίας εκτιμήσεως της σχετικά με τα σχέδια ενισχύσεων κατά το άρθρο 92, παράγραφος 3, περιπτώσεις α) μέχρι γ), επιτάσσει την ενημέρωση και την ακρόαση των λοιπών κρατών μελών, των ενδιαφερομένων οικονομικών και κοινωνικών κύκλων και ειδικότερα των ανταγωνιστικών κύκλων των λοιπών κρατών μελών, διαβουλεύσεις που προβλέπονται επακριβώς και αποκλειστικά στο πλαίσιο της φάσης του κυρίως ελέγχου. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιθυμεί να διευκρινίσει ότι σε αντίθεση προς αυτά που υποστηρίζει η καθής, σε καμία περίπτωση η άποψη αυτή δεν σημαίνει ότι γίνεται δεκτή η ύπαρξη υποχρέωσης της Επιτροπής να κινήσει αυτομάτως τη διαδικασία του κυρίως ελέγχου όταν πρόκειται για εμπίπτοντα στην προαναφερθείσα διάταξη σχέδια ενισχύσεων, δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή δικαιολογείται μόνο όταν, αφού περατωθεί ο πρόχειρος έλεγχος του οικείου σχεδίου ενίσχυσης, υφίστανται αμφιβολίες ως προς το συμβιβαστό του με την κοινή αγορά. Παρόλον ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν αμφισβητεί ότι στην Επιτροπή και μόνο εναπόκειται να αποφανθεί επί του συμβιβαστού ή μη ενός σχεδίου ενίσχυσης με την κοινή αγορά, εξηγεί ότι είναι αδύνατον να δεχθεί την άποψη της καθής, σύμφωνα με την οποία η κατά το άρθρο 93, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης προθεσμία που τάσσεται στους ενδιαφερομένους για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, αφενός μεν, δεν απηχεί ούτε το θεμελιώδες δικαίωμα τους να εκφέρουν τη γνώμη τους, ούτε εκείνο της Επιτροπής να λάβει πληροφορίες, αφετέρου δε, ότι η Επιτροπή είναι ελεύθερη να εκτιμήσει τη στιγμή που θεωρεί πρόσφορη και τις λεπτομέρειες διαβουλεύσεως με τα κράτη μέλη ή τους ενδιαφερόμενους οικονομικοκοινωνικούς και επαγγελματικούς κύκλους. Η προσφεύγουσα επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι κατά την άποψη της οι ισχύουσες δικονομικές διατάξεις σε θέματα ενισχύσεων δεν εξαρτώνται από τη διάθεση της Επιτροπής. Το δικαίωμα των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων κύκλων να εκφέρουν τη γνώμη τους είναι δημόσιας τάξης. Το δικαίωμα αυτό, το οποίο κατά την προσφεύγουσα με κανένα τρόπο δεν αντιποιείται την εξουσία της Επιτροπής να λαμβάνει αποφάσεις, βρίσκει έρεισμα στη «διαπίστωση ότι μόνο μια διεξοδική αποσαφήνιση των γεγονότων εγγυάται στους ενδιαφερομένους, εντός της κοινής αγοράς, τη μεγαλύτερη δυνατή εποπτεία επί της ακολουθούμενης από τα κράτη μέλη στο θέμα των ενισχύσεων πολιτικής». Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η καθής δεν μπορεί να ισχυριστεί, επικαλούμενη τη συνάντηση εμπειρογνωμόνων που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1981, ότι κίνησε στην πραγματικότητα τις διαδικασίες του κυρίως ελέγχου και ότι η δήλωση μη εναντίωσης της 18ης Νοεμβρίου 1981 έγινε στο τέλος των εν λόγω διαδικασιών, εφόσον, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομολογία του Δικαστηρίου (αποφάσεις της 11.12.1973), η κίνηση της κύριας φάσης απαιτεί ρητή απόφαση που κοινοποιείται τόσο στο αιτούμενο κράτος μέλος όσο και στα λοιπά. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι, η άποψη της προσφεύγουσας, κατά την οποία η προθεσμία που τάσσεται στους ενδιαφερομένους κατά το άρθρο 3, παράγραφος 2, της Συνθήκης πρέπει να θεωρηθεί ως υποχρεωτική και τυπική συμμετοχή τους στον έλεγχο του συμβιβαστού του προγράμματος ενισχύσεων με την κοινή αγορά, δεν μπορεί να γίνει δεκτή, καθόσον οδηγεί στην αυτόματη κίνηση της διαδικασίας του κυρίως ελέγχου για οποιοδήποτε σχέδιο ενισχύσεων που είναι δυνατό να εξαιρεθεί δυνάμει του άρθρου 92, παράγραφος 3, της Συνθήκης. Όπως προκύπτει όμως από τη διατύπωση του άρθρου 93, παράγραφος 3, η εφαρμογή των δικονομικών κανόνων εξαρτάται κάπως από τη γνώμη που σχηματίζει η Επιτροπή στο θέμα του συμβιβαστού του σχεδίου με την κοινή αγορά. Στο σημείο αυτό η Επιτροπή τονίζει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της 12ης Ιουλίου 1973 στην υπόθεση 70/72 (Επιτροπή κατά Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Sig. σ. 813) , η προθεσμία που τάσσεται στους ενδιαφερομένους σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 2, πρώτη περίοδος, της Συνθήκης «αποσκοπεί αποκλειστικά να επιτύχει από τους ενδιαφερομένους οιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να διαφωτίσει την Επιτροπή σχετικά με τη δράση της στο μέλλον». Όπως προκύπτει από τους ίδιους τους όρους της Συνθήκης, η μόνη αρμόδια, δυνάμει του άρθρου 93, παράγραφος 2, εδάφιο 3, και υπό την επιφύλαξη των ανατεθειμένων στο Συμβούλιο εξουσιών, να αποφανθεί επί του συμβιβαστού ή μη ενισχύσεων με την κοινή αγορά είναι η Επιτροπή. Την αρμοδιότητα αυτή επιβεβαίωσε επανειλημμένα το Δικαστήριο. Με τις αποφάσεις της 22ας Μαρτίου 1977 στην υπόθεση 74/76 (Iannelli κατά Meroni, Sig. σ. 557) και στην υπόθεση 78/76 (Steinike και Weinlig που προαναφέρθηκε), το Δικαστήριο έκρινε ότι «καθιερώνοντας με το άρθρο 93 τη διαρκή εξέταση και τον έλεγχο των ενισχύσεων από την Επιτροπή, η Συνθήκη εννοεί ότι η διαπίστωση του ενδεχόμενου ασυμβιβάστου ενισχύσεων με την κοινή αγορά είναι αποτέλεσμα της ενδεδειγμένης διαδικασίας, η οποία υπόκειται στον έλεγχο του Δικαστηρίου και η κίνηση της οποίας εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής». Η Επιτροπή θεωρεί ότι, μολονότι το χρονικό σημείο και οι λεπτομέρειες των επαφών στις οποίες έρχεται με τους τρίτους εξαρτώνται από την ελεύθερη εκτίμηση της, άποψη που εξέφρασε και με το έγγραφο της 5ης Ιανουαρίου 1977 που απηύθυνε στο γερμανό ομοσπονδιακό υπουργό των εξωτερικών, η προθεσμία που τάσσει στους ενδιαφερόμενους για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της, εφόσον η απόφαση που απαγορεύει την εφαρμογή του κοινοποιηθέντος σχεδίου ενισχύσεων δεν μπορεί να ληφθεί παρά μόνο μετά από ακρόαση των εν λόγω τρίτων. Επιπλέον, η Επιτροπή δηλώνει ότι στην προκειμένη περίπτωση οι διαβουλεύσεις με τα λοιπά κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς κύκλους δεν είχαν κατ'ανάγκη τα αποτελέσματα που επιδίωκε η προσφεύγουσα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το επιτευχθέν αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο ακόμη και αν κινούσε τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης. Κατά την καθής, από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι το ερώτημα κατά πόσο η Επιτροπή όφειλε ή όχι να κινήσει σχετικά με το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης τη φάση του κυρίως ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης, εξαρτάται, τελικά, από το αν το επίδικο σχέδιο ενισχύσεων μπορεί ή όχι να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. 2. Επί του δεύτερον Αόγον κατά τον οποίο η Επιτροπή οηλώνοντας ότι οεν αντιτί$εται, ενέκρινε την εφαρμογή αυστήματος ενισχύσεων ασυμοίβαστον προς την κοινή αγορά Προτού υπεισέλθει στην εξέταση των προϋποθέσεων ουσίας στις οποίες υπόκειται το συμβιβαστό ενός σχεδίου ενισχύσεων με την κοινή αγορά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπογραμμίζει την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του ελέγχου που το Δικαστήριο καλείται να ασκήσει σε τομέα στον οποίο η Επιτροπή διαθέτει ευρεία εξουσία εκτιμήσεως. Α — Όσον αφορά την αναγκαιότητα και την έκταση του ελέγχου του Δικαστηρίου Κατά την άποψη της ομοσπονοιακής κυοέρνηβης, το αν οι περιστάσεις επιβάλλουν τον αποτελεσματικό έλεγχο του Δικαστηρίου σε θέματα ενισχύσεων, εξακριβώνονται, αφενός μεν, με γνώμονα τους παραδεδεγμένους κανόνες διεθνούς δικαίου, αφετέρου δε, και κυρίως, με τις θεμελιώδεις για την κοινή αγορά αρχές. i) Οι περιστάσεις Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρατηρεί ότι σύμφωνα με την 10η Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού (1980, σ. 120), ο μεν αριθμός των αποφάσεων της Επιτροπής που απαγορεύουν την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων από τα κράτη μέλη ενισχύσεων τείνει αναλογικά να μειώνεται σε σχέση με τον αριθμό των κοινοποιηθέντων σχεδίων, ενώ η στο πλαίσιο της προκαταρτικής διαδικασίας ελέγχου αναλογία των σχεδίων ενισχύσεων που εξετάζονται οριστικά είναι σχετικά σημαντική. Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο έλεγχος του Δικαστηρίου φαίνεται ότι είναι περισσότερο αναγκαίος στη συγκεκριμένη περίπτωση για τον πρόσθετο λόγο ότι για πρώτη φορά η Επιτροπή εγκρίνει την εφαρμογή σχεδίου κατά τομείς ενισχύσεων τόσης ευρείας έκτασης όπως αυτή του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης. ii) Οι παραδεδεγμένοι κανόνες διεθνούς δικαίου Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τα μέτρα στα οποία μπορούν να καταφεύγουν στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ (GATT), ιδίως δε τη δυνατότητα να πλήττουν με αντισταθμιστικούς δασμούς τις επιχορηγούμενες εισαγωγές, συνηγορεί υπέρ της απόψεως αποτελεσματικού ελέγχου από το Δικαστήριο της ενάσκησης των εξουσιών που ανατέθηκαν στην Επιτροπή στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων. Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ο λόγος για τον οποίο οι διατάξεις της Συνθήκης δεν επιτρέπουν την εφαρμογή από τα κράτη μέλη μέτρων της μορφής αυτής συνίσταται ακριβώς στο γεγονός ότι υφίσταται η διαδικασία επιτήρησης των εθνικών πολιτικών, αντικείμενο της οποίας είναι να αποτρέπει τη μεταπήδηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο των οικονομικής φύσης προβλημάτων στον τομέα των ενισχύσεων, που οι πολιτικές αυτές σκοπούν να διορθώσουν. iii) Οι θεμελιώδεις αρχές της κοινής αγοράς Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι αν το Δικαστήριο κηρύχθηκε μέχρι σήμερα αρμόδιο να ελέγχει την τήρηση των όρων που εξαγγέλλει η Συνθήκη στο πλαίσιο προσφυγών στρεφόμενων κατά της απαγορεύσεως που επιβάλλει η Επιτροπή στην εφαρμογή των κοινοποιηθέντων σχεδίων ενισχύσεων, a fortiori πρέπει να ισχύει το ίδιο και στο πλαίσιο προσφυγής στρεφόμενης κατά της εγκρίσεως εφαρμογής συστήματος ενισχύσεων τόσο σημαντικού όσο το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπογραμμίζει ότι σε τομείς παρόμοιους με τον τομέα των ενισχύσεων, ιδίως στο πλαίσιο των μέτρων διασφάλισης, το Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του συμβιβαστού με την κοινή αγορά εγκρίσεων που χορηγήθηκαν υπό την έννοια αυτή από την Επιτροπή βάσει του άρθρου 115 της Συνθήκης. 'Ετσι, με την απόφαση του της 23ης Νοεμβρίου 1971 στην υπόθεση 62/70 (Werner Α. Bock κατά Επιτροπής, Sig. σ. 897) , το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι η Επιτροπή διαθέτει ορισμένη εξουσία εκτιμήσεως σχετικά με το «αναγκαίο» ενός μέτρου διασφάλισης, αλλ' ότι την εξουσία αυτή περιορίζει κατά πολύ η υποχρέωση τήρησης της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι η απαγόρευση των ενισχύσεων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της κοινής αγοράς, ανάλογο με την απαγόρευση των συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο εντός της Κοινότητας ή με την απαγόρευση της διατήρησης και της επαναθέσπισης των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το να γίνεται δεκτό ότι, σε τομέα σχετικά με τον ανταγωνισμό και το ενδοκοινοτικό εμπόριο το κοινοτικό δίκαιο καθίσταται έρμαιο των πολιτικών δυνάμεων, αντί να διασφαλίζει την εφαρμογή και ορθή ανάπτυξη του, αντίκειται στο άρθρο 164 της Συνθήκης, δυνάμει του οποίου «την τήρηση του δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή» του κοινοτικού δικαίου εξασφαλίζει όχι η Επιτροπή και το Συμβούλιο, αλλά σε τελευταίο βαθμό το Δικαστήριο. Επίσης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι η τήρηση των προϋποθέσεων ουσίας που, σύμφωνα με το άρθρο 92, παράγραφος 3, περιπτώσεις α) μέχρι γ), της Συνθήκης, επιτρέπουν στην Επιτροπή να κρίνει αν καθεστώς κρατικών ενισχύσεων συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, πρέπει να υπόκειται στον έλεγχο του Δικαστηρίου. Άλλωστε, με την απόφαση του της 17ης Σεπτεμβρίου 1980 στην υπόθεση 730/79 (Philip Morris κατά Επιτροπής, Sig. σ. 2671) , το Δικαστήριο, κρίνοντας ότι η Επιτροπή διαθέτει στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 92, παράγραφος 3, της Συνθήκης διακριτική εξουσία, η ενάσκηση της οποίας περιλαμβάνει εκτιμήσεις οικονομικής και κοινωνικής φύσης, αποφάνθηκε ότι η τήρηση των προϋποθέσεων από τις οποίες το άρθρο 92, παράγραφος 3, περιπτώσεις α) μέχρι Υ), εξαρτά το συμβιβαστό ενός καθεστώτος ενισχύσεων προς την κοινή αγορά, υπόκειται στον πλήρη έλεγχο του. Επιπλέον, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρατηρεί ότι, παρόλον ότι το Δικαστήριο ασκεί κατ' ανάγκη περιορισμένο έλεγχο σε τομείς όπου η Επιτροπή διαθέτει ευρεία διακριτική ευχέρεια σύμφωνα με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, διαπιστώνει την ύπαρξη των πραγματικών περιστατικών και συνάγει τα σχετικά νομικά συμπεράσματα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αναφέρει επ' ευκαιρία την απόφαση της 13ης Ιουλίου 1966 στις υποθέσεις 56 μέχρι 58/64 (Consten GmbH und Grundig-Verkaufs-GmbH κατά Επιτροπής, Sig. σ. 321) , την απόφαση της 15ης Μαρτίου 1975 στην υπόθεση 71/74 (Nederlandse Vereniging voor de Fruit- en Groentenimporthandel, Nederlandse Bond van Grossiers in Zuidvruchten en ander Geïmporteerd Fruit, «Frubo» κατά Επιτροπής, Sig. σ. 563) και την απόφαση της 25ης Οκτωβρίου 1977 στην υπόθεση 26/76 (Metro SB-Märkte GmbH & Co. KG κατά Επιτροπής, Sig. σ. 1875) . Η Επιτροπή η οποία δηλώνει ότι συμμερίζεται απόλυτα την άποψη της προσφεύγουσας, υπογραμμίζει ότι η εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει σε θέματα ενισχύσεων οφείλεται στο γεγονός ότι, όπως έκρινε και το Δικαστήριο με την απόφαση του της 17ης Σεπτεμβρίου 1980 στη υπόθεση 730/79 (Philip Morris κατά Επιτροπής που προαναφέρθηκε), είναι υποχρεωμένη να εκφέρει πολύπλοκες κρίσεις βάσει στοιχείων που άπτονται ταυτόχρονα πλευρών της πολιτικής, βιομηχανικής και εμπορικής οικονομίας, καθώς επίσης και τεχνικών θεμάτων και θεμάτων που συνδέονται με την κοινωνική πολιτική. Κατά την άποψη της καθής, δεν πρέπει να γίνεται διάκριση στο σημείο αυτό μεταξύ των απαγορεύσεων και των δυνατοτήτων εφαρμογής των σχεδίων ενισχύσεως. Κατά την Επιτροπή, οι αποφάσεις της πρέπει να ακυρώνονται μόνο αν έκανε χρήση της διακριτικής ευχέρειας της κατά τρόπο καταχρηστικό ή πεπλανημένο. Β — Όσον αφορά την εκτίμηση του συμβιβαστού του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης με την κοινή αγορά Η ομοσπονδιακή κυοερνηση θεωρεί ότι, προκειμένου να εξετάσει αν το σχέδιο ενισχύσεων συνιστά μέτρο «για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων» και να κρίνει αν το επίδικο σχέδιο εξυπηρετεί «το κοινό συμφέρον» κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 3, περίπτωση γ), της Συνθήκης, η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά, αφενός, για την τήρηση των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν οι ενισχύσεις, ώστε να θεωρούνται ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά, αφετέρου δε, το επίδικο σχέδιο ενισχύσεων να μην αλλοιώνει τους όρους του εμπορίου κατά τρόπο αντίθετο προς το κοινό συμφέρον. 1. Όσον αφορά την τήρηση των προϋποθέσεων που επιτρέπουν ένα σύστημα ενισχύσεων, όπως το προβλεπόμενο από το άρθρο 92, παράγραφος 3, περίπτωση γ), της Συνβήκης να θεωρηθεί ότι συμβιβάζεται με την κοινή αγορά α) Τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, από ορισμένα έγγραφα της Επιτροπής [πρώτη έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού του 1971 — Τα κατά τομείς συστήματα ενισχύσεων Όγδοη Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού του 1978, αριθ. 173 * σχέδιο του πέμπτου προγράμματος μεσοπρόθεσμης πολιτικής, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Europäische Wirtschaft, Ιούλιος 1981, αριθ. 9, σελίδες 19 και επόμενες, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα 27 της προσφυγής] προκύπτει ότι ορισμένες ενισχύσεις υπέρ ενός τομέα δραστηριοτήτων δεν πρέπει να χορηγούνται παρά σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό πάρα πολύ αυστηρούς όρους, εν πάση δε περιπτώσει πρέπει να καταργούνται, εφόσον καθυστερούν την προσαρμογή τομέων που υστερούν. Τα κριτήρια που αφορούν το συμβιβαστό της εν λόγω μορφής ενισχύσεων με την κοινή αγορά και τα οποία καθορίζει η Επιτροπή στο κοινοτικό πλαίσιο και που κατά μεγάλο μέρος αντιστοιχούν στις «οδηγίες» και στους γενικούς «προσανατολισμούς» που θεσπίζουν οι υπουργοί στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ (ανακοινωθέν των υπουργών του ΟΟΣΑ της 15ης Ιουλίου 1978 — C(78) 96 (τελικό) — Παράρτημα II) είναι τα ακόλουθα: — το σχεδιαζόμενο μέτρο ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιδιώκει την εξασφάλιση της επιβίωσης των επιχειρήσεων και να έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της δομικής αλλαγής τους· — το επίδικο μέτρο πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά «κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο», σύμφωνα δηλαδή με μια εξισορρόπηση μεταξύ του σκοπού και της τήρησης των βασικών στοιχείων της κοινής αγοράς· — η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται σε μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικές επιχειρήσεις — πρέπει να ελαττώνεται σταδιακά και να συνοδεύεται από προθεσμία· — επειδή έχει ως σκοπό να ενθαρρύνει την ατομική προσπάθεια, η ενίσχυση πρέπει να περιορίζεται έτσι, ώστε τον οικονομικό κίνδυνο που συνεπάγεται να μην τον φέρει κυρίως το κράτος αλλά και οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν την ενίσχυση. Η Επιτροπή βεβαιώνει ότι τα κριτήρια που υπενθυμίζει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη βρίσκουν σύμφωνη, δηλώνει όμως ότι κατά την άποψη της πρέπει να εξετάζονται με την ακόλουθη σειρά: — Η σχεδιαζόμενη ενίσχυση πρέπει να χορηγείται σε βιώσιμες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις για τις οποίες μπορεί να προεξοφληθεί ότι θα καταστούν εντός προθεσμίας ανταγωνιστικές. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η τήρηση του μοναδικού αυτού κριτηρίου αποκλείει τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για επιβίωση· — πρέπει να εξασφαλίζεται ο παροδικός και φθίνων χαρακτήρας των ενισχύσεων — το ύψος των ενισχύσεων πρέπει να περιορίζεται στο απόλυτα αναγκαίο· — η χορήγηση των ενισχύσεων πρέπει να συνοδεύεται από οικονομική προσπάθεια των ευεργετούμενων επιχειρήσεων — η χορήγηση των ενισχύσεων πρέπει να είναι διαφανής στο βαθμό που η αξίωση αυτή επιτρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ορθής εκτίμησης των συνεπειών τους. Κατά την Επιτροπή, στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, η οποία σε όλο τον κόσμο χαρακτηρίζεται από σημαντική υπερπαραγωγική ικανότητα, πρέπει να προστεθεί και ένα έκτο κριτήριο για να εξακριβώνεται αν οι ενισχύσεις οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικής αυτής ικανότητας. 6) Η τήρηση των κατ' αυτό τον τρόπο καθοριζόμενων κριτηρίων 1. Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, εσφαλμένα η Επιτροπή έκρινε ότι το εν λόγω σχέδιο ενισχύσεων συγκεντρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις. — Η σχεδιαζόμενη ενίσχυση συνεπάγεται τη διατήρηση του status quo Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αποσκοπεί περισσότερο στη διατήρηση της παρούσας δομής της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων παρά στην εντός προθεσμίας εξασφάλιση της ανταγωνιστικής παραγωγικής ικανότητας τους. Προκύπτει αφενός από τη δήλωση της βελγικής αντιπροσωπείας κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 1981 ότι, αν και το σχέδιο ενισχύσεων στηρίζεται στην κατάργηση 24000 περίπου θέσεων, έχει ως κύριο σκοπό τη διατήρηση 100000 άλλων θέσεων που απειλούνται από την κρίση. Εξάλλου, το κύριο ελάττωμα του εν λόγω σχεδίου ενισχύσεων προέρχεται από το γεγονός ότι δεν προβλέπει κανένα μέτρο κατάργησης της πλεονασματικής παραγωγικής ικανότητας ή δημιουργίας θέσεων σε άλλους τομείς της οικονομίας και μάλιστα όχι στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων. Τέλος, η προσφεύγουσα υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η εταιρεία McKinsey των Βρυξελλών με εντολή της βελγικής κυβέρνησης και που αποτέλεσε τη βάση για την κατάρτιση του πενταετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης (παράρτημα 28 της προσφυγής), η σταθεροποίηση του αριθμού των απασχολουμένων στη βελγική κλωστοϋφαντουργία και στη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων στις 100000 δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά αν το ποσοστό της βελγικής βιομηχανίας στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ετοίμων ενδυμάτων στο σύνολο της Κοινότητας αυξηθεί από το 5 στο 6 ο/ο. — Η «αναγκαιότητα» του προγράμματος αναδιάρθρωσης Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η δεύτερη αυτή προϋπόθεση δεν πληρούται στη συγκεκριμένη περίπτωση για τους ακόλουθους λόγους: — οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η βελγική κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων δεν είναι αισθητά μεγαλύτερες από εκείνες που συναντούν οι αντίστοιχες βιομηχανίες των λοιπών κρατών μελών και ειδικότερα της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Προς υποστήριξη του επιχειρήματος αυτού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβαίνει στις ακόλουθες συγκρίσεις με αριθμητικά στοιχεία: — όσον αφορά την απασχόληση κατά το χρονικό διάστημα από το 1973 μέχρι το 1980 αφενός, και από το 1979 μέχρι το 1981 αφετέρου, η βελγική κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων απώλεσαν αντίστοιχα 40 και 7% των θέσεων, ενώ οι αντίστοιχοι αριθμοί που αφορούν τη γερμανική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων ανέρχονται σε 31 και 11% — όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο των προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ετοίμων ενδυμάτων, το Βέλγιο παρουσίασε πλεόνασμα, το οποίο εκτιμάται κατά μέσο όρο: — για το χρονικό διάστημα από το 1978 μέχρι το 1980 σε 907 εκατ. γερμανικά μάρκα, δηλαδή διαφορά 396 εκατ. μάρκων σε σχέση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας' — κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων τριμήνων του 1981 σε 431 εκατ. γερμανικά μάρκα, δηλαδή διαφορά 230 εκατ. μάρκων σε σχέση με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (μηνιαίο δελτίο εξωτερικού εμπορίου, Eurostat, παράρτημα 29 της προσφυγής) — όσον αφορά τις επενδύσεις, αυτές αποτιμήθηκαν ανά εργαζόμενο σε 2300 γερμ. μάρκα στο Βέλγιο και σε 2600 γερμ. μάρκα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1975 και 1979 (ΓΣΔΕ [GATT], έγγραφο COM.TEX(21), της 23ης Απριλίου 1981, σ. 45 — παράρτημα 30 της προσφυγής). — Η ύπαρξη «εξαιρετικά ανταγωνιστικών» τομέων, όπως αναγνώρισε η Επιτροπή με τη δήλωση της περί μη εναντιώσεως της της 18ης Νοεμβρίου 1981. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για ορισμένους τομείς που αφορούν τους τάπητες, τα βελούδα, τις πλούσσες, τα φλοκωτά και τα υφάσματα από νήματα σενίλλης και απορροφητικά βαμβακερά κατσαρωτά υφάσματα. Η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι η Επιτροπή δεν εξήρεσε τους εν λόγω τομείς από τα επίδικα μέτρα ενισχύσεων, ενώ προφανώς αυτά δεν ήταν αναγκαία. Η ίδια η καθής διαπίστωσε ότι το Βέλγιο παρουσίαζε πλεονάσματα στις εμπορικές της ανταλλαγές με τα λοιπά κράτη μέλη στους τομείς αυτούς. — Οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το βελγικό πρόγραμμα Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν την προώθηση μόνο των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι το εν λόγω πρόγραμμα, παρόλον ότι διαπνέεται από την αρχή «back the winners», αφού προβλέπει ότι μόνο οι βιώσιμες επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις, δεν περιλαμβάνει καμία κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής και κανένα κριτήριο εκτίμησης της ενδεχόμενης ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων Εξάλλου, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση παρατηρεί ότι με τη δήλωση περί μη εναντιώσεως της η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να απαγορεύσει την εφαρμογή του προγράμματος ενισχύσεων για επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο από 50 άτομα. Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, λοιπόν, η ακριβής αυτί] ρήτρα έγκρισης είναι ανενεργός για τους ακόλουθους τρεις λόγους: — από τα έγγραφα του Institut national de statistique (μηνιαία έκδοση, βιομηχανικές στατιστικές 4/81 και 9/81, παράρτημα 31 της προσφυγής) προκύπτει ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων που απασχολούν περισσότερα από 50 άτομα στην κλωστοϋφαντουργία και στη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων γενικά και στους εν λόγω τομείς μεγάλης ανταγωνιστικότητας ειδικότερα είναι περιορισμένη. — τα υπαγόμενα στους «εξαιρετικά ανταγωνιστικούς» τομείς προϊόντα κατασκευάζονται κυρίως από επιχειρήσεις, η παραγωγή των οποίων είναι διαφοροποιημένη, κατά τρόπο που οι επιχειρήσεις αυτές διαφεύγουν τους ελέγχους της Επιτροπής που διενεργούνται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις για τις οποίες τα εν λόγω προϊόντα εκπροσωπούν σημαντικό τμήμα του προγράμματος παραγωγής τους. — την εφαρμογή του βελγικού προγράμματος εξασφαλίζουν δύο οργανισμοί που ιδρύθηκαν για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα το «Institut du textile et de la confection de Belgique» [Ινστιτούτο κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων Βελγίου,] καθώς και η «Société nationale pour la restructuration de l'industrie de la confection et du textile» [εθνική εταιρεία αναδιάρθρωσης της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων]. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι η λήψη συγκεκριμένης ειδικής ρήτρας έγκρισης στο πρόγραμμα ενισχύσεων δεν φαίνεται ότι παρέχει την εγγύηση ότι η πρακτική των δύο αυτών οργανισμών συνάδει προς την αρχή της κατά προτεραιότητα προώθησης των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Ο a posteriori έλεγχος που η Επιτροπή δηλώνει ότι προτίθεται να διενεργήσει σχετικά είναι κατά την άποψη της προσφεύγουσας ανεπαρκής. — Η προοδευτική διαχρονική μείωση της ενίσχυσης Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, η προοδευτική μείωση είναι σημαντική για την κατά προτεραιότητα προώθηση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Επ' αυτού, η προσφεύγουσα υπογραμμίζει ότι η προοδευτική μείωση της οικονομικής ενίσχυσης, με την οποία επιδιώκεται η εξασφάλιση της ανεμπόδιστης μετατροπής της παραγωγής των επιχειρήσεων με σκοπό την αποκατάσταση της ανταγωνιστικής παραγωγικής ικανότητας τους, ευνοεί τις ισχυρότερες επιχειρήσεις λόγω του ανταγωνισμού στον οποίο οφείλουν να αποδυθούν κατά τη διάρκεια της εν λόγω μετατροπής. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θεωρεί ότι, όταν πρόκειται για ενισχύσεις υπέρ ενός συγκεκριμένου τομέα δραστηριοτήτων, η απαιτούμενη προοδευτική μείωση αφορά τόσο το πρόγραμμα στο σύνολο του, όσο και τη μεμονωμένη χορήγηση ενισχύσεων που καταμερίζονται για ένα χρονικό διάστημα αφενός, και τα χρησιμοποιούμενα μέσα αφετέρου. Η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, όπως υποβλήθηκε στην Επιτροπή, δεν περιλαμβάνει καμία κατευθυντήρια γραμμή επί του θέματος αυτού. Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η Επιτροπή δεν φρόντισε για την τήρηση της προϋπόθεσης που προβλέπει την προοδευτική μείωση, δεδομένου ότι περιορίστηκε να επιτρέψει την εφαρμογή του προγράμματος για ένα έτος, χωρίς να εξαρτήσει ενδεχόμενη παράταση του από την τελική κατάργηση των προβλεπόμενων μέτρων. — Ο περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης * Αντικείμενο της εν λόγω επιταγής Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ο περιορισμός της ενίσχυσης σε συνάρτηση με μια συγκεκριμένη συμμετοχή των ίδιων των ωφελούμενων επιχειρήσεων, αποσκοπεί στη διατήρηση του χαρακτήρα των κρατικών επιχειρήσεων ως ενίσχυσης της ατομικής προσπάθειας. Αντιθέτως, η υπερβολικά σημαντική κρατική συμμετοχή θα οδηγούσε σε μέτρο επιβίωσης και θα περιέκλειε τον ενδεχόμενο κίνδυνο συμπληρωματικών πληρωμών και της παρεμβολής πολιτικών κινήτρων. Στο πλαίσιο του ελέγχου των ενισχύσεων, η Επιτροπή επαγρυπνούσε μέχρι σήμερα προκειμένου οι κρατικές ενισχύσεις να μην υπερβαίνουν ορισμένο ύψος. 'Ετσι επί παραδείγματι, όσον αφορά τις ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, η Επιτροπή θεώρησε ότι είναι επιτρεπτές ενισχύσεις μέχρι 15 ο/ο κατ' ανώτατο όριο. Μόνο λόγω της επείγουσας φύσεως της μετατροπής των επιχειρήσεων σε λιγότερο βλαβερές για το περιβάλλον μορφές παραγωγής, η Επιτροπή απεδέχθη κατ'εξαίρεση ενισχύσεις μεγαλύτερου ύψους, και συγκεκριμένα ύψους 45 ο/ο για επενδύσεις που έγιναν το 1975-1976 και ύψους 30 ο/ο για τις επενδύσεις που έγιναν το 1977-1978. Όσον αφορά τις περιφερειακές ενισχύσεις, το ύψος των εγκεκριμένων ενισχύσεων δεν υπερέβη το 20 ο/ο. Κατά την προσφεύγουσα, το ύψος των ενισχύσεων υπέρ ενός συγκεκριμένου τομέα δραστηριοτήτων που ενέκρινε μέχρι σήμερα η Επιτροπή ουδέποτε είχε φθάσει τις διαστάσεις του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης. Η προσφεύγουσα αναφέρει ως παράδειγμα ολλανδικό σχέδιο ενισχύσεων υπέρ ενός κατασκευαστοό σιγαρέτων: στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή θεώρησε ανεπίτρεπτη τη χορήγηση ενίσχυσης ύψους 4 ο/ο (παράρτημα 32 της προσφυγής). * Οι προβλεπόμενες από το βελγικό πρόγραμμα ενισχύσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές Τα χρηματικά μέσα που τέθηκαν στη διάθεση της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων στο Βέλγιο κατά το πρώτο έτος ισχύος του σχεδίου Claes ανέρχονται σε 6800 εκατ. βελγικά φράγκα, ή 400 εκατ. γερμανικά μάρκα' το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε χρηματοδοτική συμμετοχή του κράτους ύψους 40 μέχρι 45 ο/ο των προγραμματισμένων επενδύσεων, καθώς και σε δάνεια που μπορεί να χορηγήσει το δημόσιο μέχρι το 30 ο/ο των επενδύσεων αυτών με επιδότηση επιτοκίου 7 ο/ο για 5 έτη κατ' ανώτατο όριο. Η καθαρή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων καθορίζεται σε 30 ο/ο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε 25 ο/ο. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση τονίζει ότι, μολονότι μερικές φορές η συμμετοχή των κρατικών χρηματικών μέσων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στο 70 ο/ο, χαρακτηρίζεται ως ενίσχυση, δεν αντιστοιχεί πάντως σ' αυτό που συνηθίζεται να καλείται ισοδύναμο επιδότησης, στο ποσοστό δηλαδή της χρηματικής ενίσχυσης που, ισοδυναμώντας με επιδότηση λόγω επενδύσεων, καταβάλλεται χωρίς να αναζητείται. Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, για την αποτίμηση του ισοδυνάμου επιδότησης πρέπει να αναζητηθεί κατά πόσο τα μέσα, που η βελγική κυβέρνηση θέτει στη διάθεση των επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύουν πράγματι ενισχύσεις που προορίζονται για την αναδιάρθρωση του τομέα και δεν συνιστούν απλές ενισχύσεις επιβίωσης. Eh' αυτού, η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι, σύμφωνα με τις μεθόδους υπολογισμού που κατήρτισε η καθής, τα κρατικά μέσα που τέθηκαν στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του πενταετούς προγράμματος ανέρχονται, για μια πενταετία, σε 308 εκατ. γερμανικά μάρκα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 54 ο/ο των προγραμματισμένων δαπανών για επενδύσεις. Η προσφεύγουσα υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια των ετών 1975 μέχρι 1979 το σύνολο των επενδύσεων στη βελγική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων ανήλθε κατά μέσο όρο σε 3,9 δισεκατ. βελγικά φράγκα, δηλαδή σε 253 εκατ. γερμανικά μάρκα. Κατά την προοφενγουοα, η εκ μέρους της Επιτροπής εφαρμογή της καλούμενης standard μεθόδου υπολογισμού, σύμφωνα με την οποία ισούται με μηδέν συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο των επιχειρήσεων υπό μορφή ισοδύναμου επιδότησης, δεν είναι η ενδεδειγμένη για τα προβλήματα της κλωστοφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι — όπως ανέφερε ο Claes, βέλγος υπουργός οικονομικών, με έγγραφο της 28ης Ιουλίου 1980 προς την Επιτροπή — τα χρηματικά διαθέσιμα της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων είναι ανεπαρκή λόγω ελλείψεως πιστώσεων των οικείων επιχειρήσεων. Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, ο υπολογισμός του ισοδύναμου επιδότησης πρέπει να οδηγεί σε συμμετοχή του δημοσίου όσον αφορά τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς κέρδος και δεν διαθέτουν επαρκείς πιστώσεις — που να αντιστοιχεί στο ισοδύναμο επιδότησης ενός δανείου με μείωση επιτοκίων δεκαετούς διαρκείας. * Ιδία συμμετοχή των ωφελούμενων επιχειρήσεων Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι, παρά τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι βελγικές επιχειρήσεις προς ανεύρεση πιστώσεων, η καθαρή συμμετοχή τους στη χρηματοδότηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, που ορίστηκε σε 30 %, είναι πολύ πενιχρή. Κατά την άποψη της προσφεύγουσας, μόνο η υψηλή συμμετοχή των ωφελούμενων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση των επενδύσεων επιτρέπει στις κρατικές επιχορηγήσεις να παραμείνουν ενισχύσεις της ατομικής προσπάθειας των επιχειρήσεων. 2. Αντιστρόφως, η Επιτροπή θεωρεί ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι η βελγική κυβέρνηση απεδέχθη όλες τις προϋποθέσεις και αξιώσεις που καθόρισε με την απόφαση της της 18ης Νοεμβρίου του 1981, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της κλωστοϋφαντουργίας ανταποκρίνεται σημείο προς σημείο στις ελάχιστες προϋποθέσεις που απαριθμεί η προσφεύγουσα. Προτού προχωρήσει στην εξέταση των διαφόρων αυτών σημείων, η Επιτροπή απαντά στις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας σχετικά με μία από τις εν λόγω προϋποθέσεις και συγκεκριμένα «την αναγκαιότητα» του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης. — Προκαταρκτική απάντηση στις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας σχετικά με «την αναγκαιότητα» του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης Η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν συμμερίζεται την άποψη της προσφεύγουσας, κατά την οποία η κρίση της κλωστοϋφαντουργίας πλήττει με τον ίδιο τρόπο όλα τα κράτη μέλη. Προς υποστήριξη της άποψης της, η Επιτροπή υπογραμμίζει καταρχάς τα ακόλουθα δεδομένα: — όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία που προσκόμισε η ίδια η προσφεύγουσα, οι απώλειες θέσεων στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1973 και 1980 υπήρξαν σαφώς μεγαλύτερες στο Βέλγιο (40 0/0) από εκείνες που σημειώθηκαν στο σύνολο της Κοινότητας (27 ο/ο) και στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (31 %), — όπως προκύπτει από την έκθεση McKinsey (παράρτημα 28 της προσφυγής), η συμμετοχή της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων στην υπεραξία της βιομηχανίας είναι σημαντικότερη στο Βέλγιο σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη, με εξαίρεση την Ιταλία, — στην έκθεση του Institut für Weltwirtschaft (Ινστιτούτο διεθνούς οικονομίας του Κίελου), που προσκόμισε η προσφεύγουσα (σ. 17, σημείο 20 της έκθεσης), αναφέρεται ότι η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων καταλαμβάνουν στο Βέλγιο, σε σχέση με το σύνολο του βιομηχανικού τομέα «ein wesentlich größeres Gewicht im Industriesektor hat, als es in den meisten anderen Ländern der Fall ist» σαφώς σημαντικότερη θέση σε σχέση με τα περισσότερα άλλα κράτη μέλη. Δεύτερον, η Επιτροπή δηλώνει ότι ακόμη κι αν είχε αποδειχθεί ότι οι δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα η βελγική και γερμανική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων είναι παρόμοιας έντασης, και πάλι η έγκριση εφαρμογής του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στο κοινό συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 3, περίπτωση γ), της Συνθήκης. Η Επιτροπή, παραπέμποντας στη σκέψη 24 της προαναφερθείσας απόφασης της 17ης Σεπτεμβρίου 1980 στην υπόθεση 730/79 (Philip Morris), υπογραμμίζει ότι η εξουσία εκτιμήσεως της ασκείται «σε κοινοτικό πλαίσιο». Υπ'αυτή τη λογική, η Επιτροπή δηλώνει ότι ελέγχει όχι μόνο αν το προβλεπόμενο σχέδιο ενισχύσεων υπάρχει κίνδυνος να αλλοιώνει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών, αλλά και αν συμβιβάζεται με τους στόχους και τα μέτρα βιομηχανικής πολιτικής που καταρτίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. Επ'αυτού η Επιτροπή τονίζει ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές που έθεσε με την κοινοποίηση της προς το Συμβούλιο «για την κατάσταση και τις προοπτικές της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ενδυμάτων στην Κοινότητα» (COM(81) — τελικό της 27. 7. 1981 — παράρτημα 2 της προσφυγής). Τρίτον η Επιτροπή απορρίπτει τα πορίσματα της προαναφερθείσας έκθεσης, στα οποία παραπέμπει η προσφεύγουσα και από τα οποία προκύπτει ότι η βελγική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων μπορεί «να ισχυρίζεται ότι κατέχει καλή θέση στο διεθνή ανταγωνισμό». Επ' αυτού η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες τρεις παρατηρήσεις: — Οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα αυτό στηριζόμενοι αποκλειστικά στην έννοια του Revealed Comparative Advantage (RCA). Κατά την άποψη όμως της Επιτροπής, ο δείκτης RCA, ο οποίος εκφράζει απλώς τη σχέση των καθαρών εξαγωγών στο σύνολο της οικονομίας, δεν επιτρέπει το σχηματισμό μιας ακριβούς εικόνας της κατάστασης ενός βιομηχανικού τομέα, λόγω του ότι ο τελευταίος ενδέχεται να εμφανίζεται ως ιδιαίτερα ανταγωνιστικός από το γεγονός και μόνο ότι κατόρθωσε να εγκατασταθεί στο εξωτερικό με σταθερότερο τρόπο απ' ό,τι το σύνολο των ανταγωνιστών στην ίδια του τη χώρα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι σύγκριση με βάση το δείκτη RCA επιτρέπεται μόνο όταν οι οικονομικές δομές των διαφόρων χωρών και η σημασία του βιομηχανικού τομέα, ο οποίος λαμβάνεται υπόψη, ομοιάζουν πολύ, πράγμα που δεν συμβαίνει στην παρούσα περίπτωση. — Είναι ανακριβές να δηλώνεται ότι η βελγική κλωστοϋφαντουργία διαθέτει στη Γερμανία πραγματικό πλεονέκτημα από τον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι οι εξαγωγές του Βελγίου προς την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αφορούν κατ' ουσία προϊόντα λεγόμενα ανταγωνιστικά, όπως οι τάπητες, που μπορούν να λάβουν ενισχύσεις μόνο εντός των ορίων που καθορίζει αυστηρά η Επιτροπή. — Εξάλλου, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι και μόνο από τη σύγκριση των εξαγωγών και των εισαγωγών προϊόντων του οικείου βιομηχανικού τομέα για το σύνολο της Κοινότητας συνάγεται ότι δεν συντρέχει κανένα πλεονέκτημα εκ του ανταγωνισμού για τη βελγική βιομηχανία σε κοινοτικό επίπεδο. — Οι επιχειρήσεις τις οποίες αφορά το πρόγραμμα Κατά την άποψη της Επιτροπής, οι χορηγούμενες σύμφωνα με το βελγικό σχέδιο ενισχύσεις αποτελούν πραγματικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και όχι ενισχύσεις για τη λειτουργία επιχειρήσεων που δεν είναι χρονικά βιώσιμες. Αν και η μετά την αναδιάρθρωση διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και η δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων φαίνεται ότι συνιστά έναν από τους στόχους του σχεδίου, πάντως το γεγονός αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ότι οι επιχειρήσεις, η βιωσιμότητα των οποίων δεν διασφαλίζεται, μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω ενισχύσεις χορηγούνται κατ' επιλογή και μετά από αίτηση. Η βελγική κυβέρνηση προσδιόρισε σχετικά, με αίτηση της Επιτροπής, ορισμένα κριτήρια ελέγχου της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που μπορούν να λάβουν ενίσχυση. Τα κριτήρια αυτά υποχρεώνουν την επιχείρηση, η οποία υποβάλλει αίτηση, να χρησιμοποιεί τεχνικές μεθόδους προβλέψεων και οικονομικούς δείκτες που, με βάση σύγχρονες τεχνικές μεθόδους διαχείρισης, συμβάλλουν στη μείωση των συνδεδεμένων με τις ληφθείσες αποφάσεις κινδύνων. Επιπλέον, η χορήγηση των ενισχύσεων εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος αναδιάρθρωσης από και για λογαριασμό της επιχείρησης που ζητεί την ενίσχυση. Εφόσον οι αναφερόμενοι από την προσφεύγουσα οργανισμοί ελέγχουν τα προγράμματα, κανένα στοιχείο δεν επιτρέπει να υποτεθεί ότι οι οργανισμοί αυτοί δεν έχουν την ικανότητα ή την πρόθεση να περιορίσουν τη χορήγηση ενισχύσεων στα μόνα προγράμματα αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή παρατηρεί ότι αποδέχθηκε ένα ολικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του εν λόγω τομέα, χωρίς να διατηρήσει το δικαίωμα ελέγχου καθεμιάς χωριστά από τις προβλεπόμενες υπέρ των διαφόρων επιχειρήσεων που εξετάστηκαν ενισχύσεις, επειδή από διοικητική άποψη δεν είναι δυνατή η εξέταση όλων των συγκεκριμένων περιπτώσεων. Για τον ίδιο λόγο δεν ζητήθηκε η προηγούμενη γνωστοποίηση αίτησης για ενίσχυση παρά μόνο για τους διάφορους τομείς που είναι γνωστοί ως εξαιρετικά ανταγωνιστικοί και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή διατυπώνει σχετικά δύο παρατηρήσεις: — αφενός, αν και αληθεύει ότι η πλειονότητα των βελγικών επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας απασχολεί λιγότερο από 50 άτομα, κατά το μεγαλύτερο μέρος τα πρόσωπα που ασχολούνται στον εν λόγω τομέα εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις· — αφετέρου, το γεγονός ότι μια μεγάλη επιχείρηση παράγει ποικιλία προϊόντων δεν την απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από την υποχρέωση της προηγούμενης γνωστοποίησης. Εξάλλου, η Επιτροπή τονίζει ότι, προκειμένου το βελγικό σχέδιο να διατηρήσει το χαρακτήρα του, ως ενίσχυσης για την αναδιάρθρωση, έθεσε και πρόσθετο όρο συνιστάμενο στο να μην μπορεί η επιχείρηση που λαμβάνει ειδικές κατά τομείς ενισχύσεις να λαμβάνει καμία άλλη κρατική ενίσχυση εναλλακτικά ή σωρευτικά. Κατά την Επιτροπή, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση οιασδήποτε άλλης ενίσχυσης προσλαμβάνει μεγάλη σημασία όσον αφορά την κατάσταση του ενδοκοινοτικού ανταγωνισμού. — Χρονικός περιορισμός και προοδευτική μείωση Η Επιτροπή θεωρεί ότι έλαβε υπόψη της την ανάγκη χρονικού περιορισμού της ενίσχυσης, επιτρέποντας μόνο για ένα έτος την ισχύ προγράμματος που αρχικά προβλεπόταν για πέντε έτη. Η Επιτροπή προσθέτει ότι στην τελική απόφαση της σε καμία περίπτωση δεν αποφάνθηκε υπέρ μιας ενδεχόμενης παράτασης του προγράμματος πέραν του 1982, αλλ' ότι αντιθέτως διατήρησε τη δυνατότητα να αποφανθεί μεταγενέστερα επί ενδεχόμενης αιτήσεως για παράταση. Η Επιτροπή θεωρεί ότι, στο πλαίσιο ενός τόσο αυστηρά περιορισμένου χρονικά προγράμματος, το ζήτημα της προοδευτικής μείωσης των ενισχύσεων δεν έχει πλέον μεγάλη σημασία. Ηκαθής παρατηρεί σχετικά ότι η επιλεγείσα μορφή ενίσχυσης, που συνίσταται στη μείωση του επιτοκίου κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ των δανείων που συνήφθησαν με την τιμή της αγοράς, συνεπάγεται κατ' ανάγκη κάποια προοδευτική μείωση στο μέτρο που οι μειώσεις επιτοκίων δεν χορηγούνται ποτέ παρά για το υπολειπόμενο ποσό του δανείου. Εσφαλμένα η προσφεύγουσα βεβαιώνει ότι η Επιτροπή ουδέποτε ενέκρινε προγράμματα ενισχύσεων κατά τομείς σημασίας ανάλογης προς εκείνη του πενταετούς προγράμματος αναδιάρθρωσης της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων. Η Επιτροπή αναφέρει ως παράδειγμα τις ενισχύσεις που χορήγησε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας υπέρ του προγράμματος αναδιάρθρωσης μιας βιομηχανίας σιδήρου της Saarland. — Περιορισμός του ύψους της ενίσχυσης στο ελάχιστο όριο Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, κατά την εκτίμηση του ύψους των ενισχύσεων, η προσφεύγουσα εκκινεί από την αντίληψη ότι ο υπολογισμός του ισοδυνάμου επιδότησης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που θεσπίστηκαν στον τομέα της σιδηρουργίας. Η ειδική όμως αυτή μέθοδος υπολογισμού, που έγινε με τη συμμετοχή ειδικών από τα κράτη μέλη και υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι θα εφαρμοστεί μόνο στον τομέα^ για τον οποίο επινοήθηκε, δεν μπορεί να μεταφυτευτεί στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, δεδομένου ότι, επειδή αφορά επιχειρήσεις κατ' ουσία βιώσιμες, οδηγεί σε σημαντική υπερεκτίμηση του ύψους των ενισχύσεων. Η Επιτροπή δηλώνει ότι για τον υπολογισμό του ύψους των ενισχύσεων της κλωστοϋφαντουργίας εφαρμόζει τη μέθοδο standard, δηλαδή το καθαρό ισοδύναμο επιδότησης, μέθοδο την οποία χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό το ύψους των περιφερειακών και κατά τομείς ενισχύσεων. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει τη μετατροπή όλων των ενισχύσεων στην πραγματική τους αξία, δηλαδή μετά την αφαίρεση του φόρου. Το μεγαλύτερο μέρος των ενισχύσεων που χορηγούνται κατ' αυτό τον τρόπο συνίσταται στη μείωση των επιτοκίων των δανείων. Η Επιτροπή δηλώνει ότι με συμμετοχή στις πιστώσεις ύψους 30 ο/ο κατ' ανώτατο όριο των δαπανών επένδυσης και μείωση των επιτοκίων κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες για πέντε το πολύ έτη, επιτυγχάνεται καθαρό ισοδύναμο επιδότησης ύψους 4,2 ο/ο για το σύνολο της επένδυσης. Υπ' αυτή τη λογική, η Επιτροπή επιθυμεί να προβεί σε ορισμένες παρατηρήσεις αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης που προβλέπει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης. Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη της προσφεύγουσας, σύμφωνα με την οποία οι οικονομικές περιστάσεις καθορίζουν αν η συμμετοχή αυτή συνιστά ενισχύσεις ή αν δεν συνιστά παρά στοιχείο ενίσχυσης. Κατά την εκτίμηση της, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της την όλη κατάσταση της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η συμμετοχή αυτή αφορά προβληματική επιχείρηση ή επιχείρηση που έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση, θεωρεί ότι η συμμετοχή του δημοσίου ενέχει πράγματι το χαρακτήρα ενίσχυσης. Αντίθετα, η συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιο βιώσιμης επιχείρησης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενίσχυση. — Ιδία συμμετοχή των ωφελούμενων επιχειρήσεων Η Επιτροπή φρονεί ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης έχουν πράγματι το χαρακτήρα ενισχύσεων και προορίζονται να στηρίξουν τις προσπάθειες που αναλαμβάνουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Κατά^ την άποψη της Επιτροπής, το γεγονός ότι επέλεξε συντελεστή ύψους 30 ο/ο, ενώ οι πρώτες βελγικές προτάσεις προέβλεπαν γενικά συντελεστή ιδίας συμμετοχής ύψους 25 0/0 κατ' ανώτατο όριο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως σφάλμα που διέπράξε η καθής στο πλαίσιο της εξουσίας εκτιμήσεως της. Άλλωστε, ο συντελεστής αυτός είναι σαφώς ανώτερος του συντελεστή που ισχύει συνήθως στην κλωστοϋφαντουργία και στη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων της Κοινότητας' αντίθετα, αντιστοιχεί σε τρέχουσα πρακτική στον τομέα της χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων. Επίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα αντιδράσεις που σημειώθηκαν εκ μέρους πολλών εκπροσώπων της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, ελάχιστες μόνο επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να δεχτούν συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο τους. Πάντως, η κατάργηση ή μείωση της συμμετοχής του δημοσίου οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής των ιδίων των επιχειρήσεων. Συνεπώς, ο κίνδυνος από ενδεχόμενες συμπληρωματικές πληρωμές τον οποίο τονίζει η προσφεύγουσα μειώνεται. — Διαφάνεια Η Επιτροπή δηλώνει ότι, προκειμένου να διασφαλίσει τη διαφάνεια του καθεστώτος ενισχύσεων που προβλέπεται υπέρ της βελγικής βιομηχανίας, επέτρεψε την εφαρμογή του προγράμματος αναδιάρθρωσης υπό τον όρο, αφενός, ότι καμία άλλη κρατική βοήθεια οποιασδήποτε μορφής δεν θα χορηγείται στον εν λόγω τομέα, και αφετέρου, ότι η βελγική κυβέρνηση θα συντάσσει κανονικά πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ενισχύσεων. 'Ετσι, η Επιτροπή απήτησε να της κοινοποιούνται, αφενός, κάθε μήνα στατιστικά στοιχεία του βελγικού εμπορίου των προϊόντων του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, σύμφωνα με την ονοματολογία του γραφείου στατιστικής της Κοινότητας (ΝΙΜΕΧΕ), και αφετέρου, κάθε τρίμηνο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τις συνέπειες του σχεδίου, που υποδιαιρείται σε 9 τμήματα, ένα για κάθε κύριο κλάδο, καθώς και έκθεση υπό μορφή πίνακα με όλες τις αιτήσεις για τις οποίες εκδόθηκε απόφαση. Μέχρι σήμερα η βελγική κυβέρνηση ανταποκρίθηκε κανονικά στις εν λόγω υποχρεώσεις. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η αποκλειστικότητα των μέτρων υποστήριξης που λαμβάνονται στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιάρθρωσης και ο συνοδευτικός έλεγχος που εξασφαλίζεται a posteriori («Monitoring») ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην απαίτηση για διαφάνεια του καθεστώτος ενισχύσεων. — Υποχρέωση αποφυγής οιασδήποτε αύξησης της παραγωγικής ικανότητας Η απόφαση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1981 διευκρινίζει με απόλυτη σαφήνεια ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε επέκταση της παραγωγικής ικανότητας. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την έκθεση McKinsey, την οποία επικαλείται η προσφεύγουσα, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αποβλέπει σε αύξηση της συμμετοχής της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων στην κοινοτική παραγωγή δεν μπορεί να εξομοιωθεί με αύξηση της παραγωγικής ικανότητας. 2. Η αλλοίωση των όρων των εμπορικών ανταλλαγών που αντίκειται ώς ένα βαθμό στο Kotvó συμφέρον Σύμφωνα με την κνδερνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το βελγικό σχέδιο ενισχύσεων τροποποίησε τους όρους του ενδοκοινοτικού εμπορίου με τρόπο που αντίκειται στο κοινό συμφέρον. Μολονότι είναι απολύτως αδύνατο να γίνει σύγκριση βάσει στοιχείων μεταξύ της δομής και της εξέλιξης του ενδοκοινοτικού εμπορίου πριν και μετά την εφαρμογή του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης, το μέγεθος των εμποδίων στο εμπόριο είναι δυνατόν να εκτιμηθεί σύμφωνα με διάφορα στοιχεία. Καταρχάς, η προσφεύγουσα υπογραμμίζει ότι η βελγική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων εξάγει σημαντικό μέρος της παραγωγής της προς άλλες χώρες και κυρίως προς τις χώρες της Κοινότητας. Το 1980, οι εξαγωγές ανέρχονταν σε 3335 εκατ. ECU δηλαδή σε 8210 εκατ. γερμανικά μάρκα, από τα οποία 2733 εκατ. ECU, δηλαδή 6730 εκατ. γερμανικά μάρκα, προς τα λοιπά κράτη μέλη δηλαδή 82 ο/ο του συνόλου των πραγματοποιηθεισών εξαγωγών. Τα βελγικά προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και ετοίμων ενδυμάτων αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 8,2θ/ο και το 3,5 % του συνόλου των γερμανικών εισαγωγών στον εν λόγω τομέα. Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πρέπει να τονιστεί επίσης το γεγονός ότι οι κλωστοϋφαντουργίες και βιομηχανίες ετοίμων ενδυμάτων των λοιπών κρατών μελών και ειδικότερα οι ολλανδικές, γαλλικές και γερμανικές συναγωνίζονται τη βελγική στο σύνολο των κοινοτικών καθώς και των αγορών των τρίτων χωρών. Η προσφεύγουσα θεωρεί ότι η βελγική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων δεν θα μπορούσε να διατηρήσει τις πωλήσεις της, χωρίς τις οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπει το επίδικο σχέδιο, ούτε στην εσωτερική αγορά, ούτε στην αγορά των λοιπών κρατών μελών, ούτε τέλος στην αγορά των τρίτων χωρών, στις οποίες σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να κατακτήσει νέες θέσεις. Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η στρέβλωση του ανταγωνισμού οφείλεται στο γεγονός ότι στη βελγική βιομηχανία εισρέουν οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται απλώς για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Πάντως, αν υποτεθεί ότι το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης οδηγεί σε μεταστροφή των ενδιαφερομένων προς νέες επί μέρους αγορές καθώς και στην κατασκευή προϊόντων καλύτερης ποιότητας, το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια την αποκοπή από την αγορά των ανταγωνιστών των λοιπών κρατών μελών οι οποίοι δεν λαμβάνουν παρόμοιες επιχορηγήσεις και οι οποίοι μετατρέπουν τις παραγωγές τους με δικά τους μέσα και με δικό τους κίνδυνο. Το γεγονός ότι η Επιτροπή ενέκρινε το σχέδιο αρχικά για διάρκεια ενός έτους σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις του στο βαθμό που η καθής συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην αύξηση της ανασφάλειας των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα αποφύγουν να πραγματοποιήσουν με δικά τους μέσα τις αναγκαίες για την προσαρμογή τους στις δομικές αλλαγές επενδύσεις μετατροπής ενώπιον του κινδύνου νέας έγκρισης των βελγικών ενισχύσεων. Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η βελγική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων επιτυγχάνει με τον τρόπο αυτό πλεονέκτημα εκ του ανταγωνισμού, τεχνητό και αδικαιολόγητο. Η προβαλλόμενη σημασία, ιδιαίτερα στο Βέλγιο, της βιομηχανίας αυτής δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη μετατόπιση των οικονομικών προβλημάτων, και κυρίως εκείνων που συνδέονται με την απασχόληση, προς τα λοιπά κράτη μέλη. Η προσφεύγουσα παρατηρεί σχετικά ότι η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων αντιπροσώπευε, το 1979, μόλις το 3,7θ/ο του συνόλου των μισθωτών στο Βέλγιο ή το 10,5 ο/ο των απασχολουμένων στη βιομηχανία (Eurostat — απασχόληση και ανεργία, 1973-1979, παράρτημα 35 της προσφυγής). Λόγω της έκτασης και των σημαντικών επιπτώσεων του, που συνίστανται στην υποχρέωση των λοιπών κρατών μελών είτε να δεχθούν τις δυσχέρειες που συνεπάγεται, είτε να επιτρέψουν τις ενισχύσεις, το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης είναι ασυμβίβαστο προς το κοινό συμφέρον. Η προσφεύγουσα εκφράζει σχετικά το φόβο ότι, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της ενίσχυσης που χορηγεί το Βέλγιο, τα λοιπά κράτη μέλη θα επιδιώξουν να εξουδετερώσουν τις επιπτώσεις της με ανάλογα μέτρα. Στην προκειμένη περίπτωση η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες ανήγγειλαν τη θέσπιση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης (παραρτήματα 36 και 37 της προσφυγής). Κατά την προσφεύγουσα, τα μέτρα στήριξης που θεσπίστηκαν υπέρ της γερμανικής κλωστοϋφαντουργίας δεν είναι δυνατό να συγκριθούν με τις ενισχύσεις που χορηγεί η βελγική κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα πρόκειται για περιφερειακές ενισχύσεις, που λαμβάνει η γερμανική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων, και όχι για ειδικές ενισχύσεις στον εν λόγω τομέα δραστηριότητας. Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η γερμανική βιομηχανία δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στον επιδοτούμενο ανταγωνισμό της βελγικής βιομηχανίας. Λόγω της αυξήσεως του αριθμού των αφερέγγυων επιχειρήσεων τα δύο τελευταία έτη (ομοσπονδιακό γραφείο στατιστικής, Νοέμβριος 1981, παράρτημα 34 της προσφυγής), η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας 9α υποχρεω9εί επίσης να στηρίξει τη βιομηχανία της. Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των απασχολούμενων στη γερμανική βιομηχανία προσώπων που είναι 5 φορές υψηλότερες από εκείνο της βελγικής βιομηχανίας, η προσπάθεια των γερμανικών αρχών θα είναι σημαντική. Κατά την άποψη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, αντίκειται στις διατάξεις της Συνθήκης και είναι επικίνδυνο για την ίδια την κοινή αγορά τα κράτη μέλη να πλειοδοτούν στη χορήγηση ενισχύσεων προκειμένου να εξασφαλίσουν τμήματα της κοινής αγοράς χωρίς αυτό να είναι καρπός του ελεύθερου ανταγωνισμού. Κατά τα λοιπά, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση στηρίζεται στα πορίσματα της έκθεσης ειδικών για το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που συνέταξε το Institut für Weltwirtschaft του πανεπιστημίου του Κιέλου (παράρτημα 1 της απάντησης), τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματολογίας της. Όπως προκύπτει κυρίως από το έγγραφο αυτό, το βελγικό σχέδιο ενισχύσεων, το οποίο υιοθετεί στρατηγικές συντήρησης και κατανομής μικροπιστώσεων σε πολυάριθμες επιχειρήσεις, είναι από τη φύση του ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέτει το άρθρο 92, παράγραφος 3, περίπτωση γ), της Συνθήκης, υπό την έννοια ότι δεν αλλοιώνει τους όρους του εμπορίου κατά τρόπο που αντίκειται στο κοινό συμφέρον. Εν πάση περιπτώσει, η σημασία των διμερών εμπορικών ανταλλαγών μεταξύ Βελγίου και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας δεν μπορεί να στηρίξει τους σχετικούς ισχυρισμούς της προσφεύγουσας, δεδομένου ότι για την Επιτροπή οι αποφάσεις που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται παρά σε συνάρτηση με το σύνολο των ενδοκοινοτικών εμπορικών ανταλλαγών. Πάντως, η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η γερμανική κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων λαμβάνει όχι ευκαταφρόνητες ενισχύσεις. Όπως προκύπτει ιδίως από έγγραφα που διαβίβασε στην καθής η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επ' ευκαιρία έρευνας που διεξήγαγε η τελευταία, το 1977, το 42,6 ο/ο του συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων έλαβε κρατικές ενισχύσεις υπό διάφορες μορφές. Το 1978, το ποσοστό αυτό ανήλθε σε 47,6 Vo. Επιπλέον, και τα ομόσπονδα κρατίδια (Länder) παρεμβαίνουν και αυτά υπέρ του εν λόγω βιομηχανικού τομέα με σκοπό ιδίως τη διάσωση ορισμένων προβληματικών επιχειρήσεων. Εξάλλου, η κατάσταση του εν λόγω τομέα δεν διαφέρει ουσιωδώς στα λοιπά κράτη μέλη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι απέφυγε την αλλοίωση των όρων του εμπορίου που συνεπάγεται κατ' ανάγκη οιοδήποτε καθεστώς ενισχύσεων, περιορίζοντας την έκταση των εγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης. Απέκλεισε από το καθεστώς ενισχύσεων την παραγωγή συνθετικών ινών και υπήγαγε τους τομείς των ανδρικών ετοίμων ενδυμάτων (πρετ-α-πορτέ), των γυναικείων περικνημίδων (κοινώς νάυλον καλτσών) και των καλτσών-κυλοτών (κοινώς καλσόν), των νημάτων από κτενισμένο μαλλί, τομείς για τους οποίους υφίστανται σε κοινοτική κλίμακα προβλήματα ανταγωνισμού και υπερεπάρκειας, καθώς και τους τομείς των ταπήτων, βελούδων και πλουσσών, των φλοκωτών υφασμάτων και των υφασμάτων από νήματα σενίλλης, τομείς στους οποίους η βελγική βιομηχανία είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, σε ειδική προκαταρκτική διαδικασία ελέγχου, σύμφωνα με την οποία όλα τα σχέδια ενισχύσεων που αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται περισσότερο από 50 άτομα οφείλουν να υποβάλλονται προηγουμένως στην Επιτροπή για έγκριση. Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής καταλήγουν με τις ακόλουθες δύο διευκρινίσεις: — Σύμφωνα με τους διενεργηθέντες μέχρι σήμερα ελέγχους, τα κατά περίπτωση προγράμματα που υπήχθησαν στο σχέδιο Claes και ενέκρινε η Επιτροπή βελτιώνουν πράγματι την κλίμακα των προϊόντων των επιχειρήσεων και πρέπει κατά συνέπεια να θεωρηθούν ως πράξεις ενεργού εξυγίανσης που είχε συστήσει το Institut für Weltwirtschaft του πανεπιστημίου του Κιέλου με την έγγραφο γνωμοδότηση του, επί του προγράμματος ενισχύσεων της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων της βελγικής κυβέρνησης. — Όσον αφορά την αιτίαση για μετατόπιση των οικονομικής φύσης προβλημάτων προς τα λοιπά κράτη μέλη, η Επιτροπή παρατηρεί ότι οι απώλειες θέσεων τις οποίες κατά την προσφεύγουσα είναι δυνατό να προκαλέσει η εφαρμογή του βελγικού σχεδίου ενισχύσεων στη γερμανική κλωστοϋφαντουργία υπολογίστηκαν και περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα γνωμοδότηση με τη βοήθεια προτύπων υπολογισμών που περιγράφονται στις σελίδες 69 μέχρι 84 της εν λόγω γνωμοδοτήσεως. Όπως προκύπτει από την τελευταία, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αντιστοιχεί σε στρατηγικές συντήρησης και κατανομής πολλαπλών μικροπιστώσεων σε πολυάριθμες επιχειρήσεις. Κατά την Επιτροπή, είναι φυσικό, όπως μάλιστα δέχεται και η γνωμοδότηση (σελίδα 21), να μην είναι διαθέσιμο «κανένα επιβεβαιωμένο από την πείρα στοιχείο όσον αφορά τις πραγματικές συνέπειες του σχεδίου Claes». Συνεπώς, τα αποτελέσματα των προτύπων υπολογισμών δεν έχουν, τουλάχιστον ώς ένα βαθμό, παρά θεωρητικό χαρακτήρα. II — Επί των αιτημάτων που αφορούν την παράλειψη Κατά την κνοέρνηση της Ομοσπονοιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, όπως προκύπτει από τους λόγους που προβλήθηκαν προς στήριξη της προσφυγής ακυρώσεως, η Επιτροπή παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τη Συνθήκη στο πλαίσιο του ελέγχου του ανταγωνισμού και των ενισχύσεων. Το γεγονός ότι, αφενός, δεν κίνησε τη διαδικασία του κυρίως ελέγχου των ενισχύσεων, και αφετέρου, δεν απαγόρευσε την εφαρμογή του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης συνιστά παράλειψη της Επιτροπής στο μέτρο που δεν διέθετε συναφώς καμία διακριτική εξουσία. Η Επιτροπή δηλώνει ότι θεώρησε ότι της ήταν επιτρεπτό να λάβει θέση επί του βασίμου των δύο προσφυγών ταυτόχρονα, χωρίς να τις διακρίνει μεταξύ τους, στο βαθμό που τα σχετικά με την παράλειψη και την ακύρωση αιτήματα στηρίζονται στις αυτές αιτιάσεις. IV — Απαντήσεις της Επιτροπής στις ερωτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο Πρώτη ερώτηση: Κατά πόσο το βελγικό σχέδιο αποβλέπει σε μια αληθινή αναδιάρθρωση της βιομηχανίας που βρίσκεται σε κατάσταση κρίσης και όχι αποκλειστικά στη διατήρηση της απασχόλησης; Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθωσης καταρτίστηκε σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε η εταιρεία McKinsey & Company και που συνιστά εμπεριστατωμένη και αντικειμενική ανάλυση της κατάστασης και της εξέλιξης της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων. Όπως προκύπτει από την έκθεση αυτή, η μόνη στρατηγική, ικανή να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα της βελγικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο, συνίσταται στη συνολική αναδιάρθρωση της. Η έκθεση McKinsey προβλέπει κυρίως την προσαρμογή της παραγωγής στις τάσεις των διεθνών αγορών, τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, την εφαρμογή νέων τεχνικών μεθόδων και τεχνολογιών, τη διαφοροποίηση των απειλούμενων από τις τρίτες χώρες κλάδων και την εντατικοποίηση των προσπαθειών σε θέματα καινοτομίας. Κατά την Επιτροπή, οι ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο του προγράμματος είναι αληθείς ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση και δεν έχουν το χαρακτήρα ενισχύσεων με προορισμό τη διατήρηση μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Η Επιτροπή ισχυρίζεται επ' αυτού ότι: — αφενός, σύμφωνα με την απόφαση της της 18ης Νοεμβρίου 1981, οι ενισχύσεις χορηγούνται κατ' επιλογή και μετά από αίτηση' η χορήγηση των ενισχύσεων εξαρτάται από την υποβολή προγράμματος αναδιάρθρωσης εκ μέρους της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, καθώς και από την έγκριση του εκ μέρους των οργανισμών ελέγχου, και συγκεκριμένα του «Institut du textile et de la confection de Belgique» και της «Société nationale pour la restructuration de l'industrie de la confection et du textile». Οι δύο αυτοί οργανισμοί διενεργούν τους ελέγχους τους σύμφωνα με σταθερά και εν μέρει ποσοτικά κριτήρια, — αφετέρου, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν κατά την κοινοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, η βελγική κυβέρνηση αντιμετώπιζε εν πάση περιπτώσει και παρά τη χορήγηση των προβλεπόμενων ενισχύσεων το κλείσιμο σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων και την κατάργηση 25000 θέσεων εργασίας (έκθεση McKinsey, σσ. 1 μέχρι 15, έγγραφο των βελγικών αρχών της 16. 1. 1981, σ. 3, in fine, παράρτημα 12 του υπομνήματος αντίκρουσης — και έγγραφο του βέλγου υπουργού οικονομικών προς την Επιτροπή, της 4. 5. 1980, σ. 4 — παράρτημα 13 του υπομνήματος αντίκρουσης). Αν ληφθεί υπόψη ο αριθμός των απασχολούμενων στον εν λόγω τομέα προσώπων στις 31 Δεκεμβρίου 1979, η πρόβλεψη αυτή συνεπάγεται απώλεια ύψους 21 % των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 5 ετών, δηλαδή για το αρχικά προβλεπόμενο διάστημα ισχύος του προγράμματος. άεντερη ερώτηση: Για ποιους λόγους ορισμένοι υποτομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων (κλάδοι των ταπήτων, βελούδων, πλουσσών, φλοκωτών ινών και υφασμάτων εκ νημάτων σενίλλης, βαμβακερών φλοκωτών υφασμάτων απορροφητικών) που εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί δεν εξαιρέθηκαν από τη χορήγηση σύμφωνα με το πρόγραμμα ενίσχυσης; Η Επιτροπή παρατηρεί ότι, ακόμα και αν ένας υποτομέας της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων σε κράτος μέλος θεωρείται ότι είναι σχετικά ανταγωνιστικός, σε κοινοτικό επίπεδο, το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πάντως ότι όλες οι επιχειρήσεις του εν λόγω υποτομέα κατέχουν ισχυρή θέση σε διεθνές επίπεδο. Κατά την Επιτροπή, οι δομές της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων στα κράτη μέλη διαφέρουν τόσο από μια επιχείρηση σε άλλη, ώστε μια περιγραφή του τομέα αυτού στηριζόμενη σε μέσους όρους να συνεπάγεται κατ' ανάγκη έντονες γενικεύσεις. Προκειμένου να συνεκτιμήσει τις εν λόγω περιστάσεις, καθώς και την κατάσταση κάθε επιχείρησης των εν λόγω υποτομέων, η Επιτροπή, η οποία παραπέμπει στις σελίδες 33 και 34 του υπομνήματος αντίκρουσης, αποφάσισε να υποβάλει ορισμένους τομείς στην υποχρέωση προηγούμενης κοινοποίησης (υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα από νήματα σενίλλης — συμπεριλαμβανομένων και των απορροφητικών — βελούδα και πλούσσες, τάπητες). Η Επιτροπή θεωρεί ότι με την απόφαση αυτή κατέστη δυνατό, αφενός, να ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισμού που συνεπάγεται η χορήγηση ενίσχυσης στους εν λόγω υποτομείς, και αφετέρου, να αποφεύγεται σφαιρική διάκριση σε βάρος των επιχειρήσεων που απορρέει από την απόλυτη απαγόρευση της χορήγησης ενίσχυσης στους οικείους υποτομείς. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι από τις δώδεκα κοινοποιήσεις που της απηύθυναν το 1982 ενέκρινε μόνο τέσσερα σχέδια ενισχύσεων. Για τέσσερα από τα υπόλοιπα σχέδια έλαβε εν μέρει θετική απόφαση, εγκρίνοντας αποκλειστικά τις ενισχύσεις που ανταποκρίνονταν σε πραγματικές επενδύσεις αναδιάρθρωσης. Τέλος, για τα υπόλοιπα τέσσερα σχέδια έλαβε ρητά αρνητικές αποφάσεις. Τρίτη ερώτηση: Η αρχικά προβλεπόμενη για ένα έτος έγκριση εφαρμογής του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης παρατάθηκε; Η Επιτροπή αναφέρει ότι με έγγραφο της 10ης Μαρτίου 1982, η βελγική κυβέρνηση της κοινοποίησε συμπληρωματικό του καθεστώτος ενισχύσεων για την κλωστοϋφαντουργία και βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων σχέδιο ενισχύσεων, που είχε εγκριθεί για το 1982 και που θα προτεινόταν στις επιχειρήσεις ως εναλλακτική λύση. Στις 18 Μαΐου 1982, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης διαδικασία, όσον αφορά το εν λόγω εναλλακτικό καθεστώς ενισχύσεως ( ΕΕ C 166 της 3. 7. 1982, σ. 2 ). Στις 9 Φεβρουαρίου 1983, η Επιτροπή αποφάσισε να εγκρίνει την εφαρμογή του νέου αυτού σχεδίου ενισχύσεων με την επιφύλαξη που απεδέχθη η βελγική κυβέρνηση — ότι θα ετηρούντο οι ακόλουθες προϋποθέσεις: — πρέπει να εξαιρεθούν από το πρόγραμμα ενισχύσεων οι επιχειρήσεις που υπάγονται στους ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς των υφασμάτων λαναρισμένου ερίου, των γυναικείων καλτσών, των βελούδων και πλουσσών, των ταπήτων και των χημικών ινών, — όσον αφορά άλλους ένδεκα υποτομείς, κατάλογο των οποίων παρέδωσε η Επιτροπή, τα μέτρα ενισχύσεων πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων, εφόσον η ωφελούμενη επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 150 εργαζομένους, — ο προβλεπόμενος για το σύνολο των προς χορήγηση κατά το 1983 ενισχύσεων προϋπολογισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 δισεκατ. βελγικά φράγκα, — οι προορισμένες για την αναδιάρθρωση επενδύσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτούνται με δάνεια που χορηγεί το δημόσιο παρά μόνο μέχρι ποσοστού 50 0/0 (ανώτατη διάρκεια δέκα έτη) με μείωση του επιτοκίου κατά 7 ο/ο για μια πενταετία, — εφόσον το δάνειο προέρχεται από την κεφαλαιαγορά η ενίσχυση συνίσταται αποκλειστικά στη μείωση επιτοκίου. Στην περίπτωση αυτή, το δημόσιο μπορεί να παράσχει την εγγύηση του μέχρι ποσοστού 50 ο/ο των πιστώσεων που ελήφθησαν από την κεφαλαιοαγορά. Η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι οι όροι που επιβλήθηκαν για το 1983 είναι αυστηρότεροι από εκείνους που προβλέπονταν για το 1982, ειδικότερα όσον αφορά: — το συνολικό προϋπολογισμό, — τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης, — την επιλογή των τομέων. Εξάλλου, η Επιτροπή αναφέρει ότι ενέκρινε προσωρινή ρύθμιση σχετικά με το πρόγραμμα ενισχύσεων που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 1982. Δεδομένου ότι ορισμένες αιτήσεις επιχειρήσεων, οι οποίες όφειλαν να καταρτίσουν πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, ελήφθησαν από τις βελγικές αρχές μόλις στο τέλος του 1981, για λόγους διοικητικής φύσης δεν ήταν πάντα δυνατό να ληφθεί απόφαση επί των αιτήσεων αυτών πριν από το τέλος του έτους. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή δέχθηκε οι αιτήσεις για χορήγηση ενισχύσεων που υποβλήθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του έτους να εξεταστούν μέχρι τις 31 Μαρτίου 1983, να αποτελέσουν αντικείμενο απόφασης και να απαιτηθεί γνωστοποίηση σύμφωνα με τις λεπτομέρειες και τους όρους που ίσχυαν το 1982. Η Επιτροπή δηλώνει ότι διαθέτει πλήρη κατάλογο με τις σχετικές αιτήσεις. Οι ενισχύσεις που ήταν δυνατό να χορηγηθούν με τον τρόπο αυτό στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορίστηκαν σε ένα δισεκατ. βελγικών φράγκων αναλαμβανόμενων από τον προϋπολογισμό των τεσσάρων δισεκατ. βελγικών φράγκων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα του 1983. Τέταρτη ερώτηση: Μετά την εφαρμογή του προγράμματος αυξήθηκε αισθητά ο όγκος των εξαγωγών βελγικών προϊόντων προς τα λοιπά κράτη μέλη; Κατά την Επιτροπή, η οποία παραπέμπει στα στοιχεία του γραφείου στατιστικής του Λουξεμβούργου, οι βελγικές εξαγωγές προϊόντων της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων προς τα λοιπά κράτη μέλη αυξήθηκαν κατά 5,8 % το 1982 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για το αυτό χρονικό διάστημα, οι εισαγωγές στο Βέλγιο από τα λοιπά κράτη μέλη σημείωσαν αύξηση κατά 5,7 %. Συνεπώς, οι συναλλαγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μεταξύ Βελγίου και λοιπών κρατών μελών βελτιώθηκαν πολύ ελαφρά το 1982. Πέμπτη ερώτηση: Ποια είναι η κρατική συμμετοχή στην ενίσχυση ύψους 6,8 δισεκατ. βελγικών φράγκων σε σχέση με το σύνολο του κόστους των επενδύσεων που είχαν αρχικά προβλεφθεί για 5 έτη; Η Επιτροπή αναφέρει ότι «σύμφωνα με το πενταετές πρόγραμμα, που κατήρτισε αρχικά το Βέλγιο και που προέβλεπε επενδύσεις 45,7 δισεκατ. βελγικών φράγκων, το οποίο όμως δεν εγκρίθηκε από την Επιτροπή στην αρχική του διατύπωση, η συμμετοχή των κρατικών ενισχύσεων που περιορίστηκε σε 6,8 δισεκατ. βελγικών φράγκων αντιστοιχεί στο 14,87 ο/ο του συνόλου του κόστους των επενδύσεων που προβλέπονταν για μια πενταετία». Έκτη ερώτηση: Ποιες είναι οι ακριβείς λεπτομέρειες της χρηματοδοτικής συμμετοχής του δημοσίου; Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την απόφαση της, της 18ης Νοεμβρίου 1981, η συμμετοχή του βελγικού δημοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο περιορίζεται στο 45 ο/ο κατ' ανώτατο όριο των επενδύσεων για αναδιάρθρωση που θεωρήθηκε ότι μπορούν να λάβουν ενίσχυση και που ενέκριναν σχετικά οι αρμόδιοι βελγικοί οργανισμοί. Η συμμετοχή αυτή συνίσταται σε εισφορά κεφαλαίου της SNCT (Société nationale pour la restructuration du textile et de la confection του Βελγίου), θυγατρική της Société nationale d'investissement, χρηματοδοτικού οργανισμού του δημοσίου. Εκπροσωπεί σύνηθες εταιρικό κεφάλαιο και αμείβεται όπως το ίδιο κεφάλαιο. Η Επιτροπή αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η σχέση μεταξύ της συμμετοχής του δημοσίου σε κεφάλαιο (45 ο/ο κατ' ανώτατο όριο της συνολικής επένδυσης της επιχείρησης) και του δανείου (30 0/0 κατ'ανώτατο όριο) είναι της τάξεως του 60 προς 40, στο πλαίσω του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος ενισχύσεων, έπεται ότι ο προϋπολογισμός που καθορίστηκε για τη συμμετοχή σε κεφάλαια ανέρχεται σε 60 % κατ' ανώτατο όριο του ποσού των 6,8 δισεκατ. βελγικών φράγκων, δηλαδή σε 4,08 δισεκατ. φράγκα. Τα αναγκαία μέσα επιτυγχάνονται με τον ακόλουθο τρόπο : — μακροπρόθεσμο δανεισμό των δύο ινστιτούτων ITCB και STCB από ιδιωτικά και δημόσια πιστωτικά ιδρύματα με τους όρους της αγοράς, — ετήσια κρατική πριμοδότηση, — έσοδα προερχόμενα από την αμοιβή ειδικών υπηρεσιών που παρέχονται σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ετοίμων ενδυμάτων (στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και της προώθησης των πωλήσεων), — άλλα πιθανά έσοδα. Έοδομη ερώτηση: Ποιες είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση οι μέθοδοι που θέσπισε η Επιτροπή για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης του δημοσίου και ποω είναι το συνολικό ποσό της κρατικής ενίσχυσης που προβλέπει το βελγικό σχέδιο και που καταβλήθηκε χωρίς τη δυνατότητα αναζήτησης του. Η Επιτροπή, η οποία παραπέμπει στις σελίδες 28 και 29 του υπομνήματος αντίκρουσης, αναφέρει ότι για τον υπολογισμό τους ύψους της κρατικής ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περίπτωση έκανε χρήση της μεθόδου που ονομάζεται «καθαρό ισοδύναμο επιδότησης». Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τον ενιαίο αυτό τύπο με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών μελών ιδίως για την εκτίμηση των περιφερειακών και κατά τομείς καθεστώτων ενισχύσεων. α) Σχετικά με τα συνοδευόμενα από μείωση των επιτοκίων δάνεια, αυτά θεωρήθηκαν ως ενισχύσεις σύμφωνα με τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης που ενέκρινε η Επιτροπή. Όσον αφορά τα δάνεια που περιορίζονται στο 30 ο/ο κατ' ανώτατο όριο της συνολικής επένδυσης και συνδυάζονται με μείωση των επιτοκίων ύψους 7 ο/ο για μια πενταετία κατ'ανώτατο όριο, το καθαρό ισοδύναμο επιδότησης ανέρχεται σε 4,2 ο/ο για το σύνολο της επένδυσης. Δεδομένου ότι το σύνολο των εν λόγω πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των επιτοκίων, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 2,72 δισεκατ. βελγικών φράγκων (αφαίρεση 4,08 δισεκατ. κρατικής συμμετοχής από σύνολο 6,8 δισεκατ. του προϋπολογισμού), η μείωση των επιτοκίων αντιστοιχεί σε 177,9 εκατ. βελγικά φράγκα. 6) Πρέπει εξάλλου να σημειωθεί σχετικά με τη χρηματοδοτική συμμετοχή του βελγικού δημοσίου, η οποία περιορίζεται στο 45 ο/ο του συνόλου των δαπανών επένδυσης, ότι πραγματοποιείται μόνο όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες από οικονομική, βιομηχανική και εμπορική άποψη και που δεν αντιμετωπίζουν θέματα μετατροπής παρά για σύντομο χρονικό διάστημα. Κατά την άποψη λοιπόν της Επιτροπής, η εν λόγω συμμετοχή του δημοσίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει το χαρακτήρα ενίσχυσης. Όγοοη ερώτηση: Η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την εφαρμογή καθεστώτος ενισχύσεων έκτασης ανάλογης με εκείνης του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης; Κατά την Επιτροπή, το ύψος μιας ενίσχυσης, η οποία εκφράζεται με ποσά που αποδεσμεύονται από τον προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, πρέπει συνήθως να εκτιμάται σε σχέση με ορισμένες αξίες που λαμβάνονται ως σημεία αναφοράς, όπως είναι ο στόχος του προγράμματος, το ύψος των επενδύσεων ή των λοιπών μέτρων που αποτελούν αντικείμενο της ενίσχυσης, οι λεπτομέρειες χορήγησης της ενίσχυσης, ο αριθμός των θέσεων που ωφελούνται άμεσα ή έμμεσα από την ενίσχυση... Με την επιφύλαξη αυτή, η Επιτροπή τονίζει ότι το ύψος της ενίσχυσης που χορηγήθηκε στην κλωστοϋφαντουργία και τη βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων ανέρχεται σε 150,5 εκατ. ECU. Η Επιτροπή προσκόμισε κατάλογο ορισμένων κατά τομείς ενισχύσεων που ενέκρινε μεταξύ των ετών 1977 και 1982, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση. — Απαντώντας στην ερώτηοη που της sesos το Δικαστήριο, και που συνίσταται στην κοινοποίηση τον κειμένου του προγράμματος αναοιάραρωσης, το οποίο αποτελεί τη βάση της επίδικης απόφασης της 18ης Νοεμβρίου 1981, όπως τροποποιήθηκε μετά από διαπραγματεύσεις με τη βελγική κυβέρνηση, η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν υφίσταται οριστική διατύπωση του προγράμματος αναδιάρθρωσης υπό μορφή πλήρους ενιαίου κειμένου. Τα συστατικά στοιχεία του προγράμματος συνάγονται από τα προσκομισθέντα σχετικά και ειδικότερα από τα ακόλουθα έγγραφα: — την κοινοποίηση του βελγικού σχεδίου της 28ης Ιουλίου 1980, — πολυάριθμες επιστολές που αντήλλαξαν η Επιτροπή και η βελγική κυβέρνηση μετά την κοινοποίηση της 28ης Ιουλίου 1980, — την κοινοποίηση του νέου σχεδίου της 5ης Αυγούστου 1981, — τα συμπληρωματικά στοιχεία σχετικά με το κοινοποιηθέν σχέδιο που προσκόμισαν με έγγραφο, της 10ης Σεπτεμβρίου 1981, οι βελγικές αρχές και με έγγραφο της 1ης Οκτωβρίου 1981 ο βέλγος υπουργός οικονομικών, — την επίδικη απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1981, που ορίζει τους όρους για την έγκριση της εφαρμογής του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης, — το έγγραφο της 9ης Δεκεμβρίου 1981 με το οποίο ο βέλγος υπουργός οικονομικών διατύπωνε ότι οι όροι που επέβαλε η Επιτροπή τον ευρίσκουν σύμφωνο. Τέλος, με παρατηρήσεις της η Επιτροπή αναφέρει ότι στη συνέχεια η βελγική κυβέρνηση της κοινοποίησε την οριστική προφανώς έκδοση του σχεδίου της υπό μορφή διατάξεων διοικητικής φύσης που απηύθυνε προς τους δύο επιφορτισμένους με την εκτέλεση και τον έλεγχο εφαρμογής του σχεδίου οργανισμούς. V — Προφορική διαδικασία Η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας εκπροσωπούμενη από τον Martin Seidel και τον καθηγητή G. Fels, και η Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από τον Götz zur Hausen και την Marie-Josée Jonczy, ανέπτυξαν προφορικά τις παρατηρήσεις τους κατά τη συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 1983. Ο γενικός εισαγγελέας ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου 1984. Σκεπτικό Με προσφυγή που άσκησε στις 9 Μαρτίου 1982, η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας ζήτησε από το Δικαστήριο: 1) να ακυρώσει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 173, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΟΚ, λόγω παραβάσεως του άρθρου 93, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση, και του άρθρου 92, παράγραφοι 1 και 3, περίπτωση γ), της Συνθήκης, την έγκριση την οποία παρέσχε η Επιτροπή για ένα μόνο έτος, στις 18 Νοεμβρίου 1981, στην κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου, να δέσει σε εφαρμογή το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, το οποίο είχε υποβάλει στην Επιτροπή στις 28 Ιουλίου 1980' 2) επικουρικώς, να αναγνωρίσει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 175 της Συνθήκης, ότι η Επιτροπή αγνόησε το άρθρο 92, παράγραφοι 1 και 3, και το άρθρο 93, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση, της εν λόγω Συνθήκης, επειδή παρέλειψε, αφενός μεν, να κινήσει τη διαδικασία του κυρίως ελέγχου που προβλέπει το άρ9ρο 93, παράγραφος 2, αφετέρου δε, να κρίνει με ρητή απόφαση της ότι το βελγικό πρόγραμμα είναι ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά. Με έγγραφα της 28ης Ιουλίου και 11ης Αυγούστου 1980, η βελγική κυβέρνηση κοινοποίησε τις γενικές γραμμές ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων. Θεωρώντας ότι το εν λόγω σχέδιο ενισχύσεων της κοινοποιήθηκε κατά την έννοια του άρθρου 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης, η Επιτροπή με έγγραφο της 15ης Σεπτεμβρίου 1980 ζήτησε από τη βελγική κυβέρνηση να της προσκομίσει συμπληρωματικές πληροφορίες τις οποίες δεν έλαβε παρά στις αρχές του 1981. Όπως προκύπτει από τη δικογραφία, η προκαταρκτική εξέταση του εν λόγω σχεδίου ενισχύσεων έδωσε λαβή για πολυάριθμες ανταλλαγές απόψεων μεταξύ της Επιτροπής και της βελγικής κυβέρνησης που κατέληξαν στην κατάρτιση νέου σχεδίου ενισχύσεων στις 5 Αυγούστου 1981. Με έγγραφο της 18ης Νοεμβρίου 1981 που απηύθυνε στη βελγική κυβέρνηση, η Επιτροπή ανέφερε ότι δεν είχε αντιρρήσεις για την εφαρμογή επί ένα έτος του προγράμματος αναδιάρθρωσης με την επιφύλαξη της τήρησης των ορίων και των προϋποθέσεων που αυτή έθεσε και που η βελγική κυβέρνηση αποδέχτηκε. Δεν αμφισβητείται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση ελήφθη μετά από παρατηρήσεις που διατύπωσαν τα λοιπά κράτη μέλη, η γνώμη των οποίων ζητήθηκε στο πλαίσιο πολυμερών συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν περιοδικά και αφορούσαν το σύνολο των εκκρεμούντων φακέλων. Με την ευκαιρία αυτή, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ζήτησε από την Επιτροπή να μην εγκρίνει την εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου ενισχύσεων, μοναδική συνέπεια της οποίας θα ήταν η μετατόπιση των προβλημάτων της βελγικής βιομηχανίας προς την αντίστοιχη βιομηχανία των λοιπών κρατών μελών. Επί του κυρίου αιτήματος περί ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1981 Προς στήριξη του αιτήματος ακυρώσεως η κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας προβάλλει δύο λόγους και συγκεκριμένα, αφενός, την παράβαση των κανόνων διαδικασίας που αφορούν τον έλεγχο των ενισχύσεων που θέτει το άρθρο 93, παράγραφοι 2 και 3, της Συνθήκης, και αφετέρου, το ασυμβίβαστο του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης προς την κοινή αγορά. Επί νης παραβάσεως των κανόνων διαδικασίας Κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η Επιτροπή είχε την υποχρέωση να κινήσει την κατ' αμφισβήτηση φάση της διαδικασίας ελέγχου των ενισχύσεων που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 2, της Συνθήκης και δεν μπορούσε να περιοριστεί στην προκαταρκτική φάση ελέγχου που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 3, όπως πράγματι έπραξε. Προς στήριξη του λόγου αυτού, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επικαλείται ιδίως το γεγονός ότι, από τα διάφορα στάδια της προκαταρκτικής φάσης ελέγχου στον οποίο προέβη η Επιτροπή και από τη διατύπωση της δήλωσης της της 18ης Νοεμβρίου 1981, προκύπτει ότι η Επιτροπή διατηρούσε αμφιβολίες ως προς το αν το εν λόγω σύστημα ενισχύσεων συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. Αγνοώντας την προβλεπόμενη στην περίπτωση αυτή από το άρ9ρο 93, παράγραφος 3, δεύτερη πρόταση, της Συνθήκης υποχρέωση της να κινήσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 93, παράγραφος 2, κατ' αμφισβήτηση φάση της διαδικασίας, η Επιτροπή ενέπλεξε το αντικείμενο και τα χαρακτηριστικά των δύο φάσεων της διαδικασίας ελέγχου των ενισχύσεων, παρέτεινε υπερβολικά την εύλογη προθεσμία ελέγχου στον οποίο είχε τη δυνατότητα να προβεί κατά την προκαταρκτική φάση και παρέβη την υποχρέωση που υπέχει από το άρθρο 93, παράγραφος 2, να συμβουλεύεται τα λοιπά κράτη μέλη, καθώς και τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους της Κοινότητας. Κατά την άποψη της Επιτροπής, η κίνηση της κύριας φάσης της διαδικασίας δεν απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 93, παράγραφος 3, παρά μόνο αν, μετά την προκαταρκτική εξέταση, το κοινοποιηθέν πρόγραμμα θεωρηθεί ως ασυμβίβαστο με την κοινή αγορά. Πάντως, η προθεσμία εντός της οποίας καλείται να προβεί στην εν λόγω εξέταση αρχίζει να τρέχει μόνο από το χρονικό σημείο που μπορεί να λάβει θέση επί του κοινοποιηθέντος σχεδίου ενισχύσεων, αφού δηλαδή λάβει τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και αφού πραγματοποιήσει με το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος χρήσιμες επαφές ικανές να καταλήξουν σε ενδεχόμενη περίπτωση στην κατάρτιση τροποποιημένου συστήματος ενισχύσεων. Η ίδια όμως προθεσμία αρχίζει αντιθέτως να τρέχει από την κοινοποίηση του σχεδίου ενισχύσεων, στην περίπτωση που η Επιτροπή σιωπά. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το άρθρο 93, παράγραφος 3, της Συνθήκης: «Η Επιτροπή ενημερώνεται εγκαίρως, περί των σχεδίων που αποβλέπουν να θεσπίσουν ή να τροποποιήσουν τις ενισχύσεις, ώστε να δύναται να υποβάλει τις παρατηρήσεις της. Αν κρίνει, ότι σχέδιο ενισχύσεως δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά, κατά το άρθρο 92, κινεί αμελλητί τη διαδικασία που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δεν δύναται να εφαρμόσει τα σχεδιαζόμενα μέτρα πριν η Επιτροπή καταλήξει σε τελική απόφαση.» Ελλείψει κανονισμών εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, με τη θέσπιση των οποίων είναι κατά το άρθρο 94 της Συνθήκης επιφορτισμένο το Συμβούλιο, είχε ήδη το Δικαστήριο την ευκαιρία να διευκρινίσει το σκοπό και το περιεχόμενο του άρθρου 93, παράγραφος 3. Έτσι, με τις αποφάσεις του της 11ης Δεκεμβρίου 1973 (υπόθεση 120/73, Lorenz, Sig. σ. 1471 , υπόθεση 121/73, Markmann, Sig. σ. 1495 , υπόθεση 122/73, Nordsee, Sig. σ. 1511 , και υπόθεση 141/73, Lohrey, Sig. σ. 1527 ), το Δικαστήριο έκρινε ότι η προκαταρκτική φάση της διαδικασίας εξέτασης των ενισχύσεων που καθιερώνει το^ άρθρο 93, παράγραφος 3, έχει ως μοναδικό σκοπό να επιτρέψει στην Επιτροπή να σχηματίσει πρώτη γνώμη ως προς το αν τα προγράμματα ενισχύσεων που της κοινοποιούνται συμβιβάζονται εν μέρει ή απολύτως με τη Συνθήκη. Από το σκοπό της εν λόγω διάταξης, που έγκειται στο να προλαμβάνει την εφαρμογή αντιθέτων προς τη Συνθήκη ενισχύσεων, συνεπάγεται ότι η σχετική απαγόρευση που εξαγγέλει σχετικά η τελευταία φράση του άρθρου 93, παράγραφος 3, πρέπει να παραγάγει τα αποτελέσματα της καθ' όλη τη διάρκεια της προκαταρκτικής φάσης. Για το λόγο αυτό, και προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον που έχουν τα κράτη μέλη στο να καταρτίζονται ταχέως τα εν λόγω σχέδια σε τομείς όπου η ανάγκη παρέμβασης μπορεί να είναι επείγουσα, η Επιτροπή υποχρεούται να επιδεικνύει επιμέλεια, ελλείψει της οποίας και μετά από εύλογη προθεσμία που το Δικαστήριο υπολογίζει σε δύο μήνες, το κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει τα εν λόγω μέτρα, αφού προηγουμένως ειδοποιήσει σχετικά την Επιτροπή. Σύμφωνα με την ίδια νομολογία, σε περίπτωση που η Επιτροπή, μετά από την πρώτη αυτή εξέταση, σχηματίσει την πεποίθηση ότι το κοινοποιηθέν σύστημα ενισχύσεων συμβιβάζεται με τη Συνθήκη, οφείλει να ενημερώσει σχετικά το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος. Η ενίσχυση αυτή, η οποία εφαρμόζεται μετά την κοινοποίηση της θετικής απόφασης της Επιτροπής, καθίσταται «υφιστάμενη ενίσχυση» και υπό την έννοια αυτή υπόκειται στο διαρκή έλεγχο που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 1. Αντίθετα, σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι το εν λόγω καθεστώς ενισχύσεων είναι ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά, υποχρεούται να κινήσει αμελλητί τη φάση της διαδικασίας εξέτασης του άρθρου 93, παράγραφος 2, η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση της Επιτροπής να τάξει στους ενδιαφερομένους προθεσμία για την υποβολή των παρατηρήσεων τους. Η επιχειρηματολογία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στην προκειμένη περίπτωση δίνει στο Δικαστήριο την ευκαιρία να διευκρινίσει περαιτέρω ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που διακρίνει τη φάση ελέγχου του άρθρου 93, παράγραφος 2, από την προκαταρκτική φάση του άρθρου 93, παράγραφος 3, συνίσταται στην παντελή, κατά την εν λόγω αρχική φάση, έλλειψη υποχρέωσης της Επιτροπής να τάξει στους ενδιαφερομένους προθεσμία για την υποβολή των παρατηρήσεων τους πριν λάβει την απόφαση της. Η εν λόγω διαδικασία, η οποία παρέχει στα λοιπά κράτη μέλη και στους ενδιαφερόμενους κύκλους την εγγύησηότι μπορούν να εκφράσουν την άποψη τους και η οποία επιτρέπει στην Επιτροπή να διαφωτιστεί πλήρως επί του συνόλου των στοιχείων της υπόθεσης πριν λάβει την απόφαση της, προσλαμβάνει αναγκαστικό χαρακτήρα από τη στιγμή κατά την οποία η Επιτροπή αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες, προκειμένου να κρίνει αν σχέδιο ενίσχυσης συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. Από τα προηγούμενα πρέπει να συναχθεί ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να αρκεστεί στην προκαταρκτική φάση του άρ9ρου 93, παράγραφος 3, προκειμένου να λάβει ευνοϊκή απόφαση περί σχεδίου ενισχύσεων, παρά μόνο αν είναι σε δέση να σχηματίσει την πεποίθηση, μετά από πρώτη εξέταση, ότι το εν λόγω σχέδιο συμβιβάζεται με τη Συνθήκη. Αντιθέτως, αν από την πρώτη αυτή εξέταση η Επιτροπή σχηματίσει αντίθετη γνώμη ή δεν μπορέσει να υπερβεί όλες τις δυσχέρειες που ανέκυψαν κατά την κρίση του συμβιβαστού του εν λόγω σχεδίου με την κοινή αγορά, τότε οφείλει να συγκεντρώσει όλες τις αναγκαίες γνώμες και να κινήσει προς το σκοπό αυτό τη διαδικασία του άρθρου 93, παράγραφος 2. Η εφαρμογή των αρχών αυτών στα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υπόθεσης οδηγεί στη διαπίστωση πρώτον ότι η Επιτροπή δεν μπόρεσε να κάνει δεκτό το βελγικό σχέδιο που της είχε κοινοποιηθεί και υποχρεώθηκε να διεξαγάγει με τη βελγική κυβέρνηση διμερείς λεπτομερείς διαπραγματεύσεις, ώστε να επιφέρει στο αρχικό σχέδιο ουσιαστικές τροποποιήσεις, ικανές να το καταστήσουν σύμφωνο με την κοινή αγορά. Έτσι, η βελγική κυβέρνηση δέχτηκε ιδίως να τροποποιήσει το σύνολο του τρόπου χρηματοδότησης του σχεδίου της, να απαγορεύσει στους ωφελούμενους από το εν λόγω σχέδιο τη σώρευση με άλλα μέτρα ενίσχυσης, να αποκλείσει από το πεδίο εφαρμογής του ορισμένους υποτομείς του βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων και να κοινοποιεί προηγουμένως στην Επιτροπή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ενίσχυσης υπέρ επιχειρήσεων που ανήκουν σε άλλους υποτομείς, ο κατάλογος των οποίων καταρτίστηκε με κοινή συμφωνία. Δεύτερον, επισημαίνεται ότι, συνεπεία ιδίως των διαπραγματεύσεων αυτών, μεταξύ της κοινοποίησης του σχεδίου ενίσχυσης και της ευνοϊκής απόφασης της Επιτροπής μεσολάβησε προθεσμία 16 μηνών, που υπερβαίνει σημαντικά την προθεσμία που συνήθως απαιτεί μια πρώτη εξέταση στο πλαίσιο των προαναφερθεισών διατάξεων του άρθρου 93, παράγραφος 3. Τέλος, τονίζεται ότι, μολονότι η Επιτροπή δέχτηκε τελικά να αναγνωρίσει ότι το τροποποιημένο βελγικό σχέδιο συμβιβάζεται με την κοινή αγορά υπό την επιφύλαξη της τήρησης ορισμένων προϋποθέσεων που έθεσε, πάντως δεν έκρινε ότι επιλύθηκαν όλες οι δυσχέρειες που είχαν ανακύψει από την εν λόγω υπόθεση. Πράγματι, με την επίδικη απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1981, η Επιτροπή δήλωσε ότι, παρά τις σημαντικές τροποποιήσεις που επήλθαν στο αρχικό σχέδιο, «εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει για τον ανταγωνισμό στο εσωτερικό της Κοινότητας η εφαρμογή του σχεδίου» και κατά συνέπεια περιόρισε τη διάρκεια εφαρμογής του σε ένα μόνο έτος. Τα διάφορα πραγματικά περιστατικά που επισημάνθηκαν, οδηγούν στη διαπίστωση ότι στην προκειμένη περίπτωση η Επιτροπή αντιμετώπισε σοβαρές δυσχέρειες κατά την εξέταση του κατά πόσο το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της βελγικής κλωστοϋφαντουργίας και βιομηχανίας ετοίμων ενδυμάτων, που της κοινοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου και 11 Αυγούστου 1980, συμβιβάζεται με τη Συνθήκη ΕΟΚ. Συνεπώς, πριν λάβει την απόφαση της, η Επιτροπή όφειλε να κινήσει τη διαδικασία των διαβουλεύσεων που προβλέπει το άρθρο 93, παράγραφος 2. Μολονότι, αληθεύει ότι, κατά τη διάρκεια των πολυμερών συνεδριάσεων, η Επιτροπή ενημέρωσε τα λοιπά κράτη μέλη για την εξέλιξη των συνομιλιών της με τη βελγική κυβέρνηση, πάντως, όπως προκύπτει από τις συζητήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου, οι εν λόγω διαβουλεύσεις δεν παρείχαν ούτε στους ενδιαφερομένους ούτε στην ίδια την Επιτροπή τις ίδιες εγγυήσεις και τα ίδια πλεονεκτήματα με εκείνα που προσφέρουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 93, παράγραφος 2, τυπικές διαβουλεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα, πρέπει να γίνει δεκτό ότι η απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 1981, πάσχει σοβαρή διαδικαστική πλημμέλεια και, χωρίς να χρειάζεται να εξεταστεί ο άλλος λόγος της προσφυγής, πρέπει για το λόγο αυτό να ακυρωθεί. Επί των επικουρικών αιτημάτων της προσφυγής λόγω παραλείψεως Παρατηρείται ότι τα επικουρικά αυτά αιτήματα προβλήθηκαν για την περίπτωση κατά την οποία το Δικαστήριο θα ακύρωνε την επίδικη απόφαση της 18ης Νοεμβρίου 1981 λόγω παραβάσεως των διαδικαστικών κανόνων και δεν θα αποφαινόταν επί του λόγου ουσίας περί ασυμβιβάστου του βελγικού προγράμματος αναδιάρθρωσης με την κοινή αγορά. Επειδή αυτό συνέβη, το Δικαστήριο οφείλει να αποφανθεί επί των εν λόγω αιτημάτων παρά την ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η υπό κρίση προσφυγή είναι απαράδεκτη, διότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 175 της Συνθήκης. Η γερμανική κυβέρνηση ισχυρίζεται αφενός ότι κατά τη συνάντηση της 4ης Δεκεμβρίου 1981 μεταξύ του γερμανού ομοσπονδιακού υπουργού οικονομίας και του αρμόδιου για τις υποθέσεις ανταγωνισμού επιτρόπου είχε δηλώσει στον τελευταίο ότι ανέμενε το βελγικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης να θεωρηθεί ασυμβίβαστο προς'την κοινή αγορά, και αφετέρου ότι με το έγγραφο της 7ης Ιανουαρίου 1982, με το οποίο η Επιτροπή κοινοποίησε στα λοιπά κράτη μέλη το έγγραφο που απηύθυνε στις 18 Νοεμβρίου 1981 στη βελγική κυβέρνηση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έλαβε θέση κατά την έννοια του άρθρου 175 της Συνθήκης. Κατά το άρθρο 175, δεύτερη παράγραφος, η προσφυγή λόγω παραλείψεως «είναι παραδεκτή μόνον αν το εν λόγω όργανο κληθεί προηγουμένως να ενεργήσει». Όπως όμως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, παρόλον ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διατύπωσε σαφώς την άποψη ότι το βελγικό σχέδιο ήταν ασυμβίβαστο προς την κοινή αγορά, δεν κάλεσε πάντως ρητά την Επιτροπή να ενεργήσει. Άρα, δεν συντρέχει η πρώτη προϋπόθεση του άρθρου 175. Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα επικουρικά αιτήματα της προσφυγής λόγω παραλείψεως είναι απαράδεκτα και πρέπει να απορριφθούν. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα. Δεδομένου ότι η καθής ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα. Για τους λόγους αυτούς ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ αποφασίζει: 1) Ακυρώνει την απόφαση της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1981. 2) Απορρίπτει τα λοιπά αιτήματα της προσφυγής της κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 3) Καταδικάζει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα. Menens de Wilmars Koopmans Bahlmann Galmot Pescatore Mackenzie Stuart O'Keeffe Bosco Due Everling Κακοόρης Δημοσιεύτηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο τις 20 Μαρτίου 1984. Κατ' εντολή του γραμματέα H. A. Rühi Κύριος υπάλληλος διοικήσεως Ο πρόεδρος J. Mertens de Wilmars

62005TJ0210

ro

Acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 18 martie 2005 (Cauza R 646/2004‑1) privind o procedură de opoziție între Limiñana y Botella, SL și Nalocebar – Consultores e Serviços, L d ª Date privind cauza Solicitantul mărcii comunitare: Big Ben Establishment Ltd. Reclamanta a dobândit cererea de înregistrare depusă de Big Ben Establishment Marca comunitară vizată: Marca figurativă Limoncello di Capri pentru produse din clasele 30, 32 și 33 Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Limiñana y Botella, SL Marca sau semnul invocat în sprijinul opoziției: Marca verbală spaniolă Limonchelo pentru produse din clasa 33 Decizia diviziei de opoziție: Refuză înregistrarea Decizia camerei de recurs: Respinge recursul Dispozitivul 1) Respinge acțiunea. 2) Obligă Nalocebar – Consultores e Serviços, Ldª la plata cheltuielilor de judecată.

62002TJ0183

el

Τα πραγματικά περιστατικά 1       Στις 17 Ιουνίου 1997 η El Corte Inglés, SA, υπέβαλε, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2003, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί, αίτηση καταχωρίσεως του λεκτικού σήματος MUNDICOR ως κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) (στο εξής: Γραφείο). 2       Η καταχώριση ζητήθηκε για όλα σχεδόν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των 42 κλάσεων της εβδόμης εκδόσεως της ταξινομήσεως προϊόντων και υπηρεσιών για τους σκοπούς της καταχωρίσεως σημάτων, η οποία υπήρξε το αντικείμενο του Διακανονισμού της Νίκαιας της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί. 3       Η αίτηση αυτή δημοσιεύθηκε στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων, αριθ. 27/98, της 14ης Απριλίου 1998. 4       Στις 14 Ιουλίου 1998, η González Cabello, SA, και η Iberia Líneas Aéreas de España, SA (στο εξής: Iberia ή παρεμβαίνουσα), άσκησαν χωριστές ανακοπές, δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού 40/94, κατά της καταχωρίσεως αυτού του κοινοτικού σήματος. Η ανακοπή της González Cabello 5       Η ανακοπή που άσκησε η González Cabello βασιζόταν στην ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94, με το ισπανικό λεκτικό σήμα MUNDICOLOR, το οποίο κατατέθηκε προς καταχώριση στις 24 Ιουνίου 1996 και καταχωρίστηκε στις 5 Αυγούστου 1997 με τον αριθμό 2.036.336, προς δήλωση των ακόλουθων προϊόντων της κλάσεως 2 του προπαρατεθέντος Διακανονισμού της Νίκαιας: «χρώματα, βερνίκια, λάκες· μέσα προφυλάξεως από την οξείδωση και μέσα συντηρήσεως του ξύλου· χρωστικές ουσίες· αντιδιαβρωτικές ουσίες· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες». 6       Η ανακοπή της González Cabello αφορούσε ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονταν στην αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος, ήτοι τα ακόλουθα προϊόντα της κλάσεως 2 του προπαρατεθέντος Διακανονισμού της Νίκαιας: «χρώματα, βερνίκια, λάκες· μέσα προφυλάξεως κατά της σκωρίας και μέσα συντηρήσεως του ξύλου· χρωστικές ουσίες· αντιδιαβρωτικές ουσίες· ακατέργαστες φυσικές ρητίνες· μέταλλα σε φύλλα (ελάσματα) και σε μορφή σκόνης για ζωγράφους, διακοσμητές, τυπογράφους και καλλιτέχνες». 7       Με απόφαση της 17ης Σεπτεμβρίου 1999, το τμήμα ανακοπών του Γραφείου δέχθηκε την ανακοπή της στο σύνολό της. 8       Στις 19 Νοεμβρίου 1999, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του τμήματος προσφυγών κατά της αποφάσεως αυτής του τμήματος ανακοπών. 9       Με απόφαση της 22ας Μαρτίου 2002, η οποία εκδόθηκε επί της υποθέσεως R 798/1999‑1, το τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή αυτή, με το σκεπτικό ότι υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως για τον τελικό καταναλωτή λόγω της ομοιότητας μεταξύ του προστατευόμενου από το προγενέστερο σήμα σημείου και του σημείου του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ως κοινοτικού σήματος, και της ταυτότητας ή σχεδόν ταυτότητας των εν λόγω προϊόντων, την οποία δεν είχε αμφισβητήσει η προσφεύγουσα με την προσφυγή της. Η ανακοπή της Iberia 10     Η ανακοπή που άσκησε η Iberia βασιζόταν στην ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94, με δύο προγενέστερα σήματα, ήτοι: –       αφενός, το ισπανικό λεκτικό σήμα MUNDICOLOR, το οποίο κατατέθηκε προς καταχώριση την 1η Αυγούστου 1973, καταχωρίστηκε με αριθμούς 722.281 και 722.282 στις 4 Φεβρουαρίου 1977 και ανανεώθηκε στις 15 Απριλίου 1997, για «υπηρεσίες μεταφοράς ταξιδιωτών, εκδρομών και τουριστικών προσφορών», περιλαμβανόμενες στην κλάση 39, και για «υπηρεσίες προσωρινής καταλύσεως σε ξενοδοχείο, σχεδιασμού ταξιδίων και οργανώσεως διακοπών» της κλάσεως 42 του προπαρατεθέντος Διακανονισμού της Νίκαιας· –       αφετέρου, το διεθνές εικονιστικό σήμα, το οποίο περιλαμβάνει τους όρους «mundi» και «color» και το οποίο ισχύει ιδίως στη Γαλλία, την Ιταλία, την Αυστρία και τις χώρες της Benelux, το οποίο κατατέθηκε προς καταχώριση στις 12 Ιανουαρίου 1978, καταχωρίστηκε με αριθμό 434.732 και ανανεώθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1998, σύμφωνα με το Σύμφωνο της Μαδρίτης περί της διεθνούς καταχωρίσεως εμπορικών σημάτων, της 14ης Απριλίου 1891, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, για «υπηρεσίες σχεδιασμού και οργανώσεως ταξιδίων» της κλάσεως 39 και «υπηρεσίες καταλύσεως και παροχής διατροφής παρεχόμενες από ξενοδοχεία» της κλάσεως 42 του προπαρατεθέντος διακανονισμού της Νίκαιας. Το εικονιστικό σημείο του τελευταίου αυτού σήματος αναπαριστάται κατωτέρω: 11     Η ανακοπή αυτή αφορούσε ορισμένες από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονταν στην αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, ήτοι τις «υπηρεσίες μεταφοράς· συσκευασίας και αποθηκεύσεως εμπορευμάτων· οργανώσεως ταξιδίων» της κλάσεως 39 και τις «υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών· υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης» της κλάσεως 42 του προπαρατεθέντος Διακανονισμού της Νίκαιας. 12     Με απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 1999, το τμήμα ανακοπών του Γραφείου δέχθηκε την ανακοπή της Ιberia, εκτός από το μέρος που αφορούσε τις «υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης εμπορευμάτων» της κλάσεως 39, οι οποίες αναφέρονταν στην αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος. 13     Στις 17 Ιανουαρίου 2000, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του τμήματος προσφυγών κατά της αποφάσεως αυτής του τμήματος ανακοπών. 14     Με απόφαση της 22ας Μαρτίου 2002, η οποία εκδόθηκε επί της υποθέσεως R 115/2000‑1, το τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή αυτή, κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι υπήρχε κίνδυνος συγχύσεως λόγω της ομοιότητας μεταξύ του προστατευόμενου από το προγενέστερο λεκτικό σήμα σημείου και του σημείου του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση ως κοινοτικού σήματος, δεδομένης της ταυτότητας ή σχεδόν ταυτότητας μεταξύ των εν λόγω υπηρεσιών, την οποία δεν είχε αμφισβητήσει η προσφεύγουσα με την προσφυγή της. Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων 15     Με χωριστά δικόγραφα που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 11 Ιουνίου 2002, η προσφεύγουσα άσκησε τις παρούσες προσφυγές, με αριθμό πρωτοκόλλου Τ‑183/02 και Τ‑184/02, αντίστοιχα. 16     Επί της υποθέσεως Τ‑183/02, το Γραφείο κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου υπόμνημα αντικρούσεως στις 15 Οκτωβρίου 2002. Η González Cabello δεν έκανε χρήση του δικαιώματος παρεμβάσεως που της παρέχει το άρθρο 134, παράγραφος 1, του κανονισμού διαδικασίας του Πρωτοδικείου. 17     Επί της υποθέσεως Τ‑184/02, η Iberia και το Γραφείο κατέθεσαν στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου τα υπομνήματά τους αντικρούσεως στις 20 Σεπτεμβρίου και στις 15 Οκτωβρίου 2002 αντίστοιχα. 18     Με διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Πρωτοδικείο της 15ης Σεπτεμβρίου 2003, αποφασίστηκε η συνεκδίκαση των υποθέσεων Τ‑183/02 και Τ‑184/02 λόγω συναφείας, προς διευκόλυνση της προφορικής διαδικασίας και έκδοση αποφάσεως, κατ’ άρθρο 50 του Κανονισμού Διαδικασίας. 19     Στην υπόθεση Τ‑183/02 η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 17ης Σεπτεμβρίου 1999, καθώς και την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 22ας Μαρτίου 2002 επί της υποθέσεως R 798/1999‑1· –       να διατάξει την καταχώριση του κοινοτικού σήματος MUNDICOR για όλα τα προϊόντα της κλάσεως 2 για τα οποία ζητείται η καταχώριση· –       να καταδικάσει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα. 20     Στην υπόθεση Τ‑184/02 η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 15ης Νοεμβρίου 1999, καθώς και την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 22ας Μαρτίου 2002 επί της υποθέσεως R 115/2000‑1· –       να διατάξει την καταχώριση του κοινοτικού σήματος MUNDICOR για τις «υπηρεσίες μεταφοράς και οργανώσεως ταξιδίων» της κλάσεως 39 και για τις «υπηρεσίες παροχής διατροφής και ποτών ·υπηρεσίες προσωρινής κατάλυσης» της κλάσεως 42· –       να καταδικάσει το Γραφείο στα δικαστικά έξοδα. 21     Στις δύο συναφείς υποθέσεις το Γραφείο ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να απορρίψει την προσφυγή· –       να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. 22     Στην υπόθεση Τ‑184/02 η Iberia ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να απορρίψει την προσφυγή· –       να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. 23     Κατά την προφορική διαδικασία που διεξήχθη στις 5 Νοεμβρίου 2003, η προσφεύγουσα δήλωσε ότι παραιτείται από τα αιτήματά της περί  ακυρώσεως των αποφάσεων του τμήματος ανακοπών και η παραίτηση αυτή καταχωρίστηκε στα πρακτικά της συνεδριάσεως του Πρωτοδικείου. Σκεπτικό 24     Προς στήριξη των προσφυγών της η προσφεύγουσα προβάλλει σε αμφότερες τις υποθέσεις, κατ’ ουσίαν, παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94 και, στην υπόθεση Τ‑184/02, παράβαση του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και του άρθρου 43, παράγραφος 2, του ίδιου κανονισμού. 25     Ενδείκνυται, κατ’ αρχάς, η εξέταση του δεύτερου αυτού ισχυρισμού, δεδομένου ότι αποσκοπεί στην αμφισβήτηση και της δυνατότητας ακόμη να ληφθούν υπόψη τα προγενέστερα σήματα επί των οποίων στηρίχθηκε η ανακοπή της Iberia, καθώς και η εκτίμηση της υπάρξεως σε σχέση με τα σήματα αυτά κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94. Επί του ισχυρισμού στην υπόθεση Τ‑184/02 περί παραβάσεως του άρθρου 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, και του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 Επιχειρήματα των διαδίκων 26     Η προσφεύγουσα, στο πλαίσιο της υποθέσεως Τ‑184/02, φρονεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, η ανακοπή έπρεπε να είχε απορριφθεί, δεδομένου ότι τα προγενέστερα σήματα δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ακριβώς με τη μορφή με την οποία καταχωρίστηκαν. 27     Η προσφεύγουσα επικαλείται συναφώς τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η ίδια Iberia ενώπιον του τμήματος ανακοπών, από τα οποία προκύπτει, αφενός, ότι τα σήματά της χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με την επωνυμία του δικαιούχου τους και με όρους όπως «mundos soñados» (ονειρεμένοι κόσμοι) ή «hotel color», και, αφετέρου, ότι συνοδεύονταν από ιδιαίτερη γραμματοσειρά. Δεδομένων των περιστάσεων αυτών, φρονεί ότι η γενόμενη χρήση των προγενέστερων σημάτων αλλοίωσε τον διακριτικό χαρακτήρα που είχαν με τη μορφή με την οποία είχαν καταχωριστεί. Κατά συνέπεια, το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού 40/94 δεν μπορεί να εφαρμοστεί εν προκειμένω. 28     Η προσφεύγουσα υπογραμμίζει ότι ο λόγος για τον οποίον δεν απαίτησε τη διεξαγωγή αποδείξεων για τη χρήση των προγενέστερων σημάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανακοπής, κατ’ άρθρο 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 ήταν η αυθόρμητη προσκόμιση αποδείξεων εκ μέρους της Iberia. Για λόγους οικονομίας της δίκης δεν ήταν απαραίτητο να ζητήσει η προσφεύγουσα από την Iberia να προσκομίσει αποδείξεις της ουσιαστικής χρήσεως των προγενέστερων σημάτων, τις οποίες είχε ήδη προσκομίσει. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ο κανονισμός 40/94 προβλέπει τη δυνατότητα να κηρυχθεί άκυρο ένα σήμα λόγω ελλείψεως ουσιαστικής χρήσεως, στον ανακόπτοντα εναπόκειται να προσκομίσει αποδείξεις της ουσιαστικής χρήσεως του προγενέστερου σήματός του και της ενδεχόμενης φήμης του σήματος αυτού. 29     Το Γραφείο υπερασπίζεται το κύρος της προσβαλλομένης αποφάσεως στο σημείο αυτό, υπενθυμίζοντας ότι το τμήμα προσφυγών ορθώς παρατήρησε ότι το ζήτημα της χρήσεως των προγενέστερων σημάτων δεν είχε τεθεί από την προσφεύγουσα ενώπιον του τμήματος ανακοπών. 30     Το Γραφείο φρονεί ότι η απόδειξη της χρήσεως και η διεκδίκηση της φήμης είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Ειδικότερα, η φήμη είχε προβληθεί από την ανακόπτουσα υπέρ της, προκειμένου να επεκτείνει την προστασία του προγενέστερου σήματός της, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που δεν προσομοιάζουν με εκείνα για τα οποία έχει καταχωριστεί το σήμα αυτό. Αντιθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, του ίδιου αυτού κανονισμού, η απόδειξη της χρήσεως έπρεπε να προσκομιστεί από την ανακόπτουσα «μετά από αίτηση του καταθέτη» για να αποδειχθεί η φήμη των προγενέστερων σημάτων του. 31     Η παρεμβαίνουσα αμφισβητεί τη λυσιτέλεια των επιχειρημάτων της προσφεύγουσας σχετικά με την πραγματική χρήση των προγενέστερων σημάτων. Ισχυρίζεται ότι ο όρος «mundicolor» είναι γνωστός και  χρησιμοποιείται ευρέως στις διανομές. Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση σε ορισμένες περιπτώσεις του όρου αυτού και της επωνυμίας της είναι απολύτως φυσιολογική. Οι όροι «mundos soñados» και «hotel color» δεν χρησιμοποιούνται ποτέ σε σχέση με το σήμα MUNDICOLOR και δεν ανταποκρίνονται στα καταχωρισμένα σήματα των οποίων η παρεμβαίνουσα είναι δικαιούχος. Εκτίμηση του Δικαστηρίου 32     Με τον ισχυρισμό αυτόν η προσφεύγουσα επιδιώκει, κατ’ ουσίαν, να κριθεί ότι εσφαλμένως το τμήμα προσφυγών αρνήθηκε ότι δεν είχε γίνει ουσιαστική χρήση εντός της Κοινότητας των προγενέστερων σημάτων της παρεμβαίνουσας για τις υπηρεσίες για τις οποίες είχαν καταχωριστεί και επί των οποίων στηρίχθηκε η ανακοπή, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94. Ειδικότερα, φρονεί ότι το τμήμα προσφυγών όφειλε να λάβει υπόψη τα έγγραφα που είχε προσκομίσει η Iberia ενώπιον του τμήματος ανακοπών για να αποδειχθεί αν τα έγγραφα αυτά αποδείκνυαν τη χρήση των προγενέστερων σημάτων όπως επιβάλλει το άρθρο 43 του κανονισμού 40/94 ή αν, όπως φρονεί η προσφεύγουσα, μαρτυρεί, αντιθέτως, χρήση που αλλοιώνει τον διακριτικό χαρακτήρα τους με τη μορφή με την οποία καταχωρίστηκαν. 33      Κατ’ αρχάς, πρέπει να διορθωθεί η αναφορά της προσφεύγουσας στο άρθρο 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, διότι η εν λόγω παράγραφος αφορά μόνον τις συνέπειες της μη χρήσεως ενός προγενέστερου κοινοτικού σήματος, ενώ στην επίδικη περίπτωση το προγενέστερο σήμα της Iberia για το οποίο έγινε δεκτή η ανακοπή –το λεκτικό σήμα MUNDICOLOR– είναι εθνικό σήμα. Στην πραγματικότητα, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού, καθώς η παράγραφος 3 ορίζει ως εφαρμοστέα την παράγραφο 2 «στα προγενέστερα εθνικά σήματα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, υπό τον όρο ότι η χρήση στην Κοινότητα αντικαθίσταται από τη χρήση στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο εθνικό σήμα». 34     Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι το άρθρο 15, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού 40/94 αφορά επίσης μόνον το κοινοτικό σήμα. Η διάταξη αυτή ορίζει την έννοια της χρήσεως του κοινοτικού σήματος σύμφωνα με τον προπαρατεθέντα κανονισμό, ιδίως για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεών του που προβλέπουν κυρώσεις για τη μη χρήση ενός τέτοιου σήματος. Επομένως, τα προγενέστερα εθνικά σήματα στα οποία γίνεται αναφορά στο πλαίσιο της ανακοπής, δυνάμει του άρθρου 42 του κανονισμού 40/94, καθώς και η χρήση ή η μη χρήση τους, δεν διέπονται από την εν λόγω διάταξη. 35     Δεν είναι, εξάλλου, αναγκαίο στην επίδικη περίπτωση να τεθεί το ερώτημα αν για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 3, του άρθρου 43 του κανονισμού 40/94, η χρήση ή η μη χρήση ενός προγενέστερου εθνικού σήματος μπορεί να διαπιστωθεί και υπό το πρίσμα του άρθρου 15 του εν λόγω κανονισμού, με ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως αυτής. 36     Πράγματι, ορθώς το τμήμα προσφυγών δέχθηκε την ανακοπή βάσει του άρθρου 43 του κανονισμού 40/94, κρίνοντας με την προσβαλλόμενη απόφασή του επί της υποθέσεως Τ‑184/02 (σκέψη 18), ότι «το ζήτημα της χρήσεως των προγενεστέρως καταχωρισθέντων σημάτων δεν τέθηκε  ούτε ενώπιον του τμήματος ανακοπών, ούτε στο δικόγραφο της προσφυγής». 37     Συναφώς, πρέπει να παρατηρηθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, μόνον όταν ο καταθέτων υποβάλλει σχετική αίτηση καλείται ο δικαιούχος προγενέστερου σήματος που άσκησε ανακοπή να προσκομίσει αποδείξεις ότι κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγήθηκαν της δημοσιεύσεως της αιτήσεως κοινοτικού σήματος είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος στην εδαφική περιοχή εντός της οποίας απολαύει προστασίας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες καταχωρίστηκε και επί των οποίων βασίζεται η ανακοπή του, ή ότι υπάρχει εύλογη αιτία για τη μη χρήση 38     Κατ’ ουσίαν, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, για τους σκοπούς της εξετάσεως μιας ασκηθείσας κατ’ άρθρο 42 του ίδιου κανονισμού ανακοπής, εφόσον δεν υποβληθεί αίτηση του καταθέσαντος για προσκόμιση αποδείξεων, τεκμαίρεται ότι είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος. Η υποβολή τέτοιας αιτήσεως έχει, επομένως, ως αποτέλεσμα τη μεταφορά στον ανακόπτοντα του βάρους αποδείξεως της ουσιαστικής χρήσεως (ή της υπάρξεως εύλογης αιτίας για τη μη χρήση) επί ποινή απορρίψεως της ανακοπής του, ενώ η απόδειξη αυτή πρέπει να προσκομιστεί εντός της προθεσμίας που τάσσει το Γραφείο, σύμφωνα με τον κανόνα 22 του κανονισμού (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού 40/94 (ΕΕ L 303, σ. 1). Για να επιτευχθεί το αποτέλεσμα αυτό πρέπει η αίτηση να έχει υποβληθεί ρητώς και εγκαίρως ενώπιον του Γραφείου. 39     Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έλλειψη αποδείξεως της ουσιαστικής χρήσεως δεν μπορεί να τιμωρείται με απόρριψη της ανακοπής παρά μόνο στην περίπτωση που η απόδειξη αυτή απαιτήθηκε ρητώς και εγκαίρως από τον αιτήσαντα ενώπιον του Γραφείου. 40     Στην επίδικη περίπτωση, όμως, η προσφεύγουσα αναγνωρίζει ότι ουδέποτε υπέβαλε ενώπιον του Γραφείου αίτηση του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94. 41     Κατά συνέπεια, λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 74, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, σύμφωνα με το οποίο, «σε διαδικασία που αφορά τους σχετικούς λόγους απαραδέκτου της καταχώρησης, η εξέταση περιορίζεται στα επιχειρήματα που προβάλλουν οι διάδικοι, καθώς και τα υποβληθέντα από αυτούς αιτήματα», ούτε το τμήμα ανακοπών ούτε το τμήμα προσφυγών είχαν τη δυνατότητα να απορρίψουν την ανακοπή βάσει του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94. 42     Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί από το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι δεν ζήτησε απόδειξη της χρήσεως λόγω του ότι η Iberia είχε προσκομίσει αυθορμήτως ενώπιον του τμήματος ανακοπών έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ότι είχε κάνει χρήση των προγενέστερων σημάτων με μορφή διαφορετική από εκείνη με την οποία είχαν καταχωριστεί. 43     Το επιχείρημα αυτό είναι προφανώς αβάσιμο. Πράγματι, από τον φάκελο της υποθέσεως προκύπτει ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν προσκομίστηκαν από την Iberia ενώπιον του τμήματος ανακοπών για να αποδείξουν τη χρήση των προγενέστερων σημάτων της, αλλά για να αποδείξουν τη φήμη των εν λόγω σημάτων και να αναδείξουν έτσι την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94 (βλ., συναφώς, την παρατιθέμενη νομολογία στη σκέψη 67 κατωτέρω). Όμως η προσκόμιση των εγγράφων αυτών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει την απαίτηση ρητής αιτήσεως του καταθέσαντος για απόδειξη της ουσιαστικής χρήσεως, προκειμένου το ζήτημα μιας τέτοιας χρήσεως να εξεταστεί και να επιλυθεί από το Γραφείο. 44     Υπ’ αυτές τις συνθήκες δεν είναι αναγκαία η εξέταση, στην οποία προέβη το τμήμα προσφυγών κατά τρόπο εξαντλητικό (σκέψη 19 της προσβαλλομένης αποφάσεως Τ‑184/02), του ζητήματος αν τα εν λόγω έγγραφα βεβαιώνουν ή όχι τη χρήση του σήματος MUNDICOLOR από την Iberia σύμφωνα με τα οριζόμενα από το άρθρο 43 του κανονισμού 40/94. 45     Συνεπώς, ο ισχυρισμός αυτός πρέπει να απορριφθεί. Επί του ισχυρισμού περί παραβάσεως του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94 Επιχειρήματα των διαδίκων 46     Η προσφεύγουσα υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94, για το απαράδεκτο της καταχωρίσεως απαιτούνται σωρευτικώς η ταυτότητα ή η ομοιότητα των σημείων και η ταυτότητα ή η ομοιότητα των φερόντων τα σημεία αυτά προϊόντων ή υπηρεσιών. Υπενθυμίζει επίσης ότι, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των σημείων, η ταυτότητα μεταξύ των  φερόντων αυτά προϊόντων και υπηρεσιών δεν ασκεί επιρροή στην υπόθεση για τους σκοπούς της εφαρμογής της διατάξεως αυτής. 47     Στην επίδικη, όμως, περίπτωση, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, αν ήθελε υποτεθεί ότι τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες κυκλοφορούν στους ίδιους εμπορικούς χώρους, οι συνολικές διαφορές μεταξύ των σημείων είναι αρκούντως σημαντικές ώστε να αποκλείουν κάθε κίνδυνο συγχύσεως. 48     Πρώτον, η προσφεύγουσα υπογραμμίζει την από ηχητικής απόψεως διαφορά μεταξύ των σημείων. Επισημαίνει τον διαφορετικό αριθμό συλλαβών και γραμμάτων που απαρτίζουν τα σημεία, ήτοι τρεις συλλαβές και οκτώ γράμματα στην περίπτωση του «mundicor» και τέσσερις συλλαβές και δέκα γράμματα στην περίπτωση του «mundicolor». Υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ των σημείων όχι μόνον από αυστηρώς ηχητικής απόψεως, ιδίως λόγω της διαφορετικής συνθέσεως των συνθετικών «cor» και «color», αλλά και από απόψεως τονισμού και εκφοράς όσον αφορά τον ρυθμό και τη μουσικότητα: το προς καταχώριση σήμα καταλήγει απότομα στην τρίτη τονιζόμενη συλλαβή, ενώ τα σήματα MUNDICOLOR έχουν λιγότερο απότομη κατάληξη, λόγω του ότι συνεχίζονται με μια ακόμη συλλαβή, επίσης τονιζόμενη. 49     Δεύτερον, η προσφεύγουσα επισημαίνει την οπτική διαφορά μεταξύ των επίδικων σημείων, η οποία προκύπτει από τον διαφορετικό αριθμό γραμμάτων που περιέχουν. Υπογραμμίζει ιδίως ότι το προς καταχώριση σήμα είναι βραχύτερο από τα προγενέστερα σήματα MUNDICOLOR. 50     Στο πλαίσιο της υποθέσεως Τ‑184/02, η προσφεύγουσα προσθέτει ότι η οπτική διαφορά καθίσταται ακόμη εντονότερη αν το προς καταχώριση σήμα συγκριθεί με το προγενέστερο διεθνές σήμα, λόγω της χαρακτηριστικής γραμματοσειράς που διακρίνει το δεύτερο και του διαχωρισμού σε αυτό των όρων «mundi» και «color». Επιπλέον, συγκρίνει το προς καταχώριση σήμα με τα σημεία της Iberia, όπως προκύπτουν από τα έγγραφα που προσκόμισε η τελευταία ενώπιον του Γραφείου προκειμένου να αποδείξει τη φήμη των προγενέστερων σημάτων της. Η προσφεύγουσα επισημαίνει έτσι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα προγενέστερα σήματα της Iberia είναι μικτά, εμφανίζουν πολύ χαρακτηριστική γραμματοσειρά και περιλαμβάνουν επίσης τους όρους «Iberia», «mundos soñados» ή «hotel color», γεγονός που εισάγει σημαντικά διαφοροποιά στοιχεία σε σχέση με το προς καταχώριση σήμα. 51     Τρίτον, η προσφεύγουσα εξηγεί τη διαφορά μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων από εννοιολογικής απόψεως. 52     Έτσι, η προσφεύγουσα φρονεί ότι, πρώτον, το πρόθεμα «mundi», το οποίο αναφέρεται γενικώς στους όρους «mundial» (διεθνές, παγκόσμιο) ή «mundo» (κόσμος), δεν έχει από μόνο του διακριτικό χαρακτήρα. Εξάλλου, πολλά καταχωρισμένα σήματα περιλαμβάνουν το συνθετικό αυτό. Η σύγκριση, από εννοιολογικής απόψεως, πρέπει, κατά συνέπεια, να επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στα συνθετικά «color» και «cor». 53     Δεύτερον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι στο σημείο MUNDICOLOR το πρόθεμα «mundi», το οποίο συνδέεται αναπόσπαστα με τον όρο «color», αναφέρεται σαφώς σε ορισμένο τομέα της πραγματικότητας, ήτοι στον κόσμο των χρωμάτων, και όχι στην υδρόγειο σφαίρα, στην οποία παραπέμπει ο όρος MUNDICOR. Εντούτοις, επισημαίνει ότι το πρόθεμα «mundi», ενωνόμενο με το μόριο «cor», τείνει να απολέσει κάθε περιεχόμενο που θα μπορούσε να προκαλεί κάποιον συνειρμό και μετατρέπεται σε στοιχείο εντελώς φανταστικό. 54     Τρίτον, η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι το συνθετικό «color» (χρώμα) έχει σαφή έννοια και, δεδομένου ότι πρόκειται για προγενέστερο σήμα της González Cabello, αναφέρεται στο είδος των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό, ενώ το συνθετικό «cor» στερείται άμεσου εννοιολογικού περιεχομένου. 55     Τέταρτον, η προσφεύγουσα φρονεί ότι τα αντιπαρατιθέμενα σημεία μπορούν εύκολα να συνδεθούν στο πνεύμα των καταναλωτών το καθένα με τον δικαιούχο του και με τη φήμη του τελευταίου στην αγορά. Αφενός, η προσφεύγουσα χρησιμοποιεί πλήθος καταχωρισμένων σημάτων που καταλήγουν σε «cor» και η φήμη της στην ισπανική αγορά είναι αρκούντως μεγάλη ώστε να συνδέονται με αυτήν και άλλα σήματα που επίσης καταλήγουν σε «cor». Αφετέρου, από τα έγγραφα που προσκόμισε η Iberia ενώπιον του τμήματος ανακοπών προκύπτει ότι τα επίδικα στην υπόθση Τ‑184/02 προγενέστερα σήματα συνδέονται με τη διάσημη επωνυμία του δικαιούχου τους ή με άλλα λεκτικά στοιχεία, όπως «mundos soñados» ή «hotel color», τα οποία δηλώνουν σαφώς την εμπορική προέλευση των σημάτων αυτών. 56     Για να αποδείξει την ύπαρξη, αφενός, του πλήθους των εθνικών σημάτων που της ανήκουν και καταλήγουν στο συνθετικό «cor» και, αφετέρου, του πλήθους των καταχωρισμένων κοινοτικών σημάτων που περιλαμβάνουν τους όρους «mundi» και «mundo», η προσφεύγουσα και στις δύο υποθέσεις προσκομίζει σειρά εγγράφων και καλεί το Πρωτοδικείο να απευθύνει στο Oficina Española de Patentas y Marcas (ισπανικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων) και στο Γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 65, στοιχείο β΄, του κανονισμού διαδικασίας, αιτήσεις παροχής πληροφοριών. 57     Το Γραφείο υπενθυμίζει ότι η συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως συνεπάγεται μια κάποια ανεξαρτησία μεταξύ των παραγόντων που ελήφθησαν υπόψη και, ιδίως, μεταξύ της ομοιότητας μεταξύ των σημάτων και της ομοιότητας μεταξύ των δηλούμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. 58     Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών, το Γραφείο επιμένει και στις δύο υποθέσεις στην ταυτότητα ή σχεδον ταυτότητα μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών που φέρουν τα επίδικα σήματα. 59     Όσον αφορά τη σύγκριση μεταξύ των σημείων, το Γραφείο, στο πλαίσιο της υποθέσεως Τ‑184/02, υπογραμμίζει ότι, εφόσον το τμήμα ανακοπών και το τμήμα προσφυγών δέχθηκαν την ανακοπή της Iberia λαμβάνοντας υπόψη το μοναδικό ισπανικό λεκτικό σήμα MUNDICOLOR, δεν υπάρχει λόγος συγκρίσεως του προς καταχώριση σήματος με το διεθνές εικονιστικό σήμα στο οποίο στηρίχθηκε η ανακοπή της Ιberia. Στην ίδια υπόθεση, το Γραφείο επισημαίνει, επιπλέον, ότι η σύγκριση μεταξύ των σημάτων πρέπει να βασίζεται στα σημεία όπως ακριβώς καταχωρίστηκαν. 60     Από μια συνολική σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημείων MUNDICOR και MUNDICOLOR, το Γραφείο συνάγει και στις δύο υποθέσεις το συμπέρασμα ότι τα δύο αυτά σημεία παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα από οπτικής και ηχητικής απόψεως, καίτοι δεν υπάρχει μεταξύ τους ομοιότητα από εννοιολογικής απόψεως που να ασκεί επιρροή στην υπόθεση. 61     Επομένως, υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως για το κοινό του οικείου κράτους μέλους, ήτοι της Ισπανίας, λόγω της ομοιότητας των αντιπαρατιθέμενων σημείων, καθώς και της ταυτότητας ή της μεγάλης ομοιότητας μεταξύ των φερόντων αυτά προϊόντων και υπηρεσιών. 62     Στην υπόθεση Τ‑184/02, η προσφεύγουσα συμμερίζεται, κατ’ ουσίαν, τα επιχειρήματα που ανέπτυξε το Γραφείο και υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι στην επίδικη περίπτωση η ομοιότητα μεταξύ των  αντιπαρατιθέμενων σημείων αποδεικνύεται πλήρως. Αναφερόμενη στις διαπιστώσεις του τμήματος προσφυγών σχετικά με την οπτική και ηχητική ομοιότητα των εν λόγω σημείων, τις οποίες θεωρεί αποδεδειγμένες, η παρεμβαίνουσα επισημαίνει την ύπαρξη ομοιότητας μεταξύ των όρων «mundicor» και «mundicolor» και από εννοιολογικής απόψεως, δεδομένου ότι το κοινό πρόθεμα «mundi», το οποίο παραπέμπει στο «mundo» (κόσμος) ή «mundial» (διεθνές, παγκόσμιο), είναι το κυρίαρχο στοιχείο από εννοιολογικής απόψεως. 63     Λαμβανομένης υπόψη και της πλήρους συμπτώσεως, που διαπίστωσε το τμήμα προσφυγών, μεταξύ των υπηρεσιών για τις οποίες ζητείται η καταχώριση του κοινοτικού σήματος και των υπηρεσιών που φέρουν τα προγενέστερα σήματα, η παρεμβαίνουσα ισχυρίζεται ότι η καταχώριση και η χρήση του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση στον ίδιο οικονομικό κλάδο με αυτόν των δικών της σημάτων θα προκαλέσουν αναπόφευκτα κίνδυνο συγχύσεως και συσχετίσεως για το κοινό, λόγω της φήμης των τελευταίων, και θα της προκαλέσουν σοβαρή ζημία. Για να υπογραμμίσει τη φήμη των προγενέστερων σημάτων της, η παρεμβαίνουσα επισημαίνει ότι έχει καταχωρίσει το λεκτικό σήμα MUNDICOLOR σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και ότι είναι δικαιούχος, εκτός των σημάτων στα οποία βασίζεται η ανακοπή της, και άλλων εικονιστικών σημάτων  που περιέχουν τον όρο «mundicolor» και που έχουν καταχωριστεί στην Ισπανία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτίμηση του Πρωτοδικείου 64     Κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με την ερμηνεία της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), και του Πρωτοδικείου σχετικά με τον κανονισμό 40/94, συνιστά κίνδυνο συγχύσεως το ενδεχόμενο να πιστέψει το κοινό ότι τα σχετικά προϊόντα ή υπηρεσίες προέρχονται από την ίδια επιχείρηση ή, ενδεχομένως, από συνδεόμενες μεταξύ τους οικονομικώς επιχειρήσεις [αποφάσεις του Δικαστηρίου της 29ης Σεπτεμβρίου 1998, C‑39/97, Canon, Συλλογή 1998, σ. I‑5507, σκέψη 29, και της 22ας Ιουνίου 1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Συλλογή 1999, σ. I‑3819, σκέψη 17· αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 23ης Οκτωβρίου 2002, Τ‑104/01, Oberhauser κατά ΓΕΕΑ – Petit Liberto (Fifties), Συλλογή 2002, σ. ΙΙ‑4359, σκέψη 25, και της 15ης Ιανουαρίου 2003, Τ‑99/01, Mystery Drinks κατά ΓΕΕΑ‑Karlsberg Brauerei (MYSTERY), Συλλογή 2003, σ. ΙΙ‑43, σκέψη 29]. 65     Ο κίνδυνος συγχύσεως στο πνεύμα του κοινού πρέπει να εκτιμάται συνολικά, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων της συγκεκριμένης περιπτώσεως (απόφαση του Δικαστηρίου της 11ης Νοεμβρίου 1997, C‑251/95, SABEL, Συλλογή 1997, σ. I‑6191, σκέψη 22, προμνημονευθείσες αποφάσεις Canon, σκέψη 16, και Lloyd Shuhfabrik Meyer, σκέψη 18, και απόφαση της 22ας Ιουνίου 2000, C‑425/98, Marca Mode, Συλλογή 2000, σ. I‑4861, σκέψη 40· προπαρατεθείσες αποφάσεις Fifties, σκέψη 26, και MYSTERY, σκέψη 30). 66     Η συνολική αυτή εκτίμηση συνεπάγεται κάποια αλληλεξάρτηση των λαμβανομένων υπόψη παραγόντων και, ιδίως, της ομοιότητας των σημάτων καθώς και της ομοιότητας των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Έτσι, μια μικρή ομοιότητα μεταξύ των προσδιοριζομένων προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να αντισταθμίζεται από μια έντονη ομοιότητα μεταξύ των σημάτων και αντιστρόφως. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραγόντων αυτών βρίσκει την έκφρασή της στην έβδομη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94, σύμφωνα με την οποία η έννοια της ομοιότητας πρέπει να ερμηνεύεται σε σχέση με τον κίνδυνο συγχύσεως, η εκτίμηση του οποίου εξαρτάται ιδίως από το πόσο γνωστό είναι το σήμα στην αγορά, και από τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος και του σημείου και μεταξύ των σημαινομένων προϊόντων ή υπηρεσιών (προπαρατεθείσες αποφάσεις canon, σκέψη 17, Lloyd Schufabrik Meyer, σκέψη 19, Fifties, σκέψη 27, και MYSTERY, σκέψη 31). 67     Επιπλέον, από τη νομολογία προκύπτει ότι όσο πιο σημαντικός είναι ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενεστέρου σήματος τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος συγχύσεως (προπαρατεθείσες αποφάσεις SABEL, σκέψη 24, και CANON, σκέψη 18) και ότι αυτός πρέπει να διαπιστώνεται είτε σε σχέση με τις σύμφυτες ιδιότητες του σήματος είτε λόγω του ότι το σήμα είναι παγκοίνως γνωστό (προπαρατεθείσες αποφάσεις Canon, σκέψη 18, και ΜYSTERY, σκέψη 34). 68     Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται τα σήματα ο μέσος καταναλωτής των επίμαχων προϊόντων ή υπηρεσιών έχει καθοριστική σημασία για τη συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται συνήθως ένα σήμα ως ολότητα και δεν προβαίνει σε εξέταση των διαφόρων λεπτομερειών του (προμνημονευθείσες αποφάσεις SABEL, σκέψη 23, Lloyd Shuhfabrik Meyer, σκέψη 25, Fifties, σκέψη 28, και MYSTERY, σκέψη 32). Στο πλαίσιο αυτής της συνολικής εκτιμήσεως, ο μέσος καταναλωτής των οικείων προϊόντων θεωρείται ότι έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη το στοιχείο ότι ο μέσος καταναλωτής σπανίως έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε άμεση σύγκριση των διαφόρων σημάτων, αλλά είναι αναγκασμένος να επαφίεται στην ατελή εικόνα που έχει συγκρατήσει στη μνήμη του. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το στοιχείο ότι το επίπεδο της προσοχής του μέσου καταναλωτή είναι δυνατόν να μεταβάλλεται αναλόγως της κατηγορίας των αντίστοιχων προϊόντων ή υπηρεσιών (προμνημονευθείσες αποφάσεις Lloyd Shuhfabrik Meyer, σκέψη 26, Fifties, σκέψη 28, και MYSTERY, σκέψη 32). 69     Στην επίδικη υπόθεση, είναι σκόπιμη η υπόμνηση ότι η González Cabello και η Iberia άσκησαν χωριστές ανακοπές η καθεμία κατά της καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, επικαλούμενες την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94, αφενός, με το ισπανικό λεκτικό σήμα MUNDICOLOR, το οποίο προσδιορίζει προϊόντα της κλάσεως 2 του προμνημονευθέντος διακανονισμού της Νίκαιας, και, αφετέρου, με το ισπανικό λεκτικό σήμα MUNDICOLOR και το διεθνές εικονιστικό σήμα που περιλαμβάνει τους όρους «mundi» και «color», τα οποία προσδιορίζουν υπηρεσίες της κλάσεως 39 και 42 του ίδιου διακανονισμού. 70     Με την προσβαλλομένη στην υπόθεση Τ‑184/02 απόφαση (σκέψη 16), το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι το τμήμα ανακοπών, εφόσον ορθώς διαπίστωσε την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και του λεκτικού σήματος της Iberia, μπορούσε νομίμως να αποστεί από την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και του προγενέστερου διεθνούς εικονιστικού σήματος. Έτσι, απέρριψε τον ισχυρισμό της προσφεύγουσας περί της απουσίας τέτοιας εκτιμήσεως και απέστη από την εκτίμηση αυτή. 71     Η προσφεύγουσα αδίκως παραπονείται για τη συλλογιστική αυτή του τμήματος προσφυγών, σύμφωνα με την οποία, «εφόσον μία ανακοπή έγινε δεκτή βάσει ενός από τους προβαλλόμενους ισχυρισμούς κατά του αιτουμένου σήματος, δεν χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον θα μπορούσε να γίνει δεκτή βάσει των λοιπών προβαλλόμενων ισχυρισμών» (προσβαλλομένη απόφαση, σκέψη 16). 72     Δεδομένου ότι η ανακοπή της Iberia έγινε δύο φορές δεκτή βάσει του προγενέστερου λεκτικού σήματος, οποιοσδήποτε ισχυρισμός σε σχέση με τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και του προγενέστερου εικονιστικού σήματος μπορούν να ασκήσουν επιρροή στην υπόθεση μόνον αν το Πρωτοδικείο, βασιζόμενο σε άλλα επιχειρήματα της προσφεύγουσας, αποκλείσει, αντίθετα απ’ ό,τι έπραξε το τμήμα προσφυγών, την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως για το ισπανικό κοινό μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και του προγενέστερου λεκτικού σήματος της Iberia. 73     Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της εξετάσεως του παρόντος ισχυρισμού, επιβάλλεται η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως μεταξύ, αφενός, του  κοινοτικού λεκτικού σήματος MUNDICOR του οποίου ζητείται η καταχώριση, αφετέρου, των προγενέστερων λεκτικών σημάτων MUNDICOLOR που ανήκουν στην González Cabello και στην Iberia. 74     Δεδομένης της φύσεως των εν λόγω προϊόντων και των υπηρεσιών, που είναι στο σύνολό τους κοινής καταναλώσεως, και του ότι τα προγενέστερα λεκτικά σήματα έχουν καταχωριστεί και απολαύουν προστασίας στην Ισπανία, το κοινό στο οποίο απευθύνονται και σε σχέση με το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί ο κίνδυνος συγχύσεως αποτελείται από τους μέσους καταναλωτές του κράτους μέλους αυτού, οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον ισπανόφωνοι. –       Επί της συγκρίσεως των επίδικων προϊόντων και υπηρεσιών 75     Όσον αφορά την σύγκριση των προϊόντων και των υπηρεσιών, πρέπει να σημειωθεί ότι στις δύο προσβαλλόμενες αποφάσεις το τμήμα προσφυγών, χωρίς να προβεί σε ίδια ανάλυση, έκρινε ότι υπήρχε ταυτότητα ή σχεδόν ταυτότητα μεταξύ, αφενός, των φερόντων τα προγενέστερα λεκτικά σήματα προϊόντων και υπηρεσιών, και, αφετέρου, των προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία αφορά η αίτηση καταχωρίσεως του κοινοτικού σήματος και για τα οποία έγινε δεκτή η ανακοπή. Πράγματι, το τμήμα ανακοπών διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα δεν αμφισβήτησε την εκτίμηση αυτή του τμήματος ανακοπών. 76     Εφόσον η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί την εκτίμηση αυτήν ούτε με τις εξεταζόμενες προσφυγές και δέχεται, επομένως, ότι είναι δεδομένος ένας πολύ υψηλός βαθμός ομοιότητας (ταυτότητα ή σχεδόν ταυτότητα) μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσδιορίζονται από τα αντιπαρατιθέμενα σήματα, αλλ’ ισχυρίζεται, αντιθέτως, ότι αυτά δεν είναι όμοια ούτε, πολλώ μάλλον, ταυτίζονται, και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ τους, πρέπει η εξέταση να περιοριστεί στα δύο αυτά σημεία. –       Επί της συγκρίσεως των αντιπαρατιθέμενων σημάτων 77     Από τη νομολογία προκύπτει ότι η συνολική εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως πρέπει, όσον αφορά την οπτική, ηχητική ή εννοιολογική ομοιότητα των εξεταζομένων σημάτων, να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που προκαλούν τα σήματα, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, των διακριτικών και κυρίαρχων στοιχείων τους (προμνημονευθείσες αποφάσεις SABEL, σκέψη 23, Lloyd Shuhfabrik Meyer, σκέψη 25, και Canon, σκέψη 16). Επιπλέον, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι η ηχητική και μόνον ομοιότητα δύο σημάτων μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο συγχύσεως (βλ., υπό την έννοια αυτή, προμνημονευθείσα απόφαση Lloyd Shuhfabrik Meyer, σκέψη 28). 78     Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει σύγκριση των αντιπαρατιθεμένων εν προκειμένω σημείων από οπτικής, ηχητικής και εννοιολογικής απόψεως, αφού διευκρινιστεί ότι τις συγκρινόμενες λέξεις αποτελούν, όπως ορθώς υπενθύμισε το Γραφείο, αφενός, το κοινοτικό σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση, και, αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, του κανονισμού 40/94, τα προγενέστερα σήματα όπως έχουν καταχωριστεί στην Ισπανία, δηλαδή το λεκτικό σήμα MUNDICOLOR. 79     Με την προσβαλλόμενη στην υπόθεση Τ‑183/02 απόφαση, το τμήμα προσφυγών δεν προέβη σε σύγκριση από οπτικής απόψεως των σημάτων MUNDICOR και MUNDICOLOR. Αντιθέτως, το τμήμα προσφυγών περιορίστηκε στην ηχητική ομοιότητά τους, την οποία η προσφεύγουσα αμφισβήτησε ενώπιόν του. Ισχυρίστηκε, συναφώς, ότι «τα δύο σήματα έχουν κοινά τα επτά πρώτα γράμματα, που αποτελούν και τις τρεις πρώτες συλλαβές, καθώς και το τελευταίο γράμμα». Ισχυρίστηκε επίσης ότι η μόνη διαφορά μεταξύ των σημάτων αυτών συνίσταται στα επιπλέον γράμματα «lo» που αποτελούν την τέταρτη συλλαβή του προγενέστερου σήματος· ότι επειδή τα γράμματα αυτά είναι ενωμένα με τα γράμματα «ο» και «r», δεν μεταβάλλουν «αισθητώς το άκουσμα του σήματος»· ότι «συνήθως οι πρώτες συλλαβές είναι αυτές που επηρεάζουν περισσότερο την αντίληψη του καταναλωτή» (σκέψη 16 της εν λόγω αποφάσεως). 80     Με την προσβαλλομένη στην υπόθεση Τ‑184/02 απόφαση, το τμήμα προσφυγών προέβη σε σύγκριση των σημάτων MUNDICOR και MUNDICOLOR τόσο από οπτική όσο και από ηχητική άποψη, υπογραμμίζοντας ότι «έχουν κοινά τα επτά πρώτα γράμματα, [...] παρουσιάζουν ίδια οπτική εικόνα και ίδιο άκουσμα» και η μόνη τους διαφορά συνίσταται στο ότι το σήμα της προσφεύγουσας καταλήγει σε «or», ενώ το σήμα της ανακόπτουσας καταλήγει σε «olor». Επειδή, όμως, η διαφορά αυτή βρίσκεται στο τέλος των δύο λέξεων, ελκύει λιγότερο την προσοχή και δεν αλλοιώνει, ως εκ τούτου, σημαντικά την προφανή οπτική και ηχητική ομοιότητα των δύο σημείων (σημείο 21 της εν λόγω αποφάσεως). 81     Από οπτικής απόψεως πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι ομοιότητες μεταξύ των λεκτικών σημάτων MUNDICOLOR και του σήματος MUNDICOR του οποίου ζητείται η καταχώριση είναι πολύ έντονες. Όπως τονίστηκε από το τμήμα προσφυγών, η μόνη διαφορά από οπτικής απόψεως μεταξύ των σημάτων συνίσταται στα δύο επιπλέον γράμματα «lo» που χαρακτηρίζουν τα προγενέστερα σήματα και που, όμως, έπονται, στα σήματα αυτά, έξι γραμμάτων τοποθετημένων ακριβώς όπως στο σήμα MUNDICOR και, αφετέρου, ακολουθούνται από το γράμμα «r», στο οποίο καταλήγει και το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση. Λαμβανομένου υπόψη ότι, όπως ορθώς έκριναν το τμήμα ανακοπών και το τμήμα προσφυγών, ο καταναλωτής δίνει μεγαλύτερη σημασία στο αρχικό μέρος των λέξεων, η παρουσία της ίδιας ρίζας «mundico» στα αντιπαρατιθέμενα σημεία δημιουργεί μεγάλη οπτική ομοιότητα, η οποία ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την παρουσία του γράμματος «r» στο τέλος των δύο σημείων. Δεδομένων των ομοιοτήτων αυτών, το επιχείρημα της προσφεύγουσας περί διαφορετικού μάκρους των αντιπαρατιθέμενων σημείων δεν αρκεί για να άρει την ύπαρξη έντονης οπτικής ομοιότητας. 82     Από ηχητικής απόψεως, επιβάλλεται, κατ’ αρχάς η διαπίστωση ότι και τα οκτώ γράμματα του σήματος MUNDICOR περιλαμβάνονται στα σήματα MUNDICOLOR. 83     Δεύτερον, οι δύο πρώτες συλλαβές των αντιπαρατιθέμενων σημείων που σχηματίζουν το πρόθεμα «mundi» συμπίπτουν. Συναφώς, πρέπει να τονιστεί εκ νέου ότι συνήθως η προσοχή του καταναλωτή κατευθύνεται κυρίως στην αρχή της λέξεως. 84     Τρίτον, σύμφωνα με τους κανόνες συλλαβισμού και τονισμού της ισπανικής γλώσσας, τα αντιπαρατιθέμενα σημεία συντίθενται από τέσσερις και τρεις συλλαβές αντίστοιχα, δηλαδή «mun‑di‑co‑lor» και «mun‑di‑cor» αντίστοιχα και τονίζονται και τα δύο στις τελευταίες συλλαβές «lor» και «cor» αντίστοιχα. Τα γράμματα που σχηματίζουν την τελευταία συλλαβή του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, δηλαδή το «cor», περιλαμβάνονται στο σύνολό τους στα προγενέστερα σήματα και συγκεκριμένα στις δύο τελευταίες συλλαβές τους. Οι συλλαβές «lor» και «cor» στις οποίες καταλήγουν τα δύο σημεία έχουν κοινό, εκτός από το φωνήεν «ο» στο οποίο και τονίζονται, το τελικό σύμφωνο «r», το οποίο στην ισπανική γλώσσα προφέρεται πολύ έντονα. Οι ιδιαιτερότητες αυτές δημιουργούν ηχητικές εντυπώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα. 85     Κατόπιν των ανωτέρω, το επιχείρημα της προσφεύγουσας περί υπάρξεως των επιπλέον γραμμάτων «lo» και μιας επιπλέον συλλαβής στα προγενέστερα σήματα δεν επιτρέπει την εξουδετέρωση της έντονης ηχητικής ομοιότητας μεταξύ των σημείων, η οποία πρέπει να εκτιμηθεί βάσει της συνολικής εντυπώσεως που προκαλεί η όλη εκφορά τους. 86     Όσον αφορά τη σύγκριση από εννοιολογικής απόψεως, το τμήμα προσφυγών, με την προσβαλλομένη στην υπόθεση Τ‑183/02 απόφαση, έκρινε μεταξύ άλλων ότι «η διαφορά μεταξύ της πολύ συγκεκριμένης εκφράσεως του “El Corte Inglés” και της απλής και συνηθισμένης καταλήξεως “cor” είναι τόσο μεγάλη που το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το οποίο αποτελείται από μέσους καταναλωτές που έχουν τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως προσεκτικοί και ενημερωμένοι [...], δεν πρόκειται να συνδέσει ούτε να ταυτίσει άμεσα το τελευταίο αυτό τμήμα του [...] [αιτουμένου] κοινοτικού σήματος με την επιχείρηση “El Corte Inglés”, όσο γνωστή και αν είναι αυτή» (σκέψη 17 της προμνημονευθείσας αποφάσεως). 87     Με την προσβαλλόμενη στην υπόθεση Τ‑184/02 υπόθεση, το τμήμα προσφυγών παρατήρησε ότι «το στοιχείο [“mundi”], παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται συχνά στον κλάδο της διανομής και της διαθέσεως στο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, δεν είναι κοινός όρος που μπορεί να στερείται διακριτικού χαρακτήρα». Ένα τέτοιο στοιχείο αποτελεί «αναπόσπαστο στοιχείο των σημάτων που αποτελούν το αντικείμενο της διαφοράς, [...] το οποίο ως τέτοιο γίνεται αντιληπτό οπτικώς και ηχητικώς από τον κοινό καταναλωτή» (σκέψη 21 της προμνημονευθείσας αποφάσεως). 88     Πρώτον, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, όπως αναγνωρίζει στα υπομνήματά του το Γραφείο, δεν υπάρχει σημαντική εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων. 89     Τα σήματα αυτά έχουν πράγματι κοινή τη λέξη «mundi», η οποία, παρότι δεν ανταποκρίνεται με τη μορφή αυτή σε καμιά λέξη της ισπανικής γλώσσας, παραπέμπει στο ουσιαστικό «mundo» (κόσμος) και στο επίθετο «mundial» (διεθνές, παγκόσμιο), δεδομένης της μεγάλης εγγύτητάς τους, καθώς και της σημασίας τους στα λατινικά. 90     Εντούτοις, ο όρος «mundi» δεν αποτελεί πρόθεμα στα αντιπαρατιθέμενα σήματα, ενώ η ύπαρξη εννοιολογικής ομοιότητας μεταξύ τους πρέπει να εκτιμάται βάσει της ικανότητάς τους να προκαλούν συνειρμούς, που μπορεί να διαγνωσθεί σε καθεμιά από αυτές στο σύνολό της. Συναφώς, πρέπει να επισημανθεί ότι, ενώ στα προγενέστερα σήματα το πρόθεμα «mundi» συνοδεύεται από το ουσιαστικό «color» (χρώμα), σχηματίζοντας μια σύνθεση η οποία, χωρίς να έχει σαφές και ορισμένο νόημα, παραπέμπει, όμως, σε διάφορες έννοιες (όπως «χρώματα του κόσμου» ή «χρωματιστός κόσμος»), οι οποίες μπορούν να γίνουν αντιληπτές από το κοινό στο οποίο απευθύνονται, στο σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση το ίδιο πρόθεμα συνοδεύεται από το συνθετικό «cor», όρο που δεν έχει κανένα νόημα στην ισπανική γλώσσα, κατά τρόπον ώστε το σήμα αυτό, παρά την ικανότητα του προθέματος «mundi» να παραπέμπει σε άλλες έννοιες, στερείται τελικά ειδικού εννοιολογικού βάρους για το εν λόγω κοινό. 91     Πρέπει να προστεθεί ότι στα σήματα MUNDICOLOR ο όρος «mundi» δεν φαίνεται να είναι απαραίτητα το κυρίαρχο στοιχείο από εννοιολογικής απόψεως, δεδομένου ότι συνδέεται με έναν άλλο όρο («color») που διαθέτει ακόμη εντονότερο εννοιολογικό περιεχόμενο (χρώμα). Επιπλέον, όπως επισήμανε στα υπομνήματά του το Γραφείο, ο όρος «mundi» χρησιμοποιείται συχνά για τη διάθεση στο εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να συνιστά εννοιολογικό σύνδεσμο μεταξύ των επίδικων σημάτων κατά τρόπον ώστε να συνάγεται η εννοιολογική ομοιότητά τους. 92     Κατόπιν των ανωτέρω, δεν χρειάζεται να εξεταστούν τα έγγραφα που προσκόμισε η προσφεύγουσα προς στήριξη του ισχυρισμού της ότι η παρουσία του προθέματος «mundi» και στα δύο σημεία δεν δημιουργεί εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ τους, ούτε να γίνει δεκτό το αίτημα της προσφεύγουσας να ζητήσει το Πρωτοδικείο πληροφορίες από το Γραφείο. 93     Δεύτερον, είναι σκόπιμη η παρατήρηση ότι οι εννοιολογικές διαφορές που παρουσιάζουν τα επίδικα σήματα μπορούν να εξουδετερώσουν σε μεγάλο βαθμό τις οπτικές και ηχητικές ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ των σημάτων αυτών. Μία τέτοια εξουδετέρωση, ωστόσο, προϋποθέτει ένα τουλάχιστον από τα επίδικα σήματα να έχει για το οικείο κοινό, σαφή και συγκεκριμένη σημασία, έτσι ώστε το κοινό αυτό να μπορεί να την αντιληφθεί αμέσως, και το άλλο σήμα να μην έχει τέτοια σημασία ή να έχει σημασία εντελώς διαφορετική [απόφαση του Πρωτοδικείου της 14ης Οκτωβρίου 2003, Τ‑292/01, Phillips-Van Heusen Corp. κατά ΓΕΕΑ – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στη Συλλογή, σκέψη 54]. 94     Επιβάλλεται, ωστόσο η διαπίστωση ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν πληρούνται στην επίδικη περίπτωση. 95     Πράγματι, αφενός τα σήματα MUNDICOLOR, καίτοι διαθέτουν την ικανότητα να παραπέμπουν σε συγκεκριμένες έννοιες, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν σαφή και συγκεκριμένη σημασία για το οικείο κοινό (βλ. ανωτέρω, σκέψη 90). 96     Αφετέρου, το σήμα MUNDICOLOR στερείται επίσης τέτοιας σημασίας και, κατά συνέπεια, η επιχειρηματολογία της προσφεύγουσας σχετικά με τον προβαλλόμενο εννοιολογικό σύνδεσμο μεταξύ των σημείων που λήγουν σε «cor» και της δικής της επωνυμίας El Corte Inglés δεν μπορεί να γίνει δεκτή. Συναφώς, πρέπει να επισημανθεί ότι, όποιο και αν είναι το κύρος της προσφεύγουσας στην ισπανική αγορά, το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να καταχωρίσει κάποια σήματα με κατάληξη «cor» δεν αποδεικνύει ότι το ισπανικό κοινό συνδέει με την προσφεύγουσα οποιοδήποτε άλλο σημείο που λήγει σε «cor» και ιδίως το σήμα MUNDICOR του οποίου ζητείται η καταχώριση, ενώ το τμήμα προσφυγών ορθώς υπογράμμισε στην προσβαλλόμενη στην υπόθεση Τ‑183/02 απόφαση, την εννοιολογική διαφορά μεταξύ της εκφράσεως «El Corte Inglés» και του απλού συνθετικού «cor» (βλ. ανωτέρω, σκέψη 86). Η προσφεύγουσα, προκειμένου να αποδείξει τη σύνδεση αυτή στο πνεύμα του οικείου κοινού, προσκόμισε ενώπιον του Γραφείου και στη διάρκεια της παρούσας αντιδικίας μόνον απλούς ισχυρισμούς, που δεν στηρίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία. 97     Έτσι, η προσφορά αποδείξεων της προσφεύγουσας για να διαπιστωθεί το πλήθος των εθνικών σημάτων με κατάληξη «cor» των οποίων είναι δικαιούχος –πέραν του ότι είναι απαράδεκτη, καθότι η αποδοχή των αποδείξεων που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ενώπιον του Πρωτοδικείου αντίκειται στο άρθρο 135, παράγραφος 4, του κανονισμού διαδικασίας [βλ. υπ’ αυτή την έννοια, την απόφαση του Πρωτοδικείου της 6ης Μαρτίου 2003, Τ‑128/01, Daimler-Chrysler Corporation κατά ΓΕΕΑ (μάσκα αυτοκινήτου), που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στη Συλλογή, σκέψη 18]– πρέπει να απορριφθεί και ως αλυσιτελής. 98     Εξάλλου, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι τα επίδικα σήματα έχουν κοινό το πρόθεμα «mundi», το οποίο παραπέμπει σε συγκεκριμένες έννοιες (βλ. ανωτέρω, σκέψη 89), γεγονός που, παρότι δεν αποτελεί σύνδεσμο ικανό να δημιουργήσει εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των σημάτων αυτών (βλ. ανωτέρω, σημείο 91), περιορίζει, πάντως, την εννοιολογική τους διαφορά. Πρέπει να σημειωθεί, συναφώς, ότι στο  σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση το πρόθεμα αυτό είναι, εν πάση περιπτώσει, το κυρίαρχο στοιχείο από εννοιολογικής απόψεως. 99     Υπ’ αυτές τις συνθήκες, δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι υπάρχει μεταξύ των επίδικων σημάτων εννοιολογική διαφορά τέτοια που να εξουδετερώνει την έντονη οπτική και ηχητική ομοιότητα. 100   Ως εκ τούτου, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα επίδικα σημεία είναι όμοια κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94. –       Επί του κινδύνου συγχύσεως 101   Εφόσον γίνεται δεκτό ότι τα φέροντα τα επίδικα σήματα προϊόντα και υπηρεσίες ταυτίζονται ή είναι σε μεγάλο βαθμό όμοια και εφόσον αποδείχθηκε ότι και τα σήματα αυτά προσομοιάζουν, δεδομένων ιδίως των έντονων ηχητικών και οπτικών ομοιοτήτων τους, υπάρχει a priori κίνδυνος συγχύσεως στην αντίληψη του οικείου κοινού. 102   Εντούτοις, στην υπόθεση Τ‑184/02, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι στην επίδικη περίπτωση ο κίνδυνος συγχύσεως δεν πρέπει να εκτιμηθεί αποκλειστικά βάσει των ομοιοτήτων ή των διαφορών μεταξύ των επίδικων σημείων, αλλά και σε σχέση με τη σύνδεση των σημείων αυτών, στη χρήση που τους γίνεται στην αγορά από τον δικαιούχο τους, με άλλα λεκτικά ή γραφολογικά στοιχεία που δεν αποτελούν μέρος του καταχωρισμένου σήματος. Συναφώς, ισχυρίζεται ότι το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση συνδέεται πάντοτε με την επωνυμία του, η οποία είναι γνωστή, και ότι η Iberia χρησιμοποιεί το σήμα της συνδέοντάς το με την επωνυμία της, εξίσου γνωστή στην Ισπανία, ή με άλλα λεκτικά στοιχεία που προσδιορίζουν σαφώς την εμπορική προέλευση του σημείου, έτσι ώστε να μην υφίσταται πρακτικά ο κίνδυνος συγχύσεως στο πνεύμα των καταναλωτών. 103   Η επιχειρηματολογία αυτή πρέπει να απορριφθεί. 104   Πράγματι, όσον αφορά, πρώτον, την προβαλλόμενη σύνδεση μεταξύ του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση και της επωνυμίας της προσφεύγουσας, ήδη στη σκέψη 96, ανωτέρω, διαπιστώθηκε ότι κανένα στοιχείο δεν προσκομίστηκε από την προσφεύγουσα προκειμένου να αποδειχθεί ότι γίνεται πράγματι τέτοια σύνδεση στο πνεύμα του οικείου κοινού. Επιπλέον, όσον αφορά την αναφορά της προσφεύγουσας στην πρόθεσή της να χρησιμοποιεί πάντοτε το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση σε συνδυασμό με την επωνυμία «El Corte Inglés», αρκεί να αναφερθεί ότι η αίτησή της καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος αφορά μόνον το λεκτικό σημείο MUNDICOR, μη συνδεόμενο με κανένα άλλο στοιχείο, έτσι ώστε η προβαλλόμενη αυτή σύνδεση να παραμένει αδιάφορη. 105   Δεύτερον, το γεγονός που προβάλλει η προσφεύγουσα ότι το σημείο MUNDICOLOR χρησιμοποιήθηκε από τη δικαιούχο του Iberia σε συνδυασμό με άλλα λεκτικά ή εικονιστικά στοιχεία δεν ασκεί καμιά επιρροή στην εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του εν λόγω κανονισμού. Πράγματι, όσο παραμένει δικαιούχος του προγενέστερου σήματός της, η Iberia μπορεί κατ’ αρχήν να χρησιμοποιεί το λεκτικό σημείο που περιλαμβάνεται στο σήμα αυτό ως τέτοιο, χωρίς να το συνδυάζει με άλλα στοιχεία, και μπορεί να επικαλεστεί το προστατευόμενο αυτό σήμα, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 για να αντιταχθεί στην καταχώριση ενός κοινοτικού σήματος που δημιουργεί κίνδυνο συγχύσεως με το σημείο αυτό κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του ίδιου κανονισμού. 106   Κατόπιν των ανωτέρω, ορθώς το τμήμα προσφυγών διαπίστωσε με τις προσβαλλόμενες αποφάσεις την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94 μεταξύ του σήματος MUNDICOR, του οποίου ζητείται η καταχώριση, και των προγενέστερων σημάτων MUNDICOLOR. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί και στις δύο υποθέσεις ο ισχυρισμός περί παραβάσεως του άρθρου αυτού, χωρίς να χρήζει εξετάσεως, στην υπόθεση Τ-184/02, το ζήτημα της προβαλλόμενης φήμης του προγενέστερου σήματος της Iberia –το οποίο έθεσε η παρεμβαίνουσα για να στηρίξει τον ισχυρισμό περί  υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως στην επίδικη υπόθεση, βάσει της προπαρατεθείσας στη σκέψη 67 νομολογίας–, ούτε να εκτιμηθεί η ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως με το άλλο προγενέστερο σήμα επί του οποίου στήριξε την ανακοπή της η Iberia, ήτοι του διεθνούς εικονιστικού σήματος που περιλαμβάνει τους όρους «mundi» και «color». 107   Από το σύνολο των προεκτεθέντων προκύπτει ότι οι υπό κρίση προσφυγές πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους. Επί των δικαστικών εξόδων 108   Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Επειδή η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν το Γραφείο και η παρεμβαίνουσα, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα τους. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Απορρίπτει τις προσφυγές. 2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. Tiili Mengozzi Βηλαράς Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 17 Μαρτίου 2004. Ο Γραμματέας H Πρόεδρος H. Jung V. Tiili * Γλώσσα διαδικασίας: η ισπανική.

62005FJ0076

es

EUR-Lex - CELEX:62005FJ0076 - EN - EUR-Lex × Skip to main content Access to European Union law EUR-Lex Access to European Union law English EN (current language) Language български (bg) Español (es) Čeština (cs) Dansk (da) Deutsch (de) Eesti keel (et) Ελληνικά (el) English (en) Français (fr) Gaeilge (ga) Hrvatski (hr) Italiano (it) Latviešu valoda (lv) Lietuvių kalba (lt) Magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) Polski (pl) Português (pt) Română (ro) Slovenčina (sk) Slovenščina (sl) Suomi (fi) Svenska (sv) My EUR-Lex My EUR-Lex Sign in Register My recent searches (0) <a href="https://eur-lex.europa.eu/content/news/EF_news.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a> Experimental features × Choose the experimental features you want to try Do you want to help improving EUR-Lex ? This is a list of experimental features that you can enable. These features are still under development; they are not fully tested, and might reduce EUR-Lex stability. Don't forget to give your feedback! Warning! Experimental feature conflicts detected. Replacement of CELEX identifiers by short titles - experimental feature. It replaces clickable CELEX identifiers of treaties and case-law by short titles. Visualisation of document relationships. It displays a dynamic graph with relations between the act and related documents. It is currently only available for legal acts. Deep linking. It enables links to other legal acts referred to within the documents. It is currently only available for documents smaller than 900 KB. Apply × Select site language български (bg) Español (es) Čeština (cs) Dansk (da) Deutsch (de) Eesti keel (et) Ελληνικά (el) English (en) Français (fr) Gaeilge (ga) Hrvatski (hr) Italiano (it) Latviešu valoda (lv) Lietuvių kalba (lt) Magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) Polski (pl) Português (pt) Română (ro) Slovenčina (sk) Slovenščina (sl) Suomi (fi) Svenska (sv) This document is an excerpt from the EUR-Lex website Menu EU law Treaties Treaties currently in force Founding treaties Accession Treaties Other treaties and protocols Chronological overview Legal acts Consolidated texts International agreements Preparatory documents EFTA documents Lawmaking procedures Summaries of EU legislation Browse by EU institutions European Parliament European Council Council of the European Union European Commission Court of Justice of the European Union European Central Bank European Court of Auditors European Economic and Social Committee European Committee of the Regions Browse by EuroVoc EU case-law Case-law Reports of cases Directory of case-law Official Journal Access the Official Journal Legally binding printed editions Special editions National law and case-law National transposition National case-law JURE case-law Information News Latest developments on EUR-Lex Statistics ELI register About ELI Technical information ELI implementation overview Resources for implementing ELI ELI highlights ELI testimonials Legislation in schema.org EU budget online Quick search Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk ( * ) to a search term to find variations of it (transp * , 32019R * ). Use a question mark ( ? ) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca ? e finds case, cane, care). Search tips Need more search options? Use the Advanced search You are here EUROPA EUR-Lex home EUR-Lex - CELEX:62005FJ0076 - EN Document 62005FJ0076 Help Print this page The requested document does not exist. About Site map Help Links Legal notice Cookies policy Newsletter Contact Other sites managed by the Publications Office EU Publications data.europa.eu Ted Whoiswho CORDIS Portal of the Publications Office of the EU N-Lex Switch to mobile Switch to desktop

62007TJ0346

hu

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának 2007. július 3‑i határozatával (R 1065/2005‑4. sz. ügy) szemben, az „EASYCOVER” szómegjelölés közösségi védjegyként történő lajstromozása iránti kérelem tárgyában benyújtott kereset. Az ügy adatai A közösségi védjegy bejelentője: Duro Sweden AB Az érintett közösségi védjegy: Az EASYCOVER szóvédjegy a 19., 24. és 27. osztályba tartozó áruk tekintetében – 4 114 567. sz. védjegybejelentés Az elbíráló határozata: Az elbíráló a lajstromozást megtagadta. A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította. Rendelkező rész 1)         Az Elsőfokú Bíróság a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2007. július 3‑i határozatát (R 1065/2005‑4. sz. ügy) az „emlékművek nem fémből” kategóriába tartozó árukra vonatkozó részében hatályon kívül helyezi. 2)         Az Elsőfokú Bíróság a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 3)         A Duro Sweden AB viseli saját költségeit, valamint az OHIM költségeinek háromnegyedét. Az OHIM viseli saját költségeinek egynegyedét.

62007TJ0106

ro

Acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 8 februarie 2007 (cauza R 660/2006‑2) privind o procedură de opoziție între Alcon Inc. și *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophthalmologische Produkte Date privind cauza Solicitantul mărcii comunitare: *Acri.Tec AG Gesellschaft für ophtalmologische Produkte Marca comunitară vizată: Marca verbală BioVisc pentru produse din clasa 5 – cererea nr. 3651809 Titularul mărcii sau al semnului invocat în sprijinul opoziției: Alcon Inc. Mărcile sau semnele invocate în sprijinul opoziției: Mărcile verbale internaționale PROVISC și DUOVISC pentru produse din clasa 5 Decizia diviziei de opoziție: Admite opoziția în totalitate Decizia camerei de recurs: Anulează decizia diviziei de opoziție și respinge opoziția în totalitate Dispozitivul 1) Respinge acțiunea. 2) Obligă Alcon Inc. la plata cheltuielilor de judecată.

62006FJ0125

el

: Η προσφυγή απορρίπτεται. Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα. Περίληψη 1. Υπάλληλοι – Κενή θέση – Πλήρωση θέσεως με μετάθεση – Κατάταξη σε βαθμό (Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρα 7 § 1 και 29· παραρτήματα XIII, άρθρο 2 § 1 και XIII.1) 2. Υπάλληλοι – Προαγωγή κατά κλιμάκιο – Υπάλληλος που κατέχει θέση υψηλόβαθμου στελέχους (Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 44, εδ. 2· παράρτημα XIII, άρθρο 7 § 4) 1. Ένας υπάλληλος του παλαιού βαθμού Α 2, που μετονομάστηκε A*15 κατόπιν της θέσεως σε ισχύ του κανονισμού 723/2004, για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (στο εξής: ΚΥΚ) και του Καθεστώτος που εφαρμόζεται στο Λοιπό Προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, ο οποίος τοποθετήθηκε, στον βαθμό και στο κλιμάκιό του, στη θέση γενικού διευθυντή στην Επιτροπή, μετά από υποψηφιότητα που υπέβαλε κατόπιν δημοσιεύσεως ανακοινώσεως για την πλήρωση κενής θέσεως του παλαιού βαθμού Α 1, που μετονομάστηκε Α*16, δεν μπορεί εγκύρως να υποστηρίζει ότι η Επιτροπή, για να του αναθέσει τα ανώτερα καθήκοντα γενικού διευθυντή, όφειλε να τον διορίσει στον βαθμό Α*16, ήτοι στον ανώτερο της οικείας ομάδας καθηκόντων βαθμό. Καμία διάταξη του ΚΥΚ δεν απαγορεύει στην Επιτροπή να διορίζει υπαλλήλους σε θέσεις γενικού διευθυντή στον κατώτερο της οικείας ομάδας καθηκόντων βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω καθήκοντα δεν έχουν ήδη καταταγεί στον ανώτερο βαθμό. Ο διορισμός αυτός στον κατώτερο βαθμό ομάδας καθηκόντων δεν μπορεί να θεωρείται ότι προσκρούει στην αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε υπάλληλος έχει προσδοκία για ομαλή εξέλιξη της σταδιοδρομίας του εντός του οργάνου όπου απασχολείται, καθόσον ένας υπάλληλος βαθμού Α*15, που μετατίθεται σε θέση γενικού διευθυντή, διατηρώντας τον βαθμό του, έχει προσδοκία για ενδεχόμενη μεταγενέστερη προαγωγή στον βαθμό Α*16. Αν και η ανακοίνωση κενής θέσεως προσδιόρισε στον βαθμό Α 1 το επίπεδο της προς πλήρωση θέσεως, η κατάργηση, από 1ης Μαΐου 2004, του εν λόγω βαθμού, την οποία συνεπάγεται η θέσπιση του νέου συστήματος σταδιοδρομιών, οδήγησε την Επιτροπή στην εφαρμογή, για τον προσδιορισμό του αντιστοιχούντος βαθμού, του παραρτήματος ΧΙΙΙ.1 του ΚΥΚ. Όμως, η θέση-τύπος του γενικού διευθυντή αντιστοιχεί σε δύο βαθμούς, ήτοι τους βαθμούς Α*15 και Α*16. Ο προσδιορισμός του επιπέδου της προς πλήρωση θέσεως στον οποίο προέβη η Επιτροπή κατά τη σύνταξη της ανακοινώσεως κενής θέσεως, που έγινε υπό το κράτος των διατάξεων του παλαιού ΚΥΚ, δεν ήταν δυνατό να παρατείνει τα αποτελέσματα του παλαιού ΚΥΚ πέραν της 1ης Μαΐου 2004, ημερομηνίας που όρισε ο κοινοτικός νομοθέτης για την έναρξη ισχύος της νέας διαρθρώσεως της σταδιοδρομίας των κοινοτικών υπαλλήλων. Δεν μπορεί να προβληθεί λυσιτελώς ο ισχυρισμός ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να αναθέσει ανώτερα καθήκοντα σε υπάλληλο χωρίς να τον προαγάγει στον ανώτερο βαθμό. Συναφώς, ο περιγραφικός πίνακας των θέσεων-τύπων που περιλαμβάνει το παράρτημα ΧΙΙΙ.1 του ΚΥΚ προβλέπει ότι ένας και μόνον βαθμός αντιστοιχεί σε θέσεις διαφορετικών επιπέδων, όπως είναι οι θέσεις του διευθυντή και του γενικού διευθυντή στην περίπτωση του βαθμού Α*15. (βλ. σκέψεις 58 έως 62) Παραπομπή: ΠΕΚ: 11 Ιουλίου 2007, T‑58/05, Centeno Mediavilla κ.λπ. κατά Επιτροπής, Συλλογή Υπ. Υπ. 2007, σ. Ι-Α-2-0000 και ΙΙ-Α-2-0000, σκέψη 109 2. Οι διατάξεις του άρθρου 44, δεύτερο εδάφιο, του ΚΥΚ, που ρυθμίζει τα της προαγωγής κατά κλιμάκιο, και του άρθρου 7, παράγραφος 4, του παραρτήματος ΧΙΙΙ του ΚΥΚ, που διέπει τα του επιδόματος στελέχους, όπως ισχύουν μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού 723/2004 για την τροποποίηση του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμοστεί αυτοτελώς η μία από τις διατάξεις αυτές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η άλλη. Τα επιδόματα που προβλέπουν αμφότερες οι διατάξεις είναι ποσοτικώς πανομοιότυπα και, μολονότι οι προϋποθέσεις χορηγήσεώς τους διαφέρουν, παρουσιάζουν σαφείς ομοιότητες όσον αφορά το αντικείμενο και τον σκοπό τους, ήτοι, ιδίως, την αντιστάθμιση των υποχρεώσεων που είναι σύμφυτες με τα καθήκοντα υψηλόβαθμου στελέχους μέσου και ανώτερου επιπέδου. Επιπλέον, αν γίνει δεκτό ότι ένας υπάλληλος που προσελήφθη πριν την 1η Μαΐου 2004 και ασκεί καθήκοντα υψηλόβαθμου στελέχους μπορεί σωρευτικώς να λάβει το επίδομα στελέχους και να προαχθεί κατά κλιμάκιο, ενώ οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν μετά τις 30 Απριλίου 2004 και οι οποίοι ασκούν παρόμοια καθήκοντα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αξιώσουν τη χορήγηση του επιδόματος στελέχους, τούτο συνεπάγεται αντικειμενικώς αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση μεταξύ υπαλλήλων κατά την εφαρμογή των νέων διατάξεων που θεσπίστηκαν επ’ ευκαιρία της διοικητικής μεταρρύθμισης, τούτο δε αναλόγως του αν οι υπάλληλοι προσελήφθησαν πριν ή μετά τη θέση σε ισχύ των νέων αυτών διατάξεων. (βλ. σκέψεις 82 και 84 έως 88)

62001CJ0384

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 5 de Outubro de 2001, a Comissão das Comunidades Europeias intentou, ao abrigo do artigo 226.° CE, uma acção que tem por objecto obter a declaração de que, ao aplicar uma taxa reduzida do imposto sobre o valor acrescentado (a seguir «IVA») à parte fixa dos preços dos fornecimentos de gás e de electricidade efectuados pelas redes públicas, a República Francesa não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 12.° , n.° 3, alíneas a) e b), da Sexta Directiva 77/388/CEE do Conselho, de 17 de Maio de 1977, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos impostos sobre o volume de negócios - Sistema comum do imposto sobre o valor acrescentado: matéria colectável uniforme (JO L 145, p. 1; EE 09 F1 p. 54), na versão que resulta da Directiva 96/95/CE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1996, que altera, no que respeita ao nível da taxa normal, a Directiva 77/388 (JO L 338, p. 89, a seguir «Sexta Directiva»). Quadro jurídico 2 O artigo 12.° , n.° 3, alínea a), da Sexta Directiva prevê: «Os Estados-Membros fixarão a taxa normal do imposto sobre o valor acrescentado sob a forma de uma percentagem da matéria colectável, igual para o fornecimento de bens e a prestação de serviços. Entre 1 de Janeiro de 1997 e 31 de Dezembro de 1998 essa percentagem não pode ser inferior a 15%. [...] Os Estados-Membros podem igualmente aplicar uma ou duas taxas reduzidas. Essas taxas serão fixadas sob a forma de uma percentagem da matéria colectável que não pode ser inferior a 5% e serão aplicáveis ao fornecimento de bens e à prestação de serviços das categorias referidas no anexo H.» 3 O artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva dispõe: «Os Estados-Membros podem aplicar uma taxa reduzida aos fornecimentos de gás natural e de electricidade, desde que não exista o risco de distorção da concorrência. Um Estado-Membro que pretenda aplicar essa taxa deve previamente informar a Comissão, que decidirá se existe ou não o risco de distorção da concorrência. Caso a Comissão não tome uma decisão no prazo de três meses a contar da recepção da informação, considera-se que não existe esse risco.» 4 O artigo 29.° da Lei n.° 98-1266, de 30 de Dezembro de 1998, relativa às finanças francesas para o ano de 1999 (JORF de 31 de Dezembro de 1998, p. 20050), alterou o artigo 279.° do code général des impôts e introduziu a seguinte disposição: «O imposto sobre o valor acrescentado é cobrado à taxa reduzida de 5,50% relativamente a: [...] b decies) subscrições relativas aos fornecimentos de electricidade e de gás combustível, distribuídos através das redes públicas». 5 O Governo francês aplica, assim, uma taxa reduzida de 5,50% à adesão às redes públicas de distribuição de gás e de electricidade e uma taxa normal de 19,60% para o consumo desses dois produtos. Fase pré-contenciosa 6 Por carta de 8 de Julho de 1998, o Governo francês comunicou à Comissão a sua intenção de, nos termos do artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva, aplicar uma taxa reduzida à adesão às redes de distribuição de gás e de electricidade. 7 A Comissão pediu às autoridades francesas, por carta de 31 de Julho de 1998, que lhe comunicassem as modalidades de execução desse projecto. Na sua carta, a Comissão invocava que, «[n]a medida em que a subscrição constitui a contrapartida do fornecimento de energia, é aplicável a taxa reduzida. Ao invés, se essa mesma contrapartida representa, total ou parcialmente, uma prestação de outra natureza, como, por exemplo, o aluguer do contador, a manutenção da rede, etc., a taxa reduzida só é aplicável à parte directamente relacionada com o fornecimento de energia». 8 Em 7 de Setembro de 1998, as autoridades francesas enviaram uma carta à Comissão com o seguinte teor: «Senhor Comissário: Na carta de 31 de Julho de 1998, V. Ex.a precisou que, em conformidade com o artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva, pode aplicar-se a taxa reduzida de IVA à subscrição dos serviços de distribuição de gás e de electricidade, desde que a subscrição seja a contrapartida devida pelo fornecimento de energia. É o que acontece em França. Com efeito, a facturação dos consumos de gás e de electricidade segundo um tarifário que abrange uma parte fixa (a subscrição) e uma parte variável tem por objectivo diferenciar o preço da energia consumida em função do volume e dos modos de consumo. O custo da energia fornecida aos utilizadores varia em função da potência de consumo subscrita: quanto maior for a quantidade de energia consumida, maiores devem ser os meios de produção e de distribuição solicitados para satisfazer a procura. Como tal, a repartição do preço entre uma parte fixa e uma parte variável permite estabelecer três tarifários consoante o utilizador seja um cliente doméstico, um cliente do sector comercial ou da pequena indústria ou um cliente industrial. Por esta razão, a subscrição não é a remuneração de uma prestação específica, mas a contrapartida devida pelo fornecimento de gás e de electricidade. O facto de os custos fixos da produção efectiva representarem mais de metade dos encargos suportados pelo operador, ao passo que a subscrição representa apenas 27% dos montantes facturados aos clientes, revela que a amortização dos custos fixos está incluída quer no preço da subscrição quer na parte variável do preço pago pelo consumidor.» 9 Em 7 de Dezembro de 1998, a Comissão enviou uma carta às autoridades francesas com o seguinte teor: «Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado: Agradecemos a vossa carta de 7 de Setembro último, em resposta à nossa missiva de 31 de Julho, na qual fazem algumas precisões sobre as modalidades de execução da taxa reduzida de IVA aplicável às subscrições relativas ao fornecimento de gás e de electricidade. Nos termos do artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva IVA, a taxa reduzida de IVA pode ser aplicada aos fornecimentos de gás e de electricidade, sob certas condições. V. Ex.as indicam que a subscrição não é a remuneração de uma prestação específica, mas a contrapartida devida pelo fornecimento de gás e de electricidade. Ora, a Comissão interroga-se sobre a existência dessa condição, uma vez que a parte fixa do preço da energia, que é o que corresponde à subscrição, não inclui qualquer consumo efectivo de energia. Agradecia, portanto, que esclarecessem a Comissão relativamente a este ponto, para que esta instituição possa tomar uma decisão sobre a medida prevista. Por outro lado, cremos que é igualmente de considerar o artigo 12.° , n.° 3, alínea a). No que respeita ao prazo de três meses de que a Comissão dispõe, nos termos do artigo 12.° , n.° 3, alínea b), para examinar o pedido, recordamos que esse prazo, já interrompido pelo anterior pedido de informações da Comissão de 31 de Julho último, foi de novo interrompido pelo presente pedido. O prazo voltará a correr a partir da recepção da vossa resposta. Queiram aceitar, Excelências, os nossos melhores cumprimentos.» 10 As autoridades francesas não responderam a esta carta de 7 de Dezembro de 1998. No entanto, em 30 de Dezembro de 1998, o Parlamento francês adoptou a Lei n.° 98-1266, cujo artigo 29.° alterou o artigo 279.° do code général des impôts, prevendo a aplicação de uma taxa de IVA de 5,50% às subscrições relativas ao fornecimento de electricidade e de gás. 11 Em 22 de Outubro de 1999, considerando que a República Francesa adoptara o referido artigo 29.° em violação do artigo 12.° , n.° 3, alíneas a) e b), da Sexta Directiva, a Comissão dirigiu a esse Estado-Membro uma notificação de incumprimento, convidando-o a apresentar as suas observações no prazo de dois meses. 12 Não tendo obtido resposta das autoridades francesas, a Comissão formulou, em 13 de Junho de 2000, um parecer fundamentado que retoma o conteúdo da notificação de incumprimento e convida a República Francesa a tomar as medidas necessárias para dar cumprimento a esse parecer no prazo de dois meses a contar da sua notificação. 13 Em 7 de Agosto de 2000, as autoridades francesas responderam ao referido parecer fundamentado, contestando a posição da Comissão, pelo que esta decidiu intentar a presente acção. Quanto à acção 14 Com a acção, a Comissão censura à República Francesa o facto de ter posto em vigor uma taxa reduzida do IVA para a adesão às redes de energia e uma taxa normal para o consumo de energia, em violação das disposições do artigo 12.° , n.° 3, alíneas a) e b), da Sexta Directiva. 15 A acção coloca essencialmente três questões. 16 Em primeiro lugar, a Comissão tem dúvidas quanto à qualificação das «subscrições relativas aos fornecimentos de electricidade e de gás combustível, distribuídos através das redes públicas» como «fornecimentos de gás natural e de electricidade», na acepção do artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva. Com efeito, a Comissão interroga-se sobre a questão de saber se a subscrição não deveria antes ser qualificada de contrapartida de uma «prestação específica representativa dos custos fixos distinta do fornecimento de energia». 17 Em segundo lugar, para a Comissão, ainda que se trate de um fornecimento, deve aplicar-se a mesma taxa à subscrição e a qualquer outro consumo de electricidade, de acordo com o princípio da neutralidade. 18 Em terceiro lugar, ao adoptar a disposição em litígio, a República Francesa violou o procedimento previsto no artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva. Importa analisar cada uma destas acusações. Quanto à qualificação da subscrição como «fornecimento» 19 Há que recordar que, como indicado nos n.os 7 a 9 do presente acórdão, a Comissão aceitara inicialmente que, «[n]a medida em que a subscrição constitui a contrapartida do fornecimento de energia, é aplicável a taxa reduzida». As autoridades francesas precisaram que a subscrição era efectivamente «a contrapartida devida pelo fornecimento de gás e de electricidade». Na carta de 7 de Dezembro de 1998, a Comissão limitou-se a questionar essa qualificação, «uma vez que a parte fixa do preço da energia, que é o que corresponde à subscrição, não inclui qualquer consumo efectivo de energia». 20 Perante o Tribunal de Justiça, a Comissão não apresentou qualquer argumento que permita concluir que a subscrição não pode, em caso algum, ser considerada um fornecimento, devendo, por conseguinte, ser considerada uma prestação de serviços. A este respeito, a Comissão só suscitou dúvidas, hipóteses ou interrogações. Quanto ao princípio da neutralidade 21 Para a Comissão, caso se considerasse que a subscrição era um fornecimento, a aplicação de uma taxa reduzida do IVA à subscrição dos serviços das redes de energia e de uma taxa normal a qualquer outro fornecimento de energia violaria o princípio da neutralidade inerente à Sexta Directiva. 22 A este respeito, recorde-se que o artigo 12.° , n.° 3, alínea a), da Sexta Directiva parte do princípio de que a mesma taxa de IVA, a taxa normal, é aplicável aos fornecimentos de bens e às prestações de serviços. 23 Essa mesma disposição prevê, em seguida, que se podem aplicar uma ou duas taxas reduzidas, e isto unicamente aos fornecimentos de bens e às prestações de serviços das categorias referidas no anexo H. 24 O artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva autoriza a aplicação de uma taxa reduzida aos fornecimentos de gás natural e de electricidade. 25 O Tribunal de Justiça já afirmou que a introdução e a manutenção de taxas reduzidas de IVA inferiores à taxa normal fixada no artigo 12.° , n.° 3, alínea a), da Sexta Directiva só são admissíveis se não violarem o princípio da neutralidade fiscal inerente ao sistema comum do IVA, o qual se opõe a que mercadorias semelhantes, que estão, portanto, em concorrência entre si, sejam tratadas de maneira diferente do ponto de vista do IVA (acórdão de 3 de Maio de 2001, Comissão/França, C-481/98, Colect., p. I-3369, n.os 21 e 22). 26 Ora, a Comissão não apresentou qualquer elemento que permita concluir que o referido princípio é, no caso em apreço, violado pela aplicação selectiva da taxa reduzida do IVA a um único aspecto do fornecimento de gás e de electricidade. 27 Seja como for, nada na redacção do artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva impõe que essa disposição seja interpretada no sentido de exigir que só se aplica a taxa reduzida se esta abranger todos os fornecimentos de gás natural e de electricidade. É certo que a versão francesa dessa disposição utiliza o termo «aux» antes de «fournitures», mas uma comparação entre as diferentes versões linguísticas, algumas das quais não utilizam um termo equivalente, favorece uma interpretação segundo a qual não se pode excluir uma aplicação selectiva da taxa reduzida, desde que essa interpretação não crie um risco de distorção da concorrência. 28 Por outro lado, uma vez que a taxa reduzida é a excepção, o facto de se limitar a sua aplicação a aspectos concretos e específicos, como a subscrição que dá direito a uma quantidade mínima de electricidade para os clientes, é coerente com o princípio segundo o qual as isenções ou derrogações devem ser interpretadas restritivamente. 29 Deve, portanto, concluir-se que a Comissão não demonstrou que a aplicação de uma taxa reduzida apenas à subscrição que dá direito a um fornecimento mínimo de energia exige necessariamente a aplicação da mesma taxa reduzida a qualquer outro fornecimento de energia. 30 No que respeita à condição de que a aplicação de uma taxa reduzida não deve criar um risco de distorção da concorrência, essa condição será examinada no âmbito da análise da questão relativa ao procedimento previsto no artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva. Quanto ao procedimento previsto no artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva 31 A Comissão considera que, para pôr em vigor a taxa reduzida do IVA aplicável às subscrições, as autoridades francesas deveriam ter esperado pela conclusão do procedimento previsto no artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva. 32 Segundo essa disposição, um Estado-Membro que pretenda aplicar uma taxa reduzida deve previamente informar a Comissão. Caso esta não se pronuncie sobre a existência de um risco de distorção da concorrência no prazo de três meses a contar da recepção da informação, considera-se que não existe esse risco. 33 Aquela disposição não prevê qualquer possibilidade de prorrogação ou de suspensão do prazo de três meses. 34 Mesmo admitindo que a Comissão pudesse interromper o prazo de três meses através de um pedido de informações complementares, a Comissão esperou, no presente processo, até ao último momento, ou seja, dois dias antes de expirar o prazo que fixou para si própria, para responder à carta das autoridades francesas de 7 de Setembro de 1998. 35 Ora, no caso em apreço, na carta de 7 de Dezembro de 1998, a Comissão não coloca às autoridades francesas nenhuma questão concreta e não solicita nenhuma informação específica sobre um eventual risco de distorção da concorrência. Também não se pronuncia sobre a qualificação dos factos a esse respeito. 36 Nestas condições, uma vez que a Comissão não demonstrou a existência de um risco de distorção da concorrência no prazo de três meses concedido pelo artigo 12.° , n.° 3, alínea b), da Sexta Directiva, considera-se que a aplicação da taxa reduzida não cria nenhum risco desse tipo. 37 Por conseguinte, não se pode censurar às autoridades francesas o facto de terem procedido à aplicação das medidas previstas. 38 Tendo a Comissão sido vencida nas três acusações, há que julgar improcedente a acção. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 39 Por força do artigo 69.° , n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a República Francesa pedido a condenação da Comissão nas despesas e tendo esta sido vencida, há que condená-la nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção) decide: 1) A acção é julgada improcedente. 2) A Comissão das Comunidades Europeias é condenada nas despesas.

62008TJ0135

pl

Okoliczności powstania sporu W dniu 18 stycznia 1999 r. Konsortium Südtiroler Baumschuler (KSB), w którego prawa wstąpiła skarżąca, Schniga GmbH, złożyło do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dz.U. L 227, s. 1), ze zmianami. Wniosek ten został zarejestrowany pod numerem 1999/0033. Wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin dotyczył odmiany jabłka (Malus Mill) Gala Schnitzer. W dniu 1 lipca 2001 r. CPVO powierzył Bundessortenamt (niemieckiemu federalnemu urzędowi do spraw odmian roślin) dokonanie badania technicznego, o którym mowa w art. 55 ust. 1 rozporządzenia nr 2100/94. Pismem z dnia 26 stycznia 1999 r. skierowanym do przedstawiciela KSB CPVO wezwał KSB do dostarczenia pomiędzy 1 a 15 marca 1999 r. zarówno jemu, jak i Bundessortenamt materiału niezbędnego do przeprowadzenia badania technicznego, mianowicie dziesięciu pędów w stanie uśpienia roślin do szczepienia. CPVO uściślił także, że KSB odpowiada za przestrzeganie wszystkich warunków fitosanitarnych i celnych w odniesieniu do dostarczenia materiału. Bundessortenamt otrzymał materiał w dniu 9 marca 1999 r. Pismem z dnia 25 marca 1999 r. skierowanym do przedstawiciela KSB CPVO potwierdził otrzymanie żądanego materiału i wskazał, że wspomniany materiał został doręczony Bundessortenamt w dobrym stanie i w terminie, ale nie był zaopatrzony w świadectwo fitosanitarne. Zwrócił się do KSB o dostarczenie tego niezbędnego dokumentu tak szybko, jak to możliwe. W dniu 23 kwietnia 1999 r. KSB przesłało do Bundessortenamt europejski paszport fitosanitarny i uściśliło, że organ, który go wydał, mianowicie urząd ochrony roślin prowincji autonomicznej Bolzano (Włochy), wskazał, że dokument ten zastępuje świadectwo fitosanitarne. Wiadomością elektroniczną z dnia 3 maja 1999 r. Bundessortenamt powiadomił KSB o otrzymaniu materiału w terminie, o jego odpowiednim charakterze oraz o tym, że dostarczony europejski paszport fitosanitarny wystarcza dla celów badania technicznego i sprawdzenia, czy zostały spełnione przesłanki materialne przyznania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin. Jednakże zwrócił się o dostarczenie kopii oficjalnego świadectwa stwierdzającego brak wirusów w dostarczonym materiale. W 2001 r. KSB powiadomiło Bundessortenamt, że nie jest w stanie dostarczyć żądanego świadectwa fitosanitarnego, gdyż okazało się, że materiał dostarczony w marcu 1999 r. w celu przeprowadzenia badania technicznego zawierał utajone wirusy. Wiadomością elektroniczną z dnia 4 maja 2001 r. Bundessortenamt powiadomił CPVO o zamiarze usunięcia zakażanego materiału w celu uniknięcia zakażenia innych roślin i zaproponował, żeby CPVO zwrócił się do KSB o dostarczenie nowego materiału wolnego od wirusów w celu ponownego rozpoczęcia badania technicznego. Wiadomością elektroniczną z dnia 8 maja 2001 r. skierowaną do Bundessortenamt CPVO wyraził zgodę na usunięcie zakażonego materiału i powiadomił, że postanowił zwrócić się do KSB o dostarczenie nowego materiału wolnego od wirusów w marcu 2002 r. Wskazał również, że skoro instrukcje dotyczące dostarczenia materiału nie precyzowały, iż powinien on być wolny od wirusów, ale tylko, iż musi on spełniać wymogi europejskiego paszportu fitosanitarnego, KSB nie można uważać za odpowiedzialne za tę sytuację, że nieuzasadnione byłoby odrzucenie wniosku dotyczącego odmiany Gala Schnitzer i że z tego powodu zaproponowane rozwiązanie wydaje się najlepsze. Wiadomością elektroniczną z dnia 13 czerwca 2001 r. CPVO powiadomił KSB, że ponieważ podane instrukcje dotyczące dostarczenia roślin i wymogi dotyczące ich statusu zdrowotnego nie były wystarczająco jasne, wspólnie z Bundessortenamt postanowił upoważnić KSB do przedstawienia Bundessortenamt w marcu 2002 r. nowego materiału wolnego od wirusów i zaopatrzonego w stwierdzające to świadectwo fitosanitarne w celu ponownego przystąpienia do badania dotyczącego odmiany Gala Schnitzer. W następstwie nowego badania technicznego Bundessortenamt stwierdził w sprawozdaniu końcowym z dnia 16 grudnia 2005 r., że odmiana Gala Schnitzer jest odrębna od najbardziej zbliżonej odmiany referencyjnej, czyli odmiany Baigent, na podstawie dodatkowej cechy „Owoc: szerokość prążków”. W dniu 5 maja 2006 r. interwenienci Elaris SNC i Brookfield New Zealand Ltd, odpowiednio posiadacz licencji na prawo do ochrony odmiany Baigent i właściciel tego prawa, skierowali do CPVO sprzeciwy na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 2100/94 wobec przyznania prawa do ochrony odmianie Gala Schnitzer. Sprzeciwy zasadzały się na prawie do ochrony odmiany jabłka (Malus Mill) Baigent. Podstawy, na które się powołano na poparcie sprzeciwów, to po pierwsze podstawa, o której mowa w art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94, gdyż zdaniem interwenientów naruszenie przez skarżącą warunków dostarczenia materiału przeznaczonego do badania technicznego, określonych w pismach CPVO z dnia 26 stycznia i z dnia 25 marca 1999 r., powinno było spowodować odrzucenie przez CPVO wniosku dotyczącego odmiany Gala Schnitzer, a po drugie podstawa, o której mowa w art. 7 rozporządzenia nr 2100/94, gdyż zdaniem interwenientów odmiana Gala Schnitzer nie odróżnia się od odmiany Baigent. W dniu 14 grudnia 2006 r. prezes CPVO zatwierdził używanie dodatkowej cechy: „Owoc: szerokość prążków” dla celów stwierdzenia, że odmiana Gala Schnitzer ma odrębny charakter. Decyzjami EU 18759, OBJ 06-021 i OBJ 06-022 z dnia 26 lutego 2007 r. komitet właściwy do rozstrzygnięcia sprzeciwów wobec przyznania wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin (zwany dalej „komitetem”) przyznał objęte wnioskiem prawo do ochrony odmianie Gala Schnitzer i oddalił sprzeciwy. W dniu 11 kwietnia 2007 r. na podstawie art. 67–72 rozporządzenia nr 2100/94 interwenienci wnieśli odwołanie do Izby Odwoławczej CPVO od tych trzech decyzji. Decyzjami z dnia 21 listopada 2007 r. (zwanymi dalej „zaskarżonymi decyzjami”) Izba Odwoławcza uchyliła decyzję przyznającą wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin odmianie Gala Schnitzer oraz decyzje oddalające sprzeciwy i sama odrzuciła wniosek dotyczący odmiany Gala Schnitzer. W szczególności uznała, że art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94 nie zezwalał CPVO na upoważnienie KSB do dostarczenia nowego materiału, jako że KSB nie zastosowało się do żądania w indywidualnej sprawie w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94, w którym to żądaniu CPVO zwrócił się do niego o przedstawienie świadectwa fitosanitarnego stwierdzającego, że dostarczony materiał jest wolny od wirusów. Przebieg postępowania i żądania stron Skarżąca wnosi do Sądu o: –        stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji; –        obciążenie CPVO kosztami postępowania. CPVO wnosi do Sądu o: –        uznanie skargi za bezzasadną; –        obciążenie skarżącej kosztami postępowania. W toku rozprawy CPVO zmienił swoje pierwsze żądanie, wnosząc do Sądu o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji. Sąd odnotował powyższe w protokole rozprawy. Interwenienci wnoszą do Sądu o: –        oddalenie skargi i w rezultacie utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji; –        posiłkowo – w razie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji – stwierdzenie nieważności decyzji CPVO EU 18759, OBJ 06‑021 i OBJ 06‑022 z dnia 26 lutego 2007 r. i odrzucenie wniosku nr 1999/0033 o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, w razie potrzeby po zarządzeniu następujących środków w zakresie wydania opinii: powierzenie badań uzupełniających jednocześnie Bundessortenamt oraz Institut national de la recherche agronomique (INRA, Francja) w przedmiocie zgłoszonej odmiany oraz odmiany referencyjnej Baigent na podstawie okazów w tym samym wieku i podczas dwóch sezonów owocowania, przy czym badania te powinny w szczególności dotyczyć cechy: „Owoc: prążki”; –        w dalszej kolejności posiłkowo: –        powierzenie badań uzupełniających Bundessortenamt w przedmiocie zgłoszonej odmiany oraz odmiany referencyjnej na podstawie okazów w tym samym wieku i podczas trzech bądź co najmniej dwóch sezonów owocowania, przy czym badania te powinny w szczególności dotyczyć cechy: „Owoc: prążki”; –        zarządzenie wszelkich innych środków dotyczących sporządzenia opinii, które Sąd uzna za konieczne, tak aby udzielić naukowo akceptowalnej odpowiedzi co do kwestii odrębnego charakteru obu odmian i zaradzić zarzucanym naruszeniom bezwzględnie obowiązujących przepisów postępowania regulujących prowadzenie badań odrębności, wyrównania i trwałości; –        zarządzenie zwrotu kosztów. Ze względu na to, że sędzia T. Tchipev nie mógł uczestniczyć w obradach po zamknięciu procedury ustnej, sędzia V. Vadapalas został wyznaczony na mocy art. 32 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem w celu uzupełniania składu izby. Postanowieniem z dnia 5 lipca 2010 r. Sąd (szósta izba) w nowym składzie ponownie otworzył procedurę ustną, a strony zostały powiadomione, że zostaną wysłuchane podczas nowej rozprawy w dniu 7 września 2010 r. Pismami przesłanymi faksem odpowiednio z dnia 13, 14 i 15 lipca 2010 r. interwenienci, skarżąca i CVPO powiadomili Sąd, że zrzekają się prawa do bycia wysłuchanymi po raz kolejny. W rezultacie prezes szóstej izby postanowił o zamknięciu procedury ustnej. Co do prawa Na poparcie swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty dotyczące kolejno niedopuszczalności sprzeciwów skierowanych do CPVO przez interwenientów, naruszenia art. 61 ust. 1 lit. b) i art. 62 rozporządzenia nr 2100/94 oraz naruszenia art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. W przedmiocie dopuszczalności W przedmiocie dopuszczalności zarzutu pierwszego –       Argumenty stron Interwenienci utrzymują, że pierwszy zarzut skarżącej, dotyczący tego, że ich sprzeciwy skierowane do CPVO powinny były zostać odrzucone przez komitet i Izbę Odwoławczą jako niedopuszczalne, jest niedopuszczalny ze względu na to, że został po raz pierwszy podniesiony w postępowaniu przed Sądem. Skarżąca podważa argumenty interwenientów. Twierdzi bowiem, że niedopuszczalność wniesionych przez nie środków powinna była zostać zbadana z urzędu przez Izbę Odwoławczą. CPVO podnosi, że Izba Odwoławcza jest właściwa co do oceny, czy była uprawniona do udzielenia zezwolenia na ponowne dostarczenie materiału. –       Ocena Sądu Należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych CPVO w rozumieniu art. 73 rozporządzenia nr 2100/94, ze zmianami. Powinna ona być zatem przeprowadzana w odniesieniu do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed izbą odwoławczą. Zadaniem Sądu nie jest zatem badanie nowych zarzutów przedstawionych w postępowaniu przed nim. Badanie takich nowych zarzutów byłoby bowiem niezgodne z art. 135 § 4 regulaminu postępowania przed Sądem, który stanowi, że pisma stron nie mogą zmieniać przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie T‑165/06 Fiorucci przeciwko OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), Zb.Orz. s. II‑1375, pkt 21, 22 i przytoczone tam orzecznictwo]. Wynika z tego, że zarzut dotyczący niedopuszczalności sprzeciwów skierowanych przez interwenientów do CPVO podniesiony przez skarżącą po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem należy uznać za niedopuszczalny. W przedmiocie dopuszczalności zarzutu trzeciego –       Argumenty stron Interwenienci podnoszą, że trzeci zarzut skarżącej, dotyczący naruszenia przez Izbę Odwoławczą art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94, jest niedopuszczalny. Według nich przyznane CPVO uprawnienia dyskrecjonalne dotyczące kierowania żądań w indywidualnych sprawach w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94, na które powołuje się skarżąca, skutkują tym, że żądania takie mogą być formułowane bez żadnego odniesienia do podstawy prawnej. Tymczasem art. 73 ust. 2 rozporządzenia nr 2100/94 stanowi, że skarga może być wniesiona na podstawie braku kompetencji, naruszenia istotnych wymogów proceduralnych, naruszenia traktatu, tego rozporządzenia lub jakiejkolwiek zasady prawnej związanej z ich stosowaniem lub nadużycia władzy. Z tego względu, w opinii interwenientów, interpretując treść pism CPVO z dnia 26 stycznia i z dnia 25 marca 1999 r., Izba Odwoławcza dokonała oceny okoliczności faktycznych i nie przeprowadziła zatem oceny prawnej. Wynika z tego, że nie mogła naruszyć prawa w sposób, który można by uznać za naruszenie stosownego uprawnienia i który z tego względu może być przedmiotem skargi do Sądu na podstawie art. 73 rozporządzenia nr 2100/94. –       Ocena Sądu Należy zauważyć, że Izba Odwoławcza na wstępie uznała, że pisma CPVO z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. zawierały żądania w indywidualnej sprawie w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94, następnie, że KSB nie zastosowało się do nich, czego następstwem w jej opinii, przewidzianym w art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94, było to, że CPVO zobowiązany był do odrzucenia wniosku dotyczącego odmiany Gala Schnitzer. Czyniąc tak, Izba Odwoławcza dokonała kwalifikacji prawnej wspomnianych pism i wyciągnęła wniosek z tej kwalifikacji, stosując odpowiednie przepisy rozporządzenia nr 2100/94. Z tego względu interwenienci nie mogą twierdzić, że Izba Odwoławcza nie dokonała żadnej oceny prawnej, która może zostać podważona przez skarżącą w ramach skargi przewidzianej w art. 73 rozporządzenia nr 2100/94. Z powyższego wynika, że zarzut trzeci jest dopuszczalny. Co do istoty W pierwszej kolejności należy zbadać zarzut trzeci. W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94 –       Argumenty stron Zdaniem skarżącej CPVO ma pełną swobodę co do określania, jakie wymogi techniczne i administracyjne musi spełniać dostarczony materiał przeznaczony do badania technicznego. W jej opinii tymi nieograniczonymi uprawnieniami dyskrecjonalnymi w przedmiocie określania, w drodze ogólnych regulacji i na żądanie w indywidualnych sprawach, jakości materiału do badania technicznego i prób wzorcowych, CPVO dysponuje na podstawie art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. Zdaniem skarżącej wydawane przez CPVO instrukcje powinny być jasne w celu uniknięcia jakiejkolwiek samowoli. Uważa bowiem, że instytucje Unii Europejskiej podlegają wymogowi jasnego formułowania określeń, przewidującemu, że akty administracyjne i warunki, których nieprzestrzeganie może skutkować utratą prawa, muszą być wystarczająco precyzyjne i jasne, tak aby obywatel Unii mógł jednoznacznie określić swoje prawa i obowiązki i w rezultacie zatroszczyć się o to, aby nie uczynić nic, co mogłoby być sprzeczne z jego interesem. Zasada ta zobowiązuje w opinii skarżącej CPVO do precyzyjnego powiadomienia składającego wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, jakie dodatkowe warunki powinien on spełnić oprócz tych określonych w art. 7–9 rozporządzenia nr 2100/94. Zdaniem skarżącej wynika z tego, że w niniejszym przypadku, jeśliby CPVO życzył sobie, aby KSB przedstawiło dodatkowe dokumenty w odniesieniu do stanu zdrowotnego dostarczonego materiału, powinien był określić te warunki bardzo jasno i jednoznacznie od samego początku. W ocenie skarżącej w związku z brakiem ogólnych regulacji w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94 w chwili złożenia wniosku dotyczącego odmiany Gala Schnitzer pismo CPVO z dnia 26 stycznia 1999 r. należy rozumieć za żądanie w indywidualnej sprawie w rozumieniu tego przepisu. Tymczasem informacje zawarte we wspomnianym piśmie, dotyczące obowiązujących warunków fitosanitarnych, które powinien spełniać materiał podlegający dostarczeniu, były niewystarczające, tak że skarżąca nie miała innej możliwości, niż sama zinterpretować wspomniane warunki, czyli te wynikające z dyrektywy Rady 77/93/EWG z dnia 21 grudnia 1976 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do państw członkowskich organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych (Dz.U. L 26, s. 20), ze zmianami. W tym względzie w jej ocenie nie musiała wychodzić z założenia, że poziom określonych przez CPVO wymogów fitosanitarnych jest wyższy niż wynikający z przepisów wspomnianej dyrektywy. Skarżąca przypomina następnie, że w swojej wiadomości elektronicznej z dnia 3 maja 1999 r. Bundessortenamt powiadomił KSB o tym, że dostarczony paszport fitosanitarny wystarcza dla celów badania technicznego, zwracając się o przedstawienie w możliwie najkrótszym czasie świadectwa stwierdzającego nieobecność wirusów w dostarczonym materiale. Jednakże ani Bundessortenamt, ani CPVO nie powiadomił KSB o konsekwencjach niedostarczenia żądanego świadectwa. Co więcej, według skarżącej, przeprowadzając badanie techniczne pomimo braku wspomnianego świadectwa, CPVO dał do zrozumienia, że przedstawienie europejskiego paszportu fitosanitarnego ostatecznie wystarczyło dla celów przyznania objętego wnioskiem prawa do ochrony, tym samym doprowadzając do powstania u skarżącej uzasadnionych oczekiwań co do tego, że europejski paszport fitosanitarny pod tym względem jest wystarczający. Chociaż w rzeczywistości CPVO nie uważał przedstawienia takiego dokumentu za wystarczające, nie mógł według skarżącej odrzucić zgłoszenia dotyczącego odmiany Gala Schnitzer w świetle uzasadnionych oczekiwań, do powstania których u niej doprowadził i które jak każda ogólna zasada prawa wiążą administrację Unii. Przeciwnie, według skarżącej CPVO nie miał innej możliwości niż zezwolenie na dostarczenie nowego materiału. Skarżąca utrzymuje także, że uprawnienia dyskrecjonalne, którymi dysponuje CPVO, mogą być wykonywane w każdym momencie procedury badawczej, jak wynika to z brzmienia art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94 („chyba że Urząd zezwolił na nieprzedkładanie materiału”). Skarżąca uważa wreszcie, że biorąc pod uwagę szczególny charakter żywego materiału takiego jak materiał roślinny, CPVO i jego prezes powinni korzystać z szerokich uprawnień dyskrecjonalnych, jeśli chodzi o rozstrzyganie, czy powinien zostać dostarczony nowy materiał ze względu na okoliczności niezależne od woli zgłaszającego lub o charakterze wyjątkowym. Takie okoliczności zdaniem skarżącej zaistniały w niniejszym przypadku, ponieważ poddanie procesowi termoterapii, takiemu jak ten przeprowadzony w 1996 r., który skutkuje w 99% przypadków uzyskaniem materiału wolnego od wirusów, nie doprowadziło do oczekiwanego efektu, a stwierdzenie, że wirusy przetrwały ten proces, nastąpiło po przeszło roku. Skarżąca wnioskuje na tej podstawie, że Izba Odwoławcza powinna była uznać, iż KSB dostarczyło do Bundessortenamt w 1999 r. materiał, co do którego miało prawo uważać, że był wolny od wirusów, tak że stwierdzając, iż prezes CPVO nie był uprawniony do zezwolenia na dostarczenie nowego materiału, Izba Odwoławcza nieprawidłowo oceniła uprawnienia dyskrecjonalne przyznane mu na mocy art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94, który zezwala mu na określenie w szczególności, jakiej jakości materiał i próby wzorcowe należy dostarczyć. CPVO podniósł podczas rozprawy, że art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94, na mocy którego CPVO odrzuca wniosek o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin, jeśli stwierdzi, że wnioskodawca nie zastosował się w wyznaczonym terminie do ogólnego przepisu lub do żądania w indywidualnej sprawie, nie ma zastosowania w przypadku, gdy żądanie takie nie jest jasne. CPVO podkreślił bowiem, że nie podziela opinii Izby Odwoławczej, zgodnie z którą jego instrukcje dotyczące materiału do badania technicznego były wystarczająco jasne, tak że ich niedopełnienie pociągało za sobą odrzucenie wniosku dotyczącego odmiany Gala Schnitzer. CPVO wyjaśnił, że instrukcje, których udzielił KSB dotyczące stanu zdrowotnego materiału do dostarczenia, nie były wystarczająco jasne, a w szczególności, że nie powiadomił właściwie KSB o okoliczności, iż dostarczony europejski paszport fitosanitarny był niewystarczający, i że wspomniane instrukcje winny były wyraźnie podawać, iż materiał do przedstawienia powinien być wolny od wirusów przy uwzględnieniu, że do składających wnioski o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin nie należy interpretacja tych instrukcji. CPVO potwierdza zatem, że upoważnił w niniejszym przypadku do przedłożenia nowego materiału ze względu na dezorientację, do której powstania przyczyniły się jego instrukcje. Interwenienci kwestionują argumenty skarżącej. Uważają bowiem, że wstępne przesłanki odrzucenia wniosku zostały spełnione, ponieważ KSB, które było odpowiedzialne za wszystkie formalności fitosanitarne dotyczące dostarczonego materiału roślinnego, nie dostarczyło świadectwa fitosanitarnego, o które zwrócił się CPVO na podstawie art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. Czyniąc tak, KSB nie zastosowało się ich zdaniem do żądania w indywidualnej sprawie w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. Z tego względu zdaniem interwenientów CPVO nie mógł zezwolić na doręczenie nowego materiału, nie naruszając art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94. Dodają oni, że w podobnym przypadku skutki art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94 mogą zostać uchylone tylko za pomocą przywrócenia do stanu pierwotnego w rozumieniu art. 80 rozporządzenia nr 2100/94. Tymczasem KSB nie przedstawiło wniosku w tym względzie w terminie określonym w tym przepisie. –       Ocena Sądu Zgodnie z art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94 CPVO określa w drodze ogólnych regulacji lub na żądanie w indywidualnych sprawach, kiedy, dokąd oraz w jakich ilościach i jakiej jakości należy dostarczyć materiał do badania technicznego i próby wzorcowe. Z zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza uznała, że uprawnienia dyskrecjonalne przyznane CPVO w tym przepisie nie zezwalają mu na upoważnienie KSB do dostarczenia nowego materiału, ponieważ zostały spełnione wstępne przesłanki odrzucenia wniosku złożonego przez KSB. Izba Odwoławcza oceniła bowiem, że ze względu na zakażenie wirusem doręczonego materiału, o którym to zakażeniu KSB poinformowało CPVO, KSB nigdy nie mogło dostarczyć żądanego świadectwa fitosanitarnego. Następnie podniosła, że KSB nie dostarczyło żądanego świadectwa fitosanitarnego, i na tej podstawie wywnioskowała, że nie przedstawiając tego dokumentu, KSB nie zastosowało się do żądań w indywidualnej sprawie zawartych w pismach CPVO z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. Tymczasem na podstawie art. 61 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia CPVO zobowiązany był do odrzucenia wniosku dotyczącego odmiany Gala Schnitzer. Ten tok rozumowania należy odrzucić, jako że narusza on zakres swobodnego uznania przyznanego CPVO w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. To swobodne uznanie obejmuje bowiem prawo CPVO do określania, jeśli uzna to za konieczne, warunków, którym poddawane jest badanie wniosku o przyznanie wspólnotowej ochrony odmian roślin, o ile nie upłynął termin, w ciągu którego składający taki wniosek o objęcie ochroną powinien odpowiedzieć na skierowane do niego żądanie w indywidualnej sprawie. W tym względzie zgodne jest z zasadą dobrej administracji oraz koniecznością zapewnienia właściwego przebiegu i skuteczności postępowań, że gdy CPVO uzna, iż można skorygować nieścisłość, którą zauważył, dysponuje on możliwością dalszego badania złożonego do niego wniosku i nie jest zobowiązany przy tym założeniu do jego odrzucenia. To swobodne uznanie, rozumiane w podany sposób, pozwala na uniknięcie wszelkiego zbędnego rozciągania czasu pomiędzy złożeniem wniosku o przyznanie wspólnotowego prawa do ochrony odmian roślin a decyzją rozstrzygającą w przedmiocie tego wniosku, do którego dochodziłoby, gdy wnioskodawca był zobowiązany do złożenia nowego wniosku. Ponadto takie swobodne uznanie pozwala z jednej strony CPVO upewnić się co do tego, że jego żądania w indywidualnych sprawach są jasne i że wyłącznie wnioskodawca jest odpowiedzialny za ewentualną niezgodność swoich działań ze wspomnianymi żądaniami, a z drugiej strony wnioskodawcom dowiedzieć się w jednoznaczny sposób o swoich prawach i obowiązkach oraz podjąć odpowiednie działania, co stanowi nieodłączny wymóg zasady pewności prawa (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 9 lipca 1981 r. w sprawie 169/80 Gondrand i Garancini, Rec. s. 1931, pkt 17). W niniejszym przypadku bezsporne jest, że CPVO komunikował się z KSB lub jego przedstawicielem za pomocą pism z dnia 26 stycznia i z dnia 25 marca 1999 r. oraz wiadomości elektronicznej z dnia 13 czerwca 2001 r. Pismem z dnia 26 stycznia 1999 r. CPVO wezwał KSB do dostarczenia pomiędzy 1 a 15 marca 1999 r. zarówno jemu, jak i Bundessortenamt materiału niezbędnego do przeprowadzenia badania technicznego, mianowicie dziesięciu pędów w stanie uśpienia roślin do szczepienia. W swoim piśmie CPVO uściślił, że „wysyłający jest odpowiedzialny za niezbędny transport oraz za doręczenie materiału roślinnego, co obejmuje wszelkie mające zastosowanie warunki fitosanitarne i celne”, oraz że „materiał roślinny nie może być poddany obróbce chemicznej”. Pismem z dnia 25 marca 1999 r. CPVO potwierdził otrzymanie żądanego materiału i wskazał, że wspomniany materiał został doręczony Bundessortenamt w dobrym stanie i w terminie, ale „przesyłka nie była zaopatrzona w niezbędne świadectwo fitosanitarne”. W tymże piśmie CPVO zwrócił się do KSB o jak najszybsze dostarczenie „tego niezbędnego dokumentu […] w celu zastosowania się do instrukcji udzielonych [mu] w dniu 26 stycznia 1999 r.”. Należy zauważyć, że pismo z dnia 26 stycznia 1999 r. wskazuje, gdzie i kiedy należało dostarczyć materiał, a także ilość tego materiału. Ponadto wskazania, zgodnie z którymi, po pierwsze, materiał do przedstawienia nie może być poddany obróbce chemicznej, a po drugie, musi mu towarzyszyć świadectwo fitosanitarne, jak wynika z pisma z dnia 25 marca 1999 r., dotyczą jakości wspomnianego materiału. Te dwa pisma zawierają zatem żądania w indywidualnej sprawie w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. W wiadomości elektronicznej z dnia 13 czerwca 2001 r. CPVO po powiadomieniu KSB, że postanowił zniszczyć materiał dostarczony przez KSB ze względu na zakażenie, wskazał, że „ponieważ instrukcje przesłane przez [CPVO], dotyczące dostarczenia roślin i wymaganego statusu zdrowotnego, nie były wystarczająco jasne, [CPVO] postanowił przychylić się do wniosku [KSB] o przedstawienie nowego materiału wolnego od wirusów w odniesieniu do trzech odmian przesłanych do Bundessortenamt w Wurzen, począwszy od obecnej chwili do marca 2002 r.”, i wezwał go „do upewnienia się, by ta przesyłka była zaopatrzona tym razem w świadectwo fitosanitarne wydane przez oficjalny organ stwierdzający ich dobry stan zdrowotny”. Z okoliczności przedstawionych w skardze i w tym względzie niezakwestionowanych wynika, że ta wiadomość elektroniczna była następstwem informacji przekazanej przez KSB Bundessortenamt, zgodnie z którą materiał dostarczony w marcu 1999 r. w celu przeprowadzenia badania technicznego zawierał utajone wirusy, tak że KSB nie mogło dostarczyć Bundessortenamt świadectwa fitosanitarnego stwierdzającego, że wspomniany materiał jest wolny od wirusów. Po pierwsze, należy zauważyć, że w tej wiadomości elektronicznej wskazano, gdzie i kiedy należało dostarczyć materiał. Ponadto jako że zwrócono się w niej o dostarczenie świadectwa fitosanitarnego, wiadomość ta obejmuje wskazanie dotyczące jakości materiału do dostarczenia. Wiadomość zawiera zatem żądanie w indywidualnej sprawie w rozumieniu art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. Po drugie, należy stwierdzić, że CPVO powołuje się w tejże wiadomości elektronicznej na „instrukcje przesłane przez Urząd, dotyczące dostarczenia roślin i wymaganego statusu zdrowotnego”, odnosząc się tym samym do żądań w indywidualnej sprawie zawartych w pismach z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. Po trzecie, z wiadomości elektronicznej z dnia 13 czerwca 2001 r. wynika, że CPVO zezwolił KSB na dostarczenie nowego materiału ze względu na to, że instrukcje zawarte w pismach z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. nie podawały w sposób wystarczająco jasny, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości ze strony KSB, okoliczności, że materiał do przedstawienia powinien być wolny od wirusów. CPVO uznał bowiem, że wspomniane instrukcje winny były wyraźnie podawać, że materiał do przedstawienia powinien być wolny od wirusów, uwzględniając, że do składających wnioski o wspólnotowe prawo do ochrony odmian roślin nie należy interpretacja tych instrukcji. Wydaje się zatem, że wiadomość elektroniczna z dnia 13 czerwca 2001 r. miała na celu skorygowanie nieścisłości dotyczących żądań w indywidualnej sprawie zawartych w pismach z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. co do okoliczności, że materiał do dostarczenia w celu badania technicznego powinien być wolny od wirusów. Tymczasem z pisma z dnia 25 marca 1999 r. wynika, że CPVO nie wskazał KSB terminu do dostarczenia świadectwa fitosanitarnego. Z tego względu należy uznać, że CPVO mógł zgodnie z przepisami w wiadomości elektronicznej z dnia 13 czerwca 2001 r. skorygować nieścisłość dotyczącą żądań w indywidualnej sprawie zawartych w pismach z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. co do okoliczności, że materiał do dostarczenia w celu badania technicznego powinien być wolny od wirusów. W rezultacie do Izby Odwoławczej należała ocena, czy KSB zastosowało się do żądania w indywidualnej sprawie zawartego w wiadomości elektronicznej CPVO z dnia 13 czerwca 2001 r., która miała na celu skorygowanie nieścisłości żądań w indywidualnej sprawie wynikających z pism CPVO z dnia 26 stycznia i z dnia 25 marca 1999 r. W świetle poprzedzających rozważań należy stwierdzić, że uważając, iż skoro KSB nie dostarczyło świadectwa fitosanitarnego, o które zwrócił się CPVO w pismach z dnia 26 stycznia i z dnia 25 marca 1999 r., nie zastosowało się do żądań w indywidualnej sprawie zawartych w tych pismach, Izba Odwoławcza naruszyła prawo. Z tego względu, stwierdzając, że CPVO naruszył art. 61 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 2100/94 poprzez upoważnienie KSB do dostarczenia nowego materiału, podczas gdy zgodnie z tym przepisem powinien był odrzucić wniosek złożony przez KSB, jako że nie zastosowało się ono do żądania w indywidualnej sprawie, Izba Odwoławcza nieprawidłowo oceniła zakres swobody uznania przyznanej CPVO w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94. Stwierdzenia tego nie podważają zarzuty dotyczące złej wiary wysunięte przez interwenientów wobec KSB i skarżącej, które należy oddalić jako nieskuteczne, ponieważ zachowanie KSB i skarżącej jest bez znaczenia dla kwestii, czy swoboda uznania przyznana CPVO w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 2100/94 pozwala czy nie pozwala mu na skorygowanie w wiadomości elektronicznej z dnia 13 czerwca 2001 r. nieścisłości dotyczących żądań w indywidualnej sprawie zawartych w pismach z dnia 26 stycznia i 25 marca 1999 r. co do okoliczności, że materiał do dostarczenia w celu badania technicznego powinien być wolny od wirusów. W rezultacie należy uwzględnić skargę i z tego względu stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji bez konieczności badania zasadności zarzutu drugiego. W przedmiocie żądania posiłkowego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji CPVO EU 18759, OBJ 06‑021 i OBJ 06‑022 z dnia 26 lutego 2007 r. i odrzucenia wniosku nr 1999/0033 oraz wykonania badań uzupełniających oraz sporządzenia opinii W odniesieniu do żądania interwenientów zwracających się o to, by w razie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji Sąd stwierdził nieważność decyzji CPVO EU 18759, OBJ 06‑021 i OBJ 06‑022 z dnia 26 lutego 2007 r. i odrzucił wniosek nr 1999/0033 oraz w razie potrzeby zarządził wykonanie badań uzupełniających oraz sporządzenie opinii, należy zauważyć, że interwenienci zwracają się do Sądu w istocie o wydanie decyzji, którą w ich ocenie CPVO powinien był wydać, czyli decyzji uchylającej decyzję o oddaleniu sprzeciwów skierowanych przez nich do CPVO i odrzucającej wniosek dotyczący odmiany Gala Schnitzer. Należy zatem stwierdzić, że w tej części żądania drugiego interwenienci zwracają się o zmianę zaskarżonej decyzji. Należy zauważyć, że na poparcie tego żądania interwenienci powołali się przed Izbą Odwoławczą na zarzuty dotyczące naruszenia przez komitet art. 7 ust. 1, art. 56 ust. 2 i art. 57 ust. 3 rozporządzenia nr 2100/94 oraz art. 22 i 23 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1239/95 z dnia 31 maja 1995 r. ustanawiającego zasady wykonawcze stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w odniesieniu do postępowania przed CPVO (Dz.U. L 121, s. 37) w związku z pkt III 3, III 5 i III 6 protokołu TP/14/1 CPVO z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie badań odrębności, wyrównania i trwałości (Jabłko), jako że odmiana Gala Schnitzer nie ma ich zdaniem odrębnego charakteru w stosunku do odmiany Baigent, a CPVO naruszył niektóre przepisy postępowania w toku badania technicznego i po jego zakończeniu. W tym względzie z zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza nie zbadała wspomnianych zarzutów. Tymczasem, ponieważ w odniesieniu do niniejszej skargi interwenienci wysunęli argumenty, które nie zostały rozpatrzone przez Izbę Odwoławczą, ich żądanie dotyczące zmiany zaskarżonej decyzji należy pozostawić bez rozstrzygnięcia, gdyż w przeciwnym wypadku stanowiłoby to w istocie wykonywanie funkcji administracyjnych i rozpoznawczych właściwych CPVO i z tego względu byłoby sprzeczne z równowagą instytucjonalną, na której opiera się zasada rozdziału kompetencji między CPVO a Sądem (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie ELIO FIORUCCI, pkt 67 i przytoczone tam orzecznictwo). W rezultacie żądanie interwenientów mające na celu zmianę zaskarżonej decyzji zostaje oddalone. W przedmiocie kosztów Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ CPVO przegrał sprawę, jako że stwierdza się nieważność zaskarżonej decyzji, należy obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą, w żądanym przez nią zakresie, bez względu na zmianę żądań CPVO, która nastąpiła w toku rozprawy. Ponieważ żądania interwenientów nie zostały uwzględnione, obciąża się ich kosztami własnymi. Z powyższych względów SĄD (szósta izba) orzeka, co następuje: 1) Stwierdza się nieważność decyzji Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) z dnia 21 listopada 2007 r. (sprawy A 003/2007 i A 004/2007). 2) CPVO pokrywa swoje własne koszty oraz koszty poniesione przez Schniga GmbH. 3) Elaris SNC i Brookfield New Zealand Ltd pokrywają własne koszty. Meij Vadapalas Truchot Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 września 2010 r. Podpisy * Język postępowania: angielski.

61994TJ0087

lv

Atbilstošās tiesību normas 1       Padomes 1977. gada 17. maija Regula (EEK) Nr. 1078/77, ar ko ievieš piemaksprēmiju sistēmu par piena un piena produktu nepārdošanu un piena govju ganāmpulku pārveidošanu (OV L 131, 1. lpp.), paredzēja izmaksāt nepārdošanas piemaksprēmiju vai pārveidošanas piemaksprēmiju ražotājiem, kas apņemas nepārdot pienu vai piena produktus piecu gadu nepārdošanas periodā vai nepārdot pienu vai piena produktus un pārveidot savus piena govju ganāmpulkus tā, lai ražotu gaļu četru gadu pārveidošanas periodā. 2       Piena ražotāji, kas bija uzņēmušies saistības saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77, parasti tika dēvēti par “ SLOM ražotājiem”, jo šāds saīsinājums bija cēlies no nīderlandiešu izteiciena “slachten en omschakelen” (nokaut un pārveidot), kas raksturoja viņu pienākumus atbilstoši nepārdošanas vai pārveidošanas sistēmai. 3       Atbilstoši Padomes 1984. gada 31. marta Regulai (EEK) Nr. 856/84, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 804/68 par piena un piena tirgus kopīgo organizāciju (OV L 90, 10. lpp.), un Padomes 1984. gada 31. marta Regulai (EEK) Nr. 857/84, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus Regulas Nr. 804/68 5.c pantā norādīto atskaitījumu piemērošanai piena un piena produktu nozarē (OV L 90, 13. lpp.), kopš 1984. gada 1. aprīļa ir izveidota papildu nodeva, ko iekasē par piegādātā piena daudzumu, kas ir pārsniedzis references daudzumu, ko nosaka katram uzpircējam katrai dalībvalstij garantētā kopējā daudzuma ietvaros. References daudzums, kas ir atbrīvots no papildu nodevas, bija vienāds ar piena vai pienam līdzvērtīgu produktu daudzumu, ko piegādā ražotājs un ko uzpērk piena pārstrādes uzņēmums atbilstoši valsts izvēlētai formulai atsauces gada laikā, kas attiecībā uz Nīderlandes Karalisti bija 1983. gads. 4       Sīki izstrādāti noteikumi Regulas Nr. 804/68 5.c pantā minētās papildu nodevas piemērošanai tika noteikti Komisijas 1984. gada 16. maija Regulā (EEK) Nr. 1371/84 (OV L 132, 11. lpp.). 5       Ražotāji, kas nepiegādāja pienu attiecīgās dalībvalsts rezervētā atsauces gada laikā, izpildot atbilstoši Regulai Nr. 1078/77 uzņemtās saistības, tika izslēgti no references daudzuma saņēmēju loka. 6       Ar 1988. gada 28. aprīļa spriedumiem lietā 120/86 Mulder ( Recueil , 2321. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Mulder I ”) un lietā 170/86 Von Deetzen ( Recueil , 2355. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Von Deetzen ”) Tiesa pasludināja par spēkā neesošu Regulu Nr. 857/84, ko papildināja Regula Nr. 1371/84 tiktāl, ciktāl tajā netika paredzēta references daudzuma piešķiršana ražotājiem, kas, izpildot apņemšanos atbilstoši Regulai Nr. 1078/77, nav piegādājuši pienu attiecīgās dalībvalsts rezervētā atsauces gada laikā. 7       Pēc spriedumiem lietā Mulder I un lietā Von Deetzen , kas minēti iepriekš 6. punktā, Padome 1989. gada 20. martā pieņēma Regulu (EEK) Nr. 764/89, ar ko grozīja Regulu Nr. 857/84 (OV L 84, 2. lpp.), kas stājās spēkā 1989. gada 29. martā, lai šajos spriedumos noteiktajiem ražotājiem piešķirtu īpašu references daudzumu, kas veidoja 60 % šo ražotāju produkcijas 12 mēnešu laikā pirms viņu nepārdošanas vai pārveidošanas saistībām atbilstoši Regulai Nr. 1078/77. 8       Ražotājus, kas uzņēmās nepārdošanas vai pārveidošanas saistības un kas saskaņā ar Regulu Nr. 764/89 saņēma tā saukto “īpašo” references daudzumu, dēvēja par “ SLOM I ražotājiem”. 9       3.a panta 1. punkta b) apakšpunkts Regulā Nr. 857/84, kas grozīta ar Regulu Nr. 764/89, paredz piešķirt references daudzumu ar nosacījumu, ka ražotājs “pieteikumā norāda pierādījumus [..], ka savā saimniecībā pilnā apmērā var saražot pieprasīto references daudzumu”. 10     Minētās regulas 3.a panta 1. punkta pirmais ievilkums attiecās uz ražotājiem, “kuru nepārdošanas vai pārveidošanas periods saskaņā ar apņemšanos atbilstoši Regulai [..] Nr. 1078/77 beidzās vai nu pēc 1983. gada 31. decembra, vai arī pēc 1983. gada 30. septembra tajās dalībvalstīs, kurās piena ieguve no aprīļa līdz septembra mēnesim bija vismaz divreiz lielāka, nekā no nākamā gada oktobra līdz marta mēnesim”. 11     Ar 1990. gada 11. decembra spriedumu lietā C‑189/89 Spagl ( Recueil , I‑4539. lpp.) Tiesa par spēkā neesošu atzina 3.a panta 1. punkta pirmo ievilkumu Regulā Nr. 857/84, kas grozīta ar Regulu Nr. 764/89, ciktāl tas no īpaša references daudzuma saņēmēju loka saskaņā ar šo noteikumu izslēdza ražotājus, kuru nepārdošanas vai pārveidošanas periods, īstenojot apņemšanos saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77, bija beidzies pirms 1983. gada 31. decembra vai, attiecīgos gadījumos, pirms 1983. gada 30. septembra. 12     Pēc iepriekš 11. punktā minētā sprieduma lietā Spagl Padome 1991. gada 13. jūnijā pieņēma Regulu (EEK) Nr. 1639/91, ar ko grozīja Regulu Nr. 857/84 (OV L 150, 35. lpp.), kas, atceļot tos nosacījumus, ko Tiesa atzina par spēkā neesošiem attiecībā uz laika posmu, kad beidzās nepārdošanas saistību termiņš, pieļāva īpašā references daudzuma piešķiršanu attiecīgajiem ražotājiem. Tos sauc par “ SLOM II ražotājiem”. SLOM II ražotāju apakškategorija, tas ir, ražotāji, kuru nepārdošanas saistības saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77 beidzās 1983. gadā, sauc par “ SLOM 1983 ražotājiem”. 13     Ar 1992. gada 19. maija starpspriedumu apvienotajās lietās C‑104/89 un C‑37/90 Mulder u.c./Padome un Komisija ( Recueil , I‑3061. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Mulder II ”) Tiesa atzina, ka Kopiena ir atbildīga par zaudējumiem, ko ir cietuši konkrēti piena ražotāji, kas bija uzņēmušies saistības saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77 un tādējādi tika atturēti no piena pārdošanas, piemērojot Regulu Nr. 857/84. Tiesa aicināja lietas dalībniekus vienoties par maksājamo kompensāciju. 14     Ievērojot šo spriedumu, Padome un Komisija 1992. gada 5. augusta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī publicēja Paziņojumu 92/C 198/04 (OV C 198, 4. lpp., turpmāk tekstā – “1992. gada 5. augusta paziņojums”). Atgādinādamas iepriekš 13. punktā minētā sprieduma lietā Mulder II sekas, iestādes pauda savu nodomu noteikt praktiskus noteikumus par kompensāciju izmaksu attiecīgajiem ražotājiem, lai izpildītu minēto spriedumu. 15     Līdz šo noteikumu pieņemšanai iestādes apņēmās necelt iebildumus par noilgumu, kas izriet no Eiropas Kopienu Tiesas Statūtu 46. panta, pret ražotājiem, kas izpildīja iepriekš 13. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder II noteiktos kritērijus. Taču attiecīgā apņemšanās bija atkarīga no nosacījuma, ka tiesībām uz zaudējumu atlīdzību 1992. gada 5. augusta paziņojuma publicēšanas datumā vai datumā, kad ražotājs vērsās kādā no iestādēm, vēl nebija iestājies noilgums. 16     Pēc tam Padome izdeva šos praktiskos noteikumus, 1993. gada 22. jūlijā pieņemot Regulu (EEK) Nr. 2187/93, ar ko paredz piedāvāt kompensāciju dažiem piena un piena produktu ražotājiem, kuru saimnieciskā darbība uz laiku ir ierobežota (OV L 196, 6. lpp.). Ar šo regulu ražotājiem, kuriem piešķirts galīgs īpašs references daudzums, tika piedāvāta vienotas likmes atlīdzība par visiem zaudējumiem, kas tiem radušies iepriekš 13. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder II minētā tiesiskā regulējuma dēļ. 17     Regulas Nr. 2187/93 14. panta trešajā daļā ir noteikts: “Piedāvājuma nepieņemšana divu mēnešu laikā pēc tā saņemšanas nozīmē, ka nākotnē Kopienu iestādēm tas nav saistošs.” [Neoficiāls tulkojums] 18     Ar 1999. gada 13. janvāra spriedumu lietā T‑1/96 Böcker‑Lensing un Schulze‑Beiering /Padome un Komisija ( Recueil , II‑1. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Böcker‑Lensing ”) Pirmās instances tiesa atzina, ka Kopiena nav atbildīga pret ražotājiem, kuru SLOM saistību termiņš bija beidzies 1983. gadā un kas nebija nedz atsākuši piena ražošanu pirms Regulas Nr. 857/84 stāšanās spēkā, nedz veikuši pasākumus, kas varētu pierādīt viņu nodomu atsākt piena ražošanu, beidzoties nepārdošanas saistību termiņam. 19     Iepriekš 18. punktā minētajā spriedumā lietā Böcker‑Lensing Pirmās instances tiesa tāpat nosprieda – fakts, ka prasītāji bija saņēmuši valsts iestāžu references daudzumu, nevar apgāzt tās secinājumu par Kopienas atbildības iestāšanos, jo, tā kā valsts iestāžu rīcība nav saistoša Kopienai, references daudzuma piešķiršana neierobežo jautājumu par tiesībām uz zaudējumu atlīdzību saskaņā ar EKL 288. panta otro daļu. 20     Ar 2000. gada 27. janvāra spriedumu apvienotajās lietās C‑104/89 un C‑37/90 Mulder u.c./Padome un Komisija ( Recueil , I‑203. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Mulder III ”) Tiesa lēma par zaudējumu atlīdzības summu, ko prasītāji bija prasījuši lietās, uz kurām attiecās iepriekš 13. punktā minētais spriedums lietā Mulder II . 21     Komisija ar 2000. gada 28. novembra Lēmumu [C (2000) 3592 galīgā redakcija], ievērojot 15. pantu Padomes 1998. gada 22. oktobra Regulā (EK) Nr. 2330/98, kas paredz piedāvāt kompensāciju piena un piena produktu ražotājiem, kuru darbība uz laiku ir ierobežota (OV L 291, 4. lpp.), atļaujot nosūtīt kompensācijas piedāvājumus ražotājiem, kuru apstākļi atbilst prasībām, lai noteiktu Kopienas atbildību, bet kuri nav ieguvuši kompensāciju saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93 vai saskaņā ar citiem noteikumiem, kas pieņemti atbilstoši Regulai Nr. 2330/98, atļāva piedāvāt zināmiem Nīderlandes ražotājiem kompensāciju, kas atbilda Tiesas noteiktajai kompensācijai iepriekš 20. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder III . 22     Ar 2001. gada 31. janvāra spriedumiem lietā T‑533/93 Bouma /Padome un Komisija ( Recueil , II‑203. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Bouma ”) un lietā T‑73/94 Beusmans /Padome un Komisija ( Recueil , II‑223. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Beusmans ”) Pirmās instances tiesa noraidīja prasības pieteikumus par Kopienas ārpuslīgumisko atbildību atbilstoši EKL 235. pantam un EKL 288. panta otrajai daļai, ko bija iesnieguši divi Nīderlandes piena ražotāji, kas saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77 bija uzņēmušies nepārdošanas saistības ar beigu termiņu 1983. gadā. 23     Iepriekš 22. punktā minētā sprieduma lietā Bouma 45. punktā (sprieduma lietā Beusmans 44. punktā) Pirmās instances tiesa no iepriekš 11. punktā minētā sprieduma lietā Spagl secināja, ka ražotāji, kuru apņemšanās beidzās 1983. gadā, prasību par zaudējumu atlīdzību var pamatoti balstīt uz tiesiskās paļāvības principa aizsardzību tikai tad, ja tie pierāda, ka iemesli piena ražošanas neatsākšanai references gada laikā ir saistīti ar faktu, ka ražošana bija pārtraukta uz zināmu laiku un ka šādas ražošanas organizatorisku apsvērumu dēļ viņi to nevarēja atsākt nekavējoties. 24     Iepriekš 22. punktā minētā sprieduma lietā Bouma 46. punktā (sprieduma lietā Beusmans 45. punktā) Pirmās instances tiesa atsaucās uz iepriekš 13. punktā minēto spriedumu lietā Mulder II , atzīstot: “Turklāt no sprieduma lietā Mulder II un it īpaši tā 23. punkta izriet, ka Kopienas atbildība ir atkarīga no nosacījuma, ka ražotāji ir skaidri izteikuši savu nodomu atsākt piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību beigām. Lai prettiesiskums, kura rezultātā par spēkā neesošām tika atzītas regulas, kuras bija SLOM ražotāju situācijas rašanās pamatā, radītu šiem ražotājiem tiesības uz zaudējumu atlīdzību, tiem bija jāsaskaras ar traucējumiem atsākt piena ražošanu. Tas nozīmē, ka ražotāji, kuru saistības beidzās pirms Regulas Nr. 857/84 stāšanās spēkā, ražošanu atsāka vai vismaz centās to darīt, veicot ieguldījumus vai remontdarbus vai saglabājot šai ražošanai vajadzīgo aprīkojumu (šajā sakarā skat. ģenerāladvokāta van Gervena [..] secinājumus lietā Mulder II , Recueil , I‑3094. lpp., 30. punkts).” 25     Attiecībā uz prasītāju situāciju Pirmās instances tiesa iepriekš 22. punktā minētā sprieduma Bouma 48. punktā (sprieduma lietā Beusmans 47. punktā) atzina: “Tā kā prasītājs neatsāka piena ražošanu laikā no nepārdošanas saistību beigu datuma [..] līdz datumam, kad stājās spēka kvotu sistēma, t.i., 1984. gada 1. aprīlī, viņam, lai prasība par zaudējumu atlīdzību būtu pamatota, ir jāpierāda, ka viņš plānoja ražošanu atsākt, beidzoties nepārdošanas saistību termiņam, un ka tas nebija iespējams Regulas Nr. 857/84 stāšanās spēkā dēļ.” 26     Ar 2004. gada 29. aprīļa spriedumu apvienotajās lietās C‑162/01 P un C‑163/01 P Bouma un Beusmans /Padome un Komisija ( Recueil , I‑4509. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums apvienotajās lietās Bouma un Beusmans ”) Tiesa noraidīja apelācijas sūdzības par iepriekš 22. punktā minēto spriedumu lietā Bouma un par iepriekš 22. punktā minēto spriedumu lietā Beusmans . 27     Iepriekš 26. punktā minētā sprieduma apvienotajās lietās Bouma un Beusmans 62. un 63. punktā Tiesa nolēma: “62      Pirmās instances tiesa, pamatojoties uz spriedumu lietā Spagl [sk. iepriekš 11. punktu], sprieduma lietā Bouma 45. punktā (sprieduma lietā Beusmans 44. punktā) vienīgi secināja, ka ražotājiem, kuru saistības beidzās 1983. gadā, ir jāpierāda, ka iemesli piena ražošanas neatsākšanai references gada laikā ir saistīti ar faktu, ka ražošana bija pārtraukta uz zināmu laiku un ka šādas ražošanas organizatorisku apsvērumu dēļ viņi to nevarēja atsākt nekavējoties. 63      Šādā sprieduma lietā Spagl [sk. iepriekš 11. punktu] interpretācijā nav pieļauta kļūda.” 28     Iepriekš 26. punktā minētā sprieduma apvienotajās lietās Bouma un Beusmans 72. punktā Tiesa atzina: “[..] vajadzīgie nosacījumi, lai personas Bouma [ Bouma ] un Beusmanss [ Beusmans ] kā SLOM 1983 ražotāji varētu prasīt zaudējumu atlīdzību, var vienīgi izrietēt no šīs jomas noteikumu Tiesas interpretācijas. Regula Nr. 1639/91 groza 3.a pantu Regulā Nr. 857/84, kas ir grozīta ar Regulu Nr. 764/89, attiecībā uz īpaša references daudzuma piešķiršanu, taču neparedz vajadzīgos nosacījumus, lai SLOM 1983 ražotājs varētu prasīt zaudējumu atlīdzību. Zaudējumu atlīdzība atbilstoši Regulai Nr. 2187/93 ir autonoms jautājums, jo sistēma, kas izveidota ar minēto regulu, ir alternatīva strīdu tiesiskam atrisinājumam un piedāvā papildu iespēju saņemt kompensāciju (Tiesas 2001. gada 9. oktobra spriedums apvienotajās lietās no C‑80/99 līdz C‑82/99 Flemmer u.c., Recueil , I‑7211. lpp., 47. punkts).” 29     Iepriekš 26. punktā minētā sprieduma apvienotajās lietās Bouma un Beusmans 89. un 90. punktā Tiesa nosprieda: “89      Pretēji Boumas un Beusmansa apgalvojumiem Pirmās instances tiesa sprieduma lietā Bouma 46. punktā (sprieduma lietā Beusmans 45. punktā) varēja izdarīt vispārēju secinājumu, ka Kopienas atbildība ir atkarīga no nosacījuma, ka ražotāji ir skaidri izteikuši savu nodomu atsākt piena ražošanu pēc viņu nepārdošanas saistību beigām. 90      Tādējādi Pirmās instances tiesa sprieduma lietā Bouma 46. punktā (sprieduma lietā Beusmans 45. punktā) varēja izvirzīt prasību, ka SLOM 1983 ražotājam, beidzoties saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77 uzņemtajām saistībām, ir jāizsaka nodoms atjaunot piena ražošanu, vai nu atsākot to ražot, vai tāpat kā SLOM I ražotāju gadījumā vismaz veicot pasākumus šajā sakarā, kā, piemēram, izdarot ieguldījumus vai remontdarbus vai saglabājot šai ražošanai vajadzīgo aprīkojumu.” 30     Iepriekš 26. punktā minētā sprieduma apvienotajās lietās Bouma un Beusmans 100. un 101. punktā Tiesa nolēma: “100      Šajā sakarā ir jānorāda, kā to uzsver ģenerāladvokāte savu secinājumu 125. punktā, ka pierādīšanas pienākums, ko Pirmās instances tiesa ir noteikusi pārsūdzētajos spriedumos, atbilst pastāvīgajai judikatūrai, saskaņā ar kuru prasītājam ir jāpierāda, ka dažādie nosacījumi par Kopienas ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos ir izpildīti. Tā kā šāda atbildība var iestāties tikai tad, ja ražotājs pierāda savu nodomu atsākt piena pārdošanu, vai nu atsākot piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību beigām, vai arī citādi izsakot šādu nodomu, zaudējumu atlīdzības prasītājam ir jāpierāda šāda nodoma patiesums. 101      Runājot par iebildumu, ka Bouma un Beusmanss nevarēja paredzēt sekas, kādas rastos, ja ražošana netiktu atsākta līdz 1984. gada 1. aprīlim, ir jānorāda, ka viņiem tāpat kā jebkuram ražotājam, kas vēlējās uzsākt piena ražošanu, vajadzēja paredzēt, ka uz viņiem attieksies visi noteikumi par tirgus politiku, kas šajā laika posmā pieņemti. Tādēļ viņi nevar leģitīmi pieņemt, ka ražošanu varēs atsākt ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi bija spēkā iepriekš (šajā sakarā skat. spriedumu lietā Mulder I , 23. punkts).” Prāvas rašanās fakti 31     Prasītājs, piena ražotājs Nīderlandē, 1978. gada 1. oktobrī saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77 uzņēmās nepārdošanas saistības, kas beidzās 1983. gada 1. oktobrī. 32     Prasītājs piena ražošanu neatsāka ne pēc viņa saistību termiņa beigām, ne pirms Regulas Nr. 857/84 stāšanās spēkā. 33     Pēc Regulas Nr. 1639/91 pieņemšanas prasītājs Nīderlandes iestādēm lūdza piešķirt īpašu pagaidu references daudzumu, kas viņam tika piešķirts no 1991. gada 15. jūnija un kas vēlāk kļuva par īpašu galīgo references daudzumu. 34     Saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93 Nīderlandes iestādes Kopienas vārdā prasītājam piedāvāja zaudējumu atlīdzību 114 778,61 Nīderlandes guldeņu (NLG) apmērā. 35     Prasītājs, uzskatot zaudējumu novērtējumu par kilogramu pārāk zemu un ņemot vērā faktu, ka piedāvājumā nebija paredzēti kompensācijas procenti vai vismaz kompensācija par naudas vērtības kritumu laika posmā līdz 1992. gada 19. maijam, noraidīja zaudējumu atlīdzības piedāvājumu, kas bija izteikts saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93. 36     Prasītājam netika piedāvāta zaudējumu atlīdzība saskaņā ar Regulu Nr. 2330/98. 37     Pēc pārrunām, kas starp SLOM ražotāju pārstāvjiem un Komisijas pārstāvjiem norisinājās 2000. gada otrajā semestrī, tika panākta vienošanās par summām, kādas SLOM 1983 ražotāji, tostarp prasītājs, varētu pieprasīt kā zaudējumu atlīdzību, ja tiktu pierādīta Kopienas atbildība attiecībā uz šo ražotāju grupu. Process 38     Ar prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 1994. gada 25. februārī, prasītāji T. H. Clemens , N. J. G. M. Costongs , W. A. J. Derks , R. P. Geertsema , W. Hermsen , P. Hogenkamp , J. H. Kelder , B. A. Kokkeler , G. M. Kuijs , E. J. Liefting , J. H. Nieuwenhuizen , D. J. Preuter , H. Rossel , A. J. M. Sturkenboom , J. J. de Wit , J. C. Blom , A. J. Keurhorst , A. J. Scholten un G. E. J. Wilmink cēla šo prasību. Prasības pieteikums tika reģistrēts ar lietas numuru T‑87/94. 39     Ar Pirmās instances tiesas otrās palātas priekšsēdētāja 1994. gada 31. augusta rīkojumu lietas no T‑530/93 līdz T‑533/93, no T‑1/94 līdz T‑4/94, T‑11/94, T‑53/94, T‑71/94, no T‑73/94 līdz T‑76/94, T‑86/94, T‑87/94, T‑91/94, T‑94/94, T‑96/94, no T‑101/94 līdz T‑106/94, no T‑118/94 līdz T‑124/94, T‑130/94 un T‑253/94 tika apvienotas. 40     Ar Pirmās instances tiesas otrās palātas 1994. gada 31. augusta rīkojumu tiesvedība šajās lietās tika apturēta līdz iepriekš 20. punktā minētā sprieduma pasludināšanai lietā Mulder III . 41     Ar Pirmās instances tiesas pirmās palātas paplašinātā sastāvā priekšsēdētāja 1995. gada 24. februāra rīkojumu lietas T‑372/94 un T‑373/94 tika apvienotas ar lietām, kas minētas šī sprieduma 39. punktā. 42     1998. gada 30. septembrī Pirmās instances tiesā notika neformāla sanāksme, kurā piedalījās lietas dalībnieku pārstāvji. Šajā sanāksmē lietas dalībniekiem bija iespēja sniegt savus apsvērumus par Pirmās instances tiesas analītisko klasifikāciju par lietām, kuru ietvaros “C” kategorija attiecās uz tiem SLOM ražotājiem, kuriem tika piedāvāta zaudējumu atlīdzība saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93 un kas to bija noraidījuši zaudējumu novērtējuma metodes dēļ, kā arī prasības noilguma dēļ, uz ko atsaucās iestādes. 43     Ar vēstuli, kas Pirmās instances tiesas kancelejā reģistrēta 2001. gada 24. janvārī, prasītāji T. H. Clemens , N. J. G. M. Costongs , W. A. J. Derks , R. P. Geertsema , W. Hermsen , P. Hogenkamp , J. H. Kelder , G. M. Kuijs , E. J. Liefting , J. H. Nieuwenhuizen , D. J. Preuter , A. J. M. Sturkenboom un J. J. de Wit atteicās no savām prasībām lietā T‑87/94. 44     Ar Pirmās instances tiesas ceturtās palātas paplašinātā sastāvā priekšsēdētāja 2001. gada 15. marta rīkojumu iepriekš minētās lietas dalībnieku vārdi tika svītroti no prasītāju saraksta lietā T‑87/94. 45     2002. gada 17. janvārī Pirmās instances tiesā notika neformāla sanāksme, kurā piedalījās lietas dalībnieku pārstāvji. Lietas dalībnieki vienojās par paraugprāvas izvēli no SLOM ražotāju I kategorijas gadījumā, ja Tiesa apstiprinātu iepriekš 22. punktā minētos spriedumus lietā Bouma un lietā Beusmans , un prasītājam J. Bloumam [ J. Blom ] tika atļauts šajā paraugprāvā iesniegt aktualizētu prasības pieteikumu. 46     2003. gada 5. februārī prasītājs J. Bloums Pirmās instances tiesas kancelejā iesniedza aktualizētu prasības pieteikumu un pavadvēstulē prasīja, lai tiktu atjaunota tiesvedība par viņa prasību un lai šī lieta tiktu izvēlēta kā paraugprāva. 47     Ar vēstulēm, kas attiecīgi tika reģistrētas 2003. gada 21. februārī un 7. martā, Padome un Komisija sniedza savus apsvērumus par tiesvedības atjaunošanu lietā T‑87/94 attiecībā uz prasītāju. 48     Padome prasīja, ka tiesvedībā jāizskata tikai jautājumi, kas uzdoti aktualizētajā prasības pieteikumā un kas nav bijuši strīdus priekšmets lietās, kurās pasludināti iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma un lietā Beusmans . Komisijas piekrišana par lietas T‑87/94 izvēli kā paraugprāvu bija spēkā ar nosacījumu, ka Pirmās instances tiesa nepieņems nevienu lēmumu, iekams tiks pasludināts iepriekš 26. punktā minētais spriedums apvienotajās lietās Bouma un Beusmans . 49     Ar Pirmās instances tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2003. gada 26. marta rīkojumu pēc lietas dalībnieku uzklausīšanas lieta T‑87/94 attiecībā uz prasītāju tika atdalīta no apvienotajām lietām, kas minētas šī sprieduma 39. punktā, un tiesvedība lietā T‑87/94 tika atjaunota. 50     Ar Pirmās instances tiesas plēnuma 2003. gada 2. jūlija lēmumu lieta tika nodota izskatīšanai palātai trīs tiesnešu sastāvā, šajā gadījumā, pirmajai palātai. 51     Ar Pirmās instances tiesas pirmās palātas priekšsēdētāja 2004. gada 28. maija rīkojumu šo lietu tika nolemts izskatīt prioritāri saskaņā ar Reglamenta 55. panta 2. punktu. 52     Tā kā Pirmās instances tiesas palātu sastāvs mainījās jaunā juridiskā gada sākumā, tiesnesis referents tika pārcelts amatā piektajā palātā, līdz ar ko šī lieta tika nodota izskatīšanai piektajai palātai. 53     Pamatojoties uz tiesneša referenta ziņojumu, Pirmās instances tiesa (piektā palāta) nolēma sākt mutvārdu procesu bez iepriekšējas pierādījumu savākšanas. Taču procesa organizatorisko pasākumu ietvaros Pirmās instances tiesa aicināja prasītāju atbildēt uz rakstiskiem jautājumiem un Padomi aicināja atbildēt uz vienu rakstisku jautājumu, ko tās izpildīja noteiktajā termiņā. Pirmās instances tiesa aicināja arī Komisiju iesniegt kādu dokumentu. Komisija šo lūgumu izpildīja noteiktajā termiņā. 54     2005. gada 29. novembra tiesas sēdē tika uzklausīti lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumi un atbildes uz Pirmās instances tiesas uzdotajiem jautājumiem. Lietas dalībnieku prasījumi 55     Prasītāja prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi: –       piespriest Kopienai samaksāt summu EUR 68 896,57 apmērā un procentus no šīs summas ar likmi 8 % gadā, skaitot no 1992. gada 19. maija līdz maksājuma izpildes datumam; –       piespriest Kopienai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. 56     Padomes prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi: –       prasību noraidīt; –       piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. 57     Komisijas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi: –       prasību noraidīt kā nepamatotu; –       piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Juridiskais pamatojums 58     Prasītājs uzskata, ka nosacījumi par Kopienas atbildības iestāšanos ir izpildīti un ka Padomes apgalvotā daļējā noilguma iestāšanās attiecībā uz viņa prasību nav atzīstama, kas turklāt pārsniedz šajā tiesvedībā notikušo tiesisko debašu ietvarus, ko lietas dalībnieki ir noteikuši sadarbības sanāksmēs. 59     Pirmās instances tiesa uzskata, ka šajā gadījumā jautājuma par noilgumu vērtējumā vispirms ir jānosaka, vai Kopienas atbildība saskaņā ar EK līguma 215. panta otro daļu (jaunajā redakcijā – EKL 288. panta otrā daļa) vispār var iestāties un apstiprinošas atbildes gadījumā – līdz kuram datumam (šajā sakarā skat. iepriekš 22. punktā minētos Pirmās instances tiesas spriedumus lietā Bouma , 28. punkts; lietā Beusmans , 27. punkts, un 2002. gada 7. februāra spriedumu lietā T‑199/94 Gosch /Komisija, Recueil , II‑391. lpp., 40. punkts). Par Kopienas atbildību Lietas dalībnieku argumenti 60     Prasītāja argumentāciju veido trīs daļas. Pirmkārt, prasītājs atgādina tiesības, kas izriet no viņa SLOM ražotāja statusa, un apgalvo, ka nevar atšķirīgi attiekties pret dažādām SLOM ražotāju kategorijām attiecībā uz Kopienas atbildību, kas izriet it sevišķi no kompensācijas piedāvājuma, kas tam tika izteikts saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93, kā arī no iestāžu rīcības pēc šīs regulas pieņemšanas. Otrkārt, prasītājs apgalvo, ka pastāv atšķirības starp viņa situāciju un to prasītāju situāciju, uz kuriem attiecās spriedumi iepriekš 18. punktā minētajā lietā Böcker‑Lensing , iepriekš 22. punktā minētajā lietā Bouma un iepriekš 22. punktā minētajā lietā Beusmans . Treškārt, tas apstrīd nosacījumus par zaudējumu atlīdzības piešķiršanu, kas piedāvāta saskaņā ar Regulu Nr. 2330/98, kā tos ir raksturojušas atbildētājas. 61     Pirmkārt, prasītājs atgādina, ka viņš ir SLOM ražotājs un ka uz visiem SLOM ražotājiem attiecas fakts, ka Kopienu likumdevējs, 1984. gadā pieņemot piena kvotu sistēmu, apzināti tiem ir liedzis iespēju saņemt piena kvotu, kas ir atbrīvota no papildmaksājumiem, ko dēvē par “references daudzumu”. Tas norāda, ka šajā sistēmā visiem Kopienas ražotājiem bija paredzēts piešķirt kvotu, kas ir tieši saistīta ar faktisko ražošanu “references gadā”, taču gandrīz neviens SLOM ražotājs pienu neražoja references 1983. gadā, jo 1978. un turpmākajos gados tie bija uzņēmušies nepārdošanas saistības, tādējādi, beidzoties to nepārdošanas saistībām, tie nevarēja pretendēt uz piena kvotām. 62     Turklāt prasītājs atgādina spriedumu iepriekš 6. punktā minētajā lietā Mulder I , iepriekš 11. punktā minētajā lietā Spagl un iepriekš 13. punktā minētajā lietā Mulder II nozīmi, kā arī faktu, ka saskaņā ar iepriekš 13. punktā minēto spriedumu lietā Mulder II Kopienai ir pienākums atlīdzināt kaitējumu, kas neiegūtās peļņas dēļ ir nodarīts SLOM ražotājiem, tostarp viņam, kuri radušies laika posmā, kurā tiem prettiesiski tika liegts ražot pienu, tas ir, no datuma, kad beidzās viņu nepārdošanas saistības, līdz brīdim, kad viņi varēja pieteikties uz īpašu references daudzumu. 63     Visbeidzot prasītājs apgalvo, ka no zaudējumu atlīdzības piedāvājumiem, kas izteikti saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93, kurā paredzēts, ka visi piena ražotāji atbilstoši atbildētāju teiktajam var pretendēt uz zaudējumu atlīdzību saskaņā ar iepriekš 13. punktā minēto spriedumu lietā Mulder II , tostarp viņš, izriet, ka Kopiena ir izteikti atzinusi savu atbildību pret SLOM ražotājiem, kas ir saņēmuši galīgo references daudzumu saskaņā ar Regulu Nr. 764/89 un Regulu Nr. 1639/91, turklāt prasītājs pieder ražotāju kategorijai, kas ir saņēmuši references daudzumu saskaņā ar šo pēdējo regulu. 64     Pamatojot šādu Kopienas atbildības atzīšanu, prasītājs izvirza argumentus, kas balstīti ne tikai uz iepriekš 11. punktā minēto spriedumu lietā Spagl un iepriekš 13. punktā minēto spriedumu lietā Mulder II , kas tika pasludināti pirms Regulas Nr. 2187/93, uz 1992. gada 5. augusta paziņojumu, Komisijas 1993. gada 21. aprīļa piedāvājumu [ COM (93) 161 galīgais variants, turpmāk tekstā – “1993. gada 21. aprīļa piedāvājums”] par Regulu Nr. 2187/93, kā arī pašu Regulu Nr. 2187/93, bet arī uz iestāžu rīcību un judikatūru, kas pieņemta pēc minētās regulas, – argumentus, kas skaidri pierāda, ka nekādas atšķirības nav tikušas izvirzītas starp SLOM 1983 ražotājiem un ražotājiem, kas ir klasificējami kā SLOM 1984 ražotāji. 65     Šajā sakarā prasītājs izvirza šādus apsvērumus. 66     Runājot par faktiem pirms Regulas Nr. 2187/93 pieņemšanas, prasītājs apgalvo, ka, pirmkārt, iepriekš 11. punktā minētajā spriedumā lietā Spagl , kura galvenais priekšmets bija tiesību un pienākumu noteikšana SLOM 1983 ražotājiem, kura kategorijai pieder arī prasītājs, Tiesa atzina, ka šiem ražotājiem bija tiesības uz references daudzumu atbilstoši tam pašam pamatam kā SLOM 1984 ražotājiem. Šis spriedums bija viens no iemesliem, kas Padomei lika atcelt Regulu Nr. 1639/91, saskaņā ar kuru pret SLOM 1983 ražotājiem saistībā ar references daudzuma piešķiršanu attiecās tāpat kā pret SLOM 1984 ražotājiem, kur vienīgā atšķirība pastāvēja attiecībā uz īpaša references daudzuma piešķiršanu pēc vēlāka datuma. 67     Otrkārt, prasītājs norāda, ka iepriekš 13. punktā minētajam spriedumam Mulder II , kas bija paraugprāva, pamatā esošā lieta tāpat kā iepriekš 11. punktā minētajam spriedumam Spagl pamatā esošā lieta ir attiecināma uz visiem SLOM II ražotājiem, tostarp SLOM 1983 ražotājiem, kas turklāt savu interešu aizsardzībai bija apvienojušies organizācijā ( Stichting SLOM ) un kurus kopīgi pārstāvēja advokāti gan formālās un neformālās sanāksmēs Tiesā un Pirmās instances tiesā, gan pārrunās ar atbildētājām par piešķiramo zaudējumu atlīdzību, ievērojot iepriekš 13. punktā minēto spriedumu lietā Mulder II . Tāda pati pārliecība bija arī atbildētājām, kas šajā sakarā nekad nav atšķirīgi izturējušās pret SLOM 1983 ražotājiem un SLOM 1984 ražotājiem. 68     Treškārt, prasītājs norāda, ka pēc iepriekš 13. punktā minētā sprieduma lietā Mulder II atbildētājas 1992. gada 5. augusta paziņojumā atklāja, ka tās pieņems praktiskus noteikumus par zaudējumu atlīdzību, kas ir pārskaitāma visiem SLOM ražotājiem, nevis tikai prasītājiem, uz kuriem attiecās minētais spriedums, šajā sakarā neizvirzot nekādas atšķirības atbilstoši iepriekš 11. punktā minētajam spriedumam lietā Spagl starp SLOM 1983 ražotājiem un SLOM 1984 ražotājiem. 69     Fakts, ka Komisija plānoja vienlīdzīgi izturēties pret SLOM I un SLOM II ražotājiem, nešaubīgi izrietēja no 1993. gada 21. aprīļa piedāvājuma pamatojuma. 70     Šajā sakarā prasītājs atgādina iepriekš minētā piedāvājuma tekstu, kas ir izklāstīts ar virsrakstu “Juridiskie aspekti: princips”: “Risinājums ir ar dalībvalstu starpniecību visiem attiecīgajiem ražotājiem piedāvāt mierizlīgumu, kas ir pieņemams kā gala maksājums. Atteikuma gadījumā ražotājam nav citas izvēles kā vērsties Tiesā un mēģināt pierādīt, ka viņa zaudējumi ir lielāki par piedāvāto atlīdzību, uzņemoties izdevumus, riskus un attiecīgo maksājumu turpmāku termiņu novilcināšanu. Ņemot vērā, ka piedāvājuma summas ir aprēķinātas ļoti dāsni, tiek cerēts, ka šādā veidā izdosies atrisināt lielāko daļu lietu.” 71     Prasītājs uzskata, ka no minētā priekšlikuma izriet, ka iestādes patur sev tikai tiesības apstrīdēt zaudējumu apjomu, nevis “attiecīgo ražotāju” loku gadījumā, ja priekšlikums netiek pieņemts. 72     Turklāt prasītājs apgalvo, ka no Regulas Nr. 2187/93 apsvērumu teksta izriet, ka tam bija kolektīva mierizlīguma priekšlikuma raksturs, kas tika piedāvāts visiem piena ražotājiem, kuri bija saņēmuši galīgo references daudzumu, kāds bija viņš pats, un ka nekādas atšķirības netika noteiktas ne starp SLOM I un SLOM II ražotājiem, ne starp SLOM 1983 un SLOM 1984 ražotājiem. 73     Runājot par iestāžu rīcību un judikatūru pēc Regulas Nr. 2187/93 pieņemšanas, prasītājs uzsver, ka Komisijas pārstāvji nav snieguši nekādas norādes, pirmkārt, regulāras saziņas ietvaros, ko tā kopš vairākiem gadiem ir rīkojusi ar Nīderlandes SLOM ražotāju advokātiem, otrkārt, neformālās sanāksmēs Pirmās instances tiesā, treškārt, citu Pirmās instances tiesā iesniegto prasību par zaudējumu atlīdzību ietvaros, ceturtkārt, it sevišķi “noilguma lietās” un to regulējumā, piektkārt, to zaudējumu atlīdzības prasību regulējuma ietvaros, attiecībā uz kurām Kopienas atbildība ir atzīta tikai pēc 1993. gada, tādējādi vēloties paturēt tiesības atgriezties pie jautājuma par Kopienas atbildības atzīšanu, kā tas arī izriet no Regulas Nr. 2187/93 un kompensācijas piedāvājumiem, kas izteikti, pamatojoties uz šo regulu. 74     Prasītājs atgādina, ka, pirmkārt, procedūras par zaudējumu atlīdzības prasībām Pirmās instances tiesā, kuras ir cēluši ražotāji, kas atteicās no kompensācijas piedāvājumiem atbilstoši Regulai Nr. 2187/93, tostarp prasītājs, tika apturētas līdz iepriekš 20. punktā minētā sprieduma pasludināšanai lietā Mulder III . Saskaņā ar prasītāja teikto, atbildētājas apzinājās, ka šī sprieduma pamatā esošā lieta bija paraugprāva attiecībā uz visiem Nīderlandes SLOM ražotājiem, kuriem bija piešķirts galīgais references daudzums, kā tas jo īpaši izriet no dažādām neformālām sanāksmēm, kuras rīkoja Pirmās instances tiesa, lai apspriestu procesa virzību vairākās lietās, kuras bija ierosinājuši SLOM ražotāji. Šajā sakarā prasītājs apstiprina, ka atbildētājas neapstrīd faktu, ka starp SLOM 1983 un SLOM 1984 ražotājiem netika izvirzītas nekādas atšķirības. Turklāt kā vienīgais šīs lietas izņēmums bija fakts, ka atbildētājas neapstrīdēja Kopienas atbildību pret ražotājiem, kuri prasības cēla pēc tam, kad bija atteikušies no kompensācijas piedāvājumiem, kuri tika izteikti saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93, tātad ražotājiem, attiecībā pret kuriem šī atbildība tika jau iepriekš atzīta. 75     Prasītājs piebilst, ka no brīža, kad tika pieņemta Regula Nr. 2187/93, atbildētājas apzinājās, ka vairums SLOM ražotāju kompensācijas piedāvājumu, kāds bija noteikts minētajā regulā, nevarēja pieņemt to iemeslu dēļ, kas izklāstīti procesuālajos dokumentos lietā, kurā pasludināts iepriekš 13. punktā minētais spriedums lietā Mulder II , kā arī vairākos prasības pieteikumos, kas Pirmās instances tiesā 1993. un 1994. gadā tika iesniegti Nīderlandes SLOM ražotāju vārdā, tostarp prasītāja vārdā. Turklāt iepriekšējās apspriedes ar prasītāju advokātiem lietās, kuras skar iepriekš 13. punktā minētais spriedums lietā Mulder II un iepriekš 20. punktā minētais spriedums lietā Mulder III , pietiekami pierādīja Komisijai, ka kompensācijas summas par kilogramu, kas noteiktas Regulā Nr. 2187/93, ir pārāk zemas, lai atlīdzinātu Nīderlandes ražotāju zaudējumus. 76     Prasītājs uzskata, ka tieši šāda viedokļa dēļ pārējie SLOM ražotāji neizvirzīja iebildumus par to, ka attiecībā uz prasībām, ko tie bija cēluši Pirmās instances tiesā, tiesvedība tika apturēta līdz iepriekš 20. punktā minētā Tiesas sprieduma pasludināšanai lietā Mulder III , jo viņi uzskatīja, ka pret viņiem attieksies pilnīgi tāpat, kā pret prasītājiem lietās, kuras skar iepriekš 13. punktā minētais spriedums lietā Mulder II un iepriekš 20. punktā minētais spriedums lietā Mulder III . Atbildētāju pārstāvju un Nīderlandes SLOM ražotāju advokātu apspriedēs nekad netika izvirzīta doma par to, ka atbildētājas attiecībā uz kādu Nīderlandes SLOM ražotāju daļu tomēr varētu atzīt Kopienas atbildību, kas izriet no piedāvājumiem, kuri izteikti saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93. 77     Prasītājs it īpaši apgalvo, ka atbildētāju rīcībā pēc Pirmās instances tiesas 1997. gada 16. aprīļa spriedumiem lietā T‑20/94 Hartmann /Padome un Komisija ( Recueil , II‑595. lpp.) un lietā T‑554/93 Saint un Murray /Padome un Komisija ( Recueil , II‑563. lpp.) netika pausta atšķirīga attieksme pret SLOM 1983 ražotājiem un SLOM 1984 ražotājiem, tādējādi neviens fakts neļāva pieņemt domu, ka tās beigu beigās varētu apsvērt Kopienas atbildības atzīšanu. 78     Šajā sakarā prasītājs norāda, ka ar 1998. gada 27. februāra vēstuli Komisija informēja Pirmās instances tiesu, ka tā plāno izteikt mierizlīgumu prasītājiem visās lietās, kas attiecas uz “Hartmann” veida SLOM I un SLOM II ražotājiem, un ka visi šo kategoriju ražotāji bez izņēmuma no Komisijas ir faktiski saņēmuši atjaunotu piedāvājumu. Prasītājs piebilst – ja patiesi mierizlīguma piedāvājumā netika noteiktas tās Nīderlandes ražotāju kategorijas, kuri bija atteikušies no kompensācijas piedāvājuma, kas bija izteikts saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93, un kuri vēlāk Pirmās instances tiesā cēla zaudējumu atlīdzības prasību, tad šāds rīcības veids atbilda tam, kas tika apspriests starp lietas dalībniekiem, un svarīgs ir fakts, ka attieksme pret SLOM 1983 un SLOM 1984 ražotājiem bija vienāda. 79     Padome esot noteikusi arī nosacījumus, lai, pamatojoties uz Pirmās instances tiesas 1997. gada 9. decembra spriedumu apvienotajās lietās T‑195/94 un T‑202/94 Quiller un Heusmann /Padome un Komisija ( Recueil , II‑2247. lpp., turpmāk tekstā – “spriedums lietā Quiller ”), kolektīvu kompensācijas piedāvājumu varētu izteikt tai ražotāju grupai, uz kuru attiecās šis spriedums, piedāvājumu, kurā netika izvirzītas nekādas atšķirības starp SLOM 1983 ražotājiem un SLOM 1984 ražotājiem, tā kā viens no ražotājiem lietā, kas bija minētā sprieduma pamatā, bija SLOM 1983 ražotājs. Tas atzina, ka nepārdošanas saistības apgrūtināja visu viņa saimniecību, kamēr Kijē [ Quiller ] tajā gadījumā bija tādas zemnieku saimniecības daļas cesionārs, kura bija apgrūtināta ar nepārdošanas saistībām, kuras beidzās 1983. gadā, un kādas citas zemnieku saimniecības īpašnieks, kurā viņš turpināja piena ražošanu. Taču viņš uzsver, ka iepriekš minētajā spriedumā lietā Quiller Pirmās instances tiesa apgalvoja vienīgi to – lai uz Kijē neattiektos kvotu sistēma, viņam nebija jāņem vērā fakts, ka viņam pēc 1983. gada vajadzētu atsākt piena ražošanu tajā saimniecības daļā, kuras cesionārs viņš bija, kas turklāt ir tāpat kā prasītāja gadījumā lietā, kurā pasludināts iepriekš 11. punktā minētais spriedums lietā Spagl . 80     Prasītājs turklāt atgādina, ka no 1998. gada 30. septembra neformālās sanāksmes Pirmās instances tiesā mutvārdu procesa izriet, ka tiesnesis referents kā “C” kategoriju identificēja ražotājus, kuriem iestādes bija piedāvājušas kompensāciju, bet kuri to bija noraidījuši zaudējumu aprēķināšanas metodes dēļ. Šajā kategorijā bija visi SLOM I un SLOM II ražotāji, attiecībā uz kuriem tika panākts mierizlīgums ar Komisiju pēc iepriekš 20. punktā minētā sprieduma lietā Mulder III . Prasītājs apgalvo, ka atbildētājas nekad nav izteikušās, ka SLOM 1983 ražotāju apakšgrupa būtu ņēmusi vērā iespēju, ka iestādes varētu galīgi atgriezties pie Kopienas atbildības atzīšanas. 81     Otrkārt, prasītājs atgādina, ka apsvērumos Regulā Nr. 2330/98, kas ļauj Komisijai reglamentēt dažādus zaudējumu atlīdzības pieteikumus, Padome apgalvo, ka pēc iepriekš 13. punktā minētā sprieduma lietā Mulder II iestādes “ir apņēmušās pilnībā izpildīt minēto tiesas [spriedumu]”, un norāda, ka “attiecīgie ražotāji pēc būtības ir tie, kam ir tiesības uz īpašu references daudzumu saskaņā ar noteikumiem, kas ar [..] Regulu Nr. 764/89 vai [..] Regulu Nr. 1639/91 pievienoti [..] Regulai Nr. 857/84”. Prasītājs apgalvo, ka šajā sakarā attieksme pret SLOM I un SLOM II ražotājiem bija identiska un ka nekas nenorādīja uz to, ka SLOM 1983 ražotājiem kā SLOM II ražotāju apakšgrupai vajadzēja ņemt vērā iespēju, ka viņiem tiesības uz kompensāciju varētu būt liegtas galīgi. Prasītājs tāpat norāda – kad 2000. gadā pārrunās par iepriekš 13. punktā minētā sprieduma lietā Mulder II sekām Komisija apstrīdēja Kopienas atbildību pret viņu un pret citiem SLOM 1983 ražotājiem, Komisijas nostāja bija tāda, ka visiem SLOM ražotājiem, kas bija saņēmuši galīgo references daudzumu, “vismaz vienreiz” būtu jāsaņem kompensācijas piedāvājums. Atbilstoši prasītāja teiktajam no tā izriet, ka Komisija arī šajā gadījumā neizvirzīja nekādas atšķirības starp SLOM 1983 ražotājiem un SLOM 1984 ražotājiem. 82     Treškārt, prasītājs konstatē, ka iepriekš 20. punktā minētais spriedums lietā Mulder III nodibināja faktu, ka visi Nīderlandes SLOM ražotāji, tostarp prasītājs, 1992. gadā ne mazāk leģitīmu iemeslu dēļ noraidīja kompensācijas piedāvājumu, kas bija izteikts saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93. 83     Pēc tā uzskatiem, lietās, uz kurām attiecas iepriekš 13. punktā minētais spriedums lietā Mulder II un iepriekš 20. punktā minētais spriedums lietā Mulder III , netiek apstrīdēts, ka pēdējais no minētajiem spriedumiem ir uzskatāms par modeli kolektīvam risinājumam ar visiem Nīderlandes SLOM ražotājiem. Turklāt 2000. gada otrajā semestrī SLOM ražotāju advokāts un Klainlangefelslū [ Kleinlangevelsloo ], Stichting SLOM pārstāvis, no vienas puses, un Komisijas pārstāvji, no otras puses, iesaistījās aktīvā apspriedē par visiem SLOM ražotājiem, kuriem 1991. gadā vai 1993. gadā bija paredzēts piešķirt galīgu SLOM references daudzumu un kuriem bija piedāvāts mierizlīgums saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93. 84     Prasītājs norāda, ka par lielu pārsteigumu Nīderlandes SLOM ražotājiem Komisija, atsaucoties uz iepriekš 18. punktā minēto spriedumu lietā Böcker‑Lensing , 2000. gadā SLOM 1983 ražotājiem atteicās piešķirt jebkādu kompensāciju, lai gan tie bija saņēmuši galīgu references daudzumu, kā tas bija arī prasītāja gadījumā. Komisija turklāt bija gatava principā atzīt Kopienas atbildību tikai pret SLOM 1983 ražotājiem, kas varēja iesniegt neapstrīdamus rakstveida pierādījumus par to, ka tie 1983. gadā bija veikuši konkrētas darbības, lai pēc nepārdošanas saistībām varētu atsākt piena ražošanu. 85     Prasītājs uzskata – tas ir pretrunā labas pārvaldības pamatprincipam, ka Komisija novēloti nonāca pie Kopienas atbildības atzīšanas pret prasītāju un citiem Nīderlandes SLOM 1983 ražotājiem, kuri bija saņēmuši references daudzumu. Viņam neesot nozīmes, kā Pirmās instances tiesa tiesiski kvalificē atbildētāju rīcību: labas pārvaldības principa pārkāpums, vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums, ļauna ticība, noilguma noteikumu pārkāpums vai tiesību noilgums ( rechtsverwerking ) vai citādi. Prasītājs vēlas apgalvot, ka šāda rīcība ir juridiski nepieņemama. Viņš turklāt uzskata, ka šāda rīcība ir nepārprotami ļaunticīga un ka atbildētājas ļaunprātīgi izmantoja ārkārtēji garo tiesvedības termiņu lietās iepriekš 13. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder II un iepriekš 20. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder III . 86     No prasītāja teiktā izriet, ka Komisija ar savu nemainīgo un loģisko attieksmi SLOM ražotājiem radīja tiesisko paļāvību attiecībā uz faktu, ka tā vēlāk neapstrīdēs Regulā Nr. 2187/93 atzīto Kopienas atbildību un ka šādos apstākļos Komisijai vajadzētu zaudēt apstrīdējuma tiesības, jo šādas tiesības pirmo reizi tika izvirzītas 2000. gadā. Pēc prasītāja uzskatiem, vienkāršais fakts, ka Pirmās instances tiesa pasludināja spriedumu lietā Böcker‑Lensing , sk. iepriekš 18. punktu, nevar radīt tādas sekas, ka Komisija tādējādi ir apstrīdējusi Kopienas atbildību pret SLOM ražotājiem, jo Komisijai bija jāpanāk un tā panāca vienošanos par zaudējumu atlīdzības apmēru ar prasītājiem lietās iepriekš 13. punktā minētajā spriedumā Mulder II un iepriekš 20. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder III . 87     Visbeidzot prasītājs apgalvo, ka Komisija neapstrīd faktus, kas ir izklāstīti viņa prasības pieteikumā par Komisijas pārstāvju attieksmi pret Nīderlandes SLOM ražotājiem gadu gaitā. 88     Otrkārt, prasītājs norāda, ka pastāv atšķirības starp viņa situāciju un citu prasītāju situāciju lietās, kurās pasludināts iepriekš 18. punktā minētais spriedums lietā Böcker‑Lensin , iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma un lietā Beusmans , kuros Pirmās instances tiesa atzina, ka Kopienas atbildība pret Nīderlandes SLOM 1983 ražotājiem nevar iestāties, pamatojot ar to, ka šie pēdējie nav pietiekami pierādījuši savu nodomu atsākt ražošanu pēc nepārdošanas saistību beigām. 89     Viņš uzskata, ka to apelācijas sūdzību iznākums, kuras iesniegtas par iepriekš 22. punktā minētajiem spriedumiem lietā Bouma un lietā Beusmans , attiecas arī uz šīs lietas iznākumu. Prasītājs uzskata – ja Tiesa galīgi atzīs, ka Kopiena ir atbildīga pret prasītājiem šajās abās lietās, no tā izrietēs, ka Kopiena ir atbildīga arī pret prasītāju pašreizējā lietā un vispārēji arī pret pārējiem SLOM 1983 ražotājiem, kas ir saņēmuši galīgu references daudzumu. Taču prasītājs apgalvo – ja Tiesa noraidīs apelācijas sūdzības, tas tomēr nenozīmētu, ka Kopiena nav atbildīga pret prasītāju šajā lietā, kā arī pret pārējiem SLOM 1983 ražotājiem, kas ir saņēmuši galīgu references daudzumu. 90     Prasītājs norāda, ka viņa stāvoklis atšķiras no prasītāju stāvokļa lietās, uz kurām attiecas iepriekš 18. punktā minētais spriedums lietā Böcker‑Lensing , iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma un lietā Beusmans . Viņš norāda, ka kopš 1991. gada viņam ir galīgs references daudzums, ko viņš ir saņēmis saskaņā ar Regulu Nr. 1639/91, un ka Kopienas atbildība attiecībā uz viņu nekad nav bijusi apstrīdēta kopš iepriekš 13. punktā minētā sprieduma pasludināšanas lietā Mulder II . No minētā sprieduma, kā arī no Regulas Nr. 2187/93 un Regulas Nr. 2330/98 skaidri izriet, ka starp SLOM I un SLOM II ražotājiem nevajadzētu ieviest nekādas atšķirības. Turpretī Boumas un Beusmansa rīcībā vienmēr nav bijis galīgs references daudzums, kamēr Bokera‑Lensinga [ Böcker‑Lensing ] references daudzums tika piešķirts tikai 1995. gadā. Prasītājs atgādina arī to, ka nevienam no trim iepriekš minētajiem ražotājiem netika piedāvāts izlīgums saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93. Atbildētājas nekad nav atzinušas Kopienas atbildību pret šiem trim ražotājiem, attiecībā uz kuriem pasludināti iepriekš minētie trīs spriedumi, un tādēļ Komisija viņu gadījumā nekad neatgriezīsies pie skaidri izteiktas Kopienas atbildības atzīšanas. 91     Visbeidzot, prasītājs apstiprina, ka tiesiski nav pieņemami, ka Kopienas atbildība pret SLOM 1983 ražotājiem tiek vērtēta uz cita pamata, nekā izmantots attiecībā pret SLOM I ražotājiem, un viņš uzskata, ka Pirmās instances tiesas vērtējums iepriekš 22. punktā minētajos spriedumos lietā Bouma un lietā Beusmans ir nepareizs, jo tā atzina, ka SLOM 1983 pierādīšanas pienākumam vajadzēja būt lielākam nekā SLOM I ražotājiem, lai arī to situācijas bija identiskas. Viņš atkārto tos pamatus, ko Beusmanss izvirzīja savā apelācijas sūdzībā par Pirmās instances tiesas spriedumu lietā T‑73/94, norādīdams, ka viņš tos izmanto, un precizēdams, ka Pirmās instances tiesai nav jāizskata to pamatotība. 92     Tādēļ, runājot par pierādījumiem, prasītājs apstiprina, ka, ņemot vērā atbildētāju rīcību pēc iepriekš 6. punktā minētā sprieduma lietā Mulder I pasludināšanas, neviens no SLOM 1983 ražotājiem nedomāja par dokumentu saglabāšanu, kuri attiecās uz savas vai savu saimniecību vadību 1983. gadā. Prasītājs norāda, ka vairums SLOM 1983 ražotāju, tostarp viņš pats, 2000. gadā vairs nevarēja iesniegt pierādījumus tam, ka viņi 1983. gadā bija veikuši konkrētus pasākumus, lai atsāktu piena ražošanu, lai arī zināms SLOM 1983 ražotāju skaits, kam nejaušības dēļ bija saglabājušies noteikti pierādījumi, iesniedza tos Komisijai, lai gan tiem nebija tāda pienākuma. Šādos apstākļos Komisija pierādījumus uzskatīja par pietiekamiem tikai dažās lietās, kā rezultātā tika izmaksāta zaudējumu atlīdzība bez tiesas iejaukšanās. 93     Šajā sakarā prasītājs norāda, ka faktu rašanās laikā nebija vajadzīgs iesniegt dokumentus, lai pamatotu kvotas pieprasījumu un zaudējumu atlīdzības prasību. Viņš piebilst, ka pašreizējās prasības par pierādījumiem – vairāk nekā desmit gadus pēc faktu rašanās apstākļiem – tika noteiktas pēc ražotāju juridiskā pienākuma saglabāt grāmatvedības dokumentus termiņa beigām un pēc vairākām reorganizācijām Nīderlandes Lauksaimniecības ministrijā, kā rezultātā tā vairs nevar izsniegt informāciju. 94     Prasītājs turklāt norāda uz Komisijas pausto, ka “pagātnē tā atzinusi”, ka attiecībā uz ražotājiem, kas bija saņēmuši galīgu references daudzumu, tika pieņemts, ka viņi pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām plāno atsākt piena ražošanu. Prasītājs precizē, ka Komisija SLOM 1983 ražotājiem, kas bija saņēmuši galīgu references daudzumu, nekad nav izvirzījusi nekādas prasības par papildu pierādījumiem to nodomam atsākt piena ražošanu, pirms tā 2000. gadā pārtrauca pārrunas ar Nīderlandes SLOM ražotāju advokātu par iepriekš 20. punktā minētā sprieduma lietā Mulder III seku reglamentēšanu. 95     Treškārt, prasītājs apstrīd apgalvojumu, ko netieši ir izvirzījusi Padome un saskaņā ar kuru viņam netika piedāvāta zaudējumu atlīdzība no Komisijas atbilstoši Regulai Nr. 2330/98, jo trūka pierādījumu par viņa nodomu atsākt piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām. Regula Nr. 2330/98 tiktāl, ciktāl tā attiecas tikai uz SLOM ražotājiem, attiecībā uz kuriem Kopienas atbildība līdz tam brīdim tika atzīta, nevarēja būt piemērojama tiem, kas tāpat kā prasītājs jau bija panākuši Kopienas atbildības atzīšanu. 96     Prasītājs turklāt uzskata, ka tas ir nepareizs apgalvojums. No vienas puses, ar to tiek norādīts, ka pierādījums nodomam atsākt piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām ietekmēja lēmumu par priekšlikumu piedāvāt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Regulu Nr. 2330/98. 97     No otras puses, Komisija zināmos gadījumos pat pēc iepriekš 18. punktā minētā sprieduma lietā Böcker‑Lensing izteica zaudējumu atlīdzības piedāvājumus saskaņā ar Regulu Nr. 2330/98, neizvirzot Nīderlandes SLOM 1983 ražotājiem nekādus nosacījumus, it īpaši par nodoma atsākt piena ražošanu pierādīšanu, attiecībā uz kuriem Komisija bija atteikusies atzīt Kopienas atbildību galīga references daudzuma trūkuma dēļ. 98     Prasītājs norāda, ka tā notika it īpaši prasītāju J. I. M. , W. Spikker un T. J. W. Kraaienvanger gadījumā lietā T‑533/93, kas saņēma zaudējumu atlīdzības piedāvājumu saskaņā ar Regulu Nr. 2330/98 attiecīgi 1999. gada 29. aprīlī un 2000. gada maijā. 99     Turklāt pat pirms Regulas Nr. 2330/98 pieņemšanas Komisija nosūtīja zaudējumu atlīdzības piedāvājumus dažiem Nīderlandes SLOM 1983 ražotājiem, kā, piemēram, prasītājam V. Brūveram [ W. Brouwer ] (lieta T‑533/93), kam zaudējumu atlīdzības piedāvājums tika izteikts 1997. gadā un pēc piekrišanas atlīdzība pārskaitīta 1999. gada aprīlī. 100   Saskaņā ar prasītāja teikto iepriekš minētie fakti pierāda, ka atbilstoši nemainīgam rīcības veidam pat pēc Regulā Nr. 2187/93 noteikto termiņu beigām, kā arī pēc iepriekš 18. punktā minētā sprieduma lietā Böcker‑Lensing Komisija turpināja izteikt jaunus zaudējumu atlīdzības piedāvājumus SLOM 1983 ražotājiem, attiecībā pret kuriem Kopienas atbildība tika atzīta daudz vēlākā stadijā tā fakta dēļ, ka šie ražotāji galīgu references daudzumu bija saņēmuši tikai pēc Regulā Nr. 2187/93 noteikto termiņu beigām. 101   Padome un Komisija uzskata, ka nosacījumi, lai iestātos Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība, šajā gadījumā nav izpildīti, tādēļ prasība ir jānoraida. Pirmās instances tiesas vērtējums 102   Vispirms ir jāatgādina – kā tas izriet no pastāvīgās judikatūras – Kopienas ārpuslīgumiskā atbildība par tās iestāžu nelikumīgu rīcību EKL 288. panta otrās daļas izpratnē ir pakļauta nosacījumu kopumam, proti, iestādēm pārmestajai rīcībai jābūt nelikumīgai, zaudējumiem ir patiesi jāpastāv un ir jāpastāv cēloņsakarībai starp attiecīgo rīcību un zaudējumiem (Tiesas 1971. gada 28. aprīļa spriedums lietā 4/69 Lütticke /Komisija, Recueil , 325. lpp., 10. punkts, un 1981. gada 17. decembra spriedums apvienotajās lietās no 197/80 līdz 200/80, 243/80, 245/80 un 247/80 Ludwigshafener Walzmühle u.c./Padome un Komisija, Recueil , 3211. lpp., 18. punkts; Pirmās instances tiesas 1995. gada 13. decembra spriedums apvienotajās lietās T‑481/93 un T‑484/93 Exporteurs in Levende Varkens u.c./Komisija, Recueil , II‑2941. lpp., 80. punkts; iepriekš 22. punktā minētais spriedums lietā Bouma , 39. punkts, un iepriekš 22. punktā minētais spriedums lietā Beusmans , 38. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 43. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 41. punkts). 103   Runājot par piena ražotāju situāciju, kuri bija uzņēmušies nepārdošanas saistības, Kopienas atbildība ir iestājusies attiecībā uz katru ražotāju, kas ir cietis zaudējumus tā fakta dēļ, ka tam, piemērojot Regulu Nr. 857/84, tika liegts piegādāt pienu (iepriekš 13. punktā minētais spriedums lietā Mulder II , 22. punkts). Šāda atbildība ir balstīta uz tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu (iepriekš 22. punktā minētais spriedums lietā Bouma , 40. punkts, un iepriekš 22. punktā minētais spriedums lietā Beusmans , 39. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 45.–47. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 42. punkts). 104   Tomēr uz šo principu var atsaukties attiecībā pret Kopienas tiesisko regulējumu tikai tiktāl, ciktāl pati Kopiena iepriekš ir izveidojusi situāciju, kas varētu radīt tiesisko paļāvību (Tiesas 1992. gada 10. janvāra spriedums lietā C‑177/90 Kühn , Recueil , I‑35. lpp., 14. punkts; iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 41. punkts, un lietā Beusmans , 40. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 45.–47. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 43. punkts). 105   Tādējādi ražotājs, kas ar Kopienas tiesību aktu vispārējo interešu labā un pret atlīdzību tika aicināts pārtraukt piena pārdošanu uz noteiktu laiku, var tiesiski sagaidīt, ka saistību termiņa beigās viņš netiks pakļauts ierobežojumiem, kas viņu ietekmē specifiskā veidā tieši tādēļ, ka viņš ir izmantojis Kopienas tiesiskajā regulējumā piedāvātās iespējas (iepriekš 6. punktā minētie spriedumi lietā Mulder I , 24. punkts, un Von Deetzen , 13. punkts). Turpretī tiesiskās paļāvības aizsardzības princips nav pretrunā ar to, ka papildu nodevas režīma ietvaros ražotājam tiek noteikti ierobežojumi tā iemesla dēļ, ka viņš zināmā laika periodā, kas ir noteikts pirms minētās regulas stāšanās spēkā, pēc paša brīvprātīgi pieņemta lēmuma nav pārdevis pienu vai ir pārdevis pienu samazinātā daudzumā, ko nav veicinājis Kopienu tiesību akts (iepriekš 104. punktā minētais spriedums lietā Kühn , 15. punkts; iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 42. punkts, un lietā Beusmans , 41. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 45.–47. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 44. punkts). 106   Turklāt no iepriekš 11. punktā minētā sprieduma lietā Spagl izriet, ka Kopiena, nepārkāpjot tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, nevar automātiski izslēgt no kvotu saņēmēju loka visus ražotājus, kuru nepārdošanas vai saimniecību pārveidošanas saistības beidzās 1983. gadā, it īpaši tādus ražotājus, kuri kā prasītājs Spahls [ Spagl ] nevarēja atsākt piena ražošanu tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar viņu saistībām (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 43. punkts, un lietā Beusmans , 42. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 53. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 45. punkts). Tiesa šī sprieduma 13. punktā ir lēmusi: “Kopienu likumdevējs var pamatoti noteikt termiņu, kas saistīts ar ieinteresēto personu nepārdošanas vai pārveidošanas saistību perioda beigu termiņu, paredzot no [noteikumu par īpašā references daudzuma piešķiršanu] piemērošanas loka izslēgt tos ražotājus, kas pienu nav piegādājuši visa attiecīgā references gada laikā vai tā daļā tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar nepārdošanas vai pārveidošanas saistībām. Turpretī tiesiskās paļāvības [aizsardzības] princips, kā tas ir interpretēts iepriekš minētajā judikatūrā, ir pretrunā ar to, ka šāda veida termiņš tiek noteikts ar tādiem nosacījumiem, kuru rezultātā no [šo noteikumu] piemērošanas loka tiek izslēgti ražotāji, kuri pienu nav piegādājuši visa references gada laikā vai tā daļā tādēļ, ka tika pildītas saistības, kas noteiktas saskaņā ar Regulu Nr. 1078/77.” 107   Tāpat no minētā sprieduma var saprātīgi secināt, ka ražotāji, kuru saistību termiņš beidzās 1983. gadā, savu prasību par zaudējumu atlīdzību var pamatoti balstīt uz tiesiskās paļāvības aizsardzības principa pārkāpumu tikai tad, ja viņi pierāda, ka iemesli, kādēļ viņi references gada laikā nav atsākuši piena ražošanu, ir saistīti ar faktu, ka viņi bija pārtraukuši ražošanu uz zināmu laiku un ka šādas ražošanas organizatorisku apsvērumu dēļ viņi to nevarēja atsākt nekavējoties (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 45. punkts, un lietā Beusmans , 44. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 62. un 63. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 47. punkts). 108   Turklāt no iepriekš 13. punktā minētā sprieduma lietā Mulder II 23. punkta izriet, ka Kopienas atbildība ir atkarīga no nosacījuma, ka ražotāji ir skaidri izteikuši savu nodomu atsākt piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību beigām. Lai prettiesiskums, kura rezultātā par spēkā neesošām tika atzītas regulas, kuras bija SLOM ražotāju situācijas rašanās pamatā, radītu šiem ražotājiem tiesības uz zaudējumu atlīdzību, tiem bija jāsaskaras ar traucējumiem atsākt piena ražošanu. Tas nozīmē, ka ražotāji, kuru saistības beidzās pirms Regulas Nr. 857/84 stāšanās spēkā, ražošanu atsāka vai vismaz centās to darīt, veicot ieguldījumus vai remontdarbus, vai saglabājot šai ražošanai vajadzīgo aprīkojumu (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 46. punkts, un lietā Beusmans , 45. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 89.–91. punkts, un iepriekš 59. punktā minētais spriedums lietā Gosch /Komisija, 48. punkts). 109   Ja ražotājs nav paudis šādu nodomu, viņš nevar apgalvot tiesisko paļāvību par iespēju atsākt piena ražošanu nenoteiktā laikā nākotnē. Šādos apstākļos viņa stāvoklis neatšķiras no tirgus dalībnieku stāvokļa, kas pienu neražo un kam pēc piena kvotu režīma ieviešanas 1984. gadā tika liegts uzsākt piena ražošanu. Pastāvīgajā judikatūrā ir noteikts, ka tirgus kopējā organizācijā, kuras mērķis ietver pastāvīgu pielāgošanos sakarā ar ekonomiskās situācijas pārmaiņām, tirgus dalībnieki nevar pamatoti balstīt savu tiesisko paļāvību uz faktu, ka viņi netiks pakļauti ierobežojumiem, kas izriet no iespējamajiem noteikumiem, kas tiek pieņemti saistībā ar tirgus politiku vai strukturālo politiku (skat. iepriekš 22. punktā minētos spriedumus lietā Bouma , 47. punkts, un lietā Beusmans , 46. punkts un lietā minētā judikatūra, ko apstiprina ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 99.–102. punkts, un iepriekš 59. punktā minēto spriedumu lietā Gosch /Komisija, 49. punkts). 110   Ņemot vērā šajā gadījumā faktu, ka laikā no nepārdošanas saistību termiņa beigu datuma, 1983. gada 1. oktobra, līdz kvotas režīma spēkā stāšanās datumam, 1984. gada 1. aprīlim, prasītājs nav atsācis ražošanu, lai viņa zaudējumu atlīdzības prasību varētu atzīt par pamatotu, viņam ir jāpierāda, ka viņam bija nodoms ražošanu atsākt nepārdošanas saistību termiņa beigās un ka tas bija neiespējami Regulas Nr. 857/84 stāšanās spēkā dēļ (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 48. punkts, un lietā Beusmans , 47. punkts, kas ir apstiprināti ar iepriekš 26. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās Bouma un Beusmans , 99.–102. punkts). 111   Pirmkārt, šajā sakarā ir jāatzīst, ka prasītājs nav iesniedzis pierādījumus nedz tam, ka viņš ir vērsies valsts iestādēs, lai saņemtu references daudzumu 1984. gadā, kad stājās spēkā piena kvotu režīms, nedz tam, ka būtu veicis citus pasākumus, kas varētu pierādīt viņa nodomu atsākt piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām. 112   Runājot par pierādījumiem, kas attiecas uz prasītāja nodomu atsākt savu darbību piena ražošanā pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām, vispirms ir jāatzīst, ka viņa 2003. gada 20. janvāra elektroniskajā vēstulē, kas iesniegta pēc Pirmās instances tiesas prasības, prasītāja advokāts apstiprināja, ka šo lietu izvēlējies kā paraugprāvu, jo prasītājs nevarot vairs pierādīt, ka viņš 1983. gadā būtu veicis pasākumus ražošanas atsākšanai, tādējādi šīs lietas risinājums esot atkarīgs vienīgi no jautājuma, kāda ir to ražotāju tiesiskā situācija, kas saņēma zaudējumu atlīdzības piedāvājumu un to noraidīja. 113   Turklāt pretēji atbildētāju nostājai prasītājs uzskata, ka iepriekš minēti pierādījumi vairs nav iesniedzami, jo attiecīgā Nīderlandes ministrija vairs nevar izsniegt informāciju, tomēr uz Pirmās instances tiesas jautājumu tiesas sēdē prasītājs atbildēja, ka viņš nav veicis pasākumus, lai saņemtu šādu informāciju. 114   Visbeidzot prasītājs tiesas sēdē norādīja, ka pēc 1983. gada un līdz 1984. gada beigām viņš esot turpinājis uzturēt kūtis un pļavas, jo viņš noteiktā laikā esot vēlējies atsākt piena ražošanu. Viņš piebilda, ka piena kvotu režīma dēļ viņš esot pagarinājis zemes nomas līgumus ar turpmākiem gadskārtējiem līgumiem, jo viņam esot bijis nodoms 1984. gada vasarā atsākt darbību piena saimniecībā. 115   Ņemot vērā visus iepriekš minētos apsvērumus, ir jāatzīst, ka prasītāja iespējamais nodoms atsākt piena ražošanu pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām nav pamatots ar objektīviem pierādījumiem, bet gan tikai ar viņa paša izteikumiem, lai gan viņa rīcībā bija seši mēneši, lai veiktu konkrētus pasākumus šādas darbības atsākšanai. 116   Otrkārt, runājot par prasītāja argumentu attiecībā uz apgalvotajām atšķirībām starp viņa situāciju un to prasītāju situāciju, uz kuriem attiecas iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , lietā Beusmans un iepriekš 18. punktā minētais spriedums lietā Böcker‑Lensing , tādā nozīmē, ka atšķirībā no viņa gadījuma Boumas un Beusmansa rīcībā joprojām nebija galīga references daudzuma, kamēr Bokeram‑Lensingam tikai 1995. gadā tika piešķirts references daudzums, ir jānorāda – fakts, ka prasītājs, stājoties spēkā Regulai Nr. 1639/91, bija saņēmis pagaidu references daudzumu, nenozīmē to, ka viņam Kopienas ārpuslīgumiskās atbildības ietvaros bija tiesības uz zaudējumu atlīdzību (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 50. punkts, un lietā Beusmans , 49. punkts). 117   Šajā sakarā ir jāatgādina, ka kvotu piešķiršana bija paredzēta Padomes un Komisijas regulās, kuru mērķis bija atlīdzināt par situāciju, ko radīja agrāks prettiesisks akts. Lai nodrošinātu, ka kvotas saņem tie, kam patiešām bija nodoms ražot pienu, un lai izvairītos no tā, ka ražotāji pieprasa kvotas tikai ar mērķi iegūt ekonomiskas priekšrocības, likumdevējs attiecībā uz to piešķiršanu noteica virkni nosacījumu (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 51. punkts, un lietā Beusmans , 50. punkts). 118   Fakts, ka ražotājam atteikta kvota, jo viņš pieprasījuma iesniegšanas laikā neatbilda nosacījumiem, kas noteikti Kopienu tiesību aktos par kompensāciju saistībā ar Regulas Nr. 857/84 prettiesiskumu, neizslēdz to, ka, beidzoties viņa saistību termiņam, viņš varētu tiesiski paļauties uz iespēju atsākt piena ražošanu un ka līdz ar to viņam būtu tiesības uz zaudējumu atlīdzību atbilstoši nosacījumiem, kas ir noteikti iepriekš 13. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder II . Savukārt var būt iespējams arī tas, ka ražotāji pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām nevēlējās atsākt piena ražošanu un dažus gadus vēlāk tomēr saņēma references daudzumu tiktāl, ciktāl tie tajā brīdī atbilda izvirzītajiem nosacījumiem (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 52. punkts, un lietā Beusmans , 51. punkts). 119   Tā rezultātā fakts par vēlāk saņemtu pagaidu references daudzumu, kas pēc tam pārvērties par galīgu references daudzumu, pats par sevi nepierāda, ka ražotājam pēc nepārdošanas saistību termiņa beigām bija nodoms atsākt piena ražošanu (iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , 53. punkts, un lietā Beusmans , 52. punkts). 120   Visbeidzot, nav pieņemams prasītāja arguments, ka Regula Nr. 2187/93 attiecas uz visiem piena ražotājiem, kas varēja prasīt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar iepriekš 13. punktā minēto spriedumu lietā Mulder II un ka ar to tiek izteikti atzīta Kopienas atbildība pret ražotājiem, kas saskaņā ar Regulu Nr. 764/89 un Regulu Nr. 1639/91 ir saņēmuši galīgu references daudzumu, tostarp pats prasītājs, kuri turklāt ir saņēmuši individuālus zaudējumu atlīdzības piedāvājumus saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93. 121   Šajā sakarā, pirmkārt, ir jāatzīst, ka pretēji prasītāja apgalvotajam iestādes 1992. gada 5. augusta paziņojumā neteica, ka tās atlīdzinās zaudējumus visiem attiecīgajiem SLOM ražotājiem. Tās izteikti paredzēja zaudējumu atlīdzības saņemšanas iespēju “katram ražotājam [..], kas ir cietis atlīdzināmus zaudējumus sprieduma lietā [ Mulder II , skat. iepriekš 13. punktu,] nozīmē, jo tas nav varējis pieņemamā laika periodā saņemt piena kvotu, ievērojot savu dalību sistēmā, ko izveido Regula [..] Nr. 1078/77 un kas patiešām atbilst no šī sprieduma izrietošajiem kritērijiem un nosacījumiem”. 122   Otrkārt, Regula Nr. 2187/93 paredzēja ieviest kolektīvu regulējumu attiecībā uz SLOM ražotājiem, kas atbilda zināmiem kritērijiem. No vienas puses, tās preambulas ceturtajā apsvērumā ir skaidri minēts, ka potenciālo prasītāju lielais skaits izslēdz iespēju izskatīt katru situāciju individuāli, un, no otras puses, preambulas pēdējā apsvērumā un 14. pantā ir minēts, ka saskaņā ar minētās regulas noteikumiem piena ražotājiem izteiktā zaudējumu atlīdzības piedāvājuma nepieņemšana nozīmē Kopienas piedāvājuma atteikumu, kā rezultātā attiecīgajām Kopienu iestādēm nākotnē tas vairs nav saistošs. Šādā gadījumā Kopienas zaudējumu atlīdzināšanas pienākums ir jāizskata tiesas ceļā katrā lietā atsevišķi. 123   No Regulas Nr. 2187/93 teksta un jo īpaši no minētā, ka potenciāli iesaistīto ražotāju ievērojamā skaita dēļ individuālas situācijas nav ņemamas vērā, skaidri izriet, ka tajā minētā zaudējuma atlīdzība atbilst mēģinājumam kolektīvi un pēc vienotas likmes ārpustiesiski reglamentēt visas situācijas, kuras rodas no Regulas Nr. 857/84 piemērošanas, turklāt saskaņā ar iepriekš 13. punktā minētajā spriedumā lietā Mulder II noteiktajiem vispārējiem parametriem. Šāds piedāvājums pats par sevi pēc definīcijas nenozīmē atbildības atzīšanu pret katru potenciāli iesaistīto ražotāju. 124   Kā jau Pirmās instances tiesa ir lēmusi, fakts, ka prasītājs, piemērojot Regulu Nr. 2187/93, bija saņēmis zaudējumu atlīdzības piedāvājumu, nevar būt pierādījums, ka izpildīti nosacījumi, kas ir vajadzīgi, lai šī sprieduma 102. punktā minētās judikatūras nozīmē iestātos Kopienas atbildība par šajā lietā izvirzīto kaitējumu. Šī regula pēc rakstura bija izlīguma piedāvājums, kas tika adresēts konkrētiem ražotājiem, kura pieņemšana bija brīvprātīga, un tā tika uzskatīta par alternatīvu strīda tiesiskam risinājumam. Gadījumā, kad ražotājs nepieņēma piedāvājumu, viņš saglabāja tiesības celt tiesā zaudējumu atlīdzības prasību saskaņā ar EKL 288. panta otro daļu (skat. iepriekš 59. punktā minēto spriedumu lietā Gosch /Komisija, 69. punkts, un lietā minēto judikatūru). 125   Līdz ar to Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka prasītājs, noraidīdams piedāvājumu, kas tam tika izteikts saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93, nostādīja sevi ārpus šajā regulā noteiktā ietvara un tādēļ viņam bija pienākums pierādīt, ka ir izpildīti vajadzīgie nosacījumi par Kopienas atbildības iestāšanos (šajā sakarā skat. iepriekš 59. punktā minēto spriedumu lietā Gosch /Komisija, 70. punkts). 126   Šādos apstākļos prasītājs šajā tiesvedībā nevar pamatoti atsaukties uz Kopienas atbildības apgalvoto atzīšanu tā fakta dēļ, ka viņš ir saņēmis saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93 izteiktu zaudējumu atlīdzības piedāvājumu. Tāpat viņš nevar lietderīgi atsaukties uz Padomes un Komisijas rīcību pārrunu laikā, kuras līdz 2000. gadam notika ar SLOM ražotāju pārstāvjiem, lai apgalvotu tiesiskās paļāvības esamību, kas atbildētājām šajā gadījumā liegtu apstrīdēt to atbildību. 127   Kā zaudējumu atlīdzības piedāvājums, tā arī iepriekš minētā rīcība atbilda kolektīva mierizlīguma mēģinājumam, uz kura pamata zināmiem ražotājiem tika piedāvāta zaudējumu atlīdzība. Taču Pirmās instances tiesai, novērtējot nosacījumus par Kopienas ārpuslīgumiskās atbildības iestāšanos attiecībā uz konkrētu SLOM ražotāja situāciju, šis kolektīvais mierizlīguma regulējums nav nekādā veidā saistošs. 128   Tādēļ prasītājs nevar apgalvot, ka zaudējumu atlīdzības piedāvājuma saņemšana saskaņā ar Regulu Nr. 2187/93 no Nīderlandes iestādēm nozīmē skaidri izteiktu Kopienas atbildības atzīšanu, un fakts, ka pretēji prasītājiem lietās, kurās pieņemti iepriekš 22. punktā minētie spriedumi lietā Bouma , lietā Beusmans un iepriekš 18. punktā minētais spriedums lietā Böcker‑Lensing , viņš ir saņēmis šādu piedāvājumu, tādējādi viņu atšķir no minētajiem prasītājiem un atbrīvo no pienākuma pierādīt savu nodomu atsākt piena ražošanu, beidzoties saistību termiņam. 129   No visa iepriekš minētā izriet, ka prasītājs nav pierādījis cēloņsakarību starp Regulu Nr. 857/84 un apgalvotajiem zaudējumiem. Līdz ar to ir jāatzīst, ka Kopienas atbildība pret prasītāju sakarā ar Regulas Nr. 857/84 piemērošanu neiestājas, un nav jāpārbauda, vai ir izpildīti pārējie šādas atbildības nosacījumi. 130   Līdz ar to nav jāizskata jautājums par noilgumu. 131   No tā izriet, ka prasība, ko ir cēlis J. K. Bloums, ir jānoraida. Tās prasības iznākums šajā lietā, ko ir cēluši prasītāji, kuru vārdi ir norādīti pielikumā, netiek skarts. Par tiesāšanās izdevumiem 132   Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājam spriedums ir nelabvēlīgs, tam jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar Padomes un Komisijas prasījumiem. Ar šādu pamatojumu PIRMĀS INSTANCES TIESA (piektā palāta) nospriež: 1) prasību, ko ir cēlis J. K. Bloums, noraidīt; 2) prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus; 3) tās prasības iznākums šajā lietā, ko ir cēluši prasītāji, kuru vārdi ir norādīti pielikumā, netiek skarts. Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2006. gada 30. maijā. Sekretārs Priekšsēdētājs E. Coulon M. Vilaras PIELIKUMS Pārējo prasītāju vārdi lietā T‑87/94 – B. A. Kokkeler , ar dzīvesvietu Dēnekampā [ Denekamp ] (Nīderlande) – H. Rossel , ar dzīvesvietu Zutfenā [ Zutphen ] (Nīderlande) – A. J. Keurhorst , ar dzīvesvietu Neibrūkā [ Nijbroek ] (Nīderlande) – A. J. Scholten , ar dzīvesvietu De Krimā [ De Krim ] (Nīderlande) – G. E. J. Wilmink , ar dzīvesvietu Ambta‑Deldenā [ Ambt‑Delden ] (Nīderlande) * Tiesvedības valoda – holandiešu.

62005TJ0328

hu

Az OHIM negyedik fellebbezési tanácsának a TKS‑Teknosoft SA és az Apple Computer, Inc. közötti felszólalási eljárással kapcsolatban (az R 416/2004‑4. sz. ügyben) 2005. április 27‑én hozott határozatával szemben benyújtott kereset. Az ügy adatai A közösségi védjegy bejelentője: Apple Computer, Inc. Az érintett közösségi védjegy: A QUARTZ ábrás védjegy a 9. osztályba tartozó áruk tekintetében (1 421 130 sz. védjegybejelentés). A felszólalási eljárásban hivatkozott védjegy vagy megjelölés jogosultja: TKS‑Teknosoft SA. A hivatkozott védjegy vagy megjelölés: A QUARTZ ábrás közösségi védjegy a 9. és 42. osztályba tartozó áruk tekintetében. A felszólalási osztály határozata: A felszólalási osztály a felszólalásnak valamennyi vitatott áru tekintetében helyt adott. A fellebbezési tanács határozata: A fellebbezési tanács a fellebbezést elutasította. Rendelkező rész 1) Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja. 2) Az Elsőfokú Bíróság az Apple Computer, Inc.‑et kötelezi a költségek viselésére.

62001CJ0315

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par ordonnance du 11 juillet 2001, parvenue à la Cour le 13 août suivant, le Bundesvergabeamt a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur l'interprétation de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO L 395, p. 33), telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1, ci-après la «directive 89/665»), ainsi que de la directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1). 2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société Gesellschaft für Abfallentsorgungs-Technik GmbH (ci-après «GAT») à la société Österreichische Autobahnen und Schnellstraßen AG (ci-après «ÖSAG») au sujet de l'attribution d'un marché public de fournitures pour lequel GAT avait soumissionné. Le cadre juridique La réglementation communautaire La directive 89/665 3 L'article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665 dispose: «1. Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application des directives 71/305/CEE, 77/62/CEE et 92/50/CEE [¼ ], les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. [¼ ] 3. Les États membres assurent que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les États membres peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, ils peuvent exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours.» 4 Aux termes de l'article 2, paragraphes 1, 2, 6 et 8, de la directive 89/665: «1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 1er prévoient les pouvoirs permettant: a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs; b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause; c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation. 2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours. [¼ ] 6. Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par le droit national. En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l'octroi de dommages-intérêts, un État membre peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation. [¼ ] 8. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article [234] du traité et qui soit indépendante par rapport au pouvoir adjudicateur et à l'instance de base. La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par chaque État membre, des effets juridiques contraignants.» La directive 93/36 5 L'article 15 de la directive 93/36, qui fait partie du chapitre 1, intitulé «Règles communes de participation», du titre IV de celle-ci, dispose, à son paragraphe 1: «L'attribution du marché se fait sur la base des critères prévus au chapitre 3 du présent titre, compte tenu des dispositions de l'article 16, après vérification de l'aptitude des fournisseurs non exclus en vertu de l'article 20, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 22, 23 et 24.» 6 L'article 23 de la directive 93/36, qui fait partie du chapitre 2, intitulé «Critères de sélection qualitative», du titre IV de celle-ci, prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et d): «La capacité technique du fournisseur peut être justifiée d'une ou de plusieurs des façons suivantes, selon la nature, la quantité et l'utilisation des produits à fournir: a) la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé: - lorsqu'il s'agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons sont prouvées par des certificats émis ou contresignés par l'autorité compétente, - lorsqu'il s'agit de fournitures à des acheteurs privés, les livraisons doivent être certifiées par l'acheteur ou, à défaut, simplement déclarées avoir été effectuées par le fournisseur; [¼ ] d) en ce qui concerne les produits à fournir, des échantillons, descriptions et/ou photographies dont l'authenticité doit pouvoir être certifiée à la demande du pouvoir adjudicateur». 7 L'article 26 de la directive 93/36, qui fait partie du chapitre 3, intitulé «Critères d'attribution du marché», du titre IV de celle-ci, précise, à son paragraphe 1: «Les critères sur lesquels le pouvoir adjudicateur se fonde pour attribuer les marchés sont: a) soit uniquement le prix le plus bas; b) soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, divers critères variables suivant le marché en question: par exemple, le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique.» La législation nationale 8 Les directives 89/665 et 93/36 ont été transposées en droit autrichien par le Bundesgesetz über die Vergabe von Aufträgen (Bundesvergabegesetz) 1997 (loi fédérale de 1997 sur la passation des marchés publics, BGBl. I, 1997/56, ci-après le «BVergG»). 9 L'article 113 du BVergG détermine les compétences du Bundesvergabeamt (office fédéral des adjudications). Il prévoit: «1. Le Bundesvergabeamt est compétent pour examiner les procédures de recours dont il est saisi, conformément aux dispositions du chapitre ci-après. 2. En vue de mettre fin aux violations de la présente loi fédérale et de ses règlements d'application, le Bundesvergabeamt est compétent, jusqu'à l'attribution du marché, pour 1) prescrire des mesures provisoires et 2) annuler des décisions illégales de l'entité adjudicatrice du pouvoir adjudicateur. 3. Après l'attribution du marché ou après la clôture de la procédure d'adjudication, le Bundesvergabeamt est compétent pour constater que, du fait d'une infraction à la présente loi fédérale ou à ses règlements d'application, le marché n'a pas été attribué au mieux-disant. [¼ ]» 10 L'article 115, paragraphes 1 et 5, du BVergG dispose: «1. Tout entrepreneur qui allègue un intérêt à la conclusion d'un contrat soumis au champ d'application de la présente loi fédérale peut introduire, contre les décisions prises par le pouvoir adjudicateur dans le cadre de la procédure d'adjudication, une procédure de recours pour illégalité, lorsque cette illégalité l'a lésé ou risque de le léser. [¼ ] 5. Le recours doit contenir: 1) la désignation précise de la procédure d'adjudication correspondante ainsi que de la décision attaquée, [¼ ]» 11 Aux termes de l'article 117, paragraphes 1 et 3, du BVergG: «1. Le Bundesvergabeamt annule, par voie de décision administrative et en tenant compte de l'avis rendu par la commission de conciliation dans cette affaire, une décision du pouvoir adjudicateur intervenue dans le cadre d'une procédure de passation de marché, lorsque la décision en cause 1) est contraire aux dispositions de la présente loi fédérale ou de ses règlements d'application et 2) a une influence essentielle sur l'issue de la procédure d'adjudication. [¼ ] 3. Après l'attribution du marché, le Bundesvergabeamt, en respectant les conditions énoncées au paragraphe 1, constate uniquement si l'illégalité alléguée est réelle ou non.» 12 Conformément à l'article 122, paragraphe 1, du BVergG, «[e]n cas de violation fautive de la loi fédérale ou de ses règlements d'application par les organes d'une entité adjudicatrice, un candidat ou un soumissionnaire non retenu peut faire valoir un droit au remboursement des frais engagés pour élaborer son offre et des autres coûts supportés du fait de sa participation à la procédure d'adjudication à l'encontre du pouvoir adjudicateur auquel le comportement des organes de l'entité adjudicatrice est imputable». 13 En vertu de l'article 125, paragraphe 2, du BVergG, une demande de dommages-intérêts, laquelle doit être introduite devant les juridictions civiles, n'est recevable que si une constatation du Bundesvergabeamt au titre de l'article 113, paragraphe 3, est intervenue auparavant. La juridiction civile, appelée à statuer sur une telle demande de dommages-intérêts, ainsi que les parties à l'instance devant le Bundesvergabeamt sont liées par cette constatation. 14 Conformément à l'article 2, paragraphe 2, sous c), point 40a, de l'Einführungsgesetz zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 1991 (loi de 1991 portant introduction aux lois relatives aux procédures administratives, BGBl. 1991/50), l'Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (loi générale de 1991 relative à la procédure administrative, BGBl. 1991/51, ci-après l'«AVG») est applicable à la procédure administrative du Bundesvergabeamt. 15 L'article 39, paragraphes 1 et 2, de l'AVG, dans sa version applicable à la procédure au principal, dispose: «1. La mise en oeuvre de la procédure d'instruction est soumise aux dispositions administratives. 2. Faute de prescriptions contenues dans les dispositions administratives, l'autorité compétente doit agir d'office et déterminer le déroulement de l'instruction dans le respect des prescriptions contenues dans la présente partie. [...]» Le litige au principal et les questions préjudicielles 16 Le 2 mars 2000, ÖSAG, représentée par l'Autobahnmeisterei (service de gestion et d'entretien d'autoroutes) Sankt Michael/Lungau, a lancé dans toute l'Europe un appel d'offres public pour la fourniture d'un «véhicule spécial: nouvelle motobalayeuse, en état de fonctionner et pourvue des autorisations administratives nécessaires, destinée au service de gestion et d'entretien d'autoroute de Kalwang, sur l'autoroute A9, dite de Phyrn'». 17 Les cinq offres qui avaient été présentées ont été ouvertes le 25 avril 2000. GAT avait soumis une offre au prix de 3 517 020 ATS, hors TVA. L'offre faite par l'entreprise ÖAF & Steyr Nutzfahrzeuge OHG était de 4 174 290 ATS net; celle d'un autre soumissionnaire s'élevait à 4 168 690 ATS, hors TVA. 18 Concernant l'évaluation des offres, l'appel d'offres précisait, à son point B.1.13: «B.1.13 Évaluation des offres L'offre techniquement et économiquement la plus avantageuse est déterminée suivant le principe du mieux-disant. Une condition de base est que les véhicules proposés répondent aux spécifications de l'appel d'offres. L'évaluation est faite comme suit: Lors de l'évaluation des offres, il faut toujours partir du mieux-disant et calculer le nombre de points par rapport à ce dernier. [¼ ] 2) Autres critères: Les autres critères peuvent donner lieu à l'attribution au maximum de 100 points, qui entreront pour 20 % dans l'évaluation globale. 2.1 Liste de références de clients de motobalayeuses dans les régions alpines de l'Union européenne (références en langue allemande): pondération pour 20 points. Formule d'évaluation: Nombre de clients le plus élevé divisé par le nombre de clients occupant le deuxième rang, multiplié par 20 points.» 19 Le 16 mai 2000, ÖSAG a écarté l'offre de GAT au motif qu'elle n'était pas conforme aux conditions de l'appel d'offres, parce que l'appareil de nettoyage des trottoirs proposé ne pouvait fonctionner que jusqu'à une température de 0° C, alors que l'appel d'offres prévoyait au minimum - 5 ºC. De surcroît, malgré les invitations formulées en ce sens par ÖSAG, GAT n'aurait pas rempli la condition prévue dans l'appel d'offres, selon laquelle l'appareil devait pouvoir être examiné dans un rayon de 300 km autour du siège de l'entité adjudicatrice. Par ailleurs, ÖSAG a mis en doute le prix proposé par GAT. Enfin, malgré les invitations qui lui avaient été adressées en ce sens par ÖSAG, GAT n'aurait pas détaillé de façon suffisante le système technique de nettoyage des réflecteurs de l'appareil qu'elle proposait. 20 Conformément à la proposition d'attribution du 31 juillet 2000, le marché a été attribué par écrit à l'entreprise ÖAF & Steyr Nutzfahrzeuge OHG, par lettre du 23 août 2000. Les autres soumissionnaires avaient été informés par lettre du 12 juillet 2000 de la désignation de l'adjudicataire. GAT avait reçu notification du rejet de son offre par lettre du 17 juillet 2000. Le nom de l'adjudicataire ainsi que le montant du marché lui ont été communiqués par lettre du 5 octobre 2000. 21 Le 17 novembre 2000, GAT a introduit un recours devant le Bundesvergabeamt afin de faire constater que le marché n'avait pas été attribué au mieux-disant et a fait valoir que son offre avait été écartée de façon illégale. La description technique du nettoyage des réflecteurs qu'elle avait jointe à son offre était, selon elle, suffisante pour un spécialiste. De surcroît, elle aurait convié ÖSAG à visiter l'usine de son fournisseur. En tout état de cause, le critère d'attribution relatif à la «possibilité de visiter l'objet du marché dans un rayon de 300 km à partir du lieu du siège de l'entité adjudicatrice» serait contraire aux exigences du droit communautaire, en tant qu'il constituerait une discrimination indirecte. ÖSAG aurait dû reconnaître tous les objets de référence se trouvant en Europe. En outre, selon GAT, ce critère n'aurait pu servir que de critère d'attribution et il ne n'aurait pas dû, comme ÖSAG l'aurait fait à tort a posteriori, être utilisé comme critère d'aptitude. Certes, la version de base de la motobalayeuse proposée par GAT ne pourrait être utilisée à une température inférieure à 0° C. ÖSAG se serait cependant réservé la possibilité d'acquérir une option complémentaire. L'option proposée par GAT pourrait fonctionner, conformément à l'appel d'offres, à une température de -5 ºC. Enfin, le prix offert par GAT ne serait nullement inapproprié. Au contraire, GAT aurait été en mesure d'expliquer de façon suffisante à ÖSAG pourquoi son prix était tellement favorable. 22 Considérant que la solution du litige dont il était saisi requérait l'interprétation de plusieurs dispositions du droit communautaire, le Bundesvergabeamt a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes: «1) a) Résulte-t-il de l'article 2, paragraphe 8, de la directive 89/665, d'une autre disposition de cette directive ou d'une autre disposition quelconque du droit communautaire que l'instance responsable des procédures de recours au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, y compris celle pourvue de la compétence visée à l'article 2, paragraphe 1, sous c), n'a pas le droit de soulever d'office, et indépendamment des conclusions des parties, des circonstances pertinentes au regard du droit des procédures d'adjudication, qui présentent à ses yeux une importance pour la décision à prendre sur la procédure de recours? b) Les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665, le cas échéant prises en combinaison avec d'autres principes du droit communautaire, s'opposent-elles à ce que l'instance responsable des procédures de recours au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive, y compris celle pourvue de la compétence visée à l'article 2, paragraphe 1, sous c), rejette une demande d'un soumissionnaire visant indirectement à obtenir des dommages-intérêts en faisant valoir, dans les cas où la procédure d'adjudication se trouve déjà entachée d'un vice juridique substantiel en raison d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par ce soumissionnaire, que le préjudice éventuel de ce dernier se serait également produit pour d'autres raisons et indépendamment de la décision attaquée? 2) En cas de réponse négative à la première question, sous a), les dispositions de la directive 93/36, en particulier celles des articles 15 à 26 de cette directive, interdisent-elles au pouvoir adjudicateur, lors de la mise en oeuvre de procédures d'adjudication, de tenir compte des références relatives aux produits offerts par des soumissionnaires non pas pour l'évaluation de l'aptitude de ces derniers, mais en tant que critère d'attribution, de sorte que l'appréciation négative de ces références n'entraînera pas l'exclusion du soumissionnaire de la procédure d'adjudication, mais conduira simplement à évaluer son offre moins favorablement, par exemple dans le cadre d'un système à points, dans lequel une appréciation défavorable des références pourrait être compensée par un prix moins élevé? 3) En cas de réponse négative à la première question, sous a), et à la deuxième question, faut-il considérer comme conforme aux dispositions pertinentes du droit communautaire, y compris l'article 26 de la directive 93/36, le principe de l'égalité de traitement ainsi que les engagements de droit public international pris par les Communautés, un critère d'attribution en vertu duquel seul le nombre des références de produits est pris en compte, sans examen au fond du point de savoir si l'expérience des acquéreurs avec ce produit a été bonne ou mauvaise, et en ne tenant compte que des références provenant des régions alpines de l'Union européenne? 4) Faut-il considérer comme conforme aux dispositions du droit communautaire, en particulier au principe de l'égalité de traitement, un critère d'attribution en vertu duquel ne peuvent faire l'objet d'une appréciation positive que les possibilités d'examen de visu situées dans un rayon de 300 km du lieu d'établissement de l'entité adjudicatrice? 5) En cas de réponse positive à la deuxième question ou de réponse négative à la troisième question ou à la quatrième question, l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665, le cas échéant pris en combinaison avec d'autres principes du droit communautaire, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l'infraction commise par le pouvoir adjudicateur consiste en l'établissement d'un critère d'attribution illégal, le soumissionnaire n'a droit à des dommages-intérêts que s'il peut être concrètement établi que, sans le critère d'attribution illégal, il aurait présenté la meilleure offre?» 23 La juridiction de renvoi a également demandé à la Cour de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure accélérée, conformément à l'article 104 bis du règlement de procédure, en faisant valoir, d'une part, que la première question se pose dans près de la moitié des procédures de recours portées devant elle et, d'autre part, que le Verfassungsgerichtshof a déjà annulé plusieurs décisions du Bundesvergabeamt au motif, précisément, que celui-ci avait soulevé d'office l'illégalité de certains aspects des procédures d'adjudication en cause. 24 Par décision du 13 septembre 2001, cette demande a toutefois été rejetée par le président de la Cour, sur proposition du juge rapporteur, l'avocat général entendu, au motif que les circonstances invoquées par la juridiction de renvoi n'établissaient pas l'urgence extraordinaire à statuer sur les questions posées à titre préjudiciel. Sur la compétence de la Cour 25 Se fondant sur la décision de renvoi du Bundesvergabeamt, du 11 juillet 2001, rendue dans le cadre d'une autre affaire de passation d'un marché public, enregistrée au greffe de la Cour sous le numéro C-314/01 et actuellement pendante devant celle-ci, la Commission exprime des doutes quant au caractère juridictionnel de l'instance de renvoi, au motif que cette dernière aurait reconnu, dans ladite décision, que ses décisions «ne comportent pas d'injonctions au pouvoir adjudicateur, susceptibles d'exécution forcée». Dans ces conditions, la Commission s'interroge sur la recevabilité des questions posées par le Bundesvergabeamt dans la présente affaire au regard de la jurisprudence de la Cour, et notamment des arrêts du 12 novembre 1998, Victoria Film (C-134/97, Rec. p. I-7023, point 14), et du 14 juin 2001, Salzmann (C-178/99, Rec. p. I-4421, point 14), aux termes desquels les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d'une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel. 26 À cet égard, il convient de relever, d'une part, que, après l'attribution du marché, le Bundesvergabeamt est compétent, en vertu de l'article 113, paragraphe 3, du BVergG, pour constater que, en raison d'une infraction à la réglementation nationale pertinente, le marché n'a pas été attribué au mieux-disant. 27 D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 125, paragraphe 2, du BVergG qu'une constatation du Bundesvergabeamt au titre de l'article 113, paragraphe 3, de la même loi non seulement constitue une condition de recevabilité de toute demande de dommages-intérêts introduite devant les juridictions civiles en raison d'une violation fautive de ladite réglementation, mais, de surcroît, lie tant les parties à l'instance devant le Bundesvergabeamt que la juridiction civile saisie. 28 Dans ces conditions, ni la nature contraignante d'une décision prise par le Bundesvergabeamt au titre de l'article 113, paragraphe 3, du BVergG ni, partant, le caractère juridictionnel de celui-ci ne sauraient être valablement remis en cause. 29 Il s'ensuit que la Cour est compétente pour répondre aux questions posées par le Bundesvergabeamt. Sur la recevabilité des questions préjudicielles 30 Le gouvernement autrichien fait valoir que la première question, sous a), et la cinquième question ne sont pas recevables, dans la mesure où elles ont été posées dans le cadre d'une procédure introduite au titre de l'article 113, paragraphe 3, du BVergG, qui ne constituerait pas une procédure de recours au sens de la directive 89/665, mais une simple procédure en constatation. 31 Le gouvernement autrichien expose à cet égard que le législateur autrichien a utilisé la faculté offerte par l'article 2, paragraphe 6, second alinéa, de la directive 89/665, en prévoyant que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi de dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation. Or, dans l'ordre juridique autrichien, le pouvoir d'accorder de tels dommages-intérêts, que l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665 impose aux États membres de prévoir, n'aurait pas été attribué au Bundesvergabeamt, mais, ainsi qu'il résulte des articles 122 et 125 du BVergG, aux juridictions civiles. 32 Le gouvernement autrichien estime que, dans ces conditions, une réponse à la première question, sous a), et à la cinquième question n'est pas nécessaire à la solution du litige au principal. 33 À cet égard, il convient de souligner, d'une part, qu'une répartition du pouvoir prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665 entre plusieurs instances responsables n'est pas contraire aux dispositions de cette directive, l'article 2, paragraphe 2, de celle-ci permettant expressément aux États membres de conférer les pouvoirs prévus au paragraphe 1 de cette disposition à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours. 34 D'autre part, il importe de rappeler que, si, après l'attribution du marché, le Bundesvergabeamt n'est pas compétent pour accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation du droit communautaire en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit, mais uniquement pour constater que, en raison d'une telle violation, le marché n'a pas été attribué au mieux-disant, une telle constatation, ainsi qu'il résulte du point 27 du présent arrêt, non seulement constitue une condition de recevabilité de toute demande de dommages-intérêts introduite devant les juridictions civiles, mais, de surcroît, lie tant les parties à l'instance devant le Bundesvergabeamt que la juridiction civile saisie. 35 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que, même lorsqu'il est saisi au titre de l'article 113, paragraphe 3, du BVergG, le Bundesvergabeamt agit dans le cadre d'une procédure de recours prévue par la directive 89/665 et, ainsi qu'il résulte déjà du point 28 du présent arrêt, est appelé à adopter une décision de nature contraignante. 36 En outre, ainsi que le confirme l'article 117, paragraphe 3, du BVergG, dans le cadre d'une procédure engagée au titre de l'article 113, paragraphe 3, de la même loi, le Bundesvergabeamt est compétent pour vérifier l'existence de l'illégalité alléguée. Or, il ne saurait être exclu que, dans l'exercice de cette compétence, il puisse estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. 37 Dès lors que de telles questions, jugées nécessaires par le Bundesvergabeamt afin de lui permettre de vérifier l'existence d'une illégalité, portent sur l'interprétation du droit communautaire, elles ne sauraient être déclarées irrecevables (voir, en ce sens, notamment, arrêts du 13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 38, et du 10 décembre 2002, Der Weduwe, C-153/00, non encore publié au Recueil, point 31). 38 En revanche, le Bundesvergabeamt, qui n'est pas directement compétent pour accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une illégalité, ne saurait être recevable à poser à la Cour des questions préjudicielles ayant trait à l'octroi même ou aux conditions d'octroi de dommages-intérêts. 39 Il résulte de ce qui précède que toutes les questions préjudicielles posées en l'espèce par le Bundesvergabeamt sont recevables, à l'exception de la cinquième, qui vise précisément à savoir sous quelles conditions un soumissionnaire, prétendant être lésé par l'adoption d'un critère d'attribution illégal, a droit à des dommages-intérêts. Sur la première question, sous a) et b) 40 Le Bundesvergabeamt expose, dans son ordonnance de renvoi, qu'il résulte des articles 113, paragraphe 3, et 115, paragraphe 1, du BVergG que, dans une procédure de recours intentée après l'attribution d'un marché, il doit vérifier la légalité de la décision d'attribution attaquée, mais ne peut faire droit au recours que si c'est la décision illégale attaquée qui a eu pour effet que le marché n'a pas été attribué au mieux-disant au sens de ladite loi. Partant, il lui serait impossible de faire droit au recours lorsque la procédure d'adjudication est déjà frappée, en raison d'une autre décision, éventuellement antérieure, du pouvoir adjudicateur, d'une illégalité fondamentale qui fait que le requérant n'est en aucun cas le mieux-disant au sens de la loi, et que cette autre décision du pouvoir adjudicateur n'a pas été contestée par le requérant dans la procédure de recours. Dans un tel cas, le requérant ne serait en effet pas «lésé» par la violation contestée, au sens de l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 89/665, car le préjudice, qui pourrait prendre la forme de frais de soumission engagés en vain, aurait pour cause une autre infraction du pouvoir adjudicateur. 41 Le Bundesvergabeamt rappelle par ailleurs que, en vertu de l'article 39, paragraphe 2, de l'AVG, il doit déterminer d'office les faits pertinents et, dès lors, examiner d'office si, dans l'affaire au principal, des critères d'attribution autres que celui de la «possibilité d'examen de visu», contesté par la requérante, sont légaux. Il relève également que, selon un arrêt du Verfassungsgerichtshof (Autriche) du 8 mars 2001 (B 707/00), la question de l'applicabilité de réglementations procédurales marquées par le principe de l'action d'office - qui, indépendamment de l'argumentation des parties, autorise l'instance responsable de la procédure de recours à soulever tous les points pertinents au regard de la procédure d'adjudication - serait susceptible de soulever, compte tenu de la procédure de recours contradictoire prévue à l'article 2, paragraphe 8, second alinéa, de la directive 89/665, certains problèmes de droit communautaire rendant obligatoire la saisine de la Cour, en vertu de l'article 234, troisième alinéa, CE. 42 Le Bundesvergabeamt explique que c'est cette jurisprudence du Verfassungsgerichtshof qui l'a incité à poser la première question, sous a) et b), même si lui-même ne méconnaît nullement ni que la nécessité de donner à la procédure un caractère contradictoire - qui découlerait non pas de l'article 2, paragraphe 8, second alinéa, de la directive 89/665, qui ne serait applicable qu'aux «instances indépendantes» d'appel, mais des exigences qui s'imposeraient à une juridiction au sens de l'article 234 CE - n'est pas en contradiction avec le principe de l'action d'office applicable dans les procédures administratives, ni que la Cour a déjà implicitement constaté que le Bundesvergabeamt mène une procédure contradictoire, dans la mesure où elle aurait reconnu son droit à introduire des demandes préjudicielles. 43 Il découle des considérations qui précèdent, ainsi que du cadre réglementaire dans lequel elles s'inscrivent, que, par sa première question, sous a) et sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, si la directive 89/665 s'oppose, d'une part, à ce que, dans le cadre d'une demande introduite par un soumissionnaire en vue de faire constater, aux fins de l'obtention ultérieure de dommages-intérêts, l'illégalité de la décision d'attribution d'un marché public, l'instance responsable de la procédure de recours soulève d'office l'illégalité d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par le soumissionnaire et, d'autre part, à ce que ladite instance rejette la demande du soumissionnaire au motif que, en raison de l'illégalité soulevée d'office, la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière et que le préjudice éventuel du soumissionnaire se serait ainsi produit même en l'absence de l'illégalité alléguée par ce dernier. 44 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il résulte de ses premier et deuxième considérants, la directive 89/665 vise à renforcer les mécanismes existants, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, pour assurer l'application effective des directives communautaires en matière de passation de marchés publics, en particulier à un stade où les violations peuvent encore être corrigées. À cet effet, l'article 1er, paragraphe 1, de ladite directive impose aux États membres l'obligation de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible (voir, notamment, arrêts du 28 octobre 1999, Alcatel Austria e.a., C-81/98, Rec. I-7671, points 33 et 34, et du 12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99, non encore publié au Recueil, point 74). 45 La directive 89/665 n'établit toutefois que les conditions minimales auxquelles doivent répondre les procédures de recours instaurées dans les ordres juridiques nationaux, afin de garantir le respect des prescriptions du droit communautaire en matière de marchés publics (voir, notamment, arrêt du 27 février 2003, Santex, C-327/00, non encore publié au Recueil, point 47). 46 En l'absence d'une disposition spécifique en la matière, il appartient dès lors à l'ordre juridique interne de chaque État membre de déterminer si, et dans quelles conditions, une instance responsable desdites procédures de recours peut soulever d'office des illégalités qui n'ont pas été invoquées par les parties au litige porté devant elle. 47 Ni la finalité de la directive 89/665 ni la nécessité de donner un caractère contradictoire aux procédures de recours que celle-ci prévoit ne s'opposent à ce que l'ordre juridique interne d'un État membre institue une telle possibilité. 48 D'une part, en effet, il ne saurait être contraire à l'objectif de cette directive, qui est de garantir le respect des prescriptions du droit communautaire en matière de marchés publics par des voies de recours efficaces et rapides, que l'instance responsable des procédures de recours soulève d'office des illégalités affectant une procédure d'adjudication, sans attendre que l'une des parties le fasse. 49 D'autre part, la nécessité de donner aux procédures de recours un caractère contradictoire n'est pas de nature à exclure que l'instance responsable d'une telle procédure puisse soulever d'office une illégalité qu'elle est la première à constater, mais implique simplement que, avant de rendre sa décision, cette instance doit respecter le droit des parties à être entendues sur l'illégalité soulevée d'office. 50 Il s'ensuit que la directive 89/665 ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une demande introduite par un soumissionnaire en vue de faire constater, aux fins de l'obtention ultérieure de dommages-intérêts, l'illégalité de la décision d'attribution d'un marché public, l'instance responsable de la procédure de recours soulève d'office l'illégalité d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par le soumissionnaire. 51 Toutefois, il ne découle pas pour autant de ce qui précède que ladite instance puisse rejeter la demande du soumissionnaire au motif que, en raison de l'illégalité soulevée d'office, la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière et que le préjudice éventuel du soumissionnaire se serait ainsi produit même en l'absence de l'illégalité alléguée par ce dernier. 52 En effet, d'une part, ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour, l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 89/665 est applicable à toutes les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs qui sont soumises aux règles du droit communautaire en matière de marchés publics (voir, notamment, arrêts du 18 juin 2002, HI, C-92/00, Rec. p. I-5553, point 37, et du 23 janvier 2003, Makedoniko Metro et Michaniki, C-57/01, non encore publié au Recueil, point 68) et ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne la nature et le contenu desdites décisions (voir, notamment, arrêts précités Alcatel Austria e. a., précité, point 35, et HI, point 49). 53 D'autre part, parmi les procédures de recours que la directive 89/665 impose aux États membres d'instaurer aux fins de garantir que les décisions illégales des pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et aussi rapides que possible, figure expressément, à son article 2, paragraphe 1, sous c), celle permettant d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation. 54 Il s'ensuit qu'un soumissionnaire lésé par une décision d'attribution d'un marché public, dont il conteste la légalité, ne saurait être privé du droit de demander des dommages-intérêts au titre du préjudice causé par cette décision au motif que la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière en raison de l'illégalité, soulevée d'office, d'une autre décision, éventuellement antérieure, du pouvoir adjudicateur. 55 Cette conclusion s'impose à plus forte raison dans l'hypothèse où un État membre a fait usage de la faculté, que lui réserve l'article 2, paragraphe 6, second alinéa, de la directive 89/665, de limiter, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours à l'octroi de dommages-intérêts. En pareil cas, en effet, l'illégalité alléguée par le soumissionnaire ne pourrait être frappée d'aucune des sanctions prévues par la directive 89/665. 56 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que la directive 89/665 ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une demande introduite par un soumissionnaire en vue de faire constater, aux fins de l'obtention ultérieure de dommages-intérêts, l'illégalité de la décision d'attribution d'un marché public, l'instance responsable de la procédure de recours soulève d'office l'illégalité d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par le soumissionnaire. En revanche, cette directive s'oppose à ce que ladite instance rejette la demande du soumissionnaire au motif que, en raison de l'illégalité soulevée d'office, la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière et que le préjudice éventuel du soumissionnaire se serait ainsi produit même en l'absence de l'illégalité alléguée par ce dernier. Sur la deuxième question 57 Il résulte du point 18 du présent arrêt, ainsi que du libellé même de la troisième question, que, dans l'affaire au principal, l'appel d'offres prescrivait que, en vue d'évaluer les offres afin de déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur devait tenir compte du nombre des références relatives aux produits offerts par les soumissionnaires à d'autres clients, sans examiner si l'expérience de ces derniers avec les produits acquis avait été bonne ou mauvaise. 58 Dans ces conditions, il y a lieu de comprendre la deuxième question comme visant à savoir si la directive 93/36 s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur tienne compte du nombre des références relatives aux produits offerts par les soumissionnaires à d'autres clients non pas en tant que critère de vérification de l'aptitude de ceux-ci à exécuter le marché en cause, mais en tant que critère d'attribution dudit marché. 59 À cet égard, il importe de relever que, dans le système de la directive 93/36, notamment de son titre IV, la vérification de l'aptitude des fournisseurs à livrer les produits faisant l'objet du marché à adjuger et l'attribution du marché sont deux opérations différentes dans le cadre de la passation d'un marché public. En effet, l'article 15, paragraphe 1, de la directive 93/36 prévoit que l'attribution du marché se fait après vérification de l'aptitude des fournisseurs (voir, en ce sens, au sujet de marchés publics de travaux, arrêt du 20 septembre 1988, Beentjes, 31/87, Rec. p. 4635, point 15). 60 Même si la directive 93/36, qui, aux termes de ses cinquième et sixième considérants, vise à la coordination des procédures nationales de passation des marchés publics de fournitures tout en respectant, dans toute la mesure du possible, les procédures et les pratiques en vigueur dans chacun des États membres, n'exclut pas que la vérification de l'aptitude des soumissionnaires et l'attribution du marché puissent avoir lieu simultanément, les deux opérations sont régies par des règles différentes (voir, en ce sens, arrêt Beentjes, précité, point 16). 61 L'article 15, paragraphe 1, de la directive 93/36 prévoit que la vérification de l'aptitude des soumissionnaires est effectuée par le pouvoir adjudicateur conformément aux critères de capacité économique, financière et technique visés aux articles 22, 23 et 24 de la même directive. L'objet de ces articles n'est pas de délimiter la compétence des États membres pour fixer le niveau de capacité économique, financière et technique requis en vue de la participation aux différents marchés publics, mais de déterminer quelles sont les références probantes ou moyens de preuve pouvant être fournis pour justifier la capacité financière, économique et technique des fournisseurs (voir, en ce sens, arrêt Beentjes, précité, point 17). 62 En ce qui concerne les critères pouvant être retenus à titre de critères d'attribution d'un marché public de fournitures, l'article 26, paragraphe 1, de la directive 93/36 prévoit que les pouvoirs adjudicateurs se fondent soit uniquement sur le prix le plus bas, soit, lorsque l'attribution se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, sur divers critères variables suivant le marché en question, tels que le prix, le délai de livraison, le coût d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, la valeur technique, le service après-vente et l'assistance technique. 63 Ainsi qu'il ressort clairement du libellé de cette disposition et, notamment, de l'emploi de l'expression «par exemple», les critères pouvant être retenus à titre de critères d'attribution d'un marché public à l'offre économiquement la plus avantageuse ne sont pas énumérés de manière limitative (voir, en ce sens, au sujet de marchés publics de travaux, arrêt du 18 octobre 2001, SIAC Construction, C-19/00, Rec. p. I-7725, point 35, et, au sujet de marchés publics de services, arrêt du 17 septembre 2002, Concordia Bus Finland, C-513/99, Rec. p. I-7213, point 54). 64 Toutefois, si l'article 26, paragraphe 1, de la directive 93/36 laisse au pouvoir adjudicateur le choix des critères d'attribution du marché qu'il entend retenir, ce choix ne peut porter que sur des critères visant à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse (voir, en ce sens, arrêts précités Beentjes, point 19, SIAC Construction, point 36, et Concordia Bus Finland, point 59). 65 Or, force est de constater que la présentation d'une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, figure expressément parmi les références probantes ou moyens de preuve qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 1, sous a), de la directive 93/36, peuvent être exigées pour justifier la capacité technique des fournisseurs. 66 En outre, une simple liste de références, telle que celle exigée dans l'appel d'offres en cause au principal, qui comporte uniquement l'identité et le nombre des clients antérieurs des soumissionnaires, mais ne contient pas d'autres précisions relatives aux livraisons effectuées à ces clients, ne fournit aucune indication permettant d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36, et ne saurait dès lors en aucun cas constituer un critère d'attribution au sens de cette disposition. 67 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que la directive 93/36 s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur tienne compte du nombre des références relatives aux produits offerts par les soumissionnaires à d'autres clients non pas en tant que critère de vérification de l'aptitude de ceux-ci à exécuter le marché en cause, mais en tant que critère d'attribution dudit marché. Sur la troisième question 68 Cette question n'ayant été posée qu'en cas de réponse négative à la deuxième question, il n'y a pas lieu d'y répondre. Sur la quatrième question 69 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit communautaire, en particulier le principe d'égalité de traitement, s'oppose à un critère d'attribution d'un marché public de fournitures en vertu duquel une appréciation positive de l'offre des soumissionnaires n'est possible que si le produit faisant l'objet de ladite offre peut être examiné de visu par le pouvoir adjudicateur dans un rayon de 300 km à partir du lieu d'établissement de ce dernier. 70 Pour répondre à cette question, il y a lieu de constater qu'un tel critère ne saurait constituer un critère d'attribution du marché. 71 D'une part, en effet, il résulte de l'article 23, paragraphe 1, sous d), de la directive 93/36 que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger la présentation d'échantillons, de descriptions et/ou de photographies des produits à fournir en tant que références probantes ou moyens de preuve de la capacité technique des fournisseurs à exécuter le marché en cause. 72 D'autre part, un critère tel que celui qui fait l'objet de la quatrième question n'est pas de nature à permettre d'identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 26, paragraphe 1, sous b), de la directive 93/36, et ne saurait dès lors en aucun cas constituer un critère d'attribution au sens de cette disposition. 73 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner si ce critère est également contraire au principe d'égalité de traitement, qui, ainsi que la Cour l'a itérativement jugé, constitue la base des directives relatives aux procédures de passation des marchés publics (voir, notamment, arrêts précités HI, point 45, et Universale-Bau e.a., point 91). 74 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que la directive 93/36 s'oppose à ce que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, l'exigence que les produits faisant l'objet des offres puissent être examinés de visu par le pouvoir adjudicateur dans un rayon de 300 km à partir du lieu d'établissement de ce dernier serve de critère d'attribution dudit marché. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 75 Les frais exposés par le gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre), statuant sur les questions à elle soumises par le Bundesvergabeamt, par ordonnance du 11 juillet 2001, dit pour droit: 1) La directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, ne s'oppose pas à ce que, dans le cadre d'une demande introduite par un soumissionnaire en vue de faire constater, aux fins de l'obtention ultérieure de dommages-intérêts, l'illégalité de la décision d'attribution d'un marché public, l'instance responsable de la procédure de recours soulève d'office l'illégalité d'une décision du pouvoir adjudicateur autre que celle attaquée par le soumissionnaire. En revanche, cette directive s'oppose à ce que ladite instance rejette la demande du soumissionnaire au motif que, en raison de l'illégalité soulevée d'office, la procédure d'adjudication était de toute façon irrégulière et que le préjudice éventuel du soumissionnaire se serait ainsi produit même en l'absence de l'illégalité alléguée par ce dernier. 2) La directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures, s'oppose à ce que, dans le cadre d'une procédure d'adjudication d'un marché public de fournitures, le pouvoir adjudicateur tienne compte du nombre des références relatives aux produits offerts par les soumissionnaires à d'autres clients non pas en tant que critère de vérification de l'aptitude de ceux-ci à exécuter le marché en cause, mais en tant que critère d'attribution dudit marché. 3) La directive 93/36 s'oppose à ce que, dans le cadre d'un marché public de fournitures, l'exigence que les produits faisant l'objet des offres puissent être examinés de visu par le pouvoir adjudicateur dans un rayon de 300 km à partir du lieu d'établissement de ce dernier serve de critère d'attribution dudit marché.

61999TJ0319

it

Arrêt du Tribunal Causa T-319/99 Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN) contro Commissione delle Comunità europee «Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Servizio sanitario nazionale – Ritardi nei pagamenti delle fatture – Denuncia dei fornitori – Nozione di impresa» Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) 4 marzo 2003 Massime della sentenza 1.. Concorrenza – Norme comunitarie – Impresa – Nozione (Artt. 81 CE e 82 CE) 2.. Concorrenza – Norme comunitarie – Impresa – Nozione – Organismi incaricati della gestione del sistema sanitario nazionale – Esclusione – Presupposti (Artt. 81 CE e 82 CE) 3.. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Esame dei soli elementi di fatto e di diritto portati a conoscenza della Commissione [Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento (CE) del Consiglio n. 17, art. 3] 4.. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza (Art. 253 CE) 1. La nozione d'impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. A tale proposito, ciò che caratterizza la nozione di attività economica è l'offerta di beni o servizi su un determinato mercato e non l'attività di acquisto in quanto tale. Così, non va separata l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzazione successiva del prodotto acquistato dal compratore al fine di valutare la natura di tale attività. Pertanto il carattere economico o meno dell'utilizzazione successiva del prodotto acquistato determina necessariamente il carattere dell'attività di acquisto. Di conseguenza, quando un'entità acquista un prodotto, anche se in gran quantità, non per offrire beni o servizi nell'ambito di un'attività economica, ma per impiegarlo nell'ambito di un'altra attività, per esempio un'attività di natura puramente sociale, essa non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di operare come acquirente sul mercato. Anche se è esatto che una simile entità può esercitare un potere economico molto rilevante, che potrebbe dar luogo, se del caso, ad una situazione di monopsonio, cionondimeno, se l'attività per l'esercizio della quale acquista tali prodotti non è di natura economica, essa non agisce in qualità di impresa ai sensi delle regole comunitarie in materia di concorrenza e non è soggetta ai divieti previsti agli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE. v. punti 35-37 2. Non esercitano un'attività economica e non costituiscono quindi imprese ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE gli enti che gestiscono casse malattia, dato che essi svolgono una funzione esclusivamente sociale, che la loro attività di gestione è basata sul principio della solidarietà nazionale e, infine, che la detta attività è sprovvista di ogni scopo di lucro, poiché le prestazioni erogate sono previste dalla legge e indipendenti dall'entità dei contributi. Ciò si verifica nel caso di enti che gestiscono un sistema sanitario nazionale che funziona secondo il principio di solidarietà per le sue modalità di finanziamento attraverso contributi sociali e altri contributi statali e per la sua prestazione gratuita di servizi ai suoi iscritti sulla base di una copertura universale. Questi stessi enti non agiscono come imprese neppure quando acquistano materiale sanitario venduto da altre imprese per offrire servizi sanitari gratuiti agli iscritti al detto sistema sanitario nazionale. v. punti 38-40 3. La Commissione, qualora le sia presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE. In compenso, per essere in grado di respingere una denuncia per il fatto che le pratiche denunciate non violano le regole comunitarie in materia di concorrenza, oppure, se del caso, non rientrano nel campo di applicazione di queste ultime, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione elementi di fatto non portati a sua conoscenza dal denunciante. v. punti 42-43 4. La Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che adotta per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. E' sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione. v. punto 58 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 4 marzo 2003 (1) «Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Servizio sanitario nazionale – Ritardi nei pagamenti delle fatture – Denuncia dei fornitori – Nozione di impresa» Nella causa T-319/99, Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental (FENIN), con sede inMadrid (Spagna), rappresentata dagli avv.ti R. García-Gallardo Gil-Fournier, G. Pérez Olmo e dal sig. D. Domínguez Pérez, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Wils e É. Gippini Fournier, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. J. Rivas Andrés, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 1999 [SG(99) D/7.040] che respinge una denuncia ai sensi dell'art. 82 CE, IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata), composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, K. Lenaerts, J. Azizi, N.J. Forwood e H. Legal, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 febbraio 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Fatti all'origine della controversia e procedura La ricorrente è un'associazione cui aderisce la maggioranza delle imprese che commercializzano prodotti sanitari utilizzati in Spagna nel settore ospedaliero. Il 12 dicembre 1997, essa ha denunziato alla Commissione un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 82 CE, che si asserisce essere stato commesso dai 26 enti, tra cui tre ministeri del governo spagnolo, che gestiscono il Sistema nacional de Salud españoles (sistema sanitario nazionale spagnolo; in prosieguo: il SNS). La ricorrente accusava, in particolare, tali enti, di saldare sistematicamente i debiti contratti con i suoi membri con un ritardo medio di 300 giorni, mentre essi pagavano i debiti contratti con altri prestatori di servizi entro termini molto più ragionevoli. Tale discriminazione si spiegherebbe con il fatto che gli enti che gestiscono il SNS godono di una posizione dominante sul mercato spagnolo dei prodotti sanitari, il che darebbe loro la possibilità di ritardare il pagamento dei debiti riguardanti tali prodotti senza che i loro creditori possano esercitare una qualsiasi pressione commerciale per obbligare i detti enti a rinunciare a tale prassi. Il 12 maggio 1998 la ricorrente ha presentato alla Commissione una memoria supplementare. Con lettera 2 dicembre 1998, la Commissione ha informato la ricorrente della sua decisione provvisoria di respingere la denuncia. La ricorrente ha indirizzato osservazioni complementari alla Commissione in una seconda memoria del 10 febbraio 1999. Con decisione 26 agosto 1999 (in prosieguo: la decisione impugnata), notificata alla ricorrente il 31 agosto 1999, la Commissione ha definitivamente respinto la denuncia della ricorrente con la duplice motivazione che, da un lato, i 26 ministeri ed enti chiamati in causa, quando partecipano alla gestione del servizio sanitario nazionale, non sono imprese e che, dall'altro, la posizione di richiedente dei 26 ministeri ed enti chiamati in causa non può essere disgiunto dall'offerta posteriore. Di conseguenza, gli enti che gestiscono il SNS non agirebbero in qualità di imprese quando acquistano prodotti sanitari dai membri della ricorrente. Poiché nella fattispecie manca una delle condizioni di applicazione dell'art. 82 CE, la Commissione ha rilevato che non è pertanto necessario esaminare se sussistano le altre condizioni dell'art. 82 CE. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 10 novembre 1999, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Sentite le parti, il Tribunale, ai sensi dell'art. 51 del suo regolamento di procedura, ha rinviato la causa dinanzi ad una sezione composta di cinque giudici. Con ordinanza 26 settembre 2000 del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale, il Regno Unito è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione, ma non ha depositato alcuna memoria di intervento. Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 19 dicembre 2001, esso ha comunicato la sua intenzione di rinunciare all'intervento. Con ordinanza 4 febbraio 2002, il Presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale ha preso atto di tale rinuncia. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento e, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all'art. 64 del regolamento di procedura, ha rivolto quesiti scritti alla ricorrente e alla Commissione. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 26 febbraio 2002. Conclusioni delle parti La ricorrente conclude che il Tribunale voglia: ─ ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale tutti gli atti di cui dispongono i suoi servizi relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente; ordinare alla Commissione di trasmettere al Tribunale tutti gli atti di cui dispongono i suoi servizi relativi alla denuncia presentata dalla ricorrente; ─ pronunziarsi in seduta plenaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale nominando, se del caso, un avvocato generale; pronunziarsi in seduta plenaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale nominando, se del caso, un avvocato generale; ─ dichiarare il ricorso ricevibile; dichiarare il ricorso ricevibile; ─ annullare la decisione impugnata; annullare la decisione impugnata; ─ adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno affinché la Commissione adempia i suoi obblighi ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, affinché proceda ad un nuovo esame della denuncia depositata il 12 dicembre 1997; adottare qualsiasi altro provvedimento che il Tribunale riterrà opportuno affinché la Commissione adempia i suoi obblighi ai sensi dell'art. 233 CE e, in particolare, affinché proceda ad un nuovo esame della denuncia depositata il 12 dicembre 1997; ─ condannare la Commissione alle spese; condannare la Commissione alle spese; ─ condannare la Commissione al pagamento dei costi sostenuti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. condannare la Commissione al pagamento dei costi sostenuti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione conclude che il Tribunale voglia: ─ dichiarare irricevibili il quinto e il sesto capo delle conclusioni della ricorrente; dichiarare irricevibili il quinto e il sesto capo delle conclusioni della ricorrente; ─ respingere, per il resto, il ricorso; respingere, per il resto, il ricorso; ─ condannare la ricorrente alle spese. condannare la ricorrente alle spese. Durante l'udienza la ricorrente ha comunicato al Tribunale la sua rinuncia al quinto e sesto capo delle sue conclusioni. In diritto La ricorrente deduce tre motivi vertenti, rispettivamente, su una violazione dei diritti della difesa, su un errore di diritto o su un errore manifesto di valutazione nell'applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE, e su una violazione delle forme sostanziali consistente in una carenza di motivazione e in una mancanza di trasparenza. In primo luogo è opportuno esaminare il motivo vertente su un errore di diritto o su un errore manifesto di valutazione nell'applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE, in quanto tale motivo rimette in discussione la premessa essenziale su cui è fondata la decisione impugnata, relativa alla definizione della nozione di impresa. Sul motivo vertente su un errore di diritto o su un errore manifesto di valutazione nell'applicazione degli artt. 82 CE e 86 CE Argomenti delle parti La ricorrente addebita alla Commissione di aver ritenuto che le entità che gestiscono il SNS non siano imprese e che, pertanto, gli artt. 82 CE e 86 CE non siano loro applicabili. La Commissione avrebbe erroneamente applicato al caso di specie la soluzione accolta dalla Corte nella sentenza 17 febbraio 1993, cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I-637), allorché la situazione di fatto che ha dato origine a tale sentenza era molto diversa da quella della presente fattispecie. E' vero che nelle due cause le entità coinvolte erano state incaricate della gestione di un servizio pubblico riconducibile alla previdenza sociale. Tuttavia, nella sentenza Poucet e Pistre, la Corte si sarebbe occupata della questione se tali entità agiscano in qualità di imprese, ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, nei rapporti con i loro iscritti, e non della questione di stabilire se esse siano tali quando acquistano da terzi i prodotti necessari per la prestazione del servizio in questione agli affiliati. Poiché la fattispecie in discussione corrisponde alla seconda ipotesi, non sarebbe possibile farla rientrare nella giurisprudenza Poucet e Pistre. Infatti, in tale causa, le ricorrenti avrebbero messo in discussione l'obbligo di legge di affiliarsi e di versare contributi. La Corte avrebbe espressamente precisato che, dal momento che siffatte attività erano proprie di un regime previdenziale fondato sul principio della solidarietà nazionale, esse non costituivano attività economiche e le entità in questione non dovevano essere trattate come imprese (sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, punti 18-20). Tale impostazione funzionale sarebbe conforme alla tesi della ricorrente secondo cui, nel corso di un procedimento di esame ai sensi dell'art. 82 CE riguardante un'attività specifica di una determinata entità, è la natura di tale attività, e non quella dell'ente, che è determinante per stabilire se quest'ultimo debba essere considerato un'impresa ai sensi di tale disposizione. Tale impostazione escluderebbe del resto l'applicazione della soluzione adottata nella sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, a tutte le attività svolte daglle entità in questione nel caso di specie. Altre sentenze della Corte confermerebbero la tesi della ricorrente. Infatti, dalla giurisprudenza risulterebbe che nel contesto del diritto della concorrenza (...)la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (...) (sentenza della Corte 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21). Tale giurisprudenza avrebbe quindi consacrato l'applicazione di un criterio funzionale per determinare se un'entità debba essere considerata un'impresa ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza. D'altra parte, in una causa riguardante l'ambito di applicazione della direttiva della Commissione 25 giugno 1980, 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche (GU L 195, pag. 35), la Corte avrebbe sottolineato, al fine di distinguere le imprese pubbliche dagli altri enti statali, che tale distinzione deriva dalla considerazione che lo Stato può agire vuoi esercitando il potere d'imperio, vuoi svolgendo attività economiche di natura industriale o commerciale che consistono nell'offrire beni e servizi sul mercato. Onde poter fare detta distinzione, è quindi necessario, di volta in volta, esaminare le attività svolte dallo Stato e determinare a quale categoria esse appartengano (...) (sentenza della Corte 16 giugno 1987, causa 118/85, Commissione/Italia, Racc. pag. 2599, punto 7). Anche in tal caso, quindi, la natura dell'attività esercitata dall'ente in questione sarebbe stata determinante. In ogni caso, il fatto che il SNS sia gestito da enti statali non costituirebbe per nulla un indizio del fatto che l'acquisto di materiale sanitario da parte di questi ultimi non sia un'attività economica, contrariamente a quanto affermerebbe la Commissione nella decisione impugnata. Infatti, operatori privati fornirebbero gli stessi servizi del SNS, in Spagna, ma soprattutto in altri Stati membri. D'altronde, accadrebbe che gli ospedali pubblici spagnoli forniscano servizi privati che sono fatturati al paziente, come nel caso di turisti stranieri che non sono iscritti al SNS. La tesi della Commissione darebbe luogo ad incoerenze, dal momento che l'attività di acquisto svolta dagli ospedali pubblici, o per conto di essi, è esattamente la stessa, sia nel caso in cui i servizi, la cui prestazione è resa possibile da tale attività di acquisto, siano fatturati al paziente, come in Spagna nel caso di turisti stranieri, sia nel caso in cui siano finanziati dal sistema fondato sul principio di solidarietà nazionale, come nel caso degli iscritti al SNS. D'altronde, il fatto che l'esistenza del SNS crei, secondo la decisione impugnata, un volume di domanda di forniture sanitarie che non esisterebbe necessariamente in un sistema a scopo di lucro sarebbe anch'esso irrilevante. Inoltre, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia erroneamente invocato, nella decisione impugnata, il principio di solidarietà nazionale su cui il SNS si fonda, nonché l'accentuata componente di ridistribuzione delle risorse che tale sistema comporta e, infine, il fatto che il SNS non persegue uno scopo di lucro. Tali fattori sarebbe privi di pertinenza in quanto nella fattispecie si tratta di acquisti di materiale effettuati dagli enti che gestiscono il SNS, attività che sarebbe estranea al principio di solidarietà, e non delle modalità di finanziamento solidale del SNS attraverso le entrate provenienti dall'imposizione fiscale, che non sono confutate dalla ricorrente. Infatti, le autorità pubbliche non possono chiedere sacrifici ai fornitori terzi in nome del principio di solidarietà. Comunque, sarebbe inammissibile che la Commissione si fondi sul principio di solidarietà per permettere abusi di posizione dominante da parte del SNS che la ricorrente ha denunciato e che consistono nel sistematico mancato pagamento di taluni suoi debiti entro un termine ragionevole. La giurisprudenza spagnola, come pure la dottrina e la prassi decisionale della stessa Commissione, sarebbero anch'esse favorevoli all'applicazione di un criterio funzionale. La ricorrente fa valere che taluni autori vanno ancora oltre e criticano l'impostazione seguita dalla Corte nella sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14. Essa menziona, in particolare, le osservazioni di José Luis Buendía Sierra, nel lavoro intitolato Exclusive Rights and State Monopolies under EC Law, Article 86 (former article 90) of the EC Treaty [ Diritti esclusivi e monopoli statali in diritto comunitario. Articolo  86 (ex articolo 90) del Trattato CE] che ritiene non appropriato fare della previdenza sociale un ambito privilegiato che sfugge alle regole in materia di concorrenza. Infatti, secondo tale autore, l'esistenza stessa dell'eccezione prevista all'art. 86, n. 2, CE implicherebbe che le attività finanziate secondo il principio di solidarietà restino, in linea di principio, soggette alle regole di concorrenza. A tal proposito, la ricorrente sottolinea che il comportamento abusivo che essa denuncia deve essere appunto esaminato alla luce dell'eccezione espressamente prevista all'art. 86, n. 2, CE e del criterio di necessità che esso prevede. Almeno per quanto riguarda l'attività di acquisto, la legittimità del comportamento degli enti che gestiscono il SNS dovrebbe essere determinata sulla base di tale eccezione piuttosto che dalla fictio iuris secondo cui questi ultimi non sono imprese. Se la Commissione avesse effettuato un'analisi ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE essa ne avrebbe necessariamente dedotto che l'eccezione prevista da tale disposizione non era applicabile al caso di specie. Infatti, l'applicazione dell'art. 82 CE da parte della Commissione per far cessare gli abusi riferiti nella denuncia non impedirebbe affatto lo svolgimento da parte del SNS del suo compito di gestire i servizi di salute pubblica. La ricorrente aggiunge che la giurisprudenza successiva alla sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, avrebbe attenuato l'impostazione adottata in tale sentenza e contraddirebbe la posizione della Commissione. Così, l'avvocato generale Jacobs, nelle conclusioni presentate nella causa definita con la sentenza della Corte 14 dicembre 1995 (causa riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen, Racc. pag. I-4705, I-4707, paragrafo 64), avrebbe precisato che il fondo pensioni di cui si trattava in tale causa non agiva in qualità di impresa per quanto attiene ai suoi rapporti con i suoi iscritti. Ciò confermerebbe che un'entità può restare un'impresa nei suoi rapporti con talune categorie di terzi, nonostante il fatto che eserciti altre funzioni alla stregua di ente sociale. D'altronde, l'avvocato generale Tesauro nelle conclusioni presentate nella causa definita con la sentenza della Corte 16 novembre 1995 (causa C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurances e a., Racc. pag. I-4013, pag. I-4015, paragrafo 22) avrebbe precisato che la cassa malattia in questione in tale causa doveva essere qualificata come impresa almeno nella sua funzione di gestione del regime in parola. La Corte, dopo aver distinto la fattispecie in esame in tale causa da quella che era stata oggetto della sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, avrebbe sottolineato che il perseguimento del principio di solidarietà non è determinante in qualsiasi circostanza e che, nella fattispecie, l'ente in questione certamente esercitava un'attività economica (sentenza Fédération française des sociétés d'assurances e a., cit. supra, al punto 20). La Corte, nella sentenza 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, (Racc. pag. I-5751, punto 85) avrebbe statuito che la mancanza di fini di lucro e la presenza di un certo numero di elementi di solidarietà, tra cui l'iscrizione obbligatoria al regime pensionistico in questione, non bastano a privare il fondo pensione di categoria della sua qualità di impresa. L'avvocato generale Jacobs, nelle sue conclusioni relative alla medesima causa (Racc. pag. I-5754, paragrafo 312) avrebbe persino ritenuto che il fatto che un'entità non abbia fini di lucro o persegua obiettivi non economici è, in linea di principio, irrilevante per stabilire se tale entità debba essere considerata come un'impresa. Infine, l'avvocato generale Cosmas, nelle conclusioni relative alla causa definita con la sentenza della Corte 3 ottobre 2000, causa C-411/98, Ferlini, (Racc. pag. I-8081, I.8084, paragrafi 110-116), avrebbe ritenuto che un ospedale pubblico agisca in qualità di impresa ai sensi dell'art. 81 CE quando dispensa cure a persone non iscritte al regime solidale di previdenza sociale che assicura il suo finanziamento. A tale proposito, l'avvocato generale avrebbe precisato che in ogni causa, la nozione d' impresa deve essere intesa in senso funzionale, tenuto conto dell'attività di cui si tratta. La ricorrente ammette che la giurisprudenza citata non può essere direttamente trasposta al caso di specie. Infatti, nelle sentenze Fédération française des sociétés d'assurances e a. e Albany, cit. supra, rispettivamente ai punti 26 e 27, sarebbe il minor grado di solidarietà del regime in questione che avrebbe indotto la Corte a considerare che le entità interessate erano imprese nelle loro relazioni con gli utenti del servizio da essi fornito in applicazione del principio di solidarietà. Nella presente causa, invece, la denuncia riguarderebbe i rapporti del SNS con i suoi fornitori. La ricorrente ritiene che se, in talune circostanze, possono esistere ragioni per rimettere in discussione il carattere economico della prestazione di servizi sanitari, a maggior ragione, alla luce di tale giurisprudenza, il SNS deve essere considerato un'impresa in un contesto in cui la solidarietà non riveste alcun ruolo. Secondo la ricorrente, la Commissione non è stata in grado di valutare correttamente se il SNS fosse o meno un'impresa, in quanto non ha svolto un'indagine sufficientemente approfondita sulle sue modalità di funzionamento. La ricorrente respinge anche l'argomento contenuto nella decisione impugnata, secondo cui non si potrebbe separare l'attività del SNS consistente nella prestazione di servizi di salute pubblica dalla sua attività di acquisto di forniture. L'attività di approvvigionamento non cesserebbe di essere un'attività economica per il solo fatto che il SNS ha bisogno di rifornirsi per poter offrire siffatti servizi. Contrariamente a quanto afferma la Commissione nella decisione impugnata, non sarebbe necessario che l'esercizio autonomo di un'attività possa essere economicamente redditizio perché possa essere considerato un'attività economica e, pertanto, perché l'ente che la intraprende sia considerato un'impresa ai sensi dell'art. 82 CE. La Commissione non avrebbe addotto alcuna giurisprudenza o altro elemento concreto a sostegno di tale aspetto della sua tesi. D'altra parte, l'argomento della Commissione equivarrebbe a ritenere che l'attività di vendita di prodotti sanitari svolta dai membri dell'associazione ricorrente, come pure quella dei fornitori di altri servizi al SNS, non siano attività economiche, il che sarebbe manifestamente errato. La ricorrente aggiunge che, se si dovesse accogliere tale argomento, neppure l'attività degli enti che forniscono prodotti ai membri della ricorrente potrebbe essere considerata attività economica, dal momento che essa è collegata alla prestazione di servizi sanitari da parte del SNS. La Commissione non contesta l'affermazione della ricorrente secondo cui la giurisprudenza citata nel ricorso e, in particolare, la sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, riguarda esclusivamente i rapporti tra gli enti pubblici e i beneficiari del servizio pubblico che essi forniscono. Tuttavia, non si può dedurre da tale circostanza che le entità in questione debbano essere considerate imprese nei loro rapporti con i fornitori. Al contrario, il dispositivo della sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, preciserebbe che le entità in questione non rientrano nella nozione di impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, senza effettuare una distinzione analoga a quella che propone la ricorrente. La Commissione sottolinea che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, essa ha effettivamente applicato un criterio funzionale nella sua valutazione economica della situazione del SNS. Secondo l'analisi esposta ai punti 20-24 della decisione impugnata, non si potrebbe separare l'attività di acquisto o di produzione dall'attività di offerta di servizi, dal momento che la seconda sarebbe impossibile senza la prima. La possibilità che gli ospedali pubblici possano fornire in via eccezionale servizi privati a taluni pazienti dietro remunerazione potrebbe essere rilevante, tutt'al più, per valutare se tali ospedali, e non le entità cui il ricorso si riferisce, agiscano in qualità di imprese nei loro rapporti con tali pazienti. La Commissione afferma, d'altra parte, che tale possibilità non è stata considerata dalla ricorrente nella sua denuncia. Giudizio del Tribunale Innanzi tutto occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la nozione d'impresa, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (sentenze della Corte Höfner e Elser, cit. supra, al punto 17, punto 21; Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, punto 17; Fédération française des sociétés d'assurances e a., cit. supra, al punto 26, punto 14; 11 dicembre 1997, causa C-55/96, Job Centre, Racc. pag. I-7119, punto 21, e Albany, cit. supra, al punto 27, punto 77; sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 50, e 30 marzo 2000, causa T-513/93, Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Commissione, Racc. pag. II-1807, punto 36). A tale proposito, ciò che caratterizza la nozione di attività economica è l'offerta di beni o servizi su un determinato mercato (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36, e sentenza Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali/Commissione, cit. al punto precedente, punto 36), e non l'attività di acquisto in quanto tale. Così, come sostiene la Commissione, non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzazione successiva del prodotto acquistato dal compratore, al fine di valutare la natura di tale attività. Si deve pertanto ritenere che il carattere economico o non economico dell'utilizzazione successiva del prodotto acquistato determini necessariamente il carattere dell'attività di acquisto. Di conseguenza, quando un'entità acquista un prodotto, anche se lo fa in gran quantità, non per offrire beni o servizi nell'ambito di un'attività economica, ma per impiegarlo nell'ambito di un'altra attività, per esempio un'attività di natura puramente sociale, essa non agisce in qualità di impresa per il solo fatto di operare come acquirente sul mercato. Anche se è esatto che una simile entità può esercitare un potere economico molto rilevante, il quale potrebbe dar luogo, se del caso, ad una situazione di monopsonio, cionondimeno, se l'attività per l'esercizio della quale esso acquista tali prodotti non è di natura economica, essa non agisce in qualità di impresa ai sensi delle regole comunitarie in materia di concorrenza e non è soggetta ai divieti previsti agli artt. 81, n. 1, CE e 82 CE. Occorre ricordare che, nella sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14 (punti 18 e 19), la Corte, per sostenere la sua conclusione secondo cui gli enti che gestivano le casse malattie in discussione in tale causa non esercitavano un'attività economica e che, pertanto, non costituivano imprese ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE, si è fondata sul fatto che essi svolgevano una funzione di carattere esclusivamente sociale, che tale attività era basata sul principio della solidarietà nazionale e, infine, che tale attività era sprovvista di ogni scopo di lucro, poiché le prestazioni erogate sono previste dalla legge e indipendenti dall'entità dei contributi. Per quanto riguarda le sentenze Fédération française des sociétés d'assurances e a. e Albany, cit. supra, rispettivamente ai punti 26 e 27, si deve constatare che la Corte ha in esse riaffermato l'impostazione adottata nella sentenza Poucet e Pistre (sentenze Fédération française des sociétés d'assurances, punti 15 e 16, e Albany, punto 78), pur fondandosi sul minor grado di solidarietà esistente nel funzionamento dei regimi in questione per dichiarare che le entità di cui si trattava in tali cause erano imprese. Ne consegue che il principio posto dalla sentenza Poucet et Pistre, cit. supra, al punto 14, non è rimesso in discussione dalla citata giurisprudenza. Nel caso di specie è certo che il SNS, gestito dai Ministeri e dalle altre entità a cui si riferisce la denunzia presentata dalla ricorrente, funziona conformemente al principio di solidarietà per le sue modalità di finanziamento attraverso contributi sociali e altri contributi statali e per la sua prestazione gratuita di servizi ai suoi iscritti sulla base di una copertura universale. Così, tali entità non agiscono come imprese nella loro attività di gestione del SNS. Ne consegue che, conformemente alla regola di diritto enunciata in precedenza ai punti 37 e 38, le entità in parola non agiscono in qualità di imprese quando acquistano il materiale sanitario venduto dalle imprese che sono membri dell'associazione ricorrente per offrire servizi sanitari gratuiti agli iscritti al SNS. Tuttavia, la ricorrente afferma, nella propria memoria di replica, che gli ospedali pubblici spagnoli del SNS offrono, almeno in taluni casi, servizi a pagamento a persone non iscritte al sistema e, in particolare, ai turisti stranieri, per cui le entità di cui trattasi agiscono necessariamente in qualità di imprese quantomeno nell'ambito di tali prestazioni di servizi, se gli acquisti di materiale sanitario da esse effettuati sono collegati ad esse. A tale proposito, occorre ricordare che, qualora alla Commissione sia presentata una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204) essa è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino una violazione degli artt. 81 CE e 82 CE (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, detta Automec II, Racc. pag. II-2223, punto 79, e 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 39, confermata su impugnazione con ordinanza della Corte 16 settembre 1997, causa C-59/96 P, Koelman/Commissione, Racc. pag. I-4809). In compenso, la Commissione non è tenuta a prendere in considerazione, nell'esaminare una denuncia, elementi di fatto che non sono stati portati a sua conoscenza dal denunciante, per essere in grado di respingere tale denuncia per il fatto che le pratiche denunciate non violano le regole comunitarie in materia di concorrenza, oppure, se del caso, non rientrano nel campo di applicazione di queste ultime (v., per analogia, sentenza 9 gennaio 1996, Koelman/Commissione, cit. supra, al punto 42, punto 40). Non si può quindi rimproverarle, nell'ambito di un ricorso presentato contro una decisione che respinge una denuncia in materia di concorrenza, di non aver tenuto conto di un elemento che non è stato portato a sua conoscenza dal denunziante e di cui avrebbe potuto scoprire l'esistenza solo avviando un'inchiesta. Nel caso di specie, si deve rilevare, come fa la Commissione nella controreplica, che la ricorrente non si è riferita alle asserite prestazioni di servizi a titolo oneroso nella sua iniziale denuncia, avendo menzionato tale elemento per la prima volta davanti al Tribunale, nella sua replica. Si deve pertanto ritenere, senza che sia necessario pronunziarsi nel caso di specie sull'eventuale rilevanza di tale circostanza ai fini della la determinazione del carattere economico o meno dell'attività di acquisto dei detti enti, che l'esistenza di tali prestazioni non può essere presa in considerazione al fine di controllare la legittimità della decisione impugnata nell'ambito del presente ricorso. Da quanto precede risulta che il motivo in esame deve essere respinto. Sul motivo vertente su una violazione dei diritti della difesa Argomenti delle parti La ricorrente afferma che la Commissione ha violato i suoi diritti di difesa allorché ha deciso di archiviare la sua denuncia del 12 dicembre 1997 senza intraprendere un'analisi approfondita di tutti gli elementi che vi erano esposti. Infatti, la ricorrente avrebbe dimostrato, in tale denuncia, che il SNS era in posizione dominante sui mercati rilevanti. D'altra parte i ritardi di pagamento che sono oggetto della denuncia avrebbero rappresentato un indebitamento complessivo del SNS pari a oltre un miliardo di euro. Il SNS avrebbe dunque commesso evidenti abusi di posizione dominante, causando in tal modo un grave pregiudizio alle imprese che erano membri dell'associazione ricorrente. Pertanto, la Commissione avrebbe, senza alcun fondamento, ritenuto che la denuncia non soddisfaceva la condizione relativa all'interesse comunitario, alla luce della quale l'istituzione deve valutare se sia opportuno archiviarla oppure darvi un seguito (sentenza Automec II, cit. supra, al punto 42). La ricorrente invoca, a sostegno di tale argomento, la comunicazione concernente la cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri per l'esame dei casi disciplinati dagli articoli [81] e [82] del Trattato CE (GU 1997, C 313, pag. 3), e in particolare il punto 14 di quest'ultima. La Commissione afferma di aver respinto la denuncia della ricorrente in ragione del fatto che l'art. 82 CE non era applicabile al caso di specie. Infatti, gli enti che gestiscono il SNS non sarebbero imprese e dunque il divieto di abuso di posizione dominante non le riguarderebbe. Pertanto, nel caso di specie, sarebbe stato inutile procedere ad una valutazione dell'interesse comunitario. Giudizio del Tribunale Come è stato constatato in precedenza, la Commissione ha respinto la denuncia della ricorrente in ragione del fatto che gli enti che gestiscono il SNS non agiscono in qualità di imprese ai sensi dell'art. 82 CE nella loro attività di acquisto dei prodotti sanitari necessari al funzionamento del SNS (punti 20-24 della decisione impugnata). D'altronde, è stato dichiarato in precedenza che per tale motivo la Commissione era legittimata a respingere la denuncia della ricorrente, date le circostanze del caso di specie. Pertanto sarebbe stato inutile che la Commissione esaminasse gli altri aspetti della denuncia presentata dalla ricorrente, dal momento che un simile esame, anche supponendo che avesse condotto all'accertamento di un abuso di posizione dominante, non avrebbe potuto determinare l'adozione di una decisione di accertamento di un'infrazione all' art. 82 CE oppure al combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE. Non si può rimproverare alla Commissione di aver violato i diritti di difesa di un'impresa per non aver effettuato un'analisi di taluni aspetti della sua denuncia che sarebbe stata superflua. Ne consegue che il motivo in esame deve essere respinto. Sul motivo vertente su una carenza di motivazione e su una mancanza di trasparenza Argomenti delle parti A parere della ricorrente, l'assenza di risposta, nella decisione impugnata, agli argomenti dedotti nella sua denuncia, relativi all'esistenza di una posizione dominante e allo sfruttamento abusivo di quest'ultima, costituirebbe un difetto di motivazione. D'altra parte, il ragionamento della Commissione sulla questione se gli enti che gestiscono il SNS siano imprese ai sensi dell'art. 82 CE sarebbe anch'esso carente. Infatti, la Commissione avrebbe dovuto precedere ad un'analisi più completa della giurisprudenza pertinente per individuare la soluzione applicabile alla situazione di fatto, invece di limitarsi a richiamare la sola sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, senza esporre le ragioni che, a suo parere, giustificavano la sua applicazione al caso di specie. La ricorrente invoca, a tale proposito, la sentenza del Tribunale 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-669, punto 35) in cui il Tribunale ha riaffermato che, quando la Commissione riceve una denuncia, le garanzie di carattere procedurale previste dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 [25 luglio 1963, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, 127, pag. 2268)] le impongono(...) di esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla parte denunciante, al fine di accertare se tali elementi non rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune e a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri. Nel caso di specie, la Commissione sarebbe venuta meno a quest'obbligo. Di conseguenza, la motivazione della decisione impugnata sarebbe insufficiente. La ricorrente aggiunge che, secondo la giurisprudenza, il carattere sufficiente della motivazione di un atto deve essere valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719). A suo parere, la Commissione, nel motivare la decisione impugnata, avrebbe dunque dovuto tener conto dell'importanza, a livello economico, della causa. D'altronde, la Commissione avrebbe violato il principio generale di trasparenza delle procedure amministrative, in primo luogo, omettendo di informare in modo adeguato la ricorrente dello svolgimento del procedimento, in particolare tralasciando di inviarle una copia della decisione di trasmissione della sua denuncia ai 26 enti interessati, nonché le osservazioni in merito di questi ultimi e, in secondo luogo, rifiutando di ricevere i suoi rappresentanti. La Commissione ritiene che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata, conformemente alla giurisprudenza, in quanto la sua motivazione permette al Tribunale di esercitare il suo controllo, e alla ricorrente di essere informata sull'unico motivo per cui la sua denuncia è stata respinta ─ vale a dire la valutazione secondo cui gli enti che gestiscono il SNS non sono imprese ai sensi dell'art. 82 CE ─ per poter difendere i suoi diritti e verificare se la decisione sia o meno fondata (sentenza del Tribunale 2 luglio 1998, causa T-236/97, Racc. PI, Ouzounoff Popoff/Commissione, pag. I-A-311 e II-905, punto 56). Per quanto riguarda l'allegata inosservanza del principio di trasparenza, la Commissione afferma di non aver mai trasmesso la denuncia della ricorrente agli enti interessati. Di conseguenza, i documenti richiesti dalla ricorrente non sono mai esistiti. D'altronde la Commissione non avrebbe alcun obbligo di incontrare i denuncianti. Tuttavia, nel caso di specie, essa avrebbe volontariamente incontrato i rappresentanti della ricorrente il 25 febbraio 1998. Giudizio del Tribunale Occorre rilevare che la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che adotta per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. E' sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (sentenza del Tribunale 17 luglio 1998, causa T-111/96, ITT Promedia/Commissione, Racc. pag. II-2937, punto 131). Nel caso di specie si deve constatare che, per le ragioni esposte ai punti 49 e 50, sarebbe stato inutile che la Commissione rispondesse agli argomenti relativi all'esistenza di una posizione dominante e allo sfruttamento abusivo di essa. Inoltre, la Commissione si è giustamente fondata, nella decisione impugnata, sulla sentenza Poucet e Pistre, cit. supra, al punto 14, senza dover necessariamente analizzare la giurisprudenza successiva citata dalla ricorrente, dal momento che la regola fondamentale stabilita dalla Corte in tale sentenza è tuttora applicabile, essendo stata ribadita a più riprese e in particolare nelle sentenze invocate dalla ricorrente (v. supra, punto 38). Così, nell'economia generale della decisione impugnata e tenuto conto del contesto di fatto noto alla ricorrente, l'assenza di una motivazione relativa a tali elementi era logica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione, Racc. pag. II-1019, punti 298-300). Ne consegue che la decisione impugnata non è viziata da una carenza di motivazione. Quanto agli argomenti relativi all'asserita mancanza di trasparenza di cui la Commissione avrebbe dato prova, occorre ricordare che il solo obbligo della Commissione, in forza dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, citato, allorché non ha intenzione di procedere nell'istruzione di una denuncia, è quello di permettere al denunciante di presentare osservazioni scritte. D'altra parte, ai sensi dell'art. 7 del regolamento n. 99/63, l'audizione di terzi, tra cui i denuncianti, è obbligatoria solo laddove essi dimostrino di avere un interesse sufficiente, disponendo la Commissione di un ragionevole margine di discrezionalità in merito all'utilità di tale audizione per l'istruzione del fascicolo (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 18; v. anche, a tale proposito, sentenza NALOO/Commissione, cit. supra, al punto 59, punti 275 e 276). Nel caso di specie, è pacifico che la Commissione ha informato la ricorrente della sua posizione il 2 dicembre 1998 e le ha dato occasione di presentare le sue osservazioni in merito, cosa che la ricorrente ha fatto il 10 febbraio 1999. D'altra parte, dalla decisione impugnata risulta (nota in calce di pag. 4) che il fascicolo della Commissione conteneva esclusivamente la denuncia della ricorrente con i suoi allegati. La Commissione ha, infine, affermato davanti al Tribunale, senza essere contraddetta dalla ricorrente, di non aver trasmesso la denuncia alle entità chiamate in causa, per cui queste ultime non hanno mai presentato osservazioni in merito. Da quanto precede risulta che la Commissione ha rispettato il solo obbligo concreto a cui era sottoposta nel caso di specie, dal momento che la ricorrente ha avuto modo di presentare le sue osservazioni scritte in merito alla presa di posizione iniziale della Commissione. Non ha potuto verificarsi violazione del diritto di consultare il fascicolo dal momento che la ricorrente ha avuto conoscenza di tutti i documenti inclusi nel fascicolo della Commissione. Ad abundantiam occorre rilevare che la ricorrente non ha contestato l'affermazione della Commissione, contenuta nel controricorso, secondo la quale i suoi servizi hanno incontrato i rappresentanti della ricorrente il 25 febbraio 1998. Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha pienamente rispettato i diritti della ricorrente in quanto denunciante. Ne consegue che il motivo in esame deve essere respinto. Poiché tutti i motivi dedotti dalla ricorrente sono risultati privi di fondamento, il presente ricorso deve essere integralmente respinto. Sulle spese A norma dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. Vesterdorf Lenaerts Azizi Forwood Legal Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 2003. Il cancelliere Il presidente H. Jung B. Vesterdorf – Lingua processuale: lo spagnolo.

62003CJ0403

hu

1       Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgya az EK 12. és az EK 18. cikk értelmezése. 2       E kérelmet E. Schempp és a Finanzamt München V (a továbbiakban: Finanzamt) közötti jogvitában terjesztették elő, amely azzal kapcsolatos, hogy ez utóbbi megtagadta az E. Schempp által az ausztriai lakóhellyel rendelkező volt feleségének fizetett tartásdíjnak a jövedelemadóból levonható különleges költségként való elszámolását. Jogi háttér 3       A személyi jövedelemadóról szóló német törvény (Einkommensteuergesetz, a továbbiakban: EStG) 10. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja alapján az alábbi költségek minősülnek „különleges költségeknek”, amennyiben azok nem terhek, és nem szakmai kiadások: „A különélő vagy a volt házastárs részére fizetett, teljes mértékben adóköteles tartásdíj, amennyiben a kötelezett a jogosult hozzájárulásával ezt kéri, egy naptári évben legfeljebb 27 000 DEM erejéig. A kérelmet csak egy naptári évre lehet előterjeszteni, és nem vonható vissza [...]” 4       Az EStG 22. §‑ának (1a) bekezdése szerint a 10. § (1) bekezdésének 1. pontja alapján a tartásra kötelezett által levonható összegek a jogosult adóköteles jövedelmének minősülnek, az ún. „megfelelés” elve alapján. Ahhoz, hogy a kötelezett levonhassa a tartásdíjat, nem szükséges az, hogy a jogosult ezek után az összegek után ténylegesen adót fizessen. Amennyiben azonban a jogosult a neki fizetett tartásdíj után köteles adót fizetni, a tartásra kötelezett polgári jogi alapon köteles annak terheit viselni. 5       Az EStG 1a. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja értelmében: „A volt vagy a különélő házastársnak fizetett tartásdíj (10. § (1) bekezdés 1. pont) akkor is levonható különleges költségként, ha a jogosult nem rendelkezik teljes körű adókötelezettséggel. Azonban a jogosult lakóhelyének vagy szokásos tartózkodási helyének az Európai Unió más tagállamában vagy olyan államban kell lennie, amely az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás hatálya alá tartozik. A hatáskörrel rendelkező külföldi adóhatóságnak igazolnia kell továbbá azt, hogy a jogosult részére kifizetett tartásdíjat megadóztatták [...]”. 6       Az EStG 52. §‑a (2) bekezdésének megfelelően az Osztrák Köztársaság vonatkozásában a fenti szabályt az 1994‑es adóévtől kezdődően kell alkalmazni, mivel az Osztrák Köztársaság 1994. január 1‑jén csatlakozott az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodáshoz. Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések 7       E. Schempp németországi lakóhelyű német állampolgár, aki válását követően tartásdíjat fizet az ausztriai lakóhelyű volt feleségének. 8       Az 1994-től 1997-ig terjedő adóbevallásaiban E. Schempp az EStG 1a. §‑a (1) bekezdése 1. pontjának első és második mondata alapján le kívánta vonni ezt a tartásdíjat. Azonban az 1994-től 1997-ig terjedő évekre vonatkozó adókivetésről szóló határozatokban a Finanzamt megtagadta a levonást azzal az indokkal, hogy nem kapott igazolást az osztrák adóhatóságtól annak bizonyítására, hogy a volt feleséget az említett tartásdíj után megadóztatták, ahogyan az 1a. § (1) bekezdésének 1. pontja előírja. 9       A jelen ügyben E. Schempp ilyen igazolást terjeszthetett elő, mivel az osztrák adójog általánosan kizárja a tartásdíj adóztatását, ahogyan egyébként az e címen kifizetett összegek levonását is. Azonban az ügy irataiból kitűnik, hogy E. Schempp levonhatta volna a volt feleségének fizetett tartásdíj egészét akkor, ha volt feleségének lakóhelye Németországban lett volna. Volt felesége pedig ebben az esetben az említett tartásdíj után semmilyen adót nem fizetett volna, mivel jövedelme nem éri el azt a szintet, amely után Németországban adót kell fizetni. 10     E. Schempp panasszal élt a Finanzamt adókivetésről szóló határozatai ellen, azon az alapon, hogy a német szabályozás ellentétes az EK 12. és az EK 18. cikkel. A Finanzamt 1999. július 27‑i határozatával elutasította e panaszt. 11     Miután a Finanzgericht München elutasította E. Schemppnek az említett határozat ellen benyújtott keresetét, E. Schempp felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a kérdést előterjesztő bírósághoz. Mivel úgy vélte, hogy az említett ügy a közösségi jog értelmezésével kapcsolatos kérdéseket vet fel, a Bundesfinanzhof felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal céljából a következő két kérdést terjesztette a Bíróság elé: „1)      Az EK 12. cikket úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal ellentétes az EStG 1a. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja és 10. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja, amelyek szerint a németországi lakóhelyű adózó nem vonhatja le az Ausztriában lakó volt feleségének fizetett tartásdíjat, pedig erre jogosult volna abban az esetben, ha ez utóbbi Németországban lakna? 2)      Amennyiben az első kérdésre adandó válasz nemleges, az EK 18. cikk (1) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy azzal ellentétes az EStG 1a. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja és 10. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja, amelyek szerint a németországi lakóhelyű adózó nem vonhatja le az Ausztriában lakó volt feleségének fizetett tartásdíjat, pedig erre jogosult volna abban az esetben, ha ez utóbbi Németországban lakna?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről 12     Kérdéseivel a kérdéseket előterjesztő bíróság lényegében azt kívánja megtudni, hogy az EK 12. cikk első bekezdését és az EK 18. cikk (1) bekezdését úgy kell‑e értelmezni, hogy nem ellentétes velük az, hogy a németországi lakóhelyű adózó az alapeljárás által érintett nemzeti szabályozás értelmében nem vonhatja le az e tagállamban adóköteles jövedelméből az ausztriai lakóhelyű volt feleségének fizetett tartásdíjat, jóllehet erre jogosult volna abban az esetben, ha ez utóbbi még Németországban lakna. 13     Mindenekelőtt meg kell vizsgálni azt, hogy az alapeljárás tárgyát képező helyzet a közösségi jog alkalmazási körébe tartozik‑e. 14     E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy az EK 12. cikk első bekezdése szerint a Szerződés alkalmazási körében és az abban foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül, tilos az állampolgárság alapján történő bármely megkülönböztetés. 15     Annak megállapítására, hogy mi a Szerződés alkalmazási köre az említett cikk szerint, ez utóbbit a Szerződésnek az uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezéseivel együtt kell értelmezni. Az uniós polgárság célja ugyanis az, hogy a tagállamok állampolgárainak alapvető jogállása legyen, lehetővé téve az azonos helyzetben lévők számára, hogy állampolgárságuktól függetlenül és az e tekintetben kifejezetten előírt kivételek sérelme nélkül azonos jogi bánásmódban részesüljenek (a C‑184/99. sz. Grzelczyk-ügyben 2001. szeptember 20‑án hozott ítélet [EBHT 2001., I‑6193. o.] 30. és 31. pontja, a C‑148/02. sz. Garcia Avello-ügyben 2003. október 2‑án hozott ítélet [EBHT 2003., I‑11613. o.] 22. és 23. pontja és a C‑209/03. sz. Bidar-ügyben 2005. március 15‑én hozott ítélet [EBHT 2005., I‑2119. o.] 31. pontja). 16     Az EK 17. cikk (1) bekezdése értelmében uniós polgár mindenki, aki valamely tagállam állampolgára. Mivel német állampolgár, E. Schempp ilyen jogállással rendelkezik. 17     Ahogyan azt a Bíróság már megállapította, az EK 17. cikk (2) bekezdése az uniós polgárság jogállásához rendeli a Szerződésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket, köztük az EK 12. cikkre történő hivatkozás jogát a Szerződés teljes ratione materiæ alkalmazási körével kapcsolatos minden helyzetben (lásd a C‑85/96. sz. Martínez Sala-ügyben 1998. május 12‑én hozott ítélet [EBHT 1998., I‑2691. o.], 62. pontját). 18     Az ilyen helyzetek közé tartoznak különösen a Szerződés által biztosított alapvető szabadságjogok gyakorlásához tartozó, valamint az EK 18. cikkben biztosított, a tagállamok területén történő szabad mozgás és tartózkodás gyakorlásához kapcsolódó helyzetek (a Bidar-ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 33. pontja). 19     Bár a közösségi jog jelenlegi állapota szerint a közvetlen adók a tagállamok hatáskörébe tartoznak, az utóbbiak ettől függetlenül kötelesek ezt a hatáskört a közösségi jog tiszteletben tartásával gyakorolni, különös tekintettel a Szerződésnek azon rendelkezéseire, amelyek minden uniós polgár számára biztosítják a tagállamok területén való szabad mozgást és tartózkodást, és következésképpen kötelesek tartózkodni minden, az állampolgárságon alapuló nyílt vagy leplezett megkülönböztetéstől (lásd e tekintetben a C‑279/93. sz. Schumacker-ügyben 1995. február 14‑én hozott ítélet [EBHT 1995., I‑225. o.] 21. és 26. pontját, valamint a C‑385/00. sz. De Groot-ügyben 2002. december 12‑én hozott ítélet [EBHT 2002., I‑11819. o.] 75. pontját). 20     Azonban az ítélkezési gyakorlatból az is következik, hogy az EK 17. cikk szerinti uniós polgárságnak nem célja a Szerződés tárgyi hatályának olyan belső helyzetekre történő kierjesztése, amelyek semmilyen módon nem kapcsolódnak a közösségi joghoz (a C‑64/96. és C‑65/96. sz., Uecker és Jacquet egyesített ügyekben 1997. június 5‑én hozott ítélet [EBHT 1997., I‑3171. o.] 23. pontja és a Garcia Avello-ügyben hozott, fent hivatkozott ítélet 26. pontja). 21     A német és a holland kormány szerint az alapügyben ilyen helyzetről van szó. Az EK 12. cikkére hivatkozó E. Schempp ugyanis nem gyakorolta az EK 18. cikkben biztosított szabad mozgáshoz való jogát. Ugyanis volt felesége élt e jogával. A jelen ügy tárgya azonban nem ez utóbbi személy, hanem E. Schempp adóztatása. A német kormány ebből azt állapítja meg, hogy ebben az ügyben az egyetlen külföldi elem a Németországi Szövetségi Köztársasághoz képest az, hogy E. Schempp más tagállamban lakó személy részére fizet tartásdíjat. Mivel azonban a tartásdíjak nincsenek hatással az áruk és szolgáltatások közösségen belüli kereskedelmére, a jelen helyzet nem tartozik az EK 12. cikk hatálya alá. 22     E tekintetben meg kell jegyezni, hogy – a német és a holland kormány érvelésével ellentétben – az E. Schempphez hasonló tagállami állampolgár helyzetét, aki nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, pusztán emiatt nem lehet teljesen belső helyzetnek tekinteni (lásd e tekintetben a C‑200/02. sz., Zhu és Chen ügyben 2004. október 19‑én hozott ítélet [EBHT 2004., I‑9925. o.] 19. pontját). 23     Ugyanis bár E. Schempp valóban nem gyakorolta e jogát, a Bíróság elé terjesztett észrevételekben nem vitatták azt, hogy az Ausztriába átköltöző volt felesége gyakorolta az EK 18. cikkben minden uniós polgár számára biztosított azon jogot, hogy valamely másik tagállam területén szabadon mozogjon és tartózkodjon. 24     Márpedig – ahogyan azt indítványának 19. pontjában a főtanácsnok is lényegében megjegyezte – mivel annak megállapítása során, hogy a németországi lakóhelyű adózó által a más tagállamban élő jogosult részére fizetett tartásdíj levonható‑e, az alapügy tárgyát képező nemzeti szabályozás figyelembe veszi, hogy a jogosult lakóhelye szerinti tagállam adózási szempontból miként kezeli az említett tartásdíjat, szükségszerűen következik, hogy az, hogy a jelen esetben E. Schempp volt felesége gyakorolta az EK 18. cikk szerinti, a más tagállam területén történő szabad mozgásra és tartózkodásra vonatkozó jogát, befolyásolta azt, hogy volt férje levonhatta‑e a Németországban adóköteles jövedelméből a volt feleségének fizetett tartásdíjat. 25     Az eddigiekből következik, hogy mivel a közösségi jogrendszer által biztosított jognak E. Schempp volt felesége általi gyakorlása befolyásolta az alapeljárás felperesének a lakóhelye szerinti tagállamban fennálló levonási jogát, az ilyen helyzetet nem lehet olyan belső helyzetnek tekinteni, amely egyáltalán nem kapcsolódik a közösségi joghoz. 26     Következésképpen meg kell vizsgálni, hogy az EK 12. és az EK 18. cikkel ellentétes‑e, hogy a német adóhatóságok megtagadják az E. Schempp által az ausztriai lakóhelyű volt feleségének fizetett tartásdíj levonását. Az EK 12. cikk alkalmazásáról 27     A jelen ügyben nem vitatott, hogy amennyiben E. Schempp volt felesége Németországban lakott volna, E. Schempp levonhatta volna a feleségnek fizetett tartásdíjat. Mivel azonban a kedvezményezett lakóhelye Ausztriában volt, a német adóhatóságok megtagadták a levonást E. Schempptől. 28     Az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy a hátrányos megkülönböztetés tilalmának az EK 12. cikkben szabályozott elve tiltja hasonló helyzetek eltérő kezelését, kivéve, ha az objektív módon igazolható (lásd a C‑354/95. sz., National Farmers’ Union és társai ügyben 1997. július 17‑én hozott ítélet [EBHT 1997., I‑4559. o.] 61. pontját). 29     Meg kell tehát vizsgálni azt, hogy E. Schempp helyzete, aki tartásdíjat fizet ausztriai lakóhelyű volt feleségének, de ezt az összeget nem tudja levonni a személyijövedelemadó-bevallásában, hasonlít‑e az olyan személy helyzetéhez, aki a németországi lakóhelyű volt házastársának fizet ilyen összegeket, úgy, hogy élhet az adókedvezménnyel. 30     E tekintetben rá kell mutatni arra, hogy az EStG 1a. §‑a (1) bekezdése 1. pontjának harmadik mondata alapján az, hogy a németországi lakóhelyű adózó levonhatja‑e Németországban a valamely más tagállamban lakóhellyel rendelkező kedvezményezettnek fizetett tartásdíjat, attól függ, hogy ez utóbbi tagállamban megadóztatják‑e a tartásdíjat. 31     Ebből az következik, hogy mivel az alapügyben a tartásdíjat E. Schempp volt feleségének lakóhelye szerinti tagállamban nem adóztatták meg, E. Schempp nem vonhatta le ezt a tartásdíjat németországi jövedelméből. 32     Ilyen körülmények között megállapítható, hogy az E. Schempp által sérelmezett hátrányos bánásmód valójában abból a körülményből adódik, hogy a tartásdíjra alkalmazandó adórendszer a volt felesége lakóhelye szerinti tagállamban különbözik a saját lakóhelye szerinti tagállamban alkalmazottól. 33     Ahogyan arra a holland kormány rámutat: ha a volt feleség olyan tagállamot választott volna lakóhelyül, például Hollandiát, ahol Ausztriával ellentétben a tartásdíj után adót kell fizetni, a jelen ügy tárgyát képező nemzeti szabályozás értelmében E. Schempp levonhatta volna az e címen a volt feleségének fizetett összegeket. 34     Márpedig az állandó ítélkezési gyakorlatból következik, hogy az EK 12. cikk nem vonatkozik a Közösség joghatósága alá tartozó személyekkel és vállalkozásokkal szembeni esetleges eltérő bánásmódra, amely az egyes tagállamok közötti különbségekből adódhat, ha ezek a különbségek a hatályuk alá tartozó valamennyi személyt egyformán érintik, objektív feltételek szerint, és állampolgárságra való tekintet nélkül (lásd e tekintetben a C‑137/00. sz., Milk Marque és National Farmers’ Union ügyben 2003. szeptember 9‑én hozott ítélet [EBHT 2003., I‑7975. o.] 124. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot). 35     Ebből kifolyólag – E. Schempp érvelésével ellentétben – egy németországi lakóhelyű jogosultnak való tartásdíjfizetés nem hasonlítható ahhoz, amikor az ilyen tartásdíjat ausztriai lakóhelyű jogosultnak fizetik. E két helyzetben ugyanis a tartásdíj jogosultja a tartásdíj adóztatását illetően eltérő szabályozás alanya. 36     Következtetésképpen meg kell állapítani, hogy nem minősül az EK 12. cikk szerinti hátrányos megkülönböztetésnek az, hogy a németországi lakóhelyű adózó az EStG 1a. §‑a (1) bekezdésének 1. pontja alapján nem vonhatja le az ausztriai lakóhelyű volt feleségének fizetett tartásdíjat. 37     E. Schempp szerint az ügy tárgyát képező bánásmód egyenlőtlensége ennek ellenére abból következik, hogy míg a németországi lakóhelyű személynek fizetett tartásdíj levonhatósága nem függ attól, hogy e személyt ténylegesen megadóztatják‑e, a másik tagállam területén lakó személynek fizetett tartásdíj levonhatóságához szükséges a tényleges adóztatás. 38     E tekintetben azonban fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a jelen ügy keretében a kérdést előterjesztő bíróság pusztán arra vonatkozó kérdést terjesztett a Bíróság elé, hogy a közösségi jog tiltja‑e azt, hogy a németországi lakóhelyű adózó ne vonhassa le az ausztriai lakóhelyű volt feleségének fizetett tartásdíjat. Következésképpen annak érdekében, hogy az alapügy eldöntéséhez a nemzeti bíróság részére megfelelő értelmezést lehessen adni, meg kell állapítani, hogy a jelen ügyben nem vetődik‑e fel az E. Schempp által felvetett azon probléma, amely a másik tagállamban illetékességgel rendelkező jogosultnak fizetett tartásdíjra vonatkozik, ahol e tartásdíj adóköteles, mivel nem vitatott, hogy Ausztriában a tartásdíj után egyáltalán nem kell adót fizetni. 39     Ami pedig azt a nem vitatott körülményt illeti, hogy amennyiben E. Schempp volt felesége Németországban lakott volna, az előbbi levonhatta volna a neki fizetett tartásdíjat, annak ellenére, hogy e tartásdíjat ebben az esetben nem adóztatták volna meg, mivel a volt feleség németországi jövedelme az érintett időszakban nem érte el azt a szintet, amely után a német adószabályozás alapján adót kell fizetni, e körülmény nem kérdőjelezi meg a jelen ítélet 36. pontjában tett megállapítást. Ahogyan ugyanis az Európai Közösségek Bizottsága helyesen érvel: az, hogy ebből az okból Németországban nem kell a tartásdíj után adót fizetni, egyáltalán nem hasonlítható ahhoz, hogy e tartásdíj után – mivel az e tagállamban adómentes – Ausztriában nem kell adót fizetni, tekintettel arra, hogy a jövedelmek adóztatása terén az egyes helyzetekhez kapcsolódó adózási következmények eltérőek az érintett adózó számára. Az EK 18. cikk alkalmazásáról 40     Rá kell mutatni arra, hogy az EK 18. cikk (1) bekezdésének értelmében a „[…] szerződésben és a végrehajtására hozott intézkedésekben megállapított korlátozásokkal és feltételekkel minden uniós polgárnak joga van a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz”. 41     Mivel E. Schempp az egyik tagállam állampolgára, és ebből kifolyólag uniós polgár, hivatkozhat erre a rendelkezésre. 42     Észrevételeiben E. Schempp azzal érvel, hogy az EK 18. cikkének (1) bekezdése nem pusztán a másik tagállam területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogot védi, hanem a lakóhely megválasztásához való jogot is. Azzal érvel, hogy mivel a tartásdíj nem vonható le az adóköteles jövedelemből, amennyiben annak jogosultja más tagállamban rendelkezik lakóhellyel, e kedvezményezett bizonyos nyomásnak lehet kitéve, hogy Németországban maradjon, ami így az EK 18. cikk (1) bekezdésében biztosított jog megsértését jelenti. Ez a nyomás egészen pontosan a tartásdíj összegének meghatározásakor jelentkezhet, amely ugyanis az adózási vonzatok figyelembevételével történik. 43     E tekintetben meg kell állapítani, hogy – ahogyan azt a német és a holland kormány, valamint a Bizottság is előadta – a szóban forgó nemzeti szabályozás egyáltalán nem akadályozza E. Schemppet abban, hogy mint uniós polgár gyakorolja az EK 18. cikk (1) bekezdésében a tagállamok területén való szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz biztosított jogát. 44     Amint már említésre került, az, hogy volt felesége átköltözött Ausztriába, valóban kedvezőtlen adózási következményekkel járt E. Schempp számára a lakóhelye szerinti tagállamban. 45     Mindazonáltal a Bíróság már megállapította, hogy a Szerződés az uniós polgár számára nem biztosítja, hogy a tevékenységének az addigi lakóhelyétől eltérő tagállamba való áthelyezése az adóztatás vonatkozásában semleges lesz. A tagállamok adójogi szabályozásának a kérdéses területen tapasztalható eltérése miatt lehetséges, hogy a lakóhely-változtatás esettől függően a közvetett adóztatás szempontjából többé vagy kevésbé előnyös vagy előnytelen lehet az állampolgár számára (ebben az értelemben lásd a C‑365/02. sz. Lindfors-ügyben 2004. július 15‑én hozott ítélet [EBHT 2004., I‑7183. o.] 34. pontját). 46     Ezt az elvet még inkább alkalmazni kell az alapügybeli helyzetre, amelyben az érintett személy maga nem gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát, de olyan megkülönböztetés áldozatának tekinti magát, amely abból adódik, hogy volt felesége egy másik tagállamba helyezte át lakóhelyét. 47     Ilyen körülmények között az előterjesztett kérdésekre adandó válasz az, hogy az EK 12. cikk első bekezdését és az EK 18. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem ellentétes velük az, hogy a németországi lakóhelyű adózó az alapügyben érintetthez hasonló nemzeti szabályozás alapján az e tagállamban adóköteles jövedelméből nem vonhatja le a más tagállamban lakóhellyel rendelkező volt feleségének fizetett tartásdíjat, ahol e tartásdíj adómentes, jóllehet erre jogosult lenne, ha volt felesége továbbra is Németországban lakna. A költségekről 48     Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (nagytanács) a következőképpen határozott: Az EK 12. cikk első bekezdését és az EK 18. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy nem ellentétes velük az, hogy a németországi lakóhelyű adózó az alapügyben érintetthez hasonló nemzeti szabályozás alapján az e tagállamban adóköteles jövedelméből nem vonhatja le a más tagállamban lakóhellyel rendelkező volt feleségének fizetett tartásdíjat, ahol e tartásdíj adómentes, jóllehet erre jogosult lenne, ha volt felesége továbbra is Németországban lakna. Aláírások * Az eljárás nyelve: német.

61997TJ0254

pt

Fundamentação jurídica do acórdão Enquadramento jurídico 1 O Regulamento (CEE) n._ 404/93 do Conselho, de 3 de Fevereiro de 1993, que estabelece a organização comum de mercado no sector das bananas (JO L 47, p. 1, a seguir «Regulamento n._ 404/93»), criou um regime comum de importação de bananas que substituiu os diversos regimes nacionais. Para garantir uma comercialização satisfatória das bananas colhidas na Comunidade bem como dos produtos originários dos Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP) e de outros países terceiros, o Regulamento n._ 404/93 prevê a abertura de um contingente pautal anual para as importações das bananas «países terceiros» e das bananas «não tradicionais ACP». As bananas não tradicionais ACP correspondem às quantidades exportadas pelos países ACP que ultrapassem as quantidades exportadas tradicionalmente por cada um deles, fixadas em anexo ao referido regulamento. 2 Todos os anos é feito um balanço de previsão da produção e consumo da Comunidade, bem como das importações, e exportações. A repartição do contingente pautal determinado com base neste balanço é efectuada entre os operadores estabelecidos na Comunidade em função da origem e das quantidades médias de bananas que venderam no decurso dos três últimos anos relativamente às quais haja dados estatísticos. Esta repartição determina a emissão de certificados de importação que permitem aos operadores a importação das bananas sem pagamento de direitos ou com direitos aduaneiros preferenciais. 3 O vigésimo considerando do Regulamento n._ 404/93 tem a seguinte redacção: «Considerando que a substituição dos diferentes regimes nacionais pela organização comum de mercado, aquando da entrada em vigor do presente regulamento, pode causar perturbações no mercado interno; que é conveniente, por conseguinte, prever, a partir de 1 de Julho de 1993, a possibilidade de a Comissão tomar as medidas de transição necessárias para ultrapassar as dificuldades resultantes da aplicação do novo regime». 4 O artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 prevê: «No caso de ser necessário adoptar medidas específicas, a partir de Julho de 1993, para facilitar a transição dos regimes existentes antes da entrada em vigor do presente regulamento para o regime nele previsto, designadamente para ultrapassar dificuldades sensíveis, a Comissão adoptará, de acordo com o processo previsto no artigo 27._, as medidas de transição consideradas necessárias» Factos e tramitação processual 5 A demandante, a Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz (a seguir «Fruchthandelsgesellschaft»), é uma sociedade que comercializa frutos e que tem a sua origem na VEB Großhandelsgesellschaft OGS Karl-Marx-Stadt (a seguir «Großhandelsgesellschaft»), antiga empresa pública da ex-República Democrática Alemã (a seguir «ex-RDA»). A Großhandelsgesellschaft foi privatizada sob o nome de «Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz» e gerida pela Treuhandanstalt, organismo de direito público encarregado de reestruturar as antigas empresas da ex-RDA. 6 Em 1990 a Treuhandanstalt procedeu a trabalhos de transformação e de modernização das instalações de amadurecimento da sociedade, à data obsoletas. No entanto, as novas instalações, com uma capacidade anual de 14 750 toneladas, apenas amadureceram 5 000 toneladas de bananas desde 1991 a 1993. Em Abril de 1993, a Treuhandanstalt decidiu por fim à exploração do amadurecimento. 7 Por contrato de 17 de Dezembro de 1993, a Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz foi vendida a Peter Vetter GmbH Fruchtimport + Agentur. Nos termos do contrato de venda, foi decidido, nomeadamente, que a firma da sociedade poderia ser mantida e que seria admitido o conjunto dos trabalhadores. Foi igualmente acordado que, até 31 de Dezembro de 1996, o comprador se comprometia a não alienar qualquer elemento essencial da exploração do estabelecimento sem o acordo prévio da Treuhandanstalt, bem como a continuar a exploração mantendo o objecto comercial actual durante pelo menos três anos a contar da data da retoma. Finalmente, o comprador comprometeu-se a fazer investimentos num montante global de 1 milhão de DM. 8 A construção de novas instalações, incluindo uma área de amadurecimento, iniciou-se em 1995. Necessitou de investimentos de aproximadamente 8,5 milhões de DM e permitiu atingir uma capacidade de produção de 10 500 toneladas de bananas por ano. 9 Finda a construção das novas instalações de amadurecimento, a demandante apresentou à Comissão, por carta de 18 de Dezembro de 1996, um pedido de atribuição especial de certificados de importação de bananas no quadro do contingente pautal resultante do disposto no artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93. 10 Por Decisão (VI/6251/97/DE) de 9 de Julho de 1997, a Comissão desatendeu este pedido (a seguir «decisão recorrida»). 11 Esta decisão referia nomeadamente: «.... considerando que [a] Fruchthandelsgesellschaft invocou as seguintes circunstâncias: a empresa foi criada em 1 de Janeiro de 1994, existindo antes uma empresa da Treuhand que encerrou em Abril de 1993 por decisão deste organismo; as instalações de amadurecimento de bananas desta última empresa foram liquidadas pela Treuhandanstalt em 1994. A empresa comprou um terreno à Treuhandanstalt em Dezembro de 1994 em que mandou construir instalações de amadurecimento de bananas; o amadurecimento de bananas começou nestas instalações a partir de Julho de 1996; a capacidade da empresa é de 10 500 toneladas por ano; considerando que ... o artigo 30._ do Regulamento (CEE) n._ 404/93 autoriza a Comissão e, dadas as circunstâncias, impõem-lhe a regulamentação das situações difíceis devidos ao facto de os importadores de bananas de países terceiros ou de bananas não tradicionais à ACP terem dificuldades que ameacem a sua sobrevivência, quando um contingente excepcionalmente baixo lhes foi atribuído com base em anos de referência que devem ser tomados em conta nos termos do n._ 2 do artigo 19._ do referido regulamento, na hipótese em que aquelas dificuldades são inerentes à passagem dos regimes nacionais existentes antes da entrada em vigor do regulamento da organização comum dos mercados e não se devem à falta de diligência dos operadores em causa; ... considerando que o Regulamento (CEE) n._ 404/93 foi publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias em 25 de Fevereiro de 1993 e entrou em vigor em 1 de Julho do mesmo ano; que a proposta para a criação de uma organização comum dos mercados no sector da banana foi publicada em 10 de Setembro de 1992; considerando que a Fruchthandelsgesellschaft foi criada posteriormente às datas referidas; que, por conseguinte, [a] Fruchthandelsgesellschaft não podia ter agido sem estar em condições de prever as consequências que a sua acção teria depois da instituição da organização comum dos mercados no sector da banana; considerando que a actuação da Treuhandanstalt antes da criação da Fruchthandelsgesellschaft não pode considerar-se como uma actuação da Fruchthandelsgesellschaft; considerando que, com base nos critérios estabelecidos pelo Tribunal de Justiça, não é possível aceitar o caso da Fruchthandelsgesellschaft] como caso de rigor excessivo e que, por isso, deve ser recusada a atribuição especial de certificados de importação; ...» Tramitação processual e conclusões das partes 12 O presente recurso foi interposto em 17 de Setembro de 1997. 13 Em 16 e 17 de Fevereiro de 1998, respectivamente, o Reino de Espanha e a República Francesa pediram a sua intervenção no processo em apoio das conclusões da Comissão; estes pedidos foram admitidos por despachos de 17 de Junho de 1998 do presidente da quarta secção. Por memorandos entregues, respectivamente, em 30 de Julho e 3 de Setembro de 1998, o Reino de Espanha e a República Francesa apresentaram observações. 14 Com base no relatório do juiz-relator, o Tribunal decidiu iniciar a fase oral do processo. No âmbito das medidas de instrução previstas no artigo 64._ do Regulamento de Processo, a Comissão foi convidada a apresentar o relatório de 9 de Setembro de 1997 do Órgão de Recurso Permanente da Organização Mundial do Comércio (OMC) referente à organização comum dos mercados no sector da banana. 15 As partes e o Reino de Espanha, intervenientes, foram ouvidas nas respectivas alegações e respostas às questões formuladas pelo Tribunal na audiência pública de 20 de Abril de 1999. 16 A Fruchthandelsgesellschaft, demandante, pede que o Tribunal se digne: - anular a decisão recorrida; - condenar a Comissão nas despesas. 17 A Comissão, recorrida, conclui pedindo que o Tribunal se digne: - negar provimento ao recurso; - condenar a demandante nas despesas. 18 O Reino de Espanha, interveniente, conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao recurso. 19 A República Francesa, interveniente, conclui pedindo que o Tribunal se digne negar provimento ao recurso. Pedidos de anulação 20 A demandante fundamenta o seu recurso unicamente em violação do artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 e desvio de poder. Na réplica, a demandante sustenta que o recurso poderá ter ficado sem objecto atentos os efeitos do relatório do Órgão de Recurso Permanente da OMC elaborado em 9 de Setembro de 1997 e aprovado pelo Órgão de Resolução de Litígios da OMC em 25 de Setembro de 1997. Na audiência, precisou que continuava a ter interesse na anulação da decisão recorrida e que a anulação pode eventualmente ter por base a decisão dos órgão da resolução de litígios. Quanto aos efeitos do relatório do Órgão de Recurso Permanente de 9 de Dezembro de 1997 e da decisão do Órgão da Resolução de Litígios que aprovou aquele relatório. Argumentos das partes 21 A recorrente sustenta que no relatório elaborado em 9 de Setembro de 1997 pelo Órgão de Recurso Permanente e aprovado pelo Órgão de Resolução de Litígios em 25 de Setembro de 1997 se declarou que o regime de certificados de importação de bananas de países terceiros instituído pelo Regulamento n._ 404/93 era contrário ao Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (a seguir «GATT») em diversos aspectos e não podia, na sua actual concepção, ser aplicado de forma a respeitar aquele acordo. 22 Segundo a recorrente, as decisões imperativas do órgão da resolução de litígios podem ter efeito directo na ordem jurídica comunitária. 23 A Comissão considera que, ainda que se reconheça efeito directo à decisão do Órgão de Resolução de Litígios, ela não teria efeito sobre a situação da recorrente. Efectivamente, aquela decisão não põe de modo algum em causa a existência de um contingente pautal para as bananas de países terceiros e as bananas não tradicionais ACP. De qualquer modo, mesmo no caso de não aplicação do regime de certificados de importação actual, não está apurado se e em que medida a recorrente pode obter certificados de importação no quadro do contingente pautal enquanto sociedade de amadurecimento de bananas. A recorrente não pode por isso retirar direitos subjectivos para a sua participação no contingente pautal nem das normas do GATT nem da decisão do Órgão de Resolução de Litígios, nem do direito comunitário. 24 Na audiência, o Reino de Espanha sustentou a posição da Comissão, afirmando, nomeadamente, que a conclusão do Órgão de Recurso Permanente de que uma medida é incompatível com um acordo da OMC apenas tem por efeito recomendar ao membro em causa que ponha a sua legislação em conformidade com o acordo. Efectivamente, esta conclusão não o obriga a alterar a sua legislação porque o artigo 22._ do Memorando de Entendimento sobre as regras e processos que regem a resolução de litígios (JO L 336, p. 234) prevê igualmente a possibilidade de a parte queixosa obter uma compensação ou suspender concessões. 25 Aliás, o Tribunal de Justiça decidiu que o GATT, pela sua própria natureza, não pode produzir efeito directo e não permite pôr em causa a qualidade de uma norma comunitária. Tal efeito equivaleria, além disso, à derrogação do monopólio jurisdicional do Tribunal de Justiça previsto no artigo 164._ do Tratado CE (actual artigo 220._ CE). Apreciação do Tribunal 26 Há que esclarecer que o relatório do Órgão de Recurso Permanente de 9 de Setembro de 1997, aprovado pelo Órgão de Resolução de Litígios de 25 de Setembro de 1997 não põe em causa o sistema de contingente pautal em si. Efectivamente, aquele relatório considera que há elementos discriminatórios no regime instituído pelo Regulamento n._ 404/93, sem ter considerado o conjunto daquele regime incompatível com o GATT ou com o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS). Foi por isso que a Comunidade alterou o regime instituído pelo Regulamento n._ 404/93 para o pôr em concordância com o referido relatório e com a decisão do Órgão de Resolução de Litígios (v., Regulamento (CE) n._ 1637/98 do Conselho de 20 de Julho de 1998 que altera o Regulamento n._ 404/93 (JO L 210, p. 28). 27 Não pode por isso a recorrente invocar o relatório e decisão em causa para sustentar que o sistema de organização comum dos mercados no sector da banana já não existe. 28 Aliás, a recorrente não demonstrou a existência de nexo jurídico entre a decisão do Órgão de Resolução de Litígios e o seu recurso. 29 Resulta da jurisprudência comunitária que, para que uma disposição de uma decisão de que o interessado não seja destinatário possa ter efeito directo em relação a ele tal disposição deverá impor ao destinatário uma obrigação incondicional e suficientemente clara e precisa a favor do interessado (v. acórdãos do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 1970, Grad, 9/70, Recueil, p. 825, n._ 9, de 26 de Outubro de 1982, Kupferberg, 104/81, Recueil, p. 3641, n.os 22 e 23, e de 5 de Outubro de 1994, Alemanha/Conselho, C-280/93, Colect., p. I-4973, n._ 110). 30 Ora, a recorrente não invocou qualquer argumento que permita concluir que tais critérios estão preenchidos. A sua argumentação baseada nos efeitos do relatório do Órgão de Recurso Permanente e da decisão do Órgão de Resolução de Litígios deve por isso ser desatendida por carecer de fundamento sem necessidade de examinar se as decisões imperativas do Órgão de Resolução de Litígios têm efeito directo. Quanto ao fundamento de violação do artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 bem como do de desvio de poder Argumentos das partes 31 A recorrente sustenta que a decisão recorrida viola o Regulamento n._ 404/93, em especial o artigo 30._, e que a Comissão agiu com desvio de poder. 32 Em seu entender, a Comissão não teve em conta as condições enunciadas no acórdão do Tribunal de Justiça de 26 de Novembro de 1996, T. Port (C-68/95, Colect., p. I-6065), no que respeita a situações especialmente difíceis. 33 Em primeiro lugar, a recorrente sustenta que a decisão recorrida faz errada apreciação dos factos ao considerar que as suas dificuldades são atribuíveis ao seu comportamento. A decisão da Treuhandanstalt de pôr termo, em Abril de 1993, ao amadurecimento das bananas constituía uma circunstância excepcional de que não é responsável. Aquela cessação não deveria ser tida em conta para determinar os seus direitos no quadro da atribuição dos certificados de importação na medida em que sucedeu à Großhandelsgesellschaft. À luz da situação especial dos novos Länder, o seu contingente de bananas deveria ser calculado com base na capacidade desta empresa. 34 Aliás, o encerramento das instalações de amadurecimento em Abril de 1993 não foi decidido para atingir um objectivo comercial a longo prazo mas para atrair potenciais investidores. Não tendo a modernização tido o sucesso desejado, a recorrente foi gerida, em Janeiro de 1993, pelo Departamento «liquidação» da Treuhandanstalt, cujo responsável tinha por única tarefa elaborar planos sociais para os trabalhadores e alienar os bens da empresa. 35 A recorrente insiste no facto de a construção das instalações de amadurecimento de bananas constituir, para ela, a condição sine qua non da sua manutenção a longo prazo no mercado. Era o único grossista num raio de 100 km a dispor de um surtido completo e sempre garantiu o aprovisionamento de base da população da sua região em frutos e legumes, como se poderia ver pelo testemunho de um empregado de um dos seus clientes. 36 Neste contexto, a recorrente sustenta que as grandes casas comerciais de frutos e grossistas dos antigos Länder que têm um surtido completo dispõem todas das suas próprias instalações de amadurecimento de bananas. Tendo a Comissão posto esta realidade em causa, a recorrente pede a elaboração de um relatório pericial. 37 Por fim, a Comissão, ao considerar como quantidades de referência no quadro da atribuição de certificados de importação as quantidades de bananas amadurecidas nas antigas instalações nos anos de 1991, 1992 e 1993, não teve em conta a existência da continuidade da actividade de amadurecimento após a privatização da Großhandelsgesellschaft. 38 Nestas condições, a recorrente considera que não se pode invocar que tinha conhecimento do Regulamento n._ 404/93 aquando da construção das novas instalações de amadurecimento em 1995. Se a aplicação deste regulamento a levasse a cessar definitivamente a actividade de amadurecimento, isto equivaleria à proibição de exercer uma actividade profissional que ameaçaria a sua existência e provocaria o despedimento de numerosos colaboradores essencialmente especializados nas actividades de amadurecimento de bananas. Isto equivaleria finalmente a excluir duravelmente das actividades de amadurecimento de bananas todas as antigas empresas de comércio de frutos da ex-RDA que foram reestruturadas e modernizadas entre 1990 e 1995, tendo como consequência a instituição de um proteccionismo no seio da Comunidade. 39 Em segundo lugar, a recorrente afirma que as suas dificuldades são inerentes à instituição da organização comum dos mercados no sector da banana. Efectivamente, o período de referência definido por este sistema constitui um sistema discriminatório na medida em que, ao longo dos anos tidos em conta, não teve qualquer possibilidade de realizar um volume de negócios satisfatório. Não obstante, era tratada exactamente da mesma forma que as outras empresas de comércio de frutos da Comunidade. 40 Na réplica, acrescenta que as antigas empresas da ex-RDA também não podem ser tratadas do esmo modo que as que venham implantar-se nos novos Länder. Contrariamente à tese da Comissão, uma antiga empresa da ex-RDA sujeita a entraves na entrada na actividade de amadurecimento em virtude das dificuldades surgidas após a reunificação e constrangida a suspender provisoriamente aquela actividade encontrava-se numa situação muito diferente da de um operador que começa de novo. Ao contrário deste, a recorrente assumiu obrigações de entrega a longo prazo antes da entrada em vigor da organização dos mercados no sector da banana e manteve efectivos importantes. O operador que começa de novo suporta um risco económico incomparavelmente menor uma vez que pode adequar a sua política de pessoal à importância dos certificados de importação que lhe sejam atribuídos. 41 Em terceiro lugar, a recorrente sustenta que a decisão recorrida viola o seu direito de propriedade e de livre exercício de uma actividade profissional. Efectivamente, a recusa de lhe conceder certificados suplementares põe em risco a prossecução da sua actividade e, na qualidade de grossista que propõe um surtido completo, tem imperativamente necessidade de instalações de amadurecimento de bananas. 42 A Comissão sustenta que a decisão de encerrar as instalações de amadurecimento tomada pela Treuhandanstalt entra no quadro da gestão da Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz. Tal decisão foi tomada na previsão da próxima entrada em vigor da organização comum dos mercados no sector da banana. Por conseguinte, era impossível deduzir das dificuldades especiais da Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz entre 1989 e Abril de 1993 a existência de uma situação especialmente difícil. 43 A única circunstância que a recorrente poderia eventualmente invocar como situação especialmente difícil é o facto de, em 1995 e 1996, ter construído aí investindo montantes consideráveis, novas instalações de amadurecimento de bananas, com a capacidade de 10 500 toneladas por ano, que não pode pôr em funcionamento plenamente e rentabilizar por não ter obtido os certificados de importação de que necessitava devido ao regime instituído pelo Regulamento n._ 404/93. 44 Ora, as dificuldades em que a recorrente se viu em consequência desta situação eram devidas a falta de diligência sua, uma vez que construiu novas instalações de amadurecimento de bananas um ano e meio após a entrada em vigor da organização comum dos mercados no sector da banana, sem saber como poderia explorar aquelas instalações, sendo certo que conhecia perfeitamente as regras do período de referência. 45 A este propósito, a Comissão refuta o argumento da recorrente de que podia esperar a criação de normas particulares adaptadas à situação específica dos novos Länder. Afirma que a recorrente sabia, desde Dezembro de 1993, quando adquiriu a Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz, na altura dirigida pela Treuhandanstalt, que o sector «amadurecimento de bananas» tinha sido abandonado e que, em 1996, não podia afirmar que a construção de novas instalações de amadurecimento de bananas constituía a continuidade da actividade de amadurecimento exercida pela Großhandelsgesellschaft ou pela Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz quando dirigida pela Treuhandanstalt. 46 Explica que, efectivamente, a recorrente obteve certificados de importação com base nas quantidades de bananas amadurecidas nas antigas instalações de amadurecimento nos anos 1991, 1992 e 1993, antes do encerramento destas instalações. 47 No entanto, isto não significa que a recorrente possa invocar actividades anteriores de amadurecimento da Großhandelsgesellschaft. Com efeito, os direitos para ela transferidos limitam-se ao período de referência. 48 Quanto ao argumento da recorrente de que, enquanto grossista com um surtido completo, tinha necessidade imperativa de instalações de amadurecimento de bananas, a Comissão afirma que este elemento não determina uma situação juridicamente especial no mercado. Além disso, a recorrente afirma erradamente que o amadurecimento das bananas constitui condição sine qua non para se manter a longo prazo no mercado, dado que a organização comum dos mercados no sector da banana não rege a actividade comercial das empresas de amadurecimento. Com efeito, estas, no caso de não poderem importar bananas dos países terceiros ou bananas não tradicionais à ACP e procederem seguidamente ao seu amadurecimento, poderiam amadurecer bananas «estrangeiras», isto é, importadas por outros importadores, sem a mínima limitação jurídica. 49 Quanto à alegação do carácter discriminatório do período de referência, a Comissão sustenta que as dificuldades ligadas à privatização da Großhandelsgesellschaft não colocam a recorrente numa situação particular que justifique um tratamento diferente do das outras empresas que exercem o comércio de frutos. Efectivamente, no que respeita ao sector «amadurecimento das bananas», a recorrente encontra-se na mesma situação que qualquer outra empresa que exerça o comércio de frutos e que tenha começado esta actividade após a entrada em vigor das regras de organização comum dos mercados no sector da banana. 50 Além disso, as dificuldades encontradas no quadro do processo de privatização por todas as empresas da ex-RDA após a reunificação não relevam do artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93, na medida em que o Tribunal afirmou, no acórdão T. Port, já referido, que as condições exigidas para regularem as situações especialmente difíceis nos termos deste artigo são puramente individuais. A este propósito, a Comissão remete igualmente para o despacho do Presidente do Tribunal de 21 de Março de 1997, Camar/Comissão (T-79/96 R, Colect., p. II-403). 51 Quanto à alegação da recorrente de que a passagem para a organização comum dos mercados no sector da banana violava o seu direito fundamental ao exercício livre da sua actividade, a Comissão salienta que é jurisprudência constante que o livre exercício duma actividade económica faz parte dos princípios gerais do direito comunitário mas não constitui todavia uma prorrogativa absoluta, devendo ser considerado à luz da sua função na sociedade (v. acórdão do Tribunal de 11 de Dezembro de 1996, Atlanta e o./Conselho e Comissão, T-521/93, Colect., p. II-1707, n._ 62). Além disso, as garantias conferidas aos operadores económicos não podem, em caso algum, alargar-se à protecção de meros interesses ou oportunidades de ordem comercial cujo carácter aleatório é inerente à própria essência da actividade económica (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Maio de 1974, Nold e o./Comissão, 4/73, Recueil, p. 491, n._ 14). Os certificados de importação exigidos pela recorrente para garantir o seu volume de negócios não podem, assim, ser protegidos pelo direito fundamental ao livre exercício da actividade económica. 52 Finalmente, quanto ao direito à protecção da propriedade invocado pela recorrente, a Comissão considera que, se a aplicação das regras da organização comum dos mercados no sector da banana pode efectivamente pôr em causa a existência da empresa no seu todo, o risco corrido é imputável à decisão da recorrente que, embora conhecendo perfeitamente o enquadramento jurídico definido pela organização comum dos mercados no sector da banana, nem por isso deixou de investir na construção de novas instalações de amadurecimento, sem qualquer garantia quanto à sua rentabilidade. 53 O Reino de Espanha, em apoio dos argumentos da Comissão, observa, nomeadamente, que a possibilidade de tomar as medidas de transição previstas no artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 tem por objectivo, nos termos do considerando 22 deste regulamento, enfrentar as perturbações do mercado interno que possam resultar da substituição, pela organização comum dos mercados, dos diferentes regimes nacionais. Não tem, no entanto, que resolver os problemas, de natureza tão diversa, que poderão colocar-se, por outras razões, às empresas que exerçam as suas actividades no sector da banana. 54 Em especial, as dificuldades alegadas pela recorrente não são devidas à entrada em vigor da organização comum dos mercados no sector da banana e não correspondem ao objectivo prosseguido pelas medidas de transição previstas no artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93. 55 O Reino de Espanha salienta, a propósito, que o desconhecimento das condições previstas no artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 para a concessão de medidas de transição implicaria o risco de alterar o conjunto do sistema de importações de bananas na Comunidade, prejudicando os direitos dos operadores do sector lesados e, por conseguinte, comprometendo o equilíbrio de interesses previsto pelas disposições da Política Agrícola Comum relativas à organização comum dos mercados no sector da banana (v. despacho Camar/Comissão, já referido, n._ 47). 56 O Reino de Espanha contesta ainda a alegação da recorrente de desvio de poder, sustentando que, no caso em apreço, a Comissão não tomou a decisão recorrida para atingir o objectivo diferente do previsto, limitando-se sim à aplicação do artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93, tal como o Tribunal de Justiça a interpretou. 57 Quanto ao princípio da igualdade, o Reino de Espanha considera que a Comissão, a justo título e em conformidade com o aquele princípio, trata a recorrente da mesma forma que todas as empresas de comercialização de bananas de países terceiros e não tradicionais ACP. 58 A República Francesa sublinha, antes de mais, que resulta dos termos empregados pela recorrente na petição de recurso que as suas dificuldades não se enquadram nas condições de aplicação do artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93, tal como a jurisprudência comunitária as caracteriza, sendo devidas a decisão da empresa posterior ao início da vigência da organização comum dos mercados. 59 A República Francesa afirma seguidamente que a Comissão considerou justamente que a recorrente não sucedia à Großhandelsgesellschaft no conjunto dos seus direitos. Com efeito, como a recorrente reconhece, o contrato já referido celebrado em 17 de Dezembro de 1993 com a Treuhandanstalt não contém qualquer cláusula referente a quaisquer instalações de amadurecimento. 60 Por outras palavras, a recorrente tomou a decisão de construir novas instalações de amadurecimento após a entrada em vigor da organização comum dos mercados no sector da banana, conhecendo plenamente o regime de contingente pautal previsto neste sistema. Apreciação do Tribunal 61 O artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 confere à Comissão o poder de tomar medidas específicas «para facilitar a transição dos regimes existentes antes da entrada em vigor do presente ... regulamento para o regime nele previsto, designadamente para ultrapassar dificuldades» provocadas por esta passagem. Segundo jurisprudência constante, estas medidas de transição destinam-se a fazer face à perturbação do mercado interno originada pela substituição, pela organização comum dos mercados, dos diferentes regimes nacionais e têm como objectivo resolver as dificuldades encontradas pelos operadores económicos em consequência da instituição da organização comum dos mercados, mas com origem nas condições existentes nos mercados nacionais antes da entrada em vigor do Regulamento n._ 404/93 (v. despacho do Tribunal de Justiça de 29 de Junho de 1993, Alemanha/Conselho, C-280/93 R, Colect., p. I-3667, n.os 46 e 47, acórdãos do Tribunal de Justiça T. Port, já referido, n._ 34, e de 4 de Fevereiro de 1997, Bélgica e Alemanha/Comissão, C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Colect., p. I-645, n._ 22, bem como o despacho Camar/Comissão, já referido, n._ 42). 62 O Tribunal de Justiça declarou que a Comissão deve tomar em consideração, nesta matéria, a situação dos operadores económicos que adoptaram, no quadro de regulamentação nacional anterior ao Regulamento n._ 404/93, determinado comportamento sem terem a possibilidade de prever as suas consequências após a instituição da organização comum dos mercados (v. acórdão T. Port, já referido, n._ 37). 63 É neste critério que a Comissão se baseia quando refere, na decisão recorrida (v. n._ 11 supra), que a data da criação da recorrente é posterior à proposta relativa à instituição da organização comum dos mercados no sector da banana, publicada em 10 de Setembro de 1992, bem como à publicação, no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, do Regulamento n._ 404/93, em 25 de Fevereiro de 1993, e que, por conseguinte, não pode ter agido sem estar em condições de prever as consequências que a sua acção teria após a instauração da organização comum dos mercados no sector da banana. 64 A recorrente não contesta que construiu novas instalações de amadurecimento em 1995 nas quais o amadurecimento de bananas pôde iniciar-se a partir de Julho de 1996. Forneceu, aliás, ela própria esta informação à Comissão no pedido de certificados suplementares de 18 de Dezembro de 1996. 65 A recorrente esclareceu, na audiência, que a construção de novas instalações de amadurecimento estava prevista à longa data e que o encerramento da antiga instalação de amadurecimento era apenas uma interrupção temporária daquela actividade. A discussão referente à construção das novas instalações de amadurecimento tinha efectivamente começado já em 1990, sendo certo que a decisão de encerramento da antiga instalação de amadurecimento apenas foi tomada em 1993. 66 Ora, há que concluir que esta informação, que apenas foi transmitida à Comissão à data da decisão recorrida, não está provada. Deve sublinhar-se, a propósito, que o contrato de venda não continha qualquer disposição sobre a construção de novas instalações de amadurecimento. Aliás, o custo dos trabalhos de construção da instalação da Fruchthandelsgesellschaft ultrapassou largamente o montante dos investimentos que o adquirente se tinha comprometido a realizar. 67 Disto se conclui que a recorrente, quando tomou a decisão de construir novas instalações de amadurecimento, poderia prever as consequências dessa construção no quadro da organização comum dos mercados do sector da banana instituído pelo Regulamento n._ 404/93. Por consequência, a Comissão, que, aliás, dispõe de amplo poder de apreciação quanto à necessidade das medidas de transição, tinha fundamento para indeferir o pedido da recorrente de 18 de Dezembro de 1996 de concessão de certificados suplementares. 68 Esta conclusão não pode ser infirmada pelos outros argumentos utilizados pela recorrente em apoio do seu recurso. 69 Primeiramente, quanto à necessidade de a recorrente dispor de instalações de amadurecimento de bananas, há, antes de mais, que observar que tal necessidade não está demonstrada. Efectivamente, um grossista que disponha de um surtido de frutas e legumes completo não é, como sublinha a Comissão, um operador com uma situação juridicamente especial no mercado. Além disso, a recorrente não contesta que uma instalação de amadurecimento pode continuar a funcionar no quadro da organização comum dos mercados mesmo sem certificado de importação, procedendo ao amadurecimento de bananas importadas por outros operadores. 70 Aliás, aceitando mesmo a indispensabilidade de instalações de amadurecimento para a recorrente, isto não a dispensava, antes do início da sua construção, da avaliação da respectiva rentabilidade atentas as condições impostas pela organização comum dos mercados no sector. 71 Em segundo lugar, no que respeita à atribuição à recorrente, como quantidades de referência para o cálculo dos seus direitos de importação, das quantidades de bananas amadurecidas nas antigas instalações, há que aceitar as explicações fornecidas pela Comissão, nomeadamente na audiência, e segundo as quais se trata de uma transferência de direitos patrimoniais limitada à actividade de amadurecimento no decurso dos anos 1991, 1992 e 1993. Isto não implica, de modo algum, que a recorrente possa deduzir daquela transferência a existência de uma continuidade da actividade de amadurecimento após a privatização da Großhandelsgesellschaft até à construção das suas novas instalações de amadurecimento. 72 Em terceiro lugar, quanto à pretensa violação do princípio da igualdade de tratamento em virtude da situação especialmente difícil das empresas da ex-RDA privatizadas, há que considerar que tais dificuldades não são devidas à instituição da organização comum dos mercados (v. jurisprudência referida, n._ 61). Por conseguinte, trata-se de dificuldades que não relevam do âmbito do artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93. 73 Acresce que o Tribunal de Justiça julgou, no acórdão Alemanha/Conselho, já referido, (n.os 73 e 74) que, sendo embora verdade que todas as empresas não são afectadas da mesma forma pelo Regulamento n._ 404/93, este tratamento diferenciado é inerente ao objectivo de integração de mercados até então fechados, tendo em conta a situação diversa em que se encontravam as diferentes categorias de operadores económicos antes da instituição da organização comum dos mercados. 74 Em quarto lugar, quanto aos argumentos de violação dos direitos de propriedade e do livre exercício de uma actividade profissional, deve esclarecer-se que o Tribunal de Justiça declarou que nenhum operador económico pode invocar um direito de propriedade sobre parte de mercado que detinha em momento anterior à adopção da organização comum dos mercados no sector da banana. Acresce que as restrições à faculdade de importarem as bananas de países terceiros, que a abertura do contingente pautal e o seu mecanismo de repartição envolvem, são inerentes aos objectivos de interesse geral comunitário prosseguidos pela instituição da organização dos mercados no sector da banana e, por isso, não podem atingir indevidamente o livre exercício das actividades profissionais dos operadores tradicionais dos operadores tradicionais de bananas de países terceiros (v. acórdãos do Tribunal de Justiça Alemanha/Conselho, já referido, n.os 79, 82 e 87, e de 10 de Março de 1998, Alemanha/Conselho, C-122/95, Colect., p. I-973, n._ 77). 75 Carece por isso de fundamento a alegação de violação do direito de propriedade da recorrente. Da mesma forma, não pode esta invocar violação do direito ao livre exercício de uma actividade profissional dado que, no referente à actividade de amadurecimento de bananas, não está sujeita directamente às restrições jurídicas da organização comum dos mercados. 76 Por fim, não tem a recorrente fundamento para alegar que o indeferimento do seu pedido pela decisão recorrida constitui desvio de poder. A este propósito, basta lembrar que, conforme jurisprudência, um acto só está viciado de desvio de poder se, com base em indícios objectivos, relevantes e concordantes, se verificar que foi praticado com o fim exclusivo, ou pelo menos determinante, de atingir fins diversos dos invocados (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 6 de Abril de 1995, Ferriere Nord/Comissão, T-143/89, Colect., p. II-917, n._ 68, e acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Novembro de 1996, Reino Unido/Conselho, C-89/94, Colect., p. I-5755, n._ 69). Ora, a recorrente não forneceu qualquer prova neste sentido. 77 Resulta do que antecede que a Comissão aplicou correctamente o artigo 30._ do Regulamento n._ 404/93 e que, ao tomar a decisão recorrida, não prosseguiu objectivo diferente do previsto naquele artigo. 78 Por conseguinte, sem necessidade de ordenar as medidas de instrução propostas pela recorrente (v. n.os 35 e 36 supra), há que negar provimento ao recurso na íntegra. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 79 Nos termos do n._ 2 do artigo 87._ do Regulamento de Processo, a parte vencida será condenada nas despesas se tal for requerido. Tendo a recorrente sido vencida e a Comissão requerido naquele sentido, há que condená-la nas despesas por esta suportadas. Nos termos do n._ 4 do artigo 87._ do Regulamento de Processo, o Reino de Espanha e a República Francesa, intervenientes no processo, suportarão as respectivas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quinta Secção) declara: 1) É negado provimento ao recurso. 2) A recorrente suportará as suas despesas bem como as despesas da Comissão. 3) O Reino de Espanha e a República Francesa suportarão as respectivas despesas.

61993CJ0060

es

Motivación de la sentencia 1 Mediante resolución de 3 de marzo de 1993, recibida en el Tribunal de Justicia el 10 de marzo siguiente, el Hoge Raad der Nederlanden planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CEE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su redacción resultante del Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983 (DO L 230, p. 6; EE 05/03, p. 53). 2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre el Sr. R.L. Aldewereld y el Staatssecretaris van Financiën relativo al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes al año 1986. 3 El Sr. Aldewereld es un ciudadano neerlandés que residía en los Países Bajos cuando fue contratado por una empresa establecida en Alemania, la cual le destacó inmediatamente a Tailandia, donde trabajó durante el año 1986. 4 Según la resolución de remisión, el Sr. Aldewereld había pagado en Alemania, por el ejercicio de dicha actividad, sus cotizaciones a los seguros sociales de enfermedad, desempleo, vejez y accidente, que su empresario retuvo directamente de la retribución que le pagó durante 1986. 5 Por el hecho de residir en los Países Bajos, el fisco neerlandés le reclamó el pago de las cotizaciones obligatorias correspondientes asimismo al año 1986 previstas en la legislación neerlandesa de Seguridad Social, la cual no exige que el interesado ejerza sus actividades profesionales en dicho país. 6 El Sr. Aldewereld interpuso un recurso ante el Gerechtshof te Arnhem (Países Bajos). Este órgano jurisdiccional entendió que las disposiciones del apartado 1 y de la letra a) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento establecen que el interesado debe estar sometido a la legislación del país de residencia en vez de a la del Estado en el que esté establecido su empresario. 7 El Sr. Aldewereld recurrió en casación contra esta sentencia ante el Hoge Raad der Nederlanden, el cual se preguntó, en primer lugar, si el Reglamento nº 1408/71 puede dar una solución en un caso como el que contempla el presente asunto, ya que los artículos 13 a 17 de dicho Reglamento sólo contemplan la situación de los trabajadores que ejercen su actividad en el territorio de un Estado miembro o a bordo de un buque que enarbole el pabellón de un Estado miembro. En caso de respuesta afirmativa, el Hoge Raad se pregunta si, como decidió el órgano jurisdiccional que conoció del asunto en primera instancia, de lo dispuesto en el apartado 1 y en la letra a) del apartado 2 del artículo 13 del Reglamento, se desprende que el interesado debe estar sometido a la legislación del país de residencia. 8 Considerando estos interrogantes, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: "Las normas de Derecho comunitario europeo que tienen por finalidad asegurar la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y, en particular, las disposiciones que regulan la determinación de la legislación nacional aplicable contenidas en el Título II del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, ¿se oponen a que un trabajador que reside en el territorio de un Estado miembro, que presta sus servicios como trabajador por cuenta ajena en una empresa establecida en otro Estado miembro, que ejerce su actividad exclusivamente fuera del territorio de la Comunidad y que, por razón de esta actividad, paga sus cotizaciones a la Seguridad Social conforme a legislación de este otro Estado miembro, tenga también que pagar cotizaciones sociales conforme a la legislación del Estado miembro en el que reside?" 9 A tenor del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento nº 1408/71, "1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 14 quater, las personas a las cuales sea aplicable el presente Reglamento sólo estarán sometidas a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación será determinada con arreglo a las disposiciones del presente título." 10 En la medida en que conste que una persona que se encuentra en la situación del Sr. Aldewereld está comprendida en el campo de aplicación personal del Reglamento, tal como se define en su artículo 2, será aplicable, en principio, la norma de unidad contenida en el citado apartado 1 del artículo 13 y la legislación nacional aplicable se determinará con arreglo a las disposiciones del Título II de dicho Reglamento. 11 No obstante, ninguna de las disposiciones de dicho Título contempla directamente la situación de un trabajador que, como el Sr. Aldewereld, fue contratado por una empresa comunitaria pero que no ejerce ninguna actividad en el territorio de la Comunidad. 12 El Gobierno neerlandés afirma que la inexistencia de una norma de conflicto en el Reglamento, que contemple expresamente esta situación, no constituye una laguna, sino que resulta de que tal situación no está amparada por los artículos 48 a 51 del Tratado. Por consiguiente, el Derecho comunitario no se opone a que una persona como el Sr. Aldewereld está sometida a una doble obligación de cotizar por un mismo período. 13 No puede admitirse este planteamiento. 14 Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 12 de julio de 1984, Prodest, 237/83, Rec. p. 3153, apartado 6), la mera circunstancia de que las actividades de un trabajador se ejerzan fuera del territorio de la Comunidad no basta para excluir la aplicación de las normas comunitarias sobre la libre circulación de los trabajadores por cuanto la relación laboral conserva una vinculación suficientemente estrecha con el territorio de la Comunidad. En un supuesto como el de autos, dicha vinculación se halla en la circunstancia de que el trabajador comunitario ha sido contratado por una empresa de otro Estado miembro y, por este motivo, ha quedado afiliado al régimen de Seguridad Social de dicho Estado. 15 Procede, pues, determinar la legislación aplicable tomando en consideración las disposiciones del Título II del Reglamento así como la finalidad perseguida por éstas. 16 En este contexto, la Comisión afirma que, en el estado actual del Derecho comunitario, es razonable y adecuado permitir que un trabajador como el Sr. Aldewereld pueda optar por la Ley aplicable, por cuanto, en dicha situación, el Título II del Reglamento no da preferencia ni a la Ley del país de residencia del trabajador, ni a la Ley del país en el que la empresa tiene su sede. 17 Debe rechazarse este planteamiento. 18 Efectivamente, la única disposición del Título II del Reglamento en la que se prevé un derecho de opción a favor del trabajador, a saber, el artículo 16, contempla al "personal de servicio de las misiones diplomáticas u oficinas consulares" así como a los "agentes auxiliares de las Comunidades Europeas". Ahora bien, dichos trabajadores se encuentran en una situación especial que no admite comparación con la del trabajador al que se refiere el presente recurso. 19 En el supuesto del personal de servicio de las misiones diplomáticas u oficinas consulares, el derecho de opción permite al Estado miembro de envío evitar dificultades de selección entre sus propios ciudadanos, que podrían resultar de la aplicación de la legislación del Estado miembro de empleo, en aquellos casos en los que la legislación de Seguridad Social del Estado de origen les fuera más favorable. Las mismas consideraciones explican el derecho de opción reconocido a los agentes auxiliares de las Comunidades Europeas. 20 Fuera de estos casos particulares, la legislación aplicable resulta objetivamente de las disposiciones del Título II del Reglamento, habida cuenta de los elementos de vinculación que presenta la citada situación con la legislación de los Estados miembros. 21 En una situación como la del presente caso en el litigio principal, los únicos elementos de vinculación con la legislación de un Estado miembro son, por una parte, la residencia del trabajador, y, por otra, el lugar en el que el empresario está establecido. Por consiguiente, el criterio que permita determinar la legislación aplicable a dicha situación debe elegirse entre los citados elementos. 22 Como ha señalado con razón el Gobierno italiano, en el sistema del Reglamento, la aplicación de la legislación del Estado miembro de residencia del trabajador se manifiesta como una norma accesoria que sólo se aplica en el supuesto en que dicha Ley presente una vinculación con la relación laboral. De esta forma, cuando el trabajador no reside en el territorio de uno de los Estados miembros en los que ejerza su actividad, normalmente se aplica la Ley del Estado en el que tenga su sede o su domicilio el empresario. 23 Efectivamente, según la letra b) del punto 2 del artículo 14 del Reglamento, con excepción del personal itinerante o navegante de empresas que efectúen transportes internacionales de pasajeros o de mercancías, la persona que ejerza normalmente una actividad por cuenta ajena en el territorio de dos o más Estados miembros estará sometida "i) a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, si ejerce una parte de su actividad en este territorio o si depende de varias empresas o de varios empresarios que tengan su sede o su domicilio en el territorio de diferentes Estados miembros; ii) a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio la empresa o el empresario que la ocupa tenga su sede o su domicilio, si no reside en el territorio de uno de los Estados miembros en los que ejerce su actividad". 24 En un supuesto como el del presente caso en el litigio principal, no puede ser aplicable la legislación del Estado miembro de residencia del trabajador, dado que dicha legislación no tiene ninguna vinculación con la relación laboral, contrariamente a la legislación del Estado en el que está establecido el empresario, que, por consiguiente, es la que debe aplicarse. 25 De las anteriores consideraciones se desprende que, a falta de una disposición que contemple expresamente el caso de una persona que se encuentre en la situación del Sr. Aldewereld, dicha persona se halla comprendida, conforme al sistema del Reglamento, dentro del ámbito de aplicación de la legislación del Estado miembro en el que está establecido el empresario. 26 Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que las normas de Derecho comunitario que tienen por finalidad asegurar la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y, en particular, las disposiciones que regulan la determinación de la legislación nacional aplicable contenidas en el Título II del Reglamento nº 1408/71 se oponen a que un trabajador que reside en el territorio de un Estado miembro, que presta sus servicios como trabajador por cuenta ajena en una empresa establecida en otro Estado miembro, que ejerce su actividad exclusivamente fuera del territorio de la Comunidad y que, por razón de esta actividad, paga sus cotizaciones a la Seguridad Social conforme a la legislación de este otro Estado miembro, tenga también que pagar cotizaciones sociales conforme a la legislación del Estado miembro en el que reside. Decisión sobre las costas Costas 27 Los gastos efectuados por los Gobiernos neerlandés e italiano así como por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta), pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Hoge Raad der Nederlanden mediante resolución de 3 de marzo de 1993, declara: Las normas de Derecho comunitario que tienen por finalidad asegurar la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad y, en particular, las disposiciones que regulan la determinación de la legislación nacional aplicable contenidas en el Título II del Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de Seguridad Social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su redacción resultante del Reglamento (CEE) nº 2001/83 del Consejo, de 2 de junio de 1983, se oponen a que un trabajador que reside en el territorio de un Estado miembro, que presta sus servicios como trabajador por cuenta ajena en una empresa establecida en otro Estado miembro, que ejerce su actividad exclusivamente fuera del territorio de la Comunidad y que, por razón de esta actividad, paga sus cotizaciones a la Seguridad Social conforme a la legislación de este otro Estado miembro, tenga también que pagar cotizaciones sociales conforme a la legislación del Estado miembro en el que reside.

62000TJ0069

fr

Cadre juridique 1       Le 15 avril 1994, la Communauté a signé l’acte final concluant les négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que l’ensemble des accords et des mémorandums figurant aux annexes 1 à 4 de l’accord instituant l’OMC (ci-après les « accords OMC »). 2       À la suite de cette signature, le Conseil a adopté la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). 3       Comme il ressort du préambule de l’accord instituant l’OMC, les parties contractantes ont entendu souscrire des accords « visant, sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres obstacles au commerce et à l’élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales ». 4       L’article II, paragraphe 2, de l’accord instituant l’OMC dispose : « Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes 1, 2 et 3 […] font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour tous les membres ». 5       L’article XVI, intitulé « Dispositions diverses », de l’accord instituant l’OMC, dispose en son paragraphe 4 : « Chaque membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec ses obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords figurant en annexe ». 6       Par ailleurs, le mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après le « MRD »), qui figure en annexe 2 à l’accord instituant l’OMC, spécifie, au paragraphe 2, dernière phrase, de son article 3, intitulé « Dispositions générales » : « Les recommandations et décisions de l’[organe de règlement des différends] ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés ». 7       Aux termes de l’article 3, paragraphe 7, du MRD : « Avant de déposer un recours, un membre jugera si une action au titre des présentes procédures serait utile. Le but du mécanisme de règlement des différends est d’arriver à une solution positive des différends. Une solution mutuellement acceptable pour les parties et compatible avec les accords visés est nettement préférable. En l’absence d’une solution mutuellement convenue, le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier d’obtenir le retrait des mesures en cause, s’il est constaté qu’elles sont incompatibles avec les dispositions de l’un des accords visés. Il ne devrait être recouru à l’octroi d’une compensation que si le retrait immédiat de la mesure en cause est irréalisable, et qu’à titre temporaire en attendant le retrait de la mesure incompatible avec un accord visé. Le dernier recours que le [MRD] ouvre au membre qui se prévaut des procédures de règlement des différends est la possibilité de suspendre l’application de concessions ou l’exécution d’autres obligations au titre des accords visés, sur une base discriminatoire, à l’égard de l’autre membre, sous réserve que l’[organe de règlement des différends] l’y autorise ». 8       L’article 7 du MRD prévoit que des groupes spéciaux procèdent aux constatations propres à aider l’organe de règlement des différends (ci-après l’« ORD ») à formuler des recommandations ou à statuer sur les questions dont cet organe est saisi. Selon l’article 12, paragraphe 7, du MRD, dans les cas où les parties au différend ne parviennent pas à élaborer une solution mutuellement satisfaisante, le groupe spécial présente ses constatations sous la forme d’un rapport écrit à l’ORD. 9       L’article 17 du MRD prévoit l’institution par l’ORD d’un organe d’appel permanent chargé de connaître des appels concernant des affaires soumises aux groupes spéciaux. 10     Aux termes de l’article 19 du MRD, dans les cas où un groupe spécial ou l’organe d’appel conclut à l’incompatibilité d’une mesure avec un accord OMC, il recommande que le membre concerné rende celle-ci conforme à cet accord. Outre les recommandations qu’il fait, le groupe spécial ou l’organe d’appel peut suggérer au membre concerné des façons de mettre en œuvre ces recommandations. 11     Selon l’article 21, paragraphe 1, du MRD, intitulé « Surveillance de la mise en œuvre des recommandations et décisions », pour que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou aux décisions de l’ORD. 12     En vertu de l’article 21, paragraphe 3, du MRD, le membre concerné se trouvant dans l’impossibilité de se conformer immédiatement aux recommandations et aux décisions de l’ORD dispose d’un délai raisonnable, déterminé, le cas échant, par un arbitrage contraignant. 13     En cas de désaccord au sujet de l’existence ou de la compatibilité avec un accord OMC de mesures prises pour se conformer aux recommandations ou aux décisions de l’ORD, l’article 21, paragraphe 5, du MRD précise que ce différend est réglé suivant les procédures de règlement des différends définies par le MRD, y compris, dans tous les cas où cela est possible, avec recours au groupe spécial initial. 14     Selon l’article 21, paragraphe 6, du MRD, l’ORD tient sous surveillance la mise en œuvre des recommandations ou des décisions adoptées et, à moins que l’ORD n'en décide autrement, la question de la mise en œuvre des recommandations ou des décisions est inscrite à l’ordre du jour de la réunion de l’ORD après une période de six mois suivant la date à laquelle le délai raisonnable prévu au paragraphe 3 aura été fixé et demeure inscrite à l'ordre du jour des réunions de l'ORD jusqu’à ce qu’elle soit résolue. 15     L’article 22 du MRD, intitulé « Compensation et suspension de concessions », dispose : « 1. La compensation et la suspension de concessions ou d’autres obligations sont des mesures temporaires auxquelles il peut être recouru dans le cas où les recommandations et décisions ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. Toutefois, ni la compensation ni la suspension de concessions ou d’autres obligations ne sont préférables à la mise en oeuvre intégrale d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords visés. La compensation est volontaire et, si elle est accordée, elle sera compatible avec les accords visés. 2. Si le membre concerné ne met pas la mesure jugée incompatible avec un accord visé en conformité avec ledit accord ou ne respecte pas autrement les recommandations et décisions dans le délai raisonnable déterminé conformément au paragraphe 3 de l’article 21, ce membre se prêtera, si demande lui en est faite et au plus tard à l’expiration du délai raisonnable, à des négociations avec toute partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. Si aucune compensation satisfaisante n’a été convenue dans les 20 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration, toute partie ayant invoqué les procédures de règlement des différends pourra demander à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard du membre concerné, l’application de concessions ou d’autres obligations au titre des accords visés. 3. Lorsqu’elle examinera les concessions ou autres obligations à suspendre, la partie plaignante appliquera les principes et procédures ci-après : a)      le principe général est le suivant : la partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s) que celui (ceux) dans lequel (lesquels) le groupe spécial ou l’Organe d’appel a constaté une violation ou autre annulation ou réduction d’avantages ; b)      si cette partie considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d’autres obligations en ce qui concerne le(s) même(s) secteur(s), elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations dans d’autres secteurs au titre du même accord ; c)      si cette partie considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des concessions ou d’autres obligations en ce qui concerne d’autres secteurs au titre du même accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, elle pourra chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations au titre d’un autre accord visé ; [...] 4. Le niveau de la suspension de concessions ou d’autres obligations autorisée par l’ORD sera équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. […] 6. Lorsque la situation décrite au paragraphe 2 se produira, l’ORD accordera, sur demande, l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations dans un délai de 30 jours à compter de l’expiration du délai raisonnable, à moins qu’il ne décide par consensus de rejeter la demande. Toutefois, si le membre concerné conteste le niveau de la suspension proposée, ou affirme que les principes et procédures énoncés au paragraphe 3 n’ont pas été suivis dans les cas où une partie plaignante a demandé l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations […], la question sera soumise à arbitrage. Cet arbitrage sera assuré par le groupe spécial initial, si les membres sont disponibles, ou par un arbitre désigné par le directeur général, et sera mené à bien dans les 60 jours suivant la date à laquelle le délai raisonnable sera venu à expiration. Les concessions ou autres obligations ne seront pas suspendues pendant l’arbitrage. 7. L’arbitre, agissant en vertu du paragraphe 6, n’examinera pas la nature des concessions ou des autres obligations à suspendre, mais déterminera si le niveau de ladite suspension est équivalent au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages […] Les parties accepteront comme définitive la décision de l’arbitre et les parties concernées ne demanderont pas un second arbitrage. L’ORD sera informé dans les moindres délais de cette décision et accordera, sur demande, l’autorisation de suspendre des concessions ou d’autres obligations dans les cas où la demande sera compatible avec la décision de l’arbitre, à moins que l’ORD ne décide par consensus de rejeter la demande. 8. La suspension de concessions ou d’autres obligations sera temporaire et ne durera que jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait été éliminée, ou que le membre devant mettre en oeuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une solution à l’annulation ou à la réduction d’avantages, ou qu’une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue. Conformément à [l’article 21, paragraphe 6, du MRD], l’ORD continuera de tenir sous surveillance la mise en oeuvre des recommandations ou décisions adoptées, y compris dans le cas où une compensation aura été octroyée ou dans les cas où des concessions ou d’autres obligations auront été suspendues, mais où des recommandations de mettre une mesure en conformité avec les accords visés n’auront pas été mises en œuvre. [...] » Faits à l’origine du litige 16     Le 13 février 1993, le Conseil a adopté le règlement (CEE) nº 404/93, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1, ci-après l’« OCM bananes »). Le régime des échanges avec les États tiers établi par le titre IV de ce règlement prévoyait des dispositions préférentielles au profit des bananes originaires de certains États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) cosignataires de la quatrième convention ACP-CEE de Lomé du 15 décembre 1989 (JO 1991, L 229, p. 3). 17     Sur plaintes déposées en février 1996 devant l’ORD par plusieurs membres de l’OMC, dont l’Équateur et les États-Unis d’Amérique, le groupe spécial constitué conformément aux dispositions du MRD a remis, le 22 mai 1997, ses rapports concluant à l’incompatibilité du régime d’importation de l’OCM bananes avec les engagements assumés par la Communauté au titre des accords OMC. Les rapports établis par le groupe spécial ont également recommandé que l’ORD invite la Communauté à mettre ce régime en conformité avec les obligations lui incombant au titre des accords OMC. 18     Sur appel formé par la Communauté, l’organe d’appel permanent a, le 9 septembre 1997, confirmé en substance les conclusions du groupe spécial et recommandé que l’ORD invite la Communauté à mettre en conformité avec les accords OMC les dispositions communautaires litigieuses. 19     Le 25 septembre 1997, les rapports du groupe spécial et de l’organe d’appel ont été adoptés par l’ORD. 20     Le 16 octobre 1997, la Communauté a informé l’ORD, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du MRD, qu’elle respecterait pleinement ses engagements internationaux. 21     Le 17 novembre 1997, les États plaignants ont demandé, en application de l’article 21, paragraphe 3, sous c), du MRD, qu’un arbitrage contraignant fixe le délai raisonnable dans lequel la Communauté devrait se conformer à ses obligations. 22     Par sentence arbitrale publiée le 7 janvier 1998, l’arbitre saisi a retenu à cet effet la période comprise entre le 25 septembre 1997 et le 1 er janvier 1999. 23     En adoptant le règlement (CE) n° 1637/98, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 210, p. 28), le Conseil a amendé le régime des échanges de bananes avec les États tiers. 24     Le préambule du règlement n° 1637/98 relève : « (1) […] il y a lieu d’apporter un certain nombre de modifications au régime des échanges avec les États tiers instauré par le titre IV du règlement […] n° 404/93 ; (2) […] il convient de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l’[OMC], ainsi que les engagements contractés vis-à-vis des autres signataires de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, tout en assurant la réalisation des objectifs de l’[OCM bananes ] ; […] (9) […] il convient d’étudier le fonctionnement du présent règlement au terme d’une période d’expérimentation suffisante ; […] » 25     Le 28 octobre 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 2362/98, portant modalités d’application du règlement nº 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation des bananes dans la Communauté (JO L 293, p. 32). Ce texte comporte l’ensemble des dispositions nécessaires à la mise en œuvre du nouveau régime des échanges de bananes avec les États tiers, y compris les mesures transitoires justifiées par l’entrée en vigueur très rapprochée de ses modalités d’application. 26     Estimant que la Communauté avait instauré un régime d’importation des bananes conçu pour maintenir les éléments illégaux du régime précédent, en méconnaissance des accords OMC et de la décision du 25 septembre 1997 de l’ORD, les États-Unis d’Amérique ont publié dans le Federal Register , le 10 novembre 1998, la liste provisoire des produits originaires d’États membres de la Communauté qu’ils envisageaient de frapper, à titre de rétorsion, d’une surtaxe douanière à l’importation. 27     Les États-Unis d’Amérique ont annoncé, le 21 décembre 1998, leur intention d’appliquer, dès le 1 er février 1999 ou, au plus tard, à partir du 3 mars 1999, des droits de douane au taux de 100 % sur les importations de produits communautaires figurant sur une liste établie par l’administration américaine. 28     Le 14 janvier 1999, les États-Unis d’Amérique ont demandé à l’ORD, en vertu de l’article 22, paragraphe 2, du MRD, l’autorisation de suspendre l’application à la Communauté et à ses États membres de concessions tarifaires et d’obligations connexes au titre de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et de l’accord général sur le commerce des services (GATS), à raison d’un montant d’échanges commerciaux de 520 millions de dollars américains (USD). 29     Au cours d’une réunion de l’ORD qui s’est tenue du 25 janvier au 1 er février 1999, la Communauté a contesté ce montant, au motif qu’il ne correspondait pas au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages subie par les États-Unis d’Amérique et a soutenu que les principes et les procédures définis par l’article 22, paragraphe 3, du MRD n’avaient pas été respectés. 30     Le 29 janvier 1999, l’ORD a décidé, à la demande de la Communauté, de soumettre cette question à l’arbitrage du groupe spécial initial, sur le fondement de l’article 22, paragraphe 6, du MRD, et a suspendu la demande d’autorisation des États-Unis d’Amérique jusqu’à la détermination du montant autorisé des droits à prélever à titre de mesure de rétorsion. 31     Le 3 mars 1999, l’administration américaine a imposé aux exportateurs communautaires de produits figurant sur une nouvelle liste établie par ses soins l’obligation de constituer une caution bancaire à hauteur de 100 % de la valeur des produits d’importation visés. 32     Par décision du 9 avril 1999, les arbitres ont, d’une part, estimé plusieurs dispositions du nouveau régime d’importation de l’OCM bananes contraires à des dispositions des accords OMC, fixé à 191,4 millions de USD par an le niveau de l’annulation ou de la réduction d’avantages subie par les États-Unis d’Amérique et, d’autre part, considéré que la suspension par ce pays de l’application à la Communauté et à ses États membres de concessions tarifaires et d’obligations connexes au titre du GATT de 1994 portant sur des échanges d’un montant maximal de 191,4 millions de USD par an serait compatible avec l’article 22, paragraphe 4, du MRD. 33     Le 7 avril 1999, les États-Unis d’Amérique ont demandé à l’ORD, en application de l’article 22, paragraphe 7, du MRD, l’autorisation de percevoir des droits de douane à l’importation à concurrence de ce montant. 34     Par un communiqué de presse du 9 avril 1999, le United States Trade Representative (le représentant spécial des États-Unis d’Amérique pour les questions commerciales, ci-après le « représentant spécial ») a annoncé la liste des produits grevés de droits de douane à l’importation au taux de 100 %. Dans cette liste de produits, originaires d’Autriche, de Belgique, de Finlande, de France, d’Allemagne, de Grèce, d’Irlande, d’Italie, du Luxembourg, du Portugal, d’Espagne, de Suède ou du Royaume-Uni, figuraient notamment les « accumulateurs plomb-acide, autres que ceux utilisés pour l’allumage de moteurs à piston ou comme source primaire d’énergie pour les véhicules électriques ». Il était indiqué que le représentant spécial publierait la décision introduisant les droits de 100 % dans le Federal Register et qu’il avait l’intention de fixer la date de prise d’effet de leur prélèvement au 3 mars 1999. 35     Cette décision, publiée le 19 avril 1999 dans le Federal Register (volume 64, nº 74, p. 19209 à 19211), a été adoptée sur le fondement de la section 301 du Trade Act de 1974, aux termes duquel le représentant spécial prend les mesures autorisées s’il constate la violation des droits que les États-Unis d’Amérique tirent d’un accord commercial. 36     Il ressort de la rubrique « Date de prise d’effet » de la mesure précitée que « [le représentant spécial] a décidé que le droit ad valorem de 100 % serait appliqué, avec effet au 19 avril 1999, aux produits mis en consommation et ceux retirés d’un entrepôt en vue de leur mise en consommation, le 3 mars 1999 ou après cette date ». 37     Un groupe spécial constitué à la demande présentée par l’Équateur le 18 décembre 1998, conformément à l’article 21, paragraphe 5, du MRD, a également conclu, le 6 avril 1999, à l’incompatibilité du nouveau régime communautaire d’importation des bananes avec les dispositions des accords OMC. Le rapport du groupe spécial a été approuvé le 6 mai 1999 par l’ORD. 38     Le 19 avril 1999, l’ORD a autorisé les États-Unis d’Amérique à prélever sur les importations originaires de la Communauté des droits de douane à concurrence d’un montant annuel d’échanges de 191,4 millions de USD. 39     Le 25 mai 1999, la Communauté a contesté devant les instances de l’OMC les mesures de rétorsion américaines pour la période du 3 mars 1999 au 19 avril suivant, en raison notamment de leur prise d’effet au 3 mars 1999. 40     Considérant que l’entrée en vigueur de la surtaxe américaine à cette dernière date était contraire aux dispositions du MRD, le groupe spécial saisi par la Communauté a différé la date de prise d’effet de cette mesure au 19 avril 1999. 41     Dans le cadre de négociations avec toutes les parties intéressées, la Communauté a proposé des modifications à apporter à la nouvelle OCM bananes. Ces modifications ont été édictées par le règlement (CE) n° 216/2001 du Conseil, du 29 janvier 2001, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 31, p. 2). 42     Selon le préambule du règlement n° 216/2001 : « (1) Des contacts nombreux et intenses ont été établis avec les pays fournisseurs ainsi qu’avec les autres parties concernées afin de mettre fin aux contestations soulevées par le régime d’importation établi par le règlement […] n° 404/93, et afin de tenir compte des conclusions du groupe spécial institué dans le cadre du système de règlement des différends de l’[OMC]. (2) L’analyse de toutes les options présentées par la Commission conduit à estimer que l’établissement, à moyen terme, d’un régime d’importation fondé sur l’application d’un droit de douane d’un taux approprié et l’application d’une préférence tarifaire pour les importations originaires des pays ACP présente les meilleures garanties pour, d’une part, réaliser les objectifs de l’organisation commune des marchés en ce qui concerne la production communautaire et la demande des consommateurs et, d’autre part, respecter les règles du commerce international, afin de prévenir de nouvelles contestations. (3) L’instauration d’un tel régime doit, toutefois, intervenir au terme de négociations avec les partenaires de la Communauté selon les procédures de l’OMC, en particulier de l’article XXVIII [du GATT …] Le résultat de ces négociations doit être soumis pour approbation au Conseil qui doit également, conformément aux dispositions du traité, fixer le taux du tarif douanier commun applicable. (4) Jusqu’à l’entrée en vigueur de ce régime, il convient d’approvisionner la Communauté dans le cadre de plusieurs contingents tarifaires, ouverts pour des importations de toutes origines, aménagés en tenant compte des recommandations faites par l’[ORD …] (5) Compte tenu des obligations contractées à l’égard des pays ACP et de la nécessité de leur garantir des conditions de compétitivité adéquates, l’application à l’importation des bananes originaires de ces pays d’une préférence tarifaire de 300 euros par tonne doit permettre de maintenir les flux commerciaux en cause. Cela conduit, en particulier, à l’application, pour ces importations, d’un droit zéro dans le cadre des […] contingents tarifaires. (6) Il convient d’autoriser la Commission à ouvrir des négociations avec les pays fournisseurs ayant un intérêt substantiel à l’approvisionnement du marché de la Communauté pour tenter d’opérer une répartition négociée des deux premiers contingents tarifaires […] » 43     Le 11 avril 2001, les États-Unis d’Amérique et la Communauté ont conclu un mémorandum d’accord définissant « les moyens qui peuvent permettre de régler le différend de longue date concernant le régime d’importation des bananes » dans la Communauté. Ce mémorandum prévoit que la Communauté s’engage à « [mettre] en place un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes au plus tard le 1 er janvier 2006 ». Ce document définit les mesures que la Communauté s’engage à prendre au cours de la période intérimaire expirant au 1 er janvier 2006. En contrepartie, les États-Unis d’Amérique se sont engagés à suspendre provisoirement l’imposition de la surtaxe douanière qu’ils étaient autorisés à prélever sur les importations communautaires. Les États-Unis d’Amérique ont toutefois précisé, par communication du 26 juin 2001 à l’ORD, que ce mémorandum d’accord « ne constitu[ait] pas en lui-même une solution convenue d’un commun accord conformément à l’article [3, paragraphe 6, du MRD et que,] en outre, compte tenu des mesures que toutes les parties ont encore à prendre, il serait aussi prématuré de retirer ce point de l’ordre du jour de l’ORD ». 44     Par règlement (CE) n° 896/2001, du 7 mai 2001, portant modalités d’application du règlement n° 404/93 en ce qui concerne le régime d’importation de bananes dans la Communauté (JO L 126, p. 6), la Commission a défini les modalités d’application du nouveau régime communautaire d’importation des bananes introduit par le règlement n° 216/2001. 45     Les États-Unis d’Amérique ont suspendu l’application de leur surtaxe douanière avec effet au 30 juin 2001. À compter du 1 er juillet 2001, leur droit à l’importation sur les accumulateurs stationnaires originaires de la Communauté a été ramené à son taux initial de 3,5 %. 46     Il ressort des statistiques produites par la Commission à la demande du Tribunal que la valeur totale caf (coût, assurance et fret) des importations d’origine communautaire d’accumulateurs plomb-acide aux États-Unis s’est élevée à 33 748 879 USD en 1998, à 21 825 385 USD en 1999, à 15 938 040 USD en 2000 et, enfin, à 15 617 997 USD en 2001. 47     Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio SpA (FIAMM) et Fabbrica italiana accumulatori motocarri Montecchio Technologies, Inc. (FIAMM Technologies) exercent leur activité notamment dans le secteur des accumulateurs stationnaires utilisés principalement dans le domaine des télécommunications et faisant partie des produits grevés de la surtaxe douanière du 19 avril 1999 au 30 juin 2001. Procédure 48     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2000, les requérantes ont introduit le présent recours en réparation du préjudice censé découler de cette surtaxe. 49     Par ordonnance du président de la quatrième chambre du 11 septembre 2000, le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir au soutien des conclusions des parties défenderesses. 50     Sur demande de la Commission introduite en vertu de l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la présente affaire a été renvoyée devant une chambre élargie, composée de cinq juges, par décision du Tribunal du 4 juillet 2002. 51     L’affaire a été réattribuée à la première chambre élargie, le 7 octobre 2002, en vertu de la décision du Tribunal du 4 juillet 2002, relative à la composition des chambres et à l’attribution des affaires à celles-ci. 52     À la suite de l’empêchement du juge rapporteur initialement désigné, en raison de la cessation de ses fonctions, le président du Tribunal a, par décision du 13 décembre 2002, nommé un nouveau juge rapporteur. 53     Par ordonnance du président de la première chambre élargie du 3 février 2003, la présente affaire et les affaires connexes T‑151/00 et T‑301/00 ont été jointes, les parties entendues, aux fins de la procédure orale, conformément à l’article 50 du règlement de procédure. 54     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience de la première chambre élargie qui s’est déroulée le 11 mars 2003. 55     Par décision du 23 mars 2004, le Tribunal a rouvert la procédure orale dans la présente affaire. 56     Le 1 er avril 2004, le Tribunal, les parties entendues, a décidé de renvoyer devant la grande chambre du Tribunal les affaires jointes T‑69/00, T‑151/00 et T‑301/00, ainsi que les affaires connexes T‑320/00, T‑383/00 et T‑135/01. 57     Par ordonnance du 19 mai 2004, le président de la grande chambre, les parties entendues, a joint les six affaires précitées aux fins de la procédure orale. 58     Au titre des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à une série de questions avant l’audience. Les parties ont régulièrement produit les informations requises. 59     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience de la grande chambre qui s’est déroulée le 26 mai 2004. Conclusions des parties 60     Dans leur requête, les requérantes ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal : –       condamner les parties défenderesses à leur payer une indemnité d’un montant de 10 760 798,35 euros (20 835 811 027,16 lires italiennes) ou à concurrence de tout autre montant jugé raisonnable, sous réserve d’actualisation en cours d’instance, outre les intérêts au taux légal italien à partir du moment où elles ont acquitté effectivement à l’administration douanière américaine les droits majorés à concurrence de 96,5 % et jusqu’au paiement du solde, ainsi que les intérêts moratoires au taux de 8 % en cas de retard de paiement des sommes allouées après le prononcé de l’arrêt ; –       condamner les parties défenderesses aux dépens. 61     Invitées à actualiser le préjudice allégué, les requérantes ont précisé en cours d’instance qu’elles avaient subi une perte de 12 139 521 euros au seul titre du paiement de la surtaxe douanière. 62     Les parties défenderesses, soutenues par le Royaume d’Espagne, concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –       rejeter le recours comme irrecevable ou comme non fondé ; –       condamner les requérantes aux dépens. Sur la recevabilité 63     Sans soulever une exception formelle au titre de l’article 114 du règlement de procédure, les parties défenderesses font observer que le recours est irrecevable en raison du défaut de conformité de la requête aux prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, d’une part, et du défaut de compétence du Tribunal, d’autre part. Sur le défaut de conformité de la requête aux prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure Arguments des parties 64     Les parties défenderesses font valoir que, contrairement aux exigences posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête ne détermine pas clairement l’acte des institutions générateur de la responsabilité non contractuelle de la Communauté, ni n’expose clairement le comportement, acte positif ou omission, reproché aux institutions défenderesses. 65     Les requérantes estiment au contraire avoir défini de manière suffisamment précise le comportement qu’elles reprochent aux défenderesses, à savoir l’absence d’adoption, dans le délai imparti par l’ORD, de dispositions modifiant utilement le règlement nº 404/93, en violation des obligations assumées par la Communauté au titre des accords OMC. 66     Les requérantes qualifient de purement terminologique la question de savoir si la Communauté a enfreint les règles de l’OMC de manière délibérée, par l’adoption des dispositions communautaires contestées, ou par omission, en raison de l’absence de mise en conformité de ces normes aux dispositions des accords OMC. Appréciation du Tribunal 67     En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels il se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. 68     Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant, comme en l’occurrence, à la réparation de dommages prétendument causés par des institutions communautaires doit contenir les éléments permettant d’identifier tant le comportement que le requérant reproche à ces institutions que les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi (arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998, Dubois et Fils/Conseil et Commission, T‑113/96, Rec. p. II‑125, points 29 et 30). 69     Comme il ressort de leur argumentation, les requérantes soutiennent avoir subi un préjudice du fait de l’absence d’adoption par les institutions défenderesses de modifications du régime communautaire d’importation des bananes de nature à mettre celui-ci, dans les délais impartis par l’ORD, en conformité avec les engagements assumés par la Communauté au titre des accords OMC. 70     La requête contient ainsi, contrairement à ce que soutiennent les parties défenderesses, les éléments permettant d’identifier le comportement que leur reprochent les requérantes et que celles-ci considèrent comme étant à l’origine de leur préjudice. 71     Il ressort d’ailleurs de l’argumentation développée par les parties défenderesses sur le bien-fondé du recours qu’elles ont pu utilement préparer leur défense sur les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Il s’ensuit que le Tribunal est en mesure de statuer sur le présent recours en pleine connaissance des éléments du dossier et dans le respect du principe du contradictoire. 72     Il y a donc lieu de rejeter le grief tiré par les parties défenderesses du défaut de conformité de la requête aux prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Sur la compétence du Tribunal Arguments des parties 73     La Commission estime que l’application de la surtaxe douanière aux produits importés par les requérantes sur le territoire des États-Unis résulte d’une décision du gouvernement de cet État et non d’un acte d’une institution de la Communauté. 74     En outre, le libellé de l’article 288 CE impliquerait la nécessité d’un lien direct entre l’acte litigieux et les activités de la Communauté, la compétence du Tribunal ne pouvant dépendre uniquement de l’allégation formelle des requérantes selon laquelle leur dommage découlerait d’actes adoptés par les institutions de la Communauté. 75     Lorsqu’elles allèguent que le gouvernement américain n’aurait jamais relevé les droits à l’importation litigieux s’il n’y avait été autorisé par l’ORD à la suite de la constatation de l’incompatibilité de la réglementation communautaire avec les règles de l’OMC, les requérantes ne démontreraient pas l’imputabilité directe d’une telle décision aux institutions communautaires. Cette prétention prouverait au contraire que l’acte dont les requérantes déplorent les effets est un acte adopté par les États-Unis d’Amérique dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait se déclarer compétent pour statuer sur le présent recours (arrêt de la Cour du 7 juillet 1987, Étoile commerciale et CNTA/Commission, 89/86 et 91/86, Rec. p. 3005, points 18 à 20). 76     Les requérantes estiment qu’on ne peut raisonnablement nier l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice qu’elles ont subi et le comportement des institutions défenderesses. Il ne ferait aucun doute que le gouvernement américain n’aurait pas introduit une surtaxe à l’importation sur les produits des requérantes s’il n’y avait été autorisé par l’ORD à la suite de la violation des règles de l’OMC par la Communauté. L’origine du préjudice subi devrait être recherchée dans le fait que la réaction des États-Unis d’Amérique a été la conséquence de la violation des accords OMC par la Communauté. Appréciation du Tribunal 77     Les dispositions combinées de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE donnent compétence au juge communautaire pour connaître des recours tendant à la réparation de dommages causés par les institutions communautaires ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. 78     En l’occurrence, les requérantes demandent la réparation du dommage qu’elles auraient subi en raison de la majoration des droits à l’importation imposés sur leurs produits par les autorités des États-Unis d’Amérique, conformément à l’autorisation donnée par l’ORD à la suite de la constatation de l’incompatibilité avec les accords OMC du régime communautaire d’importation des bananes. 79     Le recours est fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté, engagée, selon les requérantes, à raison du fait que la cause du dommage subi par elles est à rechercher dans l’édiction par le Conseil et la Commission d’une réglementation qui a été considérée par l’ORD comme incompatible avec les accords OMC. 80     Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître, au titre de l’article 235 CE et de l’article 288, deuxième alinéa, CE, de la présente demande en indemnité qui, à la différence de la situation prévalant dans l’arrêt Étoile commerciale et CNTA/Commission, point 75 supra, qu’invoque la Commission, ne vise pas exclusivement, comme fondement de la responsabilité, la décision d’un organisme national. 81     Certes, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose, de jurisprudence constante, l’imputabilité du dommage allégué au comportement des institutions communautaires. Toutefois, il s’agit là d’une condition de fond, qui doit être vérifiée dans le cadre du contrôle du caractère suffisamment direct du lien de causalité entre le dommage allégué et le comportement des institutions et qui ne permet pas d’écarter la compétence du Tribunal, dès lors qu’est alléguée l’imputabilité du dommage au comportement des institutions communautaires. 82     Il y a donc lieu de rejeter l’argumentation développée par la Commission au sujet de l’incompétence du Tribunal, sans préjudice de l’appréciation qui sera faite du lien de causalité entre le comportement du Conseil et de la Commission et le dommage allégué, dans le cadre de l’examen du respect des conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle. 83     Dans ces conditions, il convient de déclarer le recours recevable. Sur le fond 84     La demande indemnitaire des requérantes est principalement fondée sur le régime de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en raison du comportement illicite de ses organes. Les requérantes demandent également le bénéfice de l’application par analogie du régime de la responsabilité non contractuelle applicable aux États membres en cas de violation de leurs obligations communautaires constatée par la Cour en vertu de l’article 226 CE. Enfin, les requérantes invoquent le régime de la responsabilité non contractuelle que la Communauté pourrait encourir même en l’absence de comportement illicite de ses organes. Sur la responsabilité de la Communauté pour comportement illicite de ses organes 85     Il convient de rappeler au préalable que, comme il résulte d’une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16 ; arrêts du Tribunal du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, Rec. p. II‑729, point 44 ; du 16 octobre 1996, Efisol/Commission, T‑336/94, Rec. p. II‑1343, point 30, et du 11 juillet 1997, Oleifici Italiani/Commission, T‑267/94, Rec. p. II‑1239, point 20). 86     Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, points 19 et 81, et arrêt du Tribunal du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, Rec. p. II‑515, point 37). 87     Le comportement illégal reproché à une institution communautaire doit consister en une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 42). 88     Le critère décisif permettant de considérer que cette exigence est remplie est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par l’institution communautaire concernée, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. 89     Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire pour établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Comafrica et Dole Fresh Fruit Europe/Commission, T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 et T‑225/99, Rec. p. II‑1975, point 134, et du 10 février 2004, Afrikanische Frucht-Compagnie et Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Conseil et Commission, T‑64/01 et T‑65/01, Rec. p. II-521, point 71). 90     C’est sous le bénéfice de ces observations qu’il convient d’examiner la demande indemnitaire des requérantes. Arguments des parties –       Sur les illégalités reprochées aux institutions défenderesses 91     Les requérantes font grief au Conseil et à la Commission de ne pas avoir mis, dans le délai de quinze mois imparti par l’ORD, le régime communautaire d’importation des bananes en conformité avec les engagements assumés par la Communauté au titre des accords OMC. La surtaxe américaine, qui causerait un grave dommage aux requérantes, serait la conséquence directe du maintien en vigueur de ce régime, dont l’incompatibilité avec les accords OMC a été constatée par l’ORD. 92     Les requérantes considèrent que le maintien en vigueur de ce régime est contraire à certains principes fondamentaux de l’ordre juridique communautaire, dont le principe pacta sunt servanda. Sous ce premier aspect, la Communauté aurait manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de membre de l’OMC, eu égard au caractère contraignant des accords OMC et du MRD. 93     Les défenderesses auraient également violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique. Tout citoyen devrait pouvoir jouir de la certitude juridique qu’il n’aura pas à assumer les conséquences du comportement illégal des autorités communautaires. Les requérantes revendiquent le bénéfice d’une confiance légitime, non pas dans la pérennité des concessions tarifaires négociées avec les États-Unis d’Amérique sous la forme du droit à l’importation originaire au taux de 3,5 %, mais dans le fait que ces concessions ne seraient pas modifiées à cause du comportement illégal des institutions de la Communauté. Or, cette dernière n’aurait pas adapté sa réglementation aux règles de l’OMC, bien qu’elle eût, d’une part, assuré ses partenaires commerciaux de son intention de respecter les décisions de l’ORD et, d’autre part, bénéficié d’une prorogation exceptionnelle du délai accordé à cet effet. 94     Les institutions défenderesses auraient encore méconnu le droit de propriété et d’initiative économique des requérantes, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950. En l’occurrence, les requérantes auraient été contraintes d’acquitter des droits de douane prohibitifs sur leurs importations d’accumulateurs aux États-Unis et de procéder à une délocalisation de leurs installations de production. 95     Enfin, le Conseil et la Commission auraient violé le principe de bonne administration en ne mettant pas la réglementation communautaire litigieuse en conformité avec les règles de l’OMC et en sous-évaluant l’incidence que pouvait avoir l’adoption des mesures de rétorsion américaines sur l’activité de leurs propres administrés. 96     Les institutions défenderesses objectent que la Communauté a toujours entendu se conformer à toutes ses obligations internationales, dont celles découlant des conventions de Lomé et des accords OMC. 97     La négociation et l’octroi de compensations étant un mode de règlement des différends, les requérantes n’auraient pu fonder aucune confiance légitime sur l’hypothèse d’une modification du régime d’importation de bananes, en lieu et place de la négociation de compensations. En outre, une créance indemnitaire contre la Communauté ne saurait être fondée sur l’existence d’un droit acquis au maintien d’une concession commerciale par un État tiers, en l’absence de toute obligation incombant à la Communauté d’agir en vue d’obtenir un niveau déterminé de concessions tarifaires. 98     Les restrictions au droit de propriété alléguées ne seraient nullement comparables à une expropriation et n’excéderaient pas les limites des risques normaux de toute activité commerciale. 99     Enfin, aucune violation du principe de bonne administration n’aurait été commise. La Commission aurait négocié avec tous les membres intéressés de l’OMC afin de trouver une solution acceptable pour tous et tenté d’obtenir des États-Unis d’Amérique des compensations en termes d’accès au marché communautaire de certains produits américains, pour éviter un retrait de concessions unilatéral. –       Sur la nature juridique des normes prétendument méconnues par les défenderesses 100    Les requérantes font observer que tous les principes méconnus par les défenderesses seraient de rang supérieur et viseraient à protéger les particuliers. Avant l’instauration de la surtaxe douanière américaine, le régime de l’OMC aurait directement ouvert aux requérantes le droit d’importer leurs produits aux États-Unis en acquittant la taxe à l’importation originaire au taux réduit de 3,5 %. À supposer que les accords OMC ne soient pas à regarder comme directement applicables, un tel effet devrait être reconnu à la décision de l’ORD condamnant la Communauté, laquelle remplirait toutes les conditions établies à cet égard par la jurisprudence communautaire. 101   Les défenderesses rétorquent que les dispositions des accords OMC ne créent des droits qu’en faveur des parties contractantes, à l’exclusion des particuliers. Il en irait de même des décisions de l’ORD, qui ne font qu’interpréter les règles de l’OMC. 102   Les accords OMC viseraient à réglementer et à gérer les relations commerciales internationales entre les seuls sujets de droit international. Les concessions tarifaires consenties par les membres de l’OMC permettraient l’accès à un marché national sans toutefois garantir un tel accès ou un niveau déterminé de prix sur ce marché, ni conférer directement aux opérateurs un droit à un traitement tarifaire donné ou un droit opposable aux institutions communautaires. 103   La Communauté, qui supporte, à titre temporaire et pendant la période nécessaire à la recherche d’une solution au conflit de la banane, les suspensions des concessions américaines, se trouverait de ce fait en parfaite harmonie avec les règles de l’OMC, dont l’augmentation des droits à l’importation américains sur les accumulateurs constituerait une simple application. 104   Puisque les accords OMC ne peuvent pas être invoqués par les requérantes, la violation du principe pacta sunt servanda ou de la confiance légitime qui aurait été placée dans le respect de ces accords ne pourrait être davantage alléguée. –       Sur la gravité des violations alléguées 105   Les requérantes soutiennent que les violations commises par les défenderesses sont suffisamment caractérisées pour pouvoir engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Il conviendrait de retenir, d’une part, le degré de clarté et de précision des normes méconnues et, d’autre part, l’absence de marge d’appréciation laissée aux institutions défenderesses pour mettre en conformité avec les accords OMC la réglementation communautaire incompatible, compte tenu des précisions fournies à cet égard par les recommandations et les décisions de l’ORD. De plus, la Communauté aurait persisté dans sa méconnaissance du droit de l’OMC et, partant, du droit communautaire, même après l’expiration du délai de quinze mois qui lui avait été accordé par l’arbitre pour se conformer aux règles de l’OMC. 106   Les parties défenderesses estiment avoir d’autant moins dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation qu’étaient complexes les situations à régler et difficiles l’application et l’interprétation des dispositions en cause. On ne saurait reprocher aux défenderesses de s’être abstenues de prendre les mesures nécessaires, dès lors que les règlements n° 1637/98 et n° 2362/98, objet d’une nouvelle procédure ouverte par les États-Unis d’Amérique, institueraient un régime communautaire d’importation différent du régime originaire. 107   Il conviendrait de rappeler à cet égard le rôle joué par la suspension des concessions prévue par l’article 22 du MRD, qui constitue la meilleure solution après la pleine application des recommandations de l’ORD. Il résulterait de l’article 3, paragraphe 7, du MRD, qui privilégie le choix d’une solution mutuellement convenue, un large pouvoir d’appréciation des organes compétents des membres de l’OMC leur permettant de se démarquer, fût-ce à titre temporaire, de leurs obligations découlant des accords OMC. Appréciation du Tribunal –       Sur la question préalable de l’invocabilité des règles de l’OMC 108   Avant de procéder à l’examen de la légalité du comportement des institutions communautaires, il convient de trancher la question de savoir si les accords OMC engendrent pour les justiciables de la Communauté le droit de s’en prévaloir en justice en vue de contester la validité d’une réglementation communautaire, dans l’hypothèse où l’ORD a déclaré que tant celle-ci que la réglementation subséquente adoptée par la Communauté, en vue notamment de se conformer aux règles de l’OMC en cause, étaient incompatibles avec ces dernières. 109   Les requérantes invoquent à cet égard le principe pacta sunt servanda, qui figure effectivement au nombre des règles de droit dont le respect s’impose aux institutions communautaires dans l’exercice de leurs attributions, en tant que principe fondamental de tout ordre juridique et, en particulier, de l’ordre juridique international (arrêt de la Cour du 16 juin 1998, Racke, C‑162/96, Rec. p. I‑3655, point 49). 110   Toutefois, le principe pacta sunt servanda ne peut être, en l’espèce, utilement opposé aux institutions défenderesses, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les accords OMC ne figurent pas, en principe, compte tenu de leur nature et de leur économie, au nombre des normes au regard desquelles le juge communautaire contrôle la légalité de l’action des institutions communautaires (arrêt de la Cour du 23 novembre 1999, Portugal/Conseil, C‑149/96, Rec. p. I‑8395, point 47 ; ordonnance de la Cour du 2 mai 2001, OGT Fruchthandelsgesellschaft, C‑307/99, Rec. p. I‑3159, point 24 ; arrêts de la Cour du 12 mars 2002, Omega Air e.a., C‑27/00 et C‑122/00, Rec. p. I‑2569, point 93 ; du 9 janvier 2003, Petrotub et Republica/Conseil, C‑76/00 P, Rec. p. I‑79, point 53, et du 30 septembre 2003, Biret International/Conseil, C‑93/02 P, Rec. p. I‑10497, point 52). 111   En effet, d’une part, l’accord instituant l’OMC est fondé sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels qui le distingue des accords conclus par la Communauté avec des États tiers qui instaurent une certaine asymétrie des obligations. Or, il est constant que certains des partenaires commerciaux les plus importants de la Communauté ne font pas figurer les accords OMC au rang des normes au regard desquelles leurs organes juridictionnels contrôlent la légalité de leurs règles de droit interne. Un contrôle de la légalité de l’action des institutions communautaires au regard de ces normes risquerait donc d’aboutir à un déséquilibre dans l’application des règles de l’OMC privant les organes législatifs ou exécutifs de la Communauté de la marge de manoeuvre dont jouissent les organes similaires des partenaires commerciaux de la Communauté (arrêt Portugal/Conseil, point 110 supra, points 42 à 46). 112   D’autre part, imposer aux organes juridictionnels l’obligation d’écarter l’application des règles de droit interne qui seraient incompatibles avec les accords OMC aurait pour conséquence de priver les organes législatifs ou exécutifs des parties contractantes de la possibilité, offerte par l’article 22 du MRD, de trouver, fût-ce à titre temporaire, des solutions négociées en vue de parvenir à une compensation mutuellement acceptable (arrêt Portugal/Conseil, point 110 supra, points 39 et 40). 113   Il s’ensuit que la violation éventuelle des règles de l’OMC par les institutions défenderesses n’est pas, en principe, susceptible d’engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté (arrêts du Tribunal du 20 mars 2001, Cordis/Commission, T‑18/99, Rec. p. II‑913, point 51 ; Bocchi Food Trade International/Commission, T‑30/99, Rec. p. II‑943, point 56, et T. Port/Commission, T‑52/99, Rec. p. II‑981, point 51). 114   Ce n’est que dans l’hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC ou dans l’occurrence où l’acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC qu’il appartiendrait au Tribunal de contrôler la légalité du comportement des institutions défenderesses au regard des règles de l’OMC (voir, pour ce qui concerne le GATT de 1947, arrêts de la Cour du 22 juin 1989, Fediol/Commission, 70/87, Rec. p. 1781, points 19 à 22, et du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C‑69/89, Rec. p. I‑2069, point 31, ainsi que, pour ce qui concerne les accords OMC, arrêts Portugal/Conseil, point 110 supra, point 49, et Biret International/Conseil, point 110 supra, point 53). 115   Or, même en présence d’une décision de l’ORD constatant l’incompatibilité des mesures prises par un membre avec les règles de l’OMC, aucune de ces deux exceptions ne trouve application en l’espèce. –       Sur l’exception tirée de l’intention de donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC 116   En prenant l’engagement, après l’adoption de la décision de l’ORD du 25 septembre 1997, de se conformer aux règles de l’OMC, la Communauté n’a pas entendu assumer une obligation particulière dans le cadre de l’OMC, susceptible de justifier une exception à l’impossibilité d’invoquer les règles de l’OMC devant le juge communautaire et de permettre l’exercice par ce dernier du contrôle de la légalité du comportement des institutions communautaires au regard de ces règles. 117   Il est vrai que, par rapport au GATT de 1947, le MRD a renforcé le mécanisme de règlement des différends, en particulier s’agissant de l’adoption des rapports des groupes spéciaux. 118   Ainsi, l’article 3, paragraphe 7, du MRD souligne que le mécanisme de règlement des différends a habituellement pour objectif premier le retrait des mesures dont l’incompatibilité a été constatée avec les dispositions des accords OMC. De même, l’article 22, paragraphe 1, du MRD privilégie la mise en œuvre intégrale d’une recommandation de mettre une mesure en conformité avec les accords OMC. 119   En outre, aux termes de l’article 17, paragraphe 14, du MRD, un rapport de l’organe d’appel adopté, comme en l’espèce, par l’ORD est accepté sans condition par les parties au différend. Enfin, l’article 22, paragraphe 7, spécifie que celles-ci admettent le caractère définitif de la décision de l’arbitre déterminant le niveau de la suspension des concessions. 120   Il n’en demeure pas moins que le MRD réserve en tout état de cause une place importante à la négociation entre les membres de l’OMC parties à un différend (arrêt Portugal/Conseil, point 110 supra, points 36 à 40). 121   Le MRD ouvre ainsi au membre de l’OMC impliqué plusieurs modalités de mise en œuvre d’une recommandation ou d’une décision de l’ORD retenant l’incompatibilité d’une mesure avec les règles de l’OMC. 122   Lorsque le retrait immédiat de la mesure incompatible est irréalisable, le MRD envisage, en son article 3, paragraphe 7, la possibilité d’octroyer au membre lésé une compensation ou de l’autoriser à suspendre l’application de concessions ou l’exécution d’autres obligations à titre temporaire et en attendant le retrait de la mesure incompatible (voir arrêt Portugal/Conseil, point 110 supra, point 37). 123   Aux termes de l’article 22, paragraphe 2, du MRD, s’il manque à son obligation d’exécuter les recommandations et décisions de l’ORD dans le délai qui lui a été imparti, le membre de l’OMC mis en cause se prête, si la demande lui en est faite et au plus tard à l’expiration du délai, à des négociations avec le membre plaignant, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable. 124   Si aucune compensation satisfaisante n’a été convenue dans un délai de 20 jours suivant l’expiration du délai raisonnable prévu à l’article 21, paragraphe 3, du MRD pour la mise en conformité avec les règles de l’OMC, la partie plaignante peut demander à l’ORD l’autorisation de suspendre, à l’égard dudit membre, l’application de concessions ou d’autres obligations au titre des accords OMC. 125   Même à l’expiration du délai imparti pour mettre en conformité avec les règles de l’OMC la mesure déclarée incompatible et après l’autorisation et l’adoption de mesures de compensation ou de suspension de concessions en vertu de l’article 22, paragraphe 6, du MRD, une place importante reste réservée en tout état de cause à la négociation entre les parties au différend. 126   L’article 22, paragraphe 8, du MRD souligne ainsi le caractère temporaire de la suspension de concessions ou d’autres obligations et en limite la durée « jusqu’à ce que la mesure jugée incompatible avec un accord visé ait été éliminée ou que le membre devant mettre en œuvre les recommandations ou les décisions ait trouvé une solution à l’annulation ou à la réduction d’avantages ou qu’une solution mutuellement satisfaisante soit intervenue ». 127   Cette même disposition prévoit encore que, conformément à l’article 21, paragraphe 6, l’ORD continue de tenir sous surveillance la mise en œuvre des recommandations ou des décisions adoptées. 128   En cas de désaccord sur la compatibilité de mesures prises pour se conformer aux recommandations et aux décisions de l’ORD, l’article 21, paragraphe 5, du MRD prévoit que le différend sera réglé « suivant les présentes procédures de règlement des différends », ce qui inclut la recherche par les parties d’une solution négociée. 129   Ni l’expiration du délai imparti par l’ORD à la Communauté pour mettre son régime d’importation des bananes en conformité avec la décision de l’ORD du 25 septembre 1997 ni la décision du 9 avril 1999 par laquelle les arbitres de l’ORD ont expressément constaté l’incompatibilité du nouveau dispositif d’importation des bananes établi par les règlements n° 1637/98 et n° 2362/98 n’ont emporté épuisement des modalités de règlement des différends ouvertes par le MRD. 130   Dans cette mesure, un contrôle par le juge communautaire de la légalité du comportement des institutions défenderesses au regard des règles de l’OMC pourrait avoir pour effet de fragiliser la position des négociateurs communautaires dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable du différend et en conformité avec les règles de l’OMC. 131   Dans ces conditions, imposer aux organes juridictionnels l’obligation d’écarter l’application des règles de droit interne qui seraient incompatibles avec les accords OMC aurait pour conséquence de priver les organes législatifs ou exécutifs des parties contractantes de la possibilité, offerte notamment par l’article  22 du MRD, de trouver, fût-ce à titre temporaire, une solution négociée (arrêt Portugal/Conseil, point 110 supra, point 40). 132   C’est donc à tort que les requérantes infèrent des articles 21 et 22 du MRD une obligation à la charge du membre de l’OMC de se conformer, dans un délai déterminé, aux recommandations et aux décisions des organes de l’OMC et qu’elles soutiennent que les décisions de l’ORD sont exécutoires à moins que les parties contractantes à l’unanimité s’y opposent. 133   D’ailleurs, en amendant à nouveau, par son règlement n° 216/2001, le régime d’importation des bananes, le Conseil a poursuivi la mise en œuvre de la conciliation de divers objectifs divergents. Le préambule du règlement n° 216/2001 relève ainsi, en son considérant 1, que des contacts nombreux et intenses ont été établis afin, notamment, de « tenir compte des conclusions du groupe spécial » et, en son considérant 2, que le nouveau régime d’importation envisagé présente les meilleures garanties aussi bien « pour réaliser les objectifs de l’[OCM bananes] en ce qui concerne la production communautaire et la demande des consommateurs » que pour « respecter les règles du commerce international ». 134   C’est, en définitive, en contrepartie de l’engagement de la Communauté d’établir un régime uniquement tarifaire pour les importations de bananes avant le 1 er janvier 2006 que les États-Unis d’Amérique ont accepté, aux termes du mémorandum d’accord intervenu le 11 avril 2001, de suspendre provisoirement l’imposition de leur surtaxe douanière. 135   Or, un tel résultat aurait pu être compromis par une intervention du juge communautaire consistant à contrôler, aux fins de l’indemnisation du préjudice subi par les requérantes, la légalité au regard des règles de l’OMC du comportement adopté en l’occurrence par les institutions défenderesses. 136   Il convient de relever à cet égard que, comme les États-Unis d’Amérique l’ont expressément souligné, le mémorandum d’accord du 11 avril 2001 ne constitue pas en lui-même une solution convenue d’un commun accord au sens de l’article 3, paragraphe 6, du MRD et que la question de la mise en œuvre par la Communauté des recommandations et des décisions de l’ORD demeurait inscrite, le 12 juillet 2001, soit postérieurement à l’introduction du présent recours, à l’ordre du jour de la réunion de l’ORD. 137   Il s’ensuit que les institutions défenderesses n’ont pas entendu, en modifiant le régime communautaire d’importation des bananes litigieux, donner exécution à des obligations particulières découlant des règles de l’OMC au regard desquelles l’ORD avait constaté l’incompatibilité dudit régime. 138   Au demeurant, il convient de relever à cet égard que, comme il ressort des considérants du règlement n° 1637/98, le Conseil a entendu en l’occurrence concilier, en tirant partie des diverses modalités de règlement des différends définies par le MRD, les engagements internationaux souscrits par la Communauté aussi bien dans le cadre de l’OMC que vis-à-vis des autres signataires de la quatrième convention de Lomé, tout en sauvegardant par ailleurs les objectifs de l’OCM bananes. 139   Cette intention est confirmée par l’article 20, sous e), du règlement n° 404/93, modifié par le règlement n° 1637/98. En tant qu’elle précise que les modalités que la Commission est habilitée à arrêter aux fins de l’application du titre IV du règlement n° 404/93, relatif au régime des échanges de bananes avec les pays tiers, comportent les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l’article 300 CE, cette disposition englobe l’ensemble des engagements conventionnels souscrits, sans privilégier les obligations assumées par la Communauté dans le cadre des accords OMC. 140   En outre, le législateur communautaire s’est expressément réservé, au considérant 9 du règlement n° 1637/98, la possibilité d’étudier le fonctionnement de ce texte au terme d’une période d’expérimentation suffisante. –       Sur l’exception fondée sur le renvoi exprès à des dispositions précises des accords OMC 141    L’OCM bananes, telle qu’elle a été instaurée par le règlement n° 404/93 et modifiée par la suite, ne peut être considérée comme renvoyant expressément à des dispositions précises des accords OMC (voir, en ce sens, ordonnance OGT Fruchthandelsgesellschaft, point 110 supra, point 28). 142   En particulier, il ne ressort pas du préambule des différents règlements modifiant le régime d’importation des bananes que le législateur communautaire se soit référé à des dispositions spécifiques des accords OMC, lorsqu’il a entendu mettre ce régime en conformité avec ces mêmes accords. 143   Ainsi, le règlement n° 2362/98 ne contient aucune référence expresse à des dispositions précises des accords OMC (arrêts Cordis/Commission, point 113 supra, point 59 ; Bocchi Food Trade International/Commission, point 113 supra, point 64, et T. Port/Commission, point 113 supra, point 59). 144   Il s’ensuit que, nonobstant l’intervention d’une constatation d’incompatibilité émanant de l’ORD, les règles de l’OMC ne constituent pas, en l’espèce, ni en raison d’obligations particulières auxquelles la Communauté aurait entendu donner exécution ni en raison d’un renvoi exprès à des dispositions précises, des normes au regard desquelles la légalité du comportement des institutions peut être appréciée. 145   Il résulte des développements qui précèdent que les requérantes ne sauraient utilement alléguer, aux fins de leur demande indemnitaire, que le comportement reproché au Conseil et à la Commission est contraire aux règles de l’OMC. 146   Les griefs tirés par les requérantes de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, de la méconnaissance du droit de propriété et d’initiative économique et, enfin, du non-respect du principe de bonne administration reposent tous sur la prémisse de la contrariété aux règles de l’OMC du comportement reproché aux institutions défenderesses. 147   Dès lors que ces règles ne figurent pas au nombre de celles au regard desquelles le juge communautaire contrôle la légalité du comportement des institutions communautaires, ces griefs doivent être, par voie de conséquence, également rejetés. 148   Il s’ensuit que le comportement des institutions défenderesses ne peut être regardé comme entaché d’illégalité, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’argumentation des requérantes relative à la nature juridique des normes et des principes prétendument méconnus et à la gravité supposée de leurs violations. 149   Dès lors que l’illégalité du comportement reproché aux institutions défenderesses ne peut être établie, l’une des trois conditions cumulatives de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite de ses organes n’est pas remplie. 150   Dans ces conditions, l’action indemnitaire des requérantes fondée sur ce régime de responsabilité doit être rejetée, sans qu’il soit besoin, dans ce cadre, d’examiner si sont réunies les deux autres conditions, relatives, respectivement, à la réalité du dommage et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14, et arrêt du Tribunal du 24 avril 2002, EVO/Conseil et Commission, T‑220/96, Rec. p. II‑2265, point 39). Sur l’application par analogie du régime de la responsabilité non contractuelle des États membres 151   Les requérantes soutiennent en substance que la décision des arbitres du 9 avril 1999 autorisant les mesures de rétorsion à l’encontre des exportations communautaires est comparable à un arrêt de la Cour constatant, sur le fondement de l’article 226 CE, le manquement d’un État membre à ses obligations communautaires. Le juge communautaire serait donc conduit à reconnaître aux requérantes un droit à réparation du dommage découlant du comportement illégal des défenderesses (arrêts de la Cour du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I‑5357, et du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C‑46/93 et C‑48/93, Rec. p. I‑1029). 152   Les institutions défenderesses estiment inapplicable en l’espèce la jurisprudence de la Cour relative à la responsabilité non contractuelle des États membres pour violation de leurs obligations communautaires. 153   Il suffit pour le Tribunal de constater que, à supposer même que les recommandations et les décisions de l’ORD puissent être assimilées à des arrêts de la Cour, la demande indemnitaire des requérantes est fondée sur l’application par analogie à la Communauté d’un régime de responsabilité reposant sur la prémisse d’un comportement illégal des institutions défenderesses. 154   En l’absence d’une démonstration de l’illégalité du comportement reproché en l’espèce aux intéressées, une telle demande ne peut donc qu’être rejetée comme non fondée. Sur la responsabilité de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes Sur le principe de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes –       Arguments des parties 155   Les requérantes estiment que, à supposer que les défenderesses aient pu licitement écarter les décisions de l’OMC, les conditions auxquelles la jurisprudence communautaire subordonne la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour les dommages causés par ses organes même en l’absence d’action illicite de ceux-ci sont en tout état de cause réunies, à savoir la réalité du préjudice subi, le lien de causalité entre celui-ci et le comportement adopté par les institutions communautaires, ainsi que le caractère anormal et spécial de ce préjudice (arrêt du Tribunal du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T‑184/95, Rec. p. II‑667, point 59, confirmé, sur pourvoi, par arrêt de la Cour du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549). 156   Les défenderesses objectent que le principe de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes ne saurait être considéré comme un principe général commun aux droits des États membres au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE. En toute hypothèse, un tel principe n’aurait encore jamais été consacré par la jurisprudence communautaire et les requérantes ne rempliraient pas les conditions strictes de ce régime de responsabilité imposées par les ordres juridiques nationaux qui l’ont reconnu. –       Appréciation du Tribunal 157   Lorsque, comme en l’espèce, l’illégalité du comportement imputé aux institutions communautaires n’est pas établie, il n’en résulte pas que les entreprises devant, en tant que catégorie d’opérateurs économiques, supporter une part disproportionnée des charges résultant d’une restriction de l’accès à des marchés d’exportation ne peuvent en aucun cas obtenir une compensation en engageant la responsabilité non contractuelle de la Communauté (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 29 septembre 1987, De Boer Buizen/Conseil et Commission, 81/86, Rec. p. 3677, point 17). 158   En effet, l’article 288, deuxième alinéa, CE fonde l’obligation qu’il impose à la Communauté de réparer les dommages causés par ses institutions sur les « principes généraux communs aux droits des États membres », sans restreindre, par conséquent, la portée de ces principes au seul régime de la responsabilité non contractuelle de la Communauté pour comportement illicite desdites institutions. 159   Or, les droits nationaux de la responsabilité non contractuelle permettent aux particuliers, bien qu’à des degrés variables, dans des domaines spécifiques et selon des modalités différentes, d’obtenir en justice l’indemnisation de certains dommages, même en l’absence d’action illicite de l’auteur du dommage. 160   Dans l’hypothèse d’un dommage engendré par un comportement des institutions de la Communauté dont le caractère illégal n’est pas démontré, la responsabilité non contractuelle de la Communauté peut être engagée, dès lors que sont cumulativement remplies les conditions relatives à la réalité du préjudice, au lien de causalité entre celui-ci et le comportement des institutions communautaires, ainsi qu’au caractère anormal et spécial du préjudice en question (arrêt du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, point 155 supra, point 19). 161   Il convient donc d’examiner si ces trois conditions sont réunies en l’espèce. Sur l’existence d’un préjudice réel et certain –       Arguments des parties 162   Les requérantes font valoir que leur préjudice se compose, d’une part, de la majoration de 96,5 % des droits à l’importation prélevés par l’administration américaine sur leurs importations d’accumulateurs aux États-Unis et, d’autre part, des coûts exposés au titre de l’établissement et de la délocalisation d’unités de production de ces produits qu’elles ont été contraintes d’entreprendre à la suite de cette mesure de rétorsion commerciale. S’y ajouteraient les pertes de chiffres d’affaires consécutives à la reconversion des unités de production en cause. 163   En cours d’instance, les requérantes ont précisé que l’accélération de la réalisation d’une unité de production d’accumulateurs aux États-Unis et la conversion en une usine de fabrication de ces produits d’un site installé dans un autre État tiers leur avaient permis de réduire au maximum l’impact négatif de la surtaxe douanière et de sauver leur part du marché américain. Les requérantes n’auraient donc pas perdu des volumes de ventes mais auraient seulement subi un préjudice pécuniaire. 164   Les défenderesses rétorquent que les contrats de vente liant les requérantes à leurs clients américains prévoient une révision des prix de leurs produits et qu’il n’est pas établi que les intéressées aient ouvert des négociations à cette fin. En souscrivant à des clauses limitant l’augmentation de leurs prix, les requérantes se seraient rendues elles-mêmes responsables des désavantages financiers censés procéder de la surtaxe douanière. Les défenderesses ajoutent que l’accord de distribution des requérantes, qui assoit les prix convenus avec l’acheteur sur la clause fob (franco à bord), met à la charge exclusive de l’acheteur le risque de la variation des droits de douane à l’importation. En effet, le montant des droits à l’importation aux États-Unis serait naturellement ajouté, avec ceux du transport et des assurances, au prix fob initialement convenu. 165   Les requérantes n’auraient pas non plus démontré leur incapacité à exporter leurs accumulateurs dans d’autres pays et à éviter ainsi toute diminution de bénéfices. Enfin, loin d’engendrer un préjudice, leurs mesures de délocalisation constitueraient au contraire l’accès à une production à haute technologie plus profitable. –       Appréciation du Tribunal 166   Il ressort de leur argumentation que les institutions défenderesses se limitent en substance à dénier l’existence d’une perte patrimoniale subie par les requérantes qui ne soit pas le fait des propres décisions de celles-ci. 167   Il s’ensuit que le Conseil et la Commission ne contestent pas dans son principe le caractère réel et certain du dommage subi par les requérantes à la suite de l’instauration de la surtaxe douanière américaine sur les importations d’accumulateurs originaires de la Communauté. 168   En particulier, du fait même qu’elles admettent que le contrat de distribution conclu par les requérantes a pour effet de mettre à la charge exclusive de l’acheteur le risque de la variation des droits de douane à l’importation, les défenderesses ne peuvent nier que les requérantes ont dû, à tout le moins, nécessairement supporter un préjudice commercial en raison du renchérissement incontestable de leurs produits provoqué sur le marché des États-Unis par la majoration soudaine à 100 % des droits à l’importation ad valorem américains. 169   D’ailleurs, les statistiques produites par la Commission corroborent les allégations des requérantes, puisqu’elles démontrent incontestablement une chute sensible de la valeur totale des importations aux États-Unis d’accumulateurs plomb‑acide d’origine communautaire. 170   Dans cette mesure, le Tribunal considère que la condition relative au caractère réel et certain du préjudice souffert par les requérantes est remplie. Sur le lien de causalité entre le préjudice subi et le comportement des institutions défenderesses –       Arguments des parties 171   Les requérantes considèrent qu’il suffit que le dommage subi provienne de manière suffisamment directe du comportement des institutions communautaires, sans que soit exigé à cet égard un lien de causalité absolument immédiat. En l’occurrence, la surtaxe douanière américaine procéderait en définitive du maintien d’un régime communautaire d’importation des bananes incompatible avec les règles de l’OMC. 172   L’intention des autorités américaines d’adopter des mesures de représailles et la liste des produits concernés auraient été parfaitement connues. Peu importerait que tout opérateur communautaire puisse être affecté et que les États-Unis d’Amérique aient disposé du droit de désigner les secteurs en cause ou de réagir par d’autres options prévues ou tolérées par les règles de l’OMC. 173   Les défenderesses dénient tout lien de causalité entre le dommage allégué et leur comportement. La surtaxe douanière ne procéderait pas de leur action mais d’un acte unilatéral des États-Unis d’Amérique, dont découlerait la délimitation du cercle des opérateurs communautaires affectés. Les autorités américaines auraient pu choisir d’autres produits que les accumulateurs et elles auraient par ailleurs exempté de leur surtaxe douanière les produits originaires de certains États membres de la Communauté. De même, le niveau du relèvement tarifaire aurait été fixé en toute liberté par le gouvernement américain. 174   On ne pourrait donc imputer à la Communauté l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs concernés. D’ailleurs, les observations des requérantes relatives à la discrimination dont elles se prétendent victimes démontreraient l’absence d’un lien de causalité entre le comportement des défenderesses et le préjudice allégué. 175   Un retrait de concessions par un membre de l’OMC ne serait ni automatique ni obligatoire. Ainsi, la procédure prévue à l’article 22, paragraphes 1 et 2, du MRD envisagerait la négociation de compensations sous forme de concessions concernant l’accès au marché, lorsque les recommandations ou les décisions de l’ORD ne sont pas mises en oeuvre dans un délai raisonnable. 176   De plus, il n’existerait aucune relation, même indirecte, entre l’OCM bananes et les décisions des requérantes de payer les droits de douane majorés. Aucun acte de la Communauté ne leur aurait imposé l’obligation d’exporter vers les États-Unis ou de continuer à exporter dans les circonstances nouvelles ni n’aurait exclu la possibilité d’une renégociation du prix d’importation ou la possibilité d’exporter ailleurs leurs produits. –       Appréciation du Tribunal 177   Les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie l’article 288, deuxième alinéa, CE ne sauraient être invoqués au soutien de l’existence d’une obligation incombant à la Communauté de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de comportements de ses organes (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 octobre 1979, Dumortier e.a./Conseil, 64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 3091, point 21, et du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C‑363/88 et C‑364/88, Rec. p. I‑359, point 25 ; ordonnance du Tribunal du 12 décembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission, T‑201/99, Rec p. II‑4005, point 26). 178   En effet, la condition relative au lien de causalité exigée par l’article 288, deuxième alinéa, CE suppose l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions communautaires et le dommage (arrêt Dumortier e.a./Conseil, point 177 supra, point 21, et arrêt du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, Rec. p. II‑3331, point 118, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine, C‑472/00 P, Rec. p. I‑7541). 179   Il est certes vrai que les États-Unis d’Amérique ont été, à leur demande, simplement autorisés par l’ORD, sans y être tenus, à procéder au retrait de concessions sous la forme du relèvement de leurs droits grevant les importations de produits originaires de la Communauté. Même après avoir obtenu cette autorisation, le gouvernement américain conservait la faculté de poursuivre le règlement du différend l’opposant à la Communauté sans arrêter de mesures de rétorsion à l’encontre de celle-ci. 180   C’est également dans l’exercice d’une faculté de choix discrétionnaire que l’administration américaine a, d’une part, décidé de frapper les accumulateurs de sa mesure de rétorsion, dont elle a elle-même exonéré les accumulateurs originaires de certains États membres de la Communauté, et, d’autre part, fixé à 96,5 % le taux de majoration des droits à l’importation grevant les produits concernés. 181   Il n’en demeure pas moins que, en l’absence du régime communautaire d’importation des bananes litigieux et d’une constatation préalable par l’ORD de son incompatibilité avec les règles de l’OMC, les États-Unis d’Amérique n’auraient pu ni solliciter ni obtenir de l’ORD l’autorisation de suspendre leurs concessions tarifaires sur des produits originaires de la Communauté à concurrence du niveau de l’annulation ou de la réduction d’avantages procédant du maintien du régime communautaire litigieux. 182   C’est, en effet, en fonction du montant du préjudice subi par l’économie américaine du fait du régime communautaire d’importation des bananes jugé incompatible avec les règles de l’OMC que l’ORD a déterminé le montant d’échanges à concurrence duquel l’administration américaine a été autorisée à suspendre ses concessions tarifaires à l’égard de la Communauté. 183   Dans ces conditions, le retrait des concessions à l’égard de la Communauté prenant la forme de la surtaxe douanière à l’importation est à regarder comme une conséquence découlant objectivement, selon le déroulement normal et prévisible du système de règlement des différends de l’OMC accepté par la Communauté, du maintien en vigueur par les institutions défenderesses d’un régime d’importation des bananes incompatible avec les accords OMC. 184   La décision unilatérale des États-Unis d’Amérique d’instaurer une surtaxe douanière sur les importations d’accumulateurs originaires de la Communauté n’est donc pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre le préjudice que l’instauration de cette surtaxe a causé aux requérantes et le maintien par les défenderesses du régime d’importation de bananes litigieux. 185   Le comportement des institutions défenderesses a, en effet, nécessairement induit l’adoption de la mesure de rétorsion par l’administration américaine dans le respect des procédures instituées par le MRD et acceptées par la Communauté, de sorte que ce comportement doit être regardé comme la cause déterminante du préjudice subi par les requérantes à la suite de l’instauration de la surtaxe douanière américaine. 186   Avant même que l’ORD n’autorise, le 19 avril 1999, les États-Unis d’Amérique à prélever leur surtaxe à l’importation, les institutions défenderesses n’ignoraient pas l’imminence des mesures de rétorsion américaines. 187   Dès le 10 novembre 1998, les États-Unis d’Amérique avaient publié la liste provisoire des produits d’origine communautaire qu’ils envisageaient de grever d’une surtaxe à l’importation, dont ils ont confirmé, le 21 décembre 1998, l’application prochaine à raison d’un taux de 100 %. 188   Dès le 3 mars 1999, date de l’institution à la charge des exportateurs communautaires de l’obligation de constituer une caution bancaire à raison de 100 % de la valeur des produits d’importation visés, les défenderesses ne pouvaient plus ignorer la ferme intention des États-Unis d’Amérique d’instaurer une surtaxe douanière. Aucun doute ne pouvait subsister après le communiqué de presse du 9 avril 1999 du représentant spécial annonçant la liste des produits grevés de la surtaxe douanière. 189   Sont dépourvues de pertinence au regard du lien de causalité les objections tirées par les défenderesses de l’absence de toute relation entre le régime d’importation de bananes litigieux et la décision qu’elles attribuent aux requérantes d’acquitter la surtaxe douanière, de l’inexistence prétendue d’une obligation leur incombant de poursuivre la commercialisation de leurs accumulateurs sur le marché américain et, enfin, de la possibilité supposée de renégocier le prix de leurs produits ou d’exporter ceux-ci vers d’autres marchés. 190   De telles considérations, qui concernent uniquement les mesures que les requérantes auraient pu être conduites à adopter pour se soustraire au paiement de la surtaxe douanière et réduire leur préjudice commercial, ne sauraient remettre en cause l’existence du lien de causalité suffisamment direct retenu entre le comportement des défenderesses et le préjudice subi par les requérantes à la suite de l’instauration de la surtaxe. 191   Il y a donc lieu d’admettre l’existence du lien de causalité direct exigé entre, d’une part, le comportement adopté par les institutions défenderesses au regard des importations de bananes dans la Communauté et, d’autre part, le préjudice subi par les requérantes du fait de l’instauration de la surtaxe douanière américaine. Sur le caractère anormal et spécial du préjudice subi –       Arguments des parties 192   Les requérantes estiment que le caractère anormal et spécial du dommage subi procède de la double discrimination induite par le comportement des institutions défenderesses. 193   En premier lieu, la surtaxe douanière frapperait la catégorie très particulière des opérateurs économiques figurant sur la liste spéciale établie par l’administration américaine. 194   Les requérantes auraient fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres entreprises pénalisées par les mesures de rétorsion, dans la mesure où elles supportent, à elles seules, près de 6 % du montant total de 191,4 millions de USD indiqué dans la décision du gouvernement américain instaurant les mesures de rétorsion. 195   Les requérantes s’estiment en tout état de cause victimes d’une discrimination non seulement par rapport aux entreprises produisant des accumulateurs industriels, mais également au regard de l’ensemble des entreprises communautaires, dans la mesure où toutes faisaient potentiellement l’objet de sanctions. 196   En second lieu, les requérantes soulignent que ne peut être considéré comme un risque normal pour une entreprise l’aléa auquel est exposé l’opérateur tenu d’acquitter soudainement des droits prohibitifs sur ses exportations à la suite d’un différend commercial surgi dans un secteur différent de son domaine d’activité. 197   Les requérantes ajoutent que l’intérêt au maintien de certaines règles de l’OCM bananes ne saurait être valablement qualifié d’objectif d’intérêt général fondamental de la Communauté, dont l’importance justifierait des conséquences négatives pour certains opérateurs. Serait en cause non pas le démantèlement, mais l’adaptation de l’OCM bananes à l’ordre juridique de l’OMC. 198   Les institutions défenderesses répondent que les conditions relatives au préjudice anormal et spécial ne sont pas réunies en l’espèce. D’une part, la situation des requérantes sur le marché américain aurait pu être modifiée à tout moment du fait d’actes unilatéraux des États membres ou à la suite d’accords entre la Communauté et les États-Unis d’Amérique. D’autre part, le cercle des opérateurs touchés par les mesures américaines ne serait pas restreint au point de permettre de considérer leur dommage comme anormal et spécial. 199   Un particulier ne subirait un préjudice anormal et spécial que s’il se trouvait lésé plus particulièrement ou de façon différente et bien plus gravement que l’ensemble des opérateurs économiques (arrêt de la Cour du 6 décembre 1984, Biovilac/CEE, 59/83, Rec. p. 4057, point 28). Or, la surtaxe américaine aurait au contraire frappé dans la même mesure tous les exportateurs d’accumulateurs originaires de la Communauté à destination des États-Unis. 200   Si la Cour a fait état d’une certaine responsabilité en raison de pertes disproportionnées que certains opérateurs avaient eu à supporter à la suite d’actes légalement adoptés (arrêt De Boer Buizen/Conseil et Commission, point 157 supra, point 17), il se serait toutefois agi, à la différence de l’affaire sous examen, d’un acte limitant le commerce et adopté par la Communauté. Les entreprises en question n’auraient pu être indemnisées qu’à condition d’avoir subi un préjudice patrimonial disproportionné par rapport aux autres distributeurs des mêmes produits. 201   La majoration des droits à l’importation américains intervenue après cinq mois de préavis ne constituerait pas un événement susceptible d’être qualifié d’anormal non seulement parce que les accords de l’OMC et, même, dès depuis 1947, le GATT ouvrent la possibilité de modifier les droits au titre de l’article XXVIII du GATT, mais aussi en raison du fait que divers instruments de défense commerciale agissent de façon équivalente par le biais de l’augmentation des droits. –       Appréciation du Tribunal 202   S’agissant des dommages que peuvent subir les opérateurs économiques du fait des activités des institutions communautaires, un préjudice est, d’une part, anormal lorsqu’il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné et, d’autre part, spécial lorsqu’il affecte une catégorie particulière d’opérateurs économiques d’une façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs (arrêt du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, point 155 supra, point 80, et arrêt Afrikanische Frucht-Compagnie et Internationale Fruchtimport Gesellchaft Weichert/Conseil et Commission, point 89 supra, point 151). 203   Il n’est en l’espèce pas établi que les requérantes aient subi, du fait de l’incompatibilité avec les accords OMC du régime communautaire d’importation des bananes, un préjudice excédant les limites des risques inhérents à leur activité exportatrice. 204   Il est vrai que, comme le relève son préambule, l’accord instituant l’OMC a pour objet l’instauration d’un système commercial multilatéral intégré qui incorpore les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris antérieurement. 205   Il convient néanmoins de constater que l’éventualité d’une suspension des concessions tarifaires, mesure prévue par les accords OMC et cas de figure qui s’est présenté en l’espèce, est l’une des vicissitudes inhérentes au système actuel du commerce international. Dès lors, cette vicissitude est obligatoirement supportée par tout opérateur qui décide de commercialiser sa production sur le marché de l’un des membres de l’OMC. 206   Comme les requérantes l’ont elles-mêmes relevé, la décision des arbitres du 9 avril 1999 a souligné que la nature temporaire que l’article 22, paragraphe 1, du MRD attache à la suspension des concessions indique que celle-ci a pour objet d’inciter le membre de l’OMC mis en cause à respecter les recommandations et les décisions de l’ORD. 207   En outre, il résulte de l’article 22, paragraphe 3, sous b) et c), du MRD, instrument international ayant fait l’objet des mesures de publicité propres à en assurer la connaissance auprès des opérateurs communautaires, que le membre plaignant de l’OMC peut chercher à suspendre des concessions ou d’autres obligations dans d’autres secteurs que celui dans lequel le groupe spécial ou l’organe d’appel a constaté une violation par le membre visé, que ce soit au titre du même accord ou d’un autre accord OMC. 208   C’est donc à tort que les requérantes soutiennent que ne peut être considérée comme un risque normal l’éventualité de l’application des mesures de rétorsion de la part d’un États tiers résultant d’un contentieux survenu dans un secteur tout différent du leur. 209   Il s’ensuit que les risques auxquels pouvait être exposée de ce fait la commercialisation par les requérantes de leurs accumulateurs sur le marché américain ne sont pas à regarder comme étrangers aux aléas normaux du commerce international, en l’état actuel de son organisation. 210   D’ailleurs, les requérantes ont elles-mêmes relevé dans leurs écritures que les concessions tarifaires qui avaient été négociées avec les États-Unis d’Amérique sous la forme du droit à l’importation originaire au taux réduit de 3,5 % ne présentaient pas un caractère immuable. 211   Il n’y a donc pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de qualifier d’anormal le préjudice subi par les requérantes. 212   Une telle constatation suffit à exclure tout droit à indemnité de ce chef. Il n’est donc pas nécessaire que le Tribunal se prononce sur la condition de spécialité du préjudice. 213   Il s’ensuit que doit être rejetée la demande indemnitaire des requérantes fondée sur le régime de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes. 214   Il résulte de l’ensemble des développements précédents que le recours doit être rejeté dans son intégralité comme non fondé. Sur les dépens 215   Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 216   Les requérantes ayant succombé en leurs conclusions, elles doivent être condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission, conformément aux conclusions que les deux institutions défenderesses ont présentées en ce sens. 217   En vertu de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus à un litige supportent leurs dépens. 218   Il s’ensuit que le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (grande chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Les requérantes sont condamnées à supporter, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par le Conseil et par la Commission. 3) Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens. Vesterdorf Lindh Azizi Pirrung Legal García-Valdecasas Tiili Cooke Meij Vilaras Forwood Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2005. Le greffier Le président E. Coulon B. Vesterdorf Table des matières Cadre juridique Faits à l’origine du litige Procédure Conclusions des parties Sur la recevabilité Sur le défaut de conformité de la requête aux prescriptions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur la compétence du Tribunal Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le fond Sur la responsabilité de la Communauté pour comportement illicite de ses organes Arguments des parties – Sur les illégalités reprochées aux institutions défenderesses – Sur la nature juridique des normes prétendument méconnues par les défenderesses – Sur la gravité des violations alléguées Appréciation du Tribunal – Sur la question préalable de l’invocabilité des règles de l’OMC – Sur l’exception tirée de l’intention de donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC – Sur l’exception fondée sur le renvoi exprès à des dispositions précises des accords OMC Sur l’application par analogie du régime de la responsabilité non contractuelle des États membres Sur la responsabilité de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes Sur le principe de la responsabilité non contractuelle de la Communauté en l’absence de comportement illicite de ses organes – Arguments des parties – Appréciation du Tribunal Sur l’existence d’un préjudice réel et certain – Arguments des parties – Appréciation du Tribunal Sur le lien de causalité entre le préjudice subi et le comportement des institutions défenderesses – Arguments des parties – Appréciation du Tribunal Sur le caractère anormal et spécial du préjudice subi – Arguments des parties – Appréciation du Tribunal Sur les dépens * Langue de procédure : l’italien.

61980CJ0113

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί τών δικαστικών εξόδων 19 Κατά τό άρθρο 69 παράγραφος 2 τού κανονισμού διαδικασίας , ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στά δικαστικά έξοδα , εφ’ οσον υπήρχε σχετικό αίτημα τού νικήσαντος διαδίκου . 20 Στήν προκειμένη περίπτωση , εφ’ οσον η καθ’ ης ηττήθη , πρέπει νά καταδικασθεί στά δικαστικά έξοδα . Διατακτικό Διά ταύτα ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ κρίνει καί αποφασίζει : 1 ) Η Ιρλανδία , απαιτώντας νά φέρουν ολα τά εισαγόμενα από τά άλλα Κράτη μέλη είδη , τά οποία αφορούν τά διατάγματα 306 καί 307 τού 1971 , ένδειξη καταγωγής ή τόν ορο «foreign» , παρέβη τίς υποχρεώσεις της εκ τού άρθρου 30 τής συνθήκης ΕΟΚ . 2)Καταδικάζει τήν καθ’ ης στά δικαστικά έξοδα .

62003CJ0083

pt

1       Na sua petição, a Comissão das Comunidades Europeias pede ao Tribunal de Justiça que declare que, ao não verificar correctamente se o projecto para a construção de uma marina em Fossacesia (Chieti), tipo de projecto pertencente a uma das categorias enumeradas no anexo II da Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente (JO L 175, p. 40), apresentava características que exigiam a realização de um processo de avaliação dos seus efeitos no ambiente, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 4.°, n.° 2, da referida directiva. Quadro jurídico Legislação comunitária 2       O artigo 2.°, n.° 1, da Directiva 85/337, na versão em vigor no momento dos factos, prevê: «Os Estados‑Membros tomarão as disposições necessárias para que, antes de concessão da aprovação [que confere ao dono da obra o direito de realizar um projecto], os projectos que possam ter um impacto significativo no ambiente, nomeadamente pela sua natureza, dimensões ou localização, sejam submetidos à avaliação dos seus efeitos. Estes projectos são definidos no artigo 4.°» 3       O artigo 4.°, n.° 2, desta directiva dispõe: «Os projectos pertencentes às categorias enumeradas no anexo II são submetidos a uma avaliação, nos termos dos artigos 5.° a 10.°, sempre que os Estados‑Membros considerarem que as suas características assim o exigem. Para este fim, os Estados‑Membros podem nomeadamente especificar determinados tipos de projectos a submeter a uma avaliação ou fixar critérios e/ou limiares a reter para poderem, de entre os projectos pertencentes às categorias enumeradas no anexo II, determinar quais os que devem ser submetidos a uma avaliação nos termos dos artigos 5.° a 10.°» 4       O n.° 10 do anexo II da Directiva 85/337, denominado «Projectos de infra‑estruturas», faz referência às «[m]arinas». 5       A Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais e da fauna e da flora selvagens (JO L 206, p. 7), prevê, por seu lado, a criação de uma rede ecológica europeia coerente de zonas especiais de preservação denominada «Natura 2000». 6       Esta rede, formada por sítios que alojam determinados tipos de habitats naturais e determinadas espécies, tem de assegurar a manutenção ou, se necessário, o restabelecimento, num estado de conservação favorável, dos tipos de habitats naturais e dos das espécies em causa, através de medidas de protecção adequadas. A fim de criar essa rede, os Estados‑Membros têm, nos termos do artigo 4.° da Directiva 92/43, de propor sítios susceptíveis de serem identificados como sítios de importância comunitária, depois designados zonas especiais de conservação (geralmente designados como «sítios de importância comunitária propostos», a seguir «SICp»). Legislação nacional 7       Resulta dos autos que, no que se refere às marinas, a legislação italiana que transpõe a Directiva 85/337, distingue entre as marinas cuja área de água seja superior a 10 hectares, ou cujos acessos sejam superiores a 5 hectares, ou ainda as marinas cujos cais tenham um comprimento superior a 500 metros e aquelas que não ultrapassam estes limites. Só as primeiras marinas são consideradas ter as características que tornam automaticamente obrigatório o processo de avaliação prévia previsto por essa directiva. As segundas categorias de marinas são submetidas a um exame ad hoc a fim de determinar se é ou não necessário iniciar esse processo. Fase pré‑contenciosa 8       Após ter recebido pedidos de associações de protecção do ambiente, a Comissão pediu às autoridades italianas informações sobre a construção de uma marina em Fossacesia, na Região do Abruzo (a seguir «Região»). Com efeito, esta construção foi autorizada sem ter sido efectuada uma avaliação dos seus efeitos no ambiente ou mesmo sem ter sido feita uma verificação destinada a determinar se era ou não necessário proceder a essa avaliação. 9       Resulta das informações contidas nas respostas das autoridades italianas que, no presente caso, está em causa uma marina de 391 lugares e com uma superfície total de 59 825 m , dotada, designadamente, de um parque de estacionamento com capacidade para 398 lugares, de diversos serviços e de um centro comercial. A Comissão observa que esta realização está integralmente situada dentro de um SICp, na acepção da Directiva 92/43, chamado «Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro», que é um dos sítios naturais mais bem conservados no litoral do Abruzo. 10     A Comissão refere que a licença de construção definitiva foi conferida pela Região em 9 de Junho de 1999. Segundo os dados das autoridades italianas, a Região confirmou, através de Decreto regional n.° 14/2000, de 27 de Janeiro de 2000, que o projecto não estava sujeito a um processo de avaliação dos seus efeitos no ambiente, porque não ultrapassava os limites fixados na legislação italiana para além dos quais esse processo é automaticamente aplicado. A Região fez essa apreciação depois do comité de coordenação regional da avaliação dos efeitos no ambiente (a seguir «comité de coordenação regional») ter emitido um parecer favorável, parecer n.° 2/92, de 21 de Janeiro de 2000, após apreciação das características do projecto, no sentido de que essa avaliação não era necessária. 11     Não tendo sido convencida pelas explicações dadas pela República Italiana, a Comissão, em 29 de Outubro de 2001, notificou‑a para apresentar as suas observações relativas à decisão de não submeter o projecto àquela avaliação. 12     Não tendo recebido qualquer resposta das autoridades italianas, a Comissão enviou em 27 de Junho de 2002 um parecer fundamentado, no qual convidou aquelas autoridades a dar cumprimento à notificação no prazo de dois meses. 13     Não tendo essas autoridades apresentado qualquer resposta, a Comissão intentou a presente acção no Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso Argumentos das partes 14     A Comissão considera que as autoridades competentes não verificaram correctamente, nos termos da legislação nacional que transpôs a Directiva 85/337, se a construção da marina de Fossacesia exigia uma avaliação dos efeitos no ambiente. A falta ou a insuficiência de fundamentação da apreciação negativa a este propósito, bem como o facto de esta apreciação ser posterior à emissão da licença de construção, levam a Comissão a considerar que o artigo 4.°, n.° 2, da Directiva 85/337 não foi aplicado correctamente. 15     O Governo italiano confirma a insuficiência da fundamentação do parecer favorável emitido pelo comité de coordenação regional em 21 de Janeiro de 2000, bem como do decreto regional de 27 de Janeiro de 2000, que afastou a necessidade de um processo de avaliação dos efeitos do projecto no ambiente. Confirma igualmente que estes actos foram adoptados após a emissão da licença de construção. 16     O Governo italiano invoca, no entanto, um ulterior parecer pormenorizado favorável do comité de coordenação regional, que contém propostas que visam, designadamente, compensar determinados efeitos das obras já efectuadas. Observa igualmente que avisou a Região de que se o processo de avaliação dos efeitos no ambiente tivesse um desfecho negativo, seria necessário examinar a possibilidade de reposição da situação inicial. O Governo italiano acrescenta que, independentemente do resultado do processo de avaliação, será necessário tomar medidas relativamente ao SICp afectado, a fim de preservar ou de encontrar noutro local o que foi perdido na zona da marina. 17     No entanto, o Governo italiano sustenta que apenas seria necessário efectuar uma avaliação dos efeitos no ambiente do projecto da marina para avaliar os seus efeitos no SICp «Lecceta litoranea di Torino di Sangro e foce fiume Sangro». Essa avaliação teria sido realizada a posteriori no âmbito do segundo parecer do comité de coordenação regional. Apreciação do Tribunal de Justiça 18     A Directiva 85/337 tem por objecto, como referido no seu quinto considerando, a introdução de princípios gerais de avaliação dos efeitos no ambiente dos projectos públicos e privados com vista a completar e coordenar os processos de aprovação de projectos que possam ter um impacto importante no ambiente. 19     Para determinado tipo de projectos, o artigo 4.°, n.° 2, da Directiva 85/337 confere aos Estados‑Membros uma determinada margem de apreciação para que considerem se as características de um projecto exigem que seja submetido a uma avaliação dos efeitos no ambiente. Contudo, essa margem de apreciação tem como limite a obrigação desses Estados, enunciada no artigo 2.°, n.° 1, dessa directiva, submeterem a essa avaliação os projectos susceptíveis de terem efeitos significativos no ambiente (v., neste sentido, acórdão de 24 de Outubro de 1996, Kraaijeveld e o., C‑72/95, Colect., p. I‑5403, n.° 50). 20     Quando, ao fazer uso da faculdade prevista no artigo 4.°, n.° 2, segundo parágrafo, da Directiva 85/337, um Estado‑Membro define as regras gerais para apreciar se os projectos previstos no referido artigo 4.°, n.° 2, devem ser sujeitos a uma avaliação prévia dos seus efeitos no ambiente antes de serem autorizados, a violação dessas regras implica necessariamente uma violação das disposições conjugadas dos artigos 2.°, n.° 1, e 4.°, n.° 2, da Directiva 85/337. 21     No caso em apreço, está provado que a Região autorizou a construção da marina de Fossacesia antes de ter procedido ao exame ad hoc prévio exigido pela legislação italiana, que visa examinar a necessidade de uma avaliação dos efeitos desse projecto no ambiente. Assim, e sem que seja necessário pronunciarmo‑nos sobre as exigências de fundamentação de uma decisão que se pronuncie positiva ou negativamente sobre essa necessidade, há que declarar que as disposições do artigo 4.°, n.° 2, da Directiva 85/337, lidas em conjugação com as do artigo 2.°, n.° 1, desta foram violadas pela Região. 22     Embora seja um facto que a violação do direito comunitário no presente caso constitui igualmente uma violação do direito nacional adoptado nos termos do direito comunitário pelo Estado‑Membro em cujo território a violação ocorreu e que as vias do direito nacional pudessem, verosimilmente, verificá‑la, essa violação por uma colectividade pública do Estado‑Membro constitui, ainda assim, um incumprimento desse Estado nos termos do artigo 226.º CE. 23     Resulta do exposto que, não tendo a Região verificado correctamente se o projecto de construção de uma marina em Fossacesia, tipo de projecto pertencente a uma das categorias enumeradas no anexo II da Directiva 85/337/CEE, apresentava características que exigiam a abertura de um processo de avaliação dos seus efeitos no ambiente, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 4.°, n.° 2, dessa directiva. Quanto às despesas 24     Nos termos do artigo 69.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se tal tiver sido requerido. Tendo a Comissão pedido a condenação da República Italiana e tendo esta sido vencida, há que condená‑la nas despesas. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sexta Secção) decide: 1) Não tendo a Região do Abruzo verificado correctamente se o projecto de construção de uma marina em Fossacesia (Chieti), tipo de projecto pertencente a uma das categorias enumeradas no anexo II da Directiva 85/337/CEE do Conselho, de 27 de Junho de 1985, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projectos públicos e privados no ambiente, apresentava características que exigiam a abertura de um processo de avaliação dos efeitos no ambiente, a República Italiana não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do artigo 4.°, n.° 2, dessa directiva. 2) A República Italiana é condenada nas despesas. Assinaturas * Língua do processo: italiano.

62003CJ0086

et

Kreeka Vabariik palub oma hagiavaldusega tühistada komisjoni 17. detsembri 2002. aasta otsus 2003/3/EÜ Kreeka taotluse kohta lubada osal oma territooriumist kasutada raskeid kütteõlisid, mille maksimaalne väävlisisaldus on kuni 3% massist (EÜT 2003 L 4, lk 16; edaspidi „vaidlustatud otsus”). Teise võimalusena palub ta Euroopa Kohtul EÜ artikli 241 alusel jätta kohaldamata nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/32/EÜ, mis käsitleb väävlisisalduse vähendamist teatavates vedelkütustes ja millega muudetakse direktiivi 93/12/EMÜ (EÜT L 121, lk 13; ELT eriväljaanne 13/12, lk 7; edaspidi „direktiiv”). Õiguslik ja faktiline raamistik Direktiiv EÜ asutamislepingu artikli 130s (muudetuna EÜ artikkel 175) alusel vastu võetud direktiivi artikli 1 lõiked 1 ja 2 sätestavad: „1.      Käesoleva direktiivi eesmärk on vähendada teatavate vedelkütuste põletamisel tekkivaid vääveldioksiidiheitmeid ning sel teel nõrgendada kõnealuste heitmete kahjulikku toimet inimestele ja keskkonnale. 2.      Teatavate toornaftast saadud vedelkütuste põletamisel tekkivate vääveldioksiidiheitmete vähendamine saavutatakse siis, kui kõnealuste kütuste kasutamise tingimuseks liikmesriikide territooriumil kehtestatakse nende väävlisisalduse piirmäärad. […]” Vastavalt direktiivi artikli 3 lõigetele 1, 2 ja 5: „1. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et alates 1. jaanuarist 2003 ei kasutata nende territooriumil raskeid kütteõlisid, mille väävlisisaldus ületab 1,00 % massist. 2. Kui täidetakse vääveldioksiidi õhukvaliteedi standardeid, mis on sätestatud direktiivis 80/779/EMÜ […] või mis tahes teises ühenduse õigusaktis, millega tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse need standardid, ja täidetakse muid asjakohaseid ühenduse sätteid ning kui heitmed ei põhjusta kriitiliste saastekoormuste ületamist üheski liikmesriigis, võib liikmesriik lubada kasutada kogu oma territooriumil või mõnes selle osas raskeid kütteõlisid, mille väävlisisaldus on 1,00–3,00 % massist. Seda lubatakse ainult seni, kuni liikmesriigi heitmed ei põhjusta kriitiliste saastekoormuste ületamist mis tahes liikmesriigis. […] 5. Kui liikmesriik kasutab lõikes 2 osutatud võimalusi, teatab ta sellest vähemalt 12 kuud varem komisjonile ja avalikkusele. Komisjonile tuleb esitada piisavalt teavet, et ta saaks hinnata, kas lõikes 2 osutatud kriteeriumid on täidetud. Komisjon teavitab teisi liikmesriike. Komisjon tutvub kavandatavate meetmetega kuue kuu jooksul alates liikmesriigi esitatud teabe saamisest ja teeb vastavalt artiklis 9 sätestatud korrale otsuse, mille ta edastab liikmesriikidele. Asjaomaste liikmesriikide poolt komisjonile esitatud teabe alusel vaadatakse see otsus iga kaheksa aasta järel läbi artiklis 9 sätestatud korras.” Direktiivi artikli 2 punkti 6 kohaselt tuleb selle otsustamisel võtta arvesse „kriitiline saastekoormus – kvantitatiivne hinnang ühe või mitme saasteainega kokkupuute kohta, [millest allpool puudub] vastavalt praegustele teadmistele […] märkimisväärne kahjulik toime keskkonna tundlikele osadele”. [täpsustatud tõlge] Direktiivi artikkel 9 kehtestab: „Komisjoni abistab liikmesriikide esindajatest koosnev nõuandekomitee, mille eesistujaks on komisjoni esindaja. Võetavate meetmete eelnõu esitab komiteele komisjoni esindaja. Tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest, esitab komitee eelnõu kohta oma arvamuse, vajaduse korral hääletades. Arvamus protokollitakse; lisaks sellele on igal liikmesriigil õigus taotleda oma seisukoha protokollimist. Komisjon võtab komitee esitatud arvamust arvesse täiel määral. Komisjon informeerib komiteed, mil viisil komitee arvamust on arvestatud.” Vaidlustatud otsus Vaidlustatud otsuse põhjendustest selgub, et see võeti vastu järgmise menetluse tulemusena. 17. detsembril 2001 taotles Kreeka Vabariik direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel komisjonilt luba kasutada kogu oma territooriumil peale Atika nõo raskeid kütteõlisid, mille maksimaalne väävlisisaldus on kuni 3% massist (kolmas põhjendus). 23. jaanuaril 2002 nõudis komisjon Kreeka ametiasutustelt täiendavat teavet, mille ta sai 19. veebruaril 2002. Sama aasta 4. juunil muutis Kreeka valitsus oma taotlust, paludes teha aastani 2008 kehtiv ajutine erand tingimusega see ülejäänud ajavahemiku osas uuesti läbi vaadata (neljas põhjendus). Seitsmenda põhjenduse kohaselt viitas Kreeka Vabariik asjaolule, et tema panus väävli sadestumisse ja happesuse kriitiliste saastekoormuste ületamisse teistes liikmesriikides on peaaegu olematu. Väävli sadestumisest Itaalias tunnistas ta omaks 1%. Komisjon palus abi õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammilt (edaspidi „EMEP”). Selle tulemusena analüüsis Norra meteoroloogiainstituut (Meteorological Synthesizing Centre-West, edaspidi „instituut”) põhjalikult Kreeka panust väävli sadestumisse ja seda eriti Itaalias, kus happesuse kriitilise saastekoormuse ületamist on registreeritud 5% hapestumise suhtes tundlikes ökosüsteemides (kaheksas põhjendus). 2002. aasta 22. veebruari ja 22. märtsi aruannetes esitatud analüüsi tulemustest selgub, et Kreeka heitmed põhjustavad happesuse kohta kehtestatud kriitilise saastekoormuse ületamist vähemalt kuues võrgustiku punktis, kus on täheldatud kriitilise saastekoormuse ületamist. Nendes punktides ei ületa Kreeka osa 0,5%, millest EMEP järeldas, et analüüs kinnitab arvutusi, mis omistavad Kreeka Vabariigile väävli sadestumisest Itaalias 1% (üheksas ja kümnes põhjendus). Direktiivi artiklis 9 sätestatud nõuandekomitee (edaspidi „nõuandekomitee”) pidas oma esimese koosoleku 15. aprillil 2002. Mainitud komitee avaldas sellel koosolekul toetust komisjoni eelnõule jätta Kreeka valitsuse taotlus rahuldamata. Üheteistkümnenda põhjenduse kohaselt taotles mainitud valitsus 5. juulil 2002, et komisjon vaataks tema taotluse uuesti läbi, kuna eelnevalt esitatud teatis ei olnud täielik ja ta soovis juuli lõpuks esitada täiendava teabe. 15. juuli 2002. aasta kirjas palus komisjon Kreeka ametiasutustel esitada lubatud teave nii kiiresti kui võimalik ja märkis, et direktiivi artikli 3 lõikes 5 sätestatud tähtaeg hakkab kulgema alates selle teabe kättesaamisest. 30. juulil 2002 esitasid Kreeka ametiasutused andmed Kreeka 2000. aasta vääveldioksiidiheitmete kohta ja tegid ettepaneku võtta need andmed aluseks taotluse läbivaatamisel. 3. oktoobril 2002 esitasid samad ametiasutused värske hinnangu Itaalia ökosüsteemide kaitstuse taseme kohta, milles oli arvestatud Kreeka panusega happesuse kohta kehtestatud kriitilise saastekoormuse ületamisse (kaheteistkümnes põhjendus). Kolmeteistkümnendast põhjendusest nähtub, et EMEP, keda toetab kriitiliste saastekoormuste ja -tasemete kartograafia koordineerimise keskus (edaspidi „CCE”), kinnitas eelnevat järeldust, mille kohaselt Kreeka vääveldioksiidiheitmed, nii nagu Kreeka Vabariik tegi need teatavaks aastal 2000, põhjustavad Itaalias happesuse kohta kehtestatud kriitilise saastekoormuse ületamist. Nende tulemuste kokkuvõte on esitatud 19. novembri 2002. aasta aruandes, mis tõestab väljaspool põhjendatud kahtlust, et Kreeka heitmed põhjustavad liigset sadestumist, mis ületab hapestumise kriitilisi saastekoormuseid teistes liikmesriikides, eriti Itaalias. Arvestades teavet, mille Kreeka Vabariik esitas välisõhu kvaliteedi kohta ja EMEP-i koostatud analüüsi Kreeka panuse kohta kriitiliste saastekoormuste ületamisse, mida kinnitas CCE, otsustas komisjon keelduda Kreeka Vabariigi taotletud erandi tegemisest, kuna kriitilise saastekoormuse ületamist puudutav tingimus ei olnud täidetud (neljateistkümnes põhjendus). Viimasena selgub viieteistkümnendast põhjendusest, et vaidlustatud otsus on kooskõlas arvamusega, mille nõuandekomitee esitas 10. detsembril 2002 toimunud koosolekul. Poolte nõuded Kreeka Vabariik palub Euroopa Kohtul: –        tühistada vaidlustatud otsus; –        otsustada EÜ artikli 241 alusel, et juhul, kui direktiivi tõlgendus, mida toetab komisjon, osutub õigeks, ei ole direktiiv kohaldatav; –        mõista kohtukulud välja komisjonilt. Komisjon palub Euroopa Kohtul: –        jätta hagi rahuldamata; –        mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt. Euroopa Kohtu presidendi 10. septembri 2003. aasta määrusega lubati komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astuda Euroopa Liidu Nõukogul. Viimane palub Euroopa Kohtul jätta Kreeka Vabariigi nõue mitte kohaldada direktiivi EÜ artikli 241 alusel vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata ja mõista kohtukulud välja hagejalt. Hagi Kreeka Vabariik esitab oma tühistamishagi toetuseks sisuliselt neli väidet, mille kohaselt on vastavalt rikutud kaitseõigust, direktiivi artikli 3 lõiget 2, õiguspärase ootuse põhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet. Esimene väide, mis tuleneb kaitseõiguse rikkumisest Poolte argumendid Kreeka valitsus märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaitseõiguse tagamine ühenduse õiguse üldpõhimõte. Huvitatud poolt peab enne otsuse vastuvõtmist teavitama selliselt, et tal oleks mõistlikult aega oma kaitse ettevalmistamiseks, mis tähendab, et tuleb edastada tema vastu esitatud etteheidete täpne ja täielik kokkuvõte ning täpsustada asjaolusid ja kaalutlusi, millel otsus peab rajanema. Käesolevas asjas, eriti seoses menetlusega, mis toimus nõuandekomitees komitee 10. detsembril 2002. aasta koosolekul, seda ei tehtud. Esiteks saadeti selle koosoleku kutse ja komisjoni otsuse eelnõu, samuti dokumendid, millele see institutsioon oma otsuses tugines, liikmesriikide delegatsioonidele vastavalt alles kolmapäeval, 4. detsembril 2002 kell 14.30 ja järgmise päeva hommikul umbes kell 11, mis jättis Kreeka valitsusele oma kaitse ettevalmistamiseks aega kaks täistööpäeva. Seetõttu ei pidanud nõuandekomitee kinni oma töökorra eelnõus seatud tähtaegadest, mille järgi oleks koosolekukutse koos kõigi töödokumentidega tulnud saata vähemalt 14 päeva enne koosolekut, välja arvatud kiireloomuliste küsimuste korral, kui kavandatavaid meetmeid tuleb kohaldada kohe, mille puhul on tähtaega vähendatud viiele päevale enne koosoleku kuupäeva. Antud juhul ei olnud kiirmenetluse kasutamine mitte millegagi õigustatud. Teiseks puudus nõuandekomiteele esitatud dokumentide hulgast komisjoni keskkonna peadirektoraadi 10. detsembri 2002. aasta teatise täiendus (edaspidi „10. detsembri 2002. aasta teatis”), milles see institutsioon tunnistas, et Kreeka panus kriitiliste saastekoormuste ületamisse teistes liikmesriikides võib sõltuda analüüsis kasutatud matemaatilistest mudelitest. Kolmandaks muudeti 2002. aasta 15. aprilli koosoleku ja 10. detsembri koosoleku toimumise vahel oluliselt nõuandekomitee koosseisu. Ainult kaks liiget võtsid osa mõlemast koosolekust. Kreeka valitsuse arvates ei olnud teisel koosolekul osalenud liikmetel võimalik täielikult mõista arutluse all olnud asjaolusid, mistõttu menetlus on kehtetu ka sellel põhjusel. Neljandaks esitati nõuandekomitee 10. detsembri 2002. aasta koosoleku protokoll Kreeka ametiasutustele märkuste tegemiseks alles 20. detsembril 2002 ehk kolm päeva pärast vaidlustatud otsuse vastuvõtmist, kusjuures see protokoll sisaldas ebatäpsuseid ja/või oli sealt välja jäetud midagi sisulist, mis puudutas otseselt eriti EMEP-i esitatud andmeid. Samas pidid töökorra eelnõu kohaselt kõik võimalikud vaidlused olema lahendatud ja olema sellisel juhul lisatud protokollile lisana, et komisjonil oleks enne oma otsuse tegemist täielik ülevaade erinevatest arvamustest. See vastab veelgi enam tõele, kui arvestada, et komisjon peab nõuandekomitee esitatud arvamust arvesse võtma täiel määral. Komisjon väidab, et direktiivi artikli 3 lõikes 5 ettenähtud menetlust alustatakse liikmesriigi taotlusel ja, nagu nähtub otsesõnu ka kõnealusest sättest, on tal selles taotluses võimalik igati väljendada oma seisukohti otsuse kohta, mille vastuvõtmist ta taotleb. Tuginedes uutele andmetele, mis ta ise oli komisjonile esitanud, taotles Kreeka valitsus peale selle oma taotluse teistkordset läbivaatamist, ning selle ta ka saavutas. Sellise menetluse puhul ei ole võistlevuse põhimõte kohaldatav. Nendel asjaoludel ei ole kaitseõiguse rikkumise väide põhjendatud. Igal juhul tuleb etteheited nõuandekomitee koosoleku kutse, koosseisu ja koosoleku protokolli sisu kohta tagasi lükata. Komisjon märgib selle kohta, et peale Kreeka ametiasutuste 2002. aasta juuni taotlust komisjoni seisukoht uuesti läbi vaadata, saatis viimane neile 4. detsembril 2002 koosolekukutse, päevakorra ja otsuse parandatud eelnõu ning järgmisel päeval valitsuse esitatud teabe teadusliku hinnangu, st viis päeva enne koosoleku kuupäeva, 10. detsembril 2002, nagu näeb ette komitee töökorra eelnõu. Kiireloomulisust põhjendas eriti asjaolu, et otsus pidi jõustuma 1. jaanuariks 2003. Kreeka ametiasutustel oli võimalik oma vastuargumente esitada kirjalikult 10. detsembri 2002. aasta koosolekul. Mis puudutab 10. detsembri 2002. aasta teatist, siis see on sisedokument, mis koostati pärast mainitud päeval toimunud koosolekut ja see ei sisalda uut teavet, mis oleks võinud muuta koosoleku käiku. Nõuandekomitee koosseisu kohta tuleb märkida, et selle üle otsustavad liikmesriigid. Nõuandekomitee koosoleku protokolli kohta esitatud väidetele vastab komisjon, et keegi ei vaielnud vastu liikmesriikide delegatsioonidele jagatud protokolli parandatud projektile ning teised märkused, mille Kreeka delegatsioon esitas 17. veebruaril 2003, ei puudutanud „olulisi ebatäpsuseid” ning nõuandekomitee seisukohta väljendab enamuse, mitte komitee vähemuse arvamus. Euroopa Kohtu hinnang Kreeka valitsuse esimese väite raames esitatud etteheited, nagu märgib ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 28, ei puuduta kõnealuse liikmesriigi kaitseõiguse põhimõtte kohaldamist tema suhetele komisjoniga, vaid puudutab tegelikult nõuandekomitee menetluse nõuetekohasust, mille tõttu ei ole vaja analüüsida, kas ja millises ulatuses on mainitud põhimõte kohaldatav sellisele menetlusele, nagu on ette nähtud direktiivi artikli 3 lõikes 5. Mis puudutab esimest etteheidet, et ajavahemik nõuandekomitee koosoleku kokkukutsumise ja vastavalt 2002. aasta 4. ja 5. detsembril kättesaadud dokumentide saatmise ning 10. detsembril toimunud koosoleku vahel oli liiga lühike, siis tuleb märkida, et direktiivi artikkel 9 ei kohusta järgima konkreetset tähtaega koosolekukutse, päevakorra, meetmete eelnõude, mille kohta küsitakse arvamust, ja kõigi teiste töödokumentide saatmisel nõuandekomitee liikmetele enne koosoleku toimumist. See artikkel näeb üksnes ette, et viimane esitab oma arvamuse komisjoni esitatud kehtestatavate meetmete eelnõu kohta „tähtaja jooksul, mille määrab eesistuja lähtuvalt küsimuse kiireloomulisusest”. Vastupidi, komitee töökorra eelnõu, millele Kreeka valitsus oma etteheites toetub, nägi vaatamata sellele, et ta ei olnud jõustunud, vaieldamatult ette võimaluse vähendada kokkukutsumise ja töödokumentide saatmise tähtaega kiireloomuliste küsimuste korral viiele päevale. Vastupidi kõnealuse valitsuse seisukohale oli antud küsimus kiireloomuline, kuna Kreeka ettevõtjad pidid enne 1. jaanuari 2003 teadma, kas nad võivad jätkata raskete kütteõlide kasutamist, mille väävlisisaldus ei vasta direktiivi artikli 3 lõike 1 nõuetele, kuna alates sellest kuupäevast kohustas direktiiv liikmesriike keelustama kõrgema kui 1% väävlisisaldusega raskete kütteõlide kasutamise. Kokkuvõtteks, kuna Kreeka ametivõimud esitasid täiendava teabe, mida komisjon oli nõudnud, 3. oktoobril 2002 ja kuna EMEP-i aruande, mis tegi sellele teabele antud hinnangust kokkuvõtte, sai komisjon 21. novembril, siis tuli selleks, et enne 2002. aasta lõppu oleks saanud vastu võtta täiel määral komitee arvamusega arvestava komisjoni otsuse, kasutada lühendatud edastustähtaega. Esimene etteheide ei ole seega põhjendatud. Mis puudutab teist etteheidet selle kohta, et 10. detsembri 2002. aasta teatist ei esitatud nõuandekomitee liikmetele, et nad oleksid saanud sellel päeval toimunud nõuandekomitee koosolekuks valmistuda küllaldase põhjalikkusega, siis piisab tõdemisest, et Kreeka valitsus ei ole vaielnud vastu sellele, et tegemist on täielikult sisedokumendiga, mis koostati pärast mainitud koosolekut komisjoni otsuse vastuvõtmise käigus. Järelikult ei ole ka see etteheide põhjendatud. Mis puudutab kolmandat etteheidet nõuandekomitee koosseisu muutmise kohta selle esimese ja teise koosoleku toimumise vahel, siis tuleb märkida, et vastavalt direktiivi artikli 9 esimesele lõigule on liikmesriikide esindajate nimetamine nõuandekomitee juurde täielikult liikmesriikide pädevuses, millest tulenevalt ei ole nad kohustatud ühte arvamusetaotlust arutavatele erinevatele koosolekutele saatma samasid inimesi. Mis puudutab neljandat etteheidet, et 10. detsembri 2002. aasta koosoleku protokoll saadeti Kreeka delegatsioonile väidetavalt hilinemisega, siis tuleb kõigepealt rõhutada, et direktiivi artikli 9 kolmas ja neljas lõik näevad üksnes ette, et nõuandekomitee arvamus protokollitakse, et igal liikmesriigil on õigus taotleda oma seisukoha protokollimist ning et komisjon peab seda arvamust täiel määral arvesse võtma. Nõuandekomitee töökord, millele Kreeka valitsus oma etteheites toetub, kuid mis ei olnud jõustunud, näeb üksnes ette, et protokollid saadetakse mainitud komitee liikmetele 15 tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumise kuupäevast, pärast mida teavitavad liikmed eesistujat kirjalikult oma võimalikest märkustest, mis arutatakse nõuandekomitees läbi ja lisatakse protokollile, kui lahkarvamust ei suudeta lahendada. Isegi kui oletada, et 10. juuli 2002. aasta koosoleku protokolli liikmesriikide delegatsioonidele saatmine kolm päeva pärast vaidlustatud otsuse vastuvõtmist on menetlusnormide rikkumine, siis ei tooks selline rikkumine kaasa antud otsuse tühistamist, kuivõrd ei ole tuvastatud, kas sellise rikkumise puudumisel oleks antud otsuses, mis oli vastu võetud täielikus kooskõlas komitee arvamusega, võinud jõuda teistsuguse tulemuseni (vt selle kohta 25. oktoobri 2005. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑465/02 ja C‑466/02: Saksamaa ja Taani v . komisjon, EKL 2005, lk I-9115, punkt 37). Nendel asjaoludel ei ole ka see etteheide põhjendatud. Kuna ükski neljast etteheidetest, mis Kreeka valitsus esitas oma esimese väite toetuseks, ei ole põhjendatud, siis tuleb see väide tagasi lükata. Teine väide, mis tuleneb direktiivi artikli 3 lõike 2 rikkumisest Poolte argumendid Kreeka valitsus väidab algusest peale, et Kreeka panus kriitiliste saastekoormuste ületamisse põhineb projektsioonil, mida ei ole mõõtmistega kontrollitud ning EMEP-i analüüsi tulemused ei kinnita, et teine tingimus direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatud erandi tegemiseks ei ole täidetud. Vastupidi vaidlustatud otsuse kolmeteistkümnendas põhjenduses kinnitatule ei nähtu antud valitsuse arvates EMEP-i 19. novembri 2002. aasta aruandest selgesti ega ole „väljaspool põhjendatud kahtlust”, et Kreeka heitmetest põhjustatud liigne sadestumine ületab hapestumise kriitilist saastekoormust Itaalias. Selline kinnitus ei esine mainitud aruandes, vaid selle kaaskirjas ja peegeldab kirja autori ehk instituudi peadirektori isiklikku arvamust. Direktiivi vastuvõtmise ajal hinnati EMEP-i 1997. ja 1998. aasta aruannetes Kreeka osa väävli sadestumises Itaalias nullile. Mis puudutab 2002. aasta osalust, mis on küll „olemas”, aga „ebaoluline”, siis jääb see EMEP-i ja komisjoni sellest ajast peale kasutava arvutusmeetodi alusel vahemikku 0,1–0,2%. Kui kohaldada praegu kättesaadavatele andmetele 1998. aastal kasutatud arvutusmeetodit, siis oleks Kreeka osa kriitilise saastekoormuse ületamises võrgustiku Põhja-Itaalia ruutudes 0%. Erandi tegemise mehhanism saab korralikult toimida vaid siis, kui lähtutakse sellest teaduslikust taustast, milles direktiiv vastu võeti ja tõlgendatakse erandi tegemise võimalust teavet, andmeid, mudeleid ja teaduslikke meetodeid silmas pidades, mida kasutati direktiivi vastuvõtmise menetluses. Kreeka valitsus väidab ka seda, et kasutades 1998. aasta omast erinevat arvutusmeetodit, laiendab komisjon märgatavalt direktiivi kohaldamisala, mida ta ei saa teha järgimata menetlust, mis on ette nähtud EÜ artiklis 189c (nüüd EÜ artikkel 252) ja mille alusel direktiiv on vastu võetud. Igal juhul ei saa niivõrd ebaoluline (vähem kui 0,5%) sadestumine selle sõna tehnilises tähenduses olla „põhjus” direktiivi artikli 3 lõike 2 tähenduses. Komisjon väidab aga vastupidi, et panus ületamise põhjustamisse ei pea olema oluline, vaid erandi tegemisest keeldumiseks piisab pelgalt selle panuse olemasolust. Direktiivi eesmärk on ühelt poolt ökosüsteemide kaitsmine vääveldioksiidiheitmete kahjulike tagajärgede eest. Teiselt poolt ilmneb kõnealuse sätte sõnastusest, et see puudutab üksnes heitmeid, mis põhjustavad kriitiliste saastekoormuste ületamist piiritletud ökosüsteemides, millest tulenevalt peab taotluse rahuldamata jätmiseks olema tuvastatud väljaspool igasugust kahtlust, et sellest liikmesriigist lähtuv väävli sadestumine on määrava tähtsusega kriitilise saastekoormuse ületamises selles EMEP-i võrgustiku ruudus, kus on täheldatud taolise saastekoormuse ületamist. Direktiivi järjekindlast tõlgendamisest tuleneb, et selle artikli 3 lõikes 2 sätestatud erandi andmisest võib keelduda vaid siis, kui kaitstud ökosüsteemide arv suureneb selle keeldumise tagajärjel. Erandi tegemise taotluse rahuldamata jätmine ei kaitse ühtegi kaitsmata ökosüsteemidest nendes kuues EMEP-i võrgustiku ruudus, milles on täheldatud kriitiliste saastekoormuste ületamist ja mida Kreekast pärineva vääveldioksiidi sadestumine võib puudutada. Taotluse rahuldamine aga ei põhjusta võrgustiku ruutudes asuvate kaitstud ökosüsteemide kaitse vähenemist. Veelgi enam, komisjoni osundatud EMEP-i norm on matemaatiline mudel, millel ei ole olemas läve, millest allpool oleks teoreetiline sadestumine „tuvastamatu”. Kreeka valitsuse arvates on vaja tagada erandite tegemise võimaluse tõhus kohaldamine, mille tähtsust rõhutab ka direktiiv. Komisjoni tõlgendus tähendaks seda, et erandile ei saaks tugineda ükski liikmesriik, kuna tema heitmed põhjustavad ühel või teisel moel sadestumist nende liikmesriikide piirkondades, kus ületatakse kriitilisi saastekoormuseid. Komisjon väidab, et direktiiv osundab „põhjustamisele”, ükskõik kas see on ebaoluline või oluline. Vastupidi mõistele „põhjustamine” ei kasuta direktiiv mõistet „tehniline sadestumine, mis on väiksem kui 0,5%”. Mainitud põhjustamine ei pea olema ületamise suhtes otsustava tähtsusega; erandi tegemisest keeldumise õigustamiseks on piisav igasuguse põhjustamise tuvastamine. Komisjoni 12. märtsi 1997. aasta teatis nõukogule ja parlamendile KOM/97/088 (lõplik) ühenduse strateegia kohta võitluses hapestumise vastu (edaspidi „teatis hapestumise kohta”), millele on viidatud direktiivi üheksandas põhjenduses seoses direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatud erandiga, ei kajasta kehtivat õigust, kuna nõukogu muutis teadlikult lõplikus vastuvõetud tekstis erandi tegemise tingimused rangemaks. Järelikult ei saa Kreeka valitsus oma väites sellele teatisele tugineda. Kreeka panust kinnitavad värsked andmed, mis põhinevad teadusringkonna 30 viimase aasta jooksul atmosfääris aset leidvate kauglevi protsesside kohta kogutud üldistel teadmistel. Projektsioon on vajalik iga liikmesriigi panuse arvutamiseks direktiivi tähenduses. Instituut on parim teaduskeskus, kes oskab anda teavet ühest liikmesriigist pärineva vääveldioksiidi heitmete panuse kohta teises liikmesriigis täheldatud kriitiliste saastekoormuste ületamisse. EMEP-i aruannete järeldustest selgub, et Kreeka heitmetest tingitud väävli sadestumine põhjustab teiste liikmesriikide territooriumil, eelkõige Itaalias, happesuse kriitiliste saastekoormuste ületamist. Vaidlustatud otsus tugineb andmetele 2000. ja 2001. aasta heitmete kohta. Kreeka panus väävli sadestumisse Itaalias on kahtlemata vähenenud, kuid ei ole siiski ebaoluline. Kolme liikmesriigi (Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi) kohta on märgitud, et nende panus väävli sadestumisse Itaalias on null. Komisjoni arvates ei muuda tema tõlgendus antud sätte tõhusust ja arvestab direktiivi sõnastuse ja eesmärgiga. Erandit võib kohaldada, kui seda taotleva liikmesriigi panus on null, kuna sadestumine on EMEP-i normi avastamispiiridest väiksem, või siis, kui teistes liikmesriikides ei esine kriitiliste saastekoormuste ületamist, kusjuures see hüpotees ei ole ei teoreetiline ega ka alusetu. Viimasena rõhutab komisjon, et ta piirdus vaid direktiivi sätete kohaldamisega, mille tõttu ei ole eiratud ka EÜ artiklit 252. Euroopa Kohtu hinnang Sisuliselt vaidlustab Kreeka Vabariik oma argumentatsiooniga ühelt poolt tõlgenduse, mis komisjon on andnud direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel erandi tegemise teisele tingimusele, mille kohaselt „heitmed ei põhjusta” kriitiliste saastekoormuste ületamist liikmesriikides, ja teiselt poolt hindamismeetodi, mida komisjon kasutas, et teha kindlaks selline põhjustamine ja järelikult ka kogu Kreeka päritolu väävli sadestumise panus kriitilise saastekoormuse ületamisse Itaalias. Kreeka valitsuse argument, mis puudutab direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatud kriitiliste saastekoormuste ületamise tingimuse tõlgendamist, tuleb tagasi lükata. Kõnealuse artikli sõnastusest tulenevalt võib selliste raskete kütteõlide kasutamist, mille väävlisisaldus on 1–3% massist, lubada lisaks tingimusele, et täidetakse vääveldioksiidi õhukvaliteedi standardeid, mis on kinnitatud vastavate ühenduse õigusaktidega, tingimusel et vääveldioksiidi heitmed ei „põhjusta kriitiliste saastekoormuste ületamist” mõnes liikmesriigis, ilma et see säte täpsustaks selle põhjustamise olulisust või rolli mainitud ületamises. Sätte tekst ei anna kuidagi alust rõhutada järeldust, et erandi võib teha, kui panus ületamisse ei ole oluline või kui panus on tuvastatav, aga ei ületa kindlaksmääratud läve. Direktiivi artikli 3 lõike 2 kitsendavat tõlgendamist toetavad lisaks reeglile, et erandeid tuleb tõlgendada kitsalt, ka direktiivi ettevalmistavad materjalid, millest nähtub, et nõukogu direktiivi ettepanekus oli komisjon pakkunud välja, et erandi võib teha juhul, kui panus piiriülesesse saastesse on „ebaoluline”, aga nõukogu seadis direktiivis erandi tegemise tingimuseks, et heitmed „ei põhjusta” kriitiliste saastekoormuste ületamist, tegemata vahet, kas panus on märkimisväärne või mitte ja nõudmata, et see oleks konkreetse ületamise põhjustamises otsustava tähtsusega. Direktiivi artikli 3 lõike 2 hispaania- ja itaaliakeelses versioonis on tõepoolest samas lauses täpsustatud, et heitmed ei tohi kriitiliste saastekoormuste ületamist liikmesriikides põhjustada „märkimisväärsel määral”. Kuid antud täpsustus, nagu rõhutab ka kohtujurist oma ettepaneku punktis 63, ei saa kaasa tuua mingeid tagajärgi, kuna teistes keeleversioonides seda täpsustust ei esine ja ka direktiivi hispaania- ja itaaliakeelses versioonis sätestab direktiivi artikli 3 lõike 2 teine lause, et erandit lubatakse seni, kuni liikmesriigi heitmed „ei põhjusta kriitiliste saastekoormuste ületamist” liikmesriikides, kordamata eelnevalt kasutatud väljendit „olulisel määral”. Eelnev järeldus ei muuda olematuks ka direktiivi artikli 3 lõike 2 kasulikku mõju, kuivõrd selliste raskete kütteõlide kasutamiseks, mille väävlisisaldus on 1–3% massist, võib erandi teha, nagu märgib komisjon, kui analüüside tulemused lubavad järeldada, et ei põhjustata kriitiliste saastekoormuste ületamist liikmesriikides või juhul, kui liikmesriikides ei täheldata enam kriitiliste saastekoormuste ületamist, mis võib eelkõige olla tingitud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2001. aasta direktiivi 2001/80/EÜ teatavate suurtest põletusseadmetest õhku eralduvate saasteainete piiramise kohta (EÜT L 309, lk 1; ELT eriväljaanne 15/06, lk 299) rakendamisest. Etteheite kohta, mis puudutab meetodit, mida EMEP ja komisjon kasutasid kriitiliste saastekoormuste ületamise põhjustamise hindamiseks, tuleb rõhutada, et vastupidi Kreeka valitsuse tõdemusele ei kohusta ükski direktiivi säte komisjoni kasutama kindlat hindamismeetodit ega, veelgi enam, kasutama peale direktiivi jõustumist sama meetodit kui see, millele tugineti direktiivi ettevalmistamisel. Nendel asjaoludel ei saa komisjonile ette heita, et ta tugines instituudi analüüsi tulemustele, mis saadi kasutades hindamismeetodit, mille teaduslikku paikapidavust Kreeka valitsus ei kritiseeri. Kokkuvõttes ei ole Kreeka valitsus suutnud tõestada, et värskete projektsioonide tulemused, mis põhinevad teadusringkonna 30 viimase aasta jooksul atmosfääris aset leidvate kauglevi protsesside kohta kogutud üldistel teadmistel, mida rõhutab ka instituudi peadirektori 19. novembri 2002. aasta kaaskiri, ei kinnita, et Kreeka oleks põhjustanud kriitiliste saastekoormuste ületamist Itaalias. Vaidlustatud otsuse kolmeteistkümnendas põhjenduses sisalduv kinnitus, mille kohaselt on väljaspool põhjendatud kahtlust leidnud kinnitust, et Kreeka vääveldioksiidiheitmed põhjustavad hapestumise kriitiliste saastekoormuste ületamist teistes liikmesriikides ja eriti Itaalias ning mille kõnealused analüüsid teinud instituudi peadirektor esitas ka oma kirjas, on vastupidi Kreeka Vabariigi väidetule arvamus, mille ta esitas nende analüüside kohta peadirektori kohuseid täites. Seega ei kajasta see kinnitus mitte kirja autori isiklikku arvamust, vaid instituudi arvamust oma analüüside kohta. Eelnevale tuleb lisada, et vaidlustatud otsus on igal juhul võetud vastu kooskõlas nõuandekomitee arvamusega, mille tõttu ühenduse kohus võib sellist otsust kontrollida vaid siis, kui on tegemist ilmse fakti- või õigusliku vea või võimu kuritarvitamisega (vt selle kohta 27. septembri 1983. aasta otsus kohtuasjas 216/82: Universität Hamburg, EKL 1983, lk 2771, punkt 14). Eeltoodud põhjustel võis komisjon direktiivi artikli 3 lõiget 2 ja EÜ artiklit 252 eiramata võtta vastu vaidlustatud otsuse, mis on kooskõlas nõuandekomitee arvamusega, tuginedes instituudi analüüsidele, mille kohaselt põhjustab Kreekast pärit sadestumine kriitilise saastekoormuse ületamist teatud Itaalia piirkondades; sellise otsuse võis vastu võtta isegi siis, kui see panus ei ületanud 0,5% kõnealusest väävli sadestumisest ja ei omanud kriitilise saastekoormuse ületamisel määravat tähtsust. Nendel asjaoludel tuleb ka teine väide tagasi lükata. Kolmas väide, mis tuleneb õiguspärase ootuse põhimõtte rikkumisest Poolte argumendid Kreeka Vabariik väidab, et tal tekkis õiguspärane ootus direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel tehtavale erandile, eriti kui võtta arvesse teatist hapestumise kohta, mille komisjon esitas koos direktiivi esialgse ettepanekuga. See teatis andis selgesti alust loota, et kuna Kreeka Vabariik ei ole happesuse probleemi oluline põhjustaja, siis tuleb osa tema territooriumi suhtes teha kõnealune erand. Kreeka Vabariigi õiguspärast ootust tugineda sellele erandit võimaldavale sättele tugevdas pealegi tõsiasi, et Kreekale omistatavat väävli sadestumist Itaalias ajavahemikul 1985–1996 hinnati direktiivi vastuvõtmise hetkel EMEP-i 1998. aasta aruande põhjal nullile. Komisjon vastab, et nõukogu direktiivi ettepaneku väljatöötamise aluseks olnud ettevalmistavaid materjale ja teatist hapestumise kohta ei saa antud juhul lugeda konkreetseteks kinnitusteks, mis annavad hagejale põhjendatud lootuse. Direktiivi ettepanekuid muudetakse läbirääkimiste käigus sageli ning see leidis aset ka antud juhul. Euroopa Kohtu hinnang Iga ettevõtja, kelles institutsioon on tekitanud põhjendatud lootusi, võib tugineda õiguspärase ootuse põhimõttele. Peale selle ei takista miski ühel liikmesriigil tühistamishagi raames väita, et institutsioonide õigusakt kahjustab teatud ettevõtjate õiguspärast ootust (vt eelkõige 10. märtsi 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑342/03: Hispaania v. nõukogu, EKL 2005, lk I‑1975, punkt 47). Ometigi ei saa aktsepteerida, et teatis, mille komisjon on esitanud koos direktiivi ettepanekuga, olgugi et seda on mainitud viimase põhjendustes, annaks alust õiguspärasele ootusele, et järgitakse selles mainitud suunda, kuna EÜ asutamislepingu artiklitest 189a (nüüd EÜ artikkel 250) ja 189c tuleneb, et komisjon võib igal hetkel seda ettepanekut muuta ja nõukogu võib vastu võtta ettepanekut muutva akti (vt selle kohta eelkõige 5. oktoobri 1993. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑13/92–C‑16/92: Driessen jt, EKL 1993, lk I-4751, punkt 33), mis juhtus käesolevas asjas nende tingimustega, mille täitmisel lubatakse kasutada raskeid kütteõlisid, mille väävlisisaldus on suurem kui 1% massist. Kuna vaidlustatud otsus õiguspärase ootuse põhimõtet ei eira, siis järelikult tuleb selle rikkumisest tulenev väide tagasi lükata. Neljas väide, mis tuleneb proportsionaalsuse põhimõtte rikkumisest Poolte argumendid Kreeka valitsus kinnitab, et proportsionaalsuse põhimõttest johtuvalt tuleb direktiivi artikli 3 lõike 2 alusel erandi tegemisel olla paindlik. Arvestades mõistete „kriitilised saastekoormused”, „ületamine” ja „ületamise põhjustamine” ebamäärasust, on komisjoni väga kitsas tõlgendus vastuolus igasuguse „kirjeldatud keskkonnanähtuste territoriaalse struktuuri keerukusest” tingitud paindlikkusega, millele komisjon viitab oma teatises hapestumise kohta. Komisjon oleks pidanud taotluse rahuldama, kuna sellest keeldumisega kaasnevad kulutused ja keskkonnale tekkiv ebaoluline kasu ei olnud võrdsed. Kreeka Vabariigi kulutused olid 50 korda kõrgemad kui need, mida Itaalia Vabariik oleks pidanud tegema keskkonna samasuguse kaitstuse saavutamiseks oma territooriumil. Komisjoni väide sunnib liikmesriiki tegema raskete kütteõlide väävlisisalduse vähendamiseks olulisi ja ebaproportsionaalseid kulutusi, samas kui saavutatud tulemus ei aita mitte kuidagi kaasa direktiiviga taotlevate keskkonnaeesmärkide saavutamisele, kuna kaitsetute ökosüsteemide arv ei muutu üheski võrgustiku ruudus, kus on täheldatud kriitilise saastekoormuse ületamist. Kokkuvõttes ei parane ühegi kõnealuse Itaalia piirkonna ökosüsteemi kaitstuse tase, kui raskete kütteõlide põletamisest või kõikidest muudest allikatest Kreekas tekkivad vääveldioksiidiheitmed muutuksid olematuks. Lisaks ei muutuks ükski selle piirkonna kaitstud ökosüsteem pelgalt erandi tegemise tõttu haavatavaks. Kuna vaidlustatud otsus ei ole ei sobiv ega vajalik, siis läheb ta vastuollu proportsionaalsuse põhimõttega. Kreeka valitsus lisab, et kui komisjoni väga kitsas tõlgendus on direktiivi mõttega kooskõlas, siis tähendab see, et direktiiv ei võta arvesse tasuvuse kriteeriumi ja rikub proportsionaalsuse põhimõtet. Tõsiasi, et nõukogu on erandi tegemise tingimusi karmistanud, jättes artiklist 3 välja komisjoni pakutud „ebaolulise” põhjustamise, kinnitab komisjoni väitel seda, et tal ei ole erandi tegemise taotluse läbivaatamisel mingit kaalutlusruumi. Nõukogu oli omalt poolt proportsionaalsuse printsiipi juba arvesse võtnud. Vaidlusaluse sätte sobivuse põhjendus on esitatud direktiivi kaheksandas põhjenduses. Meetme vajalikkus põhineb direktiivi üheksandal, kümnendal ja viieteistkümnendal põhjendusel. Pealegi võib Euroopa Kohtu praktika kohaselt taotletavate eesmärkide olulisus õigustada teatud ettevõtjatele tekkivaid kahjulikke majanduslikke tagajärgi, isegi kui need on olulised. Keskkonnapoliitika valdkonnas kehtestatud meetme õiguspärasust saab mõjutada ainult see, kui antud meede on pädeva institutsiooni taotletava eesmärgi saavutamiseks ilmselgelt sobimatu, kuid käesolev juhtum selliste hulka ei kuulu. Euroopa Kohtu hinnang Direktiivi artikli 3 lõike 2 rikkumisest tuleneva väite analüüsimisel selgub, et komisjonil ei ole selle sätte alusel erandi tegemise üle otsustamisel mingit kaalutlusruumi, kui on kindlaks tehtud kriitiliste saastekoormuste ületamine ja seda sõltumata selle põhjustamise ulatusest või rollist mainitud ületamises. Nendel asjaoludel, millele viitab ka komisjon, muutub küsimus proportsionaalsuse põhimõtte järgimisest antud juhul direktiivi enda vaidlustamiseks. Ka Kreeka valitsus toetub samale mõttele, kui ta teise võimalusena taotleb, et juhul, kui Euroopa Kohus tõlgendab direktiivi samamoodi nagu komisjon, siis rikub direktiiv ise proportsionaalsuse põhimõtet, millest tulenevalt tuleb ta EÜ artikli 241 alusel jätta kohaldamata. Komisjon ja nõukogu omalt poolt peavad Kreeka valitsuse esitatud õigusvastasuse väidet vastuvõetamatuks, kuna hagis pole selle kinnituseks esitatud õiguslikke väiteid. Selle väitega ei saa nõustuda. Kreeka valitsus on tõepoolest oma hagiavalduses teise võimalusena väitnud, et ühenduse seadusandja on eiranud proportsionaalsuse põhimõtet, kuivõrd direktiivis erandi tegemiseks ette nähtud tingimused ei arvesta majandusliku otstarbekuse kriteeriumidega, millele komisjon viitab oma teatises hapestumise kohta. Hagis on piisavalt selgelt ära toodud põhjused, miks proportsionaalsuse põhimõtet on rikutud. Õigusvastasuse väidet ei saa seega tunnistada sellel ajendil vastuvõetamatuks. Isegi kui oletada, et liikmesriik võib ühenduse kohtule esitatud tühistamishagis enda kaitseks toetuda sellise direktiivi õigusvastasusele, mis on adresseeritud temale ja mille vastu ta ei ole EÜ artikli 230 viienda lõigu alusel esitanud tühistamishagi, ei ole see väide samas ometi põhjendatud. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt (vt eelkõige 14. aprilli 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑110/03: Belgia v. komisjon, EKL 2005, lk I-2801, punkt 61) on proportsionaalsuse põhimõtte rikkumise eeldus, et ühenduse õigusaktis on õigussubjektidele kehtestatud kohustus, mis ületab kõige selle õigusakti eesmärgi saavutamiseks sobiva ja vajaliku piirid. Tulenevalt vajadusest tasakaalustada teatud eesmärke ja põhimõtteid, mis on sätestatud EÜ asutamislepingu artiklis 130r (muudetuna EÜ artikkel 174) – mida peab ellu viima asutamislepingu EÜ artikli 130s lõige 1, mis on ka direktiivi õiguslik alus – samuti tulenevalt nende kriteeriumide rakendamise keerukusest, millega ühenduse seadusandja peab keskkonnapoliitika rakendamisel arvestama, peab kohtulik kontroll olema piiratud küsimusega, kas nõukogu on direktiivi vastuvõtmisel teinud ilmse kaalutlusvea (vt selle kohta eelkõige 14. juuli 1998. aasta otsus kohtuasjas C‑284/95: Safety Hi-Tech, EKL 1998, lk I-4301, punkt 37). Kuivõrd Kreeka valitsuse etteheited toetuvad arvamusavaldustele, mis on esitatud teatises hapestumise kohta, siis tuleb märkida, et ei ole kahtlust selles, et nõukogu on teadlikult karmistanud erandi tegemise tingimusi selliste raskete kütteõlide kasutamiseks, mille väävlisisaldus on kõrgem kui 1% massist. Järelikult ei ole sellele teatisele tuginedes võimalik väita, et ühenduse seadusandja oleks rikkunud proportsionaalsuse põhimõtet. Direktiivi artikli 1 lõike 1 kohaselt on direktiivi eesmärk vähendada teatavate vedelkütuste põletamisel tekkivaid vääveldioksiidiheitmeid. Selle eesmärgi saavutamiseks sätestab direktiivi artikli 3 lõige 1, et alates 1. jaanuarist 2003 ei või liikmesriikide territooriumil kasutada raskeid kütteõlisid, mille väävlisisaldus on kõrgem kui 1% massist. Direktiivi kolmandast, neljandast ja kaheksandast põhjendusest selgub, et naftas esinevat väävlit on aastakümnete jooksul peetud vääveldioksiidiheitmete valdavaks allikaks, kusjuures need heitmed on happevihmade peamised tekitajad ning paljudes linna- ja tööstuspiirkondades esineva õhusaaste suurimad põhjustajad. Lisaks selgub direktiivi viiendast põhjendusest, et hapestumine on piiriülene nähtus. Lubatud 1% piiri ületava väävlisisaldusega raskete kütteõlide kasutamise lubamine direktiivi artikli 3 lõikes 2 sätestatuga sarnastel rangetel tingimustel on seega direktiivi eesmärgi saavutamiseks sobiv meede. Mis puudutab vajadust kohaldada rangelt tingimust, et heitmed ei põhjusta kriitiliste saastekoormuste ületamist liikmesriikides, siis selle kohta teatab direktiivi kümnes põhjendus, et „uuringud on näidanud, et kasu, mida saadakse väävliheitmete vähendamisel kütuste väävlisisalduse vähendamise teel, on tihti märkimisväärselt suurem kui käesolevast direktiivist tööstusele tulenevad hinnangulised kulud, ja vedelkütuste väävlisisalduse vähendamise tehnoloogia on olemas ning see on ennast hästi tõestanud”. Komisjon märgib, et nõukogu lisas selle põhjenduse siis, kui ta muutis komisjoni ettepaneku rangemaks, et selgitada, kuidas on arvesse võetud proportsionaalsuse põhimõtet. Direktiivi viieteistkümnes põhjendus täpsustab, et kohustusest järgida direktiiviga lubatavat raskete kütteõlide väävlisisalduse piirväärtust tuleb sätestada erandid liikmesriikidele ja piirkondadele, mille keskkonnatingimused seda võimaldavad. Arvestades eelkõige väävliheitmete mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, aga ka nende heitmete olulist osa piiriüleses hapestumises, võis nõukogu ilma ilmset kaalutlusviga tegemata pidada vajalikuks lubada erandkorras kasutada raskeid kütteõlisid, mille väävlisisaldus on kõrgem kui 1% massist, kui liikmesriigi väävliheitmed ei põhjusta mitte mingil moel kriitiliste saastekoormuste ületamist liikmesriikides; nõukogu võib seda teha ka siis, kui sellise meetmega võivad kaasneda märkimisväärsed majanduslikud kulutused ja kui panus olukorra halvenemisse liikmesriikides ei ole oluline. Taotletavate eesmärkide olulisus õigustab negatiivseid majanduslikke tagajärgi, mis võivad teatud ettevõtjate puhul olla ulatuslikud (vt selle kohta eelkõige 13. novembri 1990. aasta otsus kohtuasjas C‑331/88: Fedesa jt, EKL 1990, lk I‑4023, punkt 17, ja 17. juuli 1997. aasta otsus kohtuasjas C‑183/95: Affish, EKL 1997, lk I-4315, punkt 42), seda enam, et keskkonnakaitse on üks ühenduse põhieesmärke (vt eelkõige 13. septembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑176/03: komisjon v . nõukogu, EKL 2005, lk I-7879, punkt 41, ja 15. novembri 2005. aasta otsus kohtuasjas C‑320/03: komisjon v . Austria, EKL 2005, lk I-9871, punkt 72). Järelikult tuleb väide direktiivi õigusvastasuse kohta samuti põhjendamatuse tõttu tagasi lükata. Eelnevat arvesse võttes tuleb hagi jätta täies ulatuses rahuldamata. Kohtukulud Kodukorra artikli 69 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna komisjon on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja Kreeka Vabariik on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista Kreeka Vabariigilt. Nõukogu kannab sama artikli lõike 4 alusel ise oma kohtukulud. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab: 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud välja Kreeka Vabariigilt. 3. Euroopa Liidu Nõukogu kannab ise oma kohtukulud. Allkirjad * Kohtumenetluse keel: kreeka.

61983CJ0097

da

1 VED DOM AF 10 . MAJ 1983 , INDGAAET TIL DOMSTOLEN DEN 27 . MAJ 1983 , HAR NEDERLANDENES HOGE RAAD I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 177 STILLET TO PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL VEDROERENDE FORTOLKNINGEN AF EOEF-TRAKTATENS BESTEMMELSER OM FRIE VAREBEVAEGELSER INDEN FOR FAELLESSKABET . 2 DISSE SPOERGSMAAL ER BLEVET REJST UNDER EN STRAFFESAG MOD EN NEDERLANDSK IMPORTOER , SOM ER TILTALT FOR AT HAVE LAGERFOERT MEJERIPRODUKTER , SOM ER UEGNEDE TIL MENNESKEFOEDE , I STRID MED BESTEMMELSERNE I MELKBESLUIT AF 25 . OKTOBER 1974 ( DEN NEDERLANDSKE BEKENDTGOERELSE OM KONSUMMAELKPRODUKTER ), SOM ER UDSTEDT I HENHOLD TIL ARTIKLERNE 14 OG 16 I WARENWET AF 28 . DECEMBER 1935 , SOM INDEHOLDER BESTEMMELSER OM VARERS BETEGNELSE OG KVALITET ( STB . 1935 , S . 793 ) MED SENERE AENDRINGER , OG SOM FASTSAETTER DE BETINGELSER , SOM PASTEURISEREDE ELLER STERILISEREDE MEJERIPRODUKTER SKAL OPFYLDE FOR AT KUNNE FORHANDLES PAA DET NEDERLANDSKE MARKED . 3 I HENHOLD TIL ARTIKEL 34 , STK . 3 , I MELKBESLUIT SKAL PASTEURISEREDE MEJERIPRODUKTER BLANDT ANDET PAA SIDSTE SALGSDAG OPFYLDE FOELGENDE BETINGELSER : "A ) DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER MAA IKKE KUNNE PAAVISES I 1 ML ; B)ANTALLET AF DYRKBARE MIKROORGANISMER MAA HOEJST UDGOERE 50 000 PR . ML , BORTSET FRA PISKEFLOEDE , HVORI ANTALLET HOEJST MAA UDGOERE 200 000." 4 VED EN UNDERSOEGELSE , SOM DEN NEDERLANDSKE KONTROLTJENESTE FORETOG AF FEM VAREPARTIER , SOM VAR BLEVET INDFOERT FRA FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND FOR AT SAELGES I NEDERLANDENE , VISTE DET SIG , AT PRODUKTERNE PAA DEN PAA EMBALLAGEN ANFOERTE SIDSTE SALGSDAG ELLER UMIDDELBART FOER DELS INDEHOLDT DYRKBARE MIKROORGANISMER , NEMLIG 9 MILLIONER PR . ML . FOR DE TO FOERSTE PARTIER , 18 MILLIONER FOR DET TREDJE , 90 MILLIONER FOR DET FJERDE OG 82 000 FOR DET FEMTE , DELS DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER I DET TREDJE OG FJERDE PARTI . 5 MELKUNIE BLEV FRIFUNDET I DE MOD SELSKABET INDLEDTE STRAFFESAGER VED POLITIRETTENS DOM AF 16 . APRIL 1981 , MEN BLEV VED DOM AFSAGT DEN 7 . MAJ 1982 AF GERECHTSHOF , AMSTERDAM , IDOEMT FEM BOEDER PAA HVER 4 000 HFL "FOR SOM EN JURIDISK PERSON VED FEM LEJLIGHEDER AT HAVE OVERTRAADT EN BESTEMMELSE , DER ER UDSTEDT I MEDFOER AF WARENWET ' S ARTIKEL 16" . 6 MELKUNIE HAR INDANKET DENNE AFGOERELSE FOR HOGE RAAD , SOM HAR UDSAT SAGEN OG STILLET FOELGENDE PRAEJUDICIELLE SPOERGSMAAL : "I . MAA BESTEMMELSERNE I MELKBESLUIT ( WARENWET ) AF 1974 ( BEKENDTGOERELSE OM KONSUMMAELKPRODUKTER AF 1974 SOM UDSTEDT I MEDFOER AF VARELOVEN ), SPECIELT DE KRAV , DER I BEKENDTGOERELSENS ARTIKEL 34 , STK . 3 , STILLES TIL VARER , DER ANGIVES AT VAERE ' PASTEURISEREDE ' , NEMLIG AT ' A ) DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER IKKE MAA KUNNE PAAVISES I 1 ML , B)ANTALLET AF DYRKBARE MIKROORGANISMER HOEJST MAA UDGOERE 50 000 PR . ML , BORTSET FRA PISKEFLOEDE , HVORI ANTALLET HOEJST MAA UDGOERE 200 000 , ' NAAR DE I SAMMENHAENG MED DE FORSKRIFTER , DER ER NAEVNT I PUNKT 6 BRINGES I ANVENDELSE PAA VARER , DER ER INDFOERT FRA EN ANDEN AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS MEDLEMSSTATER , BETRAGTES SOM FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING SOM KVANTITATIVE INDFOERSELSRESTRIKTIONER SOM OMHANDLET I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30? II.SAAFREMT SPOERGSMAAL I BESVARES BEKRAEFTENDE , ER DET FORHOLD , AT DE DER NAEVNTE KRAV STILLES , OG AT DE BRINGES I ANVENDELSE PAA VARER , DER ER INDFOERT FRA EN ANDEN AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS MEDLEMSSTATERS , DA IKKE DESTO MINDRE BERETTIGET I MEDFOER AF EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 SOM FOELGE AF ET AF DE HENSYN , DER NAEVNES I TRAKTATBESTEMMELSEN , SPECIELT SOM FOELGE AF HENSYNET TIL ' MENNESKERS SUNDHED ' ?" 7 SELV OM DET IKKE TILKOMMER DOMSTOLEN INDEN FOR RAMMERNE AF TRAKTATENS ARTIKEL 177 AT UDTALE SIG OM NATIONALE BESTEMMELSERS FORENELIGHED MED TRAK TATEN , HAR DEN DOG KOMPETENCE TIL AT FORSYNE DEN NATIONALE DOMSTOL MED ALLE DE FORTOLKNINGSELEMENTER FRA FAELLESSKABSRETTEN , SOM KAN SAETTE DENNE I STAND TIL AT TRAEFFE AFGOERELSE OM DETTE SPOERGSMAAL . 8 PAA DENNE BAGGRUND MAA HOGE RAAD ' S SPOERGSMAAL TIL DOMSTOLEN FORSTAAS SAALEDES , AT DE GAAR UD PAA _ OM NATIONALE BESTEMMELSER , SOM FORBYDER FORHANDLING AF PASTEURISEREDE PRODUKTER , DER LOVLIGT FREMSTILLES OG FORHANDLES I UDFOERSELSMEDLEMSSTATEN , FORDI DISSE IKKE OPFYLDER DE MIKROBIOLOGISKE KRAV , SOM INDFOERSELSMEDLEMSSTATEN STILLER , ER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION I DEN I ARTIKEL 30 FORUDSATTE BETYDNING ; _ SAAFREMT DET FOERSTE SPOERGSMAAL BESVARES BEKRAEFTENDE , PAA HVILKE BETINGELSER EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 DA TILLADER EN SAADAN INDFOERSELSRESTRIKTION AF HENSYN TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERS SUNDHED OG LIV . DET FOERSTE SPOERGSMAAL 9 DET BEMAERKES , AT DE MIKROBIOLOGISKE KRAV TIL PRODUKTION OG FORHANDLING AF MAELK OG MEJERIPRODUKTER IKKE ER BLEVET REGULERET AF FAELLESSKABSLOVGIVER , HVERKEN INDEN FOR RAMMERNE AF DEN FAELLES MARKEDSORDNING FOR MAELK OG MEJERIPRODUKTER ELLER INDEN FOR RAMMERNE AF HARMONISERINGEN AF DE NATIONALE LOVGIVNINGER PAA OMRAADET . 10 SELV OM MEDLEMSSTATERNE DERFOR HAR RET TIL AT FASTSAETTE DE NORMER , SOM PRODUKTER , DER ER BESTEMT TIL MENNESKELIGT FORBRUG , SKAL OPFYLDE PAA DERES RESPEKTIVE OMRAADER , ER DISSE NATIONALE BESTEMMELSER DOG STADIG OMFATTET AF ANVENDELSESOMRAADET FOR TRAKTATENS ARTIKLER 30 FF . IFOELGE FAST RETSPRAKSIS OMFATTER FORBUDET MOD FORANSTALTNINGER MED TILSVARENDE VIRKNING I ARTIKEL 30 ENHVER AF MEDLEMSSTATERNES BESTEMMELSER FOR HANDELEN , SOM DIREKTE ELLER INDIREKTE , AKTUELT ELLER POTENTIELT KAN VAERE EN HINDRING FOR HANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET . 11 DET FOERSTE SPOERGSMAAL MAA FOELGELIG BESVARES SAALEDES , AT NATIONALE BESTEMMELSER , SOM FORBYDER FORHANDLING AF VARER , DER LOVLIGT FREMSTILLES OG FORHANDLES I UDFOERSELSLANDET , FORDI DISSE IKKE OPFYLDER DE MIKROBIOLOGISKE KRAV , DER STILLES I INDFOERSELSMEDLEMSSTATEN , ER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION I DEN I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 FORUDSATTE BETYDNING . DET ANDET SPOERGSMAAL 12 IFOELGE FAST RETSPRAKSIS FOELGER DET AF ARTIKEL 36 , AT NATIONALE BESTEMMELSER , SOM HAR ELLER KAN HAVE EN BEGRAENSENDE VIRKNING PAA SAMHANDELEN , KUN ER FORENELIGE MED TRAKTATEN I DET OMFANG , DE ER NOEDVENDIGE FOR EN EFFEKTIV BESKYTTELSE AF MENNESKERS SUNDHED OG LIV . SAALEDES KAN UNDTAGELSEN I ARTIKEL 36 IKKE FINDE ANVENDELSE , NAAR MENNESKERS SUNDHED OG LIV KAN BESKYTTES LIGE SAA EFFEKTIVT VED FORANSTALTNINGER , DER ER MINDRE INDGRIBENDE OVER FOR SAMHANDELEN INDEN FOR FAELLESSKABET . 13 MELKUNIE HAR HERVED FOR DET FOERSTE GJORT GAELDENDE , AT DET PAAGAELDENDE PRODUKT OPFYLDER BETINGELSERNE I UDFOERSELSMEDLEMSSTATENS LOVGIVNING , OG AT DENNE GIVER LIGE SAA GODE GARANTIER SOM INDFOERSELSMEDLEMSSTATENS . UNDER DISSE OMSTAENDIGHEDER MAA DET NOEDVENDIGE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATER MEDFOERE , AT INDFOERSELSSTATEN BLOT KRAEVER , AT INDFOERTE PRODUKTER SKAL OPFYLDE NORMERNE I UDFOERSELSSTATEN . FIRMAET HAR FOR DET ANDET ANFOERT , AT ARTIKEL 36 IKKE KAN BERETTIGE EN ORDNING SOM DEN NEDERLANDSKE , DA DENNE GAAR UD OVER , HVAD HENSYNET TIL BESKYTTELSE AF DEN OFFENTLIGE SUNDHED STRENGT TAGET KRAEVER . 14 MED HENSYN TIL MELKUNIE ' S FOERSTE ARGUMENT BEMAERKES , AT SELV OM DET ER RIGTIGT , SOM DOMSTOLEN GENTAGNE GANGE HAR FASTSLAAET , BLANDT ANDET I DOMMEN AF 8 . FEBRUAR 1982 ( KOMMISSIONEN MOD DET FORENEDE KONGERIGE , SAG 124/81 , SML . S . 203 ), AT DET ER MULIGT GENNEM SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNES MYNDIGHEDER AT LEMPE OG FORENKLE GRAENSEKONTROLLEN UDEN AT HINDRE , AT MYNDIGHEDERNE I INDFOERSELSMEDLEMSSTATEN KAN SIKRE , AT DE INDFOERTE VARER ER I OVERENSSTEMMELSE MED DEN NATIONALE SUNDHEDSLOVGIVNINGS KRAV , STAAR DET IMIDLERTID FAST , AT DETTE SAMARBEJDE IKKE MAA VAERE TIL HINDER FOR HVER MEDLEMSSTATS RET TIL AT UDSTEDE OG ANVENDE SINE EGNE BESTEMMELSER TIL BESKYTTELSE FOR DEN OFFENTLIGE SUNDHED . SAADANNE BESTEMMELSER ER FORENELIGE MED TRAKTATENS REGLER , NAAR KRAVENE I ARTIKEL 36 ER OVERHOLDT . DET SKAL HERVED BEVISES , AT DISSE NORMER ER NOEDVENDIGE FOR EN EFFEKTIV BESKYTTELSE AF DE MENNESKERS SUNDHED OG LIV , SOM BOR I INDFOERSELSSTATEN , OG HVERKEN UDGOER ET MIDDEL TIL VILKAARLIG FORSKELSBEHANDLING ELLER EN SKJULT BEGRAENSNING AF SAMHANDELEN MELLEM MEDLEMSSTATER . 15 MED HENSYN TIL SPOERGSMAALET , OM REGLERNE I MELKBESLUIT ER BERETTIGEDE I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 36 , FREMGAAR DET FOR DET FOERSTE AF SAGSAKTERNE , AT FOREKOMSTEN AF DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER I ET MEJERIPRODUKT VISER , AT DER ER FARE FOR FOREKOMST AF PATOGENE MIKROORGANISMER , HVILKET FOELGELIG ER ET DIREKTE TEGN PAA , AT DETTE PRODUKT UDGOER EN REEL FARE FOR MENNESKERS SUNDHED . DET MAA FOELGELIG ERKENDES , AT ET KRAV , SOM HAR TIL FORMAAL AT UDELUKKE FOREKOMSTEN AF DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER I ET SAADANT PRODUKT , ER BERETTIGET I HENHOLD TIL TRAKTATENS ARTIKEL 36 . 16 MED HENSYN TIL DET ANDET KRAV , HVORVED DER FASTSAETTES ET LOFT FOR IKKE PATOGENE , DYRKBARE MIKROORGANISMER , HAR MELKUNIE OG KOMMISSIONEN FOERST GJORT GAELDENDE , AT DET PAA VIDENSKABENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN IKKE ER MULIGT AT FASTSLAA , HVILKEN MAKSIMAL MAENGDE AF SAADANNE MIKROORGANISMER MENNESKET KAN INDTAGE DAGLIGT UDEN ALVORLIG FARE . DE HAR DEREFTER UDTALT , AT DET FOERST ER VED EN KONCENTRATION PAA 1 TIL 2 MILLIONER AF DISSE MIKROORGANISMER PR . ML AF DET PAAGAELDENDE PRODUKT , HVILKET ER LANGT STAERKERE END DEN I DE OMTVISTEDE BESTEMMELSER FASTSATTE KONCENTRATION PAA 50 000 , AT DER KAN VAERE EN FARE FOR DEN MENNESKELIGE SUNDHED . DE MENER ENDELIG , AT FASTSAETTELSEN AF ET LOFT FOR IKKE PATOGENE MIKROORGANISMER PAA ET PASTEURISERET PRODUKTS SIDSTE SALGSDAG ER OVERDREVENT STRENGT , OG AT DET ER TILSTRAEKKELIGT AT OPSTILLE ET KRAV AF DENNE ART UMIDDELBART EFTER PASTEURISERINGSPROCESSEN . 17 DET BEMAERKES FOR DET FOERSTE , AT IFOELGE SAGENS AKTER ANVENDER DE MEDLEMSSTATER , SOM FASTSAETTER ET LOFT FOR IKKE PATOGENE MIKROORGANISMER , TAL AF SAMME STOERRELSESORDEN SOM MELKBESLUIT ' S KRAV OM 50 000 , SELV OM DETTE KRAV STILLES PAA FORSKELLIGE TRIN I HANDELSFORLOEBET . 18 NAAR DET DERNAEST FORHOLDER SIG SAALEDES , AT DE FORELIGGENDE OPLYSNINGER PAA VIDENSKABENS NUVAERENDE UDVIKLINGSTRIN IKKE GOER DET MULIGT MED SIKKERHED AT FASTSLAA DET NOEJAGTIGE ANTAL IKKE PATOGENE MIKROORGANISMER , UD OVER HVILKET ET PASTEURISERET MEJERIPRODUKT FREMBYDER EN FARE FOR SUNDHEDEN , TILKOMMER DET MEDLEMSSTATERNE I MANGEL AF HARMONISERING PAA OMRAADET AT AFGOERE , PAA HVILKET NIVEAU DE VIL SIKRE BESKYTTELSEN AF MENNESKERS SUNDHED OG LIV UNDER HENSYNTAGEN TIL DE FRIE VAREBEVAEGELSERS KRAV . UD FRA DETTE SYNSPUNKT MAA NATIONALE BESTEMMELSER , DER HAR TIL FORMAAL AT SIKRE , AT DET PAAGAELDENDE MEJERIPRODUKT PAA FORBRUGSTIDSPUNKTET IKKE INDEHOLDER ET ANTAL KIM , DER KAN FREMKALDE EN FARE FOR SUNDHEDEN FOR VISSE SAERLIGT MODTAGELIGE FORBRUGERE , ANSES FOR AT VAERE I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I ARTIKEL 36 . 19 VED AFGOERELSEN AF , OM EN BESTEMMELSE , DER FASTSAETTER DET MAKSIMALE ANTAL AF DISSE MIKROORGANISMER PAA MEJERIPRODUKTERNES SIDSTE SALGSDAG OG IKKE PAA FORBRUGSDAGEN , ER GYLDIG , MAA DET ENDELIG ANSES FOR LOVLIGT , SOM DEN NEDERLANDSKE REGERING HAR HAEVDET , AT DER TAGES HENSYN TIL DE NATIONALE SAEDVANER , HVOREFTER SAADANNE VARER OPBEVARES I EN VIS TID AF PRIVATE UNDER MINDRE GUNSTIGE FORHOLD END I DETAILHANDLERNES INSTALLATIONER , FOER DE FORBRUGES . DEN NATIONALE DOMSTOL BOER DERFOR VED BEDOEMMELSEN AF DEN PAAGAELDENDE NORMS GYLDIGHED TAGE HENSYN TIL MIKROORGANISMERNES FORMERINGSHASTIGHED I DET TIDSRUM , DER NORMALT GAAR , FRA DISSE VARER SAELGES , TIL DE FORBRUGES . 20 DET ANDET SPOERGSMAAL VIL DERFOR VAERE AT BESVARE SAALEDES , AT NATIONALE BESTEMMELSER : A ) HVOREFTER DER IKKE MAA FOREKOMME DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER I ET PASTEURISERET MEJERIPRODUKT ; B ) SOM HAR TIL FORMAAL AT UDELUKKE , AT DER I DETTE MEJERIPRODUKT PAA FORBRUGSTIDSPUNKTET FINDES ET ANTAL IKKE PATOGENE MIKROORGANISMER , SOM KAN FREMKALDE EN FARE FOR SUNDHEDEN HOS DE MEST MODTAGELIGE FORBRUGERE , OG SOM MED DETTE FORMAAL FOR OEJE FASTSAETTER ET MAKSIMUMSTAL FOR DISSE MIKRO ORGANISMER PAA PRODUKTETS SIDSTE SALGSDATO AFHAENGIGT AF DETTES FORRINGELSE I DET TIDSRUM , SOM FORLOEBER , FRA PRODUKTET SAELGES , TIL DET FORBRUGES , ER I OVERENSTEMMELSE MED KRAVENE I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 . Afgørelse om sagsomkostninger SAGENS OMKOSTNINGER 21 DE UDGIFTER , DER ER AFHOLDT AF DEN DANSKE REGERING , DEN NEDERLANDSKE REGERING OG KOMMISSIONEN , SOM HAR AFGIVET INDLAEG FOR DOMSTOLEN , KAN IKKE GODTGOERES . DA SAGENS BEHANDLING I FORHOLD TIL PARTERNE I HOVEDSAGEN UDGOER ET LED I DEN SAG , DER VERSERER FOR DEN NATIONALE DOMSTOL , TILKOMMER DET DENNE AT TRAEFFE AFGOERELSE OM SAGENS OMKOSTNINGER . Afgørelse PAA GRUNDLAG AF DISSE PRAEMISSER KENDER DOMSTOLEN ( FEMTE AFDELING ) VEDROERENDE DE SPOERGSMAAL , SOM HOGE RAAD HAR FORELAGT DEN VED DOM AF 10 . MAJ 1983 , FOR RET : 1 . NATIONALE BESTEMMELSER , SOM FORBYDER FORHANDLING AF VARER , DER LOVLIGT FREMSTILLES OG FORHANDLES I UDFOERSELSLANDET , FORDI DISSE IKKE OPFYLDER DE MIKROBIOLOGISKE KRAV , DER STILLES I INDFOERSELSMEDLEMSSTATEN , ER EN FORANSTALTNING MED TILSVARENDE VIRKNING SOM EN KVANTITATIV RESTRIKTION I DEN I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 30 FORUDSATTE BETYDNING . 2 . NATIONALE BESTEMMELSER , A ) HVOREFTER DER IKKE MAA FOREKOMME DYRKBARE COLIFORME BAKTERIER I ET PASTEURISERET MEJERIPRODUKT ; B ) SOM HAR TIL FORMAAL AT FORHINDRE , AT DER I DETTE MEJERIPRODUKT PAA FORBRUGSTIDSPUNKTET FINDES ET ANTAL IKKE PATOGENE MIKROORGANISMER , DER KAN FREMKALDE EN FARE FOR SUNDHEDEN HOS DE MESTE MODTAGELIGE FORBRUGERE , OG SOM MED DETTE FORMAAL FOR OEJE FASTSAETTER ET MAKSIMUMSTAL FOR DISSE MIKROORGANISMER PAA PRODUKTETS SIDSTE SALGSDATO AFHAENGIGT AT DETTES FORRINGELSE I DET TIDSRUM , DER FORLOEBER , FRA DET SAELGES , TIL DET FORBRUGES , ER I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I EOEF-TRAKTATENS ARTIKEL 36 .

62004TJ0340

pt

Quadro jurídico O artigo 11.° (intitulado «Cooperação entre a Comissão e as autoridades dos Estados‑Membros responsáveis em matéria de concorrência»), n. os 1 e 6, do Regulamento (CE) n.° 1/2003 do Conselho, de 16 de Dezembro de 2002, relativo à execução das regras de concorrência previstas nos artigos 81.° [CE] e 82.° [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), prevê: «A Comissão e as autoridades dos Estados‑Membros responsáveis em matéria de concorrência aplicam as regras comunitárias de concorrência em estreita cooperação. […] O início por parte da Comissão da tramitação conducente à aprovação de uma decisão nos termos do capítulo III priva as autoridades dos Estados‑Membros responsáveis em matéria de concorrência da competência para aplicarem os artigos 81.° [CE] e 82.° [CE]. Se a autoridade de um Estado‑Membro responsável em matéria de concorrência já estiver a instruir um processo, a Comissão só dará início a um processo após ter consultado essa autoridade nacional responsável em matéria de concorrência.» Nos termos do artigo 13.° (intitulado «Suspensão ou arquivamento do processo») do Regulamento n.° 1/2003: «1.      Caso as autoridades responsáveis em matéria de concorrência de dois ou mais Estados‑Membros tenham recebido uma denúncia ou tenham oficiosamente dado início a um processo nos termos dos artigos 81.° [CE] ou 82.° [CE] contra o mesmo acordo, decisão de associação ou prática, a instrução do processo por parte de uma autoridade constitui, para as restantes autoridades, motivo suficiente para suspenderem a respectiva tramitação ou rejeitarem a denúncia. A Comissão pode igualmente rejeitar uma denúncia com o fundamento de que uma autoridade responsável em matéria de concorrência de um Estado‑Membro está já a instruir o processo. 2.      Se for apresentada a uma autoridade de um Estado‑Membro responsável em matéria de concorrência ou à Comissão uma denúncia contra um acordo, uma decisão de uma associação ou uma prática que já está a ser instruída por outra autoridade responsável em matéria de concorrência, tal denúncia pode ser rejeitada.» Por força do artigo 20.° (intitulado «Poderes da Comissão em matéria de inspecção») do Regulamento n.° 1/2003: «1.      No cumprimento das funções que lhe são atribuídas pelo presente regulamento, a Comissão pode efectuar todas as inspecções necessárias junto das empresas e associações de empresas. 2.      Os funcionários e outros acompanhantes mandatados pela Comissão para efectuar uma inspecção podem: a)      Aceder a todas as instalações, terrenos e meios de transporte das empresas e associações de empresas; b)      Inspeccionar os livros e outros registos relativos à empresa, independentemente do seu suporte; c)      Tirar ou obter sob qualquer forma cópias ou extractos dos documentos controlados; d)      Apor selos em quaisquer instalações, livros ou registos relativos à empresa por período e na medida necessária à inspecção; e)      Solicitar a qualquer representante ou membro do pessoal da empresa ou da associação de empresas explicações sobre factos ou documentos relacionados com o objecto e a finalidade da inspecção e registar as suas respostas. 3.      Os funcionários e outros acompanhantes mandatados pela Comissão para efectuar uma inspecção exercem os seus poderes mediante a apresentação de mandado escrito que indique o objecto e a finalidade da inspecção, bem como a sanção prevista no artigo 23.° no caso de os livros ou outros registos relativos à empresa que tenham sido exigidos serem apresentados de forma incompleta ou de as respostas aos pedidos feitos em aplicação do n.° 2 do presente artigo serem inexactas ou deturpadas. A Comissão deve avisar em tempo útil antes da inspecção a autoridade responsável em matéria de concorrência do Estado‑Membro em cujo território se deve efectuar a inspecção. 4.      As empresas e as associações de empresas são obrigadas a sujeitar‑se às inspecções que a Comissão tenha ordenado mediante decisão. A decisão deve indicar o objecto e a finalidade da inspecção, fixar a data em que esta tem início e indicar as sanções previstas nos artigos 23.° e 24.°, bem como a possibilidade de impugnação da decisão perante o Tribunal de Justiça. A Comissão toma essas decisões após consultar a autoridade responsável em matéria de concorrência do Estado‑Membro em cujo território se deve efectuar a inspecção. 5.      Os funcionários da autoridade responsável em matéria de concorrência do Estado‑Membro em cujo território se deve efectuar a inspecção, ou os agentes mandatados por essa autoridade, devem, a pedido desta ou da Comissão, prestar assistência activa aos funcionários e outros acompanhantes mandatados pela Comissão. Dispõem, para o efeito, dos poderes definidos no n.° 2. 6.      Quando os funcionários e outros acompanhantes mandatados pela Comissão verificarem que uma empresa se opõe a uma inspecção ordenada nos termos do presente artigo, o Estado‑Membro em causa deve prestar‑lhes a assistência necessária, solicitando, se for caso disso, a intervenção da força pública ou de uma autoridade equivalente, para lhes dar a possibilidade de executar a sua missão de inspecção. 7.      Se, para a assistência prevista no n.° 6, for necessária a autorização de uma autoridade judicial de acordo com as regras nacionais, essa autorização deve ser solicitada. Essa autorização pode igualmente ser solicitada como medida cautelar. 8.      Sempre que for solicitada a autorização prevista no n.° 7, a autoridade judicial nacional controla a autenticidade da decisão da Comissão, bem como o carácter não arbitrário e não excessivo das medidas coercivas relativamente ao objecto da inspecção. Ao proceder à fiscalização da proporcionalidade das medidas coercivas, a autoridade judicial nacional pode pedir à Comissão, directamente ou através da autoridade do Estado‑Membro responsável em matéria de concorrência, informações circunstanciadas, em especial quanto aos motivos que tem a Comissão para suspeitar de violação dos artigos 81.° [CE] e 82.° [CE], bem como quanto à gravidade da infracção suspeita e à natureza do envolvimento da empresa em causa. No entanto, a autoridade judicial nacional não pode pôr em causa a necessidade da inspecção, nem exigir que lhe sejam apresentadas informações que constem do processo da Comissão. A fiscalização da legalidade da decisão da Comissão encontra‑se reservada exclusivamente ao Tribunal de Justiça.» Factos na origem do litígio Numa decisão de 16 de Julho de 2003 relativa a um processo de aplicação do artigo 82.° [CE] (processo COMP/38.233 – Wanadoo Interactive) (a seguir «decisão de 16 de Julho de 2003»), a Comissão concluiu que, entre Março de 2001 e Outubro de 2002, a Wanadoo Interactive, à data filial a 99,9% da Wanadoo SA, ela própria filial da recorrente, que detinha entre 70 e 72,2% do seu capital durante o período em causa nesta decisão, tinha abusado da sua posição dominante no mercado dos serviços de acesso à Internet de alta velocidade para clientes residenciais ao praticar, pelos seus serviços eXtense e Wanadoo ADSL, preços predatórios e aplicou à Wanadoo Interactive uma coima 10,35 milhões de euros. Nos artigos 2.° e 3.° desta decisão a Comissão ordenou igualmente à Wanadoo Interactive que: –        se abstivesse, no âmbito dos seus serviços eXtense e Wanadoo ADSL, de qualquer comportamento que pudesse ter um objecto ou um efeito idêntico ou semelhante ao que constitui a infracção; –        transmitisse à Comissão, no termo de cada exercício, e até ao exercício de 2006 inclusive, a conta de exploração dos seus diferentes serviços ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, tecnologia de transmissão assimétrica de banda larga), evidenciando os rendimentos contabilísticos, os custos de exploração e os custos de aquisição dos clientes. Em 11 de Dezembro de 2003, na sequência de um parecer favorável da autoridade de regulamentação das telecomunicações francesa (a seguir «ART»), o ministro da Economia, das Finanças e da Indústria francês homologou uma baixa das tarifas do mercado grossista da France Télécom SA praticadas para o acesso e o serviço de encaminhamento IP/ADSL, também designados «opção 5». Diversos fornecedores de acesso à Internet, entre os quais a Wanadoo, decidiram repercutir esta baixa das tarifas do mercado grossista nas suas ofertas a retalho. Em 12 de Dezembro de 2003, a Wanadoo anunciou uma primeira baixa das suas tarifas retalhistas, aplicável tanto aos antigos como aos novos assinantes, para as suas tarifas fixas de alta velocidade (ofertas «eXtense 512k» illimitada, «eXtense 512k Fidélité» ilimitada, «eXtense 1024k» ilimitada e «eXtense 1024k Fidélité» ilimitada), a partir de 6 de Janeiro de 2004. A tarifa da oferta «eXtense 128k» ilimitada não foi alterada. Em 9 de Janeiro de 2004, a Comissão enviou uma carta à Wanadoo, recordando‑lhe os termos do artigo 2.° da decisão de 16 de Julho de 2003 e pedindo‑lhe que lhe indicasse se, após a adopção dessa decisão, tinha introduzido, ou pretendia introduzir, baixas dos seu preços retalhistas para os serviços abrangidos pela referida decisão. A Comissão precisava que em caso de resposta afirmativa enviaria à Wanadoo um pedido de informações formal sobre os pormenores destas baixas de preços. Além disso, a Comissão pedia informações sobre a data do fim do exercício social da Wanadoo e do momento em que lhe seriam transmitidas as informações exigidas pelo artigo 3.° da decisão de 16 de Julho de 2003. A Comissão reiterou o seu pedido numa mensagem de correio electrónico de 26 de Janeiro de 2004. Em 12 de Janeiro de 2004, a AOL France SNC e a AOL Europe Services SARL (a seguir, consideradas conjuntamente, «AOL») apresentaram ao Conseil de la concurrence français (conselho da concorrência francês, a seguir «Conseil de la concurrence») uma denúncia de prática de preços predatórios pela Wanadoo quanto às quatro novas ofertas anunciadas por esta última em 12 de Dezembro de 2003, com base nos artigos 82.° CE e L 420 2 do código comercial francês. Esta denúncia era acompanhada de um pedido de medidas cautelares destinado a obter designadamente a suspensão da comercialização destas ofertas, apresentado nos termos do artigo L 464‑1 do código comercial francês. Pela decisão n.° 263012, de 19 de Janeiro de 2004, o Conseil d’État francês (a seguir «Conseil d’État»), ao qual tinha sido apresentado pela sociedade T‑Online France um pedido de suspensão da decisão do ministro da Economia, das Finanças e da Indústria francês que homologou a baixa das tarifas da opção 5, indeferiu este pedido, indicando designadamente que a ART, «em apoio do seu parecer favorável à oferta tarifária da France Télécom, após uma análise detalhada, [tinha] constatado a inexistência de efeitos anticoncorrenciais susceptíveis de constituírem um obstáculo à mesma». Em 29 de Janeiro de 2004, a Wanadoo anunciou a introdução, a partir de 3 de Fevereiro de 2004, de uma oferta «eXtense 128k Fidélité» ilimitada e de quatro ofertas de preço fixo (ou ainda «à la carte»), a saber «eXtense 128k/20h», «eXtense 128k/20h Fidélité», «eXtense 512k/5Go» e «eXtense 512k/5Go Fidélité». Por carta de 30 de Janeiro de 2004, a Wanadoo respondeu à carta da Comissão de 9 de Janeiro de 2004, informando‑a do lançamento de novas ofertas de assinatura ADSL em Janeiro, com tarifas mais atractivas, e do lançamento futuro de novas ofertas em Fevereiro. Em 24 de Fevereiro de 2004, a AOL complementou a denúncia apresentada ao Conseil de la concurrence, acrescentando as ofertas lançadas pela Wanadoo em 3 de Fevereiro de 2004 e juntando‑lhe também um pedido de medidas cautelares destinado a obter designadamente a suspensão da comercialização daquelas. Por outro lado, a Comissão teve reuniões com concorrentes da Wanadoo, que lhe chamaram a atenção para o facto de, segundo estes, o novo preço atractivo fixado pela Wanadoo para um acesso com 128 kbit/s originar um corte de tarifas no mercado retalhista. No início de Março de 2004, o Conseil de la concurrence informou a Comissão da denúncia apresentada pela AOL. Em 15 de Março de 2004, em conformidade com o artigo 3.° da decisão de 16 de Julho de 2003, a Wanadoo transmitiu à Comissão as suas contas de exploração relativas ao exercício social de 2003. Em 22 de Março de 2004, durante uma reunião entre os serviços da Direcção‑Geral (DG)] «Concorrência» da Comissão e o relator responsável pelo processo no Conseil de la concurrence (a seguir «relator»), resultou de uma análise sumária, baseada no método de cálculo utilizado pela Comissão na sua decisão de 16 de Julho de 2003 e no modelo económico provisório elaborado pela Wanadoo, corrigido, quando necessário, pelas estimativas do relator, que algumas das novas tarifas da Wanadoo eram predatórias, designadamente atendendo à presença de um plano que revelava a intenção de eliminar os concorrentes. Atendendo a estes elementos, o relator propôs ao Conseil de la concurrence a adopção de medidas cautelares destinadas a ordenar à Wanadoo que suprimisse as ofertas em questão. Em 2 de Abril de 2004, os funcionários da DG «Concorrência» tiveram uma reunião com a AOL. No mesmo período, a Comissão manteve diversos contactos telefónicos com o relator e, em 21 de Abril de 2004, teve uma segunda reunião com este. Em 11 de Maio de 2004, o Conseil de la concurrence adoptou a sua decisão n.° 04‑D‑17 relativa à denúncia e ao pedido de medidas cautelares apresentados pela AOL, nos termos da qual indeferiu o referido pedido e reenviou a denúncia para a instrução (a seguir «decisão do Conseil de la concurrence»). Em 18 de Maio de 2004, a Comissão adoptou a decisão C (2004) 1929, no processo COMP/C‑1/38.916, que ordena à recorrente e a todas as empresas por esta directa ou indirectamente controladas, incluindo a Wanadoo e todas as empresas directa ou indirectamente controladas pela Wanadoo, que se submetam a uma inspecção por força do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento (CE) n.° 1/2003 (a seguir «decisão recorrida»). Esta decisão enuncia nos seus primeiro e terceiro a décimo terceiro considerandos: «A Comissão […] recebeu informações que indicam que a Wanadoo pratica tarifas de acesso à Internet por ADSL destinadas ao grande público em França das quais algumas não cobrem os custos variáveis e outras são inferiores aos custos completos. Segundo as informações disponíveis, estas tarifas inserem‑se num plano que revela a intenção de eliminar os concorrentes. Além disso, as informações recebidas indicam que a margem económica reduzida entre as tarifas retalhistas em causa e as ofertas grossistas e [a opção 5] da France Télécom origina um corte de tarifas em detrimento [d]os operadores concorrentes que pretendam propor o acesso à Internet de alta velocidade aos clientes residenciais com base na opção 5 da France Télécom. […] A Wanadoo anunciou uma primeira baixa das suas tarifas de acesso à internet por ADSL destinadas ao grande público aplicáveis a partir de 5 de Janeiro de 2004. Esta baixa traduziu‑se pela introdução das ofertas «eXtense» ilimitadas, a saber, duas ofertas de 128 kbit/s, a primeira com uma duração de contrato de 24 meses por 24,90 EUR/mês e a segunda com uma duração de contrato de 12 meses por 29,90 EUR/mês; duas ofertas de 512 kbit/s, a primeira com uma duração de contrato de 24 meses por 29,90 EUR/mês e a segunda com uma duração de contrato de 12 meses por 34,90 EUR; duas ofertas de 1024 kbit/s, a primeira com uma duração de contrato de 24 meses por 39,90 EUR/mês e a segunda com uma duração de contrato de 12 meses por 44,90 EUR). Em 28 de Janeiro de 2004, a Wanadoo introduziu ainda quatro ofertas designadas «à la carte» (a saber, duas ofertas de 128 kbit/s limitadas a 20 h/mês, a primeira com uma duração de contrato de 24 meses por 14,90 EUR/mês, e a segunda com uma duração de contrato de 12 meses por 19,90 EUR e duas ofertas de 512 kbit/s limitada a 5 Gigaoctets/mês, a primeira com uma duração de contrato de 24 meses por 24,90 EUR/mês e a segunda com uma duração de contrato de 12 meses por 29,90 EUR). A presente inspecção incide especificamente sobre estas dez novas ofertas. Segundo as informações de que a Comissão dispõe, uma análise com base em dados provisórios revela que pelo menos três das ofertas acima referidas (as duas ofertas ‘à la carte’ de 128 kbit/s e a oferta ‘à la carte’ de 512 kbit/s/24 meses) não cobrem os seus custos variáveis. Pelo menos duas outras ofertas de 512 kbit/s (a oferta ‘à la carte’ de 12 meses e a oferta ilimitada de 24 meses) não cobrem os seus custos completos. A Comissão recebeu igualmente informações que indicavam que as ofertas em causa se inserem numa estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes. Acresce que, segundo as informações de que a Comissão dispõe, apesar da baixa das tarifas da opção 5 efectuada em Janeiro de 2004, a margem económica entre as novas tarifas retalhistas praticadas pela Wanadoo e a opção 5 é insuficiente e impede os operadores concorrentes que baseiam a sua oferta na opção 5 de concorrer com a Wanadoo em condições equitativas. Na sua decisão […] de 16 de Julho de 2003, a Comissão concluiu que a Wanadoo ocupava uma posição dominante no mercado francês de acesso à Internet de alta velocidade para os clientes residenciais. As informações de que a Comissão dispõe indicam que esta conclusão permanece válida até à presente data. As ofertas inferiores aos custos praticadas pela Wanadoo e a margem reduzida entre estas ofertas e as tarifas da opção 5 restringiram provavelmente a entrada no mercado dos concorrentes – franceses ou estabelecidos noutros Estados‑Membros – e colocaram em situação de risco os concorrentes já presentes. Segundo as informações disponíveis, a maioria dos concorrentes da Wanadoo tiveram que alinhar as suas ofertas pelas novas ofertas da Wanadoo e todo o mercado do ADSL em França regista actualmente uma margem negativa. O tipo de práticas como as anteriormente descritas equivale a impor preços de venda não equitativos. Caso a sua existência fosse demonstrada, estas práticas constituiriam um abuso de posição dominante e, portanto, uma infracção ao artigo 82.° [CE]. A fim de poder apreciar todos os factos pertinentes relativos às presumidas práticas e o contexto do presumido abuso, a Comissão deve proceder a inspecções por força do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003. Segundo as informações de que a Comissão dispõe, é muito provável que todas as informações relativas às práticas anteriormente referidas, em particular os elementos de informação que permitam estabelecer o grau de cobertura dos custos e os referentes à estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes, apenas tenham sido comunicadas a alguns membros do pessoal da France Télécom e/ou da Wanadoo. A documentação existente a respeito das presumidas práticas é muito provavelmente limitada ao mínimo indispensável e encontra‑se em lugares e sob formas que favorecem a sua dissimulação, a sua retenção ou a sua destruição em caso de inspecção. A fim de garantir a eficácia da presente inspecção, é, portanto, essencial realizá‑la sem a sua comunicação prévia às empresas destinatárias da presente [d]ecisão. Por conseguinte, importa adoptar uma [d]ecisão por força do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, que obrigue as empresas a sujeitar‑se a uma inspecção». O artigo 1.° da decisão recorrida dispõe: «A France Télécom […] e a Wanadoo […]: são obrigadas a sujeitar‑se a uma inspecção relativa a uma presumida imposição de preços de venda não equitativos no âmbito do acesso à Internet de alta velocidade para clientes residenciais, contrária ao artigo 82.° [CE], com o intuito de conter e afastar os concorrentes. A inspecção pode ser realizada em todas as instalações das empresas […] A France Télécom […] e a Wanadoo […] devem permitir aos funcionários e a outros acompanhantes mandatados pela Comissão para efectuar uma inspecção, e aos funcionários da autoridade responsável do Estado‑Membro em causa bem como aos agentes mandatados por essa autoridade que os assistem o acesso a todas as suas instalações, terrenos e meios de transporte durante as horas normais de expediente. Estas empresas devem apresentar os livros ou outros registos relativos à empresa independentemente do seu suporte, que sejam exigidos por estes funcionários e outros acompanhantes, e devem permitir aos mesmos inspeccionar no local estes livros e outros registos relativos à empresa, bem como tirar ou obter sob qualquer forma cópias ou extractos dos mesmos. As referidas empresas devem fornecer imediatamente, no local, quaisquer explicações orais solicitadas pelos mencionados funcionários e outros acompanhantes sobre factos ou documentos relacionados com o objecto e a finalidade da inspecção e devem permitir a qualquer representante ou membro do pessoal fornecer tais explicações. Devem permitir [aos referidos] funcionários e outros acompanhantes o registo destas explicações, independentemente da forma por que seja realizado». Por último, a decisão recorrida precisa, nos seus artigos 2.° e 3.°, respectivamente, a data do início da inspecção e o facto de a recorrente e a Wanadoo serem destinatárias desta. In fine , enuncia as circunstâncias em que a Comissão pode aplicar a qualquer empresa sua destinatária coimas e sanções pecuniárias compulsórias, em conformidade com os artigos 23.° e 24.° do Regulamento n.° 1/2003, e indica que, quando uma empresa destinatária se opõe à inspecção ordenada, o Estado‑Membro em causa deve prestar a assistência necessária aos funcionários e outros acompanhantes mandatados pela Comissão, para lhes dar a possibilidade de executarem a sua missão de inspecção, em conformidade com o artigo 20.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003. Além disso, a decisão menciona a possibilidade de ser interposto recurso judicial dela e contém, em anexo, determinados extractos do Regulamento n.° 1/2003. Com base nesta decisão, a Comissão solicitou a assistência das autoridades francesas nos termos do artigo 20.°, n.° 5, do Regulamento n.° 1/2003. O ministro da Economia, das Finanças e da Indústria francês, através de um pedido de inquérito de 25 de Maio de 2004, ordenou ao director da direcção nacional dos inquéritos em matéria de concorrência, de consumo e de repressão das fraudes que tomasse todas as medidas necessárias à realização da inspecção determinada pela Comissão na decisão recorrida. Para este efeito, este último pediu ao juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Paris (juiz das medidas de coacção no tribunal de grande instance de Paris; a seguir «juge des libertés») que lhe concedesse autorização para realizar ou ordenar a realização de uma inspecção à recorrente e à Wanadoo e para prestar assistência à Comissão. A este pedido foi junta a decisão recorrida. Por despacho de 28 de Maio de 2004, o juge des libertés concedeu a solicitada autorização, permitindo designadamente que os investigadores franceses designados exercessem os poderes que lhe são atribuídos pelos artigos L 450‑4 e L 470‑6 do código comercial francês. A inspecção teve início em 2 de Junho de 2004 nas instalações da recorrente e desenrolou‑se em 2 e 3 de Junho de 2004. A recorrente colaborou na inspecção, embora exprimindo reservas quanto ao fundamento desta. A Wanadoo foi objecto de investigações de 2 a 4 de Junho de 2004. Tramitação do processo e pedidos das partes Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 11 de Agosto de 2004, a recorrente interpôs o presente recurso. Com base no relatório do juiz‑relator, o Tribunal (Quarta Secção) decidiu dar início à fase oral e, no âmbito das medidas de organização do processo previstas no artigo 64.° do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, colocou, por escrito, uma questão à recorrente, que lhe respondeu no prazo fixado. Foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às questões do Tribunal na audiência de 8 de Junho de 2006. A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne: –        anular a decisão recorrida; –        condenar a Comissão nas despesas. A Comissão conclui pedindo que o Tribunal se digne: –        negar provimento ao recurso; –        condenar a recorrente nas despesas. Questão de direito Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca quatro fundamentos, relativos respectivamente à violação do dever de fundamentação, à violação da obrigação de cooperação leal com as instituições nacionais, à violação do princípio da proporcionalidade e à violação, previamente à adopção da decisão recorrida, do Regulamento n.° 1/2003, da Comunicação da Comissão sobre a cooperação no âmbito da rede de autoridades de concorrência (JO 2004, C 101, p. 43, a seguir «comunicação») e do princípio da boa administração da justiça, tendo este último fundamento sido invocado pela primeira vez na réplica. Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do dever de fundamentação A recorrente alega que a Comissão violou por quatro vezes o dever de fundamentação que lhe incumbia por força do artigo 253.° CE, do Regulamento n.° 1/2003 e da jurisprudência. Em primeiro lugar, a decisão recorrida não lhe permitiu compreender por que razão era visada pela inspecção, em segundo lugar, a decisão recorrida não foi fundamentada em relação a alguns elementos do contexto, em terceiro lugar, a decisão recorrida não tinha fundamento nas dúvidas nela expressas quanto às tarifas da opção 5 e, em quarto lugar, a decisão recorrida não permitiu ao juge des libertés exercer a fiscalização que lhe competia. Quanto à primeira censura, relativa à impossibilidade da recorrente de compreender por que razão era destinatária da decisão recorrida e visada pela inspecção –       Argumentos das partes Em geral, a recorrente alega que resulta do artigo 235.° CE, do Regulamento n.° 1/2003 e da jurisprudência que o alcance do dever de fundamentação depende da natureza do acto em causa e do contexto em que tenha sido adoptado. Por conseguinte, a Comissão deve descrever clara e precisamente o objecto e a finalidade de uma inspecção que decide ordenar e as presunções que entende verificar. Ora, no caso em apreço, a decisão recorrida enferma de um vício de fundamentação que não permitiu à recorrente apreciar o objecto exacto, a extensão e o carácter justificado da inspecção ordenada. Por este facto, foi‑lhe impossível compreender o alcance do seu dever de colaboração e os direitos de defesa não foram preservados. Com efeito, não lhe pôde conhecer claramente as presunções da Comissão nem o alcance do envolvimento que lhe foi imputado no presumido abuso de posição dominante. A decisão recorrida imputa à Wanadoo as práticas alegadas visadas pela inspecção, em conformidade com a análise constante da decisão de 16 de Julho de 2003, na qual a Comissão reconheceu a autonomia da Wanadoo em relação à recorrente na sua política de fixação de preços no mercado francês de serviços de acesso à Internet de alta velocidade aos clientes residenciais. Por conseguinte, a decisão recorrida tinha por objecto a prova de práticas imputadas a uma filial autónoma da recorrente, que opera num mercado em que esta última não está presente. Nestas circunstâncias, a Comissão, a fim de cumprir o seu dever de fundamentação, devia ter exposto as razões pelas quais a recorrente era pessoalmente visada por uma inspecção com o objectivo de verificar as presunções de infracção referidas no artigo 1.° da decisão recorrida. A decisão recorrida não permitiu à recorrente saber se a Comissão a presumia pessoalmente implicada na execução das práticas mencionadas na decisão recorrida e se, por conseguinte, era suspeitada de ter pessoalmente violado o artigo 82.° CE, o que constitui uma violação do requisito estabelecido pelo acórdão do Tribunal de Justiça de 22 de Outubro de 2002, Roquette Frères (C‑94/00, Colect., p. I‑9011), segundo o qual a Comissão deve fornecer explicações quanto à maneira pela qual a empresa destinatária das medidas coercivas se presume implicada na infracção. O facto de a recorrente ter adquirido em 2004 a totalidade do capital da Wanadoo não justifica a análise da Comissão na decisão recorrida. A recorrente afirma que os preços referidos nesta decisão são preços de ofertas lançadas em Janeiro de 2004, quando detinha apenas 70% do capital da Wanadoo, tendo a aquisição da totalidade do capital desta última sido realizada após a adopção da decisão recorrida. Além disso, a presunção de que uma filial está sob a influência determinante da sua sociedade‑mãe é ilidida quando esta filial determina de forma autónoma a sua política. No caso em apreço, a autonomia da Wanadoo foi demonstrada na decisão de 16 de Julho de 2003. A Comissão não podia alterar esta conclusão apenas com base no fundamento implícito de um aumento da parte da recorrente no capital da Wanadoo posteriormente à fixação dos preços referidos na decisão recorrida. Além disso, a posição da Comissão é contraditória. Com efeito, a atitude da Comissão, até à adopção da decisão recorrida, e o artigo 1.° desta decisão confirmam que as ofertas e os preços praticados pela Wanadoo eram considerados decorrentes da política desta empresa e não de uma política de grupo. Antes de mais, a Comissão responde enunciando as exigências que lhe são impostas pela jurisprudência em matéria de fundamentação das decisões de inspecção. O artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003 define os elementos essenciais que devem constar da fundamentação de uma decisão que ordena uma inspecção, impondo à Comissão que indique o objecto e a finalidade desta. Por outro lado, a jurisprudência precisou, quanto ao artigo 14.°, n.° 3, do Regulamento n.° 17 do Conselho, de 6 de Fevereiro de 1962, primeiro regulamento de execução dos artigos [81.º CE] e [82.º CE] (JO 1962, 13, p. 204; EE 08 F1 p. 2), cuja formulação é, no essencial, retomada pelo artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, que a Comissão não é obrigada a comunicar ao destinatário de uma decisão de inspecção todas as informações de que dispõe a propósito de infracções presumidas nem a proceder a uma qualificação jurídica rigorosa destas infracções, mas que deve indicar claramente as presunções que pretenda averiguar. A decisão recorrida respeitou estas prescrições. Quanto à primeira censura formulada pela recorrente, em primeiro lugar, a Comissão assinala que a recorrente é a sociedade‑mãe do grupo Wanadoo, do qual detinha 95,94% do capital antes da adopção da decisão recorrida. O facto de a recorrente ser uma pessoa jurídica diferente da Wanadoo não significa que seja uma empresa distinta na acepção do direito comunitário da concorrência. A partir do momento em que uma empresa detém a totalidade do capital de uma outra empresa, existe uma presunção segundo a qual a primeira exerce um controlo sobre a segunda e, por consequência, uma presunção do seu envolvimento em caso de infracção cometida pela segunda. A Comissão não tinha que explicar estes elementos da sua decisão, uma vez que o dever de fundamentação não exige que todos os elementos de facto e de direito pertinentes sejam especificados. Por outro lado, as referências da recorrente à decisão de 16 de Julho de 2003 não são pertinentes, dado que, depois desta data, a recorrente aumentou a sua parte no capital da Wanadoo. Além disso, ainda que o aumento da participação da recorrente no capital da Wanadoo não fosse ainda efectivo à data do lançamento das novas ofertas em Janeiro de 2004, os mercados esperavam uma reintegração da Wanadoo no grupo France Télécom. A Comissão podia legitimamente supor que o processo de integração da Wanadoo estava, pelo menos, em fase de preparação quando as novas ofertas foram lançadas e que, nesta fase, a recorrente tinha interesse em controlar mais atentamente as decisões da sua filial em matéria de tarifação. Por outro lado, era provável que, após uma decisão que declarava ilegal a política de preços de uma filial, a sua sociedade‑mãe se envolvesse mais estreitamente na fixação dos preços desta. Em segundo lugar, para efectuar uma inspecção, a Comissão não tinha de ter a certeza do envolvimento directo na infracção objecto de suspeita da empresa inspeccionada nem de estar em condições de indicar o papel preciso de cada empresa inspeccionada na referida infracção. Dado que a recorrente é a sociedade‑mãe da Wanadoo e que as infracções objecto de suspeita desta são claramente explicitadas, é evidente a razão pela qual a recorrente está em causa. Por conseguinte, seria lógico pensar que alguns dos elementos procurados se poderiam encontrar igualmente nas instalações da recorrente. Quanto às infracções constatadas na decisão de 16 de Julho de 2003, o facto de nenhum elemento ter revelado que a Wanadoo agiu sob as instruções da sua sociedade‑mãe não é pertinente, uma vez que esta constatação não pode valer para situações futuras. Em terceiro lugar, a decisão recorrida indica claramente de que forma se presume que a recorrente está envolvida na infracção objecto de suspeita. As práticas tarifárias descritas, caso estivessem provadas, equivaleriam a impor preços de venda não equitativos na acepção do artigo 82.° CE, que poderiam, na hipótese de se tratar de um grupo de empresas como o do caso em apreço, ser qualificados quer como preços predatórios quer como corte de tarifas. Não é exigida uma qualificação jurídica exacta das presumidas infracções ou a indicação do período em que estas infracções foram cometidas. Por outro lado, a questão da imputação da infracção cometida por uma filial à sua sociedade‑mãe é desprovida de pertinência no caso em apreço. Em último lugar, e em qualquer caso, a Comissão pode ordenar uma inspecção quando possa legitimamente supor que elementos pertinentes para a sua investigação se encontram nas instalações de uma empresa, mesmo que depois se demonstre que a empresa em causa não está directamente envolvida na infracção objecto de suspeita. –       Apreciação do Tribunal de Primeira Instância A título liminar, importa recordar os princípios que regem o dever de fundamentação que incumbe à Comissão quando adopta uma decisão que ordena uma inspecção, nos termos do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003. O dever de fundamentar uma decisão individual, que resulta do artigo 253.° CE, tem por finalidade permitir ao juiz comunitário exercer a sua fiscalização da legalidade da decisão e fornecer ao interessado uma indicação suficiente para saber se a decisão está bem fundamentada ou se, eventualmente, enferma de um vício que permita contestar a sua validade, precisando‑se que o alcance deste dever depende da natureza do acto em causa e do contexto em que tenha sido adoptado (acórdãos do Tribunal de Justiça de 25 de Outubro de 1984, Instituut Electronenmicroscopie, 185/83, Recueil, p. 3623, n.° 38, e do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2005, Corsica Ferries France/Comissão, T‑349/03, Colect., p. II‑2197, n. os 62 e 63). Quanto às decisões da Comissão que ordenam uma inspecção, o artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003 define os elementos essenciais que devem constar desta decisão, impondo à Comissão que a fundamente indicando o objecto e a finalidade da inspecção, a data em que esta tem início, as sanções previstas nos artigos 23.° e 24.° do referido regulamento, bem como a possibilidade de impugnação da decisão perante o órgão jurisdicional comunitário competente. A fundamentação das decisões que ordenam uma inspecção tem assim por objecto revelar o carácter justificado da intervenção pretendida no interior das empresas em causa e também colocá‑las em condições de tomarem consciência do alcance do respectivo dever de colaboração, preservando ao mesmo tempo os respectivos direitos de defesa (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdãos do Tribunal de Justiça de 21 de Setembro de 1989, Hoechst/Comissão, 46/87 e 227/88, Colect., p. I‑2859, n.° 29, e Roquette Frères, n.° 37 supra , n.° 47). Com efeito, a exigência de que a Comissão indique o objecto e a finalidade da inspecção constitui uma garantia fundamental dos direitos de defesa das empresas em causa e, consequentemente, o alcance do dever de fundamentação não pode ser restringido em função de considerações relativas à eficácia da investigação. A este respeito, embora a Comissão não seja obrigada a comunicar ao destinatário desta decisão todas as informações de que dispõe a propósito das presumidas infracções, a delimitar precisamente o mercado em causa, a proceder a uma qualificação jurídica exacta destas infracções, nem a indicar o período durante o qual essas infracções teriam sido cometidas, deve, pelo contrário, indicar, com tanta precisão quanto possível, as presunções que pretenda submeter à instrução, designadamente o objectivo prosseguido e os elementos sobre os quais a inspecção deve incidir (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdãos do Tribunal de Justiça de 17 de Outubro de 1989, Dow Benelux/Comissão, 85/87, Colect., p. I‑3137, n.° 10; Hoechst/Comissão, n.° 50 supra , n.° 41, e Roquette Frères, n.° 37 supra , n.° 48). Para este fim, a Comissão deve também revelar, na decisão que ordena a inspecção, uma descrição das características essenciais da infracção objecto de suspeita, mediante a indicação do mercado presumido em causa e da natureza das restrições da concorrência objecto de suspeita, de explicações sobre a forma como a empresa visada pela inspecção está supostamente implicada nessa infracção, da matéria investigada e dos elementos sobre os quais a instrução deve incidir, bem como a indicação dos poderes conferidos aos agentes comunitários (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdãos do Tribunal de Justiça de 26 de Junho de 1980, National Panasonic/Comissão, 136/79, Recueil, p. 2033, n.° 26, e Roquette Frères, n.° 37 supra , n. os 81, 83 e 99). Para provar o carácter justificado da inspecção, a Comissão é obrigada a revelar de forma circunstanciada na decisão que ordena uma inspecção que dispõe de elementos e de indícios materiais sérios que a levam a suspeitar de uma tal infracção por parte da empresa em causa na inspecção (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdão Roquette Frères, n.° 37 supra , n. os 55, 61 e 99). No caso em apreço, embora a decisão recorrida esteja redigida em termos gerais, contém, no entanto, os elementos essenciais exigidos pelo artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, e pela jurisprudência. Por conseguinte, resulta dos termos essenciais da decisão recorrida, reproduzidos nos n. os 22 a 24 supra , que esta indica o objecto e a finalidade da inspecção, revelando as características essenciais da infracção objecto de suspeita, designando o mercado presumido em causa – o acesso à Internet de alta velocidade para os clientes residenciais em França –, a natureza das restrições da concorrência objecto de suspeita – práticas tarifárias que seriam contrárias ao artigo 82.  CE –, indicando a importância das tarifas da opção 5 da recorrente na determinação da existência destas infracções –, explicações sobre a forma como a recorrente está supostamente implicada na infracção e o papel que possa ter sido desempenhado pela recorrente – a recorrente podia estar informada ou podia estar na posse de determinados elementos que permitiriam identificar a infracção objecto de suspeita –, a matéria investigada e os elementos sobre os quais a instrução devia incidir – informações relativas a estas práticas, em particular os elementos que permitem estabelecer o grau de cobertura de custos da Wanadoo e que se relacionavam com a estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes, que podiam apenas ter sido comunicadas a alguns membros do pessoal da recorrente ou da Wanadoo, que podiam ser investigadas tanto nas instalações, nos livros da Wanadoo e outros registos relativos a esta como nos relativos à recorrente e, sendo caso disso, oralmente –, os poderes conferidos aos inspectores comunitários, a data em que se inicia a inspecção – 2 de Junho de 2004 –, as sanções previstas nos artigos 23.° e 24.° do Regulamento n.° 1/2003, bem como a possibilidade de impugnação da decisão de inspecção no Tribunal de Primeira Instância. Além disso, à data era notório em França que a recorrente era a sociedade‑mãe da Wanadoo. Quanto ao carácter justificado da inspecção, a decisão recorrida revela de forma circunstanciada que a Comissão dispunha no seu processo de indícios sérios que lhe permitiam suspeitar de infracções às regras da concorrência pela Wanadoo, filial da recorrente, e que estava em condições de suspeitar que determinados elementos, designadamente os que se relacionam com a estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes, podiam ter sido comunicados a alguns membros do pessoal da recorrente. Por conseguinte, a decisão recorrida está suficientemente fundamentada à luz das exigências do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003 e da jurisprudência. Por outro lado, atendendo ao contexto em que foi adoptada, os elementos mencionados pela recorrente no âmbito da presente censura não podem infirmar esta conclusão. Em primeiro lugar, é certo que a decisão recorrida dispõe especificamente que a inspecção deve incidir sobre as dez ofertas da Wanadoo nela mencionadas. Nesta medida, como resulta do n.° 55 supra , a razão da designação da recorrente como destinatária da decisão recorrida e a razão da sua implicação pessoal na inspecção ordenada são igualmente expostas, ou seja, no essencial, o facto de a Comissão suspeitar que determinados se podiam encontrar nas instalações daquela ou que a recorrente podia estar informada sobre a estratégia da sua filial. Atendendo ao contexto em que a decisão recorrida foi adoptada, que a própria recorrente reconhece como sendo um elemento pertinente para determinar a extensão do dever de fundamentação que impendia sobre a Comissão, esta precisão era suficiente para cumprir o dever de fundamentação em relação à indicação do objecto e da finalidade da inspecção em causa. Por um lado, está assente que a recorrente era, à data dos factos, a sociedade‑mãe da Wanadoo e que não podia desconhecer que a sua filial tinha sido condenada pela decisão de 16 de Julho de 2003 por violação do artigo 82.° CE. A Comissão tinha, portanto, razões para suspeitar que determinados elementos de prova podiam estar dissimulados nas instalações da recorrente. Por outro lado, a decisão de 16 de Julho de 2003 mostra que já nesse processo a recorrente tinha sido objecto de pedidos de informação. Além disso, esta decisão fundamenta‑se, designadamente para efeitos da sua análise da estratégia de apropriação do mercado dos serviços de acesso à Internet de alta velocidade pela Wanadoo, em elementos de contexto que provam uma estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes bem como a posição dominante da Wanadoo, alguns dos quais provêm da recorrente e outros lhe foram fornecidos pela Wanadoo. A Comissão refere, além disso, nesta decisão, elementos que ilustram a política de conjunto do grupo France Télécom face à concorrência no mercado em causa e assinala justamente que a estratégia prosseguida por uma filial não é completamente dissociável dos objectivos da sociedade‑mãe. Por conseguinte, tendo em conta, em particular, o papel já desempenhado por determinados documentos da recorrente e pela estratégia de grupo prosseguida pela recorrente para fins de prova de uma infracção por parte da sua filial, num momento em que a independência desta última na fixação dos seus preços de retalho não era discutida, não está demonstrada a falta de fundamentação da decisão recorrida quanto à designação da recorrente como destinatária da decisão recorrida e quanto ao seu envolvimento pessoal na inspecção efectuada no caso em apreço. O nível exacto da participação da recorrente no capital da Wanadoo não é pertinente a este respeito, já que, no caso em apreço, este era, de qualquer modo, suficiente para concluir que, à data dos factos em causa, a recorrente era efectivamente a sociedade‑mãe da Wanadoo. A título meramente exaustivo, o Tribunal de Primeira Instância constata, além disso, que resulta da resposta da recorrente à questão escrita do Tribunal de Primeira Instância que, em 28 de Abril de 2004, ou seja, antes da adopção da decisão recorrida, a recorrente detinha, directa ou indirectamente, 95,25% do capital da sua filial Wanadoo. Também não é pertinente a eventual impossibilidade de imputar à recorrente o comportamento anticoncorrencial da Wanadoo uma vez provado. Esta impossibilidade pode efectivamente resultar de uma análise da substância dum processo, mas não permite proibir uma inspecção às instalações da sociedade‑mãe, uma vez que esta inspecção tem precisamente por objecto determinar o papel exacto das empresas envolvidas na infracção em causa. Com efeito, a jurisprudência não exige que seja efectuada uma qualificação jurídica rigorosa das presumidas infracções na decisão que ordena uma inspecção (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdão Dow Benelux/Comissão, n.° 51 supra , n.° 10. Além disso, já se concluiu que, no caso em apreço, a decisão recorrida estava suficientemente justificada pelo facto de a Comissão poder suspeitar com razão que determinados elementos de prova pertinentes se podiam encontrar nas instalações da recorrente. Por outro lado, não resulta da decisão recorrida que a autonomia do comportamento da Wanadoo no mercado visado pela inspecção, que foi reconhecida na decisão de 16 de Julho de 2003, tenha sido posta em causa pela Comissão. Em segundo lugar, quanto ao argumento segundo o qual a alegada insuficiência de fundamentação não permitiu à recorrente apreciar se se devia considerar pessoalmente implicada na infracção, basta referir que, como se viu anteriormente, tanto o conteúdo da decisão recorrida como o contexto em que esta foi adoptada indicam claramente de que forma se presumiu que a recorrente estava implicada na infracção. Resulta também da exposição precedente que a decisão recorrida não enferma de nenhuma contradição com a anterior posição da Comissão que requeresse uma fundamentação particular. Por conseguinte, a presente censura não pode ser acolhida. Quanto à segunda censura, relativa à falta de fundamentação da decisão recorrida em relação a determinados elementos de contexto –       Argumentos das partes A recorrente alega que a Comissão não fundamentou a sua decisão de proceder à inspecção em causa à luz da decisão de 16 de Julho de 2003, do processo no Conseil de la concurrence e da decisão do Conseil de la concurrence. Por um lado, a necessidade e a proporcionalidade da inspecção, bem como a referência ao risco de dissimulação ou de destruição de elementos, deviam ter sido justificadas em relação à existência das injunções contidas na decisão de 16 de Julho de 2003. Por outro lado, uma vez que considerava a inspecção necessária, não obstante o processo em curso no Conseil de la concurrence e o indeferimento por este do pedido de medidas cautelares apresentado pela AOL, a Comissão devia explicá‑lo e justificá‑lo, a fortiori no que respeita à inspecção ordenada à recorrente. O incumprimento pela Comissão do seu dever de fundamentação é, além disso, demonstrado pelo facto de esta, entre os elementos de contexto apresentados na sua contestação, ter feito referência à decisão de 16 de Julho de 2003, ao facto de a decisão recorrida ser consequência desta, ao processo em curso no Conseil de la concurrence e à sua decisão de analisar o fundo da questão. Em qualquer caso, as explicações fornecidas a posteriori na contestação não podem sanar a falta de fundamentação de que enferma a decisão recorrida. O dever de fundamentação impõe que a Comissão precise na decisão recorrida que a infracção presumida imputada nesta resulta das suas trocas de informações com a autoridade francesa da concorrência no âmbito da sua instrução da denúncia da AOL e que a decisão recorrida decorria da sua decisão prévia de analisar o fundo desta denúncia. O incumprimento verificado no caso em apreço seria tanto mais grave quanto, nos termos do n.° 34 da sua comunicação, a Comissão era obrigada a informar a recorrente da sua decisão de analisar o fundo da questão. Antes de mais, a Comissão responde, a propósito da decisão de 16 de Julho de 2003 e das medidas de controlo impostas por esta, que a decisão recorrida menciona que recebeu informações que indicavam que as ofertas em causa se inseriam numa estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes. A obtenção destes elementos não podia realizar‑se através de um simples pedido de informações sobre os custos e os preços. Além disso, resulta da decisão recorrida que a Comissão suspeitava, com base em informações, da existência de uma nova infracção ao artigo 82.° CE, apesar da fiscalização instituída pela decisão de 16 de Julho de 2003, o que comportava riscos importantes de os elementos comunicados pela Wanadoo no âmbito deste controlo serem incompletos ou inexactos. A seguir, a falta de referência à decisão do Conseil de la concurrence e ao processo instaurado neste conselho não pode constituir um verdadeiro vício de fundamentação, uma vez que a falta de menção destes elementos não era susceptível de prejudicar a recorrente. Numa decisão que ordena uma inspecção, a Comissão também não é obrigada a indicar as suas fontes. A título subsidiário, a Comissão acrescenta que o Conseil de la concurrence não indeferiu o pedido de medidas cautelares por razões relativas ao fundo da presumida infracção, mas por razões ligadas às condições de concessão das medidas cautelares. De qualquer modo, a recorrente não demonstra de que forma o facto de a Comissão não ter feito referência ao processo em curso no Conseil de la concurrence não lhe permitiu compreender a finalidade e o objecto da inspecção ordenada. Por último, o argumento relativo à indicação de outros elementos de informação na contestação, que não foram pormenorizados na decisão recorrida, não é pertinente. Em particular, o facto de a recorrente não saber que a Comissão tinha decidido analisar o fundo da questão não era necessário para compreender a finalidade e o objecto da inspecção ou a extensão da matéria investigada. O n.° 34 da comunicação não obriga, além disso, a Comissão a informar a empresa em causa mediante decisão. –       Apreciação do Tribunal de Primeira Instância Resulta da análise efectuada nos n. os 47 a 57 supra que a decisão recorrida cumpriu o dever geral de fundamentação imposto à Comissão pelo artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003 e pela jurisprudência. Por conseguinte, importa determinar, no caso em apreço, se, contudo, para cumprir este dever, a Comissão devia fundamentar também a decisão recorrida em relação aos elementos mencionados pela recorrente na presente censura. A este respeito, em primeiro lugar, importa referir que não é contestado que os diferentes elementos de contexto invocados pela recorrente fossem do conhecimento desta quando a decisão recorrida lhe foi notificada e quando a inspecção foi efectuada. O facto de estes não terem sido mencionados na decisão recorrida não pode, portanto, ter como consequência a violação dos direitos de defesa da recorrente. Em segundo lugar, quanto às injunções contidas na decisão de 16 de Julho de 2003, resulta da decisão recorrida que, não obstante estas injunções, a Comissão estava na posse de informações que lhe permitiam suspeitar de uma violação do artigo 82.° CE por parte da Wanadoo. Noutros termos, a Comissão dispunha, no seu processo, de elementos que indicavam que a Wanadoo não cumpria estas injunções. Além disso, a inspecção destinava‑se também a obter elementos reveladores de uma intenção de eliminar os concorrentes, em relação aos quais é difícil de imaginar, mesmo supondo que estivessem abrangidos pelas injunções em causa, que tivessem sido espontaneamente comunicados à Comissão, quer pela recorrente, quer pela Wanadoo no âmbito destas injunções. Por conseguinte, a existência das injunções contidas na decisão de 16 de Julho de 2003 não tinha qualquer influência sobre a oportunidade de proceder à inspecção ordenada pela decisão recorrida. Por conseguinte, a Comissão não era obrigada a fundamentar especificamente a decisão recorrida em relação às referidas injunções. Em terceiro lugar, quanto à referência ao risco de dissimulação ou de destruição de elementos, esta não pode demonstrar um incumprimento pela Comissão do seu dever de fundamentação. Com efeito, não é contestado que, entre os elementos investigados, designadamente os susceptíveis de revelar uma estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes, constam elementos que são geralmente sujeitos a dissimulação ou que estão expostos a um risco de destruição em caso de investigação. Além disso, como se concluiu acima, era igualmente razoável que a Comissão considerasse que estes elementos não lhe seriam espontaneamente comunicados no âmbito das injunções contidas na decisão de 16 de Julho de 2003. Em quarto lugar, quanto ao processo em curso no Conseil de la concurrence e ao seu indeferimento do pedido de medidas cautelares apresentado pela AOL, o direito comunitário não exige, em princípio, que a Comissão justifique uma decisão de proceder a uma inspecção em relação aos processos nacionais paralelos que possam eventualmente existir. Além disso, a decisão do Conseil de la concurrence apoia, na verdade, a medida de inquérito ordenada pela Comissão. Com efeito, nesta decisão, o Conseil de la concurrence, embora refira que «verifica‑se que nem o sector nem as empresas que o compõem sofreram prejuízos graves e imediatos na sequência das práticas tarifárias da Wanadoo», considera, porém, que «não se pode excluir que determinadas práticas tarifárias aplicadas pela Wanadoo estejam abrangidas pelo campo de aplicação [...] do artigo 82.° [CE] na medida em que afectem uma parte substancial do território nacional». O conselho justifica, assim, o indeferimento do pedido de medidas cautelares pela inexistência de prejuízos graves e imediatos para o sector ou para as empresas que o compõem e pela inexistência de prejuízo imediato para os consumidores, noutros termos, pela inexistência de urgência, e não pela falta de fundamento evidente da denúncia que lhe foi apresentada. Por outro lado, esta decisão não se pronuncia sobre a posição que foi ou não adoptada pela recorrente em relação à infracção de que a sua filial é suspeitada. Por conseguinte, a decisão do Conseil de la concurrence não permite concluir que a inspecção ordenada pela decisão recorrida não era pertinente e, portanto, a Comissão não era obrigada a fundamentar especificamente a decisão recorrida em relação ao processo em curso no Conseil de la concurrence ou à decisão do Conseil de la concurrence. Em quinto lugar, o facto de estes elementos terem sido mencionados na contestação apresentada pela Comissão ao Tribunal também não é pertinente. O conteúdo de uma contestação destina‑se designadamente a esclarecer o Tribunal sobre o contexto factual e jurídico do caso que é apresentado para sua apreciação, no âmbito do qual se insere a decisão controvertida e que o Tribunal não conhece, contrariamente às partes no litígio. A falta de elementos de contexto, numa decisão que constitui objecto de um recurso de anulação, os quais são a seguir fornecidos ao Tribunal por uma parte no âmbito da apresentação das circunstâncias em que o litígio sobre o qual deve pronunciar‑se se desenvolveu, não pode, portanto, em si mesma, demonstrar o incumprimento do dever de fundamentação da decisão controvertida. Em sexto lugar, resulta da decisão recorrida que a Comissão consultou a autoridade da concorrência competente antes de proceder à inspecção. Por outro lado, como já se concluiu, a Comissão não é obrigada a indicar, numa decisão que ordena uma inspecção, todos os elementos de que dispõe a propósito da presumida infracção. Por último, é certo que o ponto 34 da comunicação indica que «[s]e for reatribuído um processo no interior da rede [das autoridades responsáveis em matéria de concorrência], as empresas em causa […]serão informadas desse facto o mais rapidamente possível». No entanto, o ponto 5 da mesma comunicação enuncia expressamente que «cada membro da rede permanece livre de decidir se deve ou não instruir um processo» e os seus pontos 4 e 31 precisam respectivamente, que «[a]s consultas e os intercâmbios efectuados no âmbito da rede são questões que incumbem às instâncias de aplicação da lei» e que «A atribuição dos processos não confere, portanto, às empresas envolvidas […] [n]uma infracção, direitos individuais a que o seu processo seja instruído por uma determinada autoridade». Por conseguinte, a Comissão continuava a poder proceder à inspecção ordenada e, independentemente do conteúdo da contestação da Comissão, não está provado o incumprimento do dever de fundamentação alegado pela recorrente em relação ao ponto 34 da comunicação. Consequentemente, a segunda censura não pode ser acolhida. Quanto à terceira censura, relativa à impossibilidade para a recorrente de compreender as dúvidas expressas pela Comissão quanto às tarifas da opção 5 –       Argumentos das partes A recorrente alega que a decisão recorrida viola o dever de fundamentação e os direitos de defesa ao referir nos seus fundamentos a opção 5 e ao imputar‑lhe um efeito de corte de tarifas sem referir no seu dispositivo a opção 5 ou a baixa dos preços desta opção. Portanto, não se pode considerar que a inspecção tenha sido ordenada para verificar uma presunção de infracção por parte da recorrente e a Comissão não enunciou clara e regularmente as suspeitas respeitantes às novas tarifa da sua opção 5. Em particular, quanto à suspeita de corte de tarifas, esta está em contradição tanto com os termos do artigo 1.° da decisão recorrida como com os do quarto considerando desta. A Comissão suspeitou e verificou a existência de uma prática tarifária, as tarifas da opção 5 da recorrente, que não é considerada suspeita pelo artigo 1.° da decisão recorrida e que é excluída do campo da verificação pelo quarto considerando desta. Acresce que existe uma diferença fundamental entre, por um lado, o facto de se terem em conta as tarifas da opção 5 como elemento de análise para verificar, à luz do custo destas tarifas, a inexistência de predação no preço das ofertas retalhistas da Wanadoo e, por outro, o facto de se referirem estas tarifas como sendo, em si mesmas, suspeitas, o que é feito na decisão recorrida. Além disso, resulta da decisão de 16 de Julho de 2003 que a recorrente não pode ser considerada suspeita de corte de tarifas em razão do preço do mercado grossista da sua opção 5 comparado com os preços retalhistas praticados pela Wanadoo, uma vez que estes preços são de empresas distintas e autónomas e que actuam em mercados diferentes. Também não é possível suspeitar da legalidade das tarifas da opção 5 e, simultaneamente, considerá‑las como base legal para suspeitar da prática de preços predatórios pela Wanadoo. Além disso, a licitude da opção 5 não pode ser subordinada ao nível dos preços retalhistas praticados pelos fornecedores do acesso à internet, incluindo os da Wanadoo. Nesta medida, a decisão não contém qualquer explicação sobre este ponto essencial, revelando, assim, incumprimento do dever de fundamentação. Por último, a Comissão deixa entender que as tarifas da opção 5 são excessivamente elevadas, embora, ao mesmo tempo, expresse uma dúvida sobre a baixa das mesmas ocorrida em Janeiro de 2004. Por outro lado, as dúvidas expressas pela Comissão na decisão recorrida quanto à baixa das tarifas da opção 5 não estão suficientemente fundamentadas. A Comissão teve conhecimento, antes de adoptar a decisão recorrida, de que a recorrente não era livre de modificar as tarifas da opção 5 e de que esta baixa tarifária tinha sido aprovada pelas autoridades francesas competentes. As dúvidas expressas na decisão recorrida sobre as tarifas da opção 5 deviam, portanto, ter sido especificamente explicadas e justificadas. A recorrente refere, em particular, que as três autoridades francesas consultadas no decurso do processo de aprovação das novas tarifas tinham excluído em relação a estas um efeito de corte de tarifas. As tarifas da opção 5 tinham igualmente sido denunciadas pela AOL por produzirem um efeito de corte de tarifas, mas o Conseil de la concurrence não considerou esta censura como probatória prima facie . Antes de mais, a Comissão responde que a decisão recorrida não visa isoladamente as tarifas da opção 5, mas as novas tarifas de acesso à Internet por ADSL destinadas ao grande público em França, e portanto, as tarifas retalhistas fixadas pela Wanadoo e/ou pela France Télécom. Se a relação destes preços com as tarifas da opção 5 constitui um elemento indispensável da análise, a predação ou o efeito de corte de tarifas não podem ser excluídos pelo simples facto de as tarifas da opção 5 terem sido aprovadas por uma autoridade pública. Por conseguinte, os argumentos da recorrente devem ser recusados. Em particular, o facto de a ART ter aprovado as baixas tarifárias da opção 5 não exclui que a France Télécom, como grupo, tenha podido violar o artigo 82.° CE mediante um efeito de corte de tarifas, dado que o preço de venda a retalho não está regulamentado. A recorrente confunde as práticas anticoncorrenciais, alvo das suspeitas da Comissão, que são claramente enunciadas no artigo 1.° da decisão recorrida e que definem o campo de aplicação da decisão recorrida, com as tarifas e outros elementos de facto que a Comissão entende verificar na inspecção. No interior da categoria jurídica de preços não equitativos, a decisão recorrida indica que a Comissão entendeu verificar, em primeiro lugar, a existência de uma eventual predação e, em segundo lugar, a existência de um corte de tarifas, para cuja verificação as tarifas do mercado grossista são um elemento indispensável de análise. As suspeitas da Comissão não dizem, portanto, respeito às tarifas da opção 5 enquanto tais, mas à redução da margem económica entre a opção 5 e as tarifas retalhistas operada através de uma baixa das tarifas retalhistas. Por conseguinte, não existe contradição entre os considerandos da decisão recorrida e o seu artigo 1.° Além disso, no âmbito de uma decisão de inspecção não cumpre demonstrar a existência de uma infracção mas apenas de suspeitas de infracção. Ora, a recorrente não demonstrou nem que a Comissão não podia razoavelmente suspeitar da existência de uma infracção, nem de que forma a menção das sucessivas aprovações das tarifas da opção 5 a nível nacional teria sido necessária para que a decisão recorrida fosse suficientemente fundamentada. A seguir, a referência à decisão de 16 de Julho de 2003 não era pertinente. A Comissão podia legitimamente considerar que, durante o processo de integração da Wanadoo pela recorrente e, portanto, durante o período de aprovação das ofertas em causa, a Wanadoo pudesse ter perdido a capacidade de fixar as suas tarifas retalhistas de maneira autónoma em relação à recorrente. Por último, dado que as exigências de fundamentação da decisão recorrida estão preenchidas, a Comissão não é obrigada a expor de forma exaustiva todos os elementos de que tem conhecimento, designadamente a existência de aprovações nacionais das tarifas da opção 5. Além disso, a recorrente teve conhecimento destes elementos e o facto de não serem mencionados não podia afectar os direitos de defesa. –       Apreciação do Tribunal de Primeira Instância A recorrente censura, no essencial, a Comissão por, na decisão recorrida, ter considerado suspeitas as tarifas da opção 5 sem, contudo, exprimir claramente as suspeitas que alimentava a seu respeito, nem justificar a sua posição em relação à sua decisão de 16 de Julho de 2003 e às diversas decisões nacionais. Ora, como resulta dos termos essenciais da decisão recorrida reproduzidos no n. os 22 e 23 supra , esta enuncia a propósito da opção 5, que a margem económica reduzida entre as tarifas retalhistas da Wanadoo e as tarifas da opção 5 da recorrente origina um corte de tarifas em detrimento dos concorrentes da Wanadoo que baseiem a sua oferta na opção 5, e isso não obstante a baixa das tarifas da opção 5 efectuada em Janeiro de 2004. Acrescenta que esta margem reduzida restringiu a entrada no mercado dos concorrentes da Wanadoo e colocou em situação de risco os concorrentes já presentes. Por outro lado, a decisão recorrida indica que a Wanadoo praticava ofertas inferiores aos seus custos. Conclui que estas práticas de preços equivaliam a impor preços de venda não equitativos. Por conseguinte, deve concluir‑se que a decisão recorrida está claramente fundamentada e que não formula qualquer suspeita de violação do artigo 82.° CE contra a recorrente em relação às tarifas da sua opção 5. Além disso, as tarifas da opção 5 da recorrente são correctamente mencionadas nos fundamentos da decisão recorrida sem, contudo, constarem dos elementos sobre os quais incide a inspecção nos termos do seu artigo 1.° Com efeito, a decisão recorrida limita‑se a referir estes elementos enquanto ponto de referência destinado a determinar, por um lado, o carácter eventualmente predatório dos preços retalhistas da Wanadoo, devendo as tarifas da opção 5 ser tidas em conta para cálculo dos custos suportados pela Wanadoo, e, por outro, a existência de um eventual corte de tarifas que resulta do preço retalhista demasiado baixo da Wanadoo. Como já se referiu, a jurisprudência admite, além disso, que, na fase da inspecção, única fase em causa no caso em apreço, a Comissão não está obrigada a proceder a uma qualificação jurídica rigorosa das infracções objecto de suspeita (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdão do Tribunal de Justiça de 17 de Outubro de 1989, Dow Chemical Ibérica e o./Comissão, 97/87 a 99/87, Colect., p.  3165, n.° 45). O facto de a Comissão poder, eventualmente, numa fase posterior do processo, não estar em condições de provar a existência de um corte de tarifas não é pertinente. Por um lado, esta questão diz respeito a uma análise do fundo que é efectuada com base em elementos recolhidos durante a inspecção em causa e, portanto, não deve ser examinada no âmbito da fiscalização do respeito, pela Comissão, do dever de fundamentação que se lhe impõe. Por outro lado, a Comissão, em qualquer caso, na sua análise à substância dos elementos recolhidos, não está vinculada pela qualificação jurídica que possa ter efectuado de determinadas infracções numa decisão que ordena uma inspecção, sendo a sua única obrigação a este respeito a demonstração da possibilidade de as infracções objecto de suspeita terem existido, atendendo aos elementos indicados na decisão que ordena a inspecção, para justificar o recurso à inspecção. Ora, resulta da análise efectuada designadamente nos n. os 55 a 63 supra que é o que se verifica no caso em apreço. Os argumentos da recorrente segundo os quais a Comissão violou o seu dever de fundamentação ao impedi‑la de compreender a razão pela qual a Comissão exprimiu dúvidas quanto à legalidade das tarifas da opção 5 não são, portanto, justificados uma vez que não existem elementos na decisão recorrida que permitam concluir que a Comissão exprimiu nela essas dúvidas. Atendendo às considerações precedentes, a terceira censura deve ser julgada improcedente. Quanto à quarta censura, relativa à impossibilidade de o juge des libertés exercer a fiscalização que lhe incumbia antes de autorizar a inspecção –       Argumentos das partes A recorrente alega que o juiz nacional competente deve exercer a fiscalização da proporcionalidade da decisão recorrida à luz do princípio da protecção contra as intervenções arbitrárias ou desproporcionadas da autoridade pública na esfera privada de uma pessoa colectiva, princípio geral do direito comunitário. Por força deste princípio, compete à instância nacional competente examinar se as medidas coercivas previstas são arbitrárias ou excessivas em relação ao objecto da verificação e se existem indícios suficientemente sérios que permitam suspeitar que a empresa em causa cometeu uma infracção às regras da concorrência. O juiz nacional deve dispor de todos os elementos necessários que lhe permitam exercer esta fiscalização. Tal não ocorre no caso em apreço. Por um lado, os elementos fornecidos são insuficientes e não referem suspeitas muito precisas nem a existência objectiva de indícios contra a recorrente. Por outro lado, a decisão recorrida não menciona os artigos 2.° e 3.° da decisão de 16 de Julho de 2003, o processo no Conseil de la concurrence, o facto de a baixa tarifária da opção 5 ter recebido uma parecer favorável da ART, ter sido homologada e depois confirmada pelo Conseil d’État. Ora, trata‑se de elementos pertinentes e essenciais para permitir ao juge des libertés exercer a sua fiscalização, que, se lhe tivessem sido indicados, poderiam tê‑lo levado a considerar a inspecção ordenada arbitrária e desproporcionada ou, em qualquer caso, a pedir explicações à Comissão, em conformidade com o artigo 20.°, n.° 8, do Regulamento n.° 1/2003. O facto de a decisão do juge des libertés não ter sido aplicada não tem incidência no caso em apreço, dado que o dever de fundamentação e de cooperação leal da Comissão com o juiz nacional é um dever objectivo, que impende sobre a Comissão no momento da adopção da decisão de inspecção. A Comissão não se podia eximir a posteriori a uma falta de fundamentação e de cooperação leal com o juiz nacional com base em que a sua autorização não teve aplicação prática. Além disso, a autorização oposta à recorrente foi um factor decisivo do seu comportamento no âmbito da inspecção. Por outro lado, o facto de a recorrente não ter impugnado a legalidade do despacho do juge des libertés nos órgãos jurisdicionais franceses não pode afectar o alcance da sua argumentação no caso em apreço. A falta de fundamentação censurada à Comissão privou, na verdade, a recorrente de poder impugnar utilmente a legalidade da autorização do juge des libertés.Com efeito, não se pode censurar a este último ter efectuado um apreciação irregular com base em informações de que não dispunha. Além disso, a recorrente afirma ter interposto um recurso do despacho do juge des libertés, que retirou posteriormente. Antes de mais, a Comissão responde que a presente censura é inoperante. Caso o despacho do juge des libertés tivesse afectado os direitos da recorrente, era perante o juiz nacional competente que a recorrente devia tê‑lo impugnado. O facto de deste ter sido interposto um recurso pela recorrente não é pertinente. Acresce que, mesmo que o juiz nacional se tivesse considerado suficientemente esclarecido para poder exercer a sua fiscalização, esse facto não pode ter incidência sobre a legalidade da decisão recorrida, cuja fiscalização incumbe exclusivamente ao juiz comunitário. O facto de o despacho do juiz nacional poder ter sido um factor decisivo da cooperação da recorrente também não é conclusivo, na medida em que as inspecções decididas pela Comissão são obrigatórias, independentemente de qualquer despacho nacional, e a recusa de se submeter a estas está sujeita à aplicação de coimas substanciais, em conformidade com artigo 23.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 1/2003. A Comissão acrescenta que este despacho não foi aplicado e que, consequentemente, a argumentação da recorrente quanto à presente vertente do fundamento é desprovida de pertinência a partir do momento em que a recorrente aceitou submeter‑se à decisão de inspecção e que a inspecção se realizou nos termos do direito comunitário. Em qualquer caso, o papel do juiz nacional num caso como o vertente não é autorizar a inspecção, ordenada por força do artigo 20.° do Regulamento n.° 1/2003, mas apenas autorizar a autoridade nacional a aplicar meios coercivos no caso de a empresa destinatária recusar submeter‑se à inspecção. A Comissão alega a título subsidiário que a decisão recorrida está, em qualquer caso, suficientemente fundamentada para permitir ao juge des libertés exercer a sua fiscalização da proporcionalidade. –       Apreciação do Tribunal de Primeira Instância A título preliminar, importa referir que, embora a petição de recurso seja por vezes formulada de forma infeliz, dela resulta, contudo, que a recorrente não põe em causa a legalidade do despacho do juge des libertés nem sustenta que este não dispunha dos elementos necessários para apreciar a legalidade da decisão recorrida, mas censura, no essencial, à Comissão ter fundamentado insuficientemente a decisão recorrida, o que fez com que o juge des libertés não tenha podido exercer a fiscalização que lhe incumbia por força do artigo 20.°, n.° 8, do Regulamento n.° 1/2003. Ora, embora seja verdade que, nos termos do artigo 20.°, n.° 8, do Regulamento n.° 1/2003, compete à autoridade judicial nacional chamada a pronunciar‑se no âmbito do artigo 20.°, n.° 7, do mesmo regulamento, fiscalizar a autenticidade da decisão da Comissão que ordena uma inspecção, bem como o carácter não arbitrário e não excessivo das medidas coercivas previstas para executar a inspecção à luz do objecto desta e que a Comissão, para este fim, é obrigada a fornecer‑lhe determinadas informações, resulta igualmente do artigo 20.°, n.° 8, do Regulamento n.° 1/2003 e da jurisprudência (v., a propósito do Regulamento n.° 17, acórdão Roquette Frères, n.° 37 supra ) que estes elementos podem constar noutros documentos que não a decisão que ordena a inspecção ou podem‑lhe ser transmitidos pela Comissão por outro meio que não esta decisão. Por conseguinte, a quarta censura formulada pela recorrente é inoperante na medida em que o objectivo prosseguido pelo dever de fundamentação imposto à Comissão não é assegurar que o juiz nacional cuja autorização é solicitada no âmbito do artigo 20.°, n.° 7, do Regulamento n.° 1/2003, seja informado, mas colocar a empresa destinatária da inspecção em condições de apreender o alcance do seu dever de colaboração, salvaguardando, contudo, os seus direitos de defesa. Atendendo às considerações precedentes, importa concluir que o alegado incumprimento pela Comissão do seu dever de fundamentação não está provado e que, portanto, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente na sua totalidade. Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do dever de cooperação leal com as instituições nacionais Argumentos das partes A recorrente alega que a Comissão violou duplamente a sua obrigação de cooperar lealmente com as instituições francesas e que estas violações devem ter como consequência a anulação da decisão recorrida. Em primeiro lugar, a Comissão violou a sua obrigação de cooperação leal com o juge des libertés chamado a autorizar a inspecção ordenada à France Télécom, obrigação que encontra o seu fundamento no artigo 10.° CE como interpretado pelo Tribunal de Justiça e que deve disciplinar e é necessário à execução do Regulamento n.° 1/2003. A exigência imposta pelo Tribunal de Justiça, segundo a qual a Comissão deve fornecer ao juiz nacional as indicações que lhe permitam exercer a fiscalização que lhe incumbe, constitui uma obrigação essencial não apenas em relação às exigências de fundamentação, mas também quanto à exigência de cooperação leal com o juiz competente. O facto de a Comissão não ter feito referência às disposições dos artigos 2.º e 3.º da sua decisão de 16 de Julho de 2003, ao processo em curso no Conseil de la concurrence e à decisão do Conseil d’État de 19 de Janeiro de 2004 constitui uma violação grave da sua obrigação de cooperação leal com o juge des libertés. Em segundo lugar, segundo a recorrente, a Comissão violou a sua obrigação de cooperação leal com o Conseil de la concurrence, enunciada no artigo 11.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1/2003 e disciplinada pelo artigo 11.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003, pelo artigo 13.°, n.° 1, bem como pelo décimo oitavo considerando deste mesmo regulamento, ao adoptar a decisão recorrida quando o caso tinha sido apresentado ao Conseil de la concurrence que tinha indeferido o pedido de medidas cautelares submetido. No caso em apreço, a Comissão não consultou o Conseil de la concurrence. Acresce que resulta das disposições do Regulamento n.° 1/2003, recordadas acima, que, se uma autoridade nacional responsável em matéria de concorrência já estiver a instruir um processo, a Comissão só pode iniciar o processo após ter consultado essa autoridade. Por último, é a autoridade da concorrência mais bem posicionada para agir que deve tratar a denúncia e, à luz das três condições cumulativas enumeradas no oitavo considerando do Regulamento n.° 1/2003, o Conseil de la concurrence está mais bem posicionado que a Comissão para examinar as presunções de infracção. Antes de mais, a Comissão riposta que, na medida em que este fundamento se refere à pretensa falta de cooperação com o juge des libertés, o mesmo retoma na verdade, sob uma outra forma, o argumento relativo à alegada falta de fundamentação, a que já respondeu. Na medida em que se refere à pretensa falta de cooperação com o Conseil de la concurrence este fundamento expressa uma compreensão incorrecta do Regulamento n.° 1/2003. No sistema do Tratado CE e do Regulamento n.° 1/2003, as competências de aplicação são paralelas e o Regulamento n.° 1/2003 não comporta nenhum critério de repartição de casos ou de competências. As autoridades nacionais mantêm‑se competentes para aplicar os artigos 81.° CE e 82.° CE desde que a Comissão não tenha iniciado o processo na acepção do artigo 11.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003, e a competência da Comissão para intervir a todo o tempo contra qualquer violação dos artigos 81.° CE e 82.° CE é preservada. Além disso, alguns elementos apontam a favor de um tratamento do caso pela Comissão. Por último, a decisão da Comissão de proceder a uma inspecção e de tratar o fundo da questão foi objecto de uma estreita concertação com as autoridades francesas, de acordo com o espírito do artigo 11.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1/2003. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância Em primeiro lugar, em relação à obrigação de cooperar lealmente com as autoridades judiciárias nacionais, o Tribunal de Primeira Instância assinala que as regras da execução da obrigação de cooperação leal que decorre do artigo 10.° CE e à qual a Comissão está sujeita no âmbito das suas relações com os Estados‑Membros (acórdão do Tribunal de Justiça de 10 de Fevereiro de 1983, Luxemburgo/Parlamento, 230/81, Recueil p. 255, n.° 37, e despacho do Tribunal de Justiça de 13 de Julho de 1990, Zwartveld e o., C‑2/88 IMM, Colect., p. 3365, n.° 17), quanto às relações que se estabelecem no âmbito das inspecções efectuadas pela Comissão com o fim de detectar infracções aos artigos 81.° CE e 82.° CE, foram precisadas pelo artigo 20.° do Regulamento n.° 1/2003, que enuncia as regas segundo as quais a Comissão, as autoridades nacionais responsáveis em matéria de concorrência e as autoridades judiciais nacionais devem cooperar quando a Comissão decide proceder a uma inspecção no âmbito deste regulamento. Assim, o artigo 20.° do Regulamento n.° 1/2003 autoriza a Comissão a proceder a inspecções, efectuadas mediante a apresentação de mandado escrito, em conformidade com o n.° 3 deste artigo, ou com base numa decisão que obrigue as empresas a submeterem‑se a elas, em conformidade com o n.° 4 do mesmo artigo. Se a Comissão proceder a uma inspecção ao abrigo do artigo 20.°, n.° 3, do Regulamento n.° 1/2003, é obrigada, segundo esta disposição, a avisar, em tempo útil antes da inspecção, a autoridade responsável em matéria de concorrência do Estado‑Membro em cujo território se deve efectuar a inspecção. Se a Comissão proceder a uma inspecção por força do n.° 4, esta disposição impõe‑lhe o dever de consultar a autoridade responsável em matéria de concorrência do Estado‑Membro em cujo território se deve efectuar a inspecção, antes de adoptar a decisão que ordena a inspecção. Segundo o artigo 20.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003, a assistência das autoridades nacionais é necessária para a execução da inspecção quando a empresa visada por essa inspecção se lhe opõe e, quando esta assistência requer a autorização de uma autoridade judicial, essa autorização deve ser solicitada em conformidade com o n.° 7. Por força do n.° 8, a autoridade judicial nacional é então responsável pela fiscalização da autenticidade da decisão da Comissão que ordena a inspecção, bem como do carácter não arbitrário e não excessivo das medidas coercivas previstas para executar a inspecção relativamente ao objecto desta, encontrando‑se, porém, a fiscalização da legalidade da decisão da Comissão reservada exclusivamente aos órgãos jurisdicionais comunitários. Daqui resulta que o artigo 20.°, do Regulamento n.° 1/2003 estabelece uma distinção clara entre, por um lado, as decisões adoptadas pela Comissão com base no n.° 4 deste artigo e, por outro, o pedido de assistência apresentado ao órgão jurisdicional nacional nos termos do n.° 7 deste mesmo artigo. Enquanto o juiz comunitário é o único competente para fiscalizar a legalidade de uma decisão adoptada pela Comissão nos termos do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, como resulta designadamente do n.° 8 in fine deste artigo, é apenas ao juiz nacional ao qual é pedida autorização para se recorrer a medidas coercivas, nos termos do artigo 20.°, n.° 7, do Regulamento n.° 1/2003, eventualmente assistido pelo Tribunal de Justiça no âmbito de um reenvio prejudicial, e com ressalva de eventuais vias de recurso nacionais, que compete determinar se as informações transmitidas pela Comissão no âmbito deste pedido lhe permitem exercer a fiscalização que lhe é atribuída pelo artigo 20.°, n.° 8, do Regulamento n.° 1/2003 e, portanto, pronunciar‑se utilmente sobre o pedido que lhe foi apresentado [v., neste sentido, a propósito do Regulamento n.° 17, o acórdão Roquette Frères, n.° 37 supra , n.° 39, 67 e 68]. A autoridade judicial nacional a que se recorre no âmbito do artigo 20.°, n.° 7, do Regulamento n.° 1/2003, nos termos do n.° 8 deste artigo e da jurisprudência (v., a propósito do Regulamento n.° 17, o acórdão Roquette Frères, n.° 37 supra ), tem a faculdade de pedir à Comissão precisões, em especial quanto aos motivos que ela tem para suspeitar de violação dos artigos 81.° CE e 82.° CE, quanto à gravidade da infracção suspeitada e à natureza do envolvimento da empresa em causa. A fiscalização do Tribunal que, por hipótese, pudesse conduzir à constatação de uma insuficiência de informações que tivessem sido transmitidas pela Comissão a esta autoridade implicaria uma reavaliação pelo Tribunal da apreciação já efectuada por esta autoridade, do carácter suficiente destas informações. Ora, esta fiscalização não pode ser admitida, uma vez que a apreciação efectuada pela autoridade judicial nacional está sujeita apenas aos controlos resultantes das vias de recurso internas contra as decisões desta autoridade. Por conseguinte, os argumentos invocados pela recorrente em apoio do seu segundo fundamento devem ser julgados improcedentes na sua totalidade na medida em que, ao contestarem o conteúdo da decisão recorrida em relação à obrigação de cooperação leal que é imposta à Comissão, implicam um questionamento, por parte do Tribunal, da apreciação que foi efectuada pelo juge des libertés, no âmbito do artigo 20.°, n.° 8, do Regulamento n.° 1/2003, do carácter suficiente das informações que lhe foram apresentadas pela Comissão para obter a autorização pedida nos termos do artigo 20.°, n.° 7, do Regulamento n.° 1/2003. Com efeito, o Tribunal não é competente para controlar o modo como o juiz nacional, que julga no âmbito desta disposição, realiza a missão que lhe é conferida pelo n.° 8 do artigo 20.° Além disso, há que recordar que a legalidade de um acto deve ser apreciada em função dos elementos de direito e de facto existentes à data em que este acto foi adoptado (acórdãos do Tribunal de Justiça de 7 de Fevereiro 1979, França/Comissão, 15/76 e 16/76, Recueil, p. 321, n.° 7, e do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Julho de 2004, Valenzuela Marzo/Comissão, T‑384/02, ColectFP, pp. I‑A‑235 e II‑1035, n.° 98). Por conseguinte, a utilização que tenha sido feita de uma decisão que ordene uma inspecção, ou a apreciação dos elementos nela contidos que tenha sido efectuada por uma autoridade judicial nacional, no âmbito de um pedido apresentado pela Comissão, ao abrigo do artigo 20.°, n.° 7, do Regulamento n.° 1/2003, não tem incidência sobre a legalidade da decisão que ordena a inspecção. Assim, no âmbito do presente fundamento, é unicamente à luz dos elementos exigidos pelo artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, como interpretado pela jurisprudência, que se deve apreciar a procedência dos argumentos da recorrente que denunciam um incumprimento por parte da Comissão da sua obrigação de cooperação leal com as autoridades judiciárias nacionais. Ora, resulta da análise do primeiro fundamento que não foi provada nenhuma violação do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003 por parte da Comissão. Por conseguinte, a primeira vertente da argumentação desenvolvida pela recorrente em apoio do seu segundo fundamento deve ser julgada improcedente. Em segundo lugar, quanto à obrigação de cooperar lealmente com as autoridades nacionais responsáveis em matéria de concorrência, tal como resulta das diferentes disposições invocadas pela recorrente, deve, em primeiro lugar, referir‑se que o artigo 11.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1/2003 não obstante enunciar uma regra geral segundo a qual a Comissão e as autoridades nacionais responsáveis em matéria de concorrência são obrigadas a colaborar estreitamente, não impõe à Comissão que não realize uma inspecção relativa a um processo do qual uma autoridade nacional responsável em matéria de concorrência conhece em paralelo. Também não se pode deduzir desta disposição que, uma vez que uma autoridade nacional responsável em matéria de concorrência tenha iniciado um inquérito sobre factos particulares, a Comissão está imediatamente impedida de conhecer do assunto ou de se interessar por este de forma preliminar. Pelo contrário, decorre da exigência de colaboração enunciada por esta disposição que estas duas autoridades podem, pelo menos em fases preliminares como as inspecções, trabalhar de modo paralelo. Assim, resulta do artigo 11.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003, invocado pela recorrente, que o princípio da colaboração implica que a Comissão e as autoridades nacionais responsáveis em matéria de concorrência podem, pelo menos nas fases preliminares dos processos que instruem, trabalhar de modo paralelo. Com efeito, esta disposição prevê, sob reserva de uma mera consulta da autoridade nacional em causa, que a Comissão mantém a possibilidade de iniciar a tramitação conducente à aprovação de uma decisão, mesmo que uma autoridade nacional já esteja a instruir o processo. Por conseguinte, a Comissão deve a fortiori poder proceder a uma inspecção como a ordenada no caso em apreço. Com efeito, uma decisão que ordena uma inspecção apenas constitui um acto preparatório no tratamento da questão de fundo, que não implica o início formal do processo na acepção do artigo 11.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003, dado que esta decisão de inspecção não manifesta em si própria a vontade da Comissão de adoptar uma decisão sobre a questão de fundo (v., neste sentido, a propósito do Regulamento n.° 17, o acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Fevereiro de 1973, Brasserie de Haecht, 48/72, Colect., p. 77, n.° 16). Além disso, o vigésimo quarto considerando do Regulamento n.° 1/2003 anuncia que a Comissão deve dispor de poderes para realizar as inspecções necessárias para detectar as infracções ao artigo 82.° CE, e o artigo 20.°, n.° 1, do referido regulamento dispõe expressamente que, no cumprimento das funções que lhe são atribuídas pelo presente regulamento, a Comissão pode efectuar todas as inspecções necessárias. Em segundo lugar, resulta do artigo 13.°, n.° 1, do Regulamento n.° 1/2003 e do décimo oitavo considerando deste mesmo regulamento, que anuncia este artigo, que da instrução do processo por parte de uma autoridade responsável em matéria de concorrência resulta a mera faculdade para uma outra autoridade em causa de suspender a respectiva tramitação ou rejeitar a denúncia. Por conseguinte, trata‑se apenas de um simples motivo que permite a outra autoridade suspender a respectiva tramitação ou rejeitar a denúncia que lhe foi apresentada. Desta disposição não decorre uma obrigação para a Comissão de não proceder a um inquérito pelo facto de uma outra autoridade já estar envolvida no tratamento do mesmo processo. Também não se pode considerar que estes textos estabelecem um critério de atribuição ou de repartição dos processos ou das competência entre a Comissão e a ou as autoridades nacionais eventualmente em causa no processo em questão. A não utilização da simples faculdade prevista por este artigo não pode, assim, de qualquer modo, ser constitutiva de um incumprimento pela Comissão da obrigação de cooperação leal que lhe é imposta no âmbito das suas relações com as autoridades responsáveis em matéria de concorrência dos Estados‑Membros. Em terceiro lugar, quanto à afirmação da recorrente segundo a qual a Comissão não consultou o Conseil de la concurrence, o Tribunal constata, pelo contrário, que a decisão recorrida menciona, na sua introdução, que a autoridade competente do Estado‑Membro em causa foi ouvida, em conformidade com o artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003. Ora, tendo em conta a presunção de legalidade de que gozam os actos das instituições comunitárias (acórdão do Tribunal de Justiça de 15 de Junho de 1994, Comissão/BASF e o., C‑137/92 P, Colect., p. I‑2555, n.° 48), que implica que cabe a quem invoca a ilegalidade desse acto produzir a prova, e considerando que a recorrente não apresentou nenhum elemento que demonstrasse que a autoridade francesa responsável em matéria de concorrência não foi efectivamente consultada, este argumento não pode ser aceite. Em quarto lugar, importa concluir que o oitavo considerando do Regulamento n.° 1/2003 não permite sustentar que o Conseil de la concurrence está, no caso em apreço, mais bem posicionado do que a Comissão para examinar as presunções em causa. Este considerando limita‑se, com efeito, a expor os princípios que devem reger a aplicação concorrente das legislações nacionais e da regulamentação comunitária relativas ao direito da concorrência, sem tratar a questão da identificação de uma autoridade da concorrência mais bem posicionada do que outra para examinar um processo. Por conseguinte, o referido considerando não é relevante para o caso em apreço. Atendendo às considerações precedentes, a Comissão, ao adoptar a decisão recorrida, não violou nenhuma das disposições invocadas pela recorrente das quais resulte a sua obrigação de cooperação leal com as autoridades nacionais responsáveis em matéria de concorrência. Consequentemente, nenhum dos argumentos apresentados pela recorrente em apoio do seu segundo fundamento podem ser acolhidos e, portanto, este fundamento deve ser julgado improcedente. Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do princípio da proporcionalidade Argumentos das partes A recorrente alega que, segundo a jurisprudência, por força do princípio da proporcionalidade, os actos das instituições comunitárias não devem ultrapassar os limites do adequado e do necessário para atingir a finalidade prosseguida, entendendo‑se que, quando exista uma escolha entre várias medidas adequadas, se deve recorrer à menos penalizante. De modo geral, a recorrente alega que a falta de fundamentação exposta no âmbito do primeiro fundamento impossibilita a fiscalização da proporcionalidade. Em qualquer caso, a inspecção em causa não é um meio adequado e razoável para permitir à Comissão verificar as suas presunções, o que deve conduzir à anulação da decisão recorrida. Em primeiro lugar, na opinião da recorrente, a referida decisão é manifestamente desproporcionada em relação ao contexto do caso em apreço. Antes de mais, resulta da decisão recorrida que as dúvidas expressas pela Comissão a propósito da baixa das tarifas da opção 5 realizada em Janeiro de 2004 não justificava uma inspecção à recorrente para obter informações sobre esta baixa das tarifas. Além disso, a Comissão obteve numerosas informações da recorrente no âmbito do processo que conduziu à adopção da decisão de 16 de Julho de 2003 sem ter tido que inspeccionar as suas instalações. O artigo 3.° desta decisão permitiu‑lhe também verificar os preços da Wanadoo. Por conseguinte, a inspecção não foi uma medida absolutamente necessária para obter informações sobre as pretensas práticas de preços de venda não equitativos. Por último, o processo no Conseil de la concurrence e a decisão deste impunham à Comissão que não procedesse a uma inspecção e que recorresse a medidas menos penalizantes. Em segundo lugar, segundo a recorrente, a inspecção é manifestamente desproporcionada, dada a falta de elementos que demonstrem a existência de um risco de dissimulação ou de destruição de provas. Além disso, a recorrente, no passado, cooperou lealmente com a Comissão. O documento apresentado pela Comissão que confirma a pertinência das suas suspeitas relativamente à dissimulação não é conclusivo. Acresce que as informações relativas ao preço constam de documentos que uma sociedade cotada e controlada não pode fazer desaparecer sem cometer irregularidades contabilísticas e societárias sérias. Em terceiro lugar, o recurso a um processo de verificação através do pedido de assistência da força pública como medida cautelar é ainda mais desproporcionado pelo facto de o artigo 20.°, n.° 6, do Regulamento n.° 1/2003 apenas prever a assistência dos Estados‑Membros aos funcionários mandatados pela Comissão no caso de a empresa se opor à inspecção. Embora o n.° 7 deste artigo autorize que a assistência seja solicitada como medida cautelar, o Tribunal de Justiça precisou que esta apenas pode ser solicitada na medida em que existam razões para temer uma oposição à verificação e que a Comissão deve fornecer explicações sobre este aspecto ao órgão jurisdicional nacional chamado a decidir. Tal não ocorre no caso em apreço. A Comissão alega que o presente fundamento não é procedente. Em primeiro lugar, dado que o Conseil de la concurrence recolheu informações com base em previsões, em parte consideradas por ele próprio pouco realistas, não se pode censurar à Comissão ter considerado que apenas podia ter a certeza de obter informações exactas recorrendo a uma inspecção. A decisão do Conseil de la concurrence também não afasta as suspeitas de infracção nem indica de que forma a inspecção era desproporcionada. Além disso, o Conseil de la concurrence, ao contrário da Comissão, não dispunha de elementos respeitantes a uma eventual intenção de eliminação de concorrentes ou de predação e é ilusório pretender que uma empresa os comunicaria voluntariamente. Além disso, o facto de ter solicitado ou obtido informações através de um pedido de informações nos termos do artigo 11.° do Regulamento n.° 17, durante um processo iniciado em 2001, não pode diminuir os poderes de inquérito da Comissão na acepção do artigo 20.°, do Regulamento n.° 1/2003. Por último, dado que as suspeitas da Comissão não se referem às tarifas da opção 5 da recorrente, não há que justificar o carácter proporcionado da inspecção quanto a estas. Em segundo lugar, a Comissão assinala que o décimo segundo considerando da decisão recorrida pormenoriza as razões pelas quais considerou que existiam riscos de destruição de elementos úteis. Além disso, uma empresa pode cooperar quando se trate de responder a pedidos de informações, sem que isso exclua a sua intenção de dissimular elementos úteis para o inquérito da Comissão. Os riscos objectivos incorridos são, segundo a experiência da Comissão, consideráveis num caso como o vertente, como o demonstraram os elementos descobertos na inspecção. O facto de certos documentos relativos à contabilidade dificilmente poderem ser destruídos, não é pertinente, dado que este tipo de documentos não era o único investigado no caso em apreço. Assim, resulta das circunstâncias e da natureza dos elementos investigados que a inspecção era o meio de investigação que oferecia mais probabilidades de obtenção de elementos que pudessem provar uma intenção de eliminação. Em terceiro lugar, a pretensa inexistência de motivo suficiente para solicitar ao juge des libertés que decretasse a aplicação de medidas coercivas não tem pertinência na apreciação da legalidade da decisão recorrida. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância A título preliminar, importa julgar improcedente o argumento geral formulado pela recorrente segundo o qual a falta de fundamentação da decisão recorrida impossibilita a fiscalização da proporcionalidade da referida decisão. Com efeito, concluiu‑se acima que a Comissão não deixou de cumprir o seu dever de fundamentação. Quanto ao princípio da proporcionalidade, que faz parte dos princípios gerais do direito comunitário, este exige que os actos das instituições comunitárias não ultrapassem os limites do adequado e do necessário para atingir a finalidade prosseguida, entendendo‑se que, quando exista uma escolha entre várias medidas adequadas, se deve recorrer à menos penalizante, e que os inconvenientes causados não devem ser desproporcionados relativamente aos objectivos pretendidos (acórdãos de 13 de Novembro de 1990, Fedesa e o., C‑331/88, Colect., p. I‑4023, n.° 13; e de 14 de Julho de 2005, Países‑Baixos/Comissão, C‑180/00, Colect., p. I‑6603, n.° 103). No domínio em causa no caso em apreço, o respeito do princípio da proporcionalidade pressupõe que a inspecção prevista não crie inconvenientes desproporcionados e intoleráveis relativamente aos objectivos prosseguidos pela inspecção em causa (v., a propósito do Regulamento n.° 17, o acórdão Roquette Frères, n.° 37 supra , n.° 76). No entanto, a escolha por parte da Comissão entre a inspecção efectuada por simples mandato e a inspecção ordenada por decisão não depende de circunstâncias como a gravidade especial da situação, a extrema urgência ou a necessidade de descrição absoluta, mas sim da necessidade de uma instrução adequada relativamente às particularidades do caso concreto. Por conseguinte, quando uma decisão de inspecção se destina apenas a permitir à Comissão reunir os elementos necessários para apreciar a eventual existência de uma violação do Tratado, essa decisão não viola o princípio da proporcionalidade (v., a propósito do Regulamento n.° 17, os acórdãos National Panasonic/Comissão, n.° 52 supra , n. os 28 a 30, e Roquette Frères, n.° 37 supra , n.° 77). É à Comissão que compete, em princípio, apreciar se uma informação é necessária para poder detectar uma infracção às regras da concorrência, e, mesmo que já disponha de indícios e até de elementos de prova relativos à existência de uma infracção, a Comissão pode, portanto, legitimamente considerar necessário ordenar diligências de instrução suplementares que lhe permitam delimitar melhor a infracção ou a sua duração (v., neste sentido, a propósito de Regulamento n.° 17, acórdãos do Tribunal de Justiça de 18 de Outubro de 1989, Orkem/Comissão, 374/87, Colect., p. I‑3283, n.° 15, e Roquette Frères, n.° 37 supra , n.° 78). Por outro lado, os artigos 18.° e 20.° do Regulamento n.° 1/2003, relativos respectivamente aos pedidos de informação e aos poderes da Comissão em matéria de inspecção, instituem dois processos autónomos, e o facto de se terem já efectuado diligências de instrução ao abrigo de um destes artigos não pode diminuir os poderes de investigação de que a Comissão dispõe ao abrigo do outro artigo (v., a propósito dos artigos 11.° e 14.° do Regulamento n.° 17, o acórdão Orkem/Comissão, n.° 148 supra , n.° 14). No caso em apreço, em primeiro lugar, a decisão recorrida destina‑se a recolher informações relativas às práticas tarifárias aplicadas pela Wanadoo, a fim de apreciar a eventual existência de uma violação do Tratado CE e, nesta medida, submete a recorrente à inspecção ordenada, designadamente porque a Comissão suspeita que determinados elementos pertinentes para provar estas práticas se podiam encontrar nas instalações da recorrente. É certo que, nos termos da decisão recorrida a Comissão já possuía determinadas informações sobre estas práticas. No entanto, nos termos da jurisprudência, a Comissão podia tentar recolher informações suplementares para provar a existência da infracção objecto de suspeita. Além disso, os elementos pretendidos no caso em apreço incluíam também informações relativas a uma estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes que podiam ter sido comunicadas à recorrente sociedade‑mãe da empresa suspeita da infracção em causa, informações cuja obtenção pela Comissão por via distinta da inspecção é dificilmente concebível. Em segundo lugar, considerando que as informações pretendidas compreendiam elementos destinados a revelar uma eventual intenção de eliminar os concorrentes e a determinar se a recorrente podia ter estado ao corrente desta, era apropriado, para fins de uma instrução adequada do processo, que se ordenasse a inspecção por meio de decisão, para garantir a eficácia desta inspecção. Em terceiro lugar, a inspecção ordenada pela decisão recorrida foi limitada às instalações da empresa, enquanto o Regulamento n.° 1/2003 já permite, sob certas condições, a inspecção de outros locais, incluindo o domicílio de determinados membros do pessoal da empresa em causa. Atendendo a estes elementos, não é evidente que, no presente processo, a Comissão tenha agido de modo desproporcionado em relação à finalidade prosseguida, e, por esse facto, tenha violado o princípio da proporcionalidade, uma vez que o recurso à inspecção ordenada por meio de decisão foi adequado face às particularidades do caso concreto. Os argumentos apresentados pela recorrente não invalidam esta conclusão. Em primeiro lugar, a inspecção ordenada não é desproporcionada em relação ao seu contexto. Em primeiro lugar, a Comissão não exprimiu, na decisão recorrida, qualquer dúvida sobre a legalidade das tarifas da opção 5, e a decisão recorrida não foi adoptada para verificar a legalidade destas tarifas, pelo que a decisão recorrida não pode ser desproporcionada quanto a este aspecto. Em segundo lugar, o facto de a Comissão ter obtido, durante o processo que conduziu à decisão de 16 de Julho de 2003, informações da recorrente através de meios diferentes da inspecção também não é pertinente, dado que, como resulta da análise acima efectuada, a escolha do recurso à inspecção não foi desproporcionada. Além disso, a Comissão não se pode considerar vinculada por um método de recolha de provas que adoptou em relação a uma dada empresa num processo anterior. Por outro lado, pelo menos alguns dos elementos pretendidos, como os relativos à estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes, potencialmente reveladores de uma intenção de cometer uma infracção e que se podiam encontrar nas instalações da recorrente, não teriam certamente sido comunicados de forma voluntária à Comissão. Em terceiro lugar, as injunções contidas na decisão de 16 de Julho de 2003 também não permitiam recolher todas as informações pretendidas pela Comissão na inspecção. Em quarto lugar, a decisão do Conseil de la concurrence indica que determinados elementos dos custos comunicados pela Wanadoo no âmbito da denúncia que lhe foi apresentada pareciam pouco fiáveis e não se pronuncia quanto ao papel eventualmente desempenhado pela recorrente na infracção de que a sua filial é suspeitada. Por conseguinte, não se pode deduzir daí que a decisão de recorrer a uma inspecção foi desproporcionada. A este respeito, o Tribunal recorda também que, já no processo que conduziu à adopção da decisão de 16 de Julho de 2003, a estratégia de grupo da recorrente foi analisada e considerada um elemento de contexto pertinente para a prova da infracção cometida pela sua filial Wanadoo e que esta decisão se refere, no âmbito da sua análise, a diversos documentos provenientes da recorrente ou apresentados a esta. Por conseguinte, o argumento da recorrente segundo o qual o processo em curso no Conseil de la concurrence impunha à Comissão que não recorresse a uma inspecção também deve ser julgado improcedente. Em segundo lugar, não é conclusivo o argumento relativo à falta de elementos que comprovem a existência de um risco de destruição ou de dissimulação de provas, designadamente pelo facto de a recorrente no passado ter cooperado lealmente com a Comissão. Por um lado, esse argumento não constitui a única razão que motivou a decisão da Comissão de proceder à inspecção, tendo a razão essencial sido a procura de elementos susceptíveis de revelar uma estratégia de contenção e de afastamento dos concorrentes, que podiam estar na posse tanto da recorrente como da sua filial e que, como já se assinalou, estão geralmente sujeitos a dissimulação ou expostos a um risco de destruição em caso de inquérito. Por outro lado, o facto de a recorrente ser uma sociedade cotada e sujeita a regras contabilísticas e financeiras estritas não é pertinente. Mesmo que se suponha que os elementos relativos ao preço dos diferentes serviços mencionados na decisão recorrida, incluindo os da recorrente, tenham sido investigados, não é menos verdade que, nos termos do artigo 1.° da decisão recorrida, também foram investigados elementos que fossem reveladores de uma intenção de eliminar os concorrentes. Ora, estes elementos não fazem parte dos elementos que devem ser conservados para fins contabilísticos e financeiros. Em terceiro lugar, o facto de o recurso à força pública ter sido solicitado como medida cautelar também não tem influência na proporcionalidade da decisão recorrida, pelo menos, dado que, como já se mencionou no n.° 126 supra , a legalidade de uma decisão apenas pode ser apreciada em função dos elementos de direito e de facto que existiam à data em que o acto foi adoptado e é pacífico que a autorização para recorrer à força pública só foi solicitada posteriormente à adopção da decisão recorrida. Das considerações precedentes resulta que a alegada violação do princípio da proporcionalidade não está provada e que, portanto, o terceiro fundamento deve ser julgado improcedente. Quanto ao quarto fundamento, relativo à ilegalidade da decisão recorrida por decorrer de uma decisão prévia que viola o Regulamento n.° 1/2003, a comunicação e o princípio da boa administração da justiça Atendendo a que este fundamento foi invocado pela primeira vez na réplica, importa, antes de mais, examinar a sua admissibilidade. Argumentos das partes A recorrente alega que a Comissão, na sua contestação, revelou um elemento novo. Assim, quando dos contactos entre a Comissão e os funcionários do Conseil de la concurrence, a inspecção, segundo a Comissão, revelara‑se necessária. Estes contactos levaram a que se considerasse oportuno o tratamento do fundo da questão pela Comissão. Por conseguinte, a decisão recorrida resulta directamente deste intercâmbio com as autoridades francesas da concorrência. Caso este não tivesse ocorrido, a inspecção não teria, com efeito, sido ordenada. Apesar de a recorrente ter tido conhecimento do processo no Conseil de la concurrence, esta desconhecia que a inspecção resultava da decisão da Comissão de tratar a questão de fundo. Esse facto constitui um elemento de direito e de facto que se revelou durante o processo, na acepção do artigo 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, e que é susceptível, nestes termos, de justificar a dedução de um novo fundamento no decurso da instância. A Comissão responde que este fundamento é inadmissível, dado que nenhum elemento de direito ou de facto foi revelado à recorrente pela contestação. Antes de mais, dada, por um lado, a presença na inspecção de representantes da autoridade francesa da concorrência e, por outro, atendendo aos termos do artigo 20.°, n.° 4, e do artigo 11.° do Regulamento n.° 1/2003, não é credível que tenha sido no decurso da instância que a recorrente tomou conhecimento da existência de contactos entre as autoridades francesas da concorrência e a Comissão anteriormente à inspecção. Além disso, a organização de uma inspecção não significa que a Comissão tenha efectivamente a vontade de tratar a questão de fundo. De qualquer modo, a existência de um inquérito da Comissão quanto à questão de fundo não pode constituir um facto novo. Com efeito, no caso em apreço, a Comissão decidiu unicamente adoptar uma medida de inquérito. Por último, a interpretação da recorrente, segundo a qual a decisão recorrida resulta do intercâmbio entre a Comissão e as autoridades francesas da concorrência, sem o qual a inspecção não teria sido realizada, é contestável uma vez que a contestação não contém tal afirmação. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância Resulta das disposições conjugadas dos artigos 44.°, n.° 1, alínea c), e 48.°, n.° 2, do Regulamento de Processo que a petição deve indicar o objecto do litígio e conter uma exposição sumária dos fundamentos do pedido e que é proibido deduzir novos fundamentos no decurso da instância, a menos que tenham origem em elementos de direito e de facto que se tenham revelado durante o processo. Ora, o facto de uma recorrente ter tomado conhecimento de um dado facto no decurso do processo no Tribunal não significa que este dado constitua um elemento de facto surgido no decurso da instância. É ainda necessário que a recorrente não tenha podido conhecê‑lo anteriormente (acórdão do Tribunal de 6 de Julho de 2000, AICS/Parlamento, T‑139/99, Colect., p. II‑2849, n. os 59 e 62). No caso em apreço, a recorrente alega, no essencial, que o elemento no qual a decisão recorrida teve origem foi uma decisão prévia da Comissão de tratar a questão de fundo e que a existência desta lhe foi revelada na contestação da Comissão. Esta pretensa decisão prévia constitui assim um elemento de facto e de direito novo, revelado no decurso do processo, que justifica a apresentação do presente fundamento pela primeira vez na fase da réplica, fundamento segundo o qual a decisão recorrida é ilegal por resultar de uma decisão prévia da Comissão que é, ela mesma, ilegal, dado ter sido adoptada em violação do Regulamento n.° 1/2003, da comunicação e do princípio da boa administração da justiça. A este respeito, importa referir que, embora a Comissão indique expressamente na sua contestação que «a decisão da Comissão de proceder a uma inspecção e de tratar ela própria o fundo da causa foi, contrariamente ao que alega a recorrente […] objecto de uma estreita concertação com as autoridades francesas, de acordo com o espírito do artigo 11.°, n.° [1], do Regulamento n.° 1/2003», a Comissão afirma, por outro lado, também na sua contestação, que foi durante os contactos telefónicos e numa reunião realizada entre a Comissão e o relator do Conseil de la concurrence que se mostrou a necessidade de uma inspecção para recolher designadamente eventuais provas que permitissem demonstrar a predação, e que contactos entre os funcionários do Conseil de la concurrence e os da Comissão levaram a que se considerasse oportuno que o Conseil de la concurrence se pronunciasse sobre as medidas cautelares e que a Comissão tratasse a questão de fundo, tendo nomeadamente em conta a decisão de 16 de Julho de 2003. Ora, considerada no seu contexto, a afirmação da Comissão que a recorrente considera revelar um facto novo insere‑se antes nas considerações gerais relativas à oportunidade de proceder a uma inspecção e, ainda, logicamente, à oportunidade de investigar com base em elementos a recolher nessa inspecção. Assim, a decisão recorrida revela, em si própria, a decisão tomada pela Comissão de se pronunciar sobre a questão de fundo, constituindo justamente uma medida de inquérito como a inspecção em causa o ponto de partida deste «tratamento do fundo da questão». Não obstante o termo «decisão» utilizado na contestação ser, sem dúvida, incorrecto, o mesmo não permite, contudo, por si só, considerar que se verifica realmente a revelação de um elemento de facto e de direito novo que a recorrente não podia conhecer anteriormente. Ora, a recorrente não apresenta nenhum outro elemento. Além disso, mesmo supondo que tenha efectivamente existido uma tal decisão da Comissão, a decisão recorrida era em qualquer caso a tradução desta, uma vez que uma medida de inquérito é por definição uma etapa preliminar, mas necessária, a uma análise do fundo. Portanto, não se pode considerar que a recorrente não estava em condições de ter conhecimento desta decisão anteriormente à contestação da Comissão, tanto mais que, atendendo aos termos do artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003, ela não podia desconhecer a existência de contactos entre a Comissão e as autoridades francesas da concorrência ocorridos antes da adopção da decisão recorrida. Tal aplica‑se a fortiori ao momento da interposição do recurso, dado que a decisão recorrida indica expressamente que a Comissão ouviu a autoridade competente do Estado‑Membro em causa em conformidade com artigo 20.°, n.° 4, do Regulamento n.° 1/2003 e que um anexo da petição demonstra que a recorrente, à data da inspecção, já tinha tido conhecimento do processo a decorrer no Conseil de la concurrence. A alegada decisão invocada pela recorrente e que, segundo a mesma, foi revelada na contestação da Comissão confunde‑se, portanto, na realidade com a decisão recorrida. Consequentemente, nenhum elemento de direito e de facto novo lhe foi revelado pela contestação. De resto, a recorrente podia perfeitamente ter invocado na sua petição as violações invocadas no âmbito do presente fundamento. Resulta destes elementos que o presente fundamento deve ser julgado inadmissível, sem que seja necessário pronunciar‑se sobre o seu mérito e, atendendo às considerações precedentes, deve ser negado provimento ao recurso na sua totalidade. Quanto às despesas Por força do disposto no artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, em conformidade com o pedido da Comissão. Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção) decide: 1) É negado provimento ao recurso. 2) A recorrente é condenada nas despesas. Legal Wiszniewska‑Białecka Moavero Milanesi Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 8 de Março de 2007. O secretário O presidente E. Coulon H. Legal * Língua do processo: francês.

62003CJ0272

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą susijęs su 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (OL L 253, p. 1, toliau – įgyvendinimo reglamentas), 670 straipsnio p punkto ir 718 straipsnio 3 dalies d punkto išaiškinimu. Šis prašymas buvo pateiktas byloje tarp J. C. Siig, vykdančio veiklą „ Internationale Transport “ Export-Import (toliau – J. C. Siig) vardu, ir Neubrandenburgo teritorinės muitinės ( Hauptzollamt Neubrandenburg , toliau – Hauptzollamt ) dėl importo muitų bei importo pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) išieškojimo. Teisinis pagrindas 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (OL L 302, p. 1, toliau – muitinės kodeksas), 137 straipsnis nurodo: „Įforminus laikinojo įvežimo procedūrą Bendrijos muitų teritorijoje leidžiama, netaikant prekybos politikos priemonių, naudoti visai ar iš dalies importo muitais neapmokestintas ne Bendrijos prekes, kurias numatyta reeksportuoti niekaip jų nepakeitus, išskyrus normalų prekių nusidėvėjimą dėl įprastinio jų naudojimo.“ Muitinės kodekso 141 straipsnis išdėstytas taip: „Laikinojo įvežimo procedūros taikymo visai neapmokestinant importo muitais atvejai ir specialios sąlygos nustatomi taikant Komiteto procedūrą.“ Muitinės kodekso 204 straipsnio 1 dalis nurodo: „Importo skola muitinei atsiranda: a)      neįvykdžius bent vienos iš prievolių, susijusių su importo muitais apmokestinamų prekių laikinuoju saugojimu arba su joms įformintos muitinės procedūros taikymu; arba b)      nesilaikant reikalavimų, kurių privaloma laikytis įforminant prekėms atitinkamą procedūrą arba taikant joms sumažintą arba nulinę importo muito normą dėl prekių galutinio vartojimo, 203 straipsnyje nenurodytais atvejais, išskyrus, kai nustatyta, kad minėti pažeidimai neturi esminės įtakos tinkamam laikinojo prekių saugojimo arba atitinkamos muitinės procedūros taikymui.“ Pagal muitinės kodekso 239 straipsnio 1 dalį: „Importo arba eksporto muitai gali būti grąžinami arba atsisakoma juos išieškoti susidarius 236, 237 ir 238 straipsniuose nenurodytoms padėtims: –        nustatytinoms taikant Komiteto procedūrą, –        sąlygotoms aplinkybių, kuriomis suinteresuotojo asmens veiksmuose nematyti apgaulės arba akivaizdaus aplaidumo požymių. Padėtys, kurioms susidarius gali būti taikoma ši nuostata, ir procedūros, kurios turi būti taikomos tokiais atvejais, nustatomos taikant Komiteto procedūrą. Muito grąžinimui arba atsisakymui jį išieškoti gali būti nustatomos ir specialios sąlygos.“ Įgyvendinimo reglamento 670 straipsnis nurodo: „Šiame skyriuje <...> e) komercinis naudojimas – transporto priemonių naudojimas keleiviams vežti už atlygį arba pramoninis ar komercinis prekių gabenimas už atlygį arba be jo; <...> p) vidaus vežimas – asmenų ar prekių, įsodintų ar pakrautų Bendrijos muitų teritorijoje, vežimas ar gabenimas vėliau juos išlaipinant arba iškraunant toje teritorijoje esančioje vietoje.“ Įgyvendinimo reglamento 718 straipsnis numato: „1. Laikinojo įvežimo procedūra taikoma kelių transporto priemonėms, skirtoms naudoti komerciniais tikslais. 2. Šiame straipsnyje transporto priemonės – tai visos kelių transporto priemonės ir visos priekabos, kurios gali būti prikabinamos prie tokių transporto priemonių. 3. Nepažeidžiant šio straipsnio 4 dalies, įvežimas taikant laikinojo įvežimo procedūrą, nurodytą 1 dalyje, atliekamas su sąlyga, jei transporto priemonės: <...> d)      naudojamos išimtinai vežimui, kuris prasideda ar baigiasi už Bendrijos muitų teritorijos ribų. <...> 5.      Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos transporto priemonės gali likti Bendrijos muitų teritorijoje laikantis 3 dalyje nurodytų sąlygų tiek laiko, kiek reikia norint atlikti operacijas, dėl kurių prašoma jas laikinai įvežti, pvz., vežimą, keleivių paėmimą ir išlaipinimą, prekių pakrovimą ir iškrovimą, transporto priemonės techninį aptarnavimą. <...> 7.      Nukrypstant nuo 3 dalies: <...> c)      transporto priemonės, skirtos naudoti komerciniais tikslais, gali būti naudojamos vidaus vežimams, jeigu tai numato transporto srities nuostatos, ypač tos, kurios susijusios su įvežimu ir operacijomis.“ Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas Individualią transporto priemonių įmonę Lenkijoje valdantis J. C. Siig turi tris kelių vilkikus. 2000 m. gegužės 25 d. Federalinė susisiekimo, statybos ir būsto ministerija ( Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen ) išdavė jam leidimą tarptautiniam prekių gabenimui tarp Vokietijos ir Lenkijos bei tranzitui per Vokietijos teritoriją Lenkijos valstybinį registracijos numerį GWN 3247 turinčiu vilkiku. Šiame leidime buvo nurodyta: įsigaliojimo data 2000 m. birželio 4 d.; iškrovimo vieta Viborgas, Danija; grįžimo data 2000 m. birželio 6 d.; ir iškrovimo valstybė Lenkija. 2000 m. birželio 4 d. šis vilkikas ir Lenkijos valstybinį registracijos numerį VB 4064 turinti puspriekabė buvo įvežti į Bendrijos muitų teritoriją. Gabenamos prekės buvo skirtos Danijoje įsisteigusiam pirkėjui. Kai prekės buvo iškrautos, 2000 m. birželio 6 d. Flensburge (Vokietija) puspriekabė buvo pakrauta Varšuvoje (Lenkija) įsteigtai įmonei skirtų prekių. 2000 m. birželio 7 d. puspriekabė buvo saugoma bendrovės Agroservice Penkun (Vokietija) aikštelėje, o Lenkijos valstybinį registracijos numerį GWN 3247 turintis vilkikas iš Bendrijos muitų teritorijos Lenkijos kryptimi išvyko be jos. 2000 m. birželio 8 d. į Bendrijos teritoriją buvo įvežtas kitas Lenkijos valstybinį registracijos numerį SML 3525 turintis vilkikas. Jis prisikabino nagrinėjamą puspriekabę ir 2000 m. birželio 9 d. per Eberswalde (Vokietija) teritorinę muitinę atgabeno į Varšuvą, kur 2000 m. birželio 12 d. ji buvo pristatyta gavėjui. Remdamasi valstybinį registracijos numerį GWN 3247 turinčio vilkiko vertės apskaičiavimu, 2000 m. rugpjūčio 18 d. pranešime apie apmokestinimą Hauptzollamt iš J. C. Siig pareikalavo 2 240 DEM muitų bei 2 598,40 DEM importuojamų prekių apyvartos mokesčio už tai, kad 2000 m. birželio 7 d. prekės buvo gabenamos per Vokietijos teritoriją. Kadangi J. C. Siig pateiktas skundas dėl šio pranešimo apie apmokestinimą buvo atmestas, jis pareiškė ieškinį Finanzgericht (Vokietija). Pastarasis jo ieškinį patenkino remdamasis tuo, kad J. C. Siig nepažeidė iš laikinojo įvežimo muitų procedūros, pagal kurią šis vilkikas ir puspriekabė kertant Bendrijos muitų teritorijos sieną buvo įforminti atskirai, kylančių prievolių. Finanzgericht manymu, J. C. Siig nepažeidė įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punkto, nes vertinant minėtos veiklos teisėtumą, lemiamasis veiksnys yra prekių gabenimas, kuriam naudojama transporto priemonė. Iš tikrųjų pagal įgyvendinimo reglamento 670 straipsnio p punktą „vidaus vežimu“ reikia laikyti prekių, pakrautų Bendrijos muitų teritorijoje, gabenimą, vėliau jas iškraunant toje teritorijoje esančioje vietoje. Todėl vilkikas buvo naudojamas kartu su puspriekabe, pirma, už Bendrijos muitų teritorijos ribų prasidėjusiam bei pasibaigusiam gabenimui ir, antra, šioje teritorijoje prasidėjusiam ir už jos ribų pasibaigusiam gabenimui. Faktas, kad puspriekabė dvi dienas buvo saugoma Penkun aikštelėje, tik laikinai nutraukė laikinojo įvežimo procedūrą. Dėl šio sprendimo Hauptzollamt pareiškė ieškinį dėl „peržiūrėjimo“ teigdama, kad, priešingai nei tvirtina Finanzgericht, lemiamasis veiksnys nėra galutinis prekių atgabenimas, o konkreti naudojama transporto priemonė. Vilkiko iškrovimas nustatomas pagal jo specifinę konstrukciją: arba iškraunant puspriekabę, arba atkabinant kartu su joje esančiomis prekėmis. Vis dėlto šiuo atveju akivaizdu, kad puspriekabės gabenimas buvo nutrauktas. Tačiau vilkikas buvo iškrautas Penkun, todėl jis buvo naudojamas pažeidžiant įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punktą. Atsižvelgdamas į tai, kad norint išspręsti nagrinėjamą bylą būtinas įgyvendinimo reglamento išaiškinimas, Bundesfinanzhof nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą: „Ar susiję (įgyvendinimo) reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punktas ir 670 straipsnio p punktas turi būti aiškinami kaip draudžiantys už Bendrijos muitų teritorijos ribų įregistruotą kelių vilkiką naudoti puspriekabei gabenti iš Bendrijos muitų teritorijos viduje esančios vietos, kurioje ji buvo pakrauta prekių, į kitą Bendrijos muitų teritorijos viduje esančią vietą, kur buvo saugoma, kad ją būtų galima nugabenti kitu kelių vilkiku už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsisteigusiam prekių gavėjui?“ Dėl prejudicinio klausimo Siekiant atsakyti į pateiktą klausimą, pirmiausia reikia priminti, kad įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punktas yra 5 skyriaus „Laikinojo įvežimo procedūra“ 3 skirsnio „Transporto priemonių laikinasis įvežimas“ 1 poskirsnio „Laikinojo įvežimo procedūra, visai neapmokestinant importo muitais: taikymo sritis ir sąlygos“ a punkte „Kelių transporto priemonės“, o 670 straipsnio p punktas yra to paties reglamento minėto 5 skyriaus 1 skirsnyje „Bendrosios nuostatos“. Iš to išplaukia, kad įgyvendinimo reglamento 718 straipsnis to paties reglamento 670 straipsnio atžvilgiu turi būti laikomas specialiąja nuostata ( lex specialis ), todėl pirmoji nuostata turi pirmenybę antrosios atžvilgiu šios reglamentuojamais atvejais, t. y. taikant laikinojo įvežimo procedūrą, pagrindinėje byloje nagrinėjamai transporto priemonei. Taip pat svarbu priminti, kad įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punktas numato, jog tam, kad kelių transporto priemonėms būtų taikoma laikinojo įvežimo procedūra, jos turi būti naudojamos išimtinai vežimui, kuris prasideda ar baigiasi už Bendrijos muitų teritorijos ribų. Todėl akivaizdu, kad laikinojo įvežimo procedūros taikymas tiesiogiai priklauso nuo ginčijamos transporto priemonės atliekamos tinkamai nustatytos vežimo operacijos, t. y. vežimo, kurį sudaro Bendrijos muitų teritorijos išorinės sienos kirtimas minėta transporto priemone kartu su gabenamomis prekėmis arba vežamais žmonėmis. Šį aiškinimą patvirtina įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 5 dalis, 722 straipsnio 2 dalis (ta dalimi, kuria ji susijusi su oro transporto priemonėmis) ir 723 straipsnio 2 dalis (ta dalimi, kuria ji susijusi su jūrų transporto priemonėmis), iš kurių matyti, kad laikinas transporto priemonės įvežimas suteikia tiek laiko, kiek reikia norint atlikti gabenimo operacijas, dėl kurių prašoma ją laikinai įvežti. Iš to išplaukia, kad lemiamasis veiksnys yra pati vežimo operacija, kurią atlieka nagrinėjama transporto priemonė, o ne galutinė gabenamų prekių arba vežamų asmenų pristatymo vieta. Vis dėlto akivaizdu, jog, kaip teigia Komisija, iš įgyvendinimo reglamento 670 straipsnio p punkto sąvokos „vidaus vežimas“ išplaukia, kad, naudojant transporto priemonę, gabenamų prekių arba vežamų asmenų galutinė pristatymo vieta yra lemiamasis veiksnys sprendžiant, ar tai buvo vidaus vežimas; tačiau tokiai transporto priemonei taikant laikinąją įvežimo procedūrą lemiamuoju veiksniu lieka, kaip jau išplaukė iš įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punkto, nagrinėjamos transporto priemonės vykdomas gabenimas kertant sieną. Šiuo klausimu pažymėtina: kadangi laikinojo įvažiavimo leidimas suteikiamas vykdyti vežimo operaciją nustatyta transporto priemone, kuriai taikoma ši priemonė, nepakanka, kad minėta transporto priemonė važinėtų tik Bendrijos muitų teritorijoje. Ją vairuojantis asmuo privalo užtikrinti, kad vežamos prekės arba gabenami asmenys kirstų Bendrijos muitų teritorijos ribas ir neturi apsiriboti minėtų prekių arba asmenų pervežimu iki šios sienos. Galiausiai konstatuotina, kad priešingas aiškinimas – nustatant, ar gabenamas krovinys, kuriam taikomas laikinasis įvežimas, yra gabenimas, kuris prasideda ar baigiasi už Bendrijos muitų teritorijos, – susijęs tik su aplinkybe, jog konkrečiu momentu nagrinėjama transporto priemone gabenama prekė kirto šios teritorijos sieną atskirai nuo šios transporto priemonės, ir nepriklauso nuo to, ar šią sieną transporto priemonė ir gabenamos prekės kerta tuo pačiu metu, padarytų įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punktą neveiksmingą. Iš tikrųjų niekas nedraudė vežėjui įvežti vilkiko pagal laikinojo įvežimo procedūrą ir naudoti jį išimtinai vykdant gabenimus Bendrijos muitų teritorijos viduje nuo to momento, kai užtikrinama, kad prasideda puspriekabių prikabinimas ir jų iškrovimas, arba jos yra skirtos ne Bendrijos teritorijai. Tačiau pažymėtina, kad taikant muitinės kodekso 204 straipsnį jokia skola muitinei neatsiranda, jeigu nustatoma, kad kaltinamo deklaranto elgesys neturi esminės įtakos tinkamai taikyti nagrinėjamą muitinės procedūrą. Bet net ir tuo atveju, kai taikant šią nuostatą atsiranda skola muitinei, muitinės kodeksas 239 straipsnyje numato procedūrą, leidžiančią iš tokio deklaranto, koks yra šioje pagrindinėje byloje, tam tikromis sąlygomis atsisakyti išieškoti nagrinėjamus muitus arba juos grąžinti. Iš to, kas išdėstyta, darytina išvada, kad įgyvendinimo reglamento 718 straipsnio 3 dalies d punktas ir 670 straipsnio p punktas turi būti aiškinami kaip draudžiantys už Bendrijos muitų teritorijos ribų įregistruotą kelių vilkiką naudoti puspriekabei gabenti iš Bendrijos muitų teritorijos viduje esančios vietos, kurioje ji buvo pakrauta prekių, į kitą Bendrijos muitų teritorijos viduje esančią vietą, kur buvo tik saugoma, kad ją būtų galima nugabenti kitu kelių vilkiku už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsisteigusiam prekių gavėjui. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti pastarasis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia: 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas, 718 straipsnio 3 dalies d punktas ir 670 straipsnio p punktas turi būti aiškinami kaip draudžiantys už Bendrijos muitų teritorijos ribų įregistruotą kelių vilkiką naudoti puspriekabei gabenti iš Bendrijos muitų teritorijos viduje esančios vietos, kurioje ji buvo pakrauta prekių, į kitą Bendrijos muitų teritorijos viduje esančią vietą, kur buvo tik saugoma, kad ją būtų galima nugabenti kitu kelių vilkiku už Bendrijos muitų teritorijos ribų įsisteigusiam prekių gavėjui. Parašai. * Proceso kalba: vokiečių.

61992TJ0084

nl

Overwegingen van het arrest De feiten 1 Verzoekers, F. Nielsen en P. Moeller, traden op 1 juli 1973 in dienst van het Economisch en Sociaal Comité (hierna: "ESC") als Deenstalige vertalers. Moeller werd op 1 mei 1978 en Nielsen werd op 1 juli 1982 bevorderd naar de rang LA 5 (hoofdvertaler). 2 Bij besluit nr. 2117/74 van 29 juli 1974, gewijzigd bij de besluiten nr. 1515/81 A van 15 juli 1981 en nr. 2903/81 A van 13 december 1981, heeft het ESC een paritair bevorderingscomité (hierna: "comité") in het leven geroepen, belast met de taak "adviezen te geven in het kader van de consultatieprocedure die voorafgaat aan de bevorderingen binnen de loopbanen die zich over twee rangen uitstrekken, en eenmaal per jaar een lijst op te stellen van de ambtenaren die een bevordering naar een hogere loopbaan verdienen". Overeenkomstig dit besluit wees de voorzitter van het ESC op 16 mei 1991 de zes leden van dit comité voor het bevorderingsjaar 1991 aan, in welk jaar twee ambten van de rang LA 4 bij wege van bevordering moesten worden bezet, terwijl per 1 januari 1992 een derde ambt in de rang LA 4 vrijkwam doordat een ambtenaar met invaliditeitspensioen ging. 3 Tijdens een vergadering op 2 december 1991 koos het comité, na te hebben vastgesteld dat voor 1991 twee ambten in de rang LA 4 beschikbaar waren en dat er per 1 januari 1992 nog een ambt vrij zou komen, met meerderheid van stemmen voor twee kandidaten; een derde kandidaat kreeg drie stemmen, een vierde twee en een vijfde één stem. Het comité bracht op dezelfde dag een advies uit, waarin het voorstelde de kandidaten die de meerderheid van stemmen hadden behaald, naar de rang LA 4 te bevorderen. 4 Op 3 december 1991 zond het hoofd van de Deense vertaalafdeling, Feilberg, een nota aan het hoofd van de afdeling "Aanwerving en personeelsbeleid", die luidde als volgt: "Hierbij bevestig ik wat ik gisteren voor het bevorderingscomité heb verklaard met betrekking tot de verdiensten van de drie LA 5-ambtenaren van de Deense vertaalafdeling, die voor bevordering naar de rang LA 4 in aanmerking komen, te weten Pia Moeller, Finn Nielsen en F. Ik bevestig, dat het belang van de dienst en de beschouwing van de kwalificaties en verdiensten van de drie kandidaten mij ertoe hebben gebracht, F. voor bevordering voor te dragen, aangezien hij mij, mede gelet op de beoordelingsrapporten, de meest geschikte van de drie lijkt." 5 Op 6 december 1991 zond de directeur Personeelszaken en financiën een brief aan de secretaris-generaal, met als bijlagen de adviezen van het comité, de lijsten van de ambtenaren met de vereiste diensttijd, de tabel met de gemiddelde wachttijden voor bevordering, een tabel met voorstellen voor de datum van ingang van elk van de bevorderingen, en de ontwerp-bevorderingsbesluiten. Voorts stelde hij voor, F. te bevorderen naar de LA 4-post die vrij zou komen door het vertrek van een ambtenaar met invaliditeitspensioen, waarmee hij het voorstel van het hoofd van de Deense vertaalafdeling van 3 december 1991 volgde. 6 Op 12 december 1991 zond de directeur Personeelszaken en financiën de secretaris-generaal de lijst van de voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren, met daarbij de persoonsdossiers van de betrokkenen, hun beoordelingsrapporten en het advies van het comité. 7 Bij besluit van 16 december 1991 bevorderde het tot aanstelling bevoegd gezag de twee door het comité voorgedragen kandidaten alsook F. naar de rang LA 4. F. was hoofdvertaler bij de Deense vertaalafdeling en was op 1 mei 1988 naar de rang LA 5 bevorderd. 8 De lijst van de ambtenaren die voor het bevorderingsjaar 1991 binnen hun loopbaan waren bevorderd, werd op 18 december 1991 uitgehangen en verzoekers hebben er op die datum kennis van genomen. 9 Op 8 januari 1992 boden de voorzitter en vier van de leden van het comité hun ontslag aan bij de secretaris-generaal uit protest tegen het feit, dat het tot aanstelling bevoegd gezag was afgeweken van de adviezen van het comité, zonder zijn afwijkende besluiten te motiveren. 10 Op 17 maart 1992 diende elk van de verzoekers op grond van artikel 90, lid 2, Ambtenarenstatuut (hierna: "Statuut") een klacht in tegen besluit nr. 451/91 A van 16 december 1991 houdende bevordering van F. naar de rang LA 4 en stilzwijgende afwijzing van hun kandidatuur. 11 Bij brieven van 1 juli 1992 verwierp de voorzitter van het ESC de klachten in de volgende bewoordingen: "Uw klacht van 17 maart 1992 tegen besluit nr. 451/91 A van 16 december 1991, betreffende de bevordering van F. naar de rang LA 4, is uitgebreid onderzocht. Na afsluiting van dit onderzoek wil ik het volgende opmerken. Het tot aanstelling bevoegd gezag heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 45, lid 1, van het Statuut gebruik gemaakt van zijn bevoegdheid om een keuze te maken uit de ambtenaren die reeds een minimumdiensttijd in hun rang hadden, na een onderzoek waarbij de verdiensten van de ambtenaren die voor bevordering in aanmerking kwamen, alsmede de beoordelingsrapporten die over hen zijn uitgebracht, onderling zijn vergeleken. Ik wil hierbij aantekenen, dat het tot aanstelling bevoegd gezag een grote discretionaire bevoegdheid heeft bij de waardering van de verdiensten en de beoordelingsrapporten die voor de bevordering in aanmerking moeten worden genomen. Deze bevoegdheid wordt overigens uitdrukkelijk erkend in de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In casu heeft het tot aanstelling bevoegd gezag zich nauwgezet gehouden aan de voorschriften van artikel 45 van het Statuut. Voordat het litigieuze besluit en de overige twee besluiten betreffende bevorderingen binnen de loopbaan LA 5/4 werden genomen, is het paritair bevorderingscomité geraadpleegd. Hoewel u de vereiste diensttijd in de rang hebt, valt het vergelijkend onderzoek van alle kwalificaties, verdiensten, talenkennis en beoordelingsrapporten van alle betrokken ambtenaren duidelijk in het voordeel van de bevorderde persoon uit. Mededeling van de details inzake de gemaakte keuze of van de verschillende elementen van de ingewikkelde beoordeling bij de vergelijking van de rapporten, zou nadelig kunnen zijn voor de niet bevorderde ambtenaren en daarom kan ik u daarvan niet in kennis stellen. Afgezien daarvan, bieden het advies van het paritair bevorderingscomité en dat van het hoofd van de Deense vertaalafdeling, die geen van beiden u voor bevordering hebben voorgedragen, steun voor de keuze van het tot aanstelling bevoegd gezag voor F." Procesverloop 12 Dit is de situatie waarin verzoekers het onderhavige beroep hebben ingesteld, dat op 1 oktober 1992 bij de griffie van het Gerecht is ingeschreven. 13 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Vijfde kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan. Het heeft de volgende verzoeken tot partijen gericht: "1) Het ESC wordt verzocht om overlegging van de beoordelingsrapporten van verzoekers Moeller en Nielsen, alsmede van F., over de periode van 1 september 1988 tot 31 augustus 1990 (...) 2) Partijen wordt verzocht te bevestigen, dat F. degene was die bij de stemming tijdens de vergadering van het paritair bevorderingscomité van 2 december 1991 drie stemmen heeft behaald." 14 Ter terechtzitting van 22 juni 1993 hebben partijen hun standpunten bepleit en vragen van het Gerecht beantwoord. Conclusies van partijen 15 Verzoekers concluderen dat het het Gerecht behage: 1) besluit nr. 451/91 A van 16 december 1991 tot bevordering van F. naar de rang LA 4, en de besluiten tot afwijzing van de kandidatuur van verzoekers voor dat ambt, nietig te verklaren; 2) verweerder in de kosten te verwijzen. 16 Het ESC concludeert dat het het Gerecht behage: 1) het beroep te verwerpen; 2) te beslissen over de kosten naar recht. Middelen en argumenten van partijen 17 Tot staving van hun beroep voeren verzoekers twee middelen aan. In de eerste plaats schending van artikel 45 van het Statuut, doordat het tot aanstelling bevoegd gezag tot de bevordering van F. is overgegaan zonder het comité te hebben geraadpleegd en zonder de verdiensten van alle kandidaten onderling te hebben vergeleken. In de tweede plaats schending van artikel 26 van het Statuut, doordat bepaalde adviezen en mondelinge verklaringen over de verdiensten van verzoekers hun niet zijn meegedeeld en niet in hun persoonsdossier zijn opgenomen. Het eerste middel: schending van artikel 45 van het Statuut Argumenten van partijen 18 In de eerste plaats verwijten verzoekers het tot aanstelling bevoegd gezag, het comité niet te hebben geraadpleegd alvorens tot bevordering van F. te besluiten. Artikel 5 van besluit nr. 2903/81 A verlangt, dat het tot aanstelling bevoegd gezag tot bevordering overgaat na kennis te hebben genomen van de lijst van ambtenaren die volgens het comité het meest voor bevordering in aanmerking komen. Wanneer een instelling een niet in het Statuut voorgeschreven intern adviescomité in het leven roept om met het oog op aanstellingen in bepaalde ambten een advies in te winnen over de capaciteiten en de geschiktheid van de kandidaten, gelet op de gestelde voorwaarden, dan beoogt die maatregel, volgens de rechtspraak van het Gerecht, die instelling een betere basis te geven voor het door artikel 45 van het Statuut verlangde vergelijkend onderzoek van de verdiensten van de kandidaten (arrest van 30 januari 1992, zaak T-25/90, Schoenherr, Jurispr. 1992, blz. II-63). 19 In casu zou het comité niet in kennis zijn gesteld van het feit, dat er een derde LA 4-ambt binnen de Deense vertaalafdeling zou vrijkomen, en had het bijgevolg geen advies kunnen uitbrengen over de capaciteiten en de geschiktheid van de kandidaten in verband met de voor dat ambt vereiste kwalificaties. 20 In repliek hebben verzoekers echter erkend, dat uit de door verweerder overgelegde stukken blijkt, dat het comité de mogelijkheid heeft onderzocht om een derde ambtenaar voor bevordering naar de rang LA 4 voor te dragen, en hebben zij dit argument laten vallen. 21 In de tweede plaats verwijten verzoekers het tot aanstelling bevoegd gezag, tot bevordering van F. te zijn overgegaan zonder het comité de gegevens te hebben verstrekt op basis waarvan het een objectief advies had kunnen uitbrengen. Weliswaar heeft het comité de kandidatuur van F. onderzocht, maar volgens verzoekers meende het niet te beschikken over de noodzakelijke gegevens voor een objectief advies ter zake. 22 Verzoekers stellen in dit verband, dat het voor het tot aanstelling bevoegd gezag geen duidelijke zaak kon zijn, dat F. het meest gekwalificeerd was, nu er voor hem geen meerderheid te vinden was geweest in het comité, dat de dossiers van alle kandidaten had onderzocht en hun hiërarchieke meerdere had gehoord. 23 In de derde plaats merken verzoekers op, dat het tot aanstelling bevoegd gezag blijkens de, overigens onvoldoende met redenen omklede, brieven van 1 juli 1992, waarin hun klachten werden afgewezen, zijn besluit tot bevordering van F. enkel heeft gebaseerd op de vergelijking van de beoordelingsrapporten. Zij herinneren eraan, dat het comité van oordeel was geweest, dat op grond van die rapporten geen objectieve keuze tussen de kandidaten mogelijk was, en zij wijzen erop, dat het tot aanstelling bevoegd gezag tenminste precies had moeten motiveren, waarom het geen rekening wenste te houden met het advies van het comité. 24 In repliek stellen verzoekers echter, dat uit de brief van 6 december 1991 van de directeur Personeelszaken en financiën aan de secretaris-generaal blijkt, dat de administratie die beoordelingsrapporten niet aan het tot aanstelling bevoegd gezag had toegezonden en dat het tot aanstelling bevoegd gezag de verdiensten van de kandidaten en hun beoordelingsrapporten dus niet had kunnen vergelijken, zoals artikel 45 van het Statuut verlangt. 25 Blijkens de brief van 6 december 1991 van de directie Personeelszaken en financiën aan de secretaris-generaal zou het tot aanstelling bevoegd gezag zich ertoe hebben beperkt, de keuze te bekrachtigen van de administratie, die reeds een lijst met voorstellen inzake de datum van ingang van de diverse voorgestelde bevorderingen, alsmede ontwerpen voor de bevorderingsbesluiten had opgesteld. 26 Hieruit vloeit volgens verzoekers voort, dat het tot aanstelling bevoegd gezag niet de door artikel 45 van het Statuut verlangde onderlinge vergelijking van de verdiensten heeft verricht, of althans gegevens in aanmerking heeft genomen die het niet aan het comité had verstrekt, waardoor dit laatste niet in staat was geweest een deugdelijk advies uit te brengen. 27 Volgens verweerder is het door verzoekers voorgedragen middel betreffende schending van artikel 45 van het Statuut zowel rechtens als feitelijk gebrekkig. Uit de notulen van de vergadering van het comité van 2 december 1991 blijkt duidelijk, dat dit ervan op de hoogte was gesteld, dat per 1 januari 1992 een LA 4-ambt in de Deense vertaalafdeling vrij zou komen als gevolg van een pensionering wegens invaliditeit. 28 Verweerder zet in dit verband uiteen, dat in het comité geen meerderheid was gevonden om een kandidaat voor dat derde LA 4-ambt voor te dragen, en dat het tot aanstelling bevoegd gezag, gezien deze besluiteloosheid van het comité, dat overigens zijn advies omtrent de bezetting van dat ambt niet had aangehouden, zich bij zijn besluit vooral heeft gebaseerd op de nota van het hoofd van de Deense vertaalafdeling, waarin F. voor bevordering was voorgedragen. Verweerder concludeert hieruit, dat het tot aanstelling bevoegd gezag het besluit tot bevordering van F. wel degelijk overeenkomstig artikel 45 van het Statuut heeft genomen, op grond van F.'s verdiensten en beoordelingsrapporten en na onderlinge vergelijking van de verdiensten van alle ambtenaren die de vereiste anciënniteit hadden. 29 Voorts betoogt verweerder, dat het comité slechts een adviserende bevoegdheid heeft en dat het tot aanstelling bevoegd gezag, wanneer het comité geen advies uitbrengt, bevoegd is om op eigen gezag de te bevorderen ambtenaren te kiezen. 30 In dupliek weerlegt verweerder de stelling die verzoekers in repliek aanvoeren, namelijk dat uit het feit dat de beoordelingsrapporten niet worden vermeld in het document van 6 december 1991, blijkt dat het tot aanstelling bevoegd gezag niet over die rapporten beschikte toen het het bestreden bevorderingsbesluit nam. 31 Uit het antwoord op de klacht, de nota van 12 december 1991 van de directeur Personeelszaken en financiën aan de secretaris-generaal, de brief van 3 december 1991 van het hoofd van de Deense vertaalafdeling aan het tot aanstelling bevoegd gezag en de notulen van de vergadering van het comité van 2 december 1991 blijkt volgens verweerder juist, dat de beoordelingsrapporten van de kandidaten in hun persoonsdossier zaten en dat het tot aanstelling bevoegd gezag er dus over beschikte toen het zijn besluit nam. Beoordeling door het Gerecht 32 Allereerst moet worden vastgesteld, dat het comité, hoewel het wist dat er voor bevorderingen binnen de loopbaan LA 5/4 in 1991 en met ingang van 1 januari 1992 in totaal drie ambten beschikbaar waren, in zijn vergadering van 2 december 1991 slechts twee ambtenaren voor bevordering aan het tot aanstelling bevoegd gezag heeft voorgedragen. 33 Voorts blijkt uit de notulen van die vergadering, dat de twee door het comité voorgedragen ambtenaren beiden de absolute meerderheid hebben verkregen die artikel 7 van besluit nr. 2903/81 A verlangt voor plaatsing op de lijst van de ambtenaren die het meest voor bevordering in aanmerking komen. Drie ambtenaren kregen bij diezelfde stemming niet de vereiste meerderheid, doch slechts drie, respectievelijk twee en één stem. Blijkens de op 27 mei 1993 door verweerder ter griffie van het Gerecht neergelegde en door verzoekers niet betwiste brief heeft F. bij die stemming van het comité drie stemmen verkregen. 34 Volgens dezelfde notulen heeft het comité overeenkomstig artikel 4 van besluit nr. 2903/81 A zowel zijn advies als de lijst van de meest voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren vastgesteld "na lezing van de beoordelingsrapporten" van alle ambtenaren die de voor bevordering vereiste anciënniteit hadden en op wie de stemming van het comité betrekking had. Bovendien blijkt uit de notulen, dat de discussie in het comité is begonnen "nadat de hoofden van de vertaalafdelingen waren gehoord". 35 Na in hun verzoekschrift te hebben gesteld dat "het besluit om F. aan te stellen, uitsluitend was gebaseerd op een vergelijking van de beoordelingsrapporten", hebben verzoekers pas in repliek betoogd, dat het tot aanstelling bevoegd gezag feitelijk niet over die rapporten beschikte toen het het gewraakte bevorderingsbesluit nam. De raadsman van verzoekers heeft ter terechtzitting hiervoor bewijs aangeboden, stellende, dat hun beoordelingsrapporten niet uit de persoonsdossiers waren genomen. 36 Er zij aan herinnerd, dat het ingevolge artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering niet is toegestaan om in de loop van het geding nieuwe middelen voor te dragen, tenzij deze steunen op gegevens, hetzij rechtens of feitelijk, waarvan eerst in de loop van de behandeling is gebleken (zie arresten Gerecht van 10 juli 1992, zaak T-53/91, Mergen, Jurispr. 1992, blz. II-2041, en gevoegde zaken T-59/91 en T-79/91, Eppe, Jurispr. 1992, blz. II-2061). Volgens artikel 48, lid 1, kunnen partijen nog in repliek en dupliek een bewijsaanbod doen, mits zij de vertraging motiveren waarmee dit aanbod wordt gedaan. 37 Het Gerecht merkt op, dat het tot aanstelling bevoegd gezag, in de op 1 juli 1992 aan elk van beide verzoekers gezonden brief waarin hun klacht wordt afgewezen, verklaart dat het de keuze uit de ambtenaren die reeds de minimumdiensttijd in hun rang hadden, heeft gemaakt "na een onderzoek waarbij de verdiensten van de ambtenaren die voor bevordering in aanmerking kwamen, alsmede de beoordelingsrapporten die over hen zijn uitgebracht, onderling zijn vergeleken". In die brief wordt voorts onder de aandacht van verzoekers gebracht, dat "het vergelijkend onderzoek van alle kwalificaties, verdiensten en talenkennis, [die uit] de beoordelingsrapporten van alle betrokken ambtenaren [naar voren komen], duidelijk in het voordeel van de bevorderde persoon uitvalt". 38 Het Gerecht kan slechts vaststellen, dat verzoekers, die al bij de afwijzing van hun klacht hadden kunnen betwisten, dat het tot aanstelling bevoegd gezag over de beoordelingsrapporten beschikte toen het zijn besluit nam om F. te bevorderen, zich ter ondersteuning van hun stelling dat deze rapporten niet aanwezig waren, niet hebben beroepen op enig feitelijk of juridisch gegeven waarvan eerst tijdens de schriftelijke behandeling zou zijn gebleken. Die stelling is bijgevolg een nieuw middel in de zin van artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering. 39 Het aanbod ter terechtzitting om het bewijs te leveren dat het tot aanstelling bevoegd gezag niet over de beoordelingsrapporten beschikte, moet eveneens als tardief worden beschouwd. Verzoekers hebben immers geen enkele omstandigheid aangevoerd die hen zou hebben belet dit bewijsaanbod tijdens de schriftelijke behandeling te doen. Dit moet dus eveneens overeenkomstig artikel 48, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering worden afgewezen. 40 Volgens artikel 5 van besluit nr. 2903/81 A gaat het tot aanstelling bevoegd gezag tot de bevorderingen over na kennis te hebben genomen van de door het paritair bevorderingscomité opgestelde lijst. 41 Volgens de rechtspraak van het Gerecht (arrest Schoenherr, reeds aangehaald) moet de door het bevorderingscomité opgestelde lijst deel uitmaken van de gegevens waarop de instelling haar eigen beoordeling van de kandidaten baseert, en is het tot aanstelling bevoegd gezag verplicht er rekening mee te houden, zelfs indien het meent ervan te moeten afwijken. Vermeldt het tot aanstelling bevoegd gezag het advies van het bevorderingscomité niet of toont het niet aan, dat het zijn verplichting om met dat advies rekening te houden is nagekomen, dan schiet het tekort in zijn verplichting om een betwist bevorderingsbesluit, althans in zijn besluit tot afwijzing van een klacht, met redenen te omkleden wanneer het heeft gemeend te moeten afwijken van de voorstellen in het advies van het bevorderingscomité. 42 Evenzo is het tot aanstelling bevoegd gezag, wanneer het, zoals hier, besluit een ambtenaar te bevorderen die niet op de lijst van het paritair bevorderingscomité voorkomt, ingevolge artikel 90, lid 2, van het Statuut verplicht zijn besluit tot afwijzing van een klacht tegen een bevordering zodanig met redenen te omkleden, dat de gemeenschapsrechter het bevorderingsbesluit aan een wettigheidstoetsing kan onderwerpen en de belanghebbende voldoende aanwijzingen heeft om te kunnen nagaan of het besluit op goede gronden berust, dan wel een gebrek vertoont dat het mogelijk maakt de wettigheid ervan te betwisten. 43 In zijn brieven aan verzoekers van 1 juli 1992 houdende afwijzing van hun klacht, doet het tot aanstelling bevoegd gezag duidelijk uitkomen, dat het zich bij zijn vergelijking van de kwalificaties, verdiensten en talenkennis van de kandidaten heeft gebaseerd op de beoordelingsrapporten van alle ambtenaren die voor bevordering in aanmerking kwamen. 44 Hieraan zij toegevoegd, dat lezing van de gespecificeerde beoordelingen in de beoordelingsrapporten van de betrokkenen - welke rapporten, volgens de brief aan de secretaris-generaal van 12 december 1991, aan het tot aanstelling bevoegd gezag zijn toegezonden - aan het licht brengt, dat F. voor de beoordelingsperiode 1988-1990 acht aantekeningen "uitmuntend" en zes aantekeningen "zeer goed" had, terwijl de beoordelingsrapporten van verzoekers over dezelfde periode voor de eerste verzoeker zeven aantekeningen "uitmuntend" en zeven "zeer goed" bevatten en voor de tweede verzoeker vijf aantekeningen "uitmuntend" en negen "zeer goed". De gespecificeerde beoordeling van F. ging voorts vergezeld van een zeer lovend commentaar, waarin onder meer werd verklaard, dat F. "zijn hoog competentie- en ervaringsniveau nog heeft verbeterd", dat hij "met buitengewone inzet aan het dagelijks werk van het team heeft bijgedragen" en dat hij "uitstekend met zijn collega's samenwerkt". 45 Hieruit volgt, dat het tot aanstelling bevoegd gezag, dat over een grote beoordelingsvrijheid beschikt bij de beoordeling van het dienstbelang en de verdiensten, waarmee rekening moet worden gehouden bij een bevorderingsbesluit in de zin van artikel 45 van het Statuut (zie arrest Gerecht van 13 december 1990, zaak T-20/89, Moritz, Jurispr. 1990, blz. II-769), met zijn besluit om F. te bevorderen, binnen aanvaardbare grenzen is gebleven en geen kennelijk onjuist gebruik van zijn bevoegdheid heeft gemaakt. 46 Het middel ontleend aan schending van artikel 45 van het Statuut moet bijgevolg worden afgewezen. Het tweede middel: schending van artikel 26 van het Statuut Argumenten van partijen 47 Tot staving van hun middel ontleend aan schending van artikel 26 van het Statuut herinneren verzoekers eraan, dat het Gerecht in zijn arrest van 5 december 1990 (zaak T-28/89, Marcato, Jurispr. 1990, blz. II-735) heeft overwogen, dat "mondelinge verklaringen, afgelegd [door een vertegenwoordiger van de directeur-generaal] in het kader van een bevorderingsprocedure en voor een daartoe ingesteld comité, moeten worden beschouwd als een $beoordeling' in de zin van artikel 26 van het Statuut. Overeenkomstig de vereisten van dit artikel hadden zij derhalve onmiddellijk schriftelijk moeten worden vastgelegd en in verzoekers persoonsdossier moeten worden opgenomen." 48 Uit de notawisseling tussen de voorzitter van het comité en het tot aanstelling bevoegd gezag zou blijken, dat dit laatste de gewraakte besluiten heeft genomen "na advies van het bevorderingscomité, de verantwoordelijken bij de administratie, verscheidene directeuren en andere personen". Van deze adviezen betreffende hun bekwaamheid, rendement en gedrag in de dienst zijn verzoekers naar hun zeggen niet op de hoogte gesteld en zij zijn evenmin in hun persoonsdossier opgenomen, waardoor de rechten van de verdediging zijn geschonden. 49 In repliek erkennen verzoekers, dat in casu de nota van het hoofd van de Deense vertaalafdeling het enige advies in geding is, maar zij stellen in de eerste plaats, dat die nota geen weergave is van de verklaring die de auteur ervan voor het comité heeft afgelegd. Gezien de voorstellen van het comité lijkt het hun uitgesloten, dat de auteur van de nota voor het comité zou hebben verklaard, dat F. hem de meest geschikte kandidaat leek. 50 In de tweede plaats stellen zij, dat uit de nota van het hoofd van de Deense vertaalafdeling zelf blijkt, dat de auteur ervan zijn advies heeft gebaseerd op de onderlinge vergelijking van alle kwalificaties van de kandidaten en dus op de verdiensten van de drie kandidaten buiten de periodes waarover reeds beoordelingsrapporten waren uitgebracht. Zij leiden hieruit af, dat het hoofd van de Deense vertaalafdeling een beoordelingsrapport over hun verdiensten en bekwaamheden heeft opgesteld, dat ingevolge artikel 26 van het Statuut in hun persoonsdossier had moeten worden opgenomen nadat zij eerst gelegenheid zouden hebben gehad er opmerkingen over te maken. 51 Verweerder zet allereerst uiteen, dat verzoekers het arrest Marcato verkeerd uitleggen. Het waren bijzondere omstandigheden - in het bijzonder het feit, dat het besluit van het comité om Marcato niet te plaatsen op de lijst van de meest verdienstelijke kandidaten, bij ontbreken van een beoordelingsrapport praktisch uitsluitend gebaseerd was geweest op mondelinge verklaringen van de vertegenwoordiger van de directeur-generaal - die het Gerecht in die zaak tot het oordeel brachten, dat "gezien het belang dat zij daardoor hebben gehad, die mondelinge verklaringen, afgelegd in het kader van een bevorderingsprocedure en voor een daartoe ingesteld comité, beschouwd moeten worden als een $beoordeling' in de zin van artikel 26 van het Statuut", en dat zij derhalve "overeenkomstig de vereisten van dit artikel onmiddellijk schriftelijk hadden moeten worden vastgelegd en in verzoekers persoonsdossier opgenomen". 52 Verweerder beklemtoont, dat het tot aanstelling bevoegd gezag in casu beschikte over de beoordelingsrapporten van de voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren en dat de enige verklaring die het tot aanstelling bevoegd gezag heeft ontvangen en die door zijn auteur in een nota van 3 december 1991 was vastgelegd, de - zeer beknopte - verklaring was van het hoofd van de Deense vertaalafdeling, die op grond van de beoordelingsrapporten, de kwalificaties en de verdiensten van de drie kandidaten van mening was, dat F. duidelijk de meest geschikte kandidaat was. 53 Er bestaat volgens verweerder dan ook geen "belangrijke verklaring" over het gedrag van verzoekers, die hen persoonlijk zou hebben geraakt en die in hun persoonsdossier had moeten worden opgenomen. Het is volgens verweerder duidelijk, en in overeenstemming met de rechtspraak van het Hof (arrest van 30 oktober 1974, zaak 188/73, Grassi, Jurispr. 1974, blz. 1108), dat de evaluatie die wellicht aan het eind van het vergelijkend onderzoek van de kwalificaties van de kandidaten is opgesteld, niet in het persoonsdossier van de ambtenaar dient te worden opgenomen, daar de overwegingen van een dergelijke evaluatie nadelig voor hem kunnen zijn. 54 Met betrekking tot de nota van 3 december 1991 merkt verweerder nog op, dat er voor de bewering van verzoekers, dat deze nota "niet de verklaringen van haar auteur voor het comité lijkt weer te geven", geen enkel formeel bewijs is. De nota geeft in tegendeel zelf aan, dat zij niet meer is dan een "bevestiging" van de verklaring die de auteur ervan de dag daarvoor voor het comité had afgelegd. 55 Verweerder verwerpt eveneens het argument van verzoekers, dat die nota in hun persoonsdossier had moeten worden opgenomen omdat zij te vergelijken was met een beoordelingsrapport in de zin van artikel 26 van het Statuut. Volgens de rechtspraak van het Gerecht moeten enkel feiten betreffende het gedrag van een ambtenaar aan hem worden meegedeeld en in zijn dossier worden opgenomen (arrest Marcato, reeds aangehaald). 56 Volgens verweerder bevat de nota van 3 december 1991 geen enkele individuele beoordeling van het gedrag en de taakvervulling van verzoekers, maar is het een vergelijkende beoordeling van de bekwaamheden van de verschillende kandidaten, wat overigens wordt bevestigd door de verwijzing in de nota naar de beoordelingsrapporten. Verweerder merkt nog op, dat advocaat-generaal Darmon in zijn conclusie bij het arrest van het Hof van 12 februari 1987 (zaak 233/85, Bonino, Jurispr. 1987, blz. 739, 748) heeft verklaard, dat "het tot aanstelling bevoegd gezag uiteraard geen mededeling hoeft te doen van de inhoud en het resultaat van de vergelijkende beoordeling (...) waartoe het is overgegaan om zijn keuze te bepalen. Dit waardeoordeel vormt immers de neerslag van de discretionaire bevoegdheid die het ter zake moet hebben, en de mededeling van dit oordeel aan de afgewezen kandidaten zou, naar ik heb beklemtoond, nadelige gevolgen voor hen kunnen meebrengen." 57 Ten slotte betoogt verweerder, dat zelfs indien de nota in het persoonsdossier van verzoekers had moeten voorkomen, de rechten van de verdediging niet zijn geschaad doordat dit niet is gebeurd, en dat een hypothetische schending van artikel 26 van het Statuut in casu niet de nietigverklaring van het gewraakte besluit kan rechtvaardigen. Beoordeling door het Gerecht 58 Volgens artikel 26 van het Statuut dient het persoonsdossier van de ambtenaar alle bescheiden te bevatten welke betrekking hebben op zijn positie als ambtenaar, alsmede alle beoordelingen van zijn kundigheden, zijn prestatie of zijn gedrag en de opmerkingen welke de betrokken ambtenaar ten aanzien van die stukken heeft gemaakt. 59 Volgens de rechtspraak van het Hof en het Gerecht strekt artikel 26 ertoe, de rechten van de verdediging van de ambtenaar te waarborgen door te voorkomen, dat besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag, die zijn ambtelijke positie en loopbaan raken, gebaseerd worden op gegevens betreffende zijn gedrag, die niet in zijn persoonsdossier zijn opgenomen. Uit deze bepaling volgt, dat een op dergelijke gegevens berustend besluit in strijd is met de waarborgen van het Statuut en nietig moet worden verklaard omdat het na een onwettige procedure is genomen (zie arresten Bonino en Marcato, reeds aangehaald, en arresten Hof van 28 juni 1972, zaak 88/71, Brasseur, Jurispr. 1972, blz. 499, en 3 februari 1971, zaak 21/70, Rittweger, Jurispr. 1971, blz. 7). 60 Met betrekking tot de bewering van verzoekers, dat de nota van 3 december 1991 van het hoofd van de Deense vertaalafdeling aan het tot aanstelling bevoegd gezag niet de verklaringen weergeeft die de auteur ervan voor het comité heeft afgelegd, stelt het Gerecht allereerst vast, dat verzoekers zelfs geen begin van bewijs aandragen voor hun stelling, dat de betrokken nota iets anders is dan een eenvoudige herhaling ten behoeve van het tot aanstelling bevoegd gezag, van de redenen die de auteur ertoe hadden gebracht om F. aan het comité voor bevordering voor te dragen. 61 Het Gerecht stelt vervolgens vast, dat in casu de nota van het hoofd van de Deense vertaalafdeling zich niet in het persoonsdossier van verzoekers bevindt. 62 Het meent evenwel, dat de nota van 3 december 1991 nergens melding maakt van concrete feiten betreffende het gedrag van verzoekers en bijgevolg niet kan worden aangemerkt als een beoordeling in de zin van artikel 26 van het Statuut. Zij is veeleer het resultaat van een vergelijkende beoordeling van de respectieve bekwaamheden van de verschillende kandidaten, door het hoofd van de Deense vertaalafdeling gemaakt om zijn keuze te bepalen, en zij behoeft niet aan de gepasseerde kandidaten te worden meegedeeld, omdat het een waardeoordeel is dat nadelige gevolgen voor hen zou kunnen hebben (zie arresten Grassi en Bonino, reeds aangehaald, en arresten Hof van 16 december 1987, zaak 111/86, Delauche, Jurispr. 1987, blz. 5345, en 22 juni 1989, zaak 104/88, Brus, Jurispr. 1989, blz. 1873). 63 Opgemerkt zij voorts, dat het arrest Marcato, waarop verzoekers zich hebben beroepen, is gewezen in een context die van de onderhavige verschilt. In die zaak waren de door het bevorderingscomité opgestelde lijst en de latere weigering van het tot aanstelling bevoegd gezag om Marcato te plaatsen op de lijst van voor bevordering in aanmerking komende ambtenaren, wegens het ontbreken van een beoordelingsrapport immers enkel gebaseerd op de verklaring over zijn gedrag, die de vertegenwoordiger van de directeur-generaal voor het bevorderingscomité had afgelegd. 64 In casu heeft het tot aanstelling bevoegd gezag zich echter gebaseerd op de beoordelingsrapporten van alle bevorderbare ambtenaren en niet enkel op de tekst van de nota van 3 december 1991, waarmee het hoofd van de Deense vertaalafdeling enkel ten behoeve van dat gezag de redenen had herhaald en bevestigd waarom hij F. aan het comité voor bevordering had voorgedragen, en die vooral gebaseerd waren op een onderlinge vergelijking van de beoordelingsrapporten van de drie kandidaten die niet de voor plaatsing op de lijst vereiste meerderheid van stemmen hadden verkregen, te weten beide verzoekers en F. 65 Het middel ontleend aan schending van artikel 26 van het Statuut kan bijgevolg niet worden aanvaard. Beslissing inzake de kosten Kosten 66 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Ingevolge artikel 88 van het Reglement blijven echter in de gedingen tussen de Gemeenschappen en hun personeelsleden de kosten door de instellingen gemaakt, te hunnen laste. Dictum HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vijfde kamer), rechtdoende: 1) Verwerpt het beroep. 2) Verstaat dat elk der partijen de eigen kosten zal dragen.

62006CJ0464

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (EGT L 102, s. 11), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 90/2001 av den 17 januari 2001 (EGT L 14, s. 22) (nedan kallad förordning nr 800/1999). Begäran har framställts i ett förfarande som anhängiggjorts av Avena Nordic Grain Oy (nedan kallat ANG) mot ett beslut som fattats av Maa‑ ja metsätalousministeriö (jord- och skogbruksministeriet, nedan kallat ministeriet) – en myndighet som i Finland har hand om stöd som tilldelats ur Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) – att neka utbetalning av ett exportbidrag. Tillämpliga bestämmelser Gemenskapslagstiftningen Kontroll av jordbruksprodukter vid export Enligt artikel 2 a i rådets förordning (EEG) nr 386/90 av den 12 februari 1990 om kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag eller andra belopp (EGT L 42, s. 6; svensk specialutgåva, område 3, volym 32, s. 36) skall medlemstaterna genomföra ”[f]ysiska kontroller av varor … samtidigt med tullformaliteterna vid export och [innan] det ges exporttillstånd för de aktuella varorna, på grundval av de handlingar som har lämnats in som stöd för exportdeklarationen”. Enligt artikel 5.1 i kommissionens förordning (EG) nr 2090/2002 av den 26 november 2002 om tillämpningsföreskrifter för förordning nr 386/90 vad gäller fysisk kontroll i samband med export av jordbruksprodukter som berättigar till exportbidrag (EGT L 322, s. 4) skall med ”fysisk kontroll” enligt artikel 2 a i förordning nr 386/90 avses ”kontroll av överensstämmelsen mellan exportdeklarationen, inbegripet eventuellt underlag, och varan, dvs. kvantitet, slag och egenskaper”. Tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter Skälen 4, 6 och 63 i förordning nr 800/1999 har följande lydelse: ”(4)      Med exportdag bör avses den dag då tullmyndigheterna tar emot den handling i vilken den uppgiftslämnande tillkännager sin avsikt att exportera produkter för vilka denne ansöker om exportbidrag. Denna handling syftar framför allt till att uppmärksamma tullmyndigheterna på att den ifrågavarande transaktionen genomförs med hjälp av gemenskapsmedel så att dessa skall kunna genomföra lämpliga kontroller. När detta mottagande sker skall produkterna ställas under tullkontroll fram till den faktiska exporten. Detta datum skall ligga till grund för fastställandet av mängden av den exporterade produkten, dess slag och egenskaper. … (6)      För en korrekt tillämpning av rådets förordning [nr 386/90], senast ändrad genom förordning (EEG) nr 163/94 [EGT L 24, s. 2; svensk specialutgåva, område 3, volym 55, s. 378], bör det föreskrivas att kontrollen av att exportdeklarationen avser de anmälda jordbruksprodukterna sker vid lastningen i container, lastbil, båt eller annan liknande behållare. … (63)      Enligt de gällande gemenskapsbestämmelserna beviljas exportbidrag enbart på grundval av objektiva kriterier som särskilt rör den exporterade produktens art och kvantitet, dess egenskaper och geografiska destination. Erfarenheten visar att det finns behov av förstärkta insatser för att bekämpa oegentligheter, särskilt bedrägerier, som drabbar gemenskapens budget. Det bör fastställas att felaktigt utbetalda belopp skall indrivas och det bör införas sanktioner för att stimulera exportörerna att iaktta gemenskapens bestämmelser.” Artikel 5 i denna förordning har följande lydelse: ”1.      Med exportdag avses den dag då tullmyndigheten tar emot den exportdeklaration i vilken det anges att en bidragsansökan kommer att lämnas in. 2.      Dagen för mottagandet av exportdeklarationen skall ligga till grund för fastställandet av a)      bidragssatsen, om bidraget inte har fastställts i förväg, b)      eventuella ändringar av bidragssatsen, om bidraget har fastställts i förväg, c)      mängden av den exporterade produkten, dess slag och egenskaper. 3.      Alla handlingar som har samma rättsverkan som ett mottagande av en exportdeklaration skall jämställas med ett sådant mottagande. 4.      Det dokument som används vid exporten för att styrka att produkterna berättigar till bidrag måste innehålla all information som är nödvändig för att beräkna bidragsbeloppet, särskilt: a)      I fråga om produkter: –        en, eventuellt förenklad, beskrivning av produkterna enligt exportbidragsnomenklaturen samt koden i bidragsnomenklaturen, och även uppgifter om produkternas sammansättning eller en hänvisning till en sådan, om detta behövs för att beräkna bidragets storlek, –        uppgifter om produkternas nettovikt, eller, i förekommande fall, kvantiteten uttryckt i den måttenhet som skall användas vid beräkningen av bidraget. b)      I fråga om varor skall bestämmelserna i förordning (EG) nr 1222/94 [av den 30 maj 1994 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget och om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen (EGT L 136, s. 5; svensk specialutgåva, volym 3, område 57, s. 169)] tillämpas. 5.      När mottagandet eller den likvärdiga handlingen som avses i punkt 3 skett skall produkterna ställas under tullkontroll … till dess att de lämnar gemenskapens tullområde. … 7.      Var och en som exporterar produkter och ansöker om bidrag för dessa skall a)      lämna in exportdeklarationen till det behöriga tullkontoret på den plats där produkterna skall lastas för exporttransporten, b)      underrätta detta tullkontor om lastningen minst 24 timmar innan denna skall påbörjas och ange hur lång tid lastningen förväntas ta. … ... Det behöriga tullkontoret får tillåta lastning efter att ha mottagit exportdeklarationen och före utgången av den tidsfrist som anges i punkt b. Det behöriga tullkontoret måste vara i stånd att genomföra den fysiska kontrollen och vidta identifieringsåtgärder för transporten till det tullkontor där utförsel från gemenskapens territorium skall ske. …” Den nationella lagstiftningen Enligt 9 § lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 13/2003) och 18 § lagen om elektroniska signaturer (Laki sähkösistä allekirjoituksista, 14/2003), kan administrativa förfaranden anhängiggöras på elektronisk väg. I 4 § ministeriets förordning om verkställande av systemet med exportbidrag och säkerheter samt import-, export- och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (maataloustuotteiden vientituki- ja vakuus- sekä tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusjärjestelmän täytäntöönpanosta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus, 1363/2002) föreskrivs emellertid att den ursprungliga exportdeklarationen skall tillställas det behöriga tullkontor som avses i artikel 5.7 första stycket a i förordning nr 800/1999. Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan Den 14 juni 2003 exporterade ANG två partier havre från Vasas hamn till Kanada. Det framgår av beslutet om hänskjutande att exportdeklarationen för dessa partier lämnades till det behöriga tullkontoret endast per fax före lastningen och att originaldeklarationen lämnades först efter lastningen. Det framgår vidare av samma beslut att det inte har bestritts att originaldeklarationen helt överensstämmer med den som lämnats per fax, att anledningen till att deklarationen lämnats på detta sätt var ett missförstånd mellan ANG:s speditör och den behöriga tullmyndigheten, som uppstått i samband med en diskussion avseende lastningen, att dessa myndigheter har haft full möjlighet att genomföra de erforderliga kontrollerna, att de ifrågavarande partierna anlänt till destinationshamnen och att inget pekar på att ANG försökt utnyttja bidragssystemet eller att det har agerat bedrägligt. Kommissionen, som erhållit en förfrågan från ministeriet vad gäller betalningen av bidrag under dessa förutsättningar, meddelade ministeriet per skrivelse av den 23 maj och den 30 juli 2004 att den inte ansåg att ANG hade rätt till en sådan utbetalning avseende den transaktion om vilken det är fråga i målet vid den nationella domstolen. Genom beslut av den 2 september 2004 avslog ministeriet följaktligen ANG:s begäran om betalning av bidrag för de ifrågavarande partierna och anförde som grund härför att originaldeklarationen inte hade kommit tullmyndigheterna till handa före den eventuella kontrollen av lasten. ANG väckte talan vid Korkein hallinto‑oikeus (högsta förvaltningsdomstolen) mot detta beslut. Enligt denna domstol följer det av EG‑domstolens dom av den 1 oktober 1998 i mål C‑27/94, Nederländerna mot kommissionen (REG 1998, s. I‑5581), och av den 6 mars 2001 i mål C‑278/98, Nederländerna mot kommissionen (REG 2001, s. I‑1501), att en exportdeklaration skall lämnas i förväg i form av en originalhandling och att en deklaration som lämnats in per fax i regel inte kan godkännas. För det fall det i samband med en tullkontroll upptäcks oegentligheter, skall exportören nämligen kunna upprätta en ny deklaration i vilken den korrekta informationen anges. Den hänskjutande domstolen har anfört att den exportdeklaration som i målet vid den nationella domstolen lämnats per fax före lastningen emellertid helt överensstämmer med den ursprungliga exportdeklarationen som lämnats in efteråt, och att de nationella myndigheterna inte har haft några misstankar om ett eventuellt bedrägligt beteende, eftersom inlämnandet per fax berodde på ett missförstånd som uppstått med anledning av ett meddelande från de behöriga tullmyndigheterna. Om målet vid den nationella domstolen hade avgjorts enligt nationell rätt hade således ANG antagligen inte nekats betalning av bidraget. Proportionalitetsprincipen och principen om god förvaltningssed, vilka är grundläggande principer inom gemenskapsrätten, skulle dessutom kunna ha en inverkan i målet vid den nationella domstolen. Det är mot denna bakgrund som högsta förvaltningsdomstolen beslutade att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen: ”Skall artikel 5 i kommissionens förordning [nr 800/1999] jämförd med proportionalitetsprincipen och principen om god förvaltningssed tolkas så, att de behöriga nationella myndigheterna kan godkänna en exportdeklaration som lämnats per fax innan själva lastningen, när de anser att det inte finns den ringaste misstanke om bedrägeri, att felet vid lämnandet av exportdeklarationen berodde på ett missförstånd som uppstått i samband med myndighetens rådgivning, och myndigheten kan fastställa att det undertecknade originalexemplaret av exportdeklarationen som lämnats i efterhand var identiskt med det exemplar som lämnats per fax?” Prövning av tolkningsfrågan Den hänskjutande domstolen har ställt frågan för att få klarhet i huruvida artikel 5 i förordning nr 800/1999 utgör hinder mot att de nationella behöriga myndigheterna tar emot en exportdeklaration för jordbruksprodukter, som endast lämnats per fax före lastningen av dessa produkter, när detta handlande inte skett i bedrägligt uppsåt, utan inlämnandet per fax berodde på en missuppfattning som uppstått i samband med ett meddelande från dessa myndigheter och originaldeklarationen som lämnats efter lastningen helt överensstämmer med den deklaration som lämnats per fax. Enligt artikel 5.7 första stycket a i förordning nr 800/1999 skall var och en som exporterar jordbruksprodukter lämna in en exportdeklaration för de produkter för vilka denne ansöker om bidrag. I enlighet med tredje och fjärde styckena i denna punkt får de behöriga tullmyndigheterna efter att ha mottagit exportdeklarationen tillåta lastningen och de måste vara i stånd att, såsom anges i skälen 4 och 6 i denna förordning, artikel 2 i förordning nr 386/90 och artikel 5 i förordning nr 2090/2002, genomföra den fysiska kontrollen av jordbruksprodukterna i syfte att kontrollera överensstämmelsen mellan dessa och exportdeklarationen vid lastningen. Enligt artikel 5.4 i förordning nr 800/1999 skall exportdeklarationen innehålla samtliga upplysningar som är nödvändiga för att fastställa rätten till bidraget och för att beräkna bidragsbeloppet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 1 december 2005 i mål C‑309/04, Fleisch-Winter, REG 2005, s. I‑10349, punkt 31, och av den 27 april 2006 i mål C‑27/05, Elfering Export, REG 2006, s. I‑3681, punkt 26). Enligt ordalydelsen i artikel 5.5 i denna förordning skall produkterna dessutom, från och med att deklarationen mottagits av de behöriga tullmyndigheterna, ställas under tullkontroll till dess att de lämnar gemenskapens tullområde. Även om det i dessa bestämmelser inte uttryckligen beskrivs hur exportdeklarationen skall lämnas, framgår det av bestämmelserna i deras helhet att en exportdeklaration dels skall göras skriftligen, bland annat för att det skall vara möjligt att kontrollera om de uppgifter som exportören har lämnat svarar mot de varor som presenterats för export, dels skall inges innan varorna har lämnat gemenskapens tullområde (se dom av den 22 juni 1993 i mål C‑54/91, Tyskland mot kommissionen, REG 1993, s. I‑3399, punkt 22, och domen av den 1 oktober 1998 i det ovannämnda målet Nederländerna mot kommissionen, punkt 25). Lämnandet av en exportdeklaration, som kan utgöra den rättsliga grunden för ett bidrag (se domen i det ovannämnda målet Fleisch-Winter, punkt 41), är således en nödvändig formalitet inom ramen för det härför upprättade samarbetet mellan exportören och de behöriga tullmyndigheterna, som skall göra det möjligt för de senare att ha tillgång till tillräcklig information för att kunna genomföra den nödvändiga fysiska kontrollen av de ifrågavarande varorna innan dessa lastas, i syfte att – i enlighet med skäl 63 i förordning nr 800/1999 – utesluta risken för oegentligheter och missbruk i fråga om exportbidrag (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Elfering Export, punkt 31, och, vad gäller kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 av den 27 november 1987 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter (EGT L 351, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 24, s. 216), dom av den 14 april 2005 i mål C‑385/03, Käserei Champignon Hofmeister, REG 2005, s. I‑2997, punkterna 27 och 28). Såsom samtliga som har yttrat sig i målet har gjort gällande, innebär den omständigheten att en deklaration har lämnats per fax att en skriftlig handling lämnats in vilken, i och med att den lämnats före lastningen av de ifrågavarande varorna och innehåller all den information som är nödvändig för att genomföra en kontroll av dessa, på intet sätt utgör något hinder för de behöriga tullmyndigheterna att genomföra denna kontroll. Exportören får visserligen inte ges möjlighet att avpassa sin bidragsansökan efter resultatet av en eventuell kontroll (domen i det ovannämnda målet Käserei Champignon Hofmeister, punkt 28). Domstolen har redan slagit fast att de behöriga tullmyndigheterna retroaktivt inte kan ta emot en exportdeklaration som ingetts efter det att exporten har ägt rum och i syfte att erhålla exportbidrag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 januari 2002 i mål C‑101/99, British Sugar, REG 2002, s. I‑205, punkterna 68 och 73). Inte heller kan de genomföra en kontroll på grundval av information som lämnats per fax, i stället för på grundval av informationen i originalexemplaret av den betalningsdeklaration som avser förskottsfinansiering av exportbidrag, om bidrag därigenom riskerar att betalas ut felaktigt, eftersom den berörda handlaren – efter att ett fel har konstaterats vid en tullkontroll som har utförts på grundval av ett fax – i ett sådant fall kan inlämna en ny deklaration med de riktiga uppgifterna (se domen av den 6 mars 2001 i det ovannämnda målet Nederländerna mot kommissionen, punkt 70). En sådan risk är emellertid utesluten när det inte föreligger bedrägeri eller försök till bedrägeri från exportörens sida beträffande exporten, eftersom de varor som avses i den exportdeklaration som lämnats per fax anlänt till destinationslandet och originaldeklarationen, som lämnats efter lastningen, helt överensstämmer med den deklaration som dessförinnan lämnats per fax. Under dessa omständigheter har lämnandet av en exportdeklaration per fax inte någon avgörande inverkan på den korrekta tillämpningen av bidragssystemet. Det ankommer på den nationella domstolen att, mot bakgrund av uppgifterna i målet, pröva huruvida de villkor som redovisas i punkt 23 i förevarande dom är uppfyllda i förevarande fall. Svaret på tolkningsfrågan blir således följande: Artikel 5 i förordning nr 800/1999 skall tolkas på så sätt att den inte utgör hinder mot att de behöriga tullmyndigheterna tar emot en exportdeklaration för jordbruksprodukter, som lämnats per fax före lastningen av produkterna, när den sålunda lämnade deklarationen innehåller all den information som är nödvändig för att möjliggöra den fysiska kontrollen av de exporterade varorna, och det inte föreligger bedrägeri eller försök till bedrägeri beträffande exporten. Detta är fallet när de varor som avses i den exportdeklaration som lämnats per fax anlänt till destinationslandet och den i efterhand inlämnade originaldeklarationen helt överensstämmer med den deklaration som lämnats per fax. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om dessa villkor är uppfyllda i förevarande fall. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande: Artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter, i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 90/2001 av den 17 januari 2001, skall tolkas på så sätt att den inte utgör hinder mot att de behöriga tullmyndigheterna tar emot en exportdeklaration för jordbruksprodukter, som lämnats per fax före lastningen av produkterna, när den sålunda lämnade deklarationen innehåller all den information som är nödvändig för att möjliggöra den fysiska kontrollen av de exporterade varorna, och det inte föreligger bedrägeri eller försök till bedrägeri beträffande exporten. Detta är fallet när de varor som avses i den exportdeklaration som lämnats per fax anlänt till destinationslandet och den i efterhand inlämnade originaldeklarationen helt överensstämmer med den deklaration som lämnats per fax. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att pröva om dessa villkor är uppfyllda i förevarande fall. Underskrifter * Rättegångsspråk: finska.

62000CJ0322

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 171 Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Επειδή η Επιτροπή ζήτησε την καταδίκη του Βασιλείου των Κάτω Ξωρών και αυτό ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Το Βασίλειο των Κάτω Ξωρών, παραλείποντας να θεσπίσει όλες τις αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που προβλέπονται: - στο άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο αα, της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1991, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προελεύσεως, σε συνδυασμό με το παράρτημα ΙΙΙ, σημεία 1, 2) και 3), και 2, αυτής· - στο άρθρο 5, παράγραφος 4, στοιχείο ββ, της ίδιας οδηγίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 4, παράγραφος 1, στοιχείο αα, και με το παράρτημα ΙΙ, Α, 1), 2), 4) και 6), αυτής· - στο άρθρο 5, παράγραφος 5, της εν λόγω οδηγίας, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία 91/676. 2) Καταδικάζει το Βασίλειο των Κάτω Ξωρών στα δικαστικά έξοδα.