Prompt
stringclasses 1
value | Content
stringlengths 551
32.8k
|
|---|---|
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 01
EXPEDIENTE : 05550-2008-0-1801-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : GARCIA ZUÐIGA, ELENA FRANCISCA
Resolución Nro.30
Lima, veintinueve de abril
Del dos mil dieciséis
Dado cuenta: Como está ordenado en la resolución
número VEINTINUEVE de fecha veintisiete del mes en curso:
FORMESE el CUADERNO de apelación sin efecto suspensivo
interpuesto contra la resolución número VEINTICINCO de fecha
dieciséis de marzo último ( fojas 343) que resuelve se haga valer el
pedido de pago de honorarios en la correspondiente demanda y ante el
juez competente, promovido por José Santos Bancayan Anton con las
piezas procesales indicadas; y efectuada que sea ELEVESE al superior
jerárquico con la debida nota de atención . RAZON
JUZGADO 01
EXPEDIENTE : 05550-2008-83-1801-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : GARCIA ZUÑIGA, ELENA FRANCISCA
Señor:
En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted de lo siguiente:
Se dá cuenta de las piezas procesales necesarias para FORMARSE el CUADERNO
DE APELACION SIN EFECTO SUSPENSIVO contra la RESOLUCION Nro
VEINTICINCO de fecha dieciséis de marzo último ( fojas 343) que
resuelve se haga valer el pedido de PAGO DE HONORARIOS en la
correspondiente demanda y ante el juez competente, promovido por
José Santos Bancayan Anton que involuntariamente omitió anexarse a la
resolución que precede; y que no obstante visualizarse en el descargo virtual, por tal
razón no fue posible su notificación
Para formarse el cuaderno de apelación contra la referida resolución Nro 25 se
requiere las copias de las siguientes piezas procesales: DEL PRINCIPAL:
1) De Fs.1-19 la demanda principal incoada el 27.10.2008, sobre ODSD por:
GARCIA ZUÑIGA, ELENA FRANCISCA con TELEFONICA DEL
PERU SAA
2) A Fs 20 El auto admisorio de fecha 3.11.2008
3) De fs 21 a 22 los cargos de notificación del auto admisorio;
4) En éste interín el superior con fecha 23.3.12 ( Fs 191-2 del Cuaderno de
Excepciones) declaraNULA la resolución Nro 1 de 22.5.09 que declaró
improcedentes las excepciones deducidas y ordenado nueva resolución al
respecto;
5) De fs 246-50 , en la Res 22 de 16.12.13, se dicta sentencia, declarando
fundada la demanda; con intereses y costas y costos;
6) De Fs 253-4 obran los cargos de notificación de la sentencia expedida;
7) – En este trayecto de Fs 303- 342 y el 17.11.14 en vía incidental José Santos
Bancayan Anton – hasta entonces abogado de la demandante – solicita el
pago de sus honorarios profesionales- ;
8) A Fs 343 obra la Res 25 de 176.3.15 resolviendo que el recurrente haga
valer su derecho presentando la demanda de pago de honorarios ante el
Juez competente;
9) De Fs 346-8 obran los cargos de notificación a las partes y al solicitante del
pago de honorarios en los domicilios señalados;
10) De Fs 349-53 el nombrado solicitante de pago de honorarios apela de la
resolución Nro 25;
11) A Fs 354 corre la Res Nro 26 de 21.8.15 que declara inadmisible ésta
apelación; 12) De Fs 355-65 y el 7.4.15 – luego de los sobrecartes ordenados en la
resolucion Nro 23 de 2-7-14 ( Fs 288) y resolución Nro 24 de 16.3.15 ( Fs
302)………. - la demandada interpone apelación contra la sentencia
emitida
13) De Fs 366-8 la demandante subroga a su abogado variando el domicilio
procesal
14) A Fs 369 en la resolución Nro 27 de 21.8-15 se concede la apelación contra
la sentencia emitida;
15) A Fs 370 obra el cargo de notificación de la Res Nro 27 efectuado a la
demandada;
16) De Fs 371-7 y el 28.9.15 el solicitante de pago de honorarios nombrado
subsana la apelación interpuesta;
17) De Fs 377-8 obra la Res 28 de 15.1.16, entre otros puntos, SE CONCEDE
sin efecto suspensivo la apelación contra la referida resolución Nro 25;
18) A Fs 379 obra el cargo de notificación de la Res 26 al solicitante del pago
de honorarios
19) De Fs 380-1 obran los cargos de notificación de la Res Nro 27;
Lo que doy cuenta a usted, estando a las recargadas labores de la suscrita;
Lima, 26.4.16 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 01
EXPEDIENTE : 05550-2008-0-1801-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : GARCIA ZUÐIGA, ELENA FRANCISCA
Señor:
En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted de lo siguiente:
Se dá cuenta del escrito que precede entregado el
estando a lo ordenado en la resolución Nro 26 de 21.8.15 ( fs.354);
Se dá cuenta en esta oportunidad, concluido el periodo de
paralización de las labores de los trabajadores del Poder Judicial del
24.11.14 al 2.12.14, realización del inventario anual de expedientes
del 5 al 15.1.16 con la consiguiente demora en la compaginación de
escritos y autos; y las recargadas labores de la suscrita.
Lo que doy cuenta a usted
Lima, EXPEDIENTE : 05550-2008-0-1801-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : GARCIA ZUÑIGA, ELENA FRANCISCA
Resolución Nro. 28
Lima, quince de enero
Del dos mil dieciséis
Dado cuenta: Al ingreso 20685-2015: Con la subsanación
presentada: Por cumplido lo ordenado en la resolución número VEINTISEIS
de fecha veintiuno de agosto último ( fojas 354); y volviéndose a dar cuenta de
la apelación interpuesta AL PRINCIPAL y OTROSIES : AUTOS Y VISTOS; y
ATENDIENDO: PRIMERO: Mediante los medios impugnatorios, las partes
solicitan que se anule o revoque total o parcialmente, un acto procesal
presuntamente afectado por vicio o error según el numeral 355 del Código
Procesal Civil; SEGUNDO: Los autos, se encuentran en apelación de la
sentencia emitida contenida en la resolución número VEINTISIETE de fecha
veintiuno de agosto último, que declara fundada la demanda incoada (fojas
369) ; TERCERO: En este estadío procesal el abogado de la demandante José
Santos Bancayan Anton apela de la resolución número VEINTICINCO de fecha
dieciséis de marzo último que resuelve haga valer el pedido de PAGO DE
HONORARIOS profesionales formulado ante el Juez competente; CUARTO:
Que del recurso presentado, se verifica que el medio impugnatorio, se
encuentra dentro del plazo legal, fundamentado la apelación indicando el
error de hecho y de derecho, la naturaleza del agravio, por lo que estando a lo
dispuesto en los art 358, 366 y 368 inciso 2 del código adjetivo : SE
RESUELVE : Se CONCEDA SIN EFECTO SUSPENSIVO la apelación
interpuesta contra la resolución número VEINTICINCO de fecha dieciséis de
marzo último; formándose el cuaderno respectivo con las piezas pertinentes; y
ELÉVESE al superior jerárquico, devuelto y adheridos que sean los cargos de
notificación; ENTIENDASE como consta del auto admisorio emitido ( fojas 20 )
que la demandada es GARCIA ZUÑIGA ELENA FRANCISCA; SOBRECARTESE
la resolución número VEINTICINCO y VEINTISEIS y los escritos que lo
motivan en el nuevo domicilio procesal de la demandante; y Civil; y a que la
implementación del Sistema de Notificaciones Electrónicas coadyuvará a que
éstas lleguen a sus destinatarios en forma segura y célere en aplicación de la
Resolución Administrativa 012-2016-P-CSJL/PJ y el artículo 157 del Código
Procesal Civil : REQUIERASE a las partes para que en el plazo de TRES DIAS
cumplan con consignar una casilla electrónica, asignada por el Poder
Judicial a fin de proseguir con el trámite del proceso, bajo apercibimiento del
inicio de imposición de las medidas coercitivas necesarias; y estése al
concesorio de apelación con EFECTO SUSPENSIVO dispuesto en la resolución
que antecede; y por la observación advertida: Exhórtese al Personal
responsable y a la especialista de la causa, por encontrársele asignada la
causas se dé cuenta oportuna de los autos y del escrito presentado. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 01
EXPEDIENTE : 05550-2008-83-1801-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : GARCIA ZUÑIGA, ELENA FRANCISCA
Resolución Nro.13
Lima, veintinueve de abril
Del dos mil dieciséis
Dado cuenta: Como está ordenado en la resolución
número ONCE de fecha veintiséis del mes en curso: FORMESE el
CUADERNO de apelación sin efecto suspensivo interpuesto contra la
resolución número SEIS de fecha seis de noviembre del dos mil doce
que declara INFUNDADAS las EXCEPCIONES deducidas con las piezas
procesales indicadas; y efectuada que sea ELEVESE al superior
jerárquico con la debida nota de atención . RAZON
JUZGADO 01
EXPEDIENTE : 05550-2008-83-1801-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : ELSA T. CARCASI LUQUE
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : GARCIA ZUÑIGA, ELENA FRANCISCA
Señor:
En cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted de lo siguiente:
Se dá cuenta de las piezas procesales necesarias para FORMARSE el CUADERNO
DE APELACION SIN EFECTO SUSPENSIVO contra la RESOLUCION Nro SEIS
DE FECHA 6.1.12 ( Fs 208-10 ) que declara INFUNDADAS las EXCEPCIONES
que involuntariamente omitió anexarse a la resolución número ONCE de fecha 26.4.16,
por lo que no obstante visualizarse en el descargo virtual, no fue posible su notificación
Para formarse el cuaderno de apelación contra la referida resolución Nro 6 se
requiere las copias de las siguientes piezas procesales: DEL PRINCIPAL:
I:
1) De Fs.1-19 del Principal la demanda principal incoada el 27.10.2008, sobre
ODSD por: GARCIA ZUÑIGA, ELENA FRANCISCA con TELEFONICA
DEL PERU SAA
2) A Fs 20 del Principal el auto admisorio de fecha 3.11.2008
3) De fs 21 a 22 del principal los cargos de notificación del auto admisorio;
4) De Fs 23-67 y el 15.12.08 del Principal la Contestación de la demanda con
deducción de excepciones
5) De fs 68-73 subsanación de la contestación de la demanda ( adjunta
aranceles)
6) A Fs 74-5 la Res 2 de 29.1.09 dando por contestada y deducida excepciones
7) A Fs 76-7 los cargos de notificación de ésta resolución;
8) Fs 78-81 se absuelve la traslado excepciones
9) A Fs 52 la Res 3 de 4.5.09 teniéndose presente
10) A Fs 83-4 la Res 4 de 12.5.09 declarando inadmisible contestación y
excepciones; disponiéndose se formule excepciones en cuaderno
separado;
11) A Fs 85 del Principal el cargo de notificación de la Res 4 efectuado a la
demandada;
12) A fs 86 la res 5 de 22.5.09 teniendo por contestada demanda;
13) De fs. 87 a 91 del Principal cargos de notificación de las res 3,4 y 5;
14) De Fs 92-4 el 14.8.09 la demandada apela Res 1 de 22.5.09
15) A Fs 95 obra la Res 6 de 30.7.09
16) A Fs 99-100 obran los cargos de notificación de la Res 6;
17) A Fs 133-4 el 29.4.10 Oficio del superior ( 40JCL) devolviendo cuaderno
de apelación ( Excepciones)
18) A Fs 135 Res 11 de 14.7 10 ordenando se integre cuaderno de apelación
19) A Fs 140-1 cargos de notificación de ésta resolución
20) A Fs 173 Res UNO del superior de 22.4.10 ( devolviendo cuaderno de
apelación antes referido) 21) A Fs 174 la Res 2 de 4.1.11 ordenando se dé cuenta del cuaderno de
excepciones con el Principal
22) A Fs 175 Razon
23) A Fs 176 Res 13 de 20.1.12 ordenando se complete cuaderno de apelación
de excepciones
24) A Fs 177 Oficio de elevación del cuaderno de apelación de excepciones;
25) En éste interín habiendo el superior con fecha 23.3.12 ( Fs 191-2 del
Cuaderno de Excepciones) declaraNULA la resolución Nro 1 de 22.5.09
que declaró improcedentes las excepciones deducidas y ordenado nueva
resolución al respecto es que se repone el trámite del proceso al estado de
dictarse nueva sentencia;
26) De fs 246-50 , en la Res 22 de 16.12.13, se dicta sentencia, declarando
fundada la demanda; con intereses y costas y costos;
27) De Fs 253-4 obran los cargos de notificación de la sentencia expedida;
28) – En este trayecto de Fs 303- 342 y el 17.11.14 en vía incidental José
Santos Bancayan Anton – hasta entonces abogado de la demandante –
solicita el pago de sus honorarios profesionales- ;
29) A Fs 343 obra la Res 25 de 176.3.15 resolviendo que el recurrente haga
valer su derecho presentando la demanda de pago de honorarios ante el
Juez competente;
30) De Fs 346-8 obran los cargos de notificación de ésta notificación a las
partes y al solicitante del pago de honorarios en los domicilios señalados;
31) De Fs 355-65 y el 7.4.15 – luego de los sobrecartes ordenados en la
resolucion Nro 23 de 2-7-14 ( Fs 288) y resolución Nro 24 de 16.3.15 ( Fs
302)………. - la demandada interpone apelación contra la sentencia
emitida
32) De Fs 366-8 la demandante subroga a su abogado variando el domicilio
procesal
33) A Fs 369 en la resolución Nro 27 de 21.8-15 se concede la apelación contra
la sentencia emitida; y se tiene presente el nuevo domicilio procesal de la
demandante;
34) A Fs 370 obra el cargo de notificación de la Res Nro 27 efectuado a la
demandada;
35) De Fs 377-8 obra la Res 28 de 15.1.16, entre otros puntos, SE CONCEDE
sin efecto suspensivo la apelación contra la referida resolución Nro 25;
36) De Fs 380-1 obran los cargos de notificación de la Res Nro 27;
37) A Fs 381 el cargo de notificación de la res 28 a la demandada
/……….. ……….//
II :
38) Del cuaderno de EXCEPCIONES: De Fs 1-19 y el 20.5.09 la demandada
cumple mandato de la res 4 de 12.5.09
39) A Fs 20 corre la Res 1 de 22.5.09 declarando improcedente excepciones (
por extemporáneo)
40) A Fs 21-2 obra los cargos de notificación de ésta resolución
41) A Fs 23-6 y el 22.8.09 la demandada subsana omisión;
42) A Fs 27 obra la Res 2 de 1.10.09 que concede la apelación contra la res 1
43) A Fs 33-4 obran los cargos de notificación de la Res 2
44) A Fs 35 La res 1 de 22.4.10 del superior mencionado devolviendo cuaderno
de apelación ( por incompleto)
45) A Fs 36 La res 2 de 4.1.11 ordenando la compaginación del Principal y del
cuaderno de excepciones
46) A Fs 189-90 los cargos de notificación de ésta resolución
47) A Fs 191-3 la Res de Vista de 23.3.12 Declarando NULA la Res 1 de
22.5.09 y ordena nueva resolución
48) A Fs 197-8 Razón y Res 4 de 7.6.12 en cumplimiento de lo ordenado por el
superior ( reponiendo el proceso) dispone el TRASLADO de las
excepciones (deducidas oportunamente)
49) A Fs 199-200 el informe del SERNOT de notificaciones de ésta resolución
50) A Fs 201-4 de 18.6.12 demandante absuelve traslado
51) A Fs 205 Resolución Nro 5 de 21.6.12 se tiene por absuelto y ordena se
traiga para resolver
52) A Fs 206-7 el 29.10,12demandante solicita, se resuelva
53) De Fs 208-10 la Res 6 de 6.11.12 declara INFUNDADA excepciones y
saneado el proceso; debiendo proponerse los puntos controvertidos;
54) De fs 214-22 demandada apela Res 6
55) A Fs 223 Res 8 de 5.4.112 inadmisible apelación 56) De fs 224-7 el 23.4.13 demandada subsana
57) A Fs 228 la Res 9 de 16.5.13 concede apelación sin efecto suspensivo contra
la referida res 6
58) De Fs 231-2 los cargos de notificación de la Res 8
59) Fs 233-4 cargos de notificación de la Res 9
60) A Fs 235 la Res 10 de 15.1.16 ordena se eleve el cuaderno de apelación de
excepciones
61) A Fs 236-42 cargos de notificación de las resoluciones 4,(2), 5 (2), 6 (2) y
10.
Lo que doy cuenta a usted, concluída las vacaciones judiciales y estando a
las recargadas labores de la suscrita
Lima, 26.4 2016 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO 08
EXPEDIENTE : 05641-2008-0-1801-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIPRIANI AVALOS CLAUDIA YESSENIA
ESPECIALISTA : KALAFATOVICH ROSAS JUAN FRANCISCO
DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
DEMANDANTE : AGUILAR JARA, ROSSANA ASTERIA
SENTENCIA
RESOLUCION NÚMERO TREINTA
Lima, veintinueve de noviembre
Del año dos mil dieciocho.-
I.- AUTOS Y VISTOS: Resulta de autos que por escrito de fojas ciento
siete a ciento dieciséis, Doña Rossana Asteria Aguilar Jara interpone
demanda de Obligación de dar suma de dinero en vía de proceso
Abreviado, la misma que la dirige contra Telefónica del Perú SAA.
PETITORIO:
Solicita se ordene que Telefónica del Perú SAA cumpla con cancelarle la
suma de S/ 39,764.99 Soles (Treinta y nueve Mil Setecientos sesenta y
cuatro con 99/100 Soles) suma de dinero que representa el importe que
en forma ilegal le retuvo la parte demandada por concepto de Impuesto
a la Renta, más intereses legales, costas y costos del proceso;
Fundamento fáctico:
Manifiesta que aproximadamente a mediados del mes de octubre del
año dos mil cuatro, su ex empleadora Telefónica del Perú hace de su
conocimiento, que ha iniciado un plan de reducción de personal, para lo
cual aplicaría una política de incentivos para todas aquellas personas
que se retiren de la empresa, ofreciendo una suma de dinero como
Incentivo Económico a título de gracia, a parte de los respectivos
beneficios sociales que correspondía conforme a ley;
1 Que, siendo así la demandada con fecha dos de noviembre del año dos
mil cuatro, le otorga como ayuda económica la suma de S/ 200.000.00
Soles, bajo los alcances del artículo 47, del Decreto Supremo N° 002-
97-TR, afectando con la suma de 39,764.99 Soles (Treinta y nueve Mil
Setecientos sesenta y cuatro con 99/100 Soles), por impuesto a la
Renta, en forma ilegal toda vez que la suma que correspondía por dicho
impuesto era de responsabilidad de la demandada, pues, al obligarlo a
acogerse al programa de retiros con incentivos se comprometió a que el
impuesto a la renta que generen los beneficios ofrecidos en el PRE serán
asumidas por la empresa para cuyo efecto se adjunta el documento que
acredita dicho ofrecimiento; que conforme a su boleta de
remuneraciones, percibió una Remuneración computable de S/
4,314.70, sin perjuicio de los derechos Beneficios que fueron producto
de los Convenios Colectivos suscritos de Telefónica;
Manifiesta que con fecha 02 de noviembre del año 2004, Telefónica le
hizo la entrega de la liquidación de Ayuda Económica dándole con la
ingrata sopesa que en ella figuraba una retención por la suma de S/
39,764.99 Soles (Treinta y nueve Mil Setecientos sesenta y cuatro con
99/100 Soles), por Impuesto a la Renta, no obstante que dicho
concepto de acuerdo a lo establecido por el artículo 18 literal a) de la
Ley del Impuesto a la Renta, señalan que cuando se otorguen incentivos
o ayudas económicas se encuentran hasta un monto equivalente a la
indemnización que le correspondería al trabajador en caso de despido
injustificado.
Fundamento Jurídico:
Los fundamentos jurídicos del petitorio se sustentan en el inciso 1, del
artículo 1219°, Artículo VII del Título Preliminar del Código Civil; inciso
a) del artículo 18 del Decreto Legislativo 774, modificado por el D.S.
054-99-EF, Ley de Impuesto a la Renta; Artículo 147 del Decreto
Legislativo 728, hoy artículo 47 del D.S. 002-97 TR; inciso 1 del artículo
139° de la Constitución Política del Estado;
2 Trámite:
Admitida la demanda mediante resolución número uno su fecha siete
de noviembre del año dos mil ocho, obrante a fojas ciento diecisiete,
corrido traslado de la misma, la empresa demandada Telefónica del
Perú SAA mediante escrito de fojas ciento cincuenta y siete a ciento
setenta y dos, se apersona al proceso y contesta la demanda en los
términos allí expuestos.
Que mediante resolución número once de fojas doscientos sesenta y
siete se declaró la nulidad de oficio de la resolución número cuatro y
por resolución número doce se declaró saneado el proceso
otorgándosele a las partes el plazo de tres días para que cumplan con
proponer sus puntos controvertidos; mediante resolución número trece
de fojas doscientos ochenta y dos el Juzgado fija los puntos
controvertidos, se admiten y califican los medios probatorios, y se
otorga a las partes el plazo de ley para que presenten sus alegatos.
poniéndose en conocimiento de las partes que se expedirá sentencia
dentro del término de ley; que mediante resolución número diecinueve
obrante a fojas trescientos veintidós a trescientos veintinueve, se expide
sentencia, declarándose fundada la demanda, habiendo la parte
demandada interpuesto recurso impugnatorio, conforme se desprende
del escrito de fojas trescientos treinta y ocho a trescientos cuarenta y
ocho, remitido los actuados al Superior Jerárquico, mediante resolución
de sentencia de vista obrante a fojas seiscientos diecinueve a
seiscientos veintitrés, declarando Nula la sentencia expedida en autos, y
se proceda a emitir una nueva sentencia, teniendo en cuenta lo
expuesto en la sentencia de vista, por lo que el estado del proceso es de
expedir una nueva sentencia;
II.- CONSIDERANDO:
PRIMERO: Tutela Jurisdiccional: De conformidad con lo dispuesto en
el artículo I, del Título Preliminar del Código Procesal Civil, “Toda
3 persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.
SEGUNDO: Valoración de los medios probatorios: Los medios
probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su
apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán
expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustenten su
decisión, conforme a lo preceptuado en el artículo 197º del Código
Procesal Civil.
TERCERO: Carga de la prueba: De conformidad con el artículo 196º del
Código Procesal Civil, la carga de la prueba corresponde a quien afirma
hechos que configuran su pretensión, o a quien la contradice alegando
hechos nuevos, por lo que en este proceso le corresponde al demandante
acreditar la existencia de la relación obligacional, la exigibilidad de la
suma puesta a cobro y la procedencia del pago por indemnización de los
daños reclamados.
CUARTO: De la pretensión: Que, la demandante mediante la presente
acción pretende que la empresa demandada le pague la suma de S/
39,764.99 Soles, más intereses legales, costas y costos, suma que
según refiere, le fue retenida indebidamente por la demandada, toda
vez que, la suma de S/ 200.000.00 (doscientos mil con 00/100 Soles)
que Telefónica del Perú Sociedad Anónima Abierta le entregó se
encuentra enmarcada en lo dispuesto el inciso a) del artículo 18° del
Decreto Legislativo 774 –Ley del Impuesto a la Renta; siendo ello así en
el presente proceso se debe determinar la procedencia del pago
solicitado, estableciendo si la parte demandada debió retener o no
suma alguna de dinero al demandante de la suma abonada por
concepto de ayuda económica, verificando si esta suma no excede el
monto que por concepto de indemnización correspondería al trabajador
en caso de despido injustificado, y de ser el caso, determinar cuál es el
4 monto indebidamente retenido que la parte demandada debería
devolver a la accionante.
QUINTO: Puntos controvertidos: Que, mediante resolución número
trece obrante a fojas ochenta y dos a ochenta y tres, se fijó como punto
controvertido lo siguiente: 1.- Determinar si la demandada se
comprometió a pagar el monto por concepto de impuesto a la renta y 2)
Determinar si le es exigible a la demandada el monto de la suma
puesta a cobro.
SEXTO: De la Sentencia de Vista emitida en autos:
Que, conforme se desprende de los actuados, el Superior Jerárquico,
mediante sentencia de vista obrante a fojas seiscientos diecinueve a
seiscientos veintitrés, declaró Nula la sentencia expedida en autos,
ordenando se disponga se expida nueva sentencia, conforme a los
considerandos allí expuestos, en cuyo efecto se tiene que en el Décimo
Segundo considerando de la resolución de vista se indica lo siguiente;
“… En la sentencia que es materia de examen la Juez de la causa no se
ha ocupado de abordar los hechos centrales alegados en la demanda y
que han dado lugar a la fijación de los puntos controvertidos ….”; dentro
de dicho contexto, es que procederá a emitir ésta nueva sentencia;
SETIMO.- Análisis: Conforme se puede apreciar del documento
obrante a fojas cuatro de autos consistente en la “Liquidación de
Ayuda Económica” suscrito por ambas partes procesales, la parte
demandada se obligó a abonar a favor de la parte demandante la suma
de S/200.000.00 (Doscientos Mil Soles), por lo que tenía la calidad
de ayuda al trabajador; en ese orden de ideas, debe tenerse presente
que el artículo 18º del Texto Único Ordenado de la Ley de Impuesto a la
Renta, establece que constituyen ingresos inafectos al impuesto: a) Las
indemnizaciones previstas por las disposiciones laborales vigentes. Se
consideran comprendidas en la referida inafectación, las cantidades que
se abonen, de producirse el cese del trabajador en el marco de las
5 alternativas previstas en el inciso b) del artículo 88° y en la aplicación de
los programas o ayudas a que hace referencia el artículo 147° del Decreto
Legislativo N° 728, Ley de fomento del Empleo, hasta un monto
equivalente al de la indemnización que correspondería al trabajador
en caso de despido injustificado; siendo ello así, corresponde evaluar si
la suma de dinero entregada a la demandante antes referida se
encontraba inafecta al impuesto a la renta conforme a lo establecido en
el dispositivo legal antes citado.
La parte actora ha señalado en su escrito de demanda que su
remuneración mensual ascendía a cuatro mil trescientos catorce
con 70/100 Soles, fojas ciento ocho parte pertinente; en este orden de
ideas, y estando a que en caso de producirse su despido injustificado
le correspondía recibir el importe de doce sueldos, la remuneración
mensual antes citada multiplicada por doce asciende a la suma de
Cincuenta y un mil setecientos setenta y seis con 04/100 Soles,
suma que es la que le hubiese correspondido percibir a la actora en
caso de producirse su despido injustificado.
Ahora bien, conforme lo alega la propia actora, la suma retenida por la
demandada por concepto de impuesto a la renta asciende a la suma de
S/ 39,764.99 Soles (Treinta y nueve Mil Setecientos sesenta y cuatro
con 99/100 Soles), siendo por tanto menester evaluar si dicha retención
se efectuó de acuerdo a ley para cuyo efecto es menester tener presente
que el Artículo 53º del Decreto Supremo N° 179-2004-EF, Texto Único
Ordenado de la Ley de Impuesto a la Renta, sustituido por el Artículo 15º
del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 10 marzo 2007, el mismo que
de conformidad con su Única Disposición Complementaria Final, entró
en vigencia a partir del 01 enero del 2009, aplicable al caso de autos,
establece que:
“El impuesto a cargo de personas naturales, sucesiones indivisas y
sociedades conyugales que optaron por tributar como tal,
6 domiciliadas en el país, se determina aplicando a la suma de su
renta neta del trabajo y la renta de fuente extranjera a que se refiere
el artículo 51 de esta Ley, la escala progresiva acumulativa
siguiente:
Suma de la Renta Neta del Trabajo Tasa
y renta de fuente extranjera
Hasta 27 UIT 15%
Por el exceso de 27 UIT y hasta 54 UIT 21%
Por el exceso de 54 UIT 30%”
Para tal efecto, atendiendo a que la Renta Neta del Trabajo comprende
los ingresos provenientes de las rentas de Cuarta Categoría (trabajo
independiente) y de Quinta Categoría (trabajo dependiente, planilla), en
el presente caso deben tenerse presente los ingresos percibidos por el
demandante como trabajador dependiente en el ejercicio fiscal 2004,
para cuyo efecto, de lo actuado en el presente proceso, se tiene que el
demandante, se acogió al programa de retiro voluntario efectuada por la
parte demandada, situación ésta que no ha sido desconocida por la
actora, siendo ello así, tenemos que el inciso a del tercer párrafo del
artículo 18° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta de Quinta
Categoría señala que constituyen ingresos inafectos al Impuesto, las
Indemnizaciones laborales vigentes; señalándose que se encuentran
inafectas las cantidades que se abonen de producirse el cese del
trabajador el en marco de las alternativas previstas en el inciso b) del
artículo 88, y en la aplicación de los programas o de ayudas a que se
hace referencia en el artículo 147 del Decreto Legislativo N° 728 Ley de
Fomento del Empleo, hasta un monto equivalente al de la indemnización
que correspondería en caso de despido arbitrario;
7 OCTAVO; Dentro de dicho contexto, el inciso b) del artículo 88 del
Decreto legislativo 728 recogido por el inciso b) del artículo 48 del TUO
de la Ley de Productividad y Competitividad laboral, referida a la
extinción de los Contratos de trabajo, dispone que la empresa con el
sindicato o en su defecto con los trabajadores afectados, o sus
representantes, entablaran negociaciones para acordar los términos de
los contratos de trabajo en forma total o parcial, dentro del mismo fin se
tiene que el artículo 147° del Decreto Legislativo 728 recogido por el
artículo 47° del TUO de la Ley de Formación Laboral, señala que las
empresas y sus trabajadores, dentro del marco de la negociación
colectiva o por convenio laboral, con sus respectivos trabajadores pueden
establecer programas de incentivos o ayudas que fomenten la
constitución de nuevas empresas por los trabajadores, que en forma
voluntaria opten por extinguir el vínculo, laboral, situación que es el caso
de autos; siendo pertinente señalar que por regla general se inafecta del
Impuesto a la renta los pagos, efectuados por concepto de
Indemnizaciones prevista en la ley, por excepción se han incluido
determinados conceptos, en la Ley de Fomento del Empleo, el mismo que
tiene como una de sus características más resaltantes que provienen de
la negociación con el empleador, con el o los trabajadores, pero sujeta
aún límite establecido que es la Indemnización por despido Injustificado,
dentro de cuyo contexto, el caso materia de análisis, no se encuentra
dentro del supuesto de inafectación, toda vez que está referido a una
renuncia voluntaria, no encuadrándose por tanto dentro del supuesto
señalado en el inciso a) del artículo 18 del TUO de La Ley de Impuesto a
la Renta, si no dentro del supuesto del inciso a) del artículo 34° del TUO
de la ley de Impuesto a la renta referida la Quinta categoría; siendo por
tanto obligación legal del demandado efectuar el descuento legal
correspondiente, no efectuarlo implicara trasgredir el texto expreso de la
Ley;
NOVENO.- Habiéndose establecido, que el demandado estaba obligado
por ley efectuar la retención del impuesto a la Renta, conforme a las
8 disposiciones legales correspondientes, y conforme a lo glosado en los
considerandos precedentes, corresponde por tanto ahora, determinar si
el pago del impuesto a la renta, sería asumido por la parte demandada
como lo asevera el demandante. Afirmación que es negada por la
empresa demandada, siendo así, tenemos que la accionante, sustenta
su afirmación en el documento que en copia simple se adjunta a fojas
seis, denominado “propuesta de Beneficios de PRE”, específicamente en el
punto 7 cuando se indica : “la empresa asumirá el impuesto a la renta
que generen los beneficios otorgados en el programa”, si bien en el
referido documento se indica que la empresa asumiría el impuesto que
genere los beneficios del programa, también lo es que el referido
documento no contiene un acuerdo expreso formulado entre las partes
respecto a al hecho de quien asumiría del pago del impuesto a la renta,
toda vez que dicho documento no se encuentra debidamente suscrito por
la parte demandada y/o funcionario competente, motivo por el cual no
causa convicción a la Judicatura, tanto más si la parte accionante no ha
acreditado con otro documento probatorio alguno que efectivamente la
obligación de asumir el pago del impuesto a la renta, es atribuible a la
empresa demandado, ello teniendo en cuenta que las partes han suscrito
un contrato de mutuo disenso que obra a fojas ciento treinta y seis a ciento
treinta y siete de la relación laboral, en cuyo efecto en dicho documento
las partes conforme a la cláusula tercera se especificó que serían
afectados los montos para retenciones judiciales; tanto más si lo
pretendido en la demanda es la devolución del dinero del impuesto a la
renta aparentemente retenido en forma ilegal por la parte demandada,
situación ésta que conforme a lo glosado en los considerandos
precedentes se ha determinado que la retención efectuado en modo
alguno resulta ilegal.
Por tales fundamentos y estando a lo dispuesto por los artículos 196º,
197º, 410º, 411º y 546º inciso 7 del Código Procesal Civil, artículo 1219º
inciso 1 del Código Civil, artículo 22º del Texto Único Ordenado de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, con la libre y razonada valoración de la
9 prueba que la ley autoriza, la Señora Juez del OCTAVO JUZGADO DE
PAZ LETRADO DE LIMA- CERCADO, impartiendo Justicia a nombre de
la Nación,
FALLA:
PRIMERO: Declarando INFUNDADA la demanda de fojas ciento siete a
ciento dieciséis, incoada por ROSSANA ASTERIA AGUILAR JARA contra
TELEFÓNICA DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, sobre
OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, con costas y costos.
SEGUNDO: Consentida sea la presente ARCHÍVESE y DEVUÉLVASE los
anexos a las partes.
10 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SEÑOR JUEZ:
En cumplimiento de mis funciones informo a usted lo
siguiente: que, debido a la gran sobrecarga laboral es que se dará cuenta del presente escrito, al
estar a cargo de los siguientes años: 80´s, 90´s, 2000 al 2002, 2007, 2008 y 2011 al 2018,
teniendo más de 6,888 expedientes asignados y más de 6,000 escritos por proveer; tenemos que
tener en cuenta que solo existen 2 secretarías y que debido a la redistribución de los 07
transitorios (08°, 16°, 17°, 18°, 20 y 24° Juzgados Especializados de Trabajo Transitorio de Lima)
que fueron desactivados. reubicados y/o convertidos a otra especialidad que en su totalidad
ascienden a 6,888 expedientes, como lo mencioné en líneas precedentes; y esto trae consigo la
falta de espacio para guardar expedientes, dificultad para ubicar expedientes, el incremento
exorbitante de escritos ingresados, retardo en dar cuenta a los escritos, aumento en el número de
atención al público, el incremento de las llamadas del órgano de control, la falta de personal toda
vez que solo existe una archivero y notificador y falta de materiales; es más a veces ayudamos en
el área de notificación como es en el caso de noviembre, nos han cambiado de magistrado en el
mes de diciembre, en el mes de enero hubo en inventario y también depuramos, por lo que
pedimos ampliación. Que debido al Estado de Emergencia y cuarentena que afronta el país desde
el 15 de marzo hasta el 01 de julio del 2020, según los siguientes Decretos Supremos N° 044-
2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM y N° 094-2020-PCM, no se ha realizado con
prontitud y en la fecha indicada el proveído de los escritos por lo que a la fecha se proveerá. Lo
que informo a Ud. para fines pertinentes.
Lima, 23 de diciembre del 2020
15° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00214-2008-0-1801-JR-LA-06
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y
OTROS
JUEZ : RAMOS AVILA JULIO CESAR
ESPECIALISTA : ROSADO PEREZ CARMEN IRENE
DEMANDADO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONCODES ,
DEMANDANTE : GAMARRA LADERO, JORGE ENRIQUE
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTE
Lima, veintitrés de diciembre del año
dos mil veinte.-
Por recibidos los autos de la Segunda
Sala Laboral Permanente de Lima con la Sentencia de Vista contenida en la
Resolución N° 04 de fecha 08 de enero del 2019, donde señala: "... Se
CONFIRMAR la Sentencia expedida mediante Resolución N° 18 de fecha 22 de
mayo de 2017, corriente de fojas 339 a 360; que resuelve declarar Fundada en
parte la demanda,..." ; en tal sentido: CÚMPLASE LO EJECUTORIADO:
REQUIERASE a la demandada FONDO NACIONAL DEL DESARROLLO
PESQUERO - FONCODES a fin que de que cumpla con pagar a favor del actor
la suma ascendente a S/. 4,979.16 Soles, por concepto de obligación
principal, o en su defecto informe al Juzgado con documento idóneo si ha
iniciado el pago, de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en el
artículo 47° de la Ley 27584, sustituido en su contenido por el artículo 1° de
la Ley 27684, en sus puntos 46.1, 46.2 y 46.3, bajo apercibimiento de darse
inicio a lo previsto en el punto 46.4 de la Ley glosada; además cumpla con
reconocer la condición de trabajador, sujeto a un contrato de duración
indeterminada desde la fecha de inicio de su vínculo laboral desde el 02 de
enero del 2007 hasta el 30 de abril del 2008, en un plazo de QUINCE DÍAS. Avocándose a la presente causa al Sr. Juez que suscribe e interviniendo la
Especialista Legal que da cuenta por disposición superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL
EXPEDIENTE N°: 00214-2008-0-1801-JR-LA-06
DEMANDANTE: JORGE ENRIQUE GAMARRA LADERO
DEMANDADO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONCODES
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO
VISTA DE CAUSA: 23.08.2018
Resolución N° 04
Lima, ocho de enero de dos mil diecinueve
VISTOS: En Audiencia Pública, e interviniendo como Juez Superior
ponente la señora Cunyas Zamora; y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Es materia de apelación por la demandada la Sentencia expedida
mediante Resolución N° 18 de fecha 22 de mayo de 2017, corriente de fojas 339 a
360; que resuelve declarar Fundada en parte la demanda, en consecuencia, ordenó
que la demandada cumpla con pagar a favor del demandante la suma de S/.
4,979.16 por concepto de Indemnización por Despido Arbitrario, más intereses
legales sin costos ni costas del proceso;
SEGUNDO: La demandada mediante escrito obrante de fojas 362 a 3671
interpone recurso de apelación, expresando como agravios principalmente lo
siguiente:
1) La sentencia recurrida incurre en error de derecho al no existir laboral de
igual manera no es procedente el pago de concepto de indemnización por
despido arbitrario, pues la relación entre el demandante y FONDEPES se
llevó a cabo bajo los alcances de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado y el Código Civil;
1 2) Existe error en el juzgador al desconocer las normas de presupuesto, así
como el MOF y CAP de su representada
TERCERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine, del Código Procesal Civil,
aplicable supletoriamente, en la apelación, la competencia del superior sólo alcanza
a éste y a su tramitación, por lo que corresponde a éste órgano jurisdiccional
revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución impugnada. Asimismo,
conforme al principio descrito, el órgano revisor se pronuncia respecto a los
agravios contenidos en el escrito de su propósito ya que se considera que la
expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda (o tercera,
según el caso) instancia;
CUARTO: Que la litis se circunscribe a determinar: 1.- Si hubo una relación
laboral permanente e ininterrumpida entre el actor y la emplazada desde el
02.01.2007 al 30.04.2008; 2.- Determinar si procede el pago de la indemnización por
despido arbitrario, más intereses legales, costos y costas;
QUINTO: De conformidad con el artículo 27 de la Ley N° 26636 – Ley Procesal
de Trabajo, corresponde a las partes probar sus afirmaciones y esencialmente al
empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su
nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto;
SEXTO: Respecto al agravio de la demandada, es menester precisar que el Principio
de Primacía de la Realidad constituye un elemento implícito en nuestro
ordenamiento y concretamente impuesto por la propia naturaleza tuitiva de la
Constitución Política del Perú, que ha visto al trabajo como un deber y un derecho
base del bienestar social y medio de realización de la persona; y además como un
objetivo de atención prioritaria del Estado, que delimita al juez en caso de
discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o de
acuerdos, debe darle preferencia a lo primero, es decir a lo que ocurre en el terreno
de los hechos o de la realidad, pues el Contrato de Trabajo constituye un contrato
real, esto se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el
2 servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha
relación;
SÉPTIMO: Que, de otro lado, conforme lo establece el artículo 1764º del Código
Civil por el Contrato de Locación de Servicios, el locador se obliga, sin estar
subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un
trabajo determinado, a cambio de una retribución; consecuentemente el objeto de
éste contrato es la realización de un servicio, es decir, de una actividad, sin
sujetarse a las órdenes de quién la encarga, en tanto que el ejecutante del servicio
debe efectuarlo según sus conocimientos, experiencia y habilidades; de lo que se
verifica que el Contrato de Trabajo, no tiene por objeto la promesa de un resultado
determinado en que el ejecutor del trabajo correría con el riesgo, sino sólo la
prestación de servicios, “un obrar”, no una obra como en el caso de la locación de
servicios;
OCTAVO: Que, asimismo el Contrato de Trabajo constituye un contrato
realidad, esto se tipifica por la forma y condiciones bajo las cuales se ha prestado el
servicio con prescindencia de la denominación que se le pudiese otorgar a dicha
relación; congruentemente con el citado principio, el primer párrafo del artículo 4°
del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto
Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, señala que
en toda prestación personal de servicios, remunerados y subordinados se presume
la existencia de un Contrato de Trabajo a plazo Indeterminado; que, siendo así
habiéndose demostrado, con prueba suficiente, como señalaremos en los
considerandos siguientes la existencia de una relación laboral, resulta arreglado a
derecho aplicar al caso de autos el Principio de la Primacía de la Realidad, conforme
así lo ha establecido el A quo en la recurrida;
NOVENO: En este aspecto respecto a la existencia de la relación laboral entre
las partes durante el período del 02.01.2007 al 30.04.2008, período en el cual la
demandada aduce la existencia de una relación civil; analizando tal argumento, se
debe tener en cuenta que del análisis del proceso se determina que de los medios
de prueba ofrecidos por el demandante se acredita la presencia de los elementos
esenciales de un contrato de trabajo como son, la prestación personal de servicios,
3 la remuneración, y la subordinación, que fueran debidamente numerados y
señalados en los considerandos décimo quinto a décimo octavo considerando de la
recurrida (remuneración periódica mensual contando con los recibos por
honorarios profesionales, ejercicio de la representación del empleador ante
terceros, entre otros), es más el propio contrato de locación de servicios, de fecha
01 de junio de 2007, fojas 179-182, cláusula OCTAVA refiere que “estará bajo la
supervisión del Jefe de la Oficina de Administración, quien estará facultado a exigir a
EL LOCADOR la aplicación y cumplimiento de los términos del presente contrato” ;
de los que se infiere que había una relación de dependencia entre las partes; y, por
las propias funciones desempeñadas por el accionante durante dicho periodo como
Apoyo de la Sub Dirección de Abastecimiento de la demandada, que como es
evidente, por su propia naturaleza, no pueden ser desempeñadas de forma
independiente, sino de manera subordinada, siendo este un elemento esencial de la
relación de trabajo; configurándose con ello un contrato de trabajo a plazo
indeterminado, por efecto de la consecuencia jurídica prevista en el artículo 4° del
Decreto Supremo N° 003-97-TR,
DÉCIMO: Que, los medios de prueba antes mencionados no han sido
desvirtuados por la emplazada según el artículo 27.3° de la Ley N° 26636 generando
la prueba en contrario en la etapa del proceso correspondiente, lo que
evidentemente denota que se ha ejercido control sobre la forma como se ejecutaba
la prestación, por lo que no podría inferirse que la labor se desarrolló de forma
autónoma; lo que evidentemente genera convencimiento que en los hechos el
demandante no habría sido contratado como locador de servicios para realizar
labores independientes, sino que sus funciones eran de dependencia recibiendo
ordenes constantes, por lo que sus labores no podrían entenderse como
autónomas en la demandada, con lo que se prueba que los servicios del actor se
encontraban sujetos a supervisión y fiscalización en la ejecución de los servicios, es
decir, atendiendo a las pautas y directrices para la realización de sus tareas, no
pudiendo autónoma e independientemente decidir en qué momento y de qué
forma desarrollarlas; lo que revela la subordinación del demandante; tanto más si
no se ha demostrado que estas labores se realizaron por cuenta propia. En ese
sentido, se tiene que el demandante prestó servicios para la demandada en forma
4 personal, remunerada y subordinada quedando acreditada la relación laboral entre
las partes;
UNDÉCIMO: Que, de lo antes señalado al acreditarse la existencia de una relación
laboral se ha producido la desnaturalización de los contratos de naturaleza civil, por
consiguiente, y habiéndose determinado que en la relación sustancial que se
configuró entre las partes, se han presentado los tres elementos esenciales de un
Contrato de Trabajo, y de conformidad con el artículo 4° del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N° 728, aprobado por Decreto Supremo N° 003–97–TR, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral, se determina que el periodo laborado
por el actor que va desde el 01 de julio de 2013 es un contrato de trabajo a plazo
indeterminado; razones por la que el agravio merece ser desestimado.
DUODÉCIMO: Finalmente en cuanto al agravio referido a que el juzgador al
reconocer la existencia de una relación de naturaleza laboral desconoce las normas
de presupuesto, así como el MOF y CAP de su representada, se debe señalar que si
bien el contrato de locación de servicios cubría la prestación de servicios no
previstas en el CAP (cláusula primera del contrato de locación) y que la selección
del demandante se produjo como resultado del Proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía N° 066-2007-OA/FONDEPES, también lo es que la naturaleza de la
prestación de servicios del accionante ha sido de naturaleza laboral cuya protección
tiene preeminencia sobre las normas administrativas invocadas por la demandada
para desconocerla dado que el carácter tuitivo de los derechos laborales viene
reconocido a nivel Constitucional.
DECIMOTERCERO: No está demás señala que el artículo 3 de la Ley 28175 – Ley
Marco del Empleo Público establece que los servidores públicos no pueden percibir
del Estado más de una remuneración, retribución, emolumento o cualquier otro
tipo de ingreso. Siendo incompatible la percepción simultánea de remuneración y
pensión por servicios prestados al Estado, siendo la única excepción la
remuneración por labor docente. Por tanto, la decisión del demandante de percibir
remuneración y pensión en forma simultánea deberá ser evaluado en lo
corresponda por la entidad del Estado a cargo de su pensión, habiendo cumplido la
5 demandada con poner en conocimiento de la misma como refiere en el escrito de
contestación a la demanda.
Por los fundamentos expuestos, la Juez Superior, con la autoridad que le confiere
el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, impartiendo justicia en
nombre de la Nación:
DECISIÓN:
CONFIRMAR la Sentencia expedida mediante Resolución N° 18 de fecha 22 de mayo
de 2017, corriente de fojas 339 a 360; que resuelve declarar Fundada en parte la
demanda, en consecuencia, ordeno que la demandada cumpla con pagar a favor
del demandante la suma de S/. 4,979.16 por concepto de Indemnización por
Despido Arbitrario, más intereses legales que liquidarán en etapa de ejecución de
sentencia, sin costos ni costas del proceso;
En los seguidos por MANUEL JORGE ENRIQUE GAMARRA LADERO contra FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES; sobre Pago de
Indemnización por Despido Arbitrario; y los devolvieron al Décimo Noveno Juzgado
de Trabajo Transitorio de Lima.
CUNYAS ZAMORA
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 8295-2008.
DEMANDANTE : SALOMÓN ROJAS VARGAS
(Sucesores Procesales de Salomón Rojas Vargas)
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
MATERIA : nulidad de resolución administrativa
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 05
Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.-
Vista la causa en Audiencia Pública, con el
Expediente Administrativo inserto en autos; interviene como Jueza Superior Ponente la
señora Cabello Arce; CONSIDERANDO :
PRIMERO.- viene en apelación a esta instancia superior, la sentencia contenida en
la Resolución número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos,
que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, y ordena a la entidad demandada
cumpla con expedir nueva resolución a favor de la sucesión de la demandante,
precisando: i. El pago del reintegro por el Seguro de Vida, según lo indicado en la
sentencia, considerando los intereses legales respectivos; y ii. Reajuste de la pensión
del recurrente según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF
(Ración Orgánica), y el artículo 9° de la Ley N° 28254 (bonificación especial), desde el
mes de Julio del año dos mil cuatro hasta la fecha, más los intereses legales dejados
de percibir; e INFUNDADA la demandada en los extremos referentes a la solicitud de
bonificación por costo de vida, compensación por movilidad y bonificación del Decreto
de Urgencia N° 040-96 y el pago de viáticos por regreso a la cuidad de Lima. La
apelación fue interpuesta por la entidad demandada y concedida por resolución
número 26 a fojas 507 de autos.
SEGUNDO: El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente,
conforme establece el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
presente caso.
Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo
"tantun devolutum quantum apellatum", según el cual el órgano judicial revisor solo se
pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; es decir,
1 respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros
sobre lo cuales debe versar la absolución del grado
TERCERO: agravios expuestos por la parte apelante .-
En su recurso de apelación inserto de fojas 495 a 506 de autos, la Marina de Guerra
del Perú, expone los siguientes agravios:
i. Respecto al pago de reintegro del beneficio de Seguro de Vida, señala que al
calcularse el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al demandante,
se está contraviniendo las disposiciones legales que sí son aplicables al caso concreto
como son: el Decreto Legislativo N° 847, la Ley N° 28411 y el Decreto de Urgencia N°
062-2009, según los cuales se le debe calcular su seguro de vida en base a la UIT del
año 1995.
iii. Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la ración orgánica
única establecida por los Decretos Supremos N° 040-2003-EF; en razón que solo es
para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni pensionable.
La naturaleza jurídica del Decreto Supremo N° 040-2003-EF fue incrementar el valor
orgánico, para el Personal Militar en situación en actividad, no teniendo dicho reajuste
carácter remunerativo o pensionable, y tampoco constituye base para el cálculo y/o
reajuste, únicamente procedía tal beneficio o personal militar en actividad más no al
personal que se encuentra en situación de retiro como es el caso concreto del actor.
iii. Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de asignación especial
establecido por la Ley N° 28254 de fecha 15 junio 2004, por cuanto dicho beneficio fue
otorgado únicamente al Personal Militar y Policial que contara con vínculo laboral
vigente a la fecha de la citada Ley, lo cual no es el caso del accionante por haberse
encontrado en situación militar de retiro.
iv. La asignación especial de S/. 50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se
encuentra derogada por la segunda disposición complementaria derogatoria del
Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre 2012.
v. El demandante desde el año 2018 viene cobrando su pensión igual a un personal del
mismo grado en situación de actividad; en razón que su pensión ha sido consolidada
en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 30683 de fecha 20 noviembre 2017 y su
Reglamento el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29 enero 2018, el cual en
su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N° 19846
no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la Remuneración consolidada
contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1132, indistintamente de la
fuente de financiamiento de la que provengan.
2 vi. La sentencia no se ha pronunciado ni desvirtuado en ninguno de sus extremos
respecto a la derogatoria de la Ley N° 28254 establecida por la segunda disposición
complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre
2012, así como a lo establecido por el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29
enero 2018, el cual en su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al
Decreto Ley N° 19846 no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la
Remuneración consolidada contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N°
1132, indistintamente de la fuente de financiamiento de la que provengan, por lo cual
dicha asignación especial no puede ser considerado en la pensión del demandante.
CUARTO.- En el caso de autos, el demandante plantea como pretensión se declare
la nulidad del documento V.200-944 de fecha 19 marzo 2008, y en consecuencia se
reconozcan los beneficios económicos que se detallan a continuación: a) se le
reintegre el Seguro de Vida con el monto de la UIT vigente en el año fiscal en que fue
pasado a la situación de retiro por Resolución de la Comandancia General de la Marina
N° 0543-97-CGMG del 12 junio 1997 por la causal “Incapacidad psicosomática”; b) se
le abone la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad ordenados en
favor de todos los pensionistas a cargo del Estado, por los Decreto Supremos N° 109-
90-PCM y 264-90-EF; c) se le pague por Ración Orgánica el monto señalado en el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF de fecha 21 marzo 2003, a razón de s/ 6.20 diarios
que al mes totaliza s/. 186.00; d) Se le pague la Bonificación especial ordenada por la
Ley N° 28254 de s/ 50.00 a partir de julio de 2004 y s/ 50.00 desde octubre del mismo
año; e) se le pague las dos remuneraciones por año por lo ordenado por el D.U. N°
040-1996; y f) se le pague los Viáticos que le corresponden por haber pasado a la
situación de retiro en Lima, cuando la mayor parte de sus servicios los ha prestado en
la Base Mollendo, cuyo monto asciende a s/10,000.00 soles. Como Pretensión
acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, demanda el pago de los intereses legales
moratorios sobre todos los conceptos demandados, cuyo monto exacto se establecerá
en la sentencia que ponga fin al proceso.
QUINTO : del examen de los actuados administrativos se advierte lo siguiente :
i. Por Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGMG de
fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de autos), se dispuso pasar al actor a la Situación de
Retiro por la causal de “incapacidad psicosomática”, afección contraída a consecuencia del
servicio, al presentar lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo;
asimismo, se dispuso abonar por única vez la indemnización por incapacidad física,
promoviéndolo económicamente al grado superior, cada cinco años y otorgar el Seguro de Vida
equivalente a veinte mil doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.
3 ii. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2008 (fojas 04 de autos), el actor solicitó el
reintegro del Seguro de Vida, la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad,
reintegro de la Ración Orgánica, el Pago de la Bonificación, el Pago de 2 remuneraciones por
año y los viáticos por haber pasado a la situación de retiro.
iii. Por Carta N° V.200-944 de fecha 19 marzo 2008 (fojas 05 a 06), el Departamento de
Expedientes y Pensiones del Ministerio de Defensa rechazo la solicitud del actor.
SEXTO.- Conforme se advierte de la sentencia apelada, el Juez A quo estimó solo
parcialmente la demanda, respecto de tres conceptos demandados por la parte
accionante, esto son: i. Reintegro por el Seguro de Vida; ii. Reajuste de la pensión
según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF (Ración
Orgánica); y iii. El pago de la Bonificación Especial establecida en el artículo 9° de la
Ley 28254. En ese sentido, dado que el pronunciamiento emitido por el A quo ha
sido apelado únicamente por la entidad demandada Marina de Guerra del Perú, solo
corresponde analizar los extremos de la pretensión que han sido concedidos al
demandante.
SÉTIMO.- En cuanto al Reintegro del Seguro de Vida, la entidad apelante sostiene
que se ha calculado el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al
actor, pues el Reglamento del Seguro de Vida para el Personal de las Fuerzas Armadas
considera el valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la
expedición de la Resolución que declara la invalidez o fallecimiento, por lo cual señala
que la sentencia impugnada resuelve desconociendo lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 847.
Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante el Decreto Ley N° 25755,
vigente desde el 01 de octubre de 1992, se unificó el seguro de vida del personal de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del Estado en un monto equivalente
a 15 UIT.
OCTAVO : Ahora bien, en cuanto al valor de la UIT aplicable para calcular el seguro
de vida, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3601-2007-PA/TC, fundamento 8
ha señalado lo siguiente: “Respecto al pago del seguro de vida y el valor de la UIT
este Tribunal ha establecido que corresponderá el monto de la UIT fijado a
la fecha en que se produjo la invalidez (cfr. SSTC 6148-200 A y 1501-2005-PA)”.
Eso significa que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha dejado
establecido que la fecha que debe tomarse en cuenta a efectos de determinar el monto
del beneficio materia de litis, es aquella en la que se produce la contingencia, esto es,
el día en que se produjo la invalidez.
4 NOVENO : En presente caso, del contenido de la Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG, se advierte que en sus considerandos se
indica que de acuerdo al Acta de Junta de Sanidad N° 071-97 de fecha 15 enero 1997,
el demandante presenta el diagnóstico de Fractura Antigua D-12, Cifo Escoliosis, con
tratamiento médico desde el 13 enero 1995, y que no está físicamente apto
para el Servicio Naval.
Asimismo de la revisión de la copia fedateada del Acta de Junta de Sanidad N° 071-97,
la cual obra a fojas 245 de autos, se advierte que la Junta de Sanidad Naval indicó lo
siguiente: “1.- Los suscritos reunidos en Junta, dictaminaron sobre la Capacidad del
T2.Man. Salomón Rojas Vargas, C.I.P. 06716051. (…) Condición: dotación. Situación
actual: Ambulatorio (13-01-95). Desde el 13-01-95 (…). 2. Resumen de la Historia
Clínica: El paciente SI tiene más de seis meses de servicios prestados a la Marina al
descubrirse la enfermedad. Cumple dos años de tratamiento: 13-01-97. (…) La Rx- del
13-01-98 muestra fractura en cuña de D-12 con aumento de la xifosis y se observa
leve escoliosis con forma tropezoidal de dicha vértebra. Evolución estacionaria. 3.-
Diagnóstico: El origen de la afección es debido a imprudencias, descuido, mala
conducta, y SI ha sido contraída a consecuencia directa del servicio”.
DÉCIMO : En ese sentido, de lo indicado podemos concluir que la invalidez para el
servicio del demandante se produjo en enero de 1995, hecho que motivó la emisión
de la Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGNG de fecha
1997, que dispuso pasar al demandante a la situación de retiro por la causal de
incapacidad psicosomática, afección contraída a consecuencia del servicio, al presentar
lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo.
En consecuencia, dado que el actor sufrió la invalidez durante la vigencia del Decreto
Supremo N° 178-94-EFM, el cual fijó como valor de UIT para el año 1995 en la suma
de S/ 2,000.00 nuevos soles, le corresponde por concepto de Seguro de Vida el monto
de S/. 30,000.00 (treinta mil y 00/100 soles); no obstante lo anotado, de los actuados
aparece que la entidad demandada abonó al actor por dicho concepto el monto de S/
20,250.00 soles.
DÉCIMO PRIMERO : conforme a lo señalado, al haber recibido el actor una
cantidad menor a la que le correspondía, la demandada debe reintegrarle la suma de
S/ 9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta y 00/100 soles), más el pago de los
intereses legales que se devenguen hasta la fecha del pago, de conformidad con el
artículo 1242° del Código Civil.
DÉCIMO SEGUNDO.- Respecto a la aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF,
que reajusta el valor de la Ración Orgánica Única y la Bonificación Especial establecida
5 por el artículo 9 de la Ley 28254; la entidad demandada señala que dichos beneficios
son única y exclusivamente para el personal militar y policial en situación de actividad.
Al respecto, el Decreto Supremo Nº 040-2003-EF, publicado el 22 marzo 2003,
establece lo siguiente:
“Artículo 1.- A partir del mes de marzo del año 2003, reajústese a SEIS CON 20/100 NUEVOS
SOLES (S/. 6.20) diarios, el valor de la Ración Orgánica Única, para el Personal Militar en
Situación de Actividad. Este reajuste no tiene carácter remunerativo o pensionable ni constituye
base para el cálculo y/o reajuste de beneficio, asignación o entrega alguna”.
Asimismo, con relación a la asignación especial solicitada, la Ley N° 28254, Ley que
autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal
2004, publicada el 15 junio 2004, señala:
“Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otorgase una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en situación de
actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales a partir del mes
de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales adicionales a
partir del mes de octubre del presente año.
9.2 El costo de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se financia con cargo al
crédito suplementario que aprueba la presente Ley.
9.3 Para efectos de lo dispuesto en este artículo, no es de aplicación lo establecido en el
artículo 10 literal i) primer párrafo del Decreto Ley Nº 19846, modificado por la Ley Nº 24640.
9.4 Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y
el Ministro de Economía y Finanzas, se emitirán, de ser necesario, las disposiciones
reglamentarias y complementarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo”.
DÉCIMO TERCERO.- No obstante lo anotado cabe señalar que el artículo único de la
Ley 25413, publicada el 12 marzo 1992, precisa las condiciones y los requisitos de la
pensión de invalidez regulada por el Decreto Ley 19846 y, especialmente, lo que
concierne al haber que por promoción económica les corresponde a estos pensionistas,
disponiendo lo siguiente: “
"Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y
permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de
ocurrido el acto invalidante. En el caso del personal en Servicio Militar Obligatorio,
cualquiera sea el grado o clase, la promoción económica inmediata corresponderá al
grado de Suboficial de Tercera o su equivalente. Dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos
y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad”.
DÉCIMO CUARTO : Sobre el tema referido a la aplicación del Decreto Supremo 040-
2003-EF y el pago de la asignación establecida por el artículo 9° de la Ley 28254, el
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
6 beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad, la
misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC 00504-
2009-PA/TC). (Ello ha citado, como ejemplo, en los Expedientes Nos. 01170 2012-
PA/TC, 06355-2013-PA/TC, 01163-2018-PA/TC, 00641-2022-PA/TC)
DÉCIMO QUINTO.- conforme a ello, puede concluirse que la pensión de invalidez o
incapacidad por acto o a consecuencia del servicio que se otorga a un servidor de del
Fuerzas Militares o Policiales, comprende sin distinciones el haber de todos los
goces y beneficios que por diversos conceptos y diferentes denominaciones perciban
los miembros de las instituciones militares y /o policiales en actividad, lo que significa
que dicha pensión de invalidez comprende tanto los conceptos pensionables como
los no pensionables. Siendo así, resulta claro para este Colegiado que la pensión del
actor debe comprender todos los conceptos que percibe un oficial en actividad de su
mismo grado.
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de autos, mediante Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG de fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de
autos), el recurrente paso a la Situación de Retiro por la causal de “incapacidad
psicosomática”, afección contraída a consecuencia del servicio; en ese sentido,
corresponde que se le otorgue el beneficio previsto por el Decreto Supremo 040-2003-
EF que dispuso, que a partir de marzo de 2003, se debe reajustar a S/. 6.20 diarios el
valor de la Ración Orgánica Única al personal militar en situación en actividad, y el
beneficio regulado por el artículo 9 de la Ley 28254.
DÉCIMO SÉTIMO.- La entidad apelante sostiene que la asignación especial de S/.
50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se encuentra derogada por la segunda
disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09
diciembre 2012.
Al respecto, se advierte la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del
Decreto Legislativo Nº 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú,
publicada el 09 diciembre 2012, dispuso lo siguiente: “Deróguese o déjese sin efecto
según corresponda, las disposiciones relativas a las remuneraciones, bonificaciones y otros
beneficios del personal militar y policial en situación de actividad contenidas en los siguientes
dispositivos legales: (…) - Ley Nº 28254”.
Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
1133, publicado el mismo día, esto es, el 09 diciembre 2012, señala: “Las
modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de
ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
7 Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto
Ley Nº 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones”.
En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto en este último dispositivo, Decreto Legislativo
Nº 1133, al demandante no se le resulta aplicable la Segunda Disposición
Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1132; por lo cual éste
argumento merecer ser desestimado.
DÉCIMO OCTAVO : abundando en razones, lo anotado también ha sido señalado
por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01170 2012-PA/TC, proceso
sobre acción de amparo en el cual el demandante solicitaba el otorgamiento de los
mismos beneficios (aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF, que reajusta el valor de la
Ración Orgánica Única, a su pensión de invalidez que percibe de acuerdo con el Decreto Ley
19846; y el pago de la asignación establecida por el artículo 9 de la Ley 28254), y donde el
Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo, concediendo tales
beneficios, estableciendo lo siguiente: “ (…)10. Sin perjuicio de lo expuesto, debe
precisarse que el Decreto Supremo 040-2003- ET y la Ley 28254 han sido derogados con fecha
09 de diciembre de 2012 por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N°
1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las
modificaciones establecidas en el mencionado Decreto Legislativo no alcanzan a los actuales
pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846, por lo que no se reestructurarán
sus pensiones, tal como lo regula la Segunda Disposición Complementaria y Final del
Decreto Legislativo 1133, norma para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones
del personal militar y policial”.
DÉCIMO NOVENO: conforme a lo anotado precedentemente, todos los
argumentos que sirven de sustento al recurso de apelación quedan desvirtuados,
concluyéndose que la sentencia venida en grado se encuentra expedida con arreglo a
derecho, toda vez que al denegar el derecho solicitado por el accionante, la
Administración ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del
artículo 10° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas, este
Colegiado RESUELVE : CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución
número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos, que declaró
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, con lo demás que contiene, y es materia de la
apelación. En los seguidos por Salomón Rojas Vargas contra la Marina de Guerra del Perú, sobre impugnación
de resolución administrativa; Notifíquese.-
CABELLO ARCE ENCINAS LLANOS MEDINA PERALTA
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 8295-2008.
DEMANDANTE : SALOMÓN ROJAS VARGAS
(Sucesores Procesales de Salomón Rojas Vargas)
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
MATERIA : nulidad de resolución administrativa
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 05
Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.-
Vista la causa en Audiencia Pública, con el
Expediente Administrativo inserto en autos; interviene como Jueza Superior Ponente la
señora Cabello Arce; CONSIDERANDO :
PRIMERO.- viene en apelación a esta instancia superior, la sentencia contenida en
la Resolución número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos,
que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, y ordena a la entidad demandada
cumpla con expedir nueva resolución a favor de la sucesión de la demandante,
precisando: i. El pago del reintegro por el Seguro de Vida, según lo indicado en la
sentencia, considerando los intereses legales respectivos; y ii. Reajuste de la pensión
del recurrente según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF
(Ración Orgánica), y el artículo 9° de la Ley N° 28254 (bonificación especial), desde el
mes de Julio del año dos mil cuatro hasta la fecha, más los intereses legales dejados
de percibir; e INFUNDADA la demandada en los extremos referentes a la solicitud de
bonificación por costo de vida, compensación por movilidad y bonificación del Decreto
de Urgencia N° 040-96 y el pago de viáticos por regreso a la cuidad de Lima. La
apelación fue interpuesta por la entidad demandada y concedida por resolución
número 26 a fojas 507 de autos.
SEGUNDO: El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente,
conforme establece el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
presente caso.
Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo
"tantun devolutum quantum apellatum", según el cual el órgano judicial revisor solo se
pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; es decir,
1 respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros
sobre lo cuales debe versar la absolución del grado
TERCERO: agravios expuestos por la parte apelante .-
En su recurso de apelación inserto de fojas 495 a 506 de autos, la Marina de Guerra
del Perú, expone los siguientes agravios:
i. Respecto al pago de reintegro del beneficio de Seguro de Vida, señala que al
calcularse el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al demandante,
se está contraviniendo las disposiciones legales que sí son aplicables al caso concreto
como son: el Decreto Legislativo N° 847, la Ley N° 28411 y el Decreto de Urgencia N°
062-2009, según los cuales se le debe calcular su seguro de vida en base a la UIT del
año 1995.
iii. Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la ración orgánica
única establecida por los Decretos Supremos N° 040-2003-EF; en razón que solo es
para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni pensionable.
La naturaleza jurídica del Decreto Supremo N° 040-2003-EF fue incrementar el valor
orgánico, para el Personal Militar en situación en actividad, no teniendo dicho reajuste
carácter remunerativo o pensionable, y tampoco constituye base para el cálculo y/o
reajuste, únicamente procedía tal beneficio o personal militar en actividad más no al
personal que se encuentra en situación de retiro como es el caso concreto del actor.
iii. Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de asignación especial
establecido por la Ley N° 28254 de fecha 15 junio 2004, por cuanto dicho beneficio fue
otorgado únicamente al Personal Militar y Policial que contara con vínculo laboral
vigente a la fecha de la citada Ley, lo cual no es el caso del accionante por haberse
encontrado en situación militar de retiro.
iv. La asignación especial de S/. 50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se
encuentra derogada por la segunda disposición complementaria derogatoria del
Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre 2012.
v. El demandante desde el año 2018 viene cobrando su pensión igual a un personal del
mismo grado en situación de actividad; en razón que su pensión ha sido consolidada
en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 30683 de fecha 20 noviembre 2017 y su
Reglamento el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29 enero 2018, el cual en
su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N° 19846
no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la Remuneración consolidada
contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1132, indistintamente de la
fuente de financiamiento de la que provengan.
2 vi. La sentencia no se ha pronunciado ni desvirtuado en ninguno de sus extremos
respecto a la derogatoria de la Ley N° 28254 establecida por la segunda disposición
complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre
2012, así como a lo establecido por el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29
enero 2018, el cual en su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al
Decreto Ley N° 19846 no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la
Remuneración consolidada contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N°
1132, indistintamente de la fuente de financiamiento de la que provengan, por lo cual
dicha asignación especial no puede ser considerado en la pensión del demandante.
CUARTO.- En el caso de autos, el demandante plantea como pretensión se declare
la nulidad del documento V.200-944 de fecha 19 marzo 2008, y en consecuencia se
reconozcan los beneficios económicos que se detallan a continuación: a) se le
reintegre el Seguro de Vida con el monto de la UIT vigente en el año fiscal en que fue
pasado a la situación de retiro por Resolución de la Comandancia General de la Marina
N° 0543-97-CGMG del 12 junio 1997 por la causal “Incapacidad psicosomática”; b) se
le abone la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad ordenados en
favor de todos los pensionistas a cargo del Estado, por los Decreto Supremos N° 109-
90-PCM y 264-90-EF; c) se le pague por Ración Orgánica el monto señalado en el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF de fecha 21 marzo 2003, a razón de s/ 6.20 diarios
que al mes totaliza s/. 186.00; d) Se le pague la Bonificación especial ordenada por la
Ley N° 28254 de s/ 50.00 a partir de julio de 2004 y s/ 50.00 desde octubre del mismo
año; e) se le pague las dos remuneraciones por año por lo ordenado por el D.U. N°
040-1996; y f) se le pague los Viáticos que le corresponden por haber pasado a la
situación de retiro en Lima, cuando la mayor parte de sus servicios los ha prestado en
la Base Mollendo, cuyo monto asciende a s/10,000.00 soles. Como Pretensión
acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, demanda el pago de los intereses legales
moratorios sobre todos los conceptos demandados, cuyo monto exacto se establecerá
en la sentencia que ponga fin al proceso.
QUINTO : del examen de los actuados administrativos se advierte lo siguiente :
i. Por Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGMG de
fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de autos), se dispuso pasar al actor a la Situación de
Retiro por la causal de “incapacidad psicosomática”, afección contraída a consecuencia del
servicio, al presentar lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo;
asimismo, se dispuso abonar por única vez la indemnización por incapacidad física,
promoviéndolo económicamente al grado superior, cada cinco años y otorgar el Seguro de Vida
equivalente a veinte mil doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.
3 ii. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2008 (fojas 04 de autos), el actor solicitó el
reintegro del Seguro de Vida, la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad,
reintegro de la Ración Orgánica, el Pago de la Bonificación, el Pago de 2 remuneraciones por
año y los viáticos por haber pasado a la situación de retiro.
iii. Por Carta N° V.200-944 de fecha 19 marzo 2008 (fojas 05 a 06), el Departamento de
Expedientes y Pensiones del Ministerio de Defensa rechazo la solicitud del actor.
SEXTO.- Conforme se advierte de la sentencia apelada, el Juez A quo estimó solo
parcialmente la demanda, respecto de tres conceptos demandados por la parte
accionante, esto son: i. Reintegro por el Seguro de Vida; ii. Reajuste de la pensión
según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF (Ración
Orgánica); y iii. El pago de la Bonificación Especial establecida en el artículo 9° de la
Ley 28254. En ese sentido, dado que el pronunciamiento emitido por el A quo ha
sido apelado únicamente por la entidad demandada Marina de Guerra del Perú, solo
corresponde analizar los extremos de la pretensión que han sido concedidos al
demandante.
SÉTIMO.- En cuanto al Reintegro del Seguro de Vida, la entidad apelante sostiene
que se ha calculado el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al
actor, pues el Reglamento del Seguro de Vida para el Personal de las Fuerzas Armadas
considera el valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la
expedición de la Resolución que declara la invalidez o fallecimiento, por lo cual señala
que la sentencia impugnada resuelve desconociendo lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 847.
Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante el Decreto Ley N° 25755,
vigente desde el 01 de octubre de 1992, se unificó el seguro de vida del personal de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del Estado en un monto equivalente
a 15 UIT.
OCTAVO : Ahora bien, en cuanto al valor de la UIT aplicable para calcular el seguro
de vida, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3601-2007-PA/TC, fundamento 8
ha señalado lo siguiente: “Respecto al pago del seguro de vida y el valor de la UIT
este Tribunal ha establecido que corresponderá el monto de la UIT fijado a
la fecha en que se produjo la invalidez (cfr. SSTC 6148-200 A y 1501-2005-PA)”.
Eso significa que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha dejado
establecido que la fecha que debe tomarse en cuenta a efectos de determinar el monto
del beneficio materia de litis, es aquella en la que se produce la contingencia, esto es,
el día en que se produjo la invalidez.
4 NOVENO : En presente caso, del contenido de la Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG, se advierte que en sus considerandos se
indica que de acuerdo al Acta de Junta de Sanidad N° 071-97 de fecha 15 enero 1997,
el demandante presenta el diagnóstico de Fractura Antigua D-12, Cifo Escoliosis, con
tratamiento médico desde el 13 enero 1995, y que no está físicamente apto
para el Servicio Naval.
Asimismo de la revisión de la copia fedateada del Acta de Junta de Sanidad N° 071-97,
la cual obra a fojas 245 de autos, se advierte que la Junta de Sanidad Naval indicó lo
siguiente: “1.- Los suscritos reunidos en Junta, dictaminaron sobre la Capacidad del
T2.Man. Salomón Rojas Vargas, C.I.P. 06716051. (…) Condición: dotación. Situación
actual: Ambulatorio (13-01-95). Desde el 13-01-95 (…). 2. Resumen de la Historia
Clínica: El paciente SI tiene más de seis meses de servicios prestados a la Marina al
descubrirse la enfermedad. Cumple dos años de tratamiento: 13-01-97. (…) La Rx- del
13-01-98 muestra fractura en cuña de D-12 con aumento de la xifosis y se observa
leve escoliosis con forma tropezoidal de dicha vértebra. Evolución estacionaria. 3.-
Diagnóstico: El origen de la afección es debido a imprudencias, descuido, mala
conducta, y SI ha sido contraída a consecuencia directa del servicio”.
DÉCIMO : En ese sentido, de lo indicado podemos concluir que la invalidez para el
servicio del demandante se produjo en enero de 1995, hecho que motivó la emisión
de la Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGNG de fecha
1997, que dispuso pasar al demandante a la situación de retiro por la causal de
incapacidad psicosomática, afección contraída a consecuencia del servicio, al presentar
lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo.
En consecuencia, dado que el actor sufrió la invalidez durante la vigencia del Decreto
Supremo N° 178-94-EFM, el cual fijó como valor de UIT para el año 1995 en la suma
de S/ 2,000.00 nuevos soles, le corresponde por concepto de Seguro de Vida el monto
de S/. 30,000.00 (treinta mil y 00/100 soles); no obstante lo anotado, de los actuados
aparece que la entidad demandada abonó al actor por dicho concepto el monto de S/
20,250.00 soles.
DÉCIMO PRIMERO : conforme a lo señalado, al haber recibido el actor una
cantidad menor a la que le correspondía, la demandada debe reintegrarle la suma de
S/ 9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta y 00/100 soles), más el pago de los
intereses legales que se devenguen hasta la fecha del pago, de conformidad con el
artículo 1242° del Código Civil.
DÉCIMO SEGUNDO.- Respecto a la aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF,
que reajusta el valor de la Ración Orgánica Única y la Bonificación Especial establecida
5 por el artículo 9 de la Ley 28254; la entidad demandada señala que dichos beneficios
son única y exclusivamente para el personal militar y policial en situación de actividad.
Al respecto, el Decreto Supremo Nº 040-2003-EF, publicado el 22 marzo 2003,
establece lo siguiente:
“Artículo 1.- A partir del mes de marzo del año 2003, reajústese a SEIS CON 20/100 NUEVOS
SOLES (S/. 6.20) diarios, el valor de la Ración Orgánica Única, para el Personal Militar en
Situación de Actividad. Este reajuste no tiene carácter remunerativo o pensionable ni constituye
base para el cálculo y/o reajuste de beneficio, asignación o entrega alguna”.
Asimismo, con relación a la asignación especial solicitada, la Ley N° 28254, Ley que
autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal
2004, publicada el 15 junio 2004, señala:
“Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otorgase una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en situación de
actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales a partir del mes
de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales adicionales a
partir del mes de octubre del presente año.
9.2 El costo de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se financia con cargo al
crédito suplementario que aprueba la presente Ley.
9.3 Para efectos de lo dispuesto en este artículo, no es de aplicación lo establecido en el
artículo 10 literal i) primer párrafo del Decreto Ley Nº 19846, modificado por la Ley Nº 24640.
9.4 Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y
el Ministro de Economía y Finanzas, se emitirán, de ser necesario, las disposiciones
reglamentarias y complementarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo”.
DÉCIMO TERCERO.- No obstante lo anotado cabe señalar que el artículo único de la
Ley 25413, publicada el 12 marzo 1992, precisa las condiciones y los requisitos de la
pensión de invalidez regulada por el Decreto Ley 19846 y, especialmente, lo que
concierne al haber que por promoción económica les corresponde a estos pensionistas,
disponiendo lo siguiente: “
"Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y
permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de
ocurrido el acto invalidante. En el caso del personal en Servicio Militar Obligatorio,
cualquiera sea el grado o clase, la promoción económica inmediata corresponderá al
grado de Suboficial de Tercera o su equivalente. Dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos
y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad”.
DÉCIMO CUARTO : Sobre el tema referido a la aplicación del Decreto Supremo 040-
2003-EF y el pago de la asignación establecida por el artículo 9° de la Ley 28254, el
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
6 beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad, la
misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC 00504-
2009-PA/TC). (Ello ha citado, como ejemplo, en los Expedientes Nos. 01170 2012-
PA/TC, 06355-2013-PA/TC, 01163-2018-PA/TC, 00641-2022-PA/TC)
DÉCIMO QUINTO.- conforme a ello, puede concluirse que la pensión de invalidez o
incapacidad por acto o a consecuencia del servicio que se otorga a un servidor de del
Fuerzas Militares o Policiales, comprende sin distinciones el haber de todos los
goces y beneficios que por diversos conceptos y diferentes denominaciones perciban
los miembros de las instituciones militares y /o policiales en actividad, lo que significa
que dicha pensión de invalidez comprende tanto los conceptos pensionables como
los no pensionables. Siendo así, resulta claro para este Colegiado que la pensión del
actor debe comprender todos los conceptos que percibe un oficial en actividad de su
mismo grado.
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de autos, mediante Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG de fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de
autos), el recurrente paso a la Situación de Retiro por la causal de “incapacidad
psicosomática”, afección contraída a consecuencia del servicio; en ese sentido,
corresponde que se le otorgue el beneficio previsto por el Decreto Supremo 040-2003-
EF que dispuso, que a partir de marzo de 2003, se debe reajustar a S/. 6.20 diarios el
valor de la Ración Orgánica Única al personal militar en situación en actividad, y el
beneficio regulado por el artículo 9 de la Ley 28254.
DÉCIMO SÉTIMO.- La entidad apelante sostiene que la asignación especial de S/.
50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se encuentra derogada por la segunda
disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09
diciembre 2012.
Al respecto, se advierte la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del
Decreto Legislativo Nº 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú,
publicada el 09 diciembre 2012, dispuso lo siguiente: “Deróguese o déjese sin efecto
según corresponda, las disposiciones relativas a las remuneraciones, bonificaciones y otros
beneficios del personal militar y policial en situación de actividad contenidas en los siguientes
dispositivos legales: (…) - Ley Nº 28254”.
Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
1133, publicado el mismo día, esto es, el 09 diciembre 2012, señala: “Las
modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de
ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
7 Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto
Ley Nº 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones”.
En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto en este último dispositivo, Decreto Legislativo
Nº 1133, al demandante no se le resulta aplicable la Segunda Disposición
Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1132; por lo cual éste
argumento merecer ser desestimado.
DÉCIMO OCTAVO : abundando en razones, lo anotado también ha sido señalado
por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01170 2012-PA/TC, proceso
sobre acción de amparo en el cual el demandante solicitaba el otorgamiento de los
mismos beneficios (aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF, que reajusta el valor de la
Ración Orgánica Única, a su pensión de invalidez que percibe de acuerdo con el Decreto Ley
19846; y el pago de la asignación establecida por el artículo 9 de la Ley 28254), y donde el
Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo, concediendo tales
beneficios, estableciendo lo siguiente: “ (…)10. Sin perjuicio de lo expuesto, debe
precisarse que el Decreto Supremo 040-2003- ET y la Ley 28254 han sido derogados con fecha
09 de diciembre de 2012 por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N°
1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las
modificaciones establecidas en el mencionado Decreto Legislativo no alcanzan a los actuales
pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846, por lo que no se reestructurarán
sus pensiones, tal como lo regula la Segunda Disposición Complementaria y Final del
Decreto Legislativo 1133, norma para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones
del personal militar y policial”.
DÉCIMO NOVENO: conforme a lo anotado precedentemente, todos los
argumentos que sirven de sustento al recurso de apelación quedan desvirtuados,
concluyéndose que la sentencia venida en grado se encuentra expedida con arreglo a
derecho, toda vez que al denegar el derecho solicitado por el accionante, la
Administración ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del
artículo 10° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas, este
Colegiado RESUELVE : CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución
número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos, que declaró
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, con lo demás que contiene, y es materia de la
apelación. En los seguidos por Salomón Rojas Vargas contra la Marina de Guerra del Perú, sobre impugnación
de resolución administrativa; Notifíquese.-
CABELLO ARCE ENCINAS LLANOS MEDINA PERALTA
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 8295-2008.
DEMANDANTE : SALOMÓN ROJAS VARGAS
(Sucesores Procesales de Salomón Rojas Vargas)
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
MATERIA : nulidad de resolución administrativa
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 05
Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.-
Vista la causa en Audiencia Pública, con el
Expediente Administrativo inserto en autos; interviene como Jueza Superior Ponente la
señora Cabello Arce; CONSIDERANDO :
PRIMERO.- viene en apelación a esta instancia superior, la sentencia contenida en
la Resolución número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos,
que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, y ordena a la entidad demandada
cumpla con expedir nueva resolución a favor de la sucesión de la demandante,
precisando: i. El pago del reintegro por el Seguro de Vida, según lo indicado en la
sentencia, considerando los intereses legales respectivos; y ii. Reajuste de la pensión
del recurrente según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF
(Ración Orgánica), y el artículo 9° de la Ley N° 28254 (bonificación especial), desde el
mes de Julio del año dos mil cuatro hasta la fecha, más los intereses legales dejados
de percibir; e INFUNDADA la demandada en los extremos referentes a la solicitud de
bonificación por costo de vida, compensación por movilidad y bonificación del Decreto
de Urgencia N° 040-96 y el pago de viáticos por regreso a la cuidad de Lima. La
apelación fue interpuesta por la entidad demandada y concedida por resolución
número 26 a fojas 507 de autos.
SEGUNDO: El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente,
conforme establece el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
presente caso.
Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo
"tantun devolutum quantum apellatum", según el cual el órgano judicial revisor solo se
pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; es decir,
1 respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros
sobre lo cuales debe versar la absolución del grado
TERCERO: agravios expuestos por la parte apelante .-
En su recurso de apelación inserto de fojas 495 a 506 de autos, la Marina de Guerra
del Perú, expone los siguientes agravios:
i. Respecto al pago de reintegro del beneficio de Seguro de Vida, señala que al
calcularse el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al demandante,
se está contraviniendo las disposiciones legales que sí son aplicables al caso concreto
como son: el Decreto Legislativo N° 847, la Ley N° 28411 y el Decreto de Urgencia N°
062-2009, según los cuales se le debe calcular su seguro de vida en base a la UIT del
año 1995.
iii. Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la ración orgánica
única establecida por los Decretos Supremos N° 040-2003-EF; en razón que solo es
para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni pensionable.
La naturaleza jurídica del Decreto Supremo N° 040-2003-EF fue incrementar el valor
orgánico, para el Personal Militar en situación en actividad, no teniendo dicho reajuste
carácter remunerativo o pensionable, y tampoco constituye base para el cálculo y/o
reajuste, únicamente procedía tal beneficio o personal militar en actividad más no al
personal que se encuentra en situación de retiro como es el caso concreto del actor.
iii. Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de asignación especial
establecido por la Ley N° 28254 de fecha 15 junio 2004, por cuanto dicho beneficio fue
otorgado únicamente al Personal Militar y Policial que contara con vínculo laboral
vigente a la fecha de la citada Ley, lo cual no es el caso del accionante por haberse
encontrado en situación militar de retiro.
iv. La asignación especial de S/. 50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se
encuentra derogada por la segunda disposición complementaria derogatoria del
Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre 2012.
v. El demandante desde el año 2018 viene cobrando su pensión igual a un personal del
mismo grado en situación de actividad; en razón que su pensión ha sido consolidada
en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 30683 de fecha 20 noviembre 2017 y su
Reglamento el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29 enero 2018, el cual en
su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N° 19846
no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la Remuneración consolidada
contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1132, indistintamente de la
fuente de financiamiento de la que provengan.
2 vi. La sentencia no se ha pronunciado ni desvirtuado en ninguno de sus extremos
respecto a la derogatoria de la Ley N° 28254 establecida por la segunda disposición
complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre
2012, así como a lo establecido por el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29
enero 2018, el cual en su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al
Decreto Ley N° 19846 no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la
Remuneración consolidada contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N°
1132, indistintamente de la fuente de financiamiento de la que provengan, por lo cual
dicha asignación especial no puede ser considerado en la pensión del demandante.
CUARTO.- En el caso de autos, el demandante plantea como pretensión se declare
la nulidad del documento V.200-944 de fecha 19 marzo 2008, y en consecuencia se
reconozcan los beneficios económicos que se detallan a continuación: a) se le
reintegre el Seguro de Vida con el monto de la UIT vigente en el año fiscal en que fue
pasado a la situación de retiro por Resolución de la Comandancia General de la Marina
N° 0543-97-CGMG del 12 junio 1997 por la causal “Incapacidad psicosomática”; b) se
le abone la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad ordenados en
favor de todos los pensionistas a cargo del Estado, por los Decreto Supremos N° 109-
90-PCM y 264-90-EF; c) se le pague por Ración Orgánica el monto señalado en el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF de fecha 21 marzo 2003, a razón de s/ 6.20 diarios
que al mes totaliza s/. 186.00; d) Se le pague la Bonificación especial ordenada por la
Ley N° 28254 de s/ 50.00 a partir de julio de 2004 y s/ 50.00 desde octubre del mismo
año; e) se le pague las dos remuneraciones por año por lo ordenado por el D.U. N°
040-1996; y f) se le pague los Viáticos que le corresponden por haber pasado a la
situación de retiro en Lima, cuando la mayor parte de sus servicios los ha prestado en
la Base Mollendo, cuyo monto asciende a s/10,000.00 soles. Como Pretensión
acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, demanda el pago de los intereses legales
moratorios sobre todos los conceptos demandados, cuyo monto exacto se establecerá
en la sentencia que ponga fin al proceso.
QUINTO : del examen de los actuados administrativos se advierte lo siguiente :
i. Por Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGMG de
fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de autos), se dispuso pasar al actor a la Situación de
Retiro por la causal de “incapacidad psicosomática”, afección contraída a consecuencia del
servicio, al presentar lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo;
asimismo, se dispuso abonar por única vez la indemnización por incapacidad física,
promoviéndolo económicamente al grado superior, cada cinco años y otorgar el Seguro de Vida
equivalente a veinte mil doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.
3 ii. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2008 (fojas 04 de autos), el actor solicitó el
reintegro del Seguro de Vida, la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad,
reintegro de la Ración Orgánica, el Pago de la Bonificación, el Pago de 2 remuneraciones por
año y los viáticos por haber pasado a la situación de retiro.
iii. Por Carta N° V.200-944 de fecha 19 marzo 2008 (fojas 05 a 06), el Departamento de
Expedientes y Pensiones del Ministerio de Defensa rechazo la solicitud del actor.
SEXTO.- Conforme se advierte de la sentencia apelada, el Juez A quo estimó solo
parcialmente la demanda, respecto de tres conceptos demandados por la parte
accionante, esto son: i. Reintegro por el Seguro de Vida; ii. Reajuste de la pensión
según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF (Ración
Orgánica); y iii. El pago de la Bonificación Especial establecida en el artículo 9° de la
Ley 28254. En ese sentido, dado que el pronunciamiento emitido por el A quo ha
sido apelado únicamente por la entidad demandada Marina de Guerra del Perú, solo
corresponde analizar los extremos de la pretensión que han sido concedidos al
demandante.
SÉTIMO.- En cuanto al Reintegro del Seguro de Vida, la entidad apelante sostiene
que se ha calculado el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al
actor, pues el Reglamento del Seguro de Vida para el Personal de las Fuerzas Armadas
considera el valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la
expedición de la Resolución que declara la invalidez o fallecimiento, por lo cual señala
que la sentencia impugnada resuelve desconociendo lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 847.
Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante el Decreto Ley N° 25755,
vigente desde el 01 de octubre de 1992, se unificó el seguro de vida del personal de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del Estado en un monto equivalente
a 15 UIT.
OCTAVO : Ahora bien, en cuanto al valor de la UIT aplicable para calcular el seguro
de vida, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3601-2007-PA/TC, fundamento 8
ha señalado lo siguiente: “Respecto al pago del seguro de vida y el valor de la UIT
este Tribunal ha establecido que corresponderá el monto de la UIT fijado a
la fecha en que se produjo la invalidez (cfr. SSTC 6148-200 A y 1501-2005-PA)”.
Eso significa que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha dejado
establecido que la fecha que debe tomarse en cuenta a efectos de determinar el monto
del beneficio materia de litis, es aquella en la que se produce la contingencia, esto es,
el día en que se produjo la invalidez.
4 NOVENO : En presente caso, del contenido de la Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG, se advierte que en sus considerandos se
indica que de acuerdo al Acta de Junta de Sanidad N° 071-97 de fecha 15 enero 1997,
el demandante presenta el diagnóstico de Fractura Antigua D-12, Cifo Escoliosis, con
tratamiento médico desde el 13 enero 1995, y que no está físicamente apto
para el Servicio Naval.
Asimismo de la revisión de la copia fedateada del Acta de Junta de Sanidad N° 071-97,
la cual obra a fojas 245 de autos, se advierte que la Junta de Sanidad Naval indicó lo
siguiente: “1.- Los suscritos reunidos en Junta, dictaminaron sobre la Capacidad del
T2.Man. Salomón Rojas Vargas, C.I.P. 06716051. (…) Condición: dotación. Situación
actual: Ambulatorio (13-01-95). Desde el 13-01-95 (…). 2. Resumen de la Historia
Clínica: El paciente SI tiene más de seis meses de servicios prestados a la Marina al
descubrirse la enfermedad. Cumple dos años de tratamiento: 13-01-97. (…) La Rx- del
13-01-98 muestra fractura en cuña de D-12 con aumento de la xifosis y se observa
leve escoliosis con forma tropezoidal de dicha vértebra. Evolución estacionaria. 3.-
Diagnóstico: El origen de la afección es debido a imprudencias, descuido, mala
conducta, y SI ha sido contraída a consecuencia directa del servicio”.
DÉCIMO : En ese sentido, de lo indicado podemos concluir que la invalidez para el
servicio del demandante se produjo en enero de 1995, hecho que motivó la emisión
de la Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGNG de fecha
1997, que dispuso pasar al demandante a la situación de retiro por la causal de
incapacidad psicosomática, afección contraída a consecuencia del servicio, al presentar
lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo.
En consecuencia, dado que el actor sufrió la invalidez durante la vigencia del Decreto
Supremo N° 178-94-EFM, el cual fijó como valor de UIT para el año 1995 en la suma
de S/ 2,000.00 nuevos soles, le corresponde por concepto de Seguro de Vida el monto
de S/. 30,000.00 (treinta mil y 00/100 soles); no obstante lo anotado, de los actuados
aparece que la entidad demandada abonó al actor por dicho concepto el monto de S/
20,250.00 soles.
DÉCIMO PRIMERO : conforme a lo señalado, al haber recibido el actor una
cantidad menor a la que le correspondía, la demandada debe reintegrarle la suma de
S/ 9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta y 00/100 soles), más el pago de los
intereses legales que se devenguen hasta la fecha del pago, de conformidad con el
artículo 1242° del Código Civil.
DÉCIMO SEGUNDO.- Respecto a la aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF,
que reajusta el valor de la Ración Orgánica Única y la Bonificación Especial establecida
5 por el artículo 9 de la Ley 28254; la entidad demandada señala que dichos beneficios
son única y exclusivamente para el personal militar y policial en situación de actividad.
Al respecto, el Decreto Supremo Nº 040-2003-EF, publicado el 22 marzo 2003,
establece lo siguiente:
“Artículo 1.- A partir del mes de marzo del año 2003, reajústese a SEIS CON 20/100 NUEVOS
SOLES (S/. 6.20) diarios, el valor de la Ración Orgánica Única, para el Personal Militar en
Situación de Actividad. Este reajuste no tiene carácter remunerativo o pensionable ni constituye
base para el cálculo y/o reajuste de beneficio, asignación o entrega alguna”.
Asimismo, con relación a la asignación especial solicitada, la Ley N° 28254, Ley que
autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal
2004, publicada el 15 junio 2004, señala:
“Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otorgase una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en situación de
actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales a partir del mes
de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales adicionales a
partir del mes de octubre del presente año.
9.2 El costo de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se financia con cargo al
crédito suplementario que aprueba la presente Ley.
9.3 Para efectos de lo dispuesto en este artículo, no es de aplicación lo establecido en el
artículo 10 literal i) primer párrafo del Decreto Ley Nº 19846, modificado por la Ley Nº 24640.
9.4 Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y
el Ministro de Economía y Finanzas, se emitirán, de ser necesario, las disposiciones
reglamentarias y complementarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo”.
DÉCIMO TERCERO.- No obstante lo anotado cabe señalar que el artículo único de la
Ley 25413, publicada el 12 marzo 1992, precisa las condiciones y los requisitos de la
pensión de invalidez regulada por el Decreto Ley 19846 y, especialmente, lo que
concierne al haber que por promoción económica les corresponde a estos pensionistas,
disponiendo lo siguiente: “
"Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y
permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de
ocurrido el acto invalidante. En el caso del personal en Servicio Militar Obligatorio,
cualquiera sea el grado o clase, la promoción económica inmediata corresponderá al
grado de Suboficial de Tercera o su equivalente. Dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos
y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad”.
DÉCIMO CUARTO : Sobre el tema referido a la aplicación del Decreto Supremo 040-
2003-EF y el pago de la asignación establecida por el artículo 9° de la Ley 28254, el
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
6 beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad, la
misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC 00504-
2009-PA/TC). (Ello ha citado, como ejemplo, en los Expedientes Nos. 01170 2012-
PA/TC, 06355-2013-PA/TC, 01163-2018-PA/TC, 00641-2022-PA/TC)
DÉCIMO QUINTO.- conforme a ello, puede concluirse que la pensión de invalidez o
incapacidad por acto o a consecuencia del servicio que se otorga a un servidor de del
Fuerzas Militares o Policiales, comprende sin distinciones el haber de todos los
goces y beneficios que por diversos conceptos y diferentes denominaciones perciban
los miembros de las instituciones militares y /o policiales en actividad, lo que significa
que dicha pensión de invalidez comprende tanto los conceptos pensionables como
los no pensionables. Siendo así, resulta claro para este Colegiado que la pensión del
actor debe comprender todos los conceptos que percibe un oficial en actividad de su
mismo grado.
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de autos, mediante Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG de fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de
autos), el recurrente paso a la Situación de Retiro por la causal de “incapacidad
psicosomática”, afección contraída a consecuencia del servicio; en ese sentido,
corresponde que se le otorgue el beneficio previsto por el Decreto Supremo 040-2003-
EF que dispuso, que a partir de marzo de 2003, se debe reajustar a S/. 6.20 diarios el
valor de la Ración Orgánica Única al personal militar en situación en actividad, y el
beneficio regulado por el artículo 9 de la Ley 28254.
DÉCIMO SÉTIMO.- La entidad apelante sostiene que la asignación especial de S/.
50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se encuentra derogada por la segunda
disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09
diciembre 2012.
Al respecto, se advierte la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del
Decreto Legislativo Nº 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú,
publicada el 09 diciembre 2012, dispuso lo siguiente: “Deróguese o déjese sin efecto
según corresponda, las disposiciones relativas a las remuneraciones, bonificaciones y otros
beneficios del personal militar y policial en situación de actividad contenidas en los siguientes
dispositivos legales: (…) - Ley Nº 28254”.
Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
1133, publicado el mismo día, esto es, el 09 diciembre 2012, señala: “Las
modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de
ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
7 Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto
Ley Nº 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones”.
En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto en este último dispositivo, Decreto Legislativo
Nº 1133, al demandante no se le resulta aplicable la Segunda Disposición
Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1132; por lo cual éste
argumento merecer ser desestimado.
DÉCIMO OCTAVO : abundando en razones, lo anotado también ha sido señalado
por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01170 2012-PA/TC, proceso
sobre acción de amparo en el cual el demandante solicitaba el otorgamiento de los
mismos beneficios (aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF, que reajusta el valor de la
Ración Orgánica Única, a su pensión de invalidez que percibe de acuerdo con el Decreto Ley
19846; y el pago de la asignación establecida por el artículo 9 de la Ley 28254), y donde el
Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo, concediendo tales
beneficios, estableciendo lo siguiente: “ (…)10. Sin perjuicio de lo expuesto, debe
precisarse que el Decreto Supremo 040-2003- ET y la Ley 28254 han sido derogados con fecha
09 de diciembre de 2012 por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N°
1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las
modificaciones establecidas en el mencionado Decreto Legislativo no alcanzan a los actuales
pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846, por lo que no se reestructurarán
sus pensiones, tal como lo regula la Segunda Disposición Complementaria y Final del
Decreto Legislativo 1133, norma para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones
del personal militar y policial”.
DÉCIMO NOVENO: conforme a lo anotado precedentemente, todos los
argumentos que sirven de sustento al recurso de apelación quedan desvirtuados,
concluyéndose que la sentencia venida en grado se encuentra expedida con arreglo a
derecho, toda vez que al denegar el derecho solicitado por el accionante, la
Administración ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del
artículo 10° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas, este
Colegiado RESUELVE : CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución
número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos, que declaró
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, con lo demás que contiene, y es materia de la
apelación. En los seguidos por Salomón Rojas Vargas contra la Marina de Guerra del Perú, sobre impugnación
de resolución administrativa; Notifíquese.-
CABELLO ARCE ENCINAS LLANOS MEDINA PERALTA
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
TERCERA SALA ESPECIALIZADA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE : 8295-2008.
DEMANDANTE : SALOMÓN ROJAS VARGAS
(Sucesores Procesales de Salomón Rojas Vargas)
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERÚ
MATERIA : nulidad de resolución administrativa
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO 05
Lima, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós.-
Vista la causa en Audiencia Pública, con el
Expediente Administrativo inserto en autos; interviene como Jueza Superior Ponente la
señora Cabello Arce; CONSIDERANDO :
PRIMERO.- viene en apelación a esta instancia superior, la sentencia contenida en
la Resolución número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos,
que declaró FUNDADA EN PARTE la demanda, y ordena a la entidad demandada
cumpla con expedir nueva resolución a favor de la sucesión de la demandante,
precisando: i. El pago del reintegro por el Seguro de Vida, según lo indicado en la
sentencia, considerando los intereses legales respectivos; y ii. Reajuste de la pensión
del recurrente según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF
(Ración Orgánica), y el artículo 9° de la Ley N° 28254 (bonificación especial), desde el
mes de Julio del año dos mil cuatro hasta la fecha, más los intereses legales dejados
de percibir; e INFUNDADA la demandada en los extremos referentes a la solicitud de
bonificación por costo de vida, compensación por movilidad y bonificación del Decreto
de Urgencia N° 040-96 y el pago de viáticos por regreso a la cuidad de Lima. La
apelación fue interpuesta por la entidad demandada y concedida por resolución
número 26 a fojas 507 de autos.
SEGUNDO: El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional
superior examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que les
produzca agravio, con el propósito que sea anulada o revocada, total o parcialmente,
conforme establece el artículo 364 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al
presente caso.
Sin embargo, en el trámite del recurso de apelación, se tiene en cuenta el aforismo
"tantun devolutum quantum apellatum", según el cual el órgano judicial revisor solo se
pronunciará sobre aquello que le es sometido en el recurso impugnatorio; es decir,
1 respecto de los agravios y pretensión del apelante, que constituyen los parámetros
sobre lo cuales debe versar la absolución del grado
TERCERO: agravios expuestos por la parte apelante .-
En su recurso de apelación inserto de fojas 495 a 506 de autos, la Marina de Guerra
del Perú, expone los siguientes agravios:
i. Respecto al pago de reintegro del beneficio de Seguro de Vida, señala que al
calcularse el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al demandante,
se está contraviniendo las disposiciones legales que sí son aplicables al caso concreto
como son: el Decreto Legislativo N° 847, la Ley N° 28411 y el Decreto de Urgencia N°
062-2009, según los cuales se le debe calcular su seguro de vida en base a la UIT del
año 1995.
iii. Al demandante no le corresponde el incremento del valor de la ración orgánica
única establecida por los Decretos Supremos N° 040-2003-EF; en razón que solo es
para el personal militar en actividad y no tiene carácter remunerativo ni pensionable.
La naturaleza jurídica del Decreto Supremo N° 040-2003-EF fue incrementar el valor
orgánico, para el Personal Militar en situación en actividad, no teniendo dicho reajuste
carácter remunerativo o pensionable, y tampoco constituye base para el cálculo y/o
reajuste, únicamente procedía tal beneficio o personal militar en actividad más no al
personal que se encuentra en situación de retiro como es el caso concreto del actor.
iii. Al demandante no le corresponde el beneficio no pensionable de asignación especial
establecido por la Ley N° 28254 de fecha 15 junio 2004, por cuanto dicho beneficio fue
otorgado únicamente al Personal Militar y Policial que contara con vínculo laboral
vigente a la fecha de la citada Ley, lo cual no es el caso del accionante por haberse
encontrado en situación militar de retiro.
iv. La asignación especial de S/. 50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se
encuentra derogada por la segunda disposición complementaria derogatoria del
Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre 2012.
v. El demandante desde el año 2018 viene cobrando su pensión igual a un personal del
mismo grado en situación de actividad; en razón que su pensión ha sido consolidada
en virtud a lo dispuesto por la Ley N° 30683 de fecha 20 noviembre 2017 y su
Reglamento el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29 enero 2018, el cual en
su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al Decreto Ley N° 19846
no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la Remuneración consolidada
contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N° 1132, indistintamente de la
fuente de financiamiento de la que provengan.
2 vi. La sentencia no se ha pronunciado ni desvirtuado en ninguno de sus extremos
respecto a la derogatoria de la Ley N° 28254 establecida por la segunda disposición
complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09 diciembre
2012, así como a lo establecido por el Decreto Supremo N° 014-2018-EF de fecha 29
enero 2018, el cual en su artículo 7° establece que los pensionistas pertenecientes al
Decreto Ley N° 19846 no podrán percibir conceptos pensionarios adicionales a la
Remuneración consolidada contemplada en el artículo 7° del Decreto Legislativo N°
1132, indistintamente de la fuente de financiamiento de la que provengan, por lo cual
dicha asignación especial no puede ser considerado en la pensión del demandante.
CUARTO.- En el caso de autos, el demandante plantea como pretensión se declare
la nulidad del documento V.200-944 de fecha 19 marzo 2008, y en consecuencia se
reconozcan los beneficios económicos que se detallan a continuación: a) se le
reintegre el Seguro de Vida con el monto de la UIT vigente en el año fiscal en que fue
pasado a la situación de retiro por Resolución de la Comandancia General de la Marina
N° 0543-97-CGMG del 12 junio 1997 por la causal “Incapacidad psicosomática”; b) se
le abone la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad ordenados en
favor de todos los pensionistas a cargo del Estado, por los Decreto Supremos N° 109-
90-PCM y 264-90-EF; c) se le pague por Ración Orgánica el monto señalado en el
Decreto Supremo N° 040-2003-EF de fecha 21 marzo 2003, a razón de s/ 6.20 diarios
que al mes totaliza s/. 186.00; d) Se le pague la Bonificación especial ordenada por la
Ley N° 28254 de s/ 50.00 a partir de julio de 2004 y s/ 50.00 desde octubre del mismo
año; e) se le pague las dos remuneraciones por año por lo ordenado por el D.U. N°
040-1996; y f) se le pague los Viáticos que le corresponden por haber pasado a la
situación de retiro en Lima, cuando la mayor parte de sus servicios los ha prestado en
la Base Mollendo, cuyo monto asciende a s/10,000.00 soles. Como Pretensión
acumulativa, objetiva, originaria y accesoria, demanda el pago de los intereses legales
moratorios sobre todos los conceptos demandados, cuyo monto exacto se establecerá
en la sentencia que ponga fin al proceso.
QUINTO : del examen de los actuados administrativos se advierte lo siguiente :
i. Por Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGMG de
fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de autos), se dispuso pasar al actor a la Situación de
Retiro por la causal de “incapacidad psicosomática”, afección contraída a consecuencia del
servicio, al presentar lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo;
asimismo, se dispuso abonar por única vez la indemnización por incapacidad física,
promoviéndolo económicamente al grado superior, cada cinco años y otorgar el Seguro de Vida
equivalente a veinte mil doscientos cincuenta y 00/100 nuevos soles.
3 ii. Mediante escrito de fecha 26 de febrero de 2008 (fojas 04 de autos), el actor solicitó el
reintegro del Seguro de Vida, la Bonificación por Costo de Vida y Compensación por Movilidad,
reintegro de la Ración Orgánica, el Pago de la Bonificación, el Pago de 2 remuneraciones por
año y los viáticos por haber pasado a la situación de retiro.
iii. Por Carta N° V.200-944 de fecha 19 marzo 2008 (fojas 05 a 06), el Departamento de
Expedientes y Pensiones del Ministerio de Defensa rechazo la solicitud del actor.
SEXTO.- Conforme se advierte de la sentencia apelada, el Juez A quo estimó solo
parcialmente la demanda, respecto de tres conceptos demandados por la parte
accionante, esto son: i. Reintegro por el Seguro de Vida; ii. Reajuste de la pensión
según lo establecido en el artículo 1° del Decreto Supremo 040-2003-EF (Ración
Orgánica); y iii. El pago de la Bonificación Especial establecida en el artículo 9° de la
Ley 28254. En ese sentido, dado que el pronunciamiento emitido por el A quo ha
sido apelado únicamente por la entidad demandada Marina de Guerra del Perú, solo
corresponde analizar los extremos de la pretensión que han sido concedidos al
demandante.
SÉTIMO.- En cuanto al Reintegro del Seguro de Vida, la entidad apelante sostiene
que se ha calculado el Seguro de Vida en base a una UIT que no le corresponde al
actor, pues el Reglamento del Seguro de Vida para el Personal de las Fuerzas Armadas
considera el valor de la Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la
expedición de la Resolución que declara la invalidez o fallecimiento, por lo cual señala
que la sentencia impugnada resuelve desconociendo lo previsto en el Decreto
Legislativo N° 847.
Al respecto, se debe tener en cuenta que mediante el Decreto Ley N° 25755,
vigente desde el 01 de octubre de 1992, se unificó el seguro de vida del personal de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a cargo del Estado en un monto equivalente
a 15 UIT.
OCTAVO : Ahora bien, en cuanto al valor de la UIT aplicable para calcular el seguro
de vida, el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3601-2007-PA/TC, fundamento 8
ha señalado lo siguiente: “Respecto al pago del seguro de vida y el valor de la UIT
este Tribunal ha establecido que corresponderá el monto de la UIT fijado a
la fecha en que se produjo la invalidez (cfr. SSTC 6148-200 A y 1501-2005-PA)”.
Eso significa que el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha dejado
establecido que la fecha que debe tomarse en cuenta a efectos de determinar el monto
del beneficio materia de litis, es aquella en la que se produce la contingencia, esto es,
el día en que se produjo la invalidez.
4 NOVENO : En presente caso, del contenido de la Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG, se advierte que en sus considerandos se
indica que de acuerdo al Acta de Junta de Sanidad N° 071-97 de fecha 15 enero 1997,
el demandante presenta el diagnóstico de Fractura Antigua D-12, Cifo Escoliosis, con
tratamiento médico desde el 13 enero 1995, y que no está físicamente apto
para el Servicio Naval.
Asimismo de la revisión de la copia fedateada del Acta de Junta de Sanidad N° 071-97,
la cual obra a fojas 245 de autos, se advierte que la Junta de Sanidad Naval indicó lo
siguiente: “1.- Los suscritos reunidos en Junta, dictaminaron sobre la Capacidad del
T2.Man. Salomón Rojas Vargas, C.I.P. 06716051. (…) Condición: dotación. Situación
actual: Ambulatorio (13-01-95). Desde el 13-01-95 (…). 2. Resumen de la Historia
Clínica: El paciente SI tiene más de seis meses de servicios prestados a la Marina al
descubrirse la enfermedad. Cumple dos años de tratamiento: 13-01-97. (…) La Rx- del
13-01-98 muestra fractura en cuña de D-12 con aumento de la xifosis y se observa
leve escoliosis con forma tropezoidal de dicha vértebra. Evolución estacionaria. 3.-
Diagnóstico: El origen de la afección es debido a imprudencias, descuido, mala
conducta, y SI ha sido contraída a consecuencia directa del servicio”.
DÉCIMO : En ese sentido, de lo indicado podemos concluir que la invalidez para el
servicio del demandante se produjo en enero de 1995, hecho que motivó la emisión
de la Resolución de la Comandancia General de la Marina N° 00543-97-CGNG de fecha
1997, que dispuso pasar al demandante a la situación de retiro por la causal de
incapacidad psicosomática, afección contraída a consecuencia del servicio, al presentar
lesión que reviste invalidez total y permanente para el servicio activo.
En consecuencia, dado que el actor sufrió la invalidez durante la vigencia del Decreto
Supremo N° 178-94-EFM, el cual fijó como valor de UIT para el año 1995 en la suma
de S/ 2,000.00 nuevos soles, le corresponde por concepto de Seguro de Vida el monto
de S/. 30,000.00 (treinta mil y 00/100 soles); no obstante lo anotado, de los actuados
aparece que la entidad demandada abonó al actor por dicho concepto el monto de S/
20,250.00 soles.
DÉCIMO PRIMERO : conforme a lo señalado, al haber recibido el actor una
cantidad menor a la que le correspondía, la demandada debe reintegrarle la suma de
S/ 9,750.00 (nueve mil setecientos cincuenta y 00/100 soles), más el pago de los
intereses legales que se devenguen hasta la fecha del pago, de conformidad con el
artículo 1242° del Código Civil.
DÉCIMO SEGUNDO.- Respecto a la aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF,
que reajusta el valor de la Ración Orgánica Única y la Bonificación Especial establecida
5 por el artículo 9 de la Ley 28254; la entidad demandada señala que dichos beneficios
son única y exclusivamente para el personal militar y policial en situación de actividad.
Al respecto, el Decreto Supremo Nº 040-2003-EF, publicado el 22 marzo 2003,
establece lo siguiente:
“Artículo 1.- A partir del mes de marzo del año 2003, reajústese a SEIS CON 20/100 NUEVOS
SOLES (S/. 6.20) diarios, el valor de la Ración Orgánica Única, para el Personal Militar en
Situación de Actividad. Este reajuste no tiene carácter remunerativo o pensionable ni constituye
base para el cálculo y/o reajuste de beneficio, asignación o entrega alguna”.
Asimismo, con relación a la asignación especial solicitada, la Ley N° 28254, Ley que
autoriza crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal
2004, publicada el 15 junio 2004, señala:
“Artículo 9.- Asignación Especial al personal militar y policial en actividad
9.1 Otorgase una Asignación Especial a favor del personal militar y policial, en situación de
actividad, en los montos y tramos siguientes:
a) Primer Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales a partir del mes
de julio del presente año.
b) Segundo Tramo: CINCUENTA y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 50,00) mensuales adicionales a
partir del mes de octubre del presente año.
9.2 El costo de aplicación de lo dispuesto en el presente artículo, se financia con cargo al
crédito suplementario que aprueba la presente Ley.
9.3 Para efectos de lo dispuesto en este artículo, no es de aplicación lo establecido en el
artículo 10 literal i) primer párrafo del Decreto Ley Nº 19846, modificado por la Ley Nº 24640.
9.4 Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y
el Ministro de Economía y Finanzas, se emitirán, de ser necesario, las disposiciones
reglamentarias y complementarias para la mejor aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo”.
DÉCIMO TERCERO.- No obstante lo anotado cabe señalar que el artículo único de la
Ley 25413, publicada el 12 marzo 1992, precisa las condiciones y los requisitos de la
pensión de invalidez regulada por el Decreto Ley 19846 y, especialmente, lo que
concierne al haber que por promoción económica les corresponde a estos pensionistas,
disponiendo lo siguiente: “
"Los Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que sufren invalidez total y
permanente en acto, con ocasión o como consecuencia del servicio, serán promovidos
económicamente al haber de la clase inmediata superior cada cinco años a partir de
ocurrido el acto invalidante. En el caso del personal en Servicio Militar Obligatorio,
cualquiera sea el grado o clase, la promoción económica inmediata corresponderá al
grado de Suboficial de Tercera o su equivalente. Dicho haber comprende todas las
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y aguinaldos que por diversos conceptos
y bajo diferentes denominaciones, constituyen los goces y beneficios que perciben los
respectivos grados de las jerarquías militar o policial en situación de actividad”.
DÉCIMO CUARTO : Sobre el tema referido a la aplicación del Decreto Supremo 040-
2003-EF y el pago de la asignación establecida por el artículo 9° de la Ley 28254, el
Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha precisado que la pensión por
invalidez e incapacidad comprende, sin distinciones, el haber de todos los goces y
6 beneficios que por diversos conceptos y bajo diferentes denominaciones perciban los
respectivos grados de las jerarquías militar y policial en situación de actividad, la
misma que comprende los conceptos pensionables y no pensionables (STC 00504-
2009-PA/TC). (Ello ha citado, como ejemplo, en los Expedientes Nos. 01170 2012-
PA/TC, 06355-2013-PA/TC, 01163-2018-PA/TC, 00641-2022-PA/TC)
DÉCIMO QUINTO.- conforme a ello, puede concluirse que la pensión de invalidez o
incapacidad por acto o a consecuencia del servicio que se otorga a un servidor de del
Fuerzas Militares o Policiales, comprende sin distinciones el haber de todos los
goces y beneficios que por diversos conceptos y diferentes denominaciones perciban
los miembros de las instituciones militares y /o policiales en actividad, lo que significa
que dicha pensión de invalidez comprende tanto los conceptos pensionables como
los no pensionables. Siendo así, resulta claro para este Colegiado que la pensión del
actor debe comprender todos los conceptos que percibe un oficial en actividad de su
mismo grado.
DÉCIMO SEXTO.- En el caso de autos, mediante Resolución de la Comandancia
General de la Marina N° 00543-97-CGMG de fecha 123 junio 1997 (fojas 02 a 03 de
autos), el recurrente paso a la Situación de Retiro por la causal de “incapacidad
psicosomática”, afección contraída a consecuencia del servicio; en ese sentido,
corresponde que se le otorgue el beneficio previsto por el Decreto Supremo 040-2003-
EF que dispuso, que a partir de marzo de 2003, se debe reajustar a S/. 6.20 diarios el
valor de la Ración Orgánica Única al personal militar en situación en actividad, y el
beneficio regulado por el artículo 9 de la Ley 28254.
DÉCIMO SÉTIMO.- La entidad apelante sostiene que la asignación especial de S/.
50.00 soles establecido por la Ley N° 28254, se encuentra derogada por la segunda
disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo N° 1132 de fecha 09
diciembre 2012.
Al respecto, se advierte la Segunda Disposición Complementaria y Derogatoria del
Decreto Legislativo Nº 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al
personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú,
publicada el 09 diciembre 2012, dispuso lo siguiente: “Deróguese o déjese sin efecto
según corresponda, las disposiciones relativas a las remuneraciones, bonificaciones y otros
beneficios del personal militar y policial en situación de actividad contenidas en los siguientes
dispositivos legales: (…) - Ley Nº 28254”.
Sin embargo, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº
1133, publicado el mismo día, esto es, el 09 diciembre 2012, señala: “Las
modificaciones establecidas en el Decreto Legislativo que aprueba la nueva estructura de
ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del
7 Perú no alcanzan a los actuales pensionistas del régimen de pensiones del Decreto
Ley Nº 19846, por lo que no se reestructurarán sus pensiones”.
En ese sentido, de acuerdo a lo expuesto en este último dispositivo, Decreto Legislativo
Nº 1133, al demandante no se le resulta aplicable la Segunda Disposición
Complementaria y Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1132; por lo cual éste
argumento merecer ser desestimado.
DÉCIMO OCTAVO : abundando en razones, lo anotado también ha sido señalado
por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 01170 2012-PA/TC, proceso
sobre acción de amparo en el cual el demandante solicitaba el otorgamiento de los
mismos beneficios (aplicación del Decreto Supremo 040-2003-EF, que reajusta el valor de la
Ración Orgánica Única, a su pensión de invalidez que percibe de acuerdo con el Decreto Ley
19846; y el pago de la asignación establecida por el artículo 9 de la Ley 28254), y donde el
Tribunal Constitucional declaró fundada la acción de amparo, concediendo tales
beneficios, estableciendo lo siguiente: “ (…)10. Sin perjuicio de lo expuesto, debe
precisarse que el Decreto Supremo 040-2003- ET y la Ley 28254 han sido derogados con fecha
09 de diciembre de 2012 por la Segunda Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N°
1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos aplicable al personal militar de las Fuerzas
Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, debe tenerse en cuenta que las
modificaciones establecidas en el mencionado Decreto Legislativo no alcanzan a los actuales
pensionistas del régimen de pensiones del Decreto Ley 19846, por lo que no se reestructurarán
sus pensiones, tal como lo regula la Segunda Disposición Complementaria y Final del
Decreto Legislativo 1133, norma para el ordenamiento definitivo del Régimen de Pensiones
del personal militar y policial”.
DÉCIMO NOVENO: conforme a lo anotado precedentemente, todos los
argumentos que sirven de sustento al recurso de apelación quedan desvirtuados,
concluyéndose que la sentencia venida en grado se encuentra expedida con arreglo a
derecho, toda vez que al denegar el derecho solicitado por el accionante, la
Administración ha incurrido en causal de nulidad contemplada en el inciso 1) del
artículo 10° de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Por las consideraciones expuestas, en aplicación de las normas legales precitadas, este
Colegiado RESUELVE : CONFIRMAR la sentencia contenida en la Resolución
número 25 de fecha 31 mayo 2022, inserta de fojas 469 a 488 de autos, que declaró
FUNDADA EN PARTE LA DEMANDA, con lo demás que contiene, y es materia de la
apelación. En los seguidos por Salomón Rojas Vargas contra la Marina de Guerra del Perú, sobre impugnación
de resolución administrativa; Notifíquese.-
CABELLO ARCE ENCINAS LLANOS MEDINA PERALTA
8 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 52
Lima, nueve de diciembre
De dos mil veinte.-
Por devuelto el cuaderno de apelación “77”,
téngase presente; estando a la resolución de vista de fecha
diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la cual declara nula y sin
efecto legal la Resolución N° 50 de fecha 01 de junio de dos mil
dieciocho, en el extremo apelado que anula la resolución N° 42 de
fecha siete de noviembre de dos mil catorce, que aprobó el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.48 soles; y, renovando el acto
procesal afectado, dando nueva cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, la demandada mediante escrito de fecha 15 de
agosto de 2011, en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada,
remite el Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011, con sus
respectivos anexos, en dicho informe liquida la pensión devengada
a favor del demandante, desde julio de 1975 a mayo de 2011, en el monto de noventa y siete mil doscientos ochenta y nueve soles con
diez centavos (S/. 97,289.10), y los intereses legales por el mismo
periodo, actualizado al 30 de junio de 2011, en el monto de
sesentaiun mil quinientos setenta y dos soles con noventa y cuatro
centavos (S/. 61,572.94), haciendo un total de ciento cincuenta y
ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro céntimos (S/.
158,862.04); el que fue puesto a conocimiento del demandante,
mediante Resolución N° 25 de fecha de fecha 16 de noviembre de
2011, quien, absolviendo el traslado, mediante escrito de fecha 07
de diciembre de 2011, formula observaciones a la liquidación antes
aludida, cuestionando el hecho que se haya calculado en cero la
cantidad de pensiones devengadas por el periodo comprendido
desde agosto de 1975 hasta diciembre de 1984, y que el cálculo de
los intereses por el periodo del año 1985 al año 2011 no
corresponde, por cuanto, no se debe aplicar el interés legal laboral,
sino los intereses legales efectivos, y que, la suma de intereses por
dicho periodo ascendería a doscientos cincuenta y tres mil
seiscientos setenta y ocho soles con veintidós centavos (S/.
253,678.22); en este contexto, mediante Resolución N° 32 de fecha
10 de abril de 2012 se dispone remitir los autos al Equipo Técnico
Pericial, a fin que efectúe la liquidación de devengados e intereses
legales.
Tercero.- Que, mediante escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
demandada adjunta un Depósito Judicial Administrativo del Banco
de la Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por
la suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos
soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
quien mediante escrito de fecha 24 de abril de 2012, solicita se le
consigne dicho depósito y, mediante Resolución N° 35 de fecha 23
de agosto de 2012, obrante, en copias, a folios 198, se dispone la
entrega del depósito al demandante.
Cuarto.- Que, asimismo, en cumplimiento del mandato, con fecha
07 de julio de 2014, se presenta el Informe Técnico Pericial N° 132-
2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda actualizada por
devengados e intereses es de sesenta y nueve mil ciento sesenta y
cinco soles con noventa y seis centavos (S/. 69,165.96), y los
intereses legales ascienden a veinte mil ciento cuarenta y ocho
soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18); y puesto el mismo, a
conocimiento de las partes, mediante escrito de fecha 15 de octubre
de 2014, el demandante expresa su conformidad con dicho informe
pericial; en dicho entorno, fue emitida la Resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de 2014, por la cual, en vista a no haberse
formulado observaciones, y precisando que el dictamen pericial fue
emitido con arreglo a ley, con expresa mención de la metodología,
factores y fórmulas, se aprueba dicho dictamen pericial.
Quinto.- Que, por escrito de fecha 05 de febrero de 2015, la
demandada solicita tener por cancelada la deuda y requerir al
demandante devuelva el excedente de lo cobrado; asimismo, el
demandante, mediante escrito de fecha 18 de marzo de 2015,
solicita al juzgado requerir a la demandada, cumpla con lo ordenado
por Resolución N° 42, señalando que la suma allí liquidada
corresponde a los devengados e intereses correspondientes al
periodo de 1975 hasta 1985; en estas circunstancias se emite la
Resolución N° 47 de fecha 06 de septiembre de 2016, que dispone
remitir los autos nuevamente al Equipo Técnico Pericial a fin que
emita informe pericial complementario, para que precise si la
liquidación de devengados e intereses practicada en el Informe
Pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, incluye el descuento de la
suma abonada por la emplazada y las razones por las que difiere
del monto liquidado por la misma parte; pedido que fue absuelto
mediante Informe Pericial N° 67-2017-JVM-PJ de fecha 03 de mayo
de 2017, señalando que no se efectuó descuento alguno y que la
diferencia se debería a la base de cálculo tomada en cada una de
las liquidaciones.
Sexto.- Que, de la revisión de autos, se aprecia, que en ejecución
de sentencia, ya se había aprobado una liquidación de devengados
e intereses legales, esto es, se aprobó la liquidación efectuada por
el Equipo Técnico Pericial en el Informe Pericial N° 132-2014-ETP-
JAVM-PJ, de cuyo contenido se aprecia claramente, cuál es el
periodo tomado para el cálculo de los devengados; advirtiéndose
que dicho calculó se efectuó por el periodo que va desde el año
1975 hasta el año 2011; así como también, aparece cuál fue la tasa
de interés aplicada; y, puesto a conocimiento de las partes, no
realizaron observación alguna, e incluso en el caso del accionante
expresó su conformidad; asimismo, la Resolución N° 42 no fue
objeto de recurso impugnatorio alguno, dejándose consentir la
misma.
Sétimo.- Que, de autos se verifica que, la parte demandada ha
consignado un Depósito Judicial Administrativo del Banco de la
Nación N° 201200530041 de fecha 22 de marzo de 2012 por la
suma de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y dos soles con cuatro centavos (S/. 158,862.04) a favor del accionante,
el cual ha sido endosado a dicha parte, siendo dicha suma de
dinero mayor a los devengados e intereses legales aprobados en
autos, los cuales fueron liquidados por el Informe Técnico Pericial
N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ, que concluye en que la deuda
actualizada por devengados e intereses es de sesenta y nueve mil
ciento sesenta y cinco soles con noventa y seis centavos (S/.
69,165.96), y los intereses legales ascienden a veinte mil ciento
cuarenta y ocho soles con dieciocho centavos (S/. 20,148.18), lo
que hace un total de S/. 89,314.14 soles, y por ende restando los
S/. 158,862.04 soles consignados menos los S/. 89,314.14
aprobados, hacen un total de S/. 69,547.90 soles abonados en
exceso a la parte demandante.
Octavo.- Que, si bien es cierto, la emplazada, Marina de Guerra del
Perú, consignó el monto de devengados e intereses legales que
liquidó en su propio Informe Pericial de fecha 18 de julio de 2011,
monto que supera al liquidado por el Equipo Técnico Pericial con
respecto de los mismos conceptos, y cuyo monto fue endosado a
favor del demandante, lo que habría generado la existencia de un
saldo por devolver, a cargo de dicha parte; sin embargo,
corresponde señalar, que este proceso de amparo, cuya
controversia ha quedado resuelta en definitiva, no es la vía idónea
para iniciar un debate relacionado con la devolución de lo cobrado
en exceso, por la parte actora, debiendo en todo caso la
demandada ejercitar el derecho que le corresponde a través de la
vía legal pertinente.
Por cuyas razones, téngase por cancelada por la parte demandada
los devengados e intereses legales liquidados a favor de la parte
demandante; y, se deja a salvo el derecho de la parte emplazada a
fin que haga valer en vía de acción la devolución de sumas de
dinero abonadas en exceso por concepto de devengados e
intereses legales a la parte accionante. REMITASE el cuadernillo de
apelación al Archivo de los Juzgados Civiles de Lima para su
Archivamiento.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
JUEZ : TORRES TASSO, JUAN FIDEL
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 50
Lima, uno de junio
del dos mil dieciocho.-
Dando cuenta de los escritos de fechas
veintiocho de setiembre, cinco de octubre y veintidós de noviembre
del dos mil diecisiete, y ocho de marzo del año en curso: Téngase
presente lo expuesto; y, para resolver,
ATENDIENDO:
Primero.- Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero
del dos mil diez se revoca la sentencia de primera instancia; y,
reformándola, se declara fundada la demanda, en consecuencia,
inaplicable y sin efecto legal la carta de fecha diecisiete de agosto
del dos mil siete, e inaplicable al actor el Decreto Ley Nº 19846, y
se dispone que la institución demandada otorgue al actor los
beneficios previsionales que le corresponde en estricta aplicación
de la Ley Nº 8393, así como el pago de los devengados e intereses
correspondientes.
Segundo.- Que, el artículo 171 del Código Procesal Civil señala
que, la nulidad se sanciona sólo por causa establecida en la ley. Sin
embargo, puede declararse cuando el acto procesal careciera de
los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad.
Cuando la ley prescribe formalidad determinada sin sanción de
nulidad para la realización de un acto procesal, éste será válido si
habiéndose realizado de otro modo, ha cumplido su propósito.
Tercero.- Que, se verifica de fojas 259 que, por Resolución
Directoral N° R.D. 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo de
2011 se resuelve otorgar por la Dirección Previsional del Ministerio
de Defensa, Pensión de Retiro a favor de Técnico 3° Maq. ®
Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/. 543.00
soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de la remuneración de un Técnico Tercero en concordancia con los 14
años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú.
Cuarto.- Que, asimismo, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra
del Perú presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011,
expedido por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por
el que se liquidan los devengados e intereses legales a favor del
demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Quinto.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte demandante
presenta observación contra el citado informe pericial, sustentada
en que por el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre
de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones devengadas,
asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con relación a los
intereses legales, cuando debió convertir la unidad monetaria en
ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que peticiona que se
requiera a la emplazada cumpla con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984.
Sexto.- Que, por escrito de fecha 28 de marzo de 2012, la
Procuraduría Pública de la Marina de Guerra del Perú presenta el
certificado de depósito número 2012005300441 por la suma de S/.
158,862.04 soles, con lo que estaría cumpliendo con abonar los
devengados e intereses legales liquidados.
Sétimo.- Que, por resolución N° 40 de fecha 13 de junio de 2013 se
dispone remitir los autos al Equipo Técnico Pericial a fin que realice
la liquidación de devengados e intereses legales en autos.
Octavo.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985.
Noveno.- Que, por resolución N° 42 de fecha 07 de noviembre de
2014 se resuelve aprobar el citado informe pericial, y se aprueba la
deuda actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en S/. 20,148.18 soles. Décimo.- Que, por el Informe pericial N° 67-2017-JVM-PJ se
presenta informe complementario.
Décimo primero.- Que, en el caso del informe pericial de fecha 18
de junio del 2011, por el que se liquidan los devengados e intereses
legales a favor del demandante en la suma de S/. 158,862.04 soles,
es de tener presente que el mismo fue observado por la parte
actora sólo por el hecho de que en el mismo no se había liquidado
el período comprendido de agosto de 1975 a diciembre de 1984.
Décimo segundo.- Que, en el caso de autos, se ha incurrido en
nulidad insubsanable, al haberse dispuesto liquidar el monto total de
devengados e intereses legales, por cuanto lo que fue materia de
observación por la parte demandante fue sólo que la parte
emplazada no habría cumplido con liquidar las pensiones
devengadas e intereses legales por el período de agosto de 1975 a
diciembre de 1984, lo que implica la conformidad de la parte actora
con el resto de la liquidación practicada.
Décimo tercero.- Que, la conformidad de las partes demandante y
demandada con la liquidación presentada por esta última parte, se
corrobora con el hecho que la parte emplazada abonó la suma
liquidada ascendente a S/. 158,862.04 soles.
Décimo cuarto.- Que, en este orden de ideas corresponde declarar
la nulidad de la resolución N° 42 que aprueba el informe pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda actualizada en la
suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses legales en la suma de
S/. 20,148.18 soles.
Por cuyas razones y de conformidad con el artículo 122° inciso 3)
del Código Procesal Civil, SE DECLARA NULA la resolución N° 42
de fecha 07 de noviembre de 2014, la cual aprueba el informe
pericial N° 132-2014-ETP-JAVM-PJ que liquida la deuda
actualizada en la suma de S/. 69,165.96 soles y los intereses
legales en la suma de S/. 20,148.18 soles.
Para resolver, la observación planteada contra la liquidación
practicada por la parte emplazada:
ATENDIENDO: Primero.- Que, de fojas 260 a 311, la Marina de Guerra del Perú
presenta el informe pericial de fecha 18 de junio del 2011, expedido
por el perito economista judicial Néstor A. Noa López, por el que se
liquidan los devengados e intereses legales a favor del demandante
en la suma de S/. 158,862.04 soles.
Segundo.- Que, por escrito de fojas 322 a 323, la parte
demandante presenta observación contra el citado informe pericial,
sustentada en que por el período comprendido de agosto de 1975 a
diciembre de 1984 ha calculado “0” en calidad de pensiones
devengadas, asimismo, ha hecho lo mismo en similar período con
relación a los intereses legales, cuando debió convertir la unidad
monetaria en ese entonces soles oro a nuevos soles, por lo que
peticiona que se requiera a la emplazada cumpla con liquidar las
pensiones devengadas e intereses legales por el período de agosto
de 1975 a diciembre de 1984.
Tercero.- Que, de fojas 757 a 760, mediante el Informe Pericial N°
132-2014-ETP-JAVM-PJ se liquida la deuda actualizada en la suma
de S/. 69,165.96 soles, más los intereses legales de S/. 20,148.18
soles, asimismo, señala que para proceder al cálculo de los
devengados, los cuales van desde 1975, no es posible contar con la
información desde 1975 hasta 1985, señalando además que la
denominación monetaria es de soles oro, por lo que los importes
son extinguibles a moneda actual, incluso hasta el año 1990 la
denominación monetaria estaba en intis.
Cuarto.- Que, en el caso sub judice, no siendo posible contar con la
información del actor de 1975 a 1985, y siendo la denominación de
la moneda en dichas fechas de soles oro e intis, su equivalencia a
moneda actual resultaría diminuta, máxime no haberse ordenado en
la sentencia la actualización conforme al artículo 1236° del Código
Civil, por lo que los devengados e intereses legales de 1975 a 1985
deben considerarse como “0”.
Por cuyas razones, SE DECLARA INFUNDADA la observación
formulada por la parte demandante contra la liquidación de
devengados e intereses legales practicada por la parte emplazada.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE : 08681-2008-0-1801-JR-CI-09
MATERIA : ACCION DE AMPARO
ESPECIALISTA : GARAY NEGREIROS JORGE DANIEL
PROCURADOR PUBLICO : PROCURADOR PUBLICO DE LA MARINA DE
GUERRA DEL PERU ,
DEMANDADO : MARINA DE GUERRA DEL PERU ,
DEMANDANTE : NORABUENA DIAZ, GUILLERMO
Resolución Nro. 47
Lima, seis de setiembre
del dos mil dieciséis.-
Dando cuenta en la fecha:
Al escrito de fecha diecinueve de enero del año en curso:
Estese a la resolución cuarentiséis de fecha veintisiete de enero de
los corrientes.
Al escrito de fecha dos de marzo del presente año: AL
PRINCIPAL Y OTROSI: Téngase presente.
Al escrito del treintiuno de marzo de los corrientes: Téngase
presente lo expuesto por la parte demandante; y, para resolver,
ATENDIENDO: Primero.- Que, por escrito de fecha veintitrés de
setiembre del dos mil quince, la Procuraduría Pública de la Marina
de Guerra del Perú señala haber dado cumplimiento con lo
requerido mediante resolución cuarentidós, al haber abonado la
suma de S/. 158,862.04 nuevos soles mediante certificado de
depósito, endosado a favor del actor, cuando sólo debió ser
endosada la suma de S/. 89,314.04 nuevos soles, como así ha sido
aprobado por el juzgado, existiendo por ende un saldo por devolver
por el actor en la suma de S/. 69,547.90 nuevos soles; Segundo.-
Que, por sentencia de vista de fecha diecinueve de enero del dos
mil diez se revoca la sentencia dictada mediante resolución doce de
fecha veintisiete de agosto del dos mil nueve, que declara infundada
la demanda, reformándola, se declara fundada la citada demanda,
en consecuencia, inaplicable y sin efecto legal la Carta de fecha
diecisiete de agosto del dos mil siete, e inaplicable al actor el
Decreto ley N° 19846, y se dispone que la institución demandada
otorgue al actor los beneficios provisionales que le corresponden en
estricta aplicación de la ley N° 8393, así como el pago de los
devengados e intereses que corresponden con arreglo a ley;
Tercero.- Que, se verifica de fojas doscientos cincuentinueve a trescientos once que, en ejecución de sentencia, se emite la
Resolución Directoral N° 296-2011-MGP/DAP de fecha 04 de marzo
del 2011, por la cual se resuelve otorgar por la Dirección Previsional
del Ministerio de Defensa, pensión de retiro a favor del Técnico 3ª.
Maq. ® Guillermo Adalberto Norabuena Díaz, por la suma de S/.
543.00 nuevos soles, monto equivalente a las 14/30 avas partes de
las remuneraciones de un Técnico Tercero, en concordancia con los
14 años y 04 días de servicios prestados al Estado en la Marina de
Guerra del Perú; Cuarto.- Que, asimismo, se presenta el informe
pericial de cálculo de devengados e intereses legales evacuado por
Andean Projects Consulting S.A.C., por el que los mismos son
calculados en la suma de S/. 158,862.04 nuevos soles,
señalándose en dicha dictamen que dicha suma liquidada
correspondería al período de agosto de 1975 a junio del 2011, sin
embargo se verifica de la liquidación respectiva que del mes de
agosto de 1975 a diciembre de 1984 se ha considerado como
devengados por cada mes la suma de S/. 0.00, de lo que se colige
que no se han liquidado devengados e intereses legales por dicho
período; Quinto.- Que, lo anterior tendría su explicación con lo
expuesto en el Oficio L-300-0157 de fecha 23 de enero del 2013, el
de fojas cuatrocientos treintiuno, el cual señala en su punto 3) que
en el Archivo General de la Oficina General de la Marina de Guerra
del Perú no existe un personal homólogo con las mismas
características del demandante, período correspondiente del mes
de julio de 1975 a diciembre de 1984; Sexto.- Que, es ante esta
falta de liquidación de devengados e intereses legales por el
período de agosto de 1975 a diciembre de 1984, en que se dispone
la elaboración de un dictamen pericial de liquidación de devengados
e intereses legales actualizado, el cual incluye el período no
liquidado por la parte emplazada antes referido, existiendo una
deuda actualizada de S/. 69,165.95 nuevos soles por concepto de
devengados y S/. 20,149.18 nuevos soles por intereses legales,
siendo aprobado dicho informe pericial por resolución cuarentidós
de fecha siete de noviembre del dos mil catorce; Sétimo.- Que, la
parte emplazada ha abonado la suma de 158,862.04 nuevos soles
mediante el certificado de depósito número 2012005300441;
Octavo.- Que, resulta necesario remitir los autos al equipo técnico
pericial a fin que emitan informe pericial complementario en el que
precisen si la liquidación de devengados e intereses legales
practicada por el Informe Pericial N° 132.2014-ETP-JAVM-PJ
incluye el descuento de la suma abonada por la emplazada de
158,862.04 nuevos soles, así como las razones por las que el
informe pericial señalado difiere de la liquidación de devengados e intereses practicada por la parte emplazada señalada líneas arriba,
por cuyas razones, REMITANSE los autos al EQUIPO TECNICO
PERICIAL a fin que emita informe pericial complementario en los
términos señalados.
A los escritos del veintiuno de junio, ocho y dieciocho de julio
del año en curso: Estese a lo resuelto precedentemente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00003-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES EL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 23 de
abril de 2009, a folios 16-17, se declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por AFP PROFUTURO
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de CINCO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE SOLES CON 43/100 SOLES, más los
intereses y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 06 de mayo
de 2009 (folios 19-20), por lo que, a la fecha corresponde declarar
firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que
contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del
Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 23 de abril del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00014-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 24 de
abril de 2009, a folios 19, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
SOLES CON 99/100 SOLES, más los intereses y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 y 12 de
mayo de 2009 (folios 20-21), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 24 de abril del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00014-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 24 de
abril de 2009, a folios 19, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por AFP PROFUTURO contra
ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en consecuencia,
LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada cumpla con
cancelar la suma de VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO
SOLES CON 99/100 SOLES, más los intereses y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 y 12 de
mayo de 2009 (folios 20-21), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 24 de abril del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00018-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 30 de
abril de 2009, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por PRIMA AFP contra ARCOPA
SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS DIECISES SOLES CON 58/100 SOLES, más los intereses y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 y 12 de
mayo de 2009 (folios 30-31), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 30 de abril del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00018-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 30 de
abril de 2009, a folios 28, declaró FUNDADA la demanda sobre PAGO
DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por PRIMA AFP contra ARCOPA
SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTIOCHO MIL
TRESCIENTOS DIECISES SOLES CON 58/100 SOLES, más los intereses y
costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 y 12 de
mayo de 2009 (folios 30-31), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 30 de abril del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
EXPEDIENTE : 0033-2009-0-2005-JR-LA-01
MATERIA : INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES Y NORMAS LABORALES
JUEZ : BURGOS SOLIS LEANDRO FAVIO
ESPECIALISTA : HERRERA OLIVARES OSCAR EDUARDO
DEMANDADO : ENAPU S.A.
DEMANDANTE : NEGRINI ATOCHE, VICTOR MANUEL
S E N T E N C I A
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SIETE (37)
Paita, trece de agosto
Del año dos mil veintiuno.-
VISTOS; con la demanda interpuesta por don VICTOR MANUEL
NEGRINI ATOCHE, contra su empleador EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A,
por incumplimiento de disposiciones laborales.
I. EXPOSICIÓN DEL CASO:
1. Argumento de la Demanda.-
Mediante escrito de demanda obrante de folios 09 a 16, presentado con
fecha 13 de febrero de 2009, la persona de Victor Manuel Negrini Atoche
interpone demanda contra su empleador EMPRESA NACIONAL DE
PUESRTOS S.A. - ENAPU, solicitando que se ordene a la referida
demandada cumpla con pagarle la suma de S/. 8,289.18 (Ocho Mil
Doscientos Ochenta y Nueve con 18/100 Soles), por conceptos de
incremento IPSS/ONP dispuesto por la Ley N° 26504 y por depósitos de
Compensación por Tiempo de Servicios, más el pago de intereses legales,
costas y costos del proceso.
Asimismo, la demandante expone como fundamentos que sustentan su
pretensión, los siguientes: i) Sobre el incremento de remuneración de la Ley
N° 26504: el accionante señala que si bien se ha tenido en consideración
todas las remuneraciones percibidas para la aplicación del referido 3.3%
de incremento, no ha cumplido con incluirlo dentro del haber básico el
importe de tal incremento legal. Sin considerar que cuando la ley dispone
un “incremento de la remuneración”, tiene que entenderse como
incremento de la remuneraci8ón básica, salvo sea otorgada en calidad
de “bonificación especial”. Por consiguiente, al no considerar la
demandada este concepto dentro del básico, ha ocasionado que no
tenga incidencia alguna sobre todas las remuneraciones complementarias
que recibe el actor y que están relacionadas con el haber básico mensual;
ii) indica que las remuneraciones complementarias que se han visto
afectadas por un pago menor al correspondiente son: bonificación por
tiempo de servicios, bonificación por turnos, bonificación tiempo
extraordinario, bonificación por segundo y tercer turno, bonificación por
Página 1 de 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
trabajo en domingos y feriados, bonificación por contaminación
ambiental, bonificación por compensación, gratificaciones de julio y
diciembre, incentivo por productividad anual, bonificación vacacional y
gratificación por 1ro de mayo; iii) Sobre los depósitos de la Compensación
por Tiempo de Servicios: Si no se ha pagado adecuadamente la
remuneración de naturaleza convencional, en consecuencia, deberá
también procederse a efectuar un nuevo cálculo de los depósitos de
Compensación por Tiempo de Servicios.
2. Admisión de la Demanda.-
Mediante Resolución N° 01 de fecha 13 de marzo del año 2009 inserta a
folios 17, se resuelve admitir a trámite en la vía de proceso ordinario laboral
la demanda interpuesta por Victor Manuel Negrini Atoche, contra su
empleador EMPRESA NACIONAL DE PUESRTOS S.A. - ENAPU; se tiene por
ofrecidos sus medios probatorios, y se dispone su notificación a la parte
demandada, para que en el término de diez días hábiles conteste la
demanda por escrito, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
3. De la Contestación de Demanda.-
Conforme es de verse mediante escrito obrante de folios 37 a 56, la
EMPRESA NACIONAL DE PUESRTOS S.A. - ENAPU debidamente
representada por sus apoderados judiciales JOSE ANTONIO RUBINA LA
ROSA y JORGE WASHINNGTON ALVA INGA, cumple con contestar la
demanda, solicitando que la misma sea declarada Infundada en todos sus
extremos, en virtud de los siguientes fundamentos: i) De la lectura del
artículo 5° de la Ley N° 26504, se estableció un incremento en la
remuneración del trabajador dependiente por su permanencia en el
Sistema de Pensiones del 3.3%, sin embargo, en ninguna parte del texto de
la norma se precisa que, después de realizado el cálculo, este pase a
formar parte de la remuneración básica, con el consecuente aumento de
todas las remuneraciones colaterales que se computan sobre la base de
aquella. Así, existen prestaciones económicas que, pese a encuadrarse
dentro de la definición genérica de remuneración, no se consideran en
sentido estricto por tratarse de exclusiones taxativamente establecidas en
nuestra legislación; ii) El incremento de remuneraciones dispuesto por Ley
N° 26504 ha sido correctamente otorgado en el monto correspondiente,
tal como consta en las boletas de pago que el propio demandante
adjunta a autos. Se debe considerar que el incremento porcentual
demandado en el básico y remuneraciones complementarias, son
conceptos que se regulan por negociación colectiva y su forma de
percepción se encuentra sujeta a condición, por tanto no se puede tratar
de un solo monto fijo mensual y repetitivo.;
4. Actividad Procesal.-
4.1. Con fecha 09 de julio del 2009 se llevó a cabo la Audiencia Única
conforme se observa del acta de audiencia de folios 114 a 118,
donde mediante Resolución N° 03 se resolvió declarar fundada la
Excepción de Prescripción Extintiva formulada por la parte
Página 2 de 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
demandada respecto del periodo comprendido entre el 1 de agosto
de 1995 hasta el 23 de diciembre de 1998, declarar la existencia de
una relación jurídico procesal válida y saneado el proceso. Asimismo,
mediante Resolución N°04 se procede a fijar puntos controvertidos, se
admiten medios probatorios y se declara fundada la oposición
deducida por la demandada respecto a la exhibición de plantillas y
boletas de pago con posterioridad a la fecha de interposición de
demanda.
4.2. Mediante Resolución N° 10 de fecha 01 de junio del 2012 obrante de
folios 319, se pone a conocimiento de las partes el Informe Revisorio
remitido por el Cuarto Juzgado Laboral del Callao.
4.3. Mediante Resolución N° 18 de fecha 07 de mayo del 2013 obrante de
folios 471, se pone a conocimiento de las partes el Informe Revisorio
N° 014-2013-EFA, remitido por el Cuarto Juzgado Laboral del Callao.
4.4. Mediante Resolución N° 19 de fecha 14 de junio del 2013 obrante a
folios 482, se tiene por formulada la observación al informe revisorio,
en consecuencia, se ordena librar exhorto al Cuarto Juzgado Laboral
del Callao para que su perito adscrito levante las observaciones
realizadas al informe revisorio.
4.5. Mediante Resolución N° 21 de fecha 12 de mayo del 2014 obrante de
folios 526, se pone a conocimiento de las partes el Informe N°098-
2013-EFA, por el cual se levantan las observaciones realizadas al
Informe N°014-2013-EFA.
4.6. Mediante Resolución N° 25 de fecha 15 de junio del 2015 obrante a
folios 567, se ordena remitir el expediente a la revisora de planillas de
los juzgados del Callao a fin de que emita el informe revisorio
correspondiente.
4.7. Mediante Resolución N° 34 de fecha 11 de febrero del 2021 obrante
de folios 646, se corre traslado a las partes el Informe N°007-2021-
MIBA-JCTP.
4.8. Seguido el proceso conforme a su naturaleza, mediante Resolución
N° 36 de fecha 19 de mayo del 2021 obrante a folios 660, se dispone
que pasen los autos a despacho para sentenciar.
CONSIDERANDO:
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
PRIMERO: Tutela Jurisdiccional efectiva
1.1. La Tutela Jurisdiccional Efectiva, es el derecho que le asiste a toda
persona para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con
sujeción a un debido proceso, con la finalidad de resolver un conflicto de
intereses con relevancia jurídica, haciendo efectivo los derechos
sustanciales, debiendo para ello considerarse que los medios probatorios
tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y
fundamentar las decisiones del Juez previa valoración conjunta y
razonada de los mismos.
1.2. Es así que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido como
principio de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la
Constitución Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su pedido de
Página 3 de 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
tutela, el deber del órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y
de impartir justicia dentro de los estándares mínimos que su naturaleza
impone; así mientras que la tutela judicial efectiva supone tanto el
derecho de acceso a los órganos de justicia como la eficacia de lo
decidido en sentencia, es decir, una concepción genérica que encierra
todo lo concerniente al derecho a la acción frente al poder – deber de
la jurisdicción, del derecho al debido proceso en cambio significa la
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del
proceso, entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales.
SEGUNDO: Los derechos laborales en nuestro ordenamiento constitucional y
legal son irrenunciables, tan es así que la vigente Constitución Política, en su
artículo 26, inciso 2, reproducido por la Ley Procesal del Trabajo en su artículo III
del Título Preliminar, recoge como principio laboral merecedor de tutela
jurisdiccional el de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. En virtud de
este principio el juez debe velar por el respeto del carácter irrenunciable de los
derechos reconocidos en la Constitución y en la ley; y en el ámbito procesal, el
principio de la inversión de la carga de la prueba en virtud del cual,
acreditado el vínculo laboral por el trabajador recae a su vez, sobre el
empleador, la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones
legales y convencionales entre otras conforme a lo dispuesto por el numeral 1
del artículo 27 de la mencionada Ley Procesal del Trabajo.
TERCERO: Atendiendo a los presentes actuados y conforme lo dispone el
artículo 27º de la Ley Procesal de Trabajo Nº 266361, corresponde a las partes
probar sus afirmaciones y esencialmente: al trabajador probar la existencia del
vínculo laboral y al empleador demandado probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo.
Asimismo, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 30° de la
Ley Procesal del Trabajo, que establece que todos los medios probatorios son
valorados en forma conjunta por el Juez, utilizando su apreciación razonada;
disposición concordante con lo regulado en el artículo 197° del supletorio
Código Procesal Civil, que señala: “Todos los medios probatorios son valorados
por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada (…)”.
CUARTO: DE LA PRETENSIÓN
Conforme es de verse de la demanda obrante de folios 09 a 16, el
demandante Víctor Manuel Negrini Atoche, formula las siguientes pretensiones:
Que su ex empleador – Empresa Nacional de Puertos S.A cumpla con pagarle
la suma de S/. 8,289.18 (Ocho Mil Doscientos Ochenta y Nueve con 18/100
Soles), por conceptos de incremento IPSS/ONP dispuesto por la Ley N° 26504 y
por depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios, más el pago de
intereses legales, costas y costos del proceso.
QUINTO: DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS
1Disposición normativa bajo la cual corresponde emitir pronunciamiento en el presente proceso.
Página 4 de 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
Mediante Audiencia Única cuya acta obra de folios 114 a 119, se fijaron los
siguientes puntos controvertidos:
a) Determinar si corresponde ordenar que la demandada cumpla con
efectuar el incremento IPSS/ONP dispuesto por Ley N° 26504 al haber
básico que percibe el actor y, de ser el caso, determinar si corresponde
se reintegre dicho pago al demandante desde el 24 de diciembre del
año 1998 hasta la fecha de interposición de demanda; así como si
corresponde incrementar los depósitos de CTS correspondiente a dicho
período.
b) Determinar de ser el caso si corresponde compensar el pago que la
demandada refiere haber efectuado en exceso al demandante como
consecuencia del incremento del 3.3% dispuesto en la Ley N° 26504.
ANALISIS DEL CASO EN CONCRETO:
DEL VÍNCULO LABORAL
SEXTO: El contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación
contractual entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual éste se
obliga a prestar servicios en beneficio de aquel de manera diaria, continua y
permanente a cambio de una remuneración. Ahora bien, el elemento que
determina el carácter laboral en una relación contractual, es la subordinación,
la cual está referida a la facultad de directriz que posee el empleador para
reglamentar las labores, dictar órdenes y sancionar disciplinariamente al
trabajador ante cualquier infracción o incumplimiento en las obligaciones.
SEPTIMO: En el presente caso no es materia de controversia la existencia del
vínculo laboral, pues este ha quedado acreditado con las boletas de pago del
demandante que obran de folios 02 a 03 y de 331 a 365, copia de los
depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios que obra de folios 121 a
129, la Liquidación de Compensación por Tiempo de Servicios N° 012-2009 que
obra a folios 329, y además con la declaración asimilada que efectúa la parte
emplazada en su escrito de contestación de demanda de folios 37 a 56, por lo
que se encuentra corroborado que el demandante ha laborado para la
empresa demandada, siendo su record laboral desde el 23 de junio de 1976
hasta 07 de octubre del 2009.
OCTAVO: El artículo 5 de la Ley Nº 265042 prescribe: “La remuneración de los
trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones a que
se refiere el Decreto Ley N° 19990 se incrementará en un 3,3%”. Y en la Quinta
Disposición Transitoria de la misma Ley se establece: “La presente ley entrará
en vigencia el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, con
excepción de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 7°, que entrarán en vigencia el 1 de
agosto de 1995”.
NOVENO: De la revisión de autos se aprecia que conforme a la Liquidación de
Compensación por Tiempo de Servicios N° 012-2009 que obra a folios 329, el
demandante ingresó a laborar para la empresa demandada el 23 de junio de
1976 y cesó el 07 de octubre del 2009; asimismo, de las boletas de pago que
2 La Ley Nº 26504 entró en vigencia a partir del 19 de julio de 1995.
Página 5 de 6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
obran de folios 2 a 3, 331 a 365 y 382 a 417 se advierte que el demandante es
trabajador de la empresa demandada y que se encuentra en el rubro del
ESSALUD/AFP, sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley
N° 26504 para percibir el incremento del 3.3%, el trabajador debe cumplir dos
requisitos ser trabajador dependiente y ser asegurado obligatorio del Sistema
Nacional de Pensiones, y siendo que el actor no cumple con uno de los
requisitos mencionados (Asegurado obligatorio del Sistema Nacional de
Pensiones), razón por la cual deviene en infundada su demanda.
DÉCIMO: En cuanto a las pretensiones accesorias, de pago de intereses,
costas y costos del proceso, igualmente se tiene que al haber sido declarada
Infundada su pretensión principal, en consecuencia sus pretensiones
accesorias devienen en infundadas, en virtud del aforismo “Lo accesorio sigue
la suerte del principal”.
III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 138° y 143° de la Constitución Política del Estado, con el criterio de
conciencia que la ley faculta e impartiendo justicia a nombre de la Nación, el
señor Juez del Juzgado Civil Transitorio de Paita, RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADA la demanda interpuesta por don VICTOR
MANUEL NEGRINI ATOCHE, contra su ex empleador EMPRESA NACIONAL
DE PUERTOS S.A, por incumplimiento de disposiciones laborales.
2. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, Archívese
definitivamente la presente causa en el modo y forma de ley.
3. NOTIFÍQUESE a las partes procesales conforme a ley.
Página 6 de 6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00043-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA3 ,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 16 de
junio de 2009, a folios 21-22, se declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por PROFUTURO AFP
contra ARCOPA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución
hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTIDOS
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO NUEVOS SOLES CON 41/100
SOLES, más los intereses y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de julio de
2009 (folios 23-24), por lo que, a la fecha corresponde declarar firme y
consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos que contiene la
misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123° del Código
Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 16 de junio del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00052-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 24 de
agosto de 2009, a folios 16, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO SOLES CON 32/100 SOLES, más los
intereses, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de
setiembre de 2009 (folios 17-19), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 24 de agosto del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00052-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : AGROPESCA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA ,
Resolución N° TRES (03)
Paita, veinticuatro de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 24 de
agosto de 2009, a folios 16, declaró FUNDADA la demanda sobre
PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES interpuesta por AFP HORIZONTE
contra AGROPESCA SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la
ejecución hasta que la ejecutada cumpla con cancelar la suma de
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO SOLES CON 32/100 SOLES, más los
intereses, costas y costos del proceso.
2. Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo previsto
por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución
(SENTENCIA), concluyéndose que las partes procesales han
renunciado a interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
las partes han sido válidamente notificadas con fecha 07 de
setiembre de 2009 (folios 17-19), por lo que, a la fecha corresponde
declarar firme y consentida la SENTENCIA, ejecutando los términos
que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del artículo 123°
del Código Procesal Civil supletorio.
3. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
4. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 13 años, se debe disponer el
archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular del
Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
5. De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar
por su rápida solución, adoptar las medidas convenientes para
impedir su paralización y procurar la economía procesal”. En tal
sentido, a efectos de garantizar el derecho fundamental al debido
proceso es que es necesario continuar con el Iter procesal de la
presente causa. Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS
(SENTENCIA), de fecha 24 de agosto del 2009.
2. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
3. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
4. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00064-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° OCHO (08)
Paita, Veinte de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 07, de fecha 17 de
noviembre de 2010, a folio 52-53, se CONFIRMÓ en todos sus extremos
la Resolución N° 03 (SENTENCIA), misma que declara fundada la
demanda sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta
por PRIMA AFP contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON 70/100 SOLES, más intereses,
costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo
Modular del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por
disposición superior, sólo se remiten los proceso con ejecución
concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00064-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : PRIMA AFP ,
Resolución N° OCHO (08)
Paita, Veinte de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 07, de fecha 17 de
noviembre de 2010, a folio 52-53, se CONFIRMÓ en todos sus extremos
la Resolución N° 03 (SENTENCIA), misma que declara fundada la
demanda sobre OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta
por PRIMA AFP contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO
SA, en consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de DIECISIETE MIL CIENTO
CINCUENTA Y TRES NUEVOS SOLES CON 70/100 SOLES, más intereses,
costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo
Modular del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por
disposición superior, sólo se remiten los proceso con ejecución
concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Ica
Juzgado de Paz Letrado de Palpa
EXPEDIENTE : 00072-2009-0-1411-JP-CI-01
DEMANDANTE : TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.CA.
DEMANDADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPAC
AMARU INCA.
MATERIA : IDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS
Resolución N° 76.-
Tupac Amaru Inca, dos de abril
Del año Dos Mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos en despacho para
resolver; y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, mediante escrito de fojas 397 y siguientes, la demandante
solicita el pago de costas y costos, para cuyo efecto solicita que se le
desembolse la suma de S/. 1,925.48 soles y S/3,500.00, respectivamente.
SEGUNDO.- Que, estando a lo previsto en los numerales cuatrocientos diez
y cuatrocientos once del Código Procesal Civil de aplicación supletoria al caso
de autos, las costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios
de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales o desembolsos
económicos que ha hecho la parte victoriosa; y en los costos están
considerados los honorarios del abogado defensor.
TERCERO.- De las Costas. Ahora bien, en el caso de autos la demandante
propone una liquidación de los gastos incurridos en el desarrollo del proceso
por la suma de S/ 1,925.48, los mismos que se encuentra detallados en la
liquidación insertada en su escrito de folios 397 y que fueran oportunamente
puestos a conocimiento de la parte demandada, sin que ésta hubiera formulado
oposición alguna, por lo que la misma corresponde ser amparada, máxime si
los gastos incurridos se encuentran debidamente justificados.
CUARTO. De los costos.
Que, del análisis de los actuados, se tiene que hasta la oportunidad en que se
peticiona los costos del proceso, la causa se desarrolló con motivo de la
demanda interpuesta por la actora obrante a fojas 29 y siguientes, habiendo
sido admitido la misma por Resolución N° 02, de fecha 13 de abril del 2009,
sin que fuera absuelta por la demandada, motivando a que se declare la
rebeldía de la misma mediante Resolución N° 03, de folios 63, habiéndose
convocado a Audiencia Única de fecha 22 de junio del 2009 (folios 71).
Emitiéndose una primera sentencia mediante Resolución N° 08, de fecha 30
de julio del 2009, obrante a folios 80; la misma que fuera declarada nula
mediante Resolución de Vista N° 17, de fecha 21 de enero del 2010 (obrante a
folios 111). Asimismo, continuando la causa según su estado se dispuso actuar
medio de prueba de oficio por Resolución N° 18 (folios 114), consistente en
Inspección Judicial y que fuera llevada a cabo con fecha 12 de agosto del 2011
(fojas 162). Asimismo, mediante Resolución N° 35 de fecha 25 de julio del
2012, se dictó una segunda sentencia declarando la improcedencia de la Corte Superior de Justicia de Ica
Juzgado de Paz Letrado de Palpa
demanda, la misma que al ser impugnada por la parte demandante, fue anulada
por el superior jerárquico mediante Resolución N° 41, de fecha 19 de
diciembre del 2012. Asimismo, mediante Resolución N° 46, de fecha 20 de
agosto del 2013, se emitió una tercera sentencia por la que se declaró
improcedente la demanda (folios 223 y siguientes) y que fuera declarada nula
mediante Resolución N° 51 de folios 253 y siguientes. Finalmente, mediante
Resolución N° 55 de folios 271 y siguientes, se emitió la Cuarta Sentencia por
la que se declaró fundada en parte la demanda, la misma que fuera confirmada
por el superior jerárquico por sentencia de vista de fecha 06 de diciembre del
2016 (folios 306). Habiéndose cancelado lo ordenado en sentencia por parte
de la demandada sin necesidad de acudir a algún tipo de medida coercitiva y
finalmente fijarse los intereses legales correspondientes mediante Resolución
N° 60 de folios 366.
QUINTO.- Que, en este orden de ideas, tenemos que en el presente caso se
advierte que por la parte demandante si bien han participado más de 3
abogados patrocinantes, cierto es también que se trata de un Estudio Jurídico,
tal como se advierte de la documentación de folios 390, cuya actividad
procesal ha sido proactiva y constante, ya sea formulando los actos procesales
trascendentales del proceso (demanda), impugnación de la sentencia (hasta en
dos oportunidades), intervención en inspección judicial; como también actos
de impulso procesal (solicitudes de declaratoria de rebeldía, téngase presente,
expedición de sentencias, uso de la palabra, informes orales, absolución de
traslado de nulidad formulada por la parte demandada, requerimiento de pago
y pago de honorarios de perito judicial. Por lo que “los costos deben ser
fijados en función de las incidencias acaecidas en el trámite de la causa,
debiendo tenerse presente para tal efecto: el tiempo de duración de la
presente causa, así como su complejidad y la participación o
intervención del Letrado participante”, así lo ha dejado establecido el
Tribunal Constitucional en el Considerando Cuarto de la Resolución de fecha
27 de Marzo del año 2012, en el Expediente N° 00052-2010-PA/TC-LIMA.
SEXTO.- Que, teniendo en cuenta la participación del Estudio Jurídico que
ha patrocinado a la parte demandante, enumerada en el considerando que
antecede, que la causa fue instaurada el mes de marzo del 2009, habiendo
transcurrido más de nueve años hasta su cancelación de la obligación principal
e intereses legales dispuesto por el Juzgado (intereses fijados mediante
resolución N° 27 de fecha 27 de agosto del 2018), habiendo transitado la causa
por 2 instancias hasta en 4 oportunidades, los costos deben fijarse
prudencialmente y ateniendo a que la pretensión principal ha sido amparada
parcialmente hasta por la suma de S/ 5,195.35 y desestimada respecto de otros
extremos, lo cual también debió haber sido tomado en cuenta por el estudio
jurídico patrocinador al momento de iniciar la causa, dado que se debe de
ponderar las posibilidades de éxito de la pretensión, la viabilidad de la misma y
en función de ello establecer un adecuado pago de honorarios, dado que no Corte Superior de Justicia de Ica
Juzgado de Paz Letrado de Palpa
resulta razonable que dichos honorarios sean exorbitantes en función al monto
de lo recuperado, obtenido o del derecho reconocido.
Por tales consideraciones; SE RESUELVE: UNO. APROBAR la propuesta
de liquidación de costas del proceso formulada por la demandante, en
consecuencia, fijo por dicho concepto la suma de mil novecientos veinticinco
y 48/100 soles (S/ 1,925.48) que deberá de cancelar la demandada a favor de
la demandante. DOS. DESAPROBAR la propuesta de costos del proceso
formulada por la demandante, en consecuencia, fijo por concepto de costos
del proceso en la suma de mil ochocientos y 00/100 soles (S/. 1,800.00),
que deberá abonar la demandada consentida o ejecutoriada que sea la presente
resolución, en adición al 5% de ésta última cifra, o sea la suma de noventa y
00/100 soles (S/. 90.00) a favor del Colegio De Abogados de Ica, al que se
encuentra adscrito la Abogada de la demandante que ofrece la propuesta de
liquidación. ---------------------------------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE VILLA
EXPEDIENTE : 00072-2009-0-1411-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ANAYHUAMAN ANDIA RONALD NILTON
ESPECIALISTA : JORGE JULIO MUÑANTE HERNANDEZ
DEMANDADO : PROCURADOR MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE TUPAC AMARU INCA ,
DEMANDANTE : TELEFONICA DEL PERU SAA ,
Resolución Nro.71
Tupac Amaru Inca, Nueve de Agosto del
Dos Mil Dieciocho .-
AUTOS Y VISTOS. con el escrito que antecede, de la
parte demandante, al principal; I CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que , por medio
de la resolución sesenta de fecha diecisiete de julio del año dos mil dieciocho, se
ordena declara fundada en parte la demanda presentada por la parte actora; SEGUNDO
:Qué, dicha resolución ha sido debidamente notificada , sin haya sido materia de
apelación a pesar de estar notificada y habiendo vencido el plazo para apelarla , en tal
sentido y de conformidad con lo establecido en el artículo 123 del Código Procesal Civil
inciso 2 ; SE RESUELVE.- Declarar consentida la sentencia la misma que adquiere la
autoridad de cosa Juzgada , al primer otrosí; conforme se solicita REQUIERASE a la
demandada a fin de que dentro del plazo de TRES DIAS cumpla con el pago de la suma
de S/ 1/337.49 ( UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 49/100 SOLES )
por concepto de intereses legales, al segundo y tercer otrosí; téngase presente.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00120-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° NUEVE (09)
Paita, Veinte de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 30 de
noviembre de 2009, a folio 25, se declaró fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE NUEVOS SOLES CON 78/100 SOLES,
más intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo
Modular del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por
disposición superior, sólo se remiten los proceso con ejecución
concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00120-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° NUEVE (09)
Paita, Veinte de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 30 de
noviembre de 2009, a folio 25, se declaró fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE NUEVOS SOLES CON 78/100 SOLES,
más intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo
Modular del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por
disposición superior, sólo se remiten los proceso con ejecución
concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento
del presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
EXPEDIENTE : 00120-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP INTEGRA ,
Resolución N° NUEVE (09)
Paita, Veinte de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 30 de
noviembre de 2009, a folio 25, se declaró fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la
ejecutada cumpla con cancelar la suma de VEINTICINCO MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE NUEVOS SOLES CON 78/100 SOLES,
más intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ
de fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
proceso, con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u
oficina de archivo de expedientes del Distrito Judicial
correspondiente para su custodia, siempre que hubiere transcurrido
seis meses sin ningún tipo de acto de impulso procesal de parte, para
cuyo efecto deberá realizarse, un inventario de expedientes en tal
situación en los meses de junio y diciembre de cada año. El
desarchivamiento de estos expedientes no generara pago de tasa
judicial alguna al tratarse de un archivo provisional distinto al archivo
definitivo que tiene lugar cuando se ha ejecutado íntegramente la
decisión contenida en la sentencia o auto que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo
Modular del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por
disposición superior, sólo se remiten los proceso con ejecución
concluida y/o archivo definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su
custodia, con la debida nota de atención, dejándose a salvo
el derecho de las partes para solicitar su desarchivamiento y
continuar con la ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00150-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFO INTEGRA ,
Resolución N° NUEVE (09)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 28 de
diciembre de 2009, a folio 34, se declaró fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO NUEVOS SOLES CON 32/100 SOLES,
más intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular
del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00150-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFO INTEGRA ,
Resolución N° NUEVE (09)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 28 de
diciembre de 2009, a folio 34, se declaró fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO NUEVOS SOLES CON 32/100 SOLES,
más intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular
del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el cual
se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial quien
suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00150-2009-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO INICIADAS POR
AFPS
JUEZ : CARDOZA HINOSTROZA KARINA
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFO INTEGRA ,
Resolución N° NUEVE (09)
Paita, Veintidós de mayo
Del año dos mil veintitrés
AUTO
1. ANTECEDENTES
1. Dado cuenta con el presente proceso para efectos del Programa de
Descarga Procesal, se expide la presente resolución.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
1. Con la Sentencia contenida en la Resolución N° 02, de fecha 28 de
diciembre de 2009, a folio 34, se declaró fundada la demanda sobre
OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO interpuesta por AFP INTEGRA,
contra ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA, en
consecuencia, LLÉVESE adelante la ejecución hasta que la ejecutada
cumpla con cancelar la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO NUEVOS SOLES CON 32/100 SOLES,
más intereses legales, costas y costos del proceso.
2. Que, de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo del
Poder Judicial mediante Resolución Administrativa N° 373-2014-CE-PJ de Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
fecha 19 de noviembre del 2014, “(…) todos los procesos que se
encuentren con resolución (sentencia o auto) que ponga fin al proceso,
con la calidad de firme, deberán ser remitidos al local u oficina de
archivo de expedientes del Distrito Judicial correspondiente para su
custodia, siempre que hubiere transcurrido seis meses sin ningún tipo de
acto de impulso procesal de parte, para cuyo efecto deberá realizarse,
un inventario de expedientes en tal situación en los meses de junio y
diciembre de cada año. El desarchivamiento de estos expedientes no
generara pago de tasa judicial alguna al tratarse de un archivo
provisional distinto al archivo definitivo que tiene lugar cuando se ha
ejecutado íntegramente la decisión contenida en la sentencia o auto
que pone fin al proceso”.
3. Por lo que advirtiéndose que el presente proceso se encuentra
paralizado aproximadamente más de 12 años, por lo que se debe
disponer el archivo provisional y ordenar ser remitido al Archivo Modular
del Juzgado; toda vez que al Archivo General, por disposición superior,
sólo se remiten los proceso con ejecución concluida y/o archivo
definitivo.
III. DECISIÓN
Por las consideraciones antes expuestas; SE RESUELVE:
1. DISPONER el ARCHIVO PROVISIONAL del presente proceso, y,
REMÍTASE al Archivo Modular de este Juzgado, para su custodia,
con la debida nota de atención, dejándose a salvo el derecho de
las partes para solicitar su desarchivamiento y continuar con la
ejecución del mismo, con arreglo a ley.
2. AVOCÁNDOSE al conocimiento de la causa a la Señora Juez e
interviniendo el Secretario Judicial que suscribe por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE conforme a ley |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 00289-2009-0-2301-JP-LA-03.
MATERIA : IMPUGNACION DE SANCIÓN.
JUEZ : SAN ROMAN AQUIZE, LUIS MIGUEL
ESPECIALISTA : VERA APAZA JESSICA SOLEDAD - FLORES
CURADOR : MARCONI RAMAYO, OSCAR CESAR
DEMANDADO : MEDINA NINA, SANTOS NICASIO
ORAHULIO VALENCIA, RUBEN ARMANDO
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
DEMANDANTE : HERMOSILLA NINA, FORTUNATO
SENTENCIA DE VISTA
Resolución N° 57
Tacna, quince de diciembre
Del año dos mil veintidós.-
I. VISTOS:
El recurso de apelación interpuesto por la empresa Southern Peru Copper
Corporation, en el proceso laboral sobre impugnación de sanción disciplinaria
seguido por Santos Nicasio, Medina Nina (†), los autos elevados a este
Segundo Juzgado Especializado de Trabajo, con alegatos orales de ambas
partes en Audiencia de Vista de la Causa.
Objeto del recurso:
Es materia de revisión la sentencia contenida en la Resolución N° 39 de fecha
27 de abril de 2018, de folios 276/290, que resuelve: 1) Declarar FUNDADA la
demanda interpuesta por FORTUNATO HERMOSILLA NINA contra la
EMPRESA SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION, sobre
IMPUGNACION DE MEDIDA DISCIPLINARIA, e INNECESARIO EL
PRONUNCIAMIENTO con relación a los demandados RUBEN ORAHULIO
VALENCIA Y SANTOS MEDINA NINA por haberse desistido el demandante y
por haberse declarado en audiencia fundada la excepción de falta de
legitimidad pasiva respectivamente. 2) En consecuencia, DISPONE que la
demandada deje sin efecto legal la sanción de suspensión del 12 al 15 de
setiembre del 2009, que le fue impuesta al demandante Fortunato Hermosilla
Nina, por su inasistencia a laborar el 11 de setiembre del 2009; se efectúe el
retiro de su legajo la sanción disciplinaria que se impugna, con conocimiento
Página 1 de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
del demandante y de la Autoridad de Trabajo. Con condena de costas y costos
del proceso.
II. CONSIDERANDO:
Primero.- Finalidad de la apelación.-
1.1. La resolución recurrida pone fin a la instancia, por lo que la función del
Superior, es conocer el proceso en su integridad, además se debe tener en
cuenta que el recurso de apelación contiene implícitamente el de nulidad. Por
otro lado y luego del control de admisibilidad del recurso y revisión de la
concurrencia de los requisitos para su concesión, este se ajusta a la normativa
procesal, siendo procedente su admisión a trámite del medio impugnatorio
presentado.
1.2. De otro lado conforme a lo previsto en el artículo 364° del Código Procesal
Civil, de aplicación supletoria al caso de autos, por remisión de la tercera
disposición derogatoria, sustitutoria y final de la Ley N° 26636, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior, examine a
solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produce agravio
con el propósito que sea anulada o revocada total o parcialmente.
Segundo.- Conclusión del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo.-
3.1. El demandante que en vida fue Hermosillo, Nina Fortunato tenía como
pretensión la impugnación de sanción de medida disciplinaria de suspensión
por 03 días, impuesta por su empleador, pretensión que tiene carácter
personalísimo.
3.2. De otro lado el artículo 321 establece que “Concluye el proceso sin declaración sobre el
fondo cuando: 1. Se sustrae la pretensión del ámbito jurisdiccional.”
3.3. A tenor de lo previsto en el artículo 61 del Código Civil, la muerte pone fin a
la persona.
3.4. Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Corte Suprema en la
Casación N° 1580-2006 – Lima, publicada en el Diario Oficial el Peruano el 31-
05-2007, ha señalado: “…De conformidad con el artículo trescientos veintiuno inciso primero del
Código Procesal Civil: Concluye el proceso sin declaración sobre el fondo cuando: Se sustrae la pretensión del
ámbito jurisdiccional; […] se entiende por sustracción de la materia a una situación de hecho derivada de la
Página 2 de 3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
SEGUNDO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO PERMANENTE
naturaleza de las cosas, en virtud del cual el proceso de pronto carece de un elemento esencial lo cual produce
que carezca de objeto que el órgano jurisdiccional emita pronunciamiento sobre el fondo de la materia
controvertida; […] ésta sustracción de la materia puede darse por diversos motivos, presentándose uno de
ellos cuando lo que se peticiona judicialmente a la parte demandada es satisfecha de modo completo antes de
que se dicte sentencia firme en el proceso; no teniendo así el Poder Judicial nada que ordenar al demandado
que cumpla, puesto que éste ya lo ha cumplido…”
3.5. En el presente caso, esta judicatura, de la revisión de la consulta RENIEC
que obra a folios 380, advierte que el demandante falleció el 18 de abril del
2021; quien en el presente proceso pretendía la nulidad de la sanción
disciplinaria, acción que es de carácter personalísima y que inclusive no es
trasmisible a los herederos; por lo que, en el presente proceso, se ha producido
sustracción de la pretensión del ámbito jurisdiccional, y a la luz de norma y la
jurisprudencia antes citada, corresponde declarar la conclusión del proceso sin
pronunciamiento de fondo.
Por lo tanto, de conformidad a los fundamentos expuestos, a las normas
legales citadas y administrando Justicia a nombre de la Nación;
III. SE RESUELVE.-
3.1. DECLARAR LA CONCLUSIÓN DEL PROCESO SIN
PRONUNCIAMIENTO DE FONDO, sobre la demanda interpuesta por quien en
vida fue Fortunato Hermosilla Nina, la misma que es dirigida en contra de la
Empresa Southern Perú Copper Corporatió, sobre impugnación de sanción
disciplinaria.
3.2. Se Notifique a los sujetos procesales sólo en sus Casillas Electrónicas en
cumplimiento de la Resolución Administrativa N° 137-2020-CE-PJ de fecha
7/05/2020.
Avocándose al conocimiento del presente proceso al Señor Juez (T) que
suscribe en mérito a la Resolución Administrativa N° 001093-2022-P-CSJTA-PJ
de fecha 23 de Noviembre del 2022.
Página 3 de 3 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO ESPECIALIZADO TRABAJO - Tacna
EXPEDIENTE : 00289-2009-0-2301-JP-LA-03
MATERIA : IMPUGNACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS IMPUESTAS POR EL
EMPLEADOR
JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
ESPECIALISTA : FLORES LLANO, IRENE
DEMANDADO : EMPRESA SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION ,
MEDINA NINA, SANTOS NICASIO
ORAHULIO VALENCIA, RUBEN ARMANDO
DEMANDANTE : HERMOSILLA NINA, FORTUNATO
Resolución Nro. 47
Tacna, tres de junio del dos mil veintiuno.-
Al escrito N° 9923-2021 ingresado a través de mesa de parte electrónica, se
procede a su impresión y agregado al expediente físico): VISTOS.- El estado del
proceso y el escrito que antecede; Y CONSIDERANDO.- PRIMERO: De conformidad con
lo establecido en el artículo 108 inciso 1 del Código Procesal Civil, de aplicación
supletoria al caso de autos, señala que: “Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el
lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho
discutido. Se presenta la sucesión procesal cuando: 1. Fallecida una persona que sea
parte en el proceso, es reemplazada por su sucesor, salvo disposición legal en
contrario; salvo disposición legal en contrario…En los casos de los incisos 1. y 2., la
falta de comparecencia de los sucesores, determina que continúe el proceso con un
curador procesal. Será nula la actividad procesal que se realice después que una de
las partes perdió la capacidad o titularidad del derecho discutido, siempre que dicho
acto le pueda haber generado indefensión. Si transcurridos treinta días no comparece el
sucesor al proceso, el Juez debe designar a un curador procesal, de oficio o a pedido de
parte.” SEGUNDO: En el caso de autos, la demanda es interpuesta por FORTUNATO
HERMOSILLA NINA, en contra de la Empresa Southern Perú Copper Corporation,
solicitando la nulidad de la sanción disciplinaria de suspensión de tres (03) días de sus
labores desde el 12 al 15 de setiembre del 2009, posteriormente se emite sentencia
mediante Resolución N° 39 de fecha 27 de abril del 2018, declarando fundada la
demanda y disponiendo que empresa demandada deje sin efecto legal la sanción de
suspensión del 12 al 15 de setiembre del 2009, que le fue impuesta al demandante, por
su inasistencia a laborar el 11 de setiembre del 2009; Se dispone el pago de las
remuneraciones correspondientes a los días del 12 al 15 de setiembre del 2009; Se
efectúe el retiro de su legajo la sanción disciplinaria que se impugna, con
conocimiento del demandante y de la Autoridad de Trabajo, con condena de costas
y costos del proceso. Con fecha 09 de mayo del 2018 la empresa demandante
formula apelación en contra de la sentencia de primera instancia, siendo elevada a
este juzgado en mérito al concesorio de apelación. TERCERO: Mediante el escrito que antecede, la empresa demandada comunica a este despacho sobre el fallecimiento
de don Fortunato Hermosilla Nina acaecido el 18 de abril del 2021. En ese sentido, de
la verificación de consulta a RENIEC, el cual se encuentra estrechamente ligada al
Sistema Integrado Judicial (SIJ) del Poder Judicial (agregado al presente proceso), se advierte
que don Hugo Alfredo Rosales con documento nacional de identidad N° 00453662 ha
fallecido el 18 de abril del 2021; en tal sentido, a fin de no causar indefensión a alguna
de las partes procesales, este despacho debe disponer las providencias de ley por el
término establecido en la norma adjetiva de aplicación supletoria para el presente
caso, siendo necesario ubicar y notificar a los sucesores procesales a efectos de
continuar con el sequito del presente proceso; consideraciones por las cuales es
necesario suspender el presente proceso por el término de treinta días de conformidad
con el artículo 108 inciso 1 y último párrafo del Código Procesal Civil. CUARTO: En
consecuencia, debe disponerse la comparecencia del sucesor o sucesores procesales
del referido demandante, bajo apercibimiento de nombrarse curador procesal, y a
tenor de lo dispuesto en el artículo 318 del Código Procesal Civil de aplicación
supletoria al caso de autos, debe disponerse la suspensión del presente proceso, a
efecto que los sucesores se apersones al proceso. QUINTO: Que, mediante Resolución
Administrativa Nº 00831-2018-PCSJT-PJ, se aprueba la Implementación del Servicio de
Publicación de Edicto Judicial Electrónico en la Corte Superior de Justicia de Tacna,
por tanto, debe aplicarse dicho sistema en la publicación de edicto en el presente
proceso, a efecto que el sucesor o sucesores del demandante Fortunato Hermosilla
Nina, se apersonen al proceso. Consideraciones por las cuales;
SE RESUELVE:
1. Disponer la SUSPENSION el presente proceso por el plazo de TREINTA DÌAS (hábiles) a
efecto de que se apersonen a estos autos el sucesor o sucesores procesales de la
parte demandante FORTUNATO HERMOSILLA NINA, bajo apercibimiento de
nombrársele Curador Procesal.
2. Disponer la Notificación del sucesor (es) procesales de la demandante, mediante
edicto electrónico, que tiene implementado la Corte Superior de Justicia de Tacna
y agréguese a los autos la Ficha RENIEC impresa del SIJ.- HAGASE SABER.-
Se avoca al conocimiento del proceso el Magistrado Titular que autoriza la
presente resolución.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
JUZGADO CIVIL TRANSITORIO - SEDE SOL Y MAR
EXPEDIENTE : 00508-2009-0-2005-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : BURGOS SOLIS LEANDRO FAVIO
ESPECIALISTA : HERRERA OLIVARES OSCAR EDUARDO
DEMANDADO : ENAPU SA
DEMANDANTE: NEGRINI ATOCHE, GUILLERMO ENRIQUE
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y CUATRO (54)
Paita, veintiséis de mayo
del año dos mil veintiuno.-
VISTOS; la demanda interpuesta por Guillermo Enrique Negrini Atoche
contra la empresa ENAPU S.A, sobre Pago de Utilidades, en vía de Proceso Ordinario
Laboral.
I. EXPOSICIÓN DEL CASO:
1. Argumento de la Demanda.-
Mediante escrito presentado con fecha 20 de noviembre del 2009, obrante de
folios 05 a 12, el demandante Guillermo Enrique Negrini Atoche interpone
demanda vía proceso ordinario laboral contra su ex empleador ENAPU S.A,
solicitando el pago de Utilidades correspondiente a los años 1994 al 2009, siendo
el monto ascendente desde el año 2004 al 2009 por la suma de S/. 39,277.89
Soles; más intereses legales, costos y costas del proceso.
Asimismo, el demandante expone como fundamentos que sustentan su
pretensión, los siguientes: i) La Constitución Política reconoce la participación de
los trabajadores de las utilidades de la empresa, por lo que, mi empleador mal ha
hecho en liquidarme diminutamente, ya que de acuerdo al procedimiento
administrativo de trabajo en el cual denuncié las irregularidades del pago de
utilidades por mala liquidación, se detectó que estos pagos no habían sido
liquidados en forma completa; ii) Que, a pesar de haber sido detectado dicho
incumplimiento por la autoridad administrativa de trabajo, mi empleador se ha
negado a cancelarme el pago de los beneficios sociales conforme a Ley.
2. Admisión de la Demanda.-
Mediante Resolución N° 02 de fecha 08 de marzo del 2010 inserta a folios 26 a 27,
se resuelve admitir a trámite en la vía ordinaria laboral la demanda interpuesta
por Guillermo Enrique Negrini Atoche contra la Empresa Nacional de Puertos –
ENAPU S.A, sobre pago de Utilidades, se tiene por ofrecidos sus medios
probatorios, y se corre traslado a la demandada en su domicilio real, para que en
el plazo de diez días hábiles absuelva la demanda por escrito, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Página 1 de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
3. De la Contestación de Demanda.-
Conforme es de verse del escrito de folios 43 a 55, la parte demandada Empresa
Nacional de Puertos S.A debidamente representada por su abogado José Antonio
Rubina La Rosa, cumplen con contestar la demanda, solicitando que la misma sea
declarada Infundada en todos sus extremos, en virtud de los siguientes
fundamentos: La Empresa Nacional de Puertos SA, deduce excepción de oscuridad
y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y excepción de prescripción
extintiva; contesta demanda señalando que el pago de utilidades es un beneficio
económico que se abona a los trabajadores sujetos al régimen laboral de la
actividad privada, asimismo cuando su representada ha tenido utilidades que
distribuir lo ha hecho en función a las normas y aplicable a partir de los resultados
del ejercicio económico 1992. Asimismo, señala que la empresa ha tenido
utilidades que distribuir entre los trabajadores, siendo el porcentaje a distribuir el
5% de la renta neta anual antes de impuestos, el mismo que se ha calculado sobre
el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulta después de haber
compensado pérdidas de ejercicios anteriores de acuerdo a las normas del
impuesto a la Renta.
4. Actividad Procesal.-
4.1. Mediante Resolución N° 06 de fecha 02 de noviembre del 2010, de folios 64
a 65, mediante la cual se tiene por apersonada y contestada la demanda por
parte de la empresa demandada ENAPU S.A, y por formuladas las
excepciones de Oscuridad y Ambigüedad en el modo de proponer la
demanda y Prescripción Extintiva.
4.2. Con fecha 27 de marzo del año 2011 se celebra la Audiencia Única conforme
al acta de audiencia de folios 85 a 88, donde mediante Resolución N° 09 se
declara Infundada la Excepción de Oscuridad o Ambigüedad en el modo de
proponer la demanda y Fundada la Excepción de Prescripción Extintiva
formulada por la demandada respecto a las utilidades solicitadas con fecha
anterior al 23 de diciembre de 1998. Se fijan puntos controvertidos, se
admiten medios probatorios.
4.3. Con fecha 04 de junio de 2012 se presenta el Informe de Planillas N° 083-
2012-P.J.EP que obra de folios 122 a 124, el mismo que es puesto a
conocimiento de las partes procesales por disposición de la Resolución N°
13.
4.4. Con fecha 22 de agosto del 2012, se observa el informe pericial N°083-
2012.PJ.EP; siendo, que con fecha 17 de junio del 2014, se presenta el
Informe N° 0042-2014-FACP-JCP que obra de folios 771 a 772, mediante el
cual se levanta las observaciones formuladas por la parte demandada. El
mismo que es puesto a conocimiento de las partes procesales por
disposición de la Resolución N° 20.
4.5. Mediante Resolución N° 29 se emite Sentencia de fecha 27 de julio del 2016
que obra de folios 850 a 857, mediante la cual se declara Fundada en parte
la demanda incoada por Guillermo Enrique Negrini Atoche contra ENAPU
S.A.
Página 2 de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
4.6. Mediante Resolución N° 31 de fecha 03 de octubre del año 2016 a folios 875,
se resuelve conceder con efecto suspensivo la apelación interpuesta por la
parte demandada contra la sentencia contenida en la Resolución N° 29.
4.7. Elevado los autos a Sala Superior, mediante Resolución N° 34 se emite la
Sentencia de Vista de fecha 22 de noviembre del 2017 que obra de folios
934 a 948, mediante la cual se declara Nula la sentencia contenida en la
Resolución N° 29 de fecha 27 de julio del 2016.
4.8. Mediante Resolución N° 41 de fecha 02 de julio del 2018 obrante a folios
1018, se dispone correr traslado a las partes procesales del Informe
Revisorio de Planillas N°93-2018-MIBA-JLP, que obra de folios 1016 a 1017,
mediante el cual se levanta las observaciones planteadas por la parte
demandada
4.9. Mediante Resolución N°43 de fecha 15 de enero del 2019 a folios 1036, se
resuelve admitir como medio probatorio de oficio, los siguientes
documentos: a) Las Declaraciones Juradas Anuales del Impuesto a la Renta,
con sus respectivas rectificatorias de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, correspondientes a la empresa
demandada ENAPU SA con RUC N° 20100003199; b) Días totales laborados
de todos los trabajadores de la demandada ENAPU SA de los años 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; c)
Remuneraciones totales de todos los trabajadores de la demandada ENAPU
SA de los años 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y
2009; d) Días totales laborados del demandante Negrini Atoche Guillermo
Enrique, identificado con DNI N° 03460014, de los años 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009; y, e) Remuneraciones
totales del demandante Negrini Atoche Guillermo Enrique, de los años 1999,
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009.
4.10. Con fecha 16 de febrero del 2021, se presenta el Informe Revisorio N°
00021-2021-MIBA-JCTP que obra de folios 1245 a 1246, el mismo que es
puesto a conocimiento de las partes procesales por disposición de la
Resolución N°50 a folios 1247.
4.11. Seguido el proceso conforme a su naturaleza, mediante Resolución N° 53 de
fecha 19 de mayo del 2021, se dispuso que se pongan los autos en despacho
para sentenciar y;
CONSIDERANDO:
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN
PRIMERO: Tutela Jurisdiccional efectiva
1.1. La Tutela Jurisdiccional Efectiva, es el derecho que le asiste a toda persona para
el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido
proceso, con la finalidad de resolver un conflicto de intereses con relevancia
jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales, debiendo para ello
considerarse que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los
hechos expuestos por las partes y fundamentar las decisiones del Juez previa
valoración conjunta y razonada de los mismos.
Página 3 de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
1.2. Es así que el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido como principio
de la función jurisdiccional en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución
Política del Perú, garantiza al justiciable, ante su pedido de tutela, el deber del
órgano jurisdiccional de observar el debido proceso y de impartir justicia dentro
de los estándares mínimos que su naturaleza impone; así mientras que la tutela
judicial efectiva supone tanto el derecho de acceso a los órganos de justicia
como la eficacia de lo decidido en sentencia, es decir, una concepción genérica
que encierra todo lo concerniente al derecho a la acción frente al poder – deber
de la jurisdicción, del derecho al debido proceso en cambio significa la
observancia de los principios y reglas esenciales exigibles dentro del proceso,
entre ellas, el de motivación de las resoluciones judiciales.
SEGUNDO: Los derechos laborales en nuestro ordenamiento constitucional y legal son
irrenunciables, tan es así que la vigente Constitución Política, en su artículo 26, inciso
2, reproducido por la Ley Procesal del Trabajo en su artículo III del Título Preliminar,
recoge como principio laboral merecedor de tutela jurisdiccional el de la
irrenunciabilidad de los derechos laborales. En virtud de este principio el juez debe
velar por el respeto del carácter irrenunciable de los derechos reconocidos en la
Constitución y en la ley; y en el ámbito procesal, el principio de la inversión de la carga
de la prueba en virtud del cual, acreditado el vínculo laboral por el trabajador recae a
su vez, sobre el empleador, la carga de la prueba del cumplimiento de sus obligaciones
legales y convencionales entre otras conforme a lo dispuesto por el numeral 1 del
artículo 27 de la mencionada Ley Procesal del Trabajo.
TERCERO: Atendiendo a los presentes actuados y conforme lo dispone el artículo 27º
de la Ley Procesal de Trabajo Nº 266361, corresponde a las partes probar sus
afirmaciones y esencialmente: al trabajador probar la existencia del vínculo laboral y al
empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el
contrato individual de trabajo.
Asimismo, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 30° de la Ley
Procesal del Trabajo, que establece que todos los medios probatorios son valorados en
forma conjunta por el Juez, utilizando su apreciación razonada; disposición
concordante con lo regulado en el artículo 197° del supletorio Código Procesal Civil,
que señala: “Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta,
utilizando su apreciación razonada (…)”.
CUARTO: De la Pretensión
Conforme es de verse de la demanda obrante de folios 09 a 17, el recurrente postula
como pretensión lo siguiente: Que la empresa demandada -EMPRESA NACIONAL DE
PUERTOS –ENAPU S.A-, cumpla con pagarle la suma de S/. 39,277.89 Soles, por el
concepto de reintegro de utilidades del año 1994 al 2009; más intereses legales, costas
y costos.
1Disposición normativa bajo la cual corresponde emitir pronunciamiento en el presente proceso.
Página 4 de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
QUINTO: De los Puntos Controvertidos
Mediante Audiencia Única cuya acta obra de folios 132 a 135, se fijaron los siguientes
puntos controvertidos: Determinar si corresponde ordenar que la demandada cumpla
con cancelar al demandante las utilidades que reclama, por el periodo comprendido
entre el 24 de diciembre de 1998 el año 2009.
ANÁLISIS DEL CASO EN CONCRETO:
DEL VÍNCULO LABORAL
SEXTO: El contrato de trabajo presupone el establecimiento de una relación
contractual entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual éste se obliga a
prestar servicios en beneficio de aquel de manera diaria, continua y permanente a
cambio de una remuneración. Ahora bien, el elemento que determina el carácter
laboral en una relación contractual, es la subordinación, la cual está referida a la
facultad de directriz que posee el empleador para reglamentar las labores, dictar
órdenes y sancionar disciplinariamente al trabajador ante cualquier infracción o
incumplimiento en las obligaciones.
SEPTIMO: Para determinar la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la
emplazada, el récord laboral y evolución remunerativa correspondiente, el juzgador
tiene la obligación de valorar todos los medios probatorios de manera conjunta,
conforme el principio de comunidad de prueba, apreciando su criterio libre y
razonable; sin embargo, en la resolución solo serán expresadas las valoraciones
esenciales y determinantes que sustenten su decisión, conforme al principio de
valoración de la prueba.
OCTAVO: La existencia o no de vínculo laboral entre las partes, queda acreditado con
las siguientes instrumentales: a) 08 Boletas de pago de Remuneraciones de folios 17 a
23, en el cual reconoce la relación laboral entre las partes; máxime si la demandada no
ha negado el vínculo laboral con el accionante; en consecuencia, acreditado el vínculo
laboral entre el demandante y la demandada, corresponde al empleador probar que
ha dado cumplimiento al inciso 2) del artículo 27 de la acotada ley adjetiva laboral.
NOVENO: Respecto del Pago de Utilidades, es importante señalar que el artículo 29°
de la Constitución Política del Estado reconoce el derecho de los trabajadores a
participar de las utilidades de la empresa, siendo que el Estado mantiene un rol
promotor de los sistemas de participación los mismos que están regulados por el
Decreto Legislativo 677 del 07.10.91 modificado por el Decreto Legislativo 892 del
11.11.96 y reglamentado por el Decreto Supremo N° 009-98-TR del 06.08.98,
determinándose que las empresas obligadas al pago de utilidades son aquellas
empresas generadoras de rentas de tercera categoría y estando incluida dentro de las
empresas obligadas al pago de utilidades la empresa demandada, correspondiendo
determinar el Quantum que le corresponde al actor por los periodos demandados. En
mérito a ello se valora lo siguiente:
Página 5 de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
a) En tal sentido, se procede a verificar si efectivamente la demandada cumplió o
no con el pago de utilidades a favor del accionante; de la revisión del Informe
de Planillas N° 012-2012-PJ-MAMV/2J, de folios 155 a 167, se aprecia que la
demandada canceló utilidades respecto de los años de 1999 al 2008, asimismo
de folios 199 obra la boleta de pago de utilidades correspondiente al periodo
2009, presentada por la parte demandada, la cual se encuentra firmada por
ambas partes.
b) De la verificación de la Audiencia Única la misma que obra de folios 132 a 135,
se expide la resolución N° 11 la cual resuelve declarar fundada la excepción de
Prescripción Extintiva formulada por la demandada respecto a las utilidades
peticionadas con fecha anterior al 23 de diciembre del año 1998, procediendo a
liquidar respecto al periodo comprendido desde el año 1999 hasta el 2009.
c) Para realizar el cálculo del rubro peticionado en la interposición de la demanda,
de acuerdo a lo establecido al artículo 2 inciso a) y b) del Decreto Legislativo
892 del 11.11.96 y reglamentado por el Decreto Supremo N° 009-98-TR del
06.08.98, se debe tomar el total de los días laborados por todos los
trabajadores así como las remuneraciones percibidas por todos los
trabajadores, por lo que se ha tenido en cuenta los datos que obran en el
expediente N° 503-2009, tramitando ante este juzgado, teniendo como
pretensión el pago utilidades proceso seguido contra ENAPU, pues a folios 137
a 138 obra el primer informe de planillas N 208-2012-PJ.EP ampliado con el
informe N 193-2014-PJ.LPA./SAM de folios 229 a 231; obteniendo así los datos
necesarios para el cálculo de utilidades tales como Las Utilidades obtenidas por
la empresa, los días laborados por todos los trabajadores, y las remuneraciones
percibidas por todos los trabajadores.
d) Para el caso de autos y respecto a los días laborados y las remuneraciones
percibidas por el accionante, se han considerado los datos que obran en el
Informe de Planillas N 012-2012-PJ-MAMV/2J, de folios 155 a 167 del presente
caso, realizado en Lima.
e) Asimismo, deberá tenerse en cuenta el Informe Revisorio N° 00098-2020-MIBA-
JCTP que obra de folios 879 a 880, en el cual se aprecian la declaración del
impuesto a la renta por el período demando (1999 al 2009), así como las
utilidades percibidas en dichos períodos, el total de días laborados y el total de
remuneraciones percibidas por todos los trabajadores, así como el total de días
laborados y el total de remuneraciones percibidas por el demandante, y la
utilidad cancelada al demandante.
Siendo así, en base a dicha información, y demás recaudados que obran en autos, se
procede a determinar si existe adeudo alguno a favor del demandante por el concepto
de utilidades por el período de 1999 al 2009, realizándose la siguiente liquidación:
Días Remuneraciones
Participac Días Días Rem.
Periodo Utilidad Sub Rem. Totales Sub Total
5% Totales Totales Totales
Total Dda. Total
Dda. Ddte Ddte.
1999 59,737,891.00 2,986,894.55 193,851 180 1,386.74 34,391,734.00 22,568.00 980.01 2,366.74
2000 15,683,685.00 784,184.25 325,548 360 433.59 58,082,823.00 51,815.00 349.78 783.37
Página 6 de 7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA
JUZGADO ESPECIALIZADO CIVIL TRANSITORIO DE PAITA
_____________________________________________________________________________
2001 72,628,085.00 3,631,404.25 357,436 360 1,828.73 58,759,534.00 51,515.00 1,591.84 3,420.57
2002 12,755,589.00 637,779.45 504,187 360 227.69 84,116,775.87 55,138.07 209.03 436.72
2003 3,669,776.00 183,488.80 503,690 360 65.57 94,687,641.67 58,391.49 56.58 122.15
2004 49,352,123.00 2,467,606.15 1,075,916 360 412.83 195,425,639.72 56,561.72 357.10 769.93
2005 62,087,398.00 3,104,369.90 1,450,828 360 385.15 278,032,294.44 58,849.06 328.54 713.69
2006 77,635,542.00 3,881,777.10 1,714,795 360 407.47 326,955,632.68 59,586.64 353.72 761.19
2007 108,775,939.00 5,438,796.95 892,800 360 1,096.53 168,095,802.15 57,929.29 937.16 2,033.69
2008 172,291,523.00 8,614,576.15 578,504 360 2,680.40 126,954,591.58 56,968.60 1,932.82 4,613.22
2009 87,733,356.00 4,386,667.80 604,169 360 1,306.92 145,708,274.62 57,965.60 872.55 2,179.47
TOTAL UTILIDADES 18,200.74
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs.829, Año 1999 -2,746.19
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2000 -796.74
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2001 -75.26
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2002 -613.98
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2003 -154.08
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2004 -2,398.87
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2005 -2,845.82
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2006 -3,718.69
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2007 -4,891.69
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2008 -7,421.96
(-) Menos lo Cancelado según Informe Pllas. Fs. 829, Año 2009 -2,952.34
TOTAL -
En ese sentido, conforme es de verse de la liquidación que antecede, se advierte que
no existe adeudo alguno a favor del demandante por el concepto de Utilidades por el
período del año 1999 al 2009, por lo tanto, la presente demanda deviene en
Infundada.
Sobre el pago de intereses legales, costas y costos procesales
DÉCIMO: Respecto a la pretensión accesoria de pago de intereses, costas y costos
procesales, al no haberse determinado la existencia de un monto pendiente de pago
por concepto de utilidades y habiéndose declarado Infundada su pretensión de pago
de utilidades, y siendo que lo accesorio sigue la suerte del principal, por lo tanto, la
presente pretensión accesoria también deviene en Infundada.
III. DECISIÓN:
Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 138° y 143° de la Constitución Política del Estado, con el criterio de conciencia
que la ley faculta e impartiendo justicia a nombre de la Nación, el señor Juez del
Juzgado Civil Transitorio de Paita, RESUELVE:
1. DECLARAR INFUNDADA EN TODOS SUS EXTREMOS la demanda interpuesta
por don GUILLERMO ENRIQUE NEGRINI ATOCHE, contra su empleador
EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS –ENAPU S.A, sobre Reintegro de Utilidades,
más el pago de intereses legales, costas y costos procesales.
2. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente, archívese definitivamente la
presente causa en el modo y forma de ley.
3. NOTIFÍQUESE a las partes procesales conforme a ley.
Página 7 de 7 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDO JUZGADO DE PAZ LETRADO DE BREÑA
EXPEDIENTE : 00609-2009-0-1818-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : RONQUILLO PASCUAL JIMMY JAVIER
ESPECIALISTA : ARBAÑIL CAMARENA ROMMY LISSET
DEMANDADO : CHUG ALZA, LILIANA PATRICIA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO
SENTENCIA
RESOLUCIÓN Nº 10
Breña, veintitrés de abril
del dos mil veintiuno.-
VISTOS: Puestos a despacho para sentenciar; de su análisis se tiene:
I.- PARTE EXPOSITIVA.-
PRIMERO: Mediante escrito de fojas 25 a 29, subsanada de fojas 33 a 35, el
BANCO DE CREDITO DEL PERU, debidamente representado por su apoderado
Walter Carrascal Portilla, en la vía de proceso abreviado, interpone demanda de
obligación de dar suma de dinero, contra LILIANA PATRICIA CHUG ALZA, a
fin que cumplan con pagarle la suma de SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE
CON 44/100 SOLES, más intereses compensatorios y moratorios pactados,
costas y costos del proceso.
La parte demandante sostiene principalmente que: (i) Conforme se aprecia del
Estado de cuenta de saldo deudor en moneda nacional (liquidación al
12.08.2009) del Crédito Efectivo N° 1001910000000000563019, a cargo de la
demandada LILIANA PATRICIA CHUG ALZA, ésta adeuda la suma de
SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE CON 44/100 SOLES, que a la fecha no
han sido cancelados; (ii) Conforme se aprecia del cronograma de pagos, la
deudora solicitó un préstamo ascendente a la suma de S/63,500.00 Soles, cuyo
desembolso se produjo el 27 de agosto del 2008, pactándose su pago en 48
cuotas; (iii) la deudora incumplió con pagar las cuotas a partir de la N° 04,
motivo por el cual se le remitió la carta notarial de fecha 12 de agosto del 2019,
comunicándole que tenía vencida 07 cuotas de su crédito efectivo, dando por
terminado el mencionado crédito efectivo, procediendo a reclamar el cobro de
dicha obligación en la vía judicial previa invitación a conciliar a la cual no
asistió la demandada.
SEGUNDO: Conforme es de verse de los pre avisos y cargo de notificación que
corren de fojas 40 a 41, la demandada LILIANA PATRICIA CHUG ALZA, ha
sido debidamente notificada con la demanda, anexos y auto admisorio de la
1 instancia, en el domicilio indicado con la demanda, el mismo que coincide con
el que señalará la demandada en su solicitud de crédito, que obra de fojas 16 a
17; no obstante, la demandada no ha cumplido con contestar la demanda,
encontrándose en situación procesal de rebeldía, conforme se desprende de la
resolución número cuatro, obrante a fojas 57; y si bien por medio del escrito de
fecha 21 de enero último la demandada se apersonó al proceso solicitando la
nulidad de actuados hasta el acto de notificación con la demanda, dicha nulidad
fue declarada improcedente por medio de la resolución nueve de fecha 29 de
marzo último.
TERCERO: Entre los actos procesales más importantes hasta antes de la
expedición de la presente, tenemos: (i) Por resolución tres, de fojas 38, se admite
a trámite la demanda; (ii) Por resolución cuatro, de fojas 57, se declara la
rebeldía de la demandada; (iii) Por resolución cinco de fojas 60, se declara
saneado el proceso; (iv) Por resolución ocho, de fojas 124 a 125, se dispuso tener
por no devuelta la cédula de notificación y por bien notificada la parte
demandada, se fijaron los puntos controvertidos, se calificaron los medios
probatorios y se dispuso el juzgamiento anticipado; (v) Por resolución nueve se
declaró improcedente la nulidad formulada por la parte demandada,
disponiéndose el ingreso de los autos al despacho para emitir sentencia.
II.- PARTE CONSIDERATIVA.
CUARTO: Toda persona tiene derecho a recurrir ante el Órgano Jurisdiccional
competente para el ejercicio de sus derechos con sujeción a un debido proceso,
norma prevista en el inciso tercero del artículo ciento treinta y nueve de la
Constitución Política del Estado y procesalmente expresado en el artículo
Primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil y artículo sétimo de La
Ley Orgánica del Poder Judicial.
QUINTO: Que una de las cargas que deben soportar las partes dentro del
proceso es la de crear en el juez convicción sobre la veracidad de los hechos que
invocan. Así, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 188° del Código Procesal
Civil: “Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por
las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y
fundamentar sus decisiones”; mientras que conforme al artículo 196° del mismo
cuerpo legal: “Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien
afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos
hechos”.
SEXTO: Que, en cuanto a la pretensión referida al cumplimiento de una
obligación, debe decirse que, conforme a los artículos 188° y 196° del Código
Procesal Civil, corresponde a la parte actora la prueba de la existencia de la
obligación aludida en la demanda, pues ella constituye el principal sustento de
su petitorio; al tiempo que constituye una carga de la parte emplazada, en
atención a lo dispuesto por el artículo 1229° del Código Civil, acreditar que la
obligación fue pagada.
2 SÉPTIMO: El artículo 1219 inciso 1 del Código Civil faculta al acreedor a
emplear las medidas legales para que su deudor le procure aquello a lo que está
obligado, es decir, concede al acreedor el derecho de acción de exigir
judicialmente el cobro de su acreencia.
OCTAVO: Conforme se ha señalado, corresponde a la parte demandante
probar la existencia de la obligación aludida en la demanda, entendida aquélla
(la obligación) como la relación jurídica que vincula un derecho de crédito con
un deber jurídico específico, en mérito de la cual el sujeto titular del derecho de
crédito (acreedor) puede exigir al sujeto gravado con el deber jurídico específico
(deudor) la realización de una conducta (prestación) dirigida a satisfacer el
interés de aquél. Al respecto, la parte demandante exige al demandado el pago
de SETENTA Y UN MIL CIENTO ONCE CON 44/100 SOLES, conforme a su
escrito de subsanación de fojas 33 a 35, deuda que habría derivado del Contrato
de Crédito Efectivo Nº 1001910000000000563019; presenta a efectos de acreditar
lo alegado: (i) la solicitud de Crédito Personal, el contrato de crédito personal y
el cronograma de pagos que corren de fojas 16 a 20, de donde se advierte que la
solicitud, el contrato y el cronograma de pagos aparecen firmados por la
demandada LILIANA PATRICIA CHUG ALZA, y que el monto solicitado y
prestado fue de sesenta y tres mil quinientos soles; (ii) el requerimiento de pago
de deuda realizado por carta notarial que corre a fojas 15; (iii) la liquidación de
deuda y el estado de cuenta del saldo deudor del Crédito Efectivo Nº
1001910000000000563019 a favor de la demandada LILIANA PATRICIA CHUG
ALZA, de donde se advierte que al 12 de agosto del 2009, la deuda ascendía a
S/. 71,111.44 Soles, considerando intereses compensatorios y moratorios,
liquidación que tampoco ha sido objeto de cuestionamiento por parte de la
demandada.
NOVENO: Que, conforme establece el artículo 197 del Código Procesal Civil,
los medios probatorios deben valorarse en forma conjunta, tomando en
consideración, además, otras conductas de las partes y las presunciones legales,
por lo que, en el presente caso, debemos considerar la existencia de los
documentos mencionados en el considerando precedente, los cuales no han
sido materia de cuestionamiento por parte de la demandada, asimismo, debe
considerarse que el artículo 461° del Código Procesal Civil indica que la
declaración de rebeldía causa presunción relativa sobre la verdad de los hechos
alegados en la demanda. A su turno, el artículo 15 de la Ley de Conciliación -
Ley Nro. 26872 establece que “la inasistencia de la parte invitada a la Audiencia
de Conciliación, produce en el proceso judicial que se instaure, presunción legal
relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el Acta de conciliación y
reproducidos en la demanda”, siendo que, en el presente caso, el demandado
no ha contestado la demanda, razón por la cual fue declarado rebelde;
asimismo, en su oportunidad no asistió a la audiencia de conciliación
extrajudicial, conforme puede verse en el acta que corre de fojas 23 a 24. Todo lo
cual permite arribar al convencimiento de que la obligación existió y que la
3 misma no ha sido satisfecha, pese a ser exigible su pago de acuerdo a lo
estipulado en la cláusula quinta y sexta del contrato de crédito personal obrante
de fojas 17 vuelta a 18 vuelta y al inciso 10 del artículo 132 de la Ley Nº 26702.
DÉCIMO: Que, estando a lo precedente, se advierte que la parte demandada se
encuentra en situación procesal de rebeldía al no haber cumplido con contestar
la demanda pese habérsele notificado con la misma; asimismo, se aprecia que
ésta no ha acudido a las dos citaciones de audiencia de conciliación extrajudicial
conforme se observa del acta de fojas 23 a 24, y se encuentra en situación de
rebeldía. Asimismo, no ha cuestionado durante la secuela del proceso los
documentos ofrecidos por la demandante, conservando por ende su eficacia
para acreditar la materia controvertida.
Por estas consideraciones, y de conformidad con las normas
glosadas; Administrando Justicia a Nombre de la Nación, el Señor Juez del
Segundo Juzgado de Paz Letrado de Breña de la Corte Superior de Justicia de
Lima:
III. FALLA:
PRIMERO: DECLARANDO FUNDADA LA DEMANDA que obra de fojas 25
a 29 y subsanada de fojas 33 a 35, interpuesta por el BANCO DE CREDITO DEL
PERU contra LILIANA PATRICIA CHUG ALZA, sobre obligación de dar suma
de dinero.
SEGUNDO: ORDENO que la demandada LILIANA PATRICIA CHUG ALZA
cumpla con pagar a la demandante la suma de SETENTA Y UN MIL CIENTO
ONCE CON 44/100 SOLES, más intereses compensatorios y moratorios
pactados, costas y costos del proceso.
TERCERO: ORDENO se notifique la presente a las partes.
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA LABORAL - Sede Periférica I
EXPEDIENTE : 00629-2009-0-2501-JR-LA-03.
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES.
RELATOR : ANA MARIA VENEROS LAVERIAN.
DEMANDADO : PRODUCTO MARINOS DEL PACÍFICO SUR S.A.
TERCERO : CFG INVESTMENT S.A.C.
DEMANDANTE : TORRES CHAVEZ, HUGO ALCIDES.
RESOLUCIÓN NÚMERO: SETENTA Y CUATRO
Chimbote, doce de octubre
del dos mil veinte.-
AUTOS Y VISTOS; viene en grado de apelación la resolución número sesenta y nueve de fecha
11 de octubre del 2019, que resuelve trabar embargo en forma de inscripción sobre el bien inmueble
ubicado en el lote acumulado A – D con frente al pasaje común Zona Industrial 27 de octubre del distrito
de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash inscrita en la Partida Registral N° 02000886,
hasta por la suma de S/ 4,518.60 soles por concepto de costos procesales que incluye el 5% para el
Colegio de Abogados del Santa, con lo demás que contiene; Y, CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la
parte apelante sustenta su recurso de apelación indicando: Promarca cuenta con bienes propios,
entonces debió evitarse que les siga causando más perjuicio de orden procesal y económico, por ende no
debe permitirse el abuso y el antojo del demandante; que por el hecho de que su representada sea una
personal solvente tenga que cobrar el demandante un derecho que le corresponde pagar directamente a
PROMARCA, entre otros fundamentos; SEGUNDO: Que, el artículo 364° del Código Procesal Civil
aplicable supletoriamente al presente proceso, establece que el recurso de apelación tiene por objeto que
el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que
les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente. Si bien es
cierto que el recurso de apelación es el medio que hace tangible el principio de la doble instancia[1]
[previsto en el artículo X del Título Preliminar del Código Procesal Civil], el cual es un recurso ordinario o
de alzada, que supone el examen de los resultados de la primera instancia, mediante el cual el Juez
Superior ad quem examina la corrección y regularidad de la resolución dictada por el Juez a quo, según
los motivos de agravio que aduzca el apelante. También lo es que en la actividad recursiva se tiene como
principio de limitación llamado “tantum devolutum quantum appellatum”[2], el cual es principio y garantía
1 “El fundamento de la doble instancia se encuentra ligado a la falibilidad humana y a la idea de un posible error en la resolución judicial; de allí
que este principio constituye una garantía para los ciudadanos, ya que la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un colegiado
especializado, a fin de ser analizada nuevamente.” [CAS N° 3353-2000-Ica. Publicado el 02 de febrero del 2000].
2 “La actividad recursiva en nuestro sistema procesal tiene como uno de sus principales principios el de limitación conocido como `Tantum
Apellatum Quantum Devolutum´ sobre el que reposa el principio de congruencia, y que significa que el órgano revisor al resolver la
impugnación debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante…” STC 7022-2006-PA/TC. jurisdiccional que el órgano que conoce la apelación únicamente se pronunciará sobre los agravios
invocados por el apelante; TERCERO: Que, mediante sentencia de vista contenida en la resolución
número veintiséis de fecha 16 de mayo del 2012, se resuelve confirmar la sentencia de primera instancia
de fecha 11 de octubre del 2011 que resuelve fundada en parte la demanda y modifica en cuanto al
monto; en consecuencia ordenaron que la demandada Productos Marinos del Pacífico Sur S.A.C., cumpla
con abonar al demandante la suma de S/ 22,575.51 soles, con lo demás que contiene; CUARTO: Que,
mediante resolución número treinta y seis de fecha 04 de septiembre del 2013, se resolvió confirmar la
resolución número treinta y uno de fecha 20 de septiembre del 2012, que declara procedente aplicar el
principio de carácter persecutorio sobre el bien inmueble en la partida N° 02000886 de los Registros
Públicos de esta ciudad; en consecuencia ordena que CFG INVESTMENT S.A.C., cumpla con abonar en
el plazo de cinco días a favor del actor la suma de S/22,575.51 soles, bajo apercibimiento de ejecución
forzada; asimismo, es de indicar que, mediante resolución número cincuenta y tres de fecha 12 de enero
del 2016, se resolvió revocar la resolución número cuarenta y siete de fecha 19 de septiembre del 2014,
que concede embargo en forma de retención sobre las cuentas corrientes y/o ahorro que tiene CFG
INVESTMENT S.A.C., en el Banco de Crédito hasta por la suma de S/ 6,113.87 soles reformándola
declararon improcedente la solicitud de embargo en forma de retención, bajo el argumento que se
observa de su considerando cuarto, el mismo que se indica lo siguiente “(…) de la revisión de los
actuados se advierte que por resolución número treinta y seis la Sala Superior Laboral, ha confirmado la
aplicación del principio persecutorio sobre el bien inmueble ubicado en el lote acumulado A – D frente al
pasaje común – Zona Industrial de 27 de Octubre – Chimbote; por lo que, no corresponde amparar la
medida de embargo en forma de retención sobre las cuentas corrientes del tercero CFG INVESTMENT
S.A.C., debiendo además tenerse en cuenta que el apercibimiento decretado y el que corresponde es el
ejecución forzada sobre el bien perseguido…”; QUINTO: Que, mediante escrito de fecha 27 de
septiembre del 2019, el demandante solicita embargo en forma de inscripción sobre el bien inmueble de
propiedad de la ejecutada CFG INVESTMENT S.A.C., ubicado en el lote acumulado A – D con frente al
pasaje común Zona Industrial 27 de Octubre del distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento
de Ancash inscrita en la Partida Registral N° 02000886, hasta por la suma de S/4,518.60 por concepto de
costos procesales; la misma que es concedida mediante resolución que es materia de apelación; SEXTO:
Que, de la revisión de lo actuado y conforme se ha detallado precedentemente, el carácter persecutorio
ya se ha dado sobre el bien inmueble perseguido, más aún si con resolución número treinta y seis de
fecha 04 de septiembre del 2013 en su fundamento cuarto se ha indicado que el apercibimiento
decretado y el que corresponde es el ejecución forzada sobre el bien perseguido; por tanto, corresponde
desestimar lo esgrimido por el apelante y confirmar la venida en grado; por estas consideraciones, la Sala
Laboral de la Corte Superior: RESUELVE: CONFIRMAR la resolución número sesenta y nueve de fecha
11 de octubre del 2019, resolvió trabar embargo en forma de inscripción sobre el bien inmueble ubicado
en el lote acumulado A – D con frente al pasaje común Zona Industrial 27 de octubre del distrito de
Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash inscrita en la Partida Registral N° 02000886, hasta por la suma de S/ 4,518.60 soles por concepto de costos procesales que incluye el 5% para el
Colegio de Abogados del Santa, con lo demás que contiene; y, los DEVOLVIERON a su Juzgado de
origen. Juez Superior Ponente Carlos Vigil Salazar Hidrogo.
S.S.
Cavero Lévano, C.
Salazar Hidrogo, C.
Cuipa Pinedo, A. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXPEDIENTE NÚMERO: 01283-2009-0-2501-JR-LA-04
MAXIMINO LIMA CORDOVA
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.
PAGO DE UTILIDADES
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y NUEVE
Chimbote, ocho de setiembre
Del dos mil dieciséis.
AUTO EMITIDO POR EL TERCER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en apelación el auto emitido mediante resolución número treinta y seis
de fecha quince de enero del dos mil dieciséis, que resuelve regular los costos
procesales en el monto de S/. 2,000.00 Nuevos soles, más el importe de S/. 100.00
Nuevos soles destinados al Colegio de Abogados del Santa.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La demandada fundamenta su recuso de apelación en lo siguiente: a) Que, según el
artículo 417 del Código Procesal Civil la liquidación de costos debe versar sobre los
gastos judiciales efectuados en el proceso, como son las tasas judiciales, honorarios de
órganos de auxilio, honorario del abogado, que se encuentren debidamente comprobados
y correspondientes a actuaciones legalmente autorizadas; b) Que, según el artículo 418
del Código Procesal Civil se prevé que para el pago de los costos procesales, el
vencedor deberá acompañar documento indubitable y de fecha cierta que acredite su
pago; y además en el monto total del recibo de honorarios no se ha efectuado la
retención del impuesto correspondiente; c) Que, el monto que ha cancelado el
demandante como honorarios de abogado es elevado, no resultando directamente
proporcional al monto ordenado pagar en la sentencia.
1 CONSIDERACIONES DEL SUPERIOR:
Sobre el recurso de apelación
1. Al respecto, el artículo 364° del Código Procesal Civil establece que el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de
parte o de tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio; con el propósito de
que sea anulada o revocada, total o parcialmente. El recurso de apelación es el medio
que hace tangible el principio de la doble instancia1-previsto en el artículo X del Título
Preliminar del Código Procesal Civil-, el cual es un recurso ordinario o de alzada, que
supone el examen de los resultados de la primera instancia, mediante el cual el Juez
Superior Ad quem examina la corrección y regularidad de la resolución dictada por el
Juez A quo, según los motivos de agravio que aduzca el apelante.
2. Sobre el particular, Benavente sostiene que: “La apelación persigue como finalidad el
obtener que el tribunal superior enmiende, con arreglo a derecho, el agravio del tribunal
inferior, que al fallar, le haya producido a las partes. El concepto de “enmendar” es
sinónimo de “deshacer” en una nueva sentencia los agravios que el tribunal de primera
instancia infiere con su fallo a las partes, A virtud de la apelación puede hacerse una
nueva sentencia, aprovechando de la apelada todo lo que se estime conveniente”2.
Análisis del caso
3. Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411º del Código Procesal Civil, los
costos del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco
por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo;
consecuentemente, su pago corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo
declaración judicial expresa y motivada de exoneración. El Pleno Jurisdiccional Nacional
Civil realizado en la ciudad de Lima con fecha seis y siete de junio del año 2008 respecto
al Tema 3 referente a la fijación de los costos, adoptan por mayoría el siguiente acuerdo:
“Los costos procesales se fijan sin ser necesario para el Juez que se haya
acreditado el pago del tributo correspondiente, el cual únicamente es exigible para
hacer efectivo el cobro del depósito judicial”.
1 CAS N° 3353-2000-Ica. Publicado el 02 de febrero del 2000]: “El fundamento de la doble instancia se encuentra ligado a la falibilidad
humana y a la idea de un posible error en la resolución judicial; de allí que este principio constituye una garantía para los ciudadanos, ya que
la decisión judicial cuyo error se denuncia es llevada ante un colegiado especializado, a fin de ser analizada nuevamente”
2 HINOSTROZA MINGUÉS, Alberto; El Recurso de Apelación, Gaceta Jurídica, Primera Edición, octubre 2008, pág. 30 – 31.
2 4. En el presente caso al existir un pronunciamiento sobre el fondo mediante sentencia de
fecha veintiuno de octubre del dos mil trece obrante a folios 294 a 301, en la que se
declara fundada en parte la demanda, sentencia que es confirmada mediante sentencia
de vista de folios 327 a 329 ordenando pagar la suma de S/. 6,882.26 Nuevos soles
(monto capital); y asimismo, mediante resolución treinta y uno de fecha veintiocho de
noviembre del dos mil catorce de folios 361 se dispone el pago de S/. 7,069.49 Nuevos
soles, por concepto de intereses legales, resolución que ha sido confirmada por esta Sala
de folios 378 a 380; por ende corresponde se proceda a la fijación de los costos del
proceso.
5. Que, atendiendo la naturaleza de la materia controvertida, esto es el pago de costos
procesales, se debe tener en cuenta que el Juez no solo debe apreciar la objetividad del
monto de los costos, sino también la existencia o no de la buena fe procesal de la parte
vencida y las circunstancias del caso en atención a lo dispuesto por el artículo 414 del
Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria al caso de autos.
6. Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las
incidencias del proceso, tales como: 1) La duración del proceso (inicia el doce de junio
del dos mil nueve), 2) Instancias jurisdiccionales (doble instancia), 3) Complejidad de la
materia litigiosa; y, 4) La labor desplegada por el abogado defensor de la parte
vencedora; por lo que, en atención a ello el Juzgador en el presente caso ha determinado
como costos del proceso la suma de S/. 2,000.00 Nuevos soles, más el importe de S/.
100.00 destinados al Colegio de Abogados del Santa.
7. Que, por otro lado, resulta aplicable al caso, el pronunciamiento del Tribunal
Constitucional en su sentencia del Exp. 00052-2010-PA/TC-LIMA, que ha establecido en
su quinto considerando que: “Teniendo presentes las razones esgrimidas por el juzgado y
la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el monto de
los honorarios, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la
participación de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios
relevantes, tales como: a) el éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad
de la cuestión debatida, y c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o
constantes”. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal Unipersonal;
3 RESUELVE:
CONFIRMAR el auto emitido mediante resolución número treinta y seis de fecha quince
de enero del dos mil dieciséis, que resuelve regular los costos procesales en el monto de
S/. 2,000.00 Nuevos soles, más el importe de S/. 100.00 Nuevos soles destinados al
Colegio de Abogados del Santa; con lo demás que contiene, y devuélvase a su juzgado
de origen. Juez Superior (T) Doctor Carlos Salazar Hidrogo.
S.:
Salazar Hidrogo, C.
4 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO DE TRABAJO - NLPT
EXPEDIENTE : 01356-2009-0-2501-JR-LA-01
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
DEMANDADO : TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. (EX-SIPESA) ,
DEMANDANTE : SANCHEZ GUERRERO, ASUNCION
Resolución Nro. CINCUENTA Y UNO
Chimbote, seis de setiembre
Del dos mil veintitrés.-
AUTOS Y VISTOS; dado cuenta con los autos e impulsando el proceso; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución cuarenta y nueve se requirió al demandante
cumpla con presentar la propuesta de costas y costos procesales por el plazo de tres días,
bajo apercibimiento de ser regulados por juzgado; sin embargo el demandante hasta la
fecha no ha dado cumplimiento al mandato, razón por la que corresponde hacer efectivo
el apercibimiento decretado por lo que se procede a emitir pronunciamiento al respecto
SEGUNDO: Que, el artículo 411 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente,
prescribe: “Son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora,
más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los
casos de Auxilio Judicial”.
TERCERO: De igual manera, conforme lo establece la jurisprudencia en el expediente
17021-97, de la Sala de Procesos Sumarísimos y No Contenciosos (LEDESMA
NARVÁEZ, Marianella, Jurisprudencia Actual, Lima, 2005, T.6, p.544), se indica: “El
Juez no solo debe apreciar la objetividad del monto de los costos, sino también la
existencia o no de buena fe procesal de la parte vencida y las circunstancias del caso en
atención al artículo 414° del Código Procesal Civil. Para fijar el monto de los costos
debe tener en cuenta los distintos factores que ha puesto en juego el abogado en su
labor de asistencia profesional y defensa, sin perjuicio de tener en cuenta el tiempo de duración del proceso, las dificultades de la defensa, la conducta procesal de la
demandante y la naturaleza del derecho defendido”.
CUARTO: Que, conforme se tiene de la sentencia de vista contenida en la resolución
número treinta y siete se CONFIRMO la sentencia que declara fundada en parte la
demanda y SE MODIFICO el monto; y se ordena a la demandada cumpla con pagar al
demandante la suma de S/.1,469.28 soles, más intereses legales, costas y costos del
proceso.
Por otro lado mediante resolución cuarenta y dos se resolvió aprobar las liquidación por
intereses legales en la suma total de S/.164.82 soles
QUINTO:
Que, contrastando los actos procesales, así como la conducta del letrado patrocinante, se
tiene que los costos del proceso deben fijarse por el juzgador, la misma que deberá
atender a las incidencias del procesos, tales como: 1) la duración del proceso (iniciado
el 18 de junio del 2009), 2) instancias jurisdiccionales ( 2° instancia), 3) complejidad de
la materia litigiosa y 4) la labor desplegada por el abogado defensor de la parte
vencedora; por lo que en atención a ello el juzgador en la presente causa, debe tener en
cuenta.
Que, en dicho contexto, considerando el tiempo transcurrido desde la interposición de la
demanda (18 de junio del 2009) hasta la emisión de la sentencia y fecha de pago del
adeudo capital y los intereses legales; así la labor desplegada durante la tramitación de
las etapas del proceso, corresponde regular los costos procesales en la suma de
S/ 200.00 soles; más el 5% para el Colegio de Abogados del Santa, en mérito a las
consideraciones vertidas.
SEXTO: Que, en cuanto a las costas; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo
410° y 417° del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente al caso de autos, las
costas están constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio
judicial y los demás gastos judiciales realizados en el proceso por lo que revisados los
autos de tiene que no obra documento alguno que acredite que el actor haya efectuado
pago los conceptos antes mencionados. Razón por la cual corresponde declarar
IMPROCEDENTE en este extremo. Por los fundamentos expuestos; SE RESUELVE: 1) APRUÉBESE los costos procesales (conforme a lo señalado en la parte
considerativa de la presente) en la suma de S/ 200.00 soles, más el 5% para el Colegio
de Abogados del Santa,; REQUIRIÉNDOSE a la demandada cumpla en el plazo de
tres días con cancelar el importe aprobado, bajo apercibimiento de ejecución forzada en
caso de incumplimiento.
2) IMPROCEDENTE el pago de costas procesales ,por lo expuesto en la presente
resolución. Avocándose al conocimiento del proceso el señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición Superior.-
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO DE TRABAJO - NLPT
EXPEDIENTE : 01448-2009-0-2501-JR-LA-07
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : MENDOZA DURAND RONALD YURI
TERCERO : BANCO DE CREDITO ,
DEMANDADO : CONSERVAS SANTA ADELA SA ,
EMPRESA CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN EIRL ,
FIORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y
GERENCIA SAC ,
DEMANDANTE : GARCIA BENITES, MARIA FIDENCIA
Resolución Nro. CINCUENTA Y DOS
Chimbote, siete de setiembre
Del dos mil veintidós.-
Dado cuenta con los autos remitidos por la Segunda Sala Civil , donde
mediante resolución cincuenta y uno CONFIRMA el auto contenido en la resolución
número cuarenta y seis, que resuelve declarar fundada la aplicación del Principio
Persecutorio solicitada por la parte demandante, en contra del tercero EMPRESA DE
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L. sobre el bien inmueble de
negocio de la demandada, ubicado en la Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G – Lote
11-14) - FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada EMPRESA
CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C.
En consecuencia, REQUIERASE al tercero perseguido EMPRESA DE
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L, a fin de que dentro del plazo de
tres días CUMPLA con pagar a favor de la parte actora, la suma de S/. 6,574.41
Soles, por concepto de capital, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, sobre el bien
inmueble citado, en caso de incumplimiento. NOTIFIQUESE |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CCCOOORRRTTTEEE SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR DDDEEE JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA DDDEEELLL SSSAAANNNTTTAAA
SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA SSSAAALLLAAA CCCIIIVVVIIILLL
EXPEDIENTE Nº: 01448-2009-0-2501-JR-LA-07.
GARCIA BENITES MARIA FIDENCIA.
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRÁN E.I.R.L.
DERECHOS LABORALES.
AUTO DE VISTA EMITIDO POR EL PRIMER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA
SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CINCUENTA Y UNO
Chimbote, dieciocho de julio
Del dos mil veintidós.
ASUNTO:
Viene en grado de apelación el auto contenido en la resolución número CUARENTA Y
SEIS de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, que resuelve declarar FUNDADA la
aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante, en contra del tercero
EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L. sobre el bien inmueble
de negocio de la demandada, ubicado en la Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G – Lote 11-14) -
FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada EMPRESA CONSERVAS SANTA
ADELA S.A.C. hasta por la suma de S/.6,574.41 Soles; en consecuencia, REQUIERASE al
tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L, a fin
de que dentro del plazo de tres días CUMPLA con pagar a favor de la parte actora, la suma de
S/. 6,574.41 Soles, por concepto de capital, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, sobre el bien
inmueble citado, en caso de incumplimiento.
FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
El apoderado legal de la Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L.,
interpone recurso de apelación, argumentando que el juzgador ha expedido resolución
transgrediendo las disposiciones normativas contenida en el D. Leg. Nº 856 y en contravención a la
garantía constitucional de motivación de las resoluciones judiciales.
De este modo, expresa que el juez de primera instancia menciona el Oficio Nº 0087-
2021/CCO/INDECOPI; sin embargo, refiere que se observa de los oficios que Indecopi remite
información sobre todo el procedimiento de la Empresa Santa Adela y de la empresa liquidadora,
Página 1 de 12 manifestando que el contrato de dación en pago efectuada por la liquidadora y casa banchero son
validos; y, que tienen todos los efectos legales de acuerdo a la Resolución Nº 1161-2013/SDC/-
INDECOPI, documento que no ha sido analizado de forma total por el juez, sino de manera
parcializada.
Asimismo, indica que en el presente caso, no ha existido por parte de la empresa en su
estado declarado de insolvencia, transferencia alguna de activos; y, muy por el contrario la
adquisición del bien inmueble sobre el que se pretende recaer el carácter persecutorio, ocurrió vía
compra venta al Banco de Crédito del Perú en el año 2011, por lo que se tiene que no existe
transferencia efectuada por la empresa deudora, no dándose el supuesto de transferencia dentro de
los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del deudor, la transferencia se dio en fecha
muy posterior, 01 de abril del 2002, a la declaración de insolvencia de la empresa deudora.
Además, añade que ninguno de los supuestos que señala la norma se han dado, no se
acredita la existencia de simulación o fraude en el acto de transferencia vía compra venta del bien
inmueble sobre el cual se pretende aplicar el carácter persecutorio del negocio, menos que se haya
transferido activos fijos a terceros para la construcción de nuevas empresas; y, siendo así, no cabe
los presupuestos enunciados para amparar la solicitud del actor. Y demás argumentos que expone.
FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Respecto al recurso de apelación:
1.- Sobre el particular, el Tribunal Constitucional expone que el derecho al debido proceso
se encuentra expresamente reconocido en el inciso 3) del artículo 139º de la Constitución Política
del Perú, y está integrado por un conjunto de garantías mínimas e indispensables que deben estar
presentes en todo proceso sea cual fuere su naturaleza, para que éste sea considerado como debido
o regular. Entre otros atributos garantistas se reconoce a la pluralidad de instancia y el derecho a la
defensa. Sobre el derecho a la pluralidad de la instancia el Tribunal ha sostenido que éste tiene por
objeto garantizar que todo justiciable “tenga la oportunidad de que lo resuelto por un órgano jurisdiccional sea
revisado por un órgano superior de la misma naturaleza, siempre que se haya hecho uso de los medios impugnatorios
pertinentes, formulados dentro del plazo legal”. (Expediente N° 03261-2005-AA/TC).
Antecedentes:
2.- De la revisión de los actuados, se aprecia que mediante sentencia contenida en la
resolución número ONCE de fecha quince de noviembre de dos mil diez, obrante de folios 79 a 83
se resuelve declarar FUNDADA en parte la demanda interpuesta por doña María Videncia García
Benites, contra Conservas Santa Adela S.A., para que cumpla con pagar a la demandante la suma
de S/.6,574.41 Soles (Seis Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 41/100 Nuevos Soles), más
intereses legales, que se liquidará en ejecución de sentencia con costas y costos del proceso;
asimismo, se aprecia a folios 88 que la citada sentencia fue declarada consentida a través de la
Página 2 de 12 resolución número DOCE de fecha cinco de enero de dos mil once, debido a que no se interpuso
recurso impugnatorio alguno.
3.- En tal contexto, el accionante, por escrito de fecha 15 de junio de 2016, solicita que se
le requiera a la parte demandada ponga a disposición del juzgado sus bienes de libre disposición
bajo apercibimiento de aplicarse el principio persecutorio sobre los bienes del negocio; de tal modo
que, mediante resolución número DIECINUEVE de fecha diecisiete de junio del año dos mil
dieciséis (ver folios 131); se le requiere a la parte demandada que cumpla con señalar bienes libres de
gravamen suficientes para cubrir el crédito laboral de la accionante, bajo apercibimiento de aplicarse
el principio persecutorio; sin embargo, la demandada no ha dado cumplimiento a lo requerido;
motivo por el cual se logra inferir que no tiene bienes para responder por el crédito laboral de la
parte demandante.
5.- De este modo, mediante escrito de fecha 12 de julio de 2016, obrante de folios 170, la
parte accionante, solicita se aplique el principio persecutorio sobre el bien inmueble de la
demandada contra el Banco de Crédito del Perú, al haber sido quien adquirió en propiedad el bien
tantas veces mencionado, tal como se aprecia del asiento 00086 de la Partida Nº 09033466, obrante
a folios 168; por lo que, a través de la resolución número VEINTIUNO de fecha quince de julio de
dos mil dieciséis, se le corre traslado de la solicitud al Banco de Crédito. (Ver folios 172).
6.- No obstante, ante ello, el Banco de Crédito del Perú se apersona al proceso y se opone
a la acción persecutoria; además que, deduce excepciones de prescripción extintiva y extromisión
del proceso; siendo esto resuelto por resolución número VEINTICUATRO de fecha cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis, donde se declaran improcedentes las excepciones planteadas y se
dispone la reserva del pronunciamiento de la aplicación del principio persecutorio; decisión que
fuere confirmada por el Tribunal Unipersonal de la Sala Superior a través de la resolución número
TREINTA de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete. (Ver folios 298 a 305).
7.- Siendo así, a través de la resolución número TREINTA Y UNO de fecha veinte de
agosto de dos mil diecisiete, se dispone que la empresa Fiorentina S.A.C. cumpla con informar
acerca del trámite y estado del procedimiento concursal, los bienes con los que cuenta la
demandada para asumir el pago al demandante; y, el destino del dinero obtenido por la venta del
bien ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja Av. Meiggs Nº 1798 (Mz. G Lote 11-14) o en su
defecto, los términos de la transferencia de dicho bien (ver folios 313); sin embargo, por resolución
número TREINTA Y OCHO de fecha treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se resuelve
oficiar a INDECOPI a fin de que cumpla con el requerimiento antes indicado, teniendo en cuenta
que la información requerida a la empresa Fiorentina S.A.C., no fue completa (ver folios 359).
Página 3 de 12 8.- Después de ello, la parte demandante a través de su escrito de fecha 06 de junio de
2019, obrante de folios 432 a 433, señala que al ser la Empresa de Conservas de Pescado Beltrán
E.I.R.L., la nueva dueña y propietaria del inmueble ubicado en la Av. Meiggs Nº 1798 (Mz. G –
Lote 11-14) Florida Baja; solicita que se aplique el principio persecutorio con el nuevo dueño y
propietario que sería la empresa antes mencionada.
9.- En esta situación, habiendo previamente sido reservado el pronunciamiento de la
aplicación del principio persecutorio, se aprecia que el juzgado de merito, mediante resolución
número CUARENTA Y UNO de fecha catorce de octubre de dos mil diecinueve, se pronuncia y
resuelve declarando Improcedente la aplicación del principio persecutorio en contra el Banco de
Crédito del Perú – BCP; así también, se le corre traslado a la Empresa de Conservas de Pescado
Beltrán E.I.R.L. respecto del nuevo pedido realizado por el actor. (Ver folios 507 a 509).
10.- De esta forma, a través de su escrito de fecha 20 de agosto de 2019, el apoderado legal
de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L. se apersona al proceso y absuelve el traslado de la
solicitud de la aplicación del principio persecutorio (ver folios 500 a 506). Siendo así, mediante
resolución número CINCUENTA Y SEIS de fecha veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se
resuelve declarando FUNDADA la aplicación del principio persecutorio, solicitada por la parte
demandante contra el tercero Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L.; no obstante, no
conforme con la decisión emitida, la mencionada empresa interpone recurso impugnatorio de
apelación, el mismo que será resuelto en esta oportunidad.
Sobre el Principio Persecutorio:
11.- Previamente, es importante mencionar que el 24º de la Constitución Política del Perú,
señala que: “(…) El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene
prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador (…)” (Negritas Agregadas). Dicho ello,
el reconocimiento del carácter preferencial de los derechos laborales, también ha sido materia de
regulación por los instrumentos internacionales. Así, por ejemplo, el artículo 11º del Convenio 95
de la Organización Internacional del Trabajo – OIT; prescribe que los créditos laborales tienen
preferencia en los casos de quiebra o liquidación de una empresa y deberán ser pagados
antes que los acreedores ordinarios.
12.- En este punto, es oportuno señalar que, la Sala de Derecho Constitucional y Social de
la Corte Suprema de Justicia de la República, en el Expediente Nº 851-2001-Lima, al desarrollar el
objeto del carácter persecutorio de los beneficios sociales, ha destacado la naturaleza personal
patrimonial del crédito laboral, afirmando: “Que, en lo concerniente al carácter preferente de los adeudos
laborales, su naturaleza reposa en el hecho de que la relación laboral genera una vinculación
de tipo personal y además patrimonial entre el trabajador y el empleador. La primera será
Página 4 de 12 referida a las condiciones laborales, mientras que la segunda, es una garantía que vincula el patrimonio del deudor al
cumplimiento de las obligaciones convencionales y legales (…) que, la acción persecutoria tiene por
finalidad apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues estos constituyen la
garantía para el pago de las acreencias laborales. No se trata de identificar quien o quienes
ejercen actualmente la posesión de los bienes de la empresa originaria, o si hay algún vinculo
familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la
certeza de que pertenecieron al empleador deudor y, eventualmente, realizarlos.” (Énfasis Agregado).
13.- Así también, la Corte Suprema de Justicia de la República, a través de la Consulta
emitida en el Expediente Nº 303-2020-La Libertad, de fecha 30 de setiembre de 2020, ha
señalado en su fundamento 4.2, que: “(…) el establecimiento de los principios antes indicados, tiene que ver
con el carácter alimentario que se les otorga a los créditos laborales, de manera que, se considera en la doctrina
laboral que debe cautelarse el cobro efectivo de dichos derechos y evitar que los mismos se
conviertan en ilusorios por hechos que la legislación se ha encargado de precisar. En
efecto, de conformidad con el artículo 1º del Decreto Legislativo Nº 856, constituyen
créditos laborales las remuneraciones, la compensación por tiempo de servicios, las
indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por ley que se adeudan a los
trabajadores.” (Énfasis Agregado).
14.- Efectivamente, el Decreto Legislativo N° 856 es una norma emitida en sintonía con
el carácter protector de los créditos laborales; estableciéndose con ello, el carácter persecutorio de
los bienes del negocio ante la inseguridad jurídica de los derechos fundamentales e irrenunciables
del trabajador. De esta manera, el mencionado cuerpo normativo, establece lo siguiente:
“Artículo 1.- Constituyen créditos laborales las remuneraciones, la compensación por
tiempo de servicios, las indemnizaciones y en general los beneficios establecidos por
ley que se adeudan a los trabajadores.
(…)
Artículo 2.- Los créditos laborales a que se refiere el artículo anterior tienen prioridad
sobre cualquier otra obligación de la empresa o empleador. Los bienes de éste se
encuentran afectos al pago del íntegro de los créditos laborales adeudados. Si éstos no
alcanzaran el pago se efectuará a prorrata. El privilegio se extiende a quien sustituya total o
parcialmente al empleador en el Pago directo de tales obligaciones.
Artículo 3.- La preferencia o prioridad citada en el artículo precedente se ejerce, con
carácter persecutorio de los bienes del negocio, solo en las siguientes ocasiones:
a) Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como consecuencia de
ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su
declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de
negocios efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del acreedor;
b) En los casos de extinción de las relaciones laborales e incumplimiento de
las obligaciones con los trabajadores por simulación o fraude a la ley, es decir,
cuando se compruebe que el empleador injustificadamente disminuye o distorsiona
Página 5 de 12 la producción para originar el cierre del centro de trabajo o transfiere activos fijos a terceros o
los aporta para la constitución de nuevas empresas, o cuando abandona el centro de trabajo.
Artículo 4.- La preferencia o prioridad también se ejerce cuando en un proceso
judicial el empleador no ponga a disposición del juzgado bien o bienes libres
suficientes para responder por los créditos laborales adeudados materia de la
demanda. (…)” (Énfasis Agregado).
Sobre el caso de autos:
15.- De los actuados, se desprende que la solicitud de aplicación del principio persecutorio,
es con relación al bien inmueble ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja, Avenida Enrique Meiggs
N° 1798 (Mz. G - Lt. 11-14), inscrito en la Partida Registral Nº P09033466. Siendo así, de las Copias
Literales Certificadas emitidas por SUNARP, obrantes de folios 444 a 495, se aprecia lo siguiente:
Asiento 00004, Traslado de Adjudicación, Titular del Predio: Conservas Santa Adela S.A.
Asiento 00017, Constitución de Hipoteca Común a favor del Banco de Crédito del Perú.
Asiento 00020, Inscripción de Numeración Domiciliaria: Avenida Enrique Meiggs 1798.
Asientos 00026 al 00047 y 00049, contiene las inscripciones de los embargos en forma de
inscripción por mandato judicial y del 00050 al 00052 y el 00048, contiene las inscripciones
de embargo emitidas por Autoridad Administrativa.
Asiento 00053, Inscripción de Transferencia realizada por Conservas Santa Adela S.A. a
favor de Casa Banchero S.A.C., vía Dación en Pago, según escritura pública de fecha 13 de
enero de 2011. (Ver folios 476 reverso).
Asiento 00086, Inscripción de Compraventa, celebrada entre Casa Banchero S.A.C. y el
Banco de Crédito del Perú, según escritura pública de fecha 04 de abril de 2011. (folios 493).
Asiento 00090, Inscripción de Compraventa, celebrada entre Banco de Crédito del Perú y la
Empresa de Conservas de Pescado Beltrán E.I.R.L.; en virtud del ejercicio de la opción de
compra contenida en el contrato de arrendamiento financiero celebrado con el Banco, según
consta en la escritura pública de fecha 04 de julio de 2017. (Ver folios 495).
16.- De lo antes expuesto, se desprende que el bien inmueble ubicado en el Pueblo
Joven Florida Baja, Avenida Enrique Meiggs N° 1798 (Manzana G Lote 11-14), inscrito en la
Partida Registral Nº P09033466; ha sido de propiedad de la demandada Conservas Santa
Adela S.A; la misma que, representada por Fiorentina empresa de Administración y
Gerencia S.A.C., lo transfirió vía dación en pago a favor de Casa Banchero S.A.C.; luego de
ello, Casa Banchero S.A.C., transfiere dicho bien inmueble a través de contrato de
compraventa a favor del Banco de Crédito del Perú (entidad financiera que también tenía una
acreencia a su favor con la demandada, al haberse constituido una Hipoteca Común para garantizar hasta un límite
de US$.612,362.30 Dólares Americanos, según consta del asiento 00017; lo cual la ubica en el tercer orden de
prelación); quien a su vez, de acuerdo al Asiento 00090, transfiere vía Compraventa a la Empresa de
Página 6 de 12 Conservas Beltrán E.I.R.L. en ejercicio de la opción de compra contenida en el contrato de
arrendamiento financiero; siendo esta la actual propietaria del bien tantas veces señalado.
17.- En este punto, es importante mencionar que de las documentales remitidas por
INDECOPI, se aprecia que:
Por Resolución Nº 1598-2001/CRP-ODI-CCPLL del 31 de octubre de 2001, la Comisión de
la Oficina Regional del Indecopi de la Libertad, declaro el inicio del procedimiento concursal
ordinario de Conservas Santa Adela S.A., siendo publicado dicho estado en el Diario Oficial
“El Peruano”, el 01 de abril de 2002. Decisión que fue confirmada por la Resolución Nº 0146-
2002/TDC-INDECOPI del 01 de marzo de 2002. (Ver folios 337, parte infine).
Luego, mediante Resolución Nº 0626-2010/INDECOPI-LAL del 28 de mayo de 2010, la
Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de la Libertad, declaro de oficio y con carácter
irreversible, la Disolución y Liquidación de Conservas Santa Adela, al no haberse aprobado el
plan de reestructuración dentro del plazo establecido. (Ver folios 366, parte infine).
Así también, del fundamento 23) de la Resolución Nº 1161-2013/SDC-INDECOPI, de
fecha 12 de julio de 2013, se colige que el 23 de agosto de 2010, la junta de acreedores
designo a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C., como entidad
liquidadora encargada del procedimiento y suscribió el respectivo convenio; no obstante
dicho acuerdo fue declarado nulo por la Comisión mediante Resolución Nº 1270-
2010/INDECOPI-LAL el 01 de octubre de 2010, notificándose a Fiorentina con dicho
pronunciamiento el 10 de octubre de 2010. (Ver folios 375 a 376).
De otro extremo, en la mencionada Resolución Nº 1161-2013, también se ha expuesto que:
“29.- (…) la dación en pago regulada en el artículo 1265 del Código Civil, es
precisamente una de las modalidades de pago de las obligaciones. En este punto, el
artículo 88.1 de la LGSC es claro al imponer al liquidador la obligación de pagar los créditos en el orden de
preferencia, sin exigir en modo alguno que los pagos solo puedan ser realizados con dinero. Por tanto, a
través de la celebración del cuestionado contrato si se efectuó el pago de acreencias a
favor de Casa Banchero, sin respetar el orden de prelación establecido en el artículo
42 de la LGSC, postergando con ello, la cancelación de los créditos de los acreedores
laborales (…). 41.- En el presente caso, el activo de propiedad de Conservas Santa Adela fue transferido
en US$ 993,768.27 (Novecientos Diecinueve Mil Novecientos Cincuenta y Dos y 27/100) ingreso con
el cual debió pagarse las acreencias preferentes (primer orden), pero que fue
destinado a un acreedor reconocido en el quinto orden de prelación, reduciendo con ello la
posibilidad de cobro por parte de los acreedores que por mandato imperativo de la norma tienen derecho a un
cobro preferente hasta donde lo permita el patrimonio en concurso, con mayor razón en el caso de los acreedores
laborales, para quienes esta tutela en el pago prioritario está sustentada en la disposición contenida en el
artículo 24 de la Constitución Política del Perú. (…)” (Énfasis Agregado). (Ver folios 377 y 379 a 380).
Página 7 de 12 De este modo, se aprecia que la Resolución Nº 1161-2013 antes citada, resuelve Confirmar la
Resolución 1243-2012/INDECOPI del 09 de octubre de 2012, en el extremo que hallo
responsable y sanciono a Fiorentina Empresa de Administración y Gerencia S.A.C., con la
inhabilitación permanente en el ejercicio de sus funciones por infringir lo dispuesto por los
artículos 88. 1º y 123.1º de la LGSC. (Ver folios 369 a 381).
18.- Así las cosas, se colige que el propio Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual, ha determinado a través de su Resolución 1161-2013/SDC-INDECOPI, que
la Empresa Liquidadora Fiorentina, habría realizado el pago de créditos de quinto orden, pese a la
existencia de créditos de primer orden de prelación, como es el caso de los créditos de los
acreedores laborales; en ese sentido, queda en evidencia que la transferencia realizada por
Fiorentina, en representación de Conservas Santa Adela S.A., a favor de Casa Banchero
S.A.C. respecto del bien inmueble ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja, Avenida
Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G – Lote 11-14), inscrito en la Partida Nº P09033466; ha sido
realizado de forma irregular; toda vez que no se ha respetado el orden de prelación para el
pago, previsto en la Ley General del Sistema Concursal.
19.- En ese sentido, resulta oportuno señalar que si bien es cierto, los procedimientos
concursales importan la aplicación de un marco jurídico excepcional que busca resolver la situación
de crisis empresarial en la cual existe un patrimonio insuficiente para cubrir el pago del total de las
obligaciones; sin embargo, también es cierto que, aún dentro del marco concursal se debe respetar
el privilegio otorgado a los acreedores laborales, lo cual constituye una excepción al principio de
igualdad de trato de los acreedores, que se produce cuando la ley concede a un acreedor la facultad
de cobrar con preferencia respecto de los demás, con el producto obtenido con la realización de los
bienes del su deudor1.
20.- Estando a lo antes indicado, es posible colegir que el procedimiento concursal de
liquidación y disolución de Conservas Santa Adela, ha sido llevado mediante un trámite irregular
que conculcó derechos de primer orden, tanto es así que luego de la transferencia efectuada por
Fiorentina, no existen entidades interesadas en asumir el cargo de liquidador, por ello, la Comisión
de Procedimientos Concursales Indecopi Lima Norte, mediante la Resolución N°0333-2017/ILN-
CCO, de fecha 01 de marzo del 2017, declaró concluido el procedimiento concursal y dispuso el
archivo del expediente.
1 DIEZ PICAZO, Luis. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial. Las relaciones obligatorias. Tomo II. Madrid: Civitas, 1996. p.
751. Existen autores que cuestionan el supe privilegio otorgado a los acreedores laborales al colocarlos por encima de los
acreedores garantizados con derechos reales, pese a que su derecho no ha sido debidamente publicitado. Véase EZCURRA,
Huáscar. El “superprivilegio” del crédito laboral versus el sistema de garantías reales. En: Derecho Concursal, estudios previos y
posteriores a la nueva Ley Concursal. Lima: Palestra, 2002. pp. 163-208.
Página 8 de 12 21.- De esta manera, resulta ser un hecho incontrovertible que con la celebración de los
actos jurídicos de transferencia de propiedad, el cobro de la acreencia laboral reconocida a favor de
la demandante se ha visto frustrado, pues a pesar de contar con una sentencia con autoridad de
cosa juzgada, emitida el 11 de noviembre de 2010, que incluso fue emitida con anterioridad a la
primera transferencia a favor de Casa Banchero S.A., realizada el día 13 de enero de 2011; se
advierte que la demandada se liberó de su bien, trayendo como consecuencia que se eluda el pago
de la acreencia laboral, no pudiendo el apelante alegar buena fe, puesto que, su adquisición si bien
se consolidó el 04 de julio del 2017, mediante el contrato de compraventa inscrito en el asiento
00090 de la Partida P09033466, lo cierto es que este contrato se remonta a la escritura pública
de arrendamiento financiero de fecha 04 de abril del 2011, donde intervino la empresa Casa
Banchero, el Banco de Crédito y la apelante (ver folios 495); es decir, hubo una triangulación en
la transferencia, habiendo actuado como cliente la empresa apelante, de lo que se infiere que tenía
conocimiento de los antecedentes para la adquisición del bien materia de litigio; es más, resulta
innegable que el Banco de Crédito, de quien adquirió el inmueble antes mencionado, tenía pleno
conocimiento de la acción persecutoria, habiendo inclusive absuelto en su oportunidad esta acción
en su contra, conforme se aprecia de su escrito de fecha 01 de agosto de 2016.
22.- Asimismo, cabe mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la República, a través
de la Casación Nº 1589-2016 ha sostenido que, no es suficiente la constatación de la información
registral para ser considerado como un adquirente de buena fe. En ese sentido, refieren que es
imprescindible acudir a elementos extra registrales, para ser catalogado como comprador diligente.
23.- Por tanto, el tercero apelante, tenía la obligación como todo comprador diligente, de
conocer las implicancias jurídicas del inmueble que adquirió, cuanto más si, donde se ubica
funcionaban las oficinas administrativas de la demandada Conservas Santa Adela S.A., conforme se
verifica del Asiento 00010 de la Partida Registral N° P09033466, empresa que, como se ha señalado
precedentemente, se encontraba en proceso de liquidación hasta el 01 de marzo del 2017, conforme
se advierte de la Resolución N° 0333-2017/ILN-CCO emitida por Indecopi; de este modo, resulta
razonable inferir que, Conservas Santa Adela, contaba con diversas acreencias laborales en el
procedimiento concursal que se encontraba, más aún si la vinculación contractual de Conservas de
Pescado Beltrán E.I.R.L. data desde el año 2011, cuando suscribió el contrato de arrendamiento
financiero; por ende, no puede ahora desconocer este hecho, desvirtuándose la buena fe alegada en
su recurso de apelación; máxime, si este hecho no es oponible al crédito laboral, conforme a lo
sostenido en el Pleno Jurisdiccional Nacional de fecha 29 de setiembre de 2012, en el cual se
establece que: “La preferencia del crédito laboral si es oponible frente al tercero adquiriente
de buena fe, pues el fraude a que se refiere el Decreto Legislativo 856 es al fraude a la Ley,
más no al fraude entre los acreedores”. (Negritas Agregadas).
Página 9 de 12 24.- En tal contexto, se determina que los actos jurídicos de transferencia de propiedad se
realizaron sin tener en cuenta el carácter preferente de los adeudos laborales, siendo uno de ellos el
crédito laboral reclamado por la parte demandante; por tal motivo, al haberse realizado las
transferencias de propiedad, descritas precedentemente, en merito a un procedimiento
concursal irregular, se llega a la convicción que dichas transferencias fueron efectuadas con
el solo ánimo de eludir el pago de las acreencias laborales; debido a que, con la transferencia
del bien inmueble tantas veces mencionado, se ha transferido un activo fijo de US$.993,768.27;
reduciéndose con ello la posibilidad de que los acreedores laborales realicen el cobro preferente de
sus créditos laborales.
25.- A mayor argumentación, cabe precisar que, si bien es cierto, el contrato de dación en
pago realizado por Conservas Santa Adela S.A. (Representada por Fiorentina) a favor de Casa Banchero
S.A.C., no ha sido cuestionado vía acción de nulidad o ineficacia; también lo es, que con dicho acto,
se ha vulnerado el artículo 88º de la Ley Nº 27809, Ley General del Sistema Concursal2; toda vez
que la mencionada transferencia ha ocasionado un grave perjuicio a los acreedores laborales de
primer orden de preferencia, quienes no vieron satisfechos sus créditos, a pesar que por imperio de
la ley tienen derecho a un cobro preferente, conforme lo señala el artículo 42º del mismo cuerpo
normativo3; cuya tutela se encuentra protegida por el artículo 24º de la Constitución Política del
2 Artículo 88.- Pago de créditos por el liquidador
88.1.- El Liquidador, bajo responsabilidad, está obligado a pagar en primer término los créditos reconocidos por la Comisión
conforme al orden de preferencia establecido en el Artículo 42 hasta donde alcanzare el patrimonio del deudor.
88.2 La preferencia de los créditos implica que los de un orden anterior excluyen a los de un orden posterior, según la prelación
establecida en el Artículo 42. (…)
3 Al respecto, cabe precisar que la transferencia hecha vía dación en pago, fue realizada el día 30 de setiembre de 2010 y elevado
a escritura pública el 13 de enero de 2011; según se advierte de folios 441 a 447; por lo tanto, se advierte que a dicha fecha, el
artículo 42º de la Ley Nº 27809 había sido modificado por el artículo 15º del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27 de junio
de 2008, vigente a los 30 días de su publicación, conforme a su única disposición final; cuyo texto es el que sigue:
Artículo 42º: Orden de Preferencia:
42.1 En los procedimientos de disolución y liquidación, el orden de preferencia en el pago de los créditos es el siguiente:
Primero: Remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los trabajadores, aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones
o a los regímenes previsionales administrados por la Oficina de Normalización Previsional, la Caja de Beneficios y Seguridad
Social del Pescador u otros regímenes previsionales creados por ley, así como los intereses y gastos que por tales conceptos
pudieran originarse. Los aportes impagos al Sistema Privado de Pensiones incluyen los conceptos a que se refiere el Artículo 30
del Decreto Ley Nº 25897, con excepción de las comisiones cobradas por la administración de los fondos privados de pensiones.
Segundo: Los créditos alimentarios.
Tercero: Los créditos garantizados con hipoteca, garantía mobiliaria, anticresis, warrants, derecho de retención o medidas
cautelares que recaigan sobre bienes del deudor, siempre que la garantía correspondiente haya sido constituida o la medida
cautelar correspondiente haya sido trabada con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el Artículo 32. Las citadas
garantías o gravámenes, de ser el caso, deberán estar inscritas en el registro antes de dicha fecha, para ser oponibles a la masa
de acreedores. Estos créditos mantienen el presente orden de preferencia aun cuando los bienes que los garantizan sean
vendidos o adjudicados para cancelar créditos de órdenes anteriores, pero sólo hasta el monto de realización o adjudicación del
bien que garantizaba los créditos.
Cuarto: Los créditos de origen tributario del Estado, sean tributos, multas, intereses, moras, costas y recargos; y,
Quinto: Los créditos no comprendidos en los órdenes precedentes; y la parte de los créditos tributarios que, conforme al literal d)
del numeral 48.3 del Artículo 48, sean transferidos del cuarto al quinto orden; y el saldo de los créditos del tercer orden que
excedieran del valor de realización o adjudicación del bien que garantizaba dichos créditos.
42.2. Cualquier pago efectuado por el deudor a alguno de sus acreedores, en ejecución del Plan de Reestructuración o el Convenio
de Liquidación, será imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital luego a gastos e intereses, en ese orden
42.2. Cualquier pago efectuado por el deudor a alguno de sus acreedores, en ejecución del Plan de Reestructuración o el Convenio
de Liquidación, será imputado, en primer lugar, a las deudas por concepto de capital luego a gastos e intereses, en ese orden.
Página 10 de 12 Perú; más aún, si Fiorentina tenía pleno conocimiento de su obligación de realizar con diligencia los
actos relativos a su función.
26.- Dicho ello, existen razones suficientes para concluir que pese a que la transferencia
del bien inmueble ubicado en el Pueblo Joven Florida Baja, Avenida Enrique Meiggs N° 1798
(Manzana G Lote 11-14), inscrito en la Partida Registral |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 9° JUZGADO DE TRABAJO
EXPEDIENTE : 01448-2009-0-2501-JR-LA-07
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : TANTAS SAAVEDRA NORMAN WILMER
ESPECIALISTA : PESANTES LLONTOP FRED LING
TERCERO : EMP. DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRÁN E.I.R.L.
DEMANDADO : CONSERVAS SANTA ADELA SA
FIORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y
GERENCIA SAC
DEMANDANTE : GARCIA BENITES, MARIA FIDENCIA
RESOLUCIÓN N° CUARENTA Y SEIS
Chimbote, veintiocho de junio
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS, y dado cuenta con el estado del
proceso, y con el escrito 20605-2021, de manera remota (atendiendo a la emergencia
sanitaria declarada a nivel nacional); Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, resulta del caso que mediante resolución número cuarenta y uno, se
declaró improcedente la aplicación del principio persecutorio contra el Banco de
Crédito del Perú – BCP, sobre el bien inmueble ubicado en Av. Enrique Meiggs N°
1798 (Mz. G Lote 11-14) – Florida Baja, que fue de propiedad de la demandada, hasta
por la suma de S/ 6,574.41 soles por concepto de capital; siendo así, la parte
demandante mediante escrito 32261-2019, adecuó su pedido y solicitó la aplicación
del principio persecutorio en contra del tercero Empresa de Conservas de Pescado
Beltrán E.I.R.L. (en adelante tercero), fundamentándose en que actualmente el
inmueble de la demandada fue adquirido por el tercero mediante compra y venta,
conforme se aprecia del Certificado Literal de la SUNARP que se adjunta, entre otros.
SEGUNDO: Que, habiéndose corrido el traslado pertinente, el tercero a través de su
escrito 48875-2019, señala que cuando adquirió el inmueble fue mediante compra-
venta realizada por la propietaria BCP, y ésta a su vez, adquirió la propiedad
anteriormente por CASA BANCHERO S.A.; es decir, no fue vendida por la
demandada; además, señala que el Decreto Legislativo N° 856, establece 02
supuestos para la aplicación de la preferencia o prioridad del pago de créditos
laborales, los cuales no fueron cumplidos, por lo que solicita que se declaren
infundada el pedido de la parte demandante.
TERCERO: Que, de lo expuesto, y a fin de mejor resolver, se dispuso requerir informe
a INDECOPI, el mismo que fue presentado el 08 de abril del 2021 mediante Oficio N° 0087-2021/CCO-INDECOPI, en el que se precisó que al no existir ninguna entidad
liquidadora que tenga intención de asumir el procedimiento de liquidación de la
demandada, se dio por concluido el procedimiento concursal y se dispuso el archivo.
CUARTO: Que, en ese orden, resulta aplicable al caso lo regulado en el Artículo 3°
del Decreto Legislativo N° 856, que señala que la acción persecutoria recae sobre
los bienes del negocio, entre otras, cuando el empleador ha sido declarado
insolvente, y como consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y
liquidación de la empresa o su declaración judicial de quiebra. La acción alcanza
a las transferencias de activos fijos o de negocios efectuadas dentro de los seis
meses anteriores a la declaración de insolvencia del acreedor. Asimismo, lo
regulado en el Artículo 4° del referido cuerpo legal: “La preferencia o prioridad
también se ejerce cuando en un proceso judicial el empleador no ponga a
disposición del juzgado bien o bienes libres suficientes para responder por los
créditos laborales adeudados materia de la demanda”. Además de ello, la Corte
Suprema a través de la Sentencia de Casación N° 1303-2003, estableció que: “la
acción de persecutoriedad de los beneficios sociales reposa en el hecho que la
relación laboral genera una vinculación de tipo personal y además patrimonial entre el
empleador y el trabajador, teniendo por finalidad apremiar los bienes del
empleador o empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía para el pago
de las acreencias laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen
actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo
familiar o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata
es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador
deudor (…)”, de igual manera, la Sentencia de Casación N° 1097-2001, refiere que:
“(…) y eventualmente, realizarlos. Para ello debe integrarse a la relación procesal
éste tercero en quien va a recaer la decisión del proceso, para que tenga acceso
al derecho de defensa.”
QUINTO: Que, de lo expuesto, se tiene que el bien ubicado en el Pueblo Joven Florida
Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14) – Chimbote, se encuentra
inscrito con la Partida Literal P09033466, sobre el cual se ha solicitado se aplique la
acción persecutoria, perteneció al empleador deudor (demandada), sin embargo en la
actualidad el propietario es la EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN
E.I.R.L.; que si bien es cierto que dicha empresa (tercero) adquirió el inmueble el
04/07/2017, libre de gravámenes y/o cargas, ello no quiere decir que no exista
acreencias laborales que siguen a los bienes de la demandada, conforme a lo
regulado en el Artículo 4° del Decreto Legislativo N° 856 (véase Cuarto Considerando).
En ese sentido, se tiene que la ex empresa liquidadora a través de la figura legal de Dación de Pago transfirió parte del inmueble de la demandada a la CASA BANCERO
S.A., y éste a su vez transfirió como compra-venta al BCP, sin embargo, debe tenerse
en cuenta que la CASA BANCERO S.A. no se encontraba dentro del primer orden
de preferencia o prioridad del pago de créditos laborales; entonces, tenemos que
la compra-venta celebrado entre Casa Banchero S.A. a favor del BCP es irregular, así
como la compra-venta celebrado entre el BCP y la Empresa de Conservas de Pescado
Beltrán E.I.R.L., y al haberse cumplido los requisitos de la normativa señalada en
autos, corresponde declarar FUNDADO el pedido de aplicación del Principio
Persecutorio sobre el inmueble de la demandada en contra del tercero EMPRESA DE
CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., solicitada por la parte demandante.
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
FUNDADA la aplicación del Principio Persecutorio solicitada por la parte demandante,
en contra del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.,
sobre el bien inmueble de negocio de la demandada, ubicado en AV. ENRIQUE
MEIGGS N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la
demandada EMPRESA CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C., hasta por la suma de S/
6,574.41 soles por concepto de capital por concepto de capital e intereses legales; en
consecuencia, REQUIÉRASE al tercero perseguido EMPRESA DE CONSERVAS DE
PESCADO BELTRAN E.I.R.L., a fin que en el plazo de TRES DÍAS HÁBILES de
notificado, CUMPLA con pagar a favor de la parte actora la suma de S/ 6,574.41 soles
por concepto de capital, bajo apercibimiento de ejecución forzosa sobre el bien
inmueble citado, en caso de incumplimiento. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01448-2009-0-2501-JR-LA-07
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : NEIDY YEMNIFER CORTIJO DIAZ
TERCERO : BANCO DE CREDITO ,
DEMANDADO : CONSERVAS SANTA ADELA SA ,
FIORENTINA EMPRESA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAC ,
DEMANDANTE : GARCIA BENITES, MARIA FIDENCIA
Resolución Nro. CUARENTA Y UNO
Chimbote, catorce de octubre
Del año dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha, con las
recargadas labores del juzgado, a fin de mejor resolver, TRASÚNTASE las copias certificadas
del Oficio N° 342-2019 Z.R.N° VII-ORCH/KUS y sus anexos, obrante en el Exp. 01070-
2005-0-2501-JR-LA07 ante este mismo juzgado, y siendo el estado del proceso, corresponde
emitir pronunciamiento, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Resulta del caso que, mediante sentencia contenida en la resolución número
ONCE, obrante de folios 79 al 83, resuelve declarar FUNDADA EN PARTE la demanda sobre
PAGO DE GRATIFICACIONES en contra de CONSERVAS SANTA ADELA S.A.C.,
ordenando el pago de S/ 6,574.41 SOLES por concepto de capital, más el pago de intereses
legales, costos y costas del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia; la misma que
ha sido declarada consentida con resolución número DOCE de autos. Asimismo, es preciso
señalar que la demandada no ha cumplido con pagar dicha suma a pesar de los requerimientos
realizados, conforme obra en autos.
SEGUNDO.- Posteriormente la parte demandante solicita se aplique el principio persecutorio
en contra del Banco de Crédito del Perú (en adelante BCP) conforme el escrito inserto de folios
170 y 171, pedido que fue resuelto mediante resolución número VEINTICUATRO (véase
folios 312 al 214), que declaró improcedente tanto la extromisión como la excepción de
prescripción formulada por el BCP, y se requiere a la liquidadora FIORENTINA EMPRESA
DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA S.A.C. para que cumpla con pagar el monto
ordenado en autos, reservándose el pronunciamiento de la aplicación del principio persecutorio,
resolución que al ser apelada, confirma el pronunciamiento tanto de la extromisión como de la
excepción; de igual forma, deja sin efecto el requerimiento a la empresa liquidadora,
disponiendo que la empresa liquidadora FIORENTINA S.A.C., cumpla con brindar
información respecto del bien inmueble que tiene la demandada, entre otros. TERCERO.- A fin de mejor resolver, este Despacho en uso de sus facultades oficiosas, a
través de la resolución número treinta y ocho se requirió a INDECOPI remitir información
documentada, la misma que mediante OFICIO N° 0550-2018/CCO-INDECOPI y con sus
anexos, informó: i) que el procedimiento concursal se encuentra en archivo, toda vez que
ninguna entidad liquidadora manifestó su intención de asumir el procedimiento de liquidación;
ii) los créditos reconocidos a favor de la parte demandante, es por la suma de S/ 7,095.29
soles por concepto de capital, que corresponden al primer orden de preferencia, iii) que la
demandada era poseedora de 03 vehículos, los cuales la ex empresa liquidadora
FLORENTINA S.A.C., no les ha entregado los bienes y los documentos contables de la
demandada, iii) que respecto al único inmueble, la ex empresa liquidadora en representación
de la demandada, entregó en dación de pago a CASA BANCHERO S.A. y al señor FELIPE
TORRES MONTES (acreedores reconocidos en el procedimiento concursal), el bien inmueble
ubicado en Pueblo Joven Florida Baja Av. Enrique Meiggs N° 1798 (Mz. G Lote 11-14), está
valorizado en US$ 919 925,38, transfiriéndose dicha propiedad; agrega que, se ha sancionado
con la inhabilitación permanente a la ex empresa liquidadora FIORENTINA S.A.C., por
cuanto ha efectuado pagos de los créditos labores reconocidos en un orden distinto a lo
establecido en el art. 42° de la Ley General del Sistema Concursal. Asimismo, a fin de mejor
resolver se TRASUNTÓ las copias certificadas del Oficio N° 342-2019 Z.R.N° VII-
ORCH/KUS y sus anexos, obrante en el Exp. 01070-2005-0-2501-JR-LA07 ante este mismo
juzgado, consistentes en las copias certificadas de la Partida Literal P09033466 del predio
ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G
LOTE 11-14) – CHIMBOTE, en donde se aprecia que el actual propietario es la EMPRESA
DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L.
CUARTO.- Resulta aplicable al caso el Artículo 3° del Decreto Legislativo N° 856, que
respecto a la acción persecutoria refiere que esta recae sobre los bienes del negocio, en las
siguientes ocasiones: a. Cuando el empleador ha sido declarado insolvente, y como
consecuencia de ello se ha procedido a la disolución y liquidación de la empresa o su
declaración judicial de quiebra. La acción alcanza a las transferencias de activos fijos o de
negocios efectuadas dentro de los seis meses anteriores a la declaración de insolvencia del
acreedor; b. (…). (Subrayado y negrita es nuestro); asimismo, la Corte Suprema a través de la
Sentencia de Casación N°1303-2003 estableció que: “la acción de persecutoriedad de los
beneficios sociales reposa en el hecho que la relación laboral genera una vinculación de tipo
personal y además patrimonial entre el empleador y el trabajador, teniendo por finalidad
apremiar los bienes del empleador o empresario deudor, pues éstos constituyen la garantía
para el pago de las acreencias laborales; no se trata de identificar quién o quienes ejercen
actualmente la propiedad de los bienes de la empresa deudora, o si hay algún vínculo familiar
o personal de los terceros adquirientes con el empleador; de lo que se trata es de identificar los bienes, tener la certeza de que pertenecieron al empleador deudor ...", de igual manera, la
Sentencia de Casación N°1097-2001 refiere que: “... y eventualmente, realizarlos. Para ello
debe integrarse a la relación procesal éste tercero en quien va a recaer la decisión del
proceso, para que tenga acceso al derecho de defensa.”
QUINTO.- De lo expuesto, se tiene que el bien inscrito con el certificado literal P09033466
ubicado en el PUEBLO JOVEN FLORIDA BAJA AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 (MZ. G
LOTE 11-14) – CHIMBOTE, sobre el cual se ha solicitado se aplique la acción persecutoria,
perteneció al empleador deudor, sin embargo en la actualidad el propietario es la EMPRESA
DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN E.I.R.L., véase en autos; y si bien, sobre
dicho inmueble existe una garantía hipotecaria por ante el Banco de Crédito del Perú – BCP,
ello no implica que este último sea el propietario de tal inmueble, de acuerdo a lo regulado en el
Artículo 1097° del Código Civil1, razón por la cual, deviene en IMPROCEDENTE la
aplicación del principio de persecutorio en contra de BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ –
BCP, solicitada por el demandante, quedando expedito el derecho de la parte actora de
solicitarlo sobre el actual propietario. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. IMPROCEDENTE la aplicación del Principio Persecutorio en contra del BANCO DE
CREDITO DEL PERU – BCP, sobre el bien inmueble ubicado en AV. ENRIQUE MEIGGS
N° 1798 (MZ. G LOTE 11-14) – FLORIDA BAJA, que fue de propiedad de la demandada,
hasta por la suma total de S/ 6,574.41 SOLES, dejando a salvo su derecho.
2. Al escrito del tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO BELTRAN
E.I.R.L., TÉNGASE por indicado su domicilio real en AV. ENRIQUE MEIGGS N° 1798 –
FLORIDA BAJA, CHIMBOTE, por indicado su domicilio procesal en AV. PARDO N° 640
TERCER PISO – CHIMBOTE, y por SEÑALADO su CASILLA ELECTRÓNICA N°
68784, donde se le notificará con las resoluciones que emanen del proceso, y advirtiéndose que
no ha cumplido con presentar los aranceles judiciales y las documentales correspondientes,
siendo así, REQUIÉRASE al tercero EMPRESA DE CONSERVAS DE PESCADO
BELTRAN E.I.R.L., para que dentro del plazo de TRES DÍAS HÁBILES de notificado,
CUMPLA con presentar los aranceles judiciales por derecho de ofrecimiento de pruebas y de
notificación, así como la vigencia de poder actualizada y la copia del DNI del representante
correspondiente, bajo apercibimiento de tenerse por no presentado el escrito y resolverse
con las documentales obrantes en autos, en caso de incumplimiento.
3. Al escrito del BCP, ESTESE a la presente resolución.- NOTIFÍQUESE.-
1 Artículo 1097.- Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de cualquier obligación, propia
o de un tercero. La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de persecución, preferencia
y venta judicial del bien hipotecado. (Código Civil) |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 31/05/2017 12:25:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01459-2009-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
Secretario: ROSA ISABEL
TORRES CADILLO ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
Fecha: 31/05/2017 14:56:23
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : PESQUERA EXALMAR SA ,
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
DEMANDANTE : SANDOVAL YNOÑAN, DOROTEO
Resolución Nro. SESENTA Y UNO
Chimbote, treinta de mayo del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Con los autos devueltos de la Segunda Sala Civil que
antecede, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, habiéndose remitido el presente proceso en apelación de sentencia
concedida a la parte demandada a través de la resolución número cincuenta y siete
de autos;
SEGUNDO: Que, por resolución de vista recaída en la resolución número sesenta de
autos REVOCARON la sentencia contenida en la resolución número cincuenta y cinco
(folios 610 a 622), de fecha 30 de diciembre del 2015, en los extremos que declara
fundada, en parte, la demanda interpuesta por DOROTEO SANDOVAL YNOÑAN,
contra PESQUERA EXALMAR SA, sobre reintegro de remuneraciones; y REFORMÁNDOLA
se declara INFUNDADA la demanda interpuesta; y REVOCARON la misma sentencia
apelada, en el extremo que declara improcedente la compensación solicitada por la
demandada; REFORMANDOLA se declara PROCEDENTE la compensación solicitada
por PESQUERA EXALMAR SA, por la suma de S/. 7,000.00 soles; en consecuencia
cúmplase lo ejecutoriado; por lo que siendo ello; SE RESUELVE:
ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE el proceso en el modo y forma de ley; remitiéndose el
expediente a la Oficina de Archivo Central de esta Sede Judicial. Avocándose al
conocimiento del presente proceso el Señor Juez que suscribe por disposición Superior.
Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario De Sala: GLORIA LEON GUEVARA..
Fecha: 18/04/2017 10:31:08
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
SEGUNDA SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 01459-2009-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
RELATOR : MARGARITA JACINTO TEQUE
DEMANDADO : PESQUERA EXALMAR SA
DEMANDANTE : DOROTEO SANDOVAL YNOÑAN
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: SESENTA
Chimbote, siete de marzo
del dos mil diecisiete.-
I.- ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número seis, contenida en el acta de audiencia única de
folios 81 a 85, de fecha 10 de setiembre del 2009, que declara infundada la excepción de oscuridad
en el modo de proponer la demanda.
Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número cincuenta y cinco
(folios 610 a 622), de fecha 30 de diciembre del 2015, en los extremos que declara fundada, en
parte, la demanda interpuesta por Doroteo Sandoval Ynoñan, contra PESQUERA EXALMAR SA,
sobre reintegro de remuneraciones; en consecuencia se ordena a la demandada que cumpla con
abonar la suma de S/.246.56 (doscientos cuarenta y seis y 56/100 soles), más intereses legales,
costas y costos del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia, sin la imposición, a la
demandada, del pago de multa; y que declara improcedente la compensación solicitada por
PESQUERA EXALMAR SA, en el importe de S/.7,000.00 (siete mil y 00/100 soles), y que fuera
entregada al demandante Doroteo Sandoval Ynoñan.
.
II.- FUNDAMENTOS DE APELACION:
Respecto a la resolución número seis:
El abogado defensor de la parte demandada, mediante escrito de folios 90 a 92, apela de la
resolución señalando los siguientes argumentos:
a) Lo indicado por el juez es errado, puesto que el actor no es específico en señalar exactamente y
de forma clara qué es lo que pretensiona, sobre todo cuando no subsume el hecho con la norma
dificultando aun mas la tarea de administrar justicia. Precisa que el actor alega de manera general
el DS N° 009-76-TR; siendo que su representada ha cumplido con abonarle su participación de
pesca en el modo y forma que la mencionada ley establece. b) Su representada se ha visto obligada a contestar una demanda que de por si es oscura, viéndose
en ese sentido el derecho de defensa de su representada seriamente vulnerado.
Respecto de la resolución número cincuenta y cinco - sentencia:
La demandada, mediante escrito de folios 634 a 636, 642 y 647, apela de la sentencia señalando los
siguientes argumentos:
a) Por el ejercicio económico del año 2008, el juez ha considerado el pago de S/. 2,476.75 soles,
cuando lo correcto debió ser la suma de S/. 2,723.31 soles, dado que pago vía reintegro de
utilidades de dicho año, conforme lo acredita con copia legalizada de la boleta de pago.
b) Respecto a la improcedencia de la compensación, el juez ha incurrido en error dado que en la
liquidación de beneficios sociales en forma expresa indica “suma compensable”, señalando los
alcances del articulo 57° del TUO del Decreto Legislativo N° 650; documental que se encuentra
firmada y con la impresión de la huella digital del demandante; asimismo el actor no ha negado
haber recibido dicha suma y menos que la misma no haya sido entregada en forma pura, simple
e incondicional.
III.- FUNDAMENTOS DEL JUEZ SUPERIOR:
Del recurso de apelación:
1. El recurso de apelación es uno de los medios impugnatorios más importantes dentro de nuestra
normatividad procesal, pues hace viable no sólo la revisión de los errores de derecho o in
iudicando, sino también de los errores procesales o in procedendo; siendo que con dicho recurso lo
que se pretende es la eliminación de la resolución del Juez inferior y su sustitución por otra que
dicte el Superior Jerárquico.- Para tal finalidad, el apelante tiene como obligación la de indicar de
manera clara, precisa y consistente, los errores en los que hubiese incurrido el Juzgador.
2. Roberto G. Loutayf,1, al respecto señala: que: “El principio de congruencia –dice De la Rúa- tiene en
segunda instancia manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, “porque el juicio de apelación tiene un
objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de éstos limita o condiciona
más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum
quantum apellatum”.-
De la fundamentación de agravios:
3. Marianella Ledesma2, señala que: “La fundamentación del agravio es importante porque limita los poderes
del juez superior; fija el objetivo de la alzada y por exclusión lo que no es objeto de impugnación adquiere
autoridad de cosa juzgada. La expresión de agravios es la pretensión de la segunda instancia. Esta solo se abre
1 Roberto G. LOUTAYF RANEA; “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso Civil” (Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina,
1989, pp. 116.-)
2 Marianella LEDESMA NARVÁEZ; “Comentarios al Código Procesal Civil, Tomo II” (Editorial Gaceta Jurídica SA; Primera Edición; Lima-
Perú; 2008; Pág. 156.- por iniciativa de la parte que interpone el recurso y dentro de los límites de su pedido, todo ello como expresión del
principio dispositivo que inspira al proceso civil”.- De otro lado la Casación Nº 1203-99, establece: “Es
indispensable que el recurso de apelación contenga una fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o
de derecho incurrido en la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio fija la
pretensión de la Sala de revisión, pues la idea del perjuicio ha de entenderse como base objetiva del recurso, por
ende, los alcances de la impugnación de la resolución recurrida determinará los poderes del órgano superior para
resolver, de forma congruente la materia objeto del recurso”.- Finalmente la Sentencia recaída en el Exp.
Nº 047-2005 (Data 35,000 Gaceta Jurídica), señala que: “Es indispensable que el recurso de apelación
contenga una fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o derecho incurrido en la resolución
impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio u ofensa fija la pretensión de la sala de
revisión, pues la idea del perjuicio debe entenderse como base objetiva del recurso, por ende los alcances de la
impugnación recurrida determinará los poderes de la Sala Superior para resolver de forma congruente la materia
objeto de recurso”; por lo que, en aplicación del indicado principio corresponde emitir
pronunciamiento respecto a los argumentos expresados por la parte demandada en su recurso
impugnatorio.
Respecto a la apelación de la resolución número seis:
De las excepciones:
4. Las excepciones que puede proponer el demandado se encuentran reguladas en el artículo 446°
del Código Procesal Civil3. Según Devis Echandía, “la excepción es una especial manera de ejercitar el
derecho de contradicción o defensa en general que le corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la
demanda para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de hecho, que
persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos”4. Sobre la excepción procesal, la Corte Suprema
ha manifestado que, “(…) las excepciones son medios de defensa que el emplazado opone a la demanda, unas
veces cuestionando el aspecto formal del proceso en el que se hace valer las pretensiones y otras, cuestionando el
fondo mismo de la pretensión, es decir(,) negando los hechos en que apoya la pretensión o desconociendo el derecho
que la sustenta (…)”5.
De la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda:
3 Artículo 446° del Código Procesal Civil.- Excepciones proponibles: El demandado sólo puede proponer las siguientes
excepciones:
1. Incompetencia;
2. Incapacidad del demandante o de su representante;
3. Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado;
4. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda;
5. Falta de agotamiento de la vía administrativa;
6. Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado;
7. Litispendencia;
8. Cosa Juzgada;
9. Desistimiento de la pretensión;
10. Conclusión del proceso por conciliación o transacción;
11. Caducidad;
12. Prescripción extintiva; y,
13. Convenio arbitral.
4 DEVIS ECHANDIA, Hernando; “Teoría general del proceso”, Tomo I, Ed. Universidad, Buenos Aires 1984, pág. 264.
5 Casación N° 2643-2003/Junín – Lima, publicada en el Diario Oficial El Peruano, el 30-01-2006, pág. 15341. 5. La excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, se encuentra
regulada en el articulo 446° inciso 4) del Código Procesal Civil; y “no se dirige a la comprobación de
los hechos afirmados en ella, sino a exigir que éstos, su fundamentación y el petitorio sean expuestos con claridad
en términos que no sean oscuros, imprecisos o contradictorios. (…) Únicamente cuestiona los aspectos relativos a
una mejor comprensión, por parte del Juez y del sujeto pasivo del proceso, de lo demandado (…)”6; habiendo
precisado la Corte Suprema que, “(…) Existe oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer una
demanda cuando no reúne los requisitos de forma impuestos por la ley o por pretender algo contrario al orden
publico, o no cumplir las solemnidades que el ordenamiento jurídico prescribe para la demanda en general o para
alguna en particular; debiendo precisarse que ésta (sic) excepción no versa sobre el fondo del asunto (…)”7.
6. De la demanda de folios 17 a 22, se verifica que el actor recurre al órgano jurisdiccional a efectos
de solicitar el pago de utilidades y reintegro de remuneraciones por descuentos, más los intereses
legales, costas y costos del proceso. Respecto al reintegro de remuneraciones por descuentos,
dicha pretensión se sustenta en que no se ha distribuido correctamente la participación de pesca
conforme lo establece el Decreto Supremo N° 009-76-TR, dado que se le ha descontado su
participación el cual ha sido agregado al patrón.
7. En el caso concreto, el juez de primera instancia ha declarado infundada la excepción de
oscuridad formulada por la demandada, dado que también entiende de manera clara lo que
solicita el demandante; asimismo, según la recurrente la demanda es oscura porque el actor no
subsume el hecho a la norma, sin embargo, claramente el actor señala que realiza su pedido en
base al Decreto Supremo N° 009-76-TR; en consecuencia corresponde confirmar la venida en
grado.
De la sentencia.-
Derecho de participar en las utilidades:
8. El artículo 1° del Decreto Legislativo N° 892, que modifico el Decreto Legislativo N° 677,
establece: “El presente Decreto Legislativo regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la
actividad privada, a participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas
de tercera categoría”. Asimismo, su artículo 9°, establece: “Se encuentran excluidas de la participación en
las utilidades, de acuerdo a su modalidad, las Cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y
las empresas que no excedan de veinte (20) trabajadores”. En este orden de ideas, la Quinta Disposición
Final y Transitoria del Decreto Legislativo N° 677, determino que: “El régimen de participación de
utilidades que contempla el presente Decreto Legislativo, es aplicable a partir de los resultados del ejercicio
económico 1992”.
6 División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica. “El código procesal civil explicado en su doctrina y jurisprudencia”, Tomo II, Gaceta
Jurídica, primera edición, agosto 2014, pág. 494.
7 Casación N° 310-2005/Ica, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 31-05-2007, pág. 19380. Presupuesto para la distribución de utilidades:
9. El presupuesto esencial para la distribución de utilidades, es que la demandada haya obtenido
renta neta imponible (ganancias) para distribuir utilidades, así como para pagar los impuestos a
la SUNAT por renta de tercera categoría. En tal sentido, verificada la obtención de ganancias en
un ejercicio económico determinado, para su cálculo correcto, tal como lo establece el Decreto
Legislativos N° 892, se hace necesario no solamente tener como datos la remuneración anual
percibida por el demandante y los días trabajados, sino también además los datos consolidados
de cuánto fue lo que recibieron por remuneraciones todos los trabajadores de la empresa en
dicho año y cuántos fueron los días trabajados por ellos mismos; información obviamente que al
encontrarse en poder de la demandada, esta tiene la obligación ineludible de proporcionarla, en
este caso al Juzgado, para el cálculo de las utilidades del demandante.
Análisis del caso concreto:
10. Es pertinente mencionar la importancia del principio tantum apellatum quantum devolutum, por el
cual este Colegiado debe pronunciarse solamente sobre aquellas pretensiones o agravios
invocados por el impugnante en su recurso, no pudiendo entrar en el examen de las cuestiones
consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque éstas han quedado
ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia que vulnere el orden público y las
buenas costumbres o que exista una manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo
cumplimiento no fue advertido por el recurrente8.
11. Respecto a la liquidación del pago de utilidades del año 2008, se tiene que el juez ha
determinado que al trabajador le corresponde el monto de S/. 2,723.31 soles, habiendo
descontado la suma de S/. 2,476.75 soles conforme a la hoja de liquidación de folios 292, el
cheque de egresos de folios 293 y el Informe N° 020-2012-UPCJ, de folios 471 a 472,
resultando un saldo de S/. 246.56 soles. La parte demandada señala que dicho saldo ya ha sido
pagado, presentando como sustento probatorio la hoja de reintegro de participación de
utilidades de folios 632, en la cual se verifica la firma y huella del trabajador; por tanto al no
haber cuestionado dicho documento pese a que se corrió traslado con el mismo al demandante
(folios 651), corresponde se realice el descuento respectivo a efectos de evitar el doble pago; en
consecuencia no corresponde realizar pago alguno, por lo que es del caso revocar la sentencia
venida en grado en este extremo y reformándola se debe de declarar infundada la demanda.
Respecto a la compensación de créditos laborales:
8 STC N° 05901-2008-PA/TC, FJ. 3. 12. Cabe resaltar que, conforme lo regula el artículo 57° del Decreto Supremo Nº 001-97-TR (TUO
de la Ley de CTS): “Si el trabajador al momento que se extingue su vínculo laboral o posteriormente, recibe del
empleador a título de gracia, en forma pura, simple e incondicional, alguna cantidad o pensión, éstas se
compensarán de aquellas que la autoridad judicial mande pagar al empleador como consecuencia de la demanda
interpuesta por el trabajador. Para que proceda la compensación debe constar expresamente en documento de fecha
cierta que la cantidad o pensión otorgada se efectúa conforme con lo establecido en el párrafo precedente, o en las
normas correspondientes del Código Civil. Las sumas que el empleador entregue en forma voluntaria al
trabajador como incentivo para renunciar al trabajo, cualquiera sea la forma de su otorgamiento, no son
compensables de la liquidación de beneficios sociales o de la que mande pagar la autoridad judicial por el mismo
concepto" (subrayado agregado).
13. En tal contexto, de la revisión de los actuados se advierte que en el escrito de demanda el
mismo actor señala que la fecha en que cesó la relación laboral fue el 03 de marzo del 2009; y
que el motivo de su cese se debió a renuncia voluntaria conforme a la hoja de liquidación de
folios 61, el cual no fue cuestionado por el demandante; asimismo, conforme al documento
intitulado “recibo de gratificación extraordinaria a titulo de gracia” de folios 62, se corrobora
que el accionante recibió un pago a titulo de gracia por parte de la recurrente en la suma de S/.
7,000.00 soles, el día 03 de marzo del 2009, es decir el mismo día de su cese, documento que se
encuentra debidamente firmado y con su huella dactilar del accionante, concluyéndose que la
suma otorgada por la demandada efectivamente fue el mismo día en que se extinguió su vínculo
laboral (cumpliendo con el presupuesto a que alude el dispositivo legal precitado), no existiendo
el ánimo de motivar o incentivar al demandante a su renuncia voluntaria conforme lo a resuelto
el juez en la venida en grado, no evidenciándose en ella ni en lo actuado en el proceso una
coacción o incentivo para su renuncia, por tanto dicha suma fue dada en forma pura, simple e
incondicional, requisitos establecidos en el artículo 57° del Decreto Supremo N° 001-97-TR, a
fin de que proceda la compensación; en consecuencia, resulta amparable lo pretendido por la
demandada.
IV.- PARTE RESOLUTIVA:
Por las consideraciones expuestas, y de conformidad con lo establecido por el artículo 40º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial; el Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior
de Justicia del Santa;
RESUELVE:
I. CONFIRMAR la resolución número seis, contenida en el acta de audiencia única de folios 81 a
85, de fecha 10 de setiembre del 2009, que declara infundada la excepción de oscuridad en el
modo de proponer la demanda.
II. REVOCAR la sentencia contenida en la resolución número cincuenta y cinco (folios 610 a
622), de fecha 30 de diciembre del 2015, en los extremos que declara fundada, en parte, la demanda interpuesta por DOROTEO SANDOVAL YNOÑAN, contra PESQUERA
EXALMAR SA, sobre reintegro de remuneraciones; y REFORMÁNDOLA se declara
INFUNDADA la demanda interpuesta;
III. REVOCAR la misma sentencia apelada, en el extremo que declara improcedente la
compensación solicitada por la demandada; REFORMANDOLA se declara PROCEDENTE
la compensación solicitada por PESQUERA EXALMAR SA, por la suma de S/. 7,000.00
soles; quedando consentida los demás extremos no apelados; notifíquese y devuélvase al juzgado
de origen.
IV. CORREGIR la numeración de la resolución que antecede signada con número cuarenta y
nueve, debiendo ser lo correcto “cincuenta y nueve”.
PEREZ SANCHEZ, O. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 8°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 03331-2009-0-1817-JR-CO-08
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : LA CRUZ CHAVEZ ALDO JAIME
ESPECIALISTA : PEÑA CAMPANA, EIYI OOKII
INTERVINIENTE : SICCHA MACASSI, LUPE ELIZABETH
TERCERO : GUZMAN MANRIQUE, AUGUSTO
DEMANDADO : CONTRERAS FLORES, ANA MARIA
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DE ACEROS
GENERALES SRL
CONTRERAS CONTRERAS, CRISTIAN ALEXANDER
DEMANDANTE : REYES ALMONACID, CARLOS ALBERTO
RESOLUCIÓN NÚMERO CIENTO SESENTA Y OCHO
Lima, seis de octubre
del año dos mil veintitres.-
Estando a la autorización de ingreso de documentos
a través de la Mesa de Partes Virtual firmado digitalmente o con firma gráfica
escaneada establecido en el numeral 2.5 del artículo segundo de la R.A. Nro.
000023-2021-P-CE-PJ se procede a dar cuenta en la fecha, debido a las
recargadas labores del Juzgado que tramita tanto expedientes judiciales
electrónicos como expedientes judiciales físicos, el escrito ingresado con el N°
145640-2023 presentado por el demandante Carlos Alberto Reyes Almonacid a
través de la Mesa de Partes Virtual que se procede a imprimir y compaginar,
ello de conformidad a lo dispuesto en la R.A. N° 000133-2020-CE-PJ;
AL PRINCIPAL: Estando a lo solicitado y Atendiendo:
PRIMERO: Que, el demandante Carlos Alberto Reyes Almonacid solicita se le
adjudique el 50% de acciones y derechos del bien inmueble materia de
ejecución, ubicado sito en: Malecón Las Colinas, Lote 2, Sección Urbanizada de
la Urb. Las Colinas de Ancón, Distrito de Ancón, Provincia y Departamento de
Lima, con las áreas y medidas perimétricas y características descritas en la
partida Electrónica N° 07060500 de la Zona Registral Nro. IX - Sede Lima,
bien materia de remate electrónico y que el monto de adjudicación ascendente
a la suma de US$ 16,000.00 dólares americanos sea imputado al capital
demandado;
SEGUNDO: Que, en el presente caso, mediante resolución número ciento
sesenta y siete emitida en la fecha, se dispuso remitir el Certificado digital de
Postor Ganador al adjudicatario-demandante CARLOS ALBERTO REYES
ALMONACID del Remate Judicial Electrónico N° 10347-2023 en Segunda
Convocatoria del bien inmueble materia de ejecución, mediante subasta iniciada
el día 23/06/2023 a las 12:00:00 y concluida el día 24/06/2023 a las 11:59:59; TERCERO: Que, mediante el presente proceso de Obligación de dar suma de
dinero, el sucesor Procesal CARLOS ALBERTO REYES ALMONACID. pretende
que los demandados: COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DE ACEROS GENERALES
SRL, CRISTIAN ALEXANDER CONTRERAS CONTRERAS Y ANA MARIA
CONTRERAS FLORES le paguen la suma ascendente a US$ 309,849.45 Dólares
Americanos, más intereses pactados, costas y costos del proceso, bajo
apercibimiento de ejecución forzada en caso de incumplimiento;
CUARTO: Que, mediante resolución número seis de fecha 24 de abril del
2001, se emitió el Auto final mediante la cual se declaró infundada la
contradicción deducida y fundada la demanda ordenándose que la parte
ejecutada cumpla con pagar al ejecutante y en forma solidaria la suma de
TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON
45/100 DOLARES AMERICANOS o su equivalente en moneda nacional al
tipo de cambio al día de su pago, más intereses pactados, costas y costo del
proceso la misma que fue consentida mediante resolución número siete de
fecha 05 de junio del 2001; encontrándose los presentes actuados en la etapa
de ejecución forzada;
QUINTO: Que, el artículo 1257° del Código Civil, establece que quien deba
capital, gastos e intereses no puede, sin el asentimiento del acreedor, aplicar el
pago al capital antes que a los gastos, ni a éstos antes que a los intereses;
SEXTO: Que, el artículo 1288° del Código Civil; señala que por la
compensación se extingue las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de
prestaciones fungibles y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen,
desde que hayan sido opuestas la una a la otra, la compensación no opera
cuando el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo;
SETIMO: Que, conforme a lo manifestado por el recurrente mediante escrito
que se da cuenta, precisa que el monto ascendente a la suma de US$
16,000.00 dólares americanos, sea imputado en pago de la obligación
reconocida mediante resolución número uno –Mandato ejecutivo- de fecha 03
de enero del 2001, esto es, la suma de US$ 309,849.45 dólares
americanos, por lo que en mérito a lo dispuesto en el artículo 1257° y 1288°
del Código Civil, esta Judicatura resuelve:
1) Téngase por COMPENSADO el monto ascendente a la suma de US$
16,000.00 dólares americanos, a favor del
demandante/adjudicatario respecto al 50% de acciones y derechos del
bien inmueble materia de ejecución, ubicado sito en: Malecón Las
Colinas, Lote 2, Sección Urbanizada de la Urb. Las Colinas de Ancón,
Distrito de Ancón, Provincia y Departamento de Lima, con las áreas y
medidas perimétricas y características descritas en la partida Electrónica N° 07060500 de la Zona Registral Nro. IX - Sede Lima; haciéndose la
precisión que el referido monto será imputado al PAGO PARCIAL del
CAPITAL, quedando un saldo de pago a favor del demandante
ascendente a la suma de US$ 265,869.45 dólares americanos por
concepto de capital; y
2) TRANSFERIR la propiedad del 50% de las acciones y derechos
respecto del inmueble ubicado sito en: Malecón Las Colinas, Lote 2,
Sección Urbanizada de la Urb. Las Colinas de Ancón, Distrito de Ancón,
Provincia y Departamento de Lima, con las áreas y medidas perimétricas
y características descritas en la partida Electrónica N° 07060500 de la
Zona Registral Nro. IX - Sede Lima, por el monto adjudicado en pago
ascendente a la suma de DIECISEIS MIL CON 00/100 DOLARES
AMERICANOS (US$ 16,000.00) a favor de CARLOS ALBERTO
REYES ALMONACID, identificado con DNI N° 09596050 de estado
civil: Soltero;
OCTAVO: Dejándose sin efecto todo gravamen que pese sobre el referido
bien inmueble, salvo la medida cautelar de anotación de demanda, para lo cual
CÚRSESE PARTES al Registro de la Propiedad Inmueble de Lima, consentida
o ejecutoriada que sea la presente resolución, debiendo previamente
CUMPLIR el recurrente con adjuntar el respectivo arancel judicial por
saneamiento y expedición de partes judiciales, bajo su responsabilidad;
NOVENO: Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 739º del Código
Adjetivo, inciso 3): NOTIFÍQUESE, a la parte demandada, al copropietario
Augusto Guzmán Manrique y a los terceros que hayan sido notificados con el
mandato de ejecución, para que cumplan con hacer entrega del bien inmueble
materia de remate al demandante/adjudicatario dentro del DÉCIMO DÍA DE
NOTIFICADOS, bajo apercibimiento de LANZAMIENTO. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 00118-2009-0-1801-JR-LA-17
RESOLUCIÓN N° 31
Lima, 13 de setiembre del 2021
En Audiencia Pública, de fecha 17 de agosto
del año en curso, interviniendo como Juez Superior ponente la Señora Serpa
Vergara, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO
Resolución materia de apelación:
La Sentencia N°0128-2019-26°JETTL, de fecha 28 de junio del 2019, de fojas
580 a 598, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por
don WILLIAM EMERZON MEDRANO VASQUEZ, en contra de FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, sobre
reconocimiento de relación laboral y pago de remuneraciones más beneficios
sociales, en consecuencia, se ORDENA al demandado cumpla con reconocer
a favor del demandante una relación de trabajo a plazo indeterminado, bajo
el régimen laboral de la actividad privada, por el periodo del 01 de agosto de
1992 al 28 de febrero de 2009, asimismo, se dispone que la demandada
cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/ 269,509.37 soles, por
concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, más
intereses legales y financieros, sin costas ni costos procesales.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
AGRAVIOS
La demandada FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES, en su escrito de impugnación obrante de fojas 602 a 609, contra la
SENTENCIA, expresa como agravios:
1. El A quo incurre en error al declarar infundada la excepción de
agotamiento de la vía administrativa, pues no ha tomado en
consideración lo establecido por el artículo 16° del citado reglamento,
que señala: Los conflictos derivados de la prestación de servicios regulados
por el Decreto Legislativo N° 1057, y su Reglamento, serán resueltos por el
órgano responsable. Quedando agotada la vía administrativa se puede
acudir a la sede judicial, conforme a las reglas del Proceso
Contencioso Administrativo.
2. El Juzgado comete el error al declarar infundada la excepción de
incompetencia, pues teniendo en cuenta que el presente proceso en el
primer periodo que se relacionó con nuestra entidad, el actor tenía un
vínculo mediante Órdenes de Servicios - Servicios de Terceros, para la
demandada, ello está amparado en el Código Civil, donde señala: El
Locador debe prestar personalmente, pero puede valerse bajo su propia
dirección y responsabilidad de Auxiliares y Sustitutos si la colaboración de
otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la
naturaleza de la prestación.
3. La entidad contrató válidamente al actor para la ejecución de sus
servicios complementarios que no requiere una dirección ni un
superior jerárquico, de ahí que tampoco pudo haber subordinación o
dependencia en la prestación del servicio. De igual forma tampoco
hubo remuneración, la cual se caracteriza por ser una suma de dinero
determinada por la contraprestación del servicio, en el presente caso
lo que hubo fue una retribución dineraria variable de acuerdo a la
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
prestación realizada, la misma que por su naturaleza y variabilidad
no puede ser considerada como remuneración.
4. No existe vínculo laboral en los contratos suscritos con el
demandante, pues según el artículo 1766 del Código Civil, el "El
locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su
propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos, si la
colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es
incompatible con la naturaleza de la prestación.".
5. El error es manifiesto cuando el Juzgador en la recurrida desconoce la
Ley de Contrataciones con el Estado, las normas de presupuesto, así
como el MOF y CAP de la demandada, sin declarar la inaplicación de
las mismas.
6. Resultan frágiles las valoraciones subjetivas de las instrumentales en
este proceso, como se indicó a lo largo del mismo, los medios
probatorios no respaldan lo pretendido por el actor, es así que no
resulta aplicable el Principio de Primacía de la Realidad, de esta
manera, no se puede afectar económicamente el patrimonio del
Estado, que de acuerdo a la misión de mi representada se encuentra
destinada al desarrollo técnico financiero de la Pesca Artesanal y
Acuicultura.
7. Incurre en error insalvable al establecer de manera ilegítima una suma
contraria a derecho, vulnerando el derecho a un debido proceso y
causando un perjuicio económico injustificado a la demandada,
debiendo en tal sentido revocarse la sentencia y declararse infundada.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución
impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se
pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya
que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de
la segunda (o tercera, según el caso) instancia.
SEGUNDO: De la demanda que obra de fojas 309 a 360, el demandante
postula como pretensión que se declare la desnaturalización de los Contratos
de Locación de Servicios (desde el 01 de agosto de 1992 hasta el 31 de agosto de
2008), así como la ineficacia de los Contratos Administrativos de Servicios
(desde el 01 de setiembre de 2008 hasta el 28 de febrero de 2009), y se le
reconozca la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, desde el
01 de agosto de 1992 hasta el 28 de febrero de 2009, con la última de S/
3,000.00 soles, en el cargo de Supervisor de Obras, en consecuencia, el pago de
beneficios sociales por un monto de S/ 341,215.00 soles, así como la
indemnización por despido arbitrario, más costos del proceso.
TERCERO: La demandada FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES, mediante escrito que obra de fojas 438 a 456, luego
de proponer las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa,
incompetencia, prescripción extintiva y caducidad, contesta la demanda
negándola, contradiciéndola y peticionando se declare infundada en todos sus
extremos; señala que el actor laboró a plazo fijo desde el 01 de enero de 1997
hasta el 31 de diciembre de 2001, no adeudándose ningún monto por dicho
concepto, posteriormente, se suscribió contratos de locación de servicios desde
el 01 de octubre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2008, y finalmente, desde el
01 de setiembre de 2008 hasta el 28 de febrero de 2009, se le contrató bajo los
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 - CAS; así también señala que, la
ruptura del vínculo contractual se debió al vencimiento de plazo establecido.
CUARTO: En la Audiencia Complementaria, de fecha 20 de junio del 2019, de
folios 577 a 579, se fijó como puntos controvertidos: "Determinar si entre las
partes ha existido una relación laboral desde el 01 de agosto de 1992 hasta el 28 de
febrero de 2009, como consecuencia, establecer si se ha producido la desnaturalización
de los contratos de locación de servicios y servicios personales a uno a plazo
indeterminado."
QUINTO: En cuanto al primer agravio de la demandada, referente a la
excepción de agotamiento de la vía administrativa, la emplazada señala el
supuesto error del A quo al declarar infundada dicha excepción, sin embargo,
es deber de este Colegiado señalar que, en ningún extremo de la recurrida se
declara como infundada dicha excepción, ya que el citado fallo se dio en la
Audiencia Única de fecha 27 de octubre de 2009, la misma que no fue
oportunamente apelada, por tanto no existe asidero legal para el
pronunciamiento del mismo, por lo que se desestima el agravio alegado y se
confirma lo resuelto.
SEXTO: Referente al segundo agravio de la demandada, en cuanto a la
excepción de incompetencia, la emplazada señala nuevamente un supuesto
error del A quo al declarar infundada dicha excepción, sin embargo, en la
Audiencia Única que obra de folio 458 a 462, mediante resolución número 4, se
declaró fundada la indicada excepción, pero en virtud de la apelación del
demandante la Primera Sala Laboral Permanente, mediante resolución de vista
de fecha 10 de marzo de 2017, obrante a fojas 543 a 550, revocó la resolución y
reformándola declaró infundada la excepción de incompetencia y nula la
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
sentencia del 31 de marzo de 2014, obrante a fojas 512 a 523, por lo que se
desestima el agravio alegado y se confirma lo resuelto.
SÉPTIMO: En relación al tercer, cuarto, quinto, sexto y sétimo agravio de la
demandada, en cuanto a la contratación bajo el régimen del Decreto Legislativo
N° 1057, desde el 01 de diciembre de 2008 en adelante, conforme a los Contratos
Administrativos de Servicios a fojas 24 al 55. Si bien el Tribunal Constitucional
mediante la Sentencia expedida en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC,
establece la constitucionalidad del Contrato Administrativo; que en su
fundamento 47 señala: “De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1º
del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad
interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”,
deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de
contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta
compatible con el marco constitucional.”
OCTAVO: Sin embargo, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral,
ha señalado que existe invalidez de los contratos administrativos de servicios,
de manera enunciativa, en los siguientes presupuestos: a) Cuando la relación
contractual preexistente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al amparo
de la Ley N° 24041, o por aplicación directa de la norma al caso concreto; b) Cuando se
verifica que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación
laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación empleada; y,
c) Cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador
de servicios tenía, en los hechos, una relación laboral de tiempo indeterminado
encubierta.
NOVENO: El presente caso se subsume en el supuesto c), pues se ha
determinado la desnaturalización de los Contratos de Locación de Servicios y la
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Ineficacia de los Contratos Administrativos de Servicios, y por tanto, el actor ya
gozaba de estabilidad laboral en el régimen del D.S. 003-97-TR y no podía ser
contratado bajo Contratos Administrativos de Servicios, pues la suscripción de
dichos contratos supone alterar el derecho del actor a no ver desmejorada su
situación laboral, lo que debe ser protegido conforme lo señala nuestro
ordenamiento constitucional; razonar en contrario implica la afectación de
varios Principios, como el principio de irrenunciabilidad de los derechos
laborales, que constituye un elemento central que el ordenamiento laboral, en
tanto, confiere protección al trabajador contra actos propios que disminuyan su
condición, de modo que con ello se reste eficacia a la privación voluntaria por el
trabajador de sus derechos laborales reconocidos a nivel legal o convencional,
principio constitucional que se encuentra recogido en el inciso 2) del artículo
26° de la Constitución Política de 1993.. El Principio de Continuidad, que es
definido por el Maestro Américo Plá Rodríguez en los siguientes términos:
“Para comprender este principio debemos partir de la base de que el contrato de trabajo
es un contrato de tracto sucesivo, o sea, que la relación laboral no se agota mediante la
realización instantánea de cierto acto sino que dura en el tiempo. La relación laboral no
es efímera sino que presupone una vinculación que se prolonga”. Más adelante y en
cuanto a los alcances de este principio señala que “Una quinta consecuencia es la
que no se puede convertir un contrato de duración indeterminada a un contrato de
duración determinada”1. El Principio de Progresividad y no regresividad propio
del derecho laboral, por el cual el trabajador no puede ser contratado bajo los
alcances de un régimen que reconoce menores derechos a los que ya ha
adquirido como trabajador a plazo indeterminado.
DÉCIMO: Finalmente el principio de igualdad ante la ley, que en el presente
caso supone que no puede establecerse diferencias entre los trabajadores si es
que no existe una causa objetiva que la justifique; por lo que se reconoce el
1 "Los Principios del Derecho del Trabajo”, Depalma Bs. As. 1998, págs. 215 y 230.
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
vínculo laboral de la actividad privada regulada bajo el D.L. N° 728, por el
periodo del 01 de agosto de 1992 hasta el 28 de febrero de 2009.
UNDÉCIMO: Por otro lado, referente a los contratos de locación de
servicios, debemos tener presente que toda relación laboral se caracteriza por la
existencia de tres elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación
personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En contraposición
a ello, el contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764° del
Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin
estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un
trabajo determinado, a cambio de una retribución”, de lo que se sigue que, el
elemento esencial del contrato de locación de servicios, es la independencia del
locador frente al comitente en la prestación de sus servicios. De la comparación
de ambos contratos, se advierte que, el elemento diferenciador del contrato de
trabajo es la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a
este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los
trabajadores con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio del
poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento
de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).
DUODÉCIMO: Sobre el tema, el Tribunal Constitucional ha referido que:
“(…)Para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un
contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa
y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la
prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración de la demandante en la
estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario
determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de
herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de
remuneración a la demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de
salud”2. [Resaltado de la suscrita]
DECIMOTERCERO: Por lo que ante la divergencia de si estamos ante
un contrato de trabajo o un contrato de locación de servicios, lo establecido por
Américo PLÁ RODRIGUEZ, aclara la controversia, al señalar que “el principio de
primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”3.
DECIMOCUARTO: Asimismo, cabe mencionar que, en los términos del
Tribunal Constitucional, en la sentencia expedida el 18 de Marzo de 2010, en el
Expediente N° 01923-2009-PA/TC, en su fundamento 6 establece que: “(…) a
efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral se requiere
de la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la
enfermedad (...)”. Asimismo, en su fundamento 7 indica que: “(…) Para ello se
deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo
transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la
enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo; es
decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no se presume, sino que
se tiene que probar (…)”.
DECIMOQUINTO: Aunado a lo anteriormente desglosado, es necesario
señalar que, acreditada la prestación de servicios de forma personal, intuito
personae, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario; conforme se aprecia en el artículo 4°
del Decreto Supremo 003-97-TR, TUO de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, la cual establece que: “En toda prestación personal de
2 Fundamento 5 de la sentencia del 18 de enero del 2011, recaída en el expediente N.° 02902-2010-
PA/TC.
3 Los Principios del Derecho del Trabajo – Depalma – Buenos Aires – 1998- Pág. 313.
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de
trabajo a plazo indeterminado”.
DECIMOSEXTO: En este orden de ideas, se aprecia en autos el
reconocimiento expreso de la parte demandada, donde señala que el actor
laboró a plazo determinado desde el 01 de enero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2001, luego laboró por medio de contratos de locación de servicios
del 01 de octubre de 2002 al 31 de agosto de 2008, y finalmente del 01 de
setiembre de 2008 al 28 de febrero de 2009 bajo los alcances del Decreto
Legislativo N° 1057, si bien por el periodo laborado desde el 01 de agosto de
1992 hasta el 31 de diciembre de 1996, no existen los contratos de locación de
servicios, se puede corroborar en autos una masiva documentación aportada
por el actor, como memorandos, resoluciones gerenciales, hojas de rendición de
cuentas, recibos de ingresos, facturas, entre otros, donde figura el nombre del
actor en el periodo de agosto de 1992 hasta diciembre de 1996, obrante a fojas 03
hasta 104.
DECIMOSÉPTIMO: De lo desglosado precedentemente, este Colegiado
debe citar algunos medios probatorios de los cuales crea convicción y certeza de
lo mencionado, es así que tenemos en autos la Resolución de Gerencial General
N° 043-93-FONDEPES/R.G.G., de fecha 08 de noviembre de 1993, a foja 27,
donde se aprecia la designación del Ing. William Medrano Vásquez
(demandante), como Miembro de la Comisión de recepción, evaluación y
otorgamiento en el Proceso de Adjudicación Directa para la Selección de la
firma que ejecutó la obra "Mejoramiento del Desembarcadero Artesanal de
Paita", así también el Informe N° 056-93-FONDEPES/GO/WMV, de fecha 09 de
noviembre de 1993, a fojas 28 y 29, en donde el demandante redactó una
rendición de cuentas dirigida al Gerente de Obras de FONDEPES, señalándole
todo lo realizado en su inspección de obra correspondiente al D.A. Salaverry en
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Trujillo, asimismo, tenemos el Memorándum N° 594-93-FONDEPES/OA, de
fecha 28 de diciembre de 1993, a foja 35, donde la Jefa de la Oficina de
Administración, Ing. Violeta Vílchez Salazar, le comunicó al Ing. William
Medrano (demandante) que en la rendición de cuentas que él realizó, existe por
concepto de movilidad un exceso de S/ 33 soles, los cuales se descontarán de
sus honorarios si no lo sustenta a tiempo. De igual forma, a través del contrato
por mano de obra "Remodelación Módulo de Comercialización de Canta", de
fecha 24 de noviembre de 1994, a foja 41, se observa que el demandante firma
como "Responsable de Obra" por FONDEPES, adicionalmente, a través del
Informe N° 03-95-FONDEPES/G.O./WMV, de fecha 16 de enero de 1995, a
fojas 67 y 68, se observa que el demandado realiza un detalle de los pagos
realizados y facturas originales, con el fin que la Gerente de Obras, Ing. Violeta
Cuadros, le otorgue el monto de S/ 567.25 soles para concluir con los gastos que
por acabados requiere la obra que se encontraba a su cargo. Asimismo,
mediante Informe N° 096-95-FONDEPES/GO/WMV, de fecha 12 de diciembre
de 1995, a fojas 71 y 72, el demandante redactó un levantamiento de
observaciones a rendición de cuenta por los días de viáticos, dirigido al Jefe de
la Oficina de Administración de FONDEPES, Sr. Carlos Alegre Saravia.
DECIMOCTAVO: Así también, a través del Memorandum N° 799-95-
FONDEPES/OA, de fecha 27 de noviembre de 1995, a foja 73, el Jefe de la
Oficina de Administración de FONDEPES, le comunicó al demandante, las
observaciones encontradas en su rendición de cuentas, señalando que existe un
exceso de S/ 45 soles, por lo cual le solicitó la justificación necesaria para no
proceder con el descuento en sus honorarios. De igual forma, mediante
Memorándum N° 7721-96-FONDEPES/OA, de fecha 10 de setiembre de 1996, a
foja 96, el Jefe de la Oficina de Administración de FONDEPES, trasladó
documentación al demandante, el cual figura tener el cargo de "Presidente de la
Comisión de Saneamiento Legal de Propiedades del FONDEPES e Inscripción
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
en el Registro de Bienes Nacionales". Asimismo, mediante Credencial de fecha
24 de noviembre de 2001, a foja 291, el Gerente General de FONDOPES, indica
que el demandante se encuentra cubriendo una comisión de servicios por
encargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, desde el
departamento de Tumbes hasta Tacna, los meses de noviembre y diciembre del
2001, así como en enero de 2002, a fin de efectuar un diagnóstico de la pesca
artesanal.
DECIMONOVENO: Aunado a lo mencionado, se encuentra en autos a
foja 292, una Carta de fecha 03 de setiembre de 2002, suscrita por el Gerente
General de FONDEPES, dirigida a la Embajada de Estados Unidos de América,
en el cual se informa que el demandante se desempeña como Jefe de Proyectos
en la Oficina de Infraestructura y Equipamiento de FONDEPES, desde el 01 de
julio de 1992 hasta la actualidad. Adicionalmente, se advierte a foja 295, el
Certificado de Rentas y Retenciones de 5ta Categoría, correspondiente al
ejercicio gravable 2008, donde se verifica que, como renta bruta tuvo un total de
S/ 36,000.00 soles, que dividido entre 12 meses, da un total de S/3,000.00 soles,
es decir, su remuneración mensual que concuerda con la declaración realizada
por el actor en su demanda. Así también, mediante Constancia de Servicios
Prestados, de fecha 31 de enero de 2003, a foja 298, el Jefe de la Oficina de
Infraestructura y Equipamiento, suscribe que el demandante desempeñó la
función de supervisor de las siguientes obras: Trabajos de prevención ante el
fenómeno del niño desembarcadero artesanal del La Islilla, Paita, Yasila,
Delicias, Parachique, Virrilá, Iquitos, Ica y Cerro Azul. De igual forma, a través
del Estado de Cuenta Clásica del BCP, de fecha del 01 de setiembre de 2002 al
30 de setiembre de 2002, a foja 305, se visualiza un depósito de fecha 27 de
agosto por concepto de "Pago de Haberes", por una cuantía de S/ 3,668.00 soles,
ello se repite en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2000, a
fojas 306 a 308. Por último, a foja 375, se visualiza la Liquidación de Beneficios
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Sociales, correspondiente al periodo laborado por el actor desde el 01 de enero
de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2001, donde se deja constancia que
FONDEPES, durante este periodo le ha pagado vacaciones, gratificaciones y
demás pagos de ley.
VIGÉSIMO: En consecuencia, se advierte que el accionante prestó servicios
continuos y permanentes en el área de Gerencia de Obras, como Supervisor de
Obras, en base a la documentación antes descrita, se puede evidenciar el
carácter personalísimo de las funciones realizadas por el actor, funciones que
consistían en labores de carácter necesaria y primordial para la organización y
funcionamiento de la Institución.
VIGÉSIMO PRIMERO: La demandada sustenta su posición indicando que
mantuvo con el accionante una relación de naturaleza civil; sin embargo, las
labores que desempeñó el actor como Supervisor de Obras para el área de
Gerencia de Obras, son labores que son permanentes en la demandada, además,
el accionante contaba con diversos jefes y estuvo sujeto a un horario. Asimismo,
se verifica que los montos otorgados como pago por la prestación de servicios
brindados por el actor, no tenían como objeto un determinado resultado,
característica de una relación de naturaleza civil, sino por el contrario, se
otorgaban de manera mensual por el trabajo realizado. Por lo que, en atención a
la conducta procesal de la demandada, quien se ha limitado a negar la relación
laboral sin apoyarse en medio probatorio que desvirtúe la presunción laboral,
más aun con lo evidenciado precedentemente, sobre el carácter permanente y
esencial de la prestación del accionante en la que se determinó la existencia de
una relación laboral, muy a pesar que formalmente se hayan suscrito Contratos
de Locación de Servicios y posteriormente contratos CAS.
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
VIGÉSIMO SEGUNDO: Finalmente, referente a la indemnización de
despido arbitrario, a la revisión de los actuados, y al quedar demostrado que el
actor ya contaba con una relación laboral bajo el Decreto Legislativo N° 728 a
plazo indeterminado, y a su vez ya gozaba del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, fijado por el artículo 27° de la Constitución, ya que existió
entre las partes un contrato laboral indeterminado, por ello, la extinción de
dicho vínculo solo podía ser ejecutada con sujeción al Decreto Legislativo N°
728, y no como sustenta la demandada por "vencimiento del contrato CAS", ya
que ello no sería una causa justa para el despido, por ende, se entiende que la
demandada despidió al accionante de forma irregular y arbitraria de su centro
laboral, por ello, se determina que la fecha de despido fue el 28 de febrero de
2009. Por tanto, en aplicación al principio de Primacía de la Realidad, esta Sala
desestima los agravios alegados y confirma la recurrida.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral Transitoria de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
CONFIRMAR la Sentencia N°0128-2019-26°JETTL, de fecha 28 de junio del
2019, de fojas 580 a 598, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por don WILLIAM EMERZON MEDRANO VASQUEZ, en contra
de FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES,
sobre reconocimiento de relación laboral y pago de remuneraciones más
beneficios sociales, en consecuencia, se ORDENA al demandado cumpla con
reconocer a favor del demandante una relación de trabajo a plazo
indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad privada, por el periodo
del 01 de agosto de 1992 al 28 de febrero de 2009, asimismo, se dispone que la
14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
demandada cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/ 269,509.37 soles,
por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, más
intereses legales y financieros, sin costas ni costos procesales.
En los seguidos por LUCIANO NEMESIO GIRÓN FERNÁNDEZ contra
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. sobre Indemnización de
daños y perjuicios por incumplimiento de norma laboral; y devuélvanse los
autos al Juzgado de origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
15 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
EXPEDIENTE N.° 00118-2009-0-1801-JR-LA-17
RESOLUCIÓN N° 31
Lima, 13 de setiembre del 2021
En Audiencia Pública, de fecha 17 de agosto
del año en curso, interviniendo como Juez Superior ponente la Señora Serpa
Vergara, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO
Resolución materia de apelación:
La Sentencia N°0128-2019-26°JETTL, de fecha 28 de junio del 2019, de fojas
580 a 598, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por
don WILLIAM EMERZON MEDRANO VASQUEZ, en contra de FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES, sobre
reconocimiento de relación laboral y pago de remuneraciones más beneficios
sociales, en consecuencia, se ORDENA al demandado cumpla con reconocer
a favor del demandante una relación de trabajo a plazo indeterminado, bajo
el régimen laboral de la actividad privada, por el periodo del 01 de agosto de
1992 al 28 de febrero de 2009, asimismo, se dispone que la demandada
cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/ 269,509.37 soles, por
concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, más
intereses legales y financieros, sin costas ni costos procesales.
1 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
AGRAVIOS
La demandada FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO -
FONDEPES, en su escrito de impugnación obrante de fojas 602 a 609, contra la
SENTENCIA, expresa como agravios:
1. El A quo incurre en error al declarar infundada la excepción de
agotamiento de la vía administrativa, pues no ha tomado en
consideración lo establecido por el artículo 16° del citado reglamento,
que señala: Los conflictos derivados de la prestación de servicios regulados
por el Decreto Legislativo N° 1057, y su Reglamento, serán resueltos por el
órgano responsable. Quedando agotada la vía administrativa se puede
acudir a la sede judicial, conforme a las reglas del Proceso
Contencioso Administrativo.
2. El Juzgado comete el error al declarar infundada la excepción de
incompetencia, pues teniendo en cuenta que el presente proceso en el
primer periodo que se relacionó con nuestra entidad, el actor tenía un
vínculo mediante Órdenes de Servicios - Servicios de Terceros, para la
demandada, ello está amparado en el Código Civil, donde señala: El
Locador debe prestar personalmente, pero puede valerse bajo su propia
dirección y responsabilidad de Auxiliares y Sustitutos si la colaboración de
otros está permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la
naturaleza de la prestación.
3. La entidad contrató válidamente al actor para la ejecución de sus
servicios complementarios que no requiere una dirección ni un
superior jerárquico, de ahí que tampoco pudo haber subordinación o
dependencia en la prestación del servicio. De igual forma tampoco
hubo remuneración, la cual se caracteriza por ser una suma de dinero
determinada por la contraprestación del servicio, en el presente caso
lo que hubo fue una retribución dineraria variable de acuerdo a la
2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
prestación realizada, la misma que por su naturaleza y variabilidad
no puede ser considerada como remuneración.
4. No existe vínculo laboral en los contratos suscritos con el
demandante, pues según el artículo 1766 del Código Civil, el "El
locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su
propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos, si la
colaboración de otros está permitida por el contrato o por los usos y no es
incompatible con la naturaleza de la prestación.".
5. El error es manifiesto cuando el Juzgador en la recurrida desconoce la
Ley de Contrataciones con el Estado, las normas de presupuesto, así
como el MOF y CAP de la demandada, sin declarar la inaplicación de
las mismas.
6. Resultan frágiles las valoraciones subjetivas de las instrumentales en
este proceso, como se indicó a lo largo del mismo, los medios
probatorios no respaldan lo pretendido por el actor, es así que no
resulta aplicable el Principio de Primacía de la Realidad, de esta
manera, no se puede afectar económicamente el patrimonio del
Estado, que de acuerdo a la misión de mi representada se encuentra
destinada al desarrollo técnico financiero de la Pesca Artesanal y
Acuicultura.
7. Incurre en error insalvable al establecer de manera ilegítima una suma
contraria a derecho, vulnerando el derecho a un debido proceso y
causando un perjuicio económico injustificado a la demandada,
debiendo en tal sentido revocarse la sentencia y declararse infundada.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De conformidad con el artículo 370°, in fine del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente, en la apelación la competencia del superior
3 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
sólo alcanza a ésta y a su tramitación, por lo que corresponde a este órgano
jurisdiccional revisor circunscribirse únicamente al análisis de la resolución
impugnada. Asimismo, conforme al principio descrito, el órgano revisor se
pronuncia respecto a los agravios contenidos en el escrito de su propósito ya
que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de
la segunda (o tercera, según el caso) instancia.
SEGUNDO: De la demanda que obra de fojas 309 a 360, el demandante
postula como pretensión que se declare la desnaturalización de los Contratos
de Locación de Servicios (desde el 01 de agosto de 1992 hasta el 31 de agosto de
2008), así como la ineficacia de los Contratos Administrativos de Servicios
(desde el 01 de setiembre de 2008 hasta el 28 de febrero de 2009), y se le
reconozca la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, desde el
01 de agosto de 1992 hasta el 28 de febrero de 2009, con la última de S/
3,000.00 soles, en el cargo de Supervisor de Obras, en consecuencia, el pago de
beneficios sociales por un monto de S/ 341,215.00 soles, así como la
indemnización por despido arbitrario, más costos del proceso.
TERCERO: La demandada FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES, mediante escrito que obra de fojas 438 a 456, luego
de proponer las excepciones de falta de agotamiento de la vía administrativa,
incompetencia, prescripción extintiva y caducidad, contesta la demanda
negándola, contradiciéndola y peticionando se declare infundada en todos sus
extremos; señala que el actor laboró a plazo fijo desde el 01 de enero de 1997
hasta el 31 de diciembre de 2001, no adeudándose ningún monto por dicho
concepto, posteriormente, se suscribió contratos de locación de servicios desde
el 01 de octubre de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2008, y finalmente, desde el
01 de setiembre de 2008 hasta el 28 de febrero de 2009, se le contrató bajo los
4 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
alcances del Decreto Legislativo N° 1057 - CAS; así también señala que, la
ruptura del vínculo contractual se debió al vencimiento de plazo establecido.
CUARTO: En la Audiencia Complementaria, de fecha 20 de junio del 2019, de
folios 577 a 579, se fijó como puntos controvertidos: "Determinar si entre las
partes ha existido una relación laboral desde el 01 de agosto de 1992 hasta el 28 de
febrero de 2009, como consecuencia, establecer si se ha producido la desnaturalización
de los contratos de locación de servicios y servicios personales a uno a plazo
indeterminado."
QUINTO: En cuanto al primer agravio de la demandada, referente a la
excepción de agotamiento de la vía administrativa, la emplazada señala el
supuesto error del A quo al declarar infundada dicha excepción, sin embargo,
es deber de este Colegiado señalar que, en ningún extremo de la recurrida se
declara como infundada dicha excepción, ya que el citado fallo se dio en la
Audiencia Única de fecha 27 de octubre de 2009, la misma que no fue
oportunamente apelada, por tanto no existe asidero legal para el
pronunciamiento del mismo, por lo que se desestima el agravio alegado y se
confirma lo resuelto.
SEXTO: Referente al segundo agravio de la demandada, en cuanto a la
excepción de incompetencia, la emplazada señala nuevamente un supuesto
error del A quo al declarar infundada dicha excepción, sin embargo, en la
Audiencia Única que obra de folio 458 a 462, mediante resolución número 4, se
declaró fundada la indicada excepción, pero en virtud de la apelación del
demandante la Primera Sala Laboral Permanente, mediante resolución de vista
de fecha 10 de marzo de 2017, obrante a fojas 543 a 550, revocó la resolución y
reformándola declaró infundada la excepción de incompetencia y nula la
5 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
sentencia del 31 de marzo de 2014, obrante a fojas 512 a 523, por lo que se
desestima el agravio alegado y se confirma lo resuelto.
SÉPTIMO: En relación al tercer, cuarto, quinto, sexto y sétimo agravio de la
demandada, en cuanto a la contratación bajo el régimen del Decreto Legislativo
N° 1057, desde el 01 de diciembre de 2008 en adelante, conforme a los Contratos
Administrativos de Servicios a fojas 24 al 55. Si bien el Tribunal Constitucional
mediante la Sentencia expedida en el Expediente N° 00002-2010-PI/TC,
establece la constitucionalidad del Contrato Administrativo; que en su
fundamento 47 señala: “De modo que, a partir de la presente sentencia, el artículo 1º
del Decreto Legislativo N.º 1057 debe ser interpretado de modo que toda actividad
interpretativa hecha respecto del denominado “contrato administrativo de servicios”,
deba entenderse que dicho contrato es propiamente un régimen “especial” de
contratación laboral para el sector público, el mismo que como ya se ha expuesto, resulta
compatible con el marco constitucional.”
OCTAVO: Sin embargo, el II Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral,
ha señalado que existe invalidez de los contratos administrativos de servicios,
de manera enunciativa, en los siguientes presupuestos: a) Cuando la relación
contractual preexistente tiene su origen en un mandato judicial de reposición al amparo
de la Ley N° 24041, o por aplicación directa de la norma al caso concreto; b) Cuando se
verifica que previo a la suscripción del contrato CAS, el trabajador tenía una relación
laboral de tiempo indeterminado por desnaturalización de la contratación empleada; y,
c) Cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador
de servicios tenía, en los hechos, una relación laboral de tiempo indeterminado
encubierta.
NOVENO: El presente caso se subsume en el supuesto c), pues se ha
determinado la desnaturalización de los Contratos de Locación de Servicios y la
6 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Ineficacia de los Contratos Administrativos de Servicios, y por tanto, el actor ya
gozaba de estabilidad laboral en el régimen del D.S. 003-97-TR y no podía ser
contratado bajo Contratos Administrativos de Servicios, pues la suscripción de
dichos contratos supone alterar el derecho del actor a no ver desmejorada su
situación laboral, lo que debe ser protegido conforme lo señala nuestro
ordenamiento constitucional; razonar en contrario implica la afectación de
varios Principios, como el principio de irrenunciabilidad de los derechos
laborales, que constituye un elemento central que el ordenamiento laboral, en
tanto, confiere protección al trabajador contra actos propios que disminuyan su
condición, de modo que con ello se reste eficacia a la privación voluntaria por el
trabajador de sus derechos laborales reconocidos a nivel legal o convencional,
principio constitucional que se encuentra recogido en el inciso 2) del artículo
26° de la Constitución Política de 1993.. El Principio de Continuidad, que es
definido por el Maestro Américo Plá Rodríguez en los siguientes términos:
“Para comprender este principio debemos partir de la base de que el contrato de trabajo
es un contrato de tracto sucesivo, o sea, que la relación laboral no se agota mediante la
realización instantánea de cierto acto sino que dura en el tiempo. La relación laboral no
es efímera sino que presupone una vinculación que se prolonga”. Más adelante y en
cuanto a los alcances de este principio señala que “Una quinta consecuencia es la
que no se puede convertir un contrato de duración indeterminada a un contrato de
duración determinada”1. El Principio de Progresividad y no regresividad propio
del derecho laboral, por el cual el trabajador no puede ser contratado bajo los
alcances de un régimen que reconoce menores derechos a los que ya ha
adquirido como trabajador a plazo indeterminado.
DÉCIMO: Finalmente el principio de igualdad ante la ley, que en el presente
caso supone que no puede establecerse diferencias entre los trabajadores si es
que no existe una causa objetiva que la justifique; por lo que se reconoce el
1 "Los Principios del Derecho del Trabajo”, Depalma Bs. As. 1998, págs. 215 y 230.
7 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
vínculo laboral de la actividad privada regulada bajo el D.L. N° 728, por el
periodo del 01 de agosto de 1992 hasta el 28 de febrero de 2009.
UNDÉCIMO: Por otro lado, referente a los contratos de locación de
servicios, debemos tener presente que toda relación laboral se caracteriza por la
existencia de tres elementos esenciales que la definen como tal: (i) prestación
personal de servicios, (ii) subordinación y (iii) remuneración. En contraposición
a ello, el contrato de locación de servicios es definido por el artículo 1764° del
Código Civil como un acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin
estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un
trabajo determinado, a cambio de una retribución”, de lo que se sigue que, el
elemento esencial del contrato de locación de servicios, es la independencia del
locador frente al comitente en la prestación de sus servicios. De la comparación
de ambos contratos, se advierte que, el elemento diferenciador del contrato de
trabajo es la subordinación del trabajador a su empleador, lo cual le otorga a
este último la facultad de dar órdenes, instrucciones o directrices a los
trabajadores con relación al trabajo para el que se les contrata (ejercicio del
poder de dirección), así como la de imponerle sanciones ante el incumplimiento
de sus obligaciones de trabajo (poder sancionador o disciplinario).
DUODÉCIMO: Sobre el tema, el Tribunal Constitucional ha referido que:
“(…)Para determinar si existió una relación de trabajo entre las partes encubierta mediante un
contrato civil, este Tribunal debe evaluar si en los hechos se presentaron, en forma alternativa
y no concurrente, alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la
prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración de la demandante en la
estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un horario
determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de
herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de
remuneración a la demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las
8 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de
salud”2. [Resaltado de la suscrita]
DECIMOTERCERO: Por lo que ante la divergencia de si estamos ante
un contrato de trabajo o un contrato de locación de servicios, lo establecido por
Américo PLÁ RODRIGUEZ, aclara la controversia, al señalar que “el principio de
primacía de la realidad significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la
práctica y lo que surge de los documentos y acuerdos, debe darse preferencia a lo
primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos”3.
DECIMOCUARTO: Asimismo, cabe mencionar que, en los términos del
Tribunal Constitucional, en la sentencia expedida el 18 de Marzo de 2010, en el
Expediente N° 01923-2009-PA/TC, en su fundamento 6 establece que: “(…) a
efectos de determinar si una enfermedad es producto de la actividad laboral se requiere
de la existencia de una relación causa-efecto entre las condiciones de trabajo y la
enfermedad (...)”. Asimismo, en su fundamento 7 indica que: “(…) Para ello se
deberá tener en cuenta las funciones que desempeñaba el demandante, el tiempo
transcurrido entre la fecha de cese y la fecha de determinación de la
enfermedad, además de las condiciones inherentes al propio lugar de trabajo; es
decir, que la relación de causalidad en esta enfermedad no se presume, sino que
se tiene que probar (…)”.
DECIMOQUINTO: Aunado a lo anteriormente desglosado, es necesario
señalar que, acreditada la prestación de servicios de forma personal, intuito
personae, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo
indeterminado, salvo prueba en contrario; conforme se aprecia en el artículo 4°
del Decreto Supremo 003-97-TR, TUO de la Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, la cual establece que: “En toda prestación personal de
2 Fundamento 5 de la sentencia del 18 de enero del 2011, recaída en el expediente N.° 02902-2010-
PA/TC.
3 Los Principios del Derecho del Trabajo – Depalma – Buenos Aires – 1998- Pág. 313.
9 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de
trabajo a plazo indeterminado”.
DECIMOSEXTO: En este orden de ideas, se aprecia en autos el
reconocimiento expreso de la parte demandada, donde señala que el actor
laboró a plazo determinado desde el 01 de enero de 1997 hasta el 31 de
diciembre de 2001, luego laboró por medio de contratos de locación de servicios
del 01 de octubre de 2002 al 31 de agosto de 2008, y finalmente del 01 de
setiembre de 2008 al 28 de febrero de 2009 bajo los alcances del Decreto
Legislativo N° 1057, si bien por el periodo laborado desde el 01 de agosto de
1992 hasta el 31 de diciembre de 1996, no existen los contratos de locación de
servicios, se puede corroborar en autos una masiva documentación aportada
por el actor, como memorandos, resoluciones gerenciales, hojas de rendición de
cuentas, recibos de ingresos, facturas, entre otros, donde figura el nombre del
actor en el periodo de agosto de 1992 hasta diciembre de 1996, obrante a fojas 03
hasta 104.
DECIMOSÉPTIMO: De lo desglosado precedentemente, este Colegiado
debe citar algunos medios probatorios de los cuales crea convicción y certeza de
lo mencionado, es así que tenemos en autos la Resolución de Gerencial General
N° 043-93-FONDEPES/R.G.G., de fecha 08 de noviembre de 1993, a foja 27,
donde se aprecia la designación del Ing. William Medrano Vásquez
(demandante), como Miembro de la Comisión de recepción, evaluación y
otorgamiento en el Proceso de Adjudicación Directa para la Selección de la
firma que ejecutó la obra "Mejoramiento del Desembarcadero Artesanal de
Paita", así también el Informe N° 056-93-FONDEPES/GO/WMV, de fecha 09 de
noviembre de 1993, a fojas 28 y 29, en donde el demandante redactó una
rendición de cuentas dirigida al Gerente de Obras de FONDEPES, señalándole
todo lo realizado en su inspección de obra correspondiente al D.A. Salaverry en
10 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Trujillo, asimismo, tenemos el Memorándum N° 594-93-FONDEPES/OA, de
fecha 28 de diciembre de 1993, a foja 35, donde la Jefa de la Oficina de
Administración, Ing. Violeta Vílchez Salazar, le comunicó al Ing. William
Medrano (demandante) que en la rendición de cuentas que él realizó, existe por
concepto de movilidad un exceso de S/ 33 soles, los cuales se descontarán de
sus honorarios si no lo sustenta a tiempo. De igual forma, a través del contrato
por mano de obra "Remodelación Módulo de Comercialización de Canta", de
fecha 24 de noviembre de 1994, a foja 41, se observa que el demandante firma
como "Responsable de Obra" por FONDEPES, adicionalmente, a través del
Informe N° 03-95-FONDEPES/G.O./WMV, de fecha 16 de enero de 1995, a
fojas 67 y 68, se observa que el demandado realiza un detalle de los pagos
realizados y facturas originales, con el fin que la Gerente de Obras, Ing. Violeta
Cuadros, le otorgue el monto de S/ 567.25 soles para concluir con los gastos que
por acabados requiere la obra que se encontraba a su cargo. Asimismo,
mediante Informe N° 096-95-FONDEPES/GO/WMV, de fecha 12 de diciembre
de 1995, a fojas 71 y 72, el demandante redactó un levantamiento de
observaciones a rendición de cuenta por los días de viáticos, dirigido al Jefe de
la Oficina de Administración de FONDEPES, Sr. Carlos Alegre Saravia.
DECIMOCTAVO: Así también, a través del Memorandum N° 799-95-
FONDEPES/OA, de fecha 27 de noviembre de 1995, a foja 73, el Jefe de la
Oficina de Administración de FONDEPES, le comunicó al demandante, las
observaciones encontradas en su rendición de cuentas, señalando que existe un
exceso de S/ 45 soles, por lo cual le solicitó la justificación necesaria para no
proceder con el descuento en sus honorarios. De igual forma, mediante
Memorándum N° 7721-96-FONDEPES/OA, de fecha 10 de setiembre de 1996, a
foja 96, el Jefe de la Oficina de Administración de FONDEPES, trasladó
documentación al demandante, el cual figura tener el cargo de "Presidente de la
Comisión de Saneamiento Legal de Propiedades del FONDEPES e Inscripción
11 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
en el Registro de Bienes Nacionales". Asimismo, mediante Credencial de fecha
24 de noviembre de 2001, a foja 291, el Gerente General de FONDOPES, indica
que el demandante se encuentra cubriendo una comisión de servicios por
encargo del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, desde el
departamento de Tumbes hasta Tacna, los meses de noviembre y diciembre del
2001, así como en enero de 2002, a fin de efectuar un diagnóstico de la pesca
artesanal.
DECIMONOVENO: Aunado a lo mencionado, se encuentra en autos a
foja 292, una Carta de fecha 03 de setiembre de 2002, suscrita por el Gerente
General de FONDEPES, dirigida a la Embajada de Estados Unidos de América,
en el cual se informa que el demandante se desempeña como Jefe de Proyectos
en la Oficina de Infraestructura y Equipamiento de FONDEPES, desde el 01 de
julio de 1992 hasta la actualidad. Adicionalmente, se advierte a foja 295, el
Certificado de Rentas y Retenciones de 5ta Categoría, correspondiente al
ejercicio gravable 2008, donde se verifica que, como renta bruta tuvo un total de
S/ 36,000.00 soles, que dividido entre 12 meses, da un total de S/3,000.00 soles,
es decir, su remuneración mensual que concuerda con la declaración realizada
por el actor en su demanda. Así también, mediante Constancia de Servicios
Prestados, de fecha 31 de enero de 2003, a foja 298, el Jefe de la Oficina de
Infraestructura y Equipamiento, suscribe que el demandante desempeñó la
función de supervisor de las siguientes obras: Trabajos de prevención ante el
fenómeno del niño desembarcadero artesanal del La Islilla, Paita, Yasila,
Delicias, Parachique, Virrilá, Iquitos, Ica y Cerro Azul. De igual forma, a través
del Estado de Cuenta Clásica del BCP, de fecha del 01 de setiembre de 2002 al
30 de setiembre de 2002, a foja 305, se visualiza un depósito de fecha 27 de
agosto por concepto de "Pago de Haberes", por una cuantía de S/ 3,668.00 soles,
ello se repite en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2000, a
fojas 306 a 308. Por último, a foja 375, se visualiza la Liquidación de Beneficios
12 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
Sociales, correspondiente al periodo laborado por el actor desde el 01 de enero
de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2001, donde se deja constancia que
FONDEPES, durante este periodo le ha pagado vacaciones, gratificaciones y
demás pagos de ley.
VIGÉSIMO: En consecuencia, se advierte que el accionante prestó servicios
continuos y permanentes en el área de Gerencia de Obras, como Supervisor de
Obras, en base a la documentación antes descrita, se puede evidenciar el
carácter personalísimo de las funciones realizadas por el actor, funciones que
consistían en labores de carácter necesaria y primordial para la organización y
funcionamiento de la Institución.
VIGÉSIMO PRIMERO: La demandada sustenta su posición indicando que
mantuvo con el accionante una relación de naturaleza civil; sin embargo, las
labores que desempeñó el actor como Supervisor de Obras para el área de
Gerencia de Obras, son labores que son permanentes en la demandada, además,
el accionante contaba con diversos jefes y estuvo sujeto a un horario. Asimismo,
se verifica que los montos otorgados como pago por la prestación de servicios
brindados por el actor, no tenían como objeto un determinado resultado,
característica de una relación de naturaleza civil, sino por el contrario, se
otorgaban de manera mensual por el trabajo realizado. Por lo que, en atención a
la conducta procesal de la demandada, quien se ha limitado a negar la relación
laboral sin apoyarse en medio probatorio que desvirtúe la presunción laboral,
más aun con lo evidenciado precedentemente, sobre el carácter permanente y
esencial de la prestación del accionante en la que se determinó la existencia de
una relación laboral, muy a pesar que formalmente se hayan suscrito Contratos
de Locación de Servicios y posteriormente contratos CAS.
13 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
VIGÉSIMO SEGUNDO: Finalmente, referente a la indemnización de
despido arbitrario, a la revisión de los actuados, y al quedar demostrado que el
actor ya contaba con una relación laboral bajo el Decreto Legislativo N° 728 a
plazo indeterminado, y a su vez ya gozaba del derecho a la protección contra el
despido arbitrario, fijado por el artículo 27° de la Constitución, ya que existió
entre las partes un contrato laboral indeterminado, por ello, la extinción de
dicho vínculo solo podía ser ejecutada con sujeción al Decreto Legislativo N°
728, y no como sustenta la demandada por "vencimiento del contrato CAS", ya
que ello no sería una causa justa para el despido, por ende, se entiende que la
demandada despidió al accionante de forma irregular y arbitraria de su centro
laboral, por ello, se determina que la fecha de despido fue el 28 de febrero de
2009. Por tanto, en aplicación al principio de Primacía de la Realidad, esta Sala
desestima los agravios alegados y confirma la recurrida.
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Laboral Transitoria de la
Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
CONFIRMAR la Sentencia N°0128-2019-26°JETTL, de fecha 28 de junio del
2019, de fojas 580 a 598, que declara FUNDADA EN PARTE la demanda
interpuesta por don WILLIAM EMERZON MEDRANO VASQUEZ, en contra
de FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES,
sobre reconocimiento de relación laboral y pago de remuneraciones más
beneficios sociales, en consecuencia, se ORDENA al demandado cumpla con
reconocer a favor del demandante una relación de trabajo a plazo
indeterminado, bajo el régimen laboral de la actividad privada, por el periodo
del 01 de agosto de 1992 al 28 de febrero de 2009, asimismo, se dispone que la
14 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA LEY N° 26636
demandada cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/ 269,509.37 soles,
por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, más
intereses legales y financieros, sin costas ni costos procesales.
En los seguidos por LUCIANO NEMESIO GIRÓN FERNÁNDEZ contra
COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. sobre Indemnización de
daños y perjuicios por incumplimiento de norma laboral; y devuélvanse los
autos al Juzgado de origen. Notifíquese.-
VALENZUELA BARRETO SERPA VERGARA
QUILCA MOLINA
15 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGÉSIMO SEXTO JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO
TRANSITORIO DE LIMA
EXPEDIENTE : 00192-2009-0-1801-JR-LA-22
MATERIA : NULIDAD DE DESPIDO
JUEZ : PAUCAR BOZA CINTHIA ERIKA
ESPECIALISTA : CHUMPITAZ LESCANO ISABEL CRISTINA
DEMANDADO : CFG INVESTMENT SAC
DEMANDANTE : MALLCCO ORELLANA, ANGEL MAGLORIO
RAZÓN:
Señorita Juez:
Que, en cumplimiento de mis funciones informo a Usted lo siguiente:
1.- Que, en el presente proceso se encuentran pendiente de atender 2 escrito
presentado en el mes de MARZO de 2022 y FEBRERO de 2023.
2.- Que, la demora en la atención de los escritos, se debe los siguientes motivos:
2.1.- Mediante Resolución Administrativa N° 00219-2022-P.CSJLI-PJ de fecha
23/06/2022, se ordenó la convertir al 14° Juzgado Transitorio Laboral de Lima al 6°
Juzgado Civil Transitorio de Lima a partir del 01/07/2022, por lo que todos los
expediente tramitados ante ese juzgado, fueron redistribuidos ante el presente
Juzgado.
2.2.- Debido a la redistribución de expedientes, la cantidad de ingresos (tanto de
manera de física y electrónica) se duplicaron, ya que prácticamente este Juzgado
asumió la carga de 2 juzgados y a la fecha esta secretaría cuenta con un aproximado
de 3,500 expedientes y un ingreso diario de 30 a 50 escritos.
Además, resulta importante señalar, que la mesa de partes electrónica se encuentra
activa las 24 horas y los 7 días de la semana, por lo que, si bien los litigantes pueden
presentar con facilidad sus escritos, nuestra carga se incrementa día a día, situación
que no es advertida por las partes
2.3.- Que, la suscrita asumió el cargo de especialista legal de este Juzgado el
01/07/2022, encontrando una alta carga de escritos sin dar cuenta (más de 1000
escritos pendientes de atención desde el año 2019) y expedientes pendientes de
resolver (avocamientos de la redistribución del año 2018, nulidades, fijar costos,
observaciones al informe pericial, entre otros), ya que la “costumbre” de las
anteriores especialistas legales, era de dar cuenta un escrito e indicar en su
resolución “pasen los autos a despacho para resolver”, dicha figura se ha visto
reflejada en un promedio de 300 expedientes a más, ´por lo que, a fin de desarrollar
una labor adecuada, cada expediente avocado previamente es estudiado y saneado,
lo que ocasiona retraso en las labores.
3.- Por otro lado y debido a que los anteriores funcionarios no realizaron una
adecuada entrega de cargo, los actuales servidores judiciales nos hemos visto en la
necesidad de verificar expediente por expediente a fin de tener un mejor orden al
momento de trabajar. Es todo lo que informo a usted para los fines pertinentes.
Lima, 13 de junio de 2023 RESOLUCIÓN Nro. : DIECIOCHO
Lima, trece de junio
del año dos mil veintitrés.-
Dando cuenta en la fecha debido a la carga procesal con la cuenta esta
secretaría. Al escrito presentado por la parte DEMANDANTE ingresado con fecha
28/03/2022 y 06/02/2023: A lo expuesto: Téngase por absuelto el traslado
conferido mediante resolución que antecede, y continuando con el trámite del
proceso se procede a RESOLVER las observaciones formuladas por la parte
DEMANDADA en su escrito de fecha 15/12/2021, Y Atendiendo:
PRIMERO: Que, el artículo 37° de la Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 26636, señala
que “El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor de treinta (30)
días. Es puesto en conocimiento de las partes, las que pueden formular sus
observaciones en el término de cinco (5) días, acompañando de ser pertinente,
pericias de parte. Las observaciones deben ser resueltas por el Juez y sólo en el
caso de ser declaradas fundadas total o parcialmente se ordenará que se emita
un nuevo informe sobre las modificaciones o aclaraciones que precise.”;
SEGUNDO: La parte demandada formula las siguientes observaciones:
1.- Que, el Informe Pericial N° 121-2021-PJ-LAC liquida el reintegro de devengados
desde el mes de Abril-2009 hasta Noviembre-2015, sin embargo, dicho cálculo es
erróneo, puesto que debió liquidarse desde Julio-2009, mes en que el demandante
interpuso la demanda que dio origen al presente proceso.
2.- El Perito, ha aplicado erróneamente los porcentajes correspondientes a las tasas
emitidas por el Banco Central de Reserva del Perú, esto en razón a que el BCR en
forma diaria publica la TASA DE INTERES LEGAL LABORAL y el FACTOR DIARIO, ya
que la TASA DE INTERES FLUCTUA PERMANENTEMENTE, por lo que el Peritaje
Judicial practicado en la Liquidación de intereses DEBE APLICAR PARA EL CÁLCULO
DE LA TASA DE INTERÉS LABORAL EL FACTOR DIARIO y no una Tasa Porcentual
Mensual.
TERCERO: Sobre la primera observación, se tiene que el Decreto Ley N° 25920,
norma que regula el interés que corresponde pagar por adeudos de carácter laboral,
en su artículo 3° señala:
“El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir
del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago
efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o
extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber
sufrido algún daño”.
CUARTO: Que, la norma especial que regula el interés que corresponde pagar por
adeudos de naturaleza laboral no señala que el trabajador previamente tenga que
exigir el pago de beneficios sociales para que se generen los intereses; más aún si se
tiene en cuenta que es recién en el presente proceso que se ha discernido que le
corresponde al actor el pago de remuneraciones devengadas, como es a través de la
Sentencia contenida en la Resolución N° VEINTITRES de fecha 29/01/2013, y
confirmada por la Sentencia de Vista de fecha 27/08/2013; por lo que, el concepto de intereses legales corresponde calcularse conforme a las disposiciones contenidas
en el Decreto Ley N° 25920, conforme ha sido elaborado en el Informe Pericial N°
121-2021-PJ-LAC.
QUINTO: Sobre la SEGUNDA OBSERVACIÓN, puede advertirse del numeral II del
Informe Pericial materia de observación, que el perito ha señalado cuales son las
FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA, así como la liquidación ha sido realizada
por intermedio del INTERLEG, cuyo sistema toma las tasas emitidas por el Banco
Central de Reserva, las mismas que están publicadas en el portal de la
Superintendencia de Banca y Seguros, siendo esta la fuente de información que se ha
considerado para el cálculo de los intereses legales, cuya metodología se encuentra
detallada en el Informe materia de observación, por lo que al haberse liquidado
dichos conceptos adecuándose a lo dispuesto en la Superintendencia de Banca y
Seguros, motivo por el cual el cálculo de los intereses realizado por el perito judicial
adscrito a esta Judicatura resulta acorde a ley; Por estas consideraciones SE
RESUELVE declarar:
1.- INFUNDADAS las observaciones formuladas por la demandada al Informe Pericial
N° 0121-2021-PJ-LAC.
2.- TÉNGASE POR APROBADO EL INFORME PERICIAL N°0121-2021-PJ-LAC, por lo
tanto: REQUIÉRASE a la demandada a fin de que cumpla con pagar a favor del
demandante la suma de S/. 184,357.12 Soles (Ciento ochenticuatro mil trescientos
cincuentisiete y 12/100 soles) por concepto de remuneraciones devengadas e
intereses legales, en el plazo de CINCO DIAS CUMPLA, bajo apercibimiento de
iniciarse ejecución forzada luego de vencido el plazo otorgado.
Avocándose al presente proceso la señorita magistrada que suscribe en mérito a lo
establecido en la Resolución Administrativa N° 168-2023-P-CSJLI.
Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 16°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 06167-2009-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ESTEBAN ASTETE EDGAR NILTON
ESPECIALISTA : LOPEZ ALVARADO, MIRIAM
MARTILLERO : RECALDE MORALES, ADOLFO
PERITO : OCONNOR SALMON, CESAR IVAN
TERCERO : PUELLES ESCALANTE, JESUS
MINERA HUINAC SAC ,
OCONNOR SALMON, CESAR IVAN
DEMANDADO : SOCIEDAD MINERA CARAVI SRL ,
DEMANDANTE : FONAFE SUCESOR PROCESAL DEL BANCO MINERO ,
Resolución Nro. CINCUENTA Y TRES
Miraflores, dos de julio
Del dos mi dieciocho
Dando cuenta el escrito que antecede signado con el número
47782-2018: Téngase presente Y CONSIDERANDO: Primero: Que, mediante
resolución diecinueve de fecha trece de julio del dos mil once se convocó a
primer remate público los siguientes: 1) Derecho Minero Tres amigos N° 2,
cuya valorización asciende a la suma de US$. 60,107.48 (sesenta mil ciento
siete con 48/100 dólares americanos); y 2) Derecho Minero Tres amigos N° 3,
cuya valorización asciende a la suma de US$. 34,054.58 (treinta y cuatro mil
cincuenta y cuatro con 58/100 dólares americanos); Segundo: Que, mediante
escrito de fecha ocho de agosto del dos mil catorce el martillero público
designado en autos pone a conocimiento que la primera convocatoria respecto
del Derecho Minero Tres amigos N° 2 se ha declarado desierto, puesto a
conocimiento de las partes mediante resolución cuarenta emitida en autos;
Tercero: Además, mediante resolución cuarenta y tres de fecha seis de enero
del dos mil quince se adjudica a Minera Huinac SAC el derecho Minero Tres
amigos N° 3; Cuarto: Que, mediante resolución cincuenta de fecha veintitrés
de agosto del dos mil quince se convocó a segundo remate público el Derecho
Minero Tres amigos N° 2, para tal efecto se autoriza al martillero designado en
autos Adolfo Recalde Morales a fin de que cumpla con la función
encomendada; Quinto: Que, mediante resolución cincuenta y dos de fecha
ocho de enero de los corrientes se ordena nombrar peritos a fin de que
procedan a efectuar una tasación actualizada del Derecho Minero Tres amigos
N° 2, por encontrarse desactualizada la que obra en autos; Sexto: Que, el
artículo 171° del Código Procesal Civil, dispone, la nulidad se sanciona sólo por
causa establecida en la ley. Sin embargo, puede declararse cuando el acto
procesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. Asimismo, el artículo 742° del Código Procesal Civil señala que s in
en la primera convocatoria no se presentan postores, se convoca a una
segunda en la que la base de la postura se reduce en un quince por ciento. Si
en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se convocará a
una tercera, reduciendo la base en un quince por ciento adicional. Si en la
tercera convocatoria no hay postores, a solicitud del demandante podrá
adjudicársele directamente el bien, por el precio base de la postura que sirvió
para la última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de su crédito, si
hubiere. Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez días, el
Juez sin levantar el embargo, dispondrá nueva tasación y remate bajo las
mismas normas; Sétimo: Que, en tal sentido se ha incurrido en causal de
nulidad insubsanable prevista en el artículo 171° del Código Procesal Civil, al
haberse ordenado se realice una tasación actualizada del Derecho Minero Tres
amigos N° 2, lo cual conlleva una vulneración al derecho del debido proceso,
En consecuencia, por las consideraciones esgrimidas y norma procesal antes
referida, se resuelve: DECLARAR FUNDADO el pedido de NULIDAD DE LA
RESOLUCIÓN CINCUENTA Y DOS; y reponiéndose el acto procesal viciado,
se procede a dar cuenta como corresponde el escrito signado con el
número 145431-2017: téngase presente y estando a lo expuesto por el
demandante y para fines de no causar mayores dilaciones indebidas en el
trámite del proceso SUBRÓGUESE al martillero publico ADOLFO RECALDE
MORALES y OFICIESE a REPEJ a fin de que designe nuevo martillero
publico a efectos de que proceda a reprogramar día y hora para llevar
adelante la diligencia del segundo remate publico de los Derechos Mineros
Tres amigos N° 2 materia de ejecución ordenado en la resolución cincuenta
emitida en autos, debiendo el mismo aceptar y juramentar el cargo conferido
dentro del plazo de ley; bajo apercibimiento de subrogársele en el cargo;
llámese la atención a la Secretaria encargada del trámite del proceso por la
omisión incurrida; al primer otrosí: téngase presente la CASILLA
ELECTRONICA indicada; al segundo otrosí: téngase presente; notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |