Prompt
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
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EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
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Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
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imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
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cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
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imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
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capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
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elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
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judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
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consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
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consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
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imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
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cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
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ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
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expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
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MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
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TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 11°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
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EXPEDIENTE : 09478-2009-0-1817-JR-CO-11
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CIEZA ROJAS, JUAN CARLOS
ESPECIALISTA : VALERA CANALES, LEONARDO OMAR
TERCERO : LOPEZ GARCIA, LUIS MANUEL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SAC ,
DEMANDANTE : EMPRESA PESQUERA EL TRIUNFO EIRL ,
Resolución Nro. 66.
Miraflores, cuatro de enero del
Año dos mil dieciocho.-
Dando cuenta el escrito que antecede: Estando a lo
expuesto: AUTOS Y VISTOS: Y ATENDIENDO: Primero: Que, el
demandante pesquera el triunfo formula tacha contra la perito contable
Luisa Vilma Jara Salcedo argumentando en resumen que existe falta de
imparcialidad y credibilidad en la perito ya que ha sido seriamente
cuestionada por el superior jerárquico evidenciando su falta de
capacidad técnica para la elaboración de la pericia; Segundo: Que, la
tacha es un acto procesal potestativo por el cual las partes, alegando la
nulidad o falsedad de la prueba documental, cuestionan su validez o
eficacia, a fin de que sea excluida de la actuación o valoración
probatoria, Tercero: Que, por resolución número dos de fecha cuatro
de setiembre del año dos mil doce la Segunda Sala Civil
Subespecialidad Comercial dispuso revocar la resolución número
cuarenta y tres de fecha quince de mayo del año dos mil dice y declarar
FUNDADA las observaciones al informe pericial y en consecuencia se
elabore una nueva pericia contable de acuerdo a la normatividad
aplicable y a los lineamientos esbozados en la citada resolución;
Cuarto: Que, conforme se advierte de la citada resolución el superior
jerárquico en su parte resolutiva no hace referencia a subrogar al perito
judicial designado sino más bien a elaborar un nuevo informe teniendo
en cuenta los considerandos expuestos, además que tampoco se refiere
a una falta de imparcialidad del mismo ello al tratarse de observaciones
que pueden ser subsanables y así cumpla con la finalidad para la que
fue designado; Quinto: Que, en el caso que nos motiva el demandante
pretende tachar al perito contable con cuestionamientos subjetivos que no ha podido acreditar como la falta de imparcialidad y credibilidad,
debiéndose tener presente además que el artículo 300 del Código
Procesal Civil señala que se puede interponer tachas contra los testigos
y documentos, no siendo la tacha una figura que pueda ser dirigida
contra un perito judicial para con ello subrogarlo de la labor
encomendada; Por estas consideraciones y norma procesal glosada
además de lo dispuesto por el artículo 50 Inciso 6°del Código Procesal
de declara IMPROCEDENTE la tacha formulada contra la perito
contable Luisa Vilma Jara Salcedo. Y, de la verificación de sistema de
consultas (RENIEC) se advierte que la persona de Luis Vilma Jara
Salcedo ha fallecido en consecuencia, el mismo que se encuentra
inscrito con fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, en
consecuencia: se nombra al nuevo perito contable de los autos a
PEDRO MARTIN GOMEZ MEJIAS quien deberá apersonarse al
presente proceso, aceptando y juramentado el cargo conferido con las
formalidades de ley; SUBROGANDO al perito contable Luisa Vilma Jara
Salcedo. Se fija el monto de los HONORARIOS EN 3 URP, suma que
deberá de ser consignada por la parte demandada que promovió la
observación que originó la presente resolución. Notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 6° JUZGADO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
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EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
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EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
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EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
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EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 6° JUZGADO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
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EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 6° JUZGADO PERMANENTE
EXPEDIENTE : 10092-2009-0-1801-JR-CA-06
MATERIA : NULIDAD DE RESOLUCIÓN O ACTO ADMINISTRATIVO
JUEZ : HERMOZA CASTRO, MARUJA OTILIA
ESPECIALISTA : DIAZ TASAYCO JOSE EDUARDO
DEMANDADO : MINISTERIO DE LA PRODUCCION ,
DEMANDANTE : AUSTRAL GROUP SAA ,
Resolución Nro. NUEVE
Lima, seis de octubre de dos mil veintiuno.
DADO CUENTA; en la fecha, Por devuelto el presente
expediente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte
Suprema de Justicia de la República; en atención de la Casación N° 16819-2015 del
08 de junio de 2017, que declaró FUNDADO el recurso de casación interpuesto contra
la Sentencia de Vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la
demanda; actuando en sede de instancia, REVOCARON la sentencia apelada del
09 de noviembre de 2010, que declaró fundada la demanda, REFORMÁNDOLA la
declararon INFUNDADA la demanda; por lo cual: CUMPLASE CON LO
EJECUTORIADO, con conocimiento de las partes procesales. En consecuencia,
ARCHIVENSE DEFINITIVAMENTE los autos y remítanse al Archivo central de la
Corte Superior de Justicia de Lima, en su oportunidad. Avocándose al conocimiento de
la presente causa la Jueza Titular que suscribe, e Interviniendo el Secretario Judicial
que da cuenta por disposición superior. Notifíquese. jeDT |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZON:
SEÑOR JUEZ, en cumplimiento de mis funciones doy cuenta a usted que en el
presente proceso, mediante resolución 26 de fecha 04.03.2020 se dispuso
cúmplase lo ejecutoriado por el superior en grado, que mediante resolución
de vista del 02.12.2019 declaró la nulidad de la resolución veinticuatro que
declaró improcedente la entrega del remanente del remate a favor de Jose
Antonio Fernández Fernández. Al respecto, conviene en precisar que se da
cuenta en la fecha, debido a que desde el 16 de marzo del año en curso, el
gobierno declaró en estado de emergencia al País, situación que motivó la
suspensión de labores presenciales, realizando únicamente trabajo remoto; fue
desde el mes de julio que mi persona viene realizando trabajo mixto (presencial
y remoto), y estando a que existía un gran atraso de dar cuenta escritos
ingresados en expedientes físicos, se vino dando prioridad a ello, ya que en los
expedientes electrónicos a dicha fecha, se encontraban al día. Aunado a ello,
se debe tener presente que se han incrementado diversas funciones a los
especialistas legales, como son los remates electrónicos, los embargos
electrónicos en bancos y registros públicos, publicación de edictos electrónicos,
entre otras funciones. Es todo cuanto tengo que informar para los fines
pertinentes.
Miraflores, 07 de diciembre de 2020 16°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 12648-2009-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ESTEBAN ASTETE EDGAR NILTON
ESPECIALISTA : NUNEZ MATOS, JUAN CARLOS
TERCERO : JARUFE CHEHADE DE ABUSADA, ELISA VIRGINIA
ABUSADA ABUGATAS, ABUSADA ABUGATAS
TAUFICK MARIO
BARRETO CADENAS, LAZARO ALFONSO
ADJUDICATARIO
BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO SUCESOR DE
DENEGRI, MOYANO JORGE ENRIQUE
DEMANDADO : MALONE SALINAS, CARLOS DAVID
VALMAR TEXTIL SA ,
LOPRESTI CAVALLERO DE MALONE, NELIDA SUSANA
DEMANDANTE : BANCO CONTINENTAL ,
Resolución Nro. 27
Miraflores, siete de diciembre de dos mil veinte.-
VISTA LA RAZON QUE ANTECEDE: Téngase presente; y conforme a su
estado, corresponde emitir nuevo pronunciamiento respecto del pedido
de don Jose Antonio Fernández Fernández contenido en su escrito de
fecha 19.01.2018 a fs. 2281: Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: El tercero Jose Antonio Fernández Fernández en su condición
de sucesor de Jorge Denegri Moyano (quien a su vez fue sucesor de
Capitales del Sur SA, quien fuera el propietario del inmueble rematado,
conforme se tiene de la resolución 104 del 29.12.2004), solicita la entrega
del remanente de la suma obtenida del remate realizado en el presente
proceso, al habérsele cedido los derechos mediante resolución veinte
del 20.09.2017. Refiere que el inmueble rematado era de propiedad de
Capitales del Sur, quien lo obtuvo de su anterior propietario Carlos
Malone; asimismo, Capitales del Sur cedió su derecho a Jorge Denegri
Moyano, en consecuencia, le corresponde al solicitante la entrega del
remanente al habérsele cedido los derechos que le correspondían a
Jorge Denegri Moyano. Manifiesta que los derechos que eran alegados
por el Banco de Crédito como acreedor no ejecutante fueron desestimados, con la resolución trece que fuera confirmada por la
Segunda Sala Civil con resolución de vista de fecha 08.08.2016, pues el
embargo que ostentaba fue levantada por el 15 Juzgado Civil de Lima,
ya que el demandado Malone no era propietario del inmueble
embargado, sino correspondía a Capitales del Sur. Asimismo, la tercería
preferente de pago iniciado en el exp. 12649-2009 fue declarada
infundada en primera instancia, ordenando la entrega del remanente a
Jorge Denegri Moyano, apelada la misma fue revocada, declarándola
improcedente.
SEGUNDO: Dicho pedido fue puesto en conocimiento de las partes del
proceso, mediante resolución veintiuno de fecha 25.04.2018, pese a
encontrarse debidamente notificados, ninguna de las partes han
presentado absolución alguna.
TERCERO: Es de verse a fs. 1767 obra copia certificada de la resolución
tres de fecha 26.04.2010 por el cual se declara infundada la tercería
preferente de pago interpuesto por el Bando de Crédito del Perú, la
misma que fuese apelada, siendo que por resolución de vista de fecha
25.10.2012 cuya copia certificada obra a fs. 1771-1777, la Segunda Sala
Civil, revocó la misma y reformándola declara improcedente la
demanda de tercería interpuesta por el Banco de Crédito del Perú.
Asimismo, mediante resolución trece de fecha 29.09.2014 obrante a fs.
2085 se resolvió declarar improcedente el pedido de pago del
remanente a favor del Banco de Crédito del Perú, resolución que fuese
apelada y confirmada por el Superior en Grado, conforme se tiene a fs.
2245 a 2248.
CUARTO: En principio por resolución veinticuatro de fecha 21.09.2018 se
declaró improcedente por ahora el pedido de pago de remanente
hasta que se dilucide judicial o registralmente la propiedad del
inmueble rematado. Sin embargo, la Sala Superior a fs. 2381-2384
declaró la nulidad de la misma, ordenando se emita nueva resolución,
teniendo en cuenta las consideraciones esgrimidas por el Ad quem. Al
respecto, el Colegiado Superior advierte que en el Asiento D13 de la Partida Electrónica Nro. 44700093 del inmueble rematado existió una
anotación de demanda de nulidad de acto jurídico, interpuesta por el
Banco del Sur del Perú contra Taufick Mario Abusada Abugattas, Elsa
Virginia Jarufe Chehade de Abusada, Carlos David Malone Salinas y
Nélida Susana Lopresti Cavallaro de Malone, acto jurídico que
posteriormente fue declarado nulo y sin efecto legal mediante
sentencia del 25.07.2000, inscrito en el Asiento C00002 de la referida
partida. Señala el Adquem en su decimo cuarto considerando “el
juzgado no ha tenido en consideración que la transferencia a favor de Capitales del Sur
con fecha 04 de noviembre de 1998, inscrita en el Asiento C00001 de la Partida
Electrónica Nro. 44700093 no ha sido afectado, al no haberse declarado nulo junto con
la inscripción registral conforme lo señala el artículo 2013 del Código Civil, siendo dicho
argumento hecho como suyo por parte del Órgano Jurisdiccional a efectos que se
procediera al remate del bien inmueble submateria, mediante resolución S/N del
20.05.2004. De este modo, un pronunciamiento en contrario atentaría contra los
principios de predictibilidad y seguridad jurídica en las resoluciones judiciales.”.
Asimismo señala el Superior, que “se debe emitir pronunciamiento a lo
peticionado, al no existir controversia la propiedad dilucidado judicial o
registralmente la propiedad del inmueble rematado durante el período
de remate y adjudicación del inmueble”.
QUINTO: Siendo así, y a raíz de lo actuado en el presente proceso, se
tiene de en principio correspondería la entrega del remanente a favor
de Capitales del Sur SA del monto obtenido del remate del inmueble
adjudicado; sin embargo, Capitales del Sur SA cedió sus derechos a
favor de Jorge Denegri Moyano, quien a su vez las cede a favor del
ahora solicitante, José Antonio Fernández Fernández, y es a quien
corresponde proceder con la entrega del monto contenido en los
depósitos judiciales Nros. 2004009907545 y 2004009907648; en
consecuencia, resulta atendible el pedido de José Antonio Fernández
Fernández, a quien corresponde la entrega del respectivo remanente.
Estando a los argumentos antes esgrimidos; se resuelve: FUNDADO el
pedido de José Antonio Fernández Fernández, en consecuencia, CONSENTIDA que sea la presente decisión, entréguese debidamente
ENDOSADO a su favor el remanente del monto obtenido del remate del
inmueble subastado, contenido en los depósitos judiciales
2004009907545 por la suma de US$ 15,200.00 y 2004009907648 por la
suma US$ 10,970.00; y para dichos efectos, no habiendo ninguna de las
partes diligenciado el oficio ordenado en autos, previamente a la
entrega de endose alguno resulta necesario oficiar como se encuentra
dispuesto, corrigiéndose respecto a la dependencia judicial, siendo lo
correcto 33 Juzgado Civil de Lima y no 30 Juzgado Civil; en
consecuencia, OFICIESE al Modulo de la Administración del 33° Juzgado
Civil de Lima, a fin que remita en la mayor brevedad a este Despacho
los depósitos judiciales Nro. 2004009907545 y 2004009907648,
debidamente endosados a favor de este Juzgado; notificándose.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 16°JUZGADO CIVIL-COMERCIAL
EXPEDIENTE : 12648-2009-0-1817-JR-CO-16
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : ESTEBAN ASTETE EDGAR NILTON
ESPECIALISTA : NUNEZ MATOS, JUAN CARLOS
TERCERO : JARUFE CHEHADE DE ABUSADA, ELISA VIRGINIA
ABUSADA ABUGATAS, ABUSADA ABUGATAS
TAUFICK MARIO
BARRETO CADENAS, LAZARO ALFONSO
ADJUDICATARIO
BANCO DE CREDITO DEL PERU ,
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO SUCESOR DE
DENEGRI, MOYANO JORGE ENRIQUE
DEMANDADO : MALONE SALINAS, CARLOS DAVID
VALMAR TEXTIL SA ,
LOPRESTI CAVALLERO DE MALONE, NELIDA SUSANA
DEMANDANTE : BANCO CONTINENTAL ,
Resolución Nro. 24
Miraflores, veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho
DADO CUENTA, luego de su compaginación en
la fecha por el encargado de archivo; y atendiendo en forma conjunta a
los escritos que anteceden 91488-2018 y 110202-2018 presentado por
el sucesor procesal de Jorge Denegri Moyano: Téngase presente; y
conforme a su estado, Y CONSIDERANDO: Primero: Que, el recurrente
mediante sendos escritos de fechas 19 de enero de 2018, 20 de abril de
2018 y los escritos que anteceden, solicita el endose del saldo
remanente obtenido del remate llevado a cabo en autos, toda vez que el
derecho que alegaba el Banco de Crédito del Perú como acreedor no
ejecutante, ha desvanecido, pues el embargo que respaldaba su derecho
ha sido levantado; Segundo: Que, conforme lo previsto en la parte in
fine del artículo 747° del Código Procesal Civil, “(…) Si luego de la
distribución hay un remanente, le será entregado al ejecutado”; Tercero: De la
revisión de autos se advierte de fs. 131-142 que, el presente proceso se
trata de una demanda de Ejecución de Garantías interpuesta por el
Banco Continental contra Valmar Textil SA como obligado principal y
sus garantes hipotecarios CARLOS DAVID MALONE SALINAS y su
cónyuge NELLIDA SUSANA LOPRESTI CAVALLARO DE MALONE,
quienes garantizaron la deuda con el inmueble de su propiedad inscrito
en la ficha 189452 (ahora Partida Nro. 44700093), el cual fue rematado
el 7 de mayo de 2004, habiéndose inscrito la adjudicación el 21 de
octubre de 2004. Cuarto: En este contexto, se debe señalar que en la
tramitación del presente proceso se han suscitado diversas incidencias respecto a la propiedad del inmueble del bien rematado. Así, se tiene
que el inmueble en referencia fue transferido por la sociedad conyugal
demandada Malone-Lopresti a favor de la sociedad conyugal
conformada por Taufick Mario Abusada Abugatas y su esposa Elisa
Virginia Jarufe Chehade de Abusada, mediante contrato de fecha
02.10.97. La referida transferencia fue materia de una demanda de
nulidad de acto jurídico interpuesta por el Banco del Sur (ahora Banco
de Crédito), demanda que fuera Anotada con fecha 30.04.98, tal como
consta en el punto 13) del rubro de Cargas y Gravámenes inscrito en la
Ficha Registral Nº189452, tal como se aprecia a fs. 896.
Posteriormente, la referida sociedad conyugal Abusada – Jarufe
transfiere la propiedad del inmueble a favor de Capitales del Sur S.A,
acto jurídico inscrito con fecha 04.11.98 en el Asiento C0001 de la
Partida Electrónica Nº 44700093 (fs.897) quien se apersona al proceso
como titular del inmueble, para luego ceder sus derechos de crédito en
el presente proceso a Jorge Denegri Moyano, quien a su vez las cede a
favor del ahora recurrente, José Antonio Fernández Fernández. Quinto:
De lo antes expuesto y vista la Partida Electrónica Nº 44700093, en el
Asiento C00002 (fs. 899) obra inscrita la Sentencia emitida por el 15
Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, de fecha 25.07.2001 que
declara fundada la demanda de nulidad de acto jurídico, en
consecuencia consideró nulo y sin efecto legal el acto jurídico contenido
en el contrato de dación en pago con pacto de retroventa celebrado el
02.10.1997 por Carlos Malone Salinas y Nellida Susana Lopresti
Cavallaro de Malone a favor de la sociedad conyugal conformada por
Taufick Mario Abusada Abugatas y su esposa Elisa Virginia Jarufe
Chehade de Abusada, sentencia que fuese confirmada por el Superior
en Grado. En ese sentido, se podría inferir que al haberse declarado
nula la transferencia a favor de la sociedad conyugal Abusada-Jarufe,
los propietarios del inmueble rematado era la sociedad conyugal
conformada por Malone-Lopresti., así parece haberlo entendido el
Registrador Público, al inscribir con fecha 01.08.2001, el Embargo en
forma de Inscripción sobre el inmueble de propiedad de la sociedad
conyugal Malone-Lopresti, conforme se tiene en el Asiento D00002 de la
Partida 44700093, obrante a fs. 1073, en el cual se señaló que, “(…) se
ordena trabar embargo en forma de inscripción sobre el inmueble de
propiedad sobre los ejecutados CARLOS DAVID MALONE SALINAS y
NELIDA SUSANA LOPRESTI CAVALLARO, inscrito en esta partida (…)”; es
decir, conforme a la inscripción registral antes señalada, a la fecha del
remate judicial 07.05.2004, para el Registrador Público y el 56º
Juzgado Civil de Lima, los propietarios del inmueble aún eran la
sociedad conyugal Malone-Lopresti; Sexto: De lo antes expuesto, es
posible colegir que a quien correspondería el derecho de cobrar el remanente del saldo del remate del 07.05.2004, sería a la sociedad
conyugal conformada por Carlos Malone Salinas y Nellida Susana
Lopresti Cavallaro de Malone. Sin embargo, no es menos cierto existe
una controversia sobre el derecho de propiedad del inmueble durante el
período de remate y adjudicación del inmueble (por el cual se genera el
derecho de cobro del remanente) ya que de una lado, en el Asiento
C00001 de la referida Partida Electrónica Nº 44700093 inscrito con
fecha 04.11.1998 (fs. 897), figura como nuevo propietario del inmueble
la empresa Capitales del Sur S.A.; pero de otro lado, se advierte que en
el Asiento C00002 de la referida partida electrónica (fs. 899) obra
inscrita la Sentencia del 25.07.2001 que declara nulo y sin efecto legal
la dación en pago con pacto de retroventa celebrado el 02.10.1997 por
Carlos Malone Salinas y Nellida Susana Lopresti Cavallaro de Malone a
favor de la sociedad conyugal conformada por Taufick Mario Abusada
Abugatas y su esposa Elisa Virginia Jarufe Chehade de Abusada, lo que
ameritó que el registrador público, en el Asiento D00002 de la Partida
Electrónica Nº 44700093 (fs. 900) haya inscrito el embargo en forma de
inscripción, señalando que eran propietarios del inmueble la sociedad
conyugal conformada por Carlos Malone Salinas y Nellida Susana
Lopresti Cavallaro de Malone. En este contexto, es verdad que la
aludida sentencia, no declaró expresamente la nulidad de la
transferencia a favor la empresa Capitales del Sur S.A.; sin embargo,
registralmente, existe incongruencia sobre las inscripciones registrales
sobre la titularidad del derecho de propiedad del inmueble rematado;
por tal motivo, este Despacho estima que no corresponde, por ahora,
entregar remanente alguno a ninguna de las partes intervinientes en el
proceso, hasta que no se haya dilucidado judicial o registralmente la
propiedad del inmueble rematado durante el período de remate y
adjudicación del inmueble; Sétimo: Por otro lado, de la revisión de
autos, se tiene que los certificados 200400907545 y 2004009907648
fueron consignados cuando el expediente se encontraba en el juzgado
de origen 33 Juzgado Civil de Lima, y que mediante las resoluciones 84
y 85 a fs. 1105 y 1118 se dispuso su custodia al Administrador del
Modulo del piso. Asimismo, mediante resolución 99 de fs. 1189 se da
cuenta a la devolución del Certificado 2004009907648 con un saldo de
US$ 10,970.00; y advirtiéndose que el expediente con número de origen
66135-97 fue remitido a esta subespecialidad, sin constancia de
remisión de los referidos depósitos judiciales, corresponde oficiar al 30°
Juzgado Civil de Lima (antes 33° Juzgado Civil), así como al
Administrador del Modulo del piso correspondiente, a fin que remitan a
este Despacho los certificados de depósitos judiciales antes referidos.
En consecuencia, se declara IMPROCEDENTE por ahora la solicitud del
pago de remanente efectuada por José Antonio Fernández Fernández, sucesor procesal de Jorge Denegri Moyano y Capitales del Sur S.A.,
hasta que se dilucide judicial o registralmente la propiedad del
inmueble rematado durante el período de remate y adjudicación del
inmueble; sin perjuicio de lo anterior, OFICIESE al 30° Juzgado Civil de
Lima (antes 33° Juzgado Civil), así como al Administrador del Modulo
del piso correspondiente, a fin que remitan a este Despacho los
certificados de depósitos judiciales 200400907545 y 2004009907648,
para el posterior pago correspondiente, debiendo las partes procesales
coadyuvar en el diligenciamiento de los referidos oficios; notificándose.- |
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
EXPEDIENTE : 00005-2010-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMÉNEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ENAPU S.A.
DEMANDANTE : AGUIRRE VALLADARES, ANGEL
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCUENTA
Paita, 21 de diciembre del 2022
I.- OBJETO DE RESOLUCIÓN:
Corresponde emitir pronunciamiento respecto de la demanda (fs. 01–19),
interpuesta por ÁNGEL AGUIRRE VALLADARES, solicita tutela Jurisdiccional
efectiva e interpone demanda de PAGO DE REINTEGRO DE DEVENGADOS DE
INCREMENTO DE LA LEY N° 26504 -Ley del Sistema Nacional de Pensiones-; así
como la pretensión accesoria el pago de intereses legales, costas y costos del
proceso. Acción que la dirige contra Empresa Nacional de Puertos -ENAPU S.A.
II.- ANTECEDENTES PROCESALES:
1. Mediante resolución N° 01 de fecha 25 de enero de 2010 (fs. 20), se resuelve
admitir a trámite la demanda.
2. Por escrito de folios 134-189, la demandada Empresa Nacional de Puertos
ENAPU S.A., absuelve traslado de la demanda, y deduce excepciones de
prescripción extintiva y oscuridad y ambigüedad en la forma de interponer la
demanda.
3. Con fecha 15 de agosto de 2011 se celebró audiencia única, continuada el
27 de setiembre de 2012, conforme se corrobora en las actas suscritas que
obran en los folios 222, y 276 a 281. Asimismo, en audiencia única se emitió la
Resolución N° 08, que resuelve declarar fundada la excepción de prescripción
extintiva e infundada la excepción de oscuridad y ambigüedad.
4. A folios 393 a 438, obra el Informe Revisorio N° 042-2016-PJ-M.A.M.V./3°J.P.L., el
mismo que se pone a conocimiento de las partes mediante resolución número
33 de autos, siendo observado por la demandada (fs. 456-459), observación
1 Corte Superior de Justicia de Piura
JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
que fue declarada fundada mediante Resolución N° 49 de fecha 20 de
diciembre de 2022.
III.- ARGUMENTOS DE LAS PARTES:
De la demandante:
5. Señala el accionante que solicito el pago conforme a las disposiciones legales
vigentes del incremento de IPSS/ONP dispuesto por la Ley 26504 así como su
repercusión en los depósitos de la compensación por tiempo de servicios.
6. Refiere que el incremento de la remuneración tiene que darse en la
remuneración básica, siendo que al no considerarlo dentro del básico
ocasiona que el incremento no tenga incidencia sobre todas las
remuneraciones complementarias que percibía.
7. Señala también que la demandada deberá proceder a efectuar un reintegro
por los distintos depósitos de compensación por tiempo de servicios, teniendo
presente los reintegros salariares que se le debe abonar por la incorrecta
aplicación de la ley.
De la demandada:
8. Con escrito de folios de 23 a 68, la demandada ENAPU S.A., deduce
excepción de prescripción extintiva y contesta la demanda señalando que el
demandante ingreso a laborar el 01 de enero de 1970 en el cargo de auxiliar
operativo nivel 4.1, percibimiento una remuneración mensual de S/ 1,074.21.
9. Refiere que para el accionante el incremento dispuesto por el artículo 5° de la
Ley Nª 26504 debería tener calidad de incremento a la remuneración básica
y como tal generaría un efecto multiplicativo al incrementar las
remuneraciones colaterales cuyo calculo depende de la remuneración
básica, siendo que de acuerdo al artículo 5 de la Ley Nª 26504 estableció
incremento de la remuneración del trabajador dependiente por su
permanencia en el Sistema Nacional de Pensiones del 3.3.% pero en ninguna
parte de su texto preciso que una vez que fuera calculado el aumento, este
pase a integrar la remuneración básica con el consecuente aumento en
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
todas las remuneraciones colaterales que se computan sobre la base de
aquella.
VI.- FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS
10. Conforme al Acta de Audiencia Única (fs. 276 -2281), se fijaron como puntos
controvertidos los siguientes:
a) Determinar si corresponde o no al actor el derecho invocado, es
decir, el incremento del 3,3% de sus remuneraciones y demás
beneficios sociales, como asegurado obligatorio del sistema
nacional de pensiones (SNP), desde el veinticinco de diciembre del
año 1998 hasta la fecha.
b) De ser positivo el punto anterior, otorgarle el monto adeudado
ascendente a tres mil cuatrocientos veinte y 08/100 soles
(S/.3,420.08), más los intereses legales, costos y costas procesales.
c) Establecer si le corresponde la aplicación debida del artículo 5° de
la ley N° 26504 durante toda la relación laboral que el recurrente
mantiene con ENAPU S.A.
V.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN JURISDICCIONAL:
11. El Estado garantiza a toda persona natural o jurídica, el derecho a ejercer la
Tutela Jurisdiccional efectiva en defensa de sus derechos, la misma que debe
ejercitarse con sujeción a un debido proceso de conformidad con lo prescrito
en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú
concordante con el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil; por
lo que corresponde a este órgano jurisdiccional resolver el conflicto de
intereses o eliminar incertidumbres con relevancia jurídica, incoada a través
de la presente acción por la demandante, con la finalidad de lograr la paz
social en justicia.
12. En el caso de autos, se advierte del escrito de demanda de (fs. 12 a 19), que
el accionante pretende que la demandada cancele el monto de S/ 3,420.08
o una mayor cantidad que determine el Juez, por la errada interpretación y
aplicación del incremento remunerativo previsto en el artículo 5° de la Ley N°
3 Corte Superior de Justicia de Piura
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26504 y los depósitos de Compensación por tiempo de servicios; agregando
que el incremento del 3.3.% que señala la referida norma sería un concepto
remunerativo que pueda ser incluido como remuneración computable para
el cálculo de beneficios sociales por haber cumplido con la característica
principal de concepto remunerativo.
13. Constituye pretensión del demandante, de acuerdo con el petitorio de su
demanda1, se ordene a la demandada cumpla con el pago de incremento
IPSS/ONP dispuesto por la Ley N° 26504 del total de sus remuneraciones,
contribuciones sociales, y beneficios sociales desde el 01 de agosto de 1995
hasta la fecha; también solicita el pago de intereses legales, costos y costas
procesales.
14. Asimismo, de los considerandos del escrito de demanda, el accionante
sostiene que su empleador solo aplico el pago del 3.3% a su remuneración
básica, conforme lo establece el artículo 5° de la Ley N° 26504; sin embargo,
dicho incremento no se aplicó a las contribuciones sociales, y beneficios
sociales, como: bonificación familiar, bonificación por tiempo de servicios,
bonificación por alimentos, contaminación ambiental, bonificación por
compensación al 17.32%, movilidad ordinaria, movilidad por tercer turno,
horas extraordinarias, movilidad horas extraordinarias, bonificación 2do turno,
extensión de jornada, Desc. 100% J/L, gratificaciones, vacaciones, asignación
familiar, bonificación consolidada, por lo que solicita el reintegro de dichos
beneficios. En el caso concreto se debe verificar si dichos beneficios le
corresponden o no al demandante, y si los mismos han sido cancelados de
forma correcta y conforme a Ley.
15. En mérito a lo expuesto, tenemos que el artículo 5° de la Ley N° 26504, la cual
entró en vigencia el 19 de julio de 1995, prescribe: “La remuneración de los
trabajadores asegurados obligatorios del Sistema Nacional de pensiones a
que se refiere el Decreto Ley N° 19990 se incrementará en un 3.3.%”. Siendo así
la Quinta Disposición Transitoria de la misma Ley prescribe: “La presente ley
entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, con
1 Folio 12 a 19.
4 Corte Superior de Justicia de Piura
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excepción de los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 7°, que entrarán en vigencia el 1 de
agosto de 1995”.
16. De las boletas de pago de remuneraciones que obran de folios 02 a 07, se
determina que el accionante acredita su vínculo laboral con la empresa
demandada, y que además se encuentra adscrito en el rubro del IPSS/ONP.
Así mismo, se encuentra acreditado su récord laboral con el Informe Revisorio
de Planillas N° 042-2016-M.A.M.V./3°J.P.L que corre en autos de folios 392 a
407; precisando que el periodo a liquidarse será durante la vigencia de la
relación laboral desde agosto del año 1995 hasta febrero de 2008.
17. Siendo ello así, conforme a lo prescrito en el artículo 5° de la Ley N° 26504,
para recibir el incremento del 3.3%, el trabajador debe cumplir como
requisitos el ser un trabajador dependiente y asegurado obligatorio al Sistema
Nacional de Pensiones, lo cual se acredita con las documentales de folios 02 y
03 de autos: por tanto, al haber cumplido el actor con los requisitos que
establece la referida norma jurídica, se advierte del Informe Revisorio de
Planillas N° 042-2016-PJ.-M.A.M.V./3°J.P.L., que la demandada ENAPU S.A sí le
otorgó al actor el concepto que establece la Ley N° 26504; por lo que,
corresponde evaluar si ésta, en forma correcta, cumplió con incrementar la
remuneración mensual habitual en el porcentaje del 3.3% a partir de agosto
de 1995, a favor del actor, hasta febrero de 2008.
18. Al respecto, en la Casación N° 3070-2012- La Libertad, la Sala de Derecho
Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República ha
establecido que el incremento remunerativo del 3.3% propio del Sistema
Nacional de Pensiones – ONP desde el 01 de agosto de 1995, en cuanto: “(…)
El artículo 5° de la Ley N° 26504 señala que la remuneración de los
trabajadores asegurados obligados del Sistema Nacional de Pensiones a que
se refiere el Decreto Ley N° 19990 se incrementará en un 3.3% (…) Debía
cumplir con dos requisitos: a) ser trabajador dependiente, y, b) ser asegurado
obligatorio del Sistema Nacional de Pensiones (…) Es un incremento de la
remuneración en un porcentaje igual al 3.3% del haber mensual percibido por
el trabajador, el cual tenía que ser aplicable a la generalidad de los
5 Corte Superior de Justicia de Piura
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trabajadores dependientes asegurados obligatorios del Sistema Nacional de
Pensiones (…)”.
19. En este orden de ideas, atendiendo que al momento de la entrada en
vigencia de la Ley N° 26504, el accionante era trabajador dependiente, y
asegurado obligatorio del Sistema Nacional de Pensiones; se arriba a la
conclusión que desde el 01 de agosto de 1995, se debió incorporar el 3.3%
dentro de la remuneración del demandante, por cuanto se trata de un
mandato de orden imperativo; y la demandada era responsable del
incremento de la remuneración en beneficio del accionante.
20. Ahora bien, en el caso concreto el accionante lo que reclama es que el 3.3%
sólo se aplicó a la remuneración básica, más no a todos los beneficios
sociales que percibía, tales como bonificación familiar, bonificación por
tiempo de servicios, bonificación por alimentos, contaminación ambiental,
bonificación por compensación 17.32%, movilidad ordinaria, movilidad por
tercer turno, horas extraordinarias, bonificación de alimentos por horas
extraordinarias, movilidad horas extraordinarias, bonificación 2do turno,
extensión de jornada, Desc. 100% J/L, gratificaciones, vacaciones, asignación
familiar, bonificación consolidada.
21. Resulta pertinente tener en cuenta que, el artículo 6° del Texto Único
Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y
Competitividad Laboral, señala: "(…) Constituye como remuneración para
todo efecto legal el integro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en
dinero o en especie, cualquiera sea forma o denominación que tenga,
siempre que sean de su libre disposición. Las sumas de dinero que se
entreguen al trabajador directamente en calidad de alimentación principal,
como desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o cena, tienen
naturaleza remunerativa. No constituía remuneración computable para
efecto del cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social así
como para ningún derecho o beneficios de naturaleza laboral el valor de las
prestaciones alimentarias otorgadas bajo la modalidad de suministro directo
(…)".
6 Corte Superior de Justicia de Piura
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La naturaleza del incremento dispuesto por el artículo 5 de la Ley N° 26504
22. Si bien el artículo 5 de la Ley N° 26504 estableció que el aumento a la
remuneración se efectuaba a partir del 1 de agosto de 1995, no se precisó
que el incremento era al haber básico. De otro lado, también se desprende
del dispositivo que la remuneración a tomar en cuenta para el cálculo era la
percibida en julio de 1995.
23. Es por ello, que resulta necesario remitirse a las normas vigentes al 1 de agosto
de 1995, esto es, los artículos 39 y 40 del Decreto Legislativo N° 728, relativos a
la remuneración. Así, el artículo 39 modificado por la Ley N° 26513 disponía:
“Constituye remuneración para todo efecto legal el íntegro de lo que el
trabajador recibe por sus servicios, en dinero o en especie, cualesquiera sean
la forma o denominación que se le dé, siempre que sea de su libre disposición.
La alimentación otorgada en crudo o preparada y las sumas que por tal
concepto se abonen a un concesionario o directamente al trabajador tienen
naturaleza remuneratoria cuando constituyen la alimentación principal del
trabajador en calidad de desayuno, almuerzo o refrigerio que lo sustituya o
cena”.
24. A su vez, el artículo 40 del mismo Decreto Legislativo N° 728 prescribía: “No
constituye remuneración para ningún efecto legal los conceptos previstos en
los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo 650”.
25. De las normas anteriores, es posible afirmar, que el incremento del 3.3%
otorgado por la Ley N° 26504 debe efectuarse tomando en cuenta los
conceptos remunerativos percibidos por el trabajador en julio 1995,
excluyendo los conceptos contemplados en los artículos 19 y 20 del Decreto
Legislativo N° 650.
26. Asimismo, se puede concluir que se trata de un complemento remunerativo,
ya que su finalidad fue compensar el mayor descuento realizado por el
Sistema Nacional de Pensiones, sin que ello implique un incremento en el
haber básico del trabajador.
27. La misma conclusión fue asumida en el Pleno Distrital Laboral del Callao del
año 2012, en el que se acordó: “El artículo 5 de la Ley 26504 es un
complemento remunerativo porque la finalidad de la norma estaba dirigida a
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
compensar un mayor descuento dirigido a los trabajadores del Sistema
Nacional de Pensiones, consecuentemente no se encuentra destinado
propiamente a compensar una prestación de servicios efectivos. El
incremento no fue dispuesto en un contexto general de remuneraciones sino
a manera de hacer más competitivo el sistema privado de pensiones. Si se
incluyeses en el haber básico se distorsionaría el objetivo de la norma pues
ello supondría un mayor incremento al 3.3% dispuesto”. Por ello, la juzgadora
considera que el incremento del 3.3% es un complemento remunerativo.
28. Ahora bien, en el informe revisorio N° 0042-2016 se consigna que
efectivamente a partir del mes de agosto de 1995, al accionante se le pagó
el concepto “D.L. 26504”, siendo la estructura remunerativa a esa fecha la
siguiente:
Concepto Monto
HABER BÁSICO 538.39
BONIFICACIÓN FAMILIA 17.46
BONIFICACIÓN TIEMPO SERVICIO 119.99
REMUNERACION DIAS DESCANSO 166.75
BONIFICACION VIATICOS ……
D.L. 26504 59.28
HORAS EXTRAS 711,25
ALIMENTACION ….
MOVILIDAD …
BONIFICACIÓN ALIMENTOS …
MOVILIDAD LOCAL …
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 60.00
D.L. 25982 61,58
HABER TOTAL 1734,7
29. De los conceptos anteriores, no se deben tomar en cuenta bonificación por
viáticos, alimentación, movilidad, bonificación alimentos, movilidad local, en
aplicación del artículo 40 del Decreto Legislativo N° 728 y el artículo 19 literal i)
del Decreto Legislativo N° 650, vigente al 1 de agosto de 1995, que
expresamente excluye de la remuneración el concepto de movilidad:
“Artículo 19.- No se consideran remuneración computable las siguientes:
(…)
i) Todos aquellos montos que se otorgan al trabajador para el cabal desempeño
de su labor, o con ocasión de sus funciones, tales como movilidad, viáticos,
gastos de representación, vestuario y en general todo lo que razonablemente
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JUZGADO DE PAZ LETRADO DE PAITA
cumpla tal objeto y no constituya beneficio o ventaja patrimonial para el
trabajador; y
j) El refrigerio que no constituya alimentación principal, conforme al artículo 12
de la presente Ley (…)”.
30. Entonces, sumando los conceptos detallados en el apartado N° 28
excluyendo los conceptos ya detallados líneas arriba, da como resultado la
suma de S/. 1734,7, monto al que si se le aplica el 3.3% da un total de S/.
57,24, mientras que la accionada le canceló S/. 59,289, es decir, cumplió con
lo establecido en la ley. Además, debe tenerse presente que el incremento
del 3.3% no es un monto que varía en el tiempo conforme aumenta la
remuneración, sino que se calcula en agosto de 1995 y se pagaba en ese
monto de ahí en adelante.
31. En este orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la demandada
aplicó correctamente el porcentaje del 3.3%, incremento otorgado que
corresponde a un monto fijo, determinado el 1 de agosto de 1995 sobre la
remuneración mensual de julio de 1995, que se mantiene en el tiempo; por
tanto, no existe reintegro alguno que efectuar en la remuneración mensual,
ni en la compensación por tiempo de servicios del actor. Por estas
consideraciones la demanda deviene en infundada.
IV.- DECISIÓN:
Por las consideraciones expuestas, la Juez del Juzgado de Paz Letrado de Paita,
resuelve:
1. Declarar INFUNDADA la demanda incoada por ÁNGEL AGUIRRE VALLADARES
contra EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS ENAPU S.A, sobre INCUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LABORALES, a efecto que le abone el incremento IPSS/ONP
dispuesto por la Ley N° 26504 y Depósitos de Compensación por Tiempo de
Servicios.
2. Consentida y/o ejecutoriada que sea la presente archívese definitivamente la
presente causa en el modo y forma de ley.
3. NOTIFÍQUESE a las partes procesales conforme a ley.
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Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00005-2010-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ENAPU SA ,
DEMANDANTE : AGUIRRE VALLADARES, ANGEL
Resolución N° CUARENTA Y NUEVE (49)
Paita, Veinte de diciembre
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: DADO CUENTA con el escrito presentado
por el demandado con N° de escrito 411-2016, 30-2017, 204-2017, 109-2017
y 99-2018 Y CONSIDERANDO:
1) Que mediante escrito N° 411-2016, de fecha de ingreso 12 de julio 2016, el
demandado ENAPU SA, observa el informe revisorio, indicando que se ha
efectuado la revisión del año 1995 al 2007 en los ingresos anuales y
mensuales del 2009, mencionado en el informe emitido por el inspector
judicial, Miguel Ángel Maccasi Vásquez, lo que se corroboro con sus
archivos.
2) Por otro lado, el demandado indica que respecto a la liquidación de
ingresos de los años 2008 y 2009 no es posible ser presentada al Juzgado
porque el demandante laboro hasta el 01 de marzo de 2008, por extinción
de contrato de trabajo.
3) Que, habiéndose emitido el informe revisorio de planillas Nro. 042-2016-
PJ-M.A.M.V/3°JPL, carece de objeto ordenar que se emita un nuevo
informe señalada por la demandada esto es en la ciudad de Lima, toda vez
que transcurrido 02 años desde el requerimiento a la demandada de la
exhibición de los libros de planillas, careciendo de objeto dilatar
innecesariamente el proceso laboral que tiene como fecha de inicio de
trámite desde el año 2010.
1 4) En el presente orden de ideas cabe precisar que el demandante adjunto en
su demanda el certificado de Trabajo que obra a folios 08, el mismo que
indica que don ANGEL AGUIRRE VALLADARES, ingreso a la empresa
nacional de Puertos S.A. Terminal Portuario de Paita desde el 01 de enero
de 1970, desempeñando el cargo de auxiliar Operativo – operador de
equipo Motorizado, CESANDO en la fecha 02 de marzo de 2008, resultando
innecesario el informe respecto al año 2008 y 2009.
5) De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es importante
recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su rápida
solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su paralización y
procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de garantizar el
derecho fundamental al debido proceso es que es necesario continuar con
el Iter procesal de la presente causa; por estas consideraciones;
Por lo que, en mérito a los fundamentos esgrimidos: SE RESUELVE:
a) DECLARAR FUNDADA la observación presentada mediante escrito
N° 411-2016 de fecha 12 de julio de 2016 y siendo el estado del
presente proceso PASEN LOS AUTOS A DESPACHO PARA
SENTENCIAR.
NOTIFÍQUESE conforme
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Doy cuenta que con fecha 12 de Octubre del 2017 por disposición de
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Sullana, la Dra. Ana Libia Jiménez
Pineda asume funciones como juez del despacho del Primer Juzgado Civil de
Sullana. Asimismo, cumplo con informar que se ha procedido a la depuración del
archivo modular de los Juzgados Civiles, dándose cuenta en la fecha del estado
del mismo. Asumiendo funciones como secretaria legal desde el pasado 08 de
Enero del 2018, lo que informo a Usted para los fines pertinentes.
Sullana, 11 de Junio del 2018.
1° JUZGADO CIVIL - Sede San Martín
EXPEDIENTE : 00030-2010-0-3101-JR-CI-01
MATERIA : RESOLUCION DE CONTRATO
JUEZ : JIMENEZ PINEDA ANA LIBIA
ESPECIALISTA : CALVA NUÑEZ ERICKA JOHANA
DEMANDADO : BANCO DE CREDITO DEL PERU,
DEMANDANTE : AGROINDUSTRIAS DEL CHIRA SRL,
Resolución N° CINCO (05)
Sullana, 11 de Junio del 2018.
AUTO
I. ANTECEDENTES:
Mediante Resolución N° Cuatro de fecha 25 de Abril del 2012 se resolvió
declarar en abandono el proceso de Resolución de Contrato de
arrendamiento financiero de fecha 07 de Octubre del 2009 incluyendo las
garantías personales y en forma acumulativa la restitución de la suma de
US$. 1,681.08 (Mil Ciento Ochenta y Uno Con 08/100 Dólares
Americanos) por concepto de cuotas contraídas en la vía del proceso
de conocimiento, admitida a trámite mediante Resolución N° Dos de
fecha 27 de Enero del 2010 conforme se aprecia a folios 54.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
PRIMERO: El Debido Proceso tiene por función asegurar los derechos
fundamentales consagrados en la Constitución, dando a toda persona la
posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de
1 los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que dé
oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de
defensa, de producir pruebas y de obtener una sentencia fundada en
Derecho1.
SEGUNDO: Todo juez está obligado a brindar tutela jurisdiccional
efectiva. Esta ha sido ampliamente definida por la doctrina como la
protección o apoyo jurisdiccional que el Estado debe brindar a todo
ciudadano que lo solicite para resolver el conflicto de intereses con
sujeción a un Debido Proceso; dicha tutela debe ser efectiva, es decir, real
y verdadera, en oposición a lo dudoso o nominal.
TERCERO: En ese sentido, se advierte de la revisión de los autos que la
Resolución N° Cuatro de fecha 25 de Abril del 2012 obrante a folios 65 ha
sido notificada a la parte demandante en la Casilla Judicial N° 18 del
abogado a folios 66; sin embargo, se advierte de la revisión del Sistema
Integrado Judicial – SIJ que la parte demandada Banco de Crédito del Perú
no ha sido notificada con la Resolución N° Cuatro que resuelve declarar en
abandono el proceso en su domicilio real sito en Centenario N° 156 de la
Urbanización Las Laderas de Melgarejo – Santa Patricia del Distrito de La
Molina – Lima, por lo que corresponde proceder a efectuar la notificación
con la citada resolución a la parte demandada conforme a lo antes
expuesto.
III. DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos SE RESUELVE:
a) NOTIFÍQUESE en el domicilio real de la demandada Banco de Crédito
del Perú con la Resolución N° Cuatro que resuelve declarar en abandono
el proceso sito en Centenario N° 156 de la Urbanización Las Laderas de
Melgarejo – Santa Patricia del Distrito de La Molina – Lima.
b) Notifíquese la presente resolución a los sujetos procesales con las
formalidades de ley. Avóquese al conocimiento de la presente causa a la
señora Magistrada e interviene la secretaria judicial que suscriben por
disposición superior.
1 Casación Nº 3202-2001-La Libertad, Publicado en El Peruano el 01.01.2002.
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PRIMERA SALA CIVIL SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
EXPEDIENTE N° : 216-2010
DEMANDANTE : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
DEMANDADO : IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.
MATERIA : ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIOCHO
Miraflores, catorce de octubre
de dos mil once.-
VISTOS:
A través de su recurso de anulación, presentado el diecinueve de marzo del
presente año (fojas ciento treinta y tres), el Fondo Nacional de Desarrollo
Pesquero – FONDEPES (en adelante, FONDEPES) pretende que este
órgano jurisdiccional declare nulo el Laudo Arbitral de Derecho dictado el
treinta de diciembre de dos mil nueve por el tribunal arbitral conformado por los
árbitros Luis Felipe Pardo Narváez, Héctor Ricardo Aguirre García y Mario
Manuel Silva López, en el proceso arbitral seguido en su contra por IBECO
Contratistas Generales S.A. (en adelante, IBECO).
Conforme a los términos expuestos en el recurso de anulación,
FONDEPES pretende la nulidad del laudo arbitral invocando para ello las
causales de anulación contenidas en el artículo 63º, numerales 1, incisos b y
d, del Decreto Legislativo Nº 1071 –Decreto Legislativo que norma el Arbitraje–,
exponiendo como fundamento de su petitorio, esencialmente, el siguiente:
En relación a la causal contenida en el inciso b
- Señala que, al resolver la controversia, los árbitros han omitido
pronunciarse sobre los puntos controvertidos fijados en la Audiencia de
Saneamiento, Conciliación y Fijación de Puntos Controvertidos,
pronunciándose más bien, sobre puntos controvertidos que no fueron
fijados en dicha audiencia.
- Del mismo modo, sostiene que el laudo arbitral carece de una
motivación adecuada dado que, al referirse al procedimiento llevado a
cabo para resolver el contrato de obra que mantenía con IBECO, ha
1 declarado, sin mayor justificación, que nunca se indicó de modo
específico a esta última empresa cuáles eran las obligaciones
contractuales que venía incumpliendo antes de resolver el contrato, a
pesar de que en la carta notarial Nº 191-2008-FONDEPES/PCD, se
requirió textualmente a IBECO que entregara la obra en el plazo
pactado.
- Además, indica que, sin motivación alguna el tribunal arbitral ha
sostenido que el plazo para la entrega de la obra vencía el veintiocho de
marzo de dos mil ocho, cuando según las instrumentales presentadas a
los árbitros el plazo contractual vencía el veintiséis de enero de ese año.
En relación a la causal contenida en el inciso d
- Sobre esta causal, arguye que el tribunal arbitral ha resuelto la
controversia, a pesar de que había transcurrido ya en exceso el plazo de
caducidad con que contaba IBECO para someter sus pretensiones a
arbitraje. Por tanto, en su opinión, el tribunal arbitral se ha pronunciado
sobre materias que no fueron sometidas a su conocimiento.
A través de la resolución número ocho, dictada el catorce de setiembre del
presente año (fojas doscientos nueve), el recurso de anulación de laudo es
admitido y se ordena correr traslado del mismo a IBECO, quien a pesar de
encontrarse debidamente notificada, no cumplió con absolver el traslado.
Finalmente, a través de la resolución número nueve, dictada el dieciocho de
noviembre último (fojas doscientos dieciséis), se fijó como fecha para la vista
de la causa el quince de diciembre, la cual se llevó a cabo de acuerdo a ley.
Cumplido el trámite establecido en la ley y traídos los autos para sentenciar,
pasamos a expresar las siguientes consideraciones para sustentar nuestra
decisión; actuando como ponente el señor vocal Soller Rodríguez:
CONSIDERANDO:
PRIMERO: De acuerdo al primer párrafo del artículo 62° del Decreto
Legislativo Nº 1071, que norma el arbitraje: “Contra el laudo sólo podrá
interponerse recurso de anulación. Este recurso constituye la única vía de
2 impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de su validez por las
causales taxativamente establecidas en el artículo 63”.
SEGUNDO: Asimismo, la segunda parte de esta disposición expresa: “El
recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo. Está
prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de la
controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los criterios,
motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral”
(resaltado agregado). En estos términos, resulta claro para este Colegiado que
el conocimiento de una causa referida –como en esta ocasión– a la anulación
de un laudo arbitral, debe ser resuelta por el órgano jurisdiccional de
modo restrictivo, pronunciándose exclusivamente sobre la causal
invocada expresamente por el actor en su recurso, en armonía con el
principio dispositivo, informador de este proceso (con la sola excepción de lo
dispuesto por la última parte del inciso 3, del mismo artículo), y sin entrar a
evaluar el fondo de lo resuelto en el laudo.
TERCERO: Ello porque el proceso de anulación de laudo no ha sido
diseñado por nuestro legislador nacional, como un medio para reabrir una
discusión ya resuelta en sede arbitral, y menos para evaluar si el criterio
adoptado por el árbitro para aplicar el derecho o evaluar las pruebas, ha
sido el mejor; sino como un instrumento para determinar si el desarrollo
del proceso arbitral se encuentra afectado por un vicio que comprometa
su validez como acto jurídico mismo, y no en relación al sentido de la
decisión que contiene, tal como se desprende con facilidad de las
disposiciones antes reseñadas. De lo contrario, el proceso de anulación de
laudo arbitral, podría convertirse en un instrumento de clara afectación a
la calidad de cosa juzgada que el artículo 59º del Decreto Legislativo que
norma el arbitraje otorga a estos actos e, indirectamente, al
reconocimiento constitucional de la vía arbitral, recogido por el artículo
139º, inciso 1, de nuestra Constitución Política.
CUARTO: En este caso, –como ya hemos mencionado– el recurso de
anulación de laudo arbitral interpuesto por FONDEPES se encuentra
3 sustentado en las causales de anulación contenidas en los incisos b y d
del numeral 1 del artículo 63º del Decreto Legislativo Nº 1071, por tanto,
cada una de ellas será evaluada de forma independiente.
a. Sobre la primera causal alegada (literal b):
QUINTO: De acuerdo al artículo 63º, inciso 1, literal b, del Decreto Legislativo
Nº 1071, un laudo arbitral podrá ser anulado cuando la parte que lo solicite
alegue y pruebe: “Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del
nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos”.
En esta ocasión, PROVÍAS ha invocado esta causal de anulación, en
esencia, por tres razones, las cuales han sido ya reseñadas en la parte
introductoria de esta resolución. La primera, está referida a que el tribunal
arbitral no habría respetado al laudar, los puntos controvertidos
acordados en la Audiencia de Saneamiento, Conciliación y Fijación de
Puntos Controvertidos, perjudicando con ello el derecho al debido proceso de
las partes; sin embargo, a criterio de este Colegiado ella resulta claramente
infundada, por las siguientes razones:
- Según se desprende del Acta de Audiencia de Saneamiento, Conciliación y
Fijación de Puntos Controvertidos, contenida en el expediente arbitral (fojas
trescientos catorce) acompañado en copia a los autos, luego de la fijación
de puntos controvertidos el propio tribunal arbitral indicó lo siguiente: “(…)
los puntos controvertidos podrán ser ajustados o reformulados por el
Tribunal Arbitral si ello resultara, a juicio del Tribunal Arbitral, más
conveniente para resolver las pretensiones planteadas por las partes, sin
que el orden empleado o el ajuste, omisión o interpretación genere nulidad
de ningún tipo, sin excederse de la materia sometida a este arbitraje”.
- En consecuencia, el solo hecho de que el tribunal arbitral haya
modificado, al laudar, los puntos controvertidos fijados en su
momento para encaminar la solución de la controversia, no implica de
por sí una vulneración al derecho al debido proceso de FONDEPES,
pues este tipo de conductas fue permitida por las parte a los árbitros.
4 En todo caso, el ejercicio de esta facultad podría generar la nulidad del
laudo únicamente cuando su uso fuera desmedido o arbitrario, en perjuicio
de los derechos de las partes; cosa que no ha sido alegada, ni sustentada,
por FONDEPES.
SEXTO: En cuanto a las otras dos razones esgrimidas en el recurso de
anulación para sustentar la existencia de esta causal, puede advertirse
que ellas están referidas fundamentalmente a la ausencia de motivación
en la decisión de los árbitros al sostener que: a) FONDEPES nunca exigió a
IBECO el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, y b) el plazo de
entrega de la obra se vencía en una fecha distinta a la fijada en el contrato.
Y sobre la posibilidad de albergar dentro del proceso de anulación de laudo
arbitral alegaciones referidas a vicios en la motivación expuesta por los
árbitros al resolver la controversia, consideramos necesario recordar –como
en reiteradas ocasiones ya lo hemos hecho– que, de acuerdo a lo dispuesto
por la Duodécima Disposición Complementaria del Decreto Legislativo Nº
1071: “Para efectos de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 del Código
Procesal Constitucional, se entiende que el recurso de anulación del laudo es
una vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional
amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo”. A través de
esta disposición, nuestro legislador ha optado, al regular el nuevo diseño
del proceso de anulación de laudo arbitral, por ampliar el margen de
tutela que éste último ofrecía dentro de la derogada Ley Nº 26572,
permitiendo de modo expreso que las personas puedan recurrir a esta vía
impugnativa para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o
vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo, es decir, para encontrar tutela
frente a cualquier violación a sus derechos fundamentales ocurrida en el
desarrollo del proceso arbitral; derechos que evidentemente estarán referidos
a las garantías contenidas dentro del derecho al debido proceso (toda vez
que existe una prohibición expresa de afectación al fondo de lo resuelto), cuya
observancia por parte del árbitro o árbitros a cargo del proceso arbitral
constituye un presupuesto para la validez del laudo que le ponga fin.
5 SÉTIMO: Esto último es concordante con lo sostenido por el Tribunal
Constitucional en su Sentencia recaída en el expediente Nº 6167-2005-
PHC/TC, en la cual declaró: “la naturaleza de jurisdicción independiente del
arbitraje, no significa que establezca el ejercicio de sus atribuciones con
inobservancia de los principios constitucionales que informan la actividad de
todo órgano que administra justicia, tales como el de independencia e
imparcialidad de la función jurisdiccional, así como los principios y derechos de
la función jurisdiccional. En particular, en tanto jurisdicción, no se encuentra
exceptuada de observar directamente todas aquellas garantías que componen
el derecho al debido proceso (…) Es justamente, la naturaleza propia de la
jurisdicción arbitral y las características que la definen, las cuales permiten
concluir a este Colegiado que no se trata del ejercicio de un poder sujeto
exclusivamente al derecho privado, sino que forma parte esencial del orden
público constitucional. La facultad de los árbitros para resolver un conflicto de
intereses no se fundamenta en la autonomía de la voluntad de las partes del
conflicto, prevista en el artículo 2º inciso 24 literal a de la Constitución, sino que
tiene su origen y, en consecuencia, su límite, en el artículo 139º de la propia
Constitución. De allí que el proceso arbitral tiene una doble dimensión
pues, aunque es fundamentalmente subjetivo ya que su fin es proteger los
intereses de las partes, también tiene una dimensión objetiva, definida por el
respeto a la supremacía normativa de la Constitución, dispuesta por el artículo
51º de la Carta Magna” (resaltado agregado), concluyendo finalmente en que
“el reconocimiento de la jurisdicción arbitral comporta la aplicación a los
tribunales arbitrales de las normas constitucionales y, en particular, de las
prescripciones del artículo 139º de la de Constitución, relacionadas a los
principios y derechos de la función jurisdiccional” (fundamentos 9,11 y 12). En
ese sentido, nuestro Tribunal Constitucional ha dejado en claro la
posibilidad de llevar a cabo, dentro del control jurisdiccional del arbitraje,
un análisis de la armonía entre éste último y los principios estatuidos en
nuestra Constitución Política y, especialmente, aquellos referidos a la
observancia del debido proceso, claro está, en la medida que ellos sean
aplicables a la naturaleza propia de la jurisdiccional arbitral1.
1 Es claro para este Colegiado que el contenido del derecho al debido proceso no es
6 OCTAVO: Así, la facultad del juzgador de evaluar las vulneraciones a
cualquiera de las garantías propias de debido proceso arbitral dentro de
esta vía, se encuentra claramente reconocida no sólo dentro de nuestro
ordenamiento constitucional y legal, sino además, por la propia
interpretación que de ellos hace el Tribunal Constitucional; y tanto más, si
en reiterados pronunciamientos, este órgano de control constitucional ha
establecido la necesidad de debatir estos aspectos dentro del
procedimiento de anulación de laudo arbitral, antes de recurrir al amparo
(por todas, la ya referida STC Nº 6167-2005-PHC/TC).
En base a estas consideraciones, este Colegiado ha declarado ya en repetidas
ocasiones que cualquiera de las alegaciones de violación al debido
proceso arbitral deben ser subsumidas dentro de la causal contenida en
el artículo 63º, inciso 1, literal b, del Decreto Legislativo Nº 1071, según la
cual un laudo arbitral podrá ser anulado cuando la parte que lo solicite alegue y
pruebe: “Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del
nombramiento de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por
cualquier otra razón, hacer valer sus derechos”. Ello porque la alusión que
contiene esta causal a la imposibilidad de las partes de hacer valer sus
derechos, evidentemente implica el perjuicio que pueda ocasionarse a los
distintos componentes del debido proceso arbitral, de acuerdo a una
interpretación de la norma en base a lo antes referido y de conformidad al
artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual
establece que “Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con
rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios
constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las
resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional”.
NOVENO: Ahora bien, no cabe duda que uno de los principales
componentes del derecho al debido proceso lo constituye el derecho a la
motivación de las resoluciones, consagrado en el artículo 139º, inciso 5, de
necesariamente el mismo dentro de un proceso judicial y uno arbitral, pues la naturaleza propia
de cada uno de estos, así como los distintos principios que los rigen, originan una formulación
distinta del debido proceso para uno y otro caso.
7 nuestra Constitución Política, el cual de ningún modo podría ser ajeno al
proceso arbitral, pues las características propias de éste último no colisionan
en nada con él, ni de modo alguno podría sostenerse que al someterse a la
jurisdiccional arbitral, las partes renuncien o perjudiquen de alguna modo
su derecho a obtener una solución a su conflicto de intereses
debidamente sustentada bajo parámetros de razonabilidad y coherencia,
o que otorguen a los árbitros la facultad de resolver la causa con
arbitrariedad. En ese mismo sentido, el Tribunal Constitucional ha
expresado: “[U]no de los contenidos del derecho al debido proceso es el
derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada
y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en
cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean
motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139 de la
Norma Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la
que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a
decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de
administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y la ley; pero también
con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los
justiciables. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación
y sea suficiente y proporcionado con los hechos que al juez penal corresponde
resolver” (STC Nº 4348-2005-PA/TC). Consideraciones que, si bien fueron
vertidas a propósito de los procesos judiciales, resultan perfectamente
aplicables al caso, de acuerdo con lo ya expresado en los considerandos
precedentes.
DÉCIMO: Ya en lo referido a los alcances de este derecho, tanto nuestro
Tribunal Constitucional como nuestra Corte Suprema de Justicia, han
desarrollado actualmente una sólida doctrina jurisprudencial con el
propósito de precisar sus límites y, además, describir los supuestos en
los cuales puede afirmarse que el derecho a la motivación de las
resoluciones ha sido vulnerado por el órgano decisorio. Así, para el
Tribunal Constitucional, los supuestos de vulneración al derecho de
motivación de las resoluciones, pueden clasificarse en: a) inexistencia de
motivación o motivación aparente, b) falta de motivación interna del
8 razonamiento, c) deficiencias en la motivación externa; justificación de las
premisas, d) la motivación insuficiente, y e) la motivación sustancialmente
incongruente (STC Nº 0728-2008-PHC/TC); mientras para nuestra Corte
Suprema, la clasificación de estos actos es: a) la falta de motivación y b) la
defectuosa motivación, que a su vez, puede subclasificarse en i) motivación
aparente, ii) motivación insuficiente, y iii) motivación defectuosa en sentido
estricto (por todas, la Casación Nº 4544-2007-Lima).
UNDÉCIMO: Pues bien, al margen de las diferencias entre una y otra
clasificación, lo cierto es que en ambos casos, se ha reconocido
uniformemente en nuestra jurisprudencia que la vulneración al derecho a
la motivación de las resoluciones no se produce sólo cuando el
pronunciamiento del órgano decisorio (cualquiera que éste sea) carece por
completo de una fundamentación sobre la cual descanse su decisión (es
decir, cuando la resolución carezca absolutamente de algún tipo de
justificación, cualquiera que fuese), sino también cuando el sustento
expuesto por él no pueda calificarse como adecuado a una serie de
principios, entre los cuales, se encuentran evidentemente los de
logicidad, coherencia y razón suficiente.
Bajo esta óptica, una motivación no podrá tildarse de adecuada, y menos
como acorde al derecho al debido proceso, cuando, por ejemplo, existe
una clara ausencia de justificación de la premisas usadas por el órgano
decisorio, o como lo ha explicado el Tribunal Constitucional: “cuando las
premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas
respecto de su validez fáctica o jurídica (…) [Por ejemplo] Si un Juez al
fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego,
ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por ‘x’, pero no ha
dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de ‘x’ en tal
supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa
fáctica”; supuesto subsumible dentro de las clasificaciones antes
mencionadas, en las categorías de falta de motivación externa del
razonamiento o motivación insuficiente.
9 DUODÉCIMO: En el caso del laudo objeto de análisis, debemos señalar que
el meollo de la decisión de los árbitros se basó esencialmente en determinar
si, al resolver el contrato de obra que mantenía con IBECO, FONDEPES
actuó de conformidad con la normatividad aplicable a las contrataciones
estatales; dado que lo principalmente buscado por IBECO, a través de su
demanda arbitral, fue que se declare la ineficacia de dicha resolución.
DÉCIMO TERCERO: Para resolver esta controversia, el tribunal arbitral2 optó
por analizar el régimen de resolución de contratos de obra, establecido
legalmente en los artículos 224º, 225º, 226º y 267º del Reglamento de la
anterior Ley contrataciones y Adquisiciones del Estado, a fin de determinar
si FONDEPES respetó este régimen al resolver el contrato que mantuvo con
IBECO. Específicamente, transcribió en las páginas treinta y uno a treinta y
cuatro del laudo, el texto de los mencionados artículos, y seguidamente
concluyó que la carta notarial Nº 419-2008-FONDEPES/PCD, a través de la
cual FONDEPES resolvió el contrato, sí cumplía con los requisitos
formales impuestos por la ley.
No obstante, luego, dedicó su análisis a determinar si FONDEPES había
cumplido, además, con requerir a IBECO la ejecución de las obligaciones
incumplidas en un plazo de quince días, previamente a optar por la
resolución del contrato, según lo establecido por las normas antes indicadas.
Y en este extremo, si bien reconoció que FONDEPES sí cumplió con otorgar a
IBECO un plazo de quince días para entregar la obra, a través de la carta
notarial Nº 191-2008-FONDEPES/DE, sostuvo también que en este último
documento de requerimiento no se había determinado con claridad cuáles
eran las prestaciones que IBECO venía incumpliendo. Textualmente, el
tribunal arbitral señaló: “Que el documento en mención [carta notarial Nº 191-
2008-FONDEPES/DE] se aprecia que efectivamente se ha efectuado vía
notarial, que se le ha requerido [a IBECO] para que en el plazo de quince (15)
días cumpla con la entrega de obra; sin embargo, de este mismo documento se
aprecia que no se ha determinado el incumplimiento de las obligaciones del
2 Aun cuando el laudo no ha sido dictado por todos los miembros del tribunal arbitral, sino sólo
por dos de ellos, usaremos de forma genérica el término “tribunal arbitral” para referirnos al
órgano decisorio en este caso.
10 contratista en función de los previsto en las Bases, en el CONTRATO o en el
REGLAMENTO; por lo tanto, la Entidad no ha precisado con claridad las
prestaciones que son objeto de incumplimiento, pues solo y conforme se ha
manifestado anteriormente dicha Carta indica ‘se entregue la obra concluida’
mas no hace mención a las obligaciones contractuales que viene incumpliendo
la Contratista”3.
DÉCIMO CUARTO: En base a esta última consideración, el tribunal arbitral
concluyó que debía dejase sin efecto la resolución del contrato efectuada
por FONDEPES, dado que ésta entidad no había cumplido con indicar qué
obligaciones contractuales venían siendo incumplidas por IBECO;
específicamente, declaró: “De lo expuesto, se puede establecer que el
contenido es incompleto pues FONDEPES en su Carta de requerimiento ha
obviado indicar qué obligaciones contractuales viene incumpliendo la
Contratista; por lo tanto, no tiene el efecto que persigue pues el requerimiento
debe precisar qué obligaciones esenciales deben cumplirse”4.
DÉCIMO QUINTO: Pues bien, del análisis de lo decidido por los árbitros surge
la pregunta: ¿en base a qué los árbitros sostuvieron que FONDEPES no
cumplió con precisar a IBECO cuáles eran las obligaciones contractuales
que venía incumpliendo?
FONDEPES sostiene que no es cierto que no haya exigido a IBECO el
cumplimiento de sus obligaciones, ya que justamente le exigió el
cumplimiento de la principal obligación que deriva de un contrato de
obra, que es la entrega de la obra. Y en efecto, de la lectura de la lectura de
la carta notarial Nº 191-2008-FONDEPES/DE, puede apreciarse sin mayor
dificultad que FONDEPES fue bastante claro en exigir a IBECO que
“entregue la obra concluida”, tal como lo ha reconocido el tribunal arbitral en
el laudo cuestionado.
Debe recordarse que para el momento en que fue enviada la carta notarial Nº
191-2008-FONDEPES/DE ambas partes tenían absoluta conciencia de que
la dificultad por la que atravesaba el contrato de obra celebrado entre
3 Página 34 del laudo.
4 Página 35 del laudo.
11 ambas, era el retraso de IBECO en la entrega de la obra. Tanto así, que
esta última empresa dirigió el catorce de marzo de dos mil ocho, una carta a
FONDEPES en la cual se comprometía a culminar las obras en un plazo que
no excedería del día veintiocho de ese mes.
No obstante, al decidir la controversia, el tribunal arbitral declaró
simplemente que en la carta notarial Nº 191-2008-FONDEPES/DE,
FONDEPES no precisó cuáles eran las obligaciones contractuales que
venían siendo incumplidas por la empresa contratista, sino sólo requirió
“entregue la obra concluida” (?), pero cabría pensar ¿bajo qué óptica podría
calificarse esto como una fundamentación adecuada?
DÉCIMO SEXTO: Si bien el recurso de anulación de laudo arbitral no
puede ser usado por las partes como un medio para evaluar el resultado
del criterio interpretativo empleado por los árbitros al resolver el fondo de
una controversia o con el propósito de discutir en la vía judicial si ellos han
interpretado correctamente la norma o los hechos, no es intención de este
Colegiado realizar un análisis de la corrección del sentido de la decisión
adoptada por el tribunal arbitral para resolver la controversia. Tal como lo
hemos expuesto líneas antes, está proscrito por nuestro sistema legal
determinar en esta vía, si la decisión arribada en el arbitraje ha sido o no la
más correcta, ya que ello implicaría un nuevo examen del caso. El sentido de
las premisas adoptadas por los árbitros al laudar (sea correcto o incorrecto)
no será ni aprobado ni desaprobado en esta resolución. Empero, de
ningún modo podría decirse lo mismo del mecanismo argumentativo
usado por los árbitros para justificar esas premisas, pues según lo hemos
venido expresando, la necesidad de una justificación adecuada que
sustente toda decisión de un órgano decisorio, va más allá de la simple
aplicación del derecho, para situarse dentro del ámbito de las garantías
propias del debido proceso. Si un árbitro considera que a “X” no le
corresponde el derecho que exige, ello queda protegido dentro de los alcances
del principio de independencia que lo asiste en su labor interpretativa,
consagrado constitucionalmente por el artículo 139º, inciso 1, de nuestra Carta
Política; pero si ese mismo árbitro no expresa en su decisión los motivos
por los cuales considera que a “X” no le corresponde el derecho, o lo
12 hace de forma contradictoria con los principios básicos que la hacen
válida, incurriendo en arbitrariedad, su comportamiento escapa al ámbito
de independencia en la aplicación de la ley, y se sitúa dentro de los
supuestos de vulneración al derecho al debido proceso.
DÉCIMO SÉTIMO: En el caso concreto, no resulta cuestionable para este
Colegiado, que los árbitros hayan impuesto a FONDEPES, como requisito para
resolver el contrato, la carga de precisar previamente a IBECO, en la carta de
requerimiento, las obligaciones contractuales que estuviera incumpliendo;
incluso podrían haber concluido –como lo hicieron– que aquella no cumplió con
esa carga. Lo cuestionable es que los árbitros hayan expresado esa
afirmación, sin explicar porqué razón consideran que exigir al contratista
la entrega de la obra culminada no es exigir una obligación contractual,
¿cómo así llegan a la conclusión de que la entrega de la obra concluida
no es una obligación contractual del contratista en un contrato de obra?
En todo caso, podría pensarse que el sustento de la opinión del tribunal arbitral
radica en que, a su criterio, no basta con que FONDEPES haya simplemente
exigido la entrega de la obra culminada, sino que además debía
pormenorizar también en el requerimiento previo a la resolución, cuáles
eran cada una de los detalles dentro de la obra que no estaban siendo
cumplidos (como por ejemplo, la colocación de una puerta, la pintura de
un ambiente, etc.), para recién cumplir con lo establecido por la ley de
contrataciones. Pero entonces ¿de qué parte de la ley extraía esa idea?
¿Cómo así llega a identificar, a partir el texto de la ley, la obligación de
FONDEPES de desmenuzar en su requerimiento cada una de las prestaciones
involucradas en el contrato de obra, que venían siendo incumplidas por
IBECO? ¿Cuál es el extremo de la anterior Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado, o su reglamento, que impone a las entidades
estatales la obligación de desmenuzar en el requerimiento de cumplimiento
previo a la resolución, cada una de las prestaciones específicas que vienen
siendo incumplidas por el contratista, aunque estas se contaran por decenas o
cientos (piénsese en un contrato de construcción de un hospital), cuando lo
incumplido es justamente la entrega de la obra?
13 DÉCIMO OCTAVO: En efecto, al analizar las razones expuestas en el laudo
para justificar esta conclusión de los árbitros podemos ver lo siguiente:
- En el punto “4” del acápite “II.2.b” del laudo, los árbitros señalan que
para determinar si la resolución del contrato de obra efectuada por
FONDEPES fue correcta, deberá presentarse atención al régimen legal
establecido por la anterior Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado, y su reglamento.
- Luego, en el punto “5” del mismo acápite, los árbitros trascriben los
artículos 224º, 225º, 226º y 267º del reglamento de dicha ley.
- Finalmente, en el punto 8, después de haber mencionado en los puntos
6 y 7 que la resolución si cumplió con los requisitos de forma
establecidos por la norma, el tribunal arbitral afirmó que “sin embargo,
de este último documento se aprecia que no se ha determinado el
incumplimiento de las obligaciones del contratista en función de lo
previsto en las Bases, en el CONTRATO o en el REGLAMENTO; por lo
tanto, la Entidad no ha precisado con claridad las prestaciones que son
objeto de incumplimiento, pues solo y conforme se ha manifestado
anteriormente, dicha Carta indica ‘se entregue la obra concluida’, mas no
hace mención a las obligaciones contractuales que viene incumpliendo
la Contratista”
Aparentemente (usamos este término porque la falta de claridad y una
adecuada motivación en el laudo, originan justamente que no pueda tenerse
certeza de las razones del tribunal arbitral), el tribunal arbitral parece
entender: o a) que la entrega de la obra concluida no constituye una obligación
contractual o, en todo caso, b) que además de la exigencia de la entrega de la
obra concluida, FONDEPES debió también enumerar pormenorizadamente
cada una de las cosas que faltaba terminar en dicha obra, para poder afirmarse
que cumplió con el procedimiento resolutorio establecido en la norma. Sin
embargo, como ya hemos referido, sea de uno u otro modo, el tribunal
arbitral omite explicar adecuadamente las razones de cómo así llega
desde el texto de las disposiciones transcritas hasta optar por una u otra
posición.
14 DÉCIMO NOVENO: Cabe señalar que ninguna de las normas transcritas
por el tribunal arbitral en el laudo contienen de forma textual una
disposición que establezca que la entrega de la obra concluida no podrá
calificarse como una obligación contractual para los efectos de la
resolución del contrato de obra, o que imponga a la entidad estatal en
este tipo de contratos la obligación de pormenorizar una por una cada
una de las falencias que se encuentran en la obra, cuando esta no ha sido
entregada por el contratista, para poder resolver el contrato. Por esta
causa, tampoco podría sostenerse válidamente que el hecho de existir en
las normas transcritas en el laudo un sustento textual de lo decidido por
los árbitros, exima a éstos de expresar mayor comentario. Al contrario, el
que las normas no contemplen un imposición semejante a la impuesta
por los árbitros a FONDEPES, hace mucho más imperativa la necesidad
de una adecuada motivación que justifique la opción adoptada en el
laudo.
VIGÉSIMO: Conviene, en este punto recordar lo expuesto por el profesor
ANDRÉS IBAÑEZ: “Es un lugar común en la literatura jurisprudencia afirmar que la
motivación consiste en que el juez exteriorice el iter lógico, incluso psicológico
por el que ha llegado a la adopción de la decisión. Este modo de concebir la
motivación es francamente erróneo. Primero, porque en él se produce una
confusión de dos planos, el de la decisión y el de su justificación, que el juez
debe conscientemente diferenciar, por más que, es obvio, se interrelacionan en
el desarrollo práctico de su tarea. Y, en segundo término, porque en cada uno
de esos dos planos se opera con criterios metodológicos de distinta naturaleza
(…) En el modelo, hoy constitucional, se trata de que el deber de motivar
preactúe –y buena parte de su eficacia radica en que lo haga de manera
efectiva– sobre el curso de la actividad propiamente decisoria,
circunscribiéndo |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO CIVIL - Sede Central
EXPEDIENTE : 00368-2010-84-2402-JR-CI-01
MATERIA : PRESCRIPCION ADQUISITIVA
JUEZ : CARLOS ALBERTO BALLARDO JAPAN
ESPECIALISTA : SILLO PACORI NATTY
DEMANDADO : EMP DE TRANSPORTES COLUMBIA SA ,
DEMANDANTE : PEREZ RAMIREZ, LUIZA
RESOLUCION NÚMERO: UNO
Pucallpa, cuatro de marzo del dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito N° 1098-2022 presentado por la demandante Luiza Pérez
Ramírez, estando a la absolución de la demanda y puestos los autos en despacho para resolver la
excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante; y ATENDIENDO.-
1. Por escrito de fecha 20 de octubre del 2021, la demandada RACIONALIZACION
EMPRESARIAL S.A - RACIEMZA, formula Excepción de falta de legitimidad para obrar
del demandante, señalando básicamente que: “i) Que conforme al segundo fundamento factico
de la demanda. La accionante pretendería que nuestro despacho reconozca el contrato de compra y
venta que habría pactado con el supuesto propietario del inmueble materia de litis, por lo que señala
que (…), don Fernando Gaspar Estrella Guevara (…) me propuso la venta del inmueble que ahora
vengo ocupando (…) y que la formalización de los instrumentos legales de la transferencia de la
compra y venta se realizaría a su retorno de la Cuidad de Lima (…), esta alegación efectuada de la
demandante no se enmarca a los requisitos establecidos en el artículo 950 del Código Civil; ii) Que en
su fundamento de hecho de su demanda tener la calidad de propietaria del inmueble materia de litis,
queda de puro derecho deslegitimado para este tipo de proceso, pues conforme al artículo de 504
inciso 2) del Código Procesal Civil, para ser demandante en la prescripción adquisitiva de dominio se
requiere ser poseedor y no propietario, considerando que la finalidad de este tipo de procesos es
declarar propietario a un poseedor no propietario, supuesto que entra en contradicción con lo alegado
por la demandante.”
2. En tal sentido habiéndose corrido traslado a la parte demandante, mediante resolución N° 19 de
fecha 26 de diciembre del 2021; quien señala básicamente que i) que la accionante pretende que
vuestro despacho reconozca el contrato de compra y venta que habría pactado con el supuesto
propietario del inmueble sublitis Don Fernando Gaspar Estrella Guevarra, por lo que alegado en este
punto de la demanda no se enmarca a los requisitos solicitados en el artículo 950 del Código Civil
porque existe una diferencia marcada entre actuar como propietario y alegar serlo en virtud de un
contrato de compra y venta, por lo que el demandante tendría legitimidad para obrar; ii) asimismo el
demandado está intentando sorprender al afirmar que existe un contrato de compra y venta entre mi
poderdante y la empresa; al respecto debo manifestar que nunca existió ningún contrato de venta
escrito o verbal; tampoco existe ninguna promesa de compra y venta; lo que especifica en el punto 2
de la demanda es que hubo una conversación informal de una posible compra venta en el futuro que
nunca que llego a concretar, en razón de que los propietarios nunca se volvieron a presentar a hablar
del tema con mi poderdante.
3. La Excepción de Falta de Legitimidad para obrar previsto en el inciso 6) del artículo 446º del
Código Procesal Civil, es aquel mecanismo de defensa, mediante el cual se exige como requisito
la coincidencia entre las personas que actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley
habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación
pasiva) respecto de la materia sobre la cual versa el proceso, siendo determinante para
establecer la existencia de la legitimación procesal en cada caso, la titularidad activa o pasiva de
la relación jurídica sustantiva controvertida en el proceso;
4. Según la Doctrina Alberto Hinostroza Minguez señala que "la legitimidad para obrar es una
condición de la acción que precisamente limita o condiciona el ejercicio de esta a su existencia,
tan es así que la demanda interpuesta por quien carece de legitimidad para obrar es declarada
improcedente de oficio por el Juez (...), de no ser declarada de oficio puede denunciarse su
ausencia a través de la correspondiente excepción. No constituye strictu sensu una condición del
éxito de la pretensión, independientemente de que pasada por alto y desarrollado el proceso se
expida una sentencia en detrimento de quien intervino en el proceso careciendo de legitimidad; o
en sentido contrario se resuelve a favor de aquel que si cuenta con legitimidad para obrar.1"
5. En este sentido la Jurisprudencia: CASACION N° 2514-2007 Callao; señala que "...la legitimidad
"ad causam" es la titularidad que tiene la persona respecto del derecho que demanda es un
1 LAS EXCEPCIONES EN EL PROCESO CIVIL 5ta Edición Alberto Hinostroza Minguez Pag.256
Pág. 1 de 2 elemento de procedencia de la pretensión jurídica demandada. En caso que la actora no tenga la
legitimatio ad causam, la acción será evidentemente improcedente, (...) el artículo 427° del
Código Procesal Civil dispone que el Juez declara improcedente la demanda cuando el
demandante carezca evidentemente de legitimidad para obrar2(...)"
6. Ahora bien, habiéndose estudiado el presupuesto que se invoca es de tomar en consideración
que en efecto para que se instaure una demanda el actor tiene que lograr establecer una
circunstancia de causa a nivel liminar la norma civil lo define como conflicto de interés, sobre los
cuales se versará el proceso que inicia, la misma que tendrá que contener todos los requisitos
previstos por ley, en tal sentido en el presente caso que nos ocupa observamos que al interponer
la demanda de prescripción adquisitiva de dominio de lote de terreno ubicado en el Jr. Requena
N° 118 de la Cuidad de Pucallpa, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento
de Ucayali, inscrito en la partida Electrónica N° 00003903 del Registro de Propiedad Inmueble de
los Registros Públicos de Pucallpa;
7. Asimismo, en cuanto a lo señalado por la empresa demandada respecto a que lo que en
realidad pretende que la demandante tiene la calidad de propietaria en mérito al contrato de
compra y venta que habría pactado con el supuesto propietario del inmueble materia de litis,
y para prescripción adquisitiva de dominio se requiere ser poseedor y no propietario, en
primer lugar es de verse que dicho argumento no es causal para la excepción de
legitimidad para obrar; más aún cuando el accionante no acredita el supuesto contrato de
compra y venta; y en segundo lugar es de señalar que tal como se encuentra plasmado
en la demanda y conforme lo señalado en el escrito de absolución de la demandante, señala
que nunca existió ningún contrato de venta escrito y verbal del inmueble materia de litis;
solo teniendo una posible conversación informal de una posible compra y venta en el futuro
que nunca llego a concretarse.
8. En consecuencia, aprecia que la demandante Luiza Perez Ramirez, a través de su escrito
de demanda, invoca la legitimidad que le permite accionar como tal en la presente causa, al
indicar que tiene como domicilio y posesión individualizada sobre el lote existente en Jr.
Requeña N° 118 Calleria, (ver dirección en su documento de identidad) que fue objeto del
prescripción de adquisitiva de dominio. Tal condición fáctica de la demandante de modo objetivo
contrapone su derecho posesorio al derecho de propiedad aparente que se habría generado; por
lo que si corresponde o no la Prescripción adquisitiva de dominio se dilucidará en la etapa
correspondiente, esto es, al momento de emitir la sentencia respectiva.
9. En efecto, la legitimidad para obrar activa no es, en modo alguno, la titularidad del derecho
discutido en el proceso, pues el derecho discutido o controvertido es materia de
pronunciamiento en la sentencia, cuando el juzgador atendiendo a los hechos y las pruebas
actuadas llega a la convicción de que la pretensión debe ser declarada fundada o
infundada3; razón por la cual, no debe entenderse que la legitimidad para obrar del
demandante tenga que devenir en un pronunciamiento a su favor, pues dicha legitimación
únicamente implica que el demandante tiene interés para obrar en la presente causa,
sometiéndose al análisis del caudal probatorio y a un debido proceso, en el cual el Juzgador
emitirá sentencia de acuerdo a derecho, amparando o desestimando las pretensiones
materia del proceso; siendo ello así y conforme a lo expuesto en los considerandos
precedentes, la excepción deducida debe ser desestimada.
Por tales fundamentos, SE RESUELVE:
A. Declarar INFUNDADA la Excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante,
formulada por la demandada RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A - RACIEMZA.
B. SANEADO el proceso y la EXISTENCIA DE UNA RELACIÓN JURÍDICA Y
PROCESALMENTE VALIDA entre las partes.
C. CONCEDER a las partes el plazo de TRES DÍAS a fin de que presentan la propuesta de
puntos controvertidos.
D. CUMPLA el asistente de la secretaria con adjuntar copia de la presente resolución
debidamente certificada en el expediente principal.
E. Prosiga la causa conforme a su estado. Notifíquese.-
2 CASACION N° 2514-2007 Callao EL PERUANO 30/10/2008 p. 23201
3 TICONA POSTIGO, Víctor, “El Derecho al Debido Proceso en el Proceso Civil”, segunda edición, editorial Grijley,
Lima, Perú, 2009, p. 813.
Pág. 2 de 2 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00605-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA SUPERIOR CIVIL Y FAMILIA DE
TACNA ,
DEMANDADO : DIRECTOR DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A LA PNP
REPRESENTADO POR ABOG LUIS SOTO BOLIVAR SOTO ,
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU ,
DEMANDANTE : SALAZAR CORDOVA, AMALIA PETRONILA
Resolución Nro. 75
Tacna, cinco de junio
del año dos mil dieciocho.-
DE OFICIO: VISTOS: El escrito presentado por la parte demandada solicitando la conclusión
del proceso, corresponde proveer como sigue; Y, CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 50º del Código Procesal Civil, son
deberes de los Jueces en el proceso, dirigirlo y velar por su rápida solución; SEGUNDO.- El
proceso es un conjunto ordenado y sucesivo de actos y formas, que deben ser cumplidos a fin
de obtener un pronunciamiento jurisdiccional válido que resuelva un conflicto intersubjetivo de
intereses o una incertidumbre jurídica; estos actos y formas, son sucesivos, encadenados entre
sí, de tal manera que cada uno es antecedente del siguiente y consecuentemente del anterior;
el cumplimiento de sus formas y etapas se encuentran respaldadas por el principio de
formalidad, contenido en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
TERCERO.- Que, revisados los autos se tiene que mediante sentencia de fecha veinte de
mayo del dos mil quince, se declaró Fundada en Parte la demanda y ordeno que la
demandada proceda a emitir nuevo acto administrativo otorgando y pagando, el reintegro por
concepto de seguro de vida equivalente a quince (15) Unidades Impositivas Tributarias
calculados sobre la UIT vigente del año 2007 de S/. 3,450.00 soles, con deducción de los
pagos efectuados, más intereses legales; requiriéndose en varias oportunidades a la entidad
demandad el cumplimiento de lo ordenado en sentencia, luego mediante escrito de fojas
quinientos noventa y uno la Procuraduría Publica a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio
del Interior adjunta copia de la Resolución Directoral Nº 1739-2016DIREJADM-DIRECFIN-PNP
de fecha 29 de agosto del 2016, con la cual autorizan el pago de reintegro de seguro de vida
por S/. 31,500 soles a favor de la demandante, posteriormente mediante escrito obrante a fojas
setecientos treinta y dos adjunta depósito judicial Nº 2017321218902 por el monto de S/. 31,500 soles solicitando también la conclusión del proceso, razón por la cual se corrió traslado
del mismo a la parte demandante sin que este fuera absuelto. CUARTO.- Que, a efectos de
resolverse el pedido de la demandada es pertinente traer a colación lo establecido en el
artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual señala “Toda persona y
autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o
sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o
administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la
organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el
órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada,
ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la
responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso.”, en ese
sentido la petición de la demandada carece de fundamento y no tendría lugar, ello por cuanto el
pedido de conclusión del proceso no podría darse en tanto se tenga pendiente dar
cumplimiento en su totalidad a lo ordenado en sentencia y de la revisión del mismo se tiene
que la entidad demandada a la fecha no ha cumplido con el pago de los intereses legales; en
consecuencia por estas consideraciones y normatividad invocada SE RESUELVE.- Declarar
IMPROCEDENTE la solicitud de conclusión de proceso formulada por la Procuraduría Publica
a cargo de los asuntos jurídicos del Ministerio del Interior con escrito obrante a fojas
setecientos treinta y dos. Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00605-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : ESCALANTE MEDINA, LUIS
ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA SUPERIOR CIVIL Y FAMILIA DE
TACNA ,
DEMANDADO : DIRECTOR DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU ,
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU ,
PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A LA PNP
REPRESENTADO POR ABOG LUIS SOTO BOLIVAR SOTO ,
DEMANDANTE : SALAZAR CORDOVA, AMALIA PETRONILA
Resolución Nro. 69
Tacna, veintisiete de junio
del año dos mil diecisiete.-
Proveyendo conforme a ley el Escrito Nro. 014817-2017.- AUTOS, VISTOS y
CONSIDERANDO: Primero.- Que, el D.S N° 013-2008-JUS que aprueba el T.U.O de la Ley
que regula el proceso contencioso administrativo, en sus artículos 44°, 45° y 46° establece
respecto de la ejecución de sentencia y sobre su cumplimiento, que será exigible el
cumplimiento de sentencia dentro de sus propios términos, acorde al tipo de obligación exigible,
así como en el plazo establecido y dirigido al responsable de su cumplimiento; asimismo, el
artículo 47° de dicha norma, prescribe el procedimiento para la atención de sentencias con
calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero. En consecuencia, resulta que
mediante los referidos dispositivos se regula reglas especiales para la ejecución de sentencia al
amparo de esta ley especial. Segundo.- Que, mediante sentencia de vista de fojas 495 y
siguientes, se confirma la sentencia de primera instancia que declara Fundada en parte la
demanda y dispone que la demandada emita acto administrativo otorgando y pagando a doña
Amalia Petronila Salazar Cordova el reintegro por concepto de fondo de seguro de vida de
quince (15) URP, calculados sobre la UIT vigente del año 2007 de S/3,450.00 soles con
deducción de los pagos efectuados a cuenta. Al respecto, mediante resolución cincuenta de
fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, se requirió a la demandada Direccion General de
la Policía Nacional del Perú, cumpla con tal mandato, luego a fojas 544 obra el oficio remitido
por la entidad demandada con el cual adjuntan la Resolución Directoral Nº 8012-2016-DIRPEN-
PNP de fecha 21 de julio del 2016, con la cual resuelven dar cumplimiento al mandato judicial y
se otorgue el reintegro por concepto de fondo de seguro de vida, asimismo a fojas 561 y 566 la
entidad demandada remite información en relación al cumplimiento de la sentencia;
posteriormente con escrito de fojas 579 la parte demandante solicita se le requiera el pago bajo apercibimiento de multa emitiéndose la resolución numero cincuenta y ocho de fecha cinco de
octubre del dos mil dieciséis, con la cual se le requiere a la Direccion General de la Policía
Nacional del Perú informe sobre el cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 8012-2016-
DIRPEN-PNP de fecha 21 de julio del 2016, bajo apercibimiento de imponer multa de 02 URP,
respondiendo con escrito obrante a fojas 591 con el que adjuntan Resolución Directoral Nº
1739-2016-DIREJADM-DIRECFIN-PNP de fecha 29 de agosto del 2016 que resuelve autorizar
el pago por S/ 31,500.00 soles a favor de la demandante adjuntando también hoja de
liquidación; asimismo la demandada informa con escrito de fojas 606, que de conformidad con
la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año 2016 se ingresó el mandato judicial en el
aplicativo web “Demandas Judiciales y Arbitrales en contra del Estado”. Posteriormente
estando pendiente de resolver el requerimiento de la parte demandante, se emitió la resolución
numero sesenta y dos de fecha veintidós de mayo del dos mil diecisiete con la cual se hizo
efectivo el apercibimiento imponiendo multa de 02 URP a la entidad demanda, a su vez se le
requiere nuevamente el cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 1739-2016-DIREJADM-
DIRECFIN-PNP de fecha 29 de agosto del 2016, lo cual se puso a conocimiento de la
demandante, quien con escrito que antecede solicita que se haga efectivo el apercibimiento
decretado en dicha resolución y se requiera nuevamente. Tercero.- En ese sentido es
oportuno traer a colación lo dispuesto por la Ley N° 30137 “Ley que establece criterios de
priorización para la atención de pago de sentencias judiciales” y su reglamento aprobado por
D.S. N° 001-20014-JUS, la cual ha establecido criterios y procedimientos respecto de su
atención por parte de las entidades públicas respectivas, determinando que se financia
teniendo en cuenta el procedimiento dispuesto en el artículo 47° del D.S. Nº 013-2008-JUS,
especificando que ante la instancia judicial se debe proporcionar información sobre la atención
del pago o en su defecto el compromiso de su atención de acuerdo a artículo 70 del TUO de la
Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto” aprobado mediante D.S. N°
304-2012-EF. Cuarto.- Que, como se tiene de lo solicitado por la demandante a efectos de
cumplimiento de sentencia, es pertinente proveer de acuerdo a las reglas establecidas en el
D.S. N° 013-2008-JUS y lo estipulado por la Ley N° 30137 “Ley que establece criterios de
priorización para la atención de pago de sentencias judiciales”; por tanto, la entidad
demandada deberá proceder conforme se ordena en sentencia de vista resolución numero
cuarenta y ocho de fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis que obra a fojas
cuatrocientos noventa y cinco y siguientes. Resultando de este análisis que corresponde a la
entidad: 1) Emitir acto administrativo de reconocimiento del adeudo de acuerdo a lo ordenado
en sentencia; 2) Comunicar al juzgado quien es el funcionario encargado del cumplimiento del
mandato judicial, quien asumirá las responsabilidades pertinentes; y 3) Contando con orden de
pago, proporcionar información al juzgado sobre su atención o en su defecto el compromiso de
su atención. En consecuencia, se concluye que por el momento la petición de la demandante
no tendría lugar por cuanto, la demandada ha cumplido en parte al emitir la Resolución
Directoral Nº 1739-2016-DIREJADM-DIRECFIN-PNP de fecha 29 de agosto del 2016 y que en
cuanto al pago efectivo del mismo, la Direccion General de la Policía Nacional del Perú mediante escrito de fojas 606 y Oficio Nº 1335-2017 obrante a fojas 648, informa a este
juzgado de los trámites realizados para el cumplimiento de la misma, precisando que la División
de Economía y Finanzas de la PNP ha cumplido con el trámite administrativo, encontrándose a
la espera de la aprobación de los créditos presupuestarios correspondientes, a fin de dar
cumplimiento al pago de procesos judiciales de cosa juzgada y puesto en conocimiento de la
demandante conforme al cargo de notificacion obrante a fojas 650. Además debe tenerse en
cuenta que mediante Resolución Administrativa N° 149-2012-P-PJ, se exhorta a todos los
jueces de la Republica, adopten las medidas del caso para la ejecución dentro de plazos
razonables de las sentencias de condena dineraria que se hayan dictado contra las entidades
del Estado y que para el cumplimiento del pago por parte de la demandada; se debe tener en
cuenta que está a cargo del presupuesto institucional vigente, por lo que se le requiere a la
entidad demandada para que cumpla con dicho pago ordenado en sentencia, en un plazo
razonable, considerando para tal el ejercicio presupuestario siguiente y bajo responsabilidad;
por lo tanto teniendo en cuenta los criterios ya establecidos para el pago de sentencias
judiciales. Por estas consideraciones y normatividad invocada; SE RESUELVE.- 1) NO HA
LUGAR POR EL MOMENTO la solicitud formulada por la demandante AMALIA PETRONILOA
SALAZAR CORDOVA, mediante escrito de fecha veintiséis de junio del dos mil diecisiete. 2)
REQUERIR NUEVAMENTE a la entidad demandada DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL DEL PERU, el cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 1739-2016-
DIREJADM-DIRECIN-PNP de fecha 29 de agosto del 2016, obrante en autos, que resuelve
autorizar el pago ordenado por mandato judicial, para que se realice en un plazo razonable,
considerando para tal su inclusión en el ejercicio presupuestario siguiente y bajo
responsabilidad, debiendo informar al respecto las medidas adoptadas actualizadas, todo ello
en el plazo de 10 días, sin perjuicio de ello se mantiene el apercibimiento decretado en la
resolución sesenta y dos de fecha veintidós de mayo del dos mil diecisiete, asimismo se
remitirá copia certificada de los principales actuados al Ministerio Público en caso de seguir
persistiendo el incumplimiento, por lo que para los efectos de su ejecución, CÚRSESE el oficio
correspondiente. Hágase Saber.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE TACNA
Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 19/10/2016 18:57:03
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 00605-2010-0-2301-JR-LA-01
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: TUMBA CHURA,
ROSSMERY MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
Fecha: 20/10/2016 08:24:10
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL ESPECIALISTA : TUMBA CHURA, ROSSMERY
MINISTERIO PUBLICO : FISCALIA SUPERIOR CIVIL Y FAMILIA DE
TACNA ,
DEMANDADO : DIRECTOR DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU ,
PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS
JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A LA PNP
REPRESENTADO POR ABOG LUIS SOTO BOLIVAR SOTO ,
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU ,
DEMANDANTE : SALAZAR CORDOVA, AMALIA PETRONILA
Resolución Nro.58
Tacna, Cinco de Octubre
Del Año dos mil dieciséis
AUTOS, VISTOS Al pedido de la parte demandante sobre de la sentencia, bajo los
apercibimientos de ley; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, mediante la resolución
número cuarenta de fecha veinte de mayo del dos mil quince, se declara fundada en
parte la demanda interpuesta por la accionante, en consecuencia se ordena a la
entidad demandada emita nuevo acto administrativa otorgando el reintegro por
concepto de fondo de seguro de vida de quince unidades impositivas tributarias,
calculados sobre la UIT vigente del año 2007, con deducción de lo ya pagado, a
cuenta del deceso del alumno PNP (F) Cesar Carlos Osco Salazar, más intereses
legales, sin costas ni costos. Segundo.- Que conforme aparece de autos, la
Procuradora Publica adjunta a cargo de los Asunto Jurídicos del Ministerio del Interior,
apela la sentencia indicada y con sentencia de vista, resolución numero cuarenta y
ocho de fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, confirma la sentencia
apelada, por lo que según el primer párrafo del artículo 45 del T.U.O. de la Ley 27584 se
desprende que la potestad de ejecución de la sentencia corresponde exclusivamente
al juzgado o Sala que conoció del proceso en primera instancia; además el artículo 46
–in finedel mismo cuerpo legal, precisa “Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del
artículo 139º de la Constitución Política y el artículo 4º de la LOPJ, las resoluciones
judiciales deben ser cumplidas por el personal al servicio de la administración pública,
sin que estos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa; estando
obligados a realizar todos los actos para la completa ejecución de la resolución
judicial.”; Tercero Que, conforme se aprecia de la resolución que corre a fojas 512, se
declara ejecutoriada y se resuelve requerir a la entidad demandada Dirección
General de la Policía Nacional de Perú, a fin que cumpla lo ordenado en sentencia
y emita nuevo acto administrativo otorgando a la demandante el beneficio que
reclama, con oficio Nº2199-2016DIRGEN-PNP-DIREJAPOL/DIRPEN-ASUNT-JUD, de fecha
22 de julio del 2016 refiriendo asunto cumplimento de mandato Judicial, adjuntando
la Resolución Directoral Nº8012-2016 de fecha 21 de Julio del año dos mil dieciséis ,
con resolución Nª55 de fecha veintiséis de agosto del presente año se requiere a la
entidad demandad a fin que informe sobre el cumplimiento de la Resolución
Directoral Nº8012-2016 de fecha 21 de Julio del año dos mil dieciséis, en el plazo de
diez días y bajo apercibimiento de imponerse le multa ascendiente a 01 Unidad de Referencia Procesal en caso de incumplimiento. Cuarto : Que con escrito de fecha
06 de setiembre del 2016 se apersona la PROCURADURÍA PÚBLICA A CARGO DE LOS
ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, debidamente representado por
AMADO DANIEL ENCO TIRADO, y manifiesta cumple con informar Que, el
cumplimiento de pago de mandatos judiciales, está sujeto a una serie de
procedimientos y trámites administrativos, conforme a lo dispuesto en el Reglamento
de la Ley N° 30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del
pago de sentencias judiciales,. (…), del escrito de fecha 20 de setiembre del 2016 EL
PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DEL
INTERIOR, manifiesta que Habiendo tomado conocimiento con la Resolución N° 55 de
fecha 26.08.2016, y estando en dentro del plazo establecido cumplimos con señalar o
siguiente: Todo pago a efectuar por parte del Ministerio del Interior debe ser
establecido y aprobado conforme a lo dispuesto en la Ley N° 30137 "Ley que
establece criterios y priorización para la atención del pago de sentencias judiciales" y
bajo lo establecido por la Resolución Ministerial N° 1108-2012-IN de fecha 25 de
octubre de 2012, que aprueba la Directiva N° 018-2012-IN "Procedimiento para el pago
de sumas de dinero por efecto de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada"(…) ; señalando únicamente los impedimentos que tiene mas no informa
sobre los tramites que está realizando para dar cumplimiento a la sentencia, ni
tampoco acompaña documentos con el cual acredite el cumplimiento de la misma,
que si bien solicita tener en cuenta las normas de presupuesto hay que tener en
cuenta que la sentencia data de veinte de mayo del año dos mil quince , confirmada
el veintisiete de enero del 2016, con lo que aprecia que ha transcurrido tiempo
excesivo para cumplir lo ordenado Quinto .- Que en este orden de ideas,
primeramente cabe señalar que con respecto a la Ley 24041, la Corte Suprema de
Justicia, en un primer momento señaló en el precedente vinculante establecido en la
Casación Nº 658-2005 Piura, de fecha 4 de octubre de 2006, que en virtud del artículo
1° de dicha Ley, el único derecho que se otorga al trabajador es seguir contratado
bajo dicha modalidad. Dicha precisión se sustentaría en que en la referida ley lo que
se protege es el derecho del trabajador a no ser despedido sin causa justa, sin que ello
signifique el reconocimiento de otros derechos laborales inherentes a toda relación
laboral. Sin embargo, la Corte Suprema en Casación Nº 4161-2010 Cusco de fecha 14
de noviembre del 2012, en la parte final del sexto considerando, así como en la
Casación Nº 7383-2009 Piura de fecha 29 de marzo de 2012, en la parte final del
séptimo considerando, precisan que si bien la Ley Nº 24041 no impone a la entidad
pública incorporar a una persona a la carrera administrativa -para lo cual sí se requiere
ingresar por concurso público- para gozar de todas las prerrogativas que la norma
reconoce a los trabajadores nombrados, también lo es que les corresponde a los
trabajadores contratados todos los beneficios que la norma expresamente señala les
otorguen y los inherentes a la prestación de servicios como son: inclusión en planillas,
vacaciones y aguinaldos incluidos en el capítulo IV y V del Decreto Legislativo Nº 276.
Por lo tanto en mérito a las consideraciones expuesta y a lo señalado por el artículo 46º
de la Ley Nº 27584, D.S. Nº 013-2008-JUS Ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo; SE RESUELVE: REQUERIR NUEVAMENTE a la entidad demandada
DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERU, a fin que INFORME sobre el
cumplimiento de la Resolución Directoral Nº 8012-2016-DIRPEN-PNP de fecha 21 de julio
del 2016, obrante en autos, que resuelve dar cumplimiento al mandato judicial
contenido en la sentencia resolución numero cuarenta de fecha veinte de mayo del
dos mil quince, que ordena el pago del reintegro por concepto de fondo de seguro
de vida de quince (15) UIT vigente del año 2007, con deducción de los pagos
efectuados a cuenta y remita documentación actualizada sobre la oportunidad y
fecha de pago de los adeudos ordenado a favor de la demandante, detallando la
certificación presupuestaria conforme al artículo 47 del D.S. N° 013-2008-JUS, ello en el
plazo de 10 días y bajo apercibimiento de imponérsele una multa ascendente a 02
Unidad de Referencia Procesal en caso de incumplimiento, debiendo cursarse el oficio,
Al primer Otrosi Digo: Téngase presente y a los autos Tomase Razón y Hágase Saber .- |
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Juez: ANCO REJAS MARIA SOLEDAD
Fecha: 25/04/2016 08:29:47
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
1° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00605-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: TAPIA RAMOS, LELIA
Fecha: 25/04/2016 09:47:48 JUEZ : ANCO REJAS MARIA SOLEDAD
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA ESPECIALISTA : TAPIA RAMOS, LELIA
FIRMA DIGITAL
MINIST. PUBLICO : FISCALIA SUPERIOR CIVIL Y FAMILIA DE TACNA,
DEMANDADO : DIRECTOR DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU, DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL DEL PERU, PROCURADOR PÚBLICO A
CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A LA PNP
REPRESENTADO POR ABOG LUIS SOTO BOLIVAR,
DEMANDANTE : SALAZAR CORDOVA, AMALIA PETRONILA
OSCO QUISPE, JUAN
Resolución Nro. 50
Tacna, veintidós de abril
Del año dos mil dieciséis.-
Al Escrito N° 06532-2016.- AUTOS, VISTOS Al pedido de la parte demandante sobre
cumplimiento de la sentencia, bajo los apercibimientos de ley; y CONSIDERANDO: Primero.-
Que, mediante la resolución número cuarenta de fecha veinte de mayo del dos mil quince, se
declara fundada en parte la demanda interpuesta por la accionante, en consecuencia se
ordena a la entidad demandada emita nuevo acto administrativa otorgando el reintegro por
concepto de fondo de seguro de vida de quince unidades impositivas tributarias, calculados
sobre la UIT vigente del año 2007, con deducción de lo ya pagado, a cuenta del deceso del
alumno PNP (F) Cesar Carlos Osco Salazar, más intereses legales, sin costas ni costos.
Segundo.- Que conforme aparece de autos, la Procuradora Publica adjunta a cargo de los
Asunto Jurídicos del Ministerio del Interior, apela la sentencia indicada y con sentencia de vista,
resolución numero cuarenta y ocho de fecha veintisiete de enero del dos mil dieciséis, confirma
la sentencia apelada, por lo que según el primer párrafo del artículo 45 del T.U.O. de la Ley
27584 se desprende que la potestad de ejecución de la sentencia corresponde exclusivamente
al juzgado o Sala que conoció del proceso en primera instancia; además el artículo 46 –in fine-
del mismo cuerpo legal, precisa “Conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 139º de la
Constitución Política y el artículo 4º de la LOPJ, las resoluciones judiciales deben ser cumplidas
por el personal al servicio de la administración pública, sin que estos puedan calificar su
contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo
responsabilidad civil, penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos para
la completa ejecución de la resolución judicial.”; Tercero.- Que, habiendo las partes del
proceso dejado transcurrir el plazo que contempla el artículo 387.3 del Código Procesal Civil
(de aplicación supletoria) para impugnar la sentencia de vista antes mencionada, de
conformidad al artículo 123.2 del Código Procesal Civil y estando a las consideraciones
expuestas y la normatividad invocada; este Juzgado RESUELVE.- 1) Declarar
EJECUTORIADA la sentencia expedida mediante resolución número cuarenta de fecha veinte
de mayo del dos mil quince obrante a fojas cuatrocientos veintinueve y siguientes. 2) Se
dispone REQUERIR a la entidad demandada DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA
NACIONAL DE PERU, a fin de que cumpla lo ordenado en sentencia y emita nuevo acto
administrativo otorgando a la parte demandante el beneficio que reclama, todo ello conforme
a lo dispuesto en la resolución número cuarenta de fecha veinte de mayo del dos mil quince
expedida en autos, debiendo para tal efecto realizar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la misma y remitir la información correspondiente con documentación
sustentatoria sobre su ejecución; todo ello en el plazo de diez días hábiles de notificada con la
presente resolución, bajo apercibimiento de ley, en caso de incumplimiento; asimismo se
dispone se curse el oficio correspondiente. Hágase Saber.- |
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Secretario De Sala: CALIZAYA VARGAS, VERONICA
Fecha: 29/01/2016 12:39:56
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
EXPEDIENTE : 00605-2010
MATERIA : Proceso Contencioso Administrativo
DEMANDADO : Director de Pensiones de la Policía Nacional del Perú
DEMANDANTE : Amalia Petronila Salazar Córdova
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCION No. 48
Tacna, veintisiete de enero
de dos mil dieciséis.-
I. VISTOS.- En audiencia pública, con informe oral de laparte demandante, en el
proceso contencioso administrativo seguido por Amalia Petronila Salazar
Córdova,con la Dirección de Pensiones de la Policía Nacional del Perú.
Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Mario Gordillo Cossio.
MATERIA DE GRADO.-
1.1. Viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución Nº 40, su
fecha20 de mayo de 2015 (fs.429/435) que declara Fundada en parte la
demandainterpuesta por Juan Osco Quispe y Amalia Petronila Salazar
Córdova, en contra de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y
Director de Pensiones de la Policía Nacional del Perú, en consecuencia
declara NULAS la Resolución denegatoria ficta de recurso de apelación de
resolución denegatoria ficta de solicitud de reintegro de Seguro de Vida de
Policía Nacional del Perú e inaplicable para el caso de autos la Resolución
Directoral Nº 001-95-EF/76.01 del 01 de enero de 1995 que aprueba la
Directiva Nº 001-95-EF/76.01; Ordena que la entidad demandada proceda a
emitir nuevo acto administrativo otorgando y pagando a los demandantes el
reintegro por concepto de fondo de seguro de vida de quince (15) Unidades
Impositivas Tributarias calculados sobre la UIT vigente del año 2007 de S/.
3,450.00, con deducción de los pagos efectuados a cuenta por el deceso del
alumno PNP César Carlos Osco Salazar, mas intereses legales.
FUNDAMENTOS DEL RECURSO.-
1.2. La demandada ha cumplido con el pago de seguro de vida, conforme al
Decreto Supremo Nº 241-2001-EF y Resolución Directoral Nº 001-95-
EF/76.01 que establece el valor de la UIT en S/. 1,350.00, otorgándose la
suma de S/. 20,250.00.
1.3. El Juez comete un error al establecer el pago de intereses legales, por cuanto
se estaría duplicando el pago, por cuanto que consideran ya cancelaron en su
debida oportunidad.
II. CONSIDERANDO.-
El Recurso de Apelación
2.1. A tenor de la previsión contenida en el artículo 382° del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, el recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad, sólo en los casos que los vicios estén
referidos a la formalidad de la resolución impugnada. De manera que aún
cuando las partes recurran con el único propósito de obtener la revocatoria de
la decisión judicial, el órgano de revisión se encuentra facultado para
examinar la validez del procedimiento, pudiendo, en mérito de ello, declarar
la nulidad de actuados; ello, claro está, siempre que advierta una irregularidad
procesal insanable de otro modo, como cuando se afecta el debido proceso o
el derecho a la tutela procesal efectiva.
El Debido Proceso
2.2. El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo
justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido
proceso. Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia,
admite dos dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter
sustantivo o material. Mientras que en la primera de las señaladas está
concebido como un derecho continente que abarca diversas garantías y reglas
que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela
o desarrollo de todo tipo de procedimiento (sea este judicial, administrativo,
corporativo particular o de cualquier otra índole), en la segunda de sus
dimensiones exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se
pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de
justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los
derechos y valores constitucionales.
2.3. El debido proceso dentro de la perspectiva formal, cuya afectación se invoca
en el presente caso, comprende un repertorio de derechos que forman parte de
su contenido esencial, entre ellos, el derecho al juez natural, el derecho al
procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, el derecho a la
pluralidad de instancias, el derecho a la motivación de las resoluciones, el
derecho a los medios de prueba, el derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas, etc. La sola inobservancia de cualquiera de estas reglas, como de
otras que forman parte del citado contenido, convierte el proceso en irregular
legitimando con ello el control constitucional.
Garantía Constitucionaldela Motivación.-
2.4. En todo Estado constitucional y democrático de Derecho, la motivación
debida de las decisiones de las entidades públicas -sean o no de carácter
jurisdiccional- es un derecho fundamental que forma parte del contenido
esencial del derecho a la tutela procesal efectiva. El derecho a la motivación
debida constituye una garantía fundamental en los supuestos en que con la
decisión emitida se afecta de manera negativa la esfera o situación jurídica de
las personas. Así, toda decisión que carezca de una motivación adecuada,
suficiente y congruente, constituirá una decisión arbitraria y, en consecuencia,
será inconstitucional.
2.5. En cuanto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, el
Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que “uno de
los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en
cualquier clase de procesos, lo que es acorde con el inciso 5 del artículo 139°
de la Constitución. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean
motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional
y, al mismo tiempo, un derecho constitucional de los justiciables. Mediante
ella, por un lado, se garantiza que la administración de justicia se lleve a cabo
de conformidad con la Constitución y las leyes (artículos 45° y 138° de la
Constitución) y, por otro, que los justiciables puedan ejercer de manera
efectiva su derecho de defensa” (Exp. Nº 04729-2007-HC, fundamento 2).
2.6. En ese sentido, la propia Constitución establece en la norma precitada los
requisitos que deben cumplir las resoluciones judiciales; esto es, que la
motivación debe constar por escrito y contener la mención expresa tanto de la
ley aplicable como de los fundamentos de hechos en que se sustentan. Al
respecto, citando al Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el
proceso Nº 8125-2005-PHC/TC, ha señalado que la “(…) exigencia de que
las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del
inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental garantiza que los jueces,
cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la
argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia,
asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con
sujeción a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado
ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (...)”.
Congruencia Procesal y Tutela Judicial Efectiva.-
2.7. De otro lado, también es preciso tener presente que el artículo VII del Título
Preliminar del Código Procesal Civil sanciona el principio de congruencia
procesal el cual importa, para el órgano jurisdiccional, la imposición del
deber de sujetar su decisión al mérito de lo actuado y a derecho. Desde tal
perspectiva, se debe distinguir entre congruencia procesal externa e interna.
La primera impone la necesidad que la decisión guarde estricta
correspondencia con las pretensiones de las partes, de manera que el
magistrado se halla vinculado por las afirmaciones que ellas formulen, no
estándole permitido, en general, bajo ningún concepto, aportar hechos al
proceso o modificar, oficiosamente, las pretensiones del actor,
pronunciándose de manera distinta o ir más allá de lo que las partes
pretenden, debiendo resolver todas las cuestiones formuladas en tanto tengan
incidencia directa con la materia controvertida.
2.8. Entre tanto por la segunda, se impone al juez un deber de coherencia, en tanto
reclama que la decisión esté constituida por un conjunto de razonamientos
armónicos entre sí, formulados sin violar los principios de identidad,
contradicción y tercio excluido, de manera que las afirmaciones, deducciones
y conclusiones guarden adecuada correspondencia y concordancia, no
debiendo formularse juicios contrastantes entre sí y que al oponerse se anulen
recíprocamente. Bajo tal marco normativo, incurre en incongruencia procesal
externa la sentencia que omite pronunciarse sobre la verdadera cuestión
sometida al debate judicial, desviando los términos de la controversia, circunstancia que impide al órgano de revisión pronunciarse sobre el fondo de
la cuestión, por tratarse, precisamente, del tema central a considerar por el
órgano jurisdiccional.
Caso de Autos.-
2.9. Juan Osco Quispe y Amalia Petronila Salazar Córdova, vía proceso
contencioso administrativo, solicitan se declare la nulidad e ineficacia, de la
Resolución desestimatoria ficta de su recurso de apelación, interpuesto en
contra de resolución ficta que resulta ser desestimatoria de su solicitud de
pago de reintegro por derecho de beneficio del Fondo de Seguro de Vida
PNP; demanda (fs. 28 y siguientes) que es dirigida contra el Director General
de la Policía Nacional del Perú y Director de Pensiones de la Policía Nacional
del Perú; peticionado se disponga el pago total que le corresponde conforme
al Decreto Ley 25755, Decreto Supremo 026-84-MA, Decreto Supremo 009-
93-IN y Ley 29420, que fija en S/. 55,000.00 o 15,49 Unidades Impositivas
Tributarias el monto del beneficio de Seguro de Vida al personal Policial, con
deducción de los pagos efectuados a cuenta y accesoriamente se declare
inaplicables, respecto de los recurrentes, la Resolución Directoral 001-95-
EF/76.01 que aprueba la Directiva 001-95-EF/76.01 y Decreto Legislativo
847; afirmando al respecto que los recurrentes son padres de quien en vida
fue César Carlos Osco Salazar, alumno PNP, quien falleció como
consecuencia del servicio, según se advierte de la Resolución Directoral Nº
1834-2007-DIREDUD-PNP/ESO-AREQUIPA, habiéndosele otorgado
mediante Resolución Directoral Nº 4540-2009-DIRPEN-PNP la cantidad de
S/. 20,250.00, sin tomar en cuenta que el valor de la UIT para ese entonces
era de S/. 3,550.00, debiendo corresponder la suma de S/. 53,000.00. Indica
que el monto a tenerse en cuenta debe ser la actualizada por Ley 29420 se fija
en S/. 55,000.00, y habiéndose pagado únicamente la cantidad de S/. 20,250,
corresponde como reintegro la cantidad de S/. 34,750.00, más los intereses
legales.
2.10. Admitida la demanda y corrido el traslado correspondiente, la entidad
emplazada, a través del Procurador Publico en asuntos judiciales de la Policía
Nacional del Perú deduce la excepción de caducidad (fs. 141/143) el que
fuera luego declarado infundada e improcedente la apelación por
extemporánea, por tanto no es materia de análisis al no haber sido apelada.
2.11. Se absuelve el traslado de la demanda (fs. 149/157) contradiciendo el
petitorio, refiriendo que mediante Resolución Directoral Nº 1834-2007-
DIREDUD-PNP/ESO-AREQUIPA de fecha 19 de diciembre de 2009 fue
dado de baja por fallecimiento “como consecuencia del servicio” al alumno
PNP (F) César Carlos Osco Salazar con fecha 01 de noviembre de 2007,
generando este acto el beneficio del Fondo de Seguro de Vida en
cumplimiento de la Ley 25755 vigente a la fecha en que se declara la
invalidez o fallecimiento como consecuencia del servicio, en función de 15
UIT, por lo tanto su representada ha cumplido con otorgar el beneficio de
Fondo de Seguro de Vida, en merito a la legislación vigente. Se ha procedido
a su pago en función a la Directiva Nº 001-95-EF/76.01, en concordancia con
la Resolución Directoral Nº 001-95-EF/76.01 que fijaba en la suma de S/. 1,350.00 como el monto fijado para efectos presupuestarios y que
multiplicados por 15 UIT dan como resultado la suma de S/. 20,250.00, por
ello el petitorio deviene en improcedente, mas aun si los actores no acreditan
que el acto administrativo que impugna adolezca de vicios de nulidad.
2.12. Mediante sentencia, contenida en la resolución Nº 40 de fecha 20 de mayo de
2015 (fs. 429/435), se declara fundada en parte la demanda interpuesta por
Juan Osco Quispe y Amalia Petronila Salazar Córdova, nulas la resolución
denegatoria ficta de recurso de apelación de resolución denegatoria ficta de
solicitud de reintegro de seguro de vida de Policía Nacional del Perú, e
inaplicable para el caso de autos la Resolución Directoral Nº 001-95-
EF/76.01que aprueba la Directiva Nº 001-95-EF/76.01, y ordena que la
entidad demandada proceda a emitir nuevo acto administrativo otorgando y
pagando a los demandantes el reintegro por concepto de fondo de seguro de
vida de quince (15) Unidades Impositivas Tributarias calculados sobre la UIT
vigente del año 2007 de S/. 3,450.00, más intereses legales.
2.13. Por Decreto Supremo Nº 026-84-MA, se otorga un Seguro de Vida
equivalente a 15 Unidades Impositivas Tributarias, destinado al personal de
las Fuerzas Armadas y Policiales, que fallezcan o se invaliden a consecuencia
de “acción de armas”, o como resultado de dicha acción en tiempo de paz. Tal
como lo estableció el decreto supremo Nº 009-93-IN de fecha 22 de
diciembre del año 1992, cuyas causales fueron ampliadas mediante el Decreto
Ley 25755 de fecha 01 de octubre de 1992, incluyendo las contingencias de
muerte o invalidez a consecuencia del servicio y con ocasión del servicio.
Este es el marco normativo aplicable al caso de autos.
2.14. A través de la Resolución Directoral Nº 1834-2007-DIREDUD-PNP/ESO-
AREQUIPA de fecha 19 de diciembre de 2007 (fs. 07), se advierte que el
causante, representado por su señores padres inicialmente, fue dado de baja
por haber fallecido como “consecuencia del servicio”. De igual forma,
aparece de autos (fs. 07) la Resolución Directoral Nº 4540-2009-DIRPEN-
PNP de fecha 12 de agosto de 2009, donde se aprecia que el acto contingente
ocurrió el 01 de noviembre de 2007, otorgando el Seguro de Vida PNP a los
beneficiarios y/o herederos del alumno PNP (F) Cesar Carlos Osco Salazar un
monto igual a 15 Unidades Impositivas Tributarias, y mediante Resolución Nº
1069-2009-DIRECFIN-PNP de fecha 27 de agosto de 2009 (fs. 9), se
reconoce la cantidad de S/. 20,250.00 por conceptode Seguro de Vida.
2.15. Cabe resaltar, sin embargo, que el fallecimiento “como consecuencia del
servicio” del Alumno PNP Cesar Carlos Osco Salazar, ocurrió el 01 de
noviembre de 2007, según aparece de la copia del Acta de Defunción, que
corre en el folio 04 de expediente administrativo que se acompaña, como
también de los actos administrativos que corren en folios 07 a 09, hecho este
admitido por las partes del proceso, por tanto no controvertido.
2.16. En consecuencia, en aplicación del artículo 1º del decreto supremo 009-93-IN,
el pago por Seguro de Vida (que debe otorgarse a los demandantes, en su
calidad de padres) debe ser concedido con la UIT vigente al momento de la
lesión (muerte en este caso), el que en el caso concreto ocurrió, como ya se expresó precedentemente, el 01 de noviembre de 2007; en consecuencia, debe
aplicarse la Unidad Impositiva Tributaria vigente para el año 2007 que
ascendía a S/. 3,450.00, según así lo estableció el decreto supremo Nº 2013-
2006-EF, el que multiplicado por 15 UIT le corresponde como Seguro de
Vida la suma de S/. 51,750.00, y descontado lo percibido la cantidad de S/.
20,500.00, el reintegro pendiente de pago asciende a S/. 31,500.00. No debe
olvidarse que en el supuesto que exista conflicto de normas en el tiempo, el
criterio de jerarquía resuelve la antinomia aparentemente presentada, por
cuanto la Directiva Nº 001-95-EF/76.01 es de menor nivel (o jerarquía) que el
Decreto Ley Nº 25755 e incluso del decreto supremo Nº 026-84-MA.
2.17. El Tribunal Constitucional, ha establecido a través de su sentencia recaída en
el expediente Nº 01906-2008-PA/TC de fecha 23 de mayo de 2008, en caso
similar sobre el valor de la UIT aplicable para el abono del Seguro de Vida,
entre otras cosas afirma en su fundamento 9 “Lo que debe determinarse por
tanto en el presente caso es la suma especifica que debe percibir el
recurrente por seguro de vida. Al respecto este Colegiado ya ha establecido
que será el valor de la UIT vigente a la fecha en que se produjo el evento que
desencadenó la invalidez, el que se tomará en cuenta a fin de determinar la
suma del seguro de vida (cfr. Exps. 6148-2005-PA/TC y 1501-2005-PA/TC)”;
por lo que, en razón a los hechos descritos en el caso concreto y la sola
verificación del contenido normativo de las disposiciones aplicables, además
estando a lo dictaminado por la Fiscalía Superior Civil (fs. 463/469),debe
confirmarse la sentencia venida en grado.
2.18. En cuanto al pago de intereses, se origina el mismo cuando existe la privación
de una cosa, el que se deriva de los frutos de la actividad material o
inmaterial; se traduce entonces en la compensación que se concede al
acreedor por la privación del uso de algo a que se tiene derecho. Resulta
legítimo entonces la petición de pago de intereses, por ejemplo, cuando el
trabajador (ex trabajador, pensionista o beneficiario) es privado de su
remuneración, pensión o beneficio a la que tiene derecho, sea por una
indebida retención o por la falta de pago oportuno, lo que trae como
consecuencia se sancione al pago de esa compensación traducida en el interés
compensatorio o moratorio a que se refiere el artículo 1242 del Código Civil,
sea por la contraprestación del uso del dinero o el de indemnizar la mora en el
pago. En el caso de autos, se acredita que existe omisión en el pago debido
(sea por retención o falta de pago oportuno) del beneficio de Seguro de Vida
por fallecimiento como consecuencia del servicio, por lo que el extremo
referido al pago de intereses cuestionado se encuentra conforme a derecho.
2.19. Referido al extremo del fallecimiento del co-demandante don Juan Osco
Quispe, se ha acreditado en autos su fallecimiento, según aparece del Acta de
Defunción acompañado al escrito de fecha 11 de enero del año en curso,
presentado por Amalia Petronila Salazar Córdova, también apersonada en
autos (como co-demandante); además, aparece que se ha incorporado como
prueba extemporánea la Declaración Jurada, de fecha 23 de octubre de 2013,
suscrita por esta última co-demandante (fs. 402), en la que precisa, entre otras
cosas, que con fecha 29 de noviembre de 2012, según aparece del acta de
defunción expedida por la Municipalidad del Centro Poblado Menor “Boca del Rio”, falleció Juan Osco Quispe, quedando por lo tanto como única
heredera de quien también fuera su hijo Cesar Carlos Osco Salazar, no
habiendo ello merecido pronunciamiento por parte del juez de la causa, sobre
la exclusión del referido co-demandante. Al respecto, el seguro de vida al
margen de constituir un bien propio, según lo establecido por el artículo 302.4
del Código Civil, no es un bien colacionable en la Masa Hereditaria, no
pudiendo generar por ello controversia en el ámbito sucesorio, como así
también lo prevé el artículo 838 del referido cuerpo normativo. En razón a
ello, es posible disponer la exclusión, sin más trámite, del co-demandante,
quien en vida fuera don Juan Osco Quispe, debiendo continuar el proceso la
co-demandante doña Amalia Petronila Salazar Córdova.
Por lo que acorde a estas consideraciones y de conformidad a los fundamentos
expuestos, las normas legales citadas y administrando Justicia a nombre de la
Nación.
EXCLUYERON del proceso al co-demandante Juan Osco Quispe, por las
consideraciones expuestas en el fundamento 2.19 de la presente resolución,
CONFIRMARON la sentencia apelada, contenida en la resolución número 40, su
fecha 20 de mayo de 2015 (fs. 429/435) que declara FUNDADA en parte la
demanda interpuesta por Amalia Petronila Salazar Córdova, en contra de la
Dirección General de la Policía Nacional del Perú y Director de Pensiones de la
Policía Nacional del Perú; en consecuencia declara Nulas la resolución denegatoria
ficta de recurso de apelación de resolución ficta de solicitud de reintegro de seguro
de vida de Policía Nacional del Perú, e inaplicable para el caso de autos la
Resolución Directoral N° 001-95-EF/76.01 del 01 de enero de 1995 que aprueba la
Directiva N° 001-95-EF/76.01; Ordena que la entidad demandada proceda a emitir
nuevo acto administrativo otorgando y pagando a doña a la demandante el reintegro
por concepto de fondo de seguro de vida de quince (15) Unidades Impositivas
Tributarias, calculados sobre la UIT vigente del año 2007 de S/. 3,450.00, con
deducción de los pagos efectuados a cuenta, por el deceso del Alumno PNP (F)
Cesar Carlos Osco Salazar, masa intereses legales, sin costas ni costos. Y los
devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber -
S.
GORDILLO COSSIO
TITO PALACIOS
BEGAZO DE LA CRUZ |
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Juez: CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
Fecha: 13/11/2014 08:01:51
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL
2° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00605-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
JUEZ : CABALLERO ROLDAN, MAXIMO
CORTE SUPERIOR DE TACNA
Secretario: EGUILUZ NAJAR,
MILTON ESPECIALISTA : EGUILUZ NAJAR, MILTON
Fecha: 13/11/2014 11:19:09
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL DEMANDADO : PROCURADOR PUBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS
D.Judicial: TACNA/TACNA
FIRMA DIGITAL JUDICIALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO A LA PNP ,
DIRECTOR GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL DEL
PERU ,
DIRECTOR DE PENSIONES DE LA POLICIA NACIONAL
DEL PERU ,
LUIS BOLIVAR SOTO ABG REPRESENTANTE DE LA
PROC DE LA PNP ,
DEMANDANTE : OSCO QUISPE, JUAN
SALAZAR CORDOVA, AMALIA PETRONILA
Resolución Nro. 38
Tacna, dieciséis de Junio
Del dos mil catorce.-
AUTOS VISTOS Y CONSIDERANDO: Primero: Que, con fecha 21 de
octubre del presente año Amalia Petronila Salazar Cordova ofrece
medios probatorios extemporáneos como pruebas documentales, copia
certificada de la partida electrónica N° 11036444 del registro de
sucesión intestada de la Oficina Registral de Tacna, asimismo Original de
la declaración jurada de la recurrente de fecha 23.10.2013 con firma
legalizada ante notario público de la ciudad, habiéndose corrido traslado
a la parte demandada con la resolución número 37 de fecha veinticuatro
de octubre del dos mil catorce. Segundo: Que, de conformidad con lo
establecido por el artículo 429 del Código Procesal Civil estipula que “(…)
después de interpuesta la demanda, sólo pueden ser ofrecidos los
medios probatorios referidos a nuevos hechos”. Tercero: Que, revisados
los actuados se puede apreciar que los medios probatorios adjuntos,
presentados por la demandante Amalia Petronila Salazar Cordova, se
puede verificar que se trata de documentos de fecha posterior a la
presentación de la demanda en consecuencia se refieren a hechos
nuevos posteriores a la presentación de la demanda. Siendo así y de de
conformidad con lo establecido por el articulo 50 y 121 del Código
Procesal Civil. SE RESUELVE: Declarar FUNDADO el pedido de medios
probatorios extemporáneos presentado por Amalia Petronila Salazar
Cordova con fecha 21 de octubre del 2014. Proveyéndose el escrito con
registro 18956-2014; Al Principal; Que, estando al pedido solicitado por
la parte demandante respecto a la corrección habiéndose verificado la
norma procesal pertinente y de conformidad con lo establecido por el
artículo 407 del Código Procesal Civil se dispone corregir la resolución
treinta y siete en el extremo que corre traslado a la parte demandada
por el término de tres días debiendo considerarse el término de cinco
días, quedando subsistente el contenido de la demás de la presente
resolución. Al Otrosí Digo; Corra con la resolución de la fecha. Tómese
Razón y Hágase Saber.- |
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EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : BUSTINZA SAIRA, LUIS AMERICO
ESPECIALISTA : FLORES LLANO, IRENE
EMPLAZADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Y PROMOCION DEL EMPLEO ,
PERITO : PEÑA CONDORI, THALIA LOURDES
DEMANDADO : TUMIMED SAC ,
CONSORCIO TUMIMED ,
CONSORCIO TUMIMED ,
SEGURO SOCIAL DE SALUD ,
TUMIMED SRL ,
DEMANDANTE : ANQUISE FERNANDEZ, MARIO JORGE
Resolución Nro.107
Tacna, cuatro de octubre del dos mil veintitrés.-
Al escrito N° 29016-2023 ingresado a través de mesa de parte
electrónica, se procede a su impresión y agregado al expediente físico): Téngase
presente y conforme a su estado se procede a resolver como sigue:
DE OFICIO: VISTOS: el pedido de aprobación de liquidación de intereses
legales; y, CONSIDERANDO: Primero.- A fojas 772/787, se tiene sentencia –
Resolución N° 63 de fecha 05 de mayo del 2017, a través del cual se declara
fundada en parte la demanda interpuesta por Mario Jorge Anquise Fernández en
contra de TUMIMED S.R.L., TUMIMED S.A.C. y CONSORCIO TUMIMED y HOSPITAL
III D.A.C. ESSALUD-TACNA sobre indemnización por despido arbitrario y cobro de
beneficios sociales, ordenándose que los demandados cumplan en forma solidaria ,
con pagar al demandante la suma de s/31,031.46 soles, más los intereses
legales, con costas y costos del proceso. Sentencia que fue confirmada mediante
Sentencia de Vista- Resolución N° 76 de fecha 02 de mayo del 2018.
Posteriormente, en el decurso del proceso a fojas 1044/1050, se observa que la
demandada, SEGURO SOCIAL DE SALUD- ESSALUD, adjunta copia del comprobante
de pago N°2000277828 de fecha 24 de mayo del 2022 y copia del Cheque N°
00010509, documentos con el que acreditan el cumplimiento del pago de la deuda.
Asimismo, mediante escrito N°17828-2022 la entidad demandada, SEGURO SOCIAL
DE SALUD-ESSALUD, informa que el demandante puede aproximarse a las
instalaciones de ESSALUD –Tacna para realizar el cobro del cheque. Segundo.-
Conforme se aprecia del escrito que corre a fojas 1132/1135, el demandante
presenta liquidación de intereses legales practicado por la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, el cual concluye que los mismos ascienden a la suma de s/10,340.05 soles, corrido traslado a la parte demandada,
mediante Resolución N° 103 de fecha 07 de febrero del 2023, se dispone la
remisión de los actuados al perito judicial a fin de que efectúe la liquidación de los
intereses legales. A folios 1169/1181 obra el Informe Pericial N° 0006-2023-TPC-
PJ-MCL-CSJTA/PJ de fecha 23 de marzo del 2023, a través del cual la perito judicial
concluye el cálculo de los intereses legales por concepto de CTS, indemnización por
despido arbitrario, gratificaciones, y vacaciones desde las fechas exigibles hasta el
14 de julio del 2022, por el monto total de s/11,782.84 soles, corrido traslado, la
entidad demandada, ESSALUD TACNA, en forma extemporánea formula
observación al informe pericial; sin embargo, mediante Resolución N°106 se
dispone no ha lugar al pedido de observación al ser presentada en forma
extemporánea. Mediante escrito N° 29016-2023, la parte demandante solicita la
aprobación del informe pericial, por lo que corresponde resolver. Tercero.- Que,
conforme a lo establecido en el artículo 78° de la Ley 26636, ley Procesal de
Trabajo, el cálculo de intereses y otros similares se liquidan por la parte vencedora
con el auxilio pericial respectivo de ser necesario, en caso la otra parte observe
dicha liquidación deberá sustentarla en una liquidación de similar naturaleza;
asimismo, teniendo controversia sobre ello, el Juez decide cuál es la liquidación
correcta y en caso sea indispensable podrá recurrir a los peritos contables con los
que cuenta el juzgado o los que designe. Cuarto.- Que, el artículo tercero de la
Decreto Ley N° 25920, dispone que el interés que corresponde pagar por adeudo
de carácter laboral es el fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, que
taxativamente señala: “El interés legal sobre los montos adeudados por el
empleador se devengan a partir del siguiente día en que se produjo el
incumplimiento y hasta el día de su pago, sin que sea necesario que el trabajador
afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al
empleador o prueba haber sufrido algún daño.” Quinto.- Que, de los actuados a
fojas 1170/1181, se verifica que la perito judicial, C.P.C. Thalia Lourdes Peña
Condori, cumple con efectuar el cálculo de los intereses legales, detallándose en su
examen a fojas 1178/1181. Que respecto del cálculo de los intereses se tomó en
cuenta lo dispuesto en sentencia –Resolución N° 63, considerando de manera
correcta lo siguiente: 1) La fecha en que se genera la obligación de pago, siendo
esto: a) 16 de noviembre del 2003 respecto a la Compensación por tiempo de
servicios -CTS; b) 16 de julio del 2004 respecto a las gratificaciones; c) 03 de
enero del 2005 respecto de las vacaciones, d) 18 de febrero del 2010 respecto a
indemnización por despido arbitrario; así como la fecha en que se paga el adeudo
reconocido en sentencia, esto el 14 de julio del 2022; 2) El monto que corresponde
por capital (para efectos de cálculo), s/ 4,618.01 por Compensación por tiempo de servicios, s/ 6,339.62 soles por gratificaciones, s/ 7,961.86 por vacaciones, y s/
12,111.97 soles por indemnización por despido arbitrario; y, 3) La tasa de interés
legal laboral, considerando la diferencia entre los factores acumulados a la fecha de
la obligación y la fecha que se cancela el adeudo. En consecuencia, estando a las
conclusiones arribadas por la profesional (perito judicial) con la liquidación de
intereses laborales de parte del demandante, como se ve en el considerando
segundo de la presente resolución, corresponde aprobar dicho cálculo; por cuanto,
este se ajusta a derecho, ello debido a que en su liquidación se utilizó el interés
legal laboral fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, se practicó por
especialista (perito judicial) y se utilizó el aplicativo INTERLEG BS, herramienta
utilizada por magistrados y el área pericial. Por lo expuesto en los considerandos
precedentes y de conformidad con el artículo 121 del C.P.C.; SE RESUELVE:
APROBAR el Informe Pericial N° 0006-2023-TPC-PJ-MCL-CSJT/PJ de fecha 23 de
marzo del 2023 efectuado por la CPC Thalia Lourdes Peña Condori, por la suma de
s/11,782.84 (ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 84/100
SOLES), precisados de la siguiente manera: a) Intereses legales por CTS por un
monto de s/3,142.97 soles, b) Intereses legales por gratificaciones por un monto
de s/2,419.44 soles, c)Intereses legales por vacaciones por un monto de
s/3,020.81 soles, d) Intereses legales por indemnización por despido arbitrario por
la suma de s/3,199.62 soles. Hágase saber.- |
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EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : BUSTINZA SAIRA, LUIS AMERICO
ESPECIALISTA: VERA APAZA JESSICA SOLEDAD - FLORES
EMPLAZADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO,
PERITO : HUABLOCHE LOPEZ, JESUS ELIDERGIO
DEMANDADO : TUMIMED SAC,
CONSORCIO TUMIMED,
CONSORCIO TUMIMED,
SEGURO SOCIAL DE SALUD,
TUMIMED SRL,
DEMANDANTE : ANQUISE FERNANDEZ, MARIO JORGE
Resolución Nro. 104
Tacna, diecisiete de Febrero
Del año dos mil veintitrés.-
Al escrito N°4271-2023: presentado por el Procurador Publico Adjunto del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, en el cual solicita que se deje de notificar al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, por consiguiente, se tiene que, de la revisión de autos se observa que con
resolución 95, de fecha 10 de junio del 2022, el juzgado, SE RESUELVE: 1.TENER POR APERSONADO al
presente proceso al Procurador Público Adjunto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo DANTE ABEL PACO LUNA. 2.
DECLARAR FUNDADA LA EXTROMISION, solicitada por el Procurador Publico Adjunto del Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo DANTE ABEL PACO LUNA, por consiguiente; APARTESE del presente proceso al Ministerio de Trabajo y Promoción
del Empleo, debiéndose de continuar el proceso con los demás demandados. En consecuencia, Déjese de
notificar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. |
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EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : URURI LAURA, MARIA LUISA
ESPECIALISTA : VERA APAZA, JESSICA SOLEDAD
PROC. PUBLICO: PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION
DEL EMPLEO
DEMANDADO : TUMIMED SAC,
CONSORCIO TUMIMED,
SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD,
TUMIMED SRL
DEMANDANTE : ANQUISE FERNANDEZ, MARIO JORGE
Resolución Nro. 95
Tacna, diez de junio
Del año dos mil veintidós.-
Al Escrito N° 13449-2022, ingresado a través de la mesa de partes electrónica, se procede a su
impresión y agregado al expediente físico; AL PRINCIPAL: Téngase por absuelto el traslado
efectuado por la parte demandante, y estando a lo solicitado, se corre traslado a la demandada
ESSALUD, por el plazo de TRES días. Al Otrosí.- Téngase presente.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDOS: Estando a lo solicitado por el Procurador Publico Adjunto del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, sobre el pedido de EXTROMISION, y habiendo la parte
demandante absuelto el traslado, se emite la presente.
PRIMERO: Que, en aplicación supletoria, el Código Procesal Civil en su Artículo 107, sobre extromisión
señala: “Excepcionalmente, en cualquier momento el Juez por resolución debidamente motivada, puede
separar del proceso a un tercero legitimado, por considerar que el derecho o interés que lo legitimaba ha
desaparecido o haber comprobado su inexistencia”.
SEGUNDO: Que, según autos, se tiene el escrito N° 12725-2022, con sus anexos de fojas 1052 a 1094,
interpuesto por el Procurador Publico Adjunto del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por el
cual se apersona y solicita EXTROMISION, señalando que ESSALUD, es un organismo público
descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito al sector Trabajo y
Promoción Social, con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable,
amparándose en el artículo 1 de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud
(ESSALUD). Adicionalmente señala que, la sesión noventa del Consejo Directivo de EsSalud llevada a
cabo con fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, aprobó el Nuevo Reglamento de Representación
de EsSalud, el cual consta de veintiséis artículos, los cuales detallan las competencias y poderes
específicos para la defensa judicial y legal de dicha institución, donde se evidencia que la Procuraduría
Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, no interviene en los procesos incoados en
contra de EsSalud, ya sean judiciales y/o arbitrales, tal y como lo señalan los artículos 5°, 11°, y 16°,
asimismo cita jurisprudencia, por lo tanto, se corre traslado a la parte demandante mediante Resolución
N° 94, de fecha dos de junio al año dos mil veintidós, a fojas 1095, siendo válidamente notificada, así se
corrobora del cargo de notificaciones electrónicas a fojas 1096, absolviendo dicho traslado la parte
demandante mediante escrito N° 13449-2022, señalando que la sentencia debe de ser cumplida
enteramente por ESSALUD, asimismo no habría objeción, con lo solicitado por la entidad mencionada. Asimismo, que Essalud emitió un comprobante de pago N° 2000277828, de fecha veinticuatro de mayo
del año dos mil veintidós, a favor del demandante por la suma de S/ 31,031.46 SOLES, mediante cheque
N° 00010509, que solo quedaría pendiente de hacer efectivo el cobro, que por tanto, aun no puede
cobrarse porque falta validar ante la Entidad Financiera (Banco BBVA) las firmas de las nuevas
autoridades de la Red de Tacna (Gerente y Jefe de la Oficina de Administración), que una vez
solucionado dicho impase se procederá como corresponde, por lo que solicita precisar en cuantos días se
regularizara el inconveniente de las firmas a fin de no dilatar el proceso de pago y evitar causar
indefensión al demandante.
TERCERO: Haciendo un análisis del presente caso, se tiene que, el presente proceso está culminando,
faltando solo concretar los tramites mínimos para que se efectúe el cumplimiento de la Sentencia de
Vista, que obra en autos, y estando a lo solicitado por la parte demandante sobre ese extremo, se debe
de correr traslado a la demandada ESSALUD.
En cuanto al apersonamiento solicitado por el Procurador Público Adjunto del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo DANTE ABEL PACO LUNA, se debe de tener por apersonado al recurrente,
Asimismo, sobre el pedido de extromisión solicitado por el mismo, siendo que la parte demandante está
de acuerdo, además teniéndose en cuenta la Ley N° 27056, El Nuevo Reglamento de Representación de
EsSalud, y en aplicación supletoria el Código Procesal Civil en su artículo 107°, por lo tanto; se debe de
conceder el pedido solicitado sobre EXTROMISION. Por consiguiente;
SE RESUELVE:
1. TENER POR APERSONADO al presente proceso al Procurador Público Adjunto del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo DANTE ABEL PACO LUNA.
2. DECLARAR FUNDADA LA EXTROMISION, solicitada por el Procurador Publico Adjunto del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo DANTE ABEL PACO LUNA, por consiguiente;
APARTESE del presente proceso al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debiéndose
de continuar el proceso con los demás demandados. Tómese Razón y Hágase Saber.
Se avoca al conocimiento del presente proceso, la Sra. Juez que suscribe digitalmente y asume funciones
la Secretaria Judicial que suscribe por disposición superior. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | UZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : FLORES GOMEZ, KARENN
EMPLAZADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO,
DEMANDADO : TUMIMED SAC,
TUMIMED SRL,
ESSALUD TACNA,
CONSORCIO TUMIMED,
DEMANDANTE : ANQUISE FERNANDEZ, MARIO JORGE
Resolución Nro.81
Tacna, ocho de noviembre del dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Estando al escrito Nº 26501-2018 presentado por la demandada Seguro Social
de Salud- ESSALUD;
II. FUNDAMENTOS:
1. Con sentencia signada con resolución número sesenta y tres, de fecha cinco
de mayo del dos mil diecisiete, fojas 772/787, se declaró fundada en parte la
demanda, siendo confirmada por el superior con sentencia de vista signada
con resolución número setenta y seis, del dos de mayo del dos mil dieciocho,
fojas 864/870, ordenando textualmente que: “(…) se dispone que los
demandados cumplan en forma solidaria con pagar al demandante la
suma de S/. 31,031.46 (treinta y un mil treinta y uno con 46/100 nuevos
soles), por los siguientes conceptos: Gratificaciones Legales la suma de S/.
6,339.62, compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 4,618.01,
vacaciones la suma de S/. 7,961.86 e indemnización especial por despido
arbitrario la suma de S/. 12,111.97; más los intereses legales laborales que
se calcularán en ejecución de sentencia; con costos y costas (…)”. Mediante
resolución número setenta y siete de fecha diecinueve de junio del dos mil
dieciocho, se declaró improcedente el recurso de Casación presentado por la
parte demandada.(negrita y subrayado nuestro)
2. Que, resolución número setenta y nueve, de fecha tres de setiembre del dos
mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió a los
demandados Tumimed SRL, Tumimed SAC, Consorcio Tumimed y Hospital III
D.A.C, ESSALUD TACNA cumplan con lo ordenado en la sentencia, debiendo
en forma solidaria pagar al demandante la suma S/. 31,031.46 (treinta y un
mil treinta y uno con 46/100 nuevos soles) de bajo apercibimiento de multa
en caso de incumplimiento. Siendo así, con fecha veinticinco de octubre del
dos mil dieciocho la demandada Seguro Social de Salud-ESSALUD, solicita que
se defina el monto que le corresponde cancelar a fin de iniciar los trámites
administrativos correspondientes para el pago de la indemnización solicitada.
1 3. El artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
prescribe: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas
de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar
su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus
alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley
señala. (…)”.
4. Que, se debe tener en cuenta que el artículo 1183º del Código Civil establece:
“La solidaridad no se presume, solo la Ley o el título de la obligación la
establecen en forma expresa.” Asimismo, el artículo 1186º del Código Civil
establece sobre las reclamaciones sobre deudores solidarios que: “el acreedor
puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra
todos ellos simultáneamente.” Y el artículo 1172º del Código Civil establece
que si son varios los acreedores o los deudores de una prestación divisible y
la obligación no es solidaria, cada uno de los acreedores solo puede pedir
la satisfacción de la parte del crédito que le corresponde, en tanto que cada
uno de los deudores únicamente se encuentra obligado a pagar su parte
de la deuda.
5. Que , la Casación Nº167-96- ICA, señala que : “El numeral 1183º del Código
Civil prescribe un efecto esencial de la solidaridad o sea que el acreedor
puede dirigirse contra alguno de los deudores o contra todos y que pueden
hacerlo simultáneamente o sucesivamente , hasta que cobre el íntegro de la
deuda, vale decir, que cada codeudor puede ser constreñido por la
totalidad , rehusándosele , de consiguiente , del beneficio de la división; que
los codeudores solidarios lo son por el integro.”
6. Por lo antes expuesto, se tiene que en el desarrollo del presente proceso se
ha señalado como responsable solidario para el cumplimiento de lo ordenado
en sentencia al demandando Seguro Social de Salud-ESSALUD, esto en mérito
al artículo 25 de la Ley Nº 27626-Ley que regula la actividad de las empresas
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores y del artículo 26
del Reglamento aprobado por el decreto Supremo Nº 003-2002-TR
(considerando décimo de la sentencia de vista); en consecuencia, en el
presente caso, se está requiriendo de forma solidaria el pago de la
indemnización por despido arbitrario y beneficios sociales a favor del
demandante por la suma de S/. 31,031.46 soles, siendo la obligación
compartida con los demás demandados y teniendo en cuenta que en la
figura de la responsabilidad solidaria, el demandante puede reclamar la
totalidad del pago a cualquiera de los individuos que son responsables
solidarios, no encontrándose facultados éstos de decidir abonar sólo una
parte. Por lo que el pedido de que se establezca el monto a cancelar, resulta
improcedente, en el sentido de que al ser un deudor solidario, podría
responder por la totalidad de la deuda contraída. Por estas consideraciones y
normatividad invocada:
2 III. DECISION:
1) Declarar IMPROCEDENTE la solicitud presentada por la demandada Hospital
III D.A.C, ESSALUD TACNA en fecha veinticinco de octubre del dos mil
dieciocho.
Al otrosí: Téngase presente.
Al Escrito Nº27178-2018: Estando al requerimiento efectuado por el demandante
en fecha treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho y advirtiéndose de autos
que los demandados no han acreditado el cumplimiento de lo ordenado mediante
sentencia, se REQUIERE a los demandados Tumimed SRL, Tumimed SAC,
Consorcio Tumimed y Hospital III D.A.C, ESSALUD TACNA, cumplan con lo
ordenado en la sentencia de autos, esto es cumplan en forma solidaria con pagar al
demandante la suma de S/. 31,031.46 (treinta y un mil treinta y uno con 46/100
nuevos soles). Debiendo de remitir documentación sustentatoria a este despacho,
en el plazo de DIEZ DÌAS y bajo apercibimiento de imponerle multa de dos
unidades de referencia procesal en caso de incumplimiento. Notifíquese.
Al otrosí: Téngase presente.
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EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : ZEA CATACORA, ROGELIO ALBERTO
ESPECIALISTA : FLORES GOMEZ, KARENN
EMPLAZADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO
Y PROMOCION DEL EMPLEO,
DEMANDADO : ESSALUD TACNA,
CONSORCIO TUMIMED,
TUMIMED SAC,
TUMIMED SRL,
DEMANDANTE : ANQUISE FERNANDEZ, MARIO JORGE
Resolución Nro.79
Tacna, tres de setiembre del dos mil dieciocho.-
I. ASUNTO:
Estando al escrito con Nº19192-2018, presentado por la parte demandante
de fecha diecisiete de agosto del dos mil dieciocho;
II. FUNDAMENTO:
1. Según lo previsto en el artículo 46° en su numeral 46.1 del Texto Único
Ordenado de la Ley 27584 aprobado por Decreto Supremo número 013-2008-
JUS (en adelante LPCA), señala: “ Conforme a lo dispuesto en el inciso
2 del Artículo 139 de la Constitución Política y el Artículo 4 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, las resoluciones judiciales deben ser
cumplidas por el personal al servicio de la administración pública, sin
que éstos puedan calificar su contenido o sus fundamentos, restringir
sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil,
penal o administrativa; estando obligados a realizar todos los actos
para la completa ejecución de la resolución judicial.”
2. Con sentencia signada con resolución número sesenta y tres, de fecha cinco
de mayo del dos mil diecisiete, fojas 772/787, se declaró fundada en parte la
demanda, siendo confirmada por el superior con sentencia de vista signada
con resolución número setenta y seis, del dos de mayo del dos mil dieciocho,
1 fojas 864/870, ordenando textualmente que: “(…)se dispone que los
demandados cumplan en forma solidaria con pagar al demandante la suma de
S/. 31,031.46 (treinta y un mil treinta y uno con 46/100 nuevos soles), por
los siguientes conceptos: Gratificaciones Legales la suma de S/. 6,339.62,
compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 4,618.01, vacaciones la
suma de S/. 7,961.86 e indemnización especial por despido arbitrario la suma
de S/. 12,111.97; más los intereses legales laborales que se calcularán en
ejecución de sentencia; con costos y costas(…)”. Mediante resolución número
setenta y siete de fecha diecinueve de junio del dos mil dieciocho, se declaró
improcedente el recurso de Casación presentado por la parte demandada.
3. En tal sentido, atendiendo lo solicitado por la parte demandante, de
conformidad con lo establecido por el inciso 1) del artículo 123º del Código
Procesal Civil, corresponde declarar ejecutoriada la sentencia de autos;
asimismo, advirtiéndose que la demandada no ha acreditado en autos el
cumplimiento de lo ordenado mediante sentencia, resulta amparable la
solicitud de que se requiera a la entidad demandada cumpla con lo ordenado
en autos; debiendo de informar sobre el cumplimiento de lo ordenado a este
despacho, dentro de plazo perentorio y bajo apercibimiento de ley. Por estas
consideraciones y normatividad invocada;
III. DECISION:
1) Declarar EJECUTORIADA la sentencia signada con resolución número
sesenta y tres, de fecha cinco de mayo del dos mil diecisiete, fojas 772/787,
confirmada por el superior con sentencia de vista del dos de mayo del dos mil
dieciocho, fojas 864/870.
2) Requerir a los demandados Tumimed SRL, Tumimed SAC, Consorcio
Tumimed y Hospital III D.A.C, ESSALUD TACNA, cumplan con lo
ordenado en la sentencia de autos, esto es cumplan en forma solidaria con
pagar al demandante la suma de S/. 31,031.46 (treinta y un mil treinta y uno
con 46/100 nuevos soles). Debiendo de remitir documentación sustentatoria a
este despacho, en el plazo de DIEZ DÌAS y bajo apercibimiento de imponerle
multa en caso de incumplimiento.
Al primer otrosí: Estese a lo resuelto en la presente resolución.
Al segundo otrosí: Téngase presente.
2 Al escrito Nº19193-2018: Que, el Decreto Ley Nº 25920 en su artículo 3º
establece que “El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se
devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el incumplimiento y
hasta el día de su pago efectivo, (…)”, en el caso de autos, la entidad
demandada aún no ha efectuado el pago del adeudo laboral a fin de poder calcular
el interés legal, en tal sentido, sin lugar lo solicitado por el momento.
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EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ARBITRARIO Y
OTROS
DEMANDADO : ESSALUD TACNA Y OTROS
DEMANDANTE : MARIO JORGE ANQUISE FERNANDEZ
SENTENCIA DE VISTA
Resolución N° 76
Tacna, dos de mayo
Del dos mil dieciocho.-
VISTOS:
El proceso Laboral que sigue Mario Jorge Anquise Fernández en contra de
Essalud Tacna, Consorcio Tumimed, Tumimed SAC, Tumimed SRLTDA,
sobre Indemnización por despido arbitrario y el pago de beneficios sociales. Sin
informe oral. Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Ayca
Gallegos.-
Objeto del recurso.- Es materia de examen por el Colegiado, la sentencia
contenida en la Resolución número sesenta y tres, de fecha cinco de mayo del
año dos mil diecisiete, de folios setecientos setenta y dos a setecientos ochenta
y siete, mediante la cual se resuelve: Declarar Fundada en Parte la demanda
de fojas treinta y siete a cuarenta y siete, interpuesto por Mario Jorge Anquise
Fernández, en contra de Tumimed SRL, Tumimed SAC, Consorcio Tumimed y
Hospital III D.A.C, ESSALUD TACNA, sobre Indemnización por Despido
Arbitrario y Cobro de Beneficios Sociales; en consecuencia, se dispone que los
demandados cumplan en forma solidaria con pagar al demandante la suma de
S/. 31,031.46 (treinta y un mil treinta y uno con 46/100 nuevos soles), por los
siguientes conceptos: Gratificaciones Legales la suma de S/. 6,339.62,
compensación por tiempo de servicios la suma de S/. 4,618.01, vacaciones la
suma de S/. 7,961.86 e indemnización especial por despido arbitrario la suma
de S/. 12,111.97; más los intereses legales laborales que se calcularán en
ejecución de sentencia; con costos y costas.-
Pretensión Impugnatoria y Expresión de Agravios de la Procuraduría
Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Mediante escrito que obra de folios setecientos noventa y tres a setecientos
noventa y cinco, el Procurador Público Adjunto a cargo de los asuntos
judiciales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, interpone recurso
1 impugnatorio de apelación en contra de la sentencia contenida en autos con el
propósito de que sea declarada nula y se ordene excluir del proceso al
Ministerio de Transportes y Promoción del Empleo, por cuanto ESSALUD tiene
personería jurídica de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 del
Reglamento de Organización y Funciones de ESSALUD.-
Pretensión Impugnatoria del Ministerio de y Expresión de Agravios de la
demandada (folio 793/795, 809/816).
Mediante escrito que obra de folios ochocientos nueve a ochocientos dieciséis,
ESSALUD, interpone recurso de apelación señalando lo siguiente: i) Que, el
actor no ha sido despedido en forma arbitraria, el demandante dejó de laborar
para la empresa codemandada porque su contrato se venció, extinguiéndose
así el vínculo laboral. ii) El demandante tenía pleno conocimiento que el cargo
al que accedía era de naturaleza temporal con fecha de inicio y término, y que
estaría supeditado al contrato que tiene TUMIMED con Essalud, el cual terminó
también en diciembre del 2009. Posteriormente el 09 de marzo del 2010 se
suscribe otro contrato con Consorcio TUMIMED, el que abarca periodos desde
el 08 de enero del 2010 hasta el 09 de enero del 2011, en el que ya no aparece
como trabajador el demandante.-
FUNDAMENTOS.
Marco Normativo:
1. Código Civil artículo 1183 señala: “La solidaridad no se presume. Solo la ley
o el título de la obligación la establecen forma expresa”.-
2. Ley N° 27626 artículo 25° establece: “En caso de que la fianza otorgada por
las entidades resulte insuficiente para el pago de los derechos laborales
adeudados a los trabajadores destacados a las empresas usuarias, éstas serán
solidariamente responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de
servicios laborado en la empresa usuaria”.-
3. Decreto Supremo Nª 003-2002-TR, artículo 26º prescribe: “La empresa
usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca
trabajadores por los derechos laborales, de origen legal o colectivo, de éstos
que no están cubiertos por la fianza”.-
Antecedentes:
4. El demandante, solicita el pago de la indemnización por despido arbitrario,
compensación por tiempo de servicios, gratificaciones legales y truncas, y
vacaciones legales y truncas. Habiendo ingresado a laborar para TUMIMED
SAC desde el 15 de agosto del 2002 hasta el 13 de febrero del 2010, en el
cargo de técnico de mantenimiento.-
2 5. Essalud Tacna, contesta la demanda (folio 89/96) señalando que la Red
Asistencial de Tacna, programó la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo de equipamiento biomédico electromecánico e instalaciones
estratégicas con residencia en el Hospital III Daniel Alcides Carrión y visitas
itinerantes a los demás centros de la Red Asistencial Tacna (cono sur, cono
norte, Tarata, Policlínico, metropolitano). Es cierto que el demandante ha sido
contratado por las empresas codemandadas Tumimed SRL, Tumimed SAC y
consorcio Tumimed, pero ello ha sido en diversos periodos y bajo modalidades
distintas; habiendo sido estas empresas codemandadas declaradas rebeldes
mediante la resolución número ocho (folio 122), por no contestar la demanda
dentro del plazo legal.-
6. Mediante la Resolución Nº 08 de fecha 13 de abril del 2011 (folio 122) se
resuelve declarar rebelde a las demandadas TUMIMED SRL, TUMIMED SAC Y
CONSORCIO TUMIMED, al no haber contestado la demanda pese al tiempo
transcurrido.-
7. El Procurador Público a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo por Essalud, contesta la demanda (folio
648/653), proponiendo la excepción de falta de legitimidad para obrar del
demandado. Además, indica que no cuenta con los antecedentes de la
pretensión formulada, siendo así, se acoge a los alcances de la contestación
de ESSALUD para que oportunamente se declare Infundada la demanda
interpuesta.-
8. La sentencia de primer grado (folio 772/787) Declara Fundada en Parte la
demanda de fojas treinta y siete a cuarenta y siete, interpuesta por Mario Jorge
Anquise Fernández, en contra de TUMIMED SRLTDA, TUMIMED SAC, Y
CONSORCIO TUMIMED y Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD
TACNA, sobre indemnización por despido arbitrario y cobro de beneficios
sociales, disponiendo que los demandados cumplan en forma solidaria con
pagar al demandante la suma de S/. 31,031.46 (TREINTA Y UN MIL TREINTA
Y UNO CON 46/100 NUEVOS SOLES), por los siguientes conceptos:
Gratificaciones legales la suma de S/. 6,339.62, compensación por tiempo de
servicios la suma de S/. 4,618.01, vacaciones la suma de S/. 7,961.86 e
indemnización especial por despido arbitrario la suma de S/. 12,111.97; más
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia;
costos y costas.-
Análisis del Caso:
9. Para los efectos de absolver el grado, se debe tener en consideración que la
parte apelante ha sido la codemandada ESSALUD, más no los demás
3 codemandados TUMIMED SRLTDA, TUMIMED SAC y Consorcio TUMIMED.
En ese sentido, para estos hechos, se ha pronunciado el Tribunal
Constitucional con fecha 30 de setiembre del 2009, recaído en el Expediente
N° 05901-2008-PA/TC, en su fundamento 3, lo siguiente: “Al respecto conviene
subrayar que la casación no es ajena a la vinculación exigida por el Principio
Tantum Apellatum Quantum Devolutum, que implica que al resolverse la
impugnación ésta sólo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o
agravios invocados por el impugnante en el referido recurso extraordinario. Así,
la Corte de Casación no tiene más facultades de revisión que aquellas que han
sido objeto del recurso; y más aún, no puede entrar en el examen de las
cuestiones consentidas por las partes o que no han sido cuestionadas porque
éstas han quedado ejecutoriadas, salvo que el vicio sea de tanta trascendencia
que vulnere el orden público y las buenas costumbres o que exista una
manifiesta vulneración de derechos fundamentales cuyo cumplimiento no fue
advertido por el recurrente”. Siendo así, se debe tener en cuenta que al no
haber apelado las codemandadas TUMIMED SRL, TUMIMED SAC y Consorcio
TUMIMED sobre la estimación de la compensación por tiempo de servicios por
S/. 4,618.01, por vacaciones S/. 7,961.86, gratificaciones S/. 6,339.62 y
indemnización por despido arbitrario S/. 12,111.97; estos derechos laborales
tienen el carácter de cosa juzgada; por lo que no cabe desarrollar ni
pronunciarnos sobre dichos conceptos estimados al haber quedado
consentidos. Solamente cabría centrarnos en la codemandada ESSALUD,
quien fue la única apelante de la recurrida en torno al tema de la
responsabilidad solidaria, pues, no ha especificado los errores de hecho y de
derecho de los beneficios sociales ordenados pagar.-
10. Así tenemos que, el Artículo 25° de la Ley N° 27626 - Ley que r egula la
actividad de las empresas especiales de servicios y de las cooperativas
de trabajadores, ha previsto lo relacionado a la responsabilidad solidaria,
señalando: “En caso de que la fianza otorgada por las entidades resulte
insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados a los
trabajadores destacados a las empresas usuarias, éstas serán solidariamente
responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de servicios laborado en
la empresa usuaria”. Igualmente el Artículo 26 del Reglamento aprobado por
el Decreto Supremo N° 003-2002-TR, Norma que establece disposiciones
para la aplicación de las Leyes Nºs. 27626 y 27696, que regulan la
Actividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas
de Trabajadores.- Alcances de la solidaridad. La empresa usuaria es
solidariamente responsable con la entidad que le destaca trabajadores por los
derechos laborales, de origen legal o colectivo, de éstos que no están cubiertos
por la fianza”. Asimismo, el artículo 1183º del Código Civil establece: “La
solidaridad no se presume, solo la ley o el título de la obligación la establece en
forma expresa”. En el presente caso, tenemos que la responsabilidad solidaria
4 está debidamente regulada por el artículo 25 y 26 de la Ley N° 27626 y el
Decreto Supremo Nº 003-2002-TR respectivamente, al indicar que la empresa
usuaria es solidariamente responsable de los adeudos laborales. En el caso de
autos, la usuaria es ESSALUD Tacna, por tanto, es responsable solidaria de
los derechos laborales con las empresas que le destaca trabajadores como son
TUMIMED SAC, TUMIMED SRLTDA y Consorcio TUMIMED.
Consiguientemente, al haber quedado consentido el pago de la compensación
por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones e indemnización por
despido arbitrario por la suma total de S/. 31,031.46, implica que la
codemandada ESSALUD TACNA es responsable solidaria del pago de dichos
derechos laborales, juntamente con los demás codemandados.-
11. Sin embargo, ESSALUD TACNA, como codemandada arguye en su
recurso de apelación lo siguiente: “Si bien es cierto que ambas normas (se
refiere al artículo 25 de la Ley N° 27626 y artículo 26 del Reglamento) señalan
una responsabilidad solidaria de la empresa usuaria respecto al pago de
adeudos de derechos laborales de los trabajadores destacados, la parte
demandante no advierte que el Reglamento de la Ley 27626 establece en su
Primera Disposición Final y Transitoria que los organismos públicos se rigen
específicamente por las normas especiales de presupuesto y las de
contrataciones y adquisiciones del estado, por lo que no resultan aplicables las
disposiciones sobre fianza y solidaridad”. Al respecto, debemos considerar que
la subcontratación de mano de obra es denominada “intermediación laboral”
por nuestro ordenamiento, consistiendo en el destaque de personal de una
empresa de intermediación o cooperativa de trabajadores debidamente
autorizada, para prestar servicios temporales, complementarios o altamente
especializados de la empresa usuaria o cliente. La intermediación laboral se
encuentra regulada en la Ley N° 27626 y su Reglamento, el Decreto Supremo
N° 003-2002-TR. La Ley acotada prevé un supuesto de responsabilidad
solidaria entre la empresa usuaria y la entidad que presta servicios de
intermediación laboral. Así, la Ley señala que si la fianza otorgada por la
entidad resulta insuficiente para el pago de los derechos laborales adeudados a
los trabajadores destacados a la empresa usuaria, éstas serán solidariamente
responsables del pago de tales adeudos por el tiempo de servicios laborado en
la empresa usuaria. En otras palabras, la empresa usuaria es solidariamente
responsable con la entidad que le destaca trabajadores por los derechos
laborales, de origen legal o colectivo, de éstos que no están cubiertos por la
fianza. El laboralista Cesar Puntriano Rosas, nos dice “que existe una absurda
exclusión de los organismos públicos de la responsabilidad solidaria. La
exclusión es ilegal, pues el reglamento va más allá de lo establecido por la ley,
pues la misma no hace distinciones respecto a la condición de entidad pública
o privada de la empresa usuaria, y además porque dicha exclusión carece de
sustento objetivo, siendo por ende discriminatorio. Esta exclusión resulta
5 irrazonable pues se trata al fin y al cabo de derechos laborales originados en
fuentes distintas”. En tal sentido, tenemos que la Ley no distingue entre una
entidad pública o privada de la empresa principal (usuaria) siendo
discriminatoria que se excluya a los organismos públicos; además que, los
derechos laborales que se derivan de la relación laboral son irrenunciables
(Artículo 26º literal b de la Constitución Política del Estado), más aún que el
Código Civil, establece el carácter expreso de la solidaridad, y en el caso de
autos está expresamente regulado en la Ley N° 27626 y en el Reglamento. Por
consiguiente, se desestima los agravios vertidos por la demandada.-
12. Respecto a los agravios vertidos por la Procuraduría Pública del Ministerio
de Trabajo y Promoción del Empleo, de que no se ha emitido pronunciamiento
expreso respecto a la participación del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo, por cuanto ESSALUD es una entidad autónoma y es a quien
directamente se debe solicitar el cumplimiento de la sentencia; al respecto
debemos señalar que mediante resolución número cincuenta y seis, emitida en
la Audiencia Complementaria con fecha veinticinco de noviembre del dos mil
catorce, se dispuso declarar Infundada la Excepción de Falta de Legitimidad
para Obrar del demandado deducida por éste Ministerio, resolución que por
cierto no fue impugnada por ésta parte, en ella se estableció que “(…)
ESSALUD es un organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y aunque se
establezca que tiene personería jurídica y pueda ejercer su propia defensa, no
existe mayor interpretación que la establecida por nuestra Constitución Política
del Estado en su artículo 471 (…)”; por lo que habiéndose establecido su
participación en el presente proceso vía excepción, los argumentos esgrimidos
devienen en inamparables. Siendo así, el Juez de la causa, se ha pronunciado
conforme a ley, razón por la cual debe confirmarse en todos sus extremos la
sentencia venida en grado.-
Por tanto, al amparo de las normas acotadas y en mérito de las
consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 42 del Texto Único
Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
CONFIRMARON la sentencia contenida en la Resolución número sesenta y
tres, de fecha cinco de mayo del año dos mil diecisiete, de folios setecientos
setenta y dos a setecientos ochenta y siete, mediante la cual se resuelve:
Declarar Fundada en Parte la demanda de fojas treinta y siete a cuarenta y
siete, interpuesto por Mario Jorge Anquise Fernández, en contra de Tumimed
SRL, Tumimed SAC, Consorcio Tumimed y Hospital III D.A.C, ESSALUD
TACNA, sobre Indemnización por Despido Arbitrario y Cobro de Beneficios
Sociales; en consecuencia, se dispone que los demandados cumplan en forma
1
Artículo 47 de la Constitución Política del Perú: “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de
los Procuradores Públicos conforme a ley. El Estado está exonerado del pago de gastos judiciales.”
6 solidaria con pagar al demandante la suma de S/. 31,031.46 (treinta y un mil
treinta y uno con 46/100 nuevos soles), por los siguientes conceptos:
Gratificaciones Legales la suma de S/. 6,339.62, compensación por tiempo de
servicios la suma de S/. 4,618.01, vacaciones la suma de S/. 7,961.86 e
indemnización especial por despido arbitrario la suma de S/. 12,111.97; más
los intereses legales laborales que se calcularán en ejecución de sentencia;
con costos y costas. Y los devolvieron. Tómese Razón y Hágase Saber.-
S.S.
GORDILLO COSSIO
TELLERIA VEGA
AYCA GALLEGOS
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Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE TACNA
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 1°)
EXPEDIENTE : 01106-2010-0-2301-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : LUIS ESCALANTE MEDINA
ESPECIALISTA: GORDILLO BEDOYA, SHIRLEY MABEL
EMPLAZADO : PROCURADOR PUBLICO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DEL EMPLEO,
DEMANDADO: ESSALUD TACNA ,
CONSORCIO TUMIMED ,
TUMIMED SAC ,
TUMIMED SRL ,
DEMANDANTE : ANQUISE FERNANDEZ, MARIO JORGE
S E N T E N C I A
Resolución N°: 63
Tacna, cinco de mayo
Del año dos mil diecisiete.
VISTOS:
La demanda interpuesta por MARIO JORGE ANQUISE FERNÁNDEZ, en contra de: a)
Tumimed SRLTDA; b) Tumimed SAC; c) Consorcio Tumimed constituida por Tumimed
SRLTDA y Tumimed SAC; y d) Hospital III Daniel Alcides Carrión – ESSALUD –
TACNA como responsable solidario; sobre Indemnización por Despido Arbitrario y
Cobro de Beneficios Sociales; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Demanda
1. A fojas 37 a 47 corre la demanda de Indemnización por Despido Arbitrario y Cobro
de Beneficios Sociales, interpuesta por Mario Jorge Anquise Fernández, en contra de:
a) Tumimed SRLTDA; b) Tumimed SAC; c) Consorcio Tumimed constituida por
Tumimed SRLTDA y Tumimed SAC; y d) Hospital III Daniel Alcides Carrión –
ESSALUD – TACNA como responsable solidario, a fin de que cumplan con el pago de:
S/. 38,497.54 por los conceptos de a) Compensación por Tiempo de Servicios, por el
monto de S/. 8,982.64; b) Vacaciones Legales y Truncas, por el monto de S/.
5,816.00; c) Gratificaciones Legales, la suma de S/. 8,636.00; y d) Indemnización por
Despido Arbitrario, la suma de S/. 15,062.90; todo ello fundamentado en que trabajó
durante 7 años, 4 meses y 28 días, como Técnico Biomédico Nivel B, habiendo sido
contratado primeramente por la demandada Tumimed SRL, para realizar
específicamente el mantenimiento y verificación de los equipos, labor que venia
ejerciendo en el Área de Mantenimiento de Equipos Biomédicos y Electromecánicos
del Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD –Tacna. Asimismo manifiesta que de
las boletas de pago, así como de los recibos por honorarios esta demostrando la continuidad laboral a favor de las empresas Tumimed SRLTDA y Tumimed SAC
conforme a las boletas de pago que presenta. Inició su relación laboral el 16 de agosto
del 2002 ingresando en planilla de la empresa Tumimed S.R.L.; el contrato vencía el
15 de agosto del 2003, pero continuó laborando, por lo que al no haberle renovado el
contrato y estando aún laborando se habría desnaturalizado deviniendo en
indeterminado. Posteriormente a partir del año 2004 hasta el 30 de setiembre del 2004
las boletas de pago eran emitidas por Tumimed SAC. Luego, desde noviembre del
2004 hasta octubre del 2006, para que ya no figurara en planilla le piden emita recibos
por honorarios a nombre de Tumimed SRL, por el concepto de servicio de
mantenimiento de equipos biomédicos y electromecánicos del Hospital III Daniel
Alcides Carrión Essalud – Tacna. Finalmente es reingresado a planillas, desde el año
2007 hasta el 13 de febrero del 2010, fecha en que de manera arbitraria es despedido.
Sin embargo, durante el período que estuvo contratado por honorarios, no se le pagó
gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones. La demandada
Hospital III Daniel Alcides Carrión ESSALUD TACNA es responsable solidario
conforme al artículo 25 de la Ley N° 27626 y artículo 26 del Decreto Supremo N° 003-
2002-TR.
SEGUNDO: Admisión y Contestación de la Demanda
2. Que mediante Resolución Numero 01 obrante a fojas 48 a 49 se resuelve tener por
inadmisible la demanda interpuesta por Mario Jorge Anquise Fernández, a quien se le
concedió el plazo de dos días para subsanar la observación, por no haber adjuntado
las tasas judiciales correspondiente a su pretensión, lo cual es subsanado. En mérito a
ello a fojas 58 corre la Resolución Nro. 02 teniendo por admitida la demanda en la vía
de proceso ordinario laboral.
3. Asimismo a fojas 89 y siguientes se apersona la demandada, Red Asistencial Tacna
– Essalud y contesta la demanda negándola y contradiciéndola en todos sus extremos,
manifestando que la Red Asistencial Tacna, programó la contratación del servicio de
mantenimiento preventivo de equipamiento Biomédico Electromecánico e instalaciones
estratégicas con residencia en el Hospital III Daniel Alcides Carrión, la misma que fue
autorizada por la Unidad de Ingeniería Hospitalaria y Servicios de la Red; que desde el
año 2002, les viene brindando el servicio de mantenimiento, la empresa Tumimed
SRL, Tumimed SAC y/o Consorcio Tumimed. Esta forma de servicio consiste en que el
contratista ejecuta las labores de mantenimiento preventivo del equipamiento e
instalaciones en los centros asistenciales de la Red Tacna, asumiendo las actividades
contratadas por su cuenta y riesgo, contando con sus propios recursos financieros,
técnicos, equipamientos, instrumentos y sus trabajadores estarán bajo su exclusiva
subordinación. También manifiesta que el contratista es responsable directo del
personal destacado para la prestación del servicio contratado, no existiendo ningún
vinculo laboral de dependencia laboral con Essalud, de modo tal que el contratista en
este caso Tumimed es responsable del pago de las remuneraciones de su personal
destacado, así como de beneficios sociales, seguro social, indemnización por tiempo
de servicios y demás. Agrega que sus codemandados (Tumimed SRL, Tumimed SAC
y Consorcio Tumimed), han cumplido cada uno con los pagos de Beneficios Sociales
en su oportunidad a todos sus trabajadores, entre ellos al demandante. También
manifiesta que no correspondería el pago de indemnización por despido arbitrario,
puesto que este no ha sido despedido en forma arbitraria, sino que dejó de laborar para su codemandado por vencimiento de contrato, extinguiéndose así el vinculo
laboral, ya que su cargo era de naturaleza temporal, es decir sujeto a plazo
determinado, con fecha de inicio y término y que estaría supeditado al contrato que
tiene Tumimed con Essalud, el cual terminó también en diciembre del 2009.
Posteriormente, el 09 de marzo del 2010 se suscribe otro contrato con Consorcio
Tumimed, el que abarca periodos desde el 08 de enero del 2010 hasta el 09 enero
2011; en el que ya no aparece como trabajador el señor Mario jorge Anquise
Fernández. Sobre los extremos de la demanda, señala que es cierto que el
demandante fue contratado como Técnico Biomédico Nivel B por la empresa Tumimed
S/R.L. del 16 de agosto de 2002 al 15 de agosto 2003, pero no acredita haber
continuado laborando. En relación a la empresa Tumimed SAC niega los extremos
demandados. Enseguida agrega que es cierto que el demandante haya laborado para
Tumimed SRLTDA, Tumimed SAC y Consorcio Tumimed, en diversos períodos y
modalidades distintas (con contrato de trabajo y recibos por honorarios), pero que no
está claro qué períodos se le adeuda. Sobre la fecha de cese, manifiesta que trabajó
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2009 y luego ya no se le permitió ingresar a
trabajar por haber vencido su contrato. Sobre la responsabilidad solidaria señala que
en parte es cierto, pero el demandante tendrá que demostrar que se le debe el monto
exigido y como niega los montos demandados, presenta boletas de pago y cartas
dirigidas al Banco Continental de depósito de compensación por tiempo de servicios.
Finalmente, sobre la conciliación solicitada a la Autoridad Administrativa de Trabajo,
señala que no prosperó no por interés de la empresa Tumimed, sino por inasistencia
del demandante, según fluye de documentación alcanzada por el señor Freddy
Herrera Ramírez. De otro lado, formula Excepción de Oscuridad o ambigüedad en el
Modo de proponer la Demanda.
4. Al no haber contestado la acción las demandadas Tumimed SRLTDA, Tumimed
SAC y Consorcio Tumimed, mediante Resolución N° 08 son declaradas rebeldes. Sin
embargo, mediante Escrito de fecha 04 de mayo 2001 corriente a fojas 165-166, la
demandada Tumimed S.A.C. se apersona al proceso manifestando que el
demandante laboró para ella del 01 de enero al 30 de septiembre 2004, período del
cual se pagó los beneficios sociales; del período 18 de julio 2007 al 17 de noviembre
2009 se negó a aceptar el pago de beneficios sociales; y del período 18 de noviembre
al 31 de diciembre 2009 se negó a aceptar la Liquidación de beneficios sociales. Del
mismo modo, la demandada Tumimed S.R.L. a fojas 208-210 se apersona al proceso
mediante el Escrito de fecha 10 de mayo 2011, reconociendo que el demandante
laboró para ella del 16 de agosto 2002 al 31 de diciembre de 2003, período del cual se
le liquidó los beneficios sociales y que se le hizo los depósitos de compensación por
tiempo de servicios de los meses de agosto a diciembre 2002, así como del año 2003;
agrega que del 01 de enero 2010 al 13 de febrero 2010 el demandante ingresó a
trabajar, período por el cual se le elaboró la liquidación de beneficios sociales, pero
que no se apersonó a cobrarlos. Sin embargo, mediante Resolución N° 13 se declara
Nulas las Resoluciones 11 y 12 que proveyeron los escritos de apersonamiento, por
no haber purgado rebeldía, lo que fue subsanado y consecuentemente aceptados sus
apersonamientos mediante Resoluciones 14 y 15.
TERCERO: Audiencia Única 5. A fojas 238 a 241 corre la Audiencia Única de Ley, de fecha 05 de julio del 2011, en
la que mediante Resolución N° 16 se declaró Improcedente la Excepción de Oscuridad
o Ambigüedad en el Modo de Proponer la Demanda, en consecuencia se declara
saneado el proceso y la existencia de una relación jurídica procesal valida; no se pude
invitar a las partes a una conciliación por inconcurrencia de unas de las
codemandadas; por lo cual se procedió a la fijación de los puntos controvertidos.-
Primero.- Establecer la existencia, naturaleza y periodo de la relación laboral entre el
demandante y la demandada.- Segundo.- Establecer si le corresponde o no al
demandante el pago de beneficios sociales demandados: compensación por tiempo de
servicios, gratificaciones legales y truncas, vacaciones legales y truncas, así como
intereses legales, e indemnización por despido arbitrario. Tercero.- Establecer si la
demandada ha cumplido con el pago de los beneficios económicos reclamados por el
demandante. Respecto a la Admisión de medios Probatorios Ofrecidos por la parte
Demandante y la Demandada Red Asistencial Tacna procedieron a ser admitidos y
actuados; y en cuanto a las codemandadas Tumimed SRL, Tumimed SAC y Consorcio
Tumimed, habiendo sido declarados rebeldes no se actúa medio probatorio alguno.
CUARTO: Carga De La Prueba
6. Que, conforme al artículo 27 de la Ley Nro. 26636, corresponde a las partes probar
sus afirmaciones y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo laboral,
al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el
contrato individual de trabajo y al empleador la causa del despido; al trabajador probar
la existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera
objeto.
QUINTO: Importancia de la Eficacia de la Prueba
7. Que, en consecuencia la importancia de la eficacia de la prueba, conforme lo
determina el articulo 25° de la ley N° 26636, Ley P rocesal de Trabajo, radica en la
capacidad de las partes legitimadas en un proceso, de producir la prueba necesaria
que pueda formar convicción del juzgador sobre la existencia o la inexistencia de los
hechos que serán objeto de probanza, así, en su contenido se incluye la posibilidad de
su ofrecimiento, su admisión, su actuación, su producción, su conservación y su
valoración.
SEXTO: Tiempo de Servicios, Vínculo Laboral y Cuestiones Controvertidas
8. El demandante refiere que laboró desde el 16 de agosto del 2002 hasta 13 de
febrero del 2010. La demandada Red Asistencial Tacna, admite que el demandante
laboró para Tumimed SRL del 16 Agosto 2002 – 15 agosto 2003 y hacia delante no
precisa, pero afirma que cesó el 31 de diciembre 2009. Las codemandadas Tumimed
SRL y Tumimed SAC por su parte han admitido los siguientes períodos:
Tumimed SRL Tumimed SAC
16 agosto 2002 – 31 diciembre 2003
01 enero 2004 – 30 septiembre 2004 18 julio 2007 – 31 diciembre 2009
01 enero 2010 – 13 febrero 2010.
9. Del cuadro precedente, se aprecia que hay conformidad con el demandante sobre
la fecha de inicio y fecha de cese, quedando así establecido que inició sus labores el
16 de agoto de 2002 y cesó el 13 de febrero de 2010. Quedando por determinar si
trabajó para ambas empresas como si fueran una sola o para cada una de manera
independiente; así como el período no reconocido por ninguna de las empresas entre
01 de octubre de 2004 al 17 de julio de 2007; posteriormente, si se produjo un despido
el 13 de febrero de 2010; y si existe responsabilidad solidaria entre las demandadas.
a) Período No Reconocido
10. De un lado, se aprecia un reconocimiento parcial del período total de servicios
demandado, quedando por determinar la existencia de un vínculo contractual laboral
entre 01 de octubre de 2004 al 17 de julio de 2007. Al respecto es de tomarse en
cuenta que el demandante ha señalado que de noviembre 2004 a octubre de 2006
trabajó para Tumimed S.R.L. por locación de servicios emitiendo recibos por
honorarios. Sobre este período se tiene los siguientes medios probatorios:
(cid:1) Constancia de Trabajo de 09 de febrero 2005, emitida por Tumimed S.R.L. que
señala el demandante se encuentra trabajando en el área de mantenimiento de
equipos biomédicos y electromagnéticos del Hospital III D.A.C. ESSALUD
TACNA (fojas 7 y 134).
(cid:1) Programa de Mantenimiento Preventivo del mes de abril 2005, en la que
aparece el demandante como Técnico Responsable en el Hospital III D.A.C.
ESSALUD TACNA (fojas 8).
(cid:1) Memo N° 017-TUMIMED-MANTTO-2006 de fecha 01 de junio 2006, emitido
por Tumimed SAC, al demandante disponiendo que trabaje el día 04 de junio
2006 (día de elecciones) (fojas 9).
(cid:1) Programa de Mantenimiento Preventivo del mes de noviembre 2005, en la que
aparece el demandante como Técnico Responsable en el Hospital III D.A.C.
ESSALUD TACNA (fojas 10).
(cid:1) Memo N° 017-CONSORIO TUMIMED-MANTTO-2007 de fecha 08 de marzo
2007, emitido por Tumimed SAC, al demandante disponiendo entrega de
herramientas. (fojas 11).
(cid:1) Constancia de fecha 13 de agosto 2007 emitido por el Médico Hugo Tasayco
Gogin, Jefe de la Unidad de Hemodiálisis, haciendo constar que el demandante
viene laborando en esta Unidad desde Enero 2007 a 13 de agosto 2007(fojas
13 y 135).
(cid:1) Informe de Actuaciones Inspectivas, elaborado en la Orden de Inspección N°
655-2008-SDI-TAC-AID, que en el punto Cuarto de Hechos Constatados afirma
que al momento de la inspección encontró trabajando al demandante y que la
empresa Tumimed SAC no acredita el pago o depósito de compensación por
tiempo de servicios por el período de marzo 2007 a octubre 2008 (fojas 22-23).
(cid:1) Recibos por Honorarios de los meses noviembre y diciembre 2004, enero a
diciembre 2005, enero 2006, agosto 2006 a octubre 2006, todos a favor de la
empresa Tumimed S.R.L (fojas 25-33). (cid:1) Acta de Compromiso suscrita entre el demandante, Tumimed SAC y la Red
Asistencial Tacna, donde expresan que el demandante el día 27 de junio 2007
recibió el memo N° 13 de sanción por incumplimiento, inasistencia,
desobediencia e irresponsabilidad en el trabajo, pero que rehusó firmar.
11. Todas los documentos mencionados evidencias que hubo un vínculo contractual
entre el demandante y las empresas Tumimed SRL y Tumimed SAC; que este vínculo
era de naturaleza laboral, por cuanto corresponden a la misma actividad que
desempeñaba mientras tenía celebrado expresamente un Contrato de Trabajo Sujeto
a Modalidad para Obra Determinada o Servicio Específico de fojas 3-4 por el cual
Tumimed S.R.L contrata al demandante para que trabaje como Técnico Biomédico
Nivel B en la Entidad usuaria (Red Asistencial Tacna), es decir prestaba servicios de
mantenimiento, en las instalaciones de dicha Entidad, tanto en el período contratado
mediante Contrato de Trabajo como por Locación de Servicios. Esto es, realizó las
mismas labores de mantenimiento de equipos biomédicos en la Entidad Usuaria que
era la Red Asistencial Tacna (Essalud Tacna), al inicio cuando estaba contratado con
vínculo laboral, luego cuando estaba sujeto a emitir recibos por honorarios (locación
de servicios) y después cuando es nuevamente contratado con vínculo laboral.
Evidenciándose así que se produjo una desnaturalización de la modalidad de locación
de servicios, conforme al Principio de Primacía de la Realidad por el cual se tiene que
prima la realidad (trabajo realizado) por encima de la formalidad escrita (recibos por
honorarios); teniéndose así que durante este período hubo una relación de naturaleza
laboral; con lo cual se determina que hubo continuidad durante todo el tiempo de
servicios demandado, es decir del 16 de agoto de 2002 al 13 de febrero de 2010.
b) Empleador y Grupo de Empresas
12. Un segundo aspecto a determinar es el empleador con responsabilidad en los
adeudos laborales que demanda el accionante. Según el Cuadro precedente las
empresas Tumimed SRL y Tumimed SAC han actuado como empleador del
demandante en forma alternada. De otro lado, el demandante ha venido haciendo la
misma labor para ambas empresas, por cuanto ambas tienen el mismo objeto
(prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos y
electromecánicos); ambas empresas han prestado Servicios Complementarios a la
Red Asistencial Tacna que viene a ser la Entidad Usuaria; incluso ambas empresas
han formado un Consorcio para prestarle servicios a dicha entidad usuaria; el
demandante ha prestado servicios de manera continua como un trabajador destacado
de las Demandadas en la Entidad Usuaria. En suma, han adoptado un
comportamiento común de empleador.
13. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que las empresas Tumimed SRL y Tumimed
SAC han actuado de manera conjunta y continua ante la Entidad Usuaria, de manera
alternada y como consorcio. Así tenemos los Contratos celebrados con ésta que
corren a fojas 320 a 342 y el último que corre a fojas 73 a 75:
(cid:1) Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 13 de febrero 2004,
por el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata a la empresa Tumimed S.R.L para la prestación de servicios de mantenimiento de
los equipos biomédicos.
(cid:1) Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 12 de marzo 2004, por
el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata a la
empresa Tumimed S.R.L para la prestación de servicios de mantenimiento de
los equipos biomédicos.
(cid:1) Addenda al Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 05 de septiembre
2005, por el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social
contrata a la empresa Tumimed SRL, ampliando el plazo de prestación de
servicios de mantenimiento de los equipos biomédicos.
(cid:1) Addenda al Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 10 de enero 2006, por
el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata a la
empresa Tumimed SRL, ampliando el plazo de prestación de servicios de
mantenimiento de los equipos biomédicos en los centros asistenciales de la
Entidad Usuaria.
(cid:1) Addenda al Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 29 de diciembre 2006,
por el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata al
Consorcio Tumimed constituido por Tumimed SRL y Tumimed SAC, ampliando
el plazo de prestación de servicios de mantenimiento de los equipos
biomédicos en los centros asistenciales de la Entidad Usuaria.
(cid:1) Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 01 de marzo 2007, por
el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata al
Consorcio Tumimed constituido por Tumimed SRL y Tumimed SAC para la
prestación de servicios de mantenimiento de los equipos biomédicos en los
centros asistenciales de la Entidad Usuaria.
(cid:1) Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 15 de septiembre
2008, por el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social
contrata al Consorcio Tumimed constituido por Tumimed SRL y Tumimed SAC,
para la prestación de servicios de mantenimiento de los equipos biomédicos en
los centros asistenciales de la Entidad Usuaria.
(cid:1) Addenda al Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas, de fecha 09 de junio 2008, por
el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata a la
empresa Tumimed SRL, ampliando el plazo de prestación de servicios de
mantenimiento de los equipos biomédicos en los centros asistenciales de la
Entidad Usuaria.
(cid:1) Contrato Complementario de Servicio de Mantenimiento de Equipos
Biomédicos Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas de fecha 12 de
octubre 2009, por el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro
Social contrata al Consorcio Tumimed constituido por Tumimed SRL y
Tumimed SAC, ampliando el plazo de prestación de servicios de mantenimiento de los equipos biomédicos en los centros asistenciales de la
Entidad Usuaria.
(cid:1) Contrato de Servicio de Mantenimiento de Equipos Biomédicos, eléctricos y
Electromecánicos e Instalaciones Estratégicas de fecha 09 de marzo 2010, por
el cual la Gerencia Departamental de Tacna del Seguro Social contrata al
Consorcio Tumimed constituido por Tumimed SRL y Tumimed SAC, ampliando
el plazo de prestación de servicios de mantenimiento de los equipos
biomédicos en los centros asistenciales de la Entidad Usuaria.
14. De ello deriva además que en todos los Contratos suscribe el mismo representante
legal, el señor MIGUEL LEIVA CORNEJO, como representante legal de Tumimed
SRL, representante legal de Tumimed SAC y del Consorcio Tumimed como
representante legal común; que el domicilio de ambas empresas es el mismo: Jirón
Bartolomé Herrera N° 175, Lince – Lima señalado también en todos los Contratos; que
el mismo PABLO MIGUEL LEIVA CORNEJO sale a juicio como apoderado de manera
separada (fojas 165 y 208) y de manera conjunta o por ambas empresas al mismo
tiempo (fojas 343).
15. Dados los hechos presentados, se aprecia que las dos demandadas comparten
personal (el demandante) y domicilio; realizan la misma actividad y prestan servicios
complementarios a una misma Entidad Usuaria, a donde destacan al demandante.
Situación que el Juzgado no puede desconocer, ocurriendo lo que en la doctrina y
jurisprudencia se conoce como Grupos de Empresas. La concentración empresarial es
un fenómeno de raíz económica y con consecuencias jurídicas, mediante el cual dos o
más empresas integran sus recursos (económicos, humanos, etc) a efectos de
conseguir un beneficio común, diferente al interés empresarial. Admite una doble
clasificación: con pérdida de personalidad jurídica de las empresas participantes y sin
pérdida de ella; en el primer caso, estamos ante las fusiones y, en el segundo
supuesto, antes las uniones de empresas. En esta últimas, cabe establecer relaciones
de coordinación (cártel, pool aeronáutico, consorcio, asociación en participación, etc) o
relaciones de subordinación (grupos de empresas).
16. El grupo de empresas es un fenómeno derivado de la concentración empresarial,
de naturaleza multiarticulada, constituido por dos o más empresas jurídicamente
autónomas en el cual existe una dirección unificada destinada a la satisfacción grupal,
y para lo cual se establecen relaciones de dominación-dependencia, las que importan
el control ejercido por uno o varios sujetos dominantes (pudiendo ser algunas de las
empresas) sobre la empresa o empresas dominadas. Sus características son:
autonomía jurídica (pluralidad de empresas independientes, cada una sigue siendo un
sujeto de derecho individualizado), relación de dominación-dependencia (dominación
intensa y duradera ejercida por un sujeto sobre una empresa general para el primero
control y para el segundo dependencia) y dirección unificada (capacidad del sujeto
dominante para imponer sus decisiones a la empresa, rigiéndose por el interés grupal).
El grupo de empresas será de derecho, cuando lo une un contrato de dominación
grupal y será de hecho cuando no se ha celebrado un contrato o ha devenido nulo1.
1
Echaíz Moreno, Daniel “Los grupos de empresas en el Perú. Análisis y propuestas para una
legislación integral”, en Revista Gaceta Jurídica, Tomo 82-B, septiembre 2000. Se singulariza porque no han sido abordados legislativamente de manera integral, aún
cuando su regulación jurídica es necesaria, encontrándose de alguna forma regulada
en la Ley de la Actividad Empresarial del Estado, Ley N° 24948 que se refiere a los
conjuntos empresariales de la actividad no financiera del Estado; la Ley de Protección
del Consumidor, Decreto Legislativo N° 716, que refiriéndose a los proveedores, llama
a la reunión de distribuidores, comerciantes, productores, fabricantes, importadores,
prestadores y demás, los cuales tienen responsabilidad; como también de modo
especifico por el actual Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la
Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del
Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, aprobado por el Decreto Supremo Nº 007-
2008-TR, que en su artículo 40 excluye de sus beneficios a los grupos económicos por
tener vinculación económica.
17. En el presente caso se presenta una vinculación entre empresas, que como se
señaló antes han conformado un grupo de empresas, las cuales tienen una vinculación
económica según lo señalado en el párrafo anterior. Es por ello que su responsabilidad
es solidaria frente al pago de los beneficios sociales de los trabajadores. De manera
que ambas resultan responsables solidarios de los adeudos que resulten del presente
proceso a favor del demandante.
SEPTIMO: Responsabilidad Solidaria de la Red Asistencial Tacna
18. El artículo 1172 del Código Civil establece que si son varios los acreedores o
los deudores de una prestación divisible y la obligación no es solidaria, cada uno de
los acreedores sólo puede pedir la satisfacción de la parte del crédito que le
corresponde, en tanto que cada uno de los deudores únicamente se encuentra
obligado a pagar su parte de la deuda.
19. El artículo 1183 del Código Civil establece el carácter expreso de la solidaridad.
La solidaridad no se presume. Sólo la ley o el título de la obligación la establecen en
forma expresa.
20. El artículo 25 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR .- Ejecución de la carta
fianza a nombre del Ministerio, establece que La carta fianza es ejecutada por el
Procurador Público del Ministerio, a solicitud de parte, previa presentación de la
resolución judicial consentida o de última instancia, que ordene el pago de suma
líquida. El resultado de la ejecución se consigna a favor del trabajador, de acuerdo a
las normas de la materia. En caso de ejecución parcial de la carta fianza, el saldo se
mantendrá como garantía hasta la fecha de su vencimiento. Si por la concurrencia de
acreencias laborales, el monto de la carta fianza no alcanza cubrir dichos adeudos, el
Ministerio debe tomar en consideración para el pago, la fecha de recepción de la
comunicación de la parte interesada o en su defecto la fecha de expedición de la
sentencia judicial correspondiente.
21. El artículo 26 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR regula los alcances de la
solidaridad y establece que la empresa usuaria es solidariamente responsable con la entidad que le destaca trabajadores por los derechos laborales, de origen legal o
colectivo, de éstos que no están cubiertos por la fianza.
22. Señala el demandante que fue contratado para realizar “específicamente el
mantenimiento y verificación de los equipos estratégicos básicos de áreas críticas,
mantenerlas operativas y en óptimas condiciones, en el área de mantenimiento de
Equipos Biomédicos y Electromecánicos del Hospital III D.A.C. ESSALUD-TACNA;
manifestando que conforme al artículo 25 de la Ley N° 27626 y el artículo 26 de su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 003-2002-TR el Hospital III D.A.C.
ESSALUD-TACNA es responsable solidario.
23. Al respecto Se debe tener en cuenta lo establecido la Sala de Derecho
Constitucional y Social de la Corte Suprema al resolver la Casación Laboral N° 10759-
2014-Lima, en un caso similar, por lo tanto, según los contratos referidos y lo actuado
en el proceso, al haberse beneficiado el usuario Hospital III Daniel Alcides Carrión –
ESSALUD – TACNA, de las labores del demandante, corresponde a los miembros
integrantes del grupo de empresas el pago solidario de los beneficios
sociales que se han generado a favor del trabajador, sin perjuicio de reconocer que
cada una de las empresas tenga una autonomía y personalidad jurídica propia. Esto,
se encuentra justificado en el principio de primacía de la realidad y el carácter tuitivo
del Derecho del Trabajo, comprendiendo esta responsabilidad solidaria por los
derechos laborales del demandante, que no estén cubiertos por la fianza, tal como lo
establece el artículo 26 del Decreto Supremo N° 003-2002-TR.
Por tanto, corresponde determinarse los adeudos laborales en forma solidaria de
cargo de los demandados.
OCTAVO: Conceptos Demandados y Pagos a Cuenta
24. El Demandante solicita: a) el pago de compensación por tiempo de servicios del
01 de junio 2002 al 13 de febrero de 2010; b) pago Vacaciones de los períodos 2004-
2005, 2005-2006 y 2006-2007; c) Pago de gratificaciones legales de los años 2004 a
2007; y d) pago de indemnización especial por despido arbitrario. Respecto de los
cuales el Juzgado enseguida procederá a analizar y determinar la procedencia de lo
demandado.
25. Para ello, previamente es preciso tener en cuenta que de lo actuado en el proceso,
las demandadas acreditan haber pagado parcialmente los conceptos demandados que
a continuación se detalla, los cuales corresponden ser descontados luego de
realizarse el cálculo:
Tumimed SRL Tumimed SAC
Compensación por Tiempo de servicios: Compensación por Tiempo de servicios:
Período 16 agosto 2002 a 31 diciembre 2003= Período 01 enero 2004 a 30 septiembre
S/. 1,212.81 (fojas 189 y 283) 2004= S/. 435.15 (fojas 162 y 246)
Período mayo – octubre 2007= S/. 160.89
(fojas 247)
Período julio - octubre 2007= S/. 161.21
(fojas 251-254) (se repite)
Período noviembre 2007 – abril 2008= S/.
342.43 (fojas 248)
Período mayo - octubre 2008= S/. 356.96 (fojas 249)
Período noviembre 2008 – abril 2009= S/.
379.84 (fojas 250)
Período mayo – octubre 2009= S/. 382.40
(fojas 260-271)
Depósito = S/. 358.06 (foja 274)
Depósito = S/. 344.88 (foja 275)
Compensación por Tiempo de servicios: Compensación por Tiempo de servicios:
Período 16 agosto 2002 a 31 diciembre 2003= Período 01 enero 2004 a 30 septiembre
S/. 1,212.81 (fojas 189 y 283) 2004= S/. 435.15 (fojas 162 y 246)
Período mayo – octubre 2007= S/. 160.89
(fojas 247)
Período julio - octubre 2007= S/. 161.21
(fojas 251-254) (se repite)
Período noviembre 2007 – abril 2008= S/.
342.43 (fojas 248)
Período mayo - octubre 2008= S/. 356.96
(fojas 249)
Período noviembre 2008 – abril 2009= S/.
379.84 (fojas 250)
Período mayo – octubre 2009= S/. 382.40
(fojas 260-271)
Depósito = S/. 358.06 (foja 274)
Depósito = S/. 344.88 (foja 275)
Vacaciones: Vacaciones:
Período 16 agosto 2002 a 31 diciembre 2003= Período 01 enero 2004 a 30 septiembre
S/. 241.92 (fojas 189 y 283) 2004 = S/. 502.22 (fojas 162 y 246)
Gratificaciones:
Período 01 enero 2004 a 30 septiembre 2004
= S/. 334.82 (fojas 162 y 246)
NOVENO: Remuneración Mensual
26. De acuerdo a los documentos obrantes en autos, las remuneraciones mensuales
del demandante han sido las siguientes:
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 680 1300 1300
Febrero 680 1300
Marzo 680 1300
Abril 680 1300
Mayo 680 1300
Junio 680 1300
Julio 680 650 248.39
Agosto 680 680 650 1355
Septiembre 680 726 650 1355
Octubre 680 1300 650 1355 885
Noviembre 680 1300 650
Diciembre 726 1300 1155
27. Apreciándose una falta de información de los pagos efectuados por las
demandadas, por lo que mediante Resolución N° 31 de fecha 13 de julio de 2012 se
les requirió la presentación de las boletas de pago y/o planillas de remuneraciones, bajo apercibimiento de resolverse con la información obrante en autos |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01388-2010-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDWIN MIGUEL
DEMANDADO : TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA EX EMPLEADORA
GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SA ,
DEMANDANTE : FLORES SOSA, JOSE IGNACIO
Resolución Nro. CINCUENTA Y NUEVE
Chimbote, ocho de febrero
Del dos mil dieciocho.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha por las recargadas labores del Juzgado;
Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución treinta y ocho (sentencia) de fecha veintiséis de
diciembre del dos mil catorce, se resuelve fijar el monto de S/. 3,909.83 soles por
concepto de capital a favor del demandante, siendo confirmada por la segunda sala civil.
Asimismo, en resolución numero cuarenta y nueve, se aprueba la liquidación de
intereses por el monto de S/. 2,088.20 soles, siendo confirmada por la segunda sala
civil.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 17/11/2017, la parte demandante, presenta su
propuesta de costos del proceso en la suma de S/. 1,000.00 (MIL CON 00/100 SOLES)
y habiéndose corrido traslado a la parte demandada mediante resolución número
cincuenta y seis, habiendo observado la demandada la propuesta de costos, corriendo
traslado a la demandante y habiendo absuelto el traslado, corresponde resolver los
costos.
TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso ordinario
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 26636 – Ley Procesal Laboral la
cual no establece los parámetros de los costos procesales se debe aplicar vía supletoria
lo establecido por el Código Procesal Civil;
CUARTO: Según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal Civil “son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por
ciento destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su fondo
mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial;
asimismo a tenor del artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez quien
regulará los alcances de la condena en costos y costas del proceso, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso,
fundamentando su decisión;
QUINTO: A fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender
además las incidencias del proceso, tales como: 1) La duración del proceso. 2)
Instancias jurisdiccionales, 3) Complejidad de la materia litigiosa; y, 4) La labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora.
Por estas consideraciones expuestas; SE RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA la observación de costos procesales realizada por la
demandada y REGULESE los costos procesales en el monto de S/. 899.70
(OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 70/100 SOLES), más el importe de S/.
45.00 Soles, destinados al Colegio de Abogados del Santa, conforme a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente resolución;
2) En consecuencia, REQUIÉRASE a la ejecutada, a fin de que en el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES, cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y
aprobada por conceptos de costos, bajo apercibimiento de ley en caso de
incumplimiento. Avocándose al conocimiento del proceso el secretario cursor por
disposición Superior. Notifíquese. |
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EXPEDIENTE : 01474-2010-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : CADENILLAS REGALADO DIANA CAROLINA
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : FIGUEROA VASQUEZ, VICTOR MANUEL
Resolución Nro. SESENTA Y DOS
Chimbote, veintidós de mayo
Del dos mil diecinueve.-
DADO CUENTA, por devuelto los autos del Superior en
Grado, CÚMPLASE lo ejecutoriado; habiéndose confirmado la resolución número
cincuenta y ocho, mediante la cual se resuelve declarar fundada en parte la observación
realizada por la parte demandada y aprueba los costos procesales, en consecuencia,
REQUIÉRASE a la parte demandada para que en el plazo de tres días, CUMPLA con
abonar la suma de S/ 947.98 (NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE SOLES CON
98/100 CÉNTIMOS), por concepto de costos procesales que incluye el 5% a favor del
Colegio de Abogados del Santa; bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición Superior.-
Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE N° 01474-2010-0-2501-JR-LA-06
DEMANDANTE VICTOR MANUEL FIGUEROA VASQUEZ
DEMANDADO PESQUERA CANTABRIA S.A.
MATERIA PAGO DE UTILIDADES
2do. TRIBUNAL UNIPERSONAL WILLIANS VIZCARRA TINEDO
SECRETARIO WILFREDO RUEDA ZEGARRA
RESOLUCIÓN NÚMERO: SESENTA Y UNO
Chimbote, Veinticinco de Abril de Dos Mil Diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS, el Expediente N° 01474-2010-0-2501-JR-LA-06, sobre PAGO DE UTILIDADES, en
los seguidos por VICTOR MANUEL FIGUEROA VASQUEZ contra PESQUERA CANTABRIA S.A.
I. RESOLUCIÓN OBJETO DE APELACIÓN:
Viene en grado de apelación el auto contenido en la RESOLUCIÓN N° 58, de fecha 21 de enero de 2019,
que resuelve:
“Declarar FUNDADA EN PARTE la observación realizada por la parte demandada y APRUEBA los costos
procesales en el monto de S/ 902.84 (NOVECIENTOS DOS CON 84/100 SOLES), más el importe de S/ 45.14
SOLES, destinados al Colegio de Abogados del Santa (…)”.
II. FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
A folios 1089/1091, obra el recurso de apelación, interpuesto por la demandada Pesquera Cantabria S.A.;
en el que expone lo siguiente:
PRETENSIÓN Solicita que la resolución impugnada sea REVOCADA
IMPUGNATORIA
El apelante sostiene que: a) el A quo, no ha motivado debidamente la resolución
impugnada, pues en ella no se indica, cual es la labor desplegada o la conducta de
las partes durante el proceso, que hayan sido determinantes para fijar los costos
procesales del 15 % de capital e intereses. b) El monto fijado por el juzgado de
PRECISA ERRORES primera instancia es excesivo para la labor desplegada por el abogado que pretende
cobrar los costos procesales, puesto que se apersona recién en la etapa de
ejecución; es decir no formuló la demanda, tampoco asistió a la audiencia única;
pues su trabajo sólo se limitó a requerir que se emita la sentencia; argumentos que
no han sido valorados al momento de fijar los costos procesales.
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III. CONSIDERANDOS DE LA RESOLUCIÓN:
Sobre los medios impugnatorios
33..11.. Los medios impugnatorios constituyen instituciones jurídicas procesales, que pueden hacer valer las
partes con el objeto de producir la revocatoria o nulidad de una resolución, ya sea judicial o
administrativa, cuando éstas adolecen de deficiencias, errores o ilegalidad; siendo inadmisibles las
apelaciones planteadas que solo comportan la expresión de un mero desacuerdo con lo resuelto y en
modo alguno se hacen cargo del enfoque jurídico utilizado por el A quo para resolver la cuestión
controvertida.
Del caso concreto:
3.2. Conforme se verifica de autos, mediante sentencia de vista contenida en la resolución N° 41 de fecha
21 de noviembre de 2016 [folios 983/990], se resolvió confirmar la sentencia contenida en la resolución N°
35 [934/947], que declara fundada en parte la demanda, ordenándose además el pago de costos a favor
de la demandante.
3.3. Posteriormente el A quo mediante resolución N° 56 [folios 1071], declara consentida la resolución N°
53 [folios 1054/1055], resolviendo entregar a favor del demandante el depósito judicial por concepto de
intereses legales, asimismo ordenó al demandado presentar su propuesta de costos procesales. Dando
cumplimento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, el actor mediante escrito de fecha 10 de octubre
de 2018, solicitó: “aprobación de costos procesales, por el importe de S/ 1,203.80 Soles, que viene a ser el 20%
del total de lo percibido”; propuesta que el Juzgado de primera instancia corrió traslado a la demandada en
merito a la resolución N° 57 [folios 176].
3.4. En defensa de sus intereses, al no estar de acuerdo con el monto de los costos procesales
deducidos por el actor, la Empresa demandada observó tal pretensión; de esta manera el A quo, tomando
en consideración ambos escritos, resolvió mediante resolución N° 58 [folios 183/184], declarando fundada
en parte la observación realizada, en consecuencia ordenó que se apruebe los costos procesales en S/
902.84 Soles; más el importe de S/ 45.14 Soles destinados al Colegio de Abogados del Santa;
disposición que fue apelada por la demandada mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2019 [folios
1089/1091].
3.5. El artículo 411° del Código Procesal Civil, establece que “Son costos del proceso el honorario del
Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial
respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial”.
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3.6. En el contexto de lo señalado en el considerando anterior, se colige que el monto establecido por
costos procesales, no están destinados al último abogado que haya venido asesorando a la parte
vencedora; si no que ello, cubre todos los gastos que devengan de los honorarios por asesoramiento, sin
importar el número de abogados que se hayan apersonado a la causa; de manera, que el argumento de la
apelante, al inferir que es excesivo el monto por costos procesales, por cuanto el ultimo abogado sólo
presentó un escrito (se emita sentencia); no es válido.
3.7. En ese sentido, siendo fin de los costos procesales, el pago por los honorarios del abogado o
abogados de la parte vencedora que intervinieron en el proceso sub Litis; es imperioso señalar que, en el
presente Proceso de “pago de utilidades”, se advierte que para la interposición de la demanda y la
tramitación de todo el proceso el demandante tuvo que asumir una defensa legal, que comprendió no sólo
la formulación de la demanda, sino también la presentación de una serie de escritos para impulsar el
desarrollo del proceso, entre otros, los cuales implican un esfuerzo intelectual, además de realizar gastos
[pago de honorarios de los abogados]; por lo que, estando a que el proceso ha transcurrido desde el 31 de
mayo de 2010 hasta la actualidad, un plazo mayor a nueve años; por tanto, se determina que resulta
razonable y proporcional a la labor desempeñada por la letrada en autos el monto fijado por concepto de
costos procesales.
3.8. De otro lado, el apelante sostiene que el A quo no ha motivado la resolución N° 58, aduciendo no
haber explicado el por qué ha resuelto fijar el monto por los costos procesales del 15 % del capital e
intereses; argumento que resulta incorrecto, pues el juzgado de primera instancia en ninguno de sus
considerandos de la resolución N° 58, señala que el monto determinado por costos procesales, han sido
establecidos por el porcentaje del 15 % del capital e intereses; por el contrario su decisión se ha
sustentado tomando en consideración el artículo 411° del Código Procesal civil.
3.9. En ese sentido, y estando a que los costos del proceso constituyen los honorarios del abogado o
abogados de la parte vencedora, se debe tener en cuenta varios elementos; como la fecha de
presentación de la demanda, la naturaleza y complejidad del proceso, los recursos presentados por el
abogado, así como la tabla de honorarios mínimos del Colegio de Abogados de Lima, que es un elemento
adicional y referencial, más no obligatorio para el Juez, quien tiene la facultad discrecional para determinar
el monto de los costos; por ello, resulta razonable que al haberse estimado la demanda, se haya
condenado a la parte demandada al pago de los costos del proceso, pues lo contrario implicaría soslayar
el texto expreso del artículo 56° del mencionado código, que conforme a sido expuesto, establece la
obligatoriedad del órgano judicial de ordenar el pago de costos procesales en el supuesto de declararse
fundada la demanda, y siendo así, debe confirmase la venida en grado.
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IV. DECISIÓN:
POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DEL SANTA; RESUELVE:
CONFIRMAR la RESOLUCIÓN N° 58, de fecha 21 de enero de 2019, que
resuelve: “Declarar FUNDADA EN PARTE la observación realizada por la
Respecto a la parte demandada y APRUEBA los costos procesales en el monto de S/
resolución N° 58 902.84 (NOVECIENTOS DOS CON 84/100 SOLES), más el importe de S/
45.14 SOLES, destinados al Colegio de Abogados del Santa (…), con lo
demás que contiene”, Notifíquese.-
VIZCARRA TINEDO, W.
DE INTERESES LEGALES
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EXPEDIENTE : 01474-2010-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : DIESTRA TAMAYO LUZ ANGELICA
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : FIGUEROA VASQUEZ, VICTOR MANUEL
Resolución Nro. CINCUENTA Y NUEVE
Chimbote, trece de febrero
Del año dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito de la demandada que
antecede sobre apelación de auto, y arancel judicial que acompaña,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- Que, la demandada PESQUERA CANTABRIA S.A., dentro del término de ley,
interpone recurso de apelación de auto contra la resolución número CINCUENTA Y
OCHO de autos, que declara fundada en parte la observación formulada por la
misma, se regula y se aprueba los costos procesales en la suma de S/ 902.84 soles, más
el importe de S/ 45.14 soles a favor del Colegio de Abogados del Santa, montos que
deberá pagar la demandada, a fin que el Superior la revoque;
SEGUNDO.- Que, la apelación formulada cumple con los requisitos de admisibilidad y
procedibilidad exigidos por el artículo 52 de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636;
acompañando la tasa judicial correspondiente;
TERCERO.- Que, si bien, el artículo 53° de la Ley Procesal, establece que la apelación
de los autos en ejecución de sentencia se debe conceder sin efecto suspensivo; sin
embargo, a fin de que los Magistrados integrantes del colegiado tengan mayor
elemento de juicio se debe conceder con efecto suspensivo; Por tales
consideraciones; SE RESUELVE:
CONCEDER LA APELACIÓN interpuesta por la demandada PESQUERA CANTABRIA S.A.,
contra la resolución número CINCUENTA Y OCHO de autos, CON EFECTO SUSPENSIVO,
Y ELÉVESE los autos al Superior Jerárquico de esta sede, con la debida nota de
atención. Interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición superior.-
NOTIFÍQUESE.- |
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EXPEDIENTE : 01474-2010-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : RUIZ MARIÑO WILLIAM ANDERSON.
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : FIGUEROA VASQUEZ, VICTOR MANUEL
Resolución Nro. CINCUENTA Y OCHO
Chimbote, veintiuno de enero
Del año dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta, con el escrito que antecede la parte
demandada; Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución número treinta y cinco (sentencia) de fecha
veintinueve de octubre del año dos mil diecisiete, se resuelve fijar el monto de S/
5,180.12 por concepto de capital a favor del demandante, monto que fue confirmado
por la segunda sala civil en resolución número cuarenta y uno. Asimismo, en resolución
número cincuenta se aprueba la liquidación de intereses por el monto de S/ 838.87 soles.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 10-10-2018, la parte demandante, presenta su
propuesta de costos del proceso en la suma de S/ 1,203.80 (MIL DOSCIENTOS TRES
CON 80/100 SOLES), habiéndose corrido traslado a la parte demandada mediante
resolución número cincuenta y siete, observado la demandada la propuesta de costos,
corresponde resolver los costos;
TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso ordinario
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 26636 – Ley Procesal Laboral la
cual no establece los parámetros de los costos procesales se debe aplicar vía supletoria
lo establecido por el Código Procesal Civil;
CUARTO: Según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal Civil “son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por
ciento destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su fondo
mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial;
asimismo a tenor del artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez quien
regulará los alcances de la condena en costos y costas del proceso, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso,
fundamentando su decisión;
QUINTO:A fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender
además las incidencias del proceso, tales como: 1) La duración del proceso, 2)
Instancias jurisdiccionales, 3) Complejidad de la materia litigiosa; y, 4) La labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora.
SEXTO: En autos se evidencia que el demandante no ha adjuntado el recibo por
honorarios profesionales de su abogado, conforme lo establece la R.S. N° 287-
2014/SUNAT; sin embargo, en mérito al artículo 418° en la que señala PARA HACER
EFECTIVO el cobro de los costos procesales la presentación de documento
indubitable y de fecha cierta, corresponderá al actor presentarlo al momento del
cobro de los costos, determinados que sean estos; Por estas consideraciones expuestas;
SE RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA en parte la observación realizada por la parte demandada, se
REGULAR y APRUEBA los costos procesales en el monto de S/ 902.84
(NOVECIENTOS DOS CON 84/100 SOLES), más el importe de S/ 45.14 Soles,
destinados al Colegio de Abogados del Santa, conforme a los fundamentos expuestos en
la parte considerativa de la presente resolución;
2) En consecuencia, REQUIÉRASE a la ejecutada, a fin de que en el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES, cumpla con cancelar a favor del demandante la suma regulada y
aprobada por conceptos de costos, bajo apercibimiento de ejecución forzada en caso de
incumplimiento. Avocándose al conocimiento del proceso la Señora Juez que suscribe
por disposición superior. Notifíquese.- |
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Secretario De Sala: ANGELA LUISA TIRADO CASTILLO
Fecha: 04/01/2017 15:09:40
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
CCCOOORRRTTTEEE SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR DDDEEE JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA DDDEEELLL SSSAAANNNTTTAAA
SSSEEEGGGUUUNNNDDDAAA SSSAAALLLAAA CCCIIIVVVIIILLL
EXPEDIENTE N° : 01474-2010-0-2501-JR-LA-06
DEMANDANTE : FIGUEROA VASQUEZ VICTOR MANUEL
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA S.A
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR PRECIO REAL
DE PESCA CAPTURADA y Otro.
SENTENCIA EXPEDIDA POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y UNO.
En Chimbote, a los veintiún días del mes de noviembre del dos mil dieciséis, el Segundo
Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil, integrado por el magistrado Jesús Murillo
Domínguez, emite la presente resolución:
ASUNTO:
Es materia de apelación el auto contenido en la resolución número TREINTA Y TRES,
según fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, que resuelve declarar INFUNDADA la
observación realizada por la demandada al Informe Pericial Nº 160-2015-OPCJ.
Asimismo, viene en grado de apelación la sentencia contenida en la resolución número
TREINTA Y CINCO, de fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, en el extremo que
resuelve declarar FUNDADA en parte la demanda interpuesta por VICTOR MANUEL
FIGUEROA VASQUEZ, contra PESQUERA CANTABRIA S.A. sobre PAGO DE
UTILIDADES de los años 1994 a 1995, 1999, 2000, 2002 a 2006, ordenando a que la demandada
cumpla con abonar la suma de S/.5,180.12 soles, más intereses legales, costos y costas del proceso.
I. FUNDAMENTOS DE LA APELACION:
Sobre la apelación de la resolución número treinta y tres:
La demandada apela la resolución que declara infundada su observación realizada contra el
informe pericial Nº 160-2015-OPCJ, al considerar que, respecto al reintegro de remuneraciones por
precio real de pesca capturada existen errores en el acopio de datos, pues deben acogerse
valores vigentes a la fecha de pago de la planilla y no solo los valores del mes; asimismo,
refiere que debe aplicarse el cálculo desde el año 2007, que es la fecha de vigencia del
convenio colectivo; del mismo modo, respecto al reintegro de utilidades, indica que en su escrito de observación se ha detallado con exactitud los pagos por conceptos de utilidades que no
habría tomado en cuenta el perito al descontar los montos que han sido cancelados por su
representada. Y demás argumentos que en ella expone.
Sobre la apelación de la sentencia:
La empresa demandada PESQUERA CANTABRIA S.A, interpone recurso de apelación
contra la sentencia sólo en los extremos de los años1999 a 2000, 2002 a 2005, esgrimiendo
entre sus principales argumentos que el Juez de la causa en la sentencia, ha incurrido en
errores de hecho y de derecho, toda vez que:
(cid:1) Los montos consignados como renta neta anual de los años 1999 al 2000 y 2002 al
2004 no corresponden.
(cid:1) Asimismo refiere que, por el ejercicio del año 2000 y 2002 el Juez en su liquidación
ha considerado la cantidad de días laborados distintos al que aparece del revisorio de
planillas obrante en autos.
(cid:1) Del mismo modo, alude que por el ejercicio del año 2005 el Juzgado ha señalado
como remuneraciones percibidas del actor la suma de S/. 26,704.70, cuando el
revisorio precisa la suma de S/. 21,000.00.
En consecuencia, al no haberse valorado los pagos correctos, pese a que no han sido
observados ni tachados por el demandante, solicita que la recurrida sea revocada.
II. FUNDAMENTOS DE LA SALA.
Sobre el recurso de apelación.
1.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine, a solicitud de parte la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que
sea anulada o revocada, total o parcialmente; siendo indispensable que el recurso de
apelación contenga la fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de
derecho incurrido en la resolución impugnada y precisando su naturaleza, de tal modo que
el agravio o gravamen fija o determina los poderes de este Órgano Superior para resolver
de forma congruente la materia objeto del recurso, conforme dispone los artículos 364° y
366° del Código Procesal Civil, aplicable por supletoriedad.
a) SOBRE LA APELACION DEL AUTO CONCEDIDO CON LA
CALIDAD DE DIFERIDA. 2.- Durante la prosecución del proceso la demandada en ejercicio de su
derecho a la pluralidad de instancias, ha apelado la resolución treinta y tres la cual
ha sido concedida por el Juez de primera instancia sin efecto suspensivo y con la
calidad de diferida a efecto de que el superior resuelva conjuntamente con la
sentencia, en caso ésta sea apelada, conforme al artículo 369° del Código Procesal
Civil; por lo que antes de emitir pronunciamiento sobre el fondo de la
controversia, es preciso resolver la apelación formulada por la demandada, la
misma que ha sido diferido para esta oportunidad.
Apelación de la resolución número TREINTA Y TRES.
3.- En cuanto a lo resuelto en la referida resolucion que declara infundada la
observación formulada por la demandada contra el Informe Pericial Nº 160-2015-
OPCJ; es de precisar que, respecto a lo esgrimido por el recurrente referido al reintegro de
remuneraciones por precio real de pesca capturada, conforme se colige de la recurrida
obrante a folios 934/947, al haber sido declarado infundada la demanda respecto a
este extremo por el periodo 1994 al 2009 e improcedente la misma por el periodo
1992 a 1993, máxime si no ha sido materia de apelación por parte del demandante; se infiere de
que no existiría ningún agravio al apelante toda vez que no ha sido amparado dicho extremo,
por lo que se desestima la apelación.
Asimismo, respecto al reintegro de utilidades, si bien la procedencia de este
concepto se verificará en sentencia, la demandada debe proporcionar todos los
documentos necesarios con el objeto de acreditar los días laborados por el actor a
efecto de ser admitido, actuado y valorado conjuntamente con los otros medios de
prueba ofrecidos, ello con la finalidad de cumplir con el deber de colaboración de las partes en
el proceso.
Bajo este contexto, los argumentos que la parte recurrente señala como
fundamentos para su observación (ver folios 911 a 915) estan relacionados
directamente con el fondo de la litis, esto es, en atencion a los pagos efectuados por
la demandada conforme se advierte de las hojas de liquidacion de utilidades
obrantes en autos, la misma que se establecerá en la resolución pertinente; en
consecuencia, debe desestimarse lo pretendido por la parte apelante.
b) SOBRE LA APELACION DE LA SENTENCIA.
Antecedentes y pretensión de las partes. 4.- El demandante Víctor Manuel Figueroa Vásquez interpone demanda
sobre reintegro de remuneraciones por precio real de pesca capturada y pago de
utilidades, señalando que ingresó a prestar servicios para la empresa demandada
desde el 22 de mayo de 1992 hasta la fecha de interposición de su demanda,
desempeñándose como tripulante de las embarcaciones pesqueras Atlántico I, II y
III de propiedad de la demandada; agregando que por DS Nº 009-76-TR, sus
remuneraciones son de carácter especial y en proporción al precio fijado por la
oferta y demanda, de conformidad con el Decreto Legislativo Nº 757; indicó
además que durante su record laboral la demandada no ha cumplido con su
obligación de pagarle utilidades de conformidad con lo que establece el Decreto
Legislativo Nº 677 modificado por el Decreto Legislativo Nº 892, por lo que
solicita se haga efectivo su pago. La demandada por su parte, al contestar la
demanda señaló que el demandante no laboró desde el 16 de mayo de 1996, por
que su ex empleadora Pescatlantico se constituyó el 24 de diciembre de 1996 y
recién inicia su operatividad el 1 de enero de 1997, refiriendo además que su
remuneración no es exacta por cuanto se trata de una remuneración variable e
imprecisa, no obstante a ello, refiere que sin ningún sustento jurídico el recurrente
alude que se le debe cerca de S/ 20,150.00 soles , sin ni siquiera determinar como
se llega a ese monto, máxime si el reparto de utilidades tiene una estructura
particular. Y demás argumentos que en ella expone
El juez de la causa emite sentencia (véase páginas 934 a 947), en la cual
declara que existe un pago de utilidades por los periodos 1994 a 1995, 1999 a 2000,
2002 a 2006 a favor del accionante, por un monto de S/.5,180.12 soles, atendiendo
a las declaraciones juradas del impuesto a la renta de folios 200 a 273 y 429 a 657;
asimismo, del informe pericial Nº 056-SJEL de folios 282 a 293, con la cual se
acredita que la ex empleadora del demandante, generó ganancias por los ejercicios
económicos amparados; además de ello, con las liquidaciones de utilidades y
documentales presentados por la demandada de folios 306 a 360 y 379 a 384, con
la cual se acredita que se ha pagado por este concepto; de la misma manera, con el
record de producción por beneficiario de folios 194 y 672 a 680 con la cual se
demuestra que la demandada ha realizado actividades económicas en los periodos
1994 y 1995; decisión que la empresa demandada apela al no considerarla correcta,
cuestionando los montos consignados como renta neta anual, días laborados por el
actor y la remuneración percibida por este, en los diversos periodos que el Juez de
la causa ha declarado fundado; siendo así, se va a verificar la liquidación efectuada
por el Juzgador. Delimitación de los agravios.
5. Conforme a lo expuesto por la parte impugnante en su escrito de
apelación, y teniendo en cuenta que el Juez ha estimado en parte la pretensión del
demandante, corresponde en esta Instancia Superior dilucidar si tal decisión
adoptada se encuentra arreglada a ley, lo cual implica verificar en el caso de
autos, si le corresponde al actor el pago por concepto de utilidades por el periodo
1999, 2000, 2002 a 2005, ello conforme a los agravios expresados por la
demandada en su escrito de apelación.
Normatividad Aplicable.
Derecho de Participar en las Utilidades
6.- En este contexto, el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 892 que
modifico el Decreto Legislativo N° 677, establece que: “El presente Decreto Legislativo
regula el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, a
participar en las utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de
tercera categoría”. Asimismo, su artículo 9° establece que: “Se encuentran excluidas
de la participación en las utilidades, de acuerdo a su modalidad, las Cooperativas,
las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no excedan
de veinte (20) trabajadores”. En este orden de ideas, la Quinta Disposición Final y
Transitoria del Decreto Legislativo N° 677, determino que: “El régimen de
participación de utilidades que contempla el presente Decreto Legislativo, es aplicable a partir de
los resultados del ejercicio económico 1992”.
Porcentaje y procedimiento para la Distribución de Utilidades
7.- El artículo 2° del Decreto Legislativo N° 892, señala que: “Los trabajadores
de las empresas comprendidas en el presente Decreto Legislativo participan en las utilidades de la
empresa, mediante la distribución por parte de ésta de un porcentaje de la renta anual antes de
impuestos. El porcentaje referido es como sigue:
Empresas Pesqueras 10%,
Empresas de Telecomunicaciones 10%,
Empresas Industriales 10%,
Empresas Mineras 8%,
Empresas de Comercio al por mayor y al por menor y Restaurantes 8%,
Empresas que realizan otras actividades 5%,
Dicho porcentaje se distribuye en la forma siguiente:
a) 50% será distribuido en función a los días laborados por cada trabajador, entendiéndose como
tal los días real y efectivamente trabajados. A ese efecto, se dividirá dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores, y el resultado que se obtenga se multiplicará por
el número de días laborados por cada trabajador.
b) 50% se distribuirá en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. A ese efecto, se
dividirá dicho monto entre la suma total de las remuneraciones de todos los trabajadores que
correspondan al ejercicio y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones
que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. La participación que pueda corresponderle a los
trabajadores tendrá respecto de cada trabajador, como límite máximo, el equivalente a 18
(dieciocho) remuneraciones mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio. Se entiende
por remuneración la prevista en los Artículos 39 y 40 del Texto Único Ordenado de la Ley de
Fomento del Empleo”.
Presupuesto para la Distribución de Utilidades
8.- El presupuesto esencial, para la distribución de Utilidades, es que la
demandada haya obtenido renta neta imponible (ganancias) para distribuir
Utilidades, así como para pagar los impuestos a la SUNAT por renta de tercera
categoría. En tal sentido, verificada la obtención de ganancias en un ejercicio
económico determinado, para su cálculo correcto, tal como lo establece el Decreto
Legislativos N° 892, se hace necesario, no solamente tener como datos, la
remuneración anual percibida por el demandante y los días trabajados, sino
también además los datos consolidados, de cuanto fue lo que recibieron por
remuneraciones todos los trabajadores de la empresa en dicho año y cuantos
fueron los días trabajados por ellos mismos, información, obviamente que al
encontrarse en poder de la demandada, esta tiene la obligación ineludible de
proporcionarla, en este caso al Juzgado, para el cálculo de las Utilidades del
demandante.
9.- Asimismo, conforme lo establecen los artículos 25° y 30° de la Ley Nº
26636 (Ley Procesal del Trabajo), los medios probatorios tienen por finalidad
acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto
de los hechos controvertidos y fundamentar sus decisiones, los mismos que deben
ser valorados por el Juzgador en forma conjunta y utilizando su apreciación
razonada; asimismo en el artículo 27° se establece que: corresponde a las partes probar
sus afirmaciones; al trabajador la existencia de un vínculo laboral, y al empleador demandado
probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales, convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo.
Análisis del caso en concreto en relación a los agravios expresados por la parte
apelante. Respecto al pago de utilidades del año 1999, 2000, 2002 al 2004.
La demandada argumenta que los montos consignados como renta neta anual en los referidos periodos
no corresponden.
10.- Al respecto, cabe precisar que de la revisión de la sentencia apelada, la
misma que obra a folios 934 a 947, así como de los medios probatorios obrantes
en autos los cuales han sido admitidos, actuados y merituados en el estadio
procesal correspondiente, esto es las Declaraciones Juradas de Impuesto a la Renta
presentadas ante la SUNAT, de los periodos en cuestión – 1999, 2000, 2002 al
2004 los mismos que obran a folios 200 a 273 y 429 a 657, se tiene que: respecto a
la renta neta imponible anual efectivamente el Juez ha tomado en cuenta los
montos correctos señalados en las referidas Declaraciones Juradas, conforme se
colige de folios 553, 584, 616 y 634, en el cual por el periodo 2004 ha consignado el
importe de S/. 8`934,826.00, por el periodo 2002 el importe de S/. 8`077,081.00, por
el periodo 2000 el importe de S/. 6`410,251.00 y por el periodo 1999 el importe de
3`895,896.00, todos los montos producto del resultado de la progresión aritmética de
la casilla 486 + 110; por tanto lo pretendido por la parte recurrente en estos
extremos no resultan amparables.
Respecto a los días laborados por el actor.
Refiere que por el ejercicio del año 2000 y 2002 el Juez en su liquidación ha considerado la cantidad
de días laborados distintos al que aparece del revisorio de planillas obrante en autos.
11.- En tal sentido, cabe señalar que, si bien es cierto el informe pericial N° 056-
SJEL obrante a folios 282/293 ha sido observado por la demandada conforme se
advierte de folios 299/300; también lo es que ésta no ha sido observada por la
recurrente en estos extremos, de lo que se infiere una aceptación tácita, mostrando su
conformidad con los datos ahí consignados, manteniendo por lo tanto su valor y eficacia
probatoria; máxime si de los certificados de participación en las utilidades por el
ejercicio gravable 2000 y 2002 obrante a folios 308/309 presentados por la misma
demandada, se advierte la cantidad de 160 y 116 días laborados por el actor,
respectivamente. En consecuencia, habiendo el juez efectuado su liquidación y
resuelto la controversia en virtud a los medios probatorios obrantes en autos, debe
desestimarse lo pretendido por la recurrente.
Respecto a las remuneraciones percibidas por el actor del año 2005.
Refiere que por el ejercicio del año 2005 el Juzgado ha señalado como remuneraciones percibidas del
actor la suma de S/. 26,704.70, cuando el revisorio precisa la suma de S/. 21,000.00 12.- Al respecto, cabe señalar que, conforme a lo esbozado en el considerando
anterior, la demandada no ha observado el informe pericial antes aludido en este
extremo, a pesar de ser válidamente notificada conforme se colige del asiento de
notificación de folios 296; por ende, el dato ahí consignado, mantiene su valor y eficacia
probatoria. En tal sentido, lo pretendido por la apelante no resulta amparable,
debiéndose confirmar la sentencia en todos sus extremos.
Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia del Santa;
RESUELVE:
1. CONFIRMANDO el auto contenido en la resolución número TREINTA Y
TRES, según fecha veinticinco de agosto del dos mil quince, que resuelve declarar
INFUNDADA la observación realizada por la demandada al Informe Pericial Nº
160-2015-OPCJ., y lo demás que la contiene. Asimismo
2. CONFIRMANDO la sentencia contenida en la resolución número TREINTA Y
CINCO, de fecha veintinueve de octubre del dos mil quince, en el extremo que
resuelve declarar FUNDADA en parte la demanda interpuesta por VICTOR
MANUEL FIGUEROA VASQUEZ, contra PESQUERA CANTABRIA
S.A. sobre PAGO DE UTILIDADES de los años 1994 a 1995, 1999, 2000, 2002
a 2006, ordenando a que la demandada cumpla con abonar la suma de S/.5,180.12
soles, más intereses legales, costos y costas del proceso. Y con lo demás que la
contiene. Notifíquese y devuélvase al juzgado de origen.
DR. MURILLO DOMINGUEZ JESUS. |
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EXPEDIENTE : 01487-2010-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : ROSA MENDOZA GALARRETA
ESPECIALISTA : NEIDY YEMNIFER CORTIJO DIAZ
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : RAMOS OLECHEA, DANIEL ELIAS
Resolución Nro. CUARENTA Y TRES
Chimbote, tres de enero
Del dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito del
demandado; Y, CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución número veinticuatro (sentencia) de fecha veinte
de julio del dos mil catorce modificada en resolución número veintisiete, se resuelve
fijar el monto de S/ 2,177.97 soles por concepto de capital a favor del demandante.
Asimismo, en resolución número treinta y seis se aprueba la liquidación de intereses
por el monto de S/ 348.32 soles.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 10-10-2018, la parte demandante, presenta su
propuesta de costos del proceso en la suma de S/ 505.25 soles, habiéndose corrido
traslado a la parte demandada mediante resolución número cuarenta y dos, habiendo
observado la demandada la propuesta de costos, corresponde resolver los costos.
TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso ordinario
laboral bajo los alcances establecidos por la Ley N° 26636 – Ley Procesal Laboral la
cual no establece los parámetros de los costos procesales se debe aplicar vía supletoria
lo establecido por el Código Procesal Civil;
CUARTO: Según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal Civil “son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por
ciento destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su fondo
mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial;
asimismo a tenor del artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez quien
regulará los alcances de la condena en costos y costas del proceso, tanto respecto del
monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso,
fundamentando su decisión;
QUINTO: A fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender
además las incidencias del proceso, tales como: 1) La duración del proceso. 2) Instancias jurisdiccionales, 3) Complejidad de la materia litigiosa; y, 4) La labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora.
SEXTO: En autos se evidencia que el demandante no ha adjuntado el recibo por
honorarios profesionales de su abogado, conforme lo establece la R.S. N° 287-
2014/SUNAT; sin embargo, en mérito al artículo 418° en la que señala PARA HACER
EFECTIVO el cobro de los costos procesales la presentación de documento
indubitable y de fecha cierta, corresponderá al actor presentarlo al momento del
cobro de los costos, determinados que sean estos; Por estas consideraciones expuestas;
SE RESUELVE:
1) Declarar FUNDADA en parte la observación de costos procesales realizada por la
demandada y REGULAR los costos procesales en la suma de S/ 378.94
(TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 94/100 SOLES), más el 5 % en la suma
de S/ 18.94 Soles, destinados al Colegio de Abogados del Santa, conforme a los
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución;
2) En consecuencia, REQUIÉRASE a la ejecutada, a fin de que en el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES, cumpla con cancelar a favor del demandante la suma aprobada por
conceptos de costos, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.-
Avocándose al conocimiento del proceso la Señora Juez que suscribe por disposición
Superior.-Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01497-2010-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : MENDOZA GALARRETA ROSA DEL PILAR
ESPECIALISTA : CADENILLAS REGALADO DIANA CAROLINA
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : IMAN MAZA, GREGORIO
Resolución Nro. CINCUENTAY NUEVE
Chimbote, veinticinco de septiembre
Del dos mil diecinueve.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta, con los escritos de la parte demandada; Y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución número treinta y seis (sentencia) de fecha cuatro de
abril del año dos mil dieciséis, se resuelve fijar el monto de S/ 5,191.39 por concepto de
capital a favor del demandante. Asimismo, en resolución número cincuenta y tres se
aprueba la liquidación de intereses por el monto de S/ 1,027.15 soles.
SEGUNDO: Mediante escrito de fecha 25-07-2019, la parte demandante, presenta su
propuesta de costos del proceso en la suma de S/1,243.70 (MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON 70/100 SOLES), habiéndose corrido traslado a la parte
demandada mediante resolución número cincuenta y ocho, y habiendo observado la
demandada la propuesta de costos, corresponde resolver los costos;
TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso ordinario laboral
bajo los alcances establecidos por la Ley N° 26636 – Ley Procesal Laboral la cual no
establece los parámetros de los costos procesales se debe aplicar vía supletoria lo
establecido por el Código Procesal Civil;
CUARTO: Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411° del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, define los costos del proceso como los
honorarios pagados al abogado de la parte vencedora más un cinco por ciento destinado
al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir
los honorarios de los abogados en caso de Auxilio Judicial; asimismo, el artículo 414° de la
norma acotada, prescribe que: “El Juez regulará los alcances de la condena en costas y
costos, tanto respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las
incidencias del proceso, fundamentando su decisión.”.
De igual manera, conforme lo establece la jurisprudencia Exp. 17021-97, de la Sala De
Procesos Sumarísimos y No Contenciosos (LEDESMA NARVÁEZ, Marianella
Jurisprudencia actual, Lima, 2005, T.6, p.544): “El Juez no solo debe apreciar la
objetividad del monto de los costos, sino también la existencia o no de buena fe procesal
de la parte vencida y las circunstancias del caso en atención al artículo 414° del Código
Procesal Civil. Para fijar el monto de los costos debe tener en cuenta los distintos factores
que ha puesto en juego el abogado en su labor de asistencia profesional y defensa, sin perjuicio de tener en cuenta el tiempo de duración del proceso, las dificultades de la
defensa, la conducta procesal de la demandante y la naturaleza del derecho defendido;
QUINTO: Según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal Civil “son costos
del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento
destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su fondo mutual y
para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial; asimismo a
tenor del artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez quien regulará los
alcances de la condena en costos y costas del proceso, tanto respecto del monto como de
los obligados y beneficiados, en atención a las incidencias del proceso, fundamentando su
decisión;
SEXTO: Que, contrastando los actos procesales, así como la conducta del letrado
patrocinante, se tiene que los costos del proceso deben fijarse por la juzgadora, la misma
que deberá atender a las incidencias del procesos, tales como: 1) la duración del proceso
(iniciado el 31 de marzo del año 2008), 2) instancias jurisdiccionales (dos instancia), 3)
complejidad de la materia litigiosa y 4) la labor desplegada por el abogado defensor de la
parte vencedora; por lo que en atención a ello el juzgador en la presente causa, debe
tener en cuenta
SETIMO: En autos se evidencia que el demandante no ha adjuntado el recibo por
honorarios profesionales de su abogado, conforme lo establece la R.S. N° 287-
2014/SUNAT; sin embargo, en mérito al artículo 418° en la que señala PARA HACER
EFECTIVO el cobro de los costos procesales la presentación de documento
indubitable y de fecha cierta, corresponderá al actor presentarlo al momento del
cobro de los costos, determinados que sean estos; Por estas consideraciones
expuestas; SE RESUELVE:
1. FUNDADA EN PARTE la observación formulada por la demandada PESQUERA
CANTABRIA SA., en contra de la propuesta de costos procesales.
2. REGULAR Y APROBAR los COSTOS PROCESALES en la suma de S/ 932.78
(NOVECIENTO TREINTA Y DOS SOLES CON 78/100 CÉNTIMOS), más el 5% a favor
del Colegio de Abogados del Santa equivalente a la suma de S/ 46.6 soles;
REQUIÉRASE a la demandada PESQUERA CANTABRIA SA, para que dentro de TRES
DÍAS HÁBILES de notificado, CUMPLA con pagar al demandante las sumas reguladas y
aprobadas, bajo apercibimiento de EMBARGO en caso de incumplimiento.- Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01497-2010-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : GIANINA OLGA PAREDES ORBEGOZO
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : IMAN MAZA, GREGORIO
Resolución Nro.: CUARENTA Y OCHO
Chimbote, Veintisiete de Noviembre
Del año Dos Mil Diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta en la fecha
con el escrito que antecede presentado por el demandante; Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución número cuarenta, se confirma la sentencia
contenida en la resolución treinta y seis que declara fundada en parte la demanda y
ordena cancelar al actor la suma de S/. 5,191.39 Soles; requiriéndose el pago a la
empresa demandada a fin de que cumpla con pagar a favor del actor, bajo
apercibimiento de embargo en caso de incumplimiento; sin embargo, y pese
encontrarse debidamente notificada no cumple su obligación de pago; SEGUNDO:
Que, mediante resolución número cuarenta y cuatro, se ha trabado embargo en
forma de retención sobre las cuentas corrientes de la empresa Pesquera Cantabria
S.A., que posee a nivel nacional ante el Banco Scotiabank, por el importe de S/.
5,191.39 Soles por concepto de capital; sin embargo, dicha entidad financiera
mediante Carta de fecha 10.10.2017, remite el monto de S/. 4,300.00 informando
que la diferencia queda retenido a futuro por no existir a la fecha el saldo suficiente;
TERCERO: Que, la parte demandada Pesquera Cantabria S.A., ha sido válidamente
notificada con la resolución número cuarenta y cuatro y resolución número cuarenta
y siete, el día 17 de noviembre del presente año, no habiendo interpuesto recurso
impugnatorio alguno contra la resolución expedida, pese al tiempo transcurrido. Por
estas consideraciones; SE RESUELVE: DECLARAR CONSENTIDA la resolución
número cuarenta y cuatro, que concede embargo en forma de retención; asimismo,
habiéndose ejecutado en parte el embargo ordenado en dicha resolución y habiendo
puesto la retenedora Banco Scotiabank la suma retenida a disposición del despacho,
adjuntando constancia de depósito judicial N° 2017078112898, SOLO por el
importe de S/. 4,300.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES);
siendo así, TÉNGASE por consignada a favor del actor el referido depósito por la suma indicada por concepto de capital, y siendo adeudo laboral: ENTRÉGUESE al
actor la Orden de Pago, dejándose constancia de su entrega en autos. Asimismo,
NOTIFÍQUESE a la entidad financiera retenedora SCOTIABANK a fin de que dentro
del plazo de CINCO DÍAS cumpla con remitir el saldo del embargo concedido por el
importe de S/. 891.39 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 39/100 SOLES);
bajo responsabilidad. Notifíquese.- |
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EXPEDIENTE : 01497-2010-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES.
RELATOR : ANA MARIA VENEROS LAVERIAN.
DEMANDANTE : GREGORIO IMAN MAZA.
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA S.A.
SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA.
Chimbote, veintiocho de octubre
Del dos mil dieciséis.-
ASUNTO:
Viene en apelación la sentencia contenida en la resolución número treinta y seis de fecha cuatro
de abril del dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda interpuesta por don Gregorio Iman
Maza, contra la demandada Pesquera Cantabria S.A. sobre reintegro de remuneraciones por participación
de pesca, y ordena que la demandada cumpla con abonar al demandante la suma de S/.5, 191.39
(CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 39/100 NUEVOS SOLES), Reintegro de Remuneraciones
por Participación de Pesca por Precio Real de Venta de Tonelada Métrica de Harina de Pescado valor FOB
(S/.4, 153.44), Reintegro de Vacaciones (S/.345.98) y Reintegro de Gratificaciones (S/. 691.97); más
intereses legales, costas y costos del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
La parte demandada como fundamento de apelación, señala que existe contradicción al
efectuarse la liquidación de reintegro utilizando precios que no se encuentran conforme a Ley, precisando
que si bien el precio FOB SUNAT/ ADUANET que debe ser considerado para efectuar la liquidación es el
que corresponde al mes anterior del cierre publicado en la portal web del Ministerio de Producción,
conforme lo establece el convenio, sin embargo, señala que existe errores, en las semanas del período
liquidado.
FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL UNIPERSONAL:
1. Que, es materia del presente proceso, si al actor le corresponde o no reintegro de
remuneraciones por precio real de venta de tonelada métrica de harina de pescado de los años del
2007 hasta 2010, pretensiones que deben resolverse valorando los medios de prueba en forma
conjunta y razonada, como corresponde.
1 2. Que, Roberto G. Loutayf Ranea en su libro “El Recurso Ordinario de Apelación en el Proceso
Civil” (Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1989, pp. 116), alude que “El principio de congruencia –dice
De la Rúa- tiene en segunda instancia manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, “porque el
juicio de apelación tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la
voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el ámbito exclusivo
sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum”; por lo que, en aplicación del indicado
Principio, corresponde emitir pronunciamiento únicamente respecto a los argumentos expresados por la
parte demandante en su recurso impugnatorio.
3. Que, la demandada señala como agravio señala que existe contradicción al efectuarse la
liquidación de reintegro utilizando precios que no se encuentran conforme a Ley, precisando que si bien el
precio FOB SUNAT/ ADUANET que debe ser considerado para efectuar la liquidación es el que
corresponde al mes anterior del cierre publicado en la portal web del Ministerio de Producción, conforme lo
establece el convenio, sin embargo, señala que existe errores, en todas las semanas de los 2007, 2008,
2009 y en el 2010.
4. Que, al respecto, la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras AANEP y
el Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras del Perú (SUPNEP) suscribieron
diversos convenios colectivos de trabajo, entre ellos el de fecha 12 de marzo del 2007 con vigencia por
cinco años a partir de esta fecha, el mismo que obra de páginas 110 a 115, en cuya cláusula primera,
establecieron una “participación de pesca para el consumo humano indirecto, por tonelada métrica de
pesca descargada, será equivalente al 18% del 8% del precio promedio de la Tonelada Métrica del harina
de pescado. Asimismo, las partes convienen que, la participación de pesca para el consumo humano
directo por tonelada métrica de pesca será igual al 22.5% de 8% del precio promedio de la Tonelada
Métrica de harina de pescado. Para determinar el monto de la participación de pesca, el precio promedio
de la Tonelada Métrica de harina de pescado será el valor FOB expresado en US$/TMB, obtenido en base
a la información proporcionada por SUNAT-ADUANET, vigente en la fecha de corte para el cálculo de la
planilla de participación de pesca, es decir, el primer día hábil siguiente después de la fecha de corte de la
semana correspondiente. En tanto el Ministerio de la Producción publique en su portal:
www.produce.gob.pe el referido precio promedio de harina de pescado calculado según valor FOB
expresado en US$/TMB, proporcionado por SUNET-ADUANET, ese dato será el que se aplique para
efectos de determinar el monto de la participación de pesca”. Siendo que de la revisión de la sentencia
se puede apreciar que el A quo al momento de realizar la liquidación correspondiente el valor del precio
FOB vigente a la fecha de corte de cada semana correspondiente, es decir tal como lo estipula el referido
convenio colectivo; por lo que no resulta atendible lo alegado por el demandante, al aducir que se incurrió
en error en tal sentido, no habiendo precisado en apelación otro error en la liquidación efectuada, no cabe
mayor pronunciamiento por este Tribunal, ello de conformidad al principio de congruencia expuesto en el
2 considerando segundo de la presente resolución. Por estos fundamentos, la Sala Laboral de esta Corte
Superior de Justicia:
RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número treinta y seis de fecha cuatro de abril
del dos mil dieciséis que declara fundada en parte la demanda interpuesta por don Gregorio Iman Maza,
contra la demandada Pesquera Cantabria S.A. sobre reintegro de remuneraciones por participación de
pesca, y ordena que la demandada cumpla con abonar al demandante la suma de S/.5, 191.39 (CINCO
MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 39/100 NUEVOS SOLES), Reintegro de Remuneraciones por
Participación de Pesca por Precio Real de Venta de Tonelada Métrica de Harina de Pescado valor FOB
(S/.4, 153.44), Reintegro de Vacaciones (S/.345.98) y Reintegro de Gratificaciones (S/. 691.97); más
intereses legales, costas y costos del proceso, que se liquidarán en ejecución de sentencia, con todo lo
demás que contiene y es materia del grado; y lo devolvieron al Juzgado de origen.
S.
Cavero Lévano, C
3 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: ROSA ISABEL TORRES CADILLO
Fecha: 17/03/2017 12:09:35
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 01504-2010-0-2501-JR-LA-02
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : PESQUERA CANTABRIA SA ,
DEMANDANTE : FLORES CRUZ, SANTIAGO HIPOLITO
Resolución Nro. CUARENTA Y OCHO
Chimbote, diecisiete de marzo del dos mil diecisiete.-
Por devuelto el expediente por la Segunda Sala Civil, CUMPLASE lo
ejecutoriado, habiéndose confirmado la resolución cuarenta y uno que declara
fundada en parte la observación realizada por la demandada y regula los costos
procesales; TÉNGASE presente, en consecuencia; REQUIERASE a la ejecutada, a fin que
dentro del plazo del tercer día cumpla con pagar a favor del actor la suma de
S/.2,478.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES), bajo
apercibimiento de ley en caso de incumplimiento. De otro lado, habiendo entrado en
vigencia para esta sede judicial el SINOE para todos los procesos judiciales, de
conformidad con el artículo 155-D y 155-I de la Ley Orgánica del Poder Judicial:
CUMPLA la parte demandada del presente proceso, en el plazo de CINCO DIAS con
señalar su casilla electrónica, bajo apercibimiento de multa de 1URP en caso de
incumplimiento, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 7.4.2
de la Directiva N° 006-2015-CE-PJ sobre "Lineamiento para el diligenciamiento de las
notificaciones electrónicas". Avocándose al conocimiento del proceso el señor Juez
que suscribe por disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario De Sala: ANGELA LUISA TIRADO CASTILLO
Fecha: 31/01/2017 16:29:53
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
CCCOOORRRTTTEEE SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR DDDEEE JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA DDDEEELLL SSSAAANNNTTTAAA
SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLL
EXPEDIENTE N° : 01504-2010-0-2501-JR-LA-02.
DEMANDANTE : FLORES CRUZ SANTIAGO HIPOLITO.
DEMANDADA : PESQUERA CANTABRIA S.A.
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES.
AUTO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y SIETE
En Chimbote, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete, la Segunda Sala Civil
de la Corte Superior de Justicia del Santa, con asistencia de los señores Magistrados que suscriben:
ASUNTO:
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número CUARENTA Y
UNO, de fecha trece de enero del dos mil dieciséis, que resuelve declarar FUNDADA en parte la
observación realizada por la demandada, en consecuencia REGULESE LOS COSTOS
PROCESALES en la suma de S/.2,360.00 Soles, más el 5% a favor del Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/.118.00 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la demandada dentro del
plazo de tercer día.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
La apoderada de la empresa demandada, interpone recurso de apelación contra la resolución
venida en grado, señalando que el A-quo solo se pronuncia sobre la libertad contractual entre las
partes, sin embargo no evalúa la labor del abogado que en el presente caso carece de sustento, pues
no ha evaluado el hecho de que la excesiva suma requerida en su pretensión, dio una falsa
expectativa al demandante e hizo funcionar el aparato judicial, sin que haya liquidado conforme a ley,
colocando cifras sin sustento. Y de mas argumentos que agrega.
FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Sobre el recurso de apelación.-
1.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente; siendo indispensable que el recurso de apelación contenga la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución
impugnada, y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio o gravamen fija o determina los poderes de este Órgano Superior para resolver de forma congruente la materia objeto del
recurso, conforme dispone los artículos 364° y 366° del Código Procesal Civil, aplicable por
supletoriedad, por tales razones el Colegiado deberá resolver en función a los agravios, errores de
hecho y de derecho y sustento de la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente en su
escrito de apelación debidamente concedido, dado que tales elementos abren la causa a la segunda
instancia y establecen los límites dentro de los cuales el Colegiado deberá pronunciarse.
De los Costos Procesales.
2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411º del Código Procesal Civil, los
costos del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco por
ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo; consecuentemente,
su pago corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial expresa y
motivada de exoneración. El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil realizado en la ciudad de Lima con
fecha seis y siete de junio del año 2008 respecto al Tema 3 referente a la fijación de los costos,
adoptan por mayoría el siguiente acuerdo: “Los costos procesales se fijan sin ser necesario para
el Juez que se haya acreditado el pago del tributo correspondiente, el cual únicamente es
exigible para hacer efectivo el cobro del depósito judicial”
3.- Que, en el presente caso existe un pronunciamiento sobre el fondo mediante sentencia
contenida en la resolución veintidós, de fecha veintiséis de setiembre de dos mil trece, obrante a
páginas 467 a 475, la cual fue confirmada mediante sentencia de vista de fecha diecisiete de junio de
dos mil catorce, obrante de páginas 508 a 511; y en ejecución de sentencia se dispuso el pago de la
suma de S/.13,863.77 Soles, por concepto de utilidades de los años 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005,
2006 y 2007, el mismo que la demandada dio cumplimiento conforme se observa del comprobante
de pago del depósito judicial electrónico de páginas 528; asimismo, mediante resolución número
treinta y cinco de página 553, se aprueba la liquidación de intereses legales en la suma de
S/.1,863.77 Soles; y consecuentemente, se tiene por cumplido el pago por este concepto conforme
se observa del escrito de páginas 563 y constancia de deposito judicial de paginas 562; por ende,
corresponde se proceda a la fijación de los costos del proceso.
4.- Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso (desde el 04 de junio de 2010), 2)
instancias jurisdiccionales (dos instancias para la sentencia), 3) complejidad de la materia litigiosa, y 4) la
labor desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora; por lo que en atención a ello el
Juzgador en el presente caso ha determinado como costos del proceso la suma de S/. 2,360.00
Soles, teniendo en cuenta las incidencias precitadas, más el 5% destinado para el Colegio de
Abogados del Santa cuyo importe asciende a S/.118.00 soles, al haberse declarado fundada la
demanda, conforme se ha detallado precedentemente. 5.- Que, si bien es cierto, el abogado del demandante ha acompañado su respectivo recibo de
pago de honorario profesional por la suma de S/.3,145.50 Soles, que corre de páginas 576-578,
cuyo monto solicita que se fije los costos del proceso; también lo es que, respecto al importe
consignado, debe tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su
monto, en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de contratar; en consecuencia, siendo
el Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso concreto, este medio probatorio no obliga que el
órgano jurisdiccional, fije la misma suma y así recupere íntegramente vía reembolso lo pagado, por
cuanto, los costos del proceso se regulan de acuerdo a la complejidad del asunto controvertido, la esfera de defensa de
las partes, las instancias de mérito, duración del proceso, entre otros, como se ha indicado anteriormente.
6.- Que, es de tener en cuenta que en el presente caso, el proceso tiene una duración de
seis años aproximadamente (teniéndose en cuenta desde la presentación del escrito postulatorio de demanda, con
fecha 04 de junio de 2010), en el cual desde un inicio el demandante fue patrocinado por la letrada
Sayda Mariela Vera Paz, quien presentó la aprobación de los intereses legales, la propuesta de
liquidación de los costos procesales y la absolución a la observación de la misma; razones por las
cuales el suscrito considera razonable la suma establecida por el Juzgador, pues es de anotar que,
como se señaló los costos procesales no se fijan a favor del letrado patrocinante, sino para
resarcir el pago que hace la parte actora al abogado que le ha patrocinado durante la
tramitación de la causa; todo lo cual sirve de sustento para confirmar la resolución de primera
instancia.
Por los fundamentos precedentes, la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa,
RESUELVE:
CONFIRMANDO el auto contenido en la resolución número CUARENTA Y UNO, de
fecha trece de enero del dos mil dieciséis, que resuelve declarar FUNDADA en parte la observación
realizada por la demandada, en consecuencia REGULESE LOS COSTOS PROCESALES en la
suma de S/.2,360.00 Soles, más el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa en la suma de
S/.118.00 Soles, con lo demás que contiene. Notifíquese y hágase saber a las partes; y los
DEVOLVIERON al Juzgado de origen. Juez Superior ponente Pedro E. Rodríguez
Huayaney.-
S.S.
RAMOS HERRERA W.
PÉREZ SÁNCHEZ O.
RODRÍGUEZ HUAYANEY P. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)
EXPEDIENTE : 01751-2010-0-1802-JP-LA-03
MATERIA : IMPUGNACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS
IMPUESTAS POR EL EMPLEADOR
JUEZ : MARENGO SOTO, SANDRA ANAI
ESPECIALISTA : LEYVA SAAVEDRA SHIRLEY PAMELA
TERCERO : TENORIO FERNANDEZ, RAUL ANTONIO
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : LILIANA MARGARITA ALARCON HERRERA,
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISIETE
San Isidro, VEINTISÉIS de Mayo
Del año dos mil veintidós. -
Dando cuenta en la fecha, debido a la alta carga procesal que
maneja el juzgado y acorde al orden de antigüedad de los escritos. AUTOS Y VISTOS:
DANDO CUENTA: Al oficio N° 3377-2021; Por RECIBIDO los autos devueltos del
Décimo Cuarto Juzgado de Trabajo Transitorio de Lima, donde el Superior en grado
resolvió declarar NULA la Resolución N° Veinticuatro de fecha 11 de Marzo del 2016,
que corre a fojas 468 y 469, ordenando emitir nuevo pronunciamiento; en tal sentido:
CÚMPLASE LO EJECUTORIADO, y renovando el acto procesal viciado; y
ATENDIENDO: Primero: Que, el artículo 414º del Código Procesal Civil preceptúa
que, el Juez regula los alcances de la condena de costas y costos, tanto respecto del
monto como de los obligados y beneficiados, en atención a la incidencia del proceso,
fundamentando su decisión. Segundo: Que, mediante el escrito de fecha 25 de
Noviembre del 2014, que obra de fojas 458 al 462, la parte ejecutante adjunta su
liquidación de costas y costos del proceso, precisando los rubros y montos que la
conforman. Tercero: Que, de la liquidación elaborada por la ejecutante, señala por
concepto de costas derivada del presente proceso el monto ascendente a la suma de S/.
1,000.00 soles, y por concepto de costos el monto ascendente a la suma de S/. 5, 700.00,
Cuarto: Que, conforme a lo establecido en el artículo 411° código civil las costas están
constituidas por las tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial
y los demás gastos judiciales realizados en el proceso. Quinto: Que, por lo tanto y
teniendo en cuenta lo establecido en la norma citada corresponde al juez fijar el monto
correspondiente costas del proceso, tomando en cuenta solo debidamente acreditado
en el proceso; que en el presente caso se verifica que la parte no ha presentado ningún
arancel judicial en el trámite del presente proceso, al señalar en el primer otrosí de su
demanda, encontrarse exonerada del pago de los mismos, acorde a la cuantía y
naturaleza del proceso. En ese sentido, se verifica que no existe ningún gasto
acreditado en el proceso, a fin de determinar un monto como costas del proceso, no
correspondiendo tomar en cuenta los gastos administrativos y de movilidad que señala
en su liquidación, dado que ello no se encuentra acreditado como un gasto dentro de
los presentes autos. Sexto: Que, conforme al artículo 411º del Código Procesal Civil
precisa que los costos del proceso comprenden los honorarios del abogado de la
parte vencedora; y en el caso de autos, la parte ejecutante, propone que los honorarios
del abogado defensor ascienden a la suma de S/. 5, 700 soles, tomando en cuenta que
la misma parte ha desempeñado una autodefensa, la cual debe ser tomada en cuenta
como desempeño de su labor profesional dentro del presente proceso, tal y como lo ha
señalado el Superior jerárquico en el Auto de Vista de fecha 30 de Noviembre del 2020. Séptimo: Que, en el caso que nos ocupa, es de verificarse que mediante Sentencia de
Vista de fecha 12 d Marzo del 2014, se resolvió como última instancia, Confirmar en
parte la Sentencia contenida en la Resolución N° Trece que resuelve declarar Fundada
la demanda interpuesta por LILIANA MARGARITA ALARCON HERRERA, sobre
impugnación de Medida disciplinaria, condenado al pago de costas y costos del
proceso. Octavo: Que, corresponde determinar el monto que por concepto de costos
del proceso debe pagar la demandada, en virtud de la facultad glosada en el primer
considerando de la presente resolución esta judicatura fijará el quantum. Así, para tal
fin, debe evaluarse las incidencias del proceso iniciado el 07 de Octubre del 2010.
Noveno: Que, es en base a las incidencias suscitadas en lo obrante en autos es que la
judicatura deberá fijar los costos del proceso, el cual constituye los honorarios del
letrado; asimismo cabe precisar, que independiente del monto demandado, los costos
del proceso que se fijen deben ser congruentes más bien con lo actuado en el proceso, el
cual debe ser fijado en forma justa y razonada guardando concordancia con la labor
efectiva desplegada por los letrados en el decurso del proceso; asimismo, teniendo en
cuenta que la pretensión demandada reviste de una mediana complejidad, el
transcurso de tiempo hasta la resolución del proceso, el cual ha pasado por dos
instancias, y tomando como referencia el artículo 27° de la Tabla de honorarios del
Colegio de Abogados de Lima; por lo que, teniendo en cuenta las consideraciones
vertidas y por las consideraciones expuestas y de conformidad con los artículos 417º,
418º y 419º del Código Procesal Civil: SE RESUELVE:
1. IMPROCEDENTE la liquidación de costas propuestas por la parte
demandante.
2. FIJESE POR CONCEPTO DE COSTOS DEL PROCESO EL MONTO
EQUIVALENTE A S/. 2, 500.00 soles, MAS UN 5% PARA EL COLEGIO DE
ABOGADOS DE LIMA; montos que deberá pagar la parte demandada
BANCO DE LA NACIÓN en el plazo de CINCO días, bajo apercibimiento de
ley.
De otro lado, teniendo en cuenta la excesiva carga procesal y las licencias por
motivo de enfermedad de la Especialista Legal y su asistente de notificaciones,
por esta vez, LLÁMESE SEVERAMENTE LA ATENCIÓN a la Especialista
Legal por la demora en dar cuenta, exhortándola a proveer con mayor
celeridad. AVOQUESE al conocimiento de la presente causa, la Magistrada que
suscribe e interviniendo la especialista legal que suscribe por disposición
superior. Notifíquese. - |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)
EXPEDIENTE : 02441-2010-0-1802-JP-CI-03
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : MARENGO SOTO, SANDRA ANAI
ESPECIALISTA : VARGAS ROJAS, RUBEN
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : MARTINEZ HUAMALI, DAVID E
SSEENNTTEENNCCIIAA
RESOLUCION NÚMERO SESENTA Y CUATRO
San Isidro, veintisiete de enero
Del año dos mil veintidós.-
Puesto a despacho y estando a lo resuelto por el Superior Jerárquico; VISTOS; Con el
expediente acompañado número 2002-00420-0-901-JR-CI, seguido por el Banco de la
Nación contra David Evaristo Martínez Huamalí sobre obligación de dar suma de dinero, por
ante el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte; resulta de autos que mediante escrito de
fojas sesenta y siete a ochenta y uno, don MARTÍNEZ HUAMALÍ DAVID E., interpone
demanda de DECLARACIÓN DE NO ADEUDO Y CANCELACIÓN DE REPORTES NEGATIVOS
EN CENTRALES DE RIESGO, y como pretensión accesoria INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS por la suma de ochenta y siete mil quinientos sesenta y siete soles con setenta
y cuatro céntimos, contra el BANCO DE LA NACION; a fin que se declare que no adeuda al
Banco la suma de veintitrés mil novecientos sesenta y seis soles con ochenta y cinco
céntimos, así como trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos, que a
la fecha le vienen cobrando como capital más sus intereses y que se comunique por escrito
a la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Central de Riesgos
de Equifax Perú SAC, denominada Infocorp, con costas y costos del proceso. Manifiesta el
demandante que el Banco de la Nación le inició un proceso por Obligación de Dar Suma de
Dinero, ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de Lima Norte, expediente 420-02, para
que le pague los saldos de sus cuentas número 004-0008165 por la suma de veintitrés mil
novecientos sesenta y seis soles con ochenta y cinco céntimos; y la cuenta número 004-
008386 por la suma de trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos.
Que, dicho proceso judicial duró desde el cuatro de enero del dos mil dos hasta el dieciséis
de enero del dos mil siete, fecha en que el banco consintió la sentencia que declaraba
infundada la demanda, habiendo transcurrido cinco años en el que le sometió al
demandante en el presente proceso, a una cobranza judicial ilegal y sin tener ninguna
prueba que justificara su pretensión. Que, a pesar de haber perdido el juicio, el Banco de la
Nación reportó al demandante en las centrales de riesgo, primero en la Central de la
Superintendencia de Banca y Seguros y luego en Infocorp. Que, con fecha veintiocho de
enero del dos mil diez, el demandante solicitó al Banco de la Nación una constancia de no
adeudos con la finalidad de dejar de figurar como deudor del banco demandado, pero el
banco se negó a ello mediante carta EF/92.3370 N° 01635-2010, precisándole que debía
pagar sus supuestas deudas de veintitrés mil novecientos sesenta y seis soles con ochenta y
cinco céntimos, con un saldo actual de ciento ocho mil setecientos noventa y un soles con
tres centavos; y la suma de trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos
con un saldo actual de quinientos cuarenta y cinco dólares americanos con setenta y tres
centavos de dólar, para poder otorgarme una constancia de no adeudos. Finalmente
precisa que, luego de la citación a conciliación, el Banco de la Nación por medio de sus
representantes legales le ofrecieron celebrar una transacción en la cual levantarían el
reporte crediticio deudor, a condición que el demandante renuncie a su pretensión
1 indemnizatoria, hecho que el demandante en el presente proceso no aceptó, con lo que
señala queda acreditado el actuar doloso del banco. Que, respecto a la pretensión accesoria
de indemnización, señala que repite los argumentos ya esgrimidos, pero que además
agrega la existencia: 1) Ejercicio irregular del derecho de acción, debido a que el Banco de la
Nación adquirió la posición contractual del Banco Surmebank, en las cuentas corrientes
cuyos números y supuestos saldos deudores se señalan en su demanda, por lo que su
responsabilidad es contractual. Que el Banco de la Nación le inició un proceso exigiendo
que pagara una deuda de la que no existía prueba alguna. Que el Banco actuó con dolo
debido a que antes de iniciar su demanda tuvo que conocer que carecía de pruebas que
amparan su pretensión, es decir, deliberadamente ejecutó su obligación de supuesto
acreedor sometiéndome a una cobranza judicial ilegal y sin ninguna prueba por más de
cinco años. 2) Señala como hecho dañoso, que el Banco de la Nación lo haya reportado en
las centrales de riesgo, a pesar de no tener deuda con ellos. 3) Que, el banco demandado
mediante carta de fecha mediante carta EF/92.3370 N° 01635-2010, le exigió pagar supuestas
deudas por las sumas de veintitrés mil novecientos sesenta y seis soles con ochenta y cinco
céntimos, con un saldo actual de ciento ocho mil setecientos noventa y un soles con tres
centavos; y la suma de trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos con
un saldo actual de quinientos cuarenta y cinco dólares americanos con setenta y tres
centavos de dólar. 4) Que, el banco, en su transacción acepte su error y me exija que
renuncie a mis derechos, acredita que sigue perjudicándolo en un modo totalmente doloso
porque pretende beneficiarse económicamente al librarse de indemnizarme, con la
amenaza de seguirme causando daño, lo que prueba que el banco ha procedido
dolosamente. 5) Que, el daño emergente que le ha causado el banco, debido a que al
enjuiciarlo indebidamente lo obligó a pagar a su abogado la suma de doce mil seiscientos
soles como honorarios y a gastar en el proceso la suma de setecientos sesenta y siete soles
con setenta y cuatro céntimos, lo cual da un total de trece mil trescientos sesenta y siete
soles con setenta y cuatro céntimos, por lo que el banco demandado debe pagarle lo que le
hizo gastar. 6) El demandante señala que ha sufrido lucro cesante por responsabilidad del
Banco de la Nación, tal como se demuestra con el reporte detallado Inforcorp Plus Personas
– Persona Natura, en cuya segunda página y bajo el rubro Representantes Legales, consta
que es Presidente de la Asociación de Comerciantes Micro y Mediando Empresarios Pro
Parque Industrial de Ancón y Gerente de Diseño, Fabricación y Representación de Máquinas
Industriales EIRL, y como tal, por estar reportado como deudor del banco, no ha podido
realizar operaciones bancarias ni comerciales en general, debido a que nadie negocia con
un deudor, con un mal pagador. Que este hecho no le permitió la renovación de su poder
como representante, respecto de la cuenta corriente número 002-191-1582195066, y como
consecuencia no pudo cobrar el cheque número 00000003 4, en cuyo reverso consta que el
cobro del indicado cheque fue rechazado por el Banco de Crédito por falta de actualización
de poderes. Asimismo precisa en la demanda que no puede precisar exactamente lo que ha
dejado de ganar por culpa del banco pero estima que no debe ser menos de veinticuatro mil
doscientos soles, haciendo un cálculo de quinientos cincuenta soles (sueldo mínimo) por
cada uno de los cuarenta y cuatro meses transcurridos desde que el banco lo reportó como
deudor en enero 2007 a agosto 2010. 7) Asimismo el demandante señala daño moral por
responsabilidad del banco debido a que han pasado ocho años y medio en los que viene
persiguiendo al banco, primero con una demanda sin ningún fundamento y luego
impidiéndome trabajar al reportarme como deudor moroso sin serlo. Que todo ello le ha
causado un dolor moral al verse imputado como deudor cuando en realidad no lo era,
además que adicionalmente ha sufrido porque su familia se enteró y se vieron afectados
por ello. Señala que el hecho de ser reportado en las centrales de riesgo como deudor, le
causó daño moral pues hizo público que era un deudor moroso, una persona no confiable y
su familia sufrió por ello. Finalmente señala que el daño moral que le causó el banco
trascendió su ámbito personal y familiar y afectó su esfera asociativa o pública porque le
2 impidió desempeñarse cabalmente como Presidente de la Asociación de Comerciantes
Micro y Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de Ancón, por el hecho de ser un mal
pagador públicamente declarado, valorizando su daño moral en cincuenta mil soles.
Ampara su demanda en el artículo 188 del Código Procesal Civil, en el artículo 158 de la Ley
26702, en el artículo 7 de la Ley 27489, en la Circular número B-2189-2010, los artículos 1219,
1321, 1322 del Código Civil; y artículos 486 y 488 del Código Procesal Civil. Calificada la
demanda mediante resolución número uno, de fecha dieciséis de setiembre del dos mil diez
(folios 82) se dictó el Auto Admisorio a la instancia, tramitándose la demanda en la vía de
Proceso Abreviado contra BANCO DE LA NACION, habiéndose conferido traslado a la parte
demandada por el término de ley. Mediante escrito de fecha 07 de octubre del año 2010, la
parte demandada se apersona al proceso, formula tachas, las mismas que fueron resueltas
en su respectiva etapa procesal, y mediante escrito de fecha 19 de octubre del 2010,
contesta la demanda y contradiciéndola en todos sus extremos, manifestando que
manifestando que la misma debe ser declarada improcedente y/o infundada en mérito a los
siguientes fundamentos: 1) Improcedencia de la demanda por sustracción de la pretensión,
debido a que la declaración de no adeudos y la comunicación por escrito a las centrales de
riesgo de la SBS y a la central de riesgos Equifax Perú SAC, ya han sido satisfechas,
conforme a lo indicado en la carta EF/92.3370 Nro. 9940-2010, de fecha 01 de setiembre, es
así que al 01 de octubre de 2010, fecha de notificación de la resolución número uno, en la
cual se admite a trámite la demanda interpuesta por el señor Martínez, el banco ya había
procedido a lo requerido por el demandante, en consecuencia, al no existir un conflicto de
intereses deja de tener sentido pronunciarse al respecto. Señala el demandado que esto se
verifica con que, con fecha 22 de setiembre del 2010, a las 5:34:58 horas, se tiene el reporte
de rectificación de datos en el cual se pr0cede a rectificar la información crediticia del Señor
Martínez ante la central de riesgos de la SBS y a las demás empresas privadas de
información crediticia, lo que se corrobora con los reportes de deudores de fecha 05 de
octubre de 2010 y 16 de octubre de 2010. 2.- Sobre la pretensión de la declaración de no
adeudo, el demandado señala que “de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 25740,
vigente a partir del 26 de setiembre de 1992, el Banco de la Nación absorvió por fusión al ex
Banco Regional Sur Medio y Callao – Surmeban, el que se disolvió sin liquidarse, siendo desde la
fecha antes aludida el titular del patrimonio de este último, esto es, de sus derechos y
obligaciones, razón por la cual esta entidad bancaria está legitimada activamente a interponer
la presente acción de cobranza”. Señala el demandado que no es que haya consentido la
sentencia que declara infundada la demanda, emitida en el proceso 420-2002 – 2do JCCN –
Lima, sino que esto se debió a que apelaron extemporáneamente, siendo que la misma
señalaba que la demanda es infundada por no existir la convicción probatoria de la
exigibilidad de la obligación, tal es así que mediante carta EF/92.3370 Nro. 01635-2010, el
banco responde al demandante su solicitud de emitir una constancia de no adeudo,
indicándole que si bien mediante el proceso de ODSD se había declarado infundado el
derecho de cobranza del banco, esto no significaba que el demandante no mantenía una
obligación a esta institución. 3.- El demandado señala que no es cierto que el Banco de la
Nación haya pretendido obligar al demandante a desistirse de su obligación indemnizatoria
ni mucho menos significa que se procedió con dolo, indicando que solo manifestaron una
conducta estándar en esta clase de transacciones y que no significa reconocimiento de
error del banco, dado el texto de la referida transacción y el hecho que no haya sido suscrita
por las partes. 4.- Respecto de la pretensión indemnizatoria, señala que el banco actuó con
total legitimidad y con los medios probatorios con los que contaba para ejercer su derecho
de acción, en ningún momento con temeridad o mala fe, siendo el derecho de accionar
irrestricto a cada persona y siendo el juez el encargado de resolver. Asimismo, respecto al
hecho dañoso de reportarlo en las centrales de riesgo, señala que el demandante se
encontraba reportado en las mismas desde la absorción de los pasivos del ex Surmeban al
Banco de la Nación, cuestionado los hechos dañosos indicados por el demandante por los
3 términos que allí se exponen, por carecer de medios probatorios que sustenten su
pretensión. Mediante resolución cuatro, de fecha 15 de noviembre del 2010, se tiene por
contestada la demanda; y mediante resolución número ocho se declara saneado el proceso
(folios 241). Mediante resolución catorce, de fecha 08 de setiembre de 2011 (folios 285),
corregida a fojas 294; se fijan los puntos controvertidos, se admitieron los medios
probatorios, fijándose fecha para la audiencia de pruebas, la misma que se ha llevado a
cabo conforme a los términos del acta de fojas trescientos cuarenta cuatro a trescientos
cincuenta, habiéndose recibido los informes solicitados, los cuales obran a fojas trescientos
setenta y cuatro, cuatrocientos treinta y cinco a cuatrocientos cincuenta y dos, y
cuatrocientos setenta y seis, asimismo, habiéndose recibido los informes orales ante los
Magistrados correspondientes conforme se aprecia de las constancias de fojas 833, y 883,
ha quedado la causa expedita para emitir sentencia; y CONSIDERANDO.---
PRIMERO: Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso;
asimismo, el Juez deberá atender a que la finalidad correcta del proceso en resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, como lo señalan los artículos Primero y Tercero del Título Preliminar del Código
Procesal Civil.---
SEGUNDO: En este orden de ideas tenemos que, los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez,
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; siendo que la carga de
probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, conforme lo señalan los artículos 188 y 190 de la
Norma acotada.---
TERCERO: La controversia gira, conforme se aprecia del petitorio de la demanda, en que el
demandante requiere como pretensión principal la DECLARACIÓN DE NO ADEUDO Y
CANCELACIÓN DE REPORTES NEGATIVOS EN CENTRALES DE RIESGO, y como pretensión
accesoria INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS por la suma de ochenta y siete mil
quinientos sesenta y siete soles con setenta y cuatro céntimos, con intereses legales y
expresa condena de costos y costas, para lo cual cumple con aportar los medios
probatorios a fojas cinco a sesenta y dos, con los que acredita su interés y legitimidad para
obrar.---
CUARTO: En cuanto a la pretensión principal, se debe tener en cuenta lo expresado en
autos por el Banco demandado, tanto en su escrito de contestación de demanda a fojas
ciento ochenta y dos, ratificado en su escrito de fecha 27 de octubre del 2015, obrante a
fojas 628, en los cuales señala que se ha sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional en
el sentido que se ha cumplido con RECTIFICAR la información respecto del reporte de
deudas del demandante en las Centrales de Riesgo, con fecha 22 de setiembre de 2010, por
lo que deberá tenerse presente lo expuesto por la parte ejecutante al contestar la
demanda y al formular su informe escrito como una declaración asimilada de conformidad
a lo previsto en el artículo 221 del Código Procesal Civil, al momento de resolver. --
QUINTO: Mediante resolución catorce, de fojas doscientos ochenta y cinco a doscientos
ochenta y siete, se han fijado como puntos controvertidos: a) Determinar si la demanda
interpuesta por el Banco de la Nación en contra del demandante David Evaristo Martínez
Huamalí ante el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte (expediente número 420-02) fue
ilegal o producto del ejercicio legítimo de acción, b) Establecer si el banco demandado,
luego de perder el proceso señalado en el punto anterior, lo reportó al demandante como
deudor en las centrales de riesgo, c) Determinar si el banco demandado pretendió obligar al
demandante a desistirse de su pretensión indemnizatoria, d) Establecer si el banco
demandado ejerció regularmente su derecho de acción, e) Determinar si el banco de crédito
no admitió que el demandante renovara sus poderes como Presidente de la Asociación de
4 Comerciantes Micro y Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de Ancón y este haya
dejado de ganar la suma de veinticuatro mil doscientos nuevos soles y f) Establecer si el
banco demandado debe indemnizar al demandante por los daños y perjuicios causados
(daño emergente, lucro cesante y daño moral).---
SEXTO.- Con respecto a los puntos controvertidos consistentes en a) Determinar si la
demanda interpuesta por el Banco de la Nación en contra del demandante David Evaristo
Martínez Huamalí ante el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte (expediente número 420-
02) fue ilegal o producto del ejercicio legítimo de acción y d) Establecer si el banco
demandado ejerció regularmente su derecho de acción, al respecto debemos precisar que
en el expediente acompañado, ofrecido como medio probatorio por el propio demandante,
se aprecia que mediante la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil seis,
obrante a fojas doscientos setenta y uno a doscientos setenta y cinco, que declara
infundada la demanda, emitida en el proceso 420-2002 – 2do JCCN – Lima, la misma
señalaba en su fundamento tercero que se ha llegado a determinar con la solicitud de
contrato de tarjeta de crédito de personas naturales, con la cual se demuestra la existencia
de una cuenta corriente en moneda nacional número 004-8165, de fecha veintitrés de
setiembre de mil novecientos noventa y uno, constituyendo dicho contrato en el origen
causal de la relación obligacional; lo que se condice con lo expresado por el banco
demandado en el sentido que si bien la demanda por obligación de dar suma de dinero
iniciada por el Banco de la Nación (expediente 420-2002) fue declarada infundada por no
existir la convicción probatoria de la exigibilidad de la obligación, el Banco, mediante carta
EF/92.3370 Nro. 01635-2010, el banco responde al demandante su solicitud de emitir una
constancia de no adeudo, indicándole que si bien mediante el proceso de ODSD se había
declarado infundado el derecho de cobranza del banco, esto no significaba que el
demandante no mantenía una obligación a esta institución. En consecuencia, queda
acreditado con la sentencia consentida que, si bien el Banco de la Nación obtuvo un
pronunciamiento desfavorable, su legitimidad para obrar quedó plenamente acreditada en
dicho proceso, habiendo incluso el demandado formulado los recursos impugnatorios, con
lo que queda establecido que el Banco de la Nación ejerció su derecho de acción
legalmente.----
SÉTIMO: Con respecto al punto controvertido consistente en b) Establecer si el banco
demandado, luego de perder el proceso señalado en el punto anterior, lo reportó al
demandante como deudor en las centrales de riesgo, al respecto es preciso analizar los
informes recibidos y que obran en autos, en el cual la Superintendencia de Banca Seguros y
AFP, informa al juzgado que el demandante ha sido reportado por el Banco de la Nación
desde el mes de julio de 1994 hasta el mes de julio del año 2010, informe que obra a fojas
cuatrocientos cincuenta y uno a cuatrocientos cincuenta y dos, con lo que queda
demostrado que al señor David Evaristo Martínez Huamalí, identificado con documento
nacional de identidad 06893714, se le reportó mucho antes de interponerse el proceso de
obligación de dar suma de dinero, el mismo que acompaña al presente proceso.------------------
OCTAVO: Con respecto al punto controvertido consistente en c) Determinar si el banco
demandado pretendió obligar al demandante a desistirse de su pretensión
indemnizatoria, al respecto es preciso tener en cuenta que si es cierto el banco demandado
hizo llegar al demandante como a su abogado el proyecto de la transacción extrajudicial, la
misma que obra a fojas cincuenta y siete a cincuenta y nueve, hecho que ha sido
corroborado por el representante legal del Banco de la Nación, quien al absolver el pliego
interrogatorio en su cuarta pregunta señala: “Hubo un proyecto denominado transacción
que según obra en el expediente elaborado y entregado por el banco, y fue suscrito por el
demandante y su abogado pero no por los funcionarios del Banco de la Nación y ellos se lo
llevaron para su evaluación”, lo que se complementa con la misma declaración del
representante legal quien en respuesta a la cuarta pregunta del pliego interrogatorio
señaló: “Nunca se suscribió transacción alguna y, en efecto, el demandante continuó
5 requiriendo que se levantara su RCD y en lo pertinente a su reclamo indemnizatorio, no
correspondía al banco determinar la validez de su reclamo sino al Poder Judicial”. Que, el
artículo 1302 del Código Civil establece que “Por la transacción las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que
puede promoverse (…); y el artículo 1303 del precitado código señala que “La transacción
debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el
objeto de dicha transacción”. En consecuencia, el “proyecto de transacción extrajudicial”
nunca se suscribió por falta de voluntad de ambas partes, quedándose en la etapa
preparatoria ante la ausencia de acuerdo de las partes de celebrarlo, por lo que no ha
quedado acreditado que el demandado pretendió obligar al demandante a desistirse de su
pretensión indemnizatoria. ---
NOVENO: Con respecto al punto controvertido consistente en e) Determinar si el banco de
crédito no admitió que el demandante renovara sus poderes como Presidente de la
Asociación de Comerciantes Micro y Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de
Ancón y este haya dejado de ganar la suma de veinticuatro mil doscientos nuevos soles, al
respecto, conforme al informe remitido por el Banco de Crédito del Perú, el mismo que
obra a fojas trescientos setenta y cuatro, la entidad bancaria precisa que “(…) la renovación
del poder del señor David E. Martínez Huamalí, fue observada por nuestro banco debido a que
se encontraba reportado en la central de riesgo de la SBS, por una deuda con el Banco de la
Nación, lo cual se comunicó al cliente oportunamente”, con lo que queda plenamente
establecido que efectivamente el encontrarse reportado como deudor, no permitió que se
renueven sus poderes como Presidente de la Asociación de Comerciantes Micro y
Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de Ancón. Respecto a que el demandante
haya dejado de ganar la suma de veinticuatro mil doscientos nuevos soles, siendo este
pedido parte de la pretensión accesoria de indemnización, se dilucidará en el considerando
correspondiente.---
DÉCIMO: De los actuados se desprende que, en cuanto a lo peticionado por el demandante
como pretensión principal, la DECLARACIÓN DE NO ADEUDO Y CANCELACIÓN DE
REPORTES NEGATIVOS EN CENTRALES DE RIESGO, tal como se ha precisado en los
considerandos cuarto y quinto de la presente resolución, se debe tener en cuenta lo
expresado por el Banco demandado, tanto en su escrito de contestación de demanda a
fojas ciento ochenta y dos, ratificado en su escrito de fecha 27 de octubre del 2015, obrante
a fojas 628, en los cuales señala que se ha sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional
en el sentido que se ha cumplido con rectificar la información respecto del reporte de
deudas del demandante en las Centrales de Riesgo, con fecha 22 de setiembre de 2010, por
lo que deberá tenerse presente lo expuesto por la parte ejecutante al contestar la
demanda y al formular su informe escrito como una declaración asimilada de conformidad
a lo previsto en el artículo 221 del Código Procesal Civil, sin embargo, es preciso analizar de
los informes recibidos y que obran en autos, en el cual la Superintendencia de Banca
Seguros y AFP (fojas 435-452), solamente se informa al juzgado que el demandante ha sido
reportado por el Banco de la Nación desde el mes de julio de 1994 hasta el mes de julio del
año 2010 y que a la fecha ya se ha rectificado tal información, así como el informe emitido
por Equifax Perú Sociedad Anónima Cerrada (fojas 475-476), habiéndose acreditado
solamente la cancelación de los reportes negativos en las centrales de riesgos carece de
objeto pronunciarse sobre tal extremo; más no se ha establecido de manera clara en lo que
respecta al extremo de la DECLARACIÓN DE NO ADEUDOS, más aún si el demandado no se
ha allanado ni reconocido tal pretensión de la demanda y, ante la evidencia de lo resuelto
en el expediente acompañado y lo manifestado por el propio banco demandado en su
escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 628-638), en el cual señala
que la declaración de no adeudos que solicita el demandante la puede solicitar en
cualquier momento y en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional; corresponde amparar
la pretensión en ese extremo.----------------------------------------------------------------------------------------------
6 DÉCIMO PRIMERO: Con respecto al punto controvertido consistente en f) Establecer si el
banco demandado debe indemnizar al demandante por los daños y perjuicios causados
(daño emergente, lucro cesante y daño moral); En cuanto a la pretensión procesal
indemnizatoria, se debe tener en cuenta que la Responsabilidad Civil está orientada
fundamentalmente a indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación entre los
particulares y puede ser, conforme a la Doctrina Civil: i) Contractual, como consecuencia
del incumplimiento de una obligación voluntaria (principalmente contractual); o, ii)
Extracontractual, cuando entre aquellos no existe ningún vínculo de orden obligacional o
incluso existiendo, el daño es consecuencia no del incumplimiento de una obligación
voluntaria, sino simplemente del incumplimiento del deber jurídico de no causar daño a
otro. Asimismo, Respecto de la responsabilidad contractual se aplica a todos los casos de
incumplimiento de una obligación concreta, pre existente, cualquiera que sea su fuente,
salvo que la ley regule el hecho de manera diferente. En tal sentido, existe responsabilidad
cuando se incumple una obligación derivada de un contrato; en este punto es necesario
tener en cuenta lo establecido en el artículo 1351 del Código Civil, que señala: “El contrato es
el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica
patrimonial”; asimismo “el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la
aceptación es conocida por el oferente”; verificándose de autos que la relación contractual
se configura en tanto el demandante era cliente del demandado y titular de las Cuentas
N°004-0008165 y N°004-008386, cuentas cuyo presunto incumplimiento de pago generaron
el proceso judicial iniciado por el BANCO DE LA NACION contra el demandante DAVID
EVARISTO MARTÍNEZ HUAMALÍ; de donde se desprende que nos encontramos frente a una
RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CONTRACTUAL.---
DÉCIMO SEGUNDO: Si bien el artículo 1321° del Código Civil, precisa cómo se configura la
indemnización por daños y perjuicios, pero el mero incumplimiento contractual o
producción del hecho ilícito no produce de forma automática el nacimiento de la
indemnización por daños y perjuicios, de allí que la probanza de este incumplimiento o
realización del hecho doloso o culposo incumbe al perjudicado, el cual debe probar el nexo
de causalidad entre el hecho y el daño producido. Nuestro ordenamiento jurídico en
materia procesal ha establecido cuatro elementos o presupuestos: a) la antijuricidad; b) la
existencia de daño causado; c) la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y
el daño generado; y d) el Factor de Atribución o hecho causante del daño, revestido de dolo
o culpa. Por lo que a fin de determinar si al demandado le alcanza la responsabilidad
imputada, corresponde analizar los elementos de su configuración.---
DECIMO TERCERO.- La Antijuricidad: Es todo comportamiento humano que causa daño a
otro mediante acciones u omisiones no amparadas por el derecho, por contravenir una
norma, el orden público, la moral y las buenas costumbres; en ese sentido, una conducta es
antijurídica cuando contraviene una “norma prohibitiva” o viola el sistema jurídico en su
totalidad, afectando sus valores o principios. La antijuricidad en sentido genérico, en el
ámbito de la responsabilidad civil contractual, será exclusivamente típica, porque ella
resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial o defectuoso o
del cumplimiento tardío de una obligación, conforme a lo regulado en el artículo 1321 del
Código Civil. ---
DECIMO CUARTO. - En ese sentido tenemos que, de lo actuado se puede establecer que la
antijuricidad del evento dañoso se establece desde el momento en que pese a haberse
consentido la sentencia que declaraba infundada la demanda de obligación de dar suma de
dinero interpuesta por el BANCO DE LA NACION contra DAVID EVARISTO MARTÍNEZ
HUAMALÍ, el ahora demandado no levantó ante las Centrales de Riesgo, la situación de
DEUDOR de DAVID EVARISTO MARTÍNEZ HUAMALÍ persistiendo así en la conducta que
generó el daño al demandante; por lo que de esta manera se encuentra configurada la
antijuricidad del evento dañoso.--
7 DECIMO QUINTO.- El Daño Causado: En cuanto al daño causado, resulta un aspecto
fundamental de la responsabilidad civil, porque sin él no hay nada que indemnizar, lo que
constituye la lesión o menoscabo a todo derecho subjetivo del individuo, jurídicamente
protegido; sin daño o perjuicio no hay responsabilidad civil, puesto que el objetivo
primordial de la misma es precisamente la indemnización o resarcimiento del daño causado;
en el que se encuentran dos grande categorías: i) patrimonial (daño emergente y lucro
cesante);y, ii) extrapatrimonial (daño a la persona que comprendería también al daño
moral). En la doctrina contemporánea hay unanimidad en que existen dos categorías de
daño patrimonial: a) el daño emergente; que está referido a la pérdida patrimonial
efectivamente sufrida; y, b) el lucro cesante; referida a la renta o ganancia frustrada o
dejada de percibir. Ambas categorías son aplicables con el mismo significado, tanto al
sistema de responsabilidad civil contractual como extracontractual; siendo que en el
presente caso el demandante pretende el pago de S/ 24,200.00 por concepto de LUCRO
CESANTE, el monto de S/ 13,367.74 por concepto de DAÑO EMERGENTE y la suma de S/
50,000.00 por concepto de DAÑO MORAL.---
DECIMO SEXTO.- La relación de causalidad, que la constituye la relación jurídica de causa-
efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima; siendo que en el
ámbito de la responsabilidad contractual se encuentra regulado en el artículo 1321°, la
teoría de la causa inmediata y directa, existiendo en ambas clases de responsabilidad la
“concausa” (cuando dos conductas o acontecimientos contribuyen a la producción del
daño) y “fractura causal” (cuando existe un conflicto de causas o conductas, una de las
cuales es la que llega a producir efectivamente el daño haciendo imposible que la otra
hubiera llegado a producirlo). En ese sentido, se entiende que debe existir una relación de
causa-efecto, es decir, de antecedente – consecuencia entre la conducta antijurídica del
autor y el daño causado a la víctima. En ese entendido, esto significa que el daño causado
debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure un
supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Bajo ese contexto, tenemos que como
consecuencia del resultado del proceso N°2002-00420-0-0901-JR-CI-03 seguido por BANCO
DE LA NACION contra DAVID EVARISTO MARTÍNEZ HUAMALÍ, en el cual el Segundo
Juzgado Especialista Civil de la Corte Superior de Lima Este, declaró INFUNDADA la
demanda de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO; sin embargo, el demandante BANCO
DE LA NACION no cumplió con su deber de informar a las CENTRALES DE |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 3° JUZGADO DE PAZ LETRADO (SEDE LINCE - SAN ISIDRO)
EXPEDIENTE : 02441-2010-0-1802-JP-CI-03
MATERIA : INDEMNIZACION
JUEZ : MARENGO SOTO, SANDRA ANAI
ESPECIALISTA : VARGAS ROJAS, RUBEN
DEMANDADO : BANCO DE LA NACION ,
DEMANDANTE : MARTINEZ HUAMALI, DAVID E
SSEENNTTEENNCCIIAA
RESOLUCION NÚMERO SESENTA Y CUATRO
San Isidro, veintisiete de enero
Del año dos mil veintidós.-
Puesto a despacho y estando a lo resuelto por el Superior Jerárquico; VISTOS; Con el
expediente acompañado número 2002-00420-0-901-JR-CI, seguido por el Banco de la
Nación contra David Evaristo Martínez Huamalí sobre obligación de dar suma de dinero, por
ante el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte; resulta de autos que mediante escrito de
fojas sesenta y siete a ochenta y uno, don MARTÍNEZ HUAMALÍ DAVID E., interpone
demanda de DECLARACIÓN DE NO ADEUDO Y CANCELACIÓN DE REPORTES NEGATIVOS
EN CENTRALES DE RIESGO, y como pretensión accesoria INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y
PERJUICIOS por la suma de ochenta y siete mil quinientos sesenta y siete soles con setenta
y cuatro céntimos, contra el BANCO DE LA NACION; a fin que se declare que no adeuda al
Banco la suma de veintitrés mil novecientos sesenta y seis soles con ochenta y cinco
céntimos, así como trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos, que a
la fecha le vienen cobrando como capital más sus intereses y que se comunique por escrito
a la central de riesgos de la Superintendencia de Banca y Seguros y a la Central de Riesgos
de Equifax Perú SAC, denominada Infocorp, con costas y costos del proceso. Manifiesta el
demandante que el Banco de la Nación le inició un proceso por Obligación de Dar Suma de
Dinero, ante el Segundo Juzgado Especializado Civil de Lima Norte, expediente 420-02, para
que le pague los saldos de sus cuentas número 004-0008165 por la suma de veintitrés mil
novecientos sesenta y seis soles con ochenta y cinco céntimos; y la cuenta número 004-
008386 por la suma de trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos.
Que, dicho proceso judicial duró desde el cuatro de enero del dos mil dos hasta el dieciséis
de enero del dos mil siete, fecha en que el banco consintió la sentencia que declaraba
infundada la demanda, habiendo transcurrido cinco años en el que le sometió al
demandante en el presente proceso, a una cobranza judicial ilegal y sin tener ninguna
prueba que justificara su pretensión. Que, a pesar de haber perdido el juicio, el Banco de la
Nación reportó al demandante en las centrales de riesgo, primero en la Central de la
Superintendencia de Banca y Seguros y luego en Infocorp. Que, con fecha veintiocho de
enero del dos mil diez, el demandante solicitó al Banco de la Nación una constancia de no
adeudos con la finalidad de dejar de figurar como deudor del banco demandado, pero el
banco se negó a ello mediante carta EF/92.3370 N° 01635-2010, precisándole que debía
pagar sus supuestas deudas de veintitrés mil novecientos sesenta y seis soles con ochenta y
cinco céntimos, con un saldo actual de ciento ocho mil setecientos noventa y un soles con
tres centavos; y la suma de trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos
con un saldo actual de quinientos cuarenta y cinco dólares americanos con setenta y tres
centavos de dólar, para poder otorgarme una constancia de no adeudos. Finalmente
precisa que, luego de la citación a conciliación, el Banco de la Nación por medio de sus
representantes legales le ofrecieron celebrar una transacción en la cual levantarían el
reporte crediticio deudor, a condición que el demandante renuncie a su pretensión
1 indemnizatoria, hecho que el demandante en el presente proceso no aceptó, con lo que
señala queda acreditado el actuar doloso del banco. Que, respecto a la pretensión accesoria
de indemnización, señala que repite los argumentos ya esgrimidos, pero que además
agrega la existencia: 1) Ejercicio irregular del derecho de acción, debido a que el Banco de la
Nación adquirió la posición contractual del Banco Surmebank, en las cuentas corrientes
cuyos números y supuestos saldos deudores se señalan en su demanda, por lo que su
responsabilidad es contractual. Que el Banco de la Nación le inició un proceso exigiendo
que pagara una deuda de la que no existía prueba alguna. Que el Banco actuó con dolo
debido a que antes de iniciar su demanda tuvo que conocer que carecía de pruebas que
amparan su pretensión, es decir, deliberadamente ejecutó su obligación de supuesto
acreedor sometiéndome a una cobranza judicial ilegal y sin ninguna prueba por más de
cinco años. 2) Señala como hecho dañoso, que el Banco de la Nación lo haya reportado en
las centrales de riesgo, a pesar de no tener deuda con ellos. 3) Que, el banco demandado
mediante carta de fecha mediante carta EF/92.3370 N° 01635-2010, le exigió pagar supuestas
deudas por las sumas de veintitrés mil novecientos sesenta y seis soles con ochenta y cinco
céntimos, con un saldo actual de ciento ocho mil setecientos noventa y un soles con tres
centavos; y la suma de trescientos cuarenta dólares americanos con diecisiete centavos con
un saldo actual de quinientos cuarenta y cinco dólares americanos con setenta y tres
centavos de dólar. 4) Que, el banco, en su transacción acepte su error y me exija que
renuncie a mis derechos, acredita que sigue perjudicándolo en un modo totalmente doloso
porque pretende beneficiarse económicamente al librarse de indemnizarme, con la
amenaza de seguirme causando daño, lo que prueba que el banco ha procedido
dolosamente. 5) Que, el daño emergente que le ha causado el banco, debido a que al
enjuiciarlo indebidamente lo obligó a pagar a su abogado la suma de doce mil seiscientos
soles como honorarios y a gastar en el proceso la suma de setecientos sesenta y siete soles
con setenta y cuatro céntimos, lo cual da un total de trece mil trescientos sesenta y siete
soles con setenta y cuatro céntimos, por lo que el banco demandado debe pagarle lo que le
hizo gastar. 6) El demandante señala que ha sufrido lucro cesante por responsabilidad del
Banco de la Nación, tal como se demuestra con el reporte detallado Inforcorp Plus Personas
– Persona Natura, en cuya segunda página y bajo el rubro Representantes Legales, consta
que es Presidente de la Asociación de Comerciantes Micro y Mediando Empresarios Pro
Parque Industrial de Ancón y Gerente de Diseño, Fabricación y Representación de Máquinas
Industriales EIRL, y como tal, por estar reportado como deudor del banco, no ha podido
realizar operaciones bancarias ni comerciales en general, debido a que nadie negocia con
un deudor, con un mal pagador. Que este hecho no le permitió la renovación de su poder
como representante, respecto de la cuenta corriente número 002-191-1582195066, y como
consecuencia no pudo cobrar el cheque número 00000003 4, en cuyo reverso consta que el
cobro del indicado cheque fue rechazado por el Banco de Crédito por falta de actualización
de poderes. Asimismo precisa en la demanda que no puede precisar exactamente lo que ha
dejado de ganar por culpa del banco pero estima que no debe ser menos de veinticuatro mil
doscientos soles, haciendo un cálculo de quinientos cincuenta soles (sueldo mínimo) por
cada uno de los cuarenta y cuatro meses transcurridos desde que el banco lo reportó como
deudor en enero 2007 a agosto 2010. 7) Asimismo el demandante señala daño moral por
responsabilidad del banco debido a que han pasado ocho años y medio en los que viene
persiguiendo al banco, primero con una demanda sin ningún fundamento y luego
impidiéndome trabajar al reportarme como deudor moroso sin serlo. Que todo ello le ha
causado un dolor moral al verse imputado como deudor cuando en realidad no lo era,
además que adicionalmente ha sufrido porque su familia se enteró y se vieron afectados
por ello. Señala que el hecho de ser reportado en las centrales de riesgo como deudor, le
causó daño moral pues hizo público que era un deudor moroso, una persona no confiable y
su familia sufrió por ello. Finalmente señala que el daño moral que le causó el banco
trascendió su ámbito personal y familiar y afectó su esfera asociativa o pública porque le
2 impidió desempeñarse cabalmente como Presidente de la Asociación de Comerciantes
Micro y Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de Ancón, por el hecho de ser un mal
pagador públicamente declarado, valorizando su daño moral en cincuenta mil soles.
Ampara su demanda en el artículo 188 del Código Procesal Civil, en el artículo 158 de la Ley
26702, en el artículo 7 de la Ley 27489, en la Circular número B-2189-2010, los artículos 1219,
1321, 1322 del Código Civil; y artículos 486 y 488 del Código Procesal Civil. Calificada la
demanda mediante resolución número uno, de fecha dieciséis de setiembre del dos mil diez
(folios 82) se dictó el Auto Admisorio a la instancia, tramitándose la demanda en la vía de
Proceso Abreviado contra BANCO DE LA NACION, habiéndose conferido traslado a la parte
demandada por el término de ley. Mediante escrito de fecha 07 de octubre del año 2010, la
parte demandada se apersona al proceso, formula tachas, las mismas que fueron resueltas
en su respectiva etapa procesal, y mediante escrito de fecha 19 de octubre del 2010,
contesta la demanda y contradiciéndola en todos sus extremos, manifestando que
manifestando que la misma debe ser declarada improcedente y/o infundada en mérito a los
siguientes fundamentos: 1) Improcedencia de la demanda por sustracción de la pretensión,
debido a que la declaración de no adeudos y la comunicación por escrito a las centrales de
riesgo de la SBS y a la central de riesgos Equifax Perú SAC, ya han sido satisfechas,
conforme a lo indicado en la carta EF/92.3370 Nro. 9940-2010, de fecha 01 de setiembre, es
así que al 01 de octubre de 2010, fecha de notificación de la resolución número uno, en la
cual se admite a trámite la demanda interpuesta por el señor Martínez, el banco ya había
procedido a lo requerido por el demandante, en consecuencia, al no existir un conflicto de
intereses deja de tener sentido pronunciarse al respecto. Señala el demandado que esto se
verifica con que, con fecha 22 de setiembre del 2010, a las 5:34:58 horas, se tiene el reporte
de rectificación de datos en el cual se pr0cede a rectificar la información crediticia del Señor
Martínez ante la central de riesgos de la SBS y a las demás empresas privadas de
información crediticia, lo que se corrobora con los reportes de deudores de fecha 05 de
octubre de 2010 y 16 de octubre de 2010. 2.- Sobre la pretensión de la declaración de no
adeudo, el demandado señala que “de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 25740,
vigente a partir del 26 de setiembre de 1992, el Banco de la Nación absorvió por fusión al ex
Banco Regional Sur Medio y Callao – Surmeban, el que se disolvió sin liquidarse, siendo desde la
fecha antes aludida el titular del patrimonio de este último, esto es, de sus derechos y
obligaciones, razón por la cual esta entidad bancaria está legitimada activamente a interponer
la presente acción de cobranza”. Señala el demandado que no es que haya consentido la
sentencia que declara infundada la demanda, emitida en el proceso 420-2002 – 2do JCCN –
Lima, sino que esto se debió a que apelaron extemporáneamente, siendo que la misma
señalaba que la demanda es infundada por no existir la convicción probatoria de la
exigibilidad de la obligación, tal es así que mediante carta EF/92.3370 Nro. 01635-2010, el
banco responde al demandante su solicitud de emitir una constancia de no adeudo,
indicándole que si bien mediante el proceso de ODSD se había declarado infundado el
derecho de cobranza del banco, esto no significaba que el demandante no mantenía una
obligación a esta institución. 3.- El demandado señala que no es cierto que el Banco de la
Nación haya pretendido obligar al demandante a desistirse de su obligación indemnizatoria
ni mucho menos significa que se procedió con dolo, indicando que solo manifestaron una
conducta estándar en esta clase de transacciones y que no significa reconocimiento de
error del banco, dado el texto de la referida transacción y el hecho que no haya sido suscrita
por las partes. 4.- Respecto de la pretensión indemnizatoria, señala que el banco actuó con
total legitimidad y con los medios probatorios con los que contaba para ejercer su derecho
de acción, en ningún momento con temeridad o mala fe, siendo el derecho de accionar
irrestricto a cada persona y siendo el juez el encargado de resolver. Asimismo, respecto al
hecho dañoso de reportarlo en las centrales de riesgo, señala que el demandante se
encontraba reportado en las mismas desde la absorción de los pasivos del ex Surmeban al
Banco de la Nación, cuestionado los hechos dañosos indicados por el demandante por los
3 términos que allí se exponen, por carecer de medios probatorios que sustenten su
pretensión. Mediante resolución cuatro, de fecha 15 de noviembre del 2010, se tiene por
contestada la demanda; y mediante resolución número ocho se declara saneado el proceso
(folios 241). Mediante resolución catorce, de fecha 08 de setiembre de 2011 (folios 285),
corregida a fojas 294; se fijan los puntos controvertidos, se admitieron los medios
probatorios, fijándose fecha para la audiencia de pruebas, la misma que se ha llevado a
cabo conforme a los términos del acta de fojas trescientos cuarenta cuatro a trescientos
cincuenta, habiéndose recibido los informes solicitados, los cuales obran a fojas trescientos
setenta y cuatro, cuatrocientos treinta y cinco a cuatrocientos cincuenta y dos, y
cuatrocientos setenta y seis, asimismo, habiéndose recibido los informes orales ante los
Magistrados correspondientes conforme se aprecia de las constancias de fojas 833, y 883,
ha quedado la causa expedita para emitir sentencia; y CONSIDERANDO.---
PRIMERO: Toda persona natural o jurídica, tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva
para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso;
asimismo, el Juez deberá atender a que la finalidad correcta del proceso en resolver un
conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo
efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en
justicia, como lo señalan los artículos Primero y Tercero del Título Preliminar del Código
Procesal Civil.---
SEGUNDO: En este orden de ideas tenemos que, los medios probatorios tienen por
finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez,
respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones; siendo que la carga de
probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los
contradice alegando nuevos hechos, conforme lo señalan los artículos 188 y 190 de la
Norma acotada.---
TERCERO: La controversia gira, conforme se aprecia del petitorio de la demanda, en que el
demandante requiere como pretensión principal la DECLARACIÓN DE NO ADEUDO Y
CANCELACIÓN DE REPORTES NEGATIVOS EN CENTRALES DE RIESGO, y como pretensión
accesoria INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS por la suma de ochenta y siete mil
quinientos sesenta y siete soles con setenta y cuatro céntimos, con intereses legales y
expresa condena de costos y costas, para lo cual cumple con aportar los medios
probatorios a fojas cinco a sesenta y dos, con los que acredita su interés y legitimidad para
obrar.---
CUARTO: En cuanto a la pretensión principal, se debe tener en cuenta lo expresado en
autos por el Banco demandado, tanto en su escrito de contestación de demanda a fojas
ciento ochenta y dos, ratificado en su escrito de fecha 27 de octubre del 2015, obrante a
fojas 628, en los cuales señala que se ha sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional en
el sentido que se ha cumplido con RECTIFICAR la información respecto del reporte de
deudas del demandante en las Centrales de Riesgo, con fecha 22 de setiembre de 2010, por
lo que deberá tenerse presente lo expuesto por la parte ejecutante al contestar la
demanda y al formular su informe escrito como una declaración asimilada de conformidad
a lo previsto en el artículo 221 del Código Procesal Civil, al momento de resolver. --
QUINTO: Mediante resolución catorce, de fojas doscientos ochenta y cinco a doscientos
ochenta y siete, se han fijado como puntos controvertidos: a) Determinar si la demanda
interpuesta por el Banco de la Nación en contra del demandante David Evaristo Martínez
Huamalí ante el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte (expediente número 420-02) fue
ilegal o producto del ejercicio legítimo de acción, b) Establecer si el banco demandado,
luego de perder el proceso señalado en el punto anterior, lo reportó al demandante como
deudor en las centrales de riesgo, c) Determinar si el banco demandado pretendió obligar al
demandante a desistirse de su pretensión indemnizatoria, d) Establecer si el banco
demandado ejerció regularmente su derecho de acción, e) Determinar si el banco de crédito
no admitió que el demandante renovara sus poderes como Presidente de la Asociación de
4 Comerciantes Micro y Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de Ancón y este haya
dejado de ganar la suma de veinticuatro mil doscientos nuevos soles y f) Establecer si el
banco demandado debe indemnizar al demandante por los daños y perjuicios causados
(daño emergente, lucro cesante y daño moral).---
SEXTO.- Con respecto a los puntos controvertidos consistentes en a) Determinar si la
demanda interpuesta por el Banco de la Nación en contra del demandante David Evaristo
Martínez Huamalí ante el Segundo Juzgado Civil del Cono Norte (expediente número 420-
02) fue ilegal o producto del ejercicio legítimo de acción y d) Establecer si el banco
demandado ejerció regularmente su derecho de acción, al respecto debemos precisar que
en el expediente acompañado, ofrecido como medio probatorio por el propio demandante,
se aprecia que mediante la sentencia de fecha dos de noviembre del año dos mil seis,
obrante a fojas doscientos setenta y uno a doscientos setenta y cinco, que declara
infundada la demanda, emitida en el proceso 420-2002 – 2do JCCN – Lima, la misma
señalaba en su fundamento tercero que se ha llegado a determinar con la solicitud de
contrato de tarjeta de crédito de personas naturales, con la cual se demuestra la existencia
de una cuenta corriente en moneda nacional número 004-8165, de fecha veintitrés de
setiembre de mil novecientos noventa y uno, constituyendo dicho contrato en el origen
causal de la relación obligacional; lo que se condice con lo expresado por el banco
demandado en el sentido que si bien la demanda por obligación de dar suma de dinero
iniciada por el Banco de la Nación (expediente 420-2002) fue declarada infundada por no
existir la convicción probatoria de la exigibilidad de la obligación, el Banco, mediante carta
EF/92.3370 Nro. 01635-2010, el banco responde al demandante su solicitud de emitir una
constancia de no adeudo, indicándole que si bien mediante el proceso de ODSD se había
declarado infundado el derecho de cobranza del banco, esto no significaba que el
demandante no mantenía una obligación a esta institución. En consecuencia, queda
acreditado con la sentencia consentida que, si bien el Banco de la Nación obtuvo un
pronunciamiento desfavorable, su legitimidad para obrar quedó plenamente acreditada en
dicho proceso, habiendo incluso el demandado formulado los recursos impugnatorios, con
lo que queda establecido que el Banco de la Nación ejerció su derecho de acción
legalmente.----
SÉTIMO: Con respecto al punto controvertido consistente en b) Establecer si el banco
demandado, luego de perder el proceso señalado en el punto anterior, lo reportó al
demandante como deudor en las centrales de riesgo, al respecto es preciso analizar los
informes recibidos y que obran en autos, en el cual la Superintendencia de Banca Seguros y
AFP, informa al juzgado que el demandante ha sido reportado por el Banco de la Nación
desde el mes de julio de 1994 hasta el mes de julio del año 2010, informe que obra a fojas
cuatrocientos cincuenta y uno a cuatrocientos cincuenta y dos, con lo que queda
demostrado que al señor David Evaristo Martínez Huamalí, identificado con documento
nacional de identidad 06893714, se le reportó mucho antes de interponerse el proceso de
obligación de dar suma de dinero, el mismo que acompaña al presente proceso.------------------
OCTAVO: Con respecto al punto controvertido consistente en c) Determinar si el banco
demandado pretendió obligar al demandante a desistirse de su pretensión
indemnizatoria, al respecto es preciso tener en cuenta que si es cierto el banco demandado
hizo llegar al demandante como a su abogado el proyecto de la transacción extrajudicial, la
misma que obra a fojas cincuenta y siete a cincuenta y nueve, hecho que ha sido
corroborado por el representante legal del Banco de la Nación, quien al absolver el pliego
interrogatorio en su cuarta pregunta señala: “Hubo un proyecto denominado transacción
que según obra en el expediente elaborado y entregado por el banco, y fue suscrito por el
demandante y su abogado pero no por los funcionarios del Banco de la Nación y ellos se lo
llevaron para su evaluación”, lo que se complementa con la misma declaración del
representante legal quien en respuesta a la cuarta pregunta del pliego interrogatorio
señaló: “Nunca se suscribió transacción alguna y, en efecto, el demandante continuó
5 requiriendo que se levantara su RCD y en lo pertinente a su reclamo indemnizatorio, no
correspondía al banco determinar la validez de su reclamo sino al Poder Judicial”. Que, el
artículo 1302 del Código Civil establece que “Por la transacción las partes, haciéndose
concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que
puede promoverse (…); y el artículo 1303 del precitado código señala que “La transacción
debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el
objeto de dicha transacción”. En consecuencia, el “proyecto de transacción extrajudicial”
nunca se suscribió por falta de voluntad de ambas partes, quedándose en la etapa
preparatoria ante la ausencia de acuerdo de las partes de celebrarlo, por lo que no ha
quedado acreditado que el demandado pretendió obligar al demandante a desistirse de su
pretensión indemnizatoria. ---
NOVENO: Con respecto al punto controvertido consistente en e) Determinar si el banco de
crédito no admitió que el demandante renovara sus poderes como Presidente de la
Asociación de Comerciantes Micro y Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de
Ancón y este haya dejado de ganar la suma de veinticuatro mil doscientos nuevos soles, al
respecto, conforme al informe remitido por el Banco de Crédito del Perú, el mismo que
obra a fojas trescientos setenta y cuatro, la entidad bancaria precisa que “(…) la renovación
del poder del señor David E. Martínez Huamalí, fue observada por nuestro banco debido a que
se encontraba reportado en la central de riesgo de la SBS, por una deuda con el Banco de la
Nación, lo cual se comunicó al cliente oportunamente”, con lo que queda plenamente
establecido que efectivamente el encontrarse reportado como deudor, no permitió que se
renueven sus poderes como Presidente de la Asociación de Comerciantes Micro y
Mediando Empresarios Pro Parque Industrial de Ancón. Respecto a que el demandante
haya dejado de ganar la suma de veinticuatro mil doscientos nuevos soles, siendo este
pedido parte de la pretensión accesoria de indemnización, se dilucidará en el considerando
correspondiente.---
DÉCIMO: De los actuados se desprende que, en cuanto a lo peticionado por el demandante
como pretensión principal, la DECLARACIÓN DE NO ADEUDO Y CANCELACIÓN DE
REPORTES NEGATIVOS EN CENTRALES DE RIESGO, tal como se ha precisado en los
considerandos cuarto y quinto de la presente resolución, se debe tener en cuenta lo
expresado por el Banco demandado, tanto en su escrito de contestación de demanda a
fojas ciento ochenta y dos, ratificado en su escrito de fecha 27 de octubre del 2015, obrante
a fojas 628, en los cuales señala que se ha sustraído la pretensión del ámbito jurisdiccional
en el sentido que se ha cumplido con rectificar la información respecto del reporte de
deudas del demandante en las Centrales de Riesgo, con fecha 22 de setiembre de 2010, por
lo que deberá tenerse presente lo expuesto por la parte ejecutante al contestar la
demanda y al formular su informe escrito como una declaración asimilada de conformidad
a lo previsto en el artículo 221 del Código Procesal Civil, sin embargo, es preciso analizar de
los informes recibidos y que obran en autos, en el cual la Superintendencia de Banca
Seguros y AFP (fojas 435-452), solamente se informa al juzgado que el demandante ha sido
reportado por el Banco de la Nación desde el mes de julio de 1994 hasta el mes de julio del
año 2010 y que a la fecha ya se ha rectificado tal información, así como el informe emitido
por Equifax Perú Sociedad Anónima Cerrada (fojas 475-476), habiéndose acreditado
solamente la cancelación de los reportes negativos en las centrales de riesgos carece de
objeto pronunciarse sobre tal extremo; más no se ha establecido de manera clara en lo que
respecta al extremo de la DECLARACIÓN DE NO ADEUDOS, más aún si el demandado no se
ha allanado ni reconocido tal pretensión de la demanda y, ante la evidencia de lo resuelto
en el expediente acompañado y lo manifestado por el propio banco demandado en su
escrito de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince (fojas 628-638), en el cual señala
que la declaración de no adeudos que solicita el demandante la puede solicitar en
cualquier momento y en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional; corresponde amparar
la pretensión en ese extremo.----------------------------------------------------------------------------------------------
6 DÉCIMO PRIMERO: Con respecto al punto controvertido consistente en f) Establecer si el
banco demandado debe indemnizar al demandante por los daños y perjuicios causados
(daño emergente, lucro cesante y daño moral); En cuanto a la pretensión procesal
indemnizatoria, se debe tener en cuenta que la Responsabilidad Civil está orientada
fundamentalmente a indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación entre los
particulares y puede ser, conforme a la Doctrina Civil: i) Contractual, como consecuencia
del incumplimiento de una obligación voluntaria (principalmente contractual); o, ii)
Extracontractual, cuando entre aquellos no existe ningún vínculo de orden obligacional o
incluso existiendo, el daño es consecuencia no del incumplimiento de una obligación
voluntaria, sino simplemente del incumplimiento del deber jurídico de no causar daño a
otro. Asimismo, Respecto de la responsabilidad contractual se aplica a todos los casos de
incumplimiento de una obligación concreta, pre existente, cualquiera que sea su fuente,
salvo que la ley regule el hecho de manera diferente. En tal sentido, existe responsabilidad
cuando se incumple una obligación derivada de un contrato; en este punto es necesario
tener en cuenta lo establecido en el artículo 1351 del Código Civil, que señala: “El contrato es
el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica
patrimonial”; asimismo “el contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la
aceptación es conocida por el oferente”; verificándose de autos que la relación contractual
se configura en tanto el demandante era cliente del demandado y titular de las Cuentas
N°004-0008165 y N°004-008386, cuentas cuyo presunto incumplimiento de pago generaron
el proceso judicial iniciado por el BANCO DE LA NACION contra el demandante DAVID
EVARISTO MARTÍNEZ HUAMALÍ; de donde se desprende que nos encontramos frente a una
RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CONTRACTUAL.---
DÉCIMO SEGUNDO: Si bien el artículo 1321° del Código Civil, precisa cómo se configura la
indemnización por daños y perjuicios, pero el mero incumplimiento contractual o
producción del hecho ilícito no produce de forma automática el nacimiento de la
indemnización por daños y perjuicios, de allí que la probanza de este incumplimiento o
realización del hecho doloso o culposo incumbe al perjudicado, el cual debe probar el nexo
de causalidad entre el hecho y el daño producido. Nuestro ordenamiento jurídico en
materia procesal ha establecido cuatro elementos o presupuestos: a) la antijuricidad; b) la
existencia de daño causado; c) la relación de causalidad adecuada entre el hecho causante y
el daño generado; y d) el Factor de Atribución o hecho causante del daño, revestido de dolo
o culpa. Por lo que a fin de determinar si al demandado le alcanza la responsabilidad
imputada, corresponde analizar los elementos de su configuración.---
DECIMO TERCERO.- La Antijuricidad: Es todo comportamiento humano que causa daño a
otro mediante acciones u omisiones no amparadas por el derecho, por contravenir una
norma, el orden público, la moral y las buenas costumbres; en ese sentido, una conducta es
antijurídica cuando contraviene una “norma prohibitiva” o viola el sistema jurídico en su
totalidad, afectando sus valores o principios. La antijuricidad en sentido genérico, en el
ámbito de la responsabilidad civil contractual, será exclusivamente típica, porque ella
resulta del incumplimiento total de una obligación, del cumplimiento parcial o defectuoso o
del cumplimiento tardío de una obligación, conforme a lo regulado en el artículo 1321 del
Código Civil. ---
DECIMO CUARTO. - En ese sentido tenemos que, de lo actuado se puede establecer que la
antijuricidad del evento dañoso se establece desde el momento en que pese a haberse
consentido la sentencia que declaraba infundada la demanda de obligación de dar suma de
dinero interpuesta por el BANCO DE LA NACION contra DAVID EVARISTO MARTÍNEZ
HUAMALÍ, el ahora demandado no levantó ante las Centrales de Riesgo, la situación de
DEUDOR de DAVID EVARISTO MARTÍNEZ HUAMALÍ persistiendo así en la conducta que
generó el daño al demandante; por lo que de esta manera se encuentra configurada la
antijuricidad del evento dañoso.--
7 DECIMO QUINTO.- El Daño Causado: En cuanto al daño causado, resulta un aspecto
fundamental de la responsabilidad civil, porque sin él no hay nada que indemnizar, lo que
constituye la lesión o menoscabo a todo derecho subjetivo del individuo, jurídicamente
protegido; sin daño o perjuicio no hay responsabilidad civil, puesto que el objetivo
primordial de la misma es precisamente la indemnización o resarcimiento del daño causado;
en el que se encuentran dos grande categorías: i) patrimonial (daño emergente y lucro
cesante);y, ii) extrapatrimonial (daño a la persona que comprendería también al daño
moral). En la doctrina contemporánea hay unanimidad en que existen dos categorías de
daño patrimonial: a) el daño emergente; que está referido a la pérdida patrimonial
efectivamente sufrida; y, b) el lucro cesante; referida a la renta o ganancia frustrada o
dejada de percibir. Ambas categorías son aplicables con el mismo significado, tanto al
sistema de responsabilidad civil contractual como extracontractual; siendo que en el
presente caso el demandante pretende el pago de S/ 24,200.00 por concepto de LUCRO
CESANTE, el monto de S/ 13,367.74 por concepto de DAÑO EMERGENTE y la suma de S/
50,000.00 por concepto de DAÑO MORAL.---
DECIMO SEXTO.- La relación de causalidad, que la constituye la relación jurídica de causa-
efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima; siendo que en el
ámbito de la responsabilidad contractual se encuentra regulado en el artículo 1321°, la
teoría de la causa inmediata y directa, existiendo en ambas clases de responsabilidad la
“concausa” (cuando dos conductas o acontecimientos contribuyen a la producción del
daño) y “fractura causal” (cuando existe un conflicto de causas o conductas, una de las
cuales es la que llega a producir efectivamente el daño haciendo imposible que la otra
hubiera llegado a producirlo). En ese sentido, se entiende que debe existir una relación de
causa-efecto, es decir, de antecedente – consecuencia entre la conducta antijurídica del
autor y el daño causado a la víctima. En ese entendido, esto significa que el daño causado
debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se configure un
supuesto de responsabilidad civil extracontractual. Bajo ese contexto, tenemos que como
consecuencia del resultado del proceso N°2002-00420-0-0901-JR-CI-03 seguido por BANCO
DE LA NACION contra DAVID EVARISTO MARTÍNEZ HUAMALÍ, en el cual el Segundo
Juzgado Especialista Civil de la Corte Superior de Lima Este, declaró INFUNDADA la
demanda de OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO; sin embargo, el demandante BANCO
DE LA NACION no cumplió con su deber de informar a las CENTRALES DE |
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EXPEDIENTE : 05040-2010-0-2005-JR-LA-01
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : BURGOS SOLIS LEANDRO FAVIO
ESPECIALISTA : INGRID LORENA LACHIRA CORREA
DEMANDADO : COPEINCA SA,
DEMANDANTE : PAIVA CHERRE, ENRIQUE
Resolución N° Treinta (30)
Paita, veinticinco de enero
Del año dos mil veintiuno.-
AUTO DE MEDIDA DE EJECUCION
I. ANTECEDENTES:
1. Mediante resolución número 28 de fecha 05.10.2020, entre otros, se le
requiere a la demandada ARCOPA SA para que dentro el plazo de cinco días
cumpla con cancelar al demandante el monto de S/.9,447.86 bajo
apercibimiento de iniciarse ejecución forzada en caso de incumplimiento.
2. Con escrito N° 2213-2020 la parte demandante solicita se dicte medida
cautelar de embargo en forma de retención sobre las cuentas de ahorro y
corrientes que pudiera tener la empresa demandada en las entidades
financieras: Banco BBVA Continental, Banco Scotiabank Perú SAA, Banco
de Crédito, Caja Municipal de Piura, Caja Municipal de Sullana, Caja
Municipal de Paita hasta por el monto de S/.14,000.00 por concepto de
capital y pretensiones accesorias. Sustenta su solicitud en que pese al
tiempo transcurrido la emplazada no ha cumplido con el pago ordenado.
II. ANÁLISIS Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
1. El artículo 24° de la Constitución Política del Perú establece que: “El
trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que
procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. El pago de la
remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene
prioridad sobre cualquiera otra obligación del empleador. Las
remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las
organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores”
2. La legislación de la materia, Ley N° 26636 – Ley Procesal del Trabajo, en su
artículo 77° señala: “El Juez inicia la ejecución requiriendo al ejecutado a
cumplir con la obligación establecida, bajo apercibimiento de afectar los
bienes en la forma que señale el demandante, si es una obligación de dar
suma líquida, o de aplicar lo dispuesto en el Artículo 75°, si es una obligación
de hacer o de no hacer. (…)”
3. Concordante a ello, el artículo 657° del Código Procesal Civil de aplicación
supletoria a los procesos laborales indica: “Cuando la medida recae sobre
derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros, cuyo titular es el
afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. Tratándose de otros
bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del
depositario, salvo que los ponga a disposición del Juez. Si el poseedor de los
derechos de crédito es una entidad financiera, el Juez ordenará la retención
mediante envío del mandato vía correo electrónico, trabándose la medida
inmediatamente o excepcionalmente por cualquier otro medio fehaciente que
deje constancia de su decisión. (…)”
4. Por su parte el TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su artículo 4°
refiere lo siguiente: “Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar
cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa,
emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin
poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o
interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa
que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o
denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede
avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional.
No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa
juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar
procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa,
civil y penal que la ley determine en cada caso. (…)”
5. Del estudio de autos, se tiene que con Sentencia contenida en la resolución
número 23 de fecha 15.08.2019, se resuelve declarar FUNDADA EN PARTE
la demanda interpuesta por Enrique Paiva Cherre contra Corporación
Pesquera Inca SAC – COPEINCA sobre Reintegro de Participación de Pesca,
ordenando que la emplazada pague a favor del actor la cantidad de
S/.9,447.86 soles, más intereses legales y costos del proceso, Sentencia que
a través de la resolución número 25 de fecha 06.12.2019 fue declara firme y
consentida.
6. Así, al haber sido declara firme y consentida, la Sentencia de autos tiene
calidad de Cosa Juzgada, por consiguiente, el pago por concepto de capital
y pretensiones accesorias ordenado debe ser de ineludible cumplimiento.
7. Que, es preciso mencionar que la resolución número 28 que concede a la
empresa demandada el plazo de cinco días para que cumpla con la
obligación de pago, le ha sido válidamente notificada en su domicilio real y
procesal el día 28.10.2020 (casilla judicial) y 04.12.2020 (domicilio real) tal
y como obra de los asientos de notificación insertos a folios 535, 537 y 538
respectivamente.
8. Así pues, ante el incumplimiento del pago por parte de la demandada, y,
con la finalidad de garantizar el pago efectivo de los derechos laborales,
dada la naturaleza social y alimentaria de éstos, y, en concordancia con las
normas precitadas, se debe hacer efectivo el apercibimiento decretado en la
resolución número 28 de fecha 05.10.2020, y, dar inicio a la ejecución
forzada solicitada por el demandante, precisándose que la cantidad
solicitada tiene por finalidad cubrir el pago por capital y pretensiones
accesorias reconocidas al actor.
9. Por consiguiente, corresponde en este estado del proceso trabar embargo en
forma de retención hasta por el monto de S/.14,000.00 sobre las cuentas de ahorro y corrientes que pudiera tener la empresa demandada
Corporación Pesquera Inca SAC – COPEINCA en las siguientes entidades
financieras: Banco BBVA Continental, Banco Scotiabank Perú SAA, Banco
de Crédito, Caja Municipal de Piura, Caja Municipal de Sullana, Caja
Municipal de Paita, todas con oficinas en Paita, debiéndose cursar el oficio
correspondiente en forma progresiva, atendiendo a lo manifestado por cada
entidad bancaria, y retenida que fuese la cantidad solicitada, sea esta
depositada a través de depósito judicial en el Banco de la Nación a la orden
del juzgado y a favor del ejecutante.
10. Finalmente, del estudio de autos se observa que mediante resolución que
antecede se ha resuelto conceder apelación con efecto suspensivo a favor de
la empresa demandada, por tanto, se deberá formar tanto físicamente como
en el Sistema Integrado de Justicia un cuaderno para la tramitación de la
medida de ejecución concedida a través de la presente.
III. DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos: SE RESUELVE:
1. HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO interpuesto mediante resolución
número 28 de fecha 05.10.2020, y
2. DAR INICIO A LA EJECUCIÓN FORZADA solicitada por el accionante
ENRIQUE PAIVA CHERRES contra la empresa demandada CORPORACIÓN
PESQUERA INCA SAC – COPEINCA.
3. En consecuencia, TRÁBASE EMBARGO EN FORMA DE RETENCIÓN hasta
por el monto de S/.14,000.00 (CATORCE MIL Y 00/100 SOLES), sobre
las cuentas de ahorro y corrientes que pudiera tener la empresa demandada
en las siguientes entidades financieras: Banco BBVA Continental, Banco
Scotiabank Perú SAA, Banco de Crédito, Caja Municipal de Piura, Caja
Municipal de Sullana, Caja Municipal de Paita, todas con oficinas en Paita
debiéndose depositar la cantidad retenida a la orden del Juzgado y a favor
del ejecutante en el Banco de la Nación, consecuentemente,
4. OFÍCIESE en forma progresiva a las entidades financieras mencionadas:
1° BANCO BBVA CONTINENTAL, 2° BANCO SCOTIABANK PERÚ SAA,
3° BANCO DE CRÉDITO, 4° CAJA MUNICIPAL DE PIURA, 5° CAJA
MUNICIPAL DE SULLANA, y 6° CAJA MUNICIPAL DE PAITA todas con
oficinas en Paita, para la ejecución de la presente medida cautelar;
debiendo informar al Juzgado bajo responsabilidad y de inmediato.
5. FÓRMESE tanto físicamente como en el Sistema Integrado de Justicia el
cuaderno respectivo para la tramitación de la presente medida, anexándose
copia certificada del escrito que se provee así como de la presente
resolución.
6. EJECUTADA que sea la presente media cautelar se notificará a la
demandada en su respectivo domicilio real y procesal señalado en autos.
7. NOTIFÍQUESE SÓLO A LA PARTE DEMANDANTE.- |
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SEGUNDA SALA LABORAL (A)
Expediente N° : 00162-2010-47-1801-JR-LA-18
Demandante : ESWIN ALDO PAIRAZAMAN AMAYA
Demandado : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESUERO
FONDEPES –MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Materia : Beneficios Sociales Y OTRO
Juzgado : 18° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima.
Reparto Interno : 05-12-2017
RUNZER CARRIÓN
Resolución número:
Lima, 07 de diciembre del 2017.-
AUTOS Y VISTOS: Traídos los autos a despacho para
Sentenciar en Tribunal Unipersonal; e interviniendo como ponente la señora
Juez Superior Runzer Carrión; y CONSIDERANDO:
Primero: Es materia de apelación la Resolución Nº 14, de fecha 22 de enero
del 2016, corriente de fojas 66 a 67, que resuelve requerir al Ministerio de
Producción y del Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero para informar sobre
el tramite de inclusión en el pliego presupuestario del pago total de la suma
de S/.10,153.73 nuevos soles, por el concepto de pagos de beneficios sociales,
conforme lo ordenado en la sentencia, así como también el extremo que
declara injustificable la devolución de cedula de notificación realizada a través
de su escrito de fecha 27 de octubre del 2015.
Segundo: Los agravios que contiene el escrito de apelación de la parte
demandada, de fojas 77 a fojas 80, están referidos:
• El Juez de la causa no ha tenido en cuenta que FONDEPES tiene su
propia pliego presupuestal independiente, en donde obran las
contingencias como generadas en el presente proceso judicial
procuraduría Pública, razón por la cual, es inconsistente el
requerimiento en contra en contra del Ministerio de Producción, al no
ser el obligado a realizar el reparo contable; más aún agregan que
FONDEPES tiene su propia Procuraduría Pública quien actualmente es
la persona de Blanca Zumaeta Oropeza, la cual ha sido designada a través de la Resolución Suprema N°110-2013-JUS, quienes son los
llamados por Ley a realizar la defensa judicial de la empresa
demandada en el presente proceso.
• Respecto a la improcedencia de la devolución de cedular realizada a
través de su escrito de fecha 27 de octubre del 2015, señalan que lo
señalado por el A quo es una violación de los derechos de su
representada, ya que a través de estos actos el juzgado considera que el
Ministerio de Producción es parte dentro del proceso judicial, sin tener
en cuenta que FONDEPES es un órgano desconcentrado autónomo
económico, técnico y administrativo, por lo que ellos son los llamados
pro Ley a realizar la defensa judicial de la empresa demandada en el
presente proceso.
Tercero: Que, la institución de Cosa Juzgada en nuestro medio ha sido elevada
a la categoría de mandato constitucional contenido en el artículo 139º inciso 13
de la Carta Política, según el cual constituye principio y derecho de la función
jurisdiccional la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
ejecutoriada; de manera que y como reza el adagio latino del non bis idem frente
a una resolución ejecutoriada no cabe sino cumplir su mandato, sin que pueda
volverse a discutir el asunto ya debatido.
Cuarto: A nivel infraconstitucional la Cosa Juzgada ha sido desarrollada tanto
por el Código Procesal Civil como por la Ley Orgánica del Poder Judicial; que en
efecto el artículo 123º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
proceso laboral, establece que una resolución adquiere la autoridad de cosa
juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya
resueltos, o las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.
Quinto: En función al agravio expuesto se tiene de autos del escrito de
demanda que el actor dirige la misma contra su exempleadora Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES- Ministerio de la Producción, ver
fojas 53 parte pertinente sobre pago de beneficios sociales; ahora bien;
mediante sentencia, de fecha 30 de octubre del dos mil doce , el juez de la
causa declara fundada la demanda, ordenando a pagara a FONDEPES los
beneficios sociales que en ella resuelve (ver fojas 47) Asimismo, mediante
Resolución de Vista, de fecha 01 de abril del 2015, de fojas 50 a 56, en Tribunal Unipersonal, la Primera Sala Laboral resuelve : … “CONFIRMARON
la sentencia de fecha 30 de octubre del 2013, obrante de fojas 190 a 203, que
declara fundad ala demanda, en consecuencia ORDENA que la demandada
Ministerio de la Producción –FONDEPES cumpla con pagar al actor la suma
de S/. 10,153.70 nuevos soles por competo de beneficios sociales … (sic).”
quedando consecuentemente revestida de los efectos de la cosa juzgada.
Sexto: Es así, que al ejecutar mediante la Resolución Nº 14, de fecha 22 de
enero del 2016, corriente de fojas 66 a 67; requiere al Miinisterio de
Producción y del Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero para informar sobre
el tramite de inclusión en el pliego presupuestario del pago total de la suma
de S/.10,153.73 nuevos soles, por el concepto de pagos de beneficios sociales,
conforme lo ordenado en la sentencia, siendo la misma materia de apelación
de la presente.; Al respecto, es de señalar que la parte demandada señala
como agravio que no se ha tenido en cuenta que FONDEPES tiene su propia
pliego presupuestal independiente, en donde obran las contingencias como
generadas en el presente proceso judicial procuraduría Pública, razón por la
cual, es inconsistente el requerimiento en contra en contra del Ministerio de
Producción. De lo señalado , se debe tener en cuenta que la momento de
emplazar a la demandas siendo que FODNDEPES contesta la demanda
mediante escrito de fojas 20, donde señala en su representación lo siguiente: “
..Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, es un organismo
Público Descentralizado del Ministerio del Ministerio de la Producción, conforme
lo dispone el articulo 68° concordante con el articulo 27° del Decreto Supremo N°
10-2006-PRODUCE , Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción, publicado el 04 de mayo del 2006 y su anexo de fecha 05 de
mayo del mismo año, la representación de este organismo recae en
Procuraduría a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Producción (sic)”; de lo que se colige que FONDEPES es representado a través
del Ministerio de la Producción, máxime si se tiene en cuenta que el propio
Ministerio de la Producción se apersona al proceso y delega representación
mediante escrito de fojas 29; por lo que requerimiento efectuado por el A quo
mediante la resolución número 14, materia de apelación, se encuentra
conforme a ley, por lo que se debe desestimarse lo alegado por la parte
demandada, confirmándose el auto apelado. Sétimo Respecto a la apelación improcedencia de la devolución de cedular
realizada a través de su escrito de fecha 27 de octubre del de la Resolución N°
14 en el extremo que señala “…Téngase por no devuelta la cedula de
notificación con la resolución trece, y remítase al Ministerio de Producción
para su conocimiento en atención a lo previsto por el articulo 155 del código
Procesal civil …”. Al respecto se tiene que lo emitido en este extremo es
estrictamente un Decreto, debiendo haber interpuesto la demandada el
recurso de Reposición, ante el mismo órgano que los expidio de conformidad
con el artículo 51° de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, concordado con el
artículo 362° del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente.; siendo que
es relevante tener en cuenta, lo señalado por la Jurisprudencia:“Procede
contra los decretos recurso de reposición más no recurso de Apelación”
. Exp. 4762-981Lima, de fecha 22/01/1999.; por lo que se desestima el
agravio debiendo confirmarse este extremo de la Resolución N° 14.
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la
Ley Procesal del Trabajo, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú
RESUELVE:
CONFIRMAR Resolución Nº 14, de fecha 22 de enero del 2016, corriente de
fojas 66 a 67, que resuelve requerir al ministerio de Producción y del Fondo
Nacional del Desarrollo Pesquero para informar sobre el tramite de inclusión
en el pliego presupuestario del pago total de la suma de S/.10,153.73 nuevos
soles, por el concepto de pagos de beneficios sociales, conforme lo ordenado en
la sentencia, así como también el extremo que declara injustificable la
devolución de cedula de notificación realizada a través de su escrito de fecha
27 de octubre del 2015; en los seguidos por PAIRAZAMAN AMAYA ESWIN
ALDO contra MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES y Comisionaron a la Secretaría de
Sala para el cumplimiento del artículo 383° del Código Procesal Civil; Hágase
Saber.-
RUNZER CARRION
1
Paredes Infanzon, Jelio.Jurisprudencia Laboral Peruana, jurista Editores, 2000, Pag. 273. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL (A)
Expediente N° : 00162-2010-47-1801-JR-LA-18
Demandante : ESWIN ALDO PAIRAZAMAN AMAYA
Demandado : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESUERO
FONDEPES –MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
Materia : Beneficios Sociales Y OTRO
Juzgado : 18° Juzgado Especializado de Trabajo Permanente
de Lima.
Reparto Interno : 05-12-2017
RUNZER CARRIÓN
Resolución número:
Lima, 07 de diciembre del 2017.-
AUTOS Y VISTOS: Traídos los autos a despacho para
Sentenciar en Tribunal Unipersonal; e interviniendo como ponente la señora
Juez Superior Runzer Carrión; y CONSIDERANDO:
Primero: Es materia de apelación la Resolución Nº 14, de fecha 22 de enero
del 2016, corriente de fojas 66 a 67, que resuelve requerir al Ministerio de
Producción y del Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero para informar sobre
el tramite de inclusión en el pliego presupuestario del pago total de la suma
de S/.10,153.73 nuevos soles, por el concepto de pagos de beneficios sociales,
conforme lo ordenado en la sentencia, así como también el extremo que
declara injustificable la devolución de cedula de notificación realizada a través
de su escrito de fecha 27 de octubre del 2015.
Segundo: Los agravios que contiene el escrito de apelación de la parte
demandada, de fojas 77 a fojas 80, están referidos:
• El Juez de la causa no ha tenido en cuenta que FONDEPES tiene su
propia pliego presupuestal independiente, en donde obran las
contingencias como generadas en el presente proceso judicial
procuraduría Pública, razón por la cual, es inconsistente el
requerimiento en contra en contra del Ministerio de Producción, al no
ser el obligado a realizar el reparo contable; más aún agregan que
FONDEPES tiene su propia Procuraduría Pública quien actualmente es
la persona de Blanca Zumaeta Oropeza, la cual ha sido designada a través de la Resolución Suprema N°110-2013-JUS, quienes son los
llamados por Ley a realizar la defensa judicial de la empresa
demandada en el presente proceso.
• Respecto a la improcedencia de la devolución de cedular realizada a
través de su escrito de fecha 27 de octubre del 2015, señalan que lo
señalado por el A quo es una violación de los derechos de su
representada, ya que a través de estos actos el juzgado considera que el
Ministerio de Producción es parte dentro del proceso judicial, sin tener
en cuenta que FONDEPES es un órgano desconcentrado autónomo
económico, técnico y administrativo, por lo que ellos son los llamados
pro Ley a realizar la defensa judicial de la empresa demandada en el
presente proceso.
Tercero: Que, la institución de Cosa Juzgada en nuestro medio ha sido elevada
a la categoría de mandato constitucional contenido en el artículo 139º inciso 13
de la Carta Política, según el cual constituye principio y derecho de la función
jurisdiccional la prohibición de revivir procesos fenecidos con resolución
ejecutoriada; de manera que y como reza el adagio latino del non bis idem frente
a una resolución ejecutoriada no cabe sino cumplir su mandato, sin que pueda
volverse a discutir el asunto ya debatido.
Cuarto: A nivel infraconstitucional la Cosa Juzgada ha sido desarrollada tanto
por el Código Procesal Civil como por la Ley Orgánica del Poder Judicial; que en
efecto el artículo 123º del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al
proceso laboral, establece que una resolución adquiere la autoridad de cosa
juzgada cuando no proceden contra ella otros medios impugnatorios que los ya
resueltos, o las partes renuncian expresamente a interponer medios
impugnatorios o dejan transcurrir los plazos sin formularlos.
Quinto: En función al agravio expuesto se tiene de autos del escrito de
demanda que el actor dirige la misma contra su exempleadora Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES- Ministerio de la Producción, ver
fojas 53 parte pertinente sobre pago de beneficios sociales; ahora bien;
mediante sentencia, de fecha 30 de octubre del dos mil doce , el juez de la
causa declara fundada la demanda, ordenando a pagara a FONDEPES los
beneficios sociales que en ella resuelve (ver fojas 47) Asimismo, mediante
Resolución de Vista, de fecha 01 de abril del 2015, de fojas 50 a 56, en Tribunal Unipersonal, la Primera Sala Laboral resuelve : … “CONFIRMARON
la sentencia de fecha 30 de octubre del 2013, obrante de fojas 190 a 203, que
declara fundad ala demanda, en consecuencia ORDENA que la demandada
Ministerio de la Producción –FONDEPES cumpla con pagar al actor la suma
de S/. 10,153.70 nuevos soles por competo de beneficios sociales … (sic).”
quedando consecuentemente revestida de los efectos de la cosa juzgada.
Sexto: Es así, que al ejecutar mediante la Resolución Nº 14, de fecha 22 de
enero del 2016, corriente de fojas 66 a 67; requiere al Miinisterio de
Producción y del Fondo Nacional del Desarrollo Pesquero para informar sobre
el tramite de inclusión en el pliego presupuestario del pago total de la suma
de S/.10,153.73 nuevos soles, por el concepto de pagos de beneficios sociales,
conforme lo ordenado en la sentencia, siendo la misma materia de apelación
de la presente.; Al respecto, es de señalar que la parte demandada señala
como agravio que no se ha tenido en cuenta que FONDEPES tiene su propia
pliego presupuestal independiente, en donde obran las contingencias como
generadas en el presente proceso judicial procuraduría Pública, razón por la
cual, es inconsistente el requerimiento en contra en contra del Ministerio de
Producción. De lo señalado , se debe tener en cuenta que la momento de
emplazar a la demandas siendo que FODNDEPES contesta la demanda
mediante escrito de fojas 20, donde señala en su representación lo siguiente: “
..Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, es un organismo
Público Descentralizado del Ministerio del Ministerio de la Producción, conforme
lo dispone el articulo 68° concordante con el articulo 27° del Decreto Supremo N°
10-2006-PRODUCE , Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de
la Producción, publicado el 04 de mayo del 2006 y su anexo de fecha 05 de
mayo del mismo año, la representación de este organismo recae en
Procuraduría a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de
Producción (sic)”; de lo que se colige que FONDEPES es representado a través
del Ministerio de la Producción, máxime si se tiene en cuenta que el propio
Ministerio de la Producción se apersona al proceso y delega representación
mediante escrito de fojas 29; por lo que requerimiento efectuado por el A quo
mediante la resolución número 14, materia de apelación, se encuentra
conforme a ley, por lo que se debe desestimarse lo alegado por la parte
demandada, confirmándose el auto apelado. Sétimo Respecto a la apelación improcedencia de la devolución de cedular
realizada a través de su escrito de fecha 27 de octubre del de la Resolución N°
14 en el extremo que señala “…Téngase por no devuelta la cedula de
notificación con la resolución trece, y remítase al Ministerio de Producción
para su conocimiento en atención a lo previsto por el articulo 155 del código
Procesal civil …”. Al respecto se tiene que lo emitido en este extremo es
estrictamente un Decreto, debiendo haber interpuesto la demandada el
recurso de Reposición, ante el mismo órgano que los expidio de conformidad
con el artículo 51° de la Ley Procesal de Trabajo N° 26636, concordado con el
artículo 362° del Código Procesal Civil aplicado supletoriamente.; siendo que
es relevante tener en cuenta, lo señalado por la Jurisprudencia:“Procede
contra los decretos recurso de reposición más no recurso de Apelación”
. Exp. 4762-981Lima, de fecha 22/01/1999.; por lo que se desestima el
agravio debiendo confirmarse este extremo de la Resolución N° 14.
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la
Ley Procesal del Trabajo, la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de
Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del
Perú
RESUELVE:
CONFIRMAR Resolución Nº 14, de fecha 22 de enero del 2016, corriente de
fojas 66 a 67, que resuelve requerir al ministerio de Producción y del Fondo
Nacional del Desarrollo Pesquero para informar sobre el tramite de inclusión
en el pliego presupuestario del pago total de la suma de S/.10,153.73 nuevos
soles, por el concepto de pagos de beneficios sociales, conforme lo ordenado en
la sentencia, así como también el extremo que declara injustificable la
devolución de cedula de notificación realizada a través de su escrito de fecha
27 de octubre del 2015; en los seguidos por PAIRAZAMAN AMAYA ESWIN
ALDO contra MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN – FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO – FONDEPES y Comisionaron a la Secretaría de
Sala para el cumplimiento del artículo 383° del Código Procesal Civil; Hágase
Saber.-
RUNZER CARRION
1
Paredes Infanzon, Jelio.Jurisprudencia Laboral Peruana, jurista Editores, 2000, Pag. 273. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | VVVVIIIIGGGGEEEESSSSIIIIMMMMOOOO QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO JJJJUUUUZZZZGGGGAAAADDDDOOOO EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOO
DDDDEEEE TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO TTTTRRRRAAAANNNNSSSSIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO DDDDEEEE LLLLIIIIMMMMAAAA
SSSSeeeeddddeeee LLLLaaaa MMMMaaaarrrr ---- PPPPiiiissssoooo 00005555
AAAAvvvv.... LLLLaaaa MMMMaaaarrrr NNNN°°°° 1111000022227777 –––– SSSSaaaannnnttttaaaa CCCCrrrruuuuzzzz MMMMiiiirrrraaaafffflllloooorrrreeeessss LLLLiiiimmmmaaaa
EEEEXXXXPPPPEEEEDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO :::: 00000000111199992222----2222000011110000----0000----1111888800001111----JJJJRRRR----LLLLAAAA----22229999
PPPPAAAARRRRTTTTEEEE DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAANNNNTTTTEEEE :::: GGGGRRRREEEEGGGGOOOORRRRIIIIOOOO AAAALLLLFFFFOOOONNNNSSSSOOOO GGGGUUUUEEEEVVVVAAAARRRRAAAA SSSSIIIILLLLVVVVAAAA
PPPPAAAARRRRTTTTEEEE DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDAAAA :::: PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA EEEEXXXXAAAALLLLMMMMAAAARRRR SSSS....AAAA....
MMMMAAAATTTTEEEERRRRIIIIAAAA PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSAAAALLLL :::: PPPPAAAAGGGGOOOO DDDDEEEE UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
JJJJUUUUEEEEZZZZ :::: CCCCEEEESSSSPPPPEEEEDDDDEEEESSSS EEEESSSSPPPPIIIINNNNOOOOZZZZAAAA,,,, RRRRAAAAMMMMOOOONNNN EEEEDDDDUUUUAAAARRRRDDDDOOOO
EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA LLLLEEEEGGGGAAAALLLL :::: GGGGUUUUTTTTAAAARRRRRRRRAAAA DDDDAAAAMMMMAAAASSSS,,,, GGGGIIIINNNNAAAA VVVVIIIIOOOOLLLLEEEETTTTAAAA
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO 99998888----2222000022223333----22225555°°°°JJJJEEEETTTTTTTTLLLL////RRRREEEECCCCEEEE
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNN°°°° 22228888....----
Lima, treinta y uno de agosto
del año dos mil veintitrés.
IIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA....----
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Contenido de la demanda (obrante en autos de fojas 29 a 32), y el escrito
de subnación (obrante en auto de foja 37):
PPPPaaaarrrrtttteeee ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee:::: GGGGRRRREEEEGGGGOOOORRRRIIIIOOOO AAAALLLLFFFFOOOONNNNSSSSOOOO GGGGUUUUEEEEVVVVAAAARRRRAAAA SSSSIIIILLLLVVVVAAAA....
PPPPeeeettttiiiittttoooorrrriiiioooo:::: Interpone demanda contra la Empresa PESQUERA EXALMAR S.A.,
solicitando que le abone la suma de S/. 118,000.00 Soles, por concepto de
UUUUttttiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss; más intereses Legales, costas y costos del proceso.
FFFFuuuunnnnddddaaaammmmeeeennnnttttoooossss: Funda su pretensión en las citas legales que hace mención y
en el hecho de haber laborado para la demandada del 1 de octubre de
1976 hasta el 31 de diciembre del 2008 como obrero Pescador en el puesto de
Segundo Patrón, en la Embarcación de la demandada, con un salario diario
de S/. 200.00 Soles, con jornada de trabajo de los siete días de la semana.
Expresa que, la demandada como Empresa Pesquera, del sector privado y
generadora de renta de tercera categoría, se encuentra obligada al Pago de
Utilidades, a favor de todos sus trabajadores sin distinción, conforme al
Decreto Legislativo N° 892; Agrega que, la naturaleza de las Utilidades es
distinta de la remuneración, esta es originada por la contraprestación al
trabajo efectuado y que el reparto de Utilidades es a favor de los trabajadores
y su origen es por mandato legal, que dispone la distribución a favor de los
pescadores de un porcentaje de la renta anual antes del impuesto por parte
del empleador, motivado por el esfuerzo desplegado en conjunto, a favor del
empleador por lo que solicita que la demanda cumpla con pagarle las
1 utilidades siendo declarada fundada la demanda. Siendo admitida la
demanda mediante resolución N° 02 fojas 38.
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Contenido de la contestación de la demanda (obrante en autos de fojas
134 a 142):
PPPPaaaarrrrtttteeee DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa:::: PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA EEEEXXXXAAAALLLLMMMMAAAARRRR SSSS....AAAA....
PPPPeeeettttiiiittttoooorrrriiiioooo:::: Se declare infundada la demanda.
FFFFuuuunnnnddddaaaammmmeeeennnnttttoooossss: Contesta la demanda señalando que el pago por participación
de Utilidades, es de tal naturaleza que no depende de la voluntad del
empleador, sino que depende de la gestión de la Empresa, indicando que la
participación de Utilidades resulta un beneficio no de actividad, sino que se
encuentra condicionado a que las empresas efectivamente alcancen
Utilidades. Indica que la pretensión del demandante no puede ser acogida,
debido a que de las Declaraciones Juradas adjuntas a su contestación, no se
observa que se hayan generado Utilidades por los años 1996 al 2003, por tal
razón señala que, al no generarse Utilidades durante dichos periodos no
existe obligación de parte de su representada de repartir Utilidades. Precisa
que, respecto a los periodos comprendidos entre los años 2004 a 2008, su
representada si genero Utilidades y cumplió con el pago de S/. 10,934.34
Soles, correspondiente a los Ejercicios gravables de los años 2004 a 2008.
Finalmente señala que, su empresa ha cumplido con el pago de Utilidades
que le correspondía al trabajador en los años que están fueron generadas,
por lo que solicita que la demanda se declare infundada. Se tuvo por
contestada la demanda mediante resolución N° 03 fojas 143.
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo ddddeeeellll pppprrrroooocccceeeessssoooo::::
• Que obra de fojas 147 a 149 el Acta de Audiencia Única de fecha 20 de
octubre del 2010 acto donde se declaró saneado el proceso y como
consecuencia de ello la existencia de una relación jurídica procesal valida.
• Se dejo constancia que no fue posible conciliar el conflicto de intereses, por
inasistencia de la parte demandada:
• Se fijó como ppppuuuunnnnttttoooo ccccoooonnnnttttrrrroooovvvveeeerrrrttttiiiiddddoooo:
1111....- Determinar si corresponde el pago de utilidades de los años 1976 a
2008 que se reclama.
• Habiéndose admitido y actuado los medios probatorios ofrecidos por las
partes, tramitándose el proceso como corresponde a su naturaleza y
disponiéndose que se encontraba en situación de ser sentenciado, se emitió
la sentencia de fecha 31 de enero del 2022 que declaró fundada en parte la
demanda (fojas 402 a 406), siendo apelada por la parte demandante;
emitiéndose la Sentencia de vista de fecha 26 de agosto del 2022 (fojas
430 a 436) donde se DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRROOOO NNNNUUUULLLLAAAA la sentencia de fecha 31-01-22,
disponiéndose que el Juez de la causa emita nuevo pronunciamiento con
arreglo a Ley, por lo que, a continuación corresponde emitir nueva sentencia.-
2 IIIIIIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA::::
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: DDDDEEEE LLLLAAAA DDDDIIIIGGGGNNNNIIIIDDDDAAAADDDD HHHHUUUUMMMMAAAANNNNAAAA
1111....1111.... El artículo 1 de la Constitución del Perú, establece "La defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado".
1111....2222. El Tribunal Constitucional en la sentencia N° 0020-2012-AI/TC en su fundamento
75 señala [La dignidad humana es una cualidad inherente a la persona en cuanto ser
humano, forma parte de ella y es inseparable de ella. Su reconocimiento expreso en
el texto constitucional supone que la fundamentación del ordenamiento jurídico no
depende de un valor suprapositivo o de un poder político determinado; todo lo
contrario, tal configuración jurídica significa que la dignidad humana es el prius
lógico y axiológico de todo el sistema constitucional. Desde esta perspectiva, la
dignidad de la persona se erige como el fundamento ontológico de los derechos
fundamentales, desplegando su proyección hacia ellos, y a la vez, como el valor
supremo del ordenamiento jurídico en su conjunto], en su fundamento 76 señala
[Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha puesto de relieve que la dignidad
humana se configura como un principioderecho que exige apreciar a la persona
como fin en sí mismo. y no como medio para la consecución de alguna finalidad
(fundamento 9 de la STC 0047-2004-Al/TC; fundamento 40 de la STC 0030-2005-
P1/TC; fundamento 37 de la STC 0024-2010-P1/TC, entre otras). Asimismo, ha
señalado que su carácter despliega dos consecuencias jurídicas: "Primero, en tanto
principio, actúa a lo largo de1 proceso de aplicación y ejecución de las normas por
parte de los operadores constitucionales, como: a) criterio interpretativo; b) criterio
para la determinación del contenido esencial constitucionalmente protegido de
determinados derechos, para resolver supuestos en los que el ejercicio de los
derechos deviene en una cuestión conflictiva; (…) Segundo, en tanto derecho
fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo;
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: DDDDEEEE LLLLAAAA TTTTUUUUTTTTEEEELLLLAAAA JJJJUUUURRRRIIIISSSSDDDDIIIICCCCCCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL YYYY DDDDEEEELLLL DDDDEEEEBBBBIIIIDDDDOOOO PPPPRRRROOOOCCCCEEEESSSSOOOO....
2222....1111. Que, conforme lo prevé el artículo I del título Preliminar del Código Procesal Civil
“Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o
defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso” garantía que
se grafica en el acceso pleno e irrestricto con la obligaciones que la ley señala
taxativamente a los Jueces y Tribunales para la determinación del derecho de las
personas o de las incertidumbres con relevancia jurídica, pues de lo contrario, la
negación del acceso a la justicia implica hacer caer al ciudadano en indefensión, y
alejarle de las soluciones pacíficas de controversias que la Constitución Política del
Estado prevé explícitamente en beneficio de estos y de la comunidad. Entonces el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un deber del Estado, por lo que éste no
puede excusarse de conceder la tutela jurídica a todo aquel que la solicite.
2222....2222.... Asimismo se tiene que la garantía del derecho al debido proceso y a la tutela
jurisdiccional, amparan a su vez el cumplimiento de otros derechos, como el de la
debida motivación, por la cual el juzgador debe pronunciarse en relación a las
pretensiones demandadas por las partes, así como el derecho de defensa, a fin de
garantizar una decisión justa y arreglada a derecho, así también el Tribunal
3 Constitucional ha expresado1: “(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal
Constitucional (Exp. Nº 1480-2006- AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar
que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al
resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a
tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del
ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos
debidamente acreditados en el trámite del proceso”.
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: DDDDEEEE LLLLOOOOSSSS MMMMEEEEDDDDIIIIOOOOSSSS PPPPRRRROOOOBBBBAAAATTTTOOOORRRRIIIIOOOOSSSS.
3333....1111.... Que la finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos aducidos por
las partes, de tal modo que produzcan en el Juzgado certeza y convicción de los
puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
3333....2222.... Alexander Rioja Bermúdez2 , citando a Michele Taruffo, refiere que “La valoración
de la prueba tiene como objeto establecer la conexión final entre los medios de
prueba presentados y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos en
litigio. La valoración pretende establecer si las pruebas disponibles para el juzgador
apoyan alguna conclusión sobre el estatus epistémico final de esos enunciados y, de
hacerlo, en qué grado”, agregando dicho autor, que “la valoración está dirigida a
verificar si las pruebas aportadas por las partes en el proceso le permiten al Juez
poder sustentar su decisión en los hechos señalados por aquellas, y del mismo modo
establecer la trascendencia de dicha prueba”.
3333....3333.... Que, el derecho de prueba es un elemento del debido proceso y comprende
cinco derechos específicos: a) el derecho de ofrecer las pruebas en la etapa
correspondiente, salvo las excepciones legales; b) el derecho a que se admitan las
pruebas pertinentes ofrecidas en la oportunidad de ley; c) el derecho a que se actúen
los medios probatorios de las partes admitidos oportunamente; d) el derecho a
impugnar (oponerse o tachar) las pruebas de la parte contraria y controlar la
actuación regular de éstas; y, e) el derecho a una valoración conjunta y razonada de
las pruebas actuadas, esto es, conforme a las reglas de la sana crítica. Como se
advierte, el derecho de prueba no sólo comprende derechos sobre la propia prueba,
sino además contra la prueba de la otra parte y aún la actuada de oficio, y asimismo
el derecho a obtener del órgano jurisdiccional una motivación adecuada y suficiente
de su decisión, sobre la base de una valoración conjunta y razonada de la prueba
actuada, señalando el artículo 196 del Código adjetivo “Salvo disposición legal
diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su
pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO:::: IIIINNNNVVVVEEEERRRRSSSSIIIIÓÓÓÓNNNN DDDDEEEE LLLLAAAA CCCCAAAARRRRGGGGAAAA DDDDEEEE LLLLAAAA PPPPRRRRUUUUEEEEBBBBAAAA.
4444....1111.... Es principio fundamental en el derecho laboral que las partes acrediten los
hechos que alegan, en ese entendido el artículo 27° de la Ley Procesal de Trabajo Nº
26636 dispone:(…) Corresponde a las partes probar sus afirmaciones y
esencialmente: 1.- Al trabajador probar 1.- Al trabajador probar la existencia del
1 Expediente N° 00728-2008-HC, Sexto Fundamento.
2 Rioja Bermúdez, Alexander en: “La importancia de la prueba en el cumplimiento de las obligaciones reciprocas”, Actualidad Civil Nº 46,
Instituto Pacifico, Pág. 40. 6
4 vínculo laboral. (Esto es la prestación personal de un servicio, subordinado,
remunerado). 2.- Al empleador demandado probar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la
costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de trabajo. 3.- Al
empleador la causa del despido; al trabajador probar la existencia del despido, su
nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuera objeto.” Asimismo, el
artículo 196° del Código Procesal Civi l aplicable supletoriamente establece: “Salvo
disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos
que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando hechos nuevos.”
Por último, el primer párrafo del artículo 25° de la Ley Nº 26636 regula: (…) Los
medios probatorios en el proceso laboral tienen por finalidad acreditar los hechos
expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de los hechos
controvertidos y fundamentar sus decisiones”.
4444....2222.... La carga de la prueba implica determinar cuál de las dos partes en conflicto debe
aportar la prueba. En materia laboral, excepcionalmente se aplica la inversión de la
carga de la prueba, considerado como un principio laboral. Al respecto, Francisco
Romero Montes (2011: 190) precisa: “(…), en el ámbito procesal laboral, cuando el
trabajador es demandante, la carga de la prueba de sus aseveraciones no siempre es
de su responsabilidad. Será el demandado el que debe desvirtuar tales aseveraciones
a través de la prueba que aporte3 .” En ese entendido, de acuerdo a la regla general
corresponde al demandante probar los hechos expuestos en su demanda. De no
hacerlo, se declara infundada su pretensión. En cambio, de acuerdo a la inversión de
la carga de la prueba, corresponde al demandado desvirtuar las aseveraciones del
demandante. En caso no lo hiciera, se dará la razón al demandante.
4444....3333. En la legislación procesal laboral peruana, la inversión de la carga de la prueba
ha sido un mecanismo constante porque el demandado siempre era el empleador,
pero la razón para hacer descansar la carga de la prueba en el demandado, se debía
fundamentalmente a la consideración de que es éste el poseedor de los elementos
probatorios de la regulación de la relación de trabajo, por ser el que administra el
centro laboral. (Romero, 2011: 190).4
QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: EEEExxxxppppoooossssiiiicccciiiióóóónnnn ddddeeee llllaaaa SSSSaaaallllaaaa SSSSuuuuppppeeeerrrriiiioooorrrr:::: Que, el Superior Jerárquico de la Primera
Sala Laboral de Lima, mediante sentencia de vista de fecha 26 de agosto del 2022
(fojas 430 a 436), DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAA NNNNUUUULLLLAAAA la sentencia de fecha 31-01-22, bajo los siguientes
argumentos: SSSSeeeexxxxttttoooo....---- En el presente caso, se aprecia del escrito de demanda obrante
de fojas 29 a 32, que el actor peticiona que la demandada le cancele la suma de S/
118 000,00 Soles por ppppaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee UUUUttttiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss desde 00001111 ddddeeee ooooccccttttuuuubbbbrrrreeee ddddeeee 1111999977776666 aaaallll 33331111 ddddeeee
ddddiiiicccciiiieeeemmmmbbbbrrrreeee ddddeeee 2222000000008888, más intereses legales costos y costas del proceso, conforme a la
liquidación efectuada a fojas 29. Fundamentando en que fue Obrero Pescador en el
puesto de Segundo Patrón, en la Embarcación de la demandada, con un salario
diario de S/ 200,00 Soles, con jornada de trabajo de los siete días de la semana y que
ingreso el 1 de octubre de 1976 hasta el 31 de diciembre del 2008. Expresa que, la
3 ROMERO MONTES, Francisco. El nuevo proceso labora. GRIJLEY, 2011. Pág. 190.
4 Ídem. Pág. 190.
5 emplazada como Empresa Pesquera, del sector privado y generadora de renta de
tercera categoría, se encuentra obligada al Pago de Utilidades, a favor de todos sus
trabajadores sin distinción, conforme al Decreto Legislativo N° 892; Agrega que, la
naturaleza de las Utilidades es distinta de la remuneración, esta es originada por la
contraprestación al trabajo efectuado y que el reparto de Utilidades es a favor de los
trabajadores y su origen es por mandato legal, que dispone la distribución a favor de
los pescadores de un porcentaje de la renta anual antes del impuesto por parte del
empleador, motivado por el esfuerzo desplegado en conjunto, a favor del
empleador. Finalmente indica que, siendo el pago de Utilidades un Derecho Laboral,
reconocido constitucionalmente, tiene derecho a las Utilidades y que su
representada está obligada al reparto de ella, por lo que solicita que la demanda se
declare fundada. SSSSééééppppttttiiiimmmmoooo....---- En ese orden de ideas mediante AAAAuuuuddddiiiieeeennnncccciiiiaaaa ÚÚÚÚnnnniiiiccccaaaa de fecha
20 de octubre de 2010 obrante de fojas 147 a 149, se fijó el siguiente puntos
controvertido: "1) Determinar si corresponde el ppppaaaaggggoooo ddddeeee uuuuttttiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss ddddeeee lllloooossss aaaaññññoooossss 1111999977776666 aaaa
2222000000008888 que se reclama". OOOOccccttttaaaavvvvoooo---- Siendo así, si bien en el Considerando Sexto de la
recurrida el Juzgador ha cumplido con su obligación legal de formular las
consideraciones de hecho y derecho destinadas a estimar (2007-2008) y desestimar
(1997-2003) la participación de utilidades; sin embargo, el Juzgador no ha cumplido
con su obligación legal de formular las consideraciones de hecho y derecho
destinadas a estimar o desestimar respecto al pago de Utilidades del ppppeeeerrrriiiiooooddddoooo 1111999977776666 aaaa
1111999999996666, a pesar de que en la audiencia única se fijo como punto controvertido si
corresponde el pago de utilidades de los años 1976 a 2008 que se reclama, es decir
el Juzgador se pronuncio únicamente respecto al periodo de 1997 al 2008, sin
efectuar pronunciamiento de hecho y derecho respecto al periodo de 1976 a 1996.
NNNNoooovvvveeeennnnoooo....---- De lo expuesto se advierte que la nulidad se presenta de manera clara,
precisa e inequívoca en el hecho de que el Juez en la resolución materia de grado ha
omitido efectuar disquisición fáctica y jurídica de lo planteado por la demandada y el
demandante en su escrito de demanda conforme se ha señalado en los
considerandos precedentes, lo que significa una violación de los pppprrrriiiinnnncccciiiippppiiiioooossss ddddeeee
vvvveeeerrrraaaacccciiiiddddaaaadddd yyyy ccccoooonnnnggggrrrruuuueeeennnncccciiiiaaaa contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del
Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente. DDDDeeeecccciiiimmmmoooo....---- Siendo así, la Sentencia
venida en grado ha incurrido en incongruencia, y por tanto adolece de vicio de
nulidad de conformidad con el artículo 171° del Código Procesal Civil, por no cumplir
con lo que señala el artículo 122° inciso 3) del mismo Código, pues carece de validez
al no reunir los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad, la que no
puede ser materia de integración o subsanación en esta instancia en virtud a que
resulta necesario cautelar el derecho a la instancia plural prevista en el inciso 6) del
artículo 139º de la Constitución Política del Estado.
SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: SSSSuuuusssstttteeeennnnttttoooo ddddeeee llllaaaa JJJJuuuuddddiiiiccccaaaattttuuuurrrraaaa:::: Que, dando cumplimiento a lo ordenado por el
Superior Jerárquico, en el considerando anterior, mediante resolución N° 26 de fecha
09 de noviembre del 2022 fojas 441 se dispuso requerir a la demandada a fin de que
cumpla con remitir los pagos por concepto de utilidades, que habría efectuado en
favor del actor por el periodo 1976 a 1996, bajo apercibimiento de ordenar el pase de
autos a despacho para sentenciar, aplicando lo normado por el artículo 282° del
6 código procesal civil, en contra de sus intereses; y no habiendo cumplido la
demandada con lo ordenado se emitió la resolución N° 27 de fecha 14 de julio del
2023 fojas 447 donde se dispuso hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en la
resolución Nº 26: se prescindió de requerir dicha documentación y se trajo los autos
para sentenciar; por lo que corresponde emitir nueva sentencia;
SSSSEEEEPPPPTTTTIIIIMMMMOOOO:::: DDDDeeee llllaaaa rrrreeeellllaaaacccciiiióóóónnnn llllaaaabbbboooorrrraaaallll:::: El demandante alega que laboró para Pesquera
Exalmar S.A desde el 01 de Octubre de 1976 hasta el 31 de Diciembre del 2008; por
su parte, la demandada indica que mediante escritura pública de fecha 05 de enero
de 1998 se acordó la fusión entre Pesquera Exalmar S.A y la empresa y Pesca
Huacho S.A, Exalmar S.A y Pesquera María del Carmen S.A por lo que al ser el
demandante trabajador de Pesquera Santa María del Carmen S.A paso a ser parte
de su empresa; Al respecto con las boletas de pago obrante de fojas 03 a 05 se
observa que el año 1996, 1997 y junio de 1998 el demandante laboró para Pesquera
María del Carmen S.A; de lo mencionado se encuentra acreditado que el
demandante durante los años 1996 y 1997 y parte de 1998 laboró para Pesquera
María del Carmen S.A máxime si la SUNAT informa que Pesquera Exalmar S.A inicia
sus labores el 02 de diciembre de 1997 (fojas 155/156) por lo que el actor no pudo
laborar para una empresa que dichos años no había iniciado sus labores; con la
copia del asiento registral B0001 de la partida 40008441 fojas 174 se visualiza la
fusión entre la Pesquera María del Carmen S.A y empresa Exalmar S.A el año 1998;
razón por la cual debido a la fusión la demandada Pesquera Exalmar S.A considera al
demandante como trabajador de su empresa desde el 01 de octubre de 1976 y
como fecha de cese el 31 de diciembre del 2008 conforme se observa de las boletas
de pago fojas 06 a 14;
OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO:::: SSSSoooobbbbrrrreeee llllaaaassss UUUUttttiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss:::: En referencia a ello, es de verse que el indicado
beneficio económico tiene sustento constitucional por encontrarse expresamente
señalado en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, que lo reconoce en
los siguientes términos: “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades de la empresa y promueve otras formas de participación”. Y a nivel
infraconstitucional el Decreto Legislativo 892 expresa en su artículo 2 que la
participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se realiza en función
a su porcentaje de la renta anual antes de impuestos; es decir, la efectiva
participación en las utilidades se encuentra sujeta a la efectiva existencia de
utilidades en cada ejercicio, teniéndose en cuenta, también, lo previsto en el artículo
4 del instrumento normativo citado, el mismo que prevé que la participación en las
utilidades debe calcularse sobre el saldo de la renta imponible del ejercicio gravable
que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios anteriores de
acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta. Por tanto, se entiende que la
normatividad precedente regula el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de Rentas de
Tercera Categoría prescribe que la participación en las utilidades se calculará sobre el
saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber
compensado pérdidas de ejercicios anteriores, por lo que, los trabajadores de las
7 empresas que tienen la naturaleza de la demandada participan en un 8% de las
utilidades de la empresa, distribuyéndose el porcentaje de participación en un 50%
en función a los días laborados y 50% en proporción a las remuneraciones de cada
trabajador.
NNNNOOOOVVVVEEEENNNNOOOO:::: El demandante pretende el pago de utilidades por el periodo 01 de
Octubre de 1976 hasta el 31 de Diciembre del 2008;
ccccoooonnnn rrrreeeessssppppeeeeccccttttoooo aaaallll ppppeeeerrrriiiiooooddddoooo 1111999977776666 aaaa 1111999999997777, El demandante ofrece como medio
probatorio la exhibición de los libros de planilla y boletas de pago y declaraciones
juradas por el periodo 1976 al 2008, la demandada se opone a la exhibición de
dichos medios probatorios por el periodo de 1976 al 2000, en audiencia única fojas
148 se declara fundada la oposición propuesta por la demandada a las boletas de
pago, planillas de pago y declaraciones juradas por el periodo 1976 al 2000, en
dicha audiencia se dispuso oficiar a la SUNAT a fin de que remita las declaraciones
juradas de impuesto a la renta por los ejercicios económicos de los año 1976 a 1995,
dando respuesta la SUNAT envía un oficio fojas 155/156 donde informa lo siguiente
que de acuerdo con la información que obra en su sistema informático el
contribuyente PESQUERA EXALMAR S.A con ruc N° 20380336384 inicio sus
actividades el 02 de diciembre de 1997 por consiguiente NO REGISTRA las
declaraciones juradas anuales del impuesto a la renta de los ejercicios 1975 a 1995.
indica que PESQUERA EXALMAR S.A absorbió a la empresa EXALMAR S.A con RUC
N° 20300672231, la misma que registra como fecha de inicio de actividades el 31 de
enero de 1996 y de baja por fusión el 05-01-1998, mediante escrito de fecha 19 de
julio del 2013 fojas 163 el demandante solicito que se requiera a la demandada a
efectos de que exhiba las declaraciones juradas del impuesto a la renta de la
empresa absorbida EXALMAR S.A correspondiente a los periodos económicos de
1975 a 1995 y se oficie a la Sunat a efectos de que informe si durante los ejercicios
económicos antes señalado la empresa EXALMAR S.A con RUC N° 20300672231 ha
obtenido ganancia neta a efectos del cálculo de las utilidades, reiterándose solicitud
mediante escrito de fecha 03 de julio del 2017, mediante resolución N° 14 a la
solicitud de que se oficie a la SUNAT se dispuso no ha lugar lo solicitado debido a
que la Sunat ya había informado respecto a la demandada Exalmar S.A; Al respecto
conforme a lo explicado en el considerando séptimo se ha demostrado que el
demandante laboró para otras empresas antes del año 1998 y que la demandada
EMPRESA EXALMAR S.A al haberse fusionado con otras empresas donde laboraba
el demandante considera al demandante como su trabajador con fecha de inicio de
labores el 01 de octubre de 1976; sin embargo con respecto a las utilidades del
periodo 1976 a 1996 en que el demandante no laboró para Empresa Exalmar S.A se
debe tener presente el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 892 que establece lo
siguiente: “Precisase que en caso de fusión de empresas, para efectos del cálculo de
la participación de utilidades, se efectuará un corte a la fecha del otorgamiento de la
escritura pública, para determinar los montos a pagar a los trabajadores de cada una
de las empresas fusionadas a dicha fecha, es decir en una fusión para el cálculo de
utilidades sssseeee ccccoooonnnnssssiiiiddddeeeerrrraaaarrrraaaa llllaaaassss uuuuttttiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss oooobbbbtttteeeennnniiiiddddaaaassss eeeennnn ccccaaaaddddaaaa eeeemmmmpppprrrreeeessssaaaa, en el caso de
8 autos del contenido del escrito de demanda fojas 29 SE OBSERVA QUE EL
DEMANDANTE DIRIGE SU DEMANDA CONTRA PESQUERA EXALMAR S.A Y NO
CONTRA OTRAS EMPRESAS, pretendiendo que esta le abone las utilidades que
adquirió en dicha empresa; por lo que atendiendo a que la demanda sólo puede
ser modificada o ampliada, antes de su notificación conforme a lo establecido en el
artículo 428° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al Proceso Laboral-
Ley No. 26636; habiendo tenido el actor la posibilidad de modificar, ampliar su
demandada y hacer las precisiones que crea conveniente hasta antes de su
notificación al demandado, no pudiendo esta judicatura pronunciarse más allá de
lo pretendido por el actor, debiendo precisar además que conforme al artículo 15 de
la Ley Procesal laboral inciso 5, la pretensión de la demanda deber ser expuesta de
forma clara y concreta; en consecuencia NO SE HA ACREDITADO que la demandada
PESQUERA EXALMAR S.A haya obtenido obtenido utilidades durante los años 1976 a
1996, debido a que inicio sus actividades el año 1998.
Es pertinente señalar respecto a lo manifestado por el actor en sus alegatos en
cuanto a que la demandada habría obtenido utilizando debido a que habría
realizado adquisiciones de planta industriales y embarcaciones pesqueras industriales
durante el periodo 1976 a 1996 pretendiendo probar su dicho con la memoria anual
de la empresa Exalmar S.A fojas 322 a 396; al respecto esta judicatura señala que
dicho documento no es un medio probatorio que acredite que la demandada haya
adquirido utilidades por el periodo 1976 a 1996; por consiguiente atendiendo a lo
explicado en el párrafo anterior y en el presente; deviene en INFUNDADO dicho
extremo de la demanda.
ccccoooonnnn rrrreeeessssppppeeeeccccttttoooo aaaallll ppppeeeerrrriiiiooooddddoooo 1111999999998888 aaaallll 2222000000003333 obra de fojas 55 a 90 las Declaraciones
Juradas del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los Ejercicios
Gravables de los periodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 de cuyo
contenido se observa que no se generaron Utilidades, lo cual se corrobora
con el informe N° 241-2015-PJ-EVV/SAM, de fecha 14 de Diciembre del 2015
(obrante en autos de fojas 238 a 240), el cual no ha sido materia de
cuestionamiento por las partes; por ende no corresponde otorgar Utilidades
a favor del demandante por dichos periodos;
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO PERDIDA
1998:
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO PERDIDA
1999:
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO PERDIDA
2000:
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO PERDIDA
2001:
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO PERDIDA
2002:
RESULTADOS DEL EJERCICIO AÑO PERDIDA
2003:
9 ccccoooonnnn rrrreeeessssppppeeeeccccttttoooo aaaallll ppppeeeerrrriiiiooooddddoooo 2222000000004444 aaaallll 2222000000008888 obra de fojas 91 a 125 las
Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los
Ejercicios Gravables de los periodos 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008 de cuyo
contenido se observa que se generaron Utilidades, obra de fojas 126 a 132 la
hoja de participación de utilidades, lo cual se corrobora con el informe N°
241-2015-PJ-EVV/SAM, de fecha 14 de Diciembre del 2015 (obrante en autos
de fojas 238 a 240), donde el perito teniendo a la vista la documentación
señalada calculo el monto por utilidades que pudieran corresponder al actor
por concepto de Utilidades de los ejercicios gravables del 2004 al 2008,
informe que no ha sido observado por las partes; por consiguiente
corresponde el cálculo de utilidades por el periodo 2004 al 2008 conforme al
cuadro adjunto;
MMMMOOOONNNNTTTTOOOO PPPPAAAARRRRAAAA LLLLAAAA DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUCCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEE UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCC.... AAAA 55550000%%%% PPPPOOOORRRR LLLLOOOOSSSS 55550000%%%% PPPPOOOORRRR LLLLAAAASSSS
AAAAÑÑÑÑOOOO DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUIIIIRRRR 8888%%%% DDDDIIIIAAAASSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRR.... RRRREEEEMMMM.... PPPPEEEERRRRCCCCIIIIBBBB....
2222000000004444 2,674,829.90 1,337,414.95 1,337,414.95
2222000000005555 1,266,211.50 6 |
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
EXPEDIENTE N.° 00192-2010-0-1801-JR-LA-29
TRIBUNAL UNIPERSONAL
RESOLUCIÓN N° 24
Lima, 26 de agosto del 2022
VISTOS:
En Audiencia Pública de fecha 23 de agosto del año en curso, interviniendo como Juez
Superior ponente el Señor Valenzuela Barreto, se expide la siguiente resolución:
ASUNTO:
Resolución materia de apelación: Es materia de impugnación:
(cid:1) La Sentencia N° 08-2022-25°JETTL de fecha 13 de enero del 2022, obrante de fojas
402 a 406, que declara: FUNDADA EN PARTE la demanda; en consecuencia,
ORDENA a la demandada cumpla con pagar al actor la suma de S/ 844,24 Soles por
concepto de Utilidades; más intereses legales, costas y costos del proceso a liquidarse
en ejecución de sentencia.
Expresión de los agravios de la apelación de Sentencia (Resolución N° 19).- Que,
de fojas 409 a 411, obra el escrito de apelación del demandante, donde expresa
como agravios:
1 Como es de conociendo se ha interpuesto demanda sobre pago de utilidades contra
su ex empleador por el tiempo laborado para dicha empresa desde el año 1976 al año
2008, por haber ingresado a laborar el actor para la demandada desde el 01 de
octubre de 1976 hasta el 31 de diciembre de 2008, hecho no objetado por la
demandada.
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PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
2 En el año 1992 Exalmar fue una las primeras empresas en adquirir una planta
industrial de harina de pescado a través de la empresa DEL MAR S.A, en el año 1997,
adquisición de la empresa PESCAPERÚ Huacho S.A. - Constitución de Pesquera
Exalmar S.A. y construcción de nuevas embarcaciones pesqueras industriales, en el
año 1998, fusión de la empresa Pesquera Alfa S.A., Pesquera María del Carmen S.A.,
y Pesca Perú Huacho con Pesquera Exalmar S.A., Construcción de la Planta de
Chicama, en el año 2000, adquisición de embarcaciones.
3 Como se puede advertir, la empresa demandada ha realizado importantes y
millonarias operaciones como adquisición de plantas industriales y embarcaciones
pesqueras industriales, fusiones de empresas, para que ahora señale que entre los
años señalados 1995 al 2000 no ha tenido utilidades, contradiciendo lo expuesto en su
propio Anuario; esta es la razón que la demandada no presento las ingentes utilidades
que generó la empresa demandada y con ello ha querido evadir sus responsabilidad
de pagar los beneficios laborales irrenunciables.
4 Que, respecto a las utilidades generadas entre los años 1976 al año 1999, el Juzgador
no ha emitido pronunciamiento, pese a que han acreditado con el record de aportes
del demandante, documento emitido por la Caja de Beneficios y Seguridad Social del
Pescador, las remuneraciones percibidas por el recurrente como participación de
pesca y pago de bonificación por especialidad (Segundo Motorista de embarcación
pesquera industrial), esta omisión de pronunciamiento del Juzgador sobre este
extremo de los años 1976 al año 1999 constituye una indebida motivación de la
sentencia que ha dejado en indefensión al recurrente y vulnerando su derecho al
debido proceso.
5 Además, al evidenciar en el Anuario publicado por la demandada que debió ordenar a
dicha empresa a presentar el balance general de ingresos y egresos de los años
faltantes y acreditar con ello las utilidades generadas por dicha empresa; asimismo, no
se ha requerido a la SUNAT nuevamente que envíe información presentada por
Exalmar para acreditar los ingresos generados y declarados por la demandada.
CONSIDERANDO:
Página 2 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
PRIMERA SALA LABORAL TRANSITORIA-SEDE ALIMAR
PRIMERO.- Que, es menester indicar que, la nulidad es la sanción por la cual la ley
priva a un acto jurídico de sus efectos normales, cuando en su ejercicio no se han
guardado las formas previstas por la ley, en tanto sean garantía para las partes, por
cuanto ello resulta presupuesto necesario para la validez del proceso, debido a que las
resoluciones judiciales deben sustentarse en el mérito del proceso y de la ley.
SEGUNDO.- De conformidad con lo prescrito en el artículo 382° del Código Procesal
Civil: “El recurso de apelación contiene intrínsecamente el de nulidad”; en este sentido,
cabe señalar que el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 1291-2000-AA/TC en
su fundamento segundo señala: “En primer término, el Tribunal Constitucional debe
recordar que el derecho al debido proceso incluye dentro de su contenido el derecho
de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y
congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, en
cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean
motivadas en los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Carta Fundamental
garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, deban
expresar el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando
que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la
Constitución y a la ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio
del derecho de defensa de los justiciables. La Constitución no garantiza una
determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta
siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto,
y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun
si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.
TERCERO.- El derecho de acceso a la justicia es un componente esencial del derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva reconocido en el artículo 139°, inciso 3) de la
Constitución Política del Estado, la misma que implica que la Judicatura sienta la
obligación de acogerse y brindarle una sensata como razonada ponderación en torno
a su procedencia o legitimidad; esto es, la posibilidad de que el órgano encargado de
administrar justicia pueda hacer del mismo un elemento de análisis con miras a la
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expedición de un pronunciamiento cualquiera que sea su resultado, pero dicho acceso
tiene ciertos parámetros legales, es así que para la admisión a trámite de una
demanda, el Juez debe verificar la satisfacción de los requisitos formales de
admisibilidad y procedencia señalados en la ley procesal y sustantiva cuando sea el
caso, exigencias relacionadas con la validez procesal, las que se asientan en los
presupuestos procesales y condiciones de la acción.
CUARTO.- El articulo 50° inciso 6) del Código Procesal Civil, impone al Juez la
obligación de fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad,
respetando los principios de jerarquía de normas y los de congruencia, el mismo que se
encuentra recogido en el Artículo VII del Titulo Preliminar del Código acotado, que exige
que en toda resolución judicial exista conexión lógica y jurídica entre las motivaciones del
juzgador y el resultado al que arriba. Asimismo, el inciso 3) del artículo 122° de la acotada
norma adjetiva señala que toda resolución contiene “La mención sucesiva de los puntos
sobre los que versa la resolución con las consideraciones, en orden numérico correlativo,
de los fundamentos de hecho que sustentan la decisión, y los respectivos de derecho con
la cita de la norma o normas aplicables en cada punto, según el mérito de lo actuado”.
QUINTO.- Asimismo, el Tribunal Constitucional, órgano de control de la Constitución,
afirma en su sentencia del 12 de setiembre del 2006, expedida en el Expediente Nº
4228-2005-PHC/TC que: “El “contenido esencial” del derecho a la debida motivación
de las resoluciones, reconocido en el artículo ciento treinta y nueve, inciso cinco, de la
Constitución Política, se respeta siempre que exista fundamentación jurídica,
congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí mismo, exprese una suficiente
justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el
supuesto de motivación por remisión”1; correspondiendo entonces a esta instancia
revisora, verificar si la resolución venida en grado cumple con la motivación prevista en
la citada norma constitucional y reúne así los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad.
1 Fundamento número uno.
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SEXTO.- En el presente caso, se aprecia del escrito de demanda obrante de fojas 29
a 32, que el actor peticiona que la demandada le cancele la suma de S/ 118 000,00
Soles por participación de Utilidades desde 01 de octubre de 1976 al 31 de
diciembre de 2008, más intereses legales costos y costas del proceso, conforme a la
liquidación efectuada a fojas 29. Fundamentando en que fue Obrero Pescador en el
puesto de Segundo Patrón, en la Embarcación de la demandada, con un salario diario
de S/ 200,00 Soles, con jornada de trabajo de los siete días de la semana y que
ingreso el 1 de octubre de 1976 hasta el 31 de diciembre del 2008. Expresa que, la
emplazada como Empresa Pesquera, del sector privado y generadora de renta de
tercera categoría, se encuentra obligada al Pago de Utilidades, a favor de todos sus
trabajadores sin distinción, conforme al Decreto Legislativo N° 892; Agrega que, la
naturaleza de las Utilidades es distinta de la remuneración, esta es originada por la
contraprestación al trabajo efectuado y que el reparto de Utilidades es a favor de los
trabajadores y su origen es por mandato legal, que dispone la distribución a favor de
los pescadores de un porcentaje de la renta anual antes del impuesto por parte del
empleador, motivado por el esfuerzo desplegado en conjunto, a favor del empleador.
Finalmente indica que, siendo el pago de Utilidades un Derecho Laboral, reconocido
constitucionalmente, tiene derecho a las Utilidades y que su representada está
obligada al reparto de ella, por lo que solicita que la demanda se declare fundada.
SÉPTIMO.- En ese orden de ideas mediante Audiencia Única de fecha 20 de octubre
de 2010 obrante de fojas 147 a 149, se fijó el siguiente puntos controvertido: "1)
Determinar si corresponde el pago de utilidades de los años 1976 a 2008 que se
reclama".
OCTAVO.- Siendo así, si bien en el Considerando Sexto de la recurrida el Juzgador
ha cumplido con su obligación legal de formular las consideraciones de hecho y
derecho destinadas a estimar (2007-2008) y desestimar (1997-2003) la participación
de utilidades; sin embargo, el Juzgador no ha cumplido con su obligación legal de
formular las consideraciones de hecho y derecho destinadas a estimar o desestimar
respecto al pago de Utilidades del periodo 1976 a 1996, a pesar de que en la
audiencia única se fijo como punto controvertido si corresponde el pago de utilidades
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de los años 1976 a 2008 que se reclama, es decir el Juzgador se pronuncio
únicamente respecto al periodo de 1997 al 2008, sin efectuar pronunciamiento de
hecho y derecho respecto al periodo de 1976 a 1996.
NOVENO.- De lo expuesto se advierte que la nulidad se presenta de manera clara,
precisa e inequívoca en el hecho de que el Juez en la resolución materia de grado ha
omitido efectuar disquisición fáctica y jurídica de lo planteado por la demandada y el
demandante en su escrito de demanda conforme se ha señalado en los considerandos
precedentes, lo que significa una violación de los principios de veracidad y
congruencia contemplado en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal
Civil, aplicable supletoriamente.
DÉCIMO.- Siendo así, la Sentencia venida en grado ha incurrido en incongruencia, y
por tanto adolece de vicio de nulidad de conformidad con el artículo 171° del Código
Procesal Civil, por no cumplir con lo que señala el artículo 122° inciso 3) del mismo
Código, pues carece de validez al no reunir los requisitos indispensables para la
obtención de su finalidad, la que no puede ser materia de integración o subsanación
en esta instancia en virtud a que resulta necesario cautelar el derecho a la instancia
plural prevista en el inciso 6) del artículo 139º de la Constitución Política del Estado.
Por estos fundamentos y de conformidad con el inciso 2) del artículo 5° de la Ley
Procesal del Trabajo, el Tribunal Unipersonal de la Primera Sala Laboral Transitoria
de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la autoridad que le confiere la
Constitución Política del Perú.
HA RESUELTO:
DECLARAR NULA la La Sentencia N° 08-2022-25°JETTL contenida en la resolución
N.° 19 de fecha 13 de enero del 2022 obrante de fojas 402 a 406, que resuelve
declarar fundada en parte la demanda; y DISPUSIERON que el A quo emita nuevo
pronunciamiento de acuerdo a ley; en los autos seguidos por GREGORIO ALFONSO
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GUEVARA SILVA contra la PESQUERA EXALMAR S.A.; sobre pago de utilidades; y
los devolvieron al Juzgado de origen.-
Notifíquese.-
JVB/r.l.c.
VALENZUELA BARRETO
Página 7 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | VVVVIIIIGGGGEEEESSSSIIIIMMMMOOOO QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO JJJJUUUUZZZZGGGGAAAADDDDOOOO EEEESSSSPPPPEEEECCCCIIIIAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOO
DDDDEEEE TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJOOOO TTTTRRRRAAAANNNNSSSSIIIITTTTOOOORRRRIIIIOOOO DDDDEEEE LLLLIIIIMMMMAAAA
SSSSeeeeddddeeee LLLLaaaa MMMMaaaarrrr ---- PPPPiiiissssoooo 00005555
AAAAvvvv.... LLLLaaaa MMMMaaaarrrr NNNN°°°° 1111000022227777 –––– SSSSaaaannnnttttaaaa CCCCrrrruuuuzzzz MMMMiiiirrrraaaafffflllloooorrrreeeessss LLLLiiiimmmmaaaa
EXPEDIENTE NÚMERO : 00192-2010-0-1801-JR-LA-29
PARTE DEMANDANTE : GREGORIO ALFONSO GUEVARA SILVA
PARTE DEMANDADA : PESQUERA EXALMAR S.A.
MATERIA PROCESAL : PAGO DE UTILIDADES
SSSSEEEENNNNTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA NNNNÚÚÚÚMMMMEEEERRRROOOO---- 00008888----2222000022222222----22225555°°°°JJJJEEEETTTTTTTTLLLL
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNN°°°° 11119999....----
Lima, Treinta y Uno de Enero
del Año Dos Mil Veintidós.
IIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE EEEEXXXXPPPPOOOOSSSSIIIITTTTIIIIVVVVAAAA....----
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Pretensiones contenidas en la demanda (obrante en autos de fojas 29 a 32), y
el escrito de subnación (obrante en auto de foja 37) :
PPPPaaaarrrrtttteeee ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee:::: GGGGRRRREEEEGGGGOOOORRRRIIIIOOOO AAAALLLLFFFFOOOONNNNSSSSOOOO GGGGUUUUEEEEVVVVAAAARRRRAAAA SSSSIIIILLLLVVVVAAAA....
PPPPeeeettttiiiittttoooorrrriiiioooo:::: Interpone demanda contra la Empresa PESQUERA EXLAMAR S.A., a
efectos de que la pague la suma de S/. 118,000.00 Soles, por los derechos
vulnerados al Pago de Utilidades; más intereses Legales, costas y costos del
proceso.
FFFFuuuunnnnddddaaaammmmeeeennnnttttoooossss: aaaa.... Señala que, fue Obrero Pescador en el puesto de Segundo
Patrón, en la Embarcación de la demandada, con un salario diario de S/. 200.00
Soles, con jornada de trabajo de los siete días de la semana y que ingreso el 1
de octubre de 1976 hasta el 31 de diciembre del 2008. bbbb.... Expresa que, la
emplazada como Empresa Pesquera, del sector privado y generadora de renta
de tercera categoría, se encuentra obligada al Pago de Utilidades, a favor de
todos sus trabajadores sin distinción, conforme al Decreto Legislativo N° 892;
Agrega que, la naturaleza de las Utilidades es distinta de la remuneración, esta es
originada por la contraprestación al trabajo efectuado y que el reparto de
Utilidades es a favor de los trabajadores y su origen es por mandato legal, que
dispone la distribución a favor de los pescadores de un porcentaje de la renta
anual antes del impuesto por parte del empleador, motivado por el esfuerzo
desplegado en conjunto, a favor del empleador. cccc.... Finalmente indica que, siendo
el pago de Utilidades un Derecho Laboral, reconocido constitucionalmente,
tiene derecho a las Utilidades y que su representada está obligada al reparto de
ella, por lo que solicita que la demanda se declare fundada. dddd.... Ampara su
demanda, en la Ley Procesal del Trabajo - Ley N° 26636; Decreto Legislativo
N° 677 y Decreto Legislativo N° 892.
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Pretensiones contenidas en la contestación a la demanda (obrante en autos
de fojas 134 a 142):
1 PPPPaaaarrrrtttteeee DDDDeeeemmmmaaaannnnddddaaaaddddaaaa:::: PPPPEEEESSSSQQQQUUUUEEEERRRRAAAA EEEEXXXXAAAALLLLMMMMAAAARRRR SSSS....AAAA....
PPPPeeeettttiiiittttoooorrrriiiioooo:::: Se declare infundada la demanda.
FFFFuuuunnnnddddaaaammmmeeeennnnttttoooossss:::: aaaa.... Sostiene que, el pago por participación de Utilidades, es de tal
naturaleza que no depende de la voluntad del empleador, sino que depende de
la gestión de la Empresa, indicando que la participación de Utilidades resulta un
beneficio no de actividad, sino que se encuentra condicionado a que las
empresas efectivamente alcancen Utilidades. bbbb.... Expresa que, la pretensión del
demandante no puede ser acogida, al indicar que, de las Declaraciones Juradas
adjuntas a su contestación, no se han generado Utilidades por los años 1997 a
2003, por tal razón señala que, al no generarse Utilidades durante dichos
periodos no existe obligación de parte de su representada de repartir Utilidades.
cccc.... Precisa que, respecto a los periodos comprendidos entre los años 2004 a
2008, su representada si genero Utilidades y cumplió con el pago de S/.
10,934.34 Soles, correspondiente a los Ejercicios gravables de los años 2004 a
2008. dddd.... Finalmente señala que, su empresa ha cumplido con el pago de
Utilidades que le correspondía al trabajador en los años que están fueron
generadas, por lo que solicita que la demanda se declare infundada. eeee.... Ampara
su contestación a la demanda en la Ley Procesal del Trabajo – Ley 26636;
Decreto Legislativo N° 892 y Decreto Legislativo N° 677.
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: ddddeeeessssaaaarrrrrrrroooolllllllloooo ddddeeeellll pppprrrroooocccceeeessssoooo::::
A través del Acta de Audiencia Única de fecha 20 de octubre del 2010 (obrante
en autos de fojas 147 a 149), se declaró saneado el proceso y como
consecuencia de ello la existencia de una relación jurídica procesal valida.
Se dejo constancia que no fue posible conciliar el conflicto de intereses, por
inasistencia de la parte demandada:
Se fijó como puntos controvertido:
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Determinar si corresponde el pago de utilidades de los años
1976 a 2008 que se reclama. ca de harina de pescado.
Habiéndose admitido y actuado los medios probatorios ofrecidos por las partes,
tramitándose el proceso como corresponde a su naturaleza y disponiéndose que se
encontraba en situación de ser sentenciado, se emite el siguiente pronunciamiento:
IIIIIIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAATTTTIIIIVVVVAAAA....
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: OOOObbbbjjjjeeeettttoooo ddddeeeellll pppprrrroooocccceeeessssoooo.... ---- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo III
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en los procesos
laborales, la finalidad concreta de todo proceso es resolver un conflicto de intereses o
eliminar una incertidumbre jurídica, haciendo efectivo los derechos sustanciales, y a
través de ello, lograr su finalidad abstracta, esto es la paz social en justicia. Como
consecuencia de ello, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para
el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso,
con la finalidad que se resuelva el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica que
lo afecta previsto en el artículo 25 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636, aplicable al
presente, en atención a lo previsto en el artículo I del Título Preliminar del citado código
adjetivo.
SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: LLLLaaaa ccccaaaarrrrggggaaaa ddddeeee llllaaaa pppprrrruuuueeeebbbbaaaa....---- Que, de conformidad con lo previsto en el artículo
27 de la Ley Procesal del Trabajo, Ley 26636, corresponde a las partes probar sus
2 afirmaciones y esencialmente al trabajador probar la existencia del vínculo laboral, la
existencia del despido, su nulidad cuando la invoque y la hostilidad de la que fuere
objeto y al empleador demandado probar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en las normas legales, los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento
interno y el contrato individual de trabajo, así como la causa de despido.
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO: VVVVaaaalllloooorrrraaaacccciiiióóóónnnn ddddeeee lllloooossss mmmmeeeeddddiiiioooossss pppprrrroooobbbbaaaattttoooorrrriiiioooossss....---- Que, de conformidad con lo
previsto en el artículo 197 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al proceso
laboral, el juzgador debe valorar en forma conjunta todos los medios probatorios
aportados por las partes, utilizando su apreciación razonada, estudiando la prueba en
sus elementos comunes, así como sus conexiones directas o indirectas, para poder
obtener sus conclusiones en busca de la verdad que es el fin supremo del proceso, todo
ello en concordancia con el caso.
CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO:::: DDDDeeee llllaaaa rrrreeeellllaaaacccciiiióóóónnnn llllaaaabbbboooorrrraaaallll:::: La relación laboral habida entre las partes no se
encuentra en discusión, ya que la misma se encuentra acreditado a través de las propias
manifestaciones de las partes del proceso, tanto en el escrito de demanda (obrante en
autos de fojas 29 a 32), como en el escrito de contestación a la demanda (obrante en
autos de fojas 134 a 142); De las Planillas de Liquidación de Pesca (obrante en autos de
fojas 06 a 14), de donde se advierte que el actor ingreso a laborar el 01/10/1976; hecho
que, además encuentra sustento con el Informe de Planillas N° 056-2015-PJ-
M.A.M.V./1°.T.T. de fojas 225 a 234, e Informe Pericial N° 241-2015-PJ.EVV/SAM de
fojas 238 a 240; Siendo así, y no habiendo contradicción en cuanto al record de
servicios se tiene por cierto que el actor prestó servicios a favor de la demandada
PESQUERA EXALMAR S.A., desde el 00001111 ddddeeee OOOOccccttttuuuubbbbrrrreeee ddddeeee 1111999977776666 hasta el 33331111 ddddeeee DDDDiiiicccciiiieeeemmmmbbbbrrrreeee
ddddeeeellll 2222000000008888; Por lo que al no existir controversia sobre la relación sustancial que se
configuró entre las partes, corresponde pronunciarse exclusivamente sobre la materia
que ha sido determinada como punto controvertido en la Audiencia Única de fecha 20
de octubre del 2010 (obrante en autos de fojas 147 a 149), tal como se expresa en los
posteriores Considerándoos.
QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO:::: SSSSoooobbbbrrrreeee llllaaaassss UUUUttttiiiilllliiiiddddaaaaddddeeeessss:::: En referencia a ello, es de verse que el indicado
beneficio económico tiene sustento constitucional por encontrarse expresamente
señalado en el artículo 29 de la Constitución Política del Estado, que lo reconoce en los
siguientes términos: “El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de la
empresa y promueve otras formas de participación”. Y a nivel infraconstitucional el Decreto
Legislativo 892 expresa en su artículo 2 que la participación de los trabajadores en las
utilidades de la empresa se realiza en función a su porcentaje de la renta anual antes de
impuestos; es decir, la efectiva participación en las utilidades se encuentra sujeta a la
efectiva existencia de utilidades en cada ejercicio, teniéndose en cuenta, también, lo
previsto en el artículo 4 del instrumento normativo citado, el mismo que prevé que la
participación en las utilidades debe calcularse sobre el saldo de la renta imponible del
ejercicio gravable que resulte después de haber compensado pérdidas de ejercicios
anteriores de acuerdo con las normas del Impuesto a la Renta. Por tanto, se entiende
que la normatividad precedente regula el derecho de los trabajadores a participar en las
utilidades de las empresas que desarrollan actividades generadoras de Rentas de
Tercera Categoría prescribe que la participación en las utilidades se calculará sobre el
saldo de la renta imponible del ejercicio gravable que resulte después de haber
compensado pérdidas de ejercicios anteriores, por lo que, los trabajadores de las
empresas que tienen la naturaleza de la demandada participan en un 8% de las
3 utilidades de la empresa, distribuyéndose el porcentaje de participación en un 50% en
función a los días laborados y 50% en proporción a las remuneraciones de cada
trabajador.
SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: En el caso concreto y de la revisión de autos se advierte a través de las
Declaraciones Juradas del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría de los Ejercicios
Gravables de los periodos 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 (obrante en autos
de fojas 45 a 90), que no se generaron Utilidades, por ende no corresponde otorgar
Utilidades a favor del demandante por dichos periodos; Así mismo, se advierte que
mediante Resolución N° 09 de fecha 26 de noviembre del 2013 (obrante en auto de foja
184), se dispuso Librar Exhorto al Juez de igual clase de la Provincia Constitucional del
Callao, a fin de que emita un Informe respecto de los montos que pudieran
corresponder al actor por concepto de Utilidades de los ejercicios gravables del 2000 al
2008, el cual fue realizado mediante Informe Pericial N° 241-2015-PJ-EVV/SAM, de
fecha 14 de Diciembre del 2015 (obrante en autos de fojas 238 a 240), el cual no ha
sido materia de cuestionamiento por las partes, por lo que se tomaran en cuenta las
liquidaciones efectuadas por el perito (fojas 239) que se resumen en el siguiente cuadro:
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000000000:::: PPPPEEEERRRRDDDDIIIIDDDDAAAA
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000001111:::: PPPPEEEERRRRDDDDIIIIDDDDAAAA
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000002222:::: PPPPEEEERRRRDDDDIIIIDDDDAAAA
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000003333:::: PPPPEEEERRRRDDDDIIIIDDDDAAAA
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000004444:::: 22226666,,,,777744448888,,,,222299999999....00000000
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000005555:::: 11112222,,,,666666662222,,,,111111115555....00000000
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000006666:::: 22224444,,,,555577776666,,,,999977770000....00000000
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000007777:::: 22225555,,,,111155556666,,,,888822229999....00000000
RRRREEEESSSSUUUULLLLTTTTAAAADDDDOOOOSSSS DDDDEEEELLLL EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO AAAAÑÑÑÑOOOO 2222000000008888:::: 55552222,,,,444400005555,,,,999988884444....00000000
MMMMOOOONNNNTTTTOOOO PPPPAAAARRRRAAAA LLLLAAAA DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUCCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEE UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCC.... AAAA 55550000%%%% PPPPOOOORRRR LLLLOOOOSSSS 55550000%%%% PPPPOOOORRRR LLLLAAAASSSS
AAAAÑÑÑÑOOOO DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUIIIIRRRR 8888%%%% DDDDIIIIAAAASSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRR.... RRRREEEEMMMM.... PPPPEEEERRRRCCCCIIIIBBBB....
2222000000004444 2,674,829.90 1,337,414.95 1,337,414.95
2222000000005555 1,266,211.50 633,105.75 633,105.75
2222000000006666 2,457,697.00 1,228,848.50 1,228,848.50
2222000000007777 2,515,682.90 1,257,841.45 1,257,841.45
2222000000008888 5,240,598.40 2,620,299.20 2,620,299.20
CCCCOOOONNNNCCCCEEEEPPPPTTTTOOOOSSSS CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAARRRR EEEENNNN LLLLAAAA DDDDIIIISSSSTTTTRRRRIIIIBBBBUUUUCCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEE UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
TTTTOOOOTTTTAAAALLLL DDDDIIIIAAAASSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRR,,,, TTTTOOOOTTTTAAAALLLL RRRREEEEMMMM.... PPPPEEEERRRRCCCCIIIIBBBB TTTTOOOOTTTTAAAALLLL DDDDIIIIAAAASSSS LLLLAAAABBBBOOOORRRR.... TTTTOOOOTTTTAAAALLLL RRRREEEEMMMM.... PPPPEEEERRRRCCCC....
AAAAÑÑÑÑOOOO TTTTOOOODDDDOOOOSSSS TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJAAAADDDD.... TTTTOOOODDDDOOOOSSSS TTTTRRRRAAAABBBBAAAAJJJJAAAADDDD.... RRRREEEECCCCLLLLAAAAMMMMAAAANNNNTTTTEEEE RRRREEEECCCCLLLLAAAAMMMMAAAANNNNTTTTEEEE
2222000000004444 139,635.00 18,475,207.24 104.00 33,301.08
2222000000005555 134,013.00 19,843,570.61 71.00 32,697.43
2222000000006666 129,372.00 16,873,884.11 35.00 27,024.74
2222000000007777 148,112.00 22,428,444.83 73.00 24,410.68
2222000000008888 176,259.13 30,00,914.06 62.00 32,527.31
DDDDEEEETTTTEEEERRRRMMMMIIIINNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEE LLLLOOOOSSSS FFFFAAAACCCCTTTTOOOORRRREEEESSSS PPPPAAAARRRRAAAA EEEELLLL CCCCAAAALLLLCCCCUUUULLLLOOOO DDDDEEEE LLLLAAAASSSS UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS PPPPOOOORRRR DDDDIIIIAAAASSSS PPPPOOOORRRR RRRREEEEMMMMUUUUNNNNEEEERRRRAAAACCCC....
2222000000004444 9.57793497 0.07238971
2222000000005555 4.72421146 0.03190483
2222000000006666 9.49856615 0.07282547
2222000000007777 8.49250196 0.05608242
2222000000008888 14.86617573 0.08734065
MMMMOOOONNNNTTTTOOOO AAAA PPPPAAAAGGGGAAAARRRR PPPPOOOORRRR PPPPAAAARRRRTTTTIIIICCCCIIIIPPPPAAAACCCCIIIIOOOONNNN DDDDEEEE UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS
AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS PPPPOOOORRRR LLLLOOOOSSSS DDDDIIIIAAAASSSS PPPPOOOORRRR LLLLAAAASSSS TTTTOOOOTTTTAAAALLLL AAAA PPPPAAAAGGGGOOOO SSSSAAAALLLLDDDDOOOO PPPPEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE
LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAADDDD.... RRRREEEEMMMMUUUUNNNNEEEERRRRAAAACCCC.... PPPPAAAAGGGGAAAARRRR UUUUTTTTIIII.... SSSS////.... DDDDEEEEMMMMAAAANNNNDDDDAAAADDDDAAAA AAAA PPPPAAAAGGGGAAAARRRR UUUUTTTTIIIILLLLIIIIDDDD.... SSSS////....
2222000000004444 996.11 2,410.66 3,406.76 3,406.76 (FS. 126 y 126/ vuelta) 00.00
2222000000005555 335.42 1,043.21 1,378.62 1,378.62 (FS. 127) 00.00
2222000000006666 332.45 1,968.09 2,300.54 2,300.23 (FS. 128 y 129/ vuelta) 00.31
2222000000007777 619.95 1,369.01 1,988.96 1,580.04 (FS. 130 a 131) 408.92
4 2222000000008888 921.70 2,840.96 3,762.66 3,327.65 (FS. 132 y 132/ vuelta) 435.01
TTTTOOOOTTTTAAAALLLL PPPPAAAAGGGGAAAARRRR 888844444444....22224444
Por lo que se concluye que la demandada le adeuda al demandante la suma de SSSS////....
888844444444....22224444 SSSSoooolllleeeessss por concepto de Utilidades, mas intereses legales que se liquidaran en
ejecución de sentencia.
SSSSEEEEPPPPTTTTIIIIMMMMOOOO:::: IIIIiiiinnnntttteeeerrrreeeesssseeeessss lllleeeeggggaaaalllleeeessss:::: Que, a través del artículo 1 del Decreto Ley N 25920 “A
partir de la vigencia del presente Decreto Ley, el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter
laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es
capitalizable”. Asimismo, se tiene el artículo 3 del referido decreto indica “El interés legal sobre
los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquél en que se produjo el
incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija,
judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún
daño”. Por lo que corresponderá a la demandada hacer el pago de los intereses legales a
favor del demandante en ejecución de sentencia.
OOOOCCCCTTTTAAAAVVVVOOOO:::: LLLLaaaassss ccccoooossssttttaaaassss yyyy ccccoooossssttttoooossss ddddeeeellll pppprrrroooocccceeeessssoooo: Que, de acuerdo al artículo 410 del Código
Procesal Civil de aplicación supletoria al proceso laboral, “Las costas están constituidas por las
tasas judiciales, los honorarios de los órganos de auxilio judicial y los demás gastos judiciales realizados en el
proceso”; es así que, en el caso de autos, corresponde el pago de costas, en virtud que el
demandante realizo pagos por tasas judiciales durante el proceso. Con respecto al pago
de costos, está regulado en el artículo 411 del citado Código Adjetivo que indica “Son
costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al
Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los
Abogados en los casos de Auxilio Judicial”; en el caso de autos, se tiene que de acuerdo a los
escritos presentados, por la parte demandante, corresponde el pago por concepto de
costos, en virtud a que dichos escritos fueron presentados por una defensoría particular.
IIIIIIIIIIII....---- PPPPAAAARRRRTTTTEEEE RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUTTTTIIIIVVVVAAAA.... ----
Por las citadas consideraciones de acuerdo al sustento expresado en los considerándoos
precedentes y administrando Justicia a nombre de la Nación, en uso de las facultades
otorgadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Procesal de Trabajo:
FALLO: Declarando FFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA en parte la demanda interpuesta por GREGORIO
ALFONSO GUEVARA SILVA, sobre PAGO DE UTILIDADES en consecuencia,
ORDENO que la demandada cumpla con abonar a favor del actor la suma de SSSS////....
888844444444....22224444 (Ochocientos Cuarenta y Cuatro con 24/100 Soles) por el concepto de
Utilidades; más intereses legales, costas y costos del proceso a liquidarse en ejecución
de sentencia; HHHHÁÁÁÁGGGGAAAASSSSEEEE SSSSAAAABBBBEEEERRRR.... ----
5 |
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Juez: OSORIO ESPEJO IVETTE EVELINE
Fecha: 17/04/2017 16:30:09
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
Trigésimo Tercer Juzgado de Trabajo con Sub Especialidad Previsional de Lima
Av. Abancay N° 459 Cercado de Lima – Edificio Cúster Piso 07
CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: PANTOJA BARRERO,
ERIK DANILO EXPEDIENTE Nº 00159-2010
Fecha: 17/04/2017 16:38:11
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
Demandante : Mario Emeterio Ramos Yuyale
Demandado : Marina de Guerra del Perú y Otro
Materia : Contencioso Administrativo
SENTENCIA N°. –2017
Resolución Nº12
Lima, 17 de abril de 2017.-
VISTOS; con el expediente administrativo que corre como acompañado del
principal, de conformidad con lo opinado por el representante del Ministerio
Público en el Dictamen Fiscal de fojas 219 a 222.
ANTECEDENTES
I. Demanda, petitorio y Fundamentos de Hecho y de Derecho
1. Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2010 de fojas 32 y siguientes, Mario
Emeterio Ramos Yuyale, interpone demanda contra la Marina de Guerra del
Perú, a fin que declare la nulidad del Oficio N° 085-VRD/A/04-5 de fecha 18
de enero de 2010, conforme a lo establecido en la Quinta Disposición
Complementaria, y en la Escala III del Decreto Supremo Nº 213-90-EF,
conforme al grado de Técnico Supervisor Primero de la Marina de Guerra del
Perú en actividad, más el pago de devengados e intereses legales.
2. Señala fundamentos de su demanda que tiene la condición de pensionista de la
Marina de Guerra del Perú, al haber pasado a la situación de retiro y se le
otorgó “Pensión de retiro renovable”; sin embargo, la entidad demandada no
ha reconocido la pensión de retiro renovable que percibe conforme lo establece
el Decreto Supremo N° 213-90-EF, pese a corresponderle en el grado de Técnico
Supervisor Primero de la Marina de Guerra del Perú, conforme lo establece el
citado Decreto Supremo.
3. En atención a ello realizó su reclamo en sede administrativa mediante solicitud
presentada el 07 de enero de 2010, la misma que fue atendida por carta
085VRD/A/04-5 de fecha 18 de enero de 2010, que declara que no es factible
atender su solicitud, y presenta recurso de apelación de fecha 23 de febrero de
2010, la cual no fue atendida dando por agotada la vía administrativa, por lo
que determinó que acude a la judicatura a fin de hacer valer sus derechos
pensionarios.
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II. Trámite del Proceso
1. Mediante resolución número uno de fecha 25 de mayo de 2010 de fojas 39, se
admite a trámite la demanda en la vía del proceso Especial y se confiere
traslado a la demandada.
2. Mediante resolución número dos de fecha 20 de agosto de 2010 de fojas 42, se
pone a conocimiento del demandante la devolución de cedula remitida por la
Central de Notificaciones del Poder Judicial.
3. Por escrito de fecha 14 de setiembre de 2010 de fojas 45, el demandante
absuelve, se emite la resolución número tres de fecha 15 de diciembre de 2010
de fojas 46 y siguiente, se ordena notificar al Procurador Público del Ministerio
de Defensa.
4. Por escrito de fecha 24 de marzo de 2014 de fojas 81 y siguientes, el procurador
público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, se
apersona al proceso, formula denuncia civil, extromisión, deduce las
excepciones de caducidad, falta de legitimidad para obrar del demandado,
solicitando que las mismas se declaren fundadas; y, contesta la demanda
solicitando que la misma se declare infundada en atención a los fundamentos
de hecho y de derecho que invoca.
5. Mediante resolución número seis de fecha 08 de julio de 2014 de fojas 105 y
siguiente, se tiene por apersonado al proceso, contestada la demanda, traslado
de la denuncia civil, extromisión y las excepciones.
6. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 de fojas 115 y siguiente, el
demandante absuelve la denuncia civil, extromisión y las excepciones.
7. Por escrito presentado el 03 de setiembre de 2014 de fojas 119, el Ministerio de
Defensa, remite el Expediente Administrativo, el mismo que corre como
acompañado del principal.
8. Por resolución número siete de fecha 17 de noviembre de 2014 de fojas 120 y
siguientes, se declara Infundadas las excepciones, la extromisión, fundada la
denuncia civil, se ordena suspender el proceso hasta que absuelva el tramite la
denunciada o vencido el plazo para ello
9. Mediante escrito de fecha 07 de enero de 2015 de fojas 127 y siguientes, el
Procurador Público del Ministerio de Defensa, apela la resolución número
siete en el extremo que declara infundadas las excepciones, la extromisión, y
fundada la denuncia civil.
10. Por resolución número ocho de fecha 18 de marzo de 2015 de fojas 139, se
concede apelación sin efecto y con la calidad de diferida, y se ordena notificar
al Procurador Público del Ministerio de Marina de Guerra del Perú, la
demanda, anexos, admisorio, contestación de demanda y anexos.
11. Mediante escrito presentado el 09 de agosto de 2015 de fojas 166 y siguientes,
el Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú, se apersona al proceso,
contesta la demanda, solicita se declare la conclusión del proceso sin
declaración sobre el fondo, y deduce las excepciones de Incompetencia y
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caducidad, solicitando que las mismas se declaren fundadas en atención a los
fundamentos de hecho y de derecho que invoca.
12. Por resolución número nueve de fecha 04 de junio de 2015 de fojas 185 y
siguiente, se tiene por personado al demandado, contestada la demanda, se
confiere traslado de la conclusión del proceso, y de las excepciones.
13. Por resolución número diez de fecha 23 de octubre de 2015 de fojas 202 y
siguiente, se declara Improcedente la solicitud de conclusión del proceso sin
declaración sobre el fondo por sustracción de la materia, Infundadas las
excepciones, Saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se
admiten las pruebas y se dispone remitir los autos al Ministerio Público.
14. Mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2015 de fojas 210 y siguientes, el
Procurador Público del Ministerio de Guerra del Perú, apela la resolución
número diez en el extremo que declara improcedente la solicitud de
conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo por sustracción de la
materia e infundadas las excepciones.
15. Devueltos los autos del Ministerio Público con el Dictamen Fiscal de fojas 219
a 222, se emite la resolución número once de fecha 14 de diciembre de 2015 de
fojas 223 que dispuso poner a conocimiento de las partes el dictamen fiscal, y
se concede apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.
16. No habiendo absuelto el traslado del dictamen ninguna de las partes, pese a
encontrarse válidamente notificadas, conforme a lo dispuesto en los vistos de
la presente, pasan los autos al despacho para sentenciar, ingresando los
mismos a despacho devueltos que fueron los cargos de notificación de la
última resolución, y emitiéndose la presente sentencia en la fecha en atención
a su orden de ingreso al Despacho por la elevada carga procesal que soporta
esta judicatura.
Tramitada la causa conforme a su naturaleza, corresponde al estado del proceso
emitir pronunciamiento.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
I. DE LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y DELIMITACIÓN DE LA
CONTROVERSIA
PRIMERO: La Acción Contencioso Administrativa tiene por finalidad el control
de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones que emita la administración
sujetas al derecho administrativo, y la efectiva tutela de los derechos e intereses de
los administrado, que causen estado, de conformidad con el Artículo 1 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27584 y el Artículo 148 de la Constitución Política
del Estado.
SEGUNDO: De lo expuesto por las partes, se colige que la controversia se
circunscribe a determinar si procede que la entidad demandada cumpla con el
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cálculo de la pensión de retiro renovable con arreglo del Decreto Supremo Nº 213-
90-EF en el grado de Técnico Supervisor Primero, más el pago de devengados e
intereses legales.
II. ANÁLISIS DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA: MARCO LEGAL
APLICABLE AL CASO
2.1.- Normas aplicables del Decreto Supremo N° 213-90-EF
TERCERO: A efectos de resolver la litis corresponde en principio examinar las
normas y dispositivos legales pertinentes del Decreto Supremo N° 013-90-EF que
conlleven a dilucidar si corresponde o no acceder a lo peticionado por el
accionante en autos.
CUARTO: El Decreto Supremo N° 213-90-EF, aprobó las remuneraciones,
bonificaciones, beneficios y pensiones del Personal Militar y Policial a partir del 1
de julio de 1990. Es así que la Tercera Disposición Complementaria del Decreto
Supremo No 213-90-EF1 señala:
“Los Percibos Totales del General de División o grados equivalentes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, será el 75% de la remuneración total
de un Senador o Diputado”.
En su Quinta Disposición Complementaria el Decreto Supremo N° 213-90-EF
establece:
“Los percibos totales del técnico Jefe Superior EP o grados equivalentes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, será igual al promedio de los Percibos Totales
del grado Mayor y de Sub Oficial Superior EP”.
Por su parte la Sexta Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 213-
90-EF dispone:
“Los percibos totales del Personal Sub Alterno, se fijarán en porcentaje del Percibo
total del Técnico Jefe Superior EP, de acuerdo a la Escala VI, que forma parte del
presente Decreto Supremo”.
Por último, la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 213-
90-EF establece que:
1 La Tercera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 013-90-EF es la norma de la
cual se derivan las demás Disposiciones Complementarias que regulan y desarrollan el beneficio
reclamado.
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“Los aumentos de remuneraciones que resulten de la aplicación de la Tercera
Disposición Complementaria del presente Decreto Supremo, incrementarán
mensualmente las Remuneraciones a que se refieren la cuarta, Quinta y Sexta
Disposición Complementaria”.
2.2.- Vigencia del Decreto Supremo N° 213-90-EF y Limitaciones en su
aplicación
QUINTO: Sin embargo, estas normas han perdido vigencia toda vez que, un año
después, las Disposiciones Complementarias del Decreto Supremo No 213-90-EF
señaladas precedentemente fueron dejadas sin efecto temporalmente (suspensión)
por el Decreto Supremo No 051-91-PCM2 al disponer en su artículo 2 que:
“…a partir del primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, déjese sin
efecto transitoriamente, sin excepción, las disposiciones legales y administrativas
que establezcan remuneraciones mensuales tomando como referencia el ingreso total
y otros beneficios de carácter mensual que perciban los Senadores y Diputados”3.
SEXTO: Además de ello, cabe resaltar que con fecha 04 de junio de 2009, se
publica en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Urgencia No 062-2009,4 en el que
se señala lo siguiente:
“Precísese que la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº
213-90-EF y las disposiciones conexas a esta norma, no resultan aplicables al
personal militar y policial en actividad y pensionistas del régimen del Decreto Ley
Nº 19846, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25303, la Ley Nº 25388,
el Decreto Ley Nº 25986, la Ley Nº 26268, la Ley Nº 26404, la Ley Nº 26553 y el
Decreto Legislativo Nº 847.” (Subrayado nuestro)
SETIMO: Esta suspensión, implica la imposibilidad material de reconocer el
derecho que se reclama; pues, existe limitación expresa, respecto a los efectos de la
norma indicada, ello en atención a que la asignación de recursos a las
dependencias del Estado se sujeta a las posibilidades económicas reguladas en la
Ley del Presupuesto que corresponda conforme a lo regulado constitucionalmente
en el artículo 77 de la Constitución Política del Perú.
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2 Decreto Supremo Nº 051-91-PCM: Establece en forma transitoria las normas reglamentarias
orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y
pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema
Único de Remuneraciones y Bonificaciones”.
3 Es decir de los Congresistas en la actualidad.
4 Decreto de Urgencia Nº 062-2009: Medida de carácter urgente y de naturaleza económica y
financiera dictada por el gobierno de turno, precisando la aplicación de la Tercera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y disposiciones conexas.
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OCTAVO: En consecuencia, estando a lo señalado en los considerandos
precedentes, habiéndose establecido en forma taxativa a través del Decreto de
Urgencia Nº 062-2009, norma expedida con anterioridad a la interposición de la
demanda de autos, que en el caso concreto fue presentada el 21 de mayo de 2010,
conforme se verifica del sello de recepción que aparece a fojas 32, que la Qiuinta,
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y normas
conexas a ella, no le es aplicable al Personal Militar y Policial en actividad y
pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 19846, no es posible amparar lo
peticionado por el demandante, esto es el pago de su pensión de acuerdo a lo
establecido en la Escala de Haberes del Decreto Supremo Nº 213-90-EF, por lo que
la presente demanda debe desestimarse; tanto más si se tiene en cuenta que en una
reciente jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado respecto a la
aplicación de la Escala de Haberes del Decreto Supremo Nº 213-90-EF que:
“A mayor abundamiento cabe señalar que la Tercera Disposición Complementaria
del Decreto Supremo N° 013-90-EF establecía un beneficio para el personal con el
Grado de General de División o equivalente en las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, y tuvo vigencia desde el 19 de julio de 1990 hasta el 31 de diciembre de
1990, fecha en la que se deja sin efecto por normas de austeridad en materia de
ingresos de personal de los organismos y entidades del Sector Público para los años
de 1991, 1992, 1993, 1994 y 1996 (Decreto de Urgencia N° 062-2009). Asimismo,
es necesario precisar que aún cuando dicho beneficio estuviera vigente, no sería de
aplicación a la pensión del demandante por cuanto éste no ostenta el grado de
General de División o su equivalente.”5
NOVENO: Asimismo, las normas del Decreto Supremo N° 213-90-EF se
encontraban vigentes hasta la entrada en vigencia de los Decretos Legislativos N°
1132 y 1133, pues recién con estos se ha derogado expresamente el Decreto
Supremo N° 213-90-EF, es necesario aclarar que tal como se ha explicado en el
quinto y sexto considerando, las normas que se encontraban en suspenso y que
luego fueron dejadas sin efecto son las que hacían factible la Homologación, esto
es, la Tercera, Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y
normas conexas a ella, en tanto que las demás normas contenidas en el Decreto
Supremo Nº 213-90-EF se encontraban vigentes, y son precisamente estas normas
que aún se encontraban vigentes las que han sido materia de derogación expresa
en la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N°
1132 que señala:
PRIMERA.- Deróguese todas las normas sobre las remuneraciones, bonificaciones y
beneficios del personal militar y policial en situación de actividad aprobadas por el
5 Ver STC N° 2309-2011-PA/TC publicada el 13 de junio de 2012.
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Decreto Supremo Nº 213-90-EF, así como sus normas complementarias,
modificatorias y reglamentarias.
DECIMO: Respecto a pretensiones accesorias, el pago de devengados e intereses
legales, esta resulta también infundada porque lo accesorio sigue la suerte del
principal conforme al artículo 87 del Código Procesal Civil
DECISIÓN FINAL:
Por los fundamentos expuestos este Juzgado administrando justicia a nombre de
la nación resuelve:
1. Declarar INFUNDADA la demanda en todos sus extremos. En los seguidos
por Mario Emeterio Ramos Yuyale contra el Ministerio de Defensa y la
Marina de Guerra del Perú sobre Acción Contenciosa Administrativa.
2. Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de los actuados consentida que fuere
la presente sentencia.
3. Notifíquese y póngase en conocimiento del Ministerio Público.-
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Juez: OSORIO ESPEJO IVETTE EVELINE
Fecha: 17/04/2017 16:30:09
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
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CORTE SUPERIOR DE LIMA
Secretario: PANTOJA BARRERO,
ERIK DANILO EXPEDIENTE Nº 00159-2010
Fecha: 17/04/2017 16:38:11
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
Demandante : Mario Emeterio Ramos Yuyale
Demandado : Marina de Guerra del Perú y Otro
Materia : Contencioso Administrativo
SENTENCIA N°. –2017
Resolución Nº12
Lima, 17 de abril de 2017.-
VISTOS; con el expediente administrativo que corre como acompañado del
principal, de conformidad con lo opinado por el representante del Ministerio
Público en el Dictamen Fiscal de fojas 219 a 222.
ANTECEDENTES
I. Demanda, petitorio y Fundamentos de Hecho y de Derecho
1. Mediante escrito de fecha 21 de mayo de 2010 de fojas 32 y siguientes, Mario
Emeterio Ramos Yuyale, interpone demanda contra la Marina de Guerra del
Perú, a fin que declare la nulidad del Oficio N° 085-VRD/A/04-5 de fecha 18
de enero de 2010, conforme a lo establecido en la Quinta Disposición
Complementaria, y en la Escala III del Decreto Supremo Nº 213-90-EF,
conforme al grado de Técnico Supervisor Primero de la Marina de Guerra del
Perú en actividad, más el pago de devengados e intereses legales.
2. Señala fundamentos de su demanda que tiene la condición de pensionista de la
Marina de Guerra del Perú, al haber pasado a la situación de retiro y se le
otorgó “Pensión de retiro renovable”; sin embargo, la entidad demandada no
ha reconocido la pensión de retiro renovable que percibe conforme lo establece
el Decreto Supremo N° 213-90-EF, pese a corresponderle en el grado de Técnico
Supervisor Primero de la Marina de Guerra del Perú, conforme lo establece el
citado Decreto Supremo.
3. En atención a ello realizó su reclamo en sede administrativa mediante solicitud
presentada el 07 de enero de 2010, la misma que fue atendida por carta
085VRD/A/04-5 de fecha 18 de enero de 2010, que declara que no es factible
atender su solicitud, y presenta recurso de apelación de fecha 23 de febrero de
2010, la cual no fue atendida dando por agotada la vía administrativa, por lo
que determinó que acude a la judicatura a fin de hacer valer sus derechos
pensionarios.
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Av. Abancay N° 459 Cercado de Lima – Edificio Cúster Piso 07
II. Trámite del Proceso
1. Mediante resolución número uno de fecha 25 de mayo de 2010 de fojas 39, se
admite a trámite la demanda en la vía del proceso Especial y se confiere
traslado a la demandada.
2. Mediante resolución número dos de fecha 20 de agosto de 2010 de fojas 42, se
pone a conocimiento del demandante la devolución de cedula remitida por la
Central de Notificaciones del Poder Judicial.
3. Por escrito de fecha 14 de setiembre de 2010 de fojas 45, el demandante
absuelve, se emite la resolución número tres de fecha 15 de diciembre de 2010
de fojas 46 y siguiente, se ordena notificar al Procurador Público del Ministerio
de Defensa.
4. Por escrito de fecha 24 de marzo de 2014 de fojas 81 y siguientes, el procurador
público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Defensa, se
apersona al proceso, formula denuncia civil, extromisión, deduce las
excepciones de caducidad, falta de legitimidad para obrar del demandado,
solicitando que las mismas se declaren fundadas; y, contesta la demanda
solicitando que la misma se declare infundada en atención a los fundamentos
de hecho y de derecho que invoca.
5. Mediante resolución número seis de fecha 08 de julio de 2014 de fojas 105 y
siguiente, se tiene por apersonado al proceso, contestada la demanda, traslado
de la denuncia civil, extromisión y las excepciones.
6. Por escrito de fecha 26 de agosto de 2014 de fojas 115 y siguiente, el
demandante absuelve la denuncia civil, extromisión y las excepciones.
7. Por escrito presentado el 03 de setiembre de 2014 de fojas 119, el Ministerio de
Defensa, remite el Expediente Administrativo, el mismo que corre como
acompañado del principal.
8. Por resolución número siete de fecha 17 de noviembre de 2014 de fojas 120 y
siguientes, se declara Infundadas las excepciones, la extromisión, fundada la
denuncia civil, se ordena suspender el proceso hasta que absuelva el tramite la
denunciada o vencido el plazo para ello
9. Mediante escrito de fecha 07 de enero de 2015 de fojas 127 y siguientes, el
Procurador Público del Ministerio de Defensa, apela la resolución número
siete en el extremo que declara infundadas las excepciones, la extromisión, y
fundada la denuncia civil.
10. Por resolución número ocho de fecha 18 de marzo de 2015 de fojas 139, se
concede apelación sin efecto y con la calidad de diferida, y se ordena notificar
al Procurador Público del Ministerio de Marina de Guerra del Perú, la
demanda, anexos, admisorio, contestación de demanda y anexos.
11. Mediante escrito presentado el 09 de agosto de 2015 de fojas 166 y siguientes,
el Procurador Público de la Marina de Guerra del Perú, se apersona al proceso,
contesta la demanda, solicita se declare la conclusión del proceso sin
declaración sobre el fondo, y deduce las excepciones de Incompetencia y
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caducidad, solicitando que las mismas se declaren fundadas en atención a los
fundamentos de hecho y de derecho que invoca.
12. Por resolución número nueve de fecha 04 de junio de 2015 de fojas 185 y
siguiente, se tiene por personado al demandado, contestada la demanda, se
confiere traslado de la conclusión del proceso, y de las excepciones.
13. Por resolución número diez de fecha 23 de octubre de 2015 de fojas 202 y
siguiente, se declara Improcedente la solicitud de conclusión del proceso sin
declaración sobre el fondo por sustracción de la materia, Infundadas las
excepciones, Saneado el proceso, se fijan los puntos controvertidos, se
admiten las pruebas y se dispone remitir los autos al Ministerio Público.
14. Mediante escrito de fecha 09 de noviembre de 2015 de fojas 210 y siguientes, el
Procurador Público del Ministerio de Guerra del Perú, apela la resolución
número diez en el extremo que declara improcedente la solicitud de
conclusión del proceso sin declaración sobre el fondo por sustracción de la
materia e infundadas las excepciones.
15. Devueltos los autos del Ministerio Público con el Dictamen Fiscal de fojas 219
a 222, se emite la resolución número once de fecha 14 de diciembre de 2015 de
fojas 223 que dispuso poner a conocimiento de las partes el dictamen fiscal, y
se concede apelación sin efecto suspensivo y con la calidad de diferida.
16. No habiendo absuelto el traslado del dictamen ninguna de las partes, pese a
encontrarse válidamente notificadas, conforme a lo dispuesto en los vistos de
la presente, pasan los autos al despacho para sentenciar, ingresando los
mismos a despacho devueltos que fueron los cargos de notificación de la
última resolución, y emitiéndose la presente sentencia en la fecha en atención
a su orden de ingreso al Despacho por la elevada carga procesal que soporta
esta judicatura.
Tramitada la causa conforme a su naturaleza, corresponde al estado del proceso
emitir pronunciamiento.
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:
I. DE LA ACCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y DELIMITACIÓN DE LA
CONTROVERSIA
PRIMERO: La Acción Contencioso Administrativa tiene por finalidad el control
de la legalidad y constitucionalidad de las actuaciones que emita la administración
sujetas al derecho administrativo, y la efectiva tutela de los derechos e intereses de
los administrado, que causen estado, de conformidad con el Artículo 1 del Texto
Único Ordenado de la Ley N° 27584 y el Artículo 148 de la Constitución Política
del Estado.
SEGUNDO: De lo expuesto por las partes, se colige que la controversia se
circunscribe a determinar si procede que la entidad demandada cumpla con el
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cálculo de la pensión de retiro renovable con arreglo del Decreto Supremo Nº 213-
90-EF en el grado de Técnico Supervisor Primero, más el pago de devengados e
intereses legales.
II. ANÁLISIS DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA: MARCO LEGAL
APLICABLE AL CASO
2.1.- Normas aplicables del Decreto Supremo N° 213-90-EF
TERCERO: A efectos de resolver la litis corresponde en principio examinar las
normas y dispositivos legales pertinentes del Decreto Supremo N° 013-90-EF que
conlleven a dilucidar si corresponde o no acceder a lo peticionado por el
accionante en autos.
CUARTO: El Decreto Supremo N° 213-90-EF, aprobó las remuneraciones,
bonificaciones, beneficios y pensiones del Personal Militar y Policial a partir del 1
de julio de 1990. Es así que la Tercera Disposición Complementaria del Decreto
Supremo No 213-90-EF1 señala:
“Los Percibos Totales del General de División o grados equivalentes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, será el 75% de la remuneración total
de un Senador o Diputado”.
En su Quinta Disposición Complementaria el Decreto Supremo N° 213-90-EF
establece:
“Los percibos totales del técnico Jefe Superior EP o grados equivalentes de las
Fuerzas Armadas y Policía Nacional, será igual al promedio de los Percibos Totales
del grado Mayor y de Sub Oficial Superior EP”.
Por su parte la Sexta Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 213-
90-EF dispone:
“Los percibos totales del Personal Sub Alterno, se fijarán en porcentaje del Percibo
total del Técnico Jefe Superior EP, de acuerdo a la Escala VI, que forma parte del
presente Decreto Supremo”.
Por último, la Sétima Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 213-
90-EF establece que:
1 La Tercera Disposición Complementaria del Decreto Supremo N° 013-90-EF es la norma de la
cual se derivan las demás Disposiciones Complementarias que regulan y desarrollan el beneficio
reclamado.
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“Los aumentos de remuneraciones que resulten de la aplicación de la Tercera
Disposición Complementaria del presente Decreto Supremo, incrementarán
mensualmente las Remuneraciones a que se refieren la cuarta, Quinta y Sexta
Disposición Complementaria”.
2.2.- Vigencia del Decreto Supremo N° 213-90-EF y Limitaciones en su
aplicación
QUINTO: Sin embargo, estas normas han perdido vigencia toda vez que, un año
después, las Disposiciones Complementarias del Decreto Supremo No 213-90-EF
señaladas precedentemente fueron dejadas sin efecto temporalmente (suspensión)
por el Decreto Supremo No 051-91-PCM2 al disponer en su artículo 2 que:
“…a partir del primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, déjese sin
efecto transitoriamente, sin excepción, las disposiciones legales y administrativas
que establezcan remuneraciones mensuales tomando como referencia el ingreso total
y otros beneficios de carácter mensual que perciban los Senadores y Diputados”3.
SEXTO: Además de ello, cabe resaltar que con fecha 04 de junio de 2009, se
publica en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Urgencia No 062-2009,4 en el que
se señala lo siguiente:
“Precísese que la Tercera Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº
213-90-EF y las disposiciones conexas a esta norma, no resultan aplicables al
personal militar y policial en actividad y pensionistas del régimen del Decreto Ley
Nº 19846, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 25303, la Ley Nº 25388,
el Decreto Ley Nº 25986, la Ley Nº 26268, la Ley Nº 26404, la Ley Nº 26553 y el
Decreto Legislativo Nº 847.” (Subrayado nuestro)
SETIMO: Esta suspensión, implica la imposibilidad material de reconocer el
derecho que se reclama; pues, existe limitación expresa, respecto a los efectos de la
norma indicada, ello en atención a que la asignación de recursos a las
dependencias del Estado se sujeta a las posibilidades económicas reguladas en la
Ley del Presupuesto que corresponda conforme a lo regulado constitucionalmente
en el artículo 77 de la Constitución Política del Perú.
III. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO
2 Decreto Supremo Nº 051-91-PCM: Establece en forma transitoria las normas reglamentarias
orientadas a determinar los niveles remunerativos de los funcionarios, directivos, servidores y
pensionistas del Estado en el marco del Proceso de Homologación, Carrera Pública y Sistema
Único de Remuneraciones y Bonificaciones”.
3 Es decir de los Congresistas en la actualidad.
4 Decreto de Urgencia Nº 062-2009: Medida de carácter urgente y de naturaleza económica y
financiera dictada por el gobierno de turno, precisando la aplicación de la Tercera Disposición
Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y disposiciones conexas.
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OCTAVO: En consecuencia, estando a lo señalado en los considerandos
precedentes, habiéndose establecido en forma taxativa a través del Decreto de
Urgencia Nº 062-2009, norma expedida con anterioridad a la interposición de la
demanda de autos, que en el caso concreto fue presentada el 21 de mayo de 2010,
conforme se verifica del sello de recepción que aparece a fojas 32, que la Qiuinta,
Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y normas
conexas a ella, no le es aplicable al Personal Militar y Policial en actividad y
pensionistas del régimen del Decreto Ley Nº 19846, no es posible amparar lo
peticionado por el demandante, esto es el pago de su pensión de acuerdo a lo
establecido en la Escala de Haberes del Decreto Supremo Nº 213-90-EF, por lo que
la presente demanda debe desestimarse; tanto más si se tiene en cuenta que en una
reciente jurisprudencia el Tribunal Constitucional ha señalado respecto a la
aplicación de la Escala de Haberes del Decreto Supremo Nº 213-90-EF que:
“A mayor abundamiento cabe señalar que la Tercera Disposición Complementaria
del Decreto Supremo N° 013-90-EF establecía un beneficio para el personal con el
Grado de General de División o equivalente en las Fuerzas Armadas y Policía
Nacional, y tuvo vigencia desde el 19 de julio de 1990 hasta el 31 de diciembre de
1990, fecha en la que se deja sin efecto por normas de austeridad en materia de
ingresos de personal de los organismos y entidades del Sector Público para los años
de 1991, 1992, 1993, 1994 y 1996 (Decreto de Urgencia N° 062-2009). Asimismo,
es necesario precisar que aún cuando dicho beneficio estuviera vigente, no sería de
aplicación a la pensión del demandante por cuanto éste no ostenta el grado de
General de División o su equivalente.”5
NOVENO: Asimismo, las normas del Decreto Supremo N° 213-90-EF se
encontraban vigentes hasta la entrada en vigencia de los Decretos Legislativos N°
1132 y 1133, pues recién con estos se ha derogado expresamente el Decreto
Supremo N° 213-90-EF, es necesario aclarar que tal como se ha explicado en el
quinto y sexto considerando, las normas que se encontraban en suspenso y que
luego fueron dejadas sin efecto son las que hacían factible la Homologación, esto
es, la Tercera, Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 213-90-EF y
normas conexas a ella, en tanto que las demás normas contenidas en el Decreto
Supremo Nº 213-90-EF se encontraban vigentes, y son precisamente estas normas
que aún se encontraban vigentes las que han sido materia de derogación expresa
en la Primera Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo N°
1132 que señala:
PRIMERA.- Deróguese todas las normas sobre las remuneraciones, bonificaciones y
beneficios del personal militar y policial en situación de actividad aprobadas por el
5 Ver STC N° 2309-2011-PA/TC publicada el 13 de junio de 2012.
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Decreto Supremo Nº 213-90-EF, así como sus normas complementarias,
modificatorias y reglamentarias.
DECIMO: Respecto a pretensiones accesorias, el pago de devengados e intereses
legales, esta resulta también infundada porque lo accesorio sigue la suerte del
principal conforme al artículo 87 del Código Procesal Civil
DECISIÓN FINAL:
Por los fundamentos expuestos este Juzgado administrando justicia a nombre de
la nación resuelve:
1. Declarar INFUNDADA la demanda en todos sus extremos. En los seguidos
por Mario Emeterio Ramos Yuyale contra el Ministerio de Defensa y la
Marina de Guerra del Perú sobre Acción Contenciosa Administrativa.
2. Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO de los actuados consentida que fuere
la presente sentencia.
3. Notifíquese y póngase en conocimiento del Ministerio Público.-
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DE TRABAJO TRANSITORIO DE LIMA
EXPEDIENTE : 465-2010-1801-JR-LA-01
JUEZ : MANCILLA CONTRERAS EMILIA ROCIO
SECRETARIO : MENESES CARDENAS, LIZBETH
RAZON DE LA CURSORA
Sra. Juez:
Cumplo con informar a usted, que a la fecha estoy dando
cuenta del presente expediente, así como de los escritos pendientes por atender, ello
en razón a lo establecido por RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 000172-2020-P-CSJL-PJ,
que aprobó el Lineamiento N° 002-2020 ´´ Lineamiento General para la Gestión del
Trabajo Remoto´´, asimismo se debe tener en cuenta que el Gobierno Central, declaro
el Estado de Emergencia Nacional del el 16 de marzo del presente año hasta el martes
30 de junio de 2020; y, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por
la graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-
19; en consecuencia y a efectos de no generar mayor retardo en el impulso de la litis,
en la fecha se da cuenta del(los) siguiente(s) escrito(s).
Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines.
Lima, 31 de julio del 2020
RESOLUCIÓN 24
Lima, 31 de julio:
del dos mil veinte
Estando a la razón que antecede: Téngase
presente; y Dando cuenta en la fecha; Por devueltos los autos por parte
del perito judicial; con el Informe Pericial N° 387-2020-SAUMAN-PJ-
25°JETTL, en consecuencia: Póngase a conocimiento de las partes por el
término de Ley; Al escrito presentado por la parte demandante de
fecha 14-08-2019: AL PRINCIPAL: Téngase presente la VARIACION del
domicilio procesal que ubica en Av. San Felipe N° 1035 – Jesús María y
CASILLA ELECTRONICA N° 106863; AL UNICO OTROSI: Téngase presente;
Al escrito presentado por la parte demandada de fecha 07-05-2019:
Estando a lo expuesto así como ala documentación que acompaña, para sustentar su dicho, y Atendiendo: Primero: Que, el actor mediante
su escrito de fecha 29 de diciembre del 2017 solicita se requiera a la
demandada cumpla con efectuar el reintegro inmediato de la suma de
S/ 22,715.27 soles que corresponde al monto total de la sentencia;
Segundo: Que, de la revisión de autos, se observa mediante Sentencia
de fecha 23 de octubre del 2015, obrante en autos a fojas 264 a 291 , se
declara fundada en parte la demanda, ordenando a la demandada
pague a favor del demandante la suma de S/. 143,272.18 soles;
sentencia que fue confirmada y modificada en cuanto al monto
apagar mediante Resolución de Vista de fecha 12 de octubre del 2016,
ordenando que la emplazada cumpla con pagar al actor la suma de S/
163,072.13 soles; asimismo, mediante Resolución número 21 de fecha 18
de octubre del 2017 se requiere al demandado cumpla con lo
ejecutoriado; Tercero: De otro lado, la ejecutada mediante su escrito de
fecha 07 de diciembre del 2017 adjunta el certificado de depósito
judicial N° 2017000204799 por el monto de S/. 140.356.90 soles y
liquidación que señala las deducciones por impuesto a la renta de
Quinta Categoría y aportaciones a la AFP; Cuarto: Respecto a la
retención, cabe precisar, que el empleador está facultado para poder
determinar o cuantificar, los tributos que se deba retener, por lo que es
su obligación retener en su condición de agente retenedor conforme lo
estableciera el Pleno Jurisdiccional Laboral, Acuerdo N° 08-99, y a lo
dispuesto en el artículo 54° del Código Tributario, Decreto Supremo N°
315-99-EF que señala “que ninguna autoridad, organismo, ni institución,
distinto a los señalados en los artículos precedentes, podrá ejercer
facultades conferidas a los órganos administrativos de tributos, bajo
responsabilidad”; Quinto: Asimismo, es de indicar el Decreto Legislativo
N° 774 – Ley del Impuesto a la Renta, señala lo siguiente: “Artículo 34.-
Son rentas de quinta categoría las obtenidas por concepto de: a) El
trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos
públicos, efectivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones,
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos
de representación y, en general, toda retribución por servicios
personales. (…) c) Las participaciones de los trabajadores, ya sea que
provengan de las asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio
otorgado en sustitución de las mismas. Artículo 67.- Están obligados a
pagar el impuesto con los recursos que administren o dispongan y a
cumplir las demás obligaciones que, de acuerdo con las disposiciones
de esta Ley corresponden a los contribuyentes, las personas que a
continuación se enumeran: (…) g) Los agentes de retención (…) Artículo
71.- Son agentes de retención: a) Las personas que paguen o acrediten
rentas consideradas de segunda y quinta categoría. Artículo 75.- Las
personas naturales y jurídicas o entidades públicas o privadas que
paguen rentas comprendidas en la quinta categoría, deberán retener
mensualmente sobre las remuneraciones que abonen a sus servidores
un dozavo del impuesto que, conforme a las normas de esta Ley, les
corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a
percibir en el año, dicho total se disminuirá en el importe de las
deducciones previstas por el Artículo 46 de esta Ley. (…) Esta retención
deberá abonarse al Fisco dentro de los plazos previstos por el Código
Tributario para las obligaciones de periodicidad mensual. (Lo subrayado
es el Juzgado); Sexto: De lo expuesto precedentemente y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75° de la norma tributaria, al
igual que, las cargas sociales, referidas a que las retenciones que son de
carácter imperativo para el empleador, así como en virtud de lo
dispuesto en los literales a) y c) del artículo 34°, literal g) del artículo 67°,
literal a) de los artículos 71° y 57° del Texto único Ordenado de la Ley del
Impuesto a la Renta, del mismo modo, que las retenciones para la AFP
según los artículos 34°, 35° y 36° del Texto Único de la Ley del Sistema
Privado de Administración de Fondo de Pensiones, se concluye que el
empleador está facultado para efectuar las retenciones de las cargas
tributarias tal como lo ha efectuado la demandada al actuar como
agente de retención por los montos que se señala en la liquidación de parte contenido en su escrito de fecha 07-12-2017, monto que ha sido
descontado de la obligación principal, en consecuencia, al haber
efectuado la demandada la retención mencionada conforme a Ley:
IMPROCEDENTE el reintegro o devolución por concepto de
aportaciones previsionales a la AFP e impuesto a la Renta, solicitado por
el actor. Y continúese el proceso conforme su estado; Al escrito
presentado por la parte demandante de fecha 25-07-2019: A lo
expuesto por esta parte y advirtiéndose del contenido de dicho escrito,
el cual está referido a la demanda de incidente de honorarios, en
consecuencia: DESE CUENTA EN EL EXPEDIENTE DE INCIDENTE DE
HONORARIOS signado con el N° 465-2010-01-1801-JR-LA-01;
EXHORTANDOSE a esta parte que en lo sucesivo ingrese sus escritos en
el expediente que corresponda.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 20° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00465-2010-0-1801-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
JUEZ : ZAVALETA DIONICIO VANESSA JOANNE
ESPECIALISTA : RAMOS HUAMAN CAROLINA
DEMANDADO : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
FONDEPES ,
DEMANDANTE : BARRAZA SOTO, GIUILIANA CATALINA
RAZÓN
Señora Jueza:
Doy cuenta a usted, que habiendo retornado los trabajadores del Poder Judicial; que en la fecha doy cuenta de los
presentes autos. Asimismo se pone a conocimiento de la alta carga procesal que tiene esta secretaria, y la Asistente
Judicial adscrita a cargo de las dos secretarias adscritas a esta judicatura ( notificar, compaginar, foliar, mandar
expedientes a archivo, entre otros); carga debido a la redistribución de expedientes. Lo que informo a Usted para los
fines pertinentes.
Lima, 18 de octubre del 2017.
Resolución Número Veintiuno
Lima, dieciocho de Octubre
Del dos mil diecisiete
Vista la razón que antecede, Téngase presente. Por recibidos los presentes autos y por
devueltos de la Segunda Sala Laboral y conforme a la Resolución de Vista de fecha
doce de octubre del dos mil diecisiete, que REVOCA la sentencia contenida en la
resolución N°17, de fecha 23 de octubre del 2015, que declara infundada la demanda
respecto al extremo de Bonificación por Escolaridad, REFORMANDOLA la declararon
fundada, CUMPLASE LO EJECUTORIADO en consecuencia: REQUIÉRASE a la
demandada para que en el término del quinto día cumpla con pagar a favor de la
demandante la suma de S/.163,072.17 o cumpla con presentar documento indubitable
que acredite el pago, de acuerdo con lo establecido en los numerales 47.1, 47.02 y 47.03
el Articulo 47 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS-TUO de la ley N° 27584; y a
efectos de individualizar responsabilidades OFICIESE CON LA PRESENTE A LA
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DE DEMANDADA bajo
apercibimiento de ley. Al escrito de fecha 29.09.2017 presentado por la actora:
ESTESE a lo resuelto por la presente resolución. NOTIFÍQUESE.- PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
VIGÉSIMO JUZGADO LABORAL TRANSITORIO
“Año del Buen Servicio al Ciudadano”
Lima, 19 de Octubre del 2017
OFICIO Nº 00465-2010-0-1801-JR-LA-01
Señor:
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE
DESARROLLO PESQUERO FONDEPES
Sito:
Presente.-
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en los
seguidos por BARRAZA SOTO, GIUILIANA CATALINA, contra FONDO
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES, sobre
INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO; a fin de que de que en el
término del quinto día cumpla con pagar a favor de la demandante la suma de
S/.163,072.17 o cumpla con presentar documento indubitable que acredite
el pago, de acuerdo con lo establecido en los numerales 47.1, 47.02 y 47.03 el
Articulo 47 del Decreto Supremo N° 013-2008-JUS-TUO de la ley N° 27584.
Aprovecho la oportunidad para expresarle los
sentimientos de mi especial consideración y estima personal.
Atentamente. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE LIMA
Relator: HERNANDEZ GARCIA, ANGELA DIONISIA
Fecha: 25/10/2016 16:25:06
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/LIMA
FIRMA DIGITAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL
TRIBUNAL-UNIPERSONAL
EXPEDIENTE : 00465-2010-0-1801-JR-LA-01
Demandante : BARRAZA SOTO, GIULIANA CATALINA
Demandada : FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
PESQUERO - FONDEPES
Materia : INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO
ARBITRARIO Y OTROS
RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO
Lima, once de octubre del dos mil dieciséis.-
VISTOS:
En Audiencia Pública; e interviniendo como ponente el Magistrado Rolando
José Huatuco Soto, y;
ASUNTO:
Es materia de revisión en esta la Sentencia N° 191-2015-17°JETP-CSJL-
YJM1 emitida en la Resolución Nº 17 de fecha 23 de octubre del 2015, que
declara fundada en parte la demanda; siendo apelada por la demandante en
los términos expuestos en su escrito que obra de fojas 298 a 305; y el
demandado en los términos expuestos en su escrito de fojas 308 a 313.
AGRAVIOS:
La parte demandante respecto a la Sentencia, en su recurso de apelación
señala como agravio los siguientes: Que se acreditado que todos los trabajadores de
FONDAPES percibían una remuneración por concepto de escolaridad, conforme se aprecia
de las planillas de pago de 1992 hasta junio de 2010, exhibida por la demandada y con las
boletas presentadas por la demandante donde se acredito la percepción de la bonificación por
escolaridad.
1 Ver de fojas 264 a 291
1 Asimismo la parte demandada respecto a la Sentencia, en su recurso de
apelación señala como agravio los siguientes: Que en el presente con la prestación del
servicio para agotamiento, promoción a apoya no implica una labor o función principal de
entidades ya que conforme el Manual de Organización y Funciones del FONDAPES, así
como en el Cuadro de Asignación del Personal (CAP), las actividades o prestaciones
descritas por la demandante no figuran en ellas, es por ello que se contrato al demandante
para la ejecución de servicios complementarios que no requiere una dirección ni un superior
jerárquico, por lo que tampoco pudo existir subordinación o dependencia en la prestación del
servicio.
Asimismo señala, que al no existir relación laboral de igual manera no es procedente el pago
por Beneficios Laborales, Gratificaciones, CTS, Vacaciones, Escolaridad, pues la relacion
entre la demandante y FONDAPES se llevo a cabo bajo los alcances de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones y el Código Civil.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el artículo 370° del Código Procesal Civil que atribuye la
competencia al juez superior, establece que el órgano judicial revisor no puede
apartarse del objeto del proceso e inobservar el principio de congruencia por
lo que está impedido de ir más allá del petitorio o de fundar su decisión en
hechos distintos a los que han sido invocados por las partes, por tanto está
circunscrito a lo que comprende la expresión de los agravios
correspondientes, solo se puede conocer mediante la apelación los agravios
que afectan al impugnante, se encuentra supeditado por lo que ha sido objeto
de apelación y de agravios no encontrándose facultado para ir más allá de ese
contexto.
SEGUNDO: Respecto a la Sentencia
2.1.- Conforme se advierte del Acta de Audiencia Única de fecha 12 de abril
de 2011 (fojas 218 a 221), se ha fijado como puntos controvertidos lo
siguiente: 1.- Determinar la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes a
partir de la forma y condiciones en que la actora presto sus servicios en la realidad. 2.-
Determinar si le corresponde el pago por concepto de reintegro de remuneraciones, bono de
crecimiento, CTS, vacaciones, gratificaciones, escolaridad y bonificación familiar que reclama
por los periodos y en los montos que detalla en su demanda. 3.- Determinar las causas de la
2 extinción de la relación de trabajo habida entre las partes y si se configura el despido
arbitrario que se demanda.
TERCERO: Para poder resolver lo que es materia de controversia es de
tener en cuenta el Principio de la Primacía de la Realidad, el cual el Tribunal
Constitucional ha precisado señalando que en “caso de discordia entre lo que ocurre
en la practica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a
lo que sucede en el terreno de los hechos 2”, por lo cual se debe buscar la verdad real
de los hechos ocurridos; sin embargo, ello no implica que los documentos, ya
sean contratos, boletas de pago o demás documentos laborales, pierdan valor
en probatorio por aplicación del principio de la primacía de la realidad
CUARTO: Respecto al Contrato de Trabajo
4.1. En la doctrina CABANELLAS define el contrato de trabajo como aquel
que:”tiene por objeto la prestación retribuida de servicios de carácter económico, ya sean
industriales, mercantiles o agrícolas. Más técnicamente cabe definirlo así: el que tiene por
objeto la prestación continuada de servicios privados y con carácter económico, y por el cual
una de las partes da una remuneración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse,
bajo su dependencia o dirección, de la actividad profesional de otra.”3 Es decir el
contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades por el cual el denominado
trabajador se compromete a brindar sus servicios de manera personal y
subordinada a favor del denominado empleador a cambio de una
remuneración.
4.2. En ese sentido debe tenerse presente que acuerdo a lo contemplado en el
primer párrafo del artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto
Legislativo N° 728 aprobado por Decreto Supremo N° 003 – 97 – TR, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral se presume la existencia de un
contrato de trabajo cuando concurren tres elementos: la prestación personal
de servicios, la subordinación y la remuneración, es decir, “el contrato de
trabajo presupone el establecimiento de una relación laboral permanente entre el empleador y
2 Ver fundamento 3 de la STC . Nº 1944-2002-AA/TC.
3 CABANELLAS, Diccionario de derecho usual, it, t.I, p. 513.
3 el trabajador, en virtud de la cual éste se obliga a prestar servicios en beneficio de aquél de
manera diaria, continua y permanente, cumpliendo un horario de trabajo”4
.
4.3. Asimismo el Tribunal Constitucional en el fundamento 4 de la STC N°
02069-2009-PA/TC, a señala que para determinar la existencia de una relación
de Trabajo entre las partes encubierta mediante un contrato civil, debe estar
presente alguno de los siguientes rasgos de laboralidad: a) control sobre la
prestación desarrollada o la forma en que ésta se ejecuta; b) integración de la demandante en
la estructura organizacional de la Sociedad; c) la prestación fue ejecutada dentro de un
horario determinado; d) la prestación fue de cierta duración y continuidad; e) suministro de
herramientas y materiales a la demandante para la prestación del servicio; f) pago de
remuneración a la demandante; y, g) reconocimiento de derechos laborales, tales como las
vacaciones anuales, las gratificaciones y los descuentos para los sistemas de pensiones y de
salud.
QUINTO: Sobre la Prestación Personal
5.1. En caso de autos respecto al elemento de prestación personal, la
doctrina sostiene que: “el servicio prestado en el marco de un contrato de trabajo debe ser
brindado por una persona física. Ello debe leerse en el sentido de que la labor debe ser
desempeñada de modo personal y directo por el trabajador, es decir, debe ser este quien preste
el servicio sin intermediarios"5 por lo que en ese sentido el servicio prestado debe
,
ser realizado de manera personal, situación que es compartida en la doctrina6.
5.2. Asimismo de conformidad con el artículo 5° del Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral: “Los servicios para ser de naturaleza laboral deben de ser
prestados en forma personal y directa por el trabajador como persona
natural…” (Sic) (el subrayado es nuestro), lo cual se ha dado en la relación
jurídica habida entre las partes del presente proceso, conforme se advierte del
4 Ver fundamentó 2 de la STC. N° 1944-2002-AA/TC
5 ARCE ORTIZ, Elmer; “Derecho Individual del Trabajo en el Perú desafíos y deficiencias”, Palestra
Editores, Lima-Perú, 2008, pp. 81.
6 “Prestación personal del servicio: Por el contrato de trabajo, el trabajador se compromete a prestar
sus servicios al empleador por si mismo, no cabe la posibilidad que pueda sub-contratar total o
parcialmente su labor o que designe a un tercero para que lo reemplace en la ejecución del contrato, aun
cuando este ultimo tuviese sus mismas o mejores calidades técnicas o profesionales”. AREVALO
VELA, Javier, “Tratado de Derecho Laboral”, Pacifico Editores, Lima-Perú, 2016, pp.137.
4 Contrato de Servicio No Personales7, en donde señala en su cláusula Primera
Objeto del Contrato lo siguiente: “EL FONDAPES al amparo de lo dispuesto en
los artículos 1764 y siguientes del Código Civil, contrata los Servicios No Personales del Sr.
Giuliana barraza Soto para que efectué lo siguiente: controle y realice la afectación de los
calendarios de gastos formulación del B-5, Estado de Ejecución Mensual de gasto, Registro
de Notas de Contabilidad, registro presupuestal en las hojas de codificación contable y otras
que le asigne EL FONDAPES”; y del Documento denominado Nota N° 897-
02/FONDAPES/GA8; en donde la Gerencia de Agricultura solicita el
aumento de los Honorarios de la demandante señalando: “Sra. Giuliana
Barraza Soto, con el Décimo ciclo en la facultad de Ciencias Contables y Financiera de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en nuestra institución desde
octubre de 1992, en esta Gerencia desde Octubre del 2000 a la fecha desempeñando labor
administrativa contable (...)”, por lo cual se ha demostrado el carácter
personalísimo de la prestación del servicio, evidenciándose que las labores
realizadas por el accionante tenían naturaleza personal en su prestación.
SEXTO: Sobre la Remuneración
6.1. En cuanto al elemento de remuneración, ARCE ORTIZ sostiene que:
“la actividad laboral, además de otros fines espirituales y culturales que también puede
revestir, debe perseguir claramente un fin económico o productivo. Desde el momento que se
emprende la labor, el trabajador deja de realizar su servicio desde una lógica lúdica,
recreativa o de mero ocio, y lo hace con el fin de obtener una ventaja patrimonial” 9, en el
mismo sentido ARÉVALO VELA también lo define como: “(...) todo pago en
dinero o excepcionalmente en especie, que percibe el trabajador por los servicios efectivamente
prestados al empleador o por haber puesto su fuerza de trabajo a disposición del mismo”10;
es decir la remuneración es la contraprestación por el trabajo realizado,
cualquiera sea su denominación, siempre que sea de libre disposición del
trabajador conforme a los artículos 19° y 20° del Texto Único Ordenado del
Decreto Legislativo Nº 650, aprobado por el Decreto Supremo Nº 01-97-TR.
7 Ver de fojas 10 a 11.
8 Ver de fojas 17 a 18.
9 ARCE ORTIZ, Elmer; “Derecho Individual del Trabajo en el Perú desafíos y deficiencias”, Palestra
Editores, Lima, 2008, pp. 83.
10 AREVALO VELA, Javier, “Tratado de Derecho Laboral”, Pacifico Editores, Lima-Perú, 2016,
pp.138.
5 6.2. En ese sentido en autos éste elemento se encuentra acreditado con lo
montos que percibió el actor como pago, los cuales se detallan conforme el
contrato de fojas 10 a 13 y de fojas 133 a 179, pagos que revistieron las
características de una remuneración porque constituyeron un contraprestación
directa a los servicios efectivos prestados por el actor y cuya percepción no
fue condicionado al cumplimiento especifico de metas, objetivos o resultados
o la realización de una determinada prestación concreta; requiriéndose solo el
transcurso de los periodos mensuales.
SÉTIMO: Sobre la Subordinación
7.1. Respecto al elemento de subordinación, esto es: “el trabajador ha de estar
sometido al poder de dirección del empresario, lo que quiere decir que éste organizará y
fiscalizara la prestación del primero e incluso podrá sancionarlo cuando detecte un
incumplimiento de sus disposiciones. Hay que tener en cuenta que la dependencia relevante
para el derecho laboral es la jurídica (poder organizar, fiscalizar y sancionar), (...). De este
modo, el empresario ejerce su poder directivo cuando programa las fechas y horarios en que se
cumplirá la labor, el lugar de ejecución del servicio, dispone las funciones concretas a realizar
por el trabajador, etc, muy al margen de la autonomía técnica o de acción, con que cuenta el
trabajador en el desarrollo de sus labores, o muy al margen de que el trabajador necesite
económicamente trabajar o no.”11 ; por lo que el trabajador deberá estar sometido
al poder de dirección del empleador; definición que es compartida por el
doctrinario ARÉVALO VELA12.
7.2. Asimismo el artículo 9° del antes citado Decreto Supremo Nº 003-97-TR;
establece “Artículo 9.- Por la subordinación, el trabajador presta sus servicios bajo
dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las
labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, y sancionar
disciplinariamente, dentro de los limites de la razonabilidad, cualquier infracción o
incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. El empleador esta facultado para
introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y
modalidad de la prestación de las labores, dentro de criterios de razonabilidad y teniendo en
11 ARCE ORTIZ, Elmer; “Derecho Individual del Trabajo en el Perú desafíos y deficiencias”, Palestra
Editores, Lima, 2008, pp. 82.
12 “La subordinación permite al empleador ejercer el poder de dirección, por el cual esta facultado para
organizar el trabajo de acuerdo a las necesidades de la empresa, tal es así, que puede modificar la forma
como se realizan las labores, pero sin ioncurrir en una actitud que constituya abuso de derecho.”
AREVALO VELA, Javier, “Tratado de Derecho Laboral”, Pacifico Editores, Lima-Perú, 2016, pp.138.
6 cuenta las necesidades del centro de trabajo.”; por lo cual en el caso sub análisis, se
acredita este elemento de la relación laboral mediante los Informes elaborados
por la demandante (fojas 19 a 22), los cuales eran dirigidos al Gerente de
Acuicultura, en los cuales detallaba sus labores ejercidas durante cada mes,
asimismo del documento denominado Nota N° 897-02/FONDAPES/GA13,
se advierte que sus labores eran desarrolladas dentro de las instalaciones de la
demandada; por consiguiente se infiere que la demandada supervisaba las
labores efectuadas por al demandante, lo que genera una subordinación en el
desarrollo de sus servicios; situación que no es propia de un contrato de
naturaleza civil. Siendo esto así del análisis de los medios probatorios
señalados se acredita que el accionarte directamente dependía de la entidad
emplazada para el cual cumplía con labores encomendadas; lo que evidencia
que las actividades que realizo la actora por dicho periodo fueron bajo
subordinación, es decir, con sujeción al poder de dirección ejercido por el
empleador.
OCTAVO: Sobre los Contratos Administrativos de Servicios
8.1 En relación a la continuidad laboral en ls Contratos Administrativos de
Servicios – CAS: es necesario dejar establecido que efectivamente el Tribunal
Constitucional en el Exp. N° 1154-2011, considera que cuando existe
prestaciones de servicios establecidas como régimen laboral de la actividad
privada con anterioridad a la suscripción de Contratos previstos por el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N° 1057, se vulnera el
carácter irrenunciable de los derechos laborales que establece el artículo 26° de
la Constitución del Estado, y concluye que los Contratos de Locación de
Servicios y los Contratos Administrativos de Servicios, encubrieron en
realidad una relación de naturaleza laboral y no civil; esto ocurre también en el
caso de autos, de conformidad con lo establecido por la Corte Suprema en la
Casación N° 07-2012-La Libertad, N° 042-2012-La Libertad y N° 1642-2012-
La Libertad, en principio los Jueces Laborales deben resolver los conflictos
sometidos a su jurisdicción, a la luz de los principios y valores laborales
constitucionalizados, aplicando el principio protector regulado el de la
Irrenunciabilidad de derechos previsto por el artículo 23° y 26°, inciso 2),
Principio de Continuidad, implícito en el artículo 27° y de manera especial el
13 Ver de fojas 17 a 18.
7 Principio de Primacía de la Realidad que el propio Tribunal Constitucional lo
reconoce, y de igual forma porque existe una prohibición expresa de novar
una relación laboral a tiempo indeterminado, por otra que otorgue derechos
menores a los ya reconocidos.
NOVENO: En ese sentido, se concluye que la recurrida ha determinado
correctamente la existencia de una relación laboral entre las partes desde el 01
de octubre de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1994 y del 01 de agosto
del 2000 hasta el 30 de junio del 2010, puesto que aunque la demandada
por el periodo del 01 de octubre de 1992 hasta el 30 de noviembre de 1994, interpuso
la excepción de prescripción, la misma fue declarada infundada en el Acta de
Audiencia Única de fecha 12 de abril de 2011, ante la cual la demandada no
interpuso recurso de apelación; asimismo a pesar que la demandada ha
señalado en su contestación que la relación con la demandante empezó en el
año 2004 mediante contratos de Locación de Servicios prorrogados en varias
oportunidades hasta que con fecha 29 de agosto de 2008 se sustituyeron por
Contratos Administrativos de Servicios los cuales culminaron el 30 de junio de
2010, se advierte de los medios probatorios como la Nota N° 897-
02/FONDAPES/GA14; en la cual la Gerencia de Agricultura solicita el
aumento de los Honorarios de la demandante señalando: “Sra. Giuliana
Barraza Soto, con el Décimo ciclo en la facultad de Ciencias Contables y Financiera de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en nuestra institución
desde octubre de 1992, en esta Gerencia desde Octubre del 2000 a la
fecha desempeñando labor administrativa contable (...)”, documento de fecha del 16
de abril del 2002, siendo ello así se evidencia que la demandante mantuvo una
relación laboral con la demandada desde el año 2000 y no desde el 2004 como
alega la demandada, en ese sentido debe confirmarse los beneficios otorgados
por el juez de primera instancia, puesto que no han sido observados de
manera técnica por la demandada.
DÉCIMO: Sobre la Bonificación por Escolaridad
10.1.- Se advierte del Informe Revisorio N° 045-2011-1JTL-PJ-MAQV, que
por el periodo de 1994 a 1997, el actor percibió un monto equivalente a su
remuneración mensual por el concepto de Escolaridad; asimismo se observa
14 Ver de fojas 17 a 18.
8 de las boletas de pagos obrantes a fojas 79 a 85, pertenecientes a Romero
Loyza Hill Gary trabajador de la demandada, que entre los años 1997 a 2010,
la demandada siguió otorgando a sus trabajadores como Bonificación por
Escolaridad el monto equivalente a su Remuneración Básica que se encontrara
percibiendo al momento de sus otorgamiento; en ese sentido al no haber
negado la demandada el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad en
la forma que precisa la demandante; y habiéndose acreditado el otorgamiento
corresponde amparar dicha pretensión, conforme a las remuneraciones
histórica percibida por la demandante señalada por el A quo en la Sentencia,
por lo cual por este concepto le corresponde al acionante la suma de S/.
19,800.00 Nuevos Soles, conforme al siguiente cuadro:
BONIFICACIÓN POR
AÑO REMUNERACIÓN
ESCOLARIDAD
1993 S/. 900.00 S/. 900.00
1994 S/. 900.00 S/. 900.00
2001 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
2002 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00
2003 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2004 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2005 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2006 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2007 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2008 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2009 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2010 S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
TOTAL S/. 19,800.00
DÉCIMO PRIMERO: En consecuencia, le corresponde a la demandante
los beneficios sociales en los siguientes montos, por concepto de
compensación por tiempo de servicios en la suma de S/. 22,772.17 Soles, por
Vacaciones la suma de S/. 41,833.33 Soles, por Gratificaciones la suma de
S/. 39,066.67 Soles, Reintegro de Remuneraciones la suma de S/. 15,600.00
Soles, Indemnización por Despido Arbitrario la suma de S/. 24,00.00 Soles y
9 Bonificación por Escolaridad la suma de S/. 19,800 Soles; los cuales sumados
ascienden a la suma de S/. 163,072.17 Soles.
Por estos fundamentos, y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del
artículo 5° de la Ley Procesal del Trabajo – Ley Nº 26636, la Segunda Sala
Laboral de Lima, con las facultades conferidas en la Constitución Política del
Perú.
HA RESUELTO:
REVOCAR la Sentencia N° 191-2015-17°JETP-CSJL-YJM emitida en la
Resolución N° 17 de fecha 23 de octubre del 2015, en el extremo que declara
infundada la demandada respecto al extremo de Bonificación por Escolaridad,
REFORMÁNDOLA la declararon fundada.
CONFIRMAR la Sentencia N° 191-2015-17°JETP-CSJL-YJM emitida en
la Resolución N° 17 de fecha 23 de octubre del 2015, que declara fundada en
parte la demanda, MODIFICÁNDOLA en cuanto a la suma ordenada a
pagar, en consecuencia ORDENARON que la demandada cumpla con
abonar a favor de la demandante la suma de S/. 163,072.17 (CIENTO
SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS CON 17/100 SOLES), por
Los conceptos de Compensación por Tiempo de Servicios Vacaciones,
Gratificaciones, Reintegro de Remuneración, Indemnización por Despido
Arbitrario y Bonificación por Escolaridad, más intereses legales y financieros,
sin costas ni costos.
En los seguidos GIULIANA CATALINA BARRAZA SOTO con
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO –
FONDEPES. Sobre Indemnización por Despido Arbitrario y otros.
Notifíquese y Devuélvase.
CÉSPEDES CABALA VALENZUELA BARRETO
HUATUCO SOTO
10 |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA LABORAL PERMANENTE
EXP N° 00498-2010-0-1801-JR-LA-04
SENTENCIA DE VISTA
Expediente N.° : 00498-2010-0-1801-JR-LA-04.
Demandante : Wilber Sequeiros Mariscal.
Pesquera Alejandría S.A.C.
Demandados : CFG Investment S.A.C.
Materia : Incumplimiento de Disposiciones y Normas
Laborales.
Vista de Causa : 17-1-2019 (10).
RESOLUCIÓN N° 4
Lima, 30 de abril de 2019.-
I. VISTOS:
En Audiencia Pública del 17 de enero del presente año, sin el informe oral
solicitado e interviniendo como Ponente el señor Juez Superior Castro Hidalgo;
y, con el voto singular de la señora Juez Superior García Román, con la
adhesión al voto del señor Juez Superior Fuentes Lobato.
II. ASUNTO:
Es materia de apelación:
(cid:1) Por el demandante:
o La Sentencia N° 87, de fecha 30 de marzo de 20171, que resuelve declarar
infundada la demanda, sin costas, ni costos.
III. ARGUMENTOS DEL APELANTE:
Alega que:
3.1. Al haberse comprobado las sucesivas absorciones del bloque patrimonial como
activo, desde la absorbida por fusión desde la codemandada Pesquera Alejandría
S.A.C. a la codemandada CFG Investment S.A.C., también han pasado con dicho
activo los pasivos de dicho patrimonio, dentro del cual se encuentran los
Derechos Laborales, como los que son reclamos por el recurrente.
3.2. Ha quedado plenamente acreditada la solidaridad entre las codemandadas que
han sido negada por el juzgador en la sentencia, fundamentado su
interpretación errónea de los hechos y del derecho señalado, repitiendo
solamente los argumentos de defensa señalados por las empresas demandadas.
1 Obrante de folios 412 a 438.
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SENTENCIA DE VISTA
3.3. Se ha demostrado que la embarcación donde laboró el recurrente provino de
PESCA PERÚ S.A., sujeta al Decreto Ley N° 21558 y su Reglamento Decreto
Supremo N° 015-76-PE, que prescribe el uso de precio de venta FOB, por
tonelada de harina de pescado y que si le fue aplicable lo dispuesto en el Decreto
Supremo N° 009-76-TR, probando de esta manera la errada conclusión del juez
de la causa.
3.4. No se valoró la Partida Registral de la embarcación Alejandría VIII óbrante en
autos, no se relacionó las declaraciones juradas presentadas por la
codemandada CFG Investment S.A.C., donde se aprecia que el recurrente
siempre trabajó en la referida embarcación, finalmente no se tomó en cuenta la
declaración asimilada en la contestación de dicha codemandada, sobre que la
remuneración se calcula en base a la tecnología de la embarcación.
3.5. No se ha evaluado el petitorio de la demanda principal en la que el recurrente
señala que le sigan pagando sus remuneraciones aplicando el 22.40% de
porcentaje de participación, tal como se demuestra con la declaración jurada;
por lo que, su motivación ha vulnerado el Principio de Congruencia que debe
existir entre el petitorio y la sentencia.
3.6. El Derecho adquirido por el recurrente deviene en la costumbre de la aplicación
tuitiva del trabajador demandante, vulnerando así el Debido Proceso y la Tutela
Jurisdiccional Efectiva.
IV. ANÁLISIS DEL CASO:
De los Límites de la Absolución del Grado:
4.1. De conformidad con el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio,
con el propósito de que sea anulada o revocada, total o parcialmente.
4.2. Los principios, dispositivo y de congruencia procesal, que rigen el recurso de
apelación, significa que este órgano superior revisor, al resolver la apelación,
deberá pronunciarse sólo sobre aquellas alegaciones (pretensiones o agravios)
invocados por el impugnante en su recurso, estando impedido de modificar la
resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que exista apelación o
adhesión de la otra parte.
Análisis de la Sentencia:
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4.3. En primer término, en virtud de los agravios se aprecia que el demandante
cuestiona el extremo referido a la Solidaridad, señalando que la misma ha
quedado plenamente acreditada en el caso de autos.
4.4. Respecto a la Responsabilidad Solidaria entre las codemandadas, el juez de la
causa ha determinado que existe mancomunidad entre las codemandadas; es
decir, que cada una deberá responder ante un posible adeudo a favor del
demandante.
4.5. De la revisión de los actuados2 se evidencia que la Pesquera Alejandría S.A.C.
fue escindida en forma parcial a la sociedad EPESCA PISCO S.A.C. con fecha 28
de setiembre de 20103, con fecha 21 de marzo de 2011 se fusionó la pesquera
CFG Investment S.A.C. como empresa absorbente de la pesquera EPESCA
PISCO S.A.C4.
4.6. De acuerdo a la absorción de Pesquera Alejandría S.A.C., se debe tener presente
el artículo 389° de la Ley N.° 26887, Ley General de Sociedades que señala:
“Artículo 389.- Responsabilidad después de la escisión Desde la fecha de
entrada en vigencia de la escisión, las sociedades beneficiarias responden
por las obligaciones que integran el pasivo del bloque patrimonial que se les
ha traspasado o han absorbido por efectos de la escisión. Las sociedades
escindidas que no se extinguen, sólo responden frente a las sociedades
beneficiarias por el saneamiento de los bienes que integran el activo del
bloque patrimonial transferido, pero no por las obligaciones que integran el
pasivo de dicho bloque. Estos casos admiten pacto en contrario”.
En ese orden de ideas, de lo expresado en el punto anterior, permite colegir que
la empresa absorbente asumirá por las obligaciones que integran el pasivo del
bloque patrimonial que se les ha traspasado o han absorbido por el efecto de la
escisión.
4.7. En el caso de autos al haber sido absorbida la Pesquera Alejandría SA.C. por
EPESCA PISCO S.A.C., que a su vez ha sido absorbida por CFG Investment
S.A.C., se deberá cumplir lo señalado en el artículo citado anteriormente de la
Ley N°26887, determinándose a la empresa CFG Investment S.A.C., como única
responsable de las acreencias laborales que resultarán amparadas en la
presente resolución; en consecuencia, los agravios del demandante carecen de
fundamento legal.
2 Ver folios 244 a 251.
3 Ver folios 247.
4 Ver folios 251.
3 PODER JUDICIAL DEL PERÚ
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4.8. Finalmente, en ese orden de ideas, lo resuelto por el Juez debe ser modificado,
por lo tanto, no se puede ordenar un pago mancomunado si es que resultarán
amparadas las acreencias laborales peticionadas por el actor, debiendo solo CFG
Investment S.A.C, asumir el pago si es que fuera el caso.
4.9. Por otro lado, siguiendo con la absolución de los agravios esbozados es de
precisar que la controversia jurídica se circunscribe en determinar si la
remuneración del actor en su calidad de trabajador pesquero5 debe fijarse en
función al porcentaje de participación de pesca y de acuerdo a las pautas y
lineamientos que delimita el Decreto Supremo N° 009-76-TR, en un monto
correspondiente al 22.40% de participación por pesca.
4.10. Cabe precisar que toda institución y toda norma debe ser entendida e
interpretada en el contexto en la que fueron emitidas, en ese sentido, tenemos
que el Decreto Ley N° 21451, de fecha 24 de marzo de 1976, en su
artículo primero declaró en estado de Reorganización y Reestructuración a la
Empresa Pública de Producción de Harina y Aceite de Pescado (PESCA PERÚ),
facultándose en el artículo segundo al Titular del Sector para que adopte las
medidas que se consideren convenientes para el cumplimiento de lo dispuesto
en el anterior artículo.
4.11. En razón a ello, mediante Decreto Ley N° 21558, y habiendo tenido por
conveniente desagregar la actividad de extracción de anchoveta a fin de
mantener los niveles de productividad y consolidar el desarrollo de la industria
pesquera de consumo humano directo, es que resolvieron transferir la flota de
Pesca Perú S.A. y todo su sistema de apoyo a pequeñas empresas del Sector
Privado que se formen por los trabajadores al servicio de la flota de PESCA PERÚ
S.A. así como por terceros y se dediquen a la extracción de anchoveta la
misma que sería procesada para el uso industrial por PESCA PERÚ S.A.
4.12. En esta norma en su artículo segundo, establecía que las pequeñas empresas
debían ser constituidos bajo la forma de Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, a las que se les denominaría Pequeñas Empresas de Extracción de
Anchoveta, las que podrán contar con embarcaciones que en ningún caso
excedan de 620 toneladas métricas de capacidad de bodega en conjunto, y cuyos
ingresos no excedan el límite establecido en el artículo tercero del Decreto Ley N°
21435, con el objeto de dedicarse exclusivamente a dicha actividad sólo con las
embarcaciones y redes cuya transferencia se autoriza en el Decreto Ley.
4.13. Norma que fuera derogada expresamente por el artículo 65° del Decreto
Legislativo N° 301, indicándose en el artículo 60° de este último dispositivo
que se denomina pequeña empresa a aquella que desarrolla actividades de
5 Ver a folios 41 parte pertinente (Tripulante/Pescador Anchovetero).
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extracción (como es la pesca) con un ingreso bruto anual que no superen las
900 Unidades Impositivas Tributarias.
4.14. Una vez llevada a cabo este proceso de transferencia, resultaba necesario regular
el trabajo del pescador anchovetero al servicio de estas Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta del sector Privado; por lo que, se emite el Decreto
Supremo N° 009-76-TR de fecha 21 de julio de 1976, estableciéndose en el
artículo 13° que:
“La remuneración que percibirán los pescadores que realicen la ejecución
de la pesca de anchoveta será una participación por tonelada métrica de
pesca descargada; del monto de esta participación, los primeros S/.
20.00 corresponderán al patrón y el saldo se distribuirá a prorrata entre
todos los miembros de la dotación, incluyendo al patrón; esta
participación por tonelada métrica de pesca descargada”.
Quedó fijada, mediante la Segunda Disposición Transitoria de la norma sub
análisis, en la suma de S/. 280.00 soles, que equivale al 22.40% del precio que
el armador percibirá por la venta de anchoveta a PESCA PERÜ S.A.
4.15. En consecuencia, estando al análisis de las normas precedentes tenemos que
para que un trabajador pesquero tenga derecho a percibir el porcentaje del
22.40% debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) que labore en
embarcaciones cuya propiedad primigenia haya sido de PESCA PERÚ S.A.; y
2) que la empresa demandada sea una pequeña empresa de extracción de
anchoveta (PEEA) cuyo ingreso bruto anual no superen las 900 Unidades
Impositivas Tributarias.
4.16. Conforme se señala precedentemente, el Decreto Supremo N° 009-76-TR., regula
en forma exclusiva y excluyente respecto a las condiciones de trabajo y
remuneraciones de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta, constituidas a partir de la transferencia de la flota
pesquera de PESCA PERÚ, pues como lo reafirma expresamente en su Segunda
Disposición Final, sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores, con lo cual queda claro que cualquier
contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con una Empresa que
reúna las características previamente delimitadas por el Decreto Ley N° 21558,
quedará fuera de su marco y ámbito de regulación.
4.17. Siendo ello así, de la revisión de los actuados se tiene que: La Empresa se
constituya como una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada,
apreciándose que la empresa codemandada conforme se colige de la Ficha
Registral N.° 70009013 del Registro de Sociedades de Lima y Callao
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perteneciente a la Pesquera Alejandría S.A.C.6, y al Asiento C0053 del Registro
de Sociedades de Lima y Callao7 perteneciente a CFG Investment S.A.C., tienen
la naturaleza de una Sociedad Anónima Cerrada.
4.18. Las embarcaciones hayan sido transferidas por PESCA PERÚ S.A.C.;
apreciándose que en la embarcación que se desempeño el actor “Alejandría VIII”,
de autos8 se aprecia que en la referida embarcación en la cual prestó servicios el
accionante no perteneció a PESCA PERÚ S.A.C.
4.19. El ingreso bruto anual de la empresa no supere las 900 UIT; verificándose de las
Declaraciones Juradas de Pago Anual del Impuesto a la Renta Tercera Categoría
de la Empresa Pesquera Alejandría S.A.C9 y de la Empresa CFG Investment
S.A.C10, con lo que se demuestra que los ingresos de las demandadas superan el
monto establecido.
4.20. Las embarcaciones no superen en conjunto 620 toneladas de capacidad de
pesca: apreciándose de los Reportes de Embarcación Pesquera Registrada en la
Dirección General de Extracción de Procesamiento Pesquero11 que la demandada
supera las 620 toneladas métricas; por lo que, al no alcanzar la demandada las
obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N° 009-76-TR, no resulta ser
aplicable al caso de autos.
4.21. Sin perjuicio de lo señalado, del Contrato de Trabajo Intermitente12 suscrito por
el demandante con la codemandada Empresa Pesquera Alejandría S.A.C., se
advierte en su Décima Cláusula que:
“(…) como contraprestación por sus servicios. El tripulante percibirá una
participación en concurrencia con los demás integrantes de la tripulación
o dotación por tonelada métrica de Pesca descargada, cualquiera sea su
variedad o especie. La remuneración de la tripulación en conjunto será
equivalente al 18.0% del precio señalado por la sociedad Nacional de
Pesquería (…)”
Suscribiendo un nuevo contrato con la Empresa CFG Investment S.A.C.13,
siendo contratado por la Embarcación Pesquera Alejandría VIII y sujetándose a
la participación por pesca del 18%; de lo que se permite concluir que al suscribir
los citados contratos el actor acepto el porcentaje y las condiciones señaladas
para el cálculo de su remuneración, por ende no le asiste el derecho al pago de
6 Ver folios 52 a 56.
7 Ver folios 109 a 111.
8 Ver folios 86.
9 Ver folios 59 a 79.
10 Ver folios 116 a 135.
11 Ver folios 81 a 86.
12 Ver folios 2 a 6.
13 Ver folios 157 a 160.
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la participación en la pesca en el porcentaje correspondiente al 22.4% del valor
de venta del producto de la faena; correspondiendo el 18%, siendo que la
diferencia en los porcentajes de participación de los pescadores ésta justificada.
Consecuentemente no le corresponde al actor los reintegros peticionados en su
demanda.
4.22. Además, es de precisarse que según lo dispuesto por la Segunda Disposición
Transitoria del Decreto Supremo N° 009-76-TR., y en referencia al artículo 13º
del mismo dispositivo legal que se refiere a la remuneración que percibirá el
trabajador pescador, establece que la participación por tonelada métrica de
pesca descargada queda fijada en el 22.40% del precio que el armador percibirá
por la venta de anchoveta a Pesca Perú.
4.23. Sin embargo, en la segunda Disposición Final del mismo dispositivo legal se
establece que sólo rigen para las relaciones entre las Pequeñas Empresas de
Extracción de Anchoveta y los pescadores a su servicio, las remuneraciones y
condiciones de trabajo taxativamente indicados en el Decreto Supremo N° 009-
76-TR.
4.24. Si bien, el actor señala en su escrito de apelación que la costumbre ha creado
derechos y obligaciones; sin embargo, el D.S. N° 009-76-TR., se encuentra
destinado a las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta y no a una
empresa como las demandadas que han sido constituidas como una Sociedad
Anónima Cerrada, más aún si se tiene en cuenta lo determinado por la Corte
Suprema de Justicia de la República en la Casación N.° 1867-2006 DEL SANTA,
en el cual se señala:
“(… )el Decreto Supremo número cero cero nueve - setenta y seis - TR regula
en forma exclusiva y excluyente las condiciones de trabajo y remuneraciones
de los pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de Extracción de
Anchoveta constituidas a partir de la transferencia de la flota pesquera de
Pesca Perú pues como lo reafirma expresamente en su Segunda Disposición
Final sólo rige para las relaciones entre las pequeñas empresas de
extracción de anchoveta y los pescadores con lo cual queda claro que
cualquier contrato de trabajo que no vincule a un trabajador pesquero con
una empresa que reúna las características previamente delimitadas por el
Decreto Ley número veintiuno mil quinientos cincuenta y ocho quedara fuera
de su marco y ámbito de regulación (…)”.
Por lo que, estando a la conclusión que antecede, la presente acción no es
amparable; por tanto, corresponde desestimar como agravios los esbozados por el
demandante y confirmar la sentencia apelada.
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V. DECISIÓN:
Por los fundamentos expuestos, éste Colegiado, con la autoridad que le confiere
el artículo 138º de la Constitución Política del Perú y la Ley, impartiendo justicia
en nombre del Pueblo, RESUELVE:
CONFIRMAR la Sentencia N.° 87 de fecha 30 de marzo de 2017, que resuelve
declarar infundada la demanda, sin costas ni costos.
En los seguidos por WILBER SEQUEIROS MARISCAL contra la PESQUERA
ALEJANDRÍA S.A.C. y CFG INVESTMENT S.A.C, sobre Incumplimiento de
Disposiciones y Normas Laborales; y, los devolvieron al juzgado de origen.
FUENTES LOBATO CASTRO
HIDALGO
GARCÍA ROMÁN
LA SECRETARIA DE LA SALA CERTIFICA QUE LOS FUNDAMENTOS DEL VOTO
SINGULAR DE LA SEÑORA GARCÍA ROMÁN ES COMO SIGUE:
1. Suscribo el voto del Juez Ponente al coincidir con los fundamentos y la parte
resolutiva; sin embargo, no puedo dejar de precisar que se ha obviado el
pronunciamiento de un extremo apelado, que tiene relación con la pretensión
formulada en la demanda y que ha sido establecida como punto controvertido
en la audiencia única, toda vez, que el actor señala: "… 1. Que las demandadas
C.F.G. INVESTMENT S.A.C. y PESQUERA ALEJANDRÍA S.A.C. cumplan en forma
indistinta y solidaria con el pago de S/23,788.92 (…) por concepto de
Remuneraciones Insolutas y Beneficios Sociales cancelados, que no se le han
cancelado al Demandante, resultante de la suma del pago faltantes en los
siguientes años y montos cancelados en forma diminuta, según liquidación
correcta presentada con ésta Demanda (…) 2. Que la Demandada C.F.G.,
cumpla con seguirle pagando sus remuneraciones aplicando el 22.40%,
del 8.5% con que se ha venido calculando mis haberes y no el 18% con los
que está calculando indebidamente desde el mes de MAYO del presente año,
debiendo reintegrarme la suma correcta …" (énfasis agregado) [fojas 40-41];
precisando en su tercer fundamento de hecho que sus remuneraciones estaban
sujetas al pago de una remuneración por participación de pesca del 22.40% del
8.5% del precio de venta promedio de la tonelada métrica de harina de pescado.
2. En la Audiencia Única [184-185]se estableció como punto controvertido: "(…)
Determinar si corresponde que los demandados paguen, en forma
solidaria, al actor el reintegro de 22.40% del 8.5% por participación de
pesca desde el mes de mayo de 2008 hasta abril del 2010 (…)" [fojas184];
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por lo que se debía establecer tanto la solidaridad de las demandadas respecto
del adeudo que se pudiere determinar en el proceso, así como si efectivamente
le correspondía reintegro alguno.
3. En este sentido, el demandante en su escrito de apelación contra la sentencia
de fecha 30 de marzo de 2017 [446-452] que declara infundada la demanda,
señala los siguientes agravios:
i) La juez no hace mención del Reglamento D.S. N° 015-76-PE, del Decreto Ley
N° 21558, donde se aprecia el uso del PRECIO FOB de la tonelada métrica de
harina de pescado, para los gastos de operación, mantenimiento,
administración y otros (donde se incluye la remuneración del tripulante
pesquero), lo cual prueba que desde ese entonces se usaba para hallar la
Participación de Pesca de los pescadores de especies hidrobiológicas de
consumo indirecto.
ii) La A-quo no ha emitido pronunciamiento alguno de los medios probatorios
Partida N° 00708708 de la embarcación pesquera Alejandría VIII, la cual ha
sido expropiada y proviene de PESCA PERÚ S.A., bajo la normatividad del
Decreto Ley N° 21558, y por ende, el Reglamento Decreto Supremo N° 015-
76-PE.
iii) No realiza precisión alguna referente a los Informes Revisorios en el cual no
se informa si la participación de pesca del actor fue calculada en base al
22.40% o 18%.
iv) Se ha presentado una declaración jurada de fecha 23 de julio de 2008 que
acredita que la empresa Pesquera Alejandría S.A.C. calculaba las
remuneraciones del actor en base al 22.40%; sin embargo, no ha sido
materia de pronunciamiento.
4. En cuanto al primer agravio respecto de que se usa el PRECIO FOB de la
tonelada métrica de harina de pescado, para el cálculo de los gastos de
operación, mantenimiento, administración y otros (donde se incluye la
remuneración del tripulante pesquero), lo cual fue establecido por el
Reglamento del Decreto Ley N° 21558, aprobado por el D.S. N° 015-76-PE; debe
precisarse que en los contratos de trabajo suscritos por el actor tanto con la
codemandada Pesquera Alejandría S.A.C., como con CFG Investment S.A.C.,
que obran de fojas 2 a 6 y de fojas 157 a fojas 160, respectivamente; se aprecia
que en el primer contrato se establece que la remuneración de la tripulación, en
conjunto, será equivalente al 18.00% del precio señalado por la Sociedad
Nacional de Pesquería (SNP); así como en el segundo contrato se pacta que la
Participación equivale al 18% o 22.4% (según corresponda) del 8% del Precio
Promedio de la Tonelada Métrica de Harina de Pescado. El valor para éste ultimo
será … el valor FOB expresado en US$/TMB obtenido en base a la información
proporcionada por SUNAT-ADUANET; de lo cual se puede apreciar que las
referencias al valor de la tonelada métrica son tomadas indistintamente, lo cual
no vulnera norma alguna ya que conforme se ha dilucidado al demandante no
le resulta de aplicación las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N°
009-76-TR.
5. A ello debe agregarse, que si bien el actor sostiene que no se ha tenido en
cuenta los precios FOB que según indica [fojas 30], debieron tomarse en cuenta
para establecer el precio de la Tonelada Métrica de la Harina de Pescado, es de
indicarse que no ha adjuntado prueba alguna que acredite que se había
establecido que esta sería la referencia a tener en cuenta para el cálculo de sus
remuneraciones, ya que conforme se ha indicado en líneas precedentes la
codemandada Pesquera Alejandría S.A.C., tomaba en cuenta el precio señalado
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por la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), hecho que no se encuentra
prohibido y que el precio pactado quedaba al libre albedrio de las partes ya que
no existe norma que regule el contrato pesquero, no resultando estimable el
agravio.
6. En relación a que no se ha emitido pronunciamiento respecto a la Partida N°
00708708 de la embarcación pesquera Alejandría VIII, la cual ha sido
expropiada y proviene de PESCA PERÚ S.A., bajo la normatividad del Decreto
Ley N° 21558, y por ende, el Reglamento Decreto Supremo N° 015-76-PE; es de
señalarse que efectivamente de la revisión de la citada partida que obra de fojas
197 a 206, se consigna que el 21 de enero de 1977 fue expropiada de
conformidad con el artículo 14° de la Decreto Ley N° 21558; sin embargo, cabe
reiterar que el Decreto Supremo N° 009-76-TR., regula en forma exclusiva y
excluyente respecto a las condiciones de trabajo y remuneraciones de los
pescadores al servicio de las Pequeñas Empresas de Extracción de Anchoveta;
sin embargo este no es el caso de la demandada Pesquera Alejandría S.A.C.,
quien no se ha constituido como Pequeña Empresa, y que ha superado las
novecientas unidades impositivas tributarias, en los periodos en que laboraba
el actor, conforme se puede apreciar de las declaraciones juradas de los
ejercicios económicos 2008 y 2009 que obran de fojas 70 y 76 respectivamente.
7. Por ende, no le resulta de aplicación la citada normatividad, en este sentido se
ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación
Laboral N° 10762-2014-Moquegua, de fecha 01 de junio del 2015, que ha
establecido: "(…) El régimen laboral regulado por el Decreto Supremo N°
009-76-TR, solo se aplica a los trabajadores de pequeñas empresas
pesqueras cuyos ingresos brutos anuales no superen las novecientas
unidades impositivas tributarias, constituidas con embarcaciones
transferidas por PESCA PERÚ, sin importar la forma societaria que adopten
(…)" (énfasis agregado); por lo que no resulta estimable el agravio formulado.
8. Sobre el tercer agravio, formulado referidos a que en los Informes Revisorios no
se ha informado si la participación del actor fue calculada en base al 22.40% o
18%; debe precisarse que el artículo 37° de la Ley Procesal del Trabajo N°
26636, establece: "(…) El informe pericial debe ser emitido en un plazo no mayor
de treinta (30) días. Es puesto en conocimiento de las partes, las que
pueden formular sus observaciones en el término de cinco (5) días,
acompañando de ser pertinente, pericias de parte. Las observaciones deben
ser resueltas por el Juez y sólo en el caso de ser declaradas fundadas total o
parcialmente se ordenará que se emita un nuevo informe sobre las modificaciones
o aclaraciones que precise (…)" (énfasis agregado); por lo que estando a la norma
invocada si la parte actora consideraba que el Informe no se había ceñido al
mandato pudo formular sus observaciones, más aún si en el presente proceso
se han emitido dos informes el N° 101-2011-PJ-EAM-04°JLL [fojas 225-228] y
el N° 19-2012-PJ-EAM-04°JLL [fojas 256-257]; sin que el actor haya formulado
observación alguna contra éstas, por lo que resulta amparable el agravio
formulado.
9. En cuanto al cuarto agravio, que con la declaración jurada de fecha 23 de julio
de 2008 [fojas 317], se acredita que la empresa Pesquera Alejandría S.A.C.
calculaba las remuneraciones del actor en base al 22.40%; cabe indicar que el
demandante de manera reiterada en su escrito de demanda señala que la
codemandada en mención le calculaba su participación de pesca con el 22.40%
del 8.5%, hecho que sería corroborado con la declaración jurada citada; sin
embargo su aseveración pierde sustento al tenerse en cuenta que de fojas 231 a
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fojas 239, obran copia de las declaraciones juradas de aportes y retenciones de
la demandada Pesquera Alejandría S.A.C., en los cuales se consigna que la
participación fue del 18% en la semana 45 comprendida del 05/11/2009 al
11/11/2009, semana 46 comprendida del 12/11/2009 al 18/11/2009, semana
47 comprendida del 19/11/2009 al 25/11/2009, semana 48 comprendida del
26/11/2009 al 02/12/2009, semana 49 comprendida del 03/12/2009 al
09/12/2009, semana 50 comprendida del 10/12/2009 al 16/12/2009, semana
51 comprendida del 17/12/2009 al 23/12/2009, semana 22 comprendida del
27/05/2010 al 02/06/2010 y semana 23 comprendida del 03/06/2010 al
09/06/2010.
10. Los citados medios probatorios no han sido materia de cuestionamiento por el
demandante, y permite establecer que entre las partes ya se había pactado
una remuneración con el indicado porcentaje, lo que causa mayor certeza con
el Contrato de Trabajo que obra a fojas 2 a 6, suscrito entre las partes en el año
2010; en ese sentido, el pago de la participación de pesca en 18% no habría
obedecido a una decisión unilateral de la demandada, sino a una aceptación
expresa del propio demandante; por lo que los agravios formulados no resultan
estimables debiendo confirmarse la venida en grado.
FUENTES LOBATO GARCIA ROMAN
11 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 1° JUZGADO DE PAZ LETRADO (JPL Jesús María)
EXPEDIENTE : 00016-2011-0-1819-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : SARMIENTO VEGA VARINIA YANET
ESPECIALISTA : PAMPA FLORES, ROBERTO
DEMANDADO : GARCIA HERBOZO, JOSE CARLOS
GARCIA SOROGASTUA, CHRISTIAN OMAR
DEMANDANTE : HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBABLIATI
MARTINS DEL SEGURO ESSSALUD
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNN....°°°° 11113333
JJJJEEEESSSSUUUUSSSS MMMMAAAARRRRIIIIAAAA,,,, 33331111 ddddeeee mmmmaaaarrrrzzzzoooo ddddeeee 2222000022222222
CCCCoooommmmppppaaaaggggiiiinnnnaaaaddddoooo eeeennnn llllaaaa ffffeeeecccchhhhaaaa ppppoooorrrr eeeellll ppppeeeerrrrssssoooonnnnaaaallll ddddeeee aaaarrrrcccchhhhiiiivvvvoooo yyyy ddddaaaannnnddddoooo ccccuuuueeeennnnttttaaaa aaaallll eeeessssccccrrrriiiittttoooo
presentado por la demandante con iiiinnnnggggrrrreeeessssoooo NNNN....°°°° 2222888833338888----2222000022221111: A lo expuesto, Téngase
presente: AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS:::: yyyy AAAATTTTEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNDDDDOOOO;;;; PPPPrrrriiiimmmmeeeerrrroooo:::: El acto de notificación es el acto
procesal mediante el cual una de las partes toma conocimiento de una resolución
contra la cual puede plantear las acciones legales que considere pertinente, por lo que,
su actuación debe revestir todas las garantías necesarias para tal fin. SSSSeeeegggguuuunnnnddddoooo: En ese
sentido y habiendo absuelto el traslado conferido por resolución N.° 12 de
fecha17.09.2021, en ese sentido, a fin de no vulnerar su derecho de defensa y emplazar
válidamente a los posibles herederos o persona con mejor acreencia de los derechos
del demandado JJJJOOOOSSSSEEEE CCCCAAAARRRRLLLLOOOOSSSS GGGGAAAARRRRCCCCIIIIAAAA HHHHEEEERRRRBBBBOOOOZZZZOOOO; y conforme a lo establecido por los
artículos 165°, 167°, 435°, 550° del Código Procesal Civil y a lo dispuesto por la R.A. N.°
104-2017-CE-PJ, que aprueba el proyecto del Servicio de Edicto Judicial Electrónico, en
concordancia con la Ley N.° 30293 que modifica el artículo 167° del TUO del Código
Procesal Civil, ppppuuuubbbbllllííííqqqquuuueeeesssseeee VVVVííííaaaa eeeeddddiiiiccccttttoooo JJJJuuuuddddiiiicccciiiiaaaallll EEEElllleeeeccccttttrrrróóóónnnniiiiccccoooo eeeennnn eeeellll PPPPoooorrrrttttaaaallll WWWWeeeebbbb ooooffffiiiicccciiiiaaaallll ddddeeeellll PPPPooooddddeeeerrrr
JJJJuuuuddddiiiicccciiiiaaaallll un extracto de la resolución N.° 09 de fecha 18.09.2014, que a continuación se
detalla: “
RRRREEEESSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN NNNNUUUUMMMMEEEERRRROOOO NNNNUUUUEEEEVVVVEEEE:::: AAAAUUUUTTTTOOOOSSSS YYYY VVVVIIIISSSSTTTTOOOOSSSS:::: CCCCOOOONNNNSSSSIIIIDDDDEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO:::: Que, habiéndose cumplido en
la interposición de la demanda y en la secuela del proceso con los presupuestos procesales que la
judicatura debe cautelar, así como la competencia del Juez, la capacidad procesal de las partes y
los requisitos de admisibilidad y de procedencia, determinándose una relación jurídica procesal
valida, y valorado en forma conjunta los medios probatorios aportados por la parte demandante,
el señor Juez se encuentra en la ineludible obligación de expedir la sentencia respectiva;;;;
PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRROOOO:::: Que, en atención al principio establecido en nuestra carta magna en el inciso tres del
articulo ciento treintinueve, la misma que garantiza la observancia al debido proceso y a la Tutela
Jurisdiccional efectiva, por la cual ninguna persona puede ser desviada de la Jurisdicción
predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de lo previamente establecido, a
fin de asegurar a la sociedad la legitimidad en el resultado, la misma que deberá sustentarse
obligatoriamente en la motivación escrita de la resolución Judicial que de termino a un conflicto
de interés o que resuelva una incertidumbre ambas con relevancia jurídica;;;; SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDOOOO:::: Conforme
lo dispone el artículo ciento ochentiocho del Código Procesal Civil, los medios probatorios tienen
por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto
de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones y a tenor del articulo ciento
noventiseis del acotado cuerpo de leyes; por lo que, la carga de la prueba le corresponde a quien
afirma un hecho que configure su pretensión o quien lo contradice alegando hechos nuevos;;;;
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRROOOO:::: Que, es efecto de rebeldía causar presunción legal relativa de verdad sobre los hechos
expuestos en la demanda; en ese entendido cuando la ley presume una conclusión con carácter
relativo la carga de la prueba se invierte a favor del beneficiario de tal pretensión; sin embargo, este ha de acreditar la realidad del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de conformidad con
lo dispuesto por el articulo doscientos setentinueve del Código Procesal Civil, en concordancia con
el cuatrocientos sesentiuno del mismo cuerpo de leyes; CCCCUUUUAAAARRRRTTTTOOOO: Que, conforme a lo prescrito en
el inciso uno del artículo mil doscientos diecinueve del Código Civil “es efecto de las obligaciones
autorizar al acreedor para emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a
que está obligado”; QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOO: Que, es materia de la pretensión el cobro de la obligación generada
por la demandada a favor de la demandante; por lo que, se amerita que se acredite la obligación
de pago por parte de la demandada a favor de la actora por la suma puesta a cobro, por lo que
corresponde valorar los medios probatorios aportados en autos; SSSSEEEEXXXXTTTTOOOO:::: Que, se tiene en autos la
Liquidación de Prestaciones de Salud N° 002-021169, instrumental que obra a fojas veinticuatro
de autos, (con fecha 30.01.2001) en el cual se consigna el nombre del demandado don José
García Herbozo, como responsable de las atenciones médicas que se le brindó, al co demandado
don Christian Omar García Sorogastua, siendo la fecha de su ingreso el día ocho de diciembre del
año dos mil y su fecha de alta el mismo día, totalizando dicha atención un monto de setecientos
diecinueve y 31/100 nuevos soles, debiendo asumir la cancelación de pago el paciente y/o
también la persona que se obligó a realizarla. Al respecto, cabe precisar que a la fecha de ingreso
de la mencionada paciente, se firmo la Carta de garantía número 0022133, obrante a fojas
quince de autos, toda vez que el paciente no contaba con cobertura de salud; siendo el caso que
la parte demandante dispone que se realice las acciones pertinentes para el cobro de la deuda
mediante carta Circular N° 002-SGT-HNERM-ESSALUD-2001 de fecha veintinueve de octubre del
año dos mil uno, obrante a fojas diecisiete de autos, en tal sentido la parte accionante cursa la
Carta Notarial de fecha seis de noviembre del año dos mil nueve obrante a fojas dieciocho de
autos y la Carta Notarial de fecha dieciséis de noviembre del año dos mil diez obrante a fojas
dieciséis de autos, requirió a la parte co demandada el pago de la suma puesta a cobro,
quedando acreditado la pretensión demandada; SSSSÉÉÉÉPPPPTTTTIIIIMMMMOOOO:::: Que, en cuanto a la condena de costas
y costos se tiene que este rubro, no contraviene al principio de la gratuidad de la justicia; pero la
parte vencida, es la causa inmediata de la existencia del proceso por su resistencia o pretensión
injustificada, debiéndose reembolsar los gastos efectuados por la parte vencedora, dicho rubro
no requiere ser demandado y es de cargo de la parte vencida, en ese sentido se debe tener en
cuenta que la parte demandante es una persona jurídica de Derecho Publico y
constitucionalmente Autónomo y por lo tanto se encuentran exoneradas de los gastos propios del
proceso, sin embargo es de verse que de la secuela del procedimiento que la parte demandante a
incurrido en gastos pre judiciales a fin de lograr el cumplimiento de la obligación por la parte
vencida; justificándose la condena de costas procesales, así también la parte vencedora a sido
asesorada por letrados distintos a los apoderados Judiciales y procuradores adscritos a la
institución vencedora, justificándose la condena de costos procesales conforme a los dispuesto
por el artículo cuatrocientos once del Código Procesal Civil. Por lo que, habiéndose acreditado la
existencia de la obligación y el monto al que asciende es de aplicación lo previsto en el inciso 1°
del artículo 1219° del Código Civil en cuanto “es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor a
emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado”. Por
estos fundamentos y con las demás pruebas actuadas y no glosadas que en nada enerva los
considerandos precedentes y estando al amparo de lo dispuesto por los artículos mil doscientos
diecinueve y mil doscientos veintinueve del Código Sustantivo; el Primer Juzgado de Paz Letrado
de Jesús María, Administrando Justicia a nombre de la Nación FFFFAAAALLLLLLLLAAAA:::: Declarando FFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDAAAA la
demanda de fojas diecinueve a veintitrés de autos interpuesta por el HHHHOOOOSSSSPPPPIIIITTTTAAAALLLL NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL
EEEEDDDDGGGGAAAARRRRDDDDOOOO RRRREEEEBBBBAAAAGGGGLLLLIIIIAAAATTTTIIII MMMMAAAARRRRTTTTIIIINNNNSSSS ---- EEEESSSSSSSSAAAALLLLUUUUDDDD, en consecuencia OOOORRRRDDDDEEEENNNNOOOO que la parte co demandada
don JJJJOOOOSSSSÉÉÉÉ CCCCAAAARRRRLLLLOOOOSSSS GGGGAAAARRRRCCCCÍÍÍÍAAAA HHHHEEEERRRRBBBBOOOOZZZZOOOO y don CCCCHHHHRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNN OOOOMMMMAAAARRRR GGGGAAAARRRRCCCCÍÍÍÍAAAA SSSSOOOORRRROOOOGGGGAAAASSSSTTTTUUUUAAAA,,,, cumplan con
pagar de forma solidaria a la parte demandante la suma de SSSSEEEETTTTEEEECCCCIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS DDDDIIIIEEEECCCCIIIINNNNUUUUEEEEVVVVEEEE yyyy 33331111////111100000000
NNNNUUUUEEEEVVVVOOOOSSSS SSSSOOOOLLLLEEEESSSS más los respectivos intereses legales, con expresa condena de costas y costos,
preguntado en este acto el representante legal de la parte demandante si se encuentra conforme
con lo resuelto este dijo: que si se encuentra conforme. Con lo que termino la presente diligencia,
firmando a continuación los comparecientes después que lo hiciera el Señor juez por ante mi de lo
que doy fe. -
Por el plazo de tres días, a fin de que absuelva la referida resolución según corresponda,
bajo apercibimiento de nombrársele CCCCuuuurrrraaaaddddoooorrrr PPPPrrrroooocccceeeessssaaaallll....
NNNNoooottttiiiiffffííííqqqquuuueeeesssseeee ppppoooorrrr SSSSIIIINNNNOOOOEEEE aaaallll ddddeeeemmmmaaaannnnddddaaaannnntttteeee.... |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00030-2011-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA,
DEMANDANTE : PROFUTURO AFP,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, dos de noviembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa
el Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° CUATRO (Auto de Ejecución) de
fecha 09 de agosto del año 2011, se resolvió declarar FUNDADA la
contradicción al mandato de ejecución solicitado por INDUSTRIAL
PESQUERA SANTA MONICA S.A. sobre INEXIGIBILIDAD de la obligación
puesta a cobro; en consecuencia infundada la pretensión de pago de
APORTES PREVISIONALES interpuesta por PROFUTURO AFP; SEGUNDO:
Que, estando debidamente notificados los sujetos procesales; sin embargo no
han interpuesto medio impugnatorio alguno contra la resolución
anteriormente mencionada, adquiriendo la misma la calidad de Cosa Juzgada
al amparo de lo prescrito por el inciso 2) del artículo 123° del Código Procesal
Civil. Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO (Auto de
Ejecución) de fecha 09 de agosto del año 2011.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY.
3.- Acocándose al conocimiento de la presente causa al Señor Juez que suscribe e
interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición superior.
NOTIFÍQUESE. Conforme a ley.--------------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00124-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SUCESORA DE CORPORACION FISH
PROTHEIN SA ,
DEMANDANTE : ROBLES FLORES, JULIO RUDYARD
Resolución Nro. CUARENTA Y CUATRO
Chimbote, doce de julio del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el escrito que antecede, Y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante escrito de fecha 30/05/2017, la demandada interpone
recurso de apelación de auto contra la resolución cuarenta y dos que declara
fundada en parte la observación y regula los costos procesales; a fin de que sea
revocada por el Superior;
SEGUNDO: Que, a través de la resolución número cuarenta y tres , se le concedió el
plazo de tres días a la parte demandada para que cumpla con adjuntar el arancel
judicial por la apelación interpuesta, bajo apercibimiento de ser rechazada la
apelación y ser declarada inadmisible;
TERCERO: Que, pese estar debidamente notificada la parte demandante, no ha
cumplido con el mandato, siendo del caso hacer efectivo el apercibimiento
decretado por resolución número diecisiete, en aplicación supletoria de lo dispuesto
por el artículo 367° del Código Procesal Civil;
CUARTO; Mediante escrito que se da cuenta, la demandada ha cumplido con
consignar el monto correspondiente por los costos procesales; adjuntando la
Constancia de depósito judicial Nº 2017078108395 en la suma de S/. 787.50 soles. Por
estas consideraciones, SE RESUELVE:
1) RECHAZAR el recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra la
resolución número cuarenta y dos.
2) TENGASE por consignada la Constancia de Depósito Judicial N° 2017078108395 por
la suma de S/. 787.50 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 50/100 SOLES) en
consecuencia; ENTREGUESE a favor del demandante la Orden de pago, dejándose
constancia en autos de su entrega, PREVIO pago de la suma de S/. 37.50 Soles, a favor
del Colegio de Abogados. Cumplido que fuere lo anterior no existiendo en el proceso
nada más que actuar, se dispone el ARCHIVO DEFINITIVO del proceso en
consecuencia, REMITANSE los actuados al Archivo Central de esta sede judicial. Al
Otrosí, estese a la presente resolución. Avocándose al conocimiento del proceso el
señor Juez que suscribe por disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 19/05/2017 10:58:16
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00124-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : DERECHOS LABORALES
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: ROSA ISABEL
TORRES CADILLO JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 19/05/2017 15:45:44
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SUCESORA DE CORPORACION FISH
PROTHEIN SA ,
DEMANDANTE : ROBLES FLORES, JULIO RUDYARD
Resolución Nro. CUARENTA Y DOS
Chimbote, quince de mayo del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha por las recargadas labores
del Juzgado, y con el escrito que antecede, Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el demandante presenta la propuesta de los costos procesales,
acompañando recibo por honorarios profesionales expedido por su abogado en la
suma total de S/. 1,200.00 Soles;
SEGUNDO: Que, corrido el traslado de la propuesta de costos procesales a la
demandada, ha observado señalando que la suma señalada resulta exorbitante; y
el letrado ha desplegado un esfuerzo normal y ordinario; y demás fundamentos que
expone;
TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso ordinario laboral
bajo los alcances establecidos por la Ley N° 26636 – Ley Procesal Laboral la cual no
establece los parámetros de los costos procesales se debe aplicar vía supletoria lo
establecido por el Código Procesal Civil;
CUARTO: Que, según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal Civil “son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por
ciento destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su
fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio
judicial; asimismo a tenor del artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez
quien regulará los alcances de la condena en costos y costas del proceso, tanto
respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las
incidencias del proceso, fundamentando su decisión;
QUINTO: Que, el Tribunal Constitucional en su sentencia de Exp. 00052-2010-PA/TC-
LIMA, ha establecido en su quinto considerando que: “Teniendo presentes las razones
esgrimidas por el juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados
para determinar el monto de los honorarios, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la participación de los abogados, sino que también deben tenerse
presente otros criterios relevantes, tales como: a) el éxito obtenido y su trascendencia,
b) la novedad o dificultad de la cuestión debatida, y c) si los servicios profesionales
fueron aislados, fijos o constantes”, y tal como se advierte en el presente caso, si bien
el apelante menciona la Tabla de Honorarios del Colegio de Abogados de Lima, ésta
es sólo un referente con relación al monto que se han fijado los costos procesales,
conforme a los considerandos del Tribunal Constitucional, y que deben regularse;
SEXTO: Que, siendo así, los mismos deben ser resueltos por el Juzgado, con la
facultades del artículo 414° del Código Procesal Civil, por lo que el Juez, no sólo debe
apreciar la objetividad del monto de los costos, sino también la duración del proceso;
las instancias jurisdiccionales; la complejidad de la materia litigiosa, la labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora, la conducta procesal
de las partes, las incidencias del proceso, la naturaleza del derecho defendido, entre
otros factores; y dentro del este contexto se ha obtenido como sentencia favorable la
suma de S/. 3,695.76 Soles por concepto de Utilidades y Beneficios sociales y la suma
de S/. 1,188.84 Soles, por intereses legales; por lo que se debe regular los costos
procesales. Por los fundamentos expuestos y de acuerdo a lo establecido por el
artículo 414° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA en parte la observación realizada por la parte demandada, en
consecuencia REGULESE LOS COSTOS PROCESALES EN LA SUMA DE S/. 750.00
(SETECIENTOS CINCUENTA Y 00/100 SOLES) y el 5% a favor del Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 37.50 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la
demandada dentro del plazo de tercer día, bajo apercibimiento de ley en caso de
incumplimiento. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 2° JUZGADO LABORAL TRANSITORIO
EXPEDIENTE : 00124-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : DERECHOS LABORALES
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : CORPORACION PESQUERA INCA SUCESORA DE CORPORACION
FISH PROTHEIN SA ,
DEMANDANTE : ROBLES FLORES, JULIO RUDYARD
Resolución Nro. TREINTA Y CINCO
Chimbote, treinta y uno de agosto
Del año dos mil dieciséis.-
Por devuelto el expediente por la Segunda Sala Civil, CUMPLASE lo
ejecutoriado, habiéndose confirmado la sentencia, la misma que declara fundada en
parte la demanda; TÉNGASE presente, y mediante escrito que se da cuenta la
demandada CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C., ha adjuntado la Constancia de
Depósito Judicial N° 2016078110225, por la suma de S/. 3,695.76 (TRES MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO Y 76/100 SOLES), por concepto de capital, TENGASE por cumplido
el mandato ordenado en autos y TENGASE por consignado a favor del actor, en
consecuencia ENTREGUESE al actor la orden de pago; dejándose constancia en autos
la copia y constancia de su respectiva entrega, y siendo el estado del proceso
REMITASE los autos a la oficina de pericias a fin de que el perito elabore la liquidación
de los intereses legales correspondientes; asimismo y en atención a que este
despacho, a la fecha, se viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –
SINOE en tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ
de fecha 10 de agosto del 2016, emitido por la Presidencia de esta Corte; que es
concordante con el "Artículo 155-D de la ley Orgánica del poder judicial sobre la "
Obligatoriedad de casilla electrónica" en la cual literalmente se señala que "Los
abogados de las partes procesales, sean o no de oficio, los procuradores públicos y los
fiscales deben consignar una casilla electrónica, la cual es asignada por el Poder
Judicial sin excepción alguna. El Poder Judicial a través de su Consejo Ejecutivo es el
responsable de emitir las disposiciones necesarias para implementar y habilitar la
asignación de casillas electrónicas del Poder Judicial, así como las reglas del
diligenciamiento de las notificaciones electrónicas.", en consecuencia, REQUIERASE a
las partes, para que en el plazo de CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA
ELECTRONICA, bajo apercibimiento de imponerle multa en caso de incumplimiento,
haciéndole saber que en caso de no poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo
de manera gratuita a través de la oficina de Servicios Judiciales de esta Corte Superior
de Justicia. Avocándose al conocimiento del proceso la Señora Jueza que suscribe por
disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2011-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, veintinueve de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el
Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: De los autos se advierte que, mediante resolución N° 01 de fecha
16 de agosto de 2011 se resuelve admitir a trámite la demanda de
OBLIGACION DE DAR SUMA DINERO interpuesta por AFP HORIZONTE S.A.,
representada por su apoderado José Luis Iza Stoll, sobre pago de aportes al
sistema privado de pensiones contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
MONICA S.A. SEGUNDO: Que, mediante resolución N°02 de fecha 20 de
septiembre de 2011, a folios veintiséis se le corre traslado del escrito de
contradicción presentado por la parte demandada, por el plazo de ley,
asimismo con la resolución N°03 de fecha 20 de abril del año 2012 siendo el
estado del proceso se dispuso pasen los autos a despacho de la señora juez a
fin de que emita sentencia. TERCERO: Que, mediante resolución N°04 de
fecha 17 de julio de 2012 a folios 35, mediante Auto de Ejecución se
DECLARO fundada la contradicción, formulada por la ejecutada INDUSTRIAL
PESQUERA SANTA MONICA S.A., asimismo se declaro infundada la demanda
en los seguidos por AFP HORIZONTE contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
MONICA S.A. la misma que ha sido debidamente notificada con cedula de
notificación N° 997-2012-JP-LA y cédula de notificación N°998-2012-JP-LA.
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO de fecha
17 de julio del año 2012.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY. 3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.-------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00138-2011-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : CASTILLO MUÑOZ JANY RICHARD
ESPECIALISTA : MONTENEGRO LEON FLAVIO
DEMANDADO : INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° Cinco (05)
Paita, veintinueve de diciembre
Del año dos mil veintiuno.-
AUTOS Y VISTOS: Avocándose al conocimiento de la presente causa el
Señor Juez que suscribe por disposición superior. I CONSIDERANDO:
PRIMERO: De los autos se advierte que, mediante resolución N° 01 de fecha
16 de agosto de 2011 se resuelve admitir a trámite la demanda de
OBLIGACION DE DAR SUMA DINERO interpuesta por AFP HORIZONTE S.A.,
representada por su apoderado José Luis Iza Stoll, sobre pago de aportes al
sistema privado de pensiones contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
MONICA S.A. SEGUNDO: Que, mediante resolución N°02 de fecha 20 de
septiembre de 2011, a folios veintiséis se le corre traslado del escrito de
contradicción presentado por la parte demandada, por el plazo de ley,
asimismo con la resolución N°03 de fecha 20 de abril del año 2012 siendo el
estado del proceso se dispuso pasen los autos a despacho de la señora juez a
fin de que emita sentencia. TERCERO: Que, mediante resolución N°04 de
fecha 17 de julio de 2012 a folios 35, mediante Auto de Ejecución se
DECLARO fundada la contradicción, formulada por la ejecutada INDUSTRIAL
PESQUERA SANTA MONICA S.A., asimismo se declaro infundada la demanda
en los seguidos por AFP HORIZONTE contra INDUSTRIAL PESQUERA SANTA
MONICA S.A. la misma que ha sido debidamente notificada con cedula de
notificación N° 997-2012-JP-LA y cédula de notificación N°998-2012-JP-LA.
Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1.- DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° CUATRO de fecha
17 de julio del año 2012.
2.- ARCHIVESE DEFINITIVAMENTE EN EL MODO Y FORMA DE LEY. 3.- Avocándose al conocimiento de la presente causa el Señor Juez que
suscribe e interviniendo el Secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
NOTIFÍQUESE conforme a ley.-------------------------------------------------- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00140-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA CORPORACION PESQUERA INCA SA ,
DEMANDANTE : JARA VILLAVICENCIO, ERNESTO MIGUEL
Resolución Nro. CUARENTA Y CINCO
Chimbote, catorce de agosto del dos mil diecisiete.-
Por devuelto el expediente por la Sala Laboral Permanente, CUMPLASE lo
ejecutoriado, habiéndose confirmado la resolución cuarenta y uno que declara
fundada en parte la observación realizada por la demandada y regula los costos
procesales; TÉNGASE presente, en consecuencia; REQUIERASE a la ejecutada, a fin que
dentro del plazo del tercer día cumpla con pagar a favor del actor la suma de
S/.2,625.00 (DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES), bajo apercibimiento
de ley en caso de incumplimiento. Avocándose al conocimiento del proceso el señor
Juez que suscribe por disposición Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | SALA LABORAL - Sede Periférica I.
EXPEDIENTE N°: 00140-2011-0-2501-JR-LA-06.
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR PARTICIPACIÓN DE PESCA.
RELATORA : VENEROS LAVERIAN, ANA MARIA.
DEMANDADO : CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C.
DEMANDANTE : JARA VILLAVICENCIO, ERNESTO MIGUEL.
RESOLUCION NÚMERO: CUARENTA Y CUATRO.
Chimbote, catorce de julio
Del dos mil diecisiete.-
AUTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
SANTA
ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número cuarenta y uno, de fecha veintiuno de marzo
de dos mil diecisiete, que resuelve declarar fundada en parte la observación realizada por la parte
demandada; en consecuencia, regula los costos procesales en la suma de S/ 2,500.00 soles, más el 5%
a favor del Colegio de Abogados del Santa (S/ 125.00).
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La parte demandada en su recurso impugnatorio de apelación sostiene: a) Que, el abogado del
actor no desempeño un despliegue extraordinario que justifique el monto fijado como costos procesales;
asimismo, señala que el letrado sólo presentó escritos de mero trámite que no ameritan un exigente
despliegue intelectual, en la cual la defensa de la parte accionante no tuvo un esfuerzo desplegado; b)
Que, el letrado solo presentó escritos de mero trámite que no ameritan un exigente despliegue intelectual,
en el cual la defensa de la parte accionante no tuvo mayor esfuerzo desplegado.
FUNDAMENTOS DEL TRIBUNAL:
PRIMERO: Que, el recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte o de un tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de
que sea anulada o revocada, total o parcialmente, conforme al artículo 364 del Código Procesal Civil. El
recurso de apelación hace viable no solo la revisión de los errores materiales sino también de los errores
sustanciales, pues por medio de dicho recurso se pretende la eliminación de la resolución del Juez inferior
y su sustitución por otra que dicte el Superior Jerárquico.
SEGUNDO: Que, respecto a los costos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 411º del Código
Procesal Civil, los costos del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora;
consecuentemente, su pago corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial
1 expresa y motivada de exoneración; por lo que, en el presente caso, al existir un pronunciamiento sobre
el fondo, conforme a la sentencia de vista, emitida por la Sala Superior mediante resolución número
veintisiete, de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince (folios 451/453), confirmando la sentencia
contenida en la resolución número veintitrés, de fecha once de noviembre de dos mil catorce, ordena a la
demandada cumpla con pagar la suma de S/ 17,107.54 soles (monto capital); asimismo, mediante
resolución número treinta y siete, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciséis (folios 37), la Sala
Superior, confirma la resolución número treinta y cuatro, de fecha veinticinco de mayo de dos mil
dieciséis, que aprueba la liquidación de intereses legales en la suma de S/ 2,761.00 soles; por ende
corresponde se proceda a la fijación de los costos del proceso en manera proporcional y equitativa a lo
actuado en la presente causa.
TERCERO: Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso (inicia el 12 de enero de 2011), 2)
instancias jurisdiccionales (segunda instancia), 3) complejidad de la materia litigiosa; y, 4) La labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora; por lo que, en atención a ello el Juzgador en
el presente caso ha determinado como costos del proceso la suma de S/ 2,500.00 soles, más el 5% para
el Colegio de Abogados del Santa; al haber un pronunciamiento estimatorio, conforme se ha detallado
precedentemente, que resulta razonable considerando lo ya señalado.
CUARTO: Que, por otro lado, el Tribunal Constitucional en su sentencia del Exp. 00052-2010-PA/TC-
LIMA, ha establecido en su quinto considerando que: “Teniendo presentes las razones esgrimidas por el
juzgado y la Sala, este Tribunal considera que los criterios utilizados para determinar el monto de los
honorarios han sido incompletos, pues para ello no sólo debe valorarse la razón del tiempo y la
participación de los abogados, sino que también deben tenerse presente otros criterios relevantes, tales
como: a) el éxito obtenido y su trascendencia, b) la novedad o dificultad de la cuestión debatida, y
c) si los servicios profesionales fueron aislados, fijos o constantes”; todo ello sirve de sustento para
fijar el monto de los costos del proceso; de lo que se concluye que la resolución venida en grado debe ser
confirmada respecto a dicho extremo, y en el mismo importe. Por estas consideraciones, el Tribunal
Unipersonal de esta Corte Superior de Justicia:
RESUELVE:
CONFIRMARON la resolución número cuarenta y uno, de fecha veintiuno de marzo de dos mil
diecisiete, que resuelve declarar fundada en parte la observación realizada por la parte demandada; en
consecuencia, regula los costos procesales en la suma de S/ 2,500.00 soles, más el 5% a favor del
Colegio de Abogados del Santa (S/ 125.00); y DEVUELVASE a su Juzgado de origen. Notifíquese.-
S.
Chiu Pardo, W.
2 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 04/04/2017 09:04:55
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00140-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: ROSA ISABEL
TORRES CADILLO JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 04/04/2017 10:18:05
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA CORPORACION PESQUERA INCA SA ,
DEMANDANTE : JARA VILLAVICENCIO, ERNESTO MIGUEL
Resolución Nro. CUARENTA Y DOS
Chimbote, cuatro de abril del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Con el escrito que antecede, arancel
judicial que acompaña Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, la demandada Corporación Pesquera Inca S.A.C., dentro del término
de ley interpone recurso de apelación de auto contra la resolución número cuarenta
y uno de autos, que declara fundada en parte la observación y regula los costos
procesales; a fin que el Superior la revoque;
SEGUNDO: Que, la apelación formulada cumple con los requisitos de admisibilidad y
procedibilidad exigidos por el artículo 52 de la Ley Procesal de Trabajo número 26636;
acompañando las tasa judicial correspondiente;
TERCERO: Que, si bien, el artículo 53° de la Ley Procesal, establece que la apelación de
los autos en ejecución de sentencia se debe conceder sin efecto suspensivo; sin
embargo a fin de que los Magistrado integrantes del colegiado tengan mayor
elemento de juicio se debe conceder con efecto suspensivo; Por tales consideraciones
SE RESUELVE:
CONCEDER LA APELACIÓN interpuesta por la demandada Corporación Pesquera Inca
S.A.C., contra la resolución número cuarenta y uno de autos, CON EFECTO SUSPENSIVO
Y ELÉVESE los autos al Superior Jerárquico de esta sede, con la debida nota de
atención. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Juez: JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 21/03/2017 16:05:32
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00140-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : POR DEFINIR
CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario: ROSA ISABEL
TORRES CADILLO JUEZ : JULIO VELASQUEZ RONCAL
Fecha: 21/03/2017 17:14:46
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
FIRMA DIGITAL
DEMANDADO : EMPRESA PESQUERA CORPORACION PESQUERA INCA SA ,
DEMANDANTE : JARA VILLAVICENCIO, ERNESTO MIGUEL
Resolución Nro. CUARENTA Y UNO
Chimbote, veintiuno de marzo del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con la revisión de los actuados; Y
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, el demandante presenta la propuesta de los costos procesales,
acompañando recibo por honorarios profesionales expedido por su abogado en la
suma total de S/. 2,900.00 Soles;
SEGUNDO: Que, corrido el traslado de la propuesta de costos procesales a la
demandada, ha observado señalando que, resulta exorbitante, si tenemos en cuenta
que en esta causa el letrado ha desplegado un esfuerzo normal y ordinario; y demás
fundamentos que expone;
TERCERO: Que, habiéndose tramitado el proceso en la vía del proceso ordinario laboral
bajo los alcances establecidos por la Ley N° 26636 – Ley Procesal Laboral la cual no
establece los parámetros de los costos procesales se debe aplicar vía supletoria lo
establecido por el Código Procesal Civil;
CUARTO: Que, según lo establecido por el artículo 411° del Código Procesal Civil “son
costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora, más un cinco por
ciento destinado del Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo, para su
fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio
judicial; asimismo a tenor del artículo 414° del Cuerpo normativo aludido, es el Juez
quien regulará los alcances de la condena en costos y costas del proceso, tanto
respecto del monto como de los obligados y beneficiados, en atención a las
incidencias del proceso, fundamentando su decisión;
QUINTO: Que, siendo así, los mismos deben ser resueltos por el Juzgado, con la
facultades del artículo 414° del Código Procesal Civil, por lo que el Juez, no sólo debe
apreciar la objetividad del monto de los costos, sino también la duración del proceso;
las instancias jurisdiccionales; la complejidad de la materia litigiosa, la labor
desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora, la conducta procesal de las partes, las incidencias del proceso, la naturaleza del derecho defendido, entre
otros factores; y dentro del este contexto se ha obtenido como sentencia favorable la
suma de S/. 17,107.54 soles por Reintegro de remuneraciones por Participación de
Pesca; y la suma de S/. 2,761.00 Soles, por intereses legales; por lo que se debe regular
los costos procesales. Por los fundamentos expuestos y de acuerdo a lo establecido
por el artículo 414° del Código Procesal Civil; SE RESUELVE:
DECLARAR FUNDADA en parte la observación realizada por la parte demandada, en
consecuencia REGULESE LOS COSTOS PROCESALES EN LA SUMA DE S/. 2,500.00 (DOS MIL
QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) y el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa en la
suma de S/. 125.00 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la demandada dentro
del plazo de tercer día, bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento del proceso el señor Juez que suscribe por disposición
Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | EXPEDIENTE NÚMERO: 00164-2011-0-2501-JR-LA-07
LOMBARD NILTON REYES CANO
CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C.
PAGO DE UTILIDADES
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SEIS
Chimbote, veintinueve de setiembre
Del dos mil dieciséis.
AUTO EMITIDO POR LA SEGUNDA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en apelación el auto emitido mediante resolución número treinta y tres
de fecha catorce de diciembre del dos mil quince, que declara infundada la observación
realizada por la parte demandada; en consecuencia, apruébese los costos procesales
en la suma de S/. 1,000.00 Nuevos soles y el 5% a favor del Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 50.00 Nuevos soles.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
La demandada fundamenta su recurso de apelación que, el abogado del actor no ha
realizado un esfuerzo extraordinario que justifique el monto fijado como costos
procesales, asimismo, no se ha tenido en cuenta que existe un honorario mínimo
referencial establecido en la Tabla de Honorarios Mínimos, que se ha establecido en un
10% de la UIT.
CONSIDERACIONES DEL SUPERIOR:
Sobre el recurso de apelación
1. El recurso de apelación, previsto en el artículo 364 del Código Procesal Civil, tiene
por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de la parte o de
tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito que sea
1 anulada o revocada total o parcialmente, en concordancia con el artículo 139, inciso 6)
de la Constitución Política del Estado, referido a la pluralidad de instancia; además, la
finalidad del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre,
ambas con relevancia jurídica, a tenor de lo previsto en el artículo III del Título
Preliminar del Código Procesal Civil.
Análisis del caso
2. Que, acorde al artículo 411 del Código Procesal Civil, los costos del proceso son el
honorario del Abogado de la parte vencedora más un cinco por ciento destinado
al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo; de esta manera su pago
corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial expresa y
motivada de exoneración; por lo que, en el presente caso al existir un pronunciamiento
sobre el fondo mediante sentencia de fecha treinta de setiembre del dos mil trece,
obrante a folios 339 a 347, en el que se declara fundada en parte la demanda,
sentencia que es confirmada mediante resolución de vista de folios 384 a 389
modificando el monto en la suma de S/. 7,371.67 Nuevos soles; y asimismo, mediante
resolución número veintiocho de folios 445 a 446 se dispone el pago por concepto de
intereses legales en la suma de S/. 2,518.70 Nuevos soles, resolución que ha sido
confirmada por esta Sala de folios 468 a 471, por ende, corresponde la fijación de los
costos del proceso.
3. Que, a fin de proceder a ello, el juzgador deberá atender a las incidencias del
proceso, tales como duración del proceso, instancias jurisdiccionales, complejidad de la
materia litigiosa, la labor desplegada por el abogado; en atención a ello el juzgador en el
presente caso determina como costos procesales en la suma de S/. 1,000.00 Nuevos
soles, más el importe de S/. 50.00 Nuevos soles destinados al Colegio de Abogados del
Santa, al haberse declarado fundada en parte la demanda y modificando el monto en la
suma de S/. 7,371.67 Nuevos soles.
4. Que, el Juez debe fijar los costos del proceso en forma prudente, atendiendo no solo
a la duración del proceso e instancias jurisdiccionales, sino también a la naturaleza de
la pretensión, su complejidad, la suma señalada en la sentencia; y si bien es cierto del
presente proceso ha durado más de dos años, teniendo en cuenta el tiempo del
proceso, las instancias recurridas, y la suma señalada en la sentencia conforme al
acápite anterior, resulta prudente y razonable que el Juez al amparo de lo señalado en
2 el artículo 414 del Código Procesal Civil haya señalado la suma de S/. 1,000.00 Nuevos
soles más S/. 50.00 Nuevos soles para el Colegio de Abogados del Santa.
5. Respecto a la Tabla de Honorarios Mínimos, es referencial más no obligatoria, lo cual
no está previsto en los procesos seguidos con la vigencia de la Ley Procesal del
Trabajo, Ley No. 26636; por lo tanto no resulta determinante recurrir a ella, porque se
refiere a montos mínimos y se aplica solo cuando no se hubieran pactado los honorarios
y estos tuvieran que ser fijados por los Jueces (Expediente No.17021-97, Sala de
Procesos Sumarísimos y No contenciosos. Ledesma); por lo que, la apelada debe
confirmarse. Por las consideraciones expuestas, la Segunda Sala Civil;
RESUELVE:
CONFIRMAR el auto emitido mediante resolución número treinta y tres de fecha catorce
de diciembre del dos mil quince, que declara infundada la observación realizada por la
parte demandada; en consecuencia, apruébese los costos procesales en la suma de S/.
1,000.00 Nuevos soles y el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa en la suma
de S/. 50.00 Nuevos soles; con lo demás que contiene, y los devolvieron a su juzgado
de origen. Juez Superior (T) Ponente Doctor Carlos Salazar Hidrogo.
S.S:
Ramos Herrera, W.
Murillo Domínguez, J.
Salazar Hidrogo, C.
3 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Visado: NUE LA MATTA ARMANDO OSCAR
Fecha: 17/09/2012 13:03:01
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/NUEVO CHIMBOTE
JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO - Sede MBJ Nvo. Chimbote
EXPEDIENTE : 00166-2011-0-2506-JR-LA-01
MATERIA : INDEMNIZACION POR DESPIDO ARBITRARIO Y OTROS
Visado: PORTILLA RODRIGUEZ ESPECIALISTA : PORTILLA RODRIGUEZ RUBEN EUGENIO
RUBEN EUGENIO
Fecha: 17/09/2012 13:17:45
Razón: RES. JUDICIAL DEMANDADO : CULTIMARINE SAC
D.Judicial: DEL SANTA/NUEVO
CHIMBOTE DEMANDANTE : MELENDEZ GAMEZ, FELIPA
RESOLUCION Nro. NUEVE
Nuevo Chimbote, diecisiete de setiembre
Del año dos mil doce.-
AUTOS Y VISTOS: Con los escritos de apelación que
anteceden, y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el artículo 364° del Código
Procesal Civil, aplicable al presente proceso de manera supletoria, señala: “El
recurso de apelación tiene por objeto que el Órgano Jurisdiccional Superior
examine, a solicitud de parte (…), la resolución que le produce agravio con
el propósito de que se anulada o revocada, total o parcialmente”.
SEGUNDO.- Que, el abogado de la parte demandante apela la sentencia contenida
en la resolución número ocho de autos la misma que declara fundada en parte la
demanda; por su parte, el abogado de la parte demandada también presenta
recurso de apelación contra la resolución antes indicada. TERCERO: Que, los
recursos impugnatorios de apelación reúnen los requisitos legales y formales,
cumpliendo a su vez cada parte apelante, con fundamentar su apelación, indicando
los respectivos fundamentos de hecho y derecho; así como también, cumplen con
indicar su pretensión impugnatoria, de igual modo están señalando en su recurso el
agravio que les causa la resolución apelada; además de haber sido interpuestos
dentro del término previsto en el artículo 32° de la Ley Procesal del Trabajo N°
29497. CUARTO: Que, en consecuencia es procedente conceder apelación a las
partes solicitantes, por lo que tratándose de la sentencia, es del caso concederla
con efecto suspensivo. Por estas consideraciones, SE RESUELVE:
1.- CONCEDER la apelación solicitada por el abogado de la demandante contra la
sentencia expedida en autos CON EFECTO SUSPENSIVO, en consecuencia
ELEVESE los autos al Superior Jerárquico.-
2.- CONCEDER la apelación solicitada por el abogado de la demandada contra la
sentencia expedida en autos CON EFECTO SUSPENSIVO, en consecuencia
ELEVESE los autos al Superior Jerárquico.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE DEL SANTA
Secretario De Sala: ANGELA LUISA TIRADO CASTILLO
Fecha: 31/01/2017 10:33:47
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: DEL SANTA/SANTA
FIRMA DIGITAL
CCCOOORRRTTTEEE SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR DDDEEE JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA DDDEEELLL SSSAAANNNTTTAAA
SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLL
EXPEDIENTE: N° 00170-2011-0-2501-JR-LA-02.
CASTILLO QUEZADA ALIPIO.
PESQUERA SANTA ROSA S.A. FUSIONADA POR CORPORACION PESQUERA HAYDUK
REINTEGRO DE PAGO DE UTILIDADES.
AUTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA SALA
CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SIETE
En Chimbote, a los treinta días del mes de enero del dos mil diecisiete; el magistrado Pedro
E. Rodríguez Huayaney, en calidad de Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa, que suscribe, emite la presente resolución:
ASUNTO:
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número TREINTA Y DOS,
de fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, que resuelve declarar FUNDADA en parte la
observación realizada por la demandada, en consecuencia REGULESE LOS COSTOS
PROCESALES en la suma de S/.572.00 Soles, más el 5% a favor del Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 28.60 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la demandada dentro del
plazo de tercer día.
FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
El abogado de la parte demandada, interpone recurso de apelación contra la resolución
venida en grado, señalando que para fijar costos procesales se debe tener en cuenta el asesoramiento
adecuado, lo cual significa el despliegue de conocimiento y profesionales en la materia, lo cual no ha
ocurrido en el presente caso, por lo que no se encuentra justificado la regulación de costos
procesales; asimismo, indica que la regulación que hace no es proporcional por cuanto no ha
verificado los factores que se deben aplicar como son la tabla de honorarios del Colegio de
Abogados de Lima, la no realización de informe oral en segunda instancia y liquidación de petitorio
que fue de manera arbitrario y en tal sentido ha creado falsa expectativa para su patrocinado.
FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Sobre el recurso de apelación.-
1.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente; siendo indispensable que el recurso de apelación contenga la fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución
impugnada, y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio o gravamen fija o determina
los poderes de este Órgano Superior para resolver de forma congruente la materia objeto del
recurso, conforme dispone los artículos 364° y 366° del Código Procesal Civil, aplicable por
supletoriedad, por tales razones el Colegiado deberá resolver en función a los agravios, errores de
hecho y de derecho y sustento de la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente en su
escrito de apelación debidamente concedido, dado que tales elementos abren la causa a la segunda
instancia y establecen los límites dentro de los cuales el Colegiado deberá pronunciarse.
De los Costos Procesales.
2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411º del Código Procesal Civil, los
costos del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco por
ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo; consecuentemente,
su pago corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial expresa y
motivada de exoneración. El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil realizado en la ciudad de Lima con
fecha seis y siete de junio del año 2008 respecto al Tema 3 referente a la fijación de los costos,
adoptan por mayoría el siguiente acuerdo: “Los costos procesales se fijan sin ser necesario para
el Juez que se haya acreditado el pago del tributo correspondiente, el cual únicamente es
exigible para hacer efectivo el cobro del depósito judicial”
3.- Que, en el presente caso existe un pronunciamiento sobre el fondo mediante sentencia
contenida en la resolución numero nueve, de fecha siete de enero de dos mil trece, obrante a
páginas 84 a 91, la cual fue confirmada mediante sentencia de vista de fecha veintisiete de enero de
dos mil catorce, obrante de páginas 124 a 125; y en ejecución de sentencia se dispuso el pago de la
suma de S/.2,604.09 Soles, por concepto de utilidades de los años 1995, 1997, 2007 y 2009, el mismo que
la demandada dio cumplimiento conforme se observa del comprobante de pago del depósito
judicial electrónico de páginas 148; asimismo, mediante resolución número veinticinco de página
178, se aprueba la liquidación de intereses legales en la suma de S/.1,203.48 Soles; y
consecuentemente, se tiene por cumplido el pago por este concepto conforme se observa del
escrito de páginas 189 y constancia de deposito judicial de paginas 188; por ende, corresponde se
proceda a la fijación de los costos del proceso.
4.- Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso (desde el 18 de enero de 2011), 2)
instancias jurisdiccionales (dos instancias para la sentencia), 3) complejidad de la materia litigiosa, y 4) la
labor desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora; por lo que en atención a ello el
Juzgador en el presente caso ha determinado como costos del proceso la suma de S/. 572.00 Soles,
teniendo en cuenta las incidencias precitadas, más el 5% destinado para el Colegio de Abogados del Santa cuyo importe asciende a S/.28.60 Soles, al haberse declarado fundada la demanda, conforme
se ha detallado precedentemente.
5.- Que, si bien es cierto, el abogado del demandante ha acompañado su respectivo recibo de
pago de honorario profesional por la suma de S/.1,000.00 Soles, que corre de páginas 211, cuyo
monto solicita que se fije los costos del proceso; también lo es que, respecto al importe consignado,
debe tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su monto, en
ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de contratar; en consecuencia, siendo el Juzgador
quien las fija y/o regula, en el caso concreto, este medio probatorio no obliga que el órgano
jurisdiccional, fije la misma suma y así recupere íntegramente vía reembolso lo pagado, por cuanto,
los costos del proceso se regulan de acuerdo a la complejidad del asunto controvertido, la esfera de defensa de las partes,
las instancias de mérito, duración del proceso, entre otros, como se ha indicado anteriormente.
6.- Que, es de tener en cuenta que en el presente caso, el proceso tiene una duración de
seis años aproximadamente (teniéndose en cuenta desde la presentación del escrito postulatorio de demanda, con
fecha 18 de enero de 2011), en el cual desde un inicio el demandante fue patrocinado por el letrado
Ernesto Eduardo Velásquez Sopán, quien presentó la aprobación de los intereses legales, la
propuesta de liquidación de los costos procesales y la absolución a la observación de la misma;
razones por las cuales el suscrito considera razonable la suma establecida por el Juzgador, pues es
de anotar que, como se señaló los costos procesales no se fijan a favor del letrado patrocinante, sino
para resarcir el pago que hace la parte actora al abogado que le ha patrocinado durante la
tramitación de la causa; todo lo cual sirve de sustento para confirmar la resolución de primera
instancia.
Por tales consideraciones, el Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil:
RESUELVE:
CONFIRMANDO el auto contenido en la resolución número TREINTA Y DOS, de
fecha nueve de marzo del dos mil dieciséis, que resuelve declarar FUNDADA en parte la
observación realizada por la demandada, en consecuencia REGULESE LOS COSTOS
PROCESALES en la suma de S/.572.00 Soles, más el 5% a favor del Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 28.60 Soles, con lo demás que contiene Avocándose a la presente causa
el Dr. Pedro E. Rodríguez Huayaney, por nueva conformación de Sala. Notifíquese y
devuélvase a su Juzgado de origen.
Sr.
RODRIGUEZ HUAYANEY P. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00191-2011-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, Veintiocho de Octubre
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 20 de marzo del 2012, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de
la parte ejecutante AFP HORIZONTE contra ARCOPA SA; sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
ARCOPA SA, cumpla con pagar la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
TRES CON 11/100 SOLES (S/26,703.11),por concepto de aportes
previsionales impagos, más el pago de los intereses moratorios, costos y
costas del proceso (folios 23-25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (AUTO DE
EJECUCION), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 04 y 09 de mayo del 2012, según
constancia de notificación con numero 70-2013 y 71-2013, (folios 21-23), por
lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio. TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 20 de marzo del 2012.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00191-2011-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, Veintiocho de Octubre
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 20 de marzo del 2012, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de
la parte ejecutante AFP HORIZONTE contra ARCOPA SA; sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
ARCOPA SA, cumpla con pagar la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
TRES CON 11/100 SOLES (S/26,703.11),por concepto de aportes
previsionales impagos, más el pago de los intereses moratorios, costos y
costas del proceso (folios 23-25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (AUTO DE
EJECUCION), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 04 y 09 de mayo del 2012, según
constancia de notificación con numero 70-2013 y 71-2013, (folios 21-23), por
lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio. TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 20 de marzo del 2012.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | RAZÓN:
Señora juez en atención a la resolución administrativa N° 000306-2021-CE-PJ, en el
cual se implementa el plan de liquidación de la ley N° 26636, el secretario judicial
quien suscribe la presente da cuenta, que ha tomado recientemente conocimiento del
presente expediente y del estado; a fin de resolver de acuerdo a las funciones
asignadas mediante la resolución antes mencionado.
JUZGADO DE PAZ LETRADO-Paita
EXPEDIENTE : 00191-2011-0-2005-JP-LA-01
MATERIA : PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES Y/O INDEMNIZACION
U OTROS BENEFICIOS ECONOMICOS
JUEZ : KARINA CARDOZA HINOSTROZA
ESPECIALISTA : JIMENEZ ZAPATA INES KATHERINE
DEMANDADO : ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA ,
DEMANDANTE : AFP HORIZONTE SA REP JOSE LUIS IZA STOLL ,
Resolución N° CUATRO (04)
Paita, Veintiocho de Octubre
Del año dos mil veintidós.-
AUTOS Y VISTOS: Con los presentes actuados, y
conforme corresponde se expide la siguiente resolución; CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que, mediante resolución N° DOS AUTO DE EJECUCIÓN, de
fecha 20 de marzo del 2012, se resolvió declarar FUNDADA la pretensión de
la parte ejecutante AFP HORIZONTE contra ARCOPA SA; sobre OBLIGACIÓN
DE DAR SUMA DE DINERO (Pago de aportes previsionales), en
consecuencia se ordenó llevar adelante la Ejecución hasta que el ejecutado
ARCOPA SA, cumpla con pagar la suma de VEINTISEIS MIL SETECIENTOS
TRES CON 11/100 SOLES (S/26,703.11),por concepto de aportes
previsionales impagos, más el pago de los intereses moratorios, costos y
costas del proceso (folios 23-25).
SEGUNDO: Que siendo así, en el caso de autos, ha transcurrido el plazo
previsto por el segundo párrafo del artículo 52° de la Ley Procesal del Trabajo
para interponer recurso de apelación contra la citada resolución (AUTO DE
EJECUCION), concluyéndose que las partes procesales han renunciado a
interponer dicho medio impugnatorio, atendiendo que las partes han sido
válidamente notificadas con fecha 04 y 09 de mayo del 2012, según
constancia de notificación con numero 70-2013 y 71-2013, (folios 21-23), por
lo que, a la fecha corresponde declarar firme y consentida la sentencia,
ejecutando los términos que contiene la misma; en aplicación del inciso 2) del
artículo 123° del Código Procesal Civil supletorio. TERCERO: De conformidad al Art. 50 inc. 1 del Código Procesal Civil, es
importante recalcar que es deber del Juez el “dirigir el proceso, velar por su
rápida solución, adoptar las medidas convenientes para impedir su
paralización y procurar la economía procesal”. En tal sentido, a efectos de
garantizar el derecho fundamental al debido proceso es que es necesario
continuar con el Iter procesal de la presente causa.
CUARTO: Por otro lado conforme a la resolución Administrativa Nro. 000428-
2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio del 2020 señala en su artículo primero:
“Disponer que a partir del 22 de julio de 2020, el funcionamiento del
Sistema de Notificaciones Electrónicas (SINOE) en forma obligatoria, en
todas las especialidades y materias en los órganos jurisdiccionales
ubicados en la sede de Paita Alta de la Corte Superior de Justicia de
Piura, ello, con el fin de que los actos de comunicación procesal se
realicen en el menor tiempo posible, lográndose a través de ello, que se
realicen en tiempo real y en beneficio de la administración de justicia y
de los justiciables en general”, por lo que siendo así, se le debe requerir a las
partes que cumplan en el plazo de tres días con precisar su casilla electrónica
a efectos de notificarlos con las resoluciones que emanen del presente proceso,
bajo apercibimiento de imponer multa de (01 URP), en caso de
incumplimiento; Por estas consideraciones; SE RESUELVE:
1. DECLARAR FIRME Y CONSENTIDA la resolución N° DOS AUTO DE
EJECUCIÓN, de fecha 20 de marzo del 2012.
2. CUMPLAN las partes procesales, en el plazo de TRES DIAS con señalar o
confirmar su casilla electrónica, precisándose la implementación del
sistema de notificación vía electrónica en esta sede judicial de Paita Alta
desde el 22 de julio de 2020 en merito a la Resolución Administrativa Nro.
000428-2020-P-CSJPI-PJ de fecha 17 de julio de 2020. Bajo
apercibimiento de imponerse multa de (01 URP) en caso de
incumplimiento.
Avocándose al conocimiento de la presente causa a la Señora Juez que
suscribe interviniendo el secretario Judicial que da cuenta por disposición
superior.
3. NOTIFÍQUESE cconforme a ley.- |
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EXPEDIENTE : 00211-2011-0-1809-JP-CI-02
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : ADAUTO PIMENTEL MIRIAN YESSICA
ESPECIALISTA : GUERRA GONZALES, FLOR MARIA
PERITO : TURIN CHUQUIMANTARI, ROSA LUZ
DEMANDADO : CIA MINERA CASAPALCA SA ,
DEMANDANTE : PALOMINO RAMIREZ, VICTOR
RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y UNO:
Miraflores, ocho de noviembre
Del dos mil veintidós. -
Dado cuenta en la fecha el escrito (N° 15307-2022) presentado por el
demandante; Con el comprobante de pago que acompaña: Téngase por cumplido lo ordenado
por resolución numero cuarenta, agregándose a los antecedentes.
Asimismo, dado cuenta del escrito (N° 18482-2022) presentado por la demandada ALPAYANA
S.A. (antes Compañía Minera Casapalca S.A.), Con las constancias judiciales N°
2022002102349 por la suma de S/.7,0000 soles y N° 2022002102348 por la suma de
S/.2,409.08 soles y copia de la transferencia interbancaria al Colegio de Abogados por la suma
de S/. 350.00 s0les que acompaña; y Atendiendo: Primero: Que las normas procesales
contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en
contrario; Segundo: Que de la revisión de los presentes actuados se advierte que mediante
resolución número dieciséis ( sentencia) de fecha veintitrés de noviembre del dos mil doce,
(fojas 183-188) se declaró Fundada la demanda, ordenando que la demandada COMPAÑÍA
MINERA CASAPALCA SOCIEDAD ANONIMA pague a favor de la demandante VÍCTOR
PALOMINO RAMIREZ, la suma de S/93,782.42 ( NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y DOS CON 42/100 SOLES), más intereses legales, con costos y costas del
proceso; Tercero: Ahora bien, con respecto a la obligación principal: la parte demandada
COMPAÑÍA MINERA CASAPALCAA SOCIEDAD ANONIMA, ha cumplido con efectuar
mediante certificado de depósito judiciales N° 2015009912520 por la suma de S/. 93,782.42
(obligación principal) véase a fojas 312 la constancia de entrega a la parte demandante;
continuando con la revisión de los autos, con relación a la liquidación de intereses legales: Por
resolución numero treinta y siete su fecha cinco de noviembre del dos mil diecinueve (fs. 390),
se aprobó la liquidación de intereses legales en la suma de S/. 12,012.08 soles; de los actuados
del Cuaderno de embargo N° 29, se verifica que el Banco de Crédito del Perú, da cumplimiento
a la retención ordenada mediante resolución numero uno de fecha veinticinco de setiembre del
dos mil veinte, efectuando retención de las cuentas de la empresa demandada, mediante Certificado de Depósito Judicial N° 2020006003990 la suma de S/. 12,012.08 (véase a fs. 33),
entregándose dicho certificado al demandante conforme a la constancia de entrega (véase a fs.
33); prosiguiendo con la revisión con respecto a las costas y costos del proceso, se advierte
que mediante resolución número treinta y nueve de fecha uno de julio del dos mil veintidós
(véase a fojas 401) se fija los costos en la suma de S/. 7,000.00 soles más del 5% a favor del
Colegio de Abogados de Lima (S/. 350.00), y se aprueba las costas del proceso en la suma de
S/.2,409.08 soles, y conforme al escrito materia de la presente resolución, la parte demandada
ha procedido a CANCELAR dichos montos antes indicado, en consecuencia se determina que
ha cumplido cabalmente con la sentencia expedida en autos, esto es, cancelando con la
obligación principal, intereses legales, costos y costas del proceso; Cuarto: Que, es preciso
indicar que la ejecución forzada concluye cuando se hace pago íntegro al ejecutante con el
producto del remate o con la adjudicación, o si antes el ejecutado para íntegramente la
obligación e intereses exigidos y las costas y costos del proceso, conforme lo señala el artículo
727 del Código acotado; En ese sentido, habiéndose producido la cancelación íntegramente de
la deuda por la demandada, en consecuencia por estas consideraciones; SE RESUELVE: 1)
TENGASE POR CANCELADA la liquidación de costas y costos procesales: 2) DECLARAR
CONCLUIDO LA EJECUCION FORZADA en consecuencia ARCHÍVESE
DEFINITIVAMENTE los presentes autos, devuélvanse los anexos adjuntados en la demanda,
bajo constancia en autos, y remítase oportunamente los presentes autos al Archivo Central de
esta Corte Superior de Justicia de Lima; 4) Habiéndose aprobado y cancelado la liquidación de
costas y costos del proceso en consecuencia: EMITASE LA ORDEN DE PAGO a favor del
demandante la Constancia de Depósito Judicial N° 2022002102349 por la suma de
S/.7,000.00 y N° 2022002102348 por la suma de S/.2,409 soles, a favor del demandante,
dejándose constancia en autos, para lo cual el demandante deberá CUMPLIR con cancelar el
monto del 5% de los cotos procesales directamente en las Cajas Del Colegio de Abogados de
Lima o en la cuenta bancaria del Fondo de la Caja de Previsión Social del Colegio de Abogados
de Lima, y anexar el certificado y/o constancia de depósito respectivo. Avocándose al
conocimiento de la presente causa la señorita Juez que suscribe, por disposición Superior. -
NOTIFÍQUESE |
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Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de los Distritos de Barranco y Miraflores
AUTO FINAL
EXP. N.o 304-2011
ODSD INICIADAS POR AFPS
Sumilla. No se encuentra acreditado en autos
que la ejecutante haya comunicado que la
trabajadora se afilió al Sistema Privado de
Pensiones, por lo que no podría atribuirse a la
ejecutada una obligación que no le fue
comunicada en su oportunidad, máxime si en
autos no está acreditado que en año 1993 la
consulta al registro de afiliados haya sido de
público acceso.
Resolución N.o TREINTA Y CINCO
Miraflores, diecisiete de octubre
de dos mil veintitrés.-
I. Vistos
La demanda interpuesta por la AFP INTEGRA, con la contradicción y su absolución,
por devueltos los autos del superior jerárquico declararon nula el auto final (segundo
auto final dictado en autos), y corresponde resolver como sigue1:
II. Considerando
Primero. Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio
de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, cuya finalidad concreta
del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas
con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales.
Segundo. La finalidad de los medios probatorios es acreditar los hechos expuestos por
las partes, producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos; así, la carga
de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien
los contradice, alegando nuevos hechos; en tal sentido todos los medios probatorios son
valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin
embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y
determinantes que sustentan su decisión.
Tercero. Por escrito de demanda interpuesta por AFP INTEGRA contra
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A sobre obligación de dar suma de dinero, con la
finalidad que la entidad ejecutada cumpla con pagar la suma de S/. 361,547.72,
expresada en las Liquidaciones para Cobranza, más el pago de los intereses moratorios,
devengados desde la fecha de la Liquidación hasta la fecha de total cancelación de la
suma adeudada, así como el pago de costas y costos. La entidad ejecutante, argumenta
su pretensión señalando que la empresa ejecutada no ha cumplido con el pago de los
aportes previsionales al Sistema Privado de Pensiones, correspondiente al período
1 Se precisa que el Quinto Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima, a partir del uno
de agosto de dos mil veintitrés, se convirtió en el Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de Barranco y Miraflores de la Corte
Superior de Justicia de Lima, ello conforme a la Resolución Administrativa N° 000273-2023-CE-PJ, manteniendo la carga distinta a
la laboral pendiente de sentenciar y en ejecución.
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AUTO FINAL
EXP. N.o 304-2011
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detallado en las Liquidaciones de Cobranza que se adjunta, la misma que se han emitido
cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación vigente. Ampara su pretensión en
los artículos 34º y 37º del T. U. O del D. L. Nº 25897; artículos IV del Título Preliminar
y 690º del Código Procesal Civil.
Cuarto. Mediante escrito de contradicción la ejecutada señala que a la fecha se
encuentran cancelados los aportes de los meses de setiembre, octubre, noviembre y
diciembre de 1993. Por lo cual no corresponde amparar ninguna deuda supuestamente
generada en el presunto periodo generado. Pago que se efectuó en la ONP como
correspondía, toda vez que no hubo comunicación por parte de la AFP sobre la
afiliación de la trabajadora Nelly Palacios Salazar durante el periodo demandado.
Quinto. Al absolver la ejecutante, esta señala que el pago efectuado por la demandada,
no es oponible en el presente proceso por cuanto fue efectuado a un Sistema Previsional
distinto, es decir fue efectuado a persona distinta al acreedor y por tanto no resulta un
pago válido. Asimismo, señala que la ejecutada tampoco demuestra haber pagado dichos
aportes a la ONP, pues no adjunta medio probatorio alguno que demuestre el pago
indebido hecho a dicha entidad, y que adjunta el contrato de fecha cuatro de agosto de
mil novecientos noventa y tres, suscrito por la ejecutada.
Sexto. Sobre la materia de autos, el artículo 34 del Texto Único Ordenado de la Ley del
Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, Decreto Supremo N°.
054-97-EF, señala que los aportes de los trabajadores dependientes del referido sistema,
deben ser retenidos y pagados por la empleadora del trabajador a la AFP en la cual este
se encuentra afiliado, dentro de los cinco días del mes siguiente de aquel en que se
devengaron las remuneraciones afectadas.
Séptimo. Asimismo, corresponde a la Administración de Fondo de Pensiones
determinar el monto de los aportes adeudados por el empleador y procederá a su cobro,
por la cual emitirá una liquidación para su cobranza, la misma que constituye Titulo
Ejecutivo, la que se ejecuta de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal de
Trabajo (Ley N° 29497). En el caso de autos dichas liquidaciones corren en las páginas
tres a seis, y corresponden al devengue de los meses de setiembre a diciembre de
1993.
Octavo. Ahora bien, se verifica que la contradicción se sustenta esencialmente en que
los devengues puestos a cobro a la fecha se encuentran cancelados a la ONP, toda vez
que no hubo comunicación por parte de la AFP sobre la afiliación de la trabajadora
Nelly Palacios Salazar durante el periodo demandado. Al respecto, obran las copias de
la planilla de la empresa2 en las que se aprecia que esta realizó la retención a Nelly
Palacios Salazar correspondiente al Sistema Nacional Pensiones, lo que evidencia que
la anotada trabajadora estuvo afiliada al Sistema Nacional Pensiones; y si bien la
parte ejecutante ha presentado el Contrato de Afiliación 000734013 al Sistema Privado
de Pensiones, resulta que el mismo no se encuentra suscrito por la ejecutada, así
como tampoco se evidencia que presente algún sello de recepción por parte de
ésta última.
2 Ver páginas 79 a 84
3 Ver página 99
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Noveno. Bajo dicho contexto probatorio, transciende que no se encuentra acreditado
en autos que la ejecutante haya comunicado que la trabajadora Nelly Palacios
Salazar se afilió al Sistema Privado de Pensiones, por lo que no podría atribuirse
a la ejecutada una obligación que no le fue comunicada en su oportunidad,
máxime si en autos no está acreditado que en el año 1993 la consulta al registro
de afiliados haya sido de público acceso.
Décimo. Por otro lado, a consideración de este Juzgador el hecho que la ejecutada no
haya demostrado en este proceso la cancelación de dichos aportes al Sistema Nacional
Pensiones, no puede conllevar a que le sea exigible a la ejecutada la suma de S/.
361,547.72, expresada en las liquidaciones para cobranza; ya que, la no acreditación de
los aportes al Sistema Nacional Pensiones no tiene como consecuencia jurídica
que los mismos sean pagados al Sistema Privado Pensiones.
Undécimo. En este contexto justificativo, siendo que la ejecutante no ha demostrado
haber comunicado que la trabajadora Nelly Palacios Salazar se afilió al Sistema Privado
de Pensiones, y no siendo de aplicación la Quinta Disposiciones Finales y Transitorias
del Decreto Ley 25897, sustituida por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 874, por
temporalidad, dado que este Decreto Legislativo Nº 8744, publicado el cinco de
noviembre de mil novecientos noventa y seis, se emitió con posterioridad a los
devengues materia de autos; en consecuencia, la contradicción corresponde ser
declara fundada y la demanda de autos desestimada.
Duodécimo. Trasciende que ambas partes del proceso han tenido motivos atendibles
para litigar, por lo que procede exonerárseles del pago de costas y costos del proceso.
III. Decisión
Por tales las consideraciones, de conformidad con las normas legales y procesales
glosadas precedentemente, y en aplicación de las reglas de la sana critica el Juez de Paz
Letrado Titular a cargo del Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de los Distritos de
Barranco y Miraflores de la Corte Superior de Justicia de Lima, administrando justicia a
Nombre de la Nación, resuelve declarar FUNDADA la contradicción formulada por
4 Decreto Ley N.° 25897, Crean el Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP), conformado por las
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones AFP
QUINTA.- La facultad de las AFP de administrar directamente los riesgos a que se refieren los Artículos 44. y 50. de la presente Ley,
sólo puede ser ejercida a partir de los 60 meses de entrada en vigencia de la presente ley. La Superintendencia dará la autorización
general para tal administración directa de los riesgos, la cual deberá otorgarse cuando la misma redunde en beneficio de los afiliados.
(*) Disposición sustituida por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 874, publicado el 05-11-96, cuyo texto es el
siguiente:
"QUINTA. - Las cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones que efectúen los trabajadores con posterioridad a su incorporación
al Sistema Privado de Pensiones, no darán derecho a ningún beneficio en el Sistema Nacional de Pensiones. La ONP es responsable
de la correcta aplicación de lo aquí dispuesto.
El empleador que efectúe cotizaciones al Sistema Nacional de Pensiones con posterioridad a la incorporación de los
respectivos trabajadores al Sistema Privado de Pensiones, será responsable por la regularización de los aportes adeudados
a las AFP en las que se encuentran inscritos sus trabajadores afiliados, resultando de aplicación la obligación a que se
refiere el Artículo 34 del Decreto Ley Nº 25897.
Sin perjuicio de lo indicado, el empleador podrá solicitar a la ONP la devolución de los montos indebidamente pagados, la misma
que podrá efectuarse en cuotas u otras modalidades. La indicada devolución no incluirá los montos que el empleador deberá
regularizar al Sistema Privado de Pensiones por concepto de los intereses a que se hace referencia en el Artículo 34 del Decreto Ley
Nº 25897.
Las empresas de seguros que cubran el siniestro de un trabajador tendrán derecho a repetir contra el respectivo empleador, cuando
dicho empleador haya regularizado de manera maliciosa, con posterioridad al siniestro, y sólo respecto de dicho trabajador, el pago
de aportes retenidos en su oportunidad, de acuerdo con las normas que regulan el Sistema Privado de Pensiones."
3 | P ág ina Corte Superior de Justicia de Lima
Segundo Juzgado de Paz Letrado Laboral de los Distritos de Barranco y Miraflores
AUTO FINAL
EXP. N.o 304-2011
ODSD INICIADAS POR AFPS
TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA e INFUNDADA la demanda interpuesta por
AFP INTEGRA contra TELEFÓNICA DEL PERÚ SAA, sobre obligación de dar
suma de dinero (aportes previsionales). Consentida o ejecutoriada que sea la presente
resolución; Archivase los de la materia. Sin costas, ni costos. Notifíquese.-
4 | P ág ina |
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Juez: BARREDA MALAGA, FABIOLA MARIA
Fecha: 13/10/2016 09:51:46
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/BARRANCO - MIRAFLORES
FIRMA DIGITAL
EXPEDIENTE : 00304-2011-0-1809-JP-LA-05
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
ESPECIALISTA : IBARGUEN TARAZONA STEFANY
CORTE SUPERIOR DE LIMA DEMANDADO : TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
Secretario: IBARGÜEN
TARAZONA STEFANY
Fecha: 13/10/2016 12:26:48 DEMANDANTE : AFP INTEGRA
Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL
D.Judicial: LIMA/BARRANCO -
MIRAFLORES
FIRMA DIGITAL
SENTENCIA
Resolución: VEINTITRES
Miraflores, once de octubre
Del año dos mil dieciséis.-
VISTOS
Por escrito de demanda1 interpuesta por AFP Integra contra Telefónica del
Perú S.A.A sobre OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO, con la finalidad
que la entidad ejecutada cumpla con pagar la suma de S/. 361,547.72
(TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
CON 72/100 NUEVOS SOLES), expresada en la Liquidación para Cobranza,
más el pago de los intereses moratorios, devengados desde la fecha de la
Liquidación hasta la fecha de total cancelación de la suma adeudada, así como
el pago de costas y costos. La entidad ejecutante, argumenta su pretensión
señalando que la empresa ejecutada no ha cumplido con el pago de los aportes
previsionales al Sistema Privado de Pensiones, correspondiente al período
detallado en la Liquidación de Cobranza que se adjunta, la misma que se han
emitido cumpliendo los requisitos exigidos por la legislación vigente. Ampara
su pretensión en los artículos 34º y 37º del T. U. O del D. L. Nº 25897; artículos
IV del Título Preliminar y 690º del Código Procesal Civil.
En virtud, de la resolución uno2 su fecha 28 de enero del 2011, se admite a
trámite la demanda en la Vía de Proceso de Ejecución, disponiendo que la
ejecutada cumpla con pagar a la entidad ejecutante la suma demandada, más
intereses moratorios, costas y costos del proceso, bajo apercibimiento de
iniciarse la ejecución forzada, siendo válidamente notificada la entidad
ejecutada conforme aparece de la Constancia de Notificación obrante en autos.
Mediante escrito de contradicción3 la ejecutada deduce la excepción de
Incompetencia y formula contradicción argumentando que a la fecha se
encuentran cancelados los aportes de los meses de setiembre, octubre,
noviembre y diciembre de 1993. Por lo cual no corresponde amparar ninguna
deuda supuestamente generada en el presunto periodo generado. Pago que se
efectuó en la ONP como correspondía, toda vez que no hubo comunicación por
parte de la AFP sobre la afiliación de la trabajadora Nelly Palacios Salazar
durante el periodo demandado.
1 Ver folios 10 a 13 de autos
2
Ver fojas 14 de autos.
3 Ver folios 88 a 94 de autos Por Resolución N° 14 se tuvo por apersonada al proceso a la parte demandada y
se corrió traslado a la demandante de la excepción y contradicción interpuesta,
la que la absuelve según el escrito de fojas 102 a 104 de autos, por lo que los
autos están expeditos para sentenciar, emite de acuerdo a los siguientes
fundamentos:
FUNDAMENTOS
Primero.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el
ejercicio de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, cuya
finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar
una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los
derechos sustanciales.
Segundo.- En cuanto a la Excepción de Incompetencia. La demandada refiere
que el proceso debería ser visto por el Juzgado de Paz Letrado de Lima donde se
encuentra ubicado el domicilio legal de la empresa esto es; Av. Arequipa N° 1155
Cercado de Lima y no en el distrito de Miraflores. Ahora bien la ejecutante al
absolver la contradicción sostiene que el domicilio obtenido de la página web de
la SUNAT es Calle Shell N° 310 Miraflores.
Tercero.- lo alegado por la demandada carece de sustento, pues, en principio, el
artículo 38 del DS 054-97-EF no hace referencia expresa al domicilio principal de la
entidad demandada, y en cuanto al artículo 17 del Código Procesal Civil, si bien,
en el primer párrafo se hace mención a que es competente el juez del domicilio
principal, también lo es que el segundo párrafo dispone que de tener la
emplazada sucursales, agencias, establecimientos o representantes en otros
lugares, puede ser demandada, a elección del demandante, en cualquiera de
dichos domicilios. En ese sentido, la excepción propuesta debe desestimarse.
Cuarto.- sobre el análisis de fondo. El inciso b) del artículo 38 del Decreto
Supremo Nº 054-97-EF, modificado por la Segunda Disposición Modificatoria
de la Ley 29497, establece las reglas especiales en las que debe basarse una
contradicción4, caso contrario debe ser liminarmente declarada improcedente;
en el presente caso, la entidad ejecutada ha formulado contradicción,
formulando extinción de la obligación al haber pagado la deuda.
Quinto.- en tal sentido, conforme lo prevé el artículo 4 del Decreto Supremo N°
054-97-EF que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado
de Administración de Fondos de Pensiones – en adelante Decreto Supremo N°
054-97-EF, la incorporación al Sistema Privado de Pensiones se efectúa a través
de la afiliación a una AFP, siendo tal afiliación voluntaria para los trabajadores
dependientes o independientes; y, conforme al artículo 5 del referido Decreto
4 Ver fojas 88 a 94 de autos. Supremo, los afiliados a los sistemas de pensiones administrados por la Oficina
de Normalización Previsional (ONP) pueden optar por permanecer en ellos con
todos los derechos y beneficios inherentes a dichos regímenes o por
incorporarse al SPP.
Sexto.- a fojas 79 a 84 obran las copias de la planilla de la empresa en las que se
advierte que esta realizó la retención correspondiente a la ONP por el periodo
de devengue de setiembre a diciembre de 1993, planillas que no han sido
materia de cuestionamiento por la parte demandante, y por tanto, conservan su
valor y eficacia probatorios en el proceso, más aún estando al tiempo
transcurrido dichos aportes. Es así que se acredita que la demandada ha
retenido los aportes de la trabajadora Nelly Palacios Salazar, y los ha
depositado a favor de la Oficina Nacional Normalización Previsional, aporte
que ha sido pagado por la demandada a favor de la ONP (y no favor de la AFP
demandante) en atención a no existir una comunicación de la AFP al empleador
informando el traspaso del afiliado de la ONP a la AFP. Consecuentemente, la
contradicción deviene en fundada.
Sétimo.- ambas partes del proceso han tenido motivos atendibles para litigar,
por lo que procede exonerárseles del pago de costas y costos del proceso.
FALLO
Por las consideraciones expuestas, se declara
1. INFUNDADA la Excepción de Incompetencia deducida por la demandada.
2. FUNDADA la contradicción formulada por Telefónica del Perú SA por la
causal de cancelación de la deuda. INFUNDADA la demanda interpuesta por
AFP Integra contra Telefónica del Perú SA, de fojas 10 a 13, sobre obligación de
dar suma de dinero (aportes previsionales). Consentida o ejecutoriada que sea
la presente resolución; Archivase los de la materia; sin costas, ni costos.
Notifíquese. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00307-2011-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : BAUTISTA DIPAZ EDWIN
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : ASTO DE MARCHAN, MARIA LUZ
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION ,
Resolución Nro. Catorce
La Victoria, cinco de abril
Del dos mil veintiuno.
AUTOS y VISTOS, el escrito N° 568-2021, presentado por la
demandante. Estando a lo que se solicita; y, ATENDIENDO:
Primero: Conforme al artículo 362º y 363º del Código Procesal Civil, el recurso de reposición
procede contra los decretos para que el Juez los revoque, pudiendo declarar de plano
improcedente el citado recurso cuando lo es notoriamente.
Segundo: Del escrito que antecede, interpone recurso de reposición contra la resolución N°
Trece de fecha 17 febrero del 2021, argumentando que la comunicación efectuada al juzgado
con fecha 25 de septiembre del 2020 refiere a que la ejecutada cumplió con cancelar su deuda,
no se enmarca en ninguna de las formas expuestas en los numerales anteriores teniendo en
consideración que dicha comunicación fue realizada en forma posterior al Auto Final o
Sentencia.
Tercero: Estando a lo expuesto precedentemente, se concluye lo siguiente:
La solicitud de recurso de reposición contra la Resolución N° 13; solo en el extremo que se
requiere pagar tasa judicial por derecho de conclusión del proceso, formulado por la
demandante, esta se debe declarar fundada dicha reposición; a razón que, no le corresponde
pagar dicha tasa judicial por haber solicitado la conclusión del proceso posterior a la emisión
del auto final;
Por estos fundamentos y conforme al estado del proceso, se resuelve:
1.- FUNDADA la reposición; dejándose sin efecto solo el extremo de pagar tasa judicial por
derecho de conclusión del proceso contenido en la Resolución N° 13;
2.- HABIENDO el ejecutante pagado la tasa judicial por derecho de notificación a las partes del
proceso, se procede dar providencial al escrito N° 2761-2020, según el ingreso a la mesa de
partes electrónicas: Estando a lo expone y conforme al estado del proceso, se dispone: Cumpla
la especialista legal que da cuenta con resolver en lo que corresponda el escrito N° 2761-2020.-
Notifíquese. -
__________________________________________________________________________________________________________
Se deja constancia de la firma electrónica de la presente, y de todas las resoluciones que se expedirán en el
presente proceso, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil, la
Ley N° 27269 y el Decreto supremo N° 052-2008-PCM, la cual tiene la misma validez y eficacia jurídica que
el uso de una firma manuscrita. P á gina 1 | 1 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | 7° JUZGADO DE PAZ LETRADO MIXTO - LA VICTORIA Y SAN LUIS
EXPEDIENTE : 00307-2011-0-1821-JP-CI-01
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : BAUTISTA DIPAZ EDWIN
ESPECIALISTA : CHUYUS LLANOS SILVIA JANET
DEMANDADO : ASTO DE MARCHAN, MARIA LUZ
DEMANDANTE : BANCO DE LA NACION ,
Resolución Nro. Catorce
La Victoria, cinco de abril
Del dos mil veintiuno.
AUTOS y VISTOS, el escrito N° 568-2021, presentado por la
demandante. Estando a lo que se solicita; y, ATENDIENDO:
Primero: Conforme al artículo 362º y 363º del Código Procesal Civil, el recurso de reposición
procede contra los decretos para que el Juez los revoque, pudiendo declarar de plano
improcedente el citado recurso cuando lo es notoriamente.
Segundo: Del escrito que antecede, interpone recurso de reposición contra la resolución N°
Trece de fecha 17 febrero del 2021, argumentando que la comunicación efectuada al juzgado
con fecha 25 de septiembre del 2020 refiere a que la ejecutada cumplió con cancelar su deuda,
no se enmarca en ninguna de las formas expuestas en los numerales anteriores teniendo en
consideración que dicha comunicación fue realizada en forma posterior al Auto Final o
Sentencia.
Tercero: Estando a lo expuesto precedentemente, se concluye lo siguiente:
La solicitud de recurso de reposición contra la Resolución N° 13; solo en el extremo que se
requiere pagar tasa judicial por derecho de conclusión del proceso, formulado por la
demandante, esta se debe declarar fundada dicha reposición; a razón que, no le corresponde
pagar dicha tasa judicial por haber solicitado la conclusión del proceso posterior a la emisión
del auto final;
Por estos fundamentos y conforme al estado del proceso, se resuelve:
1.- FUNDADA la reposición; dejándose sin efecto solo el extremo de pagar tasa judicial por
derecho de conclusión del proceso contenido en la Resolución N° 13;
2.- HABIENDO el ejecutante pagado la tasa judicial por derecho de notificación a las partes del
proceso, se procede dar providencial al escrito N° 2761-2020, según el ingreso a la mesa de
partes electrónicas: Estando a lo expone y conforme al estado del proceso, se dispone: Cumpla
la especialista legal que da cuenta con resolver en lo que corresponda el escrito N° 2761-2020.-
Notifíquese. -
__________________________________________________________________________________________________________
Se deja constancia de la firma electrónica de la presente, y de todas las resoluciones que se expedirán en el
presente proceso, conforme a lo establecido en el numeral 7 del artículo 122° del Código Procesal Civil, la
Ley N° 27269 y el Decreto supremo N° 052-2008-PCM, la cual tiene la misma validez y eficacia jurídica que
el uso de una firma manuscrita. P á gina 1 | 1 |
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SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
SENTENCIA
EXPEDIENTE 328-2011
RESOLUCIÓN DIECISÉIS
Lima, 05 de setiembre de 2012.-
Observando las formalidades previstas por ley, vista la causa el 05 de setiembre
de 2012 e interviniendo como ponente la Jueza Superior Jiménez Vargas-
Machuca, esta Sala Civil Subespecializada en lo Comercial emite la presente
resolución.
I. EXPOSICIÓN DEL CASO:
Recurso de anulación de laudo arbitral. Por escrito presentado el 08 de
noviembre de 2011, Petróleos del Perú S.A. (en adelante, Petroperú) interpone
1 2
recurso de anulación del laudo emitido el 22 de agosto de 2011 .
El cuestionado laudo fue emitido por el Tribunal Arbitral conformado por los
doctores Gustavo de Vinatea Bellatin (presidente), Andrés Corrales Angulo y
Carla Galindo Schroder, en el proceso arbitral que siguió Prisma Contratistas
Generales Sociedad Anónima (en adelante, Prisma) contra Petroperú, sobre
declaración de nulidad de acto administrativo, declaración de resolución
contractual y obligación de dar suma de dinero.
3
La demanda fue admitida mediante resolución 02 de fecha 16 de enero de 2012 ,
disponiendo el traslado de la misma a Prisma.
Causal. Se invoca la configuración de las causales contenidas en los literales c)
y d) del numeral 1 del artículo 63 del Decreto Legislativo 1071 (Decreto
Legislativo que norma el Arbitraje, en adelante LA).
Sustento del petitorio. Sostiene Petroperú que el laudo arbitral debe ser
anulado por cuanto se ha seguido sobre la base de un supuesto de
extemporaneidad, pues el proceso arbitral fue iniciado luego de vencido el
término establecido por la ley.
Cuestiona además que el Tribunal Arbitral se ha pronunciado sobre el pago de
la penalidad por mora, aspecto que no fue sometido por las partes a su decisión.
1 Págs. 16 y ss. subsanado por escrito presentado el 09 de enero de 2012, pág. 54.
2 Págs. 06 y ss.
3 Págs. 55 y ss. Absolución del recurso de anulación de laudo por parte de Petroperú. Por
4
escrito presentado con fecha 30 de enero de 2012 , Prisma absolvió el recurso,
señalando que éste había sido presentado de modo extemporáneo, negando
además la configuración de las causales alegadas por Petroperú.
Resumen del proceso arbitral y lo actuado en autos.
i. Obra como acompañado –02 tomos- el expediente arbitral seguido por
Prisma contra Petroperú.
ii. Instalación del Tribunal Arbitral. Con fecha 13 de setiembre de 2010 se
instaló el Tribunal Arbitral, conformado por los doctores Gustavo de
Vinatea Bellatin (presidente), Andrés Corrales Angulo y Carla Galindo
Schroder.
En dicho acto se establecieron las reglas procedimentales, la clase de
arbitraje (nacional y de derecho), la sede (Lima), el idioma (castellano), la
ley aplicable y se encargó la secretaría al Organismo Supervisor de
Contrataciones del Estado.
iii. Pretensiones de la demanda arbitral. Por escrito del 27 de setiembre de
2010, Prisma presentó la demanda arbitral, con las siguientes
pretensiones:
Primera pretensión principal: Declaración de nulidad del acto
administrativo consistente en la declaración de resolución del contrato
62037-OA, contenida en la Carta GOTL-431-2006 de 21 de noviembre de
2006, expedida por Petroperú, por supuesta causal atribuible a Prisma al
haber incumplido parte del trabajo encargado.
Segunda pretensión principal: Declaración de resolución del contrato
62037-OA por causal atribuible a Petroperú debido al incumplimiento de
prestaciones pactadas expresamente en las bases para la contratación del
servicio de reparación, retiro y reemplazo de válvulas y platos ciegos
durante la XI Inspección General del Complejo de Craqueo Catalítico.
Pretensión accesoria a la segunda pretensión accesoria: Reconocimiento
y orden a favor de Prisma del pago de los daños y perjuicios (daño
emergente y lucro cesante) por la suma de US$ 50,000.00.
iv. El laudo. Por resolución 20, emitida el 22 de agosto de 2011, el Tribunal
Arbitral emitió laudo, en el que resolvió declarar:
1. Fundada la primera pretensión principal.
4 Págs. 62 y ss. 2. Fundada la segunda pretensión principal.
3. Fundada en parte la pretensión accesoria a la segunda pretensión
principal, en consecuencia, ordena el pago de Petroperú a Prisma de
US$ 21,390.91 dólares americanos por indemnización de daños, más
intereses legales, así como el pago de US$ 5,855.26 dólares americanos
por concepto de penalidad por mora indebidamente cobrado, más
intereses legales.
4. El pago de gastos arbitrales sería asumido por partes iguales,
debiendo Petroperú pagar a Prisma la suma de S/. 21,027.21 nuevos
soles más intereses legales por honorarios tanto del Tribunal como de
la Secretaría Arbitral (este extremo fue aclarado por resolución 21).
v. El laudo fue notificado a Prisma y Petroperú el 23 y 25 de agosto de 2011,
respectivamente.
vi. Con fecha 24 de agosto de 2011 Prisma presentó un pedido de aclaración
del laudo, y Petroperú solicitó su aclaración e integración el 05 de agosto
de 2011.
El pedido de aclaración de Prisma fue declarado fundado por resolución
21, precisando que en cuanto a los gastos del arbitraje Petroperú debía
pagarle a Prisma la suma de S/. 21,027.21 nuevos soles, más intereses
legales. Se notificó esta resolución a Prisma y a Petroperú el 13 y 15 de
setiembre de 2011, respectivamente.
El pedido de Petroperú fue declarado improcedente mediante resolución
23, al versar en cuestionamientos respecto de la prescripción de las
actuaciones arbitrales, los cuales debían haber sido formulados
oportunamente en las etapas correspondientes, que habían precluido.
Esta resolución fue notificada a Prisma el 18 de octubre de 2011 y a
Petroperú el 21 del mismo mes.
vii. El 08 de noviembre de 2011 Petroperú interpuso recurso de anulación de
laudo arbitral, admitido por resolución 02 del 16 de enero de 2012.
viii. Por escrito presentado el 30 de enero de 2012, Prisma se apersonó al
proceso contestando la demanda y solicitando que sea declarada
improcedente o infundada en todos sus extremos.
ix. Por resolución 13 de fecha 30 de julio de 2012 se programó la Vista de la
Causa para el día 05 de setiembre del mismo año, la que se llevó a cabo
conforme a lo programado.
II. ANÁLISIS:
UNO.- El proceso arbitral se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 1071
(LA), y en él se establecen los parámetros a seguir en un proceso judicial de anulación de laudo arbitral, el cual solo puede ser invocado de haberse
incurrido en alguna de las causales contenidas en el artículo 63 de dicho cuerpo
normativo.
Sobre el recurso de anulación, el artículo 62 LA establece lo siguiente:
“Artículo 62.- Recurso de anulación.
1. Contra el laudo sólo podrá interponerse recurso de anulación. Este
recurso constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por
objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente
establecidas en el artículo 63.
2. El recurso se resuelve declarando la validez o la nulidad del laudo.
Está prohibido bajo responsabilidad, pronunciarse sobre el fondo de
la controversia o sobre el contenido de la decisión o calificar los
criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas por el tribunal
arbitral.” (énfasis agregado).
DOS.- Causales de anulación:
2.1 Petroperú invoca la configuración de la causal contenida en el literal c), inc.
1, art. 63 LA:
“El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación
alegue y pruebe:
(…) c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no
se han ajustado al acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable,
salvo que dicho acuerdo o disposición estuvieran en conflicto con una
disposición de este Decreto Legislativo de la que las partes no pudieran
apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no se han ajustado a
lo establecido en este Decreto Legislativo.” (énfasis agregado)
En lo que atañe al contenido del literal c) del artículo 63 de la Ley, éste
comprende dos supuestos, el segundo de los cuales es el que invoca el
demandante. Tal supuesto se refiere a la posibilidad de cuestionar las
actuaciones arbitrales que contravengan los acuerdos adoptados por las partes
o, en su defecto, el reglamento que resulte aplicable, o las normas contenidas la
LA.
Según el artículo 34 LA, las partes pueden determinar libremente las reglas a las
que se sujeta el tribunal arbitral en sus actuaciones.
Esta regla confiere plena autonomía de la voluntad a las partes para establecer
de modo consensuado las reglas procedimentales a las que se sometan, las
cuales deberán ser acatadas por el tribunal, el mismo que no tiene capacidad
para modificarlas, salvo con la anuencia de ambas partes (lo contrario sería
equivalente a considerar que un tercero puede alterar el contenido de un
contrato). Esta es una de las grandes diferencias entre la jurisdicción arbitral y la judicial,
en la que el Estado ya prefijó las reglas procedimentales para todos, a las que se
someten los jueces y las partes.
El mismo artículo continúa dando pautas en caso hubiese ausencia de acuerdo.
Así, establece que a falta de acuerdo o de reglamento arbitral aplicable, el
Tribunal Arbitral decidirá las reglas que considere idóneas para las
circunstancias del caso.
Finalmente, de no existir disposición aplicable en las reglas del acuerdo o en las
fijadas por el Tribunal Arbitral, se aplican de modo supletorio los las normas de
la LA y, en su defecto, los principios arbitrales y los usos y costumbres en
materia arbitral.
2.2 Además, Petroperú sostiene que se ha configurado una segunda causal, la
cual se encuentra contenida en el art. 63, inc. 1, lit. d), el cual prevé:
“El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la
anulación alegue y pruebe:
(…)
d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a
su decisión.
(…)” (énfasis agregado)
Esta norma, que refleja el principio de congruencia, en materia de laudos
arbitrales debe siempre comprenderse conjuntamente con la contenida en el art.
40 LA:
“Artículo 40.- Competencia del tribunal arbitral.
El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la
controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y
accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así
como para dictar las reglas complementarias para la adecuada
conducción y desarrollo de las mismas.”
La causal invocada se refiere a la incongruencia por exceso (se ha resuelto
5
respecto de algo que no se pidió) . Esta incongruencia debe apreciarse en
relación a lo debatido en el proceso, considerando lo alegado y discutido desde
la demanda hasta la fijación de puntos controvertidos, y tomando en
consideración el citado artículo 40 LA.
2.3 Debe tenerse presente, además, que el principio de congruencia procesal se
encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la motivación de
5 Este principio tiene su origen en las Partidas, concretamente en la Ley 16 Título 22 de la Partida III
“non debe valer el juyzio que da el juzgador sobre cosa que fue demandada ante él…”, siendo recogido por la
Ley de Enjuiciamiento Civil de España de 1881 en su artículo 359 “las sentencias deben ser claras, precisas
y congruentes con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito”. resoluciones y a la búsqueda de una decisión que respete los parámetros de
6
logicidad .
Así, el principio de congruencia está ligado y forma parte del contenido esencial
o constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de resoluciones
(judiciales y arbitrales) y su violación se traduce principalmente en la
vulneración del fundamental derecho de defensa que constituye el eje del
debido proceso.
2.4 Por último, cabe agregar que, de conformidad con el artículo 62 LA, el
recurso de anulación constituye la única vía de impugnación del laudo,
teniendo por objeto la revisión de su validez por las causales taxativamente
establecidas en el artículo 63 LA.
Sin embargo, dicha revisión está sujeta a ciertas limitaciones, pues la autoridad
judicial se encuentra prohibida de pronunciarse respecto del fondo de la
controversia o del contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones
o interpretaciones expuestas por el tribunal arbitral.
TRES.- Sobre la causal relativa a la inobservancia de las reglas aplicables al
proceso arbitral.
3.1 Sostiene Petroperú que el proceso arbitral no debió seguirse, pues la
instalación del Tribunal Arbitral ocurrió cuando el derecho del demandante
arbitral Prisma había prescrito, pues transcurrieron más de dos años desde la
fecha de la solicitud de inicio del proceso arbitral.
3.2 Las reglas aplicables al proceso arbitral fueron establecidas en el Acta de
Instalación, entre las que cabe destacar la Ley y el Reglamento de
Contrataciones con el Estado, D.S. 083 y 084 2004-PCM, respectivamente.
Empero, el tenor de la demanda presenta de modo confuso figuras que no se
encuentran vinculadas, pues de un lado se ha hecho referencia la figura de la
6 STC Exp. 00456-2008-PHC/TC, de 19 de setiembre de 2008:
“Debida motivación de las resoluciones y principio de congruencia
8. En lo que concierne a la alegada vulneración de la debida motivación de las resoluciones, su
contenido constitucional se respeta, prima facie, siempre que exista:
a) fundamentación jurídica, que no implica la sola mención de las normas a aplicar al caso,
sino la explicación y justificación de por qué tal caso se encuentra o no dentro de los
supuestos que contemplan tales normas; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que
implica la manifestación de los argumentos que expresarán la conformidad entre los
pronunciamientos del fallo y las pretensiones formuladas por las partes; y c) que por sí
misma exprese una motivación suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es
breve o concisa, o si se presenta el supuesto de motivación por remisión (Cfr. STC.
Exp. 4348-2005-PA/TC, fundamento 2).
9. En este sentido, si bien la parte demandante alega la vulneración del principio de
congruencia de manera independiente al derecho a la debida motivación, siendo la
congruencia un elemento integrante de aquel derecho, ambos extremos deberán ser
evaluados de manera conjunta.” 7
caducidad contenida en el art. 53 LCE , y por otro a la prescripción regulada en
8
los arts. 300 y 301 RLCE .
Ambas figuras no solo no son compatibles entre sí, sino que además han sido
previstas para situaciones diversas. Así, el plazo de caducidad al que se alude
se encuentra previsto para determinar el término que tienen las partes
contratantes para cuestionar arbitralmente cualquier aspecto que se derive del
contrato, mientras que el plazo de prescripción al que Petroperú hace referencia
7 "Artículo 53.- Solución de Controversias
53.1 El Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado constituye la última instancia
administrativa y sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. Los precedentes de observancia
obligatoria serán declarados expresamente, conforme lo disponga el Reglamento.
53.2 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución,
inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resolverán mediante conciliación y/o arbitraje,
según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse el inicio de estos procedimientos en cualquier
momento anterior a la culminación del contrato. Este plazo es de caducidad.
Si la conciliación concluye con un acuerdo parcial o sin acuerdo, las partes deberán someter a
arbitraje las diferencias no resueltas.
El arbitraje será de derecho y será resuelto por un Tribunal Arbitral, el mismo que podrá ser
unipersonal o colegiado. La designación de los árbitros y demás aspectos de la composición del
Tribunal Arbitral serán regulados en el Reglamento.
Los árbitros deberán cumplir con el deber de declarar oportunamente si existe alguna circunstancia
que les impida actuar con imparcialidad y autonomía. Quienes incumplan con esta obligación, serán
sancionados conforme a lo previsto en el Reglamento.
El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes, debiendo ser remitido al
CONSUCODE para su registro, dentro del plazo que establecerá el Reglamento; y cuando
corresponda, el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones impondrá las sanciones
correspondientes.
El arbitraje y la conciliación a que se refiere la presente Ley se desarrollan en armonía con el
principio de transparencia, debiendo el CONSUCODE disponer la publicación de los laudos y actas
de conciliación.
Asimismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán supletoriamente a lo dispuesto
por las leyes de la materia, siempre que no se opongan a lo establecido en la presente Ley y su
Reglamento."
8 “Artículo 300.- Prescripción
Las infracciones establecidas en los Artículos 294 y 295 para efectos de las sanciones a las que se
refiere el presente título, prescriben a los tres (3) años de cometidas.
Artículo 301.- Suspensión del plazo de prescripción
El plazo de prescripción se suspende en los siguientes casos:
1) Por el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En caso que el Tribunal no se
pronuncie en el plazo de tres (3) meses, la prescripción reanuda su curso, adicionándose el período
transcurrido con anterioridad a la suspensión.
2) Por la tramitación de proceso judicial o arbitral que sea necesario para la determinación de la
responsabilidad del proveedor, postor, contratista o experto independiente, en el respectivo
procedimiento administrativo sancionador. En el caso de procesos arbitrales, se entenderá iniciada la
tramitación a partir de la instalación del árbitro o tribunal arbitral.
En tales supuestos, la suspensión del plazo surtirá efectos con la resolución del Tribunal que así lo
determine y en tanto dicho órgano no sea comunicado de la sentencia judicial o laudo que dé
término al proceso.
3) Por la omisión de la Entidad en remitir la información requerida por el Tribunal, siempre que la
misma resulte necesaria para la determinación de existencia de causal de aplicación de sanción. En
tales casos, la suspensión del plazo de prescripción surtirá efectos a partir del acuerdo del Tribunal
que así lo determine, luego de lo cual, transcurridos tres (3) meses, la prescripción reanuda su curso,
adicionándose el tiempo transcurrido con anterioridad al período de suspensión y poniéndose en
conocimiento de la Contraloría General de la República la renuencia de la Entidad.” ha sido previsto para limitar el ejercicio de la potestad de control que tiene la
autoridad administrativa para iniciar los procedimientos sancionadores que
deriven de la comisión de una infracción.
No cabe confundir ambos supuestos como si se tratase de uno solo (para
compatibilizar ambas figuras), como parecer sugerir el demandante al presentar
su recurso de anulación, debiendo por tanto desestimarse tales alegaciones.
3.3 No obstante lo expuesto, se advierte que los cuestionamientos que Petroperú
realiza sobre el posible vencimiento del término que tenía Prisma para iniciar el
proceso arbitral, fueron realizados al interior del proceso, en su escrito de
“ampliación de contestación”.
Dicho escrito fue rechazado por la autoridad arbitral, bajo el argumento que
éste no se encontraba previsto en las reglas establecidas en el Acta de
Instalación, por lo que solo podrían considerarse -para el debate surgido en el
proceso arbitral- las alegaciones planteadas dentro del término para contestar la
demanda.
Revisados los actuados arbitrales, se observa que al contestar la demanda
arbitral Petroperú no manifestó cuestionamiento alguno sobre la prescripción (o
caducidad) aludida, lo que solo expuso y explicó en su escrito de ampliación de
contestación, que fue rechazado.
3.4 De acuerdo a lo establecido en el art. 39.3 LA, el Tribunal Arbitral cuenta con
la facultad –ante la falta de acuerdo o regla preestablecida- de rechazar la
ampliación de la contestación si considera por cualquier circunstancia que ello
no resulta viable. Es decir, el Tribunal tiene la facultad para, a su criterio,
rechazar la ampliación de la demanda o de la contestación, de considerarlo
inconveniente.
En el presente caso, la razón expuesta por el Tribunal Arbitral para rechazar
dicha ampliación de contestación versaba en la preclusión del término para
contestar la demanda, infiriéndose así la legalidad de lo decidido, pues ello
responde al criterio o arbitrio con que cuenta la autoridad arbitral.
En consecuencia, la alegación vertida debe ser desestimada.
CUATRO.- Sobre la causal relacionada con la competencia del tribunal
arbitral para pronunciarse sobre materias no sometidas a su decisión.
4.1 Petroperú sostiene que el Tribunal Arbitral ha resuelto sobre temas que no
fueron sometidos a su decisión, concretamente lo relativo al pago por concepto
de penalidad por mora indebidamente cobrado. 4.2 De acuerdo a las pretensiones planteadas por Prisma en la demanda arbitral,
y los puntos controvertidos fijados con el asentimiento de las partes, la
pretensión accesoria a la segunda pretensión principal versaría sobre el
reconocimiento de los daños y perjuicios ocasionados a Prisma.
Al plantear la demanda arbitral, Prisma desarrolló el sustento de su pedido
sobre dicho extremo, explicando que se encontraba incluido (entre otros
aspectos) el perjuicio que se le había ocasionado al cobrársele indebidamente la
penalidad por mora ascendente a US$ 5,855.26 dólares americanos.
El Tribunal Arbitral laudó sobre dicho concepto, apreciándolo y declarándolo
fundado, para finalmente ordenar que sea pagado por Petroperú a Prisma,
expresando el quantum.
4.3 Lo expuesto permite advertir la congruencia entre lo que fue materia de
pretensión en la demanda arbitral, con lo fijado en los puntos controvertidos, y
lo resuelto al emitir el laudo, revelándose por tanto la ausencia de configuración
de la causal de nulidad alegada por Petroperú, debiendo por tanto ser
desestimada.
4.4 Además, se puede apreciar que en realidad lo que Petroperú pretende es
que este Superior Colegiado judicial ingrese a reevaluar los criterios, análisis e
interpretaciones del Tribunal Arbitral sobre los aspectos que fueron objeto de
debate procesal. Dicha reevaluación -como se ha indicado tantas veces- se
encuentra proscrita para la autoridad judicial, pues no puede atribuirse la
prohibida calidad de instancia revisora, siendo el recurso de anulación de laudo
fundamentalmente un control de la validez formal del laudo arbitral y, de ese
modo, en una garantía de observancia del principio/derecho constitucional del
debido proceso.
La congruencia advertida entre lo demandado, debatido y resuelto en el
proceso arbitral revela que el Tribunal Arbitral contaba con las facultades
necesarias para pronunciarse sobre el pago de las penalidades materia de
cuestionamiento, lo cual no puede ser reevaluado, analizado o interpretado por
este Tribunal Judicial, pues ello se encuentra proscrito no solo por ley expresa,
sino por la Constitución Política.
CINCO.- Así, las razones expuestas permiten colegir finalmente que las
causales invocadas carecen de asidero legal que permita ampararlas, por lo que
el recurso interpuesto deviene en infundado, toda vez que no se ha identificado
afectación alguna a los derechos del demandante, habiéndose plasmado en el
laudo el fallo sobre cada uno de los puntos sometidos a conocimiento del
Tribunal Arbitral y sostenido los motivos de la decisión en los hechos alegados
por las partes con base en los medios probatorios ofrecidos por ellas. SEIS.- Debe agregarse que, al contestar el presente recurso de anulación, Prisma
señaló que éste devenía en improcedente por extemporáneo, aludiendo la
aplicación del plazo que disponía la derogada Ley General de Arbitraje (10
días).
Empero, dicha alegación debe descartarse, pues el presente recurso fue
interpuesto al encontrarse vigente la actual LA, que dispone que para
interponer un recurso de anulación de laudo arbitral el interesado cuenta con
veinte (20) días desde la fecha de notificación del laudo o del auto de
integración, rectificación, interpretación o exclusión, verificándose por lo demás
que Petroperú presentó dicho recurso dentro del término preestablecido por
ley.
SIETE.- En consecuencia, al no haberse acreditado en el proceso la
configuración de los supuestos invocados contenidos en los artículos 63.1.c y
63.1.d LA y habiéndose desestimado las alegaciones vertidas por Petroperú, la
presente demanda debe ser declarada infundada.
III. DECISIÓN:
En mérito de lo expuesto, este Colegiado, impartiendo justicia en nombre del
pueblo y por mandato de la Constitución,
RESUELVE:
(i) DECLARAR INFUNDADA la demanda de anulación de laudo
arbitral.
(ii) En consecuencia, se DECLARA la validez del laudo arbitral de
derecho expedido con fecha 22 de agosto de 2011.
Notifíquese conforme a ley.-
En los seguidos por Petroperú S.A. contra Prisma S.A., sobre Anulación de
Laudo Arbitral.
LA ROSA GUILLÉN JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA
RIVERA GAMBOA Nº de Ref. de Sala: 01146-2011 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA
SEGUNDA SALA CIVIL CON SUBESPECIALIDAD COMERCIAL
SENTENCIA
EXPEDIENTE 381- 2011
RESOLUCIÓN N° Quince (15)
Miraflores, quince de octubre del dos mil once.-
Observando las formalidades previstas por ley, vista la causa el 10 de octubre de 2013, e
interviniendo como ponente la Jueza Superior Lau Deza, esta Sala Civil Subespecializada en
lo Comercial emite la siguiente resolución.
I. EXPOSICIÓN DEL CASO:
Recurso de anulación de laudo arbitral.
La empresa Petróleos del Perú – Petroperú S.A. interpone recurso de anulación1 del laudo
emitido por el Tribunal Arbitral el dieciocho de julio del dos mil once2, en el proceso
arbitral que siguió en su contra Consorcio Contratista Construcciones Convencionales –
Morelia Perú S.A.C. – SIELECTRO SAC, habiéndose el árbitro único pronunciado respecto al
pedido de aclaración e integración el veintiocho de noviembre del dos mil once.
Alega la empresa demandante que el Árbitro Único se ha pronunciado al emitir el laudo
cuestionado sobre materia no sometida a su decisión.
Causal. Se invoca la configuración de la causal contenida en el literal d) del numeral 1 del
artículo 63 del Decreto Legislativo 1071 (Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, en
adelante LGA).
Sustento del petitorio. Sostiene que al solicitarse la aclaración e integración al laudo se
concluye que en el laudo, el tribunal arbitral se ha pronunciado sobre un punto
controvertido que pese a haber sido considerado en el Acta de determinación de puntos
controvertidos, ha sido resuelto de manera independiente al cuarto punto controvertido
contraviniendo lo solicitado por las partes, vulnerando el derecho de defensa de Petroperú
S.A.
Manifiesta que el laudo emitido por el tribunal arbitral unipersonal vulnera el derecho de
congruencia procesal y el principio de uniformidad que debe imperar en la resolución y
asimismo la admisión implícita del demandado.
1 Págs. 1.
2 Págs. 94 y ss. Absolución del recurso de anulación de laudo. Por escrito presentado con fecha veintiuno
de setiembre del dos mil doce, Consorcio Contratista Construcciones Convencionales –
Morelia Perú S.A.C. – SIELECTRO SAC contestó la demanda, negándola y contradiciéndola.
Señala que el demandante por un lado no ha acreditado, en la condena a devolución de
penalidad por mora, los daños causados sobre el punto y tampoco acredita que su
posición haya sido desestimada por el Tribunal Arbitral.
Refiere que atender el pedido del demandante significaría emitir un pronunciamiento
sobre aspectos de fondo, situación que se encuentra proscrita de realizar en un proceso
como el de autos.
Resumen del proceso arbitral y lo actuado en autos.
i. Obra como acompañado el expediente arbitral (en tres tomos) correspondiente al
proceso seguido entre Consorcio Contratista Construcciones Convencionales –
Morelia Perú S.A.C. – SIELECTRO SAC y Petroperú S.A.
ii. Con fecha seis de diciembre del dos mil siete se instaló el Tribunal Arbitral en
atención a la solicitud de arbitraje planteada por Consorcio Contratista
Construcciones Convencionales –Morelia Perú S.A.C. – SIELECTRO SAC, proceso
arbitral para el cual se designó a un Tribunal Arbitral Unipersonal3.
En dicho acto se establecieron las reglas procedimentales, la clase de arbitraje (de
derecho), la sede, el idioma, ley aplicable, secretaría, y honorarios.
iii. Por resolución emitida el 18 de julio de 20114, el Tribunal Arbitral emitió laudo
arbitral de derecho, en el que resolvió declarar:
- Improcedente la excepción de falta de personería del demandante invocada por
Petroperú.
- Declarar que el Consorcio No ha cumplido con ejecutar la obra:
Impermeabilización de áreas estancas en el patio de tanques Tablazo en
operaciones Talara, al no haber cumplido con las especificaciones del contrato
de obra N° 63952-OJ y el expediente técnico que forma parte del mismo; en
consecuencia, INFUNDADA la pretensión del Consorcio referida a la obligación de
Petroperú de disponer la recepción de la Obra materia de arbitraje.
- Declarar Infundado el pago de valorización N° 06 del Contrato principal por un
monto de US $. 55,461.58 incluido el IGV; y la Valorización N° 02 del adicional N°
01 por un monto de US $ 28,051.50 incluido el IGV.
- Declarar Fundado en parte el pago por mayores gastos generales por las
ampliaciones de plazo otorgadas N° 01, 02, 03, 04, y 05 y en consecuencia
Ordenar el pago por parte de Petroperú de los mayores gastos generales
correspondientes a la ampliación de plazo N° 1 y 2; así como el pago de 06 de los
3 Acta de Instalación. Págs. 19 y ss.
4 Págs. 94 y ss. 21 días correspondientes a la ampliación de plazo N° 03; DECLARAR INFUNDADO
le pago por mayores gastos generales correspondientes a 15 de los 21 días de la
ampliación de plazo N° 03, a las ampliaciones de plazo N° 04 y 05 y disponer en
ejecución de laudo se efectúe la valorización de los mayores gastos generales
correspondientes a la ampliación del plazo N° 01 y N° 02, así como el pago de 06
de los 21 días correspondientes a la ampliación de plazo N° 03.
- Infundada el pago de mayores gastos generales por la demora en la recepción de
la obra materia de la controversia.
- Infundada la pretensión de pago de los mayores gastos generales por la demora
en la recepción de la obra materia de controversia.
- Infundada la pretensión de pago de $ 60,920.00 por concepto de daños y
perjuicios por parte del Consorcio a favor de Petroperú.
- Que las partes asuman el pago de costas y costos del proceso en proporciones
iguales.
iv. La empresa Petróleos del Perú S.A. solicitó la aclaración e integración del laudo,
pedidos que fueron declarados improcedentes por resolución 38 emitida el 28 de
noviembre de 20115.
v. Con fecha 27 de diciembre de 2011 Petroperú S.A. interpuso el recurso de
anulación de laudo arbitral, siendo admitido por resolución 04 del 15 de agosto de
2012.
vi. Por escrito presentado el 21 de setiembre de 20126 la demandada se apersonó al
proceso contestando la demanda, solicitando sea declarada improcedente la
demanda incoada.
vii. Por resolución 13 emitida el 15 de agosto de 2013 se programó la Vista de la Causa
para el día 10 de octubre del mismo año7.
viii. Con fecha 06 de setiembre de 2011 se llevó a cabo la Vista programada, quedando
la causa lista para la emisión del presente pronunciamiento.
II. ANÁLISIS:
UNO.- El proceso arbitral se encuentra regulado por el Decreto Legislativo 1071, y en él se
establecen los parámetros a seguir en un proceso judicial de anulación de laudo arbitral, el
cual solo puede ser invocado de haberse incurrido en alguna de las causales contenidas en
el artículo 63 de dicho cuerpo normativo.
DOS.- Causales invocadas.
5 Págs. 1717 y ss del expediente arbitral.
6 Págs. 290 y ss.
7 Pág. 368. 2.1 En el presente caso, la empresa demandante alega la causal establecida en los literales
d) del inciso 1 del artículo 63 de la LGA (D. Leg. 1071)
2.2 Sobre la causal contenida en el literal b), inc. 1, art. 63 LGA:
“El laudo solo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y
pruebe:
(…)
d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.
Debe recordarse que el sometimiento a arbitraje por las partes es voluntario y que el
arbitraje es un tipo de jurisdicción (establecida en la Constitución), con reglas propias
distintas al proceso judicial, y que el recurso de anulación constituye la única vía de
impugnación del laudo, teniendo por objeto la revisión de su validez por las causales
taxativamente establecidas en el artículo 638 de la LGA.
Así, se encuentra prohibido pronunciarse respecto del fondo de la controversia o del
contenido de la decisión o calificar los criterios, motivaciones o interpretaciones expuestas
por el tribunal arbitral.
TRES.- De conformidad con lo alegado por el demandante, las causales que invocan se
concentran en los siguientes aspectos:
Causal d)
i. En la resolución 38 que resuelve el pedido de aclaración e integración se señala
que Petroperú S.A. no siguió el procedimiento de resolución de contrato así como
no ha probado ni cuantificado el daño.
8 “Artículo 63.- Causales de anulación.
1. El laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y
pruebe:
a. Que el convenio arbitral es inexistente, nulo, anulable, inválido o ineficaz.
b. Que una de las partes no ha sido debidamente notificada del nombramiento de un
árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no ha podido por cualquier otra razón, hacer valer
sus derechos.
c. Que la composición del tribunal arbitral o las actuaciones arbitrales no se han ajustado al
acuerdo entre las partes o al reglamento arbitral aplicable, salvo que dicho acuerdo o
disposición estuvieran en conflicto con una disposición de este Decreto Legislativo de la
que las partes no pudieran apartarse, o en defecto de dicho acuerdo o reglamento, que no
se han ajustado a lo establecido en este Decreto Legislativo.
d. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias no sometidas a su decisión.
e. Que el tribunal arbitral ha resuelto sobre materias que, de acuerdo a ley, son
manifiestamente no susceptibles de arbitraje, tratándose de un arbitraje nacional.
f. Que según las leyes de la República, el objeto de la controversia no es susceptible de
arbitraje o el laudo es contrario al orden público internacional, tratándose de un arbitraje
internacional.
g. Que la controversia ha sido decidida fuera del plazo pactado por las partes, previsto en
el reglamento arbitral aplicable o establecido por el tribunal arbitral.
(…)” 3.1. Se aprecia de la lectura del escrito de demanda de laudo arbitral se ha solicitado
las siguientes pretensiones:
a) Se proceda a recepcionar la obra, habiendo concluido con las metas físicas
contractuales en estricto cumplimiento al Expediente técnico y planos de obra, solicitado
oportunamente mediante anotación en el cuaderno de obra asiento 374 de fecha 30 de
marzo del 2007 y reiterando dicha solicitud con cartas N° 060-2007-LSOF y N° 065-2007
CMS-LSOF.
b) Que se abone al consorcio Constructora Morelia S.A.C. – SIELECTRO S.A.C.
Contratistas Generales las siguientes valorizaciones tramitadas y no pagadas: Valorización
N° 06 del Contrato principal por un monto de US$ 55,461.58 incluido IGV; más el monto
que implica los mayores gastos generales por las ampliaciones de plazo otorgadas N° 01,
02, 03, 04, y 05 y más el monto de los mayores gastos generales por la demora en la
recepción de obra.
c) Que se condene en las costas y costos del proceso arbitral a petróleos del Perú-
PETROPERÜ S.A. y se reintegre al consorcio Constructora Morelia Perú S.A.C. – SELECTRO
Contratistas Generales en los costos incurridos.
3.2. En el proceso arbitral se llevó a cabo una Audiencia de determinación de puntos
controvertidos el 26 de marzo de 2008, acto en el que, se determinaron como puntos
controvertidos los siguientes:
• Determinar si Constructora Morelia ha ejecutado la obra Impermeabilización de
áreas estancas en el patio de tanques Tablazo en Operaciones Talara, cumpliendo
lo establecido en el expediente técnico y de ser el caso, determinar si corresponde
disponer la recepción de la obra por parte de la empresa Petroperú S.A.
• Determinar si corresponde ordenar a la empresa Petroperú S.A. cumpla con pagar
a favor de Constructora Morelia la suma de US$ 83,513.08 por los conceptos que
se detallan a continuación: valorización N° 06 del contrato principal por un monto
de US$ 55,461.58 incluido el IGV y valorización N° 02 del adicional N° 01 por un
monto de US$ 28,051.50 incluso IGV.
• Determinar si a Constructora Morelia le corresponde el pago por mayores gastos
generales por las ampliaciones de plazo otorgadas N° 01, 02, 03, 04 y 05 así como
el monto de los mayores gastos generales por la demora en la recepción de la obra
materia de controversia.
• Determinar a quién le corresponde asumir el pago de las costas y costos del
proceso arbitral.
En dicho acto se hace la atingencia que el árbitro único al momento de resolver se
pronunciará respecto a si corresponde ordenar a la Constructora el pago de US$ 60,920.00
por concepto de daños y perjuicios.
3.3. En la parte resolutiva del laudo cuya anulación se peticiona se aprecia se ha laudo de
la siguiente manera:
• Declarar Improcedente la excepción de falta de personería del demandante
invocada por Petroperú.
• Declarar que el Consorcio No ha cumplido con ejecutar la obra: Impermeabilización
de áreas estancas en el patio de tanques Tablazo en Operaciones Talara al no
haber cumplido con las especificaciones del Contrato de obra N° 63962-OJ y
expediente técnico que forma parte del mismo; y en consecuencia, Infundada la pretensión del Consorcio referida a la obligación de Petroperú de disponer la
recepción de la obra materia de arbitraje.
• Declarar Infundado el pago valorización N° 06 del contrato principal por un monto
de US$ 55,461.58 incluido el IGV y valorización N° 02 del adicional N° 01 por un
monto de US$ 28,051.50 incluso IGV.
• Declarar Fundado en parte el pago por mayores gastos generales por las
ampliaciones de plazo otorgadas N° 01, 02, 03, 04 y 05 y en consecuencia ordenar
el pago por parte de Petroperú de los mayores gastos generales correspondientes
a la ampliación de plazo N° 1 y 2; así como el pago de 06 de los 21 días
correspondientes a la ampliación de plazo N° 03; DECLARAR INFUNDADO el pago
por mayores gastos generales correspondientes a 15 de los 21 días de la
ampliación de plazo N° 03, a las ampliaciones de plazo N° 04 y 05 y disponer en
ejecución de laudo se efectúe la valorización de los mayores gastos generales
correspondientes a la ampliación del plazo N° 01 y N° 02, así como el pago de 06 de
los 21 días correspondientes a la ampliación de plazo N° 03
• Infundada la pretensión de pago de los mayores gastos generales por la demora en
la recepción de la obra materia de controversia.
• Infundada la pretensión de pago de $ 60,920.00 por concepto de daños y perjuicios
por parte del Consorcio a favor de Petroperú.
• Que las partes asuman el pago de costas y costos del proceso en proporciones
iguales.
3.4. Del expediente arbitral se aprecia se ha solicitado aclaración9 respecto a lo resuelto
en el cuarto considerando del laudo, en el extremo que se dispone el pago por Petroperú
de mayores gastos generales de las ampliaciones en beneficio de la demandante,
solicitando se aclare el término valorización. Extremo que fuera aclarado
Asimismo se solicita integración y aclaración respecto a lo resuelto en el sexto
considerando del laudo que declara Infundado la pretensión de pago por concepto de
daños y perjuicios. Este aspecto fue desestimado mediante la resolución 38 debido a que
estimó el árbitro lo que se pretendía era la reevaluación de los medios probatorios
relativos a la solicitud de pago de la suma de US$ 60,920.00, la exclusión del tema como
punto controvertido autónomo, su incorporación como cuarto punto controvertido y su
tramitación dentro del proceso como gastos notariales, precisando que se trata de un
tema de diferente naturaleza que no corresponde al estado actual del proceso arbitral.
3.5. Se constata de la lectura del escrito de demanda de anulación de laudo arbitral se
ha invocado la causal referida a que el laudo se ha pronunciado respecto a materia que no
se sometió a su decisión
3.6. De la revisión del proceso arbitral se advierte que no se ha dado por un lado,
cumplimiento a la exigencia dispuesta por el artículo 63° inciso 7) del D. Leg. 10701 dado
que no se ha solicitado dentro del proceso arbitral previamente el pedido de exclusión de
la materia que estima no se ha sometido a su decisión, por lo que la presente demanda es
improcedente.
3.7. Por otro lado, no debe dejarse de señalar que, de la lectura del escrito de
subsanación de demanda de fojas doscientos diez se tiene que la causal invocada es la
9 Fojas 1684 del expediente arbitral. referida al inciso 1) literal d. del artículo 63° del D. Leg. 1071 y no obstante ello, de los
fundamentos de hecho que sustentarían su petitorio se advierte que el sustento de dicho
pedido es cuestionar la decisión que ha tomado el árbitro en dicho proceso toda vez que
refiere en el expediente arbitral ha acreditado su pretensión de pago de daños y perjuicios
y la cuantificación de los mismos, debemos también tener en consideración que estos
hechos fueron el sustento del pedido de integración y aclaración que fuera desestimado
en el proceso arbitral, por lo que este colegiado colige que la causal que se invoca para
solicitar la anulación de este laudo arbitral no es conexo a los fundamentos de hecho
presentados por la parte demandante por lo que se ha incurrido también en la cuales que
previene el articulo 427° inciso 5) del Código Procesal Civil.
III. DECISIÓN:
En mérito de lo expuesto, este Colegiado, impartiendo justicia en nombre del pueblo y por
mandato de la Constitución,
RESUELVE:
DECLARAR IMPROCEDENTE la demanda de anulación de laudo arbitral.
En los seguidos por la empresa petróleos del Perú S.A. con el Consorcio Constructora
Morelia Perú SAC - SIELECTRO, sobre Anulación de Laudo Arbitral.
Notifíquese conforme a ley.-
LA ROSA GUILLÉN MARTEL CHANG
LAU DEZA |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | JUZGADO DE TRABAJO TRANSITORIO (EX. 2°)
EXPEDIENTE : 00449-2011-0-2501-JR-LA-03
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : ABDON LUIS TORRES SANTOS
ESPECIALISTA : ROSA ISABEL TORRES CADILLO
DEMANDADO : PESQUERA HAYDUK SA ,
DEMANDANTE : CARRUITERO TORRES, ERASMO
Resolución Nro. TREINTA Y CINCO
Chimbote, quince de noviembre del dos mil diecisiete.-
Por devuelto el expediente por la Primera Sala Civil, CUMPLASE lo
ejecutoriado, habiéndose revocado la resolución veintinueve, REFORMANDOLA se
declara fundada la misma, y aprueba la liquidación de intereses legales; TÉNGASE
presente, en consecuencia; REQUIERASE a la ejecutada, a fin que dentro del plazo del
tercer día cumpla con pagar a favor del actor la suma de S/. 728.21 (SETECIENTOS
VEINTIOCHO Y 21/100 SOLES), bajo apercibimiento de ley en caso de incumplimiento.
Avocándose al conocimiento del proceso el señor Juez que suscribe por disposición
Superior. Notifíquese.- |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
PRIMERA SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 0449-2011-0-2501-JR-CI-01
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
DEMANDANTE : CARRUITERO TORRES ERASMO
DEMANDADOS : PESQUERA HAYDUK SA
AUTO DE VISTA DE LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y CUATRO.
Chimbote, Ocho de agosto
Del dos mil diecisiete.-
AUTOS Y VISTOS; viene en apelación la resolución número veintinueve
de fecha 05 de mayo del 2016, que declara infundada la observación formulada por el demandante contra
el Informe N° 234-2015-UPCJ, fijando los intereses legales en la suma de S/ 740.04 soles; y,
CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, la demandada como fundamento de su apelación señala que los
intereses que se liquidan en materia de demandas por utilidad, se realizan desde la fecha de
requerimiento, esto es desde el 2011 y no desde 1996.
SEGUNDO: Que, de la revisión del informe materia de cuestionamiento se advierte que el órgano de
auxilio judicial ha efectuado la liquidación de intereses legales según Informe de folios 218, respecto a las
utilidades de los años 1995, 2001, 2006 y 2010, tomando como inicio de cálculo, diferentes fechas.
TERCERO: Que, de folios 168 a 171, se confirma la sentencia contenida en la resolución número catorce,
que declara fundada la demanda sobre pago de utilidades de los años 1995, 2001, 2006 y 2010,
disponiendo que la parte demandada cumpla con cancelar a favor del actor la suma de S/ 3,215.17 soles,
disponiendo respecto de ellos además el pago de intereses legales.
CUARTO: Que, de conformidad con lo normado por el artículo 3 del Decreto Ley N° 25920 (03 de
diciembre de 1992): “El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir
del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo, sin
que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extrajudicialmente, el cumplimiento de la
obligación al empleador o pruebe haber sufrido algún daño”; asimismo, el segundo párrafo del artículo 6
del Decreto Legislativo Nº 892 (11 de noviembre de 1996), prescribe: “Vencido el plazo que contempla
este artículo y previo requerimiento de pago por escrito, la participación en las utilidades que no se
haya entregado, genera el interés moratorio, conforme a lo establecido por el Decreto Ley Nº 25920 o norma que lo sustituya, excepto en los casos de suspensión de la relación laboral en que el plazo se
contará desde la fecha de reincorporación al trabajo”.
QUINTO: Que, en el caso de autos, atendiendo a los dispositivos legales precitados, corresponde
efectuar la liquidación de intereses legales respecto al ejercicio económico 1995, con sustento en el
Decreto Legislativo N° 677, considerando lo normado por el Decreto Ley N° 25920, desde la fecha de su
incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo; siendo que respecto a los períodos del 2001, 2006 y
2010, en que ya se aplica del Decreto Legislativo N° 892, a partir del requerimiento, que en el caso de
autos corresponde desde la notificación de la demanda, es decir desde el 14 de abril del 2011 (ver folios
32); siendo así y teniendo en cuenta que se ha declarado infundada la observación efectuada por el
demandante y aprueba la liquidación de intereses legales, no se ha tenido en cuenta lo señalado
precedentemente, corresponde revocar la venida en grado declarando fundada dicha observación.
SEXTO: Que, en tal contexto y efectuando nueva liquidación de acuerdo con el Sistema INTERLEG, ésta
es de la siguiente manera:
Por tales consideraciones, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa RESUELVE:
REVOCAR la resolución número veintinueve de fecha 05 de mayo del 2016, que declara infundada la
observación formulada por el demandante contra el Informe N° 234-2015-UPCJ; REFORMÁNDOLA se
declara fundada la misma; en consecuencia, APRUEBESE la liquidación de intereses legales en la suma
de S/ 728.21 soles, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente; Notifíquese
a las partes y devuélvase al Juzgado de origen. Juez Superior ponente Flor Guerrero Saavedra.
S.S.
MURILLO D.
ALVA V.
GUERRERO S. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CCCCOOOORRRRTTTTEEEE SSSSUUUUPPPPEEEERRRRIIIIOOOORRRR DDDDEEEE JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA DDDDEEEELLLL SSSSAAAANNNNTTTTAAAA
Segunda Sala Civil
SUMILLA: Respecto al concepto de los honorarios profesionales,
advertimos en el artículo 411º que “Son costos del proceso el
honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco por
ciento destinado al Colegio de Abogados del distrito judicial
respectivo para su fondo mutual y para cubrir los honorarios de los
abogados en los casos de auxilio judicial
AUTO DE VISTA
EXPEDIENTE : 00487-2011-0-2501-JR-LA-06
RESOLUCIÓN Nº : CUARENTA Y CINCO
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
DEMANDADO : TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS SA TASA
DEMANDANTE : HERRERA MARCHAN, JULIO
En Chimbote, a los 04 días del mes de diciembre de 2017, el Tercer Tribunal
Unipersonal de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia Del Santa, con la
asistencia del Señor Magistrado que suscribe:
MATERIA DEL RECURSO:
Recurso de apelación solicitado por el abogado de la demandada, a través del escrito
de fecha seis de julio del año dos mil diecisiete, contra el auto emitido mediante Resolución
Número CUARENTA Y UNO de fecha dieciséis de junio del año dos mil diecisiete de folios 530
y 531, que resuelve declarar INFUNDADA la observación formulada por la parte demandada,
en consecuencia regula los costos procesales en la suma de S/. 1,800.00 soles y el 5% a favor
del Colegio de Abogados del Santa en la suma de S/. 90.00 soles, con lo demás que contiene.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
La demandada, Tecnológica de Alimentos SA Tasa, fundamenta su recurso de
apelación de folios 535 y 536, en lo siguiente: i) Que, para el cálculo de los costos procesales
debe valorarse la participación de los abogados en el proceso, la complejidad de la materia y
determinar si la intervención del letrado fue fundamental en la obtención del resultado,
señalando además, que la sentencia favorable se obtuvo por la liquidación realizada por el
despacho, por lo cual, la presencia del abogado no influyó en el resultado del proceso. ii) Que,
no se ha tenido en consideración que el demandante no ha cumplido con acompañar
documento indubitable y de fecha cierta que acredite el pago de los indicados costos, conforme
al artículo 418| del Código procesal Civil.
CONSIDERANDO:
1 Respecto del Recurso de Apelación:
PRIMERO: Conforme lo dispone el artículo 364° del Código Procesal Civil, el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine a solicitud de parte o de
tercero legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente. Como lo expresa Cannosa Torrado: “(…) la apelación realiza
una labor depuradora de los resultados de la decisión impugnada mediante la utilización
de mecanismos autónomos que conducen, no solo a un proceso nuevo, sino a una
comprobación de la legalidad del fallo recurrido –revisio priori sinstantiae-, donde las
ritualidades procesales no se identifican, sino que las diferencian”1 Atendiendo a ello, se
advierte que con dicho recurso, los poderes del Tribunal que resuelve, quedan limitados
únicamente a lo que la parte apela, lo cual, va a permitir que la corrección de los errores sea
precisa, dado que la finalidad del recurso no es replantear sino corregir, modificar y señalar lo
que se ha evaluado erróneamente.
Respecto a la determinación de los honorarios profesionales.
SEGUNDO: Respecto al concepto de los honorarios profesionales, el artículo 411º del Código
procesal Civil prescribe: “Son costos del proceso el honorario del abogado de la parte vencedora,
más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del distrito judicial respectivo para su
fondo mutual y para cubrir los honorarios de los abogados en los casos de auxilio judicial”. De
igual manera, el artículo 414º del mismo texto normativo, expresa que la regulación de los
alcances de la condena en honorarios profesionales se efectuará en función al monto, los
obligados, beneficiarios y en atención a las incidencias del proceso.
TERCERO: Es de precisar que el artículo 50°del Código de Ética del Colegio de Abogados del
Perú establece que “El abogado y su cliente establecerán de mutuo acuerdo y libremente, el
importe y modalidad de los honorarios profesionales, debiendo tomarse como base para fijarlos
la tabla de honorarios mínimos del respectivo Colegio de Abogados”. Resulta ilustrativo en este
punto hacer referencia a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 2940-
2013-PA/TAC: “Teniendo en cuenta el criterio de interpretación sistemática, tanto el artículo
414 como el artículo 418 del CPC deben interpretarse conjunta y sistemáticamente, como parte
de un único cuerpo normativo. Por ende, no debe desconocerse la facultad del Juez para
"regular" (medir, ajustar o computar algo por comparación o deducción) y asumir que el término
"aprobar" (calificar o dar por bueno o suficiente algo o a alguien) significa que el juzgador se
convierte en un ente mecánico que se limite a ordenar el pago del monto que la parte
vencedora solicite”
Análisis del caso en concreto:
CUARTO: Siendo así, debe tenerse consideración: 1) Duración del proceso, la demanda fue
interpuesta el 03 de febrero de 2011, conforme se advierte de folios 16; 2) Complejidad de la
1 CANNOSA TORRADO, Fernando. Manual de recursos ordinarios”. Ediciones Doctrina y Ley. Bogotá: 2009.
Pág. 288
2 materia, la parte demandante solicita el pago de utilidades desde el año 1992 hasta el año 2009,
más intereses legales, costas y costos del proceso, los cuales revisten una complejidad
promedio; 3) Labor desplegada por el abogado defensor del demandante, en este caso, la misma
constituye la interposición de la demanda (folios 16 a 21), observación de informes periciales
(folios 251 a 254 y de 346 a 349), presentación de alegatos (folios 427 a 429) y la presentación
de escritos de mero trámite; 4) El éxito obtenido, advirtiéndose que mediante resolución N° 29 de
fecha 22/04/2016 (folios 435 a 443), se declara fundada en parte la demanda, notificándose a la
demandada a fin de que cumpla con abonar a favor del actor la suma de S/.11,385.69 por
concepto de utilidades de los ejercicios económicos de 1992 a 1996 y de 2004 a 2009, más
intereses legales, costas y costos del proceso, asimismo, declarando infundada la demanda en el
pago de utilidades de los ejercicios económicos de 1998 a 2003, apelando la parte demandada la
sentencia, la misma que es confirmada mediante resolución 33 de fecha 29/08/2016 (folios 469 a
474) por el Superior en grado. Y teniendo en cuenta que el proceso comprende la etapa
postulatoria, la etapa probatoria, la etapa decisoria, la etapa impugnatoria y la etapa ejecutoria,
los abogados Luis Boado Zavaleta y Jaime Vásquez Collao del Estudio Jurídico Vásquez &
Boado Abogados Asociados, han intervenido en la totalidad del proceso y dadas las
circunstancias obrantes en autos ya reseñadas en líneas precedentes, corresponde confirmar la
venida en grado, y por ende, desestimar la apelación formulada por la demandada, conforme al
artículo 411° del Código Procesal Civil.
Por estas consideraciones, el Tercer Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia del Santa.
RESUELVE:
CONFIRMAR el auto emitido mediante Resolución N° 41 de fecha 16 de junio de 2017 de
folios 530 y 531 que resuelve declarar infundada la observación formulada por la parte
demandada, en consecuencia regular los costos procesales en la suma de S/. 1,800.00 (mil
ochocientos y 00/100 soles) y el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa en la suma de
S/. 90.00 soles, con lo demás que contiene. Hágase saber a las partes y lo devolvieron. Juez
Superior Ponente Dr. Enrique Rodríguez Huayaney.- Notifíquese.
S.S.
RODRÍGUEZ HUAYANEY.
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EXPEDIENTE : 00487-2011-0-2501-JR-LA-06
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES
JUEZ : TIANA MARINA OTINIANO LOPEZ
ESPECIALISTA : MILKO ADANAQUE VILCHERREZ
DEMANDADO : TECNOLOGICA DE ALIEMENTOS SA TASA ,
DEMANDANTE : HERRERA MARCHAN, JULIO
Resolución Nro. TREINTA Y CUATRO
Chimbote, 13 de octubre del 2016
POR DEVUELTOS los autos en la fecha del Superior
Jerárquico de esta sede judicial, CUMPLASE lo ejecutoriado; habiéndose confirmado la
sentencia, que declara fundada en parte la demanda, y estando al escrito de la demandada,
a la Constancia de Depósito Judicial Nro. 2016078501962, por la suma de
S/11,385.69 SOLES, TENGASE por consignada dicha suma a favor del
demandante por concepto de capital y siendo el estado del proceso ENDOSESE y
ENTREGUESE a favor del demandante dejándose constancia en autos de su
entrega; en consecuencia por cumplido el mandato. Asimismo, teniendo en cuenta
que a la fecha, se viene aplicando el Sistema de Notificación Electrónica –SINOE en
tenor de lo dispuesto por la resolución Administrativa N° 1139-2016-P-CSJSA/PJ de
fecha 10 de agosto del 2016, REQUIERASE a las partes, para que en el plazo de
CINCO DÍAS, cumplan con señalar su CASILLA ELECTRONICA, bajo
apercibimiento de imponerle multa en caso de incumplimiento, haciéndole saber
que en caso de no poseer tal casilla electrónica pueden requerirlo de manera
gratuita a través de la oficina de Servicios Judiciales de esta Corte Superior de
Justicia. Avocándose al conocimiento del proceso la Señora Jueza que suscribe por
disposición Superior. Notifíquese.- |
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JULIO HERRERA MARCHAN
TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS S.A.
PAGO DE UTILIDADES
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y TRES
Chimbote, veintinueve de agosto
Del dos mil dieciséis.
SENTENCIA EMITIDA POR EL TERCER TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA
SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
ASUNTO:
Viene en apelación el auto número seis expedido en audiencia única de fecha
veinticuatro de agosto del dos mil once, que declara infundada la oposición a la
exhibicional de las planillas y las boletas de pago de los años 1992 al 2006 formulada por
la demandada.
Asimismo, contra la sentencia emitida mediante resolución número veintinueve
de fecha veintidós de abril del dos mil dieciséis, que declara fundada en parte la demanda
interpuesta por don JULIO HERRERA MARCHAN contra TECNOLÓGICA DE
ALIMENTOS S.A.; en consecuencia, cumpla la demandada con abonar a favor del actor la
suma de S/. 11,385.69 Nuevos soles, por concepto de utilidades de los ejercicios
económicos 1992 a 1996 y 2004 al 2009, más intereses legales, costas y costos del
proceso.
FUNDAMENTOS DE APELACION:
Contra el auto (Resolución No. 06)
La demandada fundamenta su recurso de apelación que, por imperio de lo establecido
en el artículo 21 del Decreto Supremo No. 001-98-TR y Decreto Ley No 25998, no se
encuentran obligados a conservar documentales de más de cinco años de antigüedad.
Contra la sentencia
1 La demandada fundamenta su recurso de apelación en lo siguiente: a) Respecto a las
utilidades de los años 2004 a 2009, el monto indicado por el A-quo resulta desproporcional,
asimismo, no ha considerado todos los pagos y reintegros efectuados conforme se acredita
con los documentos adjuntados; b) Que, se ha considerado importes superiores como la
Renta Neta antes del Impuesto a las que figuran en las Declaraciones Juradas del
Impuesto a la Renta presentadas a la SUNAT; c) Que, no se ha tomado en cuenta el
informe del banco, en los que se pueden verificar los depósitos en la cuenta de haberes del
accionante correspondientes a las semanas 11 o 12 de marzo del año siguiente.
CONSIDERACIONES DEL SUPERIOR:
Sobre el recurso de apelación
1. Que, el recurso de apelación es uno de los medios impugnatorios más importantes
dentro de nuestra normatividad procesal, pues hace viable no sólo la revisión de los
errores in iudicando sino también de los errores in procedendo, siendo que con dicho
recurso lo que se pretende es la eliminación de la resolución del juez inferior y su
sustitución por otra que dicte el superior jerárquico, para tal finalidad, el apelante tiene
como obligación la de indicar de manera clara, precisa y consistente, los errores en los que
hubiese incurrido el juzgador.
2. Que, Roberto G. Loutayf Ranea en su libro “El Recurso ordinario de apelación en el
Proceso Civil” (Editorial Astrea, Buenos Aires Argentina, 1989, pp.116), alude que “el
principio de congruencia dice –dice De La Rúa – tiene en segunda instancia
manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, “porque el juicio de apelación
tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la
voluntad de éstos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el
ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: tantum devolutum quantum apellatum”; por lo
que, en aplicación del indicado Principio, corresponde emitir pronunciamiento únicamente
respecto a los argumentos expresados por las emplazadas en sus escritos de recurso
impugnatorio.
3. Que, la motivación como violación al debido proceso, la doctrina y la jurisprudencia ha
establecido hasta tres tipos de vicios vinculados a la motivación, a saber: la motivación
aparente, la cual se da cuando la decisión se basa en pruebas no actuadas o en hechos no
ocurridos; la motivación insuficiente, que se presenta cuando vulnera el principio de la
razón suficiente y la motivación defectuosa, la cual se da cuando el razonamiento del juez
2 viola los principios lógicos y las reglas de la experiencia (El razonamiento Judicial,
Academia de la Magistratura, Capítulo Sexto, los errores in cogitando, Primera Edición;
Lima, Perú; mil novecientos noventa y siete), citado en la CAS. No. 493-2001-LIMA,
publicado en El Peruano 3 de enero del 2005, Pág. 13320-13321.
Contra el Auto (Resolución No. 06)
4. Que, antes de emitir pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, corresponde resolver
las incidentales, referentes a la apelación que declara infundada la oposición a la
exhibicional de las planillas y las boletas de pago de los años 1992 al 2006; debe invocarse
el artículo 27 inciso 2 de la Ley No. 26636, el cual establece la obligación del empleador
demandado probar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las normas legales,
los convenios colectivos, la costumbre, el reglamento interno y el contrato individual de
trabajo siendo una de ellas, la de exhibir los libros de planillas y boletas de pago cuando lo
solicite el juzgador, de conformidad con el Artículo 35 del mismo cuerpo de leyes.
5. En este contexto, se advierte la existencia de una ley específica en materia laboral que
obliga al empleador a exhibir las documentales solicitadas por el Juzgado, las cuales
tienen por finalidad probar que la demandada ha cumplido con las obligaciones contenidas
en las leyes de la materia, cual es la de cancelar al actor los derechos y beneficios
reconocidos, por tanto lo esgrimido por la emplazada carece de sustento,
consecuentemente la venida en grado debe confirmarse.
Contra la sentencia
Problema a resolver
6. Que, conforme al recurso de apelación hecha por la demandada, ésta se basa
fundamentalmente en cuestionar el monto establecido por el A-quo, por pago de utilidades
de los años 2004 al 2009, asimismo, que no se han tomado en cuenta los montos reales
que se encuentran en las Declaraciones Juradas y que éstas han sido presentadas ante la
SUNAT y el informe del Banco.
Análisis del caso
7. Al respecto, debe tenerse presente que la participación en las utilidades constituye un
derecho del trabajador de la actividad privada al amparo del artículo 29º de la Constitución
3 Política del Estado y es regulado por el Decreto Legislativo No. 677 de fecha 07 de
octubre de 1991 y modificado por el Decreto Legislativo No. 892 de fecha 11 de
noviembre de 1996, señalando en su artículo 2º, que los trabajadores de las
empresas pesqueras, como es el presente caso, participan en las utilidades de la
empresa mediante distribución del diez (10%) de la renta neta anual antes del
impuesto, distribución que se liquida en función a los días efectivos de trabajo y en
base a las remuneraciones percibidas, como señala la misma norma.
8. Que, las utilidades se abonan, como consecuencia de las utilidades netas
percibidas por las empresas pesqueras en cada ejercicio fiscal, antes de los
impuestos, siendo por tanto, beneficios independientes entre sí; además, la Ley no
distingue a los trabajadores que perciben sus remuneraciones en base a participación o
aquellos que perciben en forma fija, por consiguiente, en caso de haberse obtenido
utilidades la demandada está obligada a pagar las mismas.
9. En cuanto al primer agravio, la demandada refiere que el Juez de la causa en los
periodos 2004, 2006, 2007 y 2008, ha realizado la liquidación de manera errada
obteniendo un reintegro desproporcional, pues debió descontar todos los pagos efectuados
conforme se acredita con los documentos adjuntados en autos.
10. Que, el artículo 7° del Decreto Legislativo No. 892 establece: “Al momento del pago de
la participación en las utilidades, las empresas entregarán a los trabajadores y ex
trabajadores con derecho a este beneficio, una liquidación que precise la forma en que ha
sido calculado”. Ahora bien, teniendo como referencia el artículo 1229 del Código Civil, la
prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado, como es el caso de la
demandada; aunado a ello, resulta ilustrativo en este punto hacer referencia al artículo 19°
del Decreto Supremo No. 001-98-TR “… Si el empleador lo considera conveniente, la
firma de la boleta por el trabajador será opcional… siempre y cuando se deje debida
constancia de su emisión por parte del empleador y se garantice su efectiva recepción por
parte del trabajador. En ambos casos, corresponderá al empleador la carga de la
prueba respecto al pago de la remuneración y la entrega de la boleta de pago al
trabajador”. De las normas mencionadas advertimos que en el caso de utilidades se ha
establecido la exigencia de la entrega de la liquidación; ahora bien, respecto a la
comprobación del pago de la liquidación efectuada no se ha establecido de manera
taxativa cuales son los medios probatorios que permiten acreditar el cumplimiento del
pago de las utilidades, tan solo la entrega de la liquidación respectiva, admitiéndose todos
los que resulten pertinentes siempre y cuando permitan establecer de manera indubitable
4 que el trabajador a percibido el beneficio social que le corresponde, en este caso, las
utilidades.
11. Siendo ello así, de la revisión de la sentencia emitida por el Juez, se tiene que ha
admitido, valorado y merituado todos los medios probatorios obrantes en autos que le
generen convicción y certeza del cumplimiento de la obligación, tales como el Informe No.
371-2015-OPCJ de folios 416 a 417, no advirtiéndose en autos la existencia de medio
probatorio que acredite el pago de utilidades, por lo que, carece de sustento lo señalado
por la demandada, debiendo de confirmarse en este extremo.
12. Respecto al segundo agravio, la demandada señala que se ha considerado importes
superiores como Renta Neta antes de impuestos a las que figuran en las Declaraciones
Juradas del Impuesto a la Renta presentadas a la SUNAT.
13. Que, conforme se advierte del Informe No. 371-2015-OPCJ obrante a folios 416 a 417,
los cuales han sido realizados en función a las Declaraciones Juradas del Impuesto a la
Renta, se aprecia que la demandada en los ejercicios económicos 1993 a 1996 y 2004 al
2009, generó utilidades y se ha obtenido la Renta Neta Imponible, de los cuales se
determinó el diez por ciento, base para el cálculo de las utilidades, repartiéndose 50% en
función a los días efectivamente laborados y otro 50% en función a las remuneraciones
percibidas por el actor y de la población laboral, cuyos montos se aprecian en dicho
informe pericial; que mediante resolución número veintiséis de fecha veintiuno de octubre
del dos mil quince, se corre traslado a las partes, el cual no fue materia de observación en
su oportunidad por la parte demandada ahora apelante, manifestando tácitamente su
conformidad con los datos ahí consignados, manteniendo por lo tanto su valor y eficacia
probatoria; en consecuencia, lo alegado por la demandada no resulta amparable, toda vez
que en su oportunidad no manifestó ningún tipo de disconformidad con el informe,
asimismo, el juzgador ha emitido pronunciamiento en mérito a dicho informe,
contrastándolo a su vez con las Declaraciones Juradas que son medios probatorios
idóneos y suficientes, que obran en autos, por lo que, en este extremo debe confirmarse.
14. Sobre al tercer agravio, la demandada alega que el monto de las utilidades no se ha
determinado con el informe del Banco, por tanto, dichas utilidades están canceladas
correctamente; sin embargo, el mismo no ha sido ofrecido como medio probatorio en el
escrito de contestación de demanda de folios 133 a 138 y, por ende, no fue admitido como
medio probatorio, por lo que carece de objeto ahondar en dicho extremo de la apelación;
5 debiendo de confirmarse la apelada al haberse emitido conforme a ley. Por las
consideraciones expuestas, este Tribunal Unipersonal;
RESUELVE:
i) CONFIRMESE el auto número seis expedido en audiencia única de fecha veinticuatro de
agosto del dos mil once, que declara infundada la oposición a la exhibicional de las
planillas y las boletas de pago de los años 1992 al 2006 formulada por la demandada.
ii) CONFIRMESE la sentencia emitida mediante resolución número veintinueve de fecha
veintidós de abril del dos mil dieciséis, que declara fundada en parte la demanda
interpuesta por don JULIO HERRERA MARCHAN contra TECNOLÓGICA DE
ALIMENTOS S.A.; en consecuencia, cumpla la demandada con abonar a favor del actor la
suma de S/. 11,385.69 Nuevos soles, por concepto de utilidades de los ejercicios
económicos 1992 a 1996 y 2004 al 2009, más intereses legales, costas y costos del
proceso; con lo demás que contiene, y devuélvase a su juzgado de origen. Juez Superior
(T) Doctor Carlos Salazar Hidrogo.
S.:
Salazar Hidrogo, C.
6 |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | CCCOOORRRTTTEEE SSSUUUPPPEEERRRIIIOOORRR DDDEEE JJJUUUSSSTTTIIICCCIIIAAA DDDEEELLL SSSAAANNNTTTAAA
SSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGUUUUUUUUUUUUNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAA SSSSSSSSSSSSAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA CCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLL
EXPEDIENTE N° : 00504-2011-0-2501-JR-LA-04.
RELATORA : MILIANA GUZMAN QUIÑONES
DEMANDANTE : GUANILO ESPINOZA RODOLFO HUMBERTO.
DEMANDADA : CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C - COPEINCA
MATERIA : PAGO DE UTILIDADES.
AUTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE LA SEGUNDA SALA
CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SEIS.
En Chimbote, a los veintiocho días del mes de setiembre del dos mil dieciséis; el magistrado Jesús
Murillo Domínguez, en calidad de Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa, que suscribe, emite la presente resolución:
ASUNTO:
Viene en grado de apelación, el auto contenido en la resolución número TREINTA Y
TRES, de fecha once de mayo del dos mil dieciséis, que resuelve aprobar los COSTOS
PROCESALES en la suma de S/. 1,390.00 Soles, más el 5% a favor del Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 69.50 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la demandada dentro del
tercer día.
I. FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
La apoderada de la empresa demandada, interpone recurso de apelación contra la resolución
venida en grado que resuelve aprobar los costos del proceso, señalando que el Juez no ha tomado en
cuenta la actuación del abogado de la parte vencedora conforme a lo actuado en el proceso; en tal
sentido, los costos presentados por el abogado del actor resulta ser excesivo, por cuanto su labor
desplegada ha sido un desempeño normal y ordinario; dado que, en todo el trámite del proceso no se
han realizado muchos cuestionamientos a los actos resolutivos expedidos en el presente expediente;
mas aun si ha sido resuelto en primera instancia, razón por la cual bajo un criterio de razonabilidad y
proporcionalidad, este debe ser fijado a un monto acorde con lo verdaderamente actuado en el
proceso, considerando la actuación del abogado patrocinante, los escritos presentados y la tabla de honorarios
mínimos referenciales del Colegio de Abogados de Lima.
Asimismo refiere que la naturaleza de los costos procesales es la de reconocer al actor el gasto
efectuado respecto al costo del patrocinio judicial solicitado para la obtención de su pretensión, pero tal reembolso debe regularse siempre considerando el monto ordenado a cancelar en la sentencia, así
como los intereses legales. Y demás argumentos que en ella expone.
CONSIDERANDO:
II. FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Sobre el recurso de apelación.-
1.- El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a
solicitud de parte la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o
revocada, total o parcialmente; siendo indispensable que el recurso de apelación contenga la
fundamentación del agravio, indicando el error de hecho o de derecho incurrido en la resolución
impugnada, y precisando su naturaleza, de tal modo que el agravio o gravamen fija o determina los
poderes de este Órgano Superior para resolver de forma congruente la materia objeto del recurso,
conforme dispone los artículos 364° y 366° del Código Procesal Civil, aplicable por supletoriedad,
por tales razones el Colegiado deberá resolver en función a los agravios, errores de hecho y de
derecho y sustento de la pretensión impugnatoria que haya expuesto el recurrente en su escrito de
apelación debidamente concedido, dado que tales elementos abren la causa a la segunda instancia y
establecen los límites dentro de los cuales el Colegiado deberá pronunciarse.
De los Costos Procesales.
2.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 411º del Código Procesal Civil, los
costos del proceso son el honorario del abogado de la parte vencedora más un cinco por ciento
destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo; consecuentemente, su pago
corresponderá a la parte vencida en el proceso, salvo declaración judicial expresa y motivada de
exoneración. El Pleno Jurisdiccional Nacional Civil realizado en la ciudad de Lima con fecha seis y
siete de junio del año 2008 respecto al Tema 3 referente a la fijación de los costos, adoptan por
mayoría el siguiente acuerdo: “Los costos procesales se fijan sin ser necesario para el Juez que se
haya acreditado el pago del tributo correspondiente, el cual únicamente es exigible para hacer
efectivo el cobro del depósito judicial”
3.- Que, en el presente caso existe un pronunciamiento sobre el fondo mediante sentencia
contenida en la resolución dieciséis, de fecha veintiséis de enero de dos mil quince, obrante a
páginas 301 a 308, la cual fue confirmada mediante sentencia de vista de fecha dieciséis de junio
del dos mil quince, modificando el monto, obrante de páginas 377 a 383; y en ejecución de
sentencia se dispuso el pago de la suma de S/.9,279.29 Soles, por concepto de pago de utilidades, el
mismo que la demandada dio cumplimiento conforme se observa del comprobante de pago del
depósito judicial electrónico de páginas 406; asimismo, mediante resolución número veintiocho, de
página 432, se aprueba la liquidación de intereses legales en la suma de S/. 1,026.22 soles, la misma que se tiene por cumplido el pago por este concepto conforme se observa del escrito de páginas
434 a 436; por ende, corresponde se proceda a la fijación de los costos del proceso.
4.- Que, a fin de proceder a fijar los costos procesales, el Juzgador deberá atender a las
incidencias del proceso, tales como: 1) la duración del proceso (desde el 04 de febrero de 2011), 2)
instancias jurisdiccionales (sólo dos instancias para la sentencia), 3) complejidad de la materia litigiosa, y
4) la labor desplegada por el abogado defensor de la parte vencedora; por lo que en atención a ello
el Juzgador en el presente caso ha determinado como costos del proceso la suma de S/. 1,390.00
soles, teniendo en cuenta las incidencias precitadas, más el 5% destinado para el Colegio de
Abogados del Santa cuyo importe asciende a S/. 69.50 soles, al haberse declarado fundada en parte
la demanda, conforme se ha detallado precedentemente.
5.- Que, si bien es cierto, el abogado del demandante ha acompañado su respectivo recibo de
pago de honorario profesional por la suma de S/.1,500.00 soles, que corre a páginas 440 a 442,
cuyo monto solicita que se fije los costos del proceso; también lo es que, respecto al importe
consignado, debe tomarse con reserva en la medida que las partes pueden pactar libremente su
monto, en ejercicio de su derecho constitucional a la libertad de contratar; en consecuencia, siendo
el Juzgador quien las fija y/o regula, en el caso concreto, este medio probatorio no obliga que el
órgano jurisdiccional, fije la misma suma y así recupere íntegramente vía reembolso lo pagado, por
cuanto, los costos del proceso se regulan de acuerdo a la complejidad del asunto controvertido, la esfera de defensa de
las partes, las instancias de mérito, duración del proceso, entre otros, como se ha indicado anteriormente.
6.- Que, es de tener en cuenta que en el presente caso, el proceso tiene una duración de
cinco años y siete meses aproximadamente (teniéndose en cuenta desde la presentación del escrito postulatorio
de demanda, con fecha cuatro de febrero del dos mil once), en el cual desde un inicio hasta la fecha el
demandante es patrocinado por el letrado Luis Enrique Boado Zavaleta; razones por las cuales el
suscrito considera razonable la suma establecida por el Juzgador, pues es de anotar que, sin bien es
cierto son criterios a tomar en cuenta, las instancias jurisdiccionales, la complejidad del proceso, la
labor desplegada por el abogado del actor y la ponderación de los montos reconocidos en autos tales
como el capital y los intereses legales; también lo es la duración del proceso; del mismo modo, es
menester precisar que los costos procesales no se fijan a favor del letrado patrocinante, sino para
resarcir el pago que hace la parte actora al abogado que le ha patrocinado durante la tramitación de
la causa; motivos que por todo lo cual sirve de sustento para confirmar la resolución venida en
grado.
Por tales consideraciones, el Tribunal Unipersonal de la Segunda Sala Civil: RESUELVE:
CONFIRMANDO el auto contenido en la resolución número TREINTA Y TRES, de
fecha once de mayo del dos mil dieciséis, que resuelve aprobar los COSTOS PROCESALES en
la suma de S/. 1,390.00 Soles, más el 5% a favor del Colegio de Abogados del Santa en la suma de
S/. 69.50 Soles, sumas que debe cumplir con pagar la demandada dentro del tercer día hábil de
notificada. Y con lo demás que contiene. Notifíquese y devuélvase a su Juzgado de origen.
Sr.
MURILLO DOMÍNGUEZ J. |
Eres un asistente legal de IA servicial y respetuoso. Y siempre que te hagan una pregunta sobre Expediente tienes que responderla desde aquí | Corte Superior de Justicia de Lima
Octavo Juzgado Civil Sub especializado en lo Comercial
Expediente Nº : 00541-2011-0-1817-JR-CO-08
Materia : Obligación de dar suma de dinero.
Resolución Nº: Veintisiete (27)
Miraflores, doce de julio del dos mil dieciséis.-
Auto definitivo
Materia
El Banco de Crédito del Perú en su escrito de demanda de fojas dieciséis señala que la
demandada Teresa Gómez Marca le adeuda la suma de Sesenta mil setecientos
veintisiete con dieciséis centavos de sol más intereses compensatorios y moratorios,
deuda que se origina en la letra de cambio que se acompaña.
El curador procesal de la demandada contradice el mandato de ejecución señalando
que la cambial no se ha emitido con arreglo a lo dispuesto por el artículo 228° de la ley
26702 toda vez que no se ha emitido en el plazo de 15 días que este dispositivo
dispone.
Pretensión demandada
Que se ordene el pago de la suma ascendente a Sesenta mil setecientos veintisiete
con dieciséis centavos de sol más intereses compensatorios y moratorios, deuda
relacionada a la falta de pago de la letra de fojas 10.
Antecedentes
• Este proceso se inició mediante demanda interpuesta el 22 de agosto del 2011,
habiéndose emitido el mandato de ejecución el 24 de agosto del 2011 en el
cual se ordena el pago de la suma peticionada.
• Mediante escrito de fojas 215, el curador procesal de la ejecutada contradice el
mandato único de ejecución emitido en los autos. Invoca la causal de Nulidad
formal de la cambial.
• El demandante absolvió el traslado conferido en fojas 234. • El 25 de agosto del año pasado se declaró Fundada la contradicción
presentada, y habiéndose apelada la misma, la Sala Superior declara Nula dicho
auto definitivo, por lo que el estado del proceso es el de expedir nuevo auto
final.
A continuación corresponde glosar los argumentos substanciales que han sido
expuestos por las partes y los medios probatorios admitidos al proceso.
Parte Expositiva
Argumentos y medios probatorios aportados por las partes.
1. Hechos y fundamentos presentados por la actora
1.1 Argumentos de la parte ejecutante
1.1.1 La demandante afirma que la demandante mantiene una deuda impaga ante su
institución, la misma que proviene que una letra de cambio a l avista emitida
por el saldo deudor de la Tarjeta de crédito N° 4099800008364496, por la suma
puesta a cobro.
1.2. Medios probatorios admitidos
1.2.1. La letra de cambio que aparece en fojas 10.
1.2.2. La copia de la carta notarial de fojas 266 y 267.
2. Hechos y medios probatorios del curador procesal de doña Teresa Gómez Marca
2.1. Argumentos
2.1.1. La cambial puesta a cobro no ha sido emitida con arreglo a lo establecido pro el
artículo 228° de la ley 26702, por lo que no se ha cumplido con el plazo allí
establecido.
2.1.2. El demandante no ha acreditado la relación contractual entablada con la
demandada. 2.2. Medios probatorios
2.2.1. No ha presentado medio probatorio alguno.
Parte Considerativa
2. Fundamentos
El conflicto de intereses a dilucidarse
“Establecer si la cambial puesta a cobro adolece de nulidad formal al haberse
emitido con infracción de lo establecido por el artículo 228° de la ley 26702”.
3. Normatividad aplicable
• El artículo 690-D inciso 2) del Código Procesal Civil referida a las
causales que se pueden invocar para contradecir el mandato único de
ejecución, específicamente referida a la nulidad formal del título de
ejecución.
4. Análisis del caso
4.1. En el presente proceso se solicita se haga efectivo el pago la letra de cambio
girada a la vista al amparo de lo dispuesto por el artículo 228° de la ley 26702.
4.2. El curador procesal de la demandada invoca la causal de nulidad formal para
contradecir el mandato de ejecución y señala que al girarse la letra de cambio
no se ha cumplido con el plazo de 15 días hábiles exigidos por la ley.
4.3. De la lectura de la carta remitida por conducto notarial de fojas 266 se constata
que la misma fue dejada bajo puerta, el día 05 de agosto del 2010, por lo que a
la fecha de giro de la misma, es decir, el 27 de agosto del 2010, había
transcurrido el plazo de 15 días establecidos por la ley a fin que sea observada
la misma, por lo que fue correctamente emitida la cambial puesta a cobro.
4.4. Por otro lado, no debe dejarse de señalar que estando al principio de
incorporación que en su calidad de título valor, ostenta la cambial objeto de
proceso, no se requiere acreditar, como lo sostiene el curador procesal
designado en autos, la relación causal.
5. Conclusiones
5.1. Estando a los fundamentos expuestos se concluye que la contradicción debe
ser declarada Infundada y ordenarse proseguir con la ejecución hasta que la
ejecutada pague la cantidad de puesta a cobro y consignada en el mandato de
ejecución. Por estos considerandos:
FALLO
Declarando:
INFUNDADA la contradicción presentada en fojas 215.
Se ordena llevar adelante la ejecución hasta que la ejecutada Teresa Gómez Marca
cumpla con el pago de la suma de Sesenta mil setecientos veintisiete con dieciséis
centavos de sol más intereses compensatorios y moratorios pactados.
En los seguidos por Banco de Crédito del Perú sobre Obligación de dar suma de dinero,
con costas y costos. |
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EXPEDIENTE : 00541-2011-0-1817-JR-CO-08
MATERIA : MEDIDA CAUTELAR
ESPECIALISTA : FERNANDEZ LARA, CESAR AUGUSTO
TERCERO : GILBERTO TOMAS CALDERON CABALLERO TERCERO
AJENO AL PROCESO
DEMANDADO : TERESA GOMEZ MARCA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISEIS
Lima, ocho de junio
Del dos mil dieciséis.-
Por recibido los autos remitidos por la Primera Sala Civil
Subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, con la resolución
número cuatro de fecha dieciocho de marzo del año en curso, mediante la cual se
resuelve declarar NULA la resolución número veinticuatro de fecha veinticinco de
agosto del año dos mil quince, que declara fundada la contradicción e infundada la
demanda y ordenaron que la Juez del proceso emita nueva resolución, teniendo en
cuenta las estimaciones precedentes; téngase presente y conforme a lo resuelto; se
dispone: Póngase los autos a Despacho para resolver. Asimismo; se DISPONE
solicitar a las partes del proceso dentro del tercer día de notificados cumplan con
señalar sus Casillas Procesales dentro de la Corte Superior de Justicia de Lima y
sus Casillas Electrónicas de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2) del artículo
424° del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 155°- I de la Ley Orgánica
del Poder Judicial; bajo apercibimiento de imponérseles una MULTA. Reasumiendo
sus funciones la Señora Juez Titular quien suscribe la presente resolución.
Notifíquese.- |
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA
PRIMERA SALA CIVIL
EXPEDIENTE : 00611-2011-0-2501-JR-LA-06
DEMANDANTE : RAMO RUBIÑOS LUIS ANTONIO
DEMANDADO : CORPORACIÓN PESQUERA INCA SAC
MATERIA : REINTEGRO DE REMUNERACIONES POR PARTICIPACIÓN PESCA
AUTO DE VISTA EMITIDO POR LA PRIMERA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL SANTA
RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y CUATRO
En Chimbote, a los siete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, la Primera Sala Civil de la Corte
Superior de Justicia del Santa, emite la presente resolución con la asistencia de los señores Magistrados
que suscriben:
I. ASUNTO:
Viene en grado de apelación la resolución número treinta y nueve de fecha 25 de abril del 2017, que
resuelve regular los costos procesales, en la suma de S/. 4,000.00 soles y el 5% a favor del Colegio de
Abogados del Santa en la suma de S/. 200.00 soles.
II. FUNDAMENTOS DEL APELANTE:
El abogado de la demandada Corporación Pesquera Inca SAC apela la resolución supra argumentando:
a) Que la resolución impugnada incurre en errores de hecho y de derecho, pues el abogado del
demandante no ha realizado un esfuerzo extraordinario para el éxito del proceso, por lo que no
justifica desde ningún punto de vista el monto regulado por el juez;
b) Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Tabla de honorarios Mínimos, el importe por
honorarios laborales se fija en 10% de la Unidad Impositiva Tributaria, y siendo que los honorarios se
acuerdan al momento de iniciar el proceso, debe considerarse para la presente liquidación la UIT
vigente al momento de plantear la demanda.
c) Señala que la suma propuesta por el accionante y luego aprobada por el juzgado resulta
exorbitante, ya que en esta causa el abogado del demandante solo ha participado en el proceso
cuando este se encontraba en ejecución de sentencia y además ha desplegado un esfuerzo normal y
ordinario; d) Señala que la impugnada le causa un perjuicio económico, ya que incorrectamente se ordena
abonar una suma dineraria que no es conforme y cuya observación formulada por la recurrente no ha
sido valorada debidamente. La pretensión impugnatoria es que se revoque la impugnada.
III. FUNDAMENTOS DE LA SALA:
Sobre el recurso de apelación
1.- Que, el recurso de apelación es uno de los medios impugnatorios más importantes dentro de nuestra
normatividad procesal, pues hace viable no sólo la revisión de los errores in iudicando (vicios en el juicio)
sino también de los errores in procedendo (vicios de actividad o defectos en el proceso), siendo que con
dicho recurso lo que se pretende es la eliminación de la resolución del juez inferior y su sustitución por
otra que dicte el superior jerárquico, para tal finalidad, el apelante tiene como obligación la de indicar de
manera clara, precisa y consistente, los errores en los que hubiese incurrido el juzgador.
De la extensión del recurso de apelación:
2.- A diferencia de los jueces de primera instancia “… el tribunal de segunda instancia conoce y decide
aquellas cuestiones a las que ha limitado la apelación el recurrente. No tiene más facultades de revisión
que aquellas que han sido objeto del recurso; siendo así, solamente puede ser revisado lo apelado, esto
es, los agravios referidos por quien impugna, por tanto la labor del colegiado se limita a resolver
solamente lo que es materia de expresión de aquellos”1.
Sobre los Costos y Costas del proceso:
3.- Las costas, al igual que los costos, son parte de los gastos efectuados directamente en el proceso
por las partes, para la persecución y defensa de sus derechos, que deben ser reembolsados por la
parte vencida, en virtud de un mandato judicial. El tema de los gastos procesales debe apreciarse bajo
la clasificación de los imperativos jurídicos y que se expresan en el proceso como deberes,
obligaciones y cargas.
4.- El presente proceso se encuentra en ejecución, dado que mediante la sentencia contenida en la
resolución número veinte de fecha 31 de octubre del 2014 se resuelve declarar fundada en parte la
demanda interpuesta por Luis Antonio Ramos Rubiños contra Corporación Pesquera Inca SAC sobre
reintegro de remuneraciones por participación pesca; en consecuencia, se ordena que la demandada
cumpla con pagar al demandante la suma de S/. 38,158.40, más intereses legales, costas y costos del
proceso, decisión que fue confirmada mediante sentencia de vista número veinticuatro de fecha 13 de
abril del 2015 [ver folios 579 al 586]; por lo que habiéndose cumplido con pagar el capital de la suma
ordenada, más los intereses correspondientes, amerita el pago de costos procesales, debido a que la
condena para el pago de dicho concepto a favor de la parte vencedora viene impuesta en la misma
1 Sentencia recaída en el Exp. N° 2541-2006 expedida por la Primera Sala Civil con sub especialidad Comercial de la Corte Superior de Lima. sentencia expedida por el órgano jurisdiccional, y el superior que resolvió la causa de manera definitiva,
de tal manera que corresponde verificar la regulación del quantum de dicha condena que el A quo ha
establecido.
5.- Así se tiene que mediante escrito de fecha 28 de setiembre del 2016, la abogada de la parte
accionante solicita se requiera a la empresa demandada el pago de costos del proceso en la suma de
S/.5,500.00 Soles, adjuntando a su propuesta de costos el recibo por honorarios electrónico N° E001-5
y el Formulario Nº 1609 de suspensión de 4º categoría [ver folios 681/682], y mediante resolución
número treinta y siete se dispone correr traslado de la indicada propuesta; sin embargo, la entidad
demandada pese a estar debidamente notificada, conforme se advierte de la cédula de notificación
obrante a folio 697, no ha cumplido con observar la propuesta de costos procesales.
6.-Cabe mencionar, que mediante la resolución recurrida por la parte demandada, el juez ha aprobado
los costos del proceso en la suma de S/. 4,000.00 Soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 200.00.
7.- Sobre el particular se tiene que de conformidad del artículo 411° del Código Procesal Civil aplicado
supletoriamente al caso de autos que, “Son costos del proceso los honorarios del abogado de la parte
vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo
para su Fondo Mutual (...)”.
Estando a lo expuesto, debe tenerse en cuenta además, que para regular los costos procesales deben
valorarse distintos factores, entre ellos la labor de asistencia profesional y defensa del abogado, sin
perjuicio de tener en cuenta el tiempo de duración del proceso, las dificultades de la defensa, la
conducta procesal de la demandada y la naturaleza del derecho defendido (Exp. Nº 17021-97. Data
35.000G.J. Artículo 414° del Código Procesal Civil).
8.- En ese sentido, de la revisión de los actuados se advierte que, la demanda fue presentada el 17 de
febrero del 2011, habiendo el juzgador emitido sentencia declarando fundada la demanda y
confirmada por el superior mediante sentencia de vista número veinticuatro de fecha 13 de abril del
2015 [ver folios 579 al 586]; lo que significa que el trámite del proceso ha durado aproximadamente 04
años y 02 meses, con incidencias propias y regulares a un proceso laboral; sin vicios que afecten la
validez de los actos procesales; y siendo que los costos del proceso ya están ordenados en la
sentencia y sentencia de vista; sin embargo, al no haberse fijado el monto, la regulación de los costos a
favor de la parte vencedora debemos hacerla sobre la base de los presupuestos fácticos antes
mencionados; de esta manera la suma de S/. 4,000 soles, más el 5% para el Colegio de Abogados del
Santa en la suma de S/. 200.00 soles fijada por el juzgado resulta justo y razonable para resarcir los
gastos profesionales asumidos por la parte demandante en la defensa de sus derechos reclamados. 9.- Asimismo, para la regulación de los costos del proceso, es indispensable, que el vencedor
acompañe documento indubitable y de fecha cierta, que acredite el pago, así como los tributos
correspondientes, según el artículo 418° del Código Procesal Civil, siendo ello así el demandante
presento un recibo por honorarios electrónico por la suma de S/. 5,500.00 soles; sin embargo, el juez
ha procedido a regular los costos procesales de acuerdo a su criterio prudencial, criterio que es
compartido por este colegiado superior; concluyéndose que el monto fijado no es exorbitante como
alega el recurrente, razones por las cuales debe desestimarse la apelación y confirmarse la impugnada.
IV.- PARTE RESOLUTIVA:
Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del
Santa, resuelve: CONFIRMAR la resolución número treinta y nueve de fecha 25 de abril del 2017, que
resuelve regular los costos procesales, en la suma de S/. 4,000.00 soles y el 5% a favor del Colegio de
Abogados del Santa en la suma de S/. 200.00 soles y con lo demás que contiene. Notifíquese y
devuélvase a su juzgado de origen.
Jueza Superior Ponente Flor Guerrero Saavedra.
S.S.
MURILLO DOMINGUEZ, J.
ALVA VASQUEZ A.
GUERRERO SAAVEDRA, F. |
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Sala Laboral Permanente
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
Expediente N° : 00629-2011-0-701-JR-LA-03
Demandante : WELSHMAN VALERIANO CHUMBIRAYCO NARCISO
Demandado : INSTITUTO TECNOLÓGICO PESQUERO DEL PERÚ - ITP
Materia : DECLARACIÓN DE RELACION LABORAL Y BENEFICIOS SOCIALES
Ponente : Dra. Teresa Soto Gordon
Vista : 12 de julio de 2017
SENTENCIA DE VISTA
RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIDÓS
Callao, ocho de setiembre
de dos mil diecisiete.-
Se procede a dar cuenta, vencido el periodo vacacional de la Magistrada ponente.
I. ASUNTO
Es materia de grado el recurso de apelación interpuesto por las partes contra:
- La resolución número diez, emitida en Audiencia Única de fecha 19 de
noviembre de 2014, que resuelve declarar infundada la excepción de
incompetencia.
- La sentencia contenida en la resolución número diecisiete, de fecha veintisiete
de octubre de dos mil dieciséis, de folios 391/413, que resuelve declarar
FUNDADA la demanda interpuesta por WELSHMAN VALERIANO CHUMBIRAYCO
NARCISO contra INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP, sobre
reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales; en
consecuencia ORDENO que la demandada pague al actor la suma de
S/.41,259.60 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100
NUEVOS SOLES); por los conceptos detallados en la parte considerativa de la
presente sentencia, más intereses legales y, financieros. Sin costas y ni costos
del proceso.
II. ANTECEDENTES
Demanda
Mediante escrito de fecha 02 de marzo de 2010 (folios 85/93), subsanado mediante
escrito de fecha 12 de abril de 2013 (folio 157), el demandante interpone demanda
contra el INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP, a efectos que se disponga el pago de beneficios sociales, consistentes en compensación por tiempo de
servicios, vacaciones no gozadas, gratificaciones de julio y diciembre, más los intereses
legales, costas y costos del proceso, solicitando la suma total de S/.41,474.54, así como
el pago de intereses legales, costas y costos del proceso.
Señala como fundamentos que trabajó para el Instituto Tecnológico Pesquero del 17
de enero de 2000 al 28 de febrero de 2007, desempeñándose como Jefe de
mantenimiento sujeto a control de asistencia del centro de labores, bajo la dirección
de un Jefe Inmediato Superior y con una remuneración fija.
Indica también que la demandada con el objeto de ocultar la existencia de un
contrato de trabajo a plazo indeterminado y evitar sus obligaciones laborales ha
venido haciendo diversos contratos que se ha desnaturalizado. Así mismo, refiere que
el horario habitual en el que desempeñaba sus labores era de 8:00 a.m. a 17:00 p.m.;
su cargo no era de naturaleza eventual sino permanente; agrega que las funciones
desempeñadas son labores netamente permanentes permitiendo identificar la
verdadera naturaleza laboral, y que la denominación de contratos por servicios no
personales no cambia la realidad de la relación laboral por lo que se debe tener en
cuenta el principio de primacía de la realidad.
Contestación de Demanda
Mediante escrito de fecha 01 de setiembre de 2014 (folios 307/327), la demandada
interpuso la excepción de falta de incompetencia por razón de la materia, así mismo
contesta la demanda, señalando como fundamentos de su contestación que:
Su representada tiene una naturaleza especial donde coexisten diversos regímenes
para la vinculación con el personal, como son el de la actividad pública, el de la
actividad privada y el de la contratación administrativa de servicios que se aplicó a la
contratación de locación de servicios. El Juzgador debe examinar el régimen de
vinculación que resulta aplicables ante el supuesto caso de desnaturalización de la
contratación de locación de servicios no personales así como exclusivamente de las
pretensiones económicas solicitadas, contrastando ello con los argumentos de su
defensa, pues no realizar aquello sería vulnerar de manera flagrante la motivación de
las resoluciones judiciales.
Resulta jurídicamente válido que el ITP celebre contratos por servicios no personales,
los cuales se regulan bajo los términos del Código Civil, por lo que es ilegal que el actor
pretenda ser considerado como un trabajador por tiempo indeterminado dentro del
régimen laboral común.
No hubo relación laboral alguna entre el actor y su representada, dado que hubo
solamente un vínculo jurídico de carácter civil.
AUDIENCIA ÚNICA:
Se lleva a cabo el 19 de noviembre de 2014 (folios 332/334) con presencia de las
partes, siendo suspendida y continuada el 21 de agosto de 2013 (folios 366/367),
resolviéndose las excepciones declarándose infundada la excepción de
incompetencia por razón de la materia así como saneado el proceso y la existencia
de una relación válida entre las partes, se fijaron los puntos controvertidos. APELACIÓN DE RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ:
Mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2014 (folios 339/344), la demandada
impugna la resolución número diez emitida en audiencia única que resuelve declarar
infundada la excepción de incompetencia por razón de la materia, señalando:
- Que no se ha tomado en cuenta sus argumentos plasmados en su escrito de
fecha 01de setiembre de 2014 que está referido a la excepción de
incompetencia formulada por su parte.
- La resolución apelada carece de una debida motivación, violándose el
Principio de Legalidad establecida en su ordenamiento jurídico.
- De quedar consentida la impugnada por una mala interpretación de los
hechos y de derecho, podría vulnerarse el derecho al Debido Proceso y la
Tutela Judicial Efectiva, derechos consagrados en la Constitución Política el
Estado.
SENTENCIA:
Mediante resolución número diecisiete, de fecha veintisiete de octubre de dos mil
dieciséis, de folios 391/413, la Juez resuelve declarar:
FUNDADA la demanda interpuesta por WELSHMAN VALERIANO CHUMBIRAYCO
NARCISO contra INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP, sobre
reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales; en consecuencia
ORDENO que la demandada pague al actor la suma de S/.41,259.60 (CUARENTA Y UN
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 NUEVOS SOLES); por los conceptos
detallados en la parte considerativa de la presente sentencia, más intereses legales y,
financieros. Sin costas y ni costos del proceso.
APELACIÓN DE SENTENCIA:
Mediante escrito de fecha 02 de febrero de 2017 (folios 426/435), la demandada
impugna la sentencia señalando lo siguiente:
1. La sentencia desconoce lo dispuesto en los artículos 1760, 1764, 1765 y 1766 del
Código Civil en los cuales se norma el contrato de locación de servicios.
Los medios probatorios aportados por el demandante no prueban la existencia
del elemento subordinación dentro del vínculo generado entre las partes ya
que como puede verse de los contratos de prestación de servicios, existió un
vínculo de índole civil, encontrándose regido por las normas del derecho
común, y por lo tanto no se generó vínculo laboral alguno.
2. La sentencia evidencia una motivación aparente.
La resolución recurrida incurre en una serie de errores de hecho y derecho, que
desnaturalizan la regularidad que debe observar la tramitación de todo
proceso que afecten los principios y garantías reconocidas en el artículo 139°
de la Constitución Política del Perú.
Son evidentes las omisiones incurridas por parte del órgano jurisdiccional al
sustentar la sentencia apelada, y que solo se basó en cuestiones documentales
y no en hechos fácticos para la aplicación del principio de primacía de la
realidad y la posterior declaración del vínculo contractual. III. FUNDAMENTOS
PRIMERO: La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el
poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la constitución y a las
leyes Conforme el artículo 138º de la Constitución Política del Perú.
SEGUNDO: El artículo 364º del Código Procesal Civil, establece que el recurso de
apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de
parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito
de que la anule o revoque, total o parcialmente.
TERCERO: El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior
examine a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca
agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada total o parcialmente. Por
consiguiente, de acuerdo a los principios procesales, el contenido del recurso de
apelación establece la competencia de la función jurisdiccional del juez superior, toda
vez que aquello que se denuncie como agravio comportará la materia que el
impugnante desea que el ad quem revise, estando entonces conforme con los demás
puntos o extremos que contenga la resolución impugnada, en caso de existir, principio
este expresado en el aforismo tantum apellatum quantum devollutum (Cas. N° 3518-
2002 LIMA, 06/05/2003). Medio impugnatorio que rige conforme lo dispuesto en el
artículo 370 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente.
Absolviendo los agravios de la apelación formulada contra la resolución que resuelve
declarar fundada excepción de incompetencia por razón de la materia.-
CUARTO: En cuanto a la excepción de incompetencia básicamente se funda en dos
razones: 1.- El demandante realizaba labores bajo la modalidad de contratos de
servicios no personales. 2.- Los contratos que vincularon a su representada con el
demandante son de naturaleza civil.
Al respecto, con arreglo al artículo 9° del Código Procesal Civil, la competencia por
razón de la materia se determina por la naturaleza de la pretensión y por las
disposiciones legales que la regulan; y conforme al artículo 4° numeral 2 incisos c) y
d) de la Ley Procesal de Trabajo – Ley N° 26636, corresponde al Juez de Trabajo
conocer de las pretensiones individuales por conflictos jurídicos sobre: Incumplimiento
de disposiciones y normas laborales cualquiera fuera su naturaleza y pago de
remuneraciones y beneficios económicos, siempre que excedan de 10 (diez) URP. Esto
es el Juez laboral conoce de reclamaciones de naturaleza laboral que excede las 10
URP.
En el presente caso, del texto del escrito de demanda se advierte que el reclamante
pretende el pago de beneficios sociales que superan las 10 URP cuya fuente de
obligación son normas laborales del régimen laboral privado sustentado en que en la
realidad ha prestado servicios bajo un contrato de trabajo y no de locación de
servicios. Como se aprecia de la demanda, ésta contiene pretensiones de naturaleza laboral
que la ley atribuye competencia a los jueces de trabajo, por lo que en aplicación de
la normas citadas, el conocimiento de la demanda corresponde al Juez de Trabajo,
Así mismo, la Juzgadora ha cumplido con fundamentar las razones de su decisión, por
lo que deben desestimarse los agravios y confirmarse la apelada.
Absolviendo los agravios de la apelación formulada contra la sentencia.-
QUINTO.- En cuanto a lo expuesto por la demandada de que la Juzgadora desconoce
lo dispuesto en los artículos 1760, 1764, 1765 y 1766 del Código Civil en los cuales se
norma el contrato de locación de servicios y de que no se ha probado la existencia
del elemento subordinación no generándose vínculo laboral alguno.
Al respecto, es necesario señalar que cada vez es más frecuente que a la relación de
trabajo se la disfrace con una relación de carácter civil o comercial o con otra figura
distinta para sustraer al trabajador el ámbito de aplicación de las normas laborales;
razón por la cual para calificar si una relación jurídica es de naturaleza laboral y por
ende si está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de Trabajo, el Juez
de tener en consideración las instituciones y normas del Derecho de Trabajo.
SEXTO.- Debe tenerse en cuenta, también, que las instituciones y normas del Derecho
del Trabajo están sujetas a principios informadores, uno de ellos es el principio de la
primacía de la realidad, el cual permite determinar si una relación jurídica es de
naturaleza laboral o no, pues conforme a dicho principio, resulta indiferente la
calificación que las partes atribuyan a una relación jurídica, así como los documentos,
pues lo que va a primar son los actos realizados en la ejecución del contrato, y no los
documentos ni la denominación que se le haya dado.
SÉTIMO.- En el caso concreto el conflicto intersubjetivo radica en la naturaleza de la
relación jurídica que vinculó a las partes, pues por una parte, el demandante señala
que prestó para la demandada una relación de naturaleza laboral; a diferencia de la
demandada que sostiene que la relación fue de carácter civil, sin subordinación; por
lo cual corresponde acudir el principio de la primacía de la realidad a efecto de
determinar si entre las partes hubo o no un contrato de trabajo entre las partes.
OCTAVO.- En tal orientación resulta pertinente conocer el contenido del contrato y los
actos realizados en ejecución del mismo; pues bien; a folios 3/55 obran los contratos
denominados “De Servicios No Personales” y “Locación de Servicios” así como sus
adendas; siendo que del contenido del primer contrato de “Servicios No Personales”
(folio 3/4) se aprecia de sus cláusulas primera, segunda, tercera, quinta y sexta lo
siguiente:
“PRIMERA: OBJETO.- Por el presente instrumento, el ITP, contrata los servicios no
personales que brinda el LOCADOR, como ttttééééccccnnnniiiiccccoooo eeeennnn eeeelllleeeeccccttttrrrriiiicccciiiiddddaaaadddd yyyy rrrreeeeffffrrrriiiiggggeeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn, que se
detalla en la cláusula siguiente:
SEGUNDA: ÁMBITO DE LOS SERVICIOS.- En los servicios no personales que se contratan
al LOCADOR, se incluyen prioritariamente las actividades relacionadas con el
mantenimiento predictivo, preventivo y reparación del sistema de frío (cámaras de
refrigeración) de la planta de procesamiento del proyecto ITP-II.
TERCERA OPERATIVIDAD.- El locador ccccuuuummmmpppplllliiiirrrráááá ssssuuuussss aaaaccccttttiiiivvvviiiiddddaaaaddddeeeessss eeeennnn llllaaaassss iiiinnnnssssttttaaaallllaaaacccciiiioooonnnneeeessss ddddeeee llllaaaa
ppppllllaaaannnnttttaaaa ddddeeee pppprrrroooocccceeeessssaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo ddddeeeellll IIIITTTTPPPP----IIIIIIII,,,, ssssiiiieeeennnnddddoooo oooobbbblllliiiiggggaaaattttoooorrrriiiiaaaa ssssuuuu ppppeeeerrrrmmmmaaaannnneeeennnncccciiiiaaaa dddduuuurrrraaaannnntttteeee eeeellll ppppeeeerrrriiiiooooddddoooo ddddeeee ooooppppeeeerrrraaaattttiiiivvvviiiiddddaaaadddd ddddiiiiaaaarrrriiiioooo ccccoooorrrrrrrreeeessssppppoooonnnnddddiiiieeeennnntttteeee aaaallll aaaavvvvaaaannnncccceeee ddddeeee lllloooossss sssseeeerrrrvvvviiiicccciiiioooossss mmmmaaaatttteeeerrrriiiiaaaa ddddeeeellll
pppprrrreeeesssseeeennnntttteeee ccccoooonnnnttttrrrraaaattttoooo,,,, ppppaaaarrrraaaa pppprrrroooocccceeeeddddeeeerrrr aaaallll ppppaaaaggggoooo ddddeeee ssssuuuussss hhhhoooonnnnoooorrrraaaarrrriiiioooossss.
(…)
QUINTA: HONORARIOS.- Los honorarios acordados por las partes son de UN MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1,000.00) mensuales, debiendo efectuarse las retenciones
de ley.
SEXTA: GASTOS.- En caso de que el ITP requiera del concurso profesional del LOCADOR
ffffuuuueeeerrrraaaa ddddeeee LLLLiiiimmmmaaaa MMMMeeeettttrrrrooooppppoooolllliiiittttaaaannnnaaaa,,,, lllloooossss ggggaaaassssttttoooossss ddddeeee mmmmoooovvvviiiilllliiiiddddaaaadddd,,,, aaaalllloooojjjjaaaammmmiiiieeeennnnttttoooo yyyy aaaalllliiiimmmmeeeennnnttttaaaacccciiiióóóónnnn sssseeeerrrráááánnnn
ssssuuuuffffrrrraaaaggggaaaaddddoooossss ppppoooorrrr eeeellll IIIITTTTPPPP,,,, rrrriiiinnnnddddiiiiéééénnnnddddoooosssseeee ccccuuuueeeennnnttttaaaa ddddeeeellll ggggaaaassssttttoooo,,,, ccccoooonnnnffffoooorrrrmmmmeeee aaaa llllaaaassss ddddiiiissssppppoooossssiiiicccciiiioooonnnneeeessss
iiiinnnntttteeeerrrrnnnnaaaassss ddddeeeellll IIIITTTTPPPP” (Negritas nuestras)
NOVENO.- A su vez, a folio 84 obra el Informe N° 04-2007 R y E de fecha 21 de febrero
de 2007, en el cual el demandante informa al Jefe de Mantenimiento (a quien está
dirigido) respecto a la inundación del líquido amoniaco al sistema de cámara en el
turno nocturno del lunes 19 de febrero de 2007 (20:00 horas a 08:00 del 20.2.2007) a
cargo del técnico Chambi Mamani que fue por falta de control y negligencia,
sugiriendo a la Jefatura efectuar renovación de personal por falta de responsabilidad.
Cabe indicar que dicho informe en la parte superior izquierda indica como
encabezado “Instituto Tecnológico Pesquero del Perú” y es suscrito por el demandante
como “Técnico en Refrigeración y Electricista”, al final del informe se indica que es
“Cc.” (con copia) a la Planta II y al Archivo.
Del mismo modo a folios 273/277, obra el Manual de Organización y Funciones del
Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, que dentro de su estructura, hay una Oficina
de Mantenimiento (punto 9), que respecto a la Asignación de Cargos existe el cargo
de Técnico Especializado en Mantenimiento Eléctrico (punto 9.2) y el detalle de las
funciones específicas del Técnico Especializado en Mantenimiento Eléctrico (punto 9.5)
y en Sistema de Frío (punto 9.6) entre otros.
DÉCIMO.- Ahora bien, los actuados así descritos denotan que el demandante fue
contratado para desarrollar las labores de técnico en electricidad y refrigeración en
las instalaciones de la planta de procesamiento del ITP-II, siendo obligatoria su
permanencia durante el periodo de operatividad diario lo que estaba condicionado
para el pago de sus servicios, lo que significa que estaba sujeto a una fiscalización
pues, haciendo una interpretación a contrario, de no encontrarse a diario de manera
obligatoria en las instalaciones de la demandada no se procedería con el pago de los
“honorarios” pactados, que eran la contraprestación por sus servicios prestados.
Así mismo, la demandada no sólo tenía la facultad de disponer de la permanencia
obligatoria y diaria del demandante en sus instalaciones, sino que podía disponer su
desplazamiento a otros lugares para que efectuara sus labores fuera de Lima
Metropolitana, sufragándole los gastos de movilidad, alojamiento y alimentación para
lo cual el demandante debía rendir cuentas del gasto, conforme a las disposiciones
internas del ITP, lo que demuestra que la demandada hacía uso de su poder de
dirección sobre el demandante y que éste como subordinado debía cumplir no sólo
con acatar dichos desplazamientos sino que debía conocer las disposiciones internas
del ITP a fin de cumplirlas a la hora de rendir cuentas. De otro lado, el demandante daba cuenta a su Jefe inmediato de los hechos
suscitados que advertía en los turnos mientras desarrollaba su labor, para lo cual
remitía informes numerados que tenían como encabezado el nombre de la
demandada y que eran remitidos con copia a otras áreas, lo que acredita que en
realidad era un trabajador del ITP cuya labor estaba sujeta a control, debiendo
informar incluso a otras áreas de las incidencias suscitadas.
También se aprecia que la labor desempeñada por el demandante fue la de técnico
en refrigeración y electricista, cargos que existen en el Manual de Organización y
Funciones de la demandada.
En tal sentido, está acreditado el elemento de la subordinación, lo que aunado con la
prestación de los servicios y la contraprestación que la demandada denominó
“honorarios”, demuestra la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato
de trabajo, por lo que esta realidad prima sobre las calificaciones que las partes han
efectuado respecto a la relación jurídica que les vinculó y sobre los documentos, por
ello resulta indiferente que al contrato de trabajo lo hayan calificado como uno de
“servicios no personales” o “locación de servicios” y a la contraprestación lo hayan
denominado “honorarios” en vez de remuneración.
DÉCIMO PRIMERO.- En cuanto al segundo agravio de que existe una falta de
motivación y que la sentencia contiene omisiones y errores basándose en cuestiones
documentales y no en hechos fácticos para la aplicación del principio de primacía de
la realidad.
Sobre el particular debemos señalar que para la aplicación del principio de primacía
de la realidad, los hechos (los cuales se encuentran acreditados con los documentos
que forman parte de los actuados) prevalecen sobre las formas y apariencias del
contrato civil con el que se pretendía encubrir una relación laboral; siendo que en el
presente caso, la Juzgadora ha fundamentado el motivo de su decisión, pues del
contenido de la sentencia se aprecia que ha efectuado el desarrollo normativo y
análisis correspondiente al resolver lo que es materia de la pretensión.
DÉCIMO SEGUNDO.- Finalmente, no habiendo aportado la demandada nuevos
elementos de juicio que hagan variar lo discernido en la recurrida, los agravios
formulados deben ser desestimados, y confirmarse la sentencia apelada.
IV. DECISIÓN FINAL
Por estas consideraciones expuestas y normas acotadas:
CONFIRMARON la resolución número diez, emitida en Audiencia Única de fecha 19 de
noviembre de 2014, que resuelve declarar infundada la excepción de incompetencia.
CONFIRMARON la sentencia contenida en la resolución número diecisiete, de fecha
veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, de folios 391/413, que resuelve declarar
FUNDADA la demanda interpuesta por WELSHMAN VALERIANO CHUMBIRAYCO
NARCISO contra INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU - ITP, sobre
reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios sociales; en consecuencia
ORDENO que la demandada pague al actor la suma de S/.41,259.60 (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60/100 NUEVOS SOLES); por los conceptos
detallados en la parte considerativa de la presente sentencia, más intereses legales y,
financieros. Sin costas y ni costos del proceso.
BRETONECHE GUTIÉRREZ SOTO GORDON GARRIDO CABRERA |